universidad nacional autonoma de mexico posgrado en geografia

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

POSGRADO EN GEOGRAFIA

“EL CONFLICTO SOCIOTERRITORIAL DE

SANTA MARÍA OSTULA

Y

LA LUCHA ENTRE TERRITORIALIDADES

EN EL CAMPO MEXICANO”

TESIS PARA OPTAR POR

EL GRADO DE DOCTOR EN GEOGRAFÍA

QUE PRESENTA:

EMILIANO IGNACIO DÍAZ CARNERO

DIRECTORA DE TESIS:

DRA. MA. VERÓNICA IBARRA GARCIA. UNAM, FFyL.

COMITÉ DE TITULACIÓN:

DRA. BLANCA REBECA RAMÍREZ VELÁZQUEZ. UAM-XOCHIMILCO

DRA.EULALIA RIBERA CARBÓ. INSTITUTO DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA

DRA. GISELA ESPINOSA DAMIÁN. UAM-XOCHIMILCO

DR. JAIME OSORIO URBINA. UAM-XOCHIMILCO

Ciudad Universitaria, Ciudad de México. Agosto de 2016

UNAM – Dirección General de Bibliotecas

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2 Tesis de Doctorado en Geografía, Emiliano Ignacio Díaz Carnero.

A mi padre y a mi madre, Miguel y Nuri, a mi hermana Amaranta y a mi hermano Pedro.

A Lina, Suyana Tenamaxtle y Cajeme Bizu.

A toda la comunidad de Sta. Ma. Ostula, por su ejemplo, valor y coraje;

mi más sincero respeto y admiración.

En memoria de los hermanos Nahuas asesinados y desaparecidos por la lucha en defensa de su

comunidad, su territorio ancestral y su modo de vida comunal; y para que su lucha no haya sido en

vano.

En memoria de Don Juan Chávez y de Federico Ortiz.


ÍNDICE

Introducción ____________________________________________________________ 7

CAPÍTULO 1 __________________________________________________________ 14

Metodología y premisas del análisis socioterritorial: racionalidad dialéctica y Economía Política en la Geografía crítica. ___________________________________ 14

1.1 La lógica metodológica del análisis socioterritorial_________________________ 14

1.1.1 La realidad y su conocimiento desde la racionalidad dialéctica: teoría, método y epistemología._______________________________________________ 17

1.2 Quitarse el miedo a teorizar ___________________________________________ 29

1.3 Economía política y geografía crítica en el análisis socioterritorial. ___________ 33

1.3.1 Economía política desde la racionalidad dialéctica ____________________ 34

1.3.2 Geografía crítica y análisis socioterritorial _________________________ 41

1.4 El análisis socioterritorial _____________________________________________ 43

1.4.1 La producción social del espacio ___________________________________ 51

1.4.2 Territorio, territorialidad social y territorialidad de cada formación social. ___________________________________________________________________ 53

CAPÍTULO 2 __________________________________________________________ 57

La expansión de la lógica socioterritorial del capital y las territorialidades de cada patrón de reproducción de capital en México: la lucha entre territorialidades y los conflictos socioterritoriales que genera en el campo mexicano __________________ 57

2.1 Las categorías y conceptos para el análisis socioterritorial de la lucha entre territorialidades en el campo mexicano y los conflictos socioterritoriales que genera. 59

2.2 La expansión de la lógica socioterritorial del capital en el campo mexicano ____ 64

2.2.1 Las definiciones pendientes de la revolución mexicana y la reforma agraria: los orígenes profundos de los actuales conflictos sociales en el campo mexicano 67

2.2.2 La disputa por la aplicación del 27 Constitucional. ___________________ 70

2.2.3 Las raíces de la lucha entre territorialidades en el campo mexicano. _____ 74

2.3 La lucha entre territorialidades en el campo mexicano: el neoliberalismo como patrón de reproducción de capital. _________________________________________ 78

2.3.1 El neoliberalismo como patrón de reproducción de capital _____________ 79

2.3.2 El neoliberalismo en México. ______________________________________ 82


2.3.3 La territorialidad neoliberal en México _____________________________ 89

2.4 La larga lucha de resistencia de los pueblos indígenas por el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos. ____________________________________________ 95

2.4.1 El derecho internacional y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. ______________________________________________________________ 96

