Buscando alternativas a la minería

Eddy Benavides plantea su tajante rechazo a la expansión minera en la provincia de

Hualgáyoc-Bambamarca

Algamarca y La Chilca como escenarios de la minería informalPáG. 10

A quince años del derrame, Choropampa sigue esperando justiciaPáG. 14

VOCES Nº 54CAJAMARCAJULIO 2015PRECIO S/1.00

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DISPONIBLE EN: ASOCIACION SERJr. Sullana 270 . 2do. pisoTelf.: 086-368710Mail: sercajamarca@ser.org.pe

“Concesiones y el derecho a la

información”

“Pasivos ambientales, una deuda en Hualgayoc”

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JULIO de 2015

VOCES

EDITORIAL

Desde el año 2007, se inició en Cajamarca la elaboración de la propuesta de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), como primer paso hacia el logro de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT). En mérito a su carácter participativo, este proceso fue

respaldado, desde un primer momento, por el gobierno regional y también por ONGs locales, gremios, organizaciones sociales y por el propio sector minero empresarial. La propuesta fue aprobada al término de la gestión de Jesús Coronel y ratificada al inicio de la de Gregorio Santos. Después de atender algunas observaciones hechas por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y de superar algunas fricciones con las empresas mineras, se aprobó la actualización de la ZEE, dejando a la Comisión Técnica a la expectativa para dar inicio a la formulación del POT. Sin embargo, con el gobierno de Humala, el MINAM fue poniendo una serie de trabas legales que han postergado la consecución de este objetivo. Así, por ejemplo, se incluyó la elaboración de Estudios Especializados y el Diagnóstico Integral del Territorio como fase siguiente a la ZEE. En este contexto, igualmente, el debate sobre la ley de OT quedó estancado y, en cambio, se promulgó el primer “paquetazo ambiental”, que no considera el carácter vinculante del OT, y, por lo tanto, reafirma la posición del gobierno nacional por la promoción de la inversión privada, prácticamente a todo costo.Pero esto no ha quedado ahí, cuando se pensaba que se estaba finalizando la elaboración de los Estudios Especializados, durante marzo y abril de este año, el MINAM aprobó las Resoluciones Ministeriales 056 y 087–2015 respectivamente, que detallan la conformación y adecuación de las Comisiones Técnicas Regionales (CTR) a una cantidad reducida de actores, y que básicamente impiden la participación de importantes sectores, como el privado y de la sociedad civil. La CTR de Cajamarca ha emitido un documento al ministerio solicitando se mantenga la conformación de la actual Comisión, y que estas resoluciones queden con efecto suspensivo hasta que se tenga una respuesta, argumentando el carácter participativo del proceso, los logros que se han tenido hasta la fecha, y la omisión que nueva normativa sea sometida a opinión de la Comisión Consultiva Nacional de OT. La respuesta del MINAM ha sido imperativa y exige la aplicación de las disposiciones, que tienen carácter de obligatorias y no se encuentran sujetas a condiciones de tipo alguno.Frente a este panorama, en Voces consideramos que el gobierno nacional no sólo ha sido incapaz de incentivar la discusión sobre la planificación del territorio, sino que, además, ha estancado el trabajo de quienes ya han iniciado sus procesos de ZEE u OT, al emitir disposiciones como las referidas a la conformación de las Comisiones Técnicas, que limitan la participación de sectores fundamentales. En nuestra región, estos han mostrado un compromiso activo y han aportado de manera permanente y decidida al logro de resultados importantes en todo el proceso. La disminución de integrantes implicaría, entre otros aspectos, que el nivel de debate y, por lo tanto, de generación de consensos, en una región con conflictos permanentes y una evidente necesidad de espacios de diálogo, no arribe a buen puerto y, por el contrario, que los conflictos se multipliquen. En la misma línea, debemos llamar la atención del gobierno nacional, sobre la necesidad y conveniencia de consultar previamente este tipo de medidas, debido a que las dinámicas regionales no son las mismas en todo el país.

CajamarcaJulio 2015Nro. 54

Presidente Asociación SER Roger Agüero Pittman

Comité editorialMaría Luisa BurneoRonald OrdóñezRosa MontalvoTeresa Santillán

DirectorJavier Torres Seoane

EditoraMariella Checa M.

ReporteroWilfredo Cholán

ColumnistasMirtha VásquezMiguel GarnettRicardo MorelFernando Romero

FotografiaAsociación SER

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Voces es una publicación de la Asociación SER

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Las opiniones expresadas en los artículos firmados no representan necesariamente la posición editorial de la revista.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2012-15806

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entrevIsta

A seis meses de haber asumido la alcaldía provincial de Bambamarca, Eddy Benavides se muestra tajante en su rechazo a la expansión minera en dicha zona y comparte con VOCES su visión de un desarrollo basado en otras actividades, al que viene encaminando su gestión.

“En nuestra provincia la minería ha colapsado”

WILFREDO CHOLáN ROJAS

¿Qué evaluación ha-ce de su gestión a seis meses de haber asumido la alcaldía?

Hasta el momento tene-mos el 30% de gastos del presupuesto anual. He-mos logrado obtener más de dos millones de Soles

a través de la partida por incentivos municipales. Queremos ejecutar un 70 u 80%, ya que a un 100% es imposible por problemas de la gestión anterior. Declaramos a la municipalidad en rees-tructuración durante cien días y ese tiempo nos ha permitido reformular el organigrama, en el que

ahora estarán las sub ge-rencias de Rondas Cam-pesinas, de Cooperación Internacional y de Fisca-lización, que estará inte-grada por miembros de organizaciones sociales.

¿A qué apunta su gestión?

Estamos apostando por los proyectos sostenibles

en puntos clave, para que los proyectos mineros no se sigan expandiendo.

¿Cuáles son los proyec-tos sostenibles de im-pacto que tiene previs-to realizar?

Estamos centrándonos en proyectos de piscicul-tura y ecoturísticos. Es-

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Entrevista

cia Ciénega Norte o sigue exterminando los cerros desde donde nace el agua, estaríamos hablando de un desastre ambiental. En nuestra provincia la minería ha colapsado. Ni un centímetro más. Ter-minan su periodo y las dos empresas se van. El gobierno tiene que ser consciente y acatar lo que el pueblo pide. Por otro lado, vamos a denunciar penalmente a la minera informal San Nicolás, que sigue trabajando clandes-tinamente, usando cianu-ro y vertiendo sus resi-duos al río Tingo. La ANA ha informado que todas las captaciones de este río están totalmente conta-minadas. Tenemos, pues, suficiente sustento para no querer más minería.

¿Seguirá respaldando mo-vilizaciones y paros?

