XXII CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIA POLITICA España y América Latina en el bicentenario de su independenciaLa movilización estudiantil Colombiana: Nuevas formas de acción y fortalecimiento del accountability societal.

Magda Catalina Jiménez JiménezUniversidad Externado de Colombiamagda.jimenez@uexternado.edu.co

Resumen

Durante el 2011 aparecen en Colombia y Chile acciones colectivas por parte de organizaciones estudiantiles que sacuden la dinámica de participación política. La interpretación de la movilización estudiantil por parte de sectores políticos y medios de comunicación como el inicio de un movimiento social nos parece aventurado e impreciso. Así, esta ponencia pretende hacer una reflexión sobre como el mecanismo de accountability social fue la práctica política usada por el movimiento estudiantil no sólo para controlar la implementación de esta política pública, sino la forma, organización, duración y magnitud de las movilización evidencia un cambio en la forma que es ejercida la protesta.

Abstract

During 2011 in Colombia and Chile are collective actions by student organizations that are shaking the dynamics of political participation. The interpretation of the student mobilization by political groups and media as the beginning of a social movement seems risky and imprecise. Thus, this paper aims to reflect on the mechanism of social accountability policy was the practice used by the student movement not only to monitor the implementation of this policy, but the form, organization, duration and magnitude of mobilization evidence of a change in the way it is exercised the protest.

1. Introducción

Tal como lo señaló la revista 'Time': el personaje del año 2011 fue el manifestante anónimo, aquel que puede estar en cualquier hora del día en las calles de Santiago, Túnez, Madrid, El Cairo, Nueva York o Bogotá, después de que las brillantes luces de la globalización se han ido apagando y de que "el fin de la historia" vaticinado por Francis Fukuyama en los días finales de la Guerra Fría no fuera tan claro, el mundo está viviendo de forma más precisa los estragos de un modelo económico que golpea a quienes fueron perdiendo sus casas, empleos, ahorros y estabilidad, o a los jóvenes que vieron que estudiar es un asunto para privilegiados y que no necesariamente conduce a un empleo seguro.

Esta coyuntura fue la ventana de oportunidad usada por distintos activistas para salir a la calle con gritos, pancartas, desfiles y teléfonos móviles, permitiéndose manifestaciones especialmente pacíficas, ya que como lo afirma Sidney Tarrow: “La gente marcha, se paraliza o grita, no cuando no tiene nada

que perder sino cuando ha perdido la capacidad de obtener recursos” (Tarrow: 1998). En América Latina, Chile y Colombia, países con democracias estables e indicadores de crecimiento económico positivo, han favorecido una mayor fuente de recursos destinados para el desarrollo de sus sociedades, sin embargo, graves deficiencias en cobertura y calidad han sido un dispositivo para la protesta, particularmente de jóvenes con niveles educativos importantes que se debaten entre ser testigos y consumidores de los beneficios del modelo económico - político y la preocupación por lo que pueden perder o no alcanzar.

En Chile primero y en Colombia después, aparecen las primeras acciones colectivas por parte de organizaciones estudiantiles universitarias que sacuden por lo menos en el caso andino, la dinámica de participación política colombiana que se debate entre las acciones violentas de los distintos grupos armados y delincuenciales y las acciones colectivas aisladas, locales y poco estructuradas de las múltiples organizaciones de base que han venido consolidándose en el país durante la última década. Por ello, la interpretación de la movilización estudiantil por parte de los sectores políticos y medios de comunicación tradicionales como el inicio de un movimiento social nos parece aventurado e impreciso frente a los lineamientos y condiciones que un movimiento social debe cumplir para que se pueda categorizar como tal.

En ese orden de ideas, la movilización de noviembre de 2011 dirigida y coordinada por los estudiantes de universidades públicas y privadas de Colombia puede ser interpretada más como una práctica de accountability social respecto a la vigilancia y alcances de la reforma a la Ley 30 que logró activar en corto tiempo (un mes), otras formas de accountability horizontal que favorecieron la demanda inicial de los estudiantes, cuando el 11 de noviembre el Presidente Juan Manuel Santos accedió radicar en el Congreso de la República la solicitud de retiro de la reforma a la educación superior.

Así, esta ponencia pretende hacer una reflexión sobre como el mecanismo de control (accountability social) fue la práctica política usada por el movimiento estudiantil no sólo para controlar la implementación de esta política pública, sino que la forma, organización, duración y magnitud de las movilizaciones evidencia un cambio en la forma en que es ejercida la protesta en un país con graves debilidades para realizar este tipo de participación política. En ese sentido, la acción del movimiento estudiantil fue más institucionalizada, localizada y estratégica, visibilizando con sus demandas, desde un sector favorecido por el crecimiento económico, la tensión de dos proyectos políticos el neoliberal de privatización y el democrático – participativo.

Por último, este trabajo se estructuró a partir de una variable dependiente el fortalecimiento del accountability social y dos variables independientes, la primera, la forma de movilización del colectivo estudiantil a partir de estructuras no institucionales e institucionales; la segunda, la activación de mecanismos de control durante el proceso de reforma de la ley de educación superior.

2. Elementos teóricos

2.1 ¿Qué es el Accountability Social?.

Antes de referirme a esta forma de control político, es necesario, aclarar que la cuestión central de este concepto es precisamente como: “regular y reducir la brecha entre representantes y representados; además, hace referencia a la capacidad para asegurar que los funcionarios públicos rindan cuentas por sus conductas; es decir, que estén obligados a justificar e informar sobre sus decisiones” (Schedler: 1999:25). En ese orden de ideas, surgen distintas formas de accountability: legal y político, los cuales, de acuerdo a Guillermo O Donnell, se pueden operacionalizar de acuerdo al eje de la operación de las instituciones de control a través de mecanismos verticales u horizontales. Ahora bien, el ejercicio de estas formas de control necesita no sólo de instituciones consolidadas, sino de una sociedad civil capaz de que estos intercambios y controles institucionales garanticen el fin de los déficits democráticos.

Dentro de estos mecanismos de control, se ha venido consolidando el accountability social, el cual, se considera como una forma vertical de control de las autoridades políticas, basado en las acciones de un amplio espectro de asociaciones y movimientos ciudadanos, así como en acciones mediáticas (Smulovitz y Peruzzotti: 2002: 32). A través de estos mecanismos, los grupos de ciudadanos estructurados a partir de diversas organizaciones fiscalizan la gestión de la administración pública, actos de corrupción, denunciar abusos o presentar propuestas para la adopción de políticas públicas.

Así, esta forma de control no depende del aspecto electoral, sino que recoge la experiencia social y ciudadana de la movilización, lo que Tarrow (1998) llama estructuras de reserva, así como las acciones de los grupos organizados y medios de comunicación interesados en influir en el sistema político. Además, tal como afirma Peruzzotti (2002): “Este puede ejercerse entre elecciones y no depende de calendarios fijos como sucede con el proceso electoral.

Algunos de los cuestionamientos que surgen sobre este mecanismo de control son: que controla, como controla y como sancionan. Respecto al primer cuestionamiento, las organizaciones civiles se organizan en torno a las demandas que exigen el cumplimiento de los procedimientos institucionales de los organismos involucrados en dicho proceso; así, se visibilizan y denuncian ante la opinión pública, los actos gubernamentales ilegales alertando a las entidades institucionales encargadas de vigilarlos.

En cuanto a cómo controla, este puede perseguir metas especificas, ya que permiten un control selectivo de la política, funcionario o gestión que se quiera controlar, usando para ello un amplio repertorio de acciones colectivas que incluye un elevado uso de los medios de comunicación con el fin de que los ciudadanos puedan especificar, “si están sancionando una conducta ilegal o señalando agendas alternativas” (Smulovitz y Peruzzotti: 2002: 34).

Respecto a cómo sanciona el accountability social, este se enmarca dentro de la salida de la voz; lo cual daría a este tipo de mecanismos sanciones de tipo simbólico; sin embargo, los efectos de este tipo de sanciones también tienen costos políticos, especialmente en su reputación; es decir se trata de una voz

que espera y demanda ser oída, en el sentido de que tal o cual agencia estatal adopte las decisiones a las que ella se refiere (O ‘Donnell: 2002: 96). Además, las acciones del accountability social puede activar a las instituciones con capacidad de ejercer sanciones, ya que en muchos casos, estos permiten no sólo la visibilización de las problemáticas, sino que ayuda a activar los mecanismos de control verticales –electorales y horizontales.

En ese orden de ideas, el accountability social funciona de forma interdependiente con otros mecanismos de control, permitiendo acciones distintas por parte de funcionarios e instituciones y redefiniendo la relación ya complicada entre ciudadanía y sus representantes políticos. En ese sentido, esta rendición de cuentas puede ser interpretado como una nueva forma de activismo cívico (O Donnell 1999), que busca restablecer la confianza como un valor imperante y permanente en el sistema democrático, frente a la deteriorada imagen de los partidos políticos que han profesionalizado sus acciones dando lugar a una serie de partidos estructurados solo en torno a las elecciones; esta democracia de sondeo (Sartori: 2003) construye partidos con una organización muy débil, escasa identidad y diseñadas sus demandas a partir de la oferta de los medios de comunicación.

Así, la sociedad civil latinoamericana en algunos países como Bolivia, Argentina, Venezuela, Perú, han estimulado una mayor actividad e interés en el diseño y organización del sistema político, ya que como afirma Lipset (1994): “Una sociedad civil completamente operativa seguramente también será participativa”. De esta forma, la construcción de la democracia es un proceso de institucionalización del conflicto(Weffort: 1992:111), en el que la ciudadanía y las instituciones se encuadren dentro de las normas de responsabilidad y responsiveness que dan legitimidad al vínculo representativo (Peruzzotti: 2003: 3). Por lo tanto, el tema del accountability social retorna a los sistemas políticos el tema de la confianza, la cual se consideró resuelta a través del proceso de elección; sin embargo, la situación actual por parte de los ciudadanos frente a su sistemas de gobierno, evidencia que este elemento garantista del contrato constituye una especie de “institución invisible” que cumple tres funciones: en primer lugar, amplia la calidad de la legitimidad al añadir una dimensión moral (integridad en sentido amplio) y una sustancial (preocupación por el bien común); en segundo lugar, le da a este un carácter temporal (se mantiene como un valor en el tiempo) y por último, la confianza es un fin economizador institucional (Rosanvallon: 2007:23).

