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Agenda Ecológica Indígena

Emanuel Gómez Martínez (coord.)

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 5 de agosto de 2008

FF OO RR OO para el Desarrollo Sustentable A. C.

Calle Nicolás Ruiz No.83, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 29220 Tel. y fax: (967) 8-04-56 forods@laneta.apc.org

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Primera edición: 2008. © Emanuel Gómez Martínez. © Foro para el Desarrollo Sustentable AC. Derechos exclusivos de la presente edición reservados para Foro para el Desarrollo Sustentable AC. Se permite su reproducción con fines de concientización, citando la fuente original. Foro para el Desarrollo Sustentable AC. Nicolás Ruiz 83 Barrio Guadalupe San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, CP. 29229. Tel-fax: (52) 967 / 678-0456 Correo electrónico: forods@laneta.apc.org Página de Internet: http://www.laneta.apc.org/forods/ ISBN en trámite. Impreso en México / Printed in México.

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INDICE

Capítulo pp.

I. Introducción 4

II. Acceso a la jurisdicción del Estado 20

III. Derechos territoriales de los pueblos indígenas en un contexto de crisis

ambiental

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IV. Acceso a servicios básicos 84

V. De la exigibilidad de derechos a la apropiación del proceso productivo 109

VI. Seguimiento de casos y acompañamiento a procesos sociales 145

VII. Fuentes citadas 207

VIII. Índice general 219

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I. Introducción La Agenda Ecológica Indígena (AEI) es una colección de temas que resultan de dos preocupaciones que caracterizan la acción de Foro para el Desarrollo Sustentable AC. Por un lado está la crisis ambiental y la búsqueda de cambios políticos, económicos y alternativas técnicas para reducir el deterioro de los recursos ambientales; y por otro lado está la crisis de los pueblos indígenas por vivir en estados resultantes de la época de colonización y conquista, y que se encuentran sujetos a un régimen jurídico e institucional que les discrimina y censura. Este documento se inscribe en la Agenda Indígena Latinoamericana, definida por cientos de organizaciones que participan en el movimiento indígena latinoamericano. El hecho de que en Estados Unidos y Canadá también haya naciones originarias (first nations), amplía el territorio de acción del movimiento indígena y permite renombrar al continente como Indoamérica, que se refiere a la América profunda o América indígena viva, Abyala Yala, como lo nombran los pueblos Kuna del istmo panameño, los únicos que, quizá por encontrarse en el centro del continente, pueden nombrarlo en su lengua nativa. En este sentido, la lucha de los pueblos indígenas es local y global, es particular y universal, es temporal e histórica. En palabras de Salomón Nahmád, es una lucha por la descolonización de América.

C1. El indigenismo está siendo liquidado y barrido, el proceso de liberación y descolonización ha empezado: Salomón Nahmád

Los grupos étnicos viven su propia utopía, la de su reorganización grupal, no sólo en el ámbito de la defensa de su propia cultura, sino en la defensa de sus intereses, tanto territoriales como los de carácter político. Las luchas a las que se han enfrentado los indígenas durante los últimos 160 años en las distintas naciones del continente, reflejan muy claramente que existe un principio medular: el de mantener la propia identidad, a pesar de la agresión, la represión y los intentos por la disolución de esta identidad. …el indigenismo está siendo liquidado y barrido, el proceso de liberación y descolonización ha empezado; seguramente que no será una nueva panacea, pero es parte de la constitución de las nuevas naciones y su nuevas fronteras internas y externas. En este sentido, la presencia de esta pluralidad étnica en nuestro país entra en franca contradicción con el proyecto de sociedad nacional monoétnica y uniformadora que se ha intentado construir a partir de la independencia. La homogeneización de la población nacional ha sido más una utopía que la utopía de los propios indígenas, ya que estos sí se han sostenido tenazmente y mantienen su propia dirección y línea histórica… Los indígenas tienen la responsabilidad histórica de continuar su lucha, con el fin de liberarse del sistema que los domina y, sobre todo, hacerse dueños de sí mismos y lograr su pleno y verdadero desarrollo con el resto de sus compatriotas y con todos los seres humanos.

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Tomado de Magdalena Gómez (Coord.), 1997, Derecho indígena, México, INI, pp. 407-410.

La organización que emite este documento, Foro Chiapas, en 2007 cumplió 10 años de acompañar procesos de comunidades, pueblos y organizaciones indígenas, de participar en las redes de apoyo y en coordinar proyectos de exigibilidad de derechos. Para conmemorar estos primeros 10 años, en este libro se reúnen una serie de temas que forman parte de la acción política del movimiento indígena. En este sentido, no se trata de la Agenda de Foro, sino de la Agenda que Foro ha visto y escuchado de voz de los pueblos indígenas, y el aporte es la sistematización de la información existente. Aunque es inevitable que al anunciar cada tema se tome una postura política, se hace en el ánimo de abrir los temas a la opinión pública, para ser retomados por las organizaciones e instituciones que trabajan con pueblos indígenas, por lo que se publica simultáneamente en texto y en Internet esperando cada tema sea enriquecido por los lectores, y de esta manera sea una agenda viva. Si bien el cambio histórico mundial tiene un parteaguas en 1968, su expresión en Chiapas es a partir del Congreso indígena de 1974, en lo que Andrés Aubry, llama la descolonización de la Selva.

La Selva se convierte en ensayo experimental de una sociedad campesina alternativa, sin caciquismo y con democracia comunitaria. Una expresión de esta nueva sociedad fue el Congreso Indígena Fray Bartolomé de Las Casas de 1974 en San Cristóbal, madurado durante meses previos con intercomunicación entre pioneros, así como entre ellos y las comunidades originarias de Los Altos. Patrocinado por el Gobierno del Estado, su preparación había sido confiada a la diócesis por su experiencia [con los pueblos] indígenas. El obispo don Samuel Ruiz les propuso diagnosticar sus principales problemas en sus lenguas, y formular alternativas para que tuvieran la palabra y su lugar en la sociedad. El Congreso fue una sólida sesión de trabajo, una fiesta, un éxito mediático y una convocatoria para la nueva izquierda y para la sociedad civil (Aubry, 2005, pp. 183-184).

Otros pueblos indígenas con importante presencia en Chiapas como son los mames, kanjobales, kakchiqueles, mochó, si bien forman parte de la realidad indígena de Chiapas, responden a otros procesos, por su origen guatemalteco y reciente inmigración a México (no más de 150 años), muchos de ellos y otros más, resultado del éxodo de refugiados en tiempos de la guerra civil de ese país hermano. Sin embargo, el aporte de estos pueblos a las alternativas ecológicas es muy importante, por su actividad como productores de café orgánico en la Sierra de Motozintla o Sierra Madre de Chiapas, región pionera en este tipo de producción. La diversidad de pensamientos y acciones en el movimiento indígena que coincide en el terreno chiapaneco, parte al menos de cuatro procesos históricos que hay que tomar en cuenta:

1. El Congreso Indígena de 1974 por el cual surgen las organizaciones de ejidos más grandes de Chiapas, en particular en la denominada zona de conflicto (Altos, Norte, Selva, Fronteriza), orientados por la Iglesia progresista.

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2. El surgimiento de organizaciones de café orgánico en las regiones Sierra y Soconusco, a partir de la década de 1980, y que actualmente incluyen organizaciones de todas las regiones del estado y procesos de comercio justo.

3. La reforma del estado de bienestar al estado neoliberal, que en este caso nos

remonta a la reforma al artículo 27 constitucional en 1992, la apertura comercial en el marco del TLCAN en 1994 y la reciente liberalización de los granos básicos en el marco del capítulo agropecuario de este tratado comercial, en 2008.

4. La relación de la sociedad civil con el Estado, de un escenario de conflicto desde

1974 y en particular el estado de conflicto armado de 1994-2000, hasta el proceso actual de conflicto no resuelto y que por lo mismo ha dificultado el diseño participativo de políticas públicas.

El marco histórico en que se desarrollan estos procesos históricos es un contínuum histórico de explotación, esclavitud y violación sistemática de los derechos colectivos de los pueblos indígenas por parte de gobiernos y finqueros, cuyo espiral de violencia tiene su máxima expresión en el conflicto armado que inició en 1994 y que, si bien no está resuelto ni culminó en un proceso de pacificación instituido, se encuentra en un periodo de paz que pende de un hilo, pues no han sido resueltas las causas de pobreza que llevaron a los pueblos a la revuelta social. El espiral de crisis económica, violencia y represión se acumuló durante los sexenios de Miguel De La Madrid (1982-1988) y Carlos Salinas De Gortari (1988-1994), periodo en el que inician las reformas estructurales que llevarían al estado mexicano a la instauración del neoliberalismo. Tan sólo en el periodo de 1988 a 1994, las organizaciones de derechos humanos han identificado 18,031 violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, de las que hasta 11,595, esto es, el 65%, ocurrieron en Chiapas, teniendo los principales campos de confrontación el agrario, la administración de justicia y la política (Ramírez Casillas, 2000, pp. 112-117). En los territorios indígenas el neoliberalismo se expresa como un neocolonialismo, en el que la explotación de los recursos hídricos, biológicos, minerales, forestales e incluso de flora, fauna y organismos microscópicos, es el eje de nuevos procesos de expropiación indirecta, por vía de la privatización, conservación o bioprospección o individualización de derechos colectivos, por lo que el acceso de los pueblos a su propio territorio está restringido, limitado por las leyes y en ocasiones es parte de nuevos procesos de despojo. El problema no sólo atañe a los pueblos indígenas, sino que es un problema de soberanía y democracia, de ahí que las demandas de los pueblos indígenas no son locales sino que forman parte de movimientos sociales más amplios, definidos a partir de la imperiosa necesidad de transformar el sistema de dominación para ver resueltas sus demandas locales, de ahí que coincida con movimientos antisistémicos. México es uno de los países con mayor diversidad biológica y cultural, comparable con India, Zaire, Brasil, Indonesia y Australia (Conabio, 1998). La diversidad cultural de México se expresa en la existencia de 62 culturas con miles de años en el territorio nacional

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por lo que los idiomas que hablan se han diversificado en cerca de 297 variantes, con cierto grado de inteligibilidad entre sí (Grimes, 1996), al grado que hay personas de la misma cultura que hablan variantes idiomáticas completamente distintas, por lo que tienen que comunicarse en castellano. La gran diversidad biológica de México se debe a que en este espacio territorial se unen las dos grandes regiones del continente americano: la neotropical, constituida por Centro y Sudamérica y la neártica (Conabio, 1998), correspondiente a Norteamérica. Esta distribución biogeográfica de los ecosistemas en el territorio mexicano, ha significado grandes diferencias en las posibilidades de acceso a los recursos naturales, el desarrollo económico y la diversidad cultural. Aridoamérica y Mesoamérica , es como los antropólogos han llamado a estas grandes diferencias biogeográficas que se cruzan en México, espacios donde se han desarrollado distintas culturas originarias, de acuerdo a las posibilidades de acceso a tierras fértiles, agua y bosques. Chiapas es un estado donde la reforma agraria implementada tras la Revolución Mexicana benefició a los finqueros. Este hecho convirtió la tierra en uno de los principales factores de conflictividad social, que se ha profundizado con el tiempo. La búsqueda de tierras generó, sobre todo a partir de la década de 1950, un complejo proceso de migración hacia la Selva Lacandona. A esto hay que añadir que en los años 70 el gobierno estatal decidió otorgar a unas pocas familias de la etnia lacandona más de 600 mil hectáreas de la Selva sin haber satisfecho las necesidades de la restante y creciente población indígena y campesina. Esto es uno de los factores por los cuales la Selva hoy en día es uno de los escenarios de mayor conflictividad. En 1992 se reformó el artículo 27 de la Constitución permitiendo que la tierra comunal y ejidal pueda ser sujeta a la compra-venta libre (antes estaba prohibido, protegiendo la tierra comunal y ejidal). Dicha reforma hizo explotar la movilización social en todo el país, y su derogación fue una de las principales demandas del levantamiento armado de 1994 (SIPAZ, 2005) y sigue siendo reivindicada por los movimientos sociales indígena y campesino, por considerarse incluso con alcances históricos que retroceden la conquista de derechos territoriales por siglos: “En cierto sentido, la imposición de las reformas del artículo 27 constitucional no es más que la conclusión de un proceso histórico que se inició hace 500 años, pero que adquiere su dimensión moderna con el ingreso de nuestro país en la órbita del neoliberalismo a partir de la década de 1980” (Ramírez Casillas, 2000, p. 141.). Esta reforma se refiere a la propiedad, uso, explotación y conservación de tierras, bosques y aguas, fomentando la venta de tierras colectivas afectando el logro que la propiedad ejidal había resultado de la revolución mexicana de 1910. El balance a más de 15 años de esa reforma constitucional es negativo para los productores de autoconsumo: se incrementaron los conflictos agrarios y se vulneró el sistema de propiedad colectiva de la tierra, la producción rural está en decrecimiento y los campesinos han optado por emigrar a los Estados Unidos para alcanzar el sueño americano, a costa, incluso, de la vigencia de sus derechos, de la desvinculación con sus lugares de origen y del abandono de sus familias. A partir de 1994, con el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), empieza un proceso de conflicto general en Chiapas que aumentó el número de

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desplazados internos en una lógica de conflicto armado. En diciembre de 1994 el EZLN da a conocer la existencia de 32 municipios autónomos sobrepuestos en 40 municipios oficiales, particularmente en las zonas Norte, Altos, Frontera y Selva. Los municipios que expulsan población a raíz del conflicto armado son: Altamirano, El Bosque, Cintalapa, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Escuintla, Huitiupán, Huixtán, La Trinitaria, Maravilla Tenejapa, Las Margaritas, Marqués de Comillas, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Sabanilla , Salto de Agua, San Andrés, Tenejapa, Tila, Tumbalá , Venustiano Carranza, Villacorzo (Rebón, 2001). En febrero de 1994 alrededor de 35,000 personas se habían desplazado al interior del estado. Es posible calcular que de esta cifra global, 18,232 no eran zapatistas, pues se refugiaron en albergues de donde la Cruz Roja Mexicana ofrecía atención humanitaria y el resto se había refugiado en ciudades o en las montañas de bosque y selva pues “se desconocía el paradero del resto. Para el EZLN, en voz del Subcomandante Marcos, se reconocía la existencia de 15,000 desplazados y se incrementó a 18,000 después de la muerte de Luis Donaldo Colosio” (Rebón, 2001, p. 46). Los desplazados se refugiaron en los centros urbanos de Ocosingo, Las Margaritas, San Cristóbal de Las Casas, Altamirano, Comitán, La Independencia, Oxchuc y Chanal. En febrero de 1995 se desplazaron 12,000 personas de los municipios Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano y San Andrés Larráinzar (CIEPAC, 2002). Algunas comunidades regresaron a los 2 ó 3 meses, pero en las que se había instalado un puesto de control militar prefirieron ocultarse en las montañas, como es el caso de Guadalupe Tepeyac y Nuevo Momón, comunidades de Las Margaritas. Al 2001 académicos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC, 2001) calculan 30,000 desplazados por intolerancia religiosa en Los Altos, cifra similar a la de la revista evangélica Comunión que calculaba 33,531 personas desplazadas en 1993, más de 30,000 originarios de San Juan Chamula (Martínez García, 2004). En febrero de 1996 en San Andrés Larráinzar se firman los primeros acuerdos del diálogo de paz, conocidos como Acuerdos de San Andrés. Durante el diálogo, el EZLN exigió el cese de las expulsiones, el retorno libre y voluntario a sus tierras de origen, y la indemnización por los bienes perdidos. La dinámica política de la Selva, de Chiapas y del país, ha cambiado a partir del alzamiento del zapatista, cuyos planteamientos se pueden sintetizar en la propuesta de autonomía regional. En 1997 grupos de civiles armados (paramilitares) atacan a diversas poblaciones en Zona Norte y Los Altos, particularmente en Chenalhó, el 22 de diciembre en la comunidad Acteal, ocurre una masacre contra la Sociedad Civil Las Abejas, resultando 45 personas muertas, en su mayoría mujeres y niños. Durante 1998, operativos policiacos, militares y acciones de grupos civiles armados en las zonas Norte, Altos, Selva y Fronteriza causan más desplazamientos y una masacre en el municipio El Bosque. En 1998, el gobierno estatal realizó una remunicipalización con el objetivo de contrarrestar la fuerza de los MAREZ (Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas). Se crearon 8 nuevos municipios ‘oficiales’: Montecristo de Guerrero, Maravilla Tenejapa, San Andrés

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Duraznal, Marqués de Comillas, Benemérito de las Américas, Santiago y Aldama. En 2002, los municipios zapatistas se rearticulan en Juntas de Buen Gobierno. Las autoridades autónomas de los municipios se llaman Consejo Autónomo. Los consejos de cada una de las cinco regiones con presencia zapatista: Los Altos, Selva Tzeltal, Selva Fronteriza y Zona Norte. Las sedes están en los Caracoles, antes llamados Aguascalientes: La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios, Oventic y Morelia. En este contexto de ruptura del diálogo, conflicto armado al borde de la guerra civil en algunas regiones de Chiapas, surgió Foro Chiapas por la necesidad sentida de abrir un espacio para la sociedad civil. Diez años después, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, visita Chiapas y emite un informe en el que concluye que la situación sigue siendo preocupante y podría desencadenar nuevos escenarios de conflicto.

C2. La crisis social y de derechos humanos sigue siendo grave a diez años de la masacre de Acteal: CCIODH

A diez años de la masacre de Acteal, la situación social en Chiapas sigue atravesando por profundas dinámicas de desigualdad y exclusión. Son dinámicas que afectan a la mayor parte de la población, siendo especialmente intensa en el caso de las mujeres y de la población indígena y campesina. Los poderosos obstáculos en el acceso a recursos básicos, se sitúan en el trasfondo del conjunto de las graves vulneraciones de los derechos humanos detectadas. Ttales dificultades afectan esencialmente a la posesión de la tierra, el acceso al agua, a la energía y a la biodiversidad en su conjunto. la desigual e insuficiente satisfacción de servicios esenciales en el terreno educativo y de salud, junto con otras vulneraciones de derechos sociales y culturales fundamentales, explican igualmente la preocupante situación de los derechos humanos en la región. Frente a tales dificultades en el acceso a recursos y servicios esenciales en Chiapas siguen abundando los espacios de movilización social y de construcción de modelos alternativos de vida, que adquieren una significación especial en la experiencia autonómica zapatista. CCIODH, Informe de la situación de los derechos humanos en Chiapas, Oaxaca y Atenco. VI Visita, 30 de enero a 20 de febrero de 2008, Barcelona-UACM, p. 179. http://cciodh.pangea.org/ Además de la crisis social y política, que ha derivado en una crisis de derechos humanos, el deterioro ambiental es un problema que vulnera a la población no sólo en los territorios indígenas, también en zonas consideradas como polos de desarrollo hace tan sólo unas décadas, como el Soconusco. Los fenómenos climatológicos como el huracán Javier en septiembre de 1998, la sequía de noviembre de 1998 a julio de 1999 y el huracán Stan en octubre de 2005, afectaron gravemente a bosques, agricultura, ganadería, viviendas, comercios, instituciones públicas y medios de comunicación en las regiones Sierra Madre, Soconusco, Costa, Norte y Selva de Chiapas, afectando el desarrollo social y económico de estas regiones.

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Las políticas de reparto agrario y colonización de las selvas del Sureste de México a partir de 1940 transformaron el paisaje de trópico húmedo a potrero:

De acuerdo a las cifras censales, entre 1940 y 1950 se produce un crecimiento extraordinario en la superficie de pastos en seis estados del trópico (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán) al pasar de 3.6 millones de hectáreas a casi 5.2 millones, lo que significa un incremento de 42.4%. Sin embargo, este crecimiento es diferente en cada entidad federativa (…). Los estados que más contribuyen a la expansión de labor son Campeche y Chiapas, el primero con un crecimiento de 83.4 y el segundo con 37.3%... [En 1970] se puede hablar de la ganaderización o de la praderización del trópico (…), que conceptualmente implica concentración de tierras, conflictos agrarios y modificaciones al medio ambiente dado el proceso de deforestación, aunque esto último se comenzó a hablar sólo en años recientes. [Durante el periodo 1970-1983] “se observa un proceso de consolidación de la gran expansión ganadera que inicia en 1950. Esto ocurrió en un contexto de relativa estabilidad económica en el país y de un fuerte proteccionismo del aparato productivo y del mercado interno, lo cual permitió que la ganadería creciera sin preocuparese por su modernización ante la ausencia de la competencia internacional”. (Villafuerte, Ma. del Carmen García y Salvador Meza, 1997, pp. 15-25).

La apertura de las selvas del sureste de México a la modernización agropecuaria se apoyó en la emigración de campesinos sin tierra a las selvas vírgenes de los Chimalapas, ocasionando los actuales conflictos agrarios en la zona fronteriza entre Oaxaca y Chiapas. La Selva Lacandona también fue escenario de colonización inducida por el Estado en su plan de poblamiento de las selvas, reducción de bosques y selvas, delimitación de fronteras y reubicación de campesinos solicitantes de tierras procedentes de todo el país, chinantecos desplazados por la construcción de las presas de Tuxtepec, Oaxaca, y zoques del norte de Chiapas desplazados por la erupción del volcán Chichonal.

Como parte del proceso de modernización de las estructuras productivas de México, el gobierno federal promovió la ocupación del trópico, mediante una estrategia basada en tres líneas de acción: a) una política de colonización y desmontes que se orientó a eliminar grandes extensiones de selvas tropicales y establecer en las superficies desmontadas programas de cultivos alimenticios, inicialmente, y una agricultura comercial de plantación y la ganadería de bovinos, posteriormente; b) el aprovechamiento de sus recursos hídricos, con la finalidad de crear el más grande complejo hidroeléctrico del país y c) la explotación de sus ricos yacimientos petroleros. Los resultados de estas políticas se reflejaron directa e indirectamente en el funcionamiento de este delicado hidrosistema tropical. En el breve espacio de medio siglo, Chiapas y Tabasco vieron sus espacios naturales transformados en favor de una agricultura comercial de plantación y una ganadería extensiva de bovinos. En tan solo medio siglo, Chiapas, uno de los estados de mayor diversidad biológica de México, con más de 8,000 especies de plantas con flores identificadas, fue despojada de su manto vegetal original y transformado en un enorme potrero. Dicho estado pasó de una superficie ganadera estimada en 16% en 1940 a 63% a fines de los años 80” (INE, 2004).

Aun cuando el país se encuentra en una transición de lo rural a lo urbano, una característica de Chiapas es que la mayoría de la población vive en zonas rurales, como puede desprenderse de la ocupación por sector económico: El 47.3% de la población chiapaneca se dedica al sector primario (agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza), el 37.3% al sector terciario (comercio y servicios profesionales), el 13.2% al sector

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secundario (minería, electricidad y agua, construcción e industrias manufactureras). Una cuarta clasificación corresponde al 2.2% de la población, no está especificado a qué sector de la economía se dedican. (INEGI, 2003). Entre 1895 y 1930 la población rural era mayor que la población urbana y el crecimiento demográfico era estable, pero a partir de 1940, cuando México adopta el modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI), el aumento de la población urbana es mucho mayor, pasando de 20 millones en la década de 1940, hasta más de 100 millones al iniciar el siglo XXI, es decir que la población se quintuplicó en 60 años, lo que es una tasa demográfica muy alta.

G1. Población urbana y rural en México. 1895-2030

Tomado de CNA, 2005, Síntesis de las estadísticas del agua en México, Comisión Nacional del Agua. Con datos de INEGI, 2005, proyecciones de CONAPO. Estos cálculos parecen conservadores si comparamos con proyecciones que consideran las tasas de población de toda América Latina. En el Centro Latinoamericano de Demografía de las Naciones Unidas, calculan que la población total de México superará los 118 millones de personas en el 2010, llegando a 137 millones en el 2025, es decir 10 millones más de lo que calcula la Comisión Nacional de Población para el 2030 (Chakiel, s/f). Esta situación implica un aumento en la demanda de agua tanto para uso doméstico, agropecuario o industrial y, según las proyecciones, al 2030 la escasez de agua será un problema muy grave en las grandes zonas urbanas e industriales, como indica la CNA: el norte y centro de México, donde se concentra la mayoría de la población, dependerá en gran medida del sureste, donde se encuentran las regiones hidrológicas (en números

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romanos) más importantes del país por el volumen de captación pluvial, el tamaño de las presas hidroeléctricas y la relativa poca presión humana en el recurso hídrico (CNA, 2005). Es ante esta realidad que el gobierno de Vicente Fox propuso al inicio de su sexenio un programa de desarrollo para el Sur-Sureste de México y Centroamérica como una sola región, conocido como Plan Puebla Panamá (PPP), aceptado por todos los gobiernos de México y Centroamérica y provocó la oposición bien articulada de multitud de organizaciones sociales, campesinas y de pueblos originarios en la región. Desde hace unos 40 años en México se ha planificado el desarrollo siguiendo el modelo de corredores urbano-industriales, y últimamente se promueve el establecimiento de clusters o puertos industriales. En el modelo de corredores para el Sur Sureste de México, se pretende instalar circuitos urbanos en conjunción con parques industriales, comunicados a través de carreteras de alta velocidad. La crisis ecológica incrementa el valor de recursos antes considerados como renovables, como agua y biodiversidad y actualmente sujetos a procesos de industrialización y mercantilización. La globalización que se promueve para el Sur Sureste de México y Centroamérica está basada en circuitos urbanos siguiendo el modelo de clusters industriales. Los clusters son sistemas jerárquicos, multiniveles en los que un cambio en un elemento tiene repercusiones en los demás niveles, en un esquema de retroalimentación donde el papel principal de vinculación lo desempeñan las instituciones. Las instituciones cumplen una enorme variedad de funciones, configuran las reglas del juego, los derechos de propiedad, y particularmente son dispositivos colectivos para la resolución de problemas de adaptación (Croguennec y Lara, 2003). Con el nivel de consumo de energía de sociedades altamente industrializadas como Estados Unidos, Japón o la Unión Europea, los recursos energéticos (petróleo, gas, electricidad, agua y granos básicos), se encuentran en el centro de la disputa entre empresas transnacionales, gobiernos y pueblos. El PPP no tuvo la repercusión que esperaba el gobierno foxista en el sector empresarial, empezando precisamente por las maquiladoras, sector que se encuentra en una profunda crisis como reflejo de la situación económica de Estados Unidos, país al que se destina la mayor parte de las exportaciones mexicanas.

C3. La crisis del sistema global, por Gustavo Castro, Otros mundos, AC.

Hay una crisis de los derechos humanos, en la medida en que el Estado debe garantizar, proteger a la población. Creo que no debe verse al Estado como un interlocutor que va a resolver los problemas, entonces hay que fortalecer las alternativas de derechos humanos. El modelo neoliberal no es el fin en sí mismo, sino el retiro del estado a favor de las corporaciones, que crean sus propias leyes, su propia dinámica, sus propios valores, sus propias normas de salud, laborales. Vivimos un modelo corporación-nación que se va agudizar en los próximos 10 ó 15 años. Veo grandes crisis globales:

• Crisis energética. Aumento del petróleo. • Presiones sobre la tierra y los recursos naturales, por ejemplo por la promoción de

biocombustibles en sustitución de maíz, lo que representa mayores peligros a la salud por el aumento de uso de los agroquímicos.

• Migración, cada vez mayor.

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• Hay una crisis del FMI, BM, BID, que están reconociendo que sus programas han generado la pobreza.

• Crisis alimentaria, que en el marco del TLCAN hay mayor concentración de alimentos por las corporaciones como Wall-Mart.

• Dependencia alimentaria, de insumos agroquímicos. • Crisis política en lo local, los partidos políticos están divididos, hay una agudización de las

facciones políticas, en particular la derecha, incluso se piensa que en 2010 habrá una revolución.

• Crisis globales en EU, Europa, en el Sistema de Naciones Unidas, de la OEA. • Crisis de seguridad, lo que se traduce en militarización, de instalación de bases de EU,

aumento de la criminalización de cualquier movimiento social como respuesta sistemática a las organizaciones y propuestas sociales, terrorismo de estado.

• Crisis ambiental, el problema del agua, de la deforestación, de contaminación, y que se va agudizar por los biocombustibles.

Tomado de Foro Chiapas, 2008b, Reunión de las organizaciones de la sociedad civil con Fund for Global Human Rights. Minuta de trabajo. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 20 de mayo de 2008.

Esto no significa que este plan sea letra muerta, pues es un plan pensado a 25 años y que se está ejecutando paulatinamente y por regiones, a partir de proyectos regionales y corredores industriales aparentemente desconectados entre sí. Evidencia de ello es la adopción por parte de Felipe Calderón del ahora llamado Plan Mesoamérica, en reunión celebrada en Villahermosa, Tabasco a fines de Junio de 2008, incluyendo como participante al presidente de Colombia. Lo cierto, es que este plan no tiene como prioridad prevenir el problema de desabasto de agua al que se verá México en el mismo periodo de tiempo que se está proyectando, particularmente el norte pero también el sur, si se siguen programando planes con un sentido meramente empresarial, sin tomar en cuenta las necesidades objetivas de la población, como el abasto de agua. Las diferencias socioeconómicas entre el norte y el sur de México son notorias. Los estados con menores índices de marginación, son los que comparten frontera con los Estados Unidos, además de Jalisco y el área metropolitana de la Ciudad de México. En cambio, los estados de mayor marginación son los del sur sureste.

Esta contradicción entre el norte rico y el sur pobre radica en el tipo de economía promovido en las décadas de 1940 a 1970, basada en agricultura extensiva en el norte y apertura de selvas a agricultura y ganadería de tipo extractiva en el sur. Acompañada de esta división del país en dos economías diferenciadas, se han promovido polos de desarrollo urbano industrial que le dan forma a una red de ciudades mercados, siendo los de mayor dinamismo las capitales de cada estado y ciudades medias. Esta red de polos de desarrollo urbano, industrial y comercial está comunicada por un sistema de carreteras, vías férreas, puertos aéreos y marítimos (Gómez Martínez, 2003, pp. 80-81).

Chiapas se divide en 7 regiones fisiográficas: Llanura Costera del Pacífico, Sierra Madre de Chiapas, Depresión Central, Altiplanicie Central, Montañas de Oriente, Montañas del Norte y Llanura Costera del Golfo. La división política es en 9 regiones: Centro, Altos, Frontera,

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Frailesca, Norte, Selva, Sierra, Soconusco e Istmo-Costa. A su vez, cada región geopolítica está subdividida en un total de 118 municipios. Con una extensión de 75,634.4 km2, que representan el 3.8% de la superficie total de México (E-Local, 2007). Al año 2000 vivían 3’920,892 personas, de las cuales 1’117,597 (28.5%) podrían ser considerados como indígenas por hablar una de las 13 lenguas originarias, asentados en 6,246 comunidades particularmente en cuatro de las nueve regiones geopolíticas administrativas del estado: Altos, Zona Norte, Fronteriza y Selva. Las 13 lenguas originarias de Chiapas son Tzotzil, Tzeltal, Chol, Mame, Zoque, Tojolabal, Kanjobal, Chuj, Cakchiquel, Jacalteco, Maya, Motozintleco y Lacandón, en ese orden. (CDI-PNUD, 2004).

El estado de Chiapas se encuentra en el primer lugar de marginalidad, con al menos 73% de las localidades en un estado de Muy alta marginación y 16% en estado de Alta marginación (PNUD, 2005). El Índice de Desarrollo Humano en Chiapas está calculado en 0.69, por lo que ocupa el último lugar a escala nacional, siendo los municipios más pobres del estado: Aldama, Chalchihuitán, Chamula, Chenalhó, Chanal, Mitontic, Santiago El Pinar, San Juan Cancúc, Sitalá y Zinacantán, por lo que en octubre de 2005, la Sedesol los incluyó en un programa para superar la pobreza en los 50 municipios más pobres del país. Chiapas es el estado con mayor marginación registrada en el 2000: 23% de su población de 15 ó más años de edad es analfabeta y 50% no terminó la primaria; casi uno de cada cinco habitantes ocupa viviendas sin drenaje ni sanitario exclusivo; 12% reside en viviendas sin energía eléctrica; 25% sin agua entubada; cuatro de cada diez con piso de tierra; y casi dos de cada tres ocupa viviendas en condiciones de hacinamiento, 76% de la población ocupada

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gana hasta dos salarios mínimos y 61% vive en localidades con menos de cinco mil habitantes, donde la dispersión y el aislamiento vulnera las condiciones de vida de quienes viven, sobre todo, en las localidades de menor tamaño” (Conapo, 2000). Naciones Unidas compara el desarrollo humano de Chiapas con el de África Subsahariana, los Territorios Ocupados Palestinos o las Repúblicas ex Soviéticas que recién han obtenido su independencia como Uzbekistán (PNUD, 2005). Los bloques de poder derivan de acuerdos políticos, de los que destaca México, el país con más vínculos comerciales de todo el planeta, pues mantiene tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, sus principales socios por compartir territorio subcontinental, también es socio comercial de la Unión Europea, Centroamérica, Chile, Mercosur, Cuba y el Caribe, Israel, Japón y los países afiliados al Acuerdo Económico de la Cuenca del Pacífico como son Indonesia, Malasia y los Tigres del Pacífico, incluyendo Australia. Los principales bloques económicos en América son el de Canadá, Estados Unidos y México que se propone ampliar a Centro y Sudamérica, dejando fuera al Caribe por la influencia de Cuba. Otro bloque económico es el Mercosur, integrado por Brasil, Argentina y Uruguay, con influencia en todo Sudamérica y tendencia al crecimiento hacia la India, Sudáfrica y otros países del hemisferio sur. La Unión Europea es, quizá, el bloque regional de poder más exitoso del mundo, el único con moneda propia capaz de competir con el dólar estadounidense, la libra esterlina y el yen japonés. En Asia, China es, por sí misma, un bloque económico de poder, con un gobierno propio, emanado de la revolución comunista y con su propio calendario y sistema de escritura, resultado de más de 4,000 años de civilización. Japón es otra economía de gran influencia en el mundo, dominante en la industria electrónica en particular.

Del 3 al 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo mejor conocida como Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra, en donde representantes de 179 gobiernos adoptaron el contenido de un programa mundial para transitar al desarrollo sostenible, conocido como Agenda 21, un documento que ha servido a los gobiernos para organizar sus programas a nivel nacional y local acorde a las prioridades establecidas en la Cumbre de Río. Agenda es una lista detallada de asuntos que requieren atención, y 21 hace referencia al siglo XXI, por lo que posteriormente se tradujo en la definición de una agenda complementaria denominada Metas de desarrollo del milenio (Millenium Development goals), con énfasis particular en las políticas de globalización y en la erradicación de la pobreza y el hambre, adoptadas por 199 países en la 55ª Asamblea de la ONU, celebrada en Nueva York del 6 al 8 de septiembre del 2000; y la más reciente, la Cumbre de Johannesburgo, reunida en Sudáfrica del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002.

Diferentes instancias de gobierno en México se encuentran en el proceso de construir agendas de temas prioritarios a los cuales orientar las políticas públicas. Destacamos el caso de la Confederación Nacional de Gobernadores, que parte de la prioridad de diseñar estrategias que hagan altamente efectivos los programas de gobierno:

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Contra la dispersión y disipación de recursos públicos, una respuesta eficaz no es la centralización burocrática, como la presente situación refleja, sino una agenda compartida y transversal desde el gobierno federal, dotada de inserción operativa en las esferas estatales, municipales y comunitarias, legitimada sistemáticamente a través de la fiscalización y la participación ciudadana (Conago, 2006, p. 19).

Es decir que se está valorando más la efectividad de Agendas ciudadanas que el diseño de planes y programas de desarrollo. No se trata de que las agendas sustituyan los planes de gobierno, sino que los planes y programas surjan de agendas ciudadanas. En este sentido, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abre en 2007 una consulta pública para definir los temas prioritarios de lo que denomina Agenda ambiental, a través de los siguientes ejes temáticos definidos incluso por color:

Agenda Azul. Es lo concerniente al recurso hídrico y su manejo integral. Los subtemas específicos que permiten diferenciar y reflejar la coordinación de los diferentes programas y acciones institucionales en torno a esta agenda son: Agua y desarrollo; agua y saneamiento; agua y medio ambiente; agua y alimentación; agua y riesgos y, gestión integrada de los recursos hídricos. Agenda Gris. Es la contaminación del medio ambiente e incluye los aspectos relacionados con el monitoreo, prevención y remediación de la contaminación del aire, agua y suelos. Agenda Verde. Es lo relacionado con la protección, manejo sustentable y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad; recursos forestales y suelos (Semarnat, 2007).

Para el caso de los pueblos indígenas, la naturaleza tiene un significado diferente al que le dan las agencias de gobierno, incluso contradictorio. En el marco del desarrollo sostenible, las agencias de gobierno consideran a la naturaleza como un recurso, y se programan políticas públicas para que se aprovechen los recursos e incluso se constituyan en capital natural orientado a los mercados. En la fase histórica actual del sistema capitalista, conocida como neoliberalismo, existen mercados para cada uno de los recursos naturales: agua, tierra, madera, vida silvestre, biodiversidad e incluso mercados de carbono orientados a servicios ambientales de captura de carbono que brindan los bosques en estado de conservación.

Para los pueblos indígenas, la naturaleza es parte de la identidad cultural, por lo que para evaluar el impacto de la crisis ambiental en la identidad cultural de los pueblos indígenas se requiere explorar la percepción que tienen los indígenas de la naturaleza, conocido como cosmovisión, y evaluar. Relacionando esto con la construcción de la Agenda Ecológica Indígena, es importante considerar la diversidad de posturas políticas al interior del movimiento indígena para ubicar geopolíticamente la propuesta:

En México la agenda indígena ensaya estrategias diversificadas: desde la más radical, en que el EZLN instala juntas de buen gobierno que rompen relaciones con las instituciones gubernamentales y partidarias para hacer su propia ley y ejercer sus derechos potenciando los recursos internos; por otro lado están los gobiernos autónomos que en los estados del sureste construyen sus propios servicios y conviven en relativa armonía con las autoridades estatales; además, hay movimientos indígenas que buscan incidir en los propios programas gubernamentales y en el sistema de las Naciones Unidas para colocar a los pueblos indígenas como sujetos políticos (Rodríguez, 2005).

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En este sentido, ubicaríamos la propuesta de Foro en la red de organizaciones que “buscan incidir en los propios programas gubernamentales y en el sistema de las Naciones Unidas para colocar a los pueblos indígenas como sujetos políticos.” En América Latina esta corriente se identifica con procesos sociales de organizaciones de Centro y Sudamérica:

Nosotros como movimiento ecuatoriano llevamos una propuesta de conformar una coordinación continental pero conducida desde las organizaciones y desde una posición política antineoliberal, somos una organización que lucha por la reivindicación social y por el respeto a los pueblos indígenas. Queremos juntar las redes, pero no crear una burocracia internacional. Ya hay coordinaciones en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. En Sudamérica tenemos la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), en Centroamérica también hay una coordinadora de pueblos indígenas e igual en Norteamérica, entonces estas tres coordinaciones se deberían juntar y construir una sola agenda para las Naciones Unidas, para la Organización de Estados Americanos (OEA) y para otros organismos donde se discuten los problemas de los pueblos indígenas (Tamayo, 2007).

Una de estas organizaciones sudamericanas, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), cuentan con un documento denominado Agenda Indígena Amazónica, mismo que consideran como “el avance más importante que nuestra organización ha dado desde su fundación hace 20 años. Su importancia está en que define cuales son nuestros objetivos de desarrollo estratégico como pueblos indígenas. Concebida como un proceso propio, construido y concertado a partir de nuestra cosmovisión y como la expresión de los lineamientos políticos para el trabajo de cada una de las organizaciones miembros. Es la herramienta principal en la planificación de nuestras actividades, en las relaciones y acuerdos con las Agencias de Cooperación Internacional y en las relaciones con los Gobiernos del mundo”. (COICA, s/f).

Foro Chiapas coincide con Amazon Alliance, organización en la que participan las organizaciones de COICA, en el planteamiento de construir agendas de los pueblos indígenas a partir de la defensa de los derechos territoriales. De hecho, durante la visita de FORO a Washington, DC para presentar el reporte de la situación agraria en Chiapas elaborado por la Red por la Defensa de la Tierra y el Territorio (RTyT, 2006), FORO Chiapas tuvo una sesión de trabajo con investigadores integrantes de Amazon Alliance, momento en que hubo un reconocimiento mutuo de objetivos de trabajo en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

En conclusión, la Agenda Ecológica Indígena es parte de la reivindicación de los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; se inscribe en la red de organizaciones latinoamericanas que inciden en las agencias del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos para incidir en que los Estados orienten sus políticas a cumplir con la Agenda 21 y las Metas del Milenio; es un esfuerzo para colaborar con otras organizaciones e instituciones de Chiapas en la construcción de la Agenda Local y en el diseño de políticas públicas.

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C4. La Agenda de la ONU en Chiapas La Agenda de las Naciones Unidas en Chiapas busca construir alternativas conjuntas que mejoren las condiciones de vida de la población chiapaneca y en particular que permitan la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el año 2000 y que incluyen retos como la reducción a la mitad de la pobreza y la mortalidad infantil, una mayor salud materna y equidad de género, la prevención de enfermedades como el VIH/SIDA o la tuberculosis y la sostenibilidad ambiental entre otros Chiapas es un Estado de especial interés para las Naciones Unidas pues reporta uno de los menores Índices de Desarrollo Humano en México y altos índices de pobreza y exclusión y también un gran potencial cultural, social, económico y ambiental. La reunión de hoy, destaca el compromiso del Gobierno de Chiapas de hacer frente a esta situación y el amplio potencial de colaboración entre el gobierno estatal, las autoridades locales y federales, la sociedad civil y las Naciones Unidas. En el marco de cooperación ONU-México se ha establecido claramente la prioridad de la región sur–sureste del país. CINU, Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, Boletín No. 08/042, 7 de mayo de 2008.

El documento Agenda Ecológica Indígena se presenta como una colección de más de 40 temas revisados con las siguientes preguntas: definición del tema problematizado, diagnóstico estatal, agenda ecológica, agenda indígena, agenda legislativa, programas de gobierno, alternativas técnicas y alternativas en los pueblos indígenas. Por la complejidad social, en algunos de los temas predomina la información conceptual, de contexto internacional, nacional o estatal, así como el enfoque ecológico, indígena o legislativo. Aprovechamos este espacio para agradecer a todas las comunidades indígenas, pueblos campesinos y organizaciones de la sociedad civil con quienes hemos compartido este largo camino. También queremos reconocer el apoyo de la cooperación internacional y de las dependencias de los gobiernos federal y estatal que han contribuido a financiar el trabajo de Foro Chiapas y respetando nuestra postura crítica como organización de la sociedad civil. En particular, este proyecto fue financiado por el Instituto para la Sociedad Abierta de la Fundación Soros (Open Society Institute, OSI). Si bien no pretendemos agotar los temas, esperamos que la presentación abra discusión a la opinión pública. Consideramos que uno de los propósitos de este documento es aportar a que estos temas formen parte de la agenda del desarrollo. Queremos dedicar esta pequeña contribución a los movimientos indígenas de América Latina.

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II. Acceso a la jurisdicción del Estado Este capítulo se subdivide en ocho temas considerados como una muestra de la complejidad que implica el reconocimiento del acceso a la jurisdicción del Estado o derechos jurisdiccionales. El primer tema, acceso a la información, más que un derecho, es un indicador de la vigencia de un Estado de Derecho, pues una democracia que se digne de serlo, deberá garantizar a los ciudadanos la libertad de información y solicitud de la misma al Estado referente a los programas de gobierno y el presupuesto público. El segundo tema también es un requisito mínimo de la democracia y se refiere a la participación social en la definición de las políticas públicas, leyes, programas y proyectos de desarrollo. Este es uno de los temas más recurrentes en la exigibilidad de derechos de los pueblos indígenas: el derecho a la consulta y el consentimiento informado, de ahí que el siguiente tema es relativo a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El tercer tema, referente a la política social, se limita a identificar los principales programas de la política social en los gobiernos federal y estatal y se emiten algunas recomendaciones. El cuarto tema se refiere a la política ambiental, es particularmente importante, considerando los conflictos políticos entre autoridades ambientales y pueblos indígenas por el acceso, manejo y aprovechamiento de los recursos existentes en territorios de muy alta biodiversidad. Desde el inicio de las políticas conservacionistas, los pueblos indígenas resultaban estar en controversia por la sobreposición de decretos ambientales en decretos agrarios, pero con el tiempo, los intereses de aprovechamiento colectivo y conservación ambiental se acerca y parecen complementarse en propuestas de manejo local de recursos, que parece ser la mejor estrategia de conservación, en lugar de verse como mutuamente excluyentes. El quinto tema refiere los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Quizá la principal demanda de los pueblos indígenas es su reconocimiento como sujetos de derecho, como una manera de corregir la práctica vigente de considerarlos como objetos de leyes, políticas, programas y proyectos de desarrollo. El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho es un piso básico para la exigibilidad de acceso al sistema de derecho positivo mexicano en tanto colectividades diferenciadas de otros grupos sociales, por su origen histórico anterior al del Estado mexicano y sus fronteras actuales, e incluso con sistemas jurídicos propios, también conocidos como sistemas normativos y despectivamente llamados “usos y costumbres”. El sexto tema, agenda legislativa, fue elaborado por Ramón Martínez Coria, director ejecutivo de Foro Chiapas, a solicitud de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), con motivo del debate que en dicha comisión legislativa se dio en 2007 para definir la vigencia de esta instancia mediadora entre las partes en conflicto en Chiapas.

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El séptimo tema aborda el problema de la justicia agraria corresponde a una ponencia presentada por Ramón Martínez Coria, en el Foro de consulta pública para el desarrollo rural sustentable organizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el 18 de abril de 2007, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El octavo tema, los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Chiapas en el debate jurídico internacional, corresponde a una ponencia presentada en el Foro consulta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados en abril de 2007. Se trata del caso de los pueblos zoques en conflicto por la aplicación del Procede con asesoría de Foro Chiapas ante tribunales agrarios, a manera de seguimiento del Informe de la situación agraria presentado ante la CIDH y explicado en el tema anterior. El noveno y último tema aborda la importancia de que los derechos colectivos de los pueblos indígenas sean reconocidos en un sistema de derecho pluricultural, que incluya la figura de autoridad tradicional.

2.1. Acceso a la información El acceso a la información pública es un derecho humano básico para la exigibilidad de derechos. La exigencia a las instituciones públicas de cuentas e informes públicos es una característica de las democracias modernas. En México, las instituciones de gobierno hacen solicitudes a las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara de Diputados y en diciembre de cada año se discute y aprueba el presupuesto de la federación para su ejercicio a partir de enero del año siguiente. El presupuesto se divide en ramos, capítulos y rubros. De ahí se derivan recursos para los programas que cada institución ha diseñado. Y cada programa tiene sus características diseñadas de acuerdo a Reglas de Operación o los Términos de Referencia, en los que se especifica el tipo de gastos permitidos. La práctica ciudadana de acceso a la información pública es reciente en Chiapas. El conflicto armado que inició en 1994 es un parteaguas en la construcción de ciudadanía en Chiapas. Las elecciones de gobernador ese año fueron fuertemente cuestionadas por la sociedad civil, se hablaba de un fraude electoral, pero la sociedad civil no exigió acceso a la información electoral, ni se presentó demanda ante los tribunales electorales. En lugar de llevar la denuncia por la vía legal, se reinició el conflicto armado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaró la existencia de más de 30 municipios en rebeldía que fueron reprimidos por el ejército y la policía. Las organizaciones de la sociedad civil se vieron involucradas en el conflicto con su propia demanda de recuperar la vía legal para atender las causas legítimas del levantamiento armado. Entre las exigencias de acceso a la información pública, destacan los informes de Global Exchange, SIPAZ, Frayba, CIEPAC y otras organizaciones acerca de la militarización, en los que se compara el gasto militar con el gasto en salud y educación, llegando incluso a identificar “dos tendencias recientes en el gasto militar: la primera es que, al igual que todo el gasto público, las tasas de crecimiento en educación, salud y fuerzas armadas han disminuido en beneficio del pago de la deuda externa. La segunda es

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que el gasto militar, aparentemente en reducción, se alimenta con recursos provenientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública así como con la ayuda financiera de Estados Unidos. Ambos aseguran el crecimiento de la capacidad militar instalada en el ejército, la fuerza aérea y la armada” (Sierra Guzmán, 2000, p. 58). En 2000 pierde la elección federal y estatal el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En Chiapas se dan a conocer programas de desarrollo social como son Plan Puebla Panamá (PPP), Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), Programa de Desarrollo Sustentable Integral en la Selva (Prodesis), Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) y Comunales (Procecom), Oportunidades y Alianza para el Campo, entre los más observados bajo monitoreo de organizaciones de la sociedad civil. El monitoreo de las políticas públicas basado en el derecho a la información pública se expresa en foros, redes, encuentros, talleres, reuniones, pronunciamientos públicos, desplegados y boletines de prensa, informes alternativos, spots de radio, video documentales, libros y páginas de internet, en los que se analiza la información pública de los programas de gobierno. La agenda ecológica en el acceso a la información pública refiere al gasto que ejercen los gobiernos federales, estatales y municipales dedicados a políticas, programas y proyectos con un enfoque ambiental. Con información disponible en internet, en las oficinas de gobierno o solicitada a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAP), es posible evaluar los recursos destinados a programas y proyectos con un enfoque ambiental. No existe todavía un instrumento legal que obligue a los estados a informar con claridad cuántos recursos del presupuesto total son destinados a acciones que favorecen la conservación del ambiente. Para saberlo, es necesaria una investigación específica y deducir del presupuesto total, los recursos destinados a programas de gobierno que tienen entre sus objetivos mejorar el medio ambiente, y de esta primera selección, se requiere identificar los gastos programados específicamente para inversión en proyectos o actividades que inciden directamente en mejorar el ambiente. Para que los pueblos indígenas tengan acceso pleno a la información pública, sería importante que la información se publicara en los principales idiomas indígenas, que el IFAI aceptara solicitudes en idiomas indígenas, incluso en medios diferentes al escrito, tomando en cuenta que las culturas indígenas son orales. Para identificar el presupuesto total destinado para los pueblos indígenas, sería importante identificar todos los programas y proyectos que se aplican en territorios de los pueblos indígenas. Existe una institución federal y otra estatal para atención de los pueblos indígenas, por lo que su presupuesto es el que más claramente se destina a los pueblos indígenas, pero también hay programas de salud, educación, infraestructura, etc., diseñados para toda la población del país y al ejecutarse en los territorios de los pueblos indígenas, aumentan el presupuesto real. Lo que hay que revisar para completar una investigación del presupuesto público para los pueblos indígenas, es si los programas y proyectos de gobierno por medio de los cuales se aplica el presupuesto, tienen un enfoque favorable a las demandas de los pueblos indígenas como son el principio de consulta a los pueblos y comunidades indígenas como lo

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establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que al ser ratificado por el Senado en 1991, es ley suprema en México. El derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo e informado, la consulta y participación en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, proyectos y programas públicos o privados no tiene un reconocimiento pleno en la Constitución Federal de la República Mexicana. A 10 años de la vigencia del Convenio 169, México rindió un informe oficial y los pueblos indígenas y las organizaciones de derechos humanos que les acompañan, emitieron, un Informe alternativo en el que se denuncia la falta de cumplimiento del principio de consulta previa e informada a los pueblos respecto a los programas y proyectos de gobierno. Para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa e informada, se requiere abrir espacios de diálogo entre gobierno y sociedad civil, exigir rendición de cuentas, acceso pleno a la información y postular propuestas alternativas para que las políticas públicas respondan a las demandas de los pueblos indígenas. Es importante hacer efectivo el derecho a la información pública, solicitar a los gobiernos el acceso a documentos, informes y resultados de la ejecución de las políticas públicas. Buscar en internet la información generada por las instituciones respecto al presupuesto público y los programas de gobierno. Identificar el tipo de información necesaria para evaluar las políticas públicas, de ser posible, tener sesiones con funcionarios de gobierno en las que se les pueda solicitar la información necesaria para monitoreo de los programas y políticas públicas. Si no hay canales de comunicación, solicitar información específica, de preferencia indicando los documentos donde se encuentra, si es que se sabe de su existencia, y citar, en toda solicitud, los artículos del IFAI que obligan a los funcionarios de gobierno a proporcionar la información solicitada. Denunciar todo intento de los funcionarios por impedir el acceso a la información pública y utilizar esta información para mejorar la precisión de las demandas sociales, para incidir en la opinión pública y en los tomadores de decisiones. El sistema de asambleas de los pueblos indígenas facilita el acceso a la información pública de programas y proyectos que se están ejecutando en los territorios tradicionales. Para los funcionarios de gobierno este sistema de gobierno es completamente distinto y distante, por lo que no recurren a las asambleas de los pueblos indígenas para el diseño, ejecución y evaluación de los programas y proyectos de gobierno. Esta distancia entre sistemas de gobierno que, en los hechos, coexisten, hace más difícil, y en ocasiones imposible, construir un escenario de participación social que facilite la ejecución de las políticas públicas, por bien intencionadas que se presenten. Para los pueblos indígenas, el sistema de consulta permanente ha permitido tener un mayor control en la toma de decisiones de sus autoridades agrarias.

2.2. Participación social

La participación social en la vida pública es un derecho humano básico que permite el acceso a otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El Estado debe

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garantizar la libertad de organización y canalizar las propuestas ciudadanas al sistema de instituciones que ejercen programas de gobierno. En México el sistema de gobierno recae en los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, y la participación social se hace efectiva en los procesos electorales por medio de los cuales los ciudadanos votan por partidos políticos que les representan sin requerimiento legal de consultar a la población para la toma de decisiones, por lo que se trata de una democracia representativa, no participativa.

C5. Y sin embargo, se mueve… Araceli Burguete Cal y Mayor, Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)

La mayoría de los que estamos aquí llegamos hace 20 años, vemos que los problemas se han complicado. El Estado es incapaz de resolver los problemas, hay una distancia enorme entre lo que se diagnostica y lo que se hace institucionalmente. Hemos pasado por experiencias de luchas locales, se han producido muchas propuestas, hay una respuesta inapropiada del estado. Veo un campo magnético que se repele, que no encuentra diálogo entre gobierno y sociedad civil, lo que provoca una serie de frustraciones por la incapacidad de transformar las instituciones y las leyes.

Tomado de Foro Chiapas, 2008b, Reunión de las organizaciones de la sociedad civil con Fund for Global Human Rights. Minuta de trabajo. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 20 de mayo de 2008.

La participación social en Chiapas es abierta e universal en procesos electorales, y limitada cuando ocurre por medio de programas y proyectos de gobierno. La historia de Chiapas está marcada por la inestabilidad en la relación gobierno-sociedad civil, al grado de conflicto social durante el periodo de 1970 al 2000, con crisis políticas notorias cuando ocurrieron desplazamientos de la población que huía de los conflictos religiosos, políticos o armados. La participación social por la vía electoral recae en el sistema de partidos políticos exclusivamente, y en los ejidos y comunidades se basa en el sistema normativo interno y se ejerce a través del sistema de asambleas locales únicamente para asuntos locales como la tenencia de la tierra o la organización social. La resolución de los conflictos sociales permite la organización en sistemas de aprovechamiento, manejo y conservación de recursos ambientales. En sentido inverso, la desorganización social, los conflictos políticos, la existencia de dos o más autoridades en una sola comunidad y para los mismos asuntos, son la principal causa de ingobernabilidad social y su repercusión en los recursos ambientales es muy grave. Cuando ocurre una contingencia ambiental como incendio, sequía o inundación, los conflictos internos dificultan la organización para el manejo de desastres y la restauración ambiental. Para la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, la Agenda Indígena es transversal de todas las políticas públicas por lo que no es un tema aislado, sino la base de una Reforma del Estado que permita transitar de una visión homogénea propia del siglo XIX, cuando se estableció que todos los mexicanos eran iguales ante la ley, a un Estado pluricultural de derecho que tome la diversidad cultural como base para garantizar el acceso pleno a la jurisdicción del Estado. Según esta instancia legislativa, al 2007 se encontraba en revisión el dictamen de las Iniciativas de "Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades

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Indígenas y Ley del Sistema de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, la primera turnada a Comisiones Unidas de Gobernación y Asuntos Indígenas y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Senadores; y la segunda, turnada a Comisiones Unidas de Gobernación y Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, a fin de garantizar en una sola ley, el derecho de consentimiento libre, previo e informado” (CAI, 2006). Entre 2002 y 2003, el Instituto Nacional Indigenista (INI) fue transformado en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), conservando la mayoría de sus programas y personal operativo. La nueva institución indigenista opera con una infraestructura menor a la que tenía en décadas anteriores, aunque cuenta con un presupuesto mayor. Para los pueblos indígenas y sus organizaciones la CDI es una instancia a la cual se puede recurrir para gestionar financiamientos pequeños y con pocas posibilidades de continuidad, pues la gestión de recursos está supeditada a reglas de operación con periodos de vida de seis meses en promedio. Prácticamente todas las instituciones de los gobiernos federal y estatal operan en los territorios indígenas, por lo que un enfoque indigenista en realidad no tendría razón de existir en un Estado que reconociera plenamente a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. La revolución de la informática amplía las posibilidades de comunicación pero las condiciones de marginalidad en que se encuentran los pueblos indígenas dificultan el acceso a estas tecnologías. Sin embargo, la brecha tecnológica se ha reducido significativamente al popularizarse las computadoras. Una de las alternativas técnicas es que los jóvenes indígenas con conocimientos básicos de computación, los técnicos profesionales y, en particular, las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a los pueblos en sus procesos de desarrollo, establezcan redes de comunicación a través de las cuales circule información de interés para los pueblos indígenas, como es la relativa a los programas y proyectos de gobierno, aprovechando también, la ley federal de acceso a la información pública gubernamental y las libertades de expresión y organización. Está claro que las computadoras no son, por si mismas, la solución de los problemas, depende del uso que se les de, pero también está claro que el contenido de la información lo pueden establecer los pueblos indígenas y las organizaciones que les apoyan.

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C6. Recomendaciones para el reconocimiento de los derechos jurídicos de los pueblos indígenas

Fortalecer los sistemas de asambleas ejidal, comunitaria y de organizaciones sociales, haciendo efectivos los derechos sociales y políticos. Hacer valer ante las instituciones las decisiones tomadas en asambleas comunitarias y ejidales. Registrar las uniones de ejidos o comunidades como figuras asociativas de la sociedad civil. Aprovechar y abrir más los canales de participación social establecidos por las instituciones de gobierno. Tomar decisiones al interior de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, que permitan orientar las políticas, programas y proyectos de las instituciones públicas y privadas, de tal manera que la agenda local dirija las acciones institucionales.

2.3. Política social

México es uno de los 12 países de megadiversidad en el mundo y Chiapas se encuentra entre los primeros estados de mayor diversidad biológica, cultural, forestal e hidrológica (Conabio, 1998, pp. 92). Al mismo tiempo, México es el país con mayor población hablante de lenguas originarias de América (Montemayor, 2001, pp. 159-161), y Chiapas es el cuarto estado con mayor porcentaje de su población indígena: 1’117,597 (28.5%) (CDI-PNUD, 2004). Esta riqueza biológica y cultural de México en general, y del sureste en particular, no corresponde con los índices de desarrollo humano, en los que Chiapas, Oaxaca y Guerrero se encuentran en los últimos lugares de acceso a la salud, educación, ingresos y equidad de género (PNUD, 2005). Las cuencas hidrográficas son manejadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua o CNA) y se coordinan regionalmente a través de Consejos o Comités de Cuencas, en los que se incluye la participación social por sectores según el tipo de uso del agua. Las reservas forestales son administradas por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que autoriza los permisos de explotación forestal y emite programas de reforestación. Otro sector relacionado con el manejo y aprovechamiento de recursos ambientales es el sector agropecuario, encabezado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Agropecuarios (Sagarpa) y se organiza en programas de inversión productiva y fomento a la comercialización. Uno de los programas más grandes es Alianza por el Campo, que entrega subsidios a los productores a partir de estrategias y proyectos organizados por los gobiernos de los estados. El gobierno del estado organiza las políticas para el sector agropecuario por medio de la Secretaría del Campo (Secam). El sector social está encabezado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y, en el gobierno estatal, por una instancia con el mismo nombre pero diferentes siglas (SDS).

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La atención a los pueblos indígenas está dirigida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y, en el gobierno estatal, por la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI). Los tres sectores mencionados, ambientales, agropecuarios y sociales, así como las instancias para la atención de los pueblos indígenas, están estrechamente vinculados por políticas de transversalidad o interinstitucionales con un enfoque ambiental. A partir del 2005, se nombra la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), que incluye las secretarías de Agricultura (Sagarpa), Comunicaciones y Transportes (SCT), Economía (SE), Energía (Sener), Relaciones Exteriores (SRE) y es encabezada por la Semarnat. El documento rector de esta Comisión se dio a conocer en 2006 titulado Estrategia Nacional de Acción Climática: Respuesta de México ante el cambio climático global (CICC, 2006), y propone cambios en las políticas públicas que por primera vez en la historia ambiental de este país, incluyen las secretarías de economía, energía y comunicaciones, por lo que se trata de una estrategia más integral que la conservación por sí y para sí, pues implica propuestas de cambio de patrones energéticos y económicos en respuesta a acuerdos internacionales firmados por México. Está en manos de la sociedad civil que se avance en una estrategia nacional como esta, en establecer estrategias regionales y locales, y evitar que este sea otro esfuerzo institucional fracasado como los anteriores. Entre las recomendaciones que se identifican para la política social están las siguientes:

1. Declarar reservas ecológicas de régimen municipal, comunal o ejidal y derivar un plan de manejo que incluya gestión de recursos financieros para invertir en proyectos productivos.

2. Procurar la agricultura orgánica en sustitución paulatina de la agricultura con agroquímicos.

3. Ordenamiento territorial con zonas bajo régimen especial de aprovechamiento, conservación y restauración de recursos ambientales: hídricos, forestales, agroalimentarios, de flora y fauna.

4. Restaurar los sistemas tradicionales de gobierno de los pueblos y las figuras de autoridad como el consejo de ancianos, como la máxima autoridad que pueda permitir el acceso, manejo, usufructo, conservación y restauración de recursos ambientales.

5. Organizar proyectos productivos con enfoque de sustentabilidad. 6. Procurar la autogestión organizativa mediante proyectos productivos que

permitan financiar un fondo comunitario para nuevos proyectos.