Por supuesto. Somos muy respetuosos de las deci-siones de nuestras orga-nizaciones sociales. No estamos saliendo por un lucro personal, grupal o político. Nuestra lucha tie-ne sustento legal y técni-co, con antecedentes y un conjunto de factores que nos permiten apoyar este tipo de medidas. Siempre cuidando que sean pací-ficas. He sido dirigente y ahora soy autoridad. Mi función es diferente pero mantengo la misma po-sición: la defensa de los recursos naturales y prin-cipalmente del agua.

¿Ya tiene decidido a qué partido o persona apo-yará en las próximas elecciones?

Mi posición va a ser por la persona que estuvo y está junto al pueblo, y que no anda planteando políti-cas desde Lima.

tamos apostando a que cada centro poblado ten-ga sus viveros forestales y sus plantas de residuos sólidos. Una ya se está construyendo en La Hua-langa y otro se está empe-zando en Huangamarca. Hemos visitado al caserío La Ramada, en el centro poblado El Tuco, donde tenemos una reserva na-tural importante y hemos empezado elaborando el perfil para un centro tu-rístico importante, que tiene 50 hectáreas de bosque natural y, al cen-tro, una laguna. Estamos asociando a los comune-ros de la zona para que administren este tipo de proyectos. Todo ello de la mano con proyectos de integración de todos los centros poblados. Te-nemos, para este año, la construcción del camino vecinal de Jadibamba - Piedra Redonda. Además, queremos construir un puente carrozable. Esta-mos conversando con el gobierno regional para que articuladamente rea-licemos estos proyectos.

¿Qué avances se mues-tran en relación a la ac-tividad agropecuaria?

Nuestra provincia es una de las únicas en haber cumplido con la ley del

La municipa-lidad de

Bambamarca ha creado un

comité que investigará

los casos de contamina-

ción del agua y de la

sangre de los pobladores.

Mi función es diferente pero mantengo la misma posición: La

defensa de los recursos naturales y principalmente del agua

Procompite, un derecho que asigna recursos a ca-denas productivas en el tema agropecuario, por lo que tenemos más de tres millones de soles; como dice la ley, el 10% del presupuesto. Hemos organizado a la población en cadenas de produc-ción de truchas, deriva-dos lácteos, aguaymanto, miel de abeja, a las que se ha asignado recursos.

¿Cómo viene afrontan-do la contaminación del agua de la captación Los Tres Chorros y la elevada presencia de plomo en la sangre de los pobladores?

Se ha formado un Comité de Investigación, integra-do por organizaciones so-ciales, como juntas veci-nales, rondas campesinas y frentes de defensa; el ANA, como entidad com-petente, y también quere-mos que este el OEFA. El primer paso que hemos dado es contactarnos con gente capacitada para evaluar lo que está ocu-

rriendo, ya que el objetivo nuestro es denunciar a los responsables. Una vez que tengamos los informes fi-nales, procederemos a denunciar penalmente, primero al Estado, porque ocultó información du-rante tres años.

¿Cuáles son los avances respecto a los pasivos ambientales?

Estamos esperando que el gobierno, a través de sus organismos compe-tentes, pueda darnos una solución, porque tene-mos conocimiento que se ha invertido millones en el tema, pero no se ve nada.

¿Cuál es la situación de los proyectos mineros en Hualgayoc?

Golds Fields está solici-tando una expansión mi-nera, que nosotros recha-zamos, porque a cualquier lado que se expanda, aten-taría gravemente contra el recurso hídrico. Si Tan-tahuatay se expande ha-

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ANáLISIS POLíTICO REGIONAL

Manuel Pulgar Vi-dal, ministro del Ambiente, co-mentó un artí-

culo publicado en Noticias SER en el mes abril1, bási-camente expresando la to-tal disposición que tendría el MINAM a coordinar con las regiones que trabajan sus procesos de gestión del territorio. Además, ofreció la “expertise y capacidad de gestión (del MINAM) para conducir y orientar los procesos”.

Pues bien, partiendo de la experiencia de Cajamarca, es necesario seguir inci-

En el año 2007 se empezó a elaborar la propuesta de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de Cajamarca, como paso previo a la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial. Han pasado ocho años y el ente rector nacional sigue dando prioridad exclusiva a las ZEE de los departamentos o a sus Estudios Especializados. El Plan de OT parece estar cada vez más lejano.

El largo camino hacia el Plan de Ordenamiento Territorial

RONALD ORDOñEZ

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diendo en aquellos aspec-tos que puedan estar débi-les en el ente rector, pues lo concreto es que localmente nos queda la sensación de que hubiera un retroceso en cuanto a las expectati-vas que se tenían al inicio de este gobierno para con-tar con un Plan de Ordena-miento Territorial (POT). Con esta mirada se empezó el proceso de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), pero pasados ocho años, no resulta fácil hacer una proyección para cul-minar siquiera los Estudios Especializados (EE), ni mu-cho menos para completar el Diagnóstico Integral del Territorio (DIT) y o el POT. Veamos por qué.

LA ANSIADA OPINIóN fAVORABLEEn el comentario que alu-dimos, el ministro señala-ba: “Se han aprobado un conjunto de instrumentos técnico normativos donde se ha definido claramente

el proceso metodológico del ordenamiento territo-rial, así como el conjunto de instrumentos mínimos ne-cesarios para elaborar un plan de ordenamiento te-rritorial”. Llama la atención esta frase, pues hasta la fecha de redacción de este texto, se acaban de publi-car las guías metodológicas para sólo dos de los siete EE, pese a que la Resolución Ministerial que autorizaba su elaboración fue publica-da en el mes de mayo del 2013; hace dos años.

En este periodo y producto de las observaciones del MINAM, en Cajamarca se han elaborado hasta tres versiones de los seis EE

aplicados a la realidad re-gional, las mismas que han sido enviadas al ministerio para su opinión favorable. A decir de quienes participan en el proceso, la entidad no muestra mayor celeridad en la revisión de los do-cumentos ni para brindar asistencia técnica al equipo responsable, de modo que el acompañamiento pueda ser de calidad, sobre todo considerando que no se contaba con una propuesta metodológica para direc-cionar la elaboración de los estudios.

No obstante, en estos dos años, Cajamarca, sin contar con una guía metodológica para el diseño de los EE,

una vez más ha demostra-do que está un paso ade-lante en su proceso, pues ha completado la tarea va-liéndose de la experiencia acumulada desde el 2007. Sin embargo, la reciente publicación de las guías significa que los procesos deberán adecuarse a ellas y, por lo tanto, ser someti-dos nuevamente a revisión, para buscar la tan ansiada opinión favorable. A esta dilatación del tiempo se le agrega el que habrá que es-perar hasta que el resto de guías metodológicas sean publicadas y los EE nue-vamente sean adecuados a sus indicaciones.

En tal sentido, que el mi-nistro considere que se ha definido claramente el pro-ceso metodológico puede entenderse como un co-mentario bastante ligero. Más aún, cuando tampoco se conocen (o no existen) las guías para el DIT y para el POT.