Encontramos entonces que la práctica del accountability social incide en todas las esferas del poder público, debido a la triple estrategia en la que se estructura esta práctica política: jurídica, movilizacional y mediática (Peruzzotti: 2003:44). Aunque las estrategias pretenden ir de forma sincrónica, no siempre se logra, siendo de acuerdo al caso por el que se ejerza esta acción, una de las tres la más significativa. Debido a la importancia que ha tenido en la mayoría de los países de Latinoamérica los cambios constitucionales después de los noventa, existe una tendencia en el fortalecimiento del poder judicial, el cual se ha convertido en uno de los pilares a través de los cuales se formulan reclamos por parte de agrupaciones cívicas, recurso valioso para los ciudadanos, pues obliga al Estado a intervenir en aquellas disputas políticas y sociales que los

funcionarios público prefieren evitar o ignorar (Smulovitz 2003). Por ello, junto a los grupos y organizaciones cívicas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) han jugado un rol fundamental respecto a la estructuración y asesoría en este ejercicio de rendición de cuentas.

Si bien esta estrategia utiliza la institucionalidad, es necesario también un grado de movilización de parte de los ciudadanos; es decir, el uso de repertorios de acción capaces de hacer conocer dentro de la esfera pública la demanda o situación en la que se quiere incidir. En esa medida, lo que importa en lo movilizacional no es tanto la medición respecto al grado de resistencia entre opositores, sino la forma en que el repertorio de acción usado por parte de los grupos y asociaciones, logra crear una estrategia en el que el funcionario, política o decisión que esta por implementarse o denunciarse, signifique una erosión en su capital político o social, de tal forma, que el costo a largo plazo es muy alto para mantener esta situación. Nos enfrentamos entonces a una especie de “ciudadano vigilante”, en el que la que hay una funcionalidad específica de su forma de protestar, ya que no buscan sólo visibilizar la situación, sino que la novedad esta dentro de su forma de organización en la que las acciones de vigilancia, denuncia y calificación se conviertan en los tres ejes desde donde se construye lo movilizacional.

En ese orden de ideas, estos grupos se han organizado como comités de vigilancia (Watchdogcomittes) produciendo “efectos de autoridad”, al ejercer una capacidad de modificar y coaccionar la conducta de aquellos que tienen como blanco (Rosanvallon: 2007: 77), ya que no tienen por objeto representar a sectores poblacionales con demandas específicas, sino enfrentarse a las situaciones, en palabras de Rosanvallon: “Su interés no es tomar el poder sino influenciarlo”.

Y esta influencia tiene una ayuda fundamental en el tema mediático, el cual hace conocer a una opinión pública diversa la forma en que estos grupos y asociaciones vigilantes se están enfrentando a las situaciones: corrupción, procesos judiciales, abusos por parte de funcionarios públicos entre otros; en otras palabras, asistimos a una relación de máxima ganancia entre los medios y las iniciativas ciudadanas que puede contener en si misma dificultades respecto al derecho a la privacidad o inclusive a mostrar a los actores involucrados en el hecho como culpables hasta que demuestren lo contrario. Esta situación hace que la práctica del accountability social pueda desdibujar la fuerza de la estrategia propuesta.

Así, la interacción personal junto con los medios de comunicación incluyendo las redes sociales, se convierten en una forma política fundamental para esta práctica política debido a que el papel más efectivo reside en su adaptación espontánea a las funciones de vigilancia, denuncia y calificación; es decir es la expresión realizada de esos poderes (Rosanvallon: 2007: 81). Por lo tanto, la estrategia mediática que plantea el accountability social permite que el movimiento o las organizaciones tengan cierto nivel de decisión sobre el desarrollo de las estrategias que plantean los medios para que la práctica resulte exitosa.

En ese sentido, lo que debe estudiarse no es sólo las formas de participación sino las mutaciones de la actividad democrática (Rosanvallon: 2007: 36), debido a que el voto aunque sigue siendo fundamental dentro de los sistemas políticos democráticos no es suficiente para mantener su eficiencia, calidad y garantías; por ello, la mutación a la que hemos hecho referencia se ha dado en la estructura de la expresión, de la implicación y de la intervención, desmitificando así la idea de una ciudadanía pasiva.

Al considerar que no tenemos un ciudadano pasivo, el accountability social surge como una práctica con un potencial importante dentro de sistemas políticos complejos respecto a la consolidación de la calidad de su democracia, debido a que como afirma Przeworski1: “El tema del accountability social es importante en muchas democracias latinoamericanas debido a que la institución política que alguna vez fue el instrumento fundamental del control ya no cumple su función: los partidos políticos”. Si bien el accountability social no pretende remplazar a los partidos políticos, si contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad, no sólo por los actos de control a actuaciones ilegales o corruptas, sino que su contribución ayuda a la reformulación tanto de las formas representativas (partidos políticos), así como de los mecanismos de rendición de cuentas: accountability horizontal y vertical.

Así, este tipo de accountability se inscribe como un dispositivo alternativo que demuestra la debilidad de los mecanismos de control vertical y horizontal en la región y la imperativa necesidad de reformular un sistema de controles mejor diseñado y con sanciones efectivas a los involucrados en los procesos detectados por los participantes; por lo tanto, el accountability social como lo afirma O´Donnell (2002): “representa un importante elemento de estimulación para que ciertas agencias de accountability horizontal se resuelvan a asumir sus arduas responsabilidades” .

Por último, el accountability social puede enmarcarse como una práctica dentro de lo que Rosanvallon (2007) llama espíritu de control democrático que resulta de los efectos de influencia mutua que ejercen los militantes y ciertos sectores de los agentes públicos; separándose de los “grupos de presión” o “grupos de interés” establecidos dentro del sistema político. En este sentido, las acciones de estos grupos se expresan de forma importante en un lenguaje de derechos y legalidad. Finalmente, lo que plantea el accountability social es posibilitar una democracia que no puede fortalecer y mejorar su calidad sino integra en su definición sus riesgos de mal funcionamiento y no prevé entre sus instituciones el medio para criticarse a sí misma (Rosanvallon: 2007: 85). Así, es importante escuchar y dar respuesta a las demandas cívicas de tal forma que los mecanismos de control puedan ser no sólo eficientes sino que además, permite afianzar la confianza por parte de los ciudadanos en el contrato representativo.

11Esta aseveración de Przeworskila encuentran en el capitulo “Accountability social en América Latina y más allá”, editado por Catalina Smulovitz y Enrique Peruzzotti en el libro Controlando la Política de 2002.

2.2 Las interfaces societales, necesarias para el accountability social

Si bien el accountability social incide en todas las esferas del poder público a causa de la estrategia jurídica, movilizacional y mediática que utiliza, este también debe explicarse en el marco de un espacio social interrelacionado entre el Estado y los sujetos sociales; es decir, entre dos actores uno en calidad de mandatario y el otro de mandante, respecto a las acciones de intervención planeada en los mundos de vida de los individuos y grupos afectados (Long: 2007: 147) como es la política pública que el primero desarrolle. Así, se va erigiendo un campo relacional o interfaz social donde se cruzan diferente y a menudo conflictivos mundos o interpretaciones de vida en las cuales las interacciones giran en torno a como puntear, acomodar y disputar puntos de vista sociales, evaluativos y cognoscitivos (Long: 2007: 136).

En ese orden de ideas, el ejercicio del accountabilty social puede ser interpretado como un interfaz que se puede analizar no sólo en términos de confrontación de intereses sociales, sino de informaciones e interpretaciones presentes en las interacciones estratégicas durante el proceso de implementación de una política pública (Roberts: 2001: 3) como fue el caso del proceso de reforma a la educación superior en Colombia o Ley 30; además, el análisis de los interfaces societales permite un estudio detallado de los cambios de la política así como entender la respuesta de los grupos afectados (Long: 2007: 136) ya que estas interrelaciones son complejas al intervenir racionalidades, poderes, intereses y relaciones de los actores involucrados no solo en los puntos de su organización interna sino cómo se sitúan y actúan dentro de los dominios institucionales. La interacción en estos espacios institucionales a través de este interfaz social, implica que este contenga varias dimensiones (Long: 2007: 142- 147):

1. Una entidad organizada de intencionalidades y relaciones entrelazadas.2. Un lugar para el conflicto, incompatibilidad y negociación.3. Un sitio de confrontación de paradigmas culturales4. Una realidad donde los procesos de conocimiento son centrales.5. Contiene el tema de poder, entendido como resultado de luchas por relaciones estratégicas y significados.6. Compuesto por discursos múltiples.

Algunas de estas dimensiones se pueden ver en el caso de la movilización estudiantil de 2011, donde esta interacción entre los estudiantes, los activistas estudiantiles, las organizaciones estudiantiles y el Estado en cabeza de la Ministra, fue dentro de espacios y tiempos pasados (las estructuras de reserva y discusión de las organizaciones estudiantiles públicas y privadas), presente (proceso de propuesta e implementación de la reforma entre los meses de abril a noviembre) y futuro (expectativa del fin de la reforma y su retiro en el Congreso Nacional). Es evidente entonces, que en los interfaces societales importa las formas organizativas, fines y tiempos de encuentro entre los gobernantes y gobernados en un marco de desigualdad frente a los recursos, conocimientos e información.

Por lo tanto, el interfaz social es un marco explicativo en el que los actores sociales van incidiendo en la construcción de las políticas sociales en contextos específicos y concretos que requieren de capacidad organizativa para desarrollar acciones colectivas en momentos importantes de conflicto, negociación o acuerdo; y es que la capacidad de movilización y el cambio en el repertorio de acción fueron los elementos que permitieron a los estudiantes en el proceso de oposición a la reforma de la Ley 30 de educación, establecer un interfaz social que operó no como movimiento social como han querido identificarse los estudiantes y sectores gubernamentales, si no como un ejercicio de accountability social que activó otras formas de rendición de cuentas horizontales y verticales que terminó con el retiro de la propuesta.

Ahora bien, la efectividad de estas movilizaciones nos lleva a preguntar como definimos de forma apropiada los hechos acaecidos en Bogotá y en un importante número de ciudades del país por parte de los estudiantes: ¿movilización estudiantil, movimiento estudiantil, movimiento social?. Para ello, ubicare primero esta movilización como parte de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) en donde los conflictos o tensiones surgen como lo afirma (Habermas: 1981):”No tanto en las áreas de reproducción material, tampoco se canalizan en partidos u organizaciones sino que los nuevos conflictos aparecen en áreas de reproducción cultural, integración social y sociabilización”, tal como fue y es el caso de la educación. En ese sentido, los NMS evidencian la tensión entre el individuo y el Estado, donde estos le dan prioridad a los procesos de sociedad civil, es decir dan mayor importancia a las identidades y objetivos resultantes de diversas formas de asociacionismo y activismo colectivo con carácter movilizador (Touraine:1981 y Melucci: 1985); así, a los NMS el poder político le parece menos significativo y su objetivo en comparación con los viejos movimientos es la movilización de la sociedad no la toma del poder político.