2.4. Política ambiental Las reservas ecológicas son territorios declarados bajo algún régimen de conservación por el cual se restringen las actividades de aprovechamiento de los recursos ambientales. Las declaratorias de reservas ecológicas pueden ser emitidas por los ejidatarios, comuneros, propietarios, gobiernos municipales, estatales o el gobierno federal. Las declaratorias de existencia de zonas de reserva ecológica especifican el tipo de reserva. Cuando son

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declaradas por los gobiernos estatal o federal, se inscriben en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y se inician programas de manejo, conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos ambientales en su conjunto. La riqueza biológica, hidrográfica, forestal, paisajística y la presencia de flora y fauna endémica son parte de las justificaciones para declarar territorios en buen estado de conservación como reserva ecológica. La actividad volcánica, los accidentes geológicos como son cañones o cañadas, el nacimiento de ríos caudalosos, los humedales superficiales o subterráneos como son lagunas, esteros o manglares, son motivación para proteger superficies terrestres, acuáticas o marítimas como zonas de reserva ecológica. El Sistema Nacional de ANP incluye diferentes figuras entre las que destacan los parques nacionales, las reservas forestales y las reservas de la biosfera, que por su tamaño son las más importantes. A partir de 2001, México se integra en la iniciativa Corredor Biológico Mesoamericano, una estrategia de conservación para unir las reservas ecológicas a través de programas de manejo, conservación, aprovechamiento e investigación de los recursos ambientales, en áreas que conectan las reservas ecológicas, denominadas corredores biológicos por ser utilizados por los animales para sus rutas migratorias. Las reservas ejidales, comunales, municipales o campesinas, son declaradas por las asambleas locales y en pocos casos se proponen ser reconocidas por el Sistema Nacional de ANP, por lo que carecen de recursos financieros y apoyo técnico para su manejo. Los decretos de reservas ecológicas son cuestionados en los casos en que se complican los conflictos agrarios preexistentes por la sobreposición de planos y regímenes de uso del suelo. Podemos identificar cuatro escenarios sociales en las reservas ecológicas: conflicto, negociación, abandono o privatización. Los conflictos entre los administradores de las reservas y la población campesina ocurren cuando una parte niega a la otra y se disputan el derecho en el uso de los recursos ambientales, los gobiernos invierten en infraestructura carretera, presas y centrales eléctricas, circuitos agroindustriales y otros proyectos que no son consultados con la población y deterioran el ambiente. La negociación entre autoridades ambientales y locales, permite la puesta en marcha y operación de programas de manejo, aprovechamiento e inversión productiva de los recursos ambientales, incluyendo beneficios para la población local por proyectos de turismo, reproducción y comercialización de especies de flora y fauna, programas de prevención de desastres por incendios, inundaciones, erupciones o terremotos. Un tercer escenario es el de abandono, es decir, la ausencia total de programas de manejo, conservación, aprovechamiento, inversión productiva, capacitación, prevención de desastres y propuestas en general, y la imposibilidad de construir acuerdos de colaboración entre la población local y los gobiernos municipal, estatal o federal. Un cuarto escenario es la privatización de las reservas ecológicas por medio del financiamiento de instituciones de asistencia privada, fundaciones filantrópicas de empresas transnacionales y la promoción de las reservas como centros turísticos diseñados para el consumo masivo. La tendencia es que en todas las reservas se presentan o han presentado en otro momento los cuatro escenarios de manera interrelacionada entre los intereses de

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aprovechamiento de los recursos ambientales por campesinos, ganaderos, forestales, empresas constructoras, mineras, turísticas, gobiernos, conservacionistas, investigadores y académicos. Chiapas es uno de los estados con mayor diversidad biológica de México, con el sistema hidrográfico más importante de Mesoamérica y centro de origen de miles de plantas. La diversidad cultural de Chiapas incluye el territorio ancestral de las culturas zoque y maya. Esta riqueza biológica y cultural hace de Chiapas uno de los principales destinos turísticos, por lo que se han diseñado rutas turísticas que abren gran parte del estado al turismo masivo. En Chiapas se encuentra la mayor superficie de ANP y es un lugar intermedio para la conexión de los corredores biológicos del Sureste mexicano, el Istmo de Tehuantepec, la Península de Yucatán y Guatemala. Entre las reservas de la biosfera con más problemas sociales de México está Montes Azules, en la Selva Oriental o Lacandona. La deforestación aumenta la vulnerabilidad ambiental y la exposición social a desastres. La ganadería extensiva ha contribuido muy significativamente a la reducción de bosques y selvas, al abandono de la agricultura y la compactación del suelo (Villafuerte, García y Meza, 1997). Los planes de desarrollo no han logrado reducir la pobreza pese a que a partir de 1994 han aumentado los recursos financieros nacionales e internacionales para proyectos de desarrollo social, sustentable, con equidad, con identidad y otras modalidades que han dejado pocos resultados tangibles. Incluso las instituciones forestales identifican que en el origen de los problemas ecológicos están las políticas públicas: “La causa más importante de la deforestación y degradación se encuentra en la política agropecuaria que fomenta actividades agrícolas y ganaderas extensivas en áreas de vocación forestal, sin que haya suficientes incentivos e inversiones para las actividades forestales” (Conafor, 2001, p. 22) Las políticas ambientales en Chiapas incluyen decretos de reservas de la biosfera y otros tipos de ANP, áreas de amortiguamiento, corredores biológicos, vedas forestales, de caza y pesca desde hace 30 años, con un balance negativo pues no se han reducido los problemas ambientales, por el contrario, el deterioro ambiental se está acelerando. La diversidad biológica de Chiapas también se expresa en accidentes geológicos como son los volcanes Chichonal y Tacaná, ambos ubicados en zonas de actividad sísmica y en actividad volcánica, sin planes de emergencia.

C7. Los derechos territoriales de los pueblos asentados en Montes Azules, por Miguel Ángel García, Maderas del Pueblo.

El caso emblemático de Chiapas es el operativo de despejar de población la Selva Lacandona, procesos de reubicación forzosa de comunidades asentadas en la reserva de la biosfera Montes Azules. Les ofrecen hasta $270,000 por familia.

Hay riesgo de expropiación por argumentos ambientales. Hay casos de bioprospección y patentes de plantas como nopal. Después de la demanda del programa Procede ante la CIDH, lo que han

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hecho es aumentar el precio de la tierra. Originalmente la pugna era por Montes Azules, pero actualmente hay decretos de expropiación en toda la Selva Lacandona.

Hay un caso de masacre en Viejo Velasco y las familias fueron desplazadas., orquestado por paramilitares. Hubo un silencio mediático y regional. La práctica es dividir a las organizaciones y las comunidades, por ejemplo la ARIC Unión de Uniones está fragmentada en cinco corrientes políticas, sus dirigentes han ocupado puestos políticos. Están dando seguimiento y tratando de aglutinar un movimiento regional con las diferentes organizaciones locales.

El Programa para la Certificación de Derechos Ejidales (Procede) fue denunciado ante la CIDH como parte de un proceso de privatización mediante el dominio pleno de la tierra. Es posible que cambien de nombre al programa pues ya terminó, pero todo el mecanismo de certificación de tierras está en la ley agraria, por ejemplo, se considera la posibilidad de asociación entre ejidos y empresas privadas. El Procede por sí mismo no es la privatización, es la forma en que se ha ejecutado este programa.

Tomado de Foro Chiapas, 2007, Reunión de las organizaciones de la sociedad civil con CEJIL. Minuta de trabajo. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 4 de diciembre de 2007.

En el derecho internacional los pueblos son “considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” (OIT, 1989). Para los pueblos originarios de lo que hoy es Chiapas, su relación con el territorio tiene antecedentes en cientos, incluso miles de años. En cada ciclo agrícola los campesinos seleccionan el maíz y lo conservan para mejorar la producción del año siguiente. Esta actividad agrícola ha permitido la reproducción y mejoramiento de la diversidad biológica, por lo que cada agroecosistema particular requiere una serie de estrategias comunitarias de aprovechamiento de recursos, y el trabajo campesino resulta ser la práctica más directa para la conservación. (Toledo, 2000). La base de la agroecología es que para los campesinos la conservación de los recursos ambientales es vital, porque los predios son heredados a sus hijos. Los programas y proyectos que los pueblos indígenas, campesinos y pescadores esperan de los regímenes de conservación tienen que ver con la inversión en actividades productivas que permitan la reproducción social y ecológica, en programas de capacitación para la agricultura orgánica y sustentable, en proyectos de diversificación productiva que, aumenten la diversidad biológica en parcelas, cafetales y predios particulares, en declaratorias de manejo de recursos forestales que permitan separar zonas de aprovechamiento, conservación y reforestación y en zonas de belleza paisajística o interés cultural para atraer turismo y en proyectos de manejo de flora y fauna que permitan comercialización de especies exóticas.

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De tal manera que las políticas ambientales y los intereses de los pueblos indígenas no necesariamente se contradicen, pero en la realidad, la visión conservacionista, con el respaldo de intereses corporativos transnacionales evidentes en su financiamiento, ha provocado intentos de desalojo de la población que vive en las reservas ecológicas, particularmente en Montes Azules, lo que lejos de buscar canales de cooperación con la población local, amenaza la paz social y es violatorio del Convenio 169 de la OIT. Entre las recomendaciones que se pueden identificar para el diseño participativo de políticas ambientales, están las siguientes:

1. Está pendiente reconocer en la legislación ambiental las reservas declaradas por los pueblos indígenas o campesinos, bajo administración municipal, ejidal o comunal. Reconocer las reservas campesinas existentes y motivar a los pueblos y sus organizaciones a formalizar los sistemas de manejo, aprovechamiento y conservación como Ordenamientos territoriales que lleven al establecimiento de reservas campesinas.

2. Establecer que estas reservas formen parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas bajo un régimen especial de coordinación institucional entre la Comisión Nacional de ANP y las autoridades ejidales o comunales.

3. Garantizar en la legislación ambiental que los territorios que han ocupado los pueblos indígenas con 20 años de antigüedad son inalienables e inexpropiable, y que en esos casos las autoridades ambientales se verán obligadas a invertir en proyectos productivos sustentables.

4. Las políticas públicas en México se organizan por sectores. El sector ambiental está dirigido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y se subdivide en diferentes comisiones. Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de carácter federal son administradas por una Comisión Nacional (CONANP). Las reservas de carácter estatal son administradas por el Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE) y están registradas en el Sistema Nacional de ANP, y en Chiapas como colaboraciones con organismos internacionales como WWF, Conservation Internacional, entre otras.

5. Las reservas campesinas, ejidales o comunales son administradas por las autoridades locales y por lo general no están registradas por la CONANP. Las reservas privadas son administradas por particulares, entre los que destaca la organización civil Pronatura. El Corredor Biológico Mesoamericano es un programa internacional coordinado en México por la Comisión Nacional para la Biodiversidad (Conabio), instancia que también tiene entre sus tareas elaborar estudios de país que den cuenta de la diversidad biológica.

2.5. Derechos colectivos de los pueblos indígenas La crisis del "Diálogo por la paz y la reconciliación digna en Chiapas", también conocida como impasse, tiene su origen en el incumplimiento del Gobierno Federal de los Acuerdos de San Andrés, en particular la adopción de un nuevo marco jurídico que estableciera una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, lo que implicaba el reconocimiento

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en la Constitución Política mexicana de las demandas indígenas consagradas en un marco de derechos de los pueblos indígenas que incluye un nuevo marco de derechos para lograr una nueva relación justa y digna entre el Estado y los Pueblos Indígenas. La construcción de un marco jurídico que reconozca y proteja los derechos de los pueblos indígenas es tarea pendiente que debe cumplir el Estado para reconstruir el pacto social con los pueblos indígenas. Foro Chiapas forma parte de la red de organizaciones civiles comprometidas con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas de Chiapas en particular. Foro considera prioritario el cumplimiento de este marco de derechos, agregando los derechos de las mujeres indígenas como otro campo más.

C8. Derechos de las mujeres a una vida sin violencia, Observatorio de Género. Naela, Red de Mujeres por la Igualdad. Sus líneas de trabajo en los últimos dos años tienen que ver con feminicidio y crímenes contra mujeres. Con el gobierno anterior había una mesa de incidencia con autoridades judiciales, lo que redujo los riesgos contra las personas denunciantes. Han identificado casos de esclavitud padecida por niñas indígenas, en todo el estado, y no saben bien cómo abordar estos problemas por su gravedad. Meztli Xóchitl Romero y Nayeli Guillén, Centro de atención a la violencia familiar (CAVIF), indica casos de discriminación de las mujeres y violencia intrafamiliar. En un caso dos mujeres murieron asesinadas a golpes y el dictamen fue de muerte natural. En otro caso, la mujer se fue huyendo de la violencia intrafamiliar y la comunidad la rechazó por rumores de que estaba con otro hombre. El desarraigo de la comunidad afecta sus derechos a la identidad y la vivienda. Hay refugios para mujeres pero no resuelven la impartición de justicia, que además está coludita con los usos y costumbres, pues es una “costumbre” que las mujeres obedezcan a los hombres y el derecho de los hombres a golpear a las mujeres. Hay casos de violencia del esposo contra mujeres embarazadas. También hay casos de mujeres víctimas de persecución por las relaciones de tráfico de armas en que está la familia de su esposo.

Martha Figueroa, Red de abogadas para los Derechos Humanos. Apoyan a las mujeres en litigio estratégico e incidencia en políticas públicas. Chiapas ocupa uno de los primeros lugares en feminicidios en México. Las particularidades de Chiapas como región fronteriza, indígena, con muchos recursos naturales estratégicos. En Chiapas hay un conflicto armado no reconocido y no resuelto, con una guerrilla que tiene un territorio. El gobierno actual es simulador. Las mujeres son invisibles en los procesos históricos, y si son pobres e indígenas la situación es mucho peor.

Rocío García, COFEMO. Nosotras tenemos como principio luchar contra la violencia hacia las mujeres, en el interior de los hogares, en las sociedades. Vemos que hay un poder patriarcal. Tenemos tres proyectos importantes: incidir a través de los medios de comunicación, capacitación a las mujeres en sus derechos y propuesta legislativa. Promovemos la reglamentación del aborto en la legislación del estado, existen tres causales no punibles como violación, pero no hay una reglamentación, entonces no se cumple la ley.

Tomado de: Foro Chiapas, 2007, Reunión de las organizaciones de la sociedad civil con CEJIL. Minuta de trabajo. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 4 de diciembre de 2007; Foro Chiapas, 2008b, Reunión de las organizaciones de la sociedad civil con Fund for Global Human Rights. Minuta de trabajo. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 20 de mayo de

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2008.

La autonomía de los pueblos indígenas se expresa en los procesos organizativos protagonizados por las comunidades indígenas en los territorios ocupados desde tiempos históricos anteriores a la formación actual del Estado-Nación, por lo que se conocen como derechos territoriales de los pueblos indígenas. Entre los derechos territoriales se encuentra la organización tradicional en lugares simbólicos que dan identidad colectiva y el acceso, usufructo y control de los recursos naturales.

C9. Conjunto de derechos colectivos de los pueblos indígenas incluidos en los Acuerdos de San Andrés

• Derechos políticos: reconocimiento de los pueblos indígenas y su derecho a la

autonomía como expresión de su derecho a la libre determinación para elegir sus formas de gobierno propios y de las formas de elección de sus autoridades. Reconocimiento de las comunidades como entidad de derecho público y capacidad de asociación entre comunidades y municipios. Garantizar una verdadera representación política en los congresos locales, federal y en las instituciones del Estado.

• Derechos jurídicos: reconocimiento a los sistemas normativos indígenas para la solución de conflictos internos e impartir justicia a través de sus autoridades e instituciones propias.

• Derechos sociales: reconocimiento a decidir sus formas propias de organización social.

• Derechos económicos: reconocimiento de sus formas propias de organización para el trabajo, para la defensa y disfrute colectivo de sus tierras, territorios y recursos naturales, tanto para fines productivos como de dimensión espiritual, y para el impulsao de la producción, el empleo y la satisfacción de sus necesidades.

• Derechos culturales: para garantizar el desarrollo de su cultura, sus lenguas, medicina tradicional, tradiciones, cosmovisión, ceremonias rituales, fiestas, danzas, música y, en general, la vida comunitaria de nuestros pueblos, haciendo uso de medios de comunicación propios

Juan Anzaldo Meneses, 1997, “Derechos indígenas: Una guía y una estrategia para el cambio”, en Ce Ácatl, Revista de la Cultura del Anáhuac, Núm 86, mayo, p. 38.

La tradición cultural de los pueblos indígenas respecto al territorio se transmite de generación a generación desde hace siglos e incluso milenios, expresada por el significado particular que tienen los lugares sagrados que dan forma a las tierras, bosques y aguas como territorio culturalmente apropiado. La vigencia de estos significados se expresa en la cosmovisión, cosmografía y cosmología de los pueblos indígenas respecto al territorio que les da identidad como pueblo, independientemente del orden jurídico en que se encuentran los territorios. La apropiación cultural de estos espacios tiene una continuidad histórica de muy larga duración, que incluye vestigios arqueológicos de los antepasados, lugares sagrados donde se llevan a cabo rituales de paso y agroecosistemas en los que la práctica agrícola es una forma material de dar continuidad y mantener vigente el aprovechamiento y conservación

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de los recursos suelo, agua y biodiversidad, por lo que este patrimonio natural es, también, patrimonio cultural vivo. El uso de la lengua vernácula es una tradición que se transmite de madre a hijo/a, por lo que se conoce como lengua materna, el principal medio de comunicación y continuidad para dar significado a la vida y comprender los significantes que cada grupo humano construye a lo largo del tiempo.

C10. Definición de pueblos indígenas en el derecho internacional, C-169, OIT El marco jurídico internacional de referencia para el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas se sustenta en la Declaración Universal de Derechos humanos de Naciones Unidas (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (1976) y convenios sobre los derechos de la mujer y los niños. En el Sistema Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA) la referencia es la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) para lo cual se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este marco jurídico internacional es específico para los pueblos indígenas a través del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989), ratificado por el Senado mexicano en 1990 y por lo mismo reconocido como ley suprema en México según el artículo 133 constitucional, vigente desde 1991 a la fecha. El Convenio 169 de la OIT se aplica “A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En el artículo 8 del Convenio 169 se establece que la legislación nacional debe tomar en cuenta el derecho consuetudinario, y que los pueblos indígenas tienen el derecho a conservar sus propias instituciones y prácticas para castigar delitos; y el artículo 12 señala el derecho de los integrantes de los pueblos indígenas para hacerse comprender en los procedimientos legales con el apoyo de un intérprete en su lengua materna. Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, Art. 1.b. En el caso de un conflicto armado al interior de los países, como el ocurrido en Chiapas entre los años 1994-2000 y actualmente sin proceso de pacificación, ocurrió una violación generalizada de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales de los pueblos asentados en la zona del conflicto, es decir las regiones Altos, Selva, Norte y Fronteriza.

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Para la protección de los derechos humanos de la población afectada por vivir en zona de conflicto se puede recurrir a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Población Desplazada al Interior, que si bien es un documento que jurídicamente no es vinculante, es reconocido por los estados en situaciones de conflicto interno, incluyendo a México, como un instrumento útil para garantizar el acceso a la jurisdicción del Estado a los grupos de Población Desplazada Internamente, y reubicarlos en caso de que sea imposible el retorno al lugar de origen del desplazamiento. El marco jurídico mexicano no retoma todo el marco internacional, y algunas leyes vulneran la continuidad de los sistemas normativos de los pueblos indígenas para la toma de decisiones. Es el caso de los derechos jurídicos o derechos de jurisdicción de los pueblos indígenas, cuya efectividad implica el reconocimiento de sistemas normativos propios para la resolución de conflictos, procuración de justicia, tenencia de la tierra y control territorial. Esta problemática se expresa en la falta de vías jurídicas que procuren el acceso a la justicia conforme a los sistemas normativos internos y la falta de reconocimiento de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas por parte de las instancias oficiales responsables de la procuración de justicia. En 1991 se reforma el artículo 4º de la Constitución incluyendo el reconocimiento del carácter pluricultural de la Nación mexicana sustentado originalmente en los pueblos indígenas, y estableciendo garantías jurídicas para proteger y promover el desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos, organización social de los pueblos indígenas,

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incluyendo el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, tomando en cuenta las prácticas y costumbres jurídicas en los juicios y procedimientos agrarios. Esta situación marcó el inicio del reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas y de la necesidad de reconocer que cada pueblo indígena tiene diferentes sistemas normativos internos para aplicar la justicia, por lo que México se dirige hacia un sistema jurídico pluricultural, aunque no está reglamentado por el mismo carácter oral de las culturas indígenas y por la resistencia de las autoridades mexicanas de reconocer esta realidad. En 2007, después de 10 años de discusiones en el Sistema de Naciones Unidas, en la asamblea general se aprueba la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que pese a no ser un documento jurídicamente vinculante como lo es el Convenio 169 de la OIT, contiene principios generales y específicos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas entre ellos la autonomía, la libre determinación y el derecho al desarrollo, por lo que resulta ser un documento rector de las políticas públicas.

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. Los pueblos indígenas que han sido desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una indemnización justa y equitativa (ONU, 2007a, art. 21).

Todavía más claro, en el artículo 22 señala que “los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar todos los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les afecten y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones”.

2.6. Agenda legislativa en materia de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas

En la perspectiva de revisar las condiciones socio-políticas e institucionales para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el ámbito jurisdiccional del Estado mexicano hoy, es pertinente y necesario un diagnóstico situacional acerca de la transformación del sistema constitucional, así como un recuento de los procesos sociales e institucionales, representaciones, actuaciones, compromisos y resultados legislativos vinculados. Las asignaturas pendientes para el reconocimiento integral de los pueblos indígenas, sus comunidades y organizaciones, como sujetos colectivos de derechos políticos, deben ser analizadas desde el marco inicial del Convenio 169 de la OIT de 1989 hasta la Declaración Universal ratificada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 2007 y en concordancia con su exigencia manifiesta.

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En este contexto histórico, la relación de los pueblos indígenas con el Estado mexicano está marcada por la coyuntura del levantamiento zapatista de 1994 y por el conflicto social subyacente, no sólo en Chiapas sino en todos los territorios indígenas del país. La continuidad socio-política entre el movimiento nacional indígena y el conflicto zapatista en Chiapas, condujo la relación política con el Estado a contrapuntos irreductibles: con el Ejecutivo federal derivó en la ruptura del diálogo con el EZLN desde 1997, con el Congreso de la Unión a partir de la identificada como contra-reforma constitucional de 2001 y luego con la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se declaró imposibilitada para conocer la materia de las controversias constitucionales que los municipios indígenas interpusieron contra esa reforma al artículo segundo de la Carta Magna. Hasta ahora, la agenda legislativa ha sido especialmente omisa respecto a la discusión y reconocimiento de los derechos políticos territoriales colectivos de los pueblos indígenas y sus comunidades, sobre su libre determinación y autonomía como parte de la soberanía del Estado, y acerca de sus derechos al uso, control, usufructo y posesión de recursos naturales en sus territorios como patrimonio cultural inalienable. En términos del derecho internacional y la jurisprudencia producida, esta omisión vulnera el derecho a la vida de estos pueblos. En el contexto actual, las acciones y políticas públicas instrumentadas desde las instituciones de los tres niveles de gobierno, han desplazado el foco de atención, acción y dispersión de recursos hacia el combate a la pobreza y la marginación en la que efectivamente viven estas poblaciones, reduciendo la personalidad de los pueblos a sujetos de interés público y no reconociéndolos como sujetos de derechos colectivos. El colapso del diálogo y negociación entre las instituciones del Estado y el movimiento indígena nacional que incluye al movimiento zapatista, representado en el Congreso Nacional Indígena, hace inaplazable la revisión desde el Congreso de la Unión de los instrumentos ya instituidos; la actuación del Legislativo federal aquí pasa por la competencia de las Comisiones de Asuntos Indígenas en ambas Cámaras y por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). Es pertinente identificar al menos dos planos analíticos de esta revisión. Por un lado, a la luz de la evolución de los instrumentos ad hoc del derecho internacional, ver y evaluar los avances inscritos y pendientes en el sistema constitucional y la agenda legislativa nacional. Por otro lado, la restauración del diálogo político y la negociación, que permita llevar a puerto lo mandatado en la Ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas. El segundo plano lleva de nuevo al contrapunto que rompió el diálogo con los zapatistas, visto desde la responsabilidad del Legislativo al no haber cumplido con la reforma constitucional que formalizara integralmente los Acuerdos de San Andrés traducidos en la Iniciativa de ley de la Cocopa. Especialmente significativa fue en la coyuntura de 1998 la actuación del Presidente de la República y de algunos partidos, cuando sin respetar sus propias posiciones en el consenso

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de la Cocopa inscribieron sus propias iniciativas de reforma constitucional en la misma materia. En tal sentido se hace relevante revisar el recorte y las omisiones respecto a los Acuerdos de San Andrés y la Iniciativa de Ley que resultaron con la reforma de 2001, donde los derechos políticos colectivos de los pueblos no son plenamente exigibles en el marco constitucional nacional. Así mismo, es esencial el análisis del discurso político de los partidos en esta materia por sus discordancias. La restauración de las condiciones de diálogo político entre el Estado y el movimiento indígena nacional, en el horizonte del diagnóstico situacional necesario, requiere de la identificación actualizada y acercamiento con los actores y voces políticas que representan los intereses manifiestos de los pueblos indígenas, sus comunidades y organizaciones en toda su diversidad. La especificidad del diálogo y la negociación entre el Congreso de la Unión y el EZLN implica una revisión exhaustiva de la circunstancia chiapaneca para determinar la posible actuación inmediata de la Cocopa, sin violentar el estatuto nacional que tiene la materia legislativa en discusión, aunque instrumentando procesos ex profeso relativos a nuevos acuerdos de distensión y reconciliación en Chiapas.

2.7. Procurar justicia agraria a los pueblos indígenas haciendo efectivos sus derechos colectivos territoriales

El régimen colonial heredó a la formación social del Estado nacional mexicano el racionalismo europeo, que mira a los pueblos indígenas de los territorios que coloniza como razas inferiores, primitivas e ignorantes. Con ese punto de partida, las instituciones y las leyes a lo largo de 200 años del Estado mexicano, mantienen la misma perspectiva discriminatoria: la modernización y el desarrollo del país es posible si hay total incorporación de las comunidades indígenas al proceso civilizatorio del libre mercado. No solamente porque en esa población se concentran los indicadores de la pobreza del país como impacto de 515 años de explotación, sino porque además de conservar en sus tierras y territorios los reservorios de la biodiversidad mexicana también conservan los conocimientos, tecnologías y recetas culturales para su aprovechamiento. En este sentido, sin la pluralidad jurídica obligada ni el mínimo cumplimiento con los estándares internacionales suscritos, los pueblos originarios de este país están en una condición de colonialismo interno, sustentada en el mismo sistema constitucional vigente Los pueblos y comunidades indígenas han tenido que adaptar sus formas colectivas de organización político-territorial, a las impuestas legal y administrativamente por el Estado, sin la mínima protección de sus derechos colectivos.

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La negación de las otras culturas que no son la nacional mexicana pero que son constitutivas de la nación, es un mecanismo de dominación donde no hay otra forma de desarrollo que no sea la meta individual, extrapolada a la escala país por el discurso gubernamental. Las ideas de libertad, derechos políticos, ciencia y educación que se imponen como políticas públicas y programas institucionales por parte del Estado, son parte de esa misma estrategia de dominación que oculta la sistemática violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La reforma constitucional al Artículo 27 y a la legislación agraria de 1992, es un ejemplo grave de la deconstrucción de las garantías sociales de la Carta de 1917, y constituye diversos tipos de incumplimiento con el marco del derecho internacional en el que el Estado mexicano y su gobierno se han comprometido Y sin embargo, los pueblos indígenas siguen aquí, insistiendo en no desaparecer sino en ocupar plenamente su lugar en la historia del futuro. Hablando entonces de justicia agraria para los pueblos indígenas, es importante analizar algunos elementos de la nueva encrucijada, donde el derecho y la política agraria fueron adaptados a las condiciones contractuales de cualquier tratado de libre comercio; constituyéndose así en la más importante amenaza contra su integridad y la reproducción de sus formas societarias de organización colectiva, vulnerando en extremo sus identidades étnicas y patrimonio culturales. Casi todos aquí sabemos que el reparto agrario del siglo XX fue producto de una revolución social eminentemente campesina por la tierra, también sabemos que se resolvió jurídicamente en figuras de propiedad social y disolviendo los latifundios privados. Los núcleos agrarios, en mayor o menor medida hicieron caber y permitieron el desarrollo de diversos sistemas de organización político-territorial comunitarios e intercomunitarios de los pueblos indígenas, así como mecanismos de regulación interna, de autoridad y de representación política propios. Todos estos sistemas de organización político-territorial vigentes hasta hoy, han estado arraigados en el hecho de ejercer control y mantener la posesión colectiva del territorio, entendiendo que ésta es la condición esencial de existencia para cualquier pueblo. Con esto queremos decir, que el derecho de los pueblos al reconocimiento y protección de su patrimonio territorial colectivo, constituye su más elemental derecho a la vida. Sin entrar en detalles, la postulación política de los derechos colectivos de los pueblos indígenas desde el derecho internacional, permitió la convergencia de muchos movimientos locales y regionales, así como la formación del primer movimiento nacional indígena en México y otros países latinoamericanos, en la coyuntura continental de 1992.

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Emergió así un posicionamiento político por encima de intereses de partido, iglesia o nacionalidad que tiene repercusión a escala continental; tanto en el sentido de la transformación legislativa de los sistemas constitucionales, como en la evolución del Sistema Interamericano, con más efectividad que en el Sistema de Naciones Unidas. Mientras que el movimiento indígena y los organismos multilaterales armonizan sus posiciones y consolidan sus actuaciones, a los Estados los anula el doble discurso político-diplomático y las crecientes incongruencias llevadas a la reforma de sus marcos constitucionales. El caso devastador de las reformas constitucionales de 1992 en México, es un ejemplo indefendible. Por un lado, como reacción a la ratificación por el Senado de la suscripción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, se modificó el artículo cuarto de la Carta Magna, para reconocer por primera vez a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, aunque nunca se formuló la ley reglamentaria que permitiera la aplicación de ese principio. Por otro lado, en ejercicio de políticas impuestas por el sistema financiero global y por los intereses geopolíticos estadounidenses en el terreno del libre mercado, se modificó también ese mismo año el Artículo 27 y la legislación agraria; vulnerando gravemente la seguridad jurídica colectiva sobre la tierra en posesión de los núcleos agrarios, particularmente de los pueblos indígenas y deconstruyendo la propiedad social, en la perspectiva de configurar la tierra como bien de capital y mercancía. Luego ya sabemos lo que pasó: se formó el movimiento nacional indígena, ocurrió el levantamiento zapatista de 1994, se transformó el conflicto armado en una falsa mesa de negociación y se produjeron decenas de miles de desplazados por violencia sin atender, lo que derivó en los Acuerdos de San Andrés y la propuesta de ley de reforma legislativa de la Cocopa que nunca se cumplieron, luego se rompió el diálogo, se formó el Congreso Nacional Indígena (CNI) y se perpetraron las masacres de Acteal y Aguas Blancas aun impunes. Entramos después al régimen foxista en el que, a pesar de la marcha del movimiento indígena y del diálogo público entre los dos congresos, el indígena y el legislativo, se consumó la contra-reforma que derogó la reforma al artículo cuarto de 1992 y modificó el artículo segundo constitucional, sin aportar absolutamente ningún elemento para la justiciabilidad de los derechos colectivos de los pueblos indígenas e incluso al contrario, validar posiciones que permiten el despojo de sus recursos. Para rematar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se declaró imposibilitada para conocer esa materia ante la lluvia de controversias constitucionales que interpusieron cientos de ayuntamientos indígenas, gobiernos y congresos estatales, además del rechazo de la opinión pública. Con un Ejecutivo omiso, ejercicios parlamentarios discriminatorios y excluyentes, así como juzgadores con demencia senil institucional, podemos decir que en general los actores del

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movimiento indígena han agotado todas las instancias nacionales para exigir sus derechos como pueblos dentro de la soberanía y jurisdicción del Estado mexicano. Esta es la condición esencial para movilizar a los organismos multilaterales internacionales. La nueva batalla está ahora en la arena internacional. En este sentido, a pesar de que la convención inicial en materia de pueblos indígenas se produce en un organismo del Sistema de las Naciones Unidas, ha sido el Sistema Interamericano donde se han activado procesos vinculatorios para los Estados miembros, en el terreno del reconocimiento, protección y aplicación de los derechos humanos (Carta Interamericana de DDHH) en general y los derechos colectivos en cuestión. Hasta antes de que la torpeza foxista desbaratara la política exterior y de que cometiera cantinflismo diplomático irreversible, el gobierno mexicano sostuvo liderazgo e inmunidad siempre negándose a discutir los asuntos propios de la soberanía nacional en esos fueros internacionales, particularmente en materia electoral, laboral y agraria. Es evidente que el sistema constitucional mexicano no cumple con los estándares mínimos internacionales para la exigibilidad y justiciabilidad de estos derechos, tanto los colectivos de los pueblos indígenas como los del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), tampoco posibilita la aplicación procesal de los tratados internacionales, a pesar de que el Artículo 133 constitucional diga lo contrario. La protección de los derechos colectivos político-territoriales de cada pueblo indígena, por un lado constituye la condición de su existencia y por el otro, aparece como amenaza a hegemonía política neoliberal vigente en el aparato de Estado. Es importante evaluar el impacto de las reformas legislativas y la actual política agraria en los intereses colectivos de los pueblos y comunidades indígenas en violación de sus derechos humanos. Especialmente nos referimos a la coerción gubernamental para a los núcleos agrarios su inscripción a programas de certificación de parcelas individuales como el Procede, así como la falsa promesa de que con el dominio pleno de la propiedad privada individual se genera una condición de desarrollo para cada persona titular de derechos agrarios. El impacto en las formas colectivas de los pueblos indígenas más graves es:

1. La des-estructuración de la organización política comunitaria y de los sistemas normativos propios, derivada de la inmediata división interna por tensión política frente a esta estrategia del sector agrario gubernamental.

2. La desprotección del patrimonio familiar que se convierte en desarraigo económico por pauperización y emigración.

3. La pérdida de la identidad étnica y el patrimonio cultural, consecuentes a la pérdida de los mecanismos de identificación y pertenencia parental y comunitaria, así como de control territorial.

4. La vulnerabilidad en aumento de las mujeres indígenas por la desintegración familiar, el empobrecimiento sin prestaciones sociales y la discriminación

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sistemática desde las instancias del estado, pero también porque nunca tuvieron acceso al reparto agrario.

5. La desintegración de los sistemas productivos tradicionales, que contienen los acervos y conocimientos para el uso del suelo, así como para el aprovechamiento, conservación y diversificación de los recursos biológicos y sus genomas, lo cual es parte de su patrimonio cultural.

6. La pérdida de autoridad de la Asamblea Comunitaria y otros mecanismos colectivos para la toma de decisiones.

Durante los diez años de programas de certificación de parcelas individuales, se ha generado un grave panorama de conflicto interno en casi todas las comunidades (tanto en las que aceptaron como en las que no), todos asumimos que vendrán nuevos programas que consoliden esta estrategia y perpetren su meta macroeconómica en violación de los derechos políticos colectivos de los pueblos indígenas, tal es el caso del ya anunciado programa hereda. Entonces, sabiendo agotadas las vías políticas y jurídicas a nivel nacional, articulados en nuevas formas de cooperación y activismo político; las organizaciones sociales de base comunitaria, los organismos de la sociedad civil y los multilaterales, en este caso del Sistema Interamericano; hemos podido acceder al fuero y competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los parámetros que consideramos básicos para esta demanda de intervención a la CIDH, reclamando la actuación omisa y violatoria de derechos por parte del Estado mexicano, están basados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al derecho colectivo al territorio. El Informe fue presentado en octubre de 2006, asunto que se inscribió en la agenda de los Visitadores de la CIDH en México. Esa visita se verificó en abril de 2007 en la Ciudad de México y se instaló una mesa de trabajo específica entre los Visitadores y las organizaciones de la sociedad civil chiapanecas (11 de abril de 2007). Entre los cinco puntos abordados, el primero fue el tema del derecho al territorio como derecho a la vida para los pueblos indígenas. La jurisprudencia de la Corte Interamericana marca campos jurídicos pertinentes para la intervención de la CIDH, estos son: a) derecho a la propiedad comunal, b) derecho a la vida, c) discriminación por falta de acción afirmativa, d) derecho a la información para la consulta previa con libre determinación. El objetivo de solicitar la intervención de la CIDH es que ese organismo multilateral se pronuncie interesado en el asunto de referencia, cosa que ya se hizo; que el organismo recomiende al gobierno mexicano la armonización del marco legal, especialmente el agrario, con los tratados y los estándares internacionales en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas al territorio; que ese organismo evalúe y dé seguimiento a la obligación del gobierno de reestructurar su política agraria, entre otras políticas públicas, para cumplir con el derecho internacional; que haga una sistematización de los estándares fijados por la Corte y de la Comisión Interamericana y determine si el Estado mexicano

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protege esos principios al revisar sus leyes, sus políticas y sus programas en materia agraria. Si después de que la CIDH interpele al gobierno mexicano como representante del Estado miembro del Sistema Interamericano no implementa medidas expeditas, solicitaremos medidas cautelares al mismo organismo, en la perspectiva de llevar a la Corte Interamericana casos concretos que han agotado en los tribunales agrarios nacionales la apelación para que los órganos jurisdiccionales protejan el derecho de los pueblos a su territorio colectivo y reviertan los daños ya causados durante los últimos diez años, por la implementación de los programas de certificación de parcelas individuales en núcleos agrarios con población indígena.

2.8. Los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Chiapas en el debate jurídico internacional

A 15 años de la reforma constitucional al artículo 27, los pueblos indígenas se encuentran en un Estado de vulnerabilidad por la omisión del Estado mexicano a reconocer los derechos al acceso, uso y disfrute de los pueblos indígenas de su territorio y los recursos naturales que deberían ser reconocidos y protegidos como patrimonio colectivo. En 1998 la CIDH visitó Chiapas y emitió recomendaciones al gobierno mexicano que no han sido atendidas. A 10 años de esta visita, los derechos colectivos de los pueblos indígenas se encuentran cada vez más vulnerables, por la omisión del Estado mexicano a transformar las estructuras jurídicas y sociales que originaron el conflicto armado de 1994. El Estado mexicano es muy cerrado a que en el sistema interamericano de derechos humanos se expongan temas en políticas electoral, laboral y agraria. En este contexto, 2006 marca un antecedente histórico, pues por primera vez la CIDH abrió una Audiencia de Situación General para revisar el tema agrario, durante el 126º Periodo Ordinario de Sesiones en octubre de 2006, cuando se presentó el informe La política agraria y los derechos indígenas en Chiapas, México, presentado por una red de 12 peticionarios que incluyen organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil, entre ellos FORO para el Desarrollo Sustentable Chiapas, AC. El debate internacional sobre el impacto de la política agraria, las reformas de 1992 al artículo 27 constitucional y sus leyes y programas derivados en los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Chiapas está abierto. La CIDH se comprometió a realizar una visita oficial a México durante 2007 para emitir recomendaciones al gobierno mexicano. En Chiapas estamos en la construcción de casos que procesalmente hayan agotado las instancias nacionales para interpelar ante los visitadores de la CIDH, aunque de acuerdo con diferentes sentencias emitidas por la CIDH, no es necesario agotar los recursos internos, cuando estos no son adecuados ni efectivos, como sucede con el caso de los zoques de Chiapas (ver casos “Velásquez Rodríguez", sentencia del 29 de julio de 1988, parr. 64; “Godínez Cruz", sentencia 20 de Enero de 1989, párr. 67; y “Fairen Garbi y Solís Corrales", sentencia del 15 de Marzo de 1989; páfrr. 88).

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En coordinación con Al Otro Lado del Sol, AC y Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), se da seguimiento y asesoría jurídica al ejido San Miguel Sardina, municipio Francisco León, zona zoque de Chiapas. El caso zoque nos remonta a la erupción del volcán Chichonal en 1982, provocando la evacuación total del municipio Francisco León, afectando profundamente la relación cultural y económica con el territorio que los pueblos zoques mantienen en esa región desde hace más de tres mil años. Las tierras, abandonadas por necesidad, se han convertido en fuente de conflicto, pues hay actualmente grupos con intereses en las mismas y que pretenden despojar a sus dueños originales del territorio mencionado. Dentro del marco del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), los visitadores agrarios dividieron a los ejidatarios para que aceptaran el programa en la comunidad San Miguel Las Sardinas, privaron de sus derechos agrarios a indígenas zoques que ancestralmente han vivido en su territorio. En el marco del PROCEDE, personal de la Procuraduría Agraria (PA) realizó procesos de demarcación y apropiación individual de las tierras ejidales sin tomar en cuenta los sistemas normativos de la comunidad indígena y sin que el programa fuera solicitado. Con esto, la PA está faltando a su obligación de respetar y proteger el derecho a la propiedad colectiva que los indígenas zoques tienen de sus tierras, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Motivo por el cual se inició la defensa legal de los zoques de Chiapas por despojo en el juicio agrario 1293/96 ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Tercer Distrito radicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La demanda central es exigir la NULIDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS, respecto del acta de Asamblea relativa a la Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales llevada a cabo el 14 de Septiembre 2001. Muchos de los criterios jurisdiccionales que los Tribunales Unitarios Agrarios de nuestro país sobre casos similares, fundamentado en la Ley Agraria, ha sido el siguiente: El origen jurídico de la tenencia de la tierra no es declarativa; sino, constitutiva a partir de una resolución presidencial; por lo que, a través de esta consideración legal se puede demostrar que no son grupos que posean la tierra desde tiempos inmemoriales. Por tal motivo, el personal de la procuraduría agraria no toma en cuenta los derechos territoriales de la población pese a su pertenencia a un grupo indígena con derechos colectivos al territorio, según el Convenio 169 de la OIT. La actual legislación agraria es muy limitada, no está adecuada a los tratados internacionales en materia indígena. No contienen recursos efectivos, ni adecuados, –no contempla el daño moral- para defender la propiedad colectiva de los pueblos indígenas; si bien es cierto, que en tal legislación existen recursos para proteger la propiedad agraria, estos se limitan a promover la propiedad individual de la tierra, dejando a las comunidades

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indígenas dentro de este marco jurídico y poniendo en riesgo su propiedad colectiva y con esto la supervivencia étnica y cultural de su pueblo. En el caso de San Miguel La Sardina, la Ley Agraria no contempla recursos adecuados para proteger la situación jurídica infringida (la propiedad colectiva por parte del PROCEDE). Así lo indica el principio de que la norma esté encaminada a producir algún efecto. Estamos ante un resultado irrazonable en términos jurídicos y sociales, como es que:

a. A los zoques de San Miguel La Sardina se les reconozcan sus derechos agrarios en el marco del PROCEDE o;

b. Que se le respete su decisión a no aceptar el PROCEDE y se les reconozcan sus derechos agrarios.

En ninguno de los supuestos anteriores, la norma (Ley Agraria) protege la propiedad colectiva, en virtud que el resto de la comunidad lo aceptó, lo que pone en riesgo la supervivencia cultural del conjunto de los ejidatarios, al fragmentar la relación cultural que históricamente mantuvieron los zoques con el territorio ancestral. Es decir, no existen los recursos efectivos dentro de la legislación nacional para garantizar la protección colectiva de la tierra, pese a que la misma Ley Agraria se justifica con este sentido, lo que podría llevar el caso a una controversia constitucional. Este caso podría llevar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a recomendar al Estado mexicano revisar y adecuar la legislación en materia agraria para que se estandarice con la normatividad internacional en materia de reconocimiento a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, particularmente lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Hacemos un llamado a los asistentes a este Foro, a la Comisión de Asuntos Indígenas de la LX legislatura a que le den seguimiento al caso de San Miguel La Sardina, municipio Francisco León, Chiapas, y que nos ayuden a fortalecer la argumentación ante la opinión pública, las instancias nacionales e internacionales y los pueblos indígenas y campesinos, pues el caso es de interés público por poner en entredicho la legislación agraria emanada de las reformas al artículo 27 de 1992.

2.9. Autoridades tradicionales Los pueblos indígenas tienen sus propios sistemas de gobierno, cuentan con sus propias autoridades para asuntos agrarios, civiles y religiosos. El sistema de cargos de cada pueblo indígena es obligatorio para hombres y, en ciertos casos, para mujeres. La organización de los pueblos se refrenda cada año al tomar posesión las autoridades nombradas en asambleas comunitarias para ciertos cargos, y en asambleas se define también el tipo de actividad que caracterizan a cada cargo, lo que se conoce como “mandato de asamblea” que deben cumplir las autoridades nombradas para cada cargo.

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C11. Compromiso del gobierno federal con las mujeres indígenas, Acuerdos de San Andrés

Legislar sobre los derechos de los pueblos indígenas a elegir a sus autoridades y ejercer la autoridad de acuerdo a sus propias normas en el interior de sus ámbitos de autonomía, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad Acuerdos de San Andrés. Propuestas conjuntas. 1.e. En algunos pueblos indígenas la máxima autoridad tradicional es un Consejo de ancianos, integrado por las personas que han cumplido con todos los cargos y que, por su edad y experiencia, han merecido el respeto de la población. Los pueblos indígenas están integrados por familias en las que los ancianos participan en el Consejo, por lo que su autoridad es representativa de toda la población. Los Comisariados de Bienes Comunales o Ejidales tiene por mandato de asamblea la defensa del territorio y atender problemas de tenencia, uso y aprovechamiento de la tierra. El derecho de los pueblos a organizarse alrededor de la tierra y el territorio es reconocido como un derecho agrario y permite la organización de los pueblos como sujetos agrarios. Es posible identificar al menos tres tipos de reivindicaciones por la autonomía: de facto, de juris y de praxis, como se explica en el siguiente cuadro. Esta interpretación parte del hecho de que es posible que existan otros tipos de autonomías y que son complementarias, incluso es posible que en un mismo proceso se observen los tres tipos de autonomía, por lo que no deben considerarse categorías excluyentes, sino únicamente una manera de diferenciar los procesos al interior.

C12. Tipos de autonomía de los pueblos indígenas Autonomía de facto La herencia del zapatismo en el movimiento campesino continúa en las décadas de 1970 hasta 1994, con la toma de tierras. EZLN declara la existencia de Juntas de Buen Gobierno. En La Montaña de Guerrero declaran la existencia de Policias Comunitarios como un sistema judicial alterno. En Oaxaca los pueblos se declaran en rebeldía y desconocen al gobernador.

Autonomía de juris En los ejidos y comunidades los comisariados se eligen por asamblea. En Oaxaca los ayuntamientos pueden ser electos por sistema de partidos políticos o por sistema de usos y costumbres. En todo el país se reconoce el derecho de los presos indígenas a contar con un traductor en el proceso judicial. El movimiento indígena latinoamericano reivindica el marco jurídico internacional (OIT, CIDH, ONU).

Autonomía de praxis El sistema productivo Milpa Mesoamericana significa que los campesinos controlan el proceso productivo. Las cooperativas campesinas introducen el concepto de comercio justo y se apropian del proceso de comercialización. Redes de consumidores responsables boicotean a las empresas agroalimentarias y deciden comprar productos sanos, artesanales, seguros, orgánicos y de organizaciones sociales.

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Las organizaciones sociales, civiles y políticas presentan proyectos alternos a las agencias de gobierno y de la cooperación internacional e imponen su agenda y metodología. La apropiación social del territorio por parte de los pueblos y comunidades indígenas, ha llevado a las autoridades tradicionales, en particular las agrarias, a procurar el acceso a un ambiente sano. Algunas autoridades tradicionales tienen actividades de manejo y aprovechamiento de recursos ambientales. Para la tierra ya se mencionó a los comisariados ejidales o comunales, que resultan ser la autoridad más importante de los pueblos indígenas, pero no las únicas.

Para los pueblos y comunidades indígenas es prioritario el reconocimiento de sus autoridades tradicionales en el sistema jurídico constitucional. Cada pueblo, ejido o comunidad indígena tiene su propio sistema de autoridades tradicionales, y se trata de culturas orales, por lo que el reconocimiento constitucional de este sistema de autoridades anterior al Estado Nación, representa una refundación del Estado bajo los principios de la pluralidad jurídica y la diversidad social, en lugar de un sistema de gobierno único o totalizante.

Pese a los vacíos legales por la falta de reconocimiento de que México es un Estado jurídicamente plural, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) emite, cada año, una convocatoria para que los pueblos indígenas o las organizaciones que les acompañan presenten proyectos para procurar el acceso a la justicia, fortalecer los sistemas normativos internos, la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas e incluso la defensa jurídica de pueblos o integrantes de los pueblos. Sin embargo, una demanda tan importante como es el reconocimiento de México como un Estado-Nación pluricultural, no puede reducirse a un programa de gobierno y sus reglas de operación, por lo que seguirá siendo una de las principales demandas de los pueblos indígenas.

C13. Derechos de las personas en situación de cárcel, por Cecilia Santiago, Colectivo Ik.

Trabajan temas de mujeres en prisión. La estructura carcelaria empieza en los municipios para delitos no graves; distritales (Centros de Readaptación Social) para casos no graves pero con procesos largos; de máxima seguridad (El Amate), donde se canalizan casos considerados por los jueces como graves. Las mujeres en situación carcelaria pierden la tutela de los hijos por orden del Estado, son canalizados a orfanatos. En las cárceles los espacios no son suficientes, ni servicios básicos como agua, atención médica-psicológica para personas con problemas mentales. Las mujeres esposas de presos se autoencarcelan para estar cerca de sus parejas. Las violaciones más frecuentes al interior de las cárceles son tortura psicológica, por ejemplo en la Distrital de Playas de Catazajá le piden a las mujeres que se desnuden y hagan cuclillas, no permiten las visitas a los presos, requieren medidas cautelares para esta cárcel. Las cárceles están fuera de la norma, por ejemplo están lejos del municipio, con 8 personas en celdas de 2x3 metros diseñadas para 4 personas. Los servicios de alimentación están privatizados: en El Amate la concesión del servicio alimentario lo tiene un particular dueño de un restaurante, que les entrega comida de desecho. Los servicios de recreación como talleres están privatizados. Han identificado casos de acusación injusta de homicidio, con tortura. Por ejemplo, Don Mariano,

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de 87 años, enfermo de la próstata, está condenado a 37 años. En todos los casos encuentran confesión bajo tortura, falta de documentos y del debido proceso, sin orden de aprehensión, testigos falsos. Alrededor de 45 personas tienen más de 1 expediente, y de estos se relacionan más con 24 que están organizándose por su defensa ante las condiciones en el interior. La defensa jurídica la llevan con defensoría de oficio. Tomado de Foro Chiapas, 2007, Reunión de las organizaciones de la sociedad civil con CEJIL.

Minuta de trabajo. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 4 de diciembre de 2007.

En 2001 se aprobó una reforma constitucional fuertemente cuestionada por los movimientos indígenas y la opinión pública por no reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho con un territorio específico y regido bajo el principio de la autonomía, expresada en sus sistemas de gobierno tradicional. Este vacío legal limita a los pueblos indígenas el acceso al pleno derecho constitucional, pues se reconocen algunos derechos de los pueblos indígenas pero no se reconocen sus autoridades para ejercer estos derechos y vigilar su cumplimiento por parte del Estado y particulares. No existe una ley o principio jurídico que prohíba la existencia de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, por lo que no son ilegales, son alegales, es decir, sin reconocimiento jurídico. En estos casos, se actúa según la costumbre o por remisión a sentencias o tesis jurisprudenciales en casos semejantes. Esta indefinición jurídica favorece la continuidad del sistema de derechos comunitario o por usos y costumbres, sin que los mismos indígenas tengan instrumentos de defensa en caso que este sistema vulnere sus derechos como persona. Es el caso particular de las mujeres, quienes son frecuentemente víctimas de violencia intrafamiliar, justificada porque “así es la costumbre”, y sin instrumentos jurídicos de defensa basados en un sistema de derecho pluricultural, por lo que, si quieren hacer valer sus derechos, tienen que recurrir al derecho positivo, es decir, renunciar a la posibilidad de que su pueblo le haga justicia y solicitar la intervención del Estado.

El reconocimiento de las autoridades tradicionales es un problema político, y no podrá ser subsanado con programas de gobierno o legislaciones estatales. Es necesario el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho y de sus autoridades tradicionales como portadores de este derecho. Este punto es el centro del conflicto entre el Estado y los Pueblos Indígenas. La propuesta de reformas en materia de derechos y cultura indígenas aprobada en 2001, incluso llevó a las autoridades municipales de Chiapas y otros estados a interponer una serie de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia, que las denegó y finalmente se declaró "incompetente", con lo que se agotaron las instancias internas para resolver la controversia. El hecho de que se trató de una controversia constitucional entre poderes del Estado, cierra la posibilidad para que intervengan organismos internacionales como la CIDH, sin embargo, queda el recurso de queja internacional y dependerá de la rearticulación del movimiento indígena inclinar la balanza a favor del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho.

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Los pueblos indígenas no han sido reconocidos como sujetos de derecho desde la época de conquista y colonización. Sin embargo, mantienen vigentes sus sistemas de gobierno y organización, o parte de ellos, porque les son funcionales. La organización de los pueblos se actualiza según las circunstancias y es posible hablar de cambios generacionales. Existe una figura en el sistema judicial chiapaneco que son los Consejos de Paz, integrada por autoridades tradicionales y un canal de vinculación con el Ministerio Público, a los que recurren los pueblos en los que existen estos Consejos cuando no pueden resolver plenamente un conflicto interno. Otras opciones que han buscado los pueblos es registrarse legalmente como organización civil o de productores, lo que les permite recibir recursos financieros, diseñar sus propios proyectos e incluso llevar a cabo transacciones comerciales. Para cerrar este capítulo, incluimos las conclusiones del documento emitido por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, que después de hacer una revisión minuciosa del orden jurídico nacional e internacional sobre derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo rural, y revisar las limitaciones de la reforma indígena de 2001, recomienda elevar el derecho no sólo de los indígenas sino de todos los ciudadanos al desarrollo y la importancia de establecer una partida presupuestal específica para los pueblos indígenas.

C14. El derecho de los pueblos indígenas al desarrollo El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, no sólo de los pueblos indígenas. Por virtud de este derecho, los pueblos indígenas están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político. El derecho humano al desarrollo implica la realización del derecho de los pueblos indígenas a la libredeterminación. Como parte de su derecho al desarrollo y dentro del ejercicio de su derecho a la libredeterminación, los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y decidir sus prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a decidir y elaborar todos los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les afecten y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones. El correlato de estos derechos es la obligación de los gobiernos para que el ejercicio de los mismos sea posible, lo cual incluye la obligación del gobierno de tomar medidas especiales para la mejora inmediata, efectiva y continua de sus condiciones económicas y sociales, comprendidas las esferas del empleo, la capacitación, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social. De la misma manera, debe responsabilizarse de desarrollar, junto con los pueblos indígenas, medidas que protejan los derechos de los pueblos indígenas, sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales, sus instituciones y garanticen el respeto de su integridad. Por otro lado, de lo dispuesto en la Constitución Federal mexicana se desprende la obligación de los tres niveles de gobierno de establecer instituciones que se encarguen de las políticas estatales dirigidas hacia los pueblos indígenas, mismas que deben ser diseñadas y operadas conjuntamente con los interesados. El objetivo de estas instituciones sería promover la igualdad de oportunidades

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entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad, así como garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. (…) Hay que decir que el hecho de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contenga menos derechos que los reconocidos en el derecho internacional no es obstáculo para que aquéllos se incorporen en la legislación mexicana, toda vez que los derechos que la Carta Magna establece son derechos mínimos que pueden complementarse en las leyes o tratados internacionales, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Constitución Federal, y como en el caso no la contravienen, se pueden incorporar en una ley nacional sin contravenir el orden internacional. (…) En ese mismo sentido, se debería reglamentar el contenido de la Constitución Federal para crear instituciones que se encarguen de las políticas estatales dirigidas hacia los pueblos indígenas, mismas que deben ser diseñadas y operadas conjuntamente con los pueblos indígenas, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad. Para ellos es necesario revisar la naturaleza, estructura y objetivos de la CDI, entre otros objetivos, para determinar, si seróa operativa o sólo normativa, porque actualmente su ley orgánica le otorga facultades normativas pero en la práctica opera programas, además, no puede señalar las deficiencias que encuentre en las secretarías de Estado porque carece de estas facultades. De esta manera, se debería revisar el objeto del Consejo Consultivo y darle facultades de dirección, seguimiento y evaluación de los programas de gobierno. Incluso él podría ser el que emitiera recomendaciones sobre las políticas públicas del gobierno. También se debería establecer un Fondo para el Desarrollo Indígena, distinto al establecido en el Anexo 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y fuera de él, donde se concentre el presupuesto indígena, estableciendo los criterios de asignación de recursos a los programas, los mecanismos para que los pueblos participaran en las decisiones del financiamiento de ellos y los mecanismos de vigilancia y evaluación de los mismos. Francisco López Bárcenas y Guadalupe Espinoza Sauceda, 2007, Los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo rural, México, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados pp. 149-153. A continuación se abordan los derechos territoriales de los pueblos indígenas en un contexto de crisis y deterioro ambiental, tema que resulta ser nodal de la Agenda Ecológica Indígena, pues nos lleva directamente al espacio en el que los pueblos ejercen sus derechos: el territorio que ocupan desde tiempos inmemoriables, mismo que ha sido marcado por las huellas del tiempo y los pasos de los pueblos.

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III. Derechos territoriales de los pueblos indígenas en un contexto de crisis ambiental

Este capítulo trata diez temas que nos acercan a la problemática de acceso, usufructo, manejo, control, conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos existentes en los territorios de los pueblos indígenas, en el contexto actual de deterioro y crisis ambiental. El primer tema es la definición de territorios indígenas desde una perspectiva de exigibilidad de derechos y ante la pérdida de derechos colectivos por la actual legislación en la materia, en particular referente a la situación agraria, aunque se pretende dejar claro que los territorios de los pueblos indígenas, en tanto son resultado de procesos históricos de larga duración, son más que una entidad agraria. El segundo tema es relativo al uso de bosques y selvas, procesos que son ampliamente trabajados por organizaciones con vocación de aprovechamiento forestal (maderable y no maderable), por lo que seguramente la exposición aquí les resultará limitada. El tercer tema, igualmente es muy rico, refiere al uso del fuego, en particular referido a la agricultura. Considerado en la antigüedad como uno de los cuatro elementos básicos junto con la tierra, el agua y el viento, el uso del fuego es una práctica que ha acompañado a los pueblos en su manejo de recursos. Un cuarto tema, la deforestación, es uno de los problemas centrales del deterioro ambiental de México en general, y de Chiapas en particular, pero no es una causa en sí misma, sino una consecuencia del mal manejo de los recursos ambientales y la falta de inversión en actividades productivas con enfoque de sustentabilidad. El quinto tema es el enfoque de manejo de cuencas, que resulta ser muy adecuado al binomio cultural y ambiental de los territorios, pero en la práctica es difícil de traducirse en políticas públicas en las que confluyan todos los sectores que aprovechan cada cuenca, subcuenca o microcuenca. El sexto tema, calentamiento global, es un problema que entre los pueblos indígenas está muy claramente identificado, pues la percepción de que el ser humano pertenece a la Tierra, que es su Madre, permite, incluso, revalorar el ambiente retomando la copsmovisión, cosmografía y cosmología de los pueblos indígenas, aunque en este documento no se aborda desde el punto de vista filosófico, sino meramente ecológico, es decir, con énfasis en el manejo de recursos. El séptimo tema, damnificados por desastres ambientales, también es un problema derivado del mal manejo de las cuencas, de la exposición de los pueblos al impacto de fenómenos ambientales. Las condiciones de extrema pobreza que persisten en los pueblos indígenas aumentan la vulnerabilidad al desastre y la incapacidad de recuperarse, por lo que el tema se inscribe en la agenda pendiente del desarrollo.

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El décimo y último tema, servicios ambientales hidrológicos, también es una introducción y se espera que con esta contribución se abra el debate sobre una propuesta que parece ser interesante pero que en realidad tiene contradicciones. En algunas declaraciones públicas, los pueblos indígenas manifiestan que es ofensivo pretender que una práctica de respeto al medio ambiente sea parte de un pago categorizado como servicio para otros, pero más allá de estas importantes apreciaciones, nada despreciables, la propuesta misma es limitada. Reiteramos que el debate está abierto, y esperamos que las organizaciones, académicos y funcionarios que revisen este documento no mantengan una lucha con el texto por los errores de apreciación que seguramente contiene, sino que abran su corazón y su agenda incluya la participación más amplia posible para transformar las políticas públicas con base en las necesidades expuestas en este documento, que, insistimos, han sido identificadas en este largo proceso de acompañar a los pueblos en su lucha por descolonizar el pensamiento. En palabras de Immanuel Wallerstein: los procesos no son políticos, son históricos, y de larga duración.

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3.1. Territorios indígenas Los pueblos indígenas no se delimitan por fronteras políticas, sino por su hábitat tradicional, es decir, su territorio, un espacio significativo para la reproducción de una cultura milenaria que permite nombrar lugares e interpretarlos en un idioma transmitido de generación en generación, y que sólo tiene significado en un espacio cultural concreto y ante personas del mismo grupo de hablantes. El territorio de los pueblos indígenas es la base para su reproducción como grupo, por lo que es el centro de la exigibilidad de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La definición de territorios indígenas se retoma del Convenio 169 de la OIT, que establece que “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna u otra manera, y en particular, los aspectos colectivos de esa relación. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 15 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de laguna manera” (OIT, 1989, Art. 13). La tercera parte de la población total de Chiapas es indígena, distribuida en todos los municipios del estado, pero concentrada en territorios ocupados ancestral y mayoritariamente por los pueblos tzeltal-tzotzil (Altos y Selva), chol (selva norte), zoque (Norte), lacandón (selva oriental), mam, mochó, kanjobal (Sierra Madre y Fronteriza), tojolabal y cakchiquel, (Selva y Fronteriza), chuj (Altos), jakalteco, ubicados en la Región Hidrológica Golfo Sur, Sistema de Cuencas Grijalva-Usumacinta, y con poca población en la Costa de Chiapas (Villagómez, et al, 2006a; CDI-PNUD, 2004). El siguiente mapa es resultado de cruzar la información relativa a los territorios indígenas (municipios con 40% ó más de hablantes de lengua indígena) y las regiones hidrográficas Frontera Sur, en la que se encuentra el sistema de cuencas Grijalva-Usumacinta, y la región Costa de Chiapas, en la que se encuentra el sistema de cuencas del Soconusco. Según este mapa, los pueblos indígenas de Chiapas se distribuyen en territorios multiétnicos con claras referencias de identidad regional si tomamos en cuenta la historia, geografía, lenguas y procesos organizativos. Los Altos de Chiapas, con población Tzeltal y tzotzil; Norte de Chiapas, con población tzoztil y zoque; la Selva Lacandona, con población tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal y lacandona; la región fronteriza, que incluye en esta regionalización a la Sierra Madre de Chiapas en sus dos vertientes hacia el Grijalva y hacia el Soconucso, con población mam, kanjobal, kakchiquel y tojolabal, además de pueblos de origen guatemalteco y emigración reciente; y por último, en el delta del Grijalva, la región chontal de Tabasco, en donde también se encuentran pueblos choles y otros de origen chiapaneco, incluidos en esta regionalización por ubicarse en la misma cuenca.

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Los territorios son un complejo ambiental, social, económico, agrario, político y cultural. Si bien la base de los territorios es geofísica y biológica, los territorios como los conocemos actualmente, son resultado de la interacción del ser humano con el ambiente, es decir, han sido geografíados por el ser humano en su historia de ocupación, colonización, abandono y reocupación, lo que conlleva sistemas de manejo, aprovechamiento, conservación, explotación, conservación y restauración de los recursos ambientales. El territorio cobra sentido caminando, como se desprende del testimonio de dos ejidos tojolabales recopilado por Carlos Lenkersdorf, que le permitieron entender las relaciones entre personas, naimales, plantas y territorio como relaciones intersubjetivas.

C15. La intersubjetividad en la naturaleza, por Carlos Lenkersdorf

Dos ejidos colindantes, Ojo de Agua y Yal Mis, tienen diferentes caminos para llegar a la cabecera municipal. El camino de las gentes de la colonia Ojo de Agua cruza las tierras de la colonia Tal Mis. No hay otra manera de llegar a la cabecera municipal a no ser que tomen una desviación de cinco horas. Por este camino, fijémonos bien, jamás pasan los yalmiseros. Para ellos no tiene ninguna utilidad. Ese camino sirve exclusivamente a los vecinos de Ojo de Agua para que lleguen a la cabecera municipal. Tienen sus caminos respectivos que les sirven perfectamente y los unos no molestan a los otros. Un día, un representante del municipio llega al ejido de Yal Mis y convoca a los ejidatarios para comunicarles una notificación de la presidencia municipal: se informa a los yalmiseros que en

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adelante tendrán la obligación de mantener el susodicho camino. El aviso oficial deja a los yalmiseros inquietos y enojados. Comienzan a quejarse de todas esas ideas raras que se les ocurren a las autoridades municipales. Cada rato andan inventando cosas nuevas para chingarles. Molestos, preguntan al enviado: “¿Por qué nos toca mantener una cosa que jamás usamos y que no nos sirve para nada? Los usuarios son otros y no nosotros. Ellos siempre han mantenido ese camino. Así siempre ha sido. ¿Por qué quieren cambiarlo? El representante municipal les da esta explicación: “A ustedes les toca la obligación de mantener el camino porque cruza sus tierras. Y no se olviden, ustedes, los yalmiseros, son los propietarios de estas tierras. Por eso tienen la obligación de mantener ese camino. La obligación es por la ley. Y todos debemos obedecer la ley. ¿No es así?” A los vecinos de Yal Mis no les queda más remedio que obedecer la ley. Entre sí comentan sobre esta ley que les parece absurda, típica de la sociedad dominante que la hizo. ¿Cómo es posible que un camino sea propiedad de alguien? Para ellos, un camino sirve sólo a los usuarios; los caminos no se venden ni se compran. Riendo comentan que nadie puede poner un camino en su morral para llevárselo. Por eso el mantenimiento del camino debería ser obligación de los usuarios. Las palabras del representante municipal, apoyadas en las leyes vigentes, chocan con la concepción de muchos tojolabales, porque para ellos la tierra no tiene propietario. Por consiguiente, no es propiedad de ninguna de las dos colonias ni de persona alguna. La tierra es otra cosa, porque es la tierra la que les da posibilidades a los hombres. Gracias a ella pueden hacer caminos, plantar milpas, construir casa y tantas cosas más. Los frutos del trabajo de los hombres sí son de ellos: el maíz, lso frijoles, el uso de los caminos, la protección ofrecida por la casa, etc. La tierra misma, en cambio, no se hace propiedad de nadie. Y nadie tiene el derecho de transformarla en propiedad. Carlos Lenkersdorf, 1996, Los hombres verdaderos: Voces y testimonios tojolabales. Lengua y sociedad, naturaleza y cultura, artes y comunidad cósmica, México, SXX1-UNAM, pp. 108-109. Este testimonio de dos ejidos tojolabales nos aproxima a la situación de conflicto entre el sistema de derecho positivo mexicano, por el cual las leyes de la autoridad más cercana, pueden dictarse en contra de la realidad social de dos poblados que, incluso, en otros escenario, podrían haber sido puestos en conflicto, verse privados de su derecho a coexistir en paz, transitar y, en este caso, se vieron obligados a hacer tareas de conservación de un camino, un recurso que no se aprecia, no se valora porque no se utiliza. En el fondo de este testimonio, está la percepción de la naturaleza como un sujeto que es madre proveedora de alimentos y vida. Entre los tzotziles de Chilón, hay otra percepción de este mismo concepto de Madre Tierra, según lo expuso Manuel Cruz en su alegato ante la CIDH en contra de la titulación parcelaria de las tierras colectivas.