2.4.2 Las vías de la autodeterminación: independencia o autonomía. _________ 98

2.4.3 La lucha por el reconocimiento constitucional al derecho a la autonomía en México: los Acuerdos de San Andrés. ______________________________________ 100

2.4.4 El Congreso Nacional Indígena ___________________________________ 103

2.5 La negación histórica de los derechos de los pueblos indígenas: La “Doctrina del descubrimiento”._______________________________________________________ 107

2.5.1 La Doctrina del descubrimiento __________________________________ 109

2.5.2 La negación en los hechos de los derechos de los pueblos indígenas: la aplicación de la doctrina del descubrimiento actualmente en México. _______ 115

CAPÍTULO 3 _________________________________________________________ 120

La lucha entre territorialidades en el campo mexicano y el conflicto socioterritorial en Santa María Ostula en la costa Nahua de Michoacán. ________________________ 120

3.1 La lucha entre territorialidades en el campo mexicano ____________________ 120

3.1.1 De la vía legal a la vía narco paramilitar. ____________________________ 126

3.1.2 La violencia y el conflicto en el análisis socioterritorial ________________ 130

3.1.3 El análisis socioterritorial como herramienta de la Geografía para la paz _ 133

3.2 Conocer el conflicto agrario de Santa María Ostula, para comprender la producción social del espacio en la costa Nahua de Michoacán _________________ 136

3.2.1 Las instituciones que impulsan la lógica socioterritorial del capital en la costa: las semillas del conflicto. ______________________________________________ 141

3.3 Del conflicto agrario al conflicto socioterritorial en Santa María Ostula. _____ 148

3.3.1 La tierra y el territorio de Santa María Ostula _______________________ 148

3.3.2 El despojo y la resistencia ________________________________________ 156

3.3.3 Ante la dignidad, rebeldía, resistencia y organización comunal, la respuesta fue: violencia ________________________________________________________ 162

3.3.4 La autonomía y el derecho a la autodefensa__________________________ 163

3.3.5 Más violencia ante la dignidad, la resistencia, la autonomía y la autodefensa comunal. ___________________________________________________________ 166

3.4 La lucha entre territorialidades en la costa Nahua de Michoacán y las tendencias del cambio socioterritorial. ______________________________________________ 170


3.4.1 Los vectores de fuerza ___________________________________________ 171

3.4.2 Tendencias del cambio socioterritorial ______________________________ 180

Conclusiones __________________________________________________________ 185

Proposiciones __________________________________________________________ 193

Bibliografía ___________________________________________________________ 199

Hemerografía _________________________________________________________ 205

Documentos ___________________________________________________________ 206

ANEXO ______________________________________________________________ 208


“[…] la rueda y el freno tienen deberes diferentes, pero también uno parecido:

el de hacerse mutuamente daño.” F. Nietzsche, “El viajero y su sombra” (del libro Humano, demasiado humano).


Introducción

Esta investigación pretende conocer, comprender y explicar el conflicto social en Santa

María Ostula, en la costa Nahua de Michoacán, México. Tiene como objetivo explicar,

desde la geografía política, lo que aparenta ser un conflicto agrario pero que en realidad es

un conflicto diferente, un conflicto que denomino conflicto socioterritorial y que no es

excepcional de Ostula, sino que se vive y padece actualmente, en otras regiones del campo

mexicano. Un conflicto actual con profundas raíces históricas, que necesita ser analizado

desde diferentes dimensiones para comprender su complejidad, su magnitud, sus

repercusiones y los retos que nos plantea. Retos que deben servir para pensar y proponer

diferentes caminos para reconciliar y reconstruir un país y una sociedad con un tejido social

vulnerado y fracturado por la violencia. Un país pluricultural y una sociedad diversa

necesitados de un proceso que renueve tanto al Estado y sus instituciones, como las formas

de relación entre Estado-sociedad. Un proceso de reconciliación y reconstrucción que

permita el dialogo plural para constituir un nuevo pacto social de convivencia.

El 29 de junio de 2009, la comunidad Nahua de Santa María Ostula –ubicada en el

municipio de Aquila, costa de Michoacán, México– recuperó de manera pacífica mil

hectáreas de tierras costeras pertenecientes a su territorio ancestral, las cuales están

incluidas y delimitadas en sus Títulos Virreinales. Ahí, la comunidad fundó un nuevo

poblado al que nombró San Diego Xayakalan (“el lugar de los danzantes con máscaras” en

lengua Nahua). El día de la recuperación, un grupo de narco-paramilitares los atacó con

armas de grueso calibre. Según denuncian los comuneros de Ostula, el grupo fue pagado y

enviado por los poderosos ganaderos, caciques y narcotraficantes con quienes llevan

disputándose la tierra desde hace ya 50 años. Dichos agresores habitan en el poblado vecino

de “La Placita”.