De acuerdo a Charles Tilly, la acción colectiva es un proceso deliberado de costo y beneficio que surge del desarrollo de cuatro factores: interés (mesurable por las ventajas o beneficios que pueden resultar de la acción conjunta) organización (delimitada por las identidades, lazos y solidaridades comunes que aumenten su capacidad de acción coordinada) movilidad (adquisición del control colectivo sobre los recursos coercitivos, utilitarios y normativos necesarios para la acción) y la oportunidad de aplicarlos para actuar eficazmente (Tilly: 1978: 7 – 10, 52 : 55), por lo que las acciones colectivas están relacionadas al desarrollo del capitalismo y la formación del estado moderno. En ese orden de ideas, un movimiento social es una forma de acción colectiva, y la existencia de una acción colectiva implica la preexistencia de un conflicto, de una tensión que trata de resolver –haciéndolo visible, dándole dimensiones a esa acción colectiva; sin embargo, hay que destacar algo, no cualquier conflicto desemboca en una acción colectiva que toma la forma de un movimiento social (Ibarra: 2000: 9 – 26). A partir de esta premisa y los resultados de las marchas de los estudiantes, podríamos decir que si bien existe una acción colectiva multiforme y variada, no tomo la forma de movimiento social en la medida en que fue un sector único de la sociedad que no integró a grupos sociales diferentes, que no fue continuo, que se estableció solo en el contexto del proceso de la reforma a la educación

superior, que no logró una significativa integración simbólica aprovechando las dicotomías de proyectos políticos en pugna y su meta consistente no fue anular un cambio social fundamental sino el retiro de una reforma que se tramitó a través de las instancias normativas e institucionales establecidas en el sistema político.

Establecido esto, es necesario mirar los elementos propios de los movimientos estudiantiles que aunque siempre han estado presentes en el continente, es en el proceso de consolidación de la democracia después de los noventa en Latinoamérica cuando asistimos a una activación de la movilización, gracias a la profundización del clivaje estado/mercado, así como la presencia de débiles estructuras partidistas que han dejado espacios y oportunidades a organizaciones sociales con capacidad de incidencia dentro de los decisores del sistema político. Así, autores como (Aranda: 2000) muestran que los movimientos estudiantiles presentan un conjunto de rasgos que caracterizan su especificidad como son: la conformación y organización, identidad e ideología, demandas y desempeño que pueden tener la cualidad de funcionar como fuente e impulso de otros movimientos y que se encuentra como parte consciente y combativa de la sociedad para agrupar fuerzas e innovar las acciones colectivas (Aranda: 2000: 248 – 249).

Podríamos afirmar a partir de los elementos teóricos descritos, que lo sucedido entre abril y noviembre de 2011 por parte de los estudiantes universitarios colombianos correspondió no a un movimiento social, pero si a la estructuración después de tres décadas, de organizaciones estudiantiles institucionalizadas formales e informales constituidas al interior de las universidades que requerían de un mínimo de recursos para mantenerse configurándose como estructuras de reserva (Tarrow: 1998: 185) los cuales se activaron por la oportunidad del ciclo de protesta mundial del año pasado y el proceso de reforma a la ley de educación superior. Esta institucionalización de las organizaciones, las cuales sobrevivieron gracias a los activistas, permitió la reformulación del movimiento estudiantil que dio validez a la estructuración de un interfaz social la Mesa Amplia Estudiantil Nacional (MANE) con el uso de un nuevo repertorio de acción que usó el sendero institucional para lograr la escucha de su demanda.

Por último, la movilización hecha por los estudiantes el año pasado muestra varias cosas para el sistema político colombiano: en primer lugar, la no radicalización de la movilización por parte de los estudiantes lo cual legitimó y justificó su demanda ante amplios sectores sociales y políticos del país, máxime en un país donde no hay capacidad para formar y mantener movimientos sociales a causa de la violencia característica del país; en segundo lugar, el uso de la protesta y otro tipo de acciones colectivas que fueron respetadas por los gobernantes dando validez a este tipo de participación que no hubiera sido posible bajo el gobierno pasado; por último, los resultados macroeconómicos y el sostenido crecimiento de la economía nacional, han brindado oportunidades para la población especialmente la universitaria que ha visto aumentar la cobertura a través de créditos y programas pero no la calidad que se evidencia en la incertidumbre ante las

opciones que ofrece el mercado laboral nacional e internacional que se encuentra en una seria crisis socio económica.

3. Elementos contextuales

A comparación de la mayoría de países de la región, en Colombia parece no registrarse movimientos sociales como los de Ecuador, Argentina o Bolivia, actores significativos y determinantes dentro de las reformas que se dieron en el marco de importantes debates sobre los proyectos nacionales y donde uno de los temas centrales ha sido el de la democracia (Jácome: 2010: 369). Esa percepción de una baja movilización en Colombia ha sido refutada por investigadores como (Mauricio Achila: 2004: sp) el cual afirma que: “Ha habido 9.981 registros para 33 años de protesta, eso quiere decir 302 protestas por año, un promedio de casi una por día”; cifras similares maneja Marcela Velasco a partir de datos del Centro de Investigación Popular (CINEP) cuando explica que después de un pico de más de 500 acciones en 1971 y otro de 797 en 1975, el número de acciones se estabilizó en 408 anuales entre 1977 y 1998, para aumentar a 550 entre 1999 y 2006 (Velasco: 2010: 231). En ese orden de ideas, podemos decir que en Colombia si se presentan abundantes acciones colectivas a pesar de la variable transversal que significa para el sistema político el conflicto armado, el cual dificulta la organización y coordinación de diversas organizaciones sociales en torno a una demanda común que pueda atraer a ciudadanos distintos bajo un sentimiento de desagravio constituyendo una amplia red social que comparte recursos, relacionan personas y comunican ideas (McAdam y Scott: 2005). Así, la existencia entonces de numerosas acciones colectivas como: paros, movilizaciones, invasiones, toma de entidades públicas, bloqueo de vías, disturbios o huelgas de hambre como lo referencia el CINEP, evidencia que si bien hay procesos de reclamación no todos son un movimiento social y no todas las organizaciones de la sociedad civil que se autodenominan “movimiento social” necesariamente deben ser consideradas como tal (Velasco: 2010: 214).

Bajo este argumento, en Colombia tenemos acciones colectivas locales y con demandas específicas pero no un movimiento social fuerte, estable y con una mayor capacidad organizativa que incida de forma fundamental en las transformaciones del status quo del país debido no solo a la violencia existente como se ha dicho antes, sino a la flexibilidad del sistema de partidos en Colombia que ofrecen incentivos a los ciudadanos para crear movimientos y partidos políticos que terminan por hacer parte dentro de su contenido programático, de las demandas de organizaciones sociales y civiles dando la percepción que en términos de recursos y efectividad, los procesos de reclamación pública y colectiva frente al estado son costosos en términos de seguridad ya que la protesta ha sido estigmatizada como parte de la estrategia de los grupos armados en una lógica gubernamental amigo/enemigo, así, el de por sí enrarecido ambiente para el debate democrático, se asfixia aun más, con lo que se limita la acción civilista de los movimientos sociales (Archila: 2004:4) especialmente bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez quien polarizó ante la opinión pública la identificación de las luchas sociales con la subversión, por ende, los resultados de resolución de las demandas son escasos en resultados efectivos.

A pesar de las condiciones en las que se van estructurando las movilizaciones y acciones colectivas por parte de las organizaciones en Colombia y la situación violenta que lleva más de cincuenta años, el establecimiento de la Constitución política de 1991 marcó un punto de inflexión al buscar llevar a cabo cambios que permitieran conducir a un Estado social de derecho donde se logrará una mayor democracia política y económica, así como nuevos mecanismos de participación para los diferentes actores sociales (Jácome: 2010: 366). La ampliación de la democracia se explica también por los procesos de transición a ella que operaban en el continente, así como el proceso de globalización que permite a los movimientos sociales grados mayores de internacionalización de sus demandas y formas organizativas. Gracias a ello, los NMS tomaron mayor vigencia en Colombia en los que los grupos de mujeres y de defensa de los derechos humanos tendrán mayor notoriedad nacional e internacional. Sin embargo, vale la pena señalar la importancia que tuvo para que fuera posible el cambio constitucional la movilización estudiantil del 91, más conocida como el Movimiento de la séptima papeleta, el cual en un precario momento de la efectividad del estado y la fortaleza de los grupos armados y delincuenciales del narcotráfico en cabeza de Pablo Escobar y la debilidad del sistema político frente a la corrupción y la muerte de tres candidatos presidenciales fueron el justificante para que los estudiantes de universidades privadas fueran organizándose en torno a una acción colectiva el 25 de agosto de 1989 llamada la Marcha del Silencio.

Esta acción dio la estructura de oportunidad política para que se consolidará el Frente Unido Estudiantil de Colombia (FUEC) como órgano que representará los intereses estudiantiles y abriera la realización de mesas de trabajo en distintas universidades frente a la crisis (Quintero: 2002: 128). A pesar del entusiasmo inicial, las mesas de trabajo no surgieron el efecto esperado y el final del semestre fue debilitando el entusiasmo y la identidad inicial de los estudiantes, solo la Universidad del Rosario siguió adelante y con ayuda de profesores de derecho fue activando la posibilidad de recolección de firmas para solicitar un plebiscito con el fin de que los colombianos decidieran si querían o no un cambio constitucional. Si bien no podíamos categorizar esta experiencia como un movimiento estudiantil ni logró erigirse en un movimiento social, si nos visibiliza la potencialidad de la movilización estudiantil, la cual también se evidenció en la movilización estudiantil de 1971 donde fueron actores fundamentales las universidades públicas y algunas privadas como la Universidad Javeriana. Dicha movilización fue altamente referenciada por los activistas estudiantiles del 2011, como comentó el líder y activista estudiantil Elkin Pérez: “En Colombia nunca hubo una lucha estudiantil tan importante como la del movimiento estudiantil de 1971 y ahora la del año pasado, es decir en 40 años no hubo levantamiento de los estudiantes como el año pasado, en el 71 se concretó una cosa fundamental y era que las iglesias, los empresarios y los contratistas norteamericanos se retiraran de los consejos superiores universitarios finalmente esa lucha la gano el movimiento estudiantil en el 71”. (E. Pérez, entrevista personal, 30 de marzo de 2012).