En una región tan diversa, un proceso de OT inclusivo desde

su concepción ha hecho posible que los diferentes sectores

interesados puedan aportar

Con un Plan de OT, Cajamarca podría apostar a otras actividades productivas y no solo a la minería.

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MELLANDO LA PARTICIPACIóNLa disposición del MINAM, en cuanto a la participa-ción de los diferentes ac-tores en el proceso, tam-poco ha estado exenta de críticas; esto a raíz de la publicación de las Resolu-ciones Ministeriales N°056 y 087–2015-MINAM, que básicamente señalan la conformación que debe-rían tener las Comisiones Técnicas Regionales (CTR). En Cajamarca, estas dispo-siciones han sido observa-das, debido a que la parti-cipación propuesta excluye

CTR activa, la misma que, con el pasar de los años y debido al requerimiento de mayor inclusión de actores, ha ido integrando a repre-sentantes de plataformas de concertación, colegios profesionales y organiza-ciones de la sociedad civil, como los Consejo Regiona-les de la Mujer y de la Juven-tud, razón por la cual suma alrededor de 60 actores.

Pero a decir del MINAM, no es necesaria la presen-cia de más actores. Esta postura relegaría a secto-res que en Cajamarca han

adecuada participación del conjunto de actores, pero no necesariamente es así, pues las realidades y los requerimientos re-gionales son distintos. En tal sentido, cada proceso debería tener la libertad de adecuar sus CTR, infor-mando y justificando ante el MINAM los respectivos cambios. De hecho, en el caso de Cajamarca ya se había observado, desde el 2007, el Decreto Supremo N°087–2004-PCM (que ha servido de base para la resolución del MINAM), porque no consideraba la

aporte activo de los distin-tos actores. En una región tan diversa (con una pro-blemática amplia, índices de pobreza alarmantes, sin un espacio para discutir el desarrollo desde las diver-sas miradas y conflictos sociales pendientes de so-lución), un proceso de OT inclusivo desde su concep-ción ha hecho posible que los diferentes sectores in-teresados puedan aportar. Si el proceso de ZEE – OT de la región es reconocido, se debe, en gran parte, a la participación ciudadana que, a través de la CTR, se sustentó como uno de los pilares fundamentales.

Además de la socializa-ción de las guías metodo-logías para el resto de EE, y luego para el DIT y el POT, el gobierno nacional tiene varios pendientes al 2016, como el dejar senta-das las bases para contar con una ley de OT y mejo-rar los procedimientos ac-tuales para la entrega de autorizaciones que tienen que ver con la disponibi-lidad de los recursos na-turales y las concesiones mineras, ya que la forma en que se viene realizan-do, incentiva la aparición de conflictos y la descon-fianza de la población.

Por ahora, en Cajamarca se esperará la respuesta del MINAM a la preocupación de la CTR. No obstante, con este contexto, quedamos convencidos de que será imposible avanzar en la formulación del POT, en lo que queda del gobierno de Humala.

Cajamarca observó, ya en el 2007, una medida de la PCM que excluía la participación de actores fundamen-tales del proceso de OT.

1 Comentario al artículo: “Orde-namiento Territorial: La prio-ridad postergada” de Ronald Ordoñez, publicado en Noticias SER, el 15 de abril de 2015. Ver: http://www.noticiasser.pe/15/04/2015/medio-am-biente/ordenamiento-territo-rial-la-prioridad-postergada

ANáLISIS POLíTICO REGIONAL

a representantes de otros sectores que han tenido un involucramiento activo en el proceso regional. Por este motivo, se consideró per-tinente invitar a represen-tantes del ministerio a par-ticipar en una de las últimas asambleas de CTR, a fin de que escucharan sus funda-mentos. Como resultado de este evento, se acordó remi-tir un documento formal al ministerio, proponiendo la revisión de la citada resolu-ción. El argumento princi-pal es que Cajamarca cuen-ta, desde el 2007, con una

resultado fundamentales, pues han brindado soporte técnico y logístico, en aras de la legitimidad del pro-ceso. Así, por ejemplo, los y las integrantes de la CTR hoy participan en la ela-boración de los EE. No se debe obviar tampoco que el proceso de OT tiene un componente político, en el que es importante generar consensos regionales, lo que empieza por incenti-var la participación.

Se ha dicho que las normas publicadas garantizan la

participación de actores fundamentales.

Se debe señalar, por otro lado, que no se ha escucha-do un buen argumento que justifique los límites a la participación, por lo que el ministerio debería recoger la experiencia de regiones como Cajamarca, que ha sido una de las pocas que ha adelantado el trabajo respecto a este tema. Se debería considerar, pues, los aspectos positivos que han permitido este avance y que tienen que ver con el

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OJOS ABIERTOSVOx POPULIFERNANDO ROMERO

Derechos Humanos:Una importante y

urgente tarea pendiente

Las opiniones de un sector del público acerca de la decisión de la Corte IDH sobre el caso de la ejecución extrajudicial de un emerretista, que insta al Estado peruano a investigar el caso e

identificar a los culpables, muestra la gran resistencia que existe en el ciudadano de a pie a escuchar razones y recordar el pasado. En varias radioemisoras se han escuchado voces críti-cas a la Corte, a las ONG que presentaron el caso, por ser “proterroristas” y, hasta el respaldo al asesinato por haberse tratado de un terrorista. No ha servido de mucho que se aclare que la Corte no acusó a los Comandos Chavín de Huantar, y que el fallo se centra en la necesidad que el Estado aclare el asesinato de un emerretista que ya estaba desarmado y detenido. Quienes así opinan no entienden razones y optan por parapetarse detrás del heroísmo de los soldados que liberaron a los rehenes.

Han pasado cerca de 18 años desde la recupera-ción de la embajada y más de 20 desde la detención de Abimael Guzmán y del inicio del declive de Sen-dero Luminoso, pero es indiscutible que la marca que ha quedado en el inconsciente colectivo es profunda y ha reforzado

en un sector de la población, emociones vinculadas a la venganza y el miedo. Una razón para que este estado emocional se manten-ga con esa intensidad, es la acción activa y permanen-te de un poderoso núcleo autoritario en el país, que abona deliberada y constantemente estos sentimien-tos, asociando cualquier acción vinculada a la defensa de derechos con intenciones ocultas y malévolas. Esto es más patético, si tenemos en cuenta que es el propio ministro de Justicia de este gobierno, quien lo hace, pese a que conoce con detalle el fallo de la Corte.Pero también es necesario reconocer que el desempe-ño de buena parte de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos no ha estado a la altura de esta situación. Si bien tuvieron un rol fundamental en la consecución de las sanciones contra Fujimori y Montesinos, entre otros, no han logrado elaborar un discurso capaz de ir más allá del circulo de ciuda-danos preocupados por el respeto de los Derechos Humanos. Esa tarea mantiene su vigencia y por lo que venimos viviendo en el país, se vuelve cada vez más urgente.