C16. La Madre Tierra: Manuel Cruz La Madre Tierra existe en cada región del planeta, y en cada región los seres humanos la tratan de manera diferente. Si los hombres y mujeres trabajan en contra de ella, la Madre Tierra se enferma, se pone grave y puede llegar a morir. Con ella mueren también los humanos. En el norte de Chiapas, donde vive desde hace siglos la gente del pueblo tzeltal, cada región o ts´umbal, tiene su propia historia y también un trato diferente para la Madre Tierra. La situación es distinta en Xitalha´ que en Chilón o en Takinhuitz que en los dos Bachajones (San Sebastián y San Jerónimo). En cada tsumbal se puede leer en los paisajes el trato que la gente tzeltal (los individuos, las

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familias y las comunidades) ha dado a la Madre Tierra. Cada tsumbal tiene su propia historia de sufrimiento o de felicidad, de paz o de guerra, de colaboración o de envidia, y esto repercute tarde o temprano en el trato que se hace a la naturaleza. Y ese trato no puede ser de venta, como ahora quieren los caxlanes. ¿Quién se puede atrever a vender y a lucrar con su Madre?”. Testimonio de Manuel Cruz, indígena Tzeltal del Ejido San Jerónimo Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas incluído en Red TyT, La política agraria y los derechos indígenas en Chiapas, México (Agrarian Policy and Indigenous Rights in Chiapas, México), Informe presentado por la Red Tierra y Territorio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Audiencia General de situaciones, 126º Periodo Ordinario de Sesiones, Octubre, 2006. Las instituciones ambientales, agrarias, sociales y políticas, requieren de la concertación con las autoridades locales para la implementación de sus programas y proyectos, lo que es posible si se garantiza y respetan los territorios indígenas, incluso cuando hay alianzas entre ejidos o comunidades de uno o más municipios. Las alianzas entre pueblos no sólo se dan por coyunturas o políticas, no pueden ser inducidas desde programas exteriores, sino que ocurren por afinidades incluso de linaje, como se documenta en el caso de los tzotziles de Chlachihuitán, en Los Altos de Chiapas, que conciben el lum o pueblo como sinónimo de territorio: donde está el pueblo está el territorio, y esta afinidad se marca incluso en el nombre de los parajes y el apellido de las personas.

C17. El pueblo es el territorio (jlumaltik): Marcos Pérez El concepto lum (pueblo) se puede entender como el territorio, sus habitantes y las autoridades que lo encabezan y que en conjunto forman una unidad… El territorio y sus vivientes se consideran como un todo donde cada elemento tiene una función importante: los árboles son como sus huesos; los ríos, su sangre; sus ruidos, los susurros; el aire, sus gestos; los arroyos son sus venas; los bejucos, sus tendones; el suelo donde se paran y se sostienen es la madre de todos y el cielo es el gran techo; ambos, tierra y cielo, componen el capullo donde son abrazados todos los que viven sobre la faz de la tierra y abajo del cielo. Los recursos naturales son parte del pueblo, porque sin ellos no sería posible la existencia del hombre; sin la tierra, los animales, plantas, agua, aire, calor, frío, el hombre no sería hombre, solo sería otra cosa. Los dones de un Pueblo son el fruto de las acciones que se hayan realizado para usar y conservar todo lo que existe en su territorio. Las actividades culturales (celebraciones, fiestas, danzas, costumbres, trabajos) que realizan las personas son consideradas como la acción de sus sentidos para ejercer el arte de vivir la vida, como la primera misión de la existencia humana; porque el orden natural no le da derecho a nadie a ejercer la acción de sus sentidos en forma egoísta y asesina, todos estamos obligados a actuar conforme a las leyes de la naturaleza y a obedecerlas. El lum o territorio es la casa común donde descansan en forma íntegra los hombres y mujeres de Chalchihuitán. Los abuelos nos enseñaron que de los tres barrios originales, Sisim, El Desierto y Maxilo', surgieron los cinco calpules que integran Chalchihuitán: Sisim, Ts’akiukum, Pom, Balun Ako’ y Chikinxulum. Los calpules se conciben como el núcleo familiar mediano y están representados por la descendencia de los apellidos (linajes) y sobrenombres, como Tuluk'atik, Takivajatik y Kulatik, entre otros. El apellido y el derecho a la tierra se heredan de padres a hijos. Por ejemplo, los Díaz Tuluk'atik viven en Patch’entik, y sólo los Díaz Tuluk’atik pueden heredar o

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comprar esas tierras. Los calpules son la base de la organización social, política y territorial del municipio. Cada Pueblo tiene su Teklum o centro de convivencia social, política, cultural y religiosa, es el corazón de todos los calpules y parajes. Allí se reúnen todas las personas para elegir a sus autoridades y para definir cómo van a conservar, mejorar y defender su territorio. Las personas que pertenecen al lum provienen de las antiguas familias; sus apellidos y sobrenombres les sirven para identificarse. El pueblo es la casa común de todos los que habitan allí; con él se identifican, con él y por él se mueven; por él ejercen la acción de sus sentidos para andar en pos de la esperanza y de sus sueños. Toman el nombre del pueblo para enfrentar a sus adversarios, para identificarse ante sus vecinos, para sentirse seguros y protegidos entre unos y otros. Marcos Pérez Gómez y Cecilia Vázquez, 2005, Jlumaltik San Pablo Chalchihuitán. Ensayo Monográfico de un gobierno local, FLACSO, México. Citado en Red TyT, Op. cit. La actual redacción del artículo 27 constitucional no permite el acceso pleno de los pueblos a la protección jurídica de sus tierras, pues no corresponde con los derechos territoriales reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, no garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y libre determinación y, en cambio, favorece la propiedad privada o individual sobre la tierra. Los pueblos indígenas padecen esta situación jurídica, y en los casos en que aceptan el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Comunales (Procede-Procecom), se dividen al interior entre grupos a favor de la parcelización individual de la tierra, y los partidarios por mantener el sistema colectivo de control territorial. En los Acuerdos de San Andrés se propone que "las legislaturas de los Estados podrán proceder a la remunicipalización en los territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, la cual deberá basarse en consulta a las poblaciones involucradas en ellas. (...) Se propone la integración del municipio con población mayoritariamente indígena no como un tipo diferente de municipio, sino como aquel que en el marco del concepto general de esta institución política permita, por un lado, la participación indígena en su composición e integración y al mismo tiempo fomente e incorpore a las comunidades indígenas en la integración de los ayuntamientos." (Acuerdos de San Andrés. Propuestas conjuntas. 1.e). La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados (CAI) reconoce que “Los pueblos indígenas exigen justicia y el derecho al ejercicio a la libre determinación y autonomía, al acceso, goce y disfrute de sus recursos naturales, al respeto a sus tierras y a sus manifestaciones culturales. A la reconstitución integral de sus autogobiernos y territorios, mediante mecanismos que establezca una geopolítica más cercana a las realidades de la diversidad nacional. También exigen una verdadera y activa participación en la toma de decisiones en todos los órdenes de la vida nacional, tanto en el plano económico, social y cultural, como en el plano civil y político, con miras a alcanzar un mejor estadio de desarrollo, que inició ya, con la Reformas Constitucionales del 2001”. (CAI, 2006, p. 8). Así mismo, esta Comisión legislativa se propone entre sus objetivos: “Promover el reconocimiento y la protección de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos

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indígenas” y “Promover la remunicipalización en las regiones indígenas” y establece como actividades “impulsar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos plenos de derecho, asegurando sus derechos territoriales, culturales, sociales y políticos” e “impulsar una nueva remunicipalización para reconocer un régimen multimunicipal y multiétnico” (CAI, 2006, pp. 8, 13 y 18). Al respecto, para ser concordantes con el derecho de los pueblos a la consulta y el consentimiento previo, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados tendría que observar las siguientes recomendaciones:

1. Delimitar los territorios que ocupan los pueblos indígenas de manera participativa, identificando zonas de aprovechamiento, uso, conservación y restauración de los recursos ambientales, para posteriormente definir planes de manejo.

2. En esta delimitación es básico identificar y clasificar las zonas en conflicto agrario, para iniciar planes de manejo de conflictos y procurar la concertación de campesino a campesino, sin depender de las autoridades agrarias federales en el proceso de diálogo o toma de acuerdos, pues de hecho, no hay obligación de los núcleos agrarios de aceptar la asesoría de los visitadores agrarios para construir acuerdos de conciliación.

3. Reconocimiento pleno de los territorios indígenas primero al interior de los pueblos indígenas, es decir, concertar acuerdos internos que tomen en cuenta los territorios ancestrales como la base agraria más antigua, anterior a las resoluciones agrarias.

3.2. Uso de bosques y selvas

El acceso y usufructo de los recursos existentes en bosques y selvas que se encuentran en los territorios tradicionales de los pueblos indígenas, se encuentra bajo sistemas de manejo definidos por las asambleas comunitarias o ejidales, en el ejercicio de sus derechos ambientales. Para que el Estado reconozca los sistemas normativos internos en materia de recursos ambientales, los pueblos y sus organizaciones requieren transcribir el sistema consuetudinario en un código de normas internas, reglamento de ejido, plan de ordenamiento territorial, e incluso si se presenta como proyecto productivo de un grupo de trabajo. Cuando se trata de uso de recursos para autoconsumo, la huella ecológica es mínima, por lo que no se requieren permisos especiales, pero en el caso de que se pretenda comercializar con los recursos forestales (maderables o no maderables), con flora o fauna endémica, entonces se requieren permisos de las autoridades ambientales. En el caso de los predios irregulares ubicados en la reserva de la biosfera Montes Azules, el ejercicio de los derechos ambientales se hace efectivo participando, al mismo tiempo, en mesas de diálogo y concertación con las autoridades ambientales, en las que las posturas están encontradas, pues se les amenaza con desalojarlos por encontrarse de manera

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irregular al interior de la reserva de la biosfera. En otros casos de bosques y selvas, no hay amenazas de desalojo, pero sí hay restricciones oficiales al acceso a los recursos que proporcionan bosques y selvas.

C18. La Selva es nuestro territorio, por Manuel Gómez, Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO).

Nuestra organización está en 7 municipios de la Selva Lacandona como una respuesta al levantamiento armado y la represión que le siguió, las organizaciones que fundaron esta coalición de organizaciones traen consigo una historia de lucha desde 1974. Nuestra debilidad es que somos marginados, no tenemos educación profesional, nuestros padres han visto violentados sus derechos. La oferta que hace el gobierno a las poblaciones que llevan hasta 40 años viviendo en la selva es reubicarlos en poblaciones con servicios urbanos como luz, agua, salud. Nosotros como organizaciones sociales de la región, pese a tantos problemas por programas asistenciales de gobierno, divisiones religiosas, políticas, grupos de contrainsurgencia. Hay descomposición social y represión. Recientemente se han hecho organizaciones regionales, hemos dado a conocer los problemas que tenemos en la selva, y la respuesta del gobierno es que enviaron a la Cocopa para informar que no habrá desalojo ni represión, pero en diciembre de 2007 hubo un desalojo y ya tenemos un mensaje extraoficial habrá otro desalojo criminal, porque se trata de desalojar a un grupo que ya había sido desalojado y que regresó a la selva, entonces los van a desalojar tratándolos como criminales. No avanzamos mucho porque estamos a la defensiva, no nos dejan progresar porque hay rezago, militarización, represión, pero no vamos a dejar de defender la selva porque es lo único que nos queda, el territorio, y ahí vivimos los tzeltales, los tzotziles, los tojolabales, y si nos desalojan ya no vamos a seguir siendo pueblos, quizá sigamos hablando la lengua pero no en nuestro territorio. En lugar de crear soluciones, crean decretos, programas.

Foro Chiapas, 2008b, Reunión de las organizaciones de la sociedad civil con Fund for Global Human Rights. Minuta de trabajo. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 20 de mayo de 2008.

Cabe mencionar que la situación de conflicto agrario de estos y otros ejidos, es resultado de las políticas de reparto agrario, incompleto, inducido sin estudios técnicos en el terreno, por las que se establecieron decretos ambientales y agrarios contrapuestos y encimados, por lo que es responsabilidad de las autoridades agrarias y ambientales abrir espacios de diálogo y concertación con los pueblos asentados en esos territorios, anteponiendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio, su uso y aprovechamiento, con enfoques de conservación y desarrollo sustentable que reditúen en proyectos productivos para beneficio social y ambiental, sin que esto represente un conflicto más. Es importante que el derecho ambiental mexicano se base en principios de pluralidad jurídica que permitan la coexistencia de diferentes sistemas de manejo de los recursos por parte de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas. Entre los paradigmas del ambientalismo, existen los conservacionistas, quienes consideran la población local como un obstáculo para la conservación y exigen su desalojo, reubicación y castigo por acceder a los recursos de bosques y selvas y en otro extremo está la visión desarrollista que se muestra tolerante a los proyectos productivos que recurren al uso de contaminantes

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químicos o de otro tipo, en justificación por los resultados esperados. El paradigma del desarrollo sustentable está pasando de una primera época conservacionista a ultranza, a reconocer que la mejor manera de conservar los recursos ambientales es invirtiendo en proyectos de aprovechamiento y conservación-restauración. Es parte de la agenda indígena el reconocimiento jurídico de las normas consuetudinarias de acceso y uso de los recursos de bosques y selvas, en particular agua, madera y vida silvestre. La resolución de los conflictos entre las autoridades ambientales y los pueblos indígenas asentados al interior de las reservas no es posible con los desalojos, pues las familias reubicadas regresan a la selva y se convierten en reincidentes, lo que aumenta la conflictividad social. El reconocimiento del sistema consuetudinario de normas y acuerdos de los pueblos indígenas para el acceso y usufructo de los recursos ambientales existentes en sus territorios, es la base para la incidencia comunitaria en la procuración de justicia para la resolución de conflictos al ambiente. La administración, uso, manejo y acceso a los recursos naturales ubicados en los territorios indígenas tomando como base el derecho indígena facilita la construcción de acuerdos que permitan la conservación ambiental.

C19. El derecho al territorio se ejerce, por Nicolás Morales Moxán, Nuevo San Gregorio, Montes Azules.

En 2002 iniciaron diálogo con la Comunidad Lacandona, intermediados por la Lic. Martha Cecilia, actualmente diputada. En 2006, unas comunidades aceptaron la indemnización. La Secretaría de la Reforma Agraria no pudo hacer la indemnización por presión de los grupos ambientalistas. La comunidad tiene un acuerdo de Ordenamiento Territorial pero no se puede aplicar por la amenaza de desalojo. La comunidad fue fundada en 1975. Están en la cuenca Río Negro, el terreno es de 70 hectáreas con 32 familias. Tomado de Foro Chiapas, 2007, Reunión de las organizaciones de la sociedad civil con CEJIL. Minuta de trabajo. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 4 de diciembre de 2007. La prohibición de actividades productivas por su impacto al ambiente como las quemas agrícolas, el uso de plaguicidas, la cacería o la tala, debe ir acompañada de propuestas alternativas con recursos financieros. De otra manera, la prohibición sin alternativas de por medio, resulta ser una política represora generadora de conflictos. El manejo de recursos ambientales forma parte de los planes de Ordenamiento Territorial, y su registro ante la Comisión Nacional Forestal (Conafor) es condición para la inversión en proyectos productivos que incentiven el aprovechamiento sustentable de los recursos ambientales. La codificación de los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas no requiere de grandes estudios técnicos, sino de acuerdos sustentados en actas de asamblea, que es el poder más inmediato de los pueblos, más cercano y adecuado a su vida cotidiana, por lo que garantiza su continuidad. Es complementario, en todo caso, dibujar un mapa del territorio comunitario o ejidal y distribuir las actividades permitidas en zonas de uso agrícola, de vivienda, de conservación, restauración o aprovechamiento.

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Los pueblos indígenas llevan a cabo asambleas comunitarias o ejidales en las que definen normas internas para el manejo de los recursos ambientales y garantizar su conservación. Entre las normas más comunes se encuentran las que permiten el aprovechamiento de madera en ciertas zonas, se recomiendan u obliga a la reforestación y se permite el aprovechamiento de madera muerta, esto es, tirada por tormenta tropical o afectada por incendios. Es cada vez más común que las asambleas prohíban el uso del fuego para la agricultura, o al menos obliguen a su vigilancia, incluyendo multas para los campesinos que por descuido provoquen un incendio forestal. También está en aumento el acuerdo interno para prohibir el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos, y en algunas comunidades incluso se prohíbe el uso de semillas transgénicas, aunque no hay canales de identificación que les permitan certeza del tipo de semilla que se introduce en las comunidades. En algunas comunidades se nombran comités de aguas que procuran la distribución del vital líquido para uso doméstico o de riego, y procuran una distribución equitativa. La autorización para explotar grandes cantidades de bosques o selvas de uso común, requiere el consenso de la asamblea y la concertación con autoridades forestales. La protección de los nacimientos de agua, incluye, en ocasiones, rituales de paso que permiten la cohesión del grupo y la continuidad de las tradiciones, así como la conservación de los recursos hídricos. Las especies de uso medicinal son cuidadas y no se pueden desperdiciar o destruir. En muchos casos, el reconocimiento de las autoridades ambientales es un problema (González García, et al, 2002), los pueblos indígenas todavía son excluidos por el sistema de derecho positivo e incluso reprimidos, en particular cuando se trata de recursos o regiones estratégicas por contener recursos ambientales estratégicos para la reproducción del capital.

Cuando se observa el mapa de las posiciones de todos los cuerpos represivos, no casualmente saltan a la vista sus diversas formaciones en la región de la selva que, aunque no se corresponden con el control de los principales asentamientos demográficos, lso flujos de inmigrantes centroamericanos o el control militar de los caminos y puentes, lo hacen en varios casos, con la presencia de numerosos yacimientos petrolíferos desconocidos para la opinión pública, áreas de alto potencial biológico, proyectos gubernamentales y privados de construcción de presas hidroeléctricas o yacimientos minerales estratégicos. (Barreda, 2000, p. 212)

El territorio es, para los pueblos indígenas, espacio de reproducción cultural, biológico, económico y político. En contraste, en los territorios de muy alta diversidad biológica y cultural, las empresas transnacionales encuentran recursos que, al ser explotados, se transforman en insumos estratégicos para la reproducción del sistema capitalista, por lo que apoyan políticas de conservación y control territorial.

3.3. Uso del fuego

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El uso del fuego en la agricultura tradicional sirve para despejar el suelo de material vegetal, transforma la biomasa en minerales que nutren el suelo, principalmente carbono, pero también fósforo, calcio y potasio, según la práctica de manejo. Según un estudio de la milpa tzotzil, el fuego (k’ok’), y su uso durante la quema (chik’om), es “desfoliador de la roca superficial y supresor de propálagos de insectos, enfermedades y hierbas”; sin embargo, por lo peligroso que es que salga de control y se transforme en incendio forestal, se promueve la eliminación del fuego y su sustitución por prácticas de manejo de laderas, en las que se incorpora la biomasa vegetal como barrera protectora contra la erosión en suelos con alta pendiente y para utilizar las curvas de nivel del terreno (Mariaca, et. al. 2007, p. 57). Las quemas agrícolas son una amenaza muy grave, por el aumento en las temperaturas, los bosques húmedos se están secando, por lo que ya no sirven como barrera a los incendios, sino que se convierten en materia combustible, extendiendo los incendios hasta hacerlos incontrolables. Según el gobierno de Chiapas, en el periodo de 1978-1987, el promedio de hectáreas dañadas por incendios era de 104,000 por año (González, 1989, p. 28). Un diagnóstico oficial publicado en 1992 señalaba:

Chiapas sufrió el deterioro de sus bosques y selvas al usar anárquicamente el fuego en la limpieza de terrenos, acahuales y potreros, provocando incluso que en 1987 se identificara al estado como uno de los dos puntos más calientes de la Tierra junto con Mozambique, paradójicamente dos regiones consideradas dentro de las áreas de mayor biodiversidad del planeta. Los aprovechamientos, convertidos en sobreexplotaciones forestales, habían rebasado en mucho sus fuentes de aprovisionamiento, acabando con vastas regiones. Existen datos que señalan la pérdida de 300,000 has. de bosques y selvas entre 1980 y 1987, amén de las extensiones deterioradas por los incendios, que, conjuntamente, podemos calcular en más de medio millón de hectáreas que se convirtieron en humo, cenizas y madera subvaluada (Villafuerte, García y Meza, 1997).

Entre 1995 y 2002, Chiapas ocupó el primer lugar nacional con 52,649 has. consumidas por 256 incendios, lo que representa el 21% de todos los siniestros registrados. Entre las causas identificadas, las actividades agropecuarias (54%) por manejo de pastizales y por la práctica agrícola de roza-tumba y quema. Las regiones más afectadas son Selva, Frailesca y Sierra Madre (Protección Civil, s/f).

3.4. Deforestación El deterioro ambiental es un problema muy sensible para los pueblos indígenas. La deforestación, calculada para todo el país en 600,000 has. anuales, (Conafor, 2001, p. 22). es inducida para ampliar la frontera agrícola a costa de bosques, selvas y humedales. “Es evidente que el proceso de deforestación obedece a múltiples causas, pero sin duda alguna existen dos factores que han sido determinantes, nos referimos a la extracción de la madera y al proceso de ganaderización; fenómenos que en muchas regiones se dieron de manera independiente” (Villafuerte, García y Meza, 1987, p. 84). Deforestación es la pérdida de

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bosques por actividades humanas como la agricultura de roza, tumba y quema, la ganadería extensiva, la urbanización y la tala excesiva. Un río que tiene árboles en los bordes, está protegido contra desbordamiento y por lo mismo se reduce el riesgo a inundación. Entre 1970 y 1981, “se habían desmontado más de 400 mil hectáreas de la Selva Lacandona, debido a la política de colonización y trámites agrarios, que forzaban el desmonte, la ganaderización y los monocultivos. Desde Palenque y Ocosingo crecieron hacia la selva las propiedades de ganaderos procedentes de Tabasco y de estados del norte del país” (Castillo, 2000). En la subregión Cañadas, integrada por los municipios La Trinitaria, Las Margaritas y La Independencia, las tasas de deforestación son de las más altas del trópico húmedo mexicano, lo que está cambiando rápidamente el paisaje de selvas primarias a secundarias o terciarias, a un ritmo de deforestación de 3,225 has. por año en el periodo de 1979-1993 tan sólo en la zona de los poblados Miramar, Taniperla y Avellanal (Ávalos, 1998, p. 150). La colonización de Marqués de Comillas fue muy acelerada en la década de 1980: entre 1982 y 1984 pasó de 10,000 habitantes a 22,000 en tan sólo 2 años (Harvey, 1998, p. 299). Según el Atlas de riesgos, “La deforestación alcanza cifras alarmantes: la Selva Lacandona pierde unas 75 mil hectáreas cada año. Antes de la conquista, la Selva Lacandona abarcaba un área de 1.6 millones de hectáreas. De 1860 a 1960, es decir en cien años, se desforestaron 665 mil hectáreas; y solamente en las dos últimas décadas, de 1980 a 2000, se deforestaron 585 mil hectáreas, dejando en la actualidad únicamente 500 mil hectáreas de selva virgen” (Protección Civil, s/f, p. 33). La pérdida de bosques o deforestación puede provocar la desertificación de una región, esto es, la conversión de un bosque en un desierto. La tala clandestina es la que se realiza sin control alguno, es decir sin la obligación de reforestar las zonas taladas. Las inundaciones ocurren en aquellos lugares donde los ríos ya no tienen bordes, ni cobertura vegetal que los limite, o en colonias construidas al borde de los ríos. En la costa, los manglares o bosques subacuáticos, están siendo reducidos y en algunos poblados incluso sustituidos por ganado, por lo que los ríos pierden su espacio para desembocar en las lagunas, y en consecuencia se desbordan , provocando inundaciones.

El 3 de diciembre de 2001, el entonces titular de la SEMARNAT, Víctor Lichtinger, dio a conocer el Inventario Forestal del cual se extraen las cifras de deforestación del país: durante los últimos siete años, la tasa anual de deforestación creció a 1,1 millones de hectáreas. Prácticamente se duplicó el índice anterior de 600 mil hectáreas anuales. Esto coloca a México en el segundo lugar mundial en pérdida de bosques y selvas, después de Brasil. Entre los años 1993 y 2000 se perdieron en total 7,8 millones de hectáreas (...) De mantenerse esta tendencia las selvas, que cubren una superficie de 30.8 millones de hectáreas, desaparecerán en 58 años, mientras los bosques, que actualmente suman 32.9 millones de hectáreas, bajarán a 26 millones en 25 años y en 127 años se acabarán. Las principales causas de la desaparición de bosques son atribuidas al incremento de la superficie destinada a uso agropecuario, la cual pasó de 15 por ciento del territorio nacional a casi 17 por ciento (WRM, 2002).

Los bosques de Chiapas son muy frágiles y se encuentran en pequeñas islas, rodeados de zonas de pastizales para ganadería, plantaciones frutales como café, mango, y plátano, y en pendientes muy pronunciadas. Entre ríos sin borde en la llanura costera. La

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deforestación reduce la capacidad de los bosques y sus pobladores para resistir las temporadas de huracanes. Los bosques se han convertido en zonas vulnerables a derrumbes por fuertes vientos, combinados con lluvias y tormentas tropicales.

C20. El deterioro social y ambiental de Chiapas, por Arturo Arreola, Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, AC (IDESMAC).

Nosotros vemos la situación de los derechos políticos es asignada por el marco legal como ciudadanos de segunda, en el sentido en que no tenemos las capacidades de exigencia a nuestros gobernantes de rendición de cuentas. En las leyes se habla de que el gobierno consultará a los ciudadanos en la ejecución de políticas públicas, pero no habla de una obligatoriedad para atender las consultas. En particular en Chiapas, los efectos de la “nueva ruralidad chiapaneca” es que se están agregando nuevos problemas a la realidad existente, por ejemplo el efecto de la política pública de combatir la marginación, no la pobreza. Se cuestiona cómo es que el Estado crea nuevas escuelas, más clínicas, pero al menos en el actual gobierno, se declara una incapacidad de resolver estos problemas, entonces crean estrategias novedosas de concentración de la población para atender los problemas. Ante esta incapacidad evidente, desde hace 10 años, pero en particular los últimos 5 años, hay un fenómeno de migración masiva de Chiapas a los Estados Unidos, Cancún, Ciudad Juárez, que conlleva una serie de problemas muy complejos para la sociedad chiapaneca. Esta migración está provocando cambios, rupturas, consolidación de cacicazgos locales. Los campesinos que se van a Estados Unidos están comprando tierras a los campesinos que se quedan, lo que es un fenómeno de neolatifundismo extraterritorial. Hay una generación entera de jóvenes sin opciones de empleo, en un medio rural al parecer saturado porque no hay más tierra para repartir. Para los jóvenes hay un impedimento estructural que agrega pisos de conflicto a las problemáticas ya existentes. Respecto a los recursos ambientales, hay un grave deterioro ambiental en el estado, estamos pasando de ser un estado preferentemente forestal a un estado preferentemente agropecuario. Esto representa cambios en el uso del agua, la tierra y en la geografía del desastre. Hay desastres reales, desastres inventados, pero en ciertas regiones es peor el alud del dinero que el alud de lodos, porque tiene peores consecuencias desde el punto de vista político el alud del dinero que el alud de lodo. Quizá es necesario que surja un nuevo movimiento social emanado desde la sociedad de Chiapas para la reconstrucción del tejido social, como ocurrió en Ciudad de México en 1985 o en la Península de Yucatán en 1998.

Tomado de Foro Chiapas, 2008b, Reunión de las organizaciones de la sociedad civil con Fund for Global Human Rights. Minuta de trabajo. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 20 de mayo de 2008.

Los conflictos sociales por problemas religiosos, agrarios y políticos, han ocasionado el desplazamiento de miles de personas por lo que se han multiplicado las localidades, ejidos y comunidades, lo que representa un proceso de colonización hormiga que ha contribuido a la ampliación de la frontera agrícola, la deforestación y la marginalidad.

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3.5. Megaproyectos de desarrollo Desde la década de 1930, los proyectos de desarrollo más importantes han sido los relacionados con el manejo del agua. Los diferentes gobiernos promovieron y llevaron a cabo la construcción de grandes obras hidráulicas que obligaron el desplazamiento de una cantidad considerable de población indígena que habitaba en sus territorios ancestrales.

En repetidas ocasiones, a nombre de las personas y a costa del logro de sus objetivos, numerosos pueblos indígenas en cuyos territorios se encuentran estos recursos hídricos, han sido afectados y en ocasiones, desaparecidos. Los que son beneficiados con estas obras son ciertos grupos y regiones, mientras los sectores más pobres, como los indígenas, son quienes deben ceder por motivo de interés público sus tierras para las obras, sin recibir a cambio un beneficio por la realización de ellas en sus propias localidades. Es el resultado de la aplicación de una política que siguiendo un supuesto interés y beneficio a la nación, despoja a los grupos más vulnerables de sus recursos naturales. (Villagómez, et al, 2006a).

La población reubicada por construcción de obras de infraestructura fue definida en 2004 como los desplazados del desarrollo: Por la construcción de 12 presas hidroeléctricas entre 1949 y 1991 han sido desplazadas 113,096 personas pertenecientes a 10 pueblos indígenas de 9 estados de México, de los que 31,037 son de Chiapas, lo que representaría el 27% de los desplazados por este motivo en el ámbito nacional. Tan sólo la construcción de la presa La Angostura en el Valle del Grijalva, la más grande de México, representó el desalojo de alrededor de 15,483 personas de las culturas tzotziles, tzeltales y mestizos (Gálvez, 2004). Aunque aquellos desplazados por proyectos de desarrollo tienen garantizada la asistencia por ley, en la práctica, no reciben compensación (Seminario, 2004). Para el Estado resulta muy difícil cumplir con las demandas de servicios básicos como salud, educación, carreteras, fuentes de empleo en poblaciones de reciente creación por los desplazamientos internos, o en comunidades alejadas de los centros urbanos, por lo que se programa la creación de “Ciudades rurales”, siguiendo la lógica de la concentración de pueblos en encomiendas durante la época colonial, articulados en lo que el PPP denominaba “Red de ciudades hacia la sustentabilidad” paralelo a una serie de circuitos urbanos, tecnopolos y corredores industriales. El impacto de esta urbanización e industrialización en los bosques y selvas es la reducción de las masas forestales, por lo que la estrategia se complementa con corredores biológicos integrados por reservas ecológicas, para hacer ambientalmente “sustentable” el proceso económico, es decir, contar con zonas de amortiguamiento de la emisión de Gases de Efecto Invernadero y de abastecimiento de agua.

C21. Corredores urbano industriales, por Emanuel Gómez La idea original de los corredores urbanos industriales en México es parte del Plan de las Cien Ciudades delineado en el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio pasado (Zedillo, 1995). En el Plan Puebla Panamá, el desarrollo urbano irá acompañado programas que...

…promuevan un ordenamiento territorial conducente a una explotación eficiente y sustentable de los recursos naturales y acciones que ayuden a frenar y revertir el proceso de dispersión y migración poblacional de los estados de la región, impulsando el desarrollo local y el mejoramiento de los servicios básicos y de las condiciones de vida de la

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población. Así, entre otros, el Plan propone construir una red de centros de integración rural, cuyo objetivo será impulsar regiones o zonas con infraestructura y servicios básicos para ir concentrando en ellos a las comunidades dispersas, logrando una más eficiente organización territorial y una relación más equitativa de su entorno. Estos centros asumirían el rol de espacios de atracción de la población rural para contener los procesos de emigración y de dispersión poblacional, pues aunque son funcionales para las comunidades campesinas, no los son para los corredores urbano industriales y biológicos que conforman la globalización de Mesoamérica (PPP, 2001).

Esta política de agrupar a las poblaciones dispersas, es decir a las comunidades indígenas de las montañas, tiene un paralelismo histórico con el sistema de congregaciones de indios utilizado durante la Colonia para retener a los esclavos cerca de las zonas mineras del norte de México, sistema con el cual se logró controlar a las tribus nómadas chichimecas, feroces guerreros en la resistencia a la conquista española (Soriano, 1994: 52 ss.).

Dado que esta política de centros regionales de desarrollo para las poblaciones indígenas forma parte del proceso de ordenamiento territorial, se pude identificar fácilmente la estrategia: atraer las poblaciones de las montañas de alta biodiversidad, mismas que serán declaradas reservas de la biosfera o parte de corredores biológicos con programas de desarrollo sustentable que controlen el manejo de los bosques y selvas.

Emanuel Gómez Martínez, 2003, Chimalapas: Globalización y autonomía indígena en la Selva

Zoque, Tesis de Maestría en Desarrollo Rural, UAMX, México, p. 138.

3.6. Minería La minería es una actividad de exploración o explotación de yacimientos pétreos. Es una de las actividades más contaminantes de ríos, bosques y aire, pues se utilizan ácidos para aislar los minerales y poder utilizarlos, se devastan bosques y montañas enteras en búsqueda de minerales. En las regiones Norte (Solistahuacán, Pueblo Nuevo, Ixhuatán, Pantepec, Solosuchiapa) y ambos costados de la Sierra Madre de Chiapas (Pijijiapan, Mapastepec, Escuintla, Acacoyagua, Huixtla, Motozintla, La Concordia, El Porvenir, Chicomuselo, Ángel Albino Corzo, Villa Flores y Amatenango Del Valle) hay yacimientos minerales en proceso de explotación por empresas mineras transnacionales, en particular canadienses, que no informan a la población ni presentan estudios de impacto ambiental, por lo que las comunidades participan activamente en la organización de la REMA, Red Mexicana Antiminera (Castro, 2008; ver mapa siguiente).

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Una ley que puede ser útil en la defensa de los pueblos contra la minería es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que se han violado, entre los cuales están que se debe propiciar el desarrollo sustentable, garantizar el derecho a toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, así como la preservación y protección de la biodiversidad. Pese a que el Convenio 169 de la OIT, al ser un tratado internacional tiene una jerarquía mayor a leyes reglamentarias, la ley minera no reconoce los derechos de los pueblos indígenas al territorio, la consulta y el medio ambiente.

La Ley de Minas faculta al gobierno federal a entregar concesiones que permitan la extracción de minerales del subsuelo incluso a empresas transnacionales, sin que para ello sea necesario el consentimiento de las comunidades y pueblos indígenas que han vivido en esas tierras desde tiempo inmemorial. (IWGIA, 2006)

El problema no sólo lo identifican los pueblos y los defensores de derechos humanos, los mismos funcionarios señalan que “la posición del gobierno de Chiapas sobre la actividad minera es que deben limitarse las licitaciones federales, pues la contaminación que genera es mayor a la generación de empleos” (Mariscal, 2006). Y es que “entre 2002 y marzo de 2005 el gobierno federal otorgó 50 concesiones para exploración y otras tres para

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explotación minera en Chiapas, donde la actividad en esta rama industrial es incipiente, por un total de 357 mil 443.87 hectáreas” (Rojas, 2005a).

C22. México, primer lugar mundial en el índice de potencial minero, por Secretaría de Economía

Comunicado 031 /08. Ciudad de México. Miércoles 9 de abril de 2008 Se prevé en 2008 una inversión de 3 mil 500 millones de dólares en proyectos mineros. El

Secretario Eduardo Sojo clausuró la LXXI Asamblea de la Cámara Minera de México. El Reporte del Instituto Fraser 2007/2008, con sede en Canadá, ubica a México en el

primer lugar a nivel internacional en el Índice de Potencial Minero, dijo Eduardo Sojo, Secretario de Economía. Este reporte valora las condiciones administrativas y las políticas públicas a favor del sector minero en los principales países productores del mundo, precisó. Destacó que en su reporte de enero de este año la firma estadounidense Behre Dolbear, ubica a nuestro país en el tercer lugar mundial de preferencias para el destino de inversiones, por encima de Estados Unidos.

La industria minera nacional ofrece múltiples oportunidades de negocios para inversionistas de todo el mundo, así lo reflejan los 2 mil 156 millones de dólares captados por el sector en 2007, dijo el funcionario. Por ello, se prevé captar en 2008 flujos de inversiones por 3 mil 500 millones de dólares, 62 por ciento más que el año anterior. El Secretario Sojo participó en la clausura de la LXXI Asamblea General Ordinaria Anual de la Cámara Minera de México. En su mensaje destacó que México cuenta con 23 depósitos minerales gigantes, lo que lo ubica entre los 12 mayores productores a nivel mundial en por lo menos 18 minerales.

"Ocupamos ya el cuarto lugar en inversión en explotación a nivel internacional y el primer lugar en América Latina, arriba de países como Chile, Brasil y Perú", precisó. Sojo se comprometió con los industriales del ramo a impulsar la formación de profesionistas, acceso al financiamiento y mejora de normas ambientales que permitan, al final del sexenio, concretar proyectos productivos por al menos 20 mil millones de dólares.

En 2007 las exportaciones mineras ascendieron a 8 mil 752 millones de dólares, 647 millones de dólares más que en mismo lapso del año anterior. El empleo en el sector se incrementó 6 por ciento durante 2007, al emplear a 284 mil 284 personas. La Secretaría de Economía, a través de la Coordinación General de Minería, expidió 2 mil 424 concesiones mineras en 2007, que representan el 10 por ciento del total de las concesiones vigentes.

Al acto asistieron también Norberto Roque, Coordinador General de Minería de la SE, así como Xavier García de Quevedo y Sergio Almazán Esqueda, Presidente y Director General de la Cámara Minera de México, respectivamente.

Fuente: Dirección General de Comunicación Social. Secretaría de Economía, (SE). http://www.presidencia.gob.mx/prensa/se/?contenido=34822

3.7. Manejo de cuencas

En el mundo moderno, casi todos los países vienen reconociendo a las grandes cuencas hidrográficas como la delimitación territorial más apropiada para orientar los procesos de manejo, aprovechamiento, planeación y administración del agua y, en su sentido más amplio y general, como la delimitación territorial más idónea para llevar a cabo la gestión integral de los recursos hídricos. De acuerdo con la terminología de la FAO, el Manejo Integral de Cuencas, se define como: la formulación y aplicación en toda la cuenca hidrográfica, tanto en aguas abajo como

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aguas arriba, de un conjunto integrado de acciones en la búsqueda del desarrollo sostenible, minimizando los efectos ambientales negativos sobre el recurso hídrico que la población utiliza aguas abajo (IDESMAC, 2006). Las cuencas además de ser el espacio de los territorios donde se verifica el ciclo hidrológico, son espacios geográficos donde los grupos y comunidades comparten identidades, tradiciones y cultura y en donde socializan y trabajan los seres humanos en función de su disponibilidad de recursos renovables y no renovables. En las cuencas la naturaleza obliga a reconocer necesidades, problemas, situaciones y riesgos hídricos comunes, por lo que debería ser más fácil coincidir en el establecimiento de prioridades, objetivos y metas también comunes y en la práctica de principios básicos que permiten la supervivencia de las especies faunísticas, florísticas, así como sus respectivos ecosistemas, al igual que la corresponsabilidad entre los habitantes de estos territorios en el cuidado y preservación de los recursos naturales, entre los que se incluye el agua. Para definir el nombre de la cuenca, normalmente se considera la corriente principal. En Chiapas existen dos sistemas de cuencas hidrológicas: el Grijalva-Usumacinta, que resulta ser la cuenca más grande y húmeda de México, y el sistema de cuencas costeras. Además existe el sistema de humedales del Pacífico (IDESMAC, 2007). Cada cuenca tiene corrientes alimentadoras que se forman con las precipitaciones que caen sobre sus propios territorios de drenaje a las que se les llama cuencas secundarias o subcuencas. A su vez, cada subcuenca tiene sus propios sistemas hidrológicos que alimentan sus propios caudales. Estas son cuencas de tercer orden, aunque pueden seguir definiéndose territorios todavía más pequeños por los que escurre el agua sólo durante temporadas de lluvia y por períodos cortos de tiempo. El modelo agropecuario en Chiapas, se ha basado en basado en la construcción de infraestructura hidroagrícola como son presas, distritos de riego y de drenaje, el paradigma de la Revolución Verde desde la década de 1930 (Villagómez, 2006b), hoy denominados de temporal tecnificado. Con este paradigma se impulsó el embalse de ríos, la modificación de sus cauces, el desmonte de selvas y bosques de coníferas y neblina para ampliar la frontera agrícola y ganadera.

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C23. Impacto de la Revolución Verde en la Cuenca Grijalva-Usumacinta, por Alejandro Toledo

El impulso a la agricultura de plantaciones y las agroindustrias favoreció el establecimiento de unos cuantos cultivos: caña de azúcar, coco, plátano, cacao y algunos cítricos en las planicies; café, frutales y hortalizas, en las cuencas altas. Inmediatamente estos cultivos predominaron en las zonas altas y en las áreas de riego y los distritos de temporal tecnificado de la región. Sin embargo, varios factores operaron en contra de esta clase de agricultura: en el caso de las plantaciones de las tierras bajas, los métodos de riego por gravedad y la falta de mantenimiento de la infraestructura, significaron una baja eficiencia en la utilización del agua; las técnicas mecanizadas y de grandes requerimientos de agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) la hicieron energética y financieramente costosa; las aplicaciones inadecuadas de insumos (especialmente el abuso de plaguicidas), la falta de sistemas de control y la carencia de plantas de tratamiento de sus desechos la convirtieron en altamente peligrosa para los ecosistemas acuáticos; y, finalmente, su hipersensibilidad a las fluctuaciones del mercado, la volvieron extremadamente frágil y riesgosa en términos de los plazos requeridos para la recuperación de sus inversiones. Alejandro Toledo, 2003, Ríos, costas, mares. Hacia un análisis integrado de las regiones hidrológicas de México, México, Semarnat-INE / Colmich-Colmex, p. 36. El estado de Chiapas posee el 30 % de las reservas de agua potable. Se calcula que cada año llueven alrededor de 14,000 metros cúbicos de agua por persona, la cifra más alta de todo el país. La precipitación de la región es la mayor del país y una de las más altas del mundo (INE, 2004). IDESMAC, una de las organizaciones que más ha trabajado con el enfoque de manejo de cuencas en Chiapas, ha identificado 10 actividades que afectan los ecosistemas y recursos ambientales en las cuencas hidrográficas en Chiapas en el siguiente orden: Colonización, tala de bosques, quemas, agricultura, ganadería, urbanismo, industria, construcción de embalses o represas, minería y apertura de vías. Es destacable que el primer punto que identifica como causal del deterioro ambiental es la colonización, es decir el desmonte de bosques y selva, la ampliación de la frontera agrícola, la introducción de especies nuevas, en particular de ganado, la apertura de caminos y el desaprovechamiento de especies de flora y fauna locales que, al ser desconocidas por los colonizadores o pioneros, son destruidas. En la introducción de este documento señalábamos que la tarea histórica que tienen los pueblos indígenas es la descolonización del pensamiento, es decir, de aquellos esquemas mentales de subordinación heredados por la época de la esclavitud. En este apartado agregamos la importancia de descolonizar los territorios, es decir, de abandonar las prácticas de apertura de la frontera agrícola y ampliación de la mancha urbana en detrimento de bosques y selvas, y adaptar las prácticas sociales al territorio, mediante sistemas de manejo de la agrobiodiversidad. Los efectos de las actividades identificadas por IDESMAC en las cuencas, son diversos y focalizados, en su conjunto arrojan los siguientes problemas ambientales: Erosión de los suelos, desertización, cambio del ciclo hidrológico y régimen de caudales, contaminación

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del suelo, agua, aire, vegetales y animales por uso de agroquímicos, producción de basura, residuos orgánicos, sólidos y químicos, pérdida o migración de la fauna nativa, sedimentación, desbordamientos e inundaciones de ríos y quebradas, pérdidas de nutrientes y microorganismos del suelo, erosión acelerada de los suelos por malas prácticas de cultivos y por sobre pastoreo, compactación de los suelos, parque automotor, contaminación por el ruido del transporte automotor, sustancias químicas y minerales, desaparición o migración de la fauna nativa local, desaparición de especies vegetales, disminución de la pesca, sedimentación, salinización de las aguas, disminución de la pesca aguas abajo, muerte o migración de muchas especies (vegetal, animal), pérdida de suelos agropecuariamente aprovechables, aumento de nutrientes y homogenización de las especies acuáticas vegetales, desestabilización de taludes, deslizamientos, derrumbes, sedimentación de lechos de ríos y quebradas, ruptura del equilibrio ecológico y pérdida de biodiversidad. (Arreola, 2007). G2. Actividades en las cuencas y sus efectos en los recursos naturales ACTIVIDAD EFECTOS 1 Colonización Ruptura del equilibrio ecológico.

2 Tala de bosques

Erosión de los suelos, desertización, cambio del ciclo hidrológico y régimen de caudales, contaminación del agua, pérdida o migración de la fauna nativa, sedimentación, desbordamientos e inundaciones de ríos y quebradas.

3 Quemas Erosión de los suelos, pérdidas de nutrientes y microorganismos del suelo, contaminación del aire.

4 Agricultura Contaminación del suelo, agua, aire, vegetales y animales por uso de agroquímicos, erosión acelerada de los suelos por malas prácticas de cultivos.

5 Ganadería Erosión acelerada de los suelos por sobrepastoreo. Compactación de los suelos.

6 Urbanismo Contaminación del agua por residuos orgánicos y químicos, producción de basura y contaminación del aire por malos olores y el parque automotor, contaminación por el ruido del transporte automotor.

7 Industria Contaminación del aire y agua por sustancias químicas y minerales, desaparición o migración de la fauna nativa local, desaparición de especies vegetales, disminución de la pesca.

8 Construcción de embalses o represas

Sedimentación y colmatación, salinización de las aguas, disminución de la pesca aguas abajo, muerte o migración de muchas especies (vegetal, animal), pérdida de suelos agropecuariamente aprovechables, aumento de nutrientes y homogenización de las especies acuáticas vegetales.

9 Minería Contaminación del agua y suelo por el uso de sustancias químicas, erosión del suelo.

10 Apertura de vías Desestabilización de taludes, erosión de los suelos, deslizamientos, derrumbes, sedimentación de lechos de ríos y quebradas, ruptura equilibrio ecológico, pérdida de biodiversidad.

Fuente: Arturo V Arreola Muñoz, 2007, Las cuencas, la base para la sustentabilidad, Ponencia presentada en el Segundo Foro Agua y Energía, Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica A.C. (IDESMAC), San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Noviembre. http://www.foroaguayenergia.org/

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Puede definirse la gestión del agua por cuenca hidrográfica como el conjunto de actividades, funciones, organización, recursos, instrumentos de política y sistemas de participación, aplicados en un territorio de cuenca, que se relacionan cuando menos con los siguientes aspectos:

1. La medición de las variables del ciclo hidrológico y el conocimiento de sus características determinantes y sus consecuencias.

2. La explotación, uso, aprovechamiento, manejo y control del agua. 3. La prevención y mitigación de desastres naturales asociados a la presencia de

fenómenos hidrometereológicos. 4. La construcción, mantenimiento y operación de las obras hidráulicas y la

administración de los servicios asociados a ellas. 5. El mantenimiento, operación y administración de distritos y unidades de riego 6. El control de la calidad del agua y su saneamiento. 7. La conservación de las fuentes de agua y del medio acuático. 8. La determinación y satisfacción de las necesidades de agua de la población en

cantidad y calidad apropiadas y de las demandas derivadas de los procesos productivos y de servicios de la economía.

9. Las actividades del proceso de planeación hidráulica y su consistencia en el tiempo (corto, mediano y largo plazos) y en diferentes espacios geográficos (nacional, regional, estatal y de cuenca hidrológica).

10. La legislación y regulación de los usos y aprovechamientos del agua. 11. La administración de las aguas superficiales y subterráneas y sus bienes

inherentes. (Villagómez, et al, 2006a). La Comisión Nacional del Agua delimita el país por regiones hidrológicas, que se administran a través de Consejos de Cuencas. Chiapas forma parte de la región administrativa XI, Frontera Sur, y se divide en dos Consejos de Cuencas: Costa de Chiapas y Grijalva-Usumacinta. En la Costa de Chiapas se encuentran las cuencas que nacen en la Sierra Madre de Chiapas y desembocan en el Golfo de Tehuantepec, Océano Pacífico; y en el sistema de cuencas Grijalva-Usumacinta se encuentran las cuencas que nacen en las cordilleras Sierra Madre, Cuchumatanes (Guatemala), Cañadas de Ocosingo, Altos de Chiapas, y cruzan las zonas bajas hasta desembocar en los humedales de Tabasco, en el Golfo de México. (CNA, 2005) El desarrollo sostenible en manejo integral de cuencas puede orientar las acciones de desarrollo de la siguiente manera:

a) Un desarrollo económico, social, cultural que respete las limitaciones del ambiente natural, los valores del hombre y su familia, que sea permanente en el territorio y en el tiempo, en armonía con la naturaleza.

b) Una actividad económica diversificada, basada en un desarrollo agropecuario y forestal rentable, que sea menos contaminante y más endógeno en el aprovechamiento de los recursos humanos, naturales y paisajísticos.

c) Una arquitectura autóctona y paisajismo acorde con el bioclima y que aproveche las tecnologías más adecuadas.

d) Un alto grado de autogestión a través de la participación, organización, capacitación, educación y divulgación de logros, unido al apoyo decisivo de las

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instituciones públicas en la construcción de infraestructura y prestación de servicios básicos esenciales (IDESMAC, 2006).

3.8. Calentamiento global

El calentamiento global se explica por la emisión de Gases que provocan el Efecto Invernadero (GEI), la lluvia ácida, el debilitamiento de la capa de ozono y otros procesos que están asociados al aumento de las temperaturas y del nivel del mar, el incremento de las precipitaciones pluviales, de los incendios devastadores, del deshielo de los glaciares, el cambio estacional y otros indicadores de que el planeta se está calentando (Houghton, 2004). El planeta se encuentra en un cambio de época geológica, acelerado por la contaminación de partículas químicas liberadas al ambiente sin control alguno por automóviles, fábricas. La quema de combustibles fósiles, como gas y petróleo, han liberado al ambiente toneladas de compuestos químicos, en particular dióxido de carbono (CO2). Los incendios forestales también arrojan CO2 al ambiente, contribuyendo así, al calentamiento del planeta, y se manifiestan en un aumento de temperaturas por falta de árboles que brinden sombra y prevengan la pérdida de suelos. La contaminación ambiental, particularmente de aerosoles que contienen cloroflurocarbono (CFC), así como de CO2, azufre y metano, han provocado la reducción de la capa de ozono que protege al planeta de las radiaciones solares, por lo que en la actualidad hay una pérdida acelerada de glaciares en los polos del planeta y en las montañas con más de 4,500 metros sobre el nivel del mar (MSNM) como son los volcanes del centro de México. La pérdida de glaciares en los polos del planeta y icebergs cambia las temperaturas del mar, lo que aumenta la intensidad y número de huracanes, pues los huracanes se producen al chocar una onda tropical con un frente frío (CICC, 2006). Alrededor del cambio climático predominan explicaciones que llegan al extremo de anunciar el fin de la vida humana. Sin embargo, en la historia del ser humano en general, y en México en particular, se registran cambios climáticos y desastres naturales que no acabaron con la vida, aunque ciertamente sí alteraron la estructura de la población, provocando abandono de ciudades, emigraciones masivas, cambios en patrones tecnológicos y muchos procesos sociales más (García, 1996) Hace 12,000 años aproximadamente ocurrió una glaciación que permitió al hombre cruzar el estrecho de Behring, se expandió por el norte y sur del continente y con el tiempo descubrió la agricultura del maíz, la papa y la yuca, las principales plantas domesticadas. La presencia del ser humano en Chiapas ha sido calculada hasta en 7,000 años atrás, en las cuevas de la Sima de las Cotorras, en la selva de Cintalapa. (De Vos, 2001) Es probable que el colapso de las primeras culturas proto zoques y proto mayas en el periodo clásico de la época prehispánica alrededor de 700 dC se debió a causas internas o políticas y a causas externas, como una serie de fenómenos de cambio climático que transformaron el sistema social de la época.

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En la cultura maya quiché antigua, que conocemos por el Popol Vuh, libro escrito durante los primeros años de la colonización española recogiendo la tradición oral del origen del mundo, se explican los cambios en las eras históricas. El dios Huracán, el primer hombre, abrió cielos y mares para dar vida a los animales y después vendrían los primeros hombres, que primero fueron de madera, después de maíz y finalmente de carne y hueso.

C24. Aparece el hombre Huracán, Corazón del Cielo: Popol Vuh Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los bejucos y el nacimiento de la vida y la creación del hombre, se dispuso así en las tinieblas y en la noche por el Corazón del Cielo, que se llama Huracán. El primero se llama Caculhá Huracán. El segundo es Chipi Caculhá. El tercero es Raxa Caculhá. Y estos tres son el Corazón del Cielo. Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiché. Traducción del texto original, con introducción y notas de Adrián Recinos, Costa Rica, Educa, 9ª ed, 1978, p. 26. Chiapas es una región que emite Gases de Efecto Invernadero (GEI) cada temporada de sequía, por los incendios con fines agropecuarios, en muchas ocasiones extendidos como incendios forestales hasta que aparecen las primeras lluvias y los apagan. La generación de metano por ganadería extensiva es otra fuente que arroja GEI y el uso de plaguicidas y fertilizantes arroja más GEI. La producción bajo sistemas de monocultivo arroja otro GEI. Además de ser región expulsora de estos gases que son responsables del efecto invernadero que provoca el calentamiento del planeta, Chiapas es región receptora del impacto de tormentas tropicales, cada vez con un impacto directo mayor por la incapacidad de las erosionadas y deforestadas montañas de soportar la descarga de vientos y lluvias torrenciales. La deforestación y erosión facilita los derrumbes y deslaves en las cuencas altas, que aumenta las inundaciones en las ciudades y la destrucción de superficie de uso agropecuario. Las zonas de Chiapas más susceptibles a desastres ambientales son la Sierra Madre de Chiapas, Soconusco y Selvas del Norte de Chiapas, en las regiones zoque, tzeltal y tzotzil. Los huracanes de 2005 provocaron el desbordamiento de 82 ríos, lo que afectó a 32,000 familias con pérdidas totales por viviendas, cosechas, y propiedades (Salazar, 2005). En los territorios indígenas se arrojan GEI durante la temporada de incendios agrícolas y al aplicar agroquímicos. Por otro lado, en los territorios indígenas hay elevadas tasas de deforestación, ausencia de planes efectivos de desarrollo con enfoque de cuencas y poco conocimiento de técnicas de conservación de suelos, por lo que se contribuye al calentamiento global, aunque la huella ecológica es mínima comparada con la de las industrias y ciudades.

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Se requiere una iniciativa de ley que obligue a los particulares a orientar la producción y el consumo a la reducción de contaminantes físicos, químicos y biológicos, con especificaciones por ramo productivo. Como respuesta a la exigencia de organizaciones sociales y organismos internacionales, el gobierno federal ha implementado una Estrategia de Acción Climática que promueve la reconversión productiva, la sustitución de agroquímicos por agricultura orgánica, la introducción de sistemas de ganadería ecológica (agrosilvopastoril, estabulada, orgánica), el manejo sustentable de cuencas y otras modalidades propias del desarrollo sustentable. (CICC, 2006). La desvinculación entre los distintos niveles de gobierno, no permite una colaboración interinstitucional plena, sino que está sujeta a convocatorias de proyectos cortos (menos de 6 meses) con capacidades limitadas de replica o continuidad bajo el mismo programa, problema que también ocurre con las convocatorias de proyectos de cooperación internacional y agencias de la sociedad civil. El gobierno estatal y los municipales carecen de un programa de acción ante el calentamiento global, pero se promueven proyectos de manejo, aprovechamiento, conservación y restauración de recursos hídricos, forestales, agroalimentarios y de flora y fauna. Entre las alternativas técnicas se proponen las siguientes: Generar energía con fuerza humana, solar, eólica, maremotríz. Producir abonos orgánicos con residuos biológicos para aumentar la oferta de biofertilizantes. Promover la reforestación. Proteger las regiones indígenas contra desastres, preparase cada temporada de frío, calor, lluvias o sequías, a fenómenos ambientales extraordinarios.

3.9. Damnificados por desastres ambientales Son personas que viven en una comunidad, ejido, barrio, municipio o región que sufrió el impacto destructor de un fenómeno ambiental y perdieron sus propiedades en viviendas, tierras de cultivo y hasta la vida de familiares. Entre los fenómenos ambientales que provocan desastres humanos se encuentran lluvias torrenciales, huracanes o tormentas tropicales, erupciones volcánicas, temblores, terremotos, marejadas (marea verde, tsunami, maremoto), incendios forestales, derrumbes (deslaves, deslizamientos de tierra), sequías, inundaciones, aumento de temperaturas, heladas y vientos muy fuertes. El problema no son los fenómenos ambientales, estos son parte del funcionamiento de los ecosistemas naturales, es decir de los ciclos de la vida en el planeta y, en este sentido, son benéficos para diversos procesos ecológicos. El problema es cuando las personas, sus viviendas y poblados no están preparados para resistir el impacto de un fenómeno ambiental. Por ejemplo si hay viviendas asentadas en la orilla de los ríos se dice que son vulnerables por encontrarse en una zona de riesgos, y al momento en que lluvias

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extraordinarias provocan que se desborde el río, el riesgo se convierte en peligro. Si las familias que viven en zonas de riesgo desalojan la vivienda a tiempo y se ubican en un refugio, reducen el peligro, aún cuando las pérdidas materiales ocurran. En este sentido, se acepta que los desastres no son naturales, sino que son desastres humanos en los que el fenómeno ambiental no afecta por igual a todos, sino en particular a las personas que viven en zonas de riesgo y no toman medidas de prevención, están desorganizadas, incomunicadas o aisladas. Chiapas es uno de las regiones de México con mayor vulnerabilidad a desastres por todos los fenómenos ambientales mencionados. En la historia reciente de los desastres por fenómenos ambientales en Chiapas, destaca la erupción del volcán Chichonal, el impacto de tormentas tropicales en 1998 y 2005, y el derrumbe en Juan de Grijalva de 2007. En la siguiente tabla se pueden comparar el impacto de cada uno de estos desastres: G3. Historial de desastres ambientales en Chiapas

Fecha Fenómeno ambiental Región Impacto Fuentes

28/03/1982 Erupción del volcán Chichonal

Zoques, Norte de Chiapas

1170 muertos, 50,000 damnificados

Bitrán, 2001.

03/03/1990 Incendio forestal Selvas y bosques de Chiapas

Miles de hectáreas afectadas.

Bitrán, 2001.

13/08/1992 Tromba, vientos y lluvias muy fuertes.

Comitán, zona fronteriza 375 viviendas destruidas Bitrán,

2001.

08/09/1995 Tormenta tropical "Fénix"

Costas de Chiapas y Oaxaca

7 víctimas y 3,000 damnificados

Bitrán, 2001.

04/07/1996 Huracán Cristina Chiapas Decenas de damnificados Bitrán, 2001.

Abril y mayo de 2005

Incendios forestales

Selvas y bosques de Chiapas

Miles de hectáreas afectadas.

Toledo, 2000.

30/05/1998 Sequía Chiapas Varias lagunas secas Bitrán, 2001.

02/09/1998 Tormenta tropical Costa, Sierra Madre, Soconusco y Norte de Chiapas

229 muertos, 25,000 viviendas afectadas y daños por 602 millones de dólares.

Bitrán, 2001.

09/10/1999 Inundaciones Hidalgo y Chiapas Daños por más de 900 millones de pesos.

Bitrán, 2001.

04/10/2005 Tormenta tropical "Stan"

41 municipios de Chiapas

82 ríos desbordados, 73 muertos oficialmente reconocidos (en Tapachula se habla de cientos e incluso miles), 32,000 familias con pérdidas totales, 45,166 viviendas afectadas, más de 10,000 comunidades afectadas, 100,000

Salazar, 2005; García Arróliga, 2006.

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Fecha Fenómeno ambiental Región Impacto Fuentes

personas evacuadas, pérdidas por 15,000 millones de pesos.

02/06/2007 Tormenta tropical "Bárbara"

17 municipios de Costa y Sierra Madre de Chiapas

188 personas evacuadas, 10 toneladas de tierra removidas en ríos azolvados, costos de reparación por 260 millones de pesos.

Calderón, 2007; Cocoso, 2007.

01/10/2007 Frente frío 2 26 municipios de Chiapas 6 ríos desbordados Sabines,

2007.

30/10/2007 Frente frío 4 42 municipios de Chiapas

19 ríos desbordados, derrumbes, hundimientos, deslaves.

Sabines, 2007.

04/11/2007

Deslizamiento de tierra provoca ola de 60 metros (tsunami) en el río Grijalva.

Comunidad Juan del Grijalva, zona norte de Chiapas.

25 desaparecidos, 2,000 personas de 8 municipios evacuadas.

Sabines, 2007.

Elaboración propia con base en las fuentes citadas y en Emanuel Gómez Martínez 2007, Diagnóstico de los subsistemas económico, social y ecológico en Soconusco, Chiapas. Evaluación participativa para la detección de riesgos naturales en los municipios de Mapastepec, Acacoyagua, Escuintla, Villa Comaltitlán y Acapetahua, Chiapas. IDESMAC-Cocytech. Si bien los fenómenos ambientales son parte de los ciclos del planeta, las variaciones climáticas relacionadas con el calentamiento global o cambio climático, están modificando el régimen de lluvias y su intensidad. La Red latinoamericana para la reducción de desastres señala que es posible reducir los riesgos: identificando las condiciones de amenazas, riesgos y vulnerabilidad a las que se expone cada población y elaborando planes de desarrollo de manera participativa que incluyan la reducción de riesgos y condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de la población.

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C24. Los desastres no son naturales, por Adrian Lavell La existencia de riesgo, y sus características particulares, se explica por la presencia de determinados factores de riesgo. Estos se clasifican, en general, en factores de amenaza y factores de vulnerabilidad. Una “amenaza” refiere a la posibilidad de la ocurrencia de un evento físico que puede causar algún tipo de daño a la sociedad. La “vulnerabilidad” se refiere a una serie de características diferenciadas de la sociedad, o subconjuntos de la misma, que le predisponen a sufrir daños frente al impacto de un evento físico externo, y que dificultan su posterior recuperación. Es sinónimo de debilidad o fragilidad, y la antítesis de capacidad y fortaleza. La vulnerabilidad es en fin la propensión de una sociedad de sufrir daño o de ser dañada, y de encontrar dificultades en recuperarse posteriormente. (…) A pesar de los orígenes diversos de los fenómenos físicos que se clasifican como amenazas, es importante destacar que toda amenaza es construida socialmente. O sea, la transformación de un potencial evento físico en una amenaza solamente es posible si un componente de la sociedad está sujeto a posibles daños o pérdidas. De lo contrario, un potencial evento físico, por grande que sea, no se constituye en una “amenaza” propiamente dicha, aunque con la introducción de distintas dinámicas sociales puede evolucionar para constituir una amenaza en el futuro (Lavell, 1996). La vulnerabilidad de la sociedad puede manifestarse a través de distintos componentes o elementos, cada uno resultado de un proceso social particular. Algunas de las manifestaciones o dimensiones prevalecientes de la vulnerabilidad se encuentran en la ubicación de población, producción e infraestructura en áreas de potencial impacto; la inseguridad estructural de las edificaciones; la falta de recursos económicos, de autonomía y de capacidad de decisión de la población, las familias, las comunidades o las unidades de producción, que les permiten hacer frente a contextos de amenaza o de recuperarse después del impacto de un evento físico determinado; la falta de una sociedad organizada y solidaria; la existencia de ideologías fatalistas y la ausencia de educación ambiental adecuada; la ausencia de instituciones o organizaciones que velen por la seguridad ciudadana y que promuevan la reducción y control de riesgo. Todas estas expresiones de la vulnerabilidad y otras, se interrelacionan para producir una serie ilimitada de matrices de vulnerabilidad y riesgo global, escenarios diferenciados en el tiempo, en el espacio y con referencia a grupos, sectores o estratos sociales distintos. (…) El enfoque de la Gestión de Riesgo se refiere a un proceso social complejo a través del cual se pretende lograr una reducción de los niveles de riesgo existentes en la sociedad y fomentar procesos de construcción de nuevas oportunidades de producción y asentamiento en el territorio en condiciones de seguridad y sostenibilidad aceptables. El aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente, en general, debe desarrollarse en condiciones de seguridad dentro de los límites posibles y aceptables para la sociedad en consideración. En consecuencia, significa un proceso de control sobre la construcción o persistencia de amenazas y vulnerabilidad. Adrian Lavell, Sobre la Gestión del Riesgo: Apuntes hacía una Definición, Red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina, http://www.desenredando.org/ La reubicación de poblaciones ubicadas en zonas de riesgo, no es la mejor opción, pues ocurre que la población reubicada pierde sus tierras agrícolas o gasta más en transportarse a las tierras agrícolas, pierde el vínculo social con el ejido o comunidad y en muchas ocasiones se regresa al lugar de donde fue reubicada, se pierde un vínculo histórico con la tierra y el territorio. Es preferible explorar otras opciones para reducir la vulnerabilidad y los riesgos en el territorio y pasar de un estado de desastre a un estado en transición a la

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sustentabilidad. La reubicación reduce el riesgo temporalmente pero no reduce la vulnerabilidad, por lo que el desastre continúa su ciclo y si ocurre el caso de nuevos pobladores en la misma zona, se reinventa el riesgo. La población indígena es la más vulnerable por las condiciones de pobreza en que se encuentra, porque la información ambiental no se traduce a sus lenguas, porque en muchos casos habita lugares sin vías de comunicación seguras, sin luz y sin servicios. Los conocimientos que se han acumulado en los pueblos originarios, acerca del manejo de recursos ambientales representan una oportunidad para construir procesos de desarrollo sustentable apropiados a cada población, por lo que un proyecto alternativo que incluya medidas de reducción de la vulnerabilidad, tendría que partir de un reconocimiento de los sistemas tradicionales de manejo, aprovechamiento, uso, disfrute y control de los recursos ambientales en los territorios indígenas. La Ley de Protección Civil regula la acción del Estado en materia de desastres, corresponde a una visión de atención a las víctimas, sin incluir medidas de reducción de la vulnerabilidad. No incluye la diferenciación de género ni la obligatoriedad de tomar en cuenta la organización tradicional de los pueblos indígenas, pues se identifica a la población como un sujeto pasivo a proteger y salvaguardar de los desastres, a los que se identifica como amenazas naturales. Se requiere que las medidas de protección civil sean participativas, incluyentes, con enfoque de género, cultura local, y que orienten las políticas de desarrollo y construcción de infraestructura, mancha urbana y aprovechamiento de recursos ambientales, para que cada actividad humana se oriente a reducir la vulnerabilidad y, con estas medidas, reducir los riesgos. También se requiere que estas medidas y programas para reducir la vulnerabilidad estén al alcance de la población indígena, esto es, traducido a las lenguas nativas y transmitido de preferencia de manera oral. La dirección de Protección Civil se encuentra adscrita al poder ejecutivo de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. En cada municipio hay una Coordinación de Protección Civil cuyo nombramiento depende del presidente municipal, por lo que no hay autonomía ni participación ciudadana en su nombramiento. En algunos casos, se nombra a personas reconocidas por su trabajo voluntario durante las emergencias. La coordinación municipal de Protección Civil se coordina con una red de promotores comunitarios, generalmente integrada por los agentes municipales. Los programas de gobierno no tienen por norma la perspectiva de reducción de la vulnerabilidad, por lo que en los hechos, las propuestas de Protección Civil se reducen a un papel de actor emergente durante los desastres. La excepción son los programas del sector ambiental, pero los sectores industrial, empresarial, agrícola, pecuario y particularmente el de la construcción, no incluyen la reducción de la vulnerabilidad y el manejo de riesgos entre sus objetivos, por lo que las medidas que hace el sector ambiental responden a una visión conservacionista, no a una práctica participativa.