Esta movilización estudiantil con acciones como protestas y paros paralizó el sector universitario nacional que en medio de la tensión con el gobierno, fue elaborando lo que se conoció como el Programa Mínimo del Movimiento

Nacional Estudiantil en el que se pedía la reestructuración de la Universidad, aboliendo los Consejos Superiores Universitarios en los que había presencia de gremios y clero, asignación del 15% como mínimo presupuesto para la educación nacional, conformación de una comisión y legalización del derecho a crear organizaciones gremiales en cualquier tipo de establecimiento educativo (Pardo y Urrego: 2003: 3-6). Para algunos, el éxito de esta movilización resultó en el cambio de los Consejos Universitarios y la propuesta de reforma en un contexto ideológico de la doctrina de la seguridad nacional del enemigo interno y polarización del conflicto armado.

Ahora bien, que las organizaciones estudiantiles de 2011 tomaran como referencia a la movilización de estudiantes de 1971 y en menor medida la de 1991, evidencia no sólo la importancia dentro de la construcción simbólica y punto referencial para las organizaciones sino que demuestra que a pesar de que el movimiento se encontraba en una especie de estructura de reserva, los activistas estudiantiles han podido mantenerse como un actor colectivo; ejemplo de ello son la cifras del CINEP, donde a partir de la base de datos concluyen que las movilizaciones lideradas por estudiantes han venido aumentando, pasando de 178 entre el periodo de 1991 – 1995 a 253 entre 1996 – 2000, para llegar a 380 entre 2001- 2006 (CINEP: 2008). En este orden de ideas, la apertura de oportunidades políticas (como reducción de la represión y el aumento de las libertades) incrementa la contestación lo cual demuestra que gobiernos democráticos aceptan niveles más altos de disenso colectivo a la vez que liberan canales de representación (Velasco: 2010: 233).

Este tipo de condiciones no se presentaron en el país durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien bajo su política de Seguridad Democrática (2002 – 2010), se comprometió acabar con la violencia guerrillera, la corrupción y la politiquería a través de la formación de un estado fuerte en torno a la figura presidencial garante para el futuro de la nación. El desarrollo de esta política, significó una interpretación más radical del conflicto donde se sobrevaloro la crisis, el miedo y la inseguridad, como el recurso simbólico necesario para que las ideas de autoridad, control social, orden y unanimidad, tienden a imponerse en el accionar del Estado (Iturralde: 2003).

Dicha situación se puede evidenciar a través de dos componentes: el primero, la negación de la existencia en Colombia de un conflicto, al afirmar que: las organizaciones guerrilleras son organizaciones terroristas articuladas al narcotráfico, por lo que no se puede hablar de conflicto interno armado. “Aquí no hay un conflicto”, ha afirmado reiteradamente; lo que hay son unas bandas terroristas contra el Estado y la sociedad (Zuluaga: 2003). Esta negación del conflicto tiene consecuencias no sólo en los procedimientos para aniquilar a este enemigo, si no en lo que se pretende construir como la comunidad política y las formas institucionales (Romero: 2003); es decir, quienes son los reconocidos en esta composición. El segundo, fue el uso mismo del concepto de terrorismo, el cual al igual que otras formas de violencia política, no sólo afecta directamente la seguridad individual, también incrementa las amenazas provenientes del propio estado (Buzan: 1991). Este concepto fue usado para descalificar a sus contradictores, o a las organizaciones no gubernamentales; ejemplo de esto fue el discurso que hizo el Presidente Uribe el 8 de septiembre de 2003, en la posesión del General Edgar Alfonso Lesmes como Comandante de las Fuerza Aérea Colombiana, cuando calificó a las y los defensores de derechos humanos como: “politiqueros al

servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos, para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo, el espacio que la fuerza pública y la ciudadanía le han quitado”. Este tipo de señalamientos por parte del ejecutivo y asesores gubernamentales construyó ante la opinión pública nacional e internacional, una imagen particular de los activistas sociales, deslegitimando las acciones y movilizaciones de los colectivos y organizaciones sociales al convertirlos en posibles víctimas de la violencia al interpretar a los actores sociopolíticos en clave amigo/adversario.

Ahora bien, estas condiciones cambiaron de forma importante bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, que si bien fue elegido por el partido político conformado por el ex presidente Uribe, ha optado desde su posesión en el 2010 por crear un ambiente de consenso con diversas fuerzas políticas y organizaciones sociales, con el fin de establecer condiciones favorables para sus políticas económicas de favorecimiento al mercado e inversión, a través de los acuerdos de la prosperidad y proyectos de ley que cuentan con respuesta efectiva por la llamada coalición de gobierno, conformada por los partidos políticos de la U, Cambio Radical, el partido Conservador, el Partido Liberal y desde el año pasado el Partido Verde. Paralelo a la fuerza institucional que significa este acuerdo en términos de gobernabilidad, la opción de escoger como fórmula vicepresidencial al sindicalista líder de la Confederación General del Trabajo Angelino Garzón, significó un acercamiento hacia las organizaciones sociales con el fin de restablecer comunicación con estos colectivos al identificar dentro del gobierno un interlocutor legitimo.

Dentro de este clima de consenso nacional, se explica la declaración del 4 de mayo del Presidente Santos cuando aceptó la existencia de un conflicto armado en Colombia en el marco de la Ley de Víctimas que fue aprobado por el Congreso Nacional el 1 de junio de 2011. La aceptación por parte del gobierno de un conflicto interno no sólo marcó una diferencia sustancial con su antecesor, sino que la imagen, trabajo y formas de acción de los activistas y organizaciones sociales debía ser entendido desde una óptica diferente a lo ideológico; es decir, los colectivos sociales, sindicales y organizaciones de la sociedad civil también eran parte legítima de la comunidad política por lo que sus formas de participación y demandas hacen parte de un sistema democrático más incluyente y participativo.

Este contexto institucional favoreció la contestación por parte de diversos sectores sociales cuando fue necesario al existir condiciones institucionales que legitimaban la ejecución de repertorios de acción y movilización para determinados momentos y demandas; ejemplo de ello fue la movilización durante el primer semestre de 2011, en torno a la defensa del Páramo de Santurban frente a la explotación minera de cielo abierto que quería llevar a cabo la compañía canadiense Greystar. La masiva movilización tuvo efectos importantes a nivel nacional logrando no solo estructurar un accountability social sino horizontal y vertical, al entrar diversas agencias estatales a verificar los controles y alcances jurídicos y técnico ambientales que debían cumplirse, además del horizontal al encontrar en el Congreso Nacional, espacio para su demanda a través del Polo Democrático Alternativo y sectores del partido Verde y el Partido Liberal; el resultado de este ejercicio fue la decisión por parte de la multinacional canadiense de revocar la solicitud para explotar el páramo el 7 de marzo de 2011.Así, cuando la Ministra de Educación María Fernanda Campo Saavedra, presento en mayo de 2011 la propuesta de Reforma Integral a la Educación Superior, las condiciones y la

estructura de oportunidad política estaba dada para la contestación por parte de múltiples organizaciones, activistas y estudiantes universitarios.

A continuación, se analizara la marcha de los estudiantes del 2011 tomando para ello tres momentos: en primer lugar, la conformación de una estructura de oportunidad política para la movilización; en segundo lugar, la forma en que las organizaciones estudiantiles y activistas sociales se organizaron para llevar a cabo un repertorio de acciones colectivas diversas reviviendo un movimiento estudiantil que parecía inexistente, y por último, analizar como logaron crear un interfaz social (MANE) que uso la triple estrategia en la que se estructura el accountability social: jurídica, movilizacional y mediática que logró el retiro de la propuesta de reforma en noviembre de 2011.

4. La marcha de los estudiantes colombianos en el 2011.

4.1 Primer momento (Marzo – Junio de 2011)

En el mes de marzo de 2011, la Ministra de educación María Fernanda Campo a petición del gobierno y como parte de un paquete de reformas que buscan mejorar los indicadores de inversión y cobertura del país, se propuso reformar la ley de educación superior que llevaba vigente desde 1992 y que el gobierno estructuró en cuatro pilares: promover la calidad y la investigación; aumentar los recursos para la educación superior, incluyendo el capital privado; tener una educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional, y garantizar una gestión educativa basada en el buen gobierno. En cuanto a la financiación, la propuesta de reforma buscó incrementar el presupuesto para el sector en 1,5 billones de pesos generando 600.000 nuevos cupos en el pregrado y 45.000 en el postgrado y destinando a las instituciones públicas 420.000 millones de pesos para generar 95.000 cupos. Además, entre 2012 y 2022 los recursos nuevos llegarán a ser 11.1 billones de pesos (Múnera: 2011). Sin embargo, en la misma presentación, el presidente Santos esgrimió un argumento adicional al tema presupuestal que causó divergencias desde su pronunciación con el mundo académico: “tenemos la propuesta de crear Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro, de manera que estas instituciones aporten recursos para los fondos de becas y de crédito que benefician a los más pobres” (Centro virtual de noticias de educación: 2011).

Con la propuesta lista, el Ministerio de Educación inició un proceso de divulgación y socialización de la propuesta dentro del marco de una política de consenso que ha sido la impronta del gobierno de Santos marcando una diferencia con su antecesor; así, bajo la idea de un diálogo nacional se invitó a organizaciones e instituciones relacionadas con el tema educativo a diálogos sectoriales, mesas de trabajo y foros regionales donde los resultados serían procesados para luego radicarlo en el Congreso durante el segundo periodo legislativo que va desde el 16 de marzo hasta el 20 de junio. Era interés del gobierno hacerlo rápidamente especialmente para que fuera aprobada la propuesta de las instituciones con ánimo de lucro que contaba con el apoyo de los partidos de la coalición, como el caso del Senador Jhon Sudarsky del Partido Verde que consideraba: “que el Estado está haciendo un esfuerzo considerable para aumentar la financiación de la Universidad pública, pero

tiene que experimentar con nuevas alternativas o si no, no va a poder suplir la demanda” (El Espectador, 4 Abril 2011).