…la marca que ha quedado

es profunda y ha reforzado

emociones vinculadas a la venganza y el

miedo”

NéSTOR ESTACIO C.(Ingeniero forestal)“Está mal, porque no de-bería ser penado. Cada uno es dueño de su cuer-po y por lo tanto se debe-ría respetar su decisión. Los casos de violación se-xual son muy frecuentes en nuestro país y en mu-chos casos ocurren den-tro de la misma familia. Se debe poner un freno a ello”.

LUCILA ORTIZ VELáSQUEZ(Ingeniera en Industrias Alimentarias)“Pienso que una vida se debe respetar en todos los sentidos, pero debe haber otras opciones para los casos de violación se-xual. Si bien se tiene dere-cho a decidir, eso no im-plica optar por el aborto. El Estado debe proponer otras alternativas”.

LUCY SALDAñA COLLAO(Técnica en enfermería) “Creo que no se tiene por qué archivar. Es un tema muy delicado. En casos de violación sexual, estoy de acuerdo en que se abor-te, pero en otros, no. Los congresistas deben saber que las personas que son violadas sufren conse-cuencias físicas y psico-lógicas, y no es justo que si quieren abortar estén cometiendo un delito”.

JUAN MALUQUISH H. (Profesor)“Es un tema muy deba-tible. El archivamiento está bien, porque se debe respetar la vida de la per-sona. Pero es responsa-bilidad del Estado llevar ayuda psicológica y mé-dica a una mujer violada. Por otro lado, es nece-sario implementar leyes drásticas para sancionar a los violadores. Hasta ca-dena perpetua tienen que recibir”.

¿Qué opina sobre el archivamiento del proyecto de ley para la despe-nalización del aborto en casos de violación sexual?

WILFREDO CHOLáN ROJAS

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DESARROLLO

El Estado ha venido apostando por la formalización: El minero que quie-

ra legalizarse ha tenido o tiene que firmar, en un plazo que primero ven-ció el 2014 y luego ha sido ampliado hasta el 2016, una declaración en la que se compromete a respetar los reglamentos ambientales, concesio-narios y tributarios, para

luego recibir el estatus de productor formal y le-gal. No obstante, hasta el momento y a nivel nacio-nal, alrededor del 90% no está concretando tales intenciones, por lo que se puede afirmar que la im-plementación del Decreto Legislativo N°1105, dado en abril del 2012 para promover los procesos de formalización de la mine-ría pequeña y artesanal, no está dando los resulta-dos esperados.

La Chilcas y Algamarca en Cajabamba son dos sectores, donde se prác-tica la minería informal a gran escala, son un pe-ligro para la seguridad y salud ocupacional, el bienestar de las personas y el medio ambiente que lo rodea. No en vano, en lo que va del año, cinco personas han fallecido producto de esta activi-dad. No obstante, casi la mayoría de mineros que allí trabajan se han aco-

gido al proceso de for-malización y mostrado dispuestos a recorrer los pasos que este contem-pla: Presentación de la declaración de Compro-misos; acreditación de titularidad, contrato de cesión y contrato de ex-plotación sobre la conce-sión minera; acreditación de propiedad o autoriza-ción de uso del terreno superficial; autorización de uso de aguas; aproba-ción del instrumento de gestión ambiental correc-tivo y, finalmente, la auto-rización para el inicio o reinicio de actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales.

En el caso La Chilca y Al-gamarca, de las 295 decla-raciones de compromiso firmadas por los mine-ros, 224 han sido cance-ladas, y se espera que en los próximos meses sean canceladas todas las de-más. Este hecho significa que 295 mineros han pa-sado automáticamente a ser ilegales y pueden ser objeto de sanciones pe-nales, administrativas, ci-viles y tributarias, y hasta de interdicciones.

El debate nacional respecto a esta actividad se ha venido centrando en la gran minería, pero también es necesario prestar atención a la extracción que de manera informal e ilegal se lleva a cabo en 21 de las 25 regiones que conforman nuestro país.

Algamarca y La Chilca: Una minería imposible de formalizar

WILFREDO CHOLáN ROJAS

VOCES 11

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En cuanto al otorgamiento del contrato, va a ser casi imposible, ya que el titular de la concesión que abarca a estas dos zonas es la em-presa Sulliden Shahuindo SAC, minera que hasta el momento no ha mostra-do voluntad de firmar el petitorio ni de cumplir los siguientes requisitos.

Por otro lado, existe bas-tante migración a las zo-nas, ya que la actividad mi-nera ha resultado ser más rentable que la agropecua-ria, al punto que quienes a ella se dedican pasan por alto su naturaleza alta-mente contaminante y su condición de ilícita.

TITULARIDAD MINERA: EL MEOLLO DEL ASUNTOEn el lineamiento 1.4 del Decreto Supremo 029-20141 de la Presidencia del Consejo de Ministros textualmente dice: “De la evaluación efectuada al desarrollo del proceso de formalización, las au-toridades competentes han identificado titulares mineros que por algún motivo aún no han inicia-do actividades mineras y que por el contrario man-tienen en las áreas de sus concesiones a mineros informales desarrollando actividad minera sin con-tratos de explotación. Esta relación de hechos exis-tente debe ser formalizada como resultado del libre acuerdo de voluntades en-tre ambas partes, para lo cual, el Estado debe dictar medidas que promuevan un escenario favorable al logro de acuerdos, a través de incentivos o beneficios concretos a los titulares de concesiones mineras, como resultado de la sus-cripción de los acuerdos o contratos de explotación correspondientes”.

ceso de formalización tra-bajan sobre una concesión minera a terceros, hecho que se da también en Alga-marca y La Chilca. También ha dicho que el Decreto Legislativo 1105 ha sido un fracaso a nivel nacional: “Ni al 1% llega el proceso, porque justamente están en las concesiones de ter-ceros. Si, por ejemplo, ma-ñana sale una causal, si se anulan las declaraciones de compromiso a aquellos

Quienes se dedican a la minería pasan por alto su naturaleza altamente contaminante.

mentalmente del dueño del terreno superficial y del titular de la concesión, pues mientras aquel no firme el permiso, el con-cesionario no pueden ex-plotar. Según refiere, el Es-tado está llano a brindar todas las facilidades, pero no puede obligar al titular de una concesión a firmar ese contrato. Así, pues, si no hay voluntad de una de las partes, el proceso de formalización no va tener

las personas y la naturale-za se verán afectadas por esta actividad A pesar de que ha existido una volun-tad para su formalización, se ha notado la mínima intención de querer cum-plir con las declaraciones de compromiso. A lo que se agrega el bloqueo del proceso de Ordenamiento Territorial, que el gobierno central prometió y luego mediatizo.1 Este decreto aprueba la

estrategia de saneamiento de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal. Disponible en: http://www.pcm.gob.pe/wp-con-tent/uploads/2014/04/NL20140419_2.pdf Consulta-do: 26-06-2015.