La comunidad de Ostula, conocedora del poder que ostentan las personas con

quienes se disputan la tierra, se vieron en la necesidad de reorganizar su guardia y policía

comunitaria para defenderse.

Las tierras, en disputa, son codiciadas por los particulares de La Placita, grupos del

crimen organizado, el gobierno federal, estatal y municipal, la empresa minera Ternium-


Hylsa y empresas hoteleras. Ahí era donde “el narco” traficaba droga1 y donde enterraban a

sus enemigos ejecutados2. Además ahí, el gobierno de Michoacán y empresas privadas

pretendían hacer un parador turístico3 y un pequeño puerto4 para sacar el mineral de hierro

que se extrae de la mina “las Encinas”, propiedad de la trasnacional Ternium-Hylsa y

localizada en la cabecera municipal de Aquila.

Desde el día de la recuperación de las tierras hasta hoy, la comunidad de Ostula

cuenta a 34 de sus comuneros asesinados y 5 desaparecidos (entre ellos Francisco de Asís

Manuel, Presidente de los Bienes Comunales de Ostula, desaparecido el 20 de abril de

2010), quienes habían defendido tanto sus tierras y territorios, cuanto su modo de vida

comunal y su derecho a la autodeterminación por la vía de la autonomía. Todo ello hace

que este conflicto social trascienda de conflicto agrario a uno de nuevo tipo.

¿A qué responde esta violencia?, ¿cómo explicar este conflicto desde la geografía

política y desde una geografía crítica?, ¿cuál es el origen profundo de este conflicto?, ¿qué

perspectivas de solución existen?, ¿en qué contexto del movimiento indígena, campesino y

popular en México se da la acción de la comunidad de Ostula?, ¿qué relación tiene el

conflicto agrario de Ostula con el actual patrón de reproducción de capital en México?,

¿qué tipo de conflicto social estamos analizando?

Mi práctica profesional de geógrafo me llevó a trabajar como asesor técnico

topográfico para algunos ejidos y comunidades indígenas en México, en diferentes litigios

agrarios. Lo anterior me dotó de cierto grado de conocimiento histórico y social respecto a

la historia agraria de este país y a la vida colectiva y comunal al interior de los ejidos y

comunidades, respectivamente. En esas andadas, llegué a la comunidad de Sta. Ma. Ostula,

en la costa Nahua michoacana por el verano de 2005. Ahí conocí su territorio y modo de

vida comunal, así mismo pude conocer su problemática agraria y social. Conviví con

comuneros y comuneras y fueron ellos quienes me invitaron a participar en sus talleres,

reuniones y asambleas comunitarias. En esos espacios, intercambiamos ideas sobre la

historia de México, el zapatismo y la geografía, plática que siempre se encaminaba a dar

1 “El México Narco”, Segunda parte. Revista Proceso, Número 25, edición especial, Julio de 2009. 2 Comunicado del 9 de agosto de 2009 de la “Comisión para la defensa de los Bienes Comunales de

Sta. Ma. Ostula”. 3 FONATUR, Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán.

Resumen ejecutivo, 2006. 4 Se pueden consultar las notas del diario “La Jornada Michoacán” de los días 29, 30 y 31 de julio de

2009. [www.jornadamichoacan.com] Acceso: 03/09/2016.


cuenta de los vínculos entre la geografía, el ejercicio del poder y su relación con el

territorio. Y por supuesto, sobre la defensa de éste último.

Fue así como comencé a apoyar a la comunidad de Ostula en sus problemas

agrarios. Con el tiempo y al ir conociendo más los problemas en toda su complejidad, me

surgió la inquietud investigativa sobre, cómo explicar el conflicto agrario y el conflicto

social de Ostula desde la geografía crítica y desde la historia de la cuestión agraria

mexicana. Así mismo, cómo explicar la violencia, el despojo, la resistencia y su lucha por

la autonomía, relacionando todos los elementos que están involucrados en este conflicto, a

saber, la historia, el contexto y el horizonte de la lucha campesina e indígena del