Así, los actores sectoriales representados en el Consejo Nacional de Educación Superior CESU, el Consejo Nacional de Rectores Sistema Universitario Estatal –SUE-, la Comisión Nacional de Aseguramiento de la calidad de la educación superior CONACES, la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, el Instituto Colombiano para la evaluación de la educación ICFES, el Instituto Colombiano de crédito y estudios técnicos en el exterior ICETEX, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se reunieron en diálogos sectoriales durante los siguientes tres meses. Paralelo a ello, el Ministerio organizó 15 foros regionales en Boyacá, Antioquia, Caldas, Risaralda, Santander, Atlántico, Bolívar, Bogotá y Valle donde se encuentran las universidades regionales más importantes, pero donde aunque invitados a los foros, las organizaciones estudiantiles no tenían en ese momento capacidad alguna para que su voz y propuestas fueran incluidas en este proceso, además de percibir que: “la Ministra era muy agresiva, ella a veces no asistía a las discusiones o iba y salía se quedaba un rato y se iba pero el año pasado no hubo un dialogo permanente con la Ministra”(E. Pérez, entrevista personal, 30 de marzo de 2012).

En medio de este proceso, las críticas a la propuesta empezaron a manifestarse por parte de los rectores, ejemplo de ello fue la crítica del presidente de la ASCUN, José Fernando Isaza rector de la universidad privada Jorge Tadeo Lozano, cuando afirmo que: “rechazan la creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro y temen que particulares o empresas compren universidades ya existentes. Así mismo, creen que el modelo de financiamiento de las instituciones públicas debe ser más ambicioso y, contrario a lo que piensa el Gobierno, para los rectores, la propuesta que presentó el presidente Juan Manuel Santos no financia el aumento de cobertura y calidad” (Revista Semana, 28 de junio de 2011). Además, critico la premura del gobierno por acelerar la reforma: “Esto requiere más discusión. Hay que decirle al Gobierno que espere un poquito, que ajustemos más, que lo miremos más, para ver en que puntos podemos llegar a acuerdos. Hay plazos que para esta discusión no pueden ser los de un trámite legislativo” (Revista Semana, 28 de junio 2011).

Ni rectores, ni profesores se mostraban de acuerdo con ciertos puntos de la propuesta: primero, el ánimo de lucro, segundo, la financiación de las universidades, tercero la denominación misma entre Universidad e Institutos de Educación Superior, cuarta, la definición dentro de la reforma de la educación como un servicio público y no un derecho, quinta, el tema de la vigilancia e inspección y por último, el impacto de la educación dentro del sistema laboral bajo la consolidación de un proyecto político y económico neoliberal, en el que la participación ciudadana es entendida como la eficiencia de comunicación fluida y con resultados óptimos entre el Estado y la sociedad civil, pero donde es un núcleo estratégico del Estado el que toma las decisiones controlando las oportunidades institucionales clave para ello y donde no se comparte el poder

(Isunza: 2004: 23-24); en otras palabras como anota Leopoldo Múnera: “la participación de la sociedad en debates destinados a legitimar decisiones previamente adoptadas, la cuales solo sufren retoques en virtud del proceso participativo” .

Así, un malestar de agravio fue creciendo entre estudiantes, profesores y comunidad académica del país tanto de universidades públicas como privadas. En abril en el marco del proceso de sociabilización más no de elaboración de la propuesta de reforma que llevaba a cabo el gobierno, se registran entre el 28 de marzo y 1 de abril de 2011, los primeros disturbios en diversas universidades públicas del país caracterizadas por un viejo repertorio de acción como uso de capuchas, lanzamiento de piedras a la policía, quema de llantas y uso de papas bombas. Esta primera etapa de disturbios fue coordinada por sectores y activistas radicales establecidas dentro de las universidades que causaron daños a la infraestructura en plena discusión sobre el sostenimiento de las mismas y le dieron oportunidad al vicepresidente para afirmar: “hay que distinguir lo que es una protesta estudiantil, de un tropel. La capucha y la piedra no pueden ser la expresión de una protesta estudiantil. Colombia debe tener un gran movimiento estudiantil, capaz de contribuir a que las políticas públicas en materia educativa sean cada vez mejores” (Revista Semana, 31 de marzo de 2011).

Si tenemos en cuenta que la estructura de oportunidades políticas hace énfasis en las dimensiones consecuentes aunque no necesariamente formales o permanentes del entorno político especialmente en los recursos externos al grupo (Tarrow: 1998: 116) para que se perciba una oportunidad para los desafiadores, encontramos que estas condiciones se estaban dando para los grupos estudiantiles durante el 2011; en ese orden de ideas, la figura del Vicepresidente, la colaboración de sectores de los partidos políticos como Polo Democrático Alternativo y Partido Verde, el ciclo de protestas del 2011 y la movilización estudiantil chilena, pueden ser interpretados como recursos externos que activaron las dimensiones de oportunidad a la que debemos sumar, el cambio en el tono y la política de consenso del Presidente Santos frente a sus contradictores mostrando una desideologización de las respuestas institucionales frente a las acciones colectivas. Por lo tanto, la EOP se abrió para este grupo gracias al aumento de las condiciones favorables para la movilización y nos ayuda a comprender el modo en que estas movilizaciones plantean desafíos a las élites y autoridades poniendo al descubierto su vulnerabilidad (Tarrow: 1998: 117).

Ahora bien, aunque no existe una fórmula que permita saber con enorme certeza cuando las dimensiones de oportunidad se producen sincrónicamente, en el caso de las movilizaciones de los estudiantes colombianos que se presentaron durante el año pasado, las estructuras del estado como ciertas divisiones políticas ofrecieron oportunidades o “huecos” que permitieron a actores pobres en recursos (los estudiantes) participar en la acción colectiva (Tarrow: 1998: 46), como lo dijo uno de los líderes estudiantiles: “Santos, no es tan agresivo como Uribe sí, es mas diplomático le gusta hacer las cosas conversándolas, además, cuando hay conciencia es más fácil es decir, los estudiantes eran conscientes de que tocaba movilizarse sino había una

protesta una movilización pues eh ese proyecto de reforma de la ley 30 podía dañar eh a su universidad, entonces además, el estado de ánimo propicio para eso se conjugaron lo que propicio la rápida y mediana organización de los estudiantes por universidades””(E. Pérez, entrevista personal, 30 de marzo de 2012). Las dimensiones que permitieron la movilización se analizaran a continuación:

OPORTUNIDADES PARA LA MOVILIZACIONDIMENSIONES CASO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

INCREMENTO DEL ACCESO

Las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo del 2010, fueron significativas para el sistema político colombiano en la medida en que no sólo cierta renovación del Congreso que estaba deslegitimado por el tema de la parapolítica, sino que el establecimiento de la Mesa de Unidad Nacional dentro del legislativo, permitió una alta producción que llegó a 238 proyectos legislativos en los que se destaca la temática social, situación que nos permite evidenciar tal como afirma Congreso Visible, que la actividad del legislativo estuvo marcado por proyectos que revivieron las diferencias ideológicas de las partidos respecto a las causas sociales. Estas dos condiciones institucionales incrementaron el acceso y legitimidad a discursos políticos opositores a través de las iniciativas de ley propuestas como su discusión dentro del Congreso Nacional. En ese orden de ideas, los actores institucionales y el sistema político brindaron oportunidades para la revitalización del movimiento estudiantil y el uso de la movilización como recurso político.

GRADO DE INCREMENTO DEL ACCESO: ALTO

ALINEAMIENTOS INESTABLES

Una de las características del Gobierno de Santos en clara distinción con la de su antecesor Álvaro Uribe ha sido la forma de acercarse a sus contradictores políticos y estructurar la acción política gubernamental desde el consenso. Esta decisión ha llevado desde la mitad del 2010 a una gradual separación entre estos dos líderes que se ha evidenciado dentro de los miembros del partido de la U y dentro de Congreso en la mesa de unidad nacional, así como en otras instituciones gubernamentales. El tratamiento sobre la seguridad, el acercamiento con el gobierno de Hugo Chávez, los proyectos de ley de víctimas, restitución de tierras y el marco de la ley para la paz, son algunos de los espacios donde las diferencias sobre como gobernar son evidentes. Estos hechos y el deterioro cada vez mayor de esa relación han debilitado a los miembros uribistas de la coalición pero tampoco ha fortalecido al partido de la oposición PDA dentro del Congreso pero si dentro de las organizaciones sociales y sindicales que forman el Partido para hacer contrapeso a la facción de los progresistas de Gustavo Petro que se retiró de este partido para conformar el partido progresista para las elecciones locales.La presencia entonces de alineamientos inestables dentro del partido de la U entre Santistas y Uribistas si bien no es una señal de inestabilidad política, si debilitó la capacidad de incidencia y maniobra institucional de Uribe dentro del Congreso dejando espacio para grupos sociales y facciones de los partidos de la coalición para tomar la iniciativa a favor no sólo de lo que debe ser el proyecto político del Estado, (la reforma educación superior) sino una ventana de oportunidad dentro de la institucionalidad para los actores sociales.

GRADO DE ALINEAMIENTOS INESTABLES: MEDIO

ELITES DIVIDIDAS

La división dé elites que se evidencia para este caso se explica desde dos elementos: el primero, ideológico, al separar Santos y su gobierno de una línea ideológica de derecha a una de centro al acercar su discurso de gobierno a temas sociales y reformas estructurales que se necesitan para la transformación y legitimidad del Estado colombiano como el tema de tierras. El segundo, la forma de gobernar tanto a nivel doméstico como internacional, haciendo énfasis en el acercamiento a actores sociales brindando incentivos institucionales para sindicatos, organizaciones y contradictores, debilitando la polarización ideológica presente en el gobierno anterior. En ese orden de ideas, si bien esta dimensión si estuvo presente en el proceso, este no fue determinante para explicar la formación de la movilización de los estudiantes en el 2011.