95% de los mineros que están en proceso de formalización

trabajan sobre una concesióna terceros

El texto no precisa, sin em-bargo, cuáles son los in-centivos o beneficios que serán otorgados: ¿Serán acaso económicos? ¿O tri-butarios? Queda pendiente la aclaración por parte del Estado. Por otro lado, se han identificado diversos casos de personas que no cuentan con los títulos vin-culados a derechos reales, lo que dificulta la presenta-ción de la autorización de uso de terreno superficial.

El director regional de Energía y Minas, Víctor Cusquisiban, ha informa-do que casi un 95% de los mineros que están en pro-

que no son titulares de la concesión, se cae este pro-ceso de formalización. Es decir, volaría el 99%. En Algamarca, la mayoría es titular de la tierra super-ficial, pero en La Chilca, se está en proceso judicial con la empresa Sulliden Shahuindo. Mientras no se determine, a través del Poder Judicial, no se sabe quién es el propietario”, explicó.

Al respecto, Roger Hur-tado Sánchez, fiscal pro-vincial de la Fiscalía Es-pecializada en Materia Ambiental, afirma que la situación depende funda-

un resultado positivo. Por otro lado, Hurtado reveló que se vienen realizando una serie de investiga-ciones de carácter penal, para determinar los ilíci-tos penales que se vienen realizando en las zonas de Algamarca y La Chilca, y que su intervención bus-ca evitar que el ambiente siga sufriendo impactos negativos.

Si las autoridades no em-prenden acciones inme-diatas sobre el tema de la minería informal en Al-gamarca y La Chilca, y en todo el país, seguiremos viendo cómo la salud de

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DESDE ADENTRO

La opción agroecológicaLa Región Cajamarca, es tradicionalmente agrícola y ganadera, pero en los últimos años han cobrado una notable importancia las asociaciones de productores agroecológicos. Si bien su organización todavía está en desarrollo, se trata de una experiencia importante, que ha permitido generar una mayor organización y un manejo más adecuado y sostenible de los recursos naturales.

ALEx AQUINO CHILóN

mos contado con el apoyo de la Agencia Agraria y la municipalidad provincial de Hualgayoc-Bambamar-ca”. Además, cuenta que ha participado en ferias loca-les, regionales e incluso en “Mistura”, en Lima, gracias a su producción orgánica.

Según dice, tener una producción diversificada permite generar mayores ingresos económicos. De hecho, su experiencia en la producción de tomates, miel de abeja y en la crian-za de cuyes ha servido de referencia a los visitan-tes de Cutervo, Chota y el distrito de Hualgayoc. “Los visitantes han valo-rado nuestra capacidad de mantener al grupo con confianza y solidaridad, y de promover la igualdad y la vocación por desarro-llar productos orgánicos”, declara. Entre las dificul-tades considera la hete-rogeneidad del empren-dimiento, y lo complicado que resulta sostener la vo-luntad y la persistencia en la producción orgánica y ecológica de los socios. No obstante, hace hincapié en que esa tarea forma parte de la práctica de valores como la asociatividad, la cooperación y la sensibi-lidad para cuidar el medio ambiente y lograr la soste-nibilidad de los productos.

A decir del coordinador provincial de Procompite, Henry Goicochea, el alcal-de provincial de Hualga-yoc, Eddy Benavides Ruiz, está comprometido con el desarrollo de los producto-res en la provincia, y a tra-vés de la Gerencia de Desa-rrollo Económico, y desde Procompite en el 2015, se ha lanzado un primer con-curso en nueve cadenas productivas: Leche, deriva-dos lácteos, crianza de cu-yes, miel de abeja, quinua,

La “Ley de Promo-ción de la Produc-ción Orgánica o Ecológica” (Ley Nº

29196) es el marco norma-tivo que regula la actividad de las asociaciones de pro-ductores agroecológicos y tiene entre sus objetivos principales el fomento y la promoción de la produc-ción orgánica, como una forma de contribuir a la superación de la pobreza, la seguridad alimentaria y

la conservación de los eco-sistemas y de la diversidad biológica.

La Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE) organiza a mil socios en 172 organizacio-nes locales, en 20 regio-nes del país. Aquí existe la Asociación de Productores Ecológicos de la Región Ca-jamarca (APERC), una de cuyas iniciativas fue la Eco-feria Regional de Cajamar-ca “Frutos de mi tierra”, en la que participaron más de

25 asociados. Otro aconte-cimiento importante fue la creación del Consejo Regio-nal de Productores Orgáni-cos COREPO-Cajamarca1.

En la provincia de Hualga-yoc, don Lino Gálvez, in-tegrante de la Asociación “Vida Sana”, en Bambamar-ca, refiere que ha venido trabajando en apicultura desde el 2003, y que desde el 2007, se incorporó a la asociación. “Empezamos con nueve integrantes y en la actualidad somos 29. He-

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En el Perú, hay aproximada-mente 75 mil productores

ecológicos que cuentan con

certificaciones especiales

TENDIENDO PUENTESRICARDO MOREL

En el Perú, la profesión de relacionista comu-nitario surgió como respuesta al incremento de inversiones en proyectos, principalmente mineros, a fines de la década de los 90´s. Pa-

ralelamente a la aparición de estos nuevos proyectos, el número y la intensidad de los conflictos sociales relacionados a ellos ha ido creciendo significati-vamente en los últimos 15 años, lo que ha llevado a una mayor demanda de estos profesionales. Los modernos conceptos de Multiactor, Mesas de Diálogo y Mesas de Desarrollo, como espacios de reunión de muchos actores que intervienen en un determinado territorio, nos deben llevar a una reflexión sobre si debemos seguir utilizando el término “relaciones comunitarias”, pues es un concepto que se centra en una relación bilateral entre comunidad y empresa, sin hacer referencia a la gran cantidad de otros ac-

tores que interactúan en ese relacionamiento. Si somos conscientes de que el espacio multiactor fortalece la sostenibilidad del desarrollo, la profe-sión debería llamarse “Gestión Social”.La ubicación de los pro-

yectos mineros o petroleros en zonas alejadas, con ausencia del Estado en casi todos sus niveles, hizo que las empresas reemplazaran a ese Estado ausente, generando una relación bilateral que, si bien fun-cionó en el corto plazo, se ha mostrado insostenible en el mediano y largo plazo. En el país, mencionar Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa consigue reincidir en un modelo que carga con una responsabilidad que debería ser compartida, solo a la empresa, liberando de ella a los demás actores. En mi experiencia, el desarrollo de un territorio debe ser liderado por el gobierno local, con el respaldo del go-bierno regional y nacional, de las empresas, las ONGs, la cooperación internacional y de los propios pobla-dores, quienes deben asumir, cada uno, un rol en lo que denominamos “responsabilidad social”. Una definición de tal concepto es: Ser sensible a los problemas de nuestra sociedad y tener una actitud propositiva que contribuya a reducir los impactos socio ambientales negativos.Ser responsable es saber que cada uno de nosotros forma parte de una sociedad y que todos tenemos compromisos y obligaciones que debemos cumplir, tanto individualmente (responsabilidad social perso-nal) como en conjunto (responsabilidad social empre-sarial, gubernamental, institucional, organizacional).