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Es necesario que las actividades humanas de uso y aprovechamiento de recursos ambientales incluyan un estudio de impacto ambiental participativo que derive en un plan de manejo de riesgos que permita reducir la vulnerabilidad, prever las amenazas y sortear los peligros. Los recursos ambientales que requieren mayor atención son el suelo, el agua, los ecosistemas frágiles como bosques, selvas y costas, los accidentes geográficos como las montañas y los cuerpos de agua como son ríos, lagunas, humedales y mares. La agenda ambiental para evitar damnificados ambientales, pasa por programas y proyectos de conservación de suelos con técnicas de agricultura orgánica, control de la erosión mediante presas de tierra en las grietas o cárcavas, monitoreo de contaminación de ríos y planes para reducir los agentes bioquímicos, reforestación de partes altas de montañas y bordes de ríos, prevención de incendios forestales mediante prácticas agrícolas de labranza mínima y roza-tumba y no quema y otras alternativas agrupadas en las ciencias agroecológicas. Las organizaciones indígenas más afectadas por el impacto del huracán Stan en 2005, empiezan a incluir la perspectiva de reducción de la vulnerabilidad. En algunas organizaciones, comunidades y ejidos, se regula el uso del fuego, se prohíbe el uso de agroquímicos, se declaran reservas ecológicas comunitarias o ejidales y se participa en las brigadas de atención emergente a la población damnificada por fenómenos ambientales.

3.10. Servicios ambientales hidrológicos Las Reglas de Operación para el otorgamiento de pagos del Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos (SAH), a cargo de la Conafor arroja dos definiciones del concepto: "Servicios Ambientales: Los servicios que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por medio del manejo sustentable de los recursos forestales, tales como: la provisión del agua en calidad y cantidad; la captura de carbono, de contaminantes y componentes naturales; la generación de oxígeno; el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la protección y recuperación de suelos; el paisaje y la recreación, entre otros, y Servicios Ambientales Hidrológicos: Los servicios que brindan los bosques y selvas y que inciden directamente en el mantenimiento de la capacidad de recarga de los mantos acuíferos, el mantenimiento de la calidad de agua, la reducción de la carga de sedimentos cuenca abajo, la reducción de las corrientes durante los eventos extremos de precipitación, la conservación de manantiales, el mayor volumen de agua superficial disponible en época de secas y reducción del riesgo de inundaciones" (DOF 2003a, Art. 2.). En el primer Estudio de País, la Comisión Nacional para la Biodiversidad (Conabio) observa que los recursos biológicos son estratégicos pero no están plenamente reconocidos por los valores que ofrecen, por lo que en los hechos no se valoran en el Sistema de Cuentas Nacionales: "los servicios ambientales de los ecosistemas y la conservación de la

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biodiversidad son generalmente desatendidos por las políticas de subsidios, o por la rentabilidad comercial, que favorecen la apertura de tierras para actividades agropecuarias, el crecimiento urbano desordenado, la concentración industrial excesiva y la sobreexplotación de los recursos biológicos. En similar situación se encuentran otros recursos naturales comunes, como el agua o el aire limpios, que, por no tener valores económicos asociados, son explotados por unos en perjuicio de otros, promoviendo la privatización a favor de empresas vinculadas a corporaciones transnacionales en lugar del servicio para el bien común de los pueblos. A estos problemas se añaden las presiones del comercio internacional, legal e ilegal, de especies en riesgo y de sustancias químicas y residuos peligrosos. Por lo anterior, la valoración económica se ha visto como un instrumento que permite poner en evidencia los diferentes usos de los recursos biológicos y la biodiversidad" (Conabio, 1998, pp. 212-213). El Instituto Nacional de Ecología (INE) identifica servicios ambientales proporcionados por el flujo hidrológico en las cuencas: usos directos (agricultura, industria, agua potable, etc.), dilución de contaminantes, generación de electricidad, regulación de flujos y control de inundaciones, transporte de sedimentos, recarga de acuíferos, dispersión de semillas y larvas de la biota; continuidad de los ciclos bioquímicos: almacenamiento y liberación de sedimentos, almacenaje y reciclaje de nutrientes, almacenamiento y reciclaje de materia orgánica, detoxificación y absorción de contaminantes; continuidad de de la producción biológica: creación y mantenimiento de hábitat, mantenimiento de la vida silvestre, fertilización y formación de suelos y de la descomposición: procesamiento de la materia orgánica, procesamiento de desechos humanos (INE, 2005). El planteamiento teórico de los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) en términos de manejo de cuencas hidrográficas, es muy básico, parte de la ley de la gravedad, es decir, el deterioro en las cuencas altas afecta las cuencas bajas. La obviedad del planteamiento no se traduce en automático en una política de colaboración entre pobladores de las cuencas altas, medias y bajas, pues esto es un problema social con variantes históricas en cada microrregión. El principal obstáculo para la concertación entre los poblados de las cuencas altas, medias y bajas, es la discriminación de la población urbana contra la población rural: por lo general las ciudades se asientan en los valles y la marginalidad se define por el aislamiento e incomunicación, predominante en las partes altas de las montañas. Si a través del PSA se valora la vida en las montañas como estratégica para el desarrollo en los valles y costas, se daría un paso hacia la justicia social. En el caso de Chiapas, el estado más pobre de México, tendría que ser recompensado por proporcionar agua, energía hidroeléctrica, biodiversidad, petróleo, minerales, alimentos básicos, espacios para la recreación, raíces culturales, etc. En la realidad, Tabasco, que se encuentra en la cuenca baja del sistema Grijalva-Usumacinta, tiene uno de los Índices de Desarrollo Humano más altos de México y depende de los recursos hídricos que nacen en Chiapas, que a su vez depende de Guatemala, por lo que también tendría que haber una retribución hacia el país vecino por mantener en buen estado los ecosistemas de montaña. Los territorios indígenas coinciden con las zonas de montaña en algunos municipios de Los Altos, Norte y Sierra Madre de Chiapas, por lo que podrían verse beneficiados de un

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Sistema de PSA, pero la cobertura del programa es muy limitada y no coincide con los territorios indígenas, por lo que este esquema no afecta los territorios indígenas ni positiva ni negativamente, salvo en el caso de los mam, pueblo indígena que se encuentra en la Sierra Madre, en algunas comunidades de las reservas El Triunfo y Tacaná. En realidad resultan ser muy ambiciosos los resultados esperados de este programa si tomamos en cuenta su presupuesto y área de intervención. En el caso de Chiapas, únicamente se consideran 2,662 hectáreas de 12 municipios ubicadas en la parte alta de tres reservas ecológicas (Boca del Cerro, El Triunfo y Tacaná), y se dispone de un pago anual de $300 a $400 por productor que destine al menos el 80% de cada hectárea de su propiedad a la conservación, comprometiéndose a no cortar árboles ni cambiar el uso de suelo y a facilitar el monitoreo de la Conafor en el predio, lo que resulta excesivo e insuficiente para conservar las cuencas altas en buen estado, en evidencia con el impacto del huracán Stan en Chiapas en 2005, que provocó derrumbes en las cuencas altas de las reservas El Triunfo y Tacaná, entre otras regiones, provocaron avalanchas de lodo e inundaciones en las cuencas medias y bajas con un saldo devastador En caso de que se ampliara la cobertura del programa de PSA hacia regiones con mayor presencia de población indígena, la concertación podría iniciarse por núcleo agrario y los compromisos posteriores podrían convenirse por propietario y en los territorios de propiedad colectiva por acuerdos de asambleas. Sería importante incluir el principio de concertación entre poblaciones, de tal manera que las ciudades asentadas en las cuencas medias o bajas, pagaran a las poblaciones de las cuencas altas para que mantengan en buen estado de conservación los bosques, selvas, suelos y aguas de las partes altas, y reducir, de esa manera, los riesgos por derrumbes en las partes altas y su transformación en inundaciones en las partes bajas, o el acceso a los recursos hídricos. C25. Servicios ambientales y cesión de derechos territoriales, por Víctor Toledo Llancaqueo La venta de servicios ambientales es presentada por las corporaciones conservacionistas como una oportunidad en la que comunidades locales reciben compensación por proteger los ecosistemas y dar acceso a la biodiversidad. En la práctica es una forma de venta del derecho de uso del territorio, garantizando exclusivamente el derecho de las corporaciones. Las funciones de la naturaleza, como son la generación de agua, oxígeno y biodiversidad, son consideradas como bienes y servicios ambientales. Las comunidades y los campesinos que venden sus recursos como servicios ambientales pierden el control sobre los mismos. Se pasa de un enfoque de derechos territoriales, a un mercado de servicios transables que genera utilidades Víctor Toledo Llancaqueo, 2007, “El nuevo régmin internacional de derechos de propiedad intelectual y los derechos de los pueblos indígenas”, en Luciano Concheiro Bórquez y Francisco López Bárcenas (coords.), Biodiversidad y conocimiento tradicional en la sociedad rural. Entre el bien común y la propiedad privada, México, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), Cámara de Diputados, LX Legislatura, p. 150.

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En los procesos de planeación municipal o distrital, los poblados de las partes altas podrían exigir a los de de las partes medias y bajas el PSA en compensación por actividades de conservación de bosques y selvas. En otro sentido, los poblados de las partes bajas podrían demandar a los de las partes altas que conserven en buen estado los bosques y selvas, por lo que estamos ante un potencial de conflictos que debe ser evitado. Sin embargo, al estar supeditado este tipo de pagos a la Conafor, se limita a actividades de manejo forestal, no de acceso pleno a recursos hídricos. Entre las alternativas podemos mencionar la asociación entre pueblos por microcuenca y colaboración voluntaria de las poblaciones de las partes bajas con los de las partes altas para mantener en buen estado la cuenca desde la parte alta hasta la parte baja. Asociación entre pueblos ubicados en la zonificación del Programa de PSA, para gestionar conjuntamente y canalizar el recurso obtenido a proyectos de beneficio común.

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IV. Acceso a servicios básicos Este capítulo aborda los derechos sociales de los pueblos indígenas como parte de los servicios que proporciona el Estado. Si bien no son todos los derechos sociales, se presentan los que han sido reivindicados por redes de organizaciones y que son parte de proyectos comunitarios, en particular educación, salud desde un amplio abordaje, acceso al agua limpia y a un ambiente sano. El primer tema, educación intercultural, retoma el planteamiento acordado en el diálogo de San Andrés y se apoya en la experiencia de educación comunitaria de Guaquitepec, Chilón, un proceso educativo autonómico singular en Chiapas y similar a los procesos de educación comunitaria de los pueblos mixes (ayuujk) de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. El segundo tema, describe el derecho de acceso de los pueblos indígenas al sistema de salud y expone las ausencias y graves violaciones por omisión y deficientes servicios en las comunidades. El tercer tema, muestra indicadores del estado de desnutrición infantil que complementan el cuadro de mortandad materna expuesto en el anterior tema, y que permiten evaluar la vulnerabilidad de la población. El cuarto tema, medicina tradicional, es una aproximación a las alternativas curativas que recogen la rica tradición de la medicina maya, en conflicto con la visión eurocentrista predominante en el sistema de salud. El quinto tema, aborda las enfermedades infecciosas, en particular la Tuberculosis Pulmonar, como uno de los indicadores del grave déficit de atención, la ausencia de medidas sanitarias y de prevención en las comunidades. El sexto tema nos adentra en la exigibilidad del derecho a la salud, se apoya en los indicadores anteriores y resume los principios para la justiciabilidad de este derecho. A partir de este tema, se contribuye al debate de la salud colectiva con temas que sólo pueden ser abordados desde esta perspectiva. El séptimo tema, referente al derecho al agua limpia, nos lleva a un derecho eminentemente colectivo y que nos acerca a uno de los problemas de salud ambiental más graves del Sureste de México, donde el problema no es la escasez, sino el acceso al agua limpia. El octavo tema, describe los problemas de contaminación en ríos, bosques y suelos, y nos acerca al noveno y último tema, referente a los riesgos a la salud ambiental por la exposición a agroquímicos.

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4.1. Educación intercultural La Coordinación General de Educación Indígena y Bilingüe (CGEIyB) de la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Civil Innovación Educativa (INED) en Chiapas, proponen las siguientes definiciones para la Educación Indígena e Intercultural: Educación indígena: propuesta por los propios pueblos originarios y sus comunidades, se reconoce la diversidad cultural: identidad, cosmovisión, lengua, formas organizativas, historia y territorio. Implica una educación para el desarrollo autónomo al proponer la construcción de una mirada propia del desarrollo, buscando una forma de vida que promueva una vida feliz, o vida buena traducida lekil kuxlejal en tzeltal y tzotzil, en justicia y equidad, en paz y armonía entre los seres humanos y con la Madre Naturaleza. Educación Intercultural y Bilingüe: La que busca la complementariedad entre los saberes y conocimientos locales, regionales y nacionales; la articulación de l lengua, cultura y etnicidad; el diálogo cultural reflexivo; la construcción de significados a partir de necesidades de aprendizaje, y la vinculación escuela-comunidad. Aquella Educación que logra que los alumnos sean capaces de entender el conocimiento universal a partir de su propio contexto, interesarlos en el estudio y la investigación a partir del entorno; contribuir a la preservación de la cultura y la lengua indígena; propiciar el desarrollo de la lengua indígena mediante su uso escolar y facilitar la adquisición de la segunda lengua (español) para lograr un bilingüismo coordinado mediante la oralidad y la escritura.” (CGEIB-INED 2008) Un modelo de educación más cercano a la interculturalidad, reforzaría “valores como la justicia, la cooperación, el respeto, la riqueza compartida, la solidaridad, en contraposición a las actitudes discriminatorias, intolerantes, paternalistas, insolidarias, racistas, eurocentristas y xenófobas” (Núñez de Arenas, s/f,). Es decir que la educación intercultural es un posicionamiento ante el mundo, en una actitud de cordialidad más que de competencia. Desde esta perspectiva, la sociedad tiene vigencia como espacio cultural propio, inmediato, y no como una sociedad nacional a la que se aspira llegar cuando se adquiera la ciudadanía. Para elaborar estrategias de intervención en el sector educativo y en la sociedad civil que permitan un programa de educación intercultural, se recomienda propiciar la confluencia de las siguientes condiciones básicas: Identificar el sujeto de la educación intercultural; establecer la meta de la educación; determinar los procesos y recursos a través de los cuales se logra esta meta; proyectar tales proceso en un marco circular y de programas específicos adecuados (Vázquez Gómez, 1994). Partiendo de la premisa intercultural, es necesario que el sistema escolar reconozca la cultura de los niños y niñas, para lo que el maestro o maestra debe tener una relación muy cercana y de respeto a la comunidad, reconociendo que la escuela no es el único espacio donde se “deposita” el saber, aceptando que la cultura no se limita al conocimiento escolarizado, sino que se encuentra en la vida de los pueblos, su organización para las

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fiestas, la historia que se transmite de manera oral, la relación con el medio ambiente a partir del trabajo. Para los niños y niñas, su primer acercamiento con la cultura no es en la escuela, sino al nacer y cobrar conciencia de sí mismo como un ser vivo que forma parte de una familia, que a su vez reproduce los valores culturales transmitidos generacionalmente. En algunas ocasiones los contenidos escolares son más cercanos a la vida de las grandes ciudades que a las comunidades. Los libros de texto son un material complementario de la formación académica de los niños y niñas, pero no encierran, en absoluto, todo el bagaje cultural que adquiere el ser humano desde la infancia. La relación de la escuela con la comunidad es un eje que debe fomentarse en teoría y en la práctica, en horas clase y en momentos en que la escuela participa en la vida pública de la comunidad. En el sistema escolar de México, esta relación se ha limitado a la celebración de fiestas patrióticas en las que, además, los maestros invierten gran parte del ciclo escolar para ensayar representaciones de la historia patria. El resultado es que los niños son “integrados” a la nación sin que esto signifique un conocimiento de los hechos históricos locales o regionales, acaso se memorizan pasajes anecdóticos de los personajes históricos, a quienes no se les reconoce como seres humanos, sino como “héroes” extraordinarios. Pese a la gran diversidad cultural y ecológica, Chiapas es “el estado con mayor marginación en el año 2000: “23% de su población de 15 ó más años de edad es analfabeta y 50% no terminó la primaria” (Conapo, 2000b). La educación ambiental no necesariamente se limita a la educación escolarizada, y de hecho, las organizaciones sociales recurren más a la educación popular para dar a conocer la información referente al deterioro ambiental y las alternativas prácticas. Entre los compromisos no cumplidos por el Estado mexicano se encuentra “elevar a rango constitucional el derecho de todos los mexicanos a una educación pluricultural que reconozca, difunda y promueva la historia, costumbres, tradiciones y, en general, la cultura de los pueblos indígenas, raíz de nuestra identidad nacional. (...) El Estado debe asegurar a los indígenas una educación que respete y aproveche sus saberes tradicionales y formas de organización. Con procesos de educación integral en las comunidades que les amplíen su acceso a la cultura, la ciencia y la tecnología; educación profesional que mejore sus perspectivas de desarrollo; capacitación y asistencia técnica que mejore los procesos productivos y calidad de sus bienes; y capacitación para la organización que eleva la capacidad de gestión de las comunidades. El Estado deberá respetar el quehacer educativo de los pueblos indígenas dentro de su propio espacio cultural. La educación que imparta el Estado debe ser intercultural. Se impulsará la integración de redes educativas regionales que ofrezcan a las comunidades la posibilidad de acceder a los distintos niveles de educación" (Acuerdos de San Andrés. Propuestas conjuntas). Es importante reconocer en la Constitución que la educación que imparta el Estado debe ser intercultural, como medida básica para superar prejuicios y discriminación hacia la

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población indígena y enriquecer las capacidades de todos los mexicanos al tener acceso a los conocimientos científicos, pero también a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. C26. Recuperar la raíz cultural, por Francisco Álvarez, Snaj’Tzi Bajom. A partir de la conquista llegaron una serie de costumbres como el machismo, que aún cuando ya existía en la época prehispánica, se hizo más severo. La destrucción de las culturas mesoamericanas por la conquista europea afectó muchos valores, espiritualidad, rituales del agua. Algunas tradiciones agrícolas se perdieron y siguen perdiéndose por las actuales políticas económicas, lo que afecta la capacidad de los pueblos para erradicar el hambre. Nuestra organización pone énfasis en valorar las tradiciones mesoamericanas, a través de la radio, el teatro y la promoción de las lenguas nativas.

Tomado de Foro Chiapas, 2008b, Reunión de las organizaciones de la sociedad civil con Fund for Global Human Rights. Minuta de trabajo. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 20 de mayo de 2008.

El Sistema de Educación Pública incluye una red de escuelas públicas desde la década de 1930. En la mayoría de las comunidades indígenas la oferta educativa se limita a la educación básica, por lo que si los jóvenes en edad de educación media superior o superior pretenden continuar sus estudios se ven orillados a abandonar su comunidad de origen. La educación que imparte el estado no refleja la pluriculturalidad de México, acaso se menciona a los pueblos indígenas en los libros de texto gratuitos de historia antigua o contemporánea, o se distribuyen libros de la lengua materna predominante en la región. Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas no son incorporados en los programas de estudio, lo que representa una pérdida cultural. Una educación intercultural partiría de los conocimientos tradicionales en materia de medicina, matemáticas, economía, manejo de recursos agroambientales, geografía, historia, etc., lo que sería enriquecedor para toda la población mexicana, no sólo para los pueblos indígenas. En Chiapas existe un programa de alfabetización bilingüe. De ser reconocidas las lenguas originarias en las leyes, instituciones y prácticas sociales, se cotizaría más en el mercado laboral una persona que habla una lengua distinta al castellano, así sea de origen europeo o mesoamericano. Cada organización tiene sus propias estrategias para resolver el problema de la educación y evitar la profundización de la crisis económica en que se encuentran las familias indígenas. Para poner en práctica los derechos de los niños, es muy importante trabajar con organizaciones sociales que tienen iniciativas de educación alternativa y complementaria a la educación escolarizada, como está ocurriendo en las experiencias de educación autónoma dirigidos por organizaciones como Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC) en Chilón, Tas Pol Beh entre los desplazados de Polhó, la Unión de Maestros de la Nueva Educación para México (UNEM), el Fondo León Portilla, Las Abejas de Acteal, Chenalhó, que publicaron una Guía para Desarrollar las tarjetas de autoaprendizaje (CGEIB, 2004)

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La aspiración de los proyectos de educación intercultural para los niños indígenas es sentar las bases para el reconocimiento pleno de los derechos sociales y colectivos de los pueblos empezando por la escuela, que desde esta perspectiva...

...Debe de generar el respeto, la valoración y la participación de todos los alumnos en términos de igualdad. Para ello, los programas de formación de los maestros deben de cambiar y contemplar la adquisición de competencias y habilidades tanto a nivel cognitivo como actitudinal, se debe de fomentar en los maestros la creatividad para que él mismo diseñe estrategias y conjugue sus experiencias para responder de manera pertinente a la diversidad cultural. Por lo tanto, el enfoque cientificista debe de ser sustituido por un enfoque más flexible que cambie actitudes del maestro y lo sensibilice hacia la diversidad que observe en su aula. (...Otro enfoque es) la educación multicultural como la concientización de los estudiantes de los grupos minoritarios sobre sus orígenes, el conocimiento de su comunidad, de sus padres, de su nivel socioeconómico para que sean capaces de ejecutar acciones sociales que se basen en la comprensión crítica de la realidad. Este enfoque se basa en la teoría del conflicto y la teoría de la resistencia, lo que significa que los grupos minoritarios no se integran de manera pasiva a la sociedad dominante sino que luchan y se oponen a ella (...) Considero que la escuela además de transmitir conocimientos puede reafirmar la identidad cultural de los niños a través de su contacto con niños de otras culturas en un ambiente de respeto e igualdad lo que es precisamente, construir la interculturalidad (Millán Dena, s/f).

Los pueblos indígenas y las organizaciones que les acompañan en procesos de educación comunitaria se basan en la formación de promotores de educación, la organización de escuelas campesinas, la participación en redes de intercambio de experiencias, encuentros campesinos o de maestros rurales.

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C27. El método de comunidades de indagación para la definición de conceptos en educación,

intercultural, por Pedro González

La propuesta metodológica de Comunidad de Indagación (Lippman y Sharp 1997; Echeverría

2006) se practica en diversas clases del Bachillerato técnico “Bartolomé de las Casas”, situado en

la comunidad tzeltal de Guaquitepec del Municipio de Chilón en los Altos de Chiapas. a partir de

presentar lecturas y ejemplos de prácticas relacionadas con la agroecología, seguridad alimentaria

y sustentabilidad, que son discutidas participativamente, a partir de la construcción de “preguntas

de carácter filosófico”, por la iniciativa de los propios estudiantes, provenientes de familias

campesinas de la región. Estos cuestionamientos resultan de un consenso del grupo en tanto que:

“sean de interés para todos; cuando sus respuestas puedan significar un cambio en nuestra forma de

pensar y actuar; cuando nos motivan a imaginar, reflexionar, discutir y hacer nuevas

preguntas.”(Echeverría 2006).

Así, compartimos elementos culturales de nuestra diversidad y se llega a tomar decisiones que

permitan una “apropiación” del concepto, conocimiento o práctica, en el sentido que proponía el

maestro Guillermo Bonfil Batalla: cuando coincide el interés de nuestra propia iniciativa y

concuerda con elementos culturales propios o ajenos:

Elementos culturales

Propios Ajenos

Toma de Propia a. Autonomía b. Apropiación

Decisión Ajena c. Enajenación d. Imposición

Pedro González Flores, 2008a, Manual para Seguridad Alimentaria, Chiapas, México, Patronato

Pro Educación Mexicano AC.

4.2. Sistema de Salud

En Chiapas se encuentran los índices de mortalidad más altos del país. Entre las 10 causas principales de enfermedad en el estado se mencionan las respiratorias, con un 59% y las intestinales causadas por la falta de agua potable y drenaje que representan un 31% (INEGI, 2000). La lista de enfermedades curables presentes en Chiapas incluye: infecciones respiratorias, neumonía, enteritis, parasitosis, amibiasis, paludismo (malaria), salmonelosis, escabiosis, dengue, tuberculosis pulmonar, oncocercosis, tracoma, tifo, cólera y sarampión. Es poco el personal médico que trabaja en instituciones públicas de salud, lo que ubica a Chiapas en el último lugar, con 88 médicos por cada 100,000 personas que requieren el servicio, si bien este dato es de 2002 y en el 2003 aumentó significativamente a 94 médicos

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por cada 100,000 habitantes; caso contrario para el personal especializado en odontología y enfermería, que se mantuvo constante durante el mismo periodo, con tan sólo 7 odontólogos y 118 enfermeras para la misma población (INEGI, 2005c). Según una investigación del CIESAS: "La situación de la Región de Los Altos es una de las más dramáticas, con un porcentaje de 71% de hombres y mujeres en edad adulta que mueren sin atención médica institucional o privada" (Feyermuth, 2005) C28. Procurar la salud en situaciones de conflicto Pedro Hernández, Capacitación, Medio Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud (CAMADDS). Nuestra organización tiene más de 20 años en la promoción de derechos, en particular derecho a la salud. Existen programas de salud como Progresa, Procampo, Seguro Popular y Seguro Universal, pero estos programas no atienden los problemas de salud, son clientelares, son para amortiguar la vida de los pobres mientras se mueren. Nosotros tenemos una clínica donde se da atención, formación y capacitación a los recursos humanos. Desde 1994 con el conflicto armado, se han creado clínicas para dar atención pero carecen de medicamentos, médicos, materiales de curación, entonces la población se enferma más o emigran a las ciudades para atender sus problemas de salud. Chiapas ocupa uno de los primeros lugares en muerte materna, cáncer en mujeres. No hay calidad ni calidez en los sistemas de salud. Las estadísticas en salud hacen ver que en México se abate la tuberculosis, pero en la realidad de los pueblos no es así. Para su defensa, los pueblos se están organizando para defender sus derechos y para resolver sus problemas de salud. En las comunidades hay problemas de migración, de violencia de género, de conflictos religiosos, de pobreza. Nuestra estrategia es tratar de tejer de nuevo el tejido social como sujetos de derecho. No es prioridad para los gobiernos atender los problemas de salud. Otras enfermedades cada vez más frecuentes son la obesidad y la desnutrición.

Tomado de Foro Chiapas, 2008b, Reunión de las organizaciones de la sociedad civil con Fund for Global Human Rights. Minuta de trabajo. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 20 de mayo de 2008.

La muerte materna, la desnutrición en niños y tuberculosis pulmonar son problemas de salud persistentes en el estado y alarmantes por su condición de ser prevenibles, tratables y en su caso curables, a pesar de estar dentro del los objetivos de las políticas públicas a cumplir, e incluso de las internacionales como los Objetivos del Milenio de la ONU, así como en diferentes estándares internacionales de derechos humanos y en la constituciones nacional y estatal. La muerte materna está asociada a la falta de servicios de salud y atención a mujeres embarazadas y en pauperio. Muchas de las razones y situaciones en que se da la muerte de una mujer durante el parto o puerperio tienen relación directa con tres factores determinantes para la atención de las mujeres: socioeconómicos, que tienen que ver con la falta de recursos y de transporte para llegar a los servicios; estos factores tienen que ver también con el acceso a la atención de la salud y la mala calidad de los servicios por falta de servicios obstétricos y de personas capacitado para atender emergencias falta de cercanos a la comunidad y falta de transporte para llegar a los servicios.

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En un estudio realizado por Physicians for Human Rights, El Colegio de la Frontera Sur y el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos sobre la situación del derecho a la salud en la región de conflicto (Sánchez, Arana, Yamin y Ford, 2006) se documentaron 8 muertes maternas de la cuales 2 murieron en el traslado al Hospital, 2 más por el retraso en buscar ayuda y encontrar transporte y 4 murieron en el hospital por el retraso en recibir atención y la falta de capacidad del personal médico para atender emergencias obstétricas. En México, la muerte por embarazo o parto representa el 33.9% de las causas de morbilidad registrada en hospitales, indicador mucho más grave en Chiapas, que en el 2001 representó el 40.4% y en el 2002 aumentó al 41.6% del total, lo que ubica al estado en el tercer lugar nacional de muerte materna, antecedido por Tlaxcala, Hidalgo y Guanajuato (INEGI, 2005a). Los estados donde se da el mayor número de defunciones de muerte materna por cada 100,000 niños vivos son Guerrero, Chiapas y Oaxaca, los tres estados con menor índice de desarrollo humanos y con la mayor población indígena del país.

Durante el año 2001, en México murieron diariamente tres mujeres debido a causas maternas. El 20% de tales muertes ocurrieron en el litoral sur del Pacífico, en donde se localizan los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, caracterizados por sus altos índices de marginalidad y elevadas tasas de mortalidad infantil y materna" (Freyermuth, 2005)

Por cada 100,000 partos, en Chiapas mueren 117 mujeres, mientras en México mueren 50 y en el ámbito internacional, La muerte por embarazo o parto representa el 33.9% de las causas de morbilidad registrada en hospitales, indicador mucho más grave en Chiapas, que en el 2001 representó el 40.4% y en el 2002 aumentó al 41.6% del total, lo que ubica al estado en el tercer lugar nacional de muerte materna, antecedido por Tlaxcala, Hidalgo y Guanajuato (INEGI, 2005a). Por cada 100,000 partos, en Chiapas mueren 117 mujeres, mientras en México mueren 50 y en el ámbito internacional, sólo 10. Las regiones que registraron un mayor número de casos de muerte materna durante el período 1999 a 2002 son Selva y Altos, regiones mayoritariamente indígenas. La tasa de muerte materna es el doble en los municipios con más del 69% de población indígena." (Freyermuth, 2005) No se conoce que exista una iniciativa de ley para promover la protección de los derechos de las mujeres en estado de embarazo y con riesgo de muerte materna. A pesar de los esfuerzos que se han hecho en diferentes programas institucionales para la atención del embarazo y parto, como el Programa de Arranque Parejo en la Vida no han sido suficientes, además las observaciones más recurrentes en torno al funcionamiento de estos programas es que carecen de una adecuación cultural apropiada a los diversos contextos, sobre todo en las regiones indígenas, donde se da el mayor número de muertes. Con estos datos se sigue poniendo en evidencia que el tema de la mortalidad materna sigue siendo un problema de justicia social, sobre todo en aquellas regiones vulneradas por las

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desigualdades e inequidades sociales y económicas, que devienen en una sistemática violación a los derechos, entre ellos el derecho a la salud. Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que por estos determinantes será imposible cumplir con los objetivos y metas del milenio. C29. Las causas de los problemas de salud están en la desigualdad socioeconómica: OMS La mayor parte de los problemas de salud se pueden atribuir a las condiciones socio - económicas de las personas. Sin embargo, en las políticas de salud han predominado las soluciones centradas en el tratamiento de las enfermedades, sin incorporar adecuadamente intervenciones sobre las causas de las causas, tales como, por ejemplo, las acciones sobre el entorno social. En consecuencia, los problemas sanitarios se han mantenido, las inequidades en salud y atención sanitaria han aumentado, y los resultados obtenidos con intervenciones en salud centradas en lo curativo han sido insuficientes y no permitirán alcanzar las metas de salud de los Objetivos para el Milenio. OMS, 2005, Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/social_determinants/strategy/QandAs/es/index.html En el caso de los pueblos indígenas, el determinante social más grave está en la propia mentalidad de la mayoría de la población no indígena, según revela la Encuesta Nacional sobre Discriminación: “El hecho de que 66 por ciento de los mexicanos piense que los miembros de los pueblos indígenas tienen pocas o nulas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida; que 43 por ciento asuma que siempre habrá limitaciones sociales para éstos a causa de las características de su pensamiento, y más de 30 por ciento suponga que la única manera en que los indígenas pueden mejorar su situación socioeconómica es que dejen de serlo, es para quitar el sueño a cualquiera, más cuando se sabe que alrededor de 40 por ciento de los encuestados estarían dispuestos a organizarse para evitar que cerca de su lugar de residencia se establezca un grupo étnico y 20.1 por ciento no compartiría su casa con un indígena” (López Bárcenas, 2005).

4.3. Nutrición infantil Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, señala que poco más de 90% de los niños con desnutrición infantil en el país se concentran en entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Puebla y estado de México y que, con las actuales políticas y tendencias, en Chiapas la desnutrición, podría ser erradicada hasta 2065" (Poy, 2006). La desnutrición de un niño se mide en dos fases en relación a dos indicadores: emaciación (bajo de peso en relación a la talla o peso/talla), y desmedro (bajo de talla en relación para la edad o puede ser talla/edad). La primera repercute en la segunda y se debe a una desnutrición calórica y proteica. Es rural, y tiene una clara y mayor incidencia en las zonas indígenas, donde la dieta básica de los niños está compuesta por tortillas, chile, frijol (cuando la cosecha lo permite) y quelites" (Pastrana, 2005).

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Chiapas ocupa el primer lugar nacional de riesgo nutricional desde 1990. Prácticamente todos sus municipios entran en las categorías de riesgo grave extremo o muy alto índice de riesgo nutricional (las excepciones son Tuxtla Gutiérrez y Reforma), en estas categorías están aquellos municipios donde se concentra la mayor población indígena del estado, en las regiones Altos, Norte y Selva, principalmente. pero además, la mitad está clasificada en riesgo "muy alto" (INCMNSZ, 2004). Chiapas mantiene el primer lugar nacional de bebés nacidos con desnutrición (menos de 2.5 kg), con un índice mayor al promedio nacional. Mientras en el 2001 en todo México 6.1% de los bebés nacían en estas condiciones, en Chiapas eran 7.5%; en el 2002 a nivel nacional este índice se redujo a 4.5% pero en Chiapas aumentó a 8.3%; en el 2003 a nivel nacional 7.4% de los recién nacidos estaban bajos de peso, en Chiapas se llegó a 9.5%. G4. Índice de desnutrición infantil por entidad federativa, 2001-2003

Fuente: INEGI, 2005b, Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer por entidad federativa, 2001-2003. Cálculo con base en datos de población de CONAPO y boletines de la SSA. Cabe mencionar que este último año mencionado otros estados como Chihuahua y Nuevo León superaron a Chiapas en este indicador, con 14.1% y 17.3% respectivamente, pero aun con esta excepción, como podemos observar en la siguiente gráfica, Chiapas ocupa el lugar más alto en desnutrición infantil (INEGI, 2005b) y el primer lugar en muerte infantil por enfermedades gastrointestinales y diarreas.

C30. Exigibilidad de los derechos de la infancia: historias de terror, por Patricia Figueroa, Melel Xojobal.

UNICEF y el Instituto de Desarrollo Humano (IDH) reportan que en Chiapas hay 30,000 niños trabajadores, en San Cristóbal de Las Casas son 3,000, considerando a los niños ambulantes y en centros de trabajo fijo, en situación de calle. No hay posibilidad de identificar cuántos niños trabajan en las casas, bares, centros de prostitución, migrantes centroamericanos, explotación

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sexual en centros de turismo. Han podido documentar casos de uso y abuso de niñas, una situación que se está “normalizando” en edades de primera infancia (9, 10 años). Con CABIZ, otra organización atienden la situación psicológica.

Comentan que de los 3,000 niños identificados en San Cristóbal, al menos 1,500 carecen de acta de nacimiento, por lo que no tienen garantizado el derecho a la identidad jurídica. Los costos por registrar un niño ascienden hasta $4,000.00 de manera ilegal. Los requisitos son absurdos, por ejemplo les piden una constancia de propiedad. Forman parte de la Red por los derechos de la infancia.

Un caso que acaba de ocurrir en la colonia Morelos, Distrito Federal, en redadas contra los niños en situación de calles. Estas redadas son con fuego o con agua, durante un operativo un policía le quemó los testículos a un niño. Le demandaron al comisionado de Derechos Humanos del DF, Álvarez Icaza, que asistiera al lugar de los hechos y no lo hizo. En San Cristóbal la Presidencia Municipal les prohíbe a los niños ambulantes sentarse en las bancas para descansar, por lo que se refugian en la catedral para descansar.

La situación de los niños es terrible, el abuso sexual de las niñas es algo normalizado, incluso han identificado semen fresco en niñas violadas, con casos de implicación de familiares. En Cintalapa y San Cristóbal han encontrado casos de violación sexual, tortura y asesinato. Hay discriminación de parte del Ministerio Público, porque son “asuntos de indios”, en su mayoría son desplazados de Los Altos por conflictos.

Están buscando albergues para niños. Con el DIF (Departamento de la Infancia y Familia) están en gestión de abrir espacios para los casos que identifican. El nuevo presidente municipal, Mariano Díaz, en su anterior periodo, decía que se requería una “limpieza” de niños ambulantes, en situación de calle y prostitución. Hay problemas de tráfico de niñas, venta de niñas, operado por sus padres. Han pedido audiencia con el actual gobernador, Juan Sabines, y no recibe a las organizaciones que trabajan con la infancia. Están en proceso de formar un área de defensoría jurídica.

Nicandro Maza, Integranat. Expone casos de Cintalapa, de muerte violenta contra niños y ancianos, al parecer relacionados con narcotráfico. Están programando una serie de acciones, entre ellas una movilización masiva con niños, acompañamiento jurídico de estos casos, difusión en los medios de comunicación y a través de las redes de la infancia y otras de derechos humanos. Tomado de Foro Chiapas, 2007, Reunión de las organizaciones de la sociedad civil con CEJIL. Minuta de trabajo. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 4 de diciembre de 2007.

4.4. Medicina tradicional La medicina tradicional es aquella que se transmite de generación a generación, de manera oral y práctica. Hay especialidades en la medicina tradicional: yerberos, hueseros, sobadores, masajistas, parteras, lectores de café o maíz. Los pueblos indígenas tienen muchos conocimientos sobre el manejo y aprovechamiento de plantas.

La medicina indígena tradicional que se practica en México ha logrado un enorme saber acumulado de las plantas y su poder curativo. A diferencia de la occidental, ha construido

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un concepto más profundo del enfermo y de la enfermedad, pues entiende al paciente de manera integral con la naturaleza y con su comunidad, como cuerpo y como espíritu. Reconoce que la enfermedad tiene un origen físico, pero también espiritual, que muchas veces tiene que ver con el rompimiento de la comunalidad y con la violación de los deberes que la persona tiene para con su familia y la comunidad.

El médico indígena tradicional vive una experiencia de trabajo y de vida distinta a la del médico occidental, pues es el encargado de resguardar los antiguos saberes de la comunidad: la medicina tradicional no es patrimonio de unos cuantos, sino de toda la comunidad y no ha de servir para el enriquecimiento y lucro personal de quienes la practican (González, Patrocino y Flores, 2002).

Los médicos tradicionales se apoyan en hierbas, ünguentos, masajes, sobadas, lectura de granos (maíz y café) y rezos, que atienden problemas de salud mental que la medicina alópata no puede identificar. La sabiduría popular reza: “donde está la enfermedad, está la cura”, para indicar que en cualquier caso de infección intestina, pulmonar, sangüínea u otra, si el problema surge en una región aparentemente aislada, con seguridad en la misma región existe una planta, animal, corteza, flor o fruto que bien aplicado atiende el problema y lo cura. El problema entonces, es falta de capacitación, espacios para compartir conocimientos de botánica, inversión en centros para producir microdosis y prácticas colectivas de establecer huertos familiares con plantas medicinales, para que cada familia cuente con su propia “farmacia” de herbolaria y no requiera de ayuda médica externa a la comunidad, a menos que el problema se complique y requiera el traslado del enfermo a una clínica con atención de segundo o tercer nivel. El médico tradicional es uno de los actores sociales del movimiento indígena. Ya en el Congreso de 1974, se exponía como demanda de este sector “que se estudie el modo de integrar ambas medicinas [alópata y herbolaria] con la colaboración de curanderos tradicionales. Hacer una investigación seria de la medicina indígena y que la conozcan los doctores. Que los doctores nos traten como gente y aprendan nuestra lengua” (Lozoya y Zolla, 1983). En sentido contrario, el sistema de salud no reconoce los conocimientos tradicionales de medicina tradicional, pese a que se transmiten de manera oral desde hace miles de años, por lo que constituyen un patrimonio cultural intangible, en ocasiones siendo la única opción en las comunidades más aisladas, y en no pocas ocasiones, es la mejor opción ante la medicina alópata. Por ignorancia y arrogancia, se descarta la posibilidad de que México tenga un sistema de salud intercultural, es decir, con diferentes tipos de medicina a elegir por médicos y enfermos, a complementarse en remedios y atenciones a la salud. En 1999 se prohibió o condicionó el uso de 85 plantas medicinales, para elaborar tés, infusiones y suplementos alimenticios, entre ellas árnica, alcanfor, epazote, estramonio, anís estrella, gobernadora, perejil, ruda y salvia (DOF, 1999), con propiedades curativas y alimenticias múltiples, y que siguen siendo utilizadas por la población, por lo que, en los hechos, este decreto no tiene sentido, sin embargo, dificulta el trabajo de los médicos tradicionales.

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4.5. Enfermedades infecciosas En los pueblos y comunidades indígenas se considera la salud como un problema colectivo y relacionado íntimamente con otros problemas como la alimentación y el acceso a un ambiente sano. La organización alrededor del derecho a la salud es a través de la formación de promotores de salud comunitaria, de organizaciones de médicos tradicionales y parteras. En la región de Los Altos, en el norte del estado de Chiapas, se ha detectado la enfermedad del tracoma, enfermedad infecciosa causante de ceguera en 7 millones de personas en todo el mundo, afecta primero a la conjuntiva y secundariamente a la córnea, y es adquirida por contagio entre los grupos domésticos, por contacto directo o indirecto por material contaminando, como manos, ropa, toallas. Las causas de esta enfermedad se relacionan esta enfermedad con la escasez de agua para uso doméstico. En México existen dos regiones endémicas, Los Altos y en Coahuila, en la comunidad de los kikapús en 1940 se dio el brote, pero se han reportado casos en otros estados. Para erradicar esta enfermedad la propuesta es mejorar los servicios y mejorar la calidad de vida de la población (Salvatierra, et. al).

C31. Derechos de los enfermos a una atención adecuada, por Iliana Amoroz, Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesino (CCESC).

Están trabajando con 46 comunidades de las zonas Altos, Norte y Selva. Trabajan los temas de tuberculosis, muerte materna, desnutrición y acceso a servicios de salud. Están en la documentación de historias de cuatro casos de tuberculosis, revisaron el expediente de un caso y está diagnosticada con cáncer cérvicouterino desde hace 4 años y no ha recibido atención. La jurisdicción sanitaria rechaza que se les niegue el servicio, pero el expediente lo evidencía. En la comunidad de este caso hay clínica y sin embargo hay casos de muerte materna. No hay traductores y hay discriminación a los indígenas. A la señora le hicieron una prueba de tuberculosis y no le entregaron los resultados, tiraron las pruebas a la basura.

Tienen un caso de un refugiado guatemalteco de origen kanjobal con tuberculosis resistente a medicamentos. En la clínica local le dicen que no tienen tratamiento. Se pidieron medicamentos de segunda línea que no hay en México, la aduana los retuvo por trámites. Están haciendo un observatorio de la salud que incluye indicadores del derecho a la salud y jurídico. Para casos de tuberculosis, desnutrición, muerte materna y cáncer quieren plantear el derecho de acceso a los servicios de salud. El relator de la ONU para salud asegura que los casos de falta de atención médica deben considerarse como tortura.

Patricia Figueroa, Melel Xojobal. Han encontrado casos de tuberculosis en niños de San Cristóbal de Las Casas que no son canalizados.

Tomado de Foro Chiapas, 2007, Reunión de las organizaciones de la sociedad civil con CEJIL. Minuta de trabajo. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 4 de diciembre de 2007.

El número de defunciones por Tuberculosis Pulmonar (TBP) sigue siendo muy alto y diferenciado de la media nacional, para 2004, de las 2,381 defunciones registradas en todo

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el país, 244 fueron en Chiapas, antecedido por Veracruz con 298 muertes. Además existen serias dificultades para diagnosticar y registrar muertes por esta enfermedad, por lo que existe un gran número de personas que padecen TBP sin estar registradas e incluso, y lo grave del problema, sin acceso a los servicios de salud para su diagnóstico, mucho menos para recibir un tratamiento adecuado. Entre los principales problemas actuales relacionados con la TBP, enfermedad prevenible, tratable y curable, están la falta de medicamentos para el tratamiento de las personas diagnosticadas, deficiencias en el diagnóstico y atención, deficiencias en el seguimiento al tratamiento primario y falta de diagnóstico clínico y tratamientos para personas con farmacorresistencia. Estos problemas de salud en el estado son más graves en las regiones de mayor población indígena y tienen relación directamente con dos circunstancias: las condiciones de desigualdad económica y social, y la calidad de los servicios de salud. Situaciones que pone de manifiesto una serie de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas, y del derecho a la salud en particular. Según lo establecido en los estándares internacionales de derechos humanos, el derecho a la salud se refiere al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud, este cumplimento a su vez debe contar con elementos mínimos esenciales según la Observación General No. 14 sobre el Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, del Comité DESC, a pesar de esto, la mortalidad materna, desnutrición y tuberculosis en relación al acceso a los servicios de salud evidencian que no se está cumpliendo, respetando y en algunos casos ni siquiera garantizando, el derecho a la salud en el estado:

1. Disponibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud ubicados en comunidades indígenas, no cuentan con personal médico y profesional capacitado para el diagnóstico, atención y seguimiento del tratamiento del a TB, no cuenta con los medicamentos necesarios, y en muchos casos, ni siquiera con vasos para tomar muestras de esputo. No cuentan con los servicios necesarios para la atención obstétrica, con medicamentos y con personal capacitado.

2. Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud, principalmente aquellos ubicados en municipios y comunidades indígenas no son accesibles a toda la población porque se discrimina, se encuentran lejos geográficamente y no se da información clara sobre la enfermedad. Las mujeres son las más vulneradas por esta situación, son discriminadas por dos condiciones, la de género y la cultural.

3. Aceptabilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud no son respetuosos de las culturas indígenas de donde se localizan, y en muchos casos, tampoco son sensibles a los requisitos que implica el trato hacia mujeres como en el caso de la atención al embarazo, parto y puerperio. Tampoco cuentan con intérpretes en las diferentes lenguas indígenas del estado.

4. Calidad. No se cuenta con personal capacitado para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los enfermos de TB; deficiencias técnicas en el diagnóstico. Falta de equipo obstétrico y personal capacitado para atender estas emergencia.

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4.6. Derecho a la salud Las instituciones públicas de salud no garantizan ni respetan el marco jurídico internacional en materia de derechos indígenas establecido en el artículo 25 del Convenio 169 de la OIT, en el que se establece la responsabilidad de atención médica a los pueblos con calidad y con perspectiva comunitaria.

C32. Derecho de los pueblos indígenas a la Salud: OIT Artículo 25 1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. 2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. 3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria. 4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país. Convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas y tribales. Organización Internacional del Trabajo, 1989. Ratificado por el Senado de la República Mexicana en 1991.

La necesidad de contar con traductores en los servicios de salud es urgente, ya que la ausencia de éstos abre abismos entre la atención, la relación médico-paciente, el acceso y la calidad, sobre todo cuando de mujeres se trata, ya que en su mayoría son monolingües. Gran parte de la población afectada por TBP es indígena. Los pueblos indígenas tienen el derecho a contar con traductor en su idioma y que en los servicios de salud se cuente con personal capacitado de la misma comunidad que hable la lengua originaria de cada región.

El acceso a un ambiente sano, en particular el agua limpia, es una de las bases para la salud colectiva. Los pueblos con altos índices de marginalidad, por lo general no cuentan con sistema de agua entubada en el hogar, por lo que las mujeres dependen de los ríos para limpiar trastes, alimentos, ropa y bañar a sus hijos, por lo que pueden pasar hasta 5 horas del día sumergidas en el agua de los ríos. Si los ríos están contaminados por falta de letrinas en la comunidad, por acumulación de basura, animales muertos tirados al río o por escurrimiento de agroquímicos, las mujeres y los niños que se bañan en esos ríos se exponen a enfermedades de la piel o el estómago. En las regiones con actividades agropecuarias en las que se utilizan plaguicidas en exceso (en particular herbicidas), se presentan casos de intoxicación, cáncer y malformaciones genéticas en los hijos de las mujeres expuestas a estos contaminantes. Las actividades

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industriales que contaminan los mantos acuíferos, como la minería, son otro problema de salud colectiva. La población indígena que no tiene acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la institución del estado con mayor cobertura de servicios de salud, asciende a 2’742,690 y tan sólo 434,335 indígenas tienen acceso al IMSS, es decir una relación de 6 personas sin este derecho por cada persona que es considerada “derechohabiente” (CDI-PNUD, 2004).

4.7. Agua limpia El agua que puede ser consumida por personas y animales sin riesgo de contraer enfermedades. Para saber si el agua está contaminada hay varios métodos. El más común es observar que sea transparente, sin olor y sin sabor, pero hay compuestos químicos que no pueden ser identificados directamente, por lo que si hay sospechas de contaminación se hacen estudios químicos que arrojan el pH (potencial de hidrógeno), que debe estar entre 6.5 y 8.5, con un punto de equilibrio en 7, si es menor a 7 se considera ácido. El agua potable se obtiene en grandes cantidades mediante procesos de ósmosis o potabilización, y en pequeñas cantidades, cuando se hierve, se filtra o se desinfecta con cloro. El agua entubada proviene de un sistema de tubería, bombeado y purificación. La contaminación del agua ocurre por un mal manejo de residuos, por arrojar basura a los ríos, por escurrimiento de plaguicidas, aguas negras, excrementos o drenaje, lixiviados procedentes de basureros, metales pesados y derivados del petróleo. El agua estancada en lagos, presas o charcos, es un espacio en el que se reproducen bacterias, insectos y las plantas se pudren, lo que emite un gas de efecto invernadero causante del calentamiento global. Según un estudio de la UNAM, el 93% del agua dulce de los ríos está contaminada, es decir que sólo el 7% del agua disponible es potable. México es el país con más problemas por agua de América Latina, pues depende de aguas subterráneas y es más el agua que se extrae que la que se regresa para recargar los mantos acuíferos. El 60% de los conflictos por el agua en México se encuentran ubicados en acuíferos sobreexplotados, es decir en 102 de un total de 600. En la mayoría de las ciudades mexicanas el 70% del agua se desperdicia y se mezcla con aguas negras. El agua insalubre y la falta de servicios sanitarios (agua potable + drenaje / tratamiento de aguas negras) son causa del 80% de las muertes en los países en desarrollo, como México. En México hay 40 millones de personas en condiciones de alta marginación, es decir sin acceso a servicios de agua y saneamiento, en viviendas precarias, sin ingresos suficientes y sin acceso a derechos mínimos como salud y educación. Esta población es incapaz de resolver, por sí misma, su situación económica y requiere de la intervención del Estado para garantizar su acceso a los recursos hídricos. El índice de calidad del agua de Naciones Unidas ubica a México en el lugar 106 de una lista de 122 países, por debajo incluso de Guatemala, que está en el lugar 81. El 75% de las causas de mortalidad infantil está relacionada con enfermedades gastrointestinales, derivadas de la mala calidad del agua que se usa (Saldivar, 2007). Tomando en cuenta los datos del 2000, se puede observar que el acceso al agua entubada, drenaje y energía eléctrica tiene mayor cobertura en las poblaciones que no son indígenas,

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lo que constituye un claro ejemplo del estado de discriminación en que se encuentran los pueblos indígenas de todo México, como puede observarse en la siguiente gráfica.

Mientras en México el 15.7% de la población no cuenta con agua entubada en el interior de sus viviendas, en las localidades con 40% ó más de población indígena el 42.3% de las viviendas carecen de este servicio, y en el caso de Chiapas es el 34.3%. El 21.9% de las viviendas de México no tienen servicio de drenaje, y en las poblaciones indígenas es el 73%, mientras en Chiapas el 66.3% de las viviendas de familias indígenas no tienen este servicio. El acceso a la energía eléctrica, se garantiza en México por medio de las presas hidroeléctricas. En todo el país solamente 5% de las viviendas no tienen este servicio, mientras en las poblaciones indígenas del país es el 20.7% de las viviendas que no tienen energía eléctrica y en Chiapas es el 21.5%. Si tomamos en cuenta los casos en que no se tiene acceso a ninguno de estos servicios, tenemos que en México solamente el 2.6% de las viviendas se encuentra en esta situación, mientras el 13% de la población indígena carece de estos servicios y en Chiapas es el 10.7% sin agua, drenaje ni energía eléctrica. Chiapas es el estado de mayor humedad en México, y sin embargo, hay serios problemas de acceso al agua limpia. Según un estudio de Edith Kauffer presentado en el Segundo Foro Agua y Energía, en México llueve 77cm al año y en Chiapas llueven 1.9 m, pero la lluvia no cae todo el año, hay meses de abundancia y otros de sequía. Chiapas es el estado con más fuentes de agua como son ríos, lagunas y presas que generan el 45% de la hidroelectricidad de México. El problema, señala la investigadora del CIESAS, no es la abundancia del agua, sino que el 82% se destina a la agricultura. Además, de las 1,593 plantas de tratamiento de aguas negras que hay en el país, tan sólo 11 están en Chiapas, lo que se traduce en el mayor índice de enfermedades derivadas del agua sucia como la

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diarrea, que es una de las principales causas de mortandad infantil en el estado (Kauffer, 2007). El acceso al agua limpia es un problema de salud pública, que tiene que ver con las políticas ambientales y las prácticas sociales de saneamiento y tratamiento de residuos. Por la importancia del agua para el acceso a los derechos humanos básicos, el derecho al agua es uno de los más importantes, y en el caso de las poblaciones indígenas hay una clara violación de este derecho en comparación con las poblaciones que no son indígenas. El problema de las comunidades indígenas para acceder al agua limpia es más grave para las mujeres y los niños. Las mujeres indígenas que viven en poblaciones sin agua entubada en la vivienda, dependen de los ríos para acceder al vital líquido, y dedican hasta 5 horas al día a las labores domésticas en aguas de río, para lavar ropa, bañar a los niños, lavar el maíz y los trastes, lo que las expone a los agentes contaminantes del agua. En particular cuando las poblaciones no tienen un sistema de tratamiento de aguas negras, o al menos de drenaje, estos residuos se vierten en los ríos afectando la salud ambiental de personas, plantas y animales.

Los efectos adversos sobre la salud humana ocasionados por el agua pueden dividirse en cuatro categorías:

1. Enfermedades transmitidas por el agua: cólera, tuberculosis, tracoma, fiebre tifoidea, poliomielitis, meningitis, hepatitis A y E, y diarrea. Son enfermedades producidas por aguas residuales. La mayoría se pueden prevenir con un tratamiento previo a su uso.

2. Enfermedades con base en el agua, causadas por organismos acuáticos que pasan una parte de su ciclo vital en el agua y otra parte como parásitos de animales, como las causadas por gusanos, lombrices intestinales que infectan al ser humano. Las enfermedades con base en el agua aumentan cuando se construyen presas, pues el agua estancada tras las presas es ideal para los caracoles, huéspedes intermediarios de muchos tipos de gusanos.

3. Enfermedades de origen vectorial relacionadas con el agua. Son transmitidas por como mosquitos y moscas, que se crían y viven cerca de aguas contaminadas y no contaminadas, como el paludismo, malaria, fiebre amarilla o dengue. La incidencia de estas enfermedades parece estar aumentando. Hay muchas razones para ello: la gente está desarrollando resistencia a los medicamentos que ayudan a combatir el paludismo y los mosquitos están desarrollando resistencia a los insecticidas.

4. Enfermedades vinculadas a la escasez de agua. Estas enfermedades, que incluyen el tracoma y la tuberculosis, se propagan en condiciones de escasez de agua dulce y sanidad deficiente. Estas enfermedades avanzan sin parar a través del mundo. Pero pueden controlarse fácilmente con una mejor higiene, para lo cual es imprescindible disponer de suministros adecuados de agua potable. (People & Planet, 2008).

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En la Constitución Federal de México no está reconocido el derecho humano al agua, pese a que la Organización Mundial de la Salud reconoce en el acceso al agua y el saneamiento como dos de las principales características de la salud pública y el acceso a derechos. En 2002 el Sistema de Naciones Unidas emite la recomendación número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) donde se incluye el reconocimiento del agua como un derecho humano y se establece que “Al igual que todos los derechos humanos, el derecho al agua impone tres tipos de obligaciones a los Estados Partes, a saber: las obligaciones de respetar, proteger y cumplir.” (Párrafo 20, Observación 15 PIDESC) C33. Derecho humano al agua: PIDESC. El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Observación general No. 15, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) relativo a los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional DESC. El Programa de trabajo de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura (2006 – 2009), definió entre sus objetivos particulares, “Promover mediante mandato de ley la satisfacción de las necesidades básicas de los pueblos indígenas: seguridad social, agua, alimentación, trabajo, agua, vivienda, salud, educación e infraestructura básica comunitaria.” (CAI, 2006, p. 16) La Comisión Nacional del Agua (CNA ó Conagua) es la institución responsable de administrar los recursos hídricos considerados de ámbito federal, monitorea la cantidad de lluvia y emite declaratorias de alerta ante huracanes y tormentas tropicales. Regula el agua de las presas y cuenta con una serie de programas como son: Riego, Temporal tecnificado, Agua potable y saneamiento a ciudades y comunidades rurales y Protección contra inundaciones. En Chiapas, existió hasta diciembre de 2007 la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), y desde 2008 se integra a la Secretaría de Infraestructura. Para la CNA, la participación social es posible en figuras ciudadanas como son los Comités de Cuenca, en los que los diferentes sectores sociales de la cuenca se agrupan según el uso del agua (industrial, comercial, urbano, agrícola, turístico, etc.) y se pretende que sean los espacios para atender los conflictos.

Los problemas de salud derivados del agua contaminada son atendidos en clínicas y hospitales del sector salud. En Chiapas hay programas para la erradicación de enfermedades derivadas del agua sucia como tracoma, paludismo, diarrea y tuberculosis, y son respaldados por obras de infraestructura para procurar el agua limpia. Los problemas de acceso al agua limpia no han podido ser resueltos con grandes obras de infraestructura, por lo que las organizaciones civiles emprenden obras pequeñas, de uso doméstico como son filtros caseros para potabilizar el agua y sistemas de captación de agua de lluvia del techo. El sistema de drenaje más común es el excusado o baño tipo inglés (Water Clutch, WC), por el cual se desperdician uno litros de agua por uno de orines humanos y se convierte en aguas negras que finalmente son transportadas a los ríos. La

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alternativa al excusado basado en agua, son las letrinas secas en las que se utiliza cal o ceniza para evitar olores, pero si están mal construidas producen moscas y pueden ser un foco de infección. El uso de baños secos, ecológicos o letrinas, puede mejorar la salud de los niños y del ambiente, evita que los animales coman excrementos y que las plantas se contaminen. Los excrementos humanos tratados con ceniza o cal en abundancia, pueden ser reutilizados como abonos para árboles frutales o flores de ornato. La captación de agua de lluvia permite que cada casa tenga agua abundante durante las lluvias, almacenada en un depósito lo suficientemente grande permite sobrevivir durante la temporada de sequía. Hay gallineros que se abastecen de agua de lluvia captada por el techo. En los campos de cultivo, para aprovechar el escurrimiento del agua, evitar la pérdida de suelo fértil, derrumbes, las alternativas son las terrazas, curvas de nivel y construcción de canales que filtren el agua y detengan la erosión.

4.8. Contaminación La basura son los desechos sólidos, líquidos o gaseosos que no son reutilizados, reusados o reciclados. Cuando los residuos o basura no tienen un tratamiento adecuado, se convierten en un foco de contaminación en aguas, suelos y aire. La contaminación en las aguas se presenta por escurrimiento de fertilizantes, plaguicidas, alimentos o animales en estado de putrefacción, derivados industriales como en el caso de la minería y por aguas negras que incluyen excrementos, orines y detergentes. La contaminación en los suelos se debe a los mismos contaminantes que en las aguas con la diferencia que algunos desechos se infiltran o vierten directamente a las aguas o se entierran en los suelos, con lo que se acumulan y finalmente escurren a los mantos freáticos y ríos subterráneos. La contaminación del aire ocurre por la quema de combustibles fósiles como petróleo, carbón, madera y gas, además de la aplicación de plaguicidas manual o por medio de avionetas. Chiapas es el segundo estado de mayor diversidad biológica de México pero también es el segundo con el mayor uso de plaguicidas. La contaminación de los ríos en Chiapas es un problema tan grave que cada año se cierra el Cañón del Sumidero durante algunas temporadas dedicadas a quitar la basura que arrojan los municipios vecinos, y observar los tiraderos de basura en el Cañón junto a los nidos de cocodrilos ya es parte del paseo turístico, tan sólo para citar un ejemplo. La contaminación de los suelos por agroquímicos es muy alta en las regiones más productivas como son Soconusco, Frailesca, Centro y Fronteriza. La contaminación por aguas negras es muy grave en la Selva Norte, por ejemplo donde se encuentra la cárcel de Yajalón, que arroja las aguas negras al río Pulpitillo, un afluente del río Tulijá, afectando la salud de las personas que no tienen acceso al agua limpia, en particular mujeres y niños, como se expone con más detalle entre los estudios de caso expuestos en el último capítulo. La contaminación del aire en Chiapas ocurre en los yacimientos petroleros de Cactus, en los que incluso han ocurrido explosiones. Otro factor contaminante del aire son las quemas agrícolas, que en elevaron a Chiapas como el punto

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más caliente del planeta según el Nóbel Mario Molina. El humo por los incendios agropecuarios es tan intenso, que durante abril, se suspenden los vuelos en avionetas que cruzan la selva lacandona. La contaminación por la falta de un tratamiento adecuado de los residuos es el principal problema que ha provocado el calentamiento del planeta. La quema de combustibles fósiles y emisiones de clorofluorocarbonos provocó un agujero en la capa de ozono que protege la atmósfera de los rayos ultravioleta y otras radiaciones que emite el sol y que, a falta de protección, impactan directamente en la atmósfera, afectando los polos norte y sur por el aumento de la temperatura de los icbergs (hielos permanentes). La contaminación del agua ha provocado la existencia de ríos y secciones de mar sin vida, y la escasez de fuentes de agua dulce. La contaminación del suelo ha provocado pérdida de la capacidad productiva y de la disponibilidad de tierra para la agricultura, además lleva a los campesinos a aumentar el uso de plaguicidas y fertilizantes, con la contradicción de que su exceso es lo que hace ácido el suelo, el aire y el agua. La lluvia ácida y el suelo ácido son un indicador del cambio climático provocado por el ser humano, pues ocurren en lugares contaminados por agroquímicos, humo de autos, minería o petróleo. La basura y los residuos son un problema en aumento en las comunidades y pueblos indígenas, que pese a vivir en el estado con mayor humedad de México, no tienen acceso a sistemas de abastecimiento de agua limpia, por lo que dependen de los ríos contaminados para obtener el vital líquido. En los suelos, los plaguicidas y fertilizantes han modificado el pH (potencial de Hidrógeno), por lo que han perdido fertilidad, paradójicamente, por el abuso de fertilizantes. La falta de orientación de los productores, los lleva a un aumento en el uso de fertilizantes, cuando su exceso es parte de las causas de pérdida de fertilidad en el suelo por la acidez del suelo. El tratamiento de residuos se basa en los tres principios de la ecología: reciclar, reducir y reusar. Para esto hay que darle un nuevo destino a todos los productos que consumimos y desechamos de acuerdo al material: plástico, vidrio, cartón, papel, desechos biológicos y químicos, por lo que un tratamiento efectivo empieza con la separación de residuos. Para el caso de desechos biológicos como son los derivados de alimentos, plantas y animales, se recomienda su tratamiento en compostas para producir biofertilizantes que posteriormente puedan ser utilizados en siembra de cultivos. Para producir biofertilizantes basados en excrementos y orines, deben separarse y permitir su fermentación sin producir olores, utilizando cal, ceniza o aserrín para los excrementos y depósitos tapados con ventilación, para el caso de los orines. Para el caso de desechos industriales de uso doméstico, como son botellas de refresco, envases de agroquímicos, residuos médicos o pilas, lo mejor es enterrarlos durante décadas sin filtración a los mantos freáticos hasta su desintegración; no se recomienda quemarlos porque aumentan su potencial contaminante del aire. Para el caso de desechos caseros o de oficina, se recomienda su reuso o transformación, por ejemplo de papel, cartón, botellas de plástico, vidrio. Muchas veces los desechos caseros pueden ser son transformados en artesanías o arte objeto.