GRADO DE ELITES DIVIDIDAS: BAJO

ALIADOS INFLUYENTES

La presencia o ausencia de aliados políticos dispuestos a ayudar esta íntimamente relacionada con el éxito o el fracaso de los grupos. En ese orden de ideas, la conformación de una movilización por parte de los estudiantes contó con el apoyo del PDA como Camilo Romero, Luis Avellaneda y Alexander López además de otros del Partido Verde (E. Pérez, entrevista personal, 30 de marzo de 2012). Además de los aliados en el Congreso, los Rectores de las Universidades públicas y algunas privadas que estaban en desacuerdo con algunos de los elementos de la propuesta de reforma fueron actores importantes, más no fundamentales pero actuaron como aliados en el proceso de conformación de la MANE. De otro lado, los sindicatos de profesores especialmente el FECODE ayudo en el acercamiento con los partidos opositores y con los profesores como parte de la movilización. Un último aliado que se fue activando fueron los estudiantes de las Universidades privadas que se sumaron de forma más definitiva en la tercera fase, la de la movilización. Un aliado final fue el movimiento estudiantil chileno, que en cabeza de Camila Vallejo, visitó Colombia para establecer reuniones con los estudiantes (E. Pérez, entrevista personal, 30 de marzo de 2012).

GRADO DE ALIADOS INFLUYENTES: MEDIO

REPRESIÓN Y FACILITACIÓN

Si se considera la represión como cualquier acción por parte de un grupo que eleva el costo de la acción colectiva, podemos afirmar que la llegada de Santos, redujo el costo y facilitó la recomposición de movimientos y organizaciones que bajo su gobierno de consenso tuvieron facilidad para organizarse, legitimarse y movilizarse. La desideologización en clave amigo/adversario del gobierno, brindo facilidades institucionales para los colectivos para buscar a través de la institucionalidad y el uso no convencional la salida de su voz. Por lo tanto, la represión podemos caracterizarla como baja y la facilitación alta hacia la movilización estudiantil que en el nuevo marco de profundización de la calidad de la democracia y mejorar los indicadores internacionales de respeto a las libertades dio una interpretación y legitimidad distinta a las movilizaciones.

GRADO REPRESION: BAJA / GRADO DE FACILITACIÓN: ALTA

Tabla No 1: Elaboración Propia

4.2Segundo momento (Julio – Septiembre de 2011)

Abierta la EOP vale preguntarse: ¿En qué momento y como los estudiantes se organizaron, lideraron, movilizaron y se convirtieron en los actores determinantes de este proceso?. Las posibles respuestas a esta pregunta pueden ser respondidas tanto desde el gobierno como de los estudiantes. Durante estos meses, se dio el proceso de discusión del articulado en diversos foros que propuso el Ministerio donde en opinión de las organizaciones estudiantiles y ASCUN no había espacio para la discusión, ya que ellos percibieron que esto era: “Una cosa de trámite, además estaban muy confiados en las mayorías que tiene la unidad nacional para votar por la reforma”, además, el ministerio nos dio periódicos desde donde decían así vamos a difundir la reforma ¿se lee bien? y cuando llegaba la ministra respondía cuando el escenario era difícil y se iba y dejaba a un asesor, el estado no actúo como estado o gobierno para que escuchara las iniciativas” (J. López, entrevista personal, 17 abril 2012).

Pero no sólo fue el tema de la forma de sociabilización de la propuesta, estaba también el tema de la poca efectividad de la reforma sobre la financiación y deuda que el estado tiene con las universidades, la cual llega al orden de los 715.000 millones de pesos, a pesar de lo que había logrado la movilización del 2009, donde: “gracias a una marcha regrande pidiendo más presupuesto unos

compañeros hablan en el congreso en la plenaria y logran una adición presupuestal de 150.000 mil millones de pesos la mayoría para créditos casi nada a la base presupuestal”(J. López, entrevista personal, 17 abril 2012). En ese orden de ideas, el tema del ánimo de lucro se fue erigiendo como el elemento de tensión entre los oponentes cuando fue rechazado tanto por el director de la ASCUN cuando aseguraba que: “ese modelo era perverso y advertían que en los países donde se adoptó este modelo, como Brasil y Estados Unidos, se sacrificó la calidad y la pertinencia de la educación”(Revista Semana: 23 de agosto de2011), como por los estudiantes, ya que: “iban a convertir a la educación en un negocio, un lucro entonces cualquiera podía fundar una institución de educación superior con ánimo de lucro por que no tenia mayores requisitos según la ley”(E. Pérez, entrevista personal, 30 de marzo de 2012), frente a esto la Ministra en cabeza del gobierno que: “Defendía este modelo que considera importante para aumentar la cobertura de la educación superior”(Revista Semana: 23 de agosto de 2011).

Así, esas dos posiciones en el sistema político colombiano coexisten a través del clivaje estado/mercado, que da paso a nuevas dialécticas entre regulaciones públicas, mercantiles, asociativas y comunitarias compitiendo por espacios de influencia y conformación, es decir, se transita hacia el espacio de la governance (Ibarra, Goma y Martí: 2002: 58) donde se expresan valores y concepciones políticas en conflicto que buscan regularlo y articularlo a través de las redes de política pública. En ese sentido, en el mismo proceso de formación de la política pública como es la reforma a la ley 30, estructuró no sólo el interfaz societal sino una red de acción colectiva crítica (la organización estudiantil) que operó en un contexto más complejo y que tuvo una capacidad de impacto político; además, estas redes de acción crítica tienen a menudo una efectiva inserción en escenarios de política pública, ya que no sólo incorporan sino politizan los campos de discusión y se conforman como tipos multiorganizativos por su capacidad de conectividad mucho más ajena a las culturas de militancia de la izquierda tradicional (Ibarra, Goma y Martí: 2002: 68 – 69).

Por lo tanto, durante este proceso se van consolidando dos posiciones no solo respecto al rumbo de la educación superior, sino de proyectos políticos en pugna. Mientras el gobierno se mantenía en su posición, en el Congreso Nacional Senadores y Representantes a la Cámara estaban concentrados en el proceso electoral local de octubre de 2011, el cual determinaba las cuotas de poder territorial y local de los partidos políticos, esto significó un periodo de lentitud en el ciclo legislativo que afectó el interés del Ministerio de aprobar la propuesta rápidamente en el segundo periodo legislativo; en este sentido, este tiempo fue un recurso fundamental para los estudiantes que: “Desde marzo programaron unos encuentros de emergencia para ver este asunto”(J. López, entrevista personal, 17 abril 2012). La rapidez de la organización estudiantil puede explicarse desde dos hechos: en primer lugar, el número de organizaciones existentes de largo tiempo con personería jurídica y legitimidad ante las instancias académicas correspondientes que según un cálculo del censo de la Organización Colombiana de Estudiantes OCE, llegaba a mas de 300 organizaciones de estudiantes, unas que son nacionales, mientras que hay otras que son de tipo distrital o regional (J. López, entrevista personal, 17 abril

2012), siendo las nacionales las más determinantes al tener capacidad de comunicación y articulación entre ellas sobre todo después de la movilización de julio a noviembre de 2009.

En segundo lugar, la capacidad que tuvieron las organizaciones de estructurarse como una red de acción critica que construyó en el plano simbólico, un sistema de códigos (injusticia/privatización/soberanía/paz) que les permitió interpretar una cierta parcela de la realidad a partir de un cuadro alternativo de valores de referencia (Ibarra, Goma y Martí: 2002: 72), es decir, expusieron a través de la creación del Programa Minino y la creación de la Mesa Amplia Estudiantil Nacional MANE, un marco de acción que convence de la posibilidad de transformación por medio de un proceso movilizador tal como lo afirma Boris Duarte: “los jóvenes y los estudiantes de Colombia volvimos a tomar conciencia de que otro mundo no sólo es posible, sino necesario” (Revista Semana, 9 de Noviembre de 2011). Así, se propone entre el 20 y 21 de marzo la creación de la MANE, la cual se aprueba por unanimidad y se programa la primera reunión entre el 20 y 21 de agosto de 2011, cuando se emite su primera declaración y el programa mínimo (J. López, entrevista personal, 17 abril 2012). Así, dos posiciones en oposición sobre el concepto, definición y contenido político de la reforma a la política pública de educación superior se construyó como un campo donde se cruzaron conflictivos puntos de vista sociales, evaluativos y cognoscitivos como se mostrara a continuación.

ESTRUCTURACION DEL INTERFAZ SOCIETAL PARA EL ACCOUNTABILITY

DIMENSIONES DEFINICION GOBIERNO ESTUDIANTES

Entidad organizada de intencionalida

des y relaciones

entrelazadas.

Se entiende como la normativa que anima el desarrollo de fronteras y expectativas compartidas entre los grupos que forman la interacción. En ese orden de ideas, el articulado de la reforma se convirtió en el espacio en que los dos grupos involucraron sus competencias e intereses en influir o controlar las reglas del pacto.

De un lado el gobierno, que insistió en crear un modelo de financiación de la educación a través de la creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro, así como la financiación de la misma a través de créditos para los estudiantes para asegurar una mayor cobertura con un aumento presupuestal del 3% anual que no contrasta con las exigencias que se le pide al modelo en el contexto socioeconómico actual y recursos que derivaran de las regalías lo cual pone la discusión no solo en términos nacionales sino regionales que debe resolverse en el Congreso

Se oponen al modelo de reforma en puntos específicos: Financiación, Democracia y autonomía, bienestar, calidad académica, libertades democráticas, Universidad – sociedad; situación que evidencia que más que la necesidad de aumentar la cobertura, para los estudiantes el punto central era la calidad de los programas donde se privilegie el conocimiento, la investigación y la innovación sin que el Estado renuncie o deje de ser garante.

Lugar para el conflicto,

incompatibilidad y

negociación.

Se entiende como un lugar de propensión hacia la generación del conflicto debido a los intereses y objetivos contradictorios o a las relaciones de poder desiguales que puede derivar en negociaciones.

Así, el proceso de la propuesta de reforma de la educación superior fue el lugar ideal para que dos proyectos políticos el neoliberal (Gobierno) y el participativo (estudiantes) se enfrentaran. Ahora bien, entre el proceso de conocimiento de la propuesta a los diversos sectores institucionales y académicos mas no de debate e inclusión del colectivo estudiantil y la prisa por radicar y aprobar la reforma por parte del Congreso, legitimó un espacio para la negociación en el que la MANE se convirtió al final de la movilización en noviembre en el vocero legitimo: “Es que la MANE lidero una pelea que obligo al gobierno a sentarse a escuchar a

estos sectores en la construcción de una política pública verdaderamente democrática y participativa como nunca se había hecho antes, entonces hoy nosotros sentimos que tenemos ese derecho ganado de encabezar ese proceso”(J. López, entrevista personal, 17 abril 2012).