El desarrollo de un territorio

debe ser liderado por el gobierno local”

aguaymanto, crianza de truchas, artesanía, turis-mo. “Se está recuperando las cadenas productivas de miel de abeja, aguayman-to y cultivo de quinua, ya que ningún programa del gobierno central, ni de los gobiernos locales anterio-res se había preocupado de ellas”, informa el funciona-rio. Goicochea considera, de otro lado, que factores limitantes son el poco de-sarrollo de la cultura de asociatividad entre los pro-ductores, la falta de planes de negocio y la carencia de capacitación técnica.

Aún así, las asociaciones de productores agroeco-lógicos han logrado pro-mocionar sus productos y mejorar la demanda de los mismos. Moisés Quispe, di-rector ejecutivo del ANPE, revela que en el 2013, la demanda nacional por productos agroecológicos creció en un 7% y se in-crementó en un 10%, en el 2014. El directivo conside-ra que “el impulso se debe,

entre otros motivos, a que los consumidores buscan hoy productos más saluda-bles y amigables con el me-dio ambiente”. Por ello, en el Perú, hay aproximada-mente 75 mil productores ecológicos que cuentan con certificaciones especiales.

Los productores agroecoló-gicos de la región Cajamar-ca y el país han encontrado en su actividad una salida a la pobreza. La producción no es sencilla, ya que impli-ca buenas prácticas agríco-las, como prestar atención especial a la higiene y em-plear abonos naturales. Al-gunas experiencias todavía son incipientes y hay otras que se van consolidando. Sin embargo, para lograr su sostenibilidad, necesitan apoyo técnico y financiero a sus iniciativas, de par-te de los gobiernos local, provincial y regional. Es imprescindible fortalecer, entre las organizaciones de productores, las compe-tencias para la gestión sus-tentable del ecosistema. La producción agroecológica va más allá de la comercia-lización de productos y se constituye en un espacio de educación y sensibilización a la población, para el con-sumo de productos ecoló-gicos. Además promueve la biodiversidad.

Una producción diversificada permite generar mayores ingresos. De las Relaciones

Comunitarias a laGestión Social

1 Creado mediante Ordenanza Regional N°017-2013-GR.CAJ-CR, el 05 de noviembre del 2013.

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INFORME LOCAL

El derrame de mer-curio, producido por el camión de Ransa, contratis-

ta de Yanacocha, el 2 de junio del 2000, desenca-denó los daños a la po-blación de Choropampa. Ignorando que se trataba de una sustancia dañi-na, muchos recogieron el mineral y terminaron sufriendo un alto nivel de intoxicación. Las imá-genes de los efectos que ha ocasionado este mine-ral en los cuerpos de las personas son desgarra-

doras. Y, es indignante la respuesta que el Estado ha dado, a través de sus órganos jurisdiccionales.

NEGOCIOS TURBIOS. Luego del fatal hecho, Ya-nacocha realizó transac-ciones extrajudiciales con la mayoría de los pobla-dores, celebrando un con-trato que implicaba conce-siones recíprocas. Por un lado, los afectados desis-tían de iniciar algún pro-ceso judicial por el daño causado, y por el otro, Ya-nacocha otorgaba una de-terminada suma de dinero y un seguro médico.

¿Resultó ser recíproco? Evidentemente no. Las per-sonas que firmaron estas transacciones no han podido mitigar los efectos del mer-curio en su cuerpo con ese dinero. Además, al momento de efectuarse la transacción, no tenían ni la mínima idea de las consecuencias ni del riesgo que se asumía. En cambio, la empresa sabía que el derrame producido era altamente contaminante, por lo que “los métodos que usó fueron cuestionables, y su finalidad fue evitar que más tarde fuera demandada por el valor real de todos los daños causados.

La Defensoría del Pueblo concluye su Informe Defen-sorial 62, emitido en el año 2001, señalando que las transacciones extrajudicia-les, “vulneran los derechos al debido proceso y a una tutela jurisdiccional efecti-va a los afectados, derechos de la persona humana re-conocidos constitucional-mente, inherentes a la mis-ma e irrenunciables”. Esta opinión, sin embargo, no fue compartida por la Corte Suprema de Justicia.

Quienes, a pesar de haber hecho las transacciones ex-trajudiciales, demandaron una indemnización a Yana-cocha, no obtuvieron una respuesta favorable. Obede-ciendo a un criterio de aná-lisis formalista, el Pleno Ca-satorio emitido por la Corte Suprema de Justicia, en el 2007, elevó a un nivel supe-rior los acuerdos propues-tos por la minera a los afec-tados, quienes no pudieron exigir una reparación civil por el daño sufrido, dada la conclusión del documento: “No hay contravención a los derechos de las personas, las transacciones pusieron fin a las discrepancias que se suscitaron entre las par-tes como consecuencia de los daños causados por el derrame de mercurio”. Se trató, pues, de una decisión que acogió fuertemente las formas de la celebración del contrato, pero que no esti-mó el contexto ni las limi-tantes de las personas.

¿Hay EspEranZa?En la actualidad, alrededor de 114 personas que no firmaron las transacciones extrajudiciales son parte en procesos judiciales por indemnización extracon-tractual con Yanacocha. En algunos de ellos se ha dado parcialmente la razón a los afectados, concediéndoles una indemnización, pero

Los dolores de cabeza y la pérdida de la visión son algunos de los síntomas que las personas de San Sebastián de Choropampa han sufrido durante estos últimos 15 años. La mayoría solo aguarda que llegue la muerte. Otras, pocas, siguen luchando y reclamando que se haga justicia.

Choropampa, quince años de impunidad

Foto: Frente Foto.

TERESA SANTILLáN

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no la contratación ni el pago de un seguro médico y otro de vida, como lo ha-bían solicitado.

En otros, la sentencia en se-gunda instancia ha sido de-clarada infundada. El fun-damento de esta decisión, según la abogada Mirtha Vásquez , radica en el nivel de mercurio que tienen los afectados en la sangre. La Sala Civil Transitoria de Cajamarca señala que para exigir la indemnización, las personas deben presentar más de 120 microgramos,

el daño efectuado y menos aún confiaron en nuestro sistema de justicia.

UNA RELACIóN DIRECTA ENTRE EL ESTADO Y YANACOCHAHan pasado 15 años y aún no tenemos una regulación objetiva para la manipula-ción de mercurio en gran-des cantidades. Tampoco se ha sancionado a los res-ponsables y toda una po-blación sigue sufriendo las consecuencias de un hecho que pudo evitarse, con dili-gencia oportuna.