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Entre las opciones técnicas se pueden identificar la agricultura orgánica como inicio de una práctica ecológica alternativa, se basa en la producción de biofertilizantes de compostas, excrementos y orines de humano o animal, aunque se requieren toneladas de abonos orgánicos para sustituir bultos de fertilizantes químicos, por lo que se recomienda un proceso de planeación, capacitación y seguimiento técnico muy puntual. Es importante fortalecer las creencias religiosas y rituales alrededor del agua permite el cuidado colectivo de los nacimientos de agua. En Zinacantán, el grupo de artesanas Mujeres Sembrando la Vida, empezó a recoger botellas de PET de los ríos y actualmente recogen toneladas y las revenden a una empresa recicladora, por lo que obtienen un ingreso extra, caso que se incluye en el último capítulo con más detalle. Problemas de salud como cáncer por intoxicación, dependencia de insumos agrícolas, antes inexistentes en las comunidades indígenas, son cada vez más frecuentes por el uso excesivo, sin control y sin información previa respecto a la aplicación de agroquímicos, falta de trajes protectores y prácticas de higiene y limpieza. En algunas comunidades indígenas se han presentado casos de niños envenenados por ingerir herbicidas, o casos de cáncer por tomar agua en botellas de agroquímicos en reuso. La agricultura con agroquímicos tiene 20 ó 30 años como máximo en las comunidades indígenas, con anterioridad se utilizaban abonos orgánicos pero no se preparaban pues se desconocían técnicas de producción de abonos orgánicos en sistemas de composta o lombriabono. El impacto de los agroquímicos en el campo en los últimos 30 años ha dejado los suelos erosionados, ácidos y contribuido a la pérdida de flora y fauna. En la salud, desde la introducción de agroquímicos en las comunidades aumentaron las enfermedades por intoxicación, cáncer, trombocitopenia, inmunodepresivas, linfomas y otras enfermedades de los sistemas nervioso central y sanguíneo, antes inexistentes en las comunidades, incluyendo envenenamiento. Los más vulnerables son los niños que trabajan en las plantaciones, las mujeres y en general la población indígena.

4.9. Agroquímicos Los agroquímicos son fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, insecticidas, fungicidas, hormonas para el ganado, garrapaticidas, semillas mejoradas y transgénicas. Este tipo de contaminación afecta los suelos, por la acidez de los fertilizantes, por lo que con el tiempo pierden toda vocación agrícola quedando infértiles. Además se destruye la biodiversidad de insectos, sobreviviendo los más resistentes como son gusanos y, en los hogares, mosquitos y cucarachas, animales que, junto con las ratas de ciudad, están desarrollado resistencia a los insecticidas como el DDT, por lo que cada vez se usan venenos más potentes, aumentando los riesgos a otras especies, incluyendo la humana.

1. Los Fertilizantes son químicos que se usan para nutrir el terreno de siembra. Estos químicos alimentan el suelo de las plantas y les dan vida. 2. Los plaguicidas son venenos que se usan para matar insectos, roedores y hierbas que afectan los cultivos. 3. Las semillas híbridas y transgénicas.

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Cada terreno tiene diferente estructura, color e historial productivo. De acuerdo a cada terreno es que se debe o no de sembrar, con o sin fertilizante, y una dosis especial, tal cual una medicina. Los campesinos no saben cómo utilizar los fertilizantes y los aplican cada día en mayor cantidad creyendo que así se aceleran los efectos, lo que provocan es una sobredosis. En cada parcela es necesario instalar trampas con filtros para evitar que los químicos del fertilizante contaminen los ríos. Si no se usan adecuadamente, contaminan suelos y aguas subterráneas. Si un terreno necesita Nitrógeno y en lugar de eso se le proporciona sulfato (azufre) se cambian los nutrientes del suelo y se vuelve ácido. Si no se usan filtros se contaminan los pozos y ríos. La fertilización del suelo por medios artificiales emite Gases Efecto Invernadero, por liberación de óxido nitroso (N2O); al depender de los fertilizantes se descuida la estructura que aporta la materia orgánica del suelo, disminuye el contenido de carbono y aumenta la erosión del suelo (CICC, 2006). Chiapas ocupa el segundo lugar con mayor uso de plaguicidas, después de Sinaloa. Según un diagnóstico publicado en el portal del Plan Nacional para implementar el Protocolo de Estocolmo en México durante la década de 1988-99, en Chiapas se utilizaron 1,365.305 toneladas de DDT contra el paludismo. En la bodega del Banco de Crédito Rural del Istmo, en Huixtla, Chiapas, se encontraron 288 toneladas de plaguicidas caducados, de las cuales 90 fueron retornadas al productor y el resto se enterró en el basurero municipal (Colinas De Nava, s/f, p. 15). En 2002, la Canacintra solicitó al Estado de Chiapas evitar la contaminación por agroquímicos en Soconusco, ante evidencias de cáncer y leucemia (Intélite, 2002. Soconusco es una de las regiones más contaminadas del país por agroquímicos (Restrepo, 1993). Servicios Educativos para Chiapas (SECH) identificó mujeres con cáncer de seno y matriz, asociado al uso de agroquímicos. El Colegio de Biotecnólogos de Chiapas, señala que el uso indiscriminado de agroquímicos han causado problemas al campo chiapaneco, donde las tierras dejan de ser fértiles, la producción agropecuaria registra una caída, incluyendo el mango ataulfo, el banano en la Costa y Soconusco, así como el cacao en la zona norte (Notimex, 2007). El Subcomité Técnico Consultivo para la Conservación y Manejo de las Iguanas de México asocia la extinción de iguanas en La Encrucijada a la contaminación por agroquímicos, entre otros factores (Tabasco Hoy, 2007). Si bien es abundante la información que correlaciona problemas de salud y contaminación ambiental con el uso de plaguicidas, no hay un estudio de base georeferenciada. Entre las alternativas que se han identificado están los programas de capacitación en agricultura orgánica o agroecología. Acompañar a los productores de maíz criollo con capacitaciones en la producción de insumos orgánicos, formación de promotores de agricultura orgánica, registro de sistemas de manejo tradicional de la milpa por comunidad,

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municipio y microrregión, intercambios de experiencias de campesino a campesino y ferias de semillas criollas. Programas de capacitación, diagnóstico e inversión en obras de contención de la erosión, deforestación, ordenamiento territorial y aprovechamiento local de escurrimientos, iniciando con técnicas agrícolas de conservación de suelos como son la construcción de terrazas y barreras vivas o muertas para detener la erosión, labranza mínima, producción de abonos orgánicos, manejo de microcuencas y en particular manejo de cárcavas. No hay una ley de prevención. Es necesario exigir el cumplimiento de las Metas del Milenio: reducir los Gases de Efecto Invernadero emitidos por la agricultura: Dióxido de carbono (CO2) por incendios, Óxido nitroso (N2O) por fertilizantes. Exigir el cumplimiento del Convenio de Naciones Unidas sobre eliminación de plaguicidas Contaminantes Orgánicamente Persistentes. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Semarnap, 1988), en su artículo 134 establece que para la prevención y control de la contaminación del suelo, “La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, debe ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas.” La NOM-003-STPS-1999, referente a las actividades agrícolas y el uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes, señala condiciones de seguridad e higiene con el objetivo de “establecer las condiciones de seguridad e higiene para prevenir los riesgos a los que están expuestos los trabajadores que desarrollan actividades agrícolas de almacenamiento, traslado y manejo de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes.” La Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que constituye el nuevo marco regulatorio al que debe sujetarse el manejo de los desechos de plaguicidas (DOF, 2003b). En el Acuerdo para la Cooperación Ambiental de América del Norte, como parte del TLCAN. El Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), adoptó la Resolución #95-5 (13.10.1995), de manera consistente con el Capítulo 19 de la Agenda 21 y con las recomendaciones del Foro Intergubernamental de Seguridad Química, y en la que se dio prioridad al manejo y control de sustancias de preocupación mutua que son persistentes y tóxicas, así como a la cooperación en una escala más amplia en materia de gestión de sustancias químicas. Otro tratado internacional de gran relevancia para reducir el uso de agroquímicos son los Convenios de Estocolmo y Rótterdam sobre contaminantes orgánicos persistentes y plaguicidas caducados. En 2006, la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria A.C. (AMIFAC) identificó 316 casos de intoxicación por uso indebido de agroquímicos, es decir casi una persona envenenada al día. Los primeros lugares los ocupa Estado de México, Jalisco y Chiapas.

Las zonas más contaminadas por agroquímicos son las más productivas porque el modelo agrícola está basado en producir a costa de los recursos naturales. En Soconusco, pese a los

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regímenes de protección ambiental, está en peligro el sistema de humedales La Encrucijada por los escurrimientos de las plantaciones de maíz, mango ataulfo, caña de azúcar y plátano. En la zona Norte la producción de cacao con agroquímicos ha contaminado el delta del río Grijalva.

La economía campesina, antes autosuficiente, se ha vuelto dependiente tecnológicamente y los más beneficiados son las empresas transnacionales.

La contaminación por agroquímicos en arroyos, ríos, lagunas y litorales, es una amenaza para todo el sistema hidrológico Grijalva-Usumacinta y para la franja costera de Chiapas, lo que pone en riesgo ambiental a una de las regiones con mayor biodiversidad y la de mayor humedad de todo México, contaminando irresponsablemente además, productos agropecuarios de consumo humano.

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V. De la exigibilidad de derechos a la apropiación del proceso productivo

5.1. Desarrollo sustentable En 1987 la Dra. Gro Harlem Brundtland presentó ante La ONU el informe Nuestro futuro común, en el que se define por vez primera el término desarrollo sustentable, como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. En 1992, se lleva a cabo la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Segunda "Cumbre de la Tierra") en Río de Janeiro, Brasil, donde los gobiernos y organizaciones no gubernamentales presentan la Agenda 21, se aprueban el Convenio sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Declaración de Río y la Declaración de Principios Relativos a los Bosques. A partir de estos documentos básicos, prácticamente todos los gobiernos del mundo han modificado las políticas públicas en las que el medio ambiente se ve afectado por la industrialización y los proyectos de desarrollo. En la 55ª Asamblea de la ONU, celebrada en Nueva York del 6 al 8 de septiembre del 2000, se acordaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en los que se establecen metas a cumplir por los gobiernos en 2015 para hacer efectivo el derecho de las nuevas generaciones a un medio ambiente sano y sustentable.

C34. Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Para alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente es fundamental que los recursos naturales se utilicen de forma inteligente y que se protejan los ecosistemas complejos de que depende nuestra supervivencia. Debe tenerse en cuenta que, la sostenibilidad no podrá lograrse con los modelos actuales de consumo y uso de recursos. Los suelos se están degradando a un ritmo alarmante. Las especies vegetales y animales están desapareciendo a un ritmo sin precedentes. Los cambios climáticos están provocando una elevación del nivel del mar y acrecentando el peligro de sequías e inundaciones. Se sobreexplotan la pesca y otros recursos marinos. Los pobres de las zonas rurales son los más afectados por esta situación porque, por lo general, para subsistir dependen de los recursos naturales que tienen a su alrededor. Si bien el éxodo a las zonas urbanas ha reducido la presión sobre las zonas rurales, también ha provocado un aumento del número de personas que viven hacinadas y en tugurios inseguros en las ciudades. Tanto en las zonas urbanas como en las rurales, miles de millones de personas carecen de agua potable y de instalaciones básicas de saneamiento. La superación de estos y otros problemas ambientales hará necesario prestar una mayor atención a la situación de los pobres y establecer un nivel de cooperación mundial sin precedentes. Las medidas adoptadas para detener la destrucción de la capa de ozono son muestra de que es posible avanzar siempre que exista voluntad política para ello.

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Meta: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente

Los bosques desaparecen más rápido en las regiones más pobres. Hay más zonas protegidas, pero la pérdida de especies y hábitat continúa. La eficiencia energética ha mejorado, pero no lo suficiente. Los países ricos producen la mayoría de los gases de efecto invernadero. Se han reducido drásticamente las sustancias que agotan el ozono.

Meta: Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y al saneamiento básico

- El acceso al agua potable ha mejorado en todo el mundo. - La mitad del mundo en desarrollo no dispone de saneamiento mejorado. - Las políticas deberán centrarse en los habitantes pobres de las zonas rurales y de

los tugurios urbanos. Meta: Haber mejorado significativamente para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios

- En el mundo en desarrollo la población urbana está a punto de superar a la rural. - Las mejoras urbanas no son suficientes para hacer frente al creciente número de

habitantes de tugurios. - Es necesario intensificar las medidas con las que ya se han logrado mejorar las

condiciones imperantes en los tugurios. Fuente: Sistema de Naciones Unidas. www.un.org/spanish/millenniumgoals/ En 2007 hubo una reunión de la ONU para evaluar el avance en las metas del milenio a medio tiempo de sus plazos, los resultados fueron bastante desalentadores, sobre todo en aspectos de reducción de consumo energética por combustibles fósiles y emisión de gases con efecto invernadero, en particular por la falta de cumplimiento de los paises “desarrollados”, pero aun mas gravemente en términos de inseguridad alimentaria y pobreza, que se ha reforzado con las cumbres de este año por la crisis alimentaria y del petróleo. Habría que hacer mención de ello, con una postura crítica.

5.2. Diagnósticos participativos comunitarios A partir de diversas experiencias educativas, como las del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER, 1998), Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, (UCIRI), Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI), y en particular del proyecto de escuelas Secundaria y Bachillerato del Patronato Pro Educación A.C. (González Flores, 2008a y González Flores, 2008b) en Guaquitepec, Chilón, se presenta un ejemplo de diagnóstico participativo comunitario, para la evaluación de la seguridad alimentaria, como un posible indicador del desarrollo humano sustentable local o regional. “De acuerdo al desarrollo de capacidades de los representantes comunitarios y las posibilidades de tiempo y recursos con que se cuente, el diagnóstico participativo puede consistir de las siguientes partes:

1. Recorridos de diagnóstico participativo de las localidades. 2. Elaboración de mapas basados en ese recorrido. Entrevistas y encuestas.

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3. Relación de los Recursos naturales y sociales, así como de los problemas asociados a ellos, desde una perspectiva agroecológica.

4. Calendarios de labores y organización comunitarias. Historias familiares y locales. 5. Elaboración de Cuadros de Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas

acerca de prácticas agroecológicas y seguridad alimentaria. 6. Preparación de propuestas comunitarias para la resolución de problemas.

Esta propuesta de diagnóstico comunitario de la seguridad alimentaria, se ha usado como herramienta participativa de educación aplicable al desarrollo de capacidades de promotores, tanto en un contexto escolar, como directamente en las localidades campesinas y autóctonas. La extensión del diagnóstico y su seguimiento dependen del grupo de representantes comunitarios y sus iniciativas, en tanto que, después de cada encuentro de capacitación, asumen el compromiso de presentar, discutir y aplicar los resultados y las propuestas con miembros de su comunidad de origen” (González Flores 2008b). C35. Definición de Desarrollo Sustentable con participación comuntiaria Un concepto que procuramos redefinir en los cursos de Agroecología y Seguridad Alimentaria del Bachillerato “Bartolomé de las Casas” en Guaquitepec, es el de Desarrollo Sustentable. Para la presentación de este concepto a los estudiantes, proponemos las siguientes contribuciones de Enrique Leff (2004): “El discurso del desarrollo sostenible busca establecer un terreno común para una política de consenso capaz de integrar los diferentes intereses de países, pueblos y clases sociales que plasman el campo conflictivo de la apropiación de la naturaleza. La ambivalencia del discurso del desarrollo sostenible se expresa ya en la polisemia del término inglés sustaintability, que integra dos significados: El primero, traducible como sustentabilidad, que implica la incorporación de las condiciones ecológicas del proceso económico. El segundo, que se traduce como sostenibilidad, implica perdurabilidad en el tiempo del proceso económico. El discurso del desarrollo sustentable ha llegado a afirmar el propósito de hacer sostenible el crecimiento económico a través de los mecanismos del mercado, asignando valores económicos y derechos de propiedad a los recursos y servicios ambientales, más no ofrece una justificación rigurosa sobre la capacidad del sistema económico para incorporar la condiciones ecológicas y sociales (sustentabilidad, equidad, justicia, democracia) del proceso, a través de la capitalización de la naturaleza”. En el Primer Congreso de casos exitosos de Desarrollo Sostenible en el Trópico, organizado en 2005 por el Centro de Investigaciones Tropicales, asociado a la Universidad Veracruzana, se optó por utilizar una concepción sobre sostenibilidad basada en la definición de Han Patton (2003), como punto de partida para el congreso: Se logra la sostenibilidad cuando se conjunta a la ética, la ciencia y la prosperidad económica. La asociación de estos tres elementos es una forma poderosa de examinar el complejo tema del desarrollo sostenible. La ciencia implica la comprensión y la consideración de las interdependencias económicas, sociales, y ambientales que enfrentan las comunidades hoy en día. La prosperidad se refiere a la habilidad de las personas para satisfacer sus necesidades ayudándose de los procesos de decisión y las acciones de la sociedad. Finalmente, la ética conlleva a que las personas deben actuar respetando la dignidad y el bienestar de los demás seres humanos y de todas las especies de animales y plantas.

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Se justificó la elección de esta definición declarando: Esta definición pone de manifiesto la complejidad del tema, en la que identificamos como características del desarrollo sostenible la multidimensionalidad, la interdisciplinariedad y los procesos dinámicos, sistémicos y holísticos implícitos… insistimos en metas del desarrollo sostenible enfocadas al bienestar humano, respeto por la diversidad, autosuficiencia, equidad y democracia participativa. Por reconocer la complejidad para entender y llevar a cabo el desarrollo sostenible, esperamos que los casos presentados nos inspiren y señalen las rutas que como individuos, sociedades y gobiernos debemos tomar para hacerlo realidad y parte de nuestra vida cotidiana. Estas ideas han sido cuestionadas en nuestras comunidades de indagación con promotores campesinos y estudiantes, y se reconoce su relación con la agroecología, llegando a la conclusión de adoptar el término de sustentable, identificándolo con el significado de “sustentar” en relación con nutrir y alimentar, aplicable al desarrollo humano, integral, en un sentido preferible al del término sostenible, que se entiende con los promotores y estudiantes, como referido al mantenimiento de esquemas de crecimiento económico. Esta definición de Sustentabilidad está relacionada con el concepto de “Vida Buena”, y que en la cultura tseltal tiene como traducción las palabras lekil kuxlejal de cuyo significado nos explica el estudio sociolingüístico de Antonio Paoli (2003): “El lekil kuxlejal supone una integración perfecta entre la sociedad y la naturaleza. En una canción se juega a formas de integración de los seres humanos y la naturaleza mediante comparaciones retóricas. El contento de la comunidad se proyecta y se siente en el medio ambiente automáticamente, y el ecosistema feliz hace ligeras y alegres a las personas.”(Paoli 2003). Las referencias de la Vida Buena para los tseltales, atraviesan desde la trascendencia de la paz colectiva, el matrimonio, el cuidado del entorno, el respeto mutuo, el reconocimiento, la justicia, y la autonomía. Con estos referentes redefinimos el “Desarrollo deseable” con los promotores y estudiantes y concordamos con Paoli en que no es una utopía imposible, aun admitiendo las dificultades impuestas por el modelo hegemónico tal vez sostenible pero ciertamente no sustentable. Pedro González Flores, 2008a, Manual para la Seguridad Alimentaria. Bachillerato “Bartolomé de las Casas”en Guaquitepec, Chiapas. Patronato Pro educación mexicano A.C. Siguiendo el ejemplo de comunidades autónomas organizadas, como parte de los programas de capacitación, se han realizado encuentros entre promotores y capacitadores de agroecología y seguridad alimentaria, provenientes de regiones distintas, y el intercambio se ha enriquecido con la aportación de semillas orgánicas y técnicas de cultivo apropiadas para diversas condiciones de clima y cultivo. Relatorías de los encuentros documentan la experiencia y retroalimentan propuestas para el desarrollo de capacidades de promotores comunitarios en la región. Múltiples organizaciones e incluso instancias de gobierno han adoptado esta estrategia que promueve la divulgación y el desarrollo de los promotores. En acuerdo con comunidades y organizaciones, la propuesta hacia los estudiantes y promotores consiste en sistematizar y documentar el desarrollo de capacidades en los siguientes niveles:

1. Concertación del programa de formación de promotores. 2. Elaboración de diagnósticos participativos para definir necesidades de capacitación

y propuestas de proyectos productivos.

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3. Talleres comunitarios y clases formales de agroecología y seguridad alimentaria: materiales didácticos, dinámicas y evaluaciones participativas.

4. Organización y resultados de Encuentros interregionales de promotores y asesores de diversas comunidades, organizaciones y niveles de formación. .(González Flores 2008b).

El enfoque del diagnostico participativo se centra en el análisis de los subsistemas natural, económico y social para establecer acciones que permitan propiciar un desarrollo sustentable de los mismos. Visto de otra forma, el diagnostico nos permitirá establecer la ruta critica para pasar de un estado de conflicto a un estado de sustentabilidad.

C36. El Diagnóstico participativo como espacio de diálogo.

Con estos principios, Foro para el Desarrollo Sustentable (Foro Chiapas) se inscribe entre las organizaciones que inciden en la agenda política local, nacional e internacional a partir de procesos de incidencia en políticas públicas, exigibilidad de derechos y construcción de alternativas locales. Entre las causas de la pobreza y la degradación ambiental, Foro Chiapas identifica “insuficientes espacios de participación social que transformen las políticas públicas para generar condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales equitativas, justas y sustentables a los pueblos indígenas y campesinos de Chiapas” En consecuencia, el objetivo específico de Foro Chiapas es: Construir y fortalecer espacios de participación social que transformen las políticas públicas para generar condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales equitativas, justas y sustentables a los pueblos indígenas y campesinos de Chiapas. (Foro Chiapas, 2008). Con esta premisa, se propone que el desarrollo sustentable es alcanzable dirigiendo la fuerza de los movimientos sociales hacia procesos de incidencia en las políticas públicas, para transformar las estructuras, programas y acciones de las instituciones responsables de

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ejercer el presupuesto público. Las instituciones más antiguas y difíciles de transformar son las familias, pues responden más a sistemas tradicionales para la toma de decisiones que a sistemas jurídicos o burocráticos. Y sin embargo, es el espacio más importante en el que se pueden sentir los cambios reales en las políticas públicas. La mayoría de la población indígena se dedica a la agricultura, por lo que la agenda ecológica implica fortalecer los procesos de transición de una agricultura de autoconsumo, basada en agroquímicos, a una agricultura orgánica, en transición a una sociedad sustentable.

5.3. Seguridad / Soberanía alimentaria. Para el movimiento campesino, la diferencia y complementariedad entre los conceptos soberanía y seguridad alimentaria: “Es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población. Esto implica la garantía de acceso a una alimentación sana y suficiente para todas las personas, principalmente para los sectores más vulnerables, como obligación ineludible de los Estados nacionales” del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, realizado en la Habana, Cuba en 2001 (CLOC, 2001). Dependencia alimentaria en México, inducida por las políticas agrícolas México ha incrementado a pasos agigantados sus compras de maíz a Estados Unidos, lo que ha repercutido severamente en los productores nacionales, desprovistos de las condiciones y los apoyos oficiales necesarios para competir con los grandes agricultores y las empresas agrícolas estadounidenses, y ha motivado amplias movilizaciones campesinas (…). La dependencia alimentaria total de México pasó de 15% en 1982, a 20% en 1994, fue de 40% en 2005 y alcanzará 50% en 2008. CEDRSSA, Balance y expectativas del campo mexicano, México, CDRSSA. Citado en Catherine Marielle (coord.), La contaminación transgénica del maíz en México. Luchas civiles en defensa del maíz y de la soberanía alimentaria. Estudio de caso, México, Grupo de Estudios Ambientales, p. 32. En un estudio de la UNAM, se proponen cuatro estrategias para política pública la seguridad alimentaria:

1. Alimentación suficiente para que la población considerada lleve una dieta activa y saludable, tal como se defina localmente.

2. Acceso garantizado principalmente mediante la producción, compra o ayuda alimentaria.

3. Reducción de la vulnerabilidad al riesgo de pérdida de los medios de existencia. 4. La necesidad de considerar el corto, mediano y largo plazos. (Torres, 2003)

Para los productores orgánicos de la Sierra Madre de Chiapas integrantes de la Red Maíz Criollo Chiapas, “la seguridad alimentaria es un derecho básico, sin la cual no podremos tener otro tipo de desarrollo sustentable [por lo que] proponemos elaborar una propuesta conjunta entre esta red que hoy se reúne en torno al maíz criollo, la producción orgánica, la comercialización y la defensa del medio ambiente.” (FIECH- PATPO, 2008). La propuesta

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de la Red Maíz Criollo y el proceso en la Sierra, se incluye con más detalle como estudios de caso en el último capítulo. C37. La soberanía alimentaria para los tzotziles Con estos elementos alcanzamos las siguientes propuestas de traducción de Seguridad Alimentaria al tseltal: Xchunel lekil weelil, cuya traducción es: Confiar, Buena, alimentación. Yichel tamuk jweltik kanantabil jweel uch´balil scanantayel wuchel kucheltik, de la cual destacan dos palabras que significan protección y/o confianza, y protección, en relación al cultivo y elaboración de la comida. Y una propuesta de traducción al tsotsil: Lek k´elbil ve´lil, con los significados: Buena, garantía (promesa de cumplir, de que va a ser bueno), alimentaria. Estas propuestas de definición permiten comunicar y compartir los conocimientos del grupo y del momento en que nos encontramos. Uno de los resultados más interesantes ha sido el de la propuesta para practicar en terreno del proyecto educativo de Guaquitepec un ejemplo de Milpa Tradicional, junto con propuestas para establecer intercambios o “bancos” de semillas nativas, originarias o criollas.

González Flores, Pedro C., 2008b, Agroecología, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Humano Sustentable. Desarrollo de Capacidades: Experiencias en comunidades originarias de Chiapas, México, Manuscrito para Tesis Maestría en Desarrollo Rural, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

Por ahora, es suficiente con abrir el debate temático de la seguridad y la soberanía alimentaria, dos conceptos interrelacionados y complementarios. Antes de pasar a las alternativas desde la agroecología y la producción rural, es importante ubicar el problema de la biopiratería como una amenaza al desarrollo sustentable tal como lo hemos definido en este libro: a partir de la participación comunitaria, la identidad colectiva con el ambiente, la diversificación productiva y la procuración de la soberanía alimentaria con estrategias basadas en la producción orgánica.

5.4. Biopiratería La biopiratería es el robo de conocimientos tradicionales e información genética de plantas o animales (incluyendo al ser humano) para la producción de nuevas plantas para la agricultura, la alimentación o la fabricación de medicamentos. Los recursos genéticos se encuentran en las células de los seres vivos. El material genético tiene por nombre científico ADN (ácido desoxirribonucléico) y fue descubierto desde la década de 1950, lo que revolucionó las ciencias biológicas; aunado a la revolución en la informática, por lo que a fines del siglo XX fue posible hacer investigación a escala nanométrica. El material que se conserva como semillas, cultivo de tejido o plantas establecidas en colecciones de campo se llama germoplasma. Conservar el germoplasma es muy importante para la reproducción de las especies. La conservación puede hacerse en el sitio (in situ), por ejemplo en las parcelas si son cultivos con uso agrícola o en los bosques y selvas, si son animales o plantas silvestres. Otra forma

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de conservación es fuera del sitio (ex situ), como puede ser en colecciones, bancos de germoplasma, zoológicos, jardines. El uso de los recursos genéticos en las industrias de alimentos, productos agropecuarios, medicinas y colorantes es muy antiguo, los campesinos hacen mejoramiento de las plantas (fitomejoramiento) cada año al seleccionar las semillas y volverlas a sembrar. El cruce de animales también es muy común entre ganaderos para obtener nuevas razas o especies más fuertes. El uso de compuestos de las plantas para producir colorantes ya ocurría entre los hombres de las cavernas. Lo novedoso de la biotecnología es que se pueden aprovechar al máximo estos recursos genéticos, pero necesariamente se requieren hacer colectas de materiales únicos en el mundo, como son las plantas exóticas nativas de las selvas, exóticas para los centros experimentales, ubicados en el Norte y Occidente. Estas colectas ocurren desde hace cientos de años, por eso se han descubierto medicinas importantes como la penicilina, o se ha logrado expandir cultivos de los que México es centro de origen, domesticación y diversificación, alrededor de 26,000 especies de plantas vasculares, de las que más del 40% son endémicas, es decir, que son originarias de ese lugar (Padilla, 2007). Entre los cultivos que México ha aportado para la alimentación mundial, destacan maíz, frijol, calabaza, chile, papaya, algodón, vainilla, algodón hueso, amaranto, chía, chilacayote, epazote, guaje, huauzontle, pápalo, quelite, romeros, verdolaga, aguacate hass, axiote, anona, arrayán, tuna, tejocote, nanche, pitaya, chicozapote, mamey, chirimoya, guanábana, agave mezcalero, chayote, nopal y papaya. Entre las especies introducidas en los últimos 500 años, destacan especies muy arraigadas, por lo que se considera al país como centro secundario de diversidad de mango, guayaba, limón, durazno, sorgo, arroz, trigo, cebolla, sorgo, papa, jitomate y caña de azúcar (Padilla, 2007). Otras especies importantes son chícharo, garbanzo, haba, plátano, cacao, café, pimienta, melón, sandía, cacahuate, zapote, agave tequilero, henequén, entre otras plantas de beneficios directos que aportó México a otros continentes en plantas para la alimentación, para usos medicinales e incluso como germoplasma para mejoramiento genético de especies agrícolas comerciales, como las semillas híbridas. En México hay 25 especies de plantas cultivadas en fase experimental con 56 tratamientos biotecnológicos aplicados, como son acacia, alfalfa, algodón, arroz, bacterias fijadoras de nitrógeno (rhizobium), calabaza, cánola, chile, pino, encino, eucalipto, leguminosas, guaje, linaza, maíz, melón, papa, papaya, abeto, piña, plátano, soya, tabaco, tomate y trigo (FAO, 2008). En Chiapas se han identificado hasta 8,248 especies de flora (Conabio, 1998, p. 93). La diversidad biológica de Chiapas se encuentra en los bosques, selvas y humedales, y los pueblos originarios han organizado sus sistemas de producción con base en el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos ambientales. Los sistemas de manejo de cultivos se conocen como prácticas culturales, y varían en cada región, incluso en cada productor. La bioprospección en los pueblos indígenas por parte de técnicos vinculados a las industrias farmacéuticas, agroalimentarias, de cosméticos y otras ligadas incluso con la robótica, es

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una práctica que puede provocar erosión genéica y que, aunado a la patente de recursos genéticos, representa la privatización de los recursos biológicos, lo que amenaza la continuidad de las prácticas culturales de médicos tradicionales agricultores. C38. El derecho a los recursos biológicos es colectivo Juan Velasco, Chol Xumulhá. Nuestra organización lleva muchos años apoyando el trabajo del maíz, en particular con mujeres. El horizonte es la soberanía alimentaria, el derecho de la población a la alimentación, los recursos naturales, el agua, los bosques, los conocimientos tradicionales. En 1999 la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas (OMIECH) cuestionó el proyecto ICBG-Maya que utilizaba el conocimiento tradicional para las plantas medicinales. En Los Altos, las mujeres difícilmente tienen acceso a la tierra, por un problema de costumbres y de la legislación agraria, sin embargo esto está cambiando poco a poco, por ejemplo, en Tenejapa el comisariado de bienes comunales ha expedido 150 reconocimientos agrarios para mujeres.

Tomado de Foro Chiapas, 2008b, Reunión de las organizaciones de la sociedad civil con Fund for Global Human Rights. Minuta de trabajo. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 20 de mayo de 2008.

En Chiapas hay casos de patente de frijol y pozol, pero sin duda el caso más relevante es el de la bioprospección hecha en el marco del proyecto ICBG Maya con apoyo de investigadores de Ecosur, en un contexto de conflicto generalizado en el estado, por lo que el proyecto se politizó al convertirse en el centro de la demanda de pueblos, comunidades, organizaciones, movimientos sociales y académicos que demandaban y lograron su cancelación. C39. El caso del proyecto ICBG Maya: lecciones aprendidas Gerardo González, Ecosur El ICBG Maya contó con la participación de la Universidad de Georgia, el laboratorio Molecular Natural Limited del País de Gales (MNL) y El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur). El nombre del proyecto fue Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en Los Altos de Chiapas. su intención fue conocer plantas, claro sí, pero también el porceso mediante el cual éstas tienen el poder de limitar síntomas como la fiebre o males como la diarrea, tomando en cuenta que todas las plantas tienen algún efecto colateral. Además, la herbolaria no es sólo el uso de laplanta, también tiene una relación cultural con los rezos, así como la interrelación entre el médico y el paciente. (…) Es cierto, el ICBG Maya era un proyecto de bioprospección que tuvo como propósito incorporar a otros actores sociales de la región, como son las organizaciones de médicos indígenas y tradicionales que desde hace tiempo buscaban la revalorización cultural de su práctica, así como que el conocimiento tradicional tuviera reconocimiento. Desde nuestra perspectiva, el encuentro previo entre uno de los investigadores líderes, el doctor Brent Berlin y la OMIECH fue caracterizado por el no reconocimiento, esto es que la OMIECH no fue considerada para participar en el proyecto que Berlin venía proponiendo a las autoridades de salud del estado de Chiapas. Para 1985, la OMIECH tenía una amplia experiencia en la organización de los médicos indígenas, pero también en el rescate y desarrollo de la herbolaria. De

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1985 a 1991, años en que funcionó el Programa de Colaboración de Medicina Indígena Tradicional y Herbolaria (Procomitch), las relaciones ya estaban marcadas; en el caso de la OMIECH, la desconfianza total hacia Berlín. En el caso de Berlín, privilegió sus relaciones institucionales y académicas; no era nada raro ver que además de estos antecedente, y en el terreno de la lucha antisistémica y a escala regional el no reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés como demanda fundamental de los pueblos indígenas, los problemas se hubieran personalizado al nivel de llamarlo Pokuj (diablo, en tzotzil). (…) Esta controversia produjo diversa literatura, algunas en el marco de una interpretación metodológica y política en cuanto a la disputa geopolítica, o sea ver al proyecto de bioprospección como parte de los intereses estadounidenses por los recursos como el agua, el uranio, el petróleo, los recursos genéticos, los bosques. Es evidente, y así lo han mostrado, que las empresas transnacionales están muy interesadas precisamente en los principios activos que es probable estén en la naturaleza, digamos, esperando a que una vez que se descubran, lo cual también hay que reconocer. Es una posibilidad que la información de la bioprospección pueda ser el punto de partida para la obtención de ganancias por parte de las empresas, o incluso por quienes se dedican a estos temas. No podemos obviar que la bioprospección también puede figurar como la punta de lanza para patentar los conocimientos milenarios de las comunidades y, de esta manera, recibir las millonarias carretadas de dinero. Más allá de esto, su postura y su forma de apropiarse de recursos que no son de ellos, sino en todo caso son patrimonio de la humanidad, y que sin más se patentan, ya no en beneficio de la humanidad, sino en beneficio particular, apropiándose de manera ilegítima de un bien que es más que una mercancía, algo que nunca entenderá el capital transnacional. La experiencia del ICBG Maya puso en entredicho una forma de hacer investigación, fue una lección que provocó un debate interno en Ecosur y replanteó la relación entre la academia y los pueblos indígenas. Un error sustantivo de parte del Proyecto ICBG Maya, es el desconocimiento de los actores sociales de la región, además de las ONG (también llamadas organizaciones civiles o de la sociedad civil) y de las organizaciones sociales, como es el caso de la Asociación de Interés Colectivo (ARIC) Independiente y Democrática, que ha venido luchando en contra del desalojo en la Reserva de Montes Azules. Además, justo en los años de 1999-2000, un aspecto central fue el reconocimiento de los derechos indígenas, que como parte de las negociaciones de San Andrés, entre el EZLN y el gobierno federal, postuló la ley de Derechos Indígenas, que la Cocopa propuso llevar como propuesta de ley al Congreso de la Unión. Tampoco está fuera de este análisis la enorme militarización en el estado de Chiapas y la polarización, que en su extremo más dramático ha sido la paramilitarización. Si la perspectiva del análisis es de que hay una intención de apropiarse de los recursos genéticos, la militarización se explica por ese interés: enfrentar a la insurgencia es sólo una parte; proteger los intereses de las multinacionales es lo primordial. El ICBG Maya no podría haberse visto de otra manera en este contexto y el no haber visualizado la riqueza de estos actores sociales. Es cierto que se fueron radicalizando, pero a todo ello se agregó e hecho de que la Semarnat (en el periodo de Zedillo, 1994-2000), se ubicó como mediadora, cuando en realidad, por aquello de la normatividad, era parte del problema. De hecho, el problema planteado por parte de la OMIECH, primero, y el Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (COMPITCH), posteriormente, era que la autoridad competente, en este caso la Semarnat, debería tomar cartas en el asunto.

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Este hecho, de alguna manera radicalizó a los médicos y parteras, por lo que era necesario reconocer errores y buscar la manera para que las cosas fueran diferentes: primero se dio la moratoria y posteriormente el proyecto fue cancelado.

González Figueroa, Gerardo, 2006, “¿Disputando el futuro? Conocimiento tradicional y desarrollo. Un caso en Chiapas”, en Luciano Concheiro Bórquez y Francisco López Bárcenas (coords.), Biodiversidad y conocimiento tradicional en la sociedad rural. Entre el bien común y la propiedad privada, México, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), Cámara de Diputados, LX Legislatura, pp 376-382.

El hecho, es que entre 1985 y 1991, Brent Berlin coordinó 5,400 colectas de 271 especies de plantas y, en total, el herbario de Ecosur alberga 9,816 plantas de 1,620 especies (Berlin y Berlin, 2005). El impacto económico, social, ambiental de este tipo de estudios, no ha repercutido en mejorar las condiciones de vida de las regiones donde han sido tomadas las muestras, pues se hacen con fines de “investigación” que, directa o indirectamente, benefician a las industrias con capacidad de producir mercancías con base en estos recursos genéticos con ganancias millonarias, lo que explica el reclamo de los pueblos indígenas por la importancia de que la ciencia beneficie a la sociedad. Para la protección de los derechos del agricultor, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), ha emitido un Tratado para regular el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación (FAO, 2001), dando prioridad al acceso de los agricultores a estos recursos en casos de catástrofes (ambientales o económicas, por ejemplo) y con fines de garantizar la seguridad alimentaria. Este Tratado, no ha sido ratificado por México, sin embargo, una parte de éste es retomado en una Iniciativa de ley en la materia (Padilla, 2007), que fue cuestionada fuertemente en los foros de discusión, en particular por no retomar por completo el capítulo correspondiente a los derechos del agricultor (Gómez Martínez, 2008).

5.5. Agroecología La palabra agroecología tiene raíces etimológicas del griego y latín, y es posible interpretarse a otros conceptos en lenguas originarias de Chiapas. Un ejemplo tomado de apuntes de clase impartidas en el Bachillerato “Bartolomé de las Casas” de la comunidad de Guaquitepec (González Flores, 2008b), permite traducir el concepto al tzeltal, como se ilustra en el siguiente cuadro. C40. Causas de la vulnerabilidad en Chiapas.

Griego / Latín AGRO ECO LOGIA Español Tierra,

Campo Casa, Hogar

Conocimiento, Saber

Tzeltal Lum, Kinal

Na, Naj Snopojibal, Snael

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Este sistema de traducción no literal, probado tanto en las clases del bachillerato como en talleres con campesinos, permite compartir no sólo el significado de una palabra entre una lengua y otra, sino también las implicaciones que el contexto cultural aporta, considerando inclusive la cosmovisión, como señalan Antonio Paoli (2003) y Víctor Toledo (2005). La re interpretación en colectivo, de la palabra conocimiento al tzeltal se puede extender a respeto: “porque sólo lo que se conoce se respeta, si no conocemos la naturaleza no la respetamos”, reflejando también que en las ideas sobre lo qué es el campo y el territorio, se integra preponderantemente a la naturaleza. De igual forma, al hablar de lo que para cada quien significa su hogar apareció la esperanza en el futuro. El resultado es una definición de Agroecología a partir del análisis con los jóvenes del bachillerato de Guaquitepec, Chilón: el conocimiento y respeto acerca de los cultivos de la tierra, comprendida como hogar y futuro de las comunidades (González Flores, 2008a y González Flores, 2008b). Esta definición colectiva de agroecología, se enriquece con aportes como el de Miguel Altieri (1987), quien resume las condiciones de una práctica agroecológica en tanto que: “coopere con la naturaleza, sea responsable con el ambiente y socialmente justa”. Ante los campesinos, estas ideas resuenan como un eco de las tradiciones originarias, en ceremonias debidas a la práctica de sus cultivos, que se conservan a pesar de el marco de su situación socioeconómica actual:

La salud ecológica no es el propósito único de la Agroecología. Igualmente importante es la preservación de la diversidad cultural que ha nutrido a las agriculturas locales. Una producción estable sólo es posible con la interacción armónica de los intereses humanos y del respeto al potencial productivo del ambiente agrícola. (Altieri, 1996)

Por su parte, Víctor M. Toledo, reconoce a la Agroecología como fruto de…

…iniciativas realizadas por actores dotados de una nueva ética ecológica que reconoce tanto los límites de la naturaleza como los abusos cometidos contra ella [cuando] la sociedad ya no puede ser pensada sin la naturaleza, y la naturaleza ya no puede ser visualizada sin la sociedad”. Estos actores sociales los reconocemos como el campesinado en su cotidianeidad y algunos de sus acompañantes: académicos, técnicos y promotores organizativos, aprendiendo a superar “las consecuencias de un proceso de extrañamiento que ha hecho perder identidad y significado social a la investigación científica y tecnológica mexicana (Toledo, 2000).

Para relacionar los conceptos, con promotores y estudiantes presentamos propuestas como la de Eduardo Sevilla, para quien la Agroecología se codifica como desarrollo sustentable; es decir, la utilización de experiencias productivas de agricultura ecológica, para elaborar propuestas de acción social colectivas que denuncien la lógica depredadora del modelo productivo agroindustrial hegemónico, para sustituirlo por otro que apunte hacia una agricultura socialmente mas justa, económicamente viable y ecológicamente apropiada”. (Sevilla y toman, 2000, Sevilla, 2001) Aplicando estas ideas en procesos organizativos de las comunidades indígenas, se supera el aspecto técnico o científico del desarrollo de capacidades en Agroecología, para incluir en

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su práctica, consideraciones técnicas de la producción y comercio justo, que se vinculan con la procuración de seguridad alimentaria y sustentabilidad (González Flores 2008b). C41. ¿Qué es la Agricultura Sustentable? por Lim Li Lin La discusión acerca de qué significa "agricultura sustentable" fue el centro de la 8ª Sesión de la Comisión sobre Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se llevó a cabo en abril en Nueva York. También se analizaron los fracasos y limitaciones de la Revolución Verde y de las tecnologías de la ingeniería genética. (…) La agricultura sustentable, así como la planificación y administración de los recursos de la tierra, fueron la discusión central de la 8ª Sesión de la Comisión de Desarrollo Sustentable de la ONU, que vigila el cumplimiento de lo establecido en Agenda 21, el plan de acción de la Cumbre de Río de 1992. El punto alto de la Sesión fue la discusión sobre agricultura sustentable que se suscitó entre los diversos actores. Los participantes de este año fueron las ONG -que incluyeron a los pueblos indígenas, grupos defensores de los derechos de la mujer y representantes de la comunidad científica-, agricultores, sindicatos y compañías productoras de insumos agroquímicos. El diálogo se dividió en cuatro segmentos: opciones de producción agrícola, modelos de consumo y normas de seguridad, búsqueda de un mejor manejo de los recursos de la tierra para lograr ciclos alimenticios sustentables y modelos promovidos por la globalización, y finalmente, liberalización comercial e inversiones. La Revolución Verde, que se caracterizó por el uso intensivo de agroquímicos y semillas híbridas, y que se presentó como un éxito milagroso, muestra ahora un declive de productividad y parece haber provocado un grave impacto ambiental. La agricultura sustentable debe ser "ecológicamente segura, económicamente viable, justa en lo social, adecuada en lo cultural y basada en enfoques científicos y holísticos que incluyan el conocimiento indígena y de las comunidades", concluyeron las ONG. Los métodos de producción de alimentos y la agricultura tradicionales e indígenas han sido tildados, erróneamente, de ineficaces y retrógrados. La investigación y el desarrollo en agricultura que realizaron varias instituciones y agencias dejaron de lado, en general, las prácticas tradicionales, indígenas, ecológicas, orgánicas y de pequeña escala. Hasta ahora, dichos métodos fueron eliminados de las políticas productivas a pesar de que existen pruebas de su sustentabilidad a largo plazo. "El paradigma científico de la agricultura industrializada ignoró el hecho de que la agricultura es un proceso ecológico. Los monocultivos son una solución técnica para un problema específico, pero provocaron una disminución del rendimiento y pérdidas a causa de plagas, que llegan ahora a 37%. La agroecología es un paradigma diferente", subrayó Miguel Altieri, experto en agroecología de la Universidad de Berkeley, California. En una reunión organizada por la Red del Tercer Mundo, Altieri informó que hay alrededor de cinco millones de hectáreas de granjas en proceso de recuperación mediante métodos ecológicos. Los encargados de dicha transformación son 2,5 millones de familias de todo el mundo. Lim Li Lin, 2000, “¿Qué es la Agricultura Sustentable?”, en Revista del Sur - Red del Tercer Mundo - Third World Network No. 105/106 - Julio/Agosto 2000. http://www.redtercermundo.org.uy/revista_del_sur/texto_completo.php?id=618/ Entre las propuestas de la Red Maíz Criollo están el reconocimiento de los agroecosistemas de los pequeños campesinos, esto es, la milpa, el cafetal y el traspatio, como bancos de

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germoplasma familiares, y como tales que puedan ser valorados y reconocidos por el sistema financiero como un capital variable, patrimonio heredado y sujeto de fianza para obtener seguros contra catástrofes como derrumbes, inundaciones, incendios y contaminación genética. Otra propuesta es que, así como en la Iniciativa de Ley de acceso a los recursos fitogenéticos se establece la obligación para que, de los contratos entre productores y empresas interesadas en la bioprospección, el campesino destine el 10% de las ganancias a medidas de conservación, las empresas que aprovechan estos recursos, en particular las agroalimentarias, destinen el 10% de sus ganancias anuales a un Fondo que sea invertido en proyectos de aprovechamiento sustentable en los agroecosistemas campesinos, revalorados como bancos de germoplasma familiar (Gómez Martínez 2008).

5.6. Productores de café orgánico México se ubica en el 6º lugar en términos de producción mundial de café, en 12º como país exportador y en 1º en producción de café orgánico, con promedios de rendimientos cercanos a los 10 Qq./Ha. Según datos de 2003, en ese ciclo se produjeron 416,300 has. de café bajo sistema orgánico que representan el 20% de la producción estatal (Sagarpa, 2003). El café es un cultivo comercial: el 85% de la producción de café en el Estado, se exporta, mientras que solo el 10% se distribuye a nivel nacional y un aproximado del 5% de esta producción es consumida en Chiapas (Comcafé, 2005b). Los bajos precios de los productos, especialmente del café impactan negativamente por la reducción de los ingresos de los cafetaleros hasta en un 70% de los niveles anteriores a 1992, lo que implica serios problemas de capacidad de compra de alimentos, medicinas, ropa, educación e inversión en actividades productivas. Los pequeños productores no han diversificado su producción, manejando el café como monocultivo perdiendo rentabilidad económica. La producción de café en Chiapas en el ciclo 2004-05 cubría una superficie de 241,817.0342 hectáreas (has.) distribuidas en 87 de los 118 municipios de la Entidad y representa la actividad económica de 175,643 productores distribuidos en 87 municipios y 4,792 localidades (comunidades, rancherías, pequeñas propiedades y cantones), en una superficie de 240,457.41 has, de los cuales mas del 80 % son indígenas que poseen en promedio 0.77 hectáreas de cafetales, lo que nos indica el alto grado de pulverización de la tierra, agravando aún más la situación ya que las zonas cafetaleras son también las de más pobreza y rezago (Comcafé 2005a). Esto coloca al estado en el primer lugar con más del 35% de la producción nacional (Cofemer, 2005). La producción promedio, se estima en 1´790,371 Qq según registros del último ciclo de producción, la cual representa el 35% de la producción a nivel nacional (Comcafé, 2005b). A principios de la década de 1990, una coyuntura marcada por acontecimientos como la caída de los precios del café, la desaparición de las cláusulas de la Organización Internacional del Café (OIC) y la desaparición del INMECAFE, crearon un escenario donde los productores organizados en diversas zonas de Chiapas iniciaron un proceso de construcción y búsqueda de alternativas en los mercados, primero para lograr mayores ingresos en el producto, pero que muy pronto se articuló con una reconversión productiva hacia un sistema de producción de café orgánico.

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La crisis del café entre 1994 y 2000 vulneró los procesos organizativos y actualmente los socios de las organizaciones cafetaleras están emigrando. La tendencia de estas organizaciones es diversificar y fortalecer la producción orgánica, los canales de comercialización, las fuentes de ingreso y los procesos de producción para el autoconsumo. En este proceso económico el maíz se mantiene como una opción productiva. La crisis del café ha llevado a miles de productores mexicanos a innovar procesos de organización autónoma, producción orgánica y comercialización justa. “La agricultura orgánica se inició en la Región del Soconusco en 1963, en la Finca Irlanda localizada en Tapachula, Chiapas; con la producción de café orgánico, y la cual recibió su primer certificación internacional en 1967. A partir de ese año, dicha empresa produce café certificado. Posteriormente, la Finca San Miguel y Rancho Alegre obtuvieron su correspondiente certificación de café orgánico en 1986 y 1988 respectivamente. Siguiendo los ejemplos anteriores, otras fincas de esa Región del Soconusco, Chiapas orientaron su producción al café orgánico; algunos motivados por el concepto de producción natural y saludable y otros por el aumento en el precio de su producto.” (FIRA). La diversidad biológica de Chiapas se encuentra en los bosques, selvas y humedales, y los pueblos originarios han organizado sus sistemas de producción con base en el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos ambientales. Los sistemas de manejo de cultivos se conocen como prácticas culturales, y varían en cada región, incluso en cada productor. El 90% de la tierra destinada al cultivo de café en está en manos de pequeños productores (menos de 10 has.), El 60% de los productores chiapanecos de café tienen superficies menores de 5 has. Es decir que el café en Chiapas es un cultivo minifundista, el 75% de los productores del sector se encuentran ubicados en zonas marginadas y pertenecen a un grupo indígena (Sagarpa, 2003). La cafeticultura chiapaneca, en especial la de los pequeños productores es una prueba de las capacidades técnicas, productivas, económicas y políticas de los chiapanecos que han salido adelante pese al abandono del Estado en la política agrícola. La Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas (Comcafé) se crea en 2000 con el objetivo de establecer las líneas básicas de desarrollo, principales acciones y proyectos que coadyuven con el desarrollo integral de la cafeticultura en el Estado. y teniendo como ejes: Impulso al desarrollo integral de la cafeticultura chiapaneca; formación de capital humano y fortalecimiento de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo y crecimiento de la cafeticultura chiapaneca; consolidación de la calidad total del café chiapaneco y eficientización de los diversos procesos que conforman la cadena del valor del sistema producto; y posicionamiento del café chiapaneco en nuevos segmentos de mercado, basados en la calidad de la producción y su diferenciación regional (Comcafé, 2005). La observación de Víctor Toledo en su obra La Paz en Chiapas, es que las alternativas duraderas para la pacificación en Chiapas, se basan en las experiencias de producción orgánica de los cafetaleros y otros procesos de manejo, aprovechamiento y conservación de

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los recursos naturales en bosques y selvas ubicadas en los territorios indígenas (Toledo, 2000). Incluso se habla ya de décadas del comercio antes solidario y ahora llamado equitativo, de un mercado diferente, conocido como comercio justo, sin intermediarios entre productores en el campo y consumidores en las ciudades, que consiste en que el precio de la mercancía incluye un pago directo al productor por su cuidado del medio ambiente y por ser parte de una cultura antigua. Es el caso del café orgánico que se produce en el sur de México y se vende entre consumidores conscientes y solidarios de México, Estados Unidos, Europa y Japón (Roozen y Vander Hoff). La gama de productos orgánicos es cada vez más amplia, con altas tendencias de crecimiento por año. Al 2006 el gobierno de Chiapas reporta la existencia de 180 organizaciones de café orgánico, lo que representa el 80.4% de las 224 organizaciones con manejo orgánico de diversos productos agropecuarios. Según las investigaciones de Jorge López Arévalo, pese a que Chiapas es el principal productor de café de México, y el primero de café orgánico en el mundo, la balanza comercial del café es negativa: México consume café soluble, importado de Estados Unidos y otros países, como se puede apreciar en las siguientes gráficas.

Balanza comercial del café mexicano, 1980-2006

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Fuente: Jorge Alberto López Arévalo, 2008, “Crisis económica y alimentaria en Chiapas”. Ponencia presentada en el Foro: Crisis alimentaria; Agrocombustibles y agricultura campesina, UNORCA-Vía Campesina, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 24 de julio 2008. La tendencia es que México se está convirtiendo en un país importador de café, pues aún cuando es uno de los principales productores del mundo, y el café mexicano se consume en Estados Unidos, Europa, Japón, Canadá y Cuba, entre otros países, el consumo nacional es de café soluble importado de Estados Unidos, Colombia, Canadá, Europa y Vietnam. Llama la atención que el principal país con el que ocurren estas transacciones es Estados Unidos, lo que significa que gran parte del café que importamos de ese país es mexicano, pero el proceso industrial y comercial está controlado por empresas estadounidenses, como la Nestlé. También llama la atención que los países europeos que surten de café a México no son productores, sino revendedores. Queda claro que la dependencia alimentaria no es por falta de alimentos, sino por las redes de comercialización, pues los costos por importar y exportar son las principales fuentes de ganancia para las empresas del ramo. Es decir que la inversión de capitales no se está destinando a las actividades productivas, sino a las especulativas. Además de los problemas de comercialización descritos, los productores de café ven amenazada su producción por la introducción de semillas transgénicas promovidas por la Nestlé en Soconusco1, para lo que las organizaciones empiezan a unirse a otros frentes campesinos en los que la contaminación de transgénicos está más avanzada, como es el caso de los productores de maíz, como se verá más adelante.

5.7. Productores de maíz Existen dos tipos de productores de maíz: los pequeños productores de autoconsumo y los productores de maíz comercial. Entre las diferencias de estos dos tipos de productores, está el destino de la producción: para autoconsumo o para comercialización. La producción para el autoconsumo se basa en el sistema milpa mesoamericano o milpa maya, es decir en la asociación de cultivos tradicionales como son maíz, frijol, calabaza y chile con decenas de

1 Testimonio de productores de café de Tapachula, en el Foro: Crisis alimentaria; Agrocombustibles y agricultura campesina, UNORCA-Vía Campesina, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 24 de julio 2008.

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plantas, árboles frutales y maderables. Por el contrario, el sistema de producción de maíz comercial se basa en el monocultivo y la mecanización de la agricultura. Los productores de autoconsumo utilizan como herramientas principales machete, pico y pala; por otro lado, los productores de maíz comercial recurren a maquinaria pesada, fertilizantes, herbicidas, semillas híbridas e incluso transgénicas. El proceso productivo del maíz para autoconsumo, si bien tiene variantes según el régimen de lluvias local, incluye una etapa de preparación del terreno que se apoya en labores culturales como la preparación del terreno mediante quemas agrícolas y aplicación de abonos, en su mayoría basados en fertilizantes químicos. El siguiente proceso es el manejo de malezas, para lo que se aplican herbicidas. Posteriormente ocurre el control de plagas, utilizando plaguicidas. Por último viene la etapa de lluvias torrenciales, que en Chiapas alcanzan la precipitación más alta de México y las temporadas de huracanes del Golfo y del Pacífico, por lo que suelen ocurrir deslaves en zonas erosionadas. Chiapas es el cuarto lugar nacional en producción de maíz (9.6%) y el primero del sureste, solo se comercializa entre 20% y el 25%, ya que el resto de la producción es para autoconsumo. El maíz que se comercializa se dirige principalmente a los estados de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Puebla y el vecino país de Guatemala. (SDR, 2005, p. 34). Coexisten dos sistemas marcados por el destino de la producción de maíz para la comercialización o para el autoconsumo.

México: Sistema Producto Maíz

Fuente: SDR, 2005, Sistema producto maíz de Chiapas: Plan rector. Secretaría de Desarrollo

Rural, Gobierno de Chiapas, México.

Para la producción de maíz comercial hay estudios, datos, organizaciones gremiales, fuentes financieras, programas de inversión y pretensiones de hacer de Chiapas “el granero

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de México”. Para la producción de autoconsumo, no hay información actualizada, créditos ni organizaciones gremiales plenamente constituidas y con programas de capacitación, inversión o fortalecimiento. Los distritos con mayor producción de maíz comercial en Chiapas son Tuxtla Gutiérrez, Villaflores y Comitán. El maíz para autoconsumo se produce en todo el estado, en particular en las comunidades indígenas, esto es Los Altos, Norte, Selva, Fronteriza y Sierra Madre. Más del 98% de la superficie de maíz es de temporal y sólo el 2% es de riego. El cálculo de rendimientos de maíz en Chiapas varía según la metodología, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. En tres investigaciones revisadas (Boege, Perales y López Arévalo), se calcula un promedio de 1.5 a 1.9 toneladas por hectárea en Chiapas, sin embargo, el estudio de la milpa tzotzil en Chenalhó (Mariaca), calcula rendimientos de 2.5 a 4.5 ton/ha, que podría compararse con los rendimientos mínimos calculados para Sinaloa, el principal productor del país, estimados entre 4.6 ton/ha. (Perales) y 8.6 ton/ha (Boege). De cualquier manera, la competencia con agricultores de Estados Unidos es imposible, si tomamos en cuenta que en ese país, el principal proveedor del grano a México, se obtienen rendimientos de 8 ton/ha (Perales), principalmente por la diferencia de los subsidios: se calcula que en México cada producto recibe hasta 724 dólares anuales en subsisdios directos e indirectos, mientras en el país vecino se reciben hasta 30,635 dólares anuales, en particular por la inversión en investigación y desarrollo, infraestructura, procesos de comercialización (López Arévalo, 2007, p. 349). Rendimientos estimados de la producción de maíz en México, según diferentes metodologías

Periodo Riego Temporal Ambas Región Fuente 1997-2003 - 2.5 a 4.5 - Santa Martha, Chenalhó, Chis. Mariaca, et. al, 2007, p. 41 1999-2005 5 a 6.6 1.9 a 2.1 - República Mexicana Marielle, 2007, p. 36.

2004 - - 5.3 Jalisco 2004 - - 2.9 Estado de México 2004 - - 4.01 Guanajuato 2004 - - 1.8 Chiapas 2004 - - 2.9 Michoacán 2004 - - 8.6 Sinaloa 2004 - - 2.07 Oaxaca

Boege, 2006, p. 263.

1998 2.2 1.2 - Ej. Casas Blancas, Mich. Astier, et. al, 2000, p.289. 2000 - - 1.9 Chiapas 2000 - - 4.6 Sinaloa 2000 - - 3.6 Jalisco 2000 - - 8 Estados Unidos

Perales, 2005, pp. 420-421.

2001 - - 1.5 Chiapas López Arévalo, 2007, p. 324. La producción mundial de maíz es la de mayor volumen de todos los cereales,

Debido a la gran versatilidad de usos, ya que se consume como alimento para la población y se puede utilizar como alimento para ganado o transformándose industrialmente en productos con mayor valor agregado en diversas industrias como la textil, minera, electrónica, farmacéutica, combustibles, etc. La producción mundial de maíz asciende aproximadamente a 620 millones de toneladas. Teniendo un inventario mundial de 75.6 millones de toneladas, logrando un crecimiento anual promedio de 2.4%. Los principales

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países productores en el mundo son EEUU (43%) y China (18%), seguidos por Brasil (6%), México (3%) y Argentina (3%). Entre EEUU y China producen el 61% de maíz del mundo. (...) El maíz es el cultivo más importante para México, aproximadamente la mitad de la superficie cultivable se destina a este cereal. La rentabilidad del cultivo esta soportada en la comercialización y el precio establecida por el gobierno. La demanda de Maíz en México se estima de 25.7 millones de toneladas" (SDR, 2005, pp. 8 y 15).

Para los pueblos indígenas, el principio de la diversificación productiva es el sistema milpa, que puede llegar a constituir “un policultivo de veinte a veinticinco especies agrícolas y forestales (y de anuales y perennes), y tiene como eje el cultivo del maíz (...), un sistema integrado por varias unidades productivas, en el que se combinan elementos de origen prehispánico (como la milpa o la pesca), con otros derivados del contacto europeo (como el café o muchas de las especies cultivadas en los huertos, o el ganado bovino) y otros francamente modernos (como el uso de variedades mejoradas o incluso el empleo de fertilizantes químicos). Este modelo indígena posee tanto carencias y limitaciones como sorprendentes ventajas ecológicas y económicas que es necesario reconocer, pero en esencia conforma hoy en día la alternativa más viable para alcanzar una modalidad productiva que no atente contra los equilibrios naturales y que sea capaz de aprovechar ventajosamente las peculiaridades que la naturaleza presenta bajo estas condiciones” (Toledo, 2000, p. 137). El maíz es reconocido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como un cultivo estratégico para la seguridad alimentaria, sin embargo, la estrategia de Sistema Producto es aún muy reciente y la debilidad del sector productivo es muy profunda, en particular entre los pequeños productores, por lo que no se cuenta con la suficiente protección jurídica ni cuenta con recursos financieros suficientes para recuperar la soberanía alimentaria, o por lo menos la seguridad alimentaria. Para proteger la producción de maíz, sería pertinente una declaratoria nacional del maíz mexicano bajo algún régimen especial de protección comercial que eleve la competitividad del grano en el mercado internacional, considerando que Estados Unidos es el principal productor y exportador del mundo, y con la apertura del capítulo agropecuario del TLC se libera el mercado por completo. Un decreto en el Diario Oficial de una denominación de origen protegería el maíz mexicano de la introducción de semillas híbridas y transgénicas y le daría un valor agregado al maíz. En 1994, al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés), los granos básicos como maíz, frijol, trigo y otros, fueron incluidos en un capítulo agropecuario en el que se establecía que los granos básicos no serían desrregularizados a partir del 2008. Se podría pensar que entre los objetivos de postergar la apertura comercial de estos granos, era tener un periodo para fortalecer a los productores para que pudieran competir con Estados Unidos y Canadá. En realidad, las políticas agrícolas han contribuido a la emigración masiva a las ciudades industriales y campos agrícolas del norte de México, centros turísticos como Cancún y los Estados Unidos y, al parecer, es una política deliberada, es decir, un resultado del combate a la pobreza y las reformas al artículo 27 constitucional:

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C40. El combate a la pobreza, por Catherine Marielle Las políticas oficiales de los últimos 20 años parecen orientadas a acabar con el maíz… y con los campesino. Lo decían tranquilamente funcionarios del presidente Salinas: “Es la política de este régimen remover del México rural la mitad de su población en los siguientes cinco años” (Luis Téllez, subsecretario de Agricultura, 1991). El profesor Hank González sostenía: “Mi obligación como secretario de Agricultura es sacar del campo a diez millones de campesinos”. Tomado de: http://www.cdi.gob.mx/ini/sinmaiz/economia.html Citado por Catherine Marielle (coord.), La contaminación transgénica del maíz en México. Luchas civiles en defensa del maíz y de la soberanía alimentaria. Estudio de caso, México, Grupo de Estudios Ambientales, p. 34.

Las políticas públicas del campo no lograron fortalecer a los pequeños productores, por el contrario, provocaron la emigración, el cambio de ramo productivo y otras situaciones que requieren de un análisis del campo en un contexto de crisis. La apertura del capítulo agropecuario del TLCAN coincide, además, con el aumento de la demanda de los Estados Unidos por adquirir maíz y otros cultivos para destinarlo a la producción de bioetanol, biocombustibles o agrocombustibles. El problema de desnutrición en Chiapas es de los más graves de México, en particular en las poblaciones más vulnerables como son los niños indígenas, por lo que resulta pertinente la recomendación del relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, que en 2007 pidió ante el Sistema de Naciones Unidas que se aplique una moratoria mundial de cinco años a la producción de cultivos para biocombustibles por el riesgo real de aumentar el hambre al usar cada vez más tierras de cultivo para fines no alimentarios. (EP/AP, 2007). Al interior del Sistema de Naciones Unidas (SNU) hay contradicciones estructurales que impiden cumplir con las Metas del Milenio, empezando por la primera: reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas que padecen hambre. Entre las contradicciones señaladas por Ziegler desde 2002, entre las agencias del SNU que vigilan y promueven el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESC) y las instituciones de Bretton Woods (Fondo Monetario Internacional, FMI, Banco Mundial, BM, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE), los gobiernos que siguen al pie de la letra el Consenso de Washinghton y la Organización Mundial de Comercio, OMC. El artículo 3.XXXI de la ley de desarrollo rural sustentable, define los sistemas producto como "El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización”. Al entrar en vigor el capítulo agropecuario del TLCAN, todavía no estaba completamente integrado el sistema producto maíz, por lo que la liberalización comercial afecta directamente en la integración de las cadenas de producción-consumo de este grano.

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C42. El Sistema de Naciones Unidas y sus contradicciones internas son evidentes al revisar el derecho a la alimentación: Jean Ziegler El Relator Especial recomienda que los Estados adopten medias concretas para reducir inmediatamente el hambre y la malnutrición. Recomienda también que los Estados establezcan e instrumentalicen legislación nacional sobre el derecho a la alimentación y reconozcan formalmente la justiciabilidad de este derecho. Además, deben tomarse medidas en el plano internacional, incluida la adopción del proyecto de protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y un Código de Conducta sobre el derecho a la alimentación. Ulteriormente, todos los Estados deben cumplir sus obligaciones vinculantes conforme al derecho humanitario internacional de respetar el derecho a la alimentación en los conflictos armados; en particular, deben respetarse los principios y normas que rigen la asistencia humanitaria a fin de impedir la muerte por hambre de personas inocentes. El Relator Especial cree que existen profundas contradicciones internas en el sistema de las Naciones Unidas, que representan una suerte de esquizofrenia dentro del mismo. Por una parte, los organismos de las Naciones Unidas ponen el acento en la justicia social y los derechos humanos. En la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos celebrada en 1993 en Viena, los estados Miembros proclamaron la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la alimentación. Organismos de las Naciones Unidas, incluidos la FAO, el PNUD, el UNICEF y el PMA, y muchos otros hacen un trabajo excelente promoviendo el desarrollo. Por otro lado, las instituciones de Bretton Woods, junto con el Gobierno de los Estados Unidos de América y la organización Mundial de Comercio se oponen en la práctica al derecho a la alimentación mediante el Consenso de Washington, poniendo el acento en la liberalización, la desregulación, la privatización y la limitación de los presupuestos nacionales de los Estados, modelo que en muchos casos produce mayores desigualdades. Como todos los organismos de la Naciones Unidas, incluidas las instituciones de Bretton Woods, tienen la obligación de informar al Consejo Económico y Social, el Relator Especial recomienda que estas contradicciones internas sean enfrentadas por los Estados que son tanto partes de los tratados sobre derechos humanos como miembros de las instituciones internacionales. Es preciso corregir el comportamiento contradictorio de los Estados. Jean Ziegler, 2002, El derecho a la alimentación. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. Comisión de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas. 58º período de sesiones. 10 de enero de 2002. E/CN.4/2002/58. En Chiapas hay los siguientes programas de gobierno en apoyo a los productores de maíz: Fomento agrícola, (SDR), con tres líneas de acción: Fomento a la inversión y capitalización, Fomento a los sistemas producto e Investigación y transferencia de tecnología; este programa se caracteriza por distribuir subsidios autorizados por el gobierno federal. Otro programa es del Banco de México a través de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), que funge como banca de segundo nivel, por lo que no otorgan créditos directamente sino a través de la banca comercial; Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), dependiente de la Sagarpa, instancia que otorga apoyos directos a los productores, como los que provienen del Procampo, Apoyo a granos forrajeros, rastros e ingreso objetivo para la integración de los productores en cadenas agroalimentarias. Financiera Rural otorga diversos tipos de créditos. Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), que tiene como objetivo apoyar al establecimiento de agronegocios (SDR, 2005, pp. 55-60).

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Entre las recomendaciones técnicas identificadas están las siguientes:

1. El fitomejoramiento participativo es una metodología de trabajo que consiste en el intercambio de semillas criollas, nativas o autóctonas entre productores de diferentes comunidades.

2. El mejoramiento de nutrientes mediante biofertilizantes, abonos orgánicos foliares o verdes. Las prácticas culturales de manejo tradicional de la milpa y asociación y rotación de cultivos.

3. Para mejorar los ingresos de los productores, se pueden combinar cultivos comerciales, como son los frutales, con granos básicos para autoconsumo (maíz, frijol, calabaza, chile), granos básicos comerciales (haba, garbanzo, papa, chícharo) y hortalizas (jitomate, zanahoria, lechuga, espinaca, etc.).

4. La diversificación productiva en el sistema milpa se conoce como Milpa Maya y representa, además de una fortaleza económica, una fortaleza cultural y nutricional.

5. La organización de los pequeños productores de maíz por comunidad, ejido, uniones de ejidos y organizaciones de base.

6. La defensa de las semillas criollas en comités locales que procuren evitar la introducción de semillas híbridas o transgénicas, para evitar la erosión genética.

7. Ferias de maíz entre productores de una o más organizaciones en las que se pueda confiar que no se utilizan semillas transgénicas.

8. El cambio tecnológico de usar agroquímicos a recurrir a los abonos orgánicos y foliares, puede ir acompañado del establecimiento de talleres de producción de biofertilizantes.

9. Inversión en obras de conservación de suelos y aguas, estabilización de laderas y control de la erosión, construcción de terrazas y barreras vivas o muertas.

10. Bancos de germoplasma por familia, comunidad, ejido, municipio u organización, para contar con un recurso que garantice la siembra del siguiente año aún en caso de catástrofe ambiental o económica.

5.8. Semillas híbridas y transgénicas de maíz Los campesinos seleccionan el maíz cada cosecha según color, textura, tamaño y lo vuelven a sembrar, (maíz criollo, nativo o autóctono). Así es como se ha domesticado esta planta lo mismo en tierras frías, templadas o calientes. El maíz transgénico es una modificación del código genético del maíz, para incluir el insecticida en el interior de la semilla. Se desconocen los riesgos a la salud y el ambiente, pero hay un riesgo de contaminación genética por el polen. La Comisión Nacional de la Biodiversidad (Conabio), rechaza el uso de semillas transgénicas por apego al principio precautorio establecido en el Convenio de Diversidad Biológica y adoptado por los países presentes en la Cumbre de Río. C43. El principio precautorio, por ONU Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta

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de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Principio 15 de la Agenda 21, Cumbre de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, junio de 1992. Con la apertura del capítulo agropecuario del TLCAN, el maíz de Estados Unidos tiene libre ingreso y distribución en México, y la ley de bioseguridad no es suficiente para evitar la contaminación genética pues no prohíbe las semillas transgénicas. Consideramos necesario que gobierno y sociedad actúen juntos para evitar la contaminación de las semillas criollas por las semillas transgénicas. La contaminación del campo mexicano con maíz transgénico, por Catherine Marielle La apertura comercial ha provocado además la contaminación transgénica del maíz en México (…). Estados Unidos cultiva con fines comerciales variedades genéticamente modificadas (GM) desde 1996; en 2002, de toda la superficie dedicada al maíz, 31% correspondió a ellas, mientras que en 2006 se sembraron en total 54.6 millones de hectáreas y en alrededor de la mitad se empleó semilla transgénica. Dado que ese país no segrega el maíz convencional del GM y es nuestro principal proveedor del grano, en los últimos diez años han entrado a la República Mexicana decenas de millones de toneladas de maíz transgénico. Catherine Marielle (coord.), 2007, La contaminación transgénica del maíz en México. Luchas civiles en defensa del maíz y de la soberanía alimentaria. Estudio de caso, México, Grupo de Estudios Ambientales, pp. 34-35. Pese a que se pregona que no hay pruebas científicas que demuestren el impacto de las semillas transgénicas en la salud ambiental, y que el principio precautorio que se supone sienta las bases del desarrollo sustentable desde la Cumbre de Río, hay cada vez más investigaciones de laboratorio en la que se arrojan evidencias de que el riesgo es real: Hay semillas modificadas para repeler insectos o resistir a descargas de herbicidas, el impacto en el ambiente, tal como ocurrió con el uso de plaguicidas como el DDT es, según estudios publicados en revistas como Nature y Molecular Ecology, entre otras, el siguiente: algunos insectos y hierbas entrarán en peligro de extinción y otros se adaptarán y generarán resistencia, por lo que surgirán superinsectos y supermalezas y se romperá el equilibrio ecológico (Marielle, 2007, pp. 43-49). En la Universidad de Newcastle se comprobó experimentalmente que el ADN transgénico ingerido en alimentos se puede recombinar en el estómago y el intestino humanos, transfiriendo a las bacterias de la flora intestinal propiedades de las plantas transgénicas, como por ejemplo la resistencia a antibióticos (Silvia Ribeiro, 2002). Monsanto, empresa que controla el 91% de la comercialización de semillas transgénicas en el mundo, publicó resultados de investigación experiemtnal con ratas a las que se administraron granos MON863, observando “daños en los riñones y alteraciones en la composición sanguínea de los roedores alimentados con el grano transgénico (…), daños y

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peso anómalo de riñones e hígado y perturbaciones en los índices de reticulocitos, triglicéridos, etc, y en otros de química urinaria” (Marielle, 2007, p. 52). La introducción de semillas de maíz mejoradas (principalmente Pioneer) en las regiones Sierra, Soconusco, Fronteriza y Frailesca, representa un aumento en los insumos agrícolas con altos costos económicos para el productor, además de la vulnerabilidad de parcelas sembradas exclusivamente con semillas criollas que pueden contaminarse por el polen de maíz mejorado. La liberación de maíz transgénico con fines comerciales no puede ser controlada como resultado de la libre polinización natural de la especie, y necesariamente implica contaminación genética de las semillas criollas, por lo que se recomienda que, si acaso se apruebe la liberación sea en lugares donde se garantice el menor riesgo posible, sólo en instituciones públicas y con fines de investigación, no así con fines comerciales o de polinización abierta. Es prioritario delimitar los Centros de Origen y Centros de Diversidad Genética para proteger esas regiones de la liberación al ambiente de semillas transgénicas, profundizar e identificar la diversidad de semillas criollas y fortalecer la conservación in situ. (Conabio, 2006). Incluso se propone declarar México como país de origen, sin que por esto se pretenda entrar en una polémica histórica con otros países mesoamericanos, sino como protección de las semillas nativas, y complementario a la declaratoria de Denominaciones de Origen por razas de maíz mexicano (Boege, 2006, p. 287).

5.9. Defensa de las semillas nativas La estrategia de las comunidades organizadas en la Red Maíz Criollo Chiapas consiste en que el gobierno reconozca el conocimiento tradicional que ha permitido la existencia del maíz, a partir de certificar a los productores de maíz criollo y pagar por el trabajo que hacen de manera sostenida y como parte de su cultura desde hace cientos de generaciones, expresada en la selección de semillas de la cosecha propia y siembra con el maíz producido localmente. Redireccionar la compra de semilla a empresas del ramo, y reconocer las semillas criollas, lo que implica valorar su costo de producción y su utilidad estratégica para la autosuficiencia alimentaria. Es pertinente y necesario declarar los estados donde hay centros de origen o centros de diversidad biológica de las semillas criollas como zonas libres de Organismos Genéticamente Modificados y derivar programas de bioseguridad para evitar la introducción de semillas transgénicas y la consecuente contaminación genética. No existe un programa del gobierno federal que esté dirigido explícitamente a la protección de las semillas criollas. Acaso existen proyectos de investigación que se basan en bancos de germoplasma bajo la dirección de Conabio, INIFAP, CYMMIT, Chapingo, Ecosur o investigadores particulares.

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Es pertinente una declaratoria nacional de protección de las semillas criollas en los centros de origen según los ha identificado la Conabio (2006). Más aún, la identificación de semillas nativas con territorios indígenas de todo México presentada por Eckart Boege (2006) es la base para un reconocimiento más profundo del papel de los pueblos originarios en la conservación y continuidad de los recursos genéticos. En el cuadro de la página siguiente se hace un recorte para los territorios indígenas de Chiapas.

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G6. Variedad de maíz y técnicas de cultivo en los pueblos indígenas de Chiapas, México Pueblo

indígena Nombre Razas de maíz reportadas

Años de colecta

Regiones ecológicas

Sistemas de cultivo

Insumos o instrumentos Uso Fuente de

datos Chol ó Winik Ixim Zapalote chico 1976 Selva

húmeda s/d s/d s/d s/d

Lacandones o Hach winik

Ixim Tuxpeños (criollos y mejorado Rocamex),

Nal Tel s/d Selva

húmeda

RTQ con descanso largo

y medio

Hacha, palo sembrador,

fuego, agroquímicos.

Común GEA

Mames o Mam Ixi'n

Vandeño, zapalote grande, tepecintle,

tuxpeño 2000 Selva

húmeda

RTQ con descanso largo

y medio

Hacha, fuego, agroquímicos. Común GEA

Tojolabal o Tojolwinin'

otik Ixim

Comiteco, olotón, olotillo, zapalote

grande, tepecintle, nal tel, vendeño.

1944, 1946, 1961 y 1972

Tropical subhúmeda s/d

Hacha, palo sembrador,

fuego, agroquímicos.

Común CIMMyT, GEA

Tzeltal o Winik a tel Ixim

Clavil 6, comiteco, cubano amarillo,

elote occidental, nal tel, olotillo, olotón, tepecintle, tuxpeño, vandeño, zapalote chico y zapalote

grande.

1943, 1944, 1946, 1961

y 1972

Selva húmeda y templada

subhúmeda (montaña)

RTQ con descanso

medio y largo; temporal; año

y vez, contínuo.

Hacha, coa, espeque, palo sembrador,

fuego, agroquímicos.

Común, pozol,

harina para tortillas, nixtamal,

atole

Noé León

Zoque u O'de püt Ujksi

Cónico, olotillo, tepecintle, vandeño,

zapalote chico, olotón.

1946, 1960, 1972 y 1976

Selva húmeda y templada húmeda

(Chiapas y Veracruz)

Descanso, RTQ

Machete, barreta o coa,

agroquímicos.

Usos comunes

CIMMIT, GEA.

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Pueblo indígena Nombre Razas de maíz

reportadas Años de colecta

Regiones ecológicas

Sistemas de cultivo

Insumos o instrumentos Uso Fuente de

datos

Tzeltal, Kanjobal,

Mam Ixim Tehua. 1972, 1946,

1972.

Selva húmeda de

La Trinitaria, Motozintla.

s/d s/d s/d Ortega PR

Elaboración propia con base en Eckart Boege, 2006, “Territorios y diversidad biológica: la agrobiodiversidad de los pueblos indígenas de México”, en Luciano Concheiro Bórquez y Francisco López Bárcenas (coords.), Biodiversidad y conocimiento tradicional en la sociedad rural. Entre el bien común y la propiedad privada, México, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), Cámara de Diputados, LX Legislatura, pp. 237-298.

CIMMyT = Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. GEA = Grupo de Estudios Ambientales AC (Catarina Illsey, Jazmín Aguilar y Catherine Marielle). Ortega, PR, 2003, artículos en Gustavo Esteva y Catherine Marielle (coords), Sin maíz no hay país, México, Conaculta.

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La Secretaría de Pueblos Indios (SEPI), promueve el mejoramiento participativo de semillas de maíz en la región, para rescatar las variedades criollas partiendo de la necesidad y características de cada zona ecológica. En sentido contrario, la Secretaría del Campo promueve semillas híbridas de alto contenido proteínico (Quality Production Maize, QPM), lo que motivó que en 2007 las organizaciones de productores y la SEPI se unieran para exigir a la SECAM apoyo a la siembra de semillas criollas. Postura de la Red Maíz Criollo a favor de las semillas nativas y en contra de las híbridas

1. No hay semilla, de ninguna naturaleza (comercial, criolla, QPM o transgénica) que funcione bien en cualquier ambiente, es decir cada semilla corresponde a cierto clima y, en particular, no hay opciones para tierra fría (arriba de 2,000 msnm).

2. En Los Altos de Chiapas las semillas mejoradas se han introducido con el argumento de que enriquecerán la oferta proteínica de las personas, pero en realidad su dieta de proteínas está cubierta por maíz-frijol, por lo que si se introduce una variedad rica en proteínas como la QPM; provoca sobreproteína, cuando en realidad lo que necesitan son vitaminas y minerales.

3. La proteína alcanzada por QPM es de un 10% y la obtenida por la combinación maíz-frijol es de 18%, según estudios realizados por la Universidad de Tabasco.

4. No se conoce un diagnóstico regional que demuestre que esa semilla es adecuada a las condiciones sociales, ambientales de cada región de Chiapas. Se podría experimentar con maíces QPM, pero no sustituir las semillas criollas para que predominen y se adapten a las variedades nativas.

5. Las semillas criollas son de alta calidad para los ambientes donde se están utilizando y deben ser reconocidas, junto con el trabajo del productor por participar en el incremento de la diversidad biológica. Un experimento en Chamula y Oxchuc arroja que las semillas mejoradas no rindieron ni la mitad de los locales. Las semillas híbridas disminuyen sus rendimientos año con año. En sí misma no es una semilla, es un grano pues no se puede fitomejorar, requiere ser comprada o subsidiada para obtener los rendimientos deseados.

6. No hay recetas: cada región produce sus propios recursos genéticos. 7. Las semillas nativas son resultado de procesos de adaptación a las variedades del clima,

por lo que en un escenario de calentamiento global, tienen mayor resistencia, rusticidad y productividad que las semillas híbridas y las transgénicas.

8. El centro de la propuesta técnica de la Red Maíz es la defensa y fitomejoramiento de las variedades nativas, y se pretende facilitar la transición de pequeños productores de maíz de autoconsumo a productores de semillas nativas con producción orgánica.

9. Debemos fomentar el cuidado y conservación de la riqueza genética del país, y si se promueve la siembra de maíces criollos esto ayudara a preservar la riqueza genética es patrimonio de la humanidad, en contraste con si se siembra la variedad QPM que homogeneizara las siembras desplazando a la siembra de variedades criollas que disminuiría la diversidad biológica.

10. También está en riesgo la diversidad cultural, ya que al reducirse las semillas nativas se pierden las practicas de selección, conservación y multiplicación de semillas, la selección de ciertos tipos de variedades para la diversidad de platillos, y también cada semilla es escogida para ciertas ceremonias espirituales.

No existe un concepto de semillas criollas en ninguna de las leyes ni en los tratados internacionales en materia de recursos fitogenéticos, por lo que su siembra no está ni prohibida ni fomentada, se encuentra en un limbo jurídico o vacío legal.

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La definición más cercana es la que se establece en la Ley federal de producción, certificación y comercio de semillas, que en su artículo 4 define las semillas que son sujetas de registro sin incluir el concepto de semillas criollas, nativas, indígenas autóctonas. Lo más cercano a su definición es el concepto de “Semillas originales: Esta semilla constituye la fuente inicial para la producción de semillas de las categorías básicas, registrada y certificada, y es el resultado de un proceso de mejoramiento o selección de variedades vegetales”; es decir, son la base para la producción de semillas híbridas. De tal manera que la comercialización de semillas nativas no puede registrarse: en el SNICS no hay antecedentes de haber registrado una variedad criolla. De los estudios revisados, Boege (2006) identifica 15 variedades de maíz nativo en Chiapas y Perales (2005) identifica 23 y, en conjunto, presentamos una lista de 27 razas. Razas de maíz reportadas en Chiapas

ID Maíz nativo de

Chiapas Estado de conservación in situ 1 Arrocillo2 Presencia incidental 2 Bolita.2 Presencia incidental 3 Celaya2 Raro 4 Chiquito2 Presencia incidental 5 Clavil 6.1 Raro 6 Comiteco1,2 Abundantes en su área de distribución. 7 Cónico1 Raro 8 Cubano Amarillo1,2 Abundantes en su área de distribución. 9 Dzit Bacal2 Presencia incidental

10 Elote Occidental1 Raro 11 Motozintleco2 Endémica, presencia incidental 12 Mushito2 Raro 13 Nal Tel de altura2 Raro 14 Nal Tel1,2 Frecuencia rara en áreas amplias. 15 Olotillo1,2 Antes era dominante y que ha sido , desplazada por tuxpeño. 16 Olotón1,2 Abundantes en su área de distribución. 17 Quicheño2 Presencia incidental 18 Serrano de Guatemala2 Raro 19 Serrano Mixe2 Presencia incidental 20 Tabloncillo2 Presencia incidental 21 Tehua1,2 Endémica, casi extinta, desplazada por tuxpeño. 22 Tepecintle1,2 Frecuencia rara en áreas amplias, desplazada por tuxpeño. 23 Tuxpeño Criollo1,2 Abundante en áreas amplias.

24 Tuxpeño Mejorado

Rocamex1 Abundante en áreas amplias. 25 Vandeño1,2 En peligro de extinción. 26 Zapalote Chico1,2 Abundantes en su área de distribución.

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ID Maíz nativo de

Chiapas Estado de conservación in situ 27 Zapalote Grande1,2 En peligro de extinción.

Fuentes: 1Eckart Boege, 2006, “Territorios y diversidad biológica: la agrobiodiversidad de los pueblos indígenas de

México”, en Luciano Concheiro Bórquez y Francisco López Bárcenas (coords.), Biodiversidad y conocimiento tradicional en la sociedad rural. Entre el bien común y la propiedad privada, México, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), Cámara de Diputados, LX Legislatura, pp. 237-298.

2Hugo Perales y Juan Manuel Hernández Casillas, 2005, “Diversidad del maíz en Chiapas”, en Mario González Espinosa, Neptalí Ramírez Marcial y Lorena Ruiz Montoya (coords.), Diversidad biológica en Chiapas, México, Ecosur-Cocytech.Plaza y Valdés, pp. 419-440.

Entre las propuestas para la organización en defensa de las semillas nativas o criollas, están las siguientes:

1. Continuar con las prácticas de fitomejoramiento o selección de semillas producidas por esfuerzo propio, evitar la introducción de semillas de dudosa procedencia.

2. Sembrar para la soberanía alimentaria local, para la economía familiar primero y para el mercado después.

3. Organización de productores-consumidores. 4. Comida sana y cercana; no importada y de dudosa procedencia y manejo. 5. Manejo agroecológico de cultivos, ganado, bosques y ríos sin agroquímicos. 6. Agricultura natural, artesanal y orgánica. 7. Exigir a empresas que etiqueten sus productos. 8. Fortalecer el Maíz criollo. Denuncia, organización y movilización en caso de riesgo

por contaminación genética. 9. En lugar de comprar semillas de patente, se reconozca el conocimiento tradicional

de los campesinos en el manejo del maíz mediante la selección de semillas. 10. En caso de identificar contaminación genética de semillas criollas, provocar su

destrucción mediante el fuego controlado antes de la floración. 11. Vigilar las parcelas vecinas a 25 kilómetros a la redonda mediante la constitución de

Comités Comunitarios de Semillas Criollas. En mayo de 2007, una veintena de organizaciones civiles y de base, académicos y ciudadanos independientes, coincidió en su crítica y exigencia ciudadana contra el reparto de agroquímicos que estaba haciendo el Gobierno de Chiapas en el marco del programa Maíz Solidario. En esa entonces se difundía por televisión, radio, internet y a través de carteles espectaculares en las carreteras un mensaje muy breve: “Más de un millón y medio de chiapanecos dependen del Maíz de autoconsumo. Con el programa Maíz Solidario recibirán semilla, herbicida y fertilizante a más tardar en junio, por primera vez a tiempo. Chiapas, gobierno de hechos, no palabras”. En el ciclo agrícola primavera 2007, la Secretaría del Campo distribuyó un paquete integrado por fertilizante Urea, herbicida Faena y semillas, por igual, a 170,000 campesinos de autoconsumo, en su mayoría indígenas, sin tomar en cuenta si estos agroquímicos eran apropiados al tipo de suelos, climas y parcelas, sin entregarles ropa especial para evitar

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inhalación y filtración en la piel como se establece en la normatividad en la materia. Y esto es una política de estado que ha ocurrido desde sexenios anteriores. Producto de esta protesta social, las organizaciones civiles y de base se coordinan desde entonces en un espacio llamado Red Maíz Criollo Chiapas, a través del cual se abrió un espacio de negociación que culminó en la apertura del programa a favor de la agricultura orgánica. En 2008, el programa Maíz Solidario incluyó 50,000 paquetes orgánicos y 150,000 con agroquímicos. De los paquetes orgánicos, 4,500 correspondieron a la Red Maíz Criollo, que basó su propuesta en el pago por semillas criollas en lugar del acceso a semillas híbridas, y en la aplicación de micorrizas y bacterias para nutrir las raíces de las plantas de maíz e iniciar, de esta manera, la transición de una agricultura convencional a una de tipo orgánica. La tendencia es que todo el programa Maíz Solidario se base exclusivamente en paquetes tecnológicos de tipo orgánico.

5.10. La importancia del Maíz y la Milpa tradicional Un caso de especial interés es el del Maíz y la conservación de la Milpa tradicional. Una primera referencia nos la ofrecen los artículos del movimiento Sin Maíz no hay País (Esteva y Marielle, 2003), cuyos planteamientos de un movimiento social mexicano en defensa del maíz, se han expandido en los distintos sectores populares.

Los sistemas agrícolas tradicionales, herencia de las antiguas culturas prehispánicas, como el sistema de milpa maya (más de 20 cultivos por hectárea, por secciones y rotación, laderas y otros), combinados con los avances de la agronomía, se perfilan como alternativa económica, ecológica y cultural, pues reducen los insumos industriales como el uso de agroquímicos, representan un sostén económico directo para las familias de millones de personas y significan una revaloración del pasado. Los conocimientos ancestrales de manejo agrícola, de uso de abonos orgánicos, de agricultura intensiva en policultivo, se encuentran en desuso al mismo tiempo que los campesinos prefieren utilizar fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, semillas de patente, tractores a consecuencia de la promoción que recibieron estos productos por parte de grandes hacendados y comerciantes, así como de los extensionistas institucionales que no se acompaño con capacitación en su uso y precauciones. La lógica de producir para vender, amenaza la seguridad alimentaria de los campesinos y los introduce en la dinámica de competencia de mercados.

5.11. Propuesta para la protección del Maíz Mexicano Las primeras culturas de lo que hoy es México domesticaron el teocintle y obtuvieron el maíz (Zea mayans), hace más de 3,000 años, como han hecho constar diferentes estudios arqueológicos. El maíz es un producto cultural, derivado de la experimentación del ser humano en la conservación y cultivo de semillas. México es cuna del maíz y centro desde donde se ha difundido a todos los continente.

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El maíz es considerado el alimento central en la dieta del mexicano por su presentación como tortilla. Entre los usos industriales del maíz se encuentran decenas de productos derivados que incluyen la fabricación de plásticos vegetales, azúcares y maltosas, alimento animal, aceite, así como servir de insumo para las industrias alimentaria, refresquera, farmacéutica, textil, minera, de pegamentos e incluso de producción de etanol o combustible, lo que nos lleva a concluir que el maíz está subutilizado. Desde la década de 1960 la llamada “revolución verde” ha contaminado suelos, bosques y aguas hasta hacerlos improductivos, por lo que los productores optan por hechar más agroquímicos a los terrenos. El mercado de semillas “mejoradas” y modificadas genéticamente pone en riesgo la continuidad de las labores culturales de producción de maíz de 2 millones de productores. La polinización natural del maíz por efecto del viento pone fuera de control el flujo de semillas transgénicas de una parcela a otra circunvecina. Las políticas para el desarrollo rural pocas veces incluyen al maíz, dando preferencia a productos comerciables con canales de comercialización para productos más comerciales como café, jitomate, pimienta y el maíz queda en último lugar en las prioridades. Los productores de maíz no cuentan con estudios ni asesoría especializada, los recursos financieros de que disponen se reducen a subsidios del gobierno, hay infraestructura de riego inadecuada, basada en el modelo de Distritos de Riego, lo que se traduce en una de las tasas de rendimiento más bajas del mundo: 2 toneladas por hectárea, mientras el promedio mundial es de 4 ton, y en Estados Unidos se alcanzan rendimientos hasta de 8 toneladas por hectárea. El estado ha abandonado paulatinamente los procesos de financiamiento para el desarrollo rural, dejando que esta tarea sea asumida por los propios productores y agencias de cooperación internacional. La respuesta social a esta crisis en el campo es el éxodo masivo de inmigrantes a Estados Unidos, en particular desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). El escenario es cada vez más grave al entrar en vigor la desregulación de todo tipo de aranceles para la importación de granos básicos de Estados Unidos, el principal productor del mundo, lo que significa que a partir de 2008 aumentará la oferta de maíz importado en México y reducirá los costos del producto nacional, disminuyendo el margen de ganancia al mínimo e incluso a cero ganancia. En síntesis los productores de maíz se encuentran en una situación de vulnerabilidad financiera muy alta por omisión de la protección y el fomento agropecuario que debe procurar el Estado. En los 15 años que lleva en vigor el TLCAN, no se ha fortalecido la estructura productiva, ni se han transferido los servicios financieros o banca del campo a los productores, el deterioro ambiental por cambio de uso de suelo de forestal a ganadería extensiva es alarmante. El marco jurídico de la materia (Ley de Desarrollo Rural), identifica (tardíamente) al maíz como un producto estratégico para la soberanía alimentaria, sin embargo, esto no se ha traducido en una política de fomento al desarrollo agrícola. En este sentido, está claro que el estado de crisis y vulnerabilidad en que se encuentran los productores de maíz se traduce en desventajas comparativas con Estados Unidos, el principal productor y consumidor de maíz en el mundo, con quien tenemos en la agenda del 2008 la desregulación del maíz.

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La revolución verde ha empobrecido a los campesinos, los ha hecho más dependientes de las empresas que surten de insumos agroindustriales como son fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, insecticidas y otros agrotóxicos que además han introducido enfermedades antes inexistentes en el campo como son diferentes tipos de cáncer y enfermedades del sistema inmunológico. La revolución biotecnológica amenaza con las patentes de plantas. Sin embargo, hay alternativas. Está el caso de la Denominación de Origen del Maíz blanco gigante de Cuzco, Perú. El caso es que el Maíz gigante de Perú estaba amenazado por el mismo escenario que el Maíz Mexicano, incluso por patentes, y se gestionó la obtención de una Denominación de Origen que le diera reconocimiento como una planta única en el mundo, con coordenadas geográficas específicas y ambiente natural y cultural exclusivo del Perú. Convocamos al Congreso de la Unión y a todas las organizaciones que apoyan a los productores de maíz, a gestionar por la obtención de una protección industrial internacional del Maíz Mexicano. La normatividad internacional reconocida son las Denominaciones de Origen o las Indicaciones Geográficas, tal como hicieron los productores de maíz blanco gigante de Perú y hasta los tequileros de Tequila, Jalisco. Existen Denominaciones de Origen para el maíz, pero se trata de semillas mejoradas, y lo que proponemos es la protección a lo que se conoce como Maíz criollo. México se beneficiaría con una Denominación de Origen del Maíz Mexicano, en la que se reconozca el origen histórico del maíz, su diversidad microrregional, genética y cultural, así como los diferentes sistemas de manejo de la semilla. Los productores de maíz y los consumidores de tortilla y otros derivados del maíz, se verían beneficiados de saber qué productos están hechos con Maíz Mexicano. Hacemos un llamado a considerar esta propuesta en la actual Agenda Legislativa, a crear una institución autónoma, ciudadana, con representatividad de los productores y organizaciones sociales, que de seguimiento a esta iniciativa, a establecer canales de participación ciudadana para identificar las particularidades de un decreto de Denominación de Origen del Maíz Mexicano.

5.12. Agrocombustibles, biocombustibles o bioetanol El relator de la ONU para el derecho a la alimentación Jean Ziegler hizo un llamado en 2007 a que se aplique una moratoria mundial de cinco años a la producción de cultivos para biocombustibles por el riesgo real de aumentar el hambre al usar cada vez más tierras de cultivo para fines no alimentarios. (ONU, 2007b). La apertura del capítulo agropecuario del TLCAN en 2008 coincide con el aumento de la demanda de maíz para la producción de biocombustibles, agrocombustibles o bioetanol, lo que ha sido señalado como causal de una crisis alimentaria mundial, de proporciones aún incalculables pero que ha hecho decir al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, que hay una crisis mundial que impide el acceso pleno a los alimentos (González y Brooks, 2008).

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La procuración de combustibles con base en alimentos no es factible tampoco por los altos costos de producción: “El etanol es 25% más caro que la gasolina. Estados Unidos, el mayor productor mundial a partir del maíz, otorga fuertes subsisdios (de 45 a 55% de los costos) a los productores de etanol y biodiesel. Brasil, el mayor fabricante a partir de la caña de azúcar, también lo hace. Menos del 26% del contenido energético del etanol es renovable, ya que se usan otras fuentes no renovables para su elaboración. Para llenar un automóvil se requieren 200 kg. de maíz, que proporcionarían calorías suficientes para una persona adulta durante un año” (Marielle, 2006, nota 71, p. 40; ver gráfica siguiente).

Elaborado por Jorge Alberto López Arévalo, 2008, “Crisis económica y alimentaria en Chiapas”.

Ponencia presentada en el Foro: Crisis alimentaria; Agrocombustibles y agricultura campesina, UNORCA-Vía Campesina, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 24 de julio 2008.

Según Jorge López Arévalo (2008), si Estados Unidos destina toda la producción de maíz y soya para producir biocombustibles sólo lograría satisfacer el 12% de su demanda de gasolina y el 6% de diesel. Para sustituir el 10% de los combustibles para el transporte a nivel mundial sería necesario dedicar cerca del 9% de las tierras agrícolas del planeta, eso es 6,7 millones de Km2. El argumento de que la producción de biocombustibles reducirá las emisiones de Gases de Efecto Invernadero es rechazado en los últimos estudios científicos. Paul Crutzen (Premio Nóbel de Química, 1995) y sus coautores estudiaron las emisiones de protóxido de nitrógeno (N20) debido a la agricultura intensiva y bioetanol. Gas que, en cantidades

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iguales, contribuye 296 veces más al efecto invernadero que el Dióxido de Carbono (CO2), (Cruzten, 2007). Por su parte, El Movimiento Mundial de Bosques (WRM, 2007) señala que la apertura de tierras para biocombustibles está aumentando la deforestación de bosques y selvas para convertirlos en monocultivos, en algunos casos utilizando quemas agrícolas, herbicidas, fertilizantes. El impacto al ambiente es un nuevo cambio de uso de suelo para satisfacer al mercado, no las economías locales, lo que representa ampliar la apertura de tierras para biocombustibles, aumentando la deforestación de bosques y selvas para convertirlos en monocultivos, en algunos casos utilizando quemas agrícolas, herbicidas, fertilizantes. Al mismo tiempo, sin embargo, la apuesta del gobierno estatal es desincentivar la producción de maíz para autoconsumo y sustituirla por producción de maíz para abastecer la demanda de biocombustibles (Villalba, 2008), como se observa en el siguiente recuadro. C46. Se fabricarán vehículos híbridos en Chiapas: Sabines Rodolfo Villalba Sánchez, corresponsal. Tapachula, Chis., 26 de junio, La Jornada. El gobernador Juan Sabines Guerrero anunció que este año se instalarán en Tapachula empresas españolas productoras de vehículos que usarán biodiesel, lo que generará miles de empleos. Entrevistado al culminar la inauguración del décimo Congreso Internacional de Productores de Plátano, Sabines Guerrero comentó que en Chiapas se apuesta por desincentivar el cultivo de maíz para autoconsumo y alentar la producción de nuez de jatropa (fruto del arbusto de la higuerilla) para elaborar combustibles. “Va a dar una solución económica al campo de Chiapas, en beneficio de todos, especialmente para la costa”, afirmó. Recordó que durante la gira por España, en la que acompañó al presidente Felipe Calderón, a mediados de este mes, dialogó con firmas españolas “que tienen mucho interés” por invertir en Tapachula, especialmente para producir vehículos que consuman biodiesel. “Estamos hablando de que en breve tendríamos el primer vehículo híbrido. Al menos 200 unidades se destinarían a transporte colectivo; además, esto resultaría en un buen incentivo para las empresas que se instalen en la entidad”, señaló. El mandatario mencionó que en el municipio de Cintalapa opera la primera refinería de biodiesel en Chiapas y se espera que “en breve” obtenga la certificación de calidad de la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés). Con este tema damos por concluida la exposición de los principales problemas ambientales y sus implicaciones en México en general y Chiapas en particular. Hemos tratado de recuperar la percepción social de los pueblos indígenas, expresada en diferentes reuniones, foros, encuentros, talleres, asambleas y otros espacios en los que hemos coincidido al acompañarles en sus demandas de exigibilidad y justiciabilidad de derechos. El último capítulo recupera algunos casos de ejercicio de estos derechos entre los pueblos y organizaciones que han solicitado la intervención de Foro Chiapas.

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VI. Seguimiento de casos y acompañamiento a procesos sociales.

Este último capítulo se construye a partir de algunos casos de procesos sociales de exigibilidad de derechos colectivos. Los capítulos anteriores sirven de contexto para entender la compleja realidad de los pueblos indígenas, los intereses en explotar los recursos existentes en sus territorios tradicionales, sus sistemas normativos y las políticas públicas que les atañen directamente. Este capítulo no se presenta por temas, sino por casos. Los primeros tres casos tienen como referente regional la Selva tzeltal-chol, en comunidades de Chilón y Yajalón, organizadas en la cooperativa de café Yaxalwitz. En primer lugar, se presenta la problemática alimentaria y propuestas para incrementar las posibilidades de acceso a la alimentación, con una propuesta basada en la diversificación productiva en el sistema agroecológico milpa. En Jetjá, Cacualá y Emiliano Zapata comunidades donde se discutió esta propuesta, se explicaba que la importancia de que su organización tuviera una estrategia de seguridad alimentaria. En este proceso se levantaron entrevistas a las familias interesadas en participar en la propuesta, y recuperamos el testimonio de Tatik Xel, un hombre de edad mayor que, por narra su experiencia de trabajo en la agricultura. El siguiente caso, es de la comunidad Saclumil Rosario, del municipio Yajalón, en el que se han identificado problemas graves de salud en mujeres y hombres de todas las edades, siendo más vulnerables los niños y las mujeres por la exposición y contacto con las aguas del río Pulpitillo, afluente del Tulijá. Esta cuenca está contaminada en este sitio por al menos diferentes agentes bioquímicos, y el impacto en la salud es diferenciado en mujeres, hombres y niños, pues las actividades de cada género y edad los exponen a diferentes focos de contaminación. El siguiente caso es con la organización Mujeres Sembrando la Vida lleva a cabo actividades para limpiar de basura la cuenca de Zinacantán, de donde extraen toneladas de botellas de plástico y las revenden a una empresa trituradora de PET, con lo que obtienen ingresos directos y contribuyen a manejar el problema de acceso al agua limpia y salud ambiental. Al identificar un problema, se requiere conocer propuestas alternativas. En el caso de la contaminación por agroquímicos, las comunidades indígenas han optado por iniciar procesos de agricultura orgánica que, además, representan el abandono de otras prácticas de manejo de los agroecosistemas que contaminan tierras, bosques y aguas, como la basura. En el caso de la agricultura de autoconsumo, la opción que han tomado en las comunidades es la diversificación productiva, una opción que no sólo es técnica, también es cultural pues se apoya en los conocimientos tradicionales de asociación de cultivos a la milpa, el traspatio y el cafetal, lo que se conoce como Milpa Maya o Milpa Mesoamericana. Un ejemplo de las propuestas técnicas que entre pueblos y organizaciones indígenas han planteado para la transición de la agricultura de autoconsumo a la agricultura orgánica es la

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Iniciativa Popular Maíz Criollo Chiapas, propuesta elaborada por la Red Maíz Criollo como resultado de una serie de talleres, reuniones, foros, asambleas, encuentros campesinos y ferias de intercambio de semillas nativas llevado a cabo entre 2007 y 2008 en las regiones Altos, Selva, Fronteriza y Sierra Madre, y que sirvieron como base para modificar el programa Maíz Solidario, que a partir de este proceso incluye la opción orgánica junto con la de agroquímicos, por lo que ahora está en manos de los productores decidir la opción técnica para sus cultivos. El quinto caso es un resumen de la propuesta técnica de esta Iniciativa, misma que se está llevando a cabo incidiendo en diferentes instituciones de los gobiernos estatal y federal, e incluso de algunos ayuntamientos que ven con interés la posibilidad de abandonar los agroquímicos y transitar a la agricultura orgánica, además de organizarse para promover y mejorar las semillas nativas como una opción local para evitar la erosión genética por semillas híbridas o transgénicas. El sexto caso es en la región Sierra, una de las más vulnerables a desastres por el impacto de fenómenos ambientales extremos como son lluvias torrenciales, huracanes, terremotos, sequías e incendios forestales. Se presenta el perfil sociológico de la región Sierra, sus condiciones de pobreza y deterioro ambiental, que han aumentado la vulnerabilidad de la población ante fenómenos ambientales. Este caso fue presentado ante la agencia de la cooperación española CIDEAL para obtener un financiamiento que permita fortalecer los procesos de producción orgánica en 30 comunidades de 8 municipios, elaborado por Foro Chiapas en consorcio con la Federación Indígena Ecológica de Chiapas (FIECH), que a través del despacho Proyectos de Asistencia Técnica en Producción Orgánica (PATPO), ejecutó el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), utilizando la metodología de la FAO entre 2006 y 2008. El séptimo caso presenta el problema de los desplazados por conflictos internos según la definición del Sistema de Naciones Unidas, y de hecho fue elaborado en el marco de la cooperación del Fondo para la Infancia (UNICEF) con el gobierno del Estado, las organizaciones de derechos humanos y los grupos de desplazados por conflictos sociales. Una vez conociendo el marco jurídico de atención a los desplazados, se expone el caso de la zon Cho’ol, en la selva norte de Chiapas, escenario de conflictos armados durante el periodo 1994-2000, en situación de conflicto durante los procesos electorales y otras coyunturas en ocasiones muy localizadas como son los problemas agrarios. El noveno y último caso, es el del ejido La Ramona, lugar de llegada de un grupo de desplazados que carga un historial de desplazamientos que primero les hicieron salir de Tenejapa, el lugar de origen, hacia el Soconusco, en busca de trabajo o tierra, para de ahí internarse en La Frailesca, donde transitaron entre Villa Flores y Villa Corzo, hasta lograr que el gobierno les indemnizara con la adquisición de un predio para su asentamiento como Nuevo Centro de Población, y que actualmente inician un proceso por ser reconocidos como Ejido.

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6.1. Derecho a la alimentación en los límites de las regiones Altos y Selva.2

Consorcio Café Norte está integrado por la organización civil y dos de productores: Foro para el Desarrollo Sustentable, y las cooperativas Tzeltal Tzotzil y Yaxalwitz, en alianza formal desde 2000, aunque la relación de trabajo de los fundadores de estas organizaciones se remonta a más de veinte años.

Las organizaciones de Consorcio forman parte de la Red para la Diversificación Productiva y Ecológica de la Zona Norte de Chiapas (Red Café Norte) desde 2002, junto con investigadores de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y cuatro cooperativas más distribuidas en las regiones Zoque, Tzotzil, Tzeltal y Chol de la zona norte de Chiapas1, que han compartido recursos económicos, materiales y conocimientos para la generación de estrategias de desarrollo a nivel local y regional.

Después de realizar un análisis de las problemáticas con las organizaciones de la Red Café Norte, se concluyó que los problemas más importantes para el periodo 2008-2010 son:

El proceso de formación de formadores realizado entre la Red Norte y ECOSUR fue exitoso y es necesario replicarlo como estrategia de la Red en formación y capacitación, vinculado a procesos productivos que permitan diversificar la economía de los cafetaleros.

Foro Chiapas, como parte integrante de la Red Norte, asume y conduce un proceso de formación de formadores incorporando la metodología diseñada y experimentada por ECOSUR de Escuela campesina, basada en el intercambio de experiencias entre campesinos.

Es necesario formar promotores en Agroecología y diversificar sombras de cafetales, milpas, traspatios y acahuales.

La estrategia definida por las organizaciones cafetaleras ante la crisis del campo en general y del café en particular, es la diversificación productiva particularmente en milpa y ganado menor.

Hay un interés de las cooperativas de café de ampliar la producción orgánica hacia el maíz, para tener garantizado su abasto alimenticio. En este sentido, los cafetaleros se vinculan con procesos de producción agroecológica del maíz.

Uno de los ejes de acción prioritario es la formación de recursos humanos como promotores de desarrollo local, con la metodología de la Escuela Campesina y del intercambio de campesino a campesino. Otro eje de acción es la diversificación productiva.

2 Texto elaborado para proyecto productivo con las organizaciones cafetaleras Yaxalwitz y Tzeltal Tzotzil, para financiamiento inicialmente previsto con Interamerican Foundation (IAF), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fundación Ford, Heifer Intl. y finalmente aprobado por el Instituto para el Desarrollo Social (Indesol) exclusivamente para trabajarse en cinco comunidades de Chilón y Yajalón.

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Los integrantes de las cooperativas forman parte de las culturas tzeltal, tzotzil y chol, de origen maya. Las condiciones de vulnerabilidad son múltiples: ambiental (zonas de inundaciones e incendios), política (zona de conflictos), económica (zonas de pobreza extrema) y social (discriminación, exclusión).

La cooperativa Tzeltal Tzotzil tiene sus oficinas y centro de acopio en la cabecera municipal de Pantelhó, pero sus 300 socios se distribuyen en 14 comunidades de los municipios de Chenalhó, Chalchihuitán, San Juan Cancúc, San Andrés Larráinzar, Simojovel, y Sitalá. En el caso de Yaxalwitz, la mayor parte de sus socios se encuentran en el municipio de Chilón y un grupo en el municipio de Yajalón.

Las actividades económicas de las cooperativas de Consorcio se dividen en dos: estrategias de autoconsumo, basado en cultivos asociados al sistema milpa del que sobresalen maíz, frijol y calabaza, y estrategias comerciales, principalmente con base en café y miel orgánicos. La estrategia definida por las organizaciones cafetaleras ante la crisis del campo en general y del café en particular, es la diversificación productiva particularmente hacia ganado menor, miel y frutales.

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Desde 2007 se presentó a Consorcio la oportunidad de una propuesta de financiamiento para un proyecto con la cooperación internacional para asegurar el derecho a la alimentación. En su elaboración se realizaron consultas y reuniones con socios de las cooperativas que han enriquecido la información de diagnóstico para la región. Uno de esos eventos fue el Foro Derecho a la Alimentación, realizado en el municipio de Chalchihuitán en Marzo de 2008, con representantes de la cooperativa Tzeltal Tzotzil, donde se documentaron conocimientos, prácticas y actitudes de los productores.

Una estrategia propuesta por estas organizaciones para hacer efectivo el derecho a la alimentación de sus socios consiste en diversificar el sistema Milpa que actualmente tiene de 1 a 10 cultivos por parcela, recuperando la tradición maya de utilizar el espacio con 40, 60, considerando que hay experiencias en la Selva Lacandona de más de 100, incluso 200 cultivos por parcela, utilizando abonos orgánicos y gallinas estabuladas en traspatio. El cafetal es el agroecosistema que les permite cierta seguridad alimentaria, y que la estrategia es ampliar la oferta de alimentos en otros agroecosistemas, como son la milpa, la huerta, el traspatio y el bosque. En abril de 2008 se levantó una encuesta a 33 socios de la cooperativa Yaxalwitz para conocer sus conocimientos, actitudes y prácticas en relación a la seguridad alimentaria en el marco de una consulta a los productores interesados para diseñar la propuesta del proyecto de cooperación. A continuación se sintetiza la información obtenida en una matriz.

C45. Estrategia de seguridad alimentaria.

Cultivos en milpa Cultivos en huerta Animales en traspatio

Especies recolectadas en el bosque

Respuesta más repetida

Maíz, frijol, calabaza, chayote.

Durazno, lima, naranja, guayaba,

aguacate, pera, hierba buena,

hortalizas, epazote.

Gallinas, guajolote.

Verduras, aguacate, chib (palma tierna),

chapay, hongos, ik os (fruta verde).

Respuesta más

particular

Maíz, frijol, camote, quequeste,

papas, verduras, pepino, chilacayote,

calabaza.

Rábano, repollo, lechuga, acelga, pepino, cilantro,

tomate, chile.

Pollos, guajolote, patos, cerdo,

ganado, peces.

Mec. Chapan, che chá, momon, techate,

chapal.

Otras respuestas

Que están solos y no pueden trabajar

milpa (2 respuestas).

Que no tienen huerto (11 respuestas)

No tiene (3 respuestas)

No hacen recolección (5 respuestas)

De 33 personas entrevistadas, al preguntarles lo que entendían por seguridad alimentaria, la respuesta más frecuente fue “cuando hay siempre la comida; cuado hay algo que consumir a diario”. Algunas personas respondían con mayor puntualidad “la variedad de muchos alimentos que podemos tener con seguridad durante todo el año”, y en 5 casos no supieron responder la pregunta por no existir traducción en su lengua.

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A partir de la información levantada en campo, se buscaron datos estadísticos para tener un panorama más general de la situación que se vive en la región. Si Chiapas es pobre, la región del proyecto es de las más pobres de Chiapas. El territorio se encuentra en el límite de Los Altos y la Selva Norte de Chiapas, por lo que en este proyecto se le denomina Altos-Norte. Se ubica en las subcuencas de los ríos Tulijá, Plátanos, Almendra, Concepción y Vashá, en la parte norte de Chiapas colindante con Tabasco, es decir en la parte Alta del Delta del Sistema Hidrológico Grijalva-Usumacinta, regiones económicas Centro, Norte y Altos de Chiapas, en estado de emergencia por derrumbes e inundaciones que entre sus causas tienen la falta de medidas de conservación de suelos.

Según el Censo de 2005, los 9 municipios vivían 276,598 personas en condiciones de Muy Alta Marginalidad. Mientras en Chiapas el porcentaje de viviendas con piso de tierra es de 32.99%, en los municipios de la región es mayor al doble: 72.93%. La población de 15 años o más en la región es analfabeta en un 42%, es decir el doble del promedio estatal que es de 21%. Los ingresos de 2 salarios mínimos o menos, en Chiapas representan al 77% de la población total y en la región alcanza al 88%; las viviendas sin drenaje y servicio sanitario en Chiapas es de 8% y en la región es de 17%. El acceso a la energía eléctrica es efectivo para el 95% de la población de Chiapas, pero en la zona sólo el 84% cuenta con este servicio (Conapo-INEGI, Censo 2005).

La región Altos-Norte se caracteriza por la sobrepoblación y la minifundización de la propiedad. Cada familia tiene entre una y cinco hectáreas distribuidas en varias pequeñas parcelas, donde cultivan maíz y fríjol para el autoconsumo, con base en el sistema tradicional mesoamericano de milpa que tiene hasta 10 cultivos asociados como son calabaza, chayote, camote, yuca, mostaza, chicoria (lechuga), tsui (hierba), chile, tomate y cebolla. Otras parcelas están dedicadas al cultivo del café. La ganadería bovina no es significativa ni recomendable por ser una actividad difícil de equilibrar con la conservación ambiental, en particular con suelos y bosques, que en la zona tienen pendientes muy pronunciadas.

La tala clandestina y los permisos de aprovechamiento sin planes de manejo han ocasionado una fuerte erosión de los suelos por tratarse de serranías y terrenos muy quebrados, aunado a esto, la pérdida de fertilidad del suelo, por el uso indiscriminado de agroquímicos desde hace 20 ó 30 años, y la inestabilidad de los precios internacionales del café, han provocado baja productividad agrícola y la disminución de los ingresos familiares.

El sistema productivo de economía campesina integra el trabajo de toda la familia articulado al sistema tradicional comunitario, complementando la producción para la venta y el autoconsumo, además de los ingresos provenientes del envío de remesas de los emigrantes. La principal actividad económica de la región Altos-Norte es la agricultura de autoconsumo, café, agroforestería y de manera complementaria la apicultura, ganadería y producción artesanal. La práctica económica así estructurada está perdiéndose porque la migración temporal o permanente ha provocado que los campesinos no puedan mantener los cafetales y dejen de sembrar. Los más jóvenes no están interesados en seguir con la producción de café y prefieren emigrar ante la falta de oportunidades de ingresos y de carestía.

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La producción de alimentos es un problema muy grave en la región del proyecto, debido a que los cultivos de la población rural se basan principalmente en el maíz y frijol, con rendimientos muy bajos que no permiten cubrir las necesidades de alimentación de las familias todo el año, lo que se refleja en altos índices de desnutrición infantil. La estrategia económica ha sido el café, en crisis desde 1990, por lo que se le asocia con uno de los motivos del alzamiento armado de 1994, y por lo que, si bien es un producto comercial, con mercado, no representa una alternativa de soberanía alimentaria. En otras palabras, los campesinos siembran maíz y comen Maseca; siembran café y toman Nescafé.

Entre los problemas estructurales está la poca disponibilidad de tierra y la baja calidad de los suelos por tratarse de ecosistemas de coníferas (pino-encino), muy ácidos para la agricultura de temporal, por lo que se requiere mejoramiento del suelo. La estrategia que ha implementado el gobierno es el reparto de agroquímicos y el subsidio en dinero sin programas de capacitación, provocando la erosión de los suelos y del tejido social comunitario, así como dependencia política, económica y tecnológica.

El aprovechamiento de ganado menor en traspatios tradicionalmente ha estado en manos de las mujeres, con especies como gallinas, cerdos, guajolotes y patos. Parte de la producción obtenida es destinada al autoconsumo, enriqueciendo la dieta familiar y contribuyendo a cubrir las deficiencias nutricionales, sobre todo de la población infantil. La crianza de cerdos es al aire libre y con la costumbre de mantenerlos en chiqueros de lodo, lo que representa una crueldad para los cerdos y un riesgo sanitario. En cuanto a las gallinas, el gobierno ha repartido paquetes de aves sin asistencia técnica lo que ha desvirtuado el traspatio por el alto índice de mortandad de las aves, y ha llevado a las dependencias de gobierno y de otras instancias a rechazar este tipo de actividades.

Para fortalecer las estrategias locales, los productores consultados propusieron las siguientes líneas de acción:

A. Milpa Maya. Diversificación productiva del sistema milpa.

• Diversificación de 20 a 60 cultivos con base en el sistema Milpa Maya, incluyendo granos básicos, oleaginosas, plantas medicinales, hortalizas, frutales y maderables.

• Producción de abonos orgánicos, lombricompostas, leguminosas y abonos verdes. • Manejo biológico de insectos y producción local de bioinsecticidas. • Incremento de la variedad de cultivos con semillas nativas y plantas medicinales. • Prácticas de conservación y recuperación de suelos, incluyendo manejo de terrazas

vivas para estabilizar laderas.

B. Granjas integrales familiares.

• Instalación de granjas integrales familiares en traspatios, con una manada de 10 gallinas de doble propósito, de preferencia locales, y 1 gallo.

• Manejo de gallineros y aprovechamiento de excretas para obtener abono de gallina como insumo para la Milpa Maya. Actividad preferentemente en manos de las mujeres.

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• Destinar parte de los cultivos sembrados en la Milpa Maya para alimentar las gallinas. Actividad preferentemente en manos de los hombres.

• Captación de agua de lluvia para gallineros. • Manejo de aves para reducir el uso de vacunas.

C. Capacitación.

• Formación de promotores de Agroecología, procurando equidad de género. • Construcción participativa de estrategias de soberanía alimentaria local con enfoque

de género. • Ecotecnias para construcción con materiales de la región (adobe, madera). • Filtros de agua potable en cada casa.

D. Salud comunitaria.

• Reducción de índices de desnutrición infantil. • Diversificación de la dieta familiar con cultivos propios. • Identificación de problemas de contaminación del agua y asociación a problemas de

salud. • Construcción de letrinas secas con materiales de la región. • Reducción de riesgos de intoxicación y cáncer por agroquímicos. • Reconocer y valorar el papel de la mujer en proyectos productivos de granjas

integrales familiares. • Aprovechamiento de plantas medicinales producidas en la Milpa Maya.

Que

productos compra

Que productos intercambia en

trueque

Que apoyos recibe

Costo por jornal

Tiene ahorro ó crédito

Respuesta más

repetida

Azúcar, carne de res, ropa, medicamentos

Aves, frutas, maíz Subsidios de los programas Oportunidades y Procampo.

$ 50.00

Ahorro y préstamos con la familia

Respuesta más

particular

Sal, arroz, azúcar, aceite, tomate, chile, cebolla, calabaza, repollo (lechuga), rábano.

No hay costumbre, se recurre a la compra con dinero.

De la cooperativa cafetalera.

Entre $25 y $80

El ahorro en la familia es producir sus propios alimentos.

Otras respuestas

No hacen intercambio.

De 33, 15 no reciben apoyo.

No salen a trabajar

De 33, 11 no tienen ahorro ni solicitan préstamos.

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En el caso de la comunidad Emiliano Zapata, Yajalón, la producción de hortalizas les genera ganancias incluso superiores a las obtenidas por la cafeticultura. El sistema de producción es en el sistema milpa, es decir, en la misma parcela. En el caso de las comunidades de Chilón, no siembran hortalizas y recurren a su compra en los mercados más cercanos y a través de camionetas que funcionan como mercados ambulantes. Para el proyecto se estableció como estrategia que los productores de Emiliano Zapata intercambien su experiencia de producción de hortalizas con productores de otras comunidades.

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6.2. Testimonio de Tatik Xel3

Don Jerónimo Guzmán Méndez, de 57 años, conocido como Don Xel o Tatik Xel, como se nombra a los mayores, las personas que por su experiencia de vida al servicio de la comunidad merecen respeto como autoridad tradicional. Está casado con doña Juanita Gómez Moreno y sus 10 hijos (4 mujeres y 6 hombres), quienes viven en una amplia cañada que cruza el río Pashilá, afluente del río Agua Azul, en la cuenca del Tulijá. El agua de estos ríos es parte de la identidad comunitaria, al darle nombre al pueblo Jetjá, que significa cruce de ríos en tzeltal: Ja, agua o río, y Jet, es cruce de caminos o “Y” griega.

Micaela, de 33 años, es la hija mayor de esta familia. Las enseñanzas de sus padres y su propio instinto de madre le permiten criar a su niña Lizbeth del Rocío Guzmán Gómez. Para conseguir ingresos trabaja preparando alimentos que adquieren estudiantes del Colegio de Bachilleres provenientes de comunidades de hasta 7 km. a la redonda. Micaela y su madre atienden a hermanos, sobrinos y una hermanita adoptada, es decir, que se la “encargaron” a Don Xel.

Desde los 15 años, Tatik Xel comenzó a servir como representante ante la Parroquia de Chilón, que formaba parte de la Teología de la Liberación, una doctrina católica muy influyente en los movimientos sociales de las últimas décadas en Chiapas. La misión jesuíta de Bachajón y Chilón le capacitó para la resolución pacífica de conflictos, por lo que a partir del levantamiento armado de 1994 asumió el cargo tradicional de weltsan wanej (el que resuelve conflictos). Su participación incluía ser un guía de los procesos locales de resistencia y proponer alternativas sociales en las comunidades. Desde entonces empezó a viajar por México en cumplimiento y participó en las movilizaciones contra la banca multilateral en Seattle, Washington; en esa ocasión voló de regreso a México justamente el día 11 de septiembre de 2001.

Tatik Xel es fundador de la cooperativa Yaxalwitz, organización de 72 socios que surgió para mejorar los precios del café, en crisis por la caída de los precios internacionales y el acaparamiento de los coyotes, intermediarios locales. Con apoyo de técnicos y asesores como César Estrada, Yaxalwitz ha mejorado las capacidades de los socios para la producción orgánica, obteniendo certificación internacional de sellos vinculados al sistema comercio justo, mejorando la fertilidad de los suelos, diversificando las sombras de los cafetales, fortaleciendo los procesos organizativos, gestionando financiamientos y procurando mercados con precio justo para sus productos.

El servicio de Tatik Xel en las comunidades se refleja en su propia casa: entre todos hacen muebles en un taller de carpintería y mantienen un solar de una hectárea, en el que llevan a cabo proyectos productivos piscícolas, avícolas y frutícolas, con infraestructura para un estanque piscícola de 2 m2, criadero de guajolotes y gallinas de rancho y de granja y diversificación de frutales, entre los que destaca el cacao.

3 Entrevista de Pedro González en abril de 2008.

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El proyecto familiar de traspatio más reciente es de porcinos, a partir de una gestión con el ayuntamiento de 6 lechones, que ha carecido de capacitación, lo que ha puesto en riesgo la superviviencia y productividad de los cerdos, en los que la familia ha invertido en la construcción de chiqueros-estabulados y dedican en promedio tres horas al día para limpieza, preparación de alimentos y otros cuidados.

Este es un ejemplo de los proyectos que generan incertidumbre en los beneficiarios: Micaela recibe con dudas la información acerca de la propuesta de los proyectos de Foro Chiapas. En su experiencia los proyectos productivos generan mucho trabajo y pueden traducirse en pérdidas de tiempo, esfuerzo y recursos debido a la falta de acompañamiento y capacitación, más aún si implican algún adeudo o compromiso de pago. Lo que le resultaría de interés en lo inmediato sería la posibilidad de capacitación para criar los lechones, prevenir enfermedades con tratamientos naturales, reproducirlos, y capacitar a otras familias en espacios de intercambio de experiencias.

Otra experiencia negativa es la cría de gallinas sin medidas preventivas de la salud animal, los animales se enferman y optan por venderlos a bajo precio en comunidades vecinas, provocando la dispersión de la peste y la pérdida de expectativas en mejorar sus ingresos con proyectos productivos. Por estas experiencias, proponen que si los propectos productivos incluyen la compra de aves, se haga con conocimiento de los productores, en este caso, Tatik Xel ofrece los pollos criados en su casa, garantizando su adaptación local.

El testimonio del servicio y compromiso comunitario de Tatik Xel y la experiencia de su familia es un claro ejemplo del potencial que podría tener un proyecto productivo cuando se hace tomando en cuenta los conocimientos locales, partiendo de experiencias fracasadas y exitosas anteriores y abriendo espacios para el intercambio de experiencias entre productores como una manera práctica y directa de mejorar las capacidades locales y estrechar vínculos entre campesinos de una misma organización.

Se concluye que la aplicación del principio de consulta y participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que agentes externos (gubernamentales o no) proyectan en su territorio establecido en el Convenio 169 de la OIT, no es un mero recurso retórico: es parte del proceso que permite el éxito de los programas. El ejercicio de la autonomía económica por los pueblos indígenas se basa en la organización colectiva e incluye la participación de hombres y mujeres de todas las edades, guiados por las personas mayores.

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A continuación presentamos otra experiencia de desarrollo comunitario basado en el manejo de conflictos por el acceso al agua en Zinacantán. Es importante mencionar que en un estudio de conflictos al ambiente con información hemerográfica compilada entre diciembre de 2003 y diciembre de 2006 se registraron conflictos por el acceso al agua potable entre grupos políticos (PRD, PRI, EZLN) y religiosos (católicos tradicionalistas y católicos de la diócesis de San Cristóbal) en este municipio, en los que el acceso al agua potable, agua de lugares sagrados y tala de bosques motivaron confrontaciones y desplazados internos (García, 2007), por lo que procesos como el que a continuación se presenta, de manejo de contaminantes y construcción colectiva de procesos con la participación de las mujeres, son una de las opciones que pueden seguir las comunidades en lugar de la confrontación, y que las autoridades deben conocer como un ejemplo de que en los conflictos y movimientos sociales hay propuestas alternativas.

6.3. El Manejo de los Residuos Sólidos en Comunidades Rurales: El caso Zinacantán4

La basura se ha convertido en un problema generalizado en ciudades y pueblos. En Zinacantán, municipio de Los Altos de Chiapas, como en la mayoría de las comunidades rurales, la cantidad de basura doméstica está en aumento por los cambios en la forma de producción agrícola y consumo de alimentos chatarra.

Hace 30 años (una generación), en Zinacantán había milpas que producían maíz, fríjol y calabaza para el consumo familiar, y a partir de proyectos inducidos por agentes de gobierno y apropiados por las comunidades, en la actualidad hay invernaderos de flores, que utilizan una gran cantidad de agroquímicos, en particular fertilizantes, insecticidas y herbicidas. Antes se sembraba para el consumo familiar, pero la tierra con uso agrícola se hizo muy escasa, y ahora los alimentos se compran en numerosas tiendas.

Casi todo lo qué se compra para el consumo doméstico, genera basura inorgánica. En Zinacantán hay una gran cantidad de botellas de refresco, bolsas de plástico de todo tipo, botellas de cloro, champú, aceite, latas, pilas, pañales desechables, cartón, papel, etc., dispersos en bosques, campos de cultivo, orillas de la carretera, arroyos y cuerpos de agua.

Pese a que hombres, mujeres, niños y niñas generan basura, las mujeres son las que han asumido el trabajo de limpieza comunitario como una extensión del trabajo doméstico y de su vigilancia de la salud familiar, pues la basura y el agua contaminada son fuente de infección, siendo los niños la población en mayor riesgo de adquirir enfermedades transmitidas por moscas, ratas y otros parásitos que vienen entre la basura. Pese a la importante labor de las mujeres en la salud ambiental, en las asambleas comunitarias, ejidales y municipales no son tomadas en cuenta para tomar decisiones.

El tratamiento de residuos en la cabecera municipal de Zinacantán y en Nachig es por medio de camiones recolectores de basura y su traslado al tiradero municipal. En el resto de las comunidades la gente tira la basura en terrenos baldíos, ríos y barrancos, la entierra o la

4 Ponencia presentada por Gerdi Siedl ante la SEMARNAT en Tuxtla Gutiérrez, 2007.

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quema. La quema de la basura doméstica es una práctica muy común, y otra vez son las mujeres las que mayoritariamente se encargan de eso, padeciendo dolores de cabeza, catarro, gripe y (lo que la mayoría no sabe) el peligro de estar expuesto a sustancias cancerígenas como la dioxina liberada por los plásticos incinerados.

El servicio de recolección de basura y su traslado a rellenos sanitarios, no es la solución del problema, solamente es el traslado del ámbito familiar a un espacio público, la salud ambiental se transforma de ser una responsabilidad personal y familiar a ser una responsabilidad política, no representa una solución óptima, por el contrario, resulta ser una acumulación de basura que sin un tratamiento adecuado se transforma en un foco de infección.

En 2005, las zinacantecas asociadas a la organización Mujeres Sembrando la Vida, participantes del Programa de Ahorro y Crédito de Foro Chiapas, solicitaron asesoría para reducir la basura doméstica, con lo que se inició un proceso de procurar salud ambiental, mediante actividades de capacitación y sensibilización a mujeres en los grupos de trabajo comunitario. Se obtuvieron resultados exitosos, por la conciencia previa de que el tratamiento alternativo de basura es un problema urgente, por lo que hubo mucha disposición de las mujeres, que invirtieron tiempo, energía y creatividad.

Una vez que la separación de basura en orgánica e inorgánica era una práctica generalizada, las mujeres observaron que era necesario buscar una alternativa para los residuos restantes: “Todo lo he separado bien como me dijeron y ya no lo estoy tirando al río y tampoco lo quemo porque ya aprendí que es malo para mi salud pero, ¿que hago con botellas de refresco y cloro, baterías, bolsas de plástico, latas de sardina y cerveza?” a lo que se recurrió al principio de las tres “R”: reducir, reusar, reciclar.

Un segundo proceso fue contactar con empresas recicladoras de PET-1 (botellas de refresco y de agua) y de materiales como aluminio, fierro, vidrio y cartón ubicadas en San Cristóbal de las Casas. Los grupos de mujeres de Pasté, Navenchauc, Nachig, Jech Chentik, Elamvó, Bochojbo y otras comunidades de Zinacantán, incluyendo la cabecera municipal, acopiaron PET y lo vendieron a una empresa recicladota en un peso por kilo. Aun con este precio relativamente bajo, se corrió la voz y en poco tiempo mujeres que no son socias de la organización Mujeres Sembrando la Vida y niños se unieron a las labores de recolección participativa.

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En 2006, con apoyo de un financiamiento de Indesol, se construyeron casas de reciclaje en 5 comunidades con la finalidad de acopiar materiales reciclables y facilitar la venta a la empresa recicladora. Actualmente, mujeres de siete comunidades participan en labores de acopio de PET y pretenden ampliar el trabajo de recolección a otros materiales en los que aún no se cuenta con alternativas: nylon, vidrio, latas de fierro, cartón y papel.

Los problemas y necesidades identificados por las mujeres zinacantecas se pueden resumir en cinco puntos:

1. La contaminación de los ríos por agroquímicos, aguas negras, detergentes y basura doméstica es un problema de salud pública, origen de enfermedades graves, deterioro del paisaje y potencial de conflictos por el acceso, uso y control de recursos ambientales como son aguas y bosques.

2. La falta de conocimientos y conciencia sobre el problema y el peligro que constituye la basura doméstica, en especial los residuos inorgánicos no reciclables y los residuos tóxicos como pilas, aceite quemado etc. en la población en general.

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3. La falta de servicios adecuados de recolección y disposición de la basura por parte del municipio: en el caso de Zinacantán, solamente en 2 comunidades hay recolección de basura, y los rellenos sanitarios que existen no cumplen con los estándares mínimos de seguridad.

4. La falta de tratamiento y aprovechamiento de la basura, por ejemplo el aprovechamiento de los residuos orgánicos a nivel comunal para convertirlas en compostas, y la recolección, venta y transformación de materiales reciclables, que además de sanear al medio ambiente podría convertirse en una fuente de empleos y de creación de valores para las comunidades.

5. ¿Qué está en el fondo del problema? La cultura de consumo y la práctica de las empresas de la industria alimentaria de producir y dotar a la población con envases no retornables que finalmente generan el problema de la basura. Estas empresas causan el problema aprovechándose de la pasividad de las autoridades y de falta de instrumentos legales que obliguen a las empresas a responsabilizarse de los residuos que generan.

De estos problemas detectados se derivan las siguientes 7 propuestas:

1. Obligar a las industrias a producir y usar envases retornables o, en caso de que se niegen o no se puedan retornar por el tipo de alimento, recibir sus envases desechables de regreso y proceder a su reciclaje.

2. Atender a la contaminación por basura no sólo como un problema de limpieza o estética, sino como un problema de salud pública e incluirlo en el temario de las clínicas rurales. Enfocarse en la prevención.

3. Manejo integral del agua, reducir la contaminación por basura, aguas negras y agroquímicos.

4. Incluir el tema de la reducción, el re-uso, y el reciclaje de la basura en la educación ambiental, diferenciada por edades, pero empezando desde la edad preescolar. Replicar campañas de educación ambiental, tanto para niñas/niños, jóvenes, hombres y mujeres adultos.

5. Que los municipios cumplan con su responsabilidad de recolección de basura, tratamiento y depósito adecuado, vigilando que los tiraderos o rellenos sanitarios no se conviertan en otro foco de infección.

6. Fomentar el aprovechamiento de la basura, tanto de la basura orgánica como de la inorgánica: vender, transformar, producir algo nuevo de materiales reciclables y así crear fuentes de empleo y de creación de valor en las comunidades.

7. Inclusión de las mujeres en la toma de decisiones político-ambientales, local y municipal, en competencia de manejo de residuos y otros temas de salud ambiental.

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6.4. Caso Saclumil Rosario, Yajalón, Selva Norte de Chiapas5 Estudios químicos del agua levantados por Foro Chiapas y analizados por Ecosur en el río donde se baña la población de Saclumil Rosario arrojan resultados de contaminación por tres factores bioquímicos: (1) fertilizantes para el maíz, (2) aguas negras y (3) detergente utilizado por la gente para bañarse y lavar ropa. La población más vulnerable son mujeres y niños, pues están en contacto cotidiano con el agua contaminada por aguas negras vertidas en el río y por fertilizantes químicos utilizados en la zona de cultivo que escurren hacia el río.

Además de bañarse en esta agua, las mujeres utilizan el río para bañarse, lavar a sus hijos, lavar maíz, ropa y trastes, por lo que presentan signos de intoxicación, enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y potencial desarrollo de distintos cánceres en sistemas inmunológico y linfático. Los centros hospitalarios de la región no logran identificar las causas de las enfermedades que presentan mujeres y niños de la comunidad, por lo que solamente atienden los síntomas. Esta débil atención a la salud se debe a la falta de capacitación de los médicos en ciencias de la intoxicación.

La situación de pobreza, marginación y exclusión de los pueblos indígenas de Chiapas es el contexto por el cual ocurre esta situación. La población de Saclumil Rosario no tiene servicio de agua limpia, por lo que dependen del agua del río para labores domésticas y de higiene personal, lo que tiene un impacto negativo en la salud ambiental por la contaminación del río con detergentes y la intoxicación de mujeres, niños y hombres por utilizar agua de un río contaminado por aguas negras, agroquímicos y detergentes.

Se identificaron tres factores contaminantes: 1. Aguas negras procedentes del Centro de Readaptación Social (Cereso) desde hace 16 años; 2, agroquímicos y plaguicidas; 3 lixiviados escurriendo del relleno sanitario. Para cada factor contaminante, se está elaborando un proyecto En este sentido, se está gestionando el problema por la vía jurídica pero también por la vía del desarrollo sustentable, buscando alternativas a cada factor contaminante identificado, como se explica en la siguiente matriz:

Factor contaminante

Problema original -

Paradigma dominante

Paradigma alternativo

Procesos iniciados por FORO en 2007

PH alto (8), nitratos, fosfato.

Uso de fertilizantes químicos para siembra de

maíz en suelos que escurren hacia el río.

Cambio de agricultura

tradicional (con agroquímicos) a

agricultura orgánica.

1. Estudio químico del agua;2 2. Vinculación con las redes de

organizaciones civiles (Grupo DESC3, Redes Tierra y

Territorio4 y Agua-Energía5);3. Gestión ante autoridades

5 Documento presentado en el Primer Foro Agua y Energía, llevado a cabo en Yajalón, en 2007, y posteriormente entregado al Ayuntamiento de Yajalón en 2007 y ante las nuevas autoridades en 2008. También se entregó ante el Instituto de Historia Naturale y Ecología (IHNE) y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), esperando inútilmente obtener una respuesta organizada para atender esta problemática. Actualmente en gestión con otras autoridades hasta agotar las insntacias nacionales. Agradecimiento al Dr. Marcos Arana por apoyar en la interpretación de los resultados de impacto en la salud.

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Factor contaminante

Problema original -

Paradigma dominante

Paradigma alternativo

Procesos iniciados por FORO en 2007

locales;

Nitritos.

Falta de servicios de agua entubada en domicilios particulares llevan a la población a utilizar el

agua del río para higiene personal y lavado de ropa y trastes con detergentes.

Sistema de agua limpia, entubada

y potable en domicilios.

5. Promoción ante autoridades locales de la clausura del río

para uso humano;

6. Gestión ante autoridades locales para dotar de servicio

de agua limpia a las comunidades afectadas.

Coliformes, echerichia coli,

amonio.

La cárcel regional (Cereso) vierte aguas negras en el río desde

hace 16 años.

Sistema de letrinas y planta de tratamiento

de aguas negras.

7. Se programa la gestión ante autoridades del gobierno estatal responsables del

Cereso. Estos estudios de agua corresponden al problema de contaminación asociado al contacto con el río y con implicaciones directas y muy graves en las mujeres y niños. El segundo problema de contaminación en el mismo sitio se debe a un relleno sanitario que, por problemas de manejo, en realidad es un tiradero de basura a cielo abierto del que se expiden olores, es foco de infección por proliferación de moscas y porque los perros, vacas y caballos de la región entran libremente y comen los desechos de alimentos como son tripas de pollo. Durante el primer semestre de 2007 se presentó esta información en sesión de cabildo municipal, el entonces presidente, Alejandro Constantino, dio su palabra para atender el caso, revisar la operación del relleno sanitario, atender a la población con servicios de agua entubada e iniciar procesos de agricultura orgánica y manejo de residuos, pero en el segundo semestre el entonces presidente se postuló como candidato a diputado, por lo que Foro Chiapas retiró su apoyo y gestión con el ayuntamiento para evitar la politización del conflicto. En diciembre de 2007, se presentó una denuncia ante el Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE), instancia responsable de supervisar el funcionamiento de los rellenos sanitarios, quienes ofrecieron hacer una visita de inspección en enero de 2008 y emitir recomendaciones al nuevo presidente municipal, sin que haya indicios de que esta visita ocurriera. También en diciembre de 2007 se hizo una solicitud ante la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) para que brindaran el servicio de agua entubada a la población y, de esta manera, evitar el contacto con el agua contaminada y garantizar el acceso al vital líquido, pero en enero de 2008 esta institución se transformó en parte de una nueva secretaría de estado, y la demanda no fue retomada. El Comité de Salud Comunitaria de Yajalón fue fundado en 2008 con el objetivo de encontrar alternativas técnicas y económicas a los problemas de contaminación existentes en Yajalón: agroquímicos, aguas negras y basura. El primer proceso que se iniciará será de

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sustitución de agroquímicos por manejo orgánico, por lo que esta comunidad es parte de la Red Maíz Criollo Chiapas.

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6.5. Iniciativa Popular Maíz Criollo Chiapas (resumen)6 En junio de 2007 se hizo pública la preocupación compartida entre 20 organizaciones civiles y de base, académicos de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y personalidades que denunciaron el reparto de fertilizantes, herbicidas y semillas de maíz en el marco del programa Maíz Solidario de la Secretaría del Campo (SECAM). Es una contradicción repartir agroquímicos al mismo tiempo que se promueven programas de desarrollo sustentable, representa una amenaza a la salud y el medio ambiente y un retroceso de 20 años de experiencias de agricultura orgánica que hacen de Chiapas el principal productor de café orgánico del mundo. La respuesta inicial del gobierno fue de rechazo pero, posteriormente, la SECAM abrió un canal de comunicación con las organizaciones denunciantes y les pidió que presentaran una propuesta para ser considerada como alternativa al reparto de agroquímicos. Posteriormente las organizaciones llevaron a cabo una serie de talleres, reuniones, asambleas comunitarias, foros y ferias del maíz en las regiones Sierra, Selva, Fronteriza y Altos, y surgió la Red Maíz Criollo Chiapas, con el objetivo de incidir en la política de apoyo a los productores de maíz, en la lógica de defensa de las semillas criollas, bajo los principios de la agricultura orgánica y como parte del Movimiento Sin Maíz No Hay País. El 10 de diciembre de 2007 se realizó un Foro de la Red Maíz Criollo Chiapas, con la asistencia de 60 personas de las regiones Altos, Selva, Sierra, Frailesca, Norte y Centro. Al iniciar 2008, esta red está integrada por 23 organizaciones de base, de derechos humanos y académicos, con el objetivo de defender el Maíz Criollo. En febrero de 2008, la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI) organizó el Foro Maíz, acuerdos comerciales y soberanía alimentaria en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, y las organizaciones que acompaña con proyectos de agricultura orgánica solicitaron a Fernando López, titular de la dependencia, que uniera esfuerzos con la Red Maíz Criollo Chiapas. Entre los resultados obtenidos de este proceso de consulta a las comunidades y organizaciones están las ideas clave de una Iniciativa popular en defensa de las semillas nativas, criollas o autóctonas y por la transición a la agricultura orgánica y la diversificación productiva. En el centro de la Iniciativa está el planteamiento de que, en lugar de comprar semillas de patente, se reconozca el conocimiento tradicional de los campesinos en el manejo del maíz mediante la selección de semillas. Paralelo a este pago por semilla criolla al productor, se requiere un programa de capacitación en producción de biofertilizantes y bioinsecticidas. El 13 de marzo del 2008, la Red Maíz presentó ante el gobierno del estado el documento Iniciativa Popular Maíz Criollo Chiapas, con el respaldado de 6,404 productores de autoconsumo, que ponen a disposición de proyectos de maíz orgánico una superficie de 8,614 hectáreas, ubicadas en 327 localidades distribuidas en 47 municipios de 7 regiones de Chiapas, integrantes de un total de 95 organizaciones de base y otras 20 de derechos 6 Red Maíz Criollo Chiapas, 2008, Iniciativa Popular Maíz Criollo Chiapas, documento presentado al gobierno del estado de Chiapas. http://sinmaiznohaypaischiapas.googlegroups.com/

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humanos. La Iniciativa se basa en una ruta crítica de 13 puntos para orientar las políticas públicas de apoyo a los productores de autoconsumo hacia la soberanía alimentaria, representada en un gráfico con forma de flecha, en el que se presentan propuestas articuladas para que los campesinos transiten de ser productores de autoconsumo a ser productores de semillas criollas.

1. Pago de semilla criolla. La estrategia consiste en que el gobierno reconozca el conocimiento tradicional que ha permitido la existencia del maíz, a partir de certificar a los productores de maíz criollo y pagar por el trabajo que hacen de manera sostenida y como parte de su cultura desde hace cientos de generaciones, expresada en la selección de semillas de la cosecha propia y siembra con el maíz producido localmente. Redireccionar la compra de semilla a empresas del ramo, y reconocer las semillas criollas, lo que implica valorar su costo de producción y su utilidad estratégica para la autosuficiencia alimentaria.

2. Programas de capacitación en agricultura orgánica. Acompañar a los productores de maíz criollo con capacitaciones en la producción de insumos orgánicos, formación de promotores de agricultura orgánica, registro de sistemas de manejo tradicional de la milpa por comunidad, municipio y microrregión, intercambios de experiencias de campesino a campesino y ferias de semillas criollas.

3. Conservación de suelos y aguas. Programas de capacitación, diagnóstico e inversión en obras de contención de la erosión, deforestación, ordenamiento territorial y aprovechamiento local de escurrimientos, iniciando con técnicas agrícolas de conservación de suelos como son la construcción de terrazas y barreras vivas o muertas para detener la erosión, labranza mínima, producción de abonos orgánicos, manejo de microcuencas y en particular manejo de cárcavas.

C47. Producción agrícola.

4. Pago de jornales. Orientar los programas de empleo temporal al pago de jornales

para labores de mejoramiento de suelos, aguas, bosques y transición a la agricultura orgánica, en particular la sustitución de técnicas de uso del fuego por prácticas de conservación de suelos, manejo de malezas para producción de abonos verdes en sustitución de herbicidas.

5. Parcelas demostrativas y formativas. Decreto estatal por el cual cada municipio destine 2 hectáreas a experimentos demostrativos de la productividad de la agricultura orgánica. Experiencias de capacitación a partir de parcelas formativas en cada municipio, escuela campesina en parcelas formativas. Certificación de promotores como técnicos de campo especializados en Agroecología, actividades de fitomejoramiento participativo retomando sistemas de manejo y selección de semillas que permitan la institución de bancos de germoplasma por comunidad, municipio o microrregión.

6. Asociación de cultivos. Identificación de todos los cultivos asociados en sistemas milpa por comunidad y fortalecimiento de estas prácticas. Rescate del sistema Milpa Maya, por el cual se han contabilizado hasta 200 cultivos asociados en una milpa y que permiten la reproducción biológica de humanos, animales y plantas, así como la autosuficiencia alimentaria y el acceso a plantas maderables, y medicinales.

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7. Certificación de conocimientos y sistemas de manejo, aprovechamiento, conservación y reproducción de semillas criollas.

8. Módulos o fábricas de producción de biofertilizantes, bioinsecticidas y lombriabonos, por microrregión, para reducir la dependencia de los campesinos a los insumos externos y a los programas de gobierno, generar empleos en mujeres y jóvenes y garantizar a los productores los insumos orgánicos necesarios para la transición a la sustentabilidad en el campo.

9. Fruticultura. Complementar el sistema de producción Milpa con otros sistemas de producción de frutales, en particular café, plátano, cacao, manzana, pera, papaya, coco y otros cultivos característicos de la diversidad climática de Chiapas. Horticultura asociada a fruticultura, milpa y animales de traspatio.

10. Agricultura sostenible y sustentable. Manejo de flora, fauna, cultivos, suelos y aguas de manera integral, basada en acuerdos por grupo organizado, comunidad y municipio y fortalecida por programas de gobierno que financien las propuestas locales, microrregionales y municipales.

11. Registro y certificación de semillas. Sentar las bases para una protección industrial del maíz criollo contra las patentes e invasiones de semillas transgénicas, en la lógica de las Denominaciones de Origen, las Indicaciones Geográficas y el reconocimiento del Maíz Criollo Chiapas como patrimonio cultural y biológico, intangible y vivo.

12. Cultura orgánica. Programas de educación, capacitación y concientización ambiental, acompañados de procesos de producción, certificación y comercialización de productos orgánicos.

13. Soberanía alimentaria. Meta que para alcanzarse requiere de un sistema de monitoreo de los índices de nutrición y acceso a la alimentación por familia.

La complejidad social, las experiencias existentes y las capacidades ya instaladas en grupos sociales, organizaciones y comunidades requieren que esta ruta crítica sea apropiada a la realidad, es decir que en algunos casos es necesario empezar desde cero y con algunas organizaciones hay un camino avanzado en algunos procesos, por lo que seguir esta ruta no es una receta, es un proceso multilineal, por lo que necesariamente se requiere que sea un proceso abierto, plural, participativo y transparente, facilitado por las delegaciones de gobierno, en alianza con grupos y organizaciones locales y regionales, supervisado por la academia y monitoreado por la sociedad civil.

Se trata de un proyecto de mediana duración, con resultados verificables en el corto plazo y que no se limita a un programa de gobierno, de hecho, requiere de la articulación de diferentes estrategias y políticas públicas, como se explica en el siguiente cuadro.

C49. Perfil de política pública Tipo de programa Línea de acción

Recurso en efectivo a campesinos (Procampo).

Entrega de herramientas (Codecoa).

Apoyo al campo

Pago por semilla de maíz criollo.

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Tipo de programa Línea de acción Pago por semilla de abonos verdes. Producción de abonos foliares y verdes.

Producción de abonos orgánicos.

Conservación de suelos y aguas.

Parcela demostrativa para reconversión productiva (50-20, 2 por municipio).

Capacitación técnica

Parcela formativa – Fitomejoramiento por productor. Lombriabono.

Compostas.

Frutales.

Microempresas rurales – Inversión productiva en biofábricas

Comercializadora de Maíz Criollo. Jornales para dehierbe (PET). Empleo

Obras para conservación de suelos y aguas. Base de datos de Maíz Criollo Bancos de germoplasma por parcela, comunidad, microrregión o

municipio. Estas propuestas requieren ser revisadas minuciosamente por operadores técnicos de las dependencias de gobierno estatal y federal, por expertos académicos y por técnicos locales, organizaciones civiles y sociales. Se sugiere orientar programas públicos de acuerdo a los principios rectores trazados en la ruta crítica. En 2008, la SECAM aceptó la propuesta técnica de la Red Maíz Criollo, que consiste en que el programa Maíz Solidario tuviera dos opciones; agroquímicos y biofertilizantes, por lo que se abrieron cuatro tipos de paquetes tecnológicos:

1. Fertilizante UREA. 2. Biofertilizantes y semillas híbridas QPM. 3. Biofertilizantes y pago de semillas nativas o criollas. 4. Complementar el paquete con herramientas de trabajo.

Entre los logros de la Red Maíz Criollo a un año de surgir, está que se eliminó por completo el reparto de herbicidas, se abrió la opción de biofertilizantes a 50,000 productores de un total de 200,000 que cubrió el programa Maíz Solidario, y se canalizó el pago a 4,000 productores de la Red que hicieron efectiva la solicitud en ventanilla por el uso de semillas nativas. En una segunda gestión, la Red Maíz Criollo logró el apoyo de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, que extendió una carta de recomendación dirigida a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que, en al momento de terminar este libro (agosto de 2008), abría la posibilidad de apoyar a los 4,000 productores que hicieron efectiva la solicitud ante Maíz Solidario con una mochila nueva, equipo necesario para aplicar los biofertilizantes foliares sin riesgo de contaminarse por implementarlos con mochilas previamente contaminadas por herbicidas.

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Otro apoyo que al momento de cerrar este texto se estaba gestionando al mismo tiempo con la SECAM y con la CDI, era un diagnóstico y procesos de acompañamiento a los productores. Para evaluar el impacto del paquete tecnológico propuesto por la Red Maíz Criollo, se elaboró la siguiente matriz de indicadores de impacto.

C50. Matriz de indicadores para evaluación de impacto de la propuesta de la Red Maíz Criollo

Temas Subtemas Indicadores Notas

Rendimientos Tasas de rendimiento últimos 3 ciclos

Aplicación de entrevista según muestra

Apropiación por los productores

Productores que reciben paquete tecnológicos /

productores que lo aplican Padrón de productores

Costos de producción Costos de producción 2007 / Costos de producción 2008

Aplicación de entrevista según muestra

Reducción de contaminantes

Insumos químicos aplicados en 2007 / aplicados en 2008

pH en muestra de aguas, composición química del

agua por comunidad según muestra

Integrantes de las organizaciones en 2007 /

integrantes en 2008 Padrón de productores

Producrtores interesados en participar en el siguiente ciclo

Participación en Foros, talleres, reuniones

A. Impacto del paquete

tecnológico

Fortalecimiento organizativo

Figuras asociativas nuevas Registro de figuras

asociativas; padron de productores

Conservación de suelos

Obras de conservación de suelos 2007 / obras de

conservación de suelos 2008

Aplicación de entrevista según muestra

Seguridad alimentariaCapacidad de decisión de lo que se siembra, consume y

vende

Aplicación de entrevista según muestra

Revaloración de semillas criollas

Superficie sembrada con semillas criollas 2007 / sup. sembrada semillas criollas

2008

Aplicación de entrevista según muestra

B. Otros impactos

Incremento de la diversidad varietal

Semillas obtenidas por la cosecha 2007 / semillas

producidas por el productor en 2008

Aplicación de entrevista según muestra

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El tercer tipo de gestión de la Red Maíz Criollo es ante la Cámara de Diputados, que a través de la Comisión de Asuntos Indígenas, abrió la posibilidad de conocer una propuesta de presupuesto para presentarlo ante las comisiones de presupuesto y de hacienda y que, retomando los programas existentes, como es Alianza para el Campo, destinen un presupuesto que ejerza el gobierno del estado y desde sus reglas de operación esté etiquetado para utilizarse exclusivamente en apoyo a los pequeños productores de maíz de autoconsumo con los tres ejes de la Iniciativa Popular: defensa de las semillas nativas o criollas, agricultura orgánica y diversificación productiva. Para 2008, la Red Maíz Criollo se ha propuesto como meta la constitución de una organización tipo cooperativa, empresa integradora o similar, con base en Comités de semillas nativas, con programas establecidos de producción y comercialización de semillas nativas, biofertilizantes y productos orgánicos, capacitación en fitomejoramiento y producción orgánica, y que incida en las políticas públicas en defensa de las semillas nativas. Para 2009 se propone declarar cada comunidad de la Red Maíz en abandono de agroquímicos, semillas híbridas y transgénicas. Una de las estrategias de la Red Maíz Criollo es la de organizar procesos de fitomejoramiento y recolección de semillas nativas, conservadas en bancos de germoplasma in situ, es decir en las parcelas, y ex situ, coordinados por las organizaciones de productores. Los bancos de germoplasma son una propuesta muy importante, en particular en zonas de desastre por derrumbes, inundaciones e incendios. El siguiente caso que presentamos es el de la región Sierra Madre de Chiapas, una de las zonas más vulnerables a desastres de este tipo.

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6.6. Vulnerabilidad ante desastres en Sierra Madre de Chiapas7

Uno de los proyectos que Foro Chiapas realiza actualmente, es una propuesta que daría continuidad a procesos de cooperación internacional en la región de la Sierra Madre de Chiapas, donde la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) ha colaborado en coordinación con gobiernos del nivel Estatal y Municipal, ofreciendo a diversas comunidades de la región su Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) los pasados tres años. Foro Chiapas participa en coordinación con la consultora Proyectos y Asesoría Técnica en Producción Orgánica S.C. (PATPO), asociada a la Federación Indígena Ecológica de Chiapas (FIECH), que es un referente regional para las sociedades cooperativas y grupos comunitarios organizados en el Estado para la producción agrícola orgánica y su comercialización.

Como parte de los trabajos del PESA, la colaboración de PATPO ha generado importantes documentos como fruto de procesos de diagnóstico en las comunidades participantes. A continuación se presenta una selección de esa información compartida a FORO Chiapas por PATPO.

6.6.1. Delimitación territorial

La Región Sierra del Estado de Chiapas, forma parte de la Región Económica VII, la cual cuenta con ocho municipios; Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, La Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla, El Porvenir y Siltepec. Según la Secretaría de Desarrollo Social, los 8 municipios que integran la región Sierra forman parte de la Microrregión 20 considerados entre alta y muy alta marginación. Estos lugares se caracterizan por tener los mayores rezagos sociales y económicos situación que genera un alto grado de vulnerabilidad en la población rural. Los municipios de Motozintla y Siltepec son los que tienen mayor extensión territorial, juntos abarcan el 69.03% de la superficie total de la Sierra mientras que Bejucal de Ocampo y La Grandeza son los más pequeños al ocupar únicamente el 6.27%. Lo que muestra claramente las limitadas superficies de cultivo por unidad de producción familiar. Mapa PESA PATPO

La región comprende 843 localidades, Pacayal municipio de Amatenango de la Frontera y Motozintla de Mendoza municipio del mismo nombre tienen mas de 2,500 habitantes, mientras que 358 tienen entre 100 y 499 habitantes dispersas en un 97% situación que no permite el fácil traslado de personas, productos y mercancías.

6.6.2. Caracterización socioeconómica

Según datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, el estado de Chiapas tiene un total de 3, 920,892 de habitantes. En la región Sierra, existen 168,094 habitantes que representa el 4.29% del total de la población estatal, de los cuales 84,798 son hombres 7 Este texto forma parte de un proyecto aprobado por la agencia de la cooperación española CIDEAL, para su financiamiento a partir de 2008. Elaborado por Oscar Troncoso, Ramón Martínez Coria y Emanuel Gómez en 2007.

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y 83,296 mujeres. En el año 1990 la población total era de 147,164 hab. 28,260 personas de la Región viven en zonas urbanas que equivale al 16.81% del total de la población y 139,834 viven en zonas rurales equivalente al 83.19%. De lo anterior se observa que en la cabecera Municipal de Motozintla se concentra la mayor parte de población urbana con un total de 17,613 como consecuencia de las pocas oportunidades brindadas al sector primario en el medio rural y porque en ella se encuentran mayores oportunidades comerciales y educativas. La tendencia es mayor abandono al campo por el flujo poblacional a las ciudades.

Esta situación plantea retos extraordinarios a cualquier acción gubernamental y no gubernamental que pretenda atender las agudas desigualdades sociales, pues además de presentar limitadas condiciones para el desarrollo de actividades productivas, no se cuenta con la infraestructura mínima indispensable que permita atender a una población particularmente fragmentada y dispersa.

Étnicamente, según datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, en la región el 2.88% del total de habitantes es indígena, la mayoría es de origen Mame, participando con el 63.7% de la población, el 3.3% lo constituye Cakchiquel y el 0.8% el Tzotzil, los porcentajes restantes lo constituyen otros grupos menores entre ellos el Chol, Kanjobal, Maya, Mazawa y el Motozintleco (mocho), básicamente en 3 municipios de la región que son Motozintla, Amatenango de la Frontera y El Porvenir. Se observa que esta población ha dejado de conservar rasgos culturales de sus ascendientes, esto en parte se debe a la influencia de los medios de comunicación cambiando la ideología de las

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personas, la pérdida de la identidad y por la discriminación que han sufrido los pueblos indígenas desde el periodo de colonización hasta nuestra época, así también por campañas promovidas por el estado y las políticas de gobierno que tienden a ser excluyentes.

De acuerdo a la distribución quinquenal de la población se presenta un marcado predominio de grupos correspondientes a la población joven, esto representa que 93,057 habitantes, hombres y mujeres, son menores de 20 años, equivalente al 55% del total regional, mientras que 119,130 son menores de 30 años lo que equivale al 71% del total de la Sierra. Los que demandan en forma inmediata un adecuado nivel de bienestar mediante la satisfacción a sus necesidades de ingreso, alimentación, educación, empleo y vivienda. Asimismo nos indica el potencial de mano de obra que puede aprovecharse con el desarrollo de proyectos productivos, considerando que este sector de la población al no poder cubrir sus necesidades básicas, se ven obligados a migrar a las grandes ciudades abandonando el campo.

En la última década, el índice de migración ha aumentado del 7.6% en 1990, al 15% en 1995 y al 19.33% en 2000, mostrando un crecimiento real del 11.73%. Los estados hacia donde se da el flujo migratorio son principalmente Yucatán, Quintana Roo, México D. F. y Baja California Norte, así como a los Estados Unidos de Norte América.

Sin embargo se ha observado que las familias de los migrantes no invierten las remesas en actividades productivas sino en bienes de consumo, situación que no ha contribuido al desarrollo de la región ni garantizado la producción de alimentos. Por el contrario ha ocasionado pérdida de valores culturales, desintegración familiar, adicciones y violencia.

Motozintla y Bella vista son los municipios con mayor número de hogares que reciben remesas de los Estados Unidos, aunque no se observa un mejor nivel de vida de estas familias, esta realidad es similar en todos los municipios de la región.

Por cuestiones culturales no se reconoce el aporte de la mujer a la economía familiar considerando que la mayor parte de su tiempo lo emplea en actividades domésticas, por ello es necesario que se garanticen derechos que le permitan participar en la vida social de su familia, comunidad y región. Las mujeres campesinas empiezan a participar en varios ámbitos de la vida comunitaria gracias a la apertura institucional y a la capacitación en la materia, que ofrecen las instituciones involucradas, la iglesia católica y las organizaciones de la sociedad civil.

La mujer, se encuentra en desventaja ante los hombres porque los esquemas de trabajo no se han apropiado a su condición. Su participación en la mayoría de los casos es involuntaria por aplicarse métodos de participación ajenos a su forma de vida, además de contar con niveles de escolaridad bajos y con alto índice de analfabetismo. En las asambleas comunitarias es mínima su participación en la toma de decisiones, por lo que existe una fuerte necesidad de sensibilización, difusión e información de los derechos humanos con enfoque de género, para que aspiren a un mejor nivel de vida, bienestar y participación.

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Si bien es cierto en los últimos años ha aumentado la matrícula escolar de las mujeres, aún no se reflejan estos avances en puestos de elección comunitaria, municipal y regional. En el trato de los hijos existe discriminación en aspectos laborales, sociales y educativos.

En lo que respecta a los servicios de salud, operan en la Región el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Salud (IS) Jurisdicción Sanitaria No. X perteneciente a la Secretaría de Salud, ambas tienen sus oficinas regionales en la cabecera municipal de Motozintla, y cuentan con 108 unidades de atención en las diferentes municipios. Existe un índice de desnutrición de niños menores de 5 años del 41% en promedio, es decir de cada 100 niños, 41 padecen desnutrición en su mayoría de primer grado.

En los diferentes municipios se ofrece educación hasta el nivel medio superior a excepción de la cabecera municipal de Motozintla donde se ubica la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) con la limitante de que solo ofrece la licenciatura en comercialización y las carreras de Tecnología de Alimentos y Tecnologías de Información y Comunicación de nivel técnico superior. Los jóvenes que desean culminar una carrera universitaria tienen que viajar a las ciudades de Tapachula, Comitán, San Cristóbal y/o Tuxtla Gutiérrez, un mínimo porcentaje viaja a Coahuila y al Estado de México, donde se encuentran la universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y la Universidad Autónoma Chapingo, respectivamente.

La principal vía de comunicación, la constituye la carretera pavimentada que entrelaza a la Ciudad de Comitán con Tapachula, atraviesa la región de norte a sur y permiten la intercomunicación con las cabeceras Municipales de Motozintla, Amatenango de la Frontera y Mazapa de Madero, Chiapas. En las cabeceras municipales de El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Bella Vista y Siltepec existe carretera pavimentada en muy mal estado lo que dificulta el acceso para aprovechar el potencial productivo de la región.

El acceso a las principales localidades puede hacerse solo por caminos de terracería y de herradura, que en épocas de lluvias permanecen inaccesibles e incomunican a las comunidades asentadas en esta región. Con el paso del Huracán Stan en octubre pasado, 6 cabeceras municipales y el 98% de las comunidades rurales, quedaron totalmente incomunicadas por la destrucción del 60% de sus vías de acceso creando desestabilización, angustia y vulnerabilidad en la población, esta situación aún no se normaliza por la dimensión de los daños, escasez de maquinaria y por la dispersión de las comunidades.

Según datos tomados del Registro Agrario Nacional al 31 de diciembre de 2003, en la región existían 96 ejidos y 3 bienes comunales que hacen un total de 99 núcleos agrarios agrupando a un total de 11,545 ejidatarios y comuneros, observándose poca estructura ejidal considerando que existen 843 localidades a nivel regional. Todos cuentan con Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia como órganos de representación ejidal que se encargan de ejecutar los acuerdos tomados en Asamblea, siendo la primera instancia de conciliación al momento de presentarse un conflicto agrario al interior. Asimismo tienen un visitador agrario designado por parte de la Procuraduría Agraria cuya residencia se encuentra en la Ciudad de Comitán, Chiapas.

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En los ejidos y bienes comunales existen autoridades comunitarias nombrados en asamblea y validado con el nombramiento oficial expedido por el presidente municipal, la duración en el cargo es de un año, (de febrero a enero).

La tenencia ejidal y comunal representa el 58.9 % respecto al total de la superficie que ocupan las unidades de producción rural y es la forma más extendida de usufructo mediante el parcelamiento de los terrenos de cultivo en superficies promedio de 5.20 Ha por unidad de producción familiar, por su parte la propiedad privada corresponde a un 33.8 %, con una extensión promedio de 19.5/ha por unidad, lo cuál indica la ventaja que tienen los particulares sobre la capacidad productiva de los ejidatarios y comuneros de la región. El 7.3% restante de la superficie corresponde a propiedad pública y a predios urbanos.

Existen varias organizaciones con cobertura regional en su mayoría relacionadas con la producción de café orgánico y miel orgánica, integran un proceso desde la producción hasta la comercialización al Mercado Internacional especialmente a Estados Unidos, Alemania, Holanda, Suiza, Austria, etc. Estas organizaciones han tenido un impacto social positivo por obtener mejores precios a sus productos y practicar la agricultura orgánica en beneficio del medio ambiente bajo principios de solidaridad y ayuda mutua.

Las organizaciones productivas de mayor presencia en la región son: Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla (ISMAM), Productores Indígenas Serranos de Chiapas (Proish-Aric), Unión de Ejidos Prof. Otilio Montaño (udepom), Centro de Agroecología San Francisco de Asís (caspa) y la Central de Cooperativas Cafetaleras de la Sierra (Cecocafés). Varias de estas organizaciones económicas son dedicadas principalmente a la producción y comercialización de café y miel orgánica. La FIECH, Cecocafés y CASFA; se consideran organizaciones de segundo nivel porque agrupan a otros grupos organizados en su interior con el fin de consolidarse en el mercado, aumentar su capacidad de gestión y disminuir costos de producción y comercialización.

Los problemas principales a que se enfrentan las organizaciones económicas son de financiamiento para capital de trabajo, deficiente gestión empresarial, carteras vencidas, mentalidad de subsidio, etc. Situación que no les permite lograr la sostenibilidad en el mediano plazo.

Existen 9 bodegas de acopio de café principalmente, ubicados en la colonia Emiliano Zapata Municipio de Bellavista, en el ejido Belisario Domínguez y las cabeceras municipales de Motozintla y Siltepec. Sin embargo muchas de ellas están deterioradas y fuera de servicio agravando esta situación por los efectos del Huracán Stan. Estas bodegas pertenecen a las organizaciones productoras de café orgánico, construidas con apoyos de los tres niveles de gobierno (Sagarpa, Sedesol, Comcafé y Presidencias Municipales). Las organizaciones ISMAM y FIECH tienen bodegas de acopio y beneficio seco de café, en Tapachula y Chiapa de Corzo respectivamente beneficiando a productores asociados de la región sierra y otras. Existe un Almacén Diconsa en Mazapa de Madero que funciona como centro de distribución de granos básicos y abarrotes a las tiendas campesinas ubicadas en las diferentes localidades de la región sierra, sin embargo esté almacén fue gravemente dañado por el huracán Stan.

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El Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable (CDDRS), es una comisión integrada por representantes de instituciones y de la sociedad civil. Estos consejos fueron creados con el fin de promover el mejoramiento integral de la población, buscando el desarrollo de capacidades, la corresponsabilidad de los involucrados y la conservación de los recursos naturales con un enfoque de sustentabilidad, sin embargo aún no se observan avances concretos en el desarrollo económico, es necesaria una mayor coordinación interinstitucional para lograr que los programas generen los impactos esperados y los consejos sean operativos efectivamente.

Para ello es necesario que los consejos actúen como instancia de participación de productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos que la Federación, las entidades federativas y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas, y para el desarrollo rural sustentable.

6.6.3. Caracterización agroecológica

La región, corre paralela a la Llanura Costera del Pacífico. En ella se registran las mayores altitudes del estado, siendo el volcán Tacaná con 4,093 MSNM, la máxima elevación. El clima varía con la altitud: cálido subhúmedo con lluvias en verano por debajo de los 800 MSN. Semicálido húmedo entre los 1000 y 1800 metros, templado húmedo con lluvias todo el año por arriba de los 2000. Uno de los sitios más lluviosos del país se encuentra en esta región, registrando casi 5,000 mm. de precipitación pluvial anual.

El relieve de la Región esta conformado por la Sierra alta de laderas escarpadas y Sierra alta volcánica; la Sierra Madre de Chiapas, tiene su origen en la cadena montañosa de los Cuchumatanes de Guatemala y se extiende al Istmo de Tehuantepec Oaxaca, predomina la topografía irregular accidentada con el 25.63% equivalente a 553 Km. del total de superficie y el 100% de variaciones topográficas con alturas que van desde los 500 a los 3,050 MSNM.

Debido a lo accidentado del relieve y a lo pronunciado de las pendientes los suelos son delgados y pobres en materia orgánica. De la Sierra bajan varios ríos y arroyos de caudal rápido llevando consigo gran cantidad de material para posteriormente depositarlo en la llanura del Pacífico.

En la región existen suelos de tipo: Acrisol, andosol, cambisol, feozem, fluvisol, litosol, luvisol, regosol, y vertisol, así como arcillosos y arenosos, (generalmente ricos en materia orgánica), producto de selvas caducifolias, también los hay ricos en vidrios volcánicos, en el área baja los suelos son ácidos y alcalinos, la existencia y combinación de ellos, junto a las condiciones climáticas, determinan las actividades económicas que se realizan así como el tipo de flora predominante. En los perfiles se encuentran capas de 0.30 m hasta 1.5 m de profundidad encontrándose áreas erosionadas en forma de surcos y cuentan con bajo contenido de materia orgánica. Por la topografía accidentada, el uso principal que se da al suelo es para la agricultura en ciclo de temporal, para astilleros, pastizales en pequeñas proporciones y agostaderos.

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Como consecuencia de la variación del clima y altura, existe una gran diversidad de ecosistemas incluyendo vegetación de selva mediana, selva alta, bosques de coníferas, bosques mesófilo, bosques decíduos, pastizales y herbazales.

Actualmente en la región se encuentran bosques de coníferas en las partes altas. La vegetación original correspondía a un bosque dominado por pinares y encinares en terrenos quebrados arcillosos. Cabe mencionar que muchas de estas especies ya son escasas por su tala irracional y la falta de conciencia en la población de conservar los recursos naturales. Cabe mencionar que la pérdida de la vegetación primaria ha llegado a un 70%. En las zonas donde se cultiva café, permite al suelo tener una cobertura vegetal permanente, esta es casi en su totalidad vegetación secundaria introducida como parte de las prácticas del cambio de uso de suelo.

De acuerdo a la clasificación de climas visto anteriormente hemos dividido la región en tres zonas ecológicas para efectos del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA).

La primera zona: cálido-Subhúmeda, en la que se producen para autoconsumo los siguientes cultivos: maíz, frijol, chayote, cacahuate, papa, apicultura, calabaza, ganado bovino y porcino. Además del café que es un producto que se comercializa a nivel nacional e internacional.

La segunda zona: templado-húmeda, en ella se produce maíz, fríjol, plátano, naranja, limón, tomate, hortalizas, fresa, entre otros.

La tercera zona: templado-Subhúmeda, apta para la producción de papa, trigo, maíz, fríjol, mora, chilacayote, durazno, ciruelo, manzana, pera, membrillo, rosas (en invernadero), ganado bovino y ovino;

Con respecto a la superficie total de las unidades de producción, las tierras de uso agrícola destinadas al cultivo de granos básicos y plantaciones de café representan el 89.6 %; los terrenos de uso pecuario alcanzan el 7.3 %, mientras que solo el 3.10% pertenecen a bosques y selvas, lo que da una idea del intensivo aprovechamiento de la superficies con potencial productivo por los habitantes de la región.

Sin embargo, el incremento de la población favoreció una intensa explotación de estas especies, que a su vez dio lugar a la actividad agrícola con el maíz y frijol como los cultivos más usuales. En altitudes inferiores a 1,000 m. y hasta los 1,500 MSN. se han establecido plantaciones de café desde hace varias décadas, lo que ha ocasionado que la vegetación original haya sido eliminada casi en su totalidad y este cultivo haya desplazado por completo cualquier otro aprovechamiento de la tierra, de modo que en grandes extensiones sólo se ven árboles del género Inga (chalum, paterna, caspirol), bajo los cuales prosperan los cafetos.

El flujo comercial de la región se da principalmente en los rubros de café, papa, hortalizas, durazno, manzano y pera; que se comercializan en la región IX del soconusco y una mínima parte en la ciudad de Comitán, se tiene un gran avance en cuanto a nuevas técnicas

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de producción agro ecológicas, en cultivos hortícolas, apícola y de café, lo cual mejora la calidad del producto y genera mejores precios en la comercialización ya que existe una certificación de venta de productos al extranjero principalmente por la Agencia Mexicana Certificadora de Productos y Procesos Ecológicos (CERTIMEX) con sede en Oaxaca, Oax.

Varias organizaciones productoras de café orgánico tienen una cadena productiva completa, que va desde la producción con normas orgánicas, procesamiento y exportación del producto lo que conlleva a obtener mejores precios, además de conservar el medio ambiente. Estas organizaciones han alcanzado precios mínimos de 141 dólares por cada 100 libras equivalente a 46 kilogramos de café oro verde incrementado el ingreso familiar de sus asociados. Los países a donde se exporta el aromático grano son: Estados Unidos, Alemania, Holanda, Austria, Italia, Inglaterra, Suiza, etc. Los productos de autoconsumo son: maíz y fríjol, así como la ganadería ovina, avícola y porcina en pequeña escala.

Las limitadas condiciones que presenta la Sierra para la actividad agrícola son factores que inciden determinantemente en la crianza del ganado, ubicándose en el ultimo lugar en el estado en la crianza de ganado bovino y porcino, sin embargo en la crianza del ganado ovino ocupa el primer lugar, dada las condiciones de la región sin faltar la crianza del ganado equino que se ubica en penúltimo lugar en el estado.

En el cuadro de la página siguiente se sintetizan los sistemas productivos existentes en la Sierra y su problemática.

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G7. Sistemas de Producción en la región económica VII. Sierra, Chiapas, México.

Maíz

Dificultad agrícola para su producción debido a que se trabaja en espacios altamente accidentados donde la herramienta principal es azadón y machete, la capacidad cultivada en la región es de 36,274

Ha. de temporal y se cosechan 48,674 toneladas con apoyo del programa PROCAMPO el cual beneficia a 17,997 productores.

Fríjol Producido para el autoconsumo con una superficie cultivada de 5,385 Ha. en condiciones de

temporal, se cosechan 2,918 toneladas al año con un valor de $22,367,250 los municipios de mayor producción son: Amatenango de la Frontera, Motozintla y Siltepec.

Granos básicos

Trigo Producido para el autoconsumo, obteniéndose una producción de 54 ton. Con un valor de $404,820. Según la experiencia de varios productores han obtenido un rendimiento de hasta 4 ton. Por Ha. de la

variedad M87.

Frutales Manzana de la variedad Ana y especies criollas, intensificando actualmente la explotación de otros

frutales como la pera, durazno, aguacate Hass, naranja y limón que junto con el manzano concentran una superficie aproximada de 1,056.50 Ha. A nivel Regional.

Cultivos Perennes

Café

Es el cultivo principal de la región, cuenta con una superficie cultivada de 30,575 Ha., proporciona los mayores ingresos económicos agrícolas en la región, cosechándose 456,100 Qq. de café

pergamino que genera un ingreso de $1’033, 303,770 al año.8 El rendimiento por hectárea es de 14.9 Qq. en promedio. Las organizaciones económicas presentes en la región producen café orgánico que

representa un alto valor agregado al producto, venden directamente al mercado internacional con precios de 141 dólares por 100 lb. Obteniendo beneficios sociales y económicos para sus asociados y familias. Las variedades cultivadas predominantes en la región son: típica, bourbón, árabe, caturra y

mundo novo, existen otras en pequeña escala como: catuaín, garnica, catimor y márago.

Papa

En la zona alta de la región la papa es un cultivo de importancia para el autoconsumo y para la comercialización local, existe una superficie cultivada de 694 Ha. la mayor producción se encuentra

en el Municipio de El Porvenir. La producción promedio anual es de 5,738 ton. Con un valor de $21,805,160

Hortícola

Tomate

La región presente condiciones favorables para el cultivo de tomate aunque son pocos los productores que están desarrollando esta actividad por la falta de asesoría y financiamiento de capital de trabajo. Esta actividad se realiza en comunidades del municipio de Amatenango de la Frontera y

Mazapa de Madero bajo condiciones de cielo abierto.

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Floricultura El cultivo de rosas ha ido retomando importancia en la región principalmente en el municipio de El

Porvenir, la producción se realiza bajo condiciones de invernadero, el mercado es regional principalmente en Motozintla, Chiapas.

Apicultura

La apicultura se comienza a desarrollar en la región. Las organizaciones económicas están certificando su miel como orgánica y exportando al mercado internacional.Se registra un inventario de 13,000 colmenas que varía según el periodo de actualización, el rendimiento promedio es de 60 Kg. por caja, haciendo una producción anual de 780 ton. de miel con un valor de $13,260,000 el

precio de venta oscila entre 15 y 18 pesos por kilogramo. Esta actividad no sufrió daños considerables por el huracán Stan por practicarse en superficies reducidas de terreno. Pecuaria

Avícola

La actividad avícola se practica en todos los municipios de la región, es una de las principales actividades pecuarias por ser fuente de alimentación de la población, cuya producción no es para la comercialización sino principalmente para el sustento cotidiano de las familias, actividad que ubica a la región en el sexto lugar a nivel estatal.

Fuente: PATPO, 2007, Diagnóstico región Sierra. Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), Chiapas, México, Proyectos de Asistencia Técnica en Producción Orgánica.

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6.6.4. Problemática socioeconómica

Incremento en la densidad poblacional en los años de 1990 a 2000. De 147,164 a 168,094 habitantes, equivalente a una tasa decenal de crecimiento del 14.25%. Las unidades de salud promueven métodos anticonceptivos de planificación familiar que ponen en riesgo la salud de la mujer. Deterioro del tejido social ocasionado principalmente por partidos políticos, grupos religiosos y organizaciones sociales y económicas. Las personas a pesar de estar concientes de este problema no se interesan en promover la unidad al interior de su comunidad, asumen una actitud individualista olvidando los principios de solidaridad y ayuda mutua. Asimismo el CDI a partir de 2004 puso en marcha el programa de Fortalecimiento de la Cohesión Social mediante cursos talleres dirigido a comisariados ejidales y agentes municipales con un mínimo número de participantes. Mínimas fuentes de empleo y mal remuneradas lo que no permite cubrir las necesidades básicas de las familias, este problema es común en todos los municipios de la región. La población rural es la más afectada, sin embargo no han asumido un papel de actores de su propio desarrollo, carecen de mano de obra calificada lo que lleva a incrementar el índice de migración. Hace falta promover la generación de empleo y autoempleo en la región. La mayoría de programas de gobierno son con fines asistenciales, creando una situación de paternalismo en la población rural, creando en ellos una actitud pasiva como una obligación que tiene el gobierno de proporcionar subsidios sin que exista un mecanismo de corresponsabilidad, los apoyos recuperables no son aceptados por la inseguridad de éxito en las actividades que se pretenden llevar a cabo. En todas las unidades de salud existe escasez de medicamentos, deficiente atención y limitado personal especializado, por tal razón varios pacientes tienen que ser trasladados a la ciudad de Tapachula y/o Comitán, para ser atendidos en situaciones de urgencia, implicando mayores gastos económicos y mayores riesgos en la vida de los pacientes. En varias localidades rurales no existen redes de conducción de agua y drenaje, así como letrinas, propiciando el fecalismo al aire libre originando focos de infección y contaminación. Existe un índice del 41% de desnutrición en la población, especialmente en los niños y ancianos, debido a la insuficiencia de alimentos, desconocimiento de la dieta básica por parte de las amas de casa y el consumo de alimentos no nutritivos. La sociedad ha sido envuelta por las campañas de promoción masiva incrementando el consumismo sin valorar lo que se produce en la región, el programa Oportunidades promovido por la SEDESOL no ha sido aprovechado de manera eficiente para mejorar la alimentación de las familias. Presencia de enfermedades gastrointestinales y respiratorias en todos los municipios de la región, especialmente en las comunidades donde no cuentan con unidades de salud. Hace falta educar a la población para prevenir enfermedades y rescatar el uso de la medicina tradicional. Alta incidencia de alcoholismo y adicciones, en toda la región principalmente en el municipio de Bella Vista, Amatenango de la Frontera y Motozintla, ocasionado

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desintegración familiar y violencia. La familia no ha asumido su papel de formar valores humanos en los hijos por lo que son susceptibles a dichos vicios, de parte de las instituciones gubernamentales se ha observado deficiente control en la apertura de establecimientos. Apatía de las comunidades hacia programas institucionales por la falta de información y fracaso de proyectos y/o programas. Esta situación hace más complicada la credibilidad hacia el PESA originando además un limitado nivel de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno. Deficiente desarrollo de actitudes, capacidades y habilidades en la población rural. Se nota desinterés de las personas para participar en actividades de capacitación promovidas por la sociedad civil e instituciones de gobierno, prefieren realizar acciones productivas empíricamente, sin valorar la importancia de la capacitación y asesoría en todo tipo de proyecto. Mínima participación de la mujer en actividades productivas familiares y comunitarias. Las mismas mujeres se consideran seres inferiores a los hombres no hacen valer sus derechos que les corresponde a su condición, en varios casos ellas consideran como normal esta desigualdad. Las instituciones como el Instituto de la Mujer (Inmujeres), Secretaría de Pueblos Indios (SEPI), Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SDS), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Comcafé han creado espacios de participación de la mujer, sin lograr que ellas se apropien de dichos programas por tanto no se han logrado un considerable impacto social En lo que se refiere a servicios educativos existen necesidades de infraestructura, de personal y de espacios recreativos, lo cual refleja un índice de analfabetismo en la población adulta del 17.40%. Según datos del INEGI del XII Censo de Población y Vivienda 2000, el municipio con mayor índice de analfabetismo es Siltepec con 24.96% y el más bajo Mazapa de Madero con 12.16%. El servicio de energía eléctrica es muy deficiente, las líneas de distribución carecen de mantenimiento y las tarifas de cobro son elevadas. En varias localidades personas de la sociedad civil arriesgan su vida tratando de restablecer el servicio cuando es interrumpido por tormentas eléctricas y vientos. En 1990 la región Sierra tenía un índice de migración del 7.6%, en 1995 del 15% y en 2000 el índice ascendió a 19.33%. El flujo migratorio ocurre a las principales ciudades del país y a Estados Unidos de Norteamérica. Esta situación está presente en los ocho municipios de la región, Motozintla y Bella Vista presentan los índices más elevados. Los familiares de los migrantes, consideran que la migración es un medio para hacer frente a las necesidades económicas a pesar de los riesgos que se corren al cruzar la frontera, las instituciones gubernamentales no han promovido una adecuada inversión en el campo para generar empleo y autoempleo, minimizando este fenómeno social.

6.6.5. Problemática ambiental

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Disminución de los escurrimientos superficiales, este problema está presente en las tres zonas ecológicas atendidas por el PESA, aunque en la zona cálido subhúmeda ubicada en los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo y Bella Vista, es más notoria. La población afectada no ha tomado conciencia, por la limitada educación ambiental y cultural que posee, por lo que no ha emprendido acciones encaminadas a resolver esta situación. Los recursos hidrológicos que existen en la región no están exentos de la contaminación provocadas principalmente por la aplicación de herbicidas y descargas de aguas residuales de origen humano y residuos sólidos (basureros públicos) en los márgenes de arroyos y ríos que corren superficialmente hasta desembocar al río Grijalva por el Norte y los ríos negro y Huixtla por el Sur. La desaparición de ríos permanentes, principalmente en los municipios de El Porvenir, La Grandeza, Bella vista, Siltepec y Motozintla, ocasionando escasez de agua para consumo humano principalmente en la cabecera municipal de Motozintla este problema se ha agudizado a partir de 1990. El Ayuntamiento Municipal ha implementado con un proyecto de agua potable para superar estas deficiencias el cual se encuentra en la etapa de estudio, asimismo los afectados empiezan a organizarse con recursos propios con el fin de introducir líneas de conducción de forma provisional para llevar agua a sus hogares, sin embargo hace falta sensibilizar a la población para que optimice el uso de este limitado recurso. La dispersión del 97% de localidades rurales de los ocho municipios de la región, no permite el fácil traslado de personas, productos y mercancías, esta situación limita el desarrollo dificultando la implantación de programas y proyectos. La topografía accidentada de la región no permite contar con sistemas de cosecha de agua. Algunos productores de los municipios de Amatenango de la Frontera, Bella Vista, Motozintla y Siltepec pertenecientes a organizaciones económicas preocupados por los problemas ambientales, llevan a cabo construcción de terrazas en curvas de nivel dentro de sus parcelas de café, para retención de humedad. Aunque es necesario promover programas que incentiven a estos productores y se logre una transferencia de tecnología a nivel regional. Los fenómenos meteorológicos como el huracán Javier en Septiembre de 1998, la sequía de noviembre 1998 a julio 1999 y el Huracán Stan en Octubre de 2005, afectaron gravemente a bosques, agricultura, ganadería, viviendas, comercios, instituciones públicas y medios de comunicación en los ocho municipios de la Sierra; limitando el desarrollo social y económico de la región. La sociedad civil y los tres niveles de gobierno, asumieron un papel muy importante en las tareas de ayuda humanitaria, gestión y distribución de víveres, reconstrucción de vías de comunicación, redes de agua potable, drenaje, etc. en las comunidades más afectadas. Según el Sistema Estatal de Protección Civil los municipios de Motozintla, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Siltepec se ubican en zonas de alto riesgo por fenómenos de lluvias, inundaciones y/o deslaves. Sin embargo, después del desastre ocasionado por el

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huracán Stan se considera que los ocho municipios de la Sierra se encuentran en zona de alto riesgo. Esta situación ha creado incertidumbre en la sociedad sobre todo aquellas familias que están en márgenes de ríos, arroyos y barrancos, esperando que sus viviendas sean reubicadas a lugares más seguros. La sierra presenta condiciones para seguir siendo una catástrofe ecológica, sus bosques han sido severamente atacados por plagas y enfermedades teniendo como consecuencia que la fauna vaya desapareciendo migrando hacia otras regiones por la reducción de su hábitat natural. La sociedad parece no tomar conciencia de esta amenaza, se notan indiferentes ante esta realidad asumiendo un papel pasivo y conformista. Las instituciones públicas responsables no tienen programas operativos, los que existen son desconocidos por la mayor parte de la sociedad. El aprovechamiento forestal con un plan de manejo que no garantiza un aprovechamiento sustentable de los bosques, especialmente en los ejidos de Llano Grande y Las Cabañas; municipio de Motozintla, Monto Ordóñez municipio de Amatenango de la Frontera, y Santa Isabel Tzijam de Siltepec, el incremento en las áreas de cultivo (maíz y frijol) y el uso de leña que se estima un uso de 330 mil toneladas al año; han llevado a una deforestación progresiva. De 1975 a 2000 la frontera agrícola ha incrementado un 57% en promedio, la vegetación secundaria en el mismo periodo tuvo un descenso del 43%, los bosques mesófilos de montaña han disminuido en un 13%, los de coníferas en un 70% y los deciduos en un 38%, esto según datos de ECOSUR 2000. Ante esta situación, los ejidatarios no visualizan los efectos a futuro, se conforman con el mínimo apoyo económico por el aprovechamiento de sus bosques por las compañías madereras. La CONFOR promueve la organización de silvicultores a nivel regional sin alcanzar impactos positivos. Otro problema que daña el medio ambiente en toda la región Sierra, son los incendios y quemas sin control, intencionados o por utilizar el sistema de producción roza – tumba - quema. Situación que ha deteriorado los bosques, propiciando variación en el periodo de lluvias. Los productores piensan que el utilizar este sistema de producción, incrementa el rendimiento de los cultivos. Desde finales de la década de los 80’s, las organizaciones económicas y la iglesia católica desarrollan acciones encaminadas a conservar los recursos naturales, se ha observado poco interés por parte de los involucrados aunado a las arraigadas costumbres. En toda la región se presentan severos problemas de erosión, sobre todo por la escasa cobertura vegetal y por las fuertes precipitaciones que ocurren en la temporada de lluvias (5000 mm. Anuales). Se considera que la pérdida de la vegetación primaria ha llegado a un 70%. Una mínima parte de productores realizan labores de conservación de suelos y agua con terrazas, curvas a nivel, barreras vivas, etc. cumpliendo con criterios organizativos más no por convicción propia. En varios municipios se han realizado labores de reforestación con apoyo de instituciones gubernamentales, pero el seguimiento ha sido deficiente.

6.6.6. Vulnerabilidad a Desastres

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La Sierra Madre de Chiapas tiene una degradación de los suelos muy acelerada como resultado del cambio de uso de suelo, que ha sustituido la vegetación original por una serie de cultivos comerciales que hacen un uso indiscriminado tanto de agroquímicos como del sistema de monocultivo y; la ganadería extensiva que ha sustituido los bosques originales por praderas, esto ha sucedido principalmente en la vertiente del Pacífico, afectado también a las zonas donde antes se desarrollaba una extensa región de manglares y donde ahora únicamente quedan las áreas protegidas como es el caso de la reserva El Triunfo y La Encrucijada. Esta situación ha permitido que los suelos se encuentren altamente expuestos a la erosión eólica, pluvial y antrópica, por lo que es especialmente sensible a fenómenos como los hidrometeorológicos de los últimos años. En la parte alta de la Sierra se practica la cafeticultura y la mayoría de los agricultores preservan la cobertura vegetal de los suelos favoreciendo la biodiversidad y, debido a lo abrupto de la Sierra en esta zona se practica ganadería ovina y caprina. Debido a la serranía abrupta, tender la red de caminos ha sido particularmente difícil. En esta región la apertura de caminos y su mantenimiento es constante por los continuos deslizamientos de tierra que sufre la zona por lo que el aislamiento geográfico se suma a la ya de por sí difícil vida de los pobladores en la parte alta. Éstos, mantienen un aislamiento que impide su fácil acceso a servicios elementales como agua potable, drenaje, alimentos variados, servicios educativos y de salud, mismos que se concentran en algunas ciudades regionales como Frontera Comalapa, Motozintla, Huixtla y Tapachula. Las comunidades viven en condiciones de salud precarias, lo que es más grave en el caso de emergencias ante inundaciones. La población se encuentra expuesta a inundaciones y deslizamientos y con pocas alternativas actuales de prevenir o mitigar los desastres. Esta situación de vulnerabilidad a desastres se debe a procesos de crecimiento urbano sin planeación territorial, al asentamiento de población inmigrante por la condición de frontera y de polo de desarrollo cafetalero, a la pérdida acelerada de vegetación en el borde de los ríos y la parte alta de la montaña.

6.6.7. Agroecología y Seguridad Alimentaria

Según la Secretaría de Desarrollo Rural y la SAGARPA, el Huracán Stan afectó 20,614.31 hectáreas en cultivos de café, maíz, frijol, frutales, hortalizas, trigo y pastizales. Los municipios con mayor afectación son Motozintla y Siltepec con 9,357.88 y 8,233.56 Ha. respectivamente. El cuadro No. 12 detalla esta información estadística. Para la mayoría de la gente estos efectos de la naturaleza le parece normal, aún no toman conciencia que se debe al desequilibrio ambiental. Las autoridades comunitarias están gestionando apoyos ante COMCAFÉ Y SAGARPA para minimizar los efectos de esta problemática, a la fecha estas instituciones han empezado a otorgar apoyos a los productores por los deslaves ocurridos en sus parcelas.

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El poco crecimiento de la agricultura a pesar de su importancia económica, se debe a diversos factores, como son deficiente asistencia técnica, altos costos de insumos y equipos, el escaso subsidio al campo y deficientes prácticas de conservación de agua y suelos. Los afectados carecen de iniciativa para realizar actividades productivas, aprovechando los recursos que poseen, las organizaciones económicas promueven la agricultura orgánica para café y miel. No existe manejo de laderas, en la mayor parte de la superficie de la región, se practica la producción convencional en condiciones de temporal, con mínimos rendimientos en los cultivos, encontrándose áreas con bajo contenido de materia orgánica. Los productores mantienen la posición de incrementar los rendimientos de cultivos a base de productos químicos sin analizar los problemas que causan al ambiente. Práctica de monocultivo utilizando el sistema roza – tumba - quema, incrementando costos de producción y agudizando la crisis económica en los productores. Los agricultores opinan que el utilizar este sistema de producción es sano y que es parte de su cultura por lo que cada día se incorpora menos mano de obra familiar. La introducción de semillas de maíz mejoradas en toda la región, que incluyen paquetes tecnológicos, representando altos costos económicos para el productor, además de la repercusión en la contaminación de los alimentos producidos. Se ha perdido el concepto de milpa en los productores, ellos prefieren producir más en menos tiempo, sin distinguir la calidad del producto. El rendimiento por hectárea de maíz convencional es de 1.34 Ton por Ha. en promedio. La SEPI, promueve el programa de fitomejoramiento participativo de semillas de maíz en la región, para rescatar las variedades criollas partiendo de la necesidad y características de cada zona ecológica. Los bajos precios de los productos, especialmente del café ha tenido un impacto negativo, son aproximadamente 110 mil personas las que han disminuido sus ingresos hasta en un 70% de los niveles anteriores a 1992, lo que implica serios problemas de capacidad de compra de alimentos, medicinas, ropa, educación e inversión en actividades productivas. Los pequeños productores no han diversificado su producción, manejando el café como monocultivo perdiendo rentabilidad económica. Existe deficiente capacidad de gestión y visión, así como un limitado acceso a la información de mercados para poder ofertar los productos a un mejor precio. Los pequeños productores no le dan la importancia necesaria al aspecto de mercado, existiendo desinterés de potenciar los canales de comercialización. La SDR promueve el apoyo a los productores y organizaciones económicas para comercializar sus productos a través del Sistema de Información e Integración de Mercados. Las fuentes de financiamiento son limitadas, la desaparición de BANRURAL afectó directamente a los pequeños productores que están en cartera vencida, además no tienen cultura de ahorro para ser frente a emergencias. Existe una cultura de irresponsabilidad ante los compromisos crediticios, el sector rural demanda subsidios no créditos, existen intermediarios financieros no bancarios constituidos como cajas de ahorro, sin embargo

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hace falta sensibilizar a la población de acceder a estos servicios que permita generar economías de escala. Existe un manejo inadecuado del traspatio, aunado a las limitadas superficies de cultivo por unidad de producción familiar, por lo que no representa una fuente de ingreso y una opción para mejorar la nutrición de las familias. Las mujeres tienen intenciones de potenciar esta actividad pero carecen de asesoría técnica, algunas instituciones han apoyado proyectos de este tipo, sin que exista el seguimiento adecuado que permita garantizar resultados eficientes a mediano plazo. La mayoría de los pequeños productores de la región están desorganizados lo que no permite avanzar en el desarrollo del sector agropecuario. Varios de ellos han perdido credibilidad en las organizaciones producto del fracaso o limitado desarrollo que han alcanzado, se observa competencia en vez de alianzas entre organizaciones, el gobierno ha promovido la creación del Sistema Producto Café, Sistema Producto Miel y Sistema Producto Orgánico con el fin de fortalecer las cadenas productivas, sin embargo se ha encontrado una marcada resistencia a esta iniciativa, es necesario una mayor sensibilización en los actores. Los productos obtenidos son de baja calidad que repercute directamente en los precios de venta. Se nota como un problema de actitud, instituciones gubernamentales y organizaciones económicas han capacitado a los productores pero en varios casos no llevan los conocimientos a la práctica.

6.6.8. Recomendaciones para diseñar una estrategia de intervención externa.

La problemática encontrada en el diagnóstico, plantea retos extraordinarios para los tres niveles de gobierno, las organizaciones sociales, económicas y la sociedad civil con un enfoque de corresponsabilidad y de una eficiente coordinación interinstitucional, donde los consejos de desarrollo rural sustentable juegan un papel muy importante como instancia de participación y asignación de recursos. Toda acción encaminada a facilitar el desarrollo rural, debe garantizar el aprovechamiento racional de los recursos naturales tomando en cuenta la interrelación que existe entre los valores culturales, la conservación del ambiente, la relación de la sociedad, la seguridad alimentaria y la autosuficiencia productiva y de servicios. Debe promoverse la formación de recursos humanos en las comunidades rurales en materia de tecnología, gestión, rescate y difusión de tecnologías propias, poniendo especial atención en la incorporación de las mujeres en los procesos a nivel familiar y comunitario, en igualdad de condiciones a la producción, al empleo remunerado y a la toma de decisiones colectivas. La participación popular es un ingrediente fundamental en la planeación de proyectos, por lo que para impulsar un mejoramiento sustantivo en la calidad de vida local y revertir el deterioro ambiental, es necesario establecer sistemas ecológicamente

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sostenibles a nivel local y regional en los cuales las mismas localidades se apropien de los procesos. Toda estrategia encaminada a resolver la problemática debe incorporar de manera armónica la diversificación de la agricultura, buscando formas sostenibles de explotación de los recursos naturales, además de resaltar la importancia en el concepto de milpa para los pequeños productores, considerándolo como elemento básico de producción y cultura. Es necesario que se genere la economía y los recursos naturales del campo para romper el círculo de pobreza, fortalecer el capital social de las comunidades rurales y promover un verdadero desarrollo regional con la participación de las organizaciones sociales; basado en las ventajas relativas de cada zona. La comercialización debe considerarse como elemento fundamental en todo proyecto productivo, aprovechando otros nichos de mercado donde perfectamente se puede participar, tal es el caso del café de Sombra, el Café con Normas de Conducta y el Mercado Alternativo, que bajo un sistema de Auto-conducción por parte de las organizaciones sociales y productores privados que con el respaldo de las instituciones como SECAM, Sagarpa, Comcafé, etc. puedan desarrollar un agresivo programa de promoción de los productos de la Sierra, integrando las cadenas productivas para el mercado local y de exportación. Es necesario promover una cultura de ahorro en la población para la formación de cajas de ahorro a nivel comunitario, vinculadas a los sistemas ya existentes en la región para lograr una economía solidaria en la Sierra que permitan una capitalización gradual de las familias rurales.

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6.7. Desplazados internos en Chiapas.8 Se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida” (SNU, 1998). Esta definición incluye a damnificados por desastres naturales o provocados por el ser humano, pero excluye a los inmigrantes. Para reducir los efectos adversos del desplazamiento, se han de considerar las necesidades de asistencia y protección durante el trayecto a las comunidades receptoras para garantizar la integridad física de los desplazados, el suministro de alimentos, refugio en albergues o campamentos acondicionados para brindar un espacio higiénico y con servicios de asistencia médica. Las condiciones de vida y desarrollo humano de los desplazados internos empiezan garantizando la unidad familiar, el abasto de agua potable y alimentos, la generación de ingresos, el acceso a la educación básica, el derecho a una identidad jurídica mediante documentos oficiales y el ser tomados en cuenta para la toma de decisiones, de preferencia respetando la estructura comunitaria que se tenía antes de que ocurriera el desplazamiento. Las recomendaciones de la Guía para la aplicación de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos incluyen la adopción de mecanismos para la protección de las propiedades abandonadas y estudios de impacto ambiental para reducir el daño a ecosistemas frágiles Instituto Brookings, 2002). Hay distintos criterios para determinar que las condiciones que llevaron a la población a desplazarse han terminado. Esto incluye criterios basados en la causa, criterios basados en las soluciones y criterios basados en las necesidades. Los actos de retorno o reasentamiento por sí solos no son suficientes para dar fin al desplazamiento. Deben establecerse las condiciones que aseguren que los procesos sean voluntarios y sostenibles, asegurando que existen las condiciones para terminar con los programas de atención a las necesidades que implica el desplazamiento. Entre los factores para reconocer que los desplazados internos dejan de serlo están los siguientes: “cuando las personas desplazadas han alcanzado una situación similar a la anterior al desplazamiento; cuando los derechos de los desplazados han sido totalmente reincorporados; y cuando los desplazados dejan de identificarse a sí mismos como desplazados” (Seminario, 2004b). En los últimos 30 años cerca de 50,000 personas se han desplazado internamente en el estado de Chiapas, huyendo de conflictos religiosos y armados (Ruiz, 2002). Esta situación afecta particularmente a los niños nacidos en condiciones de desplazamiento, por lo que es importante diferenciar la genealogía del desplazamiento, es decir lugar de origen, motivo que originó el desplazamiento, ruta del desplazamiento hasta la ubicación actual,

8 Texto elaborado por Emanuel Gómez en 2006 en su calidad de consultor del proyecto de UNICEF en Chiapas. Agradecimiento especial a Alejandro Gómez Palma, por la orientación de contenido de este documento.

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condiciones de vida y desarrollo humano y posibilidades objetivas para definir su futuro en calidad de desplazados, reubicados o retornados. Los conflictos religiosos tienen su mayor expresión en San Juan Chamula, aunque hay otros municipios en Los Altos, Zona Norte, Selva y Centro donde también son práctica recurrente. En las décadas de 1950 y 1960, la población que profesaba una religión distinta a la católica en Chiapas tuvo un aumento de 31.6%, lo que motivó una reacción de católicos “tradicionalistas” que utilizó la violencia contra evangélicos y protestantes (Martínez Velasco, 2005). Las primeras expulsiones por intolerancia religiosa ocurren en 1953 en Guaquitepec, San Juan Cancúc y en 1957 en Chimtic, Chenalhó, donde fueron expulsadas dos personas; en 1957, en y 1967, en Zactzú, San Juan Chamula, una familia fue masacrada (Martínez García, 2004). La primera expulsión masiva sucede en 1974 en San Juan Chamula contra 161 personas (CDHFBC, 2001). Se estima que 20,896 personas fueron expulsadas en la década de 1970 y 7,932 en la década de 1980 (Coespo, 2004). A partir de 1980 el problema incluye Zinacantán, Huixtán, Mitontic, Oxchuc y Amatenango del Valle; durante la década de 1990 se extiende a Las Margaritas, Frontera Comalapa, Comitán, La Independencia, La Trinitaria y Venustiano Carranza (Martínez Velasco, 2005). Otros municipios de expulsión son Teopisca y Tenejapa, mientras que los principales municipios receptores son San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Cintalapa (CIESAS, 2005), y Villaflores, en su mayoría indígenas tzeltales y tzotziles (CDHFBC, 2001). En agosto de 2002, el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los Desplazamientos Internos realizó una visita oficial a México a solicitud del Gobierno Federal. En su informe, el Representante señaló que “la mayoría de los desplazados internos se encuentran en Chiapas principalmente por tres procesos de crisis política: el enfrentamiento armado entre el Ejército mexicano y el EZLN, iniciado en 1994; las operaciones de contraguerrilla del Ejército en 1995; y la matanza perpetrada en Acteal por grupos paramilitares en 1997. (...) No se dispone de estadísticas oficiales sobre los desplazados en el país, pero las organizaciones no gubernamentales (ONG) locales y otras organizaciones internacionales calculan la cifra de desplazados internos en Chiapas entre 16,000 y 21,000.

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Entre los compromisos no cumplidos por el Estado mexicano se encuentra el reconocimiento jurídico de los derechos sociales de los pueblos indígenas "para que se garanticen sus formas de organización social, la satisfacción de sus necesidades humanas fundamentales y sus instituciones internas" (Acuerdos de San Andrés, Pronunciamiento conjunto, 5.1.c). En el caso de los desplazados internos, el reconocimiento de sus derechos sociales empieza por garantizarles la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, en su calidad de ejidatarios, con los que se restituye, en gran medida, la organización colectiva previa al conflicto que les llevó a abandonar su territorio original. Una vez recuperando estabilidad agraria, dejan de ser desplazados para ser "reubicados", y entonces entran en otro escenario de lucha, esta vez, por acceder a la jurisdicción del estado, esto es, a los bienes y servicios que proporciona el estado como son salud, educación, comunicaciones, financiamiento para proyectos productivos y procuración de justicia, entre otros.

C47. Marco jurídico para la población desplazada por conflictos internos En México no existe una legislación específica que defina, proteja y establezca los principios rectores de las políticas públicas para la atención de la población desplazada al interior. Empero, a continuación se presenta una lista de los tratados internacionales que México ha suscrito y entre paréntesis se indican los artículos que pueden ser retomados para la exigibilidad de derechos de los desplazados: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Arts. 1, 2 y 6), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Arts. 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 17 y 26), Convención Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 1, 4, 6, 7, 11, 12, 22), Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Arts. 3, 12, 13 y 14), Convención sobre los Derechos del Niño (Arts. 1, 2, 6, 24 y 30), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Arts. 3, 6, 7, 11 y 12), Convención relativa a la Esclavitud (Art. 2), Convenio número 111 de la OIT relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación (Art. 1), Convenio número 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Arts. 20, 25, 26 y 27), Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (Art. 5), Convenio número 107 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales (Arts. 2 a 7, 21 a 26), Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Art. 1), Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Arts. 17 y 21). Fuente: Emilio Zebadúa (coord), Desplazados internos en México, Grupo parlamentario del PRD,

Cámara de diputados, México, 2004. http://prd.diputados.gob.mx/publicaciones.htm En su Informe de 1998, el Representante del Secretario General de Naciones Unidas para Desplazamientos Internos adhiere el instrumento Principios Rectores de los desplazamientos internos (SNU, 1998), reconocido internacionalmente por gobiernos y organismos de derechos humanos como el marco de referencia más importante en la materia. Los Principios Rectores no se elaboraron como un nuevo marco normativo legal, sino a manera de reforzar las leyes existentes (Deng, 1999), particularmente las convenciones internacionales en el campo de Derechos Humanos, para la ayuda

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humanitaria y para protección de los refugiados. Esta es una de sus virtudes: “Los Principios Rectores consolidaron en un documento todas las normas internacionales aplicables a la cuestión de los Desplazados Internos, hasta entonces dispersas en muchos instrumentos diferentes. Aunque no es un documento jurídicamente vinculante, los principios reflejan y son consecuentes con el Derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho humanitario existentes” (Cohen, 1998). La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados se propone entre sus objetivos "impulsar el reconocimiento de los derechos de los desplazados por motivos políticos, económicos y religiosos" y se propone entre sus líneas de trabajo legislativo "reconocer los derechos de los desplazados y migrantes en regiones y comunidades indígenas", lo que así enunciado resulta limitado a promover los derechos humanos de esta población exclusivamente en regiones y comunidades indígenas, dejando fuera de su ámbito de acción a los desplazados y migrantes que se encuentran fuera de regiones indígenas, que en realidad son una mayoría, pues huyen, precisamente de los conflictos y pobreza existente e en las regiones y comunidades indígenas. Para el Gobierno de México, pese a que el marco jurídico nacional carece de un ordenamiento jurídico específico sobre desplazados internos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes derivadas y los instrumentos internacionales suscritos tutelan una serie de derechos fundamentales que se vinculan íntimamente con el desplazamiento interno, como se explica en la respuesta oficial al informe de la visita al país del Representante del Secretario de las Naciones Unidas sobre Desplazados Internos (Gobierno de México, 2004). En el caso de países con presencia de población indígena, como México, es importante mencionar también el Convenio número 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que en su artículo 16 señala que los pueblos indígenas no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan, y en caso de ser necesario su traslado y reubicación deberá efectuarse con su consentimiento, con el derecho de los pueblos de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación, y si acaso el retorno no fuera posible, “dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas” (OIT, 1989). Esta protección especial a los pueblos indígenas es reforzada en los Principios Rectores, donde se indica que “Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que experimentan una dependencia especial de su tierra o un apego particular a ella” (SNU, 1998). Para establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación en Chiapas, desde el 9 de marzo de 1995 el Gobierno Federal emitió la Ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas, un marco jurídico para encauzar pacíficamente el

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conflicto iniciado en 1994 por el levantamiento zapatista y superar las causas que motivaron el inicio del conflicto. Respecto a los desplazados internos, en su artículo 7 se establece que “El Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas y los ayuntamientos respectivos, otorgará garantías y facilidades a los indígenas y campesinos de la zona del conflicto para su reintegración y asentamiento en sus comunidades de origen. Esta disposición es válida para todos los indígenas y campesinos, independientemente de su participación en el grupo involucrado en el conflicto del Estado de Chiapas” (DOF, 1995).

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6.8. Desplazamientos internos, autonomía y derechos colectivos de los pueblos indígenas9

La lucha de los pueblos indígenas americanos, como movimiento social identificado con la reivindicación de sus derechos colectivos constituye una formación discursiva de carácter político emergente al final del siglo XX y principios del XXI. Sin embargo sus formaciones sociales y culturales son parte de la construcción de los Estados y sociedades nacionales que hoy somos, en una condición de sujeción que los ha negado y ocultado permanentemente. La continuidad de sus identidades ha sido una larga lucha de afirmación y resistencia, de adaptación y beligerancia que siempre ha llevado implícita una reivindicación autonómica. Pero la forma expuesta de su reclamo para que los Estados inscriban el reconocimiento de sus derechos colectivos, ha puesto en tensión incluso las formas jurídicas consolidadas sobre los postulados de los derechos ciudadanos, que constituyen la base del Estado moderno que pregona la libertad individual y la igualdad de todas las persona. Esos mismos valores éticos y jurídicos han sido extrapolados al derecho público internacional, fundado en la proclama de los derechos humanos como universales. Y es en ese ámbito donde las convenciones han conformado nuevos campos semánticos que proponen a los Estados la tutela de derechos colectivos que no son para todos los ciudadanos, entre ellos los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Como en México y la mayoría de los países del continente americano, las formaciones sociales de las naciones han negado y omitido la existencia de los pueblos, que han sido sometidos a conquistas religiosas y políticas, así como a económicas y culturales, en todos los casos para exterminarlos, integrarlos o hacerlos “progresar” hacia las identidades nacionales. Su condición étnica sigue hoy significando pobreza, atraso o segregación. En todas las sociedades, los pueblos indígenas constituyen el extremo de la marginación a pesar de su diversidad y riqueza cultural. Sus poblaciones ocupan sin embargo territorios que ahora son reservorios de biodiversidad y recursos estratégicos que los vulneran aun más. Esa condición los hace blanco de iglesias y partidos, de organismos civiles y empresas trasnacionales, pero su extrema pobreza se profundiza y parece imposible que se terminen por reconocer derechos colectivos que los hagan poseedores legales de patrimonios reclamados por los Estados, las naciones y los inversores globales. En tal contexto, los pueblos indígenas están movilizados y se organizan para lograr sus autonomías, pero al mismo tiempo viven una segmentación social que descompone sus 9 Ponencia presentada por Ramón Martínez Coria ante la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU), San Cristóbal De Las Casas, Chiapas, del 5 al 8 de octubre de 2005.

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organizaciones comunitarias y en muchos casos los coloca en circunstancias de violencia social, de violación de derechos humanos o de conflicto armado. En este contexto la gran cantidad de grupos desplazados a partir de la coyuntura de 1994, se constituyó en un problema social complejo de resolver tanto en el sentido de la conciliación interna de las comunidades para la restitución de la paz como para la gobernabilidad. Tal circunstancia en la comunidades en conflicto, por un lado desestructuró los sistemas normativos comunitarios hasta entonces vigentes y por otro lado, puso en perspectiva la tensión entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas que reivindican el reconocimiento de sus derechos colectivos y la provisión de una justicia social de la que han sido marginados históricamente. El conflicto armado no escaló a proporciones a partir de las cuales la comunidad internacional reconociera una circunstancia de guerra, y que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por esas mismas razones, tampoco logró su reconocimiento como fuerza beligerante en términos del derecho internacional. El primer proceso de intervención, tanto de las instituciones gubernamentales como de los grupos civiles defensores de derechos humanos, en el problema de desplazamiento forzado ocurrido en esa coyuntura, inició como una disputa por negar o afirmar los actos de autoridad como violación generalizada de los derechos humanos. Mientras que los grupos civiles de derechos humanos asumían que los grupos desplazados eran víctimas de la guerra, las instancias de gobierno mantuvieron la posición de reconocer el conflicto armado como condición general de esos desplazamientos. Un primer factor de conciliación, fue buscar la reubicación o retorno de los grupos en situación de desplazamiento por la vía de la negociación política, pero sin herramientas legales que posibilitaran juridizar los procesos de resolución. En el orden internacional tampoco hubo disposiciones ni convenciones que marcaran los procesos de desplazamiento interno, sino aquellos que implicaban el tránsito de fronteras internacionales y el reconocimiento de refugiados, como fue el caso de los guatemaltecos que huyeron hacia México y Belice de las masacres en su país entre 1979 y 1984. No fue sino hasta 1998 que se codificaron los Principios Rectores para los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, aunque como una más de las convenciones internacionales que siempre se firman por el gobierno mexicano pero que nunca se ponen en práctica. Es hasta después del año 2000 que se generaron elementos entre los gestores gubernamentales locales y los no gubernamentales para identificar, reconocer y atender a estos grupos de población indígena desplazados, aunque sin resolver si los desplazamientos eran un efecto de hechos de guerra o de conflicto armado; factor definitivo del tipo de garantías por proveerles.

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La respuesta a la circunstancia de vulnerabilidad en que se colocan los grupos de familias indígenas desplazadas en esa coyuntura, más allá de la negociación política para la conciliación o reconciliación mediada por instancias civiles y/o de gobierno, requiere siempre de la reconstrucción de las condiciones específicas en que se han producido los conflictos que los generaron. Una conclusión adelantada es que, si bien la posibilidad de juridizar los procesos de reubicación o retorno de los grupos desplazados se intenta a partir del derecho internacional por falta de leyes e instituciones locales, pasa también por que las salidas prácticas no reconstituyen los tejidos comunitarios cuando sus sistemas normativos han quedado rotos o erosionados. La reconciliación para el retorno o la conciliación para la reubicación, dando así salida o resolución a la circunstancia de desplazamiento de los grupos vulnerados, también obligan a la revisión de las nuevas territorialidades y adscripciones identitarias que se han movilizado. Algunos elementos hallados, desde el punto de vista de la antropología jurídica, nos hacen saber que las disputas territoriales necesariamente pasan por prácticas político-discursivas de corte eclesial, partidista o de formaciones políticas emergentes que proponen nuevas normas y valores éticos que cambian o deconstruyen las formas de regulación comunitaria, cuestionando su vigencia y eficacia para la reproducción y continuidad de la comunidad misma. Más allá de la retórica de la autonomía de los pueblos indígenas, en este plano las reivindicaciones autonómicas y las prácticas de hecho que devienen autonómicas, no necesariamente son elementos que articulen a las comunidades en un mismo territorio o a aquellas que comparten elementos identitarios étnico-culturales. La construcción de la autonomía de una formación política no siempre es un factor creativo de la autonomía de los pueblos frente al Estado, sino un elemento de confrontación y segmentación social; no son un vector de reconstitución histórica de los pueblos como formación social sino más bien de su integración y sujeción a la formación social nacional. Si bien las estructuras políticas como el municipio pueden ser continente de prácticas autonómicas, no significa que las instituciones emergentes sean soporte de la reproducción social de los pueblos como tales ni de las formaciones comunitarias como un hecho jurídico. ¿Qué es lo que está en cuestión cuando ocurren este tipo de desplazamientos por conflicto social? Es la identificación y construcción identitaria de las comunidades indígenas, el reconocimiento y uso de los sistemas que regulan las relaciones comunitarias y la continuidad o ruptura de los valores constitutivos de esos sistemas normativos.

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¿Qué es en este plano la autodeterminación de un pueblo indígena? ¿Dónde están las institucionalidades de la comunidad así segmentada? El caso de los ch’oles desplazados entre 1998 y 2000 es ilustrativo. Familias ch’oles que dejaron de ser católicas “tradicionalistas” o “costumbreras” y que se negaron a aceptar como propios los valores “inculturados” por el Nuevo Catecismo de la iglesia católica diosesana, vivieron un conjunto de factores que determinaron su cambio de filiación religiosa en el contexto de la formación comunitaria de la que habían sido parte, para adoptar el culto bautista: el alcoholismo del pater-familia, la imposibilidad de mantener las tierras propias del clan como parte del sistema parental-territorial de la comunidad, la filiación o identificación política con una organización minoritaria en la comunidad y marginada de la toma de decisiones, la coyuntura de 1994 como factor de conflicto externo a la comunidad que marcó el cambio en los equilibrios sociopolíticos internos, la oferta de agentes de otras organizaciones políticas y religiosas para encontrarles mejores tierras y oportunidades en otras latitudes fuera de su territorio etnohistórico. El conjunto de estos elementos generó condiciones concretas de violencia interna en la comunidad que derivaron en la expulsión violenta de estas familias, siendo despojadas de sus derechos patrimoniales y de participación en la organización comunitaria. Aunque los procesos de mediación para la reconciliación se han sucedido desde entonces, los factores causales siguen vigentes y su retorno es prácticamente inviable, ahora la comunidad excluye la posibilidad de hacer caber “desertores” que ponen en riesgo las nuevas reglas de la organización política emergente. Existen factores de división, disputa y conflicto interno en las comunidades indígenas chiapanecas, que sin embargo han marcado de diferente manera las formaciones comunitarias según su organización e identidad étnica. Estos factores se pueden reducir a tres elementos generales que son la tenencia, ocupación y reconocimiento de tierras, la filiación a diversos grupos eclesiales y la identificación con organizaciones políticas y/o partidos; cada uno de estos aspectos impacta de manera específica la vigencia, eficacia o desuso de los sistemas normativos vigentes en las comunidades indígenas, que además cobran expresiones diferentes entre los pueblos por su identificación étnica. El cambio religioso al interior de las comunidades modifica incluso los patrones de relación entre familias y de éstas con la organización comunitaria. Mientras que entre las comunidades tzotziles de Los Altos ese cambio de adscripción a iglesias distintas a la hegemónica para el sistema normativo local vigente, implica la expulsión violenta del territorio comunitario y el despojo de cualquier derecho patrimonial sobre las tierras antes poseídas por las familias expulsadas, entre las comunidades ch’oles el cambio religioso desestructura las relaciones de cooperación e intercambio dentro de la organización comunitaria pero no genera en sí mismo desplazamientos violentos. En este segundo caso, cuando han ocurrido desplazamientos forzados, las familias reubicadas o dispersas incluso quedan vinculadas a su comunidad de origen por el derecho

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que se les reconoce sobre las tierras para el cultivo aunque sean despojados de su derecho a residir dentro del territorio de la comunidad; esos desplazamientos en las comunidades ch’oles de la selva norte de Chiapas sin embargo se producen por disputas territoriales de grupos políticamente organizados que salen de la competencia de la autoridad comunitaria. Otro patrón de desplazamiento sucede cuando la cantidad de población excede la capacidad del sistema comunitario para distribuir las tierras disponibles y se generan grupos que salen inicialmente por voluntad propia en busca de nuevas tierras fuera del territorio comunitario; en este caso las organizaciones políticas han conducido la ocupación de tierras creando a veces condiciones de conflicto con los grupos poseedores que son invadidos, como es el caso de los tzeltales de algunas regiones de la Selva Ch’ol. Es ampliamente conocido el hecho de grupos ch’oles y tzeltales que históricamente vivieron como peones acasillados en fincas, que ocuparon y reclamaron como propias esas tierras antes y durante el denominado conflicto armado detonado en 1994; esa movilización de familias constituyó un factor de conflicto violento entre grupos de filiación política diversos, que además implicó la intervención de diversas figuras de autoridad constitucional y la violación generalizada de derechos humanos. Todos estos patrones de tensión inter e intra comunitaria cobraron nuevas dimensiones a partir del levantamiento armado declarado por los grupos de población identificados con la milicia y las bases de apoyo zapatista. En esa coyuntura se produjeron nuevas condiciones de ruptura política que trastocaron los sistemas normativos de la mayoría de las comunidades en varias regiones tzeltales, tzotziles, tojolabales y ch’oles, no así entre los pueblos zoque y aquellos asentados en la Sierra Madre. Las comunidades indígenas chiapanecas, ponen en práctica procesos autonómicos político-territoriales como formaciones sociales y culturales, produciendo nuevas formaciones discursivas sobre su organización social y su identidad; donde sin embargo, en algunos casos, los sistemas normativos comunitarios han dejado de ser eficaces para la resolución de conflictos y disputas, o restituir el orden comunitario. Ponemos a revisión un conjunto de elementos que han modificado la organización comunitaria y que constituyen factores de segmentación social, produciendo específicamente desplazamientos violentos de población, que ponen en jaque también la intervención no sólo de un sistema constitucional que carece de leyes e instituciones para su atención particular y solución sino del sistema del derecho público internacional que proclama los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La cuestión es si la autonomía política y jurídica de los pueblos frente al Estado pasa por el desarrollo y consolidación de sus propios sistemas normativos, o si la segmentación y el conflicto social son expresión de la pérdida de valores identitarios de las comunidades en la dirección contraria, entendiendo los desplazamientos internos como síntoma. La antropología jurídica como ámbito interdisciplinario ha generado en los últimos veinte años campos de reflexión teórico-metodológicos con diferentes grados de tensión

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analíticos, iniciando con la separación epistemológica de la antropología política y entrando a la construcción interdiscursiva con las ciencias jurídicas. En tal sentido, entendemos la dificultad para identificar los sistemas normativos vigentes en las formaciones comunitarias indígenas, considerando la diversidad étnica de los pueblos, sujetos al sistema jurídico constitucional. La generalización sólo es posible a partir de ciertos elementos universales en los sistemas normativos comunitarios como las funciones de autoridad y gobierno, los mecanismos de regulación interna desde la organización territorial hasta los sistemas de intercambio y de parentesco, las normas y valores asociadas a la clasificación de faltas y sanciones, así como las relaciones de poder que cruzan la organización comunitaria y la vinculan con la formación social nacional. Más allá de estos elementos podemos decir que cada pueblo y comunidad mantiene formas específicas que constituyen el sentido de su identidad cultural, con variantes imposibles de codificar y documentar en su totalidad, no sólo por su gran diversidad sino por estar en constante transformación. A finales de la década de 1980 se propuso como herramienta analítica la etnografía jurídica para describir cualquiera de estas formas de organización comunal, en su especificidad étnica, y denotar sus tensiones con el derecho positivo como base de la organización política del Estado que las sujeta y las niega. En otro plano, desde el derecho público internacional se construyó la definición de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entendiendo a éstos como grupos de población étnicamente diferenciados de la cultura nacional en una circunstancia histórica de colonialismo interno, pero que mantienen sus propias formas de organización social y sus propias formas institucionales; sin resolver el significado de lo que es propio de los pueblos en el ámbito de las prácticas jurídicas. La postulación de estos derechos colectivos implica también algunas tensiones con los sistemas positivos basados en la universalidad de los derechos ciudadanos, particularmente en el sentido de tutelar derechos especiales para grupos determinados, generando diversos cuestionamientos para su aplicación no extensiva a cualquier grupo de población sino a aquellos que se adscriben como parte de una organización étnica sujetada a la formación estatal pero constitutiva de ella. Los elementos de tensión política y jurídica se han centrado en la identificación primero de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho distintos a la idea de nación como pueblo, en la reivindicación de la condición territorial de esos pueblos frente al territorio nacional y en la construcción de una autodeterminación que no merme la soberanía de los Estados. Durante los últimos quince años, esta postulación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas se ha ido incorporando como discurso político entre las comunidades y organizaciones que los constituyen, más que como una práctica social que tienda a

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reconstituir la organización política compleja de las poblaciones que comparten una misma identidad étnica. Sin embargo, el reconocimiento de esos derechos colectivos como parte de los sistemas constitucionales sigue siendo una asignatura pendiente en la mayoría de los países, especialmente como administración de justicia y como representación político-legislativa. En este sentido, la autonomía de los pueblos pasa por tantas variantes discursivas y de facto que resulta tan específica como cada formación comunitaria. Como parte de la formación social mexicana, los pueblos indígenas constituyen la población marginal por antonomasia en una condición de pobreza extrema que hace más visible la potencialidad del conflicto social por inequidad. Mucho se ha documentado esta condición de vida contradictoria con su riqueza y diversidad cultural, se ha formulado como referencia irónica que la abundancia de recursos naturales como acervo patrimonial del país se conserva precisamente en los territorios que son su hábitat. En tal contexto, la demografía de los pueblos indígenas ha cambiado dramáticamente durante las últimas décadas, la dinámica de sus poblaciones se ha hecho compleja por los flujos de personas, familias o grupos de familias en busca de tierras o ingresos fuera de sus territorios históricos. La diáspora de grupos de población indígena cruza el territorio mexicano y lo trasciende. Sin embargo, existen otros tipos de flujo de esta población que se producen de forma coyuntural, donde la gente se ve forzada a salir de sus lugares de residencia u origen en contra de su voluntad, algunas veces por causas de desastre ambiental, a veces en nombre del interés público cuando se construyen grandes obras de infraestructura y otras veces por condiciones de conflicto, violencia o violación de derechos humanos. Los grupos en circunstancia de desplazamiento interno constituyen en Chiapas un hecho social y político con particularidades regionales que no tienen continuidad ni analogía en ningún otro lugar del país. Durante la segunda mitad del Siglo XX han ocurrido desplazamientos de población indígena, donde convergen formas de violencia social generada por diferencia de filiación con respecto a partidos y organizaciones políticas o iglesias, por uso y ocupación de tierras, por violencia inter o intracomunitaria, por violación generalizada de derechos humanos o por conflicto armado. El marco constitucional mexicano, y por ende el estatal, hasta el día de hoy no conoce ni define la noción de población desplazada y tampoco existen instituciones con competencia para atender y resolver esta circunstancia. Las leyes de población en este campo han cambiado más de forma reactiva que propositiva o preventiva.

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6.9. Grupo de población desplazada-reubicada La Ramona, Villacorzo, Chiapas10

A continuación se presentan resultados de un estudio en calidad de diagnóstico situacional del Nuevo Centro de Población La Ramona, elaborado a partir de testimonios de los habitantes levantados en campo durante 2007.

Somos originarios del municipio de Tenejapa de la región de los Altos del estado de Chiapas. Salimos de allí porque nuestros abuelos no tenían buenas tierras; la mayor parte de las tierras buenas o productivas estaban o están en posesión de finqueros. En la búsqueda de sustento, nuestros padres comenzaron a migrar en busca de trabajo en fincas de la región de la Costa y el Soconusco, nuestros padres nos llevaban a trabajar y así crecimos de un lugar a otro.

En 1986 se da un proceso de migración masivo a diferentes municipios de los Altos como Mitontik, San Juan Chamula y Tenejapa. Por ejemplo, don Antonio Girón Jiménez el trabajo en la región costa, en la finca Rusia y después logró rentar tierras en la comunidad de Villahermosa, perteneciente al municipio de Villa Corzo; otros casos son los de Pascual, Mariano y Nicolás también provenientes de la región Altos, que en 1992 rentaron tierra en la finca denominada “El Cimarrón” siendo el dueño de esta tierra el Sr. Asunción; a finales de 1995, paulatinamente fueron ingresaron a este predio más familias en el predio.

6.9.1. La primera posibilidad de apropiación de tierras.

10 Diagnóstico elaborado por Iván Arce en 2007.

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Durante el levantamiento armado del EZLN, se posesionaron de este predio (El Cimarrón) aprovechando la fuerza política del EZLN en ese momento; Pascual, líder indígena que formaba parte de la organización OCIP, con el apoyo de las familias provenientes de Tenejapa promovieron el desalojo del dueño del predio.

Pascual salió de OCIP, ya que en varias ocasiones gestionaba proyectos o programas y no informaba a la gente, por lo tanto los recursos de apoyo no se entregaban, este fue el motivo por el cual sale de OCIP y se adhiere a la OPEZ (Organización Proletaria Emiliano Zapata).

Pascual era apoyado en sus pasajes para gestiones, la comunidad hasta le pago una deuda que tuvo que fue de cinco mil pesos, pero no era cierto que tenia dicha deuda y tampoco llegaba a la SRA para hacer las gestiones de nuestras tierras. Pascual fue removido de su cargo, queda como gestor Juan Méndez Velásquez; la comunidad también se va con la OPEZ En este periodo don Antonio Girón quedó como el primer vocal. En esa época, juntaron 700.00 para notariar el predio El Cimarrón que cuenta con 324 hectáreas; una comisión se fue a la ciudad de México para hacer las gestiones de nuestras tierras, regresan y nos avisan que ya estaban listos los documentos del predio, Juan Méndez nos obligó a tumbar la montaña según para demostrar que ya somos dueños legítimos; estuvimos trabajando en el predio El Cimarrón” durante tres años”, de 1995 a 1998.

Pero más bien Juan Méndez gestionó la tierra para el propietario más no para la comunidad. Con esos setecientos pesos pagaron el notariado del terreno, le salió una orden de aprehensión; posteriormente fue encarcelado y la comunidad coopera para sacarlo bajo fianza. La cantidad que supuestamente le habían pedido a Juan Méndez para la fianza son 14 mil pesos y la comunidad logró juntarlo todo; entonces hubo otras órdenes de aprehensión en contra de: Nicolás Gómez Hernández, Mariano López Méndez y Pascual López Díaz. Todos acusados de talar y tumbar la montaña, Don Antonio como vocal se vio en la necesidad de ir a investigar conjuntamente con Vicente Méndez Méndez y resulta que con los 14 mil pesos no era todo para pagar la fianza, averiguó Don Antonio que la fianza solo se pago $4.000.00 del resto $11.500.00 pesos no se supo nada.

Ante esta situación se integró una comisión para gestionar con el dueño del predio, la negociación se postergo ya que en el año 1998 fuimos afectados fuertemente por el huracán Match; posteriormente Don Antonio y otras personas formaron una nueva organización llamado OICI (Organización Independiente Campesina e Indígena), misma que se conformó con varias comunidades como: El Cimarrón, Tajan, Tierra Santa y Ejido Villa Hermosa.

El objetivo de la organización era gestionar programas y promover la liberación de los presos políticos, para ello se realizo una marcha con la asistencia de 600 personas; se toma de la presidencia municipal de Villa Flores, a través de un plantón en el que participaron 15 hombres y 15 mujeres durante 15 días; Las exigencias fueron: Pago del predio el Cimarrón a favor de los campesinos, Libertad de las personas que tienen órdenes de aprehensión y Apoyos de programas gubernamentales. Durante el plantón estuvieron siempre rodeados de la seguridad pública, ya que eran acusados de ser simpatizantes del EZLN.

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El presidente municipal de Villa Flores convocó a los comisariados ejidales y agentes municipales, para promover el desalojar a los plantonistas; pero como estaba con mucha fuerza el EZLN en este periodo, las autoridades locales determinaron que no era fácil desalojarlos, la gente decía que eran miles de personas y que podrían tener apoyo en cualquier momento.

Para dar respuesta a esta situación, el gobierno del estado implemento una mesa de negociaciones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a ella acudió una comisión de integrada por 3 mujeres y 3 hombres. Los puntos de negociación fueron: a) Exigir el pago del predio, (el gobierno se comprometió a pagar a 2 mil pesos por hectárea y también ofreció proyectos productivos y de aves de corral); b) Cancelación de las órdenes de aprehensión y c) Respeto al derecho laboral de las mujeres (más bien que las mujeres exigían el pago de sus trabajos). Logros del plantón: se abre la carretera, se logra la instalación del sistema de agua potable y apoyos en con programas de desarrollo social y productivo.

Desafortunadamente, en este momento se da una confrontación interna y diferencias políticas; se dividen en dos grupos, el de Juan Méndez y el de Antonio Girón (este ultimo integrado por 26 familias). El 21 de agosto se lleva acabo la consulta nacional convocada por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional e invitamos a los delegados zapatistas que estaban recorriendo el territorio nacional y vinieron a Villa Flores.

6.9.2. El primer desalojo.

El 4 de diciembre de 1998 fueron desalojados por primera vez por parte del grupo de Juan Méndez. Como el grupo de Antonio Girón ya sabía que iba suceder alguna acción de sus opositores, esa misma noche alistaron 3 armas para defenderse. “A media noche de ese día el grupo de Juan empezó a tirar balas al aire y bombas”. Pero el grupo de Antonio se mantuvo en sus casas. “Como a las 3 de la mañana se acabó el tiradero de balas”, es en este momento en el grupo de Antonio inicia su desplazamiento. Se quedaron todos los bienes que tenían en sus casas; por suerte, aunque se fue cada quien por su lado, se concentraron después en la colonia Juan Sabines; la mayoría de ellos llegaron; excepto tres de ellos: Juana Luna Guzmán, Juan Girón López, Alfonso Girón López. El grupo decide retornar a plantarse en H. Ayuntamiento de Villa Flores ya que ahí se encuentra la delegación de gobierno. El Presidente municipal en ese momento era Asunción González Díaz (formaba parte del PRD), sufre un atentado y entonces el C. Moisés Ramírez Tamayo, ocupa la presidencia municipal de forma interina (formaba parte de PRI), con el se obtuvo un acuerdo base para buscar la forma de resolver el conflicto. El 6 de enero de 1999, inician las negociaciones en las que participaron Derechos Humanos, el presidente municipal y representantes de los desplazados se firma la minuta con el siguiente acuerdo único: Paz y tranquilidad entre ambos grupos. Al siguiente día, retornaron a la comunidad del Cimarrón y observaron que habían saqueado las casas robándose todos sus bienes.

En febrero del mismo año, empezamos a trabajar de manera colectiva la milpa, pero el día 7 de ese mes, sufrimos otro desplazamiento, entonces dispararon en las casas, buscando matar a don Antonio Girón (la agresión comenzó a las 8 de la noche).

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Salieron de la comunidad y se reunieron en un lote de aproximadamente 15m2 en el municipio de Villa Corzo, ahí estuvieron a la intemperie, sin alimentos y sin agua. La mayoría llegó a reunirse en Villa Corzo, sólo 5 o 6 familias se quedaron en el predio El Cimarrón después del desalojo; al día siguiente (8 de febrero) ingresan al predio 2 camiones de seguridad pública para detener a las personas que habían quedado a sus casas, se les culpa de haber baleado al aparato de sonido de la comunidad y ser zapatistas; a estas personas se les cita en el ministerio público, solo asiste el grupo de Antonio, el grupo de Juan Méndez no se presentó.

El 6 de marzo de 1999 citaron a Juan Méndez, Antonio Girón y representantes de Derechos Humanos en las oficinas de la Secretaria de Gobierno del Estado, ambos representantes con sus grupos firman una serie de acuerdos, que posteriormente no se respetaron. Antonio Girón invitó al grupo de Juan Méndez para recibir apoyo emergentes gubernamentales por el paso del huracán Mitch; el grupo de Juan Méndez quedó conforme, se les entregaron cobijas y colchas nuevas, ya que el grupo de Antonio había recibido estos apoyos.

Se firma una nueva acta de acuerdos entre los dos grupos para resolver un conflicto provocado por la apertura de una brecha que supuestamente daño cultivos de fríjol de grupo de Juan Méndez, pero no se respeto debido a que el grupo de Juan insistía en que se les pagara el daño echo; nuevamente comienza el conflicto, ya que Antonio Girón Jiménez no lo firmó correctamente, sino que lo firmó como Antun Xilon Sts´ej. “Todas las autoridades se molestaron porque había firmado en tseltal no en castellano. Más bien don Antonio lo hizo intencionalmente para fregar a las autoridades”.

Posteriormente, las autoridades aceptaron la firma de Antonio Girón Jiménez y se condono el pagó por los daños que se había causado.

Terminando el diálogo con el gobierno, el hermano de Antonio gritó consignas: ¡Viva Chiapas!, ¡Viva el Subcomandante Marcos! y el grupo de Juan Méndez, que estaban molestos lo agarran del cuello, lo defienden y se agarran a madrazos entre ambos grupos, en esta ocasión sale ganando el grupo de Antonio. Las policías no intervinieron en ese momento.

Inmediatamente después a estos sucesos regresan a la comunidad, se dan cuenta qué maíz que habían cosechado producto del trabajo en colectivo entre los grupos no estaba, el grupo de Juan Méndez ya lo había vendido.

En marzo de 1999 se da otra provocación y es golpeado un integrante del grupo de Juan Méndez; ante esto, el gobierno del estado propone entonces que el grupo de Antonio siga en la comunidad, a pesar de que ya habían decidido salir de la comunidad El Cimarrón.

Entonces, la propuesta del gobierno es que se queda el grupo, pero con la idea de dividir la tierra, es decir que el grupo de Antonio se iba a quedar con una fracción del predio y el grupo de Juan Méndez con otra. El grupo de Antonio acepto pero Juan no lo aceptó.

El gobierno del estado visita la comunidad de El Cimarrón para negociar con el grupo de Juan Méndez la forma de para fraccionamiento del predio, pero el grupo de Juan no lo

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aceptó, entonces el gobierno le propone a Antonio que salga con su grupo del predio, se niegan a la propuesta y no desalojan. Finalmente replantean una a oferta a Don Antonio en el sentido de que desaloje el predio y serán indemnizados por la liberación de sus tierras a favor del grupo de Juan. Se acuerda dar un plazo en espera de la decisión del grupo; al termino del mismo se reúnen los dos grupos pero sin llegar a ningún acuerdo.

Entonces Don Antonio les provocó personalmente a los lideres del otro grupo, ya que después de varias negociaciones no llegaban a un acuerdo, interrogándolos del por qué no entienden o no comprenden y les pidió que se agarren a madrazos personalmente y darse con todo. Pero Juan no se atrevió. Ya en el mes de Marzo de 1999, decidimos salir voluntariamente del predio El Cimarrón, y cada familia se fue a buscar trabajo a Villa Corzo (26 familias) y estuvimos ahí rentando tierras”. Durante el proceso de búsqueda de tierras que rentar, vivieron una semana hacinados en un solar de 15m2.

Ya estando en Villa Corzo, don Antonio se encuentra con personas desconocidas que lo invitan a tomar cerveza y entonces le comentan que venían 12 personas de Comalapa, pertenecientes a la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), para buscar y matar al líder de los desplazados; Juan Méndez se encontraba ebrio, le provocó a don Antonio, y de ahí Juan fue detenido y golpeado por la seguridad pública y fue entregado en la comunidad, entonces Juan Méndez se calmó.

En 1999 solicitan una visita del EZLN para que observen las condiciones del grupo, la solicitud fue entregada al mayor Moisés, después de un tiempo una comisión del EZLN fue a entrevistarse con Don Antonio en Villa Corzo.

Posterior mente cuando Don Antonio se encontraba en reunión en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, parte de su grupo se divide y se trasladan a El Tuzal en el municipio de Cintalapa, ligereados por Pascual que formaba parte de la organización Xinich. En esa ocasión se fueron 10 familias, desgraciadamente fueron engañados, porque el predio donde llegaron tenia dueño y la tierra era improductivo; volvieron a salir de Tuzal y se fueron a trabajar a Jovel (San Cristóbal de Las Casas)”.

Trabajando en Jovel estas familias, se reencontraron con don Antonio quien los invita a reorganizarse. Aceptan regresar para buscar tierra y el 7 de Junio del 2000 ocupan el predio La Piedrita (préstamo para el uso de la tierra), en donde vivieron durante tres años.

El gobierno se compromete a pagar el predio prestado, pero se raja, según porque el predio La Piedrita, se encontraba en la reserva de la biosfera de La Sepultura, entonces acordamos que era mejor buscar otras tierras.

Durante el segundo semestre del año 2000, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas inicio trabajos de asistencia y asesoría, es así que son invitados a un encuentro estatal de desplazados que se llevó acabo en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Finalmente en el año 2004, se autorizan recursos para la adquisición de tierras y se inicia la búsqueda de las mismas, entonces el presidente municipal de Villa Corzo, Julio Cesar Suart López consideró al grupo que habitaba en el predio La Piedrita como personas de paz y no violentos, nos apoyó para tramitar constancias de identidad ante la Secretaria de la

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Reforma Agraria, ya que como personas desplazadas no contábamos con credencial de elector. El presidente municipal comenta que su hermano vende su terreno (fracción perteneciente al Rancho Las Carretas), el nombre del propietario es Jaime Arturo Suart Cevallos dueño del la fracción El Pénsil y este es ahora donde actualmente estamos viviendo en paz.

El 9 de Marzo de 2005 ingresan 20 familias para reconocer el predio; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, acuerda con la autoridad municipal de Villa Corzo, Octavio Vázquez Ruiz, realizar la reubicación del grupo La Ramona en las mejores condiciones posibles. El gobierno del estado apoya para la movilización con 5 autobuses, otorga despensa, cobijas y colchonetas.

6.9.3. El segundo desalojo.

Antes de salir del rancho La Piedrita, el propietario de este amenazó a la gente con desalojarnos en 24 horas; su coraje fue que no le compraron su terreno que el gobierno se había comprometido en pagar; para evitar problemas, el gobierno nos lleva al predio y en el centro de la población nos concentramos durante un mes, sin casas, solo con láminas, sin comidas sobreviviendo a la intemperie.

6.9.4. Situación actual.

Actualmente el predio El Pénsil es reconocido tanto por el INEGI y CONAPO, así como por el H. Ayuntamiento de Villa Corzo como localidad denominada “La Ramona”. Cuenta con una superficie de 100 hectáreas en el cual tiene divididas sus unidades socioambientales (Áreas: Urbana, Agrícola, Acahual y Montaña o Bosque.

Habitan 18 familias de las 20 originales y su población es de 73 habitantes. Cuentan con una estructura organizativa no formalizada pero si funcional; existe un representante del grupo, un comisariado y sus consejo de vigilancia, además están integrados 3 patronatos (agua potable, camino, luz), 5 comités (salud, educación, ordenamiento territorial, artesanías y de la iglesia), de la misma forma existen responsables del deposito de refrescos y de la tienda colectiva. La asamblea del grupo es la máxima autoridad.

6.9.5. Disposiciones legales/Marco Jurídico

El grupo La Ramona, encuentra que la única forma de garantizar la tenencia de la tierra, así como la consolidación de su organización, será a través de la constitución de un nuevo centro de población ejidal; el procedimiento aparentemente es sencillo, tan solo depende de la pertinencia y eficacia de las instituciones involucradas (Sector Agrario). La asesoría y acompañamiento de Foro y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, garantizara la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos a realizar.

Las reglas por las cuales opero el Fondo 95 durante el año 2004 y que dio vida al Fideicomiso para la adquisición del predio en el que actualmente se asienta el grupo,

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permiten y no niegan la posibilidad de que los beneficiarios puedan constituirse como un nuevo ejido (Ejido La Ramona).

6.9.6. Procedimiento para la constitución ejidal.

La ley agraria determina en su Capitulo III, artículos 90, 91 y 92 los requisitos para la constitución de un ejido; en términos generales describe que se requiere un mínimo de 20 individuos para su constitución, cada uno de los individuos deberá de aportar una superficie de tierra para constituir el o las áreas de uso común, el nuevo ejido tiene que contar con un reglamento interno en el marco de la Ley Agraria y que la aportación de cada individuo y el reglamento consten en escritura pública y se solicite su inscripción en el Registro Agrario Nacional.

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INDICE GENERAL

Capítulo pp. V. Introducción 4 VI. Acceso a la jurisdicción del Estado

2.10. Acceso a la información 2.11. Participación social 2.12. Política social 2.13. Política ambiental 2.14. Derechos colectivos de los pueblos indígenas 2.15. Agenda legislativa en materia de reconocimiento de los derechos

colectivos de los pueblos indígenas, por Ramón Martínez Coria

2.16. Procurar justicia agraria a los pueblos indígenas haciendo efectivos sus derechos colectivos territoriales, por Ramón Martínez Coria

2.17. Los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Chiapas en el debate jurídico internacional

2.18. Autoridades tradicionales VII. Derechos territoriales de los pueblos indígenas en un contexto de crisis

ambiental

3.11. Territorios indígenas 3.12. Deforestación 3.13. Megaproyectos de desarrollo 3.14. Minería 3.15. Manejo de cuencas 3.16. Calentamiento global 3.17. Damnificados por desastres ambientales 3.18. Servicios ambientales hidrológicos

VIII. Acceso a servicios básicos 4.10. Educación intercultural 4.11. Sistema de Salud, por Iliana Amoroz Solaegui 4.12. Nutrición infantil 4.13. Medicina tradicional 4.14. Enfermedades infecciosas, por Iliana Amoroz Solaegui 4.15. Derecho a la salud 4.16. Agua limpia 4.17. Contaminación 4.18. Agroquímicos

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Capítulo pp. IX. De la exigibilidad de derechos a la apropiación del proceso productivo

5.13. Desarrollo sustentable, por Pedro González 5.14. Diagnósticos participativos comunitarios, por Pedro González 5.15. Seguridad / Soberanía alimentaria, por Pedro González 5.16. Biopiratería 5.17. Agroecología, por Pedro González 5.18. Productores de café orgánico 5.19. Productores de maíz 5.20. Semillas híbridas y transgénicas de maíz 5.21. Defensa de las semillas nativas 5.22. La importancia del Maíz y la Milpa tradicional 5.23. Propuesta para la protección del Maíz Mexicano 5.24. Agrocombustibles, biocombustibles o bioetanol

X. Seguimiento de casos y acompañamiento a procesos sociales. 6.10. Derecho a la alimentación en los límites de las regiones Altos y

Selva.

6.11. Testimonio de Tatik Xel, por Pedro González 6.12. El Manejo de los Residuos Sólidos en Comunidades Rurales: El

caso Zinacantán, por Gerdi Siedl

6.13. Caso Saclumil Rosario, Yajalón, Selva Norte de Chiapas 6.14. Iniciativa Popular Maíz Criollo Chiapas (resumen) 6.15. Vulnerabilidad ante desastres en Sierra Madre de Chiapas, por Oscar

Troncoso, Ramón Martínez Coria y Emanuel Gómez

6.6.9. Delimitación territorial 6.6.10. Caracterización socioeconómica 6.6.11. Caracterización agroecológica 6.6.12. Problemática socioeconómica 6.6.13. Problemática ambiental 6.6.14. Vulnerabilidad a Desastres 6.6.15. Agroecología y Seguridad Alimentaria

6.16. Desplazados internos en Chiapas 6.17. Desplazamientos internos, autonomía y derechos colectivos de los

pueblos indígenas, por Ramón Martínez Coria

6.18. Grupo de población desplazada-reubicada La Ramona, Villacorzo, Chiapas, por Iván Arce

6.9.7. La primera posibilidad de apropiación de tierras. 6.9.8. El primer desalojo. 6.9.9. El segundo desalojo. 6.9.10. Situación actual. 6.9.11. Disposiciones legales/Marco Jurídico 6.9.12. Procedimiento para la constitución ejidal.

XI. Fuentes citadas

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INDICE DE CUADROS

CUADRO pp. C1. El indigenismo está siendo liquidado y barrido, el proceso de liberación y descolonización ha empezado, por Salomón Nahmád

C2. La crisis social y de derechos humanos sigue siendo grave a diez años de la masacre de Acteal: CCIODH

C3. La crisis del sistema global, por Gustavo Castro, Otros mundos, AC. C4. La Agenda de la ONU en Chiapas. C5. Y sin embargo, se mueve…, por Araceli Burguete Cal y Mayor, CIESAS. C6. Recomendaciones para el reconocimiento de los derechos jurídicos de los pueblos indígenas

C7. Los derechos territoriales de los pueblos asentados en Montes Azules, por Miguel Ángel García, Maderas del Pueblo.

C8. Derechos de las mujeres a una vida sin violencia, por Observatorio de Género. C9. Conjunto de derechos colectivos de los pueblos indígenas incluidos en los Acuerdos de San Andrés, por Juan Anzaldo Meneses

C10. Definición de pueblos indígenas en el derecho internacional, en C-169 OIT. C11. Compromiso del gobierno federal con las mujeres indígenas, en Acuerdos de San Andrés.

C12. Derechos de las personas en situación de cárcel, por Cecilia Santiago, Colectivo Ik.

C13. El derecho de los pueblos indígenas al desarrollo, por Francisco López Bárcenas y Guadalupe Espinoza Sauceda

C14. La intersubjetividad en la naturaleza, por Carlos Lenkersdorf C15. La Madre Tierra: Manuel Cruz C16. El pueblo es el territorio (jlumaltik): Marcos Pérez C17. La Selva es nuestro territorio, por Manuel Gómez, COAO. C18. El derecho al territorio se ejerce, por Nicolás Morales Moxán, Nuevo San Gregorio, Montes Azules.

C19. El deterioro social y ambiental de Chiapas, por Arturo Arreola, IDESMAC. C20. Corredores urbano industriales, por Emanuel Gómez C21. México, primer lugar mundial en el índice de potencial minero, por Secretaría de Economía

C22. Impacto de la Revolución Verde en la Cuenca Grijalva-Usumacinta, por Alejandro Toledo

C23. Aparece el hombre Huracán, Corazón del Cielo: Popol Vuh C24. Los desastres no son naturales, por Adrian Lavell C25. Servicios ambientales y cesión de derechos territoriales, por Víctor Toledo Llancaqueo

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CUADRO pp. C26. Recuperar la raíz cultural, por Francisco Álvarez, Snaj’Tzi Bajom. C27. El método de comunidades de indagación para la definición de conceptos en educación, intercultural, por Pedro González

C28. Procurar la salud en situaciones de conflicto Pedro Hernández, CAMADDS.

C29. Estrategia de seguridad alimentaria. C29. Las causas de los problemas de salud están en la desigualdad socioeconómica: OMS

C30. Exigibilidad de los derechos de la infancia: historias de terror, por Patricia Figueroa, Melel Xojobal y Nicandro Maza, Integranat.

C31. Derechos de los enfermos a una atención adecuada, por Iliana Amoroz, CCESC.

C32. Derecho de los pueblos indígenas a la Salud: OIT C33. Derecho humano al agua: PIDESC. C34. Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

C35. Definición de Desarrollo Sustentable con participación comunitaria C36. El Diagnóstico participativo como espacio de diálogo.

C37. La soberanía alimentaria para los tzotziles C38. El derecho a los recursos biológicos es colectivo, por Juan Velasco, Chol Xumulhá.

C39. El caso del proyecto ICBG Maya: lecciones aprendidas, por Gerardo González, Ecosur

C40. Causas de la vulnerabilidad en Chiapas. C41. El combate a la pobreza, por Catherine Marielle C42. El Sistema de Naciones Unidas y sus contradicciones internas son evidentes al revisar el derecho a la alimentación: Jean Ziegler

C43. El principio precautorio, por ONU C44. La contaminación del campo mexicano con maíz transgénico, por Catherine Marielle

C45. Propuesta para la protección del Maíz Mexicano C46. Caso Saclumil Rosario, Yajalón, Selva Norte de Chiapas C47. Producción agrícola. C49. Perfil de política pública C50. Matriz de indicadores para evaluación de impacto de la propuesta de la Red Maíz Criollo

C51. Se fabricarán vehículos híbridos en Chiapas: Sabines C452. Marco jurídico para la población desplazada por conflictos internos

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CUADRO pp. C1. El indigenismo está siendo liquidado y barrido, el proceso de liberación y descolonización ha empezado, por Salomón Nahmád

C2. La crisis social y de derechos humanos sigue siendo grave a diez años de la masacre de Acteal: CCIODH

C3. La crisis del sistema global, por Gustavo Castro, Otros mundos, AC. C4. La Agenda de la ONU en Chiapas. C5. Y sin embargo, se mueve…, por Araceli Burguete Cal y Mayor, CIESAS. C6. Recomendaciones para el reconocimiento de los derechos jurídicos de los pueblos indígenas

C7. Los derechos territoriales de los pueblos asentados en Montes Azules, por Miguel Ángel García, Maderas del Pueblo.

C8. Derechos de las mujeres a una vida sin violencia, por Observatorio de Género. C9. Conjunto de derechos colectivos de los pueblos indígenas incluidos en los Acuerdos de San Andrés, por Juan Anzaldo Meneses

C10. Definición de pueblos indígenas en el derecho internacional, en C-169 OIT. C11. Compromiso del gobierno federal con las mujeres indígenas, en Acuerdos de San Andrés.

C12. Derechos de las personas en situación de cárcel, por Cecilia Santiago, Colectivo Ik.

C13. El derecho de los pueblos indígenas al desarrollo, por Francisco López Bárcenas y Guadalupe Espinoza Sauceda

C14. La intersubjetividad en la naturaleza, por Carlos Lenkersdorf C15. La Madre Tierra: Manuel Cruz C16. El pueblo es el territorio (jlumaltik): Marcos Pérez C17. La Selva es nuestro territorio, por Manuel Gómez, COAO. C18. El derecho al territorio se ejerce, por Nicolás Morales Moxán, Nuevo San Gregorio, Montes Azules.

C19. El deterioro social y ambiental de Chiapas, por Arturo Arreola, IDESMAC. C20. Corredores urbano industriales, por Emanuel Gómez

C21. México, primer lugar mundial en el índice de potencial minero, por Secretaría de Economía

C22. Impacto de la Revolución Verde en la Cuenca Grijalva-Usumacinta, por Alejandro Toledo

C23. Aparece el hombre Huracán, Corazón del Cielo: Popol Vuh C24. Los desastres no son naturales, por Adrian Lavell C25. Servicios ambientales y cesión de derechos territoriales, por Víctor Toledo Llancaqueo

C26. Recuperar la raíz cultural, por Francisco Álvarez, Snaj’Tzi Bajom. C27. El método de comunidades de indagación para la definición de conceptos en educación, intercultural, por Pedro González

C28. Procurar la salud en situaciones de conflicto Pedro Hernández, CAMADDS.

C29. Estrategia de seguridad alimentaria.

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CUADRO pp. C29. Las causas de los problemas de salud están en la desigualdad socioeconómica: OMS

C30. Exigibilidad de los derechos de la infancia: historias de terror, por Patricia Figueroa, Melel Xojobal y Nicandro Maza, Integranat.

C31. Derechos de los enfermos a una atención adecuada, por Iliana Amoroz, CCESC.

C32. Derecho de los pueblos indígenas a la Salud: OIT C33. Derecho humano al agua: PIDESC. C34. Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

C35. Definición de Desarrollo Sustentable con participación comunitaria C36. El Diagnóstico participativo como espacio de diálogo.

C37. La soberanía alimentaria para los tzotziles C38. El derecho a los recursos biológicos es colectivo, por Juan Velasco, Chol Xumulhá.

C39. El caso del proyecto ICBG Maya: lecciones aprendidas, por Gerardo González, Ecosur

C40. Causas de la vulnerabilidad en Chiapas. C41. El combate a la pobreza, por Catherine Marielle C42. El Sistema de Naciones Unidas y sus contradicciones internas son evidentes al revisar el derecho a la alimentación: Jean Ziegler

C43. El principio precautorio, por ONU C44. La contaminación del campo mexicano con maíz transgénico, por Catherine Marielle

C45. Propuesta para la protección del Maíz Mexicano C46. Caso Saclumil Rosario, Yajalón, Selva Norte de Chiapas C47. Producción agrícola. C49. Perfil de política pública

C50. Matriz de indicadores para evaluación de impacto de la propuesta de la Red Maíz Criollo

C51. Se fabricarán vehículos híbridos en Chiapas: Sabines C52. Marco jurídico para la población desplazada por conflictos internos

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INDICE DE GRÁFICAS Y MATRICES GRÁFICA pp.

G1. Población urbana y rural en México. 1895-2030 G2. Actividades en las cuencas y sus efectos en los recursos naturales G3. Historial de desastres ambientales en Chiapas G4. Índice de desnutrición infantil por entidad federativa, 2001-2003 G5. Acceso a servicios básicos en la vivienda al 2000 (%) G6. Variedad de maíz y técnicas de cultivo en los pueblos indígenas de Chiapas,

México

G7. Sistemas de Producción en la región económica VII. Sierra, Chiapas, México. G8. Desplazados internos en Chiapas

INDICE DE MAPAS

1. Regiones económicas de Chiapas 2. Zonas de conflicto armado en Chiapas. 3. Región Sureste de México: Territorios indígenas y cuencas hidrológicas 4. Municipios con explotación minera en Chiapas. 5. Sierra de Motozintla. Universo de trabajo. 6. Desplazados internos en Chiapas (1974-2005) 7. La Ramona, VillaCorzo, Chiapas.