Sitio de confrontación de paradigmas

culturales

La construcción de interfaces proporcionan los medios para que individuos o grupos lleguen a definir sus posiciones culturales o ideológicas identificando la naturaleza de las contiendas sobre la legitimidad de los paradigmas socioculturales

Por lo tanto, la reforma educativa puso en confrontación dos proyectos políticos que se han establecido en el sistema político colombiano, el neoliberal que ha venido profundizándose en la última década y que ha afectado a sectores sensibles como el de la salud al propiciar la amplitud de la cobertura bajo la interpretación de estas no como derechos sino como servicios públicos en los que puede entrar a operar la empresa privada.

El sector estudiantil público que conciben la educación como un derecho, ya que desde hace tiempo vienen convirtiendo los derechos en mercancías, tal como lo afirmaron en el Programa Mínimo, ya que consideran que el modelo pedagógicodebe afrontar, discutir y generar alternativas con respecto a las problemáticas sociales, económicas y medio ambientales que afronta el país, vinculando a los grupos étnicos y culturales que componen la nación colombiana, ya que el actual promueve la formación de estudiantes técnicos o tecnólogos que sepan hacer, mas no que sepan el por qué se hace, eliminando la capacidad de reflexión y conciencia que alimentan al pensamiento crítico que deben impulsar las universidades. (S. Cuesta, entrevista personal, 3 de abril 2012).

Centralidad de los procesos

de conocimiento

El conocimiento está presente en todas las situaciones sociales y a menudo se enlaza con las relaciones de poder y la distribución de recursos, pero en las interfaces toma especial importancia la confrontación entre el “experto” y el “no experto” en marcos de conocimiento ya existentes que involucra aspectos de poder, control y autoridad.

En ese sentido, el gobierno de Juan Manuel Santos en su concepción de gobierno más tecnocrática, considero que su propuesta de articulado de reforma había sido construida por expertos capaces de encontrar salida al tema financiero liderado por la Ministra de Educación María Fernanda Campo antigua directora de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Viceministro negociador del TLC quien confesó que en su criterio personal: “Sí consideró importante en su momento que llegaran recursos privados para cofinanciar la educación. Así sucede en la mayoría de los países” (Revista Semana, 3 de octubre de 2011).

Cuando rectores y estudiantes rechazaron las propuestas al tema financiero, la Ministra insistió en que los estudiantes estaban desinformados y que debían leer el texto antes de promover el paro nacional para que entendieran bien el tema de financiación, además, indicó que la reforma "va porque va"; para las organizaciones estudiantiles, las implicaciones de la reforma los involucraba directamente, razón por la que consideraban que su opinión eran fundamental sino que esta debía estar la centralidad por expertos académicocon el que se

pueda debatir la educación y el país que se quiere.

El poder como resultado de

luchas por los significados y

relaciones estratégicas

Se crea espacios para maniobrar, implica un grado de consentimiento, un grado de negociación el cual se manifiesta en la capacidad de ejercer una acción

En el caso de la reforma, tanto el Gobierno como los estudiantes lograron cierta capacidad de poder que se evidenció en las posiciones frente a los puntos más álgidos de la reforma. El Gobierno, mostraba su poder impulsando la reforma en el legislativo a través de la coalición de gobierno que se mostraba a favor de ella como el Senador de la U Carlos Ferro cuando la declaró viable o el liberal Eugenio Soto que comparte darle juego a la inversión privada (El Espectador, 4 abril de 2011), paralelo a ello, uso los canales institucionales para el conocimiento de la propuesta ante la opinión pública nacional.

Frente a esto, los rectores de universidades públicas y privadas habían logrado hacer un frente común frente al gobierno, la cual aprovecharon los estudiantes, los cuales gracias a su organización y trabajo al interior de las Universidades así como la ayuda de actores estratégicos como sindicatos y sectores de los partidos políticos, lograron acumular poder de negociación que se evidenció no sólo en la estructuración de la MANE sino en su capacidad de acción al convocar al Paro Nacional que logró paralizar el sistema de educación superior pública y activar redes y organizaciones territoriales y locales para una movilización mayoritaria.

Compuesto por discursos

múltiples.

Nos permite comprender la manera en que los discursos dominantes son transformados o desafiados, los cuales sirven para visibilizar y promover particulares puntos de vista políticos, culturales o morales.

Si bien por parte del Gobierno tenemos un discurso cohesionado que incentiva una mayor liberalización del mercado y una incidencia de la empresa privada en el sistema socioeconómico para lograr prosperidad y mejorar la inequidad, la movilización estudiantil demostraba la presencia no sólo de sectores radicales sino que a través del Comité operativo de la MANE se presentaron múltiples discursos de distinta tendencia no sólo ideológica sino identitaria como lo afirmó uno de sus lideres: “Hay personas que simpatizan con el polo joven, las juventudes liberales, hay personas del cristianismo, movimientos evangélicos, activistas políticos religiosos, progresistas hay sectores del partido verde, de izquierda, gente que no creen en los partidos, con la marcha patriótica con el congreso de los pueblos hay riqueza y escenario ideológico en la Mesa Amplia

Tabla No 2: Elaboración Propia

4.2 Tercer momento (Octubre - Noviembre de 2011)

Con la apertura de la estructura de oportunidad política, dos tendencias en oposición se erigieron como un interfaz social durante el periodo de comunicación y sociabilización de la reforma, situación que le permitió al colectivo estudiantil organizarse como una red de acción colectiva critica frente a la modificación de la política pública de educación superior. Esta red crítica (estudiantes) a través de estrategias discursivas orientadas hacia la acción, la incidencia política y el cambio, transito hacia una red temática de governance que extendió su marco alternativo para el apoyo de coaliciones promotoras

críticas (rectores, profesores universitarios, trabajadores administrativos, estudiantes universidades privadas, académicos), logrando un gran eco ciudadano y un vínculo entre el proceso movilizador y el entorno social, fortaleciendo así su conexión con la opinión pública en la que se evidencia una generación emergente de prácticas de movilización social, de nuevo tipo (Ibarra, Goma y Martí: 2002: 68) como fue el abrazaton y el besatón.

Ahora bien, el trabajo organizativo de la MANE tanto a nivel interno como externo para demostrar ante la sociedad en general, como ya lo habían hecho los rectores universitarios, la inconveniencia de la reforma especialmente en el tema del ánimo de lucro, le dio a la red una capacidad de negociación y presión, que terminó con la creación del Programa Mínimo de la Mesa Amplia el 21 de agosto con la convocatoria a un Paro Nacional Universitario que obligó a una reunión entre los representantes en el legislativo de la Mesa de la Unidad Nacional y el Presidente Santos el martes 23 de agosto donde: “Le recomendaron retirarlo puesto que no “estaba consensuado”, así como la propuesta que planteaba la inversión de la empresa privada en la universidad pública. Tal vez no es el momento de introducirlo. Nosotros nos habíamos comprometido a que ese proyecto lo presentaríamos cuando estuviera totalmente consensuado” (Revista Semana 23 de Agosto de 2011). A pesar del retiro del articulado en pleno proceso electoral local con el fin de facilitar su trámite y el de otras iniciativas en el legislativo, el gobierno mantuvo dentro de la reforma artículos referidos a la celebración de convenios entre universidades públicas y el sector privado, así como la inversión en el subsidio a la demanda donde se promueve el crédito y el endeudamiento de estudiantes; dichas iniciativas desde la visión de los estudiantes, dejaban espacio para modificarse en el proceso legislativo a favor del gobierno a través de enmiendas tan pronto el proyecto fuera radicado.

Con el “nuevo” articulado, la Ministra radicó el proyecto en la Comisión sexta de la Cámara de Representantes el lunes 3 de octubre, asegurando que: “habrá más equidad y acceso para los jóvenes más pobres y que a través del proyecto se busca que “el sistema de educación esté a tono con las grandes demandas de un recurso humano cada vez más formado y capacitado” (Revista Semana 3 de octubre de 2011). Para hacer frente a esto, los estudiantes a través de la MANE establecieron una agenda de movilización en la que la demanda era clara: “retiro o hundimiento de la ley no mas esa ley no hay que hundir que esa ley, que no prosperara que no fuera ley de la república” (J. López, entrevista personal, 17 abril 2012). Así, la organización estudiantil estructurada como una red crítica estaba lista para la movilización, la cual ayudó a ejercer una forma de accountability social con el fin de dirigirse hacia el control de temas (educación), políticas (reforma a la ley 30) o funcionarios particulares(Ministra de Educación) así como coadyuvar a que las acciones gubernamentales se correspondan con las preferencias de la ciudadanía, por lo que representan un importante complemento de las elecciones para el logro de gobiernos políticamente responsables (Smulovitz y Peruzzotti: 2002: 33 - 34).

En ese sentido, las formas organizacionales, el repertorio de acción y el tema de la política pública educativa, fue una temática común en las movilizaciones que se presentaron durante el 2011 en Colombia, Chile, República Dominicana

y Puerto Rico, los cuales exigieron a sus gobiernos no solo responsabilidades en un ejercicio de accountability social frente a las decisiones y cambios políticos de sus proyectos educativos, sino que se asiste al accionar de una difusión interfronteriza y un intercambio político transnacional (Tarrow: 1998: 258 – 261) que activo una de las más importantes movilizaciones transnacionales después de las transiciones a la democracia.

ESTRATEGIAS ACCOUNTABILITY SOCIAL

ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL COLOMBIA

MOVILIZACIONAL

Con el proyecto de reforma a la educación superior radicado en el Congreso Nacional y la negativa del Gobierno de retirarlo argumentando que: “ Vamos a sacarla adelante y esa reforma se va a volver ley de la República y hemos explicado de todas las formas posibles y no hay peor sordo que quien no quiere oír” (Revista Semana, 7 de octubre de 2011), la organización estudiantil estructurada a través de la MANE invitan al Paro Nacional Universitario de 32 universidades del país y desde donde se convocaron a cuatro movilizaciones nacionales: 12 de octubre, 19 de octubre, 26 de octubre y 27 de octubre, 3 de noviembre y 10 de noviembre que termina con el retiro de la Reforma por parte del gobierno.

La estrategia movilizacional se puede explicar a través de dos elementos: primero, las formas organizativas y el repertorio de acción propuesto.