Tampoco se ha sancionado a los responsables y toda una población sigue sufriendo las consecuencias

de un hecho que pudo evitarse

Los firmantes de las

transacciones no tenían la

mínima idea del riesgo

que asumían.

CAVILANDOMIRTHA VáSQUEZ

El 3 de julio del 2012 fue una fecha fatídica. Cin-co ciudadanos fueron aniquilados por su pro-pio Estado que intentaba imponerse y llevar adelante un proyecto minero, Conga.

Sí, remarco sin temor a ser severa, que la responsabi-lidad principal de estas muertes recae en el Estado y específicamente en el gobierno actual, que no encon-tró mejor respuesta a legítimos temores y reclamos de la población que el uso de la violencia. Que el Estado trató de agotar el diálogo; que la pobla-ción estaba desbordada y había que imponer el prin-cipio de autoridad; que la responsabilidad de estas muertes es de los líderes que azuzaron a la población son argumentos nimios que el Estado y las empresas no pueden seguir usando. El diálogo no se dio porque las comisiones de alto nivel comandadas por los mismos ministros nunca

vienen a dialogar. Vienen a negociar la ejecución de los proyectos, ofrecimien-tos de obras por delante, para que la población acepte, sin posibilidad de discutir, los cuestiona-mientos o la opción de no ejecutar la actividad. Es así como “dialoga” el Esta-do. Si no se aceptan estas condiciones, estamos

frente a la “radicalización de la población” e inmedia-tamente se procede a la represión. No es extraño que a un militar como Humala el famo-so “principio de autoridad” le suene a balas y bombas, pero jurídicamente, este se basa en la legalidad y en la exigencia de los mandatos del Estado en el marco de la ley y las libertades. La autoridad no se impone con armas. Por el contrario, abusar de la violencia estatal la debilita y deslegitima. Muchos han dicho que los responsables de esas muertes son líderes ambientales que azuzaron a la población a reclamar. Nada más discriminador que esta postura, basada en la falta de entendimiento del razonamiento campesino. Atribuir las protestas a una manipulación no es más que negar la capacidad y la calidad ciudadana a muchas personas por su precaria condición económica.Acabamos de atravesar otro conflicto de grandes mag-nitudes, Tía María, y nos preguntamos qué lecciones se aprendieron de Conga. Parece que ninguna. Ningún cambio político o institucional del gobierno… a favor de la población, aclaremos, pues el sector económico sí recibió muchos beneficios más; léase: la ley 30230.

Abusar de la violencia

estatal debilita y

deslegitima el principio

de autoridad”

Muertos que recordar, lecciones sin aprender

cantidad bastante superior a los 14 microgramos que la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señala como máximo aceptable. Los afectados han demos-trado, mediante certifica-dos médicos, que el nivel de mercurio que presentan es de 80 microgramos. Sin embargo, la decisión de la Sala estaría obligando a los afectados a ir en casación a la Corte Suprema, y habría que esperar más tiempo para conocer la decisión de los magistrados.

Así también hay procesos que han sido declarados en abandono, porque, al parecer, los afectados no creyeron en que una gran empresa pudiera pagar por

No se llegó a formular una denuncia penal por el de-lito de contaminación am-biental, pues no hubo enti-dad que hiciera un informe pormenorizado. El ministe-rio de Energía y Minas san-cionó a Yanacocha por este suceso y la empresa se alla-nó, pero no quitó el dolor ni sufrimiento a las víctimas.

El Estado ha permanecido impasible en este caso. Ha protegido los derechos a una tutela jurisdiccional efectiva. Se ha creado ju-risprudencia, se ha empe-zado a discutir sobre pro-blemas ambientales, pero no se ha reconocido que hay una parte débil en esta relación, que merece un trato diferenciado.

Foto

: Fre

nte

Foto

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LA REGIóN Y SU GENTE

Chetilla se encuentra ubicado a unos 30 km de la ciudad de Cajamarca. Es uno de los distritos más antiguos de la provincia. Unos dicen que su nombre significa “catarata blanca” y otros, que que quiere decir “agilidad”, “ligereza” o “prontitud”.

Chetilla: Identidad y tradición histórica

WILFREDO CHOLáN ROJAS IDIOMA, VESTIMENTA Y DEDICACIóNLa de Chetilla es una co-munidad de una riqueza cultural inimaginada. El que quechua que se habla en esta zona es muy pecu-liar, pues es muy diferente al que se usa en el sur e in-clusive al de Porcón, pese a que ambos pueblos están relativamente cerca. Una singularidad, por ejemplo, es que su pronunciación es idéntica a su escritura. Felix Quesada (1976), por su parte, explica, respecto a ambas variantes, que las

diferencias que las separan son de orden gramatical y en parte fonológico y léxico. Sin embargo, el uso de tan particular idioma se está dejando de lado.

Don Juan Malimba, que-chuahablante natural de Chetilla y profesor de que-chua, menciona que lo más resaltante de Chetilla es el idioma, patrimonio que debería ser rescatado a través de su enseñanza en el sistema educativo ofi-cial: “El quechua es nuestra primera lengua. La gente

La localidad de Cheti-lla se encuentra ro-deada de cerros, en-tre los que destaca el

Hualgáyoc. Entre las referen-cia del lugar llama también la atención su fiesta patro-nal, en honor a San Esteban, pues se celebra largamente, desde el 28 de diciembre hasta el 06 de enero.

Chetilla tiene una impor-tancia histórica, ya que sus primeros habitantes fue-ron los Mitmas Chilchos,

provenientes de Chachapo-yas, quienes llegaron y se instalaron en la zona bajo el liderazgo del inca Túpac Yupanqui, trayendo consi-go sus costumbres y creen-cias religiosas.

Otros hechos que destacan en el devenir histórico de Chetilla son el motín que protagonizaron los campe-sinos, contra el cobrador de diezmos, en 1793, y el rechazo al Sistema Nacio-nal de Movilización Social (SINAMOS), en la década de 1970.

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A OJO DE PáJAROMIGUEL GARNETT

El 22 de mayo, se llevó a cabo, en Cajabamba, un concurso escolar de lectura en público. Participaron estudiantes de las escuelas y co-legios rurales, y algunos de la ciudad. El even-

to fue organizado por el municipio provincial de la citada localidad, la UGEL y una entidad particular lla-mada “Biciteca”, nombre que viene de la combinación de las palabras “bicicleta” y “biblioteca”. La Biciteca presta libros a los lectores(as) y opera de un modo similar a las “Bibliotecas Rurales”, gran promotor de la lectura en nuestra región, sobre todo en el campo.En el Perú, el nivel de lectura es muy bajo, pero, en vez de simplemente lamentar esta situación, lo que nos toca hacer es tomar iniciativas concretas para animar la lectura. Este ha sido, precisamente, el pro-pósito de los organizadores del evento, a quienes cabe felicitarles, como también a los escolares que participaron.

Tanto en primaria, como en secundaria, hubo tres categorías. Cada participan-te tuvo que leer un pasaje de prosa, de unas 35 ó 45 líneas, tomado de cualquier obra de un autor cajabam-bino. Esta condición fue in-teresante porque yo, como miembro invitado a formar

parte del jurado, pude volver a gozar de algunas de las historias y las anécdotas que había saboreado hace años, cuando tuve la dicha de vivir en Cajabam-ba. Además, tuve la oportunidad de escuchar algunas historias que no conocía. Claro está, esta lectura, pre-parada ya en el centro educativo del participante, sir-ve para promover la creatividad literaria local. Des-pués de leer el pasaje en prosa, el/la competidor(a) tuvo que participar en un balotaje, para recibir un poema hasta ese momento no visto por él o ella.Como es de suponer, los miembros del jurado tu-vimos que prestar bastante atención al ritmo de la lectura, al respeto a los signos de puntuación y a la pronunciación de las palabras, para determinar si el lector(a) realmente entendía lo que estaba leyendo.Felizmente, hubo ganadores(as) tanto del campo como de la ciudad, y esta iniciativa cajabambina me-rece ser imitada. ¡Mis más sinceras felicitaciones a “Gloriabamba, tierra de pintores y escritores”!

Lectura a viva voz en cajabamba

Lo que nostoca hacer es tomar

iniciativas concretas

para animar la lectura”

casi en su mayoría lo habla, pero, al parecer, nuestras autoridades provinciales y regionales no están brinda-do el apoyo necesario para revalorarlo. Esta es una de las causas del retraso en nuestra educación. Feliz-mente en inicial, primaria, secundaria y superior ya se está enseñando nuestra lengua, debido a que han venido profesores capaci-tados”, indicó.

La mujer chetillana se dis-tingue claramente por el sombrero que lleva, ya que este tiene una o dos cin-tas de color. Debajo lleva un pañuelo que sirve para protegerlo del sudor pro-ducto del trabajo. Sobre dicha prenda, las señoras mayores utilizan el color verde o azul y las señoritas el blanco, amarillo o rojo (anteriormente, las muje-res solteras lucían el blan-co, que cambiaban por el rojo o amarillo, en cuanto se comprometían). Para cu-brir el cuerpo, se usa baye-tas, prendas hechas de lana de carnero, que siempre se usa de a dos: Una de color oscuro por fuera y otra de tono claro por dentro. Para fijar estas dos piezas, las

damas utilizan el Topocón, un diseño de 20 cm, que va atado con una o dos cin-tas. Por dentro llevan una camisa blanca de tocuyo. Asimismo usan el pañal o pullo, también confeccio-nado en lana, cuyas listas van en sentido vertical. Las chetillanas llevan siempre consigo la rueca y el huso, pues nunca dejan de hilar, ni siquiera al caminar.

Alfonso Marín, poblador del caserío El Manzano comentó a VOCES que las chetillanes hacen con sus propias manos la vestimen-ta que lucen y que durante las fiestas tradicionales uti-lizan el anacu, que es más grande y más pesado que el pullo, pues les llega casi a los talones.

Respecto a las actividades productivas y comercia-les que se llevan a cabo en Chetilla, Aníbal Sangay, responsable de Desarrollo Agropecuario de la muni-cipalidad distrital, informó que la plaza de comercio se realiza todos los viernes, día en que llegan represen-tantes de todas las comu-nidades, portando sus pro-ductos y ganado.

las mujeres de Chetilla confeccionan personal-mente las prendas que lucen en las fiestas.

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RESEñAS

La Sociedad Peruana de Derecho Ambien-tal presenta cinco artículos de inves-

tigación y opinión sobre temas relevantes dentro de la búsqueda de una óptima sistematización de la fis-calización ambiental en el Perú. En cada uno de ellos, miembros de la institución se refieren a las normativas vigentes en el ámbito de la fiscalización ambiental. Aluden también el trabajo y la pertinencia de algunos organismos estatales, así como las implicancias de la aplicación de las nuevas normas de fiscalización, desde un enfoque jurídico.

En conjunto, este libro se presenta como un aporte al debate en el Perú so-

El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos marcó el inicio de

una apertura comercial global que busca generar beneficios bilaterales en tema de exportaciones y oferta de productos en mercados internos. Ger-mán Alarco, Caros Bedoya,

Julio Gamero y Javer Lla-moza realizan un balance de algunos de los resul-tados de la firma de este TLC, luego de cinco años de vigencia. ¿Realmente nos beneficiamos?

Inicialmente, se compara las balanzas comerciales de Chile, México y Perú,

de cara a sus TLC con los Estados Unidos. Asimis-mo, se analiza la trayec-toria de la protección de inversiones extranjeras y la autonomía del Esta-do frente a estas, desde los años noventa hasta la actualidad. Se presentan también las implicancias de las mejoras institucio-nales en temas laborales, con énfasis en el sector agropecuario. Por último, se echa un vistazo a las pa-tentes médicas y a los gas-tos que genera al Estado la exclusividad de empresas farmacéuticas.

bre el tema —de gran ac-tualidad— que trata. Así, por ejemplo, Isabel Calle presenta la evolución del marco normativo de fisca-lización ambiental en los últimos 25 años, partiendo de las debilidades y llegan-do a los retos futuros de una práctica estatal que empezó con un tratamien-to por sectores y terminó con otro, sistémico integral de la tarea de control.

Luego, Jean Pierre Arango y José Luis Capella anali-zan legal y situacionalmen-te al OSINFOR. Describen los aspectos normativos de su creación, la situación de sus instrumentos de gestión, como también las principales acciones reali-zadas desde su fundación, y terminan con un acer-camiento hacia los vacíos

que afronta actualmente la supervisión forestal.

Más adelante, Pablo Peña trabaja sobre la trayectoria del Servicio Nacional de áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNARP) y la importancia del trabajo de fiscalización en dichas áreas. El autor recomienda que los marcos normativos en tema de sanciones, tan-to de dicha entidad, como de otras de Fiscalización Ambiental (EFA), sean ade-cuadamente articulados,

de modo que las atribucio-nes de unas no interfieran con las de otras.

Por último, resulta intere-sante el texto de Dino Del-gado y Carla Bengoa sobre el trabajo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el que los autores vuelven sobre la normativa legal y prestan una mirada a las atenciones especiales que esta entidad debe dar a la regulación de los Organismo Vivos Modi-ficados (OVM).

Publica: SDPAAño: 2015 Páginas: 92fiscalización

ambiental

A cinco años del TLC con Estados Unidos: ¿Quién va ganando?

CARLO REáTEGUI

Publica: Red Peruana por una Globalización con EquidadAño: 2015 Páginas: 138

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