1 Forma organizativas:

La MANE al igual que en el caso de los estudiantes chilenos se dio un intercambio político transnacional en su forma organizativa cuando se cambio de una estructura organizativa jerárquica vertical (Presidente, Secretario, Tesorero), a una estructurada en forma horizontal a través de varias organizaciones como la Organización Colombiana de Estudiantes OCE, la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios, la Asociación Colombiana de Estudiantes, la Federación Universitaria Nacional y el Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia CONCEC donde las decisiones se toman con transversalidad y existe un uso de vocería y asambleísmo permanente lo que lleva a organizarse en redes y de formas distintas de acuerdo. Así como afirman los voceros estudiantiles: “La MANE se construyo sobre la base de consensos ya han existido escenarios de votación para los 25 voceros pero los acuerdos fundamentales son por consenso así sean muy mínimo en la máxima instancia que es la asamblea plenaria. No se puede votar si hay disenso entonces se lleva al comité operativo que es donde tienen asiento los delegados a la MANE, realmente es demasiado democrática puede ir cualquier persona por eso se trata de consenso”.

Un segundo elemento fue la relación de los activistas con los no activistas (Estudiantes secundarios/estudiantes universidades privadas/padres de familias/profesores/académicos y trabajadores) los cuales no solo hacían parte de los comités operativos de la MANE sino que decidieron acompañar las movilizaciones convocadas uniéndose a la demanda que acogían también a causa de las implicaciones respecto al competitivo mercado laboral y la dicotomía entre derecho y servicio público que se había hecho visible en el caso de la salud, tal como lo afirmó uno de los líderes del CONCEC: “Había mucho estudiante independiente es decir no organizados que salió a marchar que veían la convocatoria y se movilizaban, es decir, la movilización no podemos decir que el 50% de los estudiantes eran de organizaciones, yo creo que solo el 5% de los que salieron a marchar eran parte de las organizaciones estudiantiles”.

2. Repertorio de Acción:

Una de las características de las movilizaciones en Colombia era la fluctuación entre pacificas y violentas siendo estas últimas más consistentes dentro de las movilizaciones estudiantiles con el uso de repertorios de acción ya conocidos e institucionalizados tanto por la sociedad, activistas y gobierno. Fueron entonces los estudiantes independientes y los no activistas estudiantiles los cuales establecieron una difusión intrafronteriza con el repertorio de acción que estaban llevando a cabo los movimientos de los indignados en Europa y la movilización de estudiantes en Chile. En ese orden de ideas, el uso de nuevos repertorios de acción como elementos teatrales, el besaton, el abrazaton o el carnaval de la toma de Bogotá rompieron el esquema sobre las movilizaciones al presentar nuevas formas de protesta que fueron legitimadas tanto por el gobierno como por la sociedad. Este elemento puede explicar el éxito de este tipo de acciones, tal como lo afirman los estudiantes: “Todo tipo de sectores hasta los que prefieren hacerlo de manera aislada entendieron que se ponían en jaque el éxito del movimiento con acciones aisladas, a la gente misma de esa forma en que nos estábamos movilizamos se avanzaba más rápido que de otras formas”(…) “Fue muy importante y es que además de la lucha de la pelea, el cambio fundamental en las organizaciones fue ese, fue la iniciativa ciudadana una iniciativa estudiantil”

MEDIATICO

La segunda estrategia del accountability fue el uso mediático de las organizaciones que aquí se leerán a través de dos herramientas: redes sociales y medios de comunicación tradicionales.1. Redes Sociales: Fue vital no solo para la estrategia movilizacional sino para adelantar denuncias, sociabilización, críticas y análisis tanto del proceso del proyecto en el Congreso como el posicionamiento de los estudiantes ante ello. En ese sentido, el uso de Facebook, Twitter, Youtube y blogs fue fundamental para que las organizaciones, activistas y no activistas identificaran lo que estaba sucediendo. Creación de páginas con cientos de seguidores a nivel local, regional, nacional e internacional con el movimiento chileno y su coordinación para informar sobre las movilizaciones su acercamiento a los no activistas y estudiantes en general, incluso de secundaria. Así la conexión de las redes alcanzó su punto más álgido cuando el ex vicepresidente Francisco Santos argumentó a través de su video blog el 10 de noviembre que: “Los estudiantes hay que advertirles que si salen a marchar "se van a enfrentar al brazo de represión legal del estado". Para terminar con las manifestaciones "hace falta innovar, hay que utilizar armas de represión no letales como las que producen descargas eléctricas".2. Medios de comunicación: La innovación de la movilización tuvo un efecto inmediato y positivo en los medios de comunicación que informaron y dieron espacio a los voceros de la MANE para participar en programas radiales y televisivos. De igual forma, la prensa escrita informó de manera diaria las acciones de la MANE y el cubrimiento de las movilizaciones que fue importante también a nivel de la cobertura de la prensa regional. Por último, la prensa internacional hizo referencias importantes no solo a la movilización sino a la reforma en sí. En palabras de uno de los estudiantes de CONCEC “Pues yo creo que en general los medios de comunicación jugaron un papel importante”.

JURIDICO

Si bien la estrategia jurídica no funciono aquí en forma de denuncia ante un acto de ilegalidad sino como elemento de control y rendición de cuentas a la reforma, es decir, a una política pública que contaba con el apoyo suficiente para ser sancionada como ley. Así, las organizaciones estudiantiles logaron activar mecanismos de control institucional horizontal en el Congreso que permitió la realización de tres Audiencias que se llevaron a cabo el 19 de octubre, 27 de octubre y 3 de noviembre. Por último, logró activar

mecanismos verticales en la medida en que los partidos en pleno proceso electoral local prefirieron no pronunciarse frente a la reforma y dejar el proceso en el proceso legislativo normal.

Tabla No 3 Elaboración propia

Por lo tanto, el uso de formas organizativas flexibles y un repertorio de acción novedoso nos permiten evidenciar que los estudiantes colombianos lograron a través de la combinación de las tres estrategias un mecanismo de accountability social que logró en corto tiempo ganar el pulso frente a su oponente que decidió retirar la reforma en el Congreso con la condición de suspender el paro y que los estudiantes cesaran las marchas, normalizaran las actividades y volvieran a clase. Los estudiantes lograron: “La decisión acertada era acabar el paro, pero creemos que fue la posición correcta decirle a Colombia la retiraron pero falta tal y tal cosa. Como se va levantar el paro en este momento acabamos de tener una victoria” (J. López, entrevista personal, 17 abril 2012).

5. Conclusiones

Las protestas estudiantiles que vivió Colombia durante el 2011 se estructuró más como un mecanismo del accountability social que como un movimiento social en la medida en que fue un sector único de la sociedad que no integró a grupos sociales diferentes, no fue continuo sino se estableció en el contexto del proceso de la reforma a la educación superior, no logró una significativa integración simbólica aprovechando las dicotomías de proyectos políticos en pugna y su meta consistente no fue anular un cambio social fundamental sino el retiro de una reforma que se tramitó a través de las instancias normativas e institucionales establecidas en el sistema político.

En primer lugar, la movilización que lograron las organizaciones estudiantiles universitarias puede clasificarse como parte de los nuevos movimientos sociales los cuales buscan movilizar la sociedad y no la toma del poder político. Así, sus acciones buscaron el uso de canales institucionales lo cual les permitió reconocimiento y legitimidad a sus demandas por parte de la sociedad. Es importante señalar que las movilizaciones estudiantiles más importantes y efectivas fueron en Colombia y Chile, sistemas políticos que se caracterizan por su estabilidad institucional y sostenido crecimiento económico durante las últimas décadas.

En segundo lugar, la complejidad del sistema político producto de la internacionalización de la economía y la globalización ha generado fuertes presiones de cambio donde los gobiernos transitan de gobiernos rígidos a escenarios de governance en los que la sociedad es actor determinante tanto en el dictamen como en la gestión de las políticas públicas. La implementación de la política pública de reforma a la ley de educación superior, evidenció no solo la pugna de dos proyectos políticos en oposición (gobierno y estudiantes) sino que generó un interface social que contribuyó a través de la movilización y la deliberación a la resolución de la demanda (el retiro de la propuesta de reforma a la ley).

En tercer lugar, la política de consenso del Presidente Santos frente a sus contradictores mostrando una desideologización de las respuestas institucionales frente a las acciones colectivas, así comoel ciclo de protestas del 2011 y la movilización estudiantil chilena fueron recursos externos que activaron las dimensiones de la estructura de oportunidad política para las organizaciones estudiantiles, evidenciando que gobiernos democráticos aceptan niveles más altos de disenso y facilitan los canales de representación y participación. Así, las estructuras del estado colombiano ofrecieron oportunidades o “huecos” que permitieron a actores pobres en recursos (los estudiantes) participar en la acción colectiva y plantear desafíos al gobierno.

En cuarto lugar, la reforma a la ley 30, estructuró no sólo un interfaz societal sino una red de acción colectiva crítica (la organización estudiantil) que operó en un contexto más complejo y que tuvo una capacidad de impacto político; además, esta red tuvo una efectiva inserción en escenarios de política pública y se estructuró formas de organización múltiple que rompían la institucionalizada estructura organizativa jerárquica vertical. El uso mediático a través de medios tradicionales y las redes sociales, junto con la vocería, el asambleismo, comités operativos horizontales y la transversalidad de las decisiones fue la característica de la movilización así como la creación de la MANE, principal y única organización creada durante este proceso y que después del retiro de la propuesta se ha convertido en una comunidad crítica y red temática de esta política, así como el colectivo legitimo y único a negociar con el gobierno.

En quinto lugar, la movilización estudiantil de Colombia comparte con la chilena el uso de nuevos repertorios de acción como el abrazaton, el besaton o el carnaval, estableciendo una difusión intrafronteriza de las acciones que en el caso colombiano, rompían con el uso de repertorios radicales. Esto le dio reconocimiento, legitimidad y conexión a la protesta estudiantil con diversos sectores sociales a nivel nacional e internacional, en un claro intercambio político transnacional en torno al tema educativo.

Por último, la movilización estudiantil logró a través de la estrategia mediática y jurídica exigir al gobierno responsabilidad frente a los cambios políticos de sus proyectos educativos en una práctica que puede ser considerada como un ejercicio de accountabilty social, en el cual se activaron otros mecanismos de control horizontal como los partidos políticos dentro del Congreso Nacional. La red crítica en la que se estructuraron los estudiantes, consiguió mantener condiciones de protagonismo e institucionalización dentro de este espacio de governance de la política pública educativa.

6. Bibliografía

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EntrevistasElkin Pérez, 30 marzo de 2012.Juan Sebastián López 17 de abril de 2012Steven Cuesta 3 de abril de 2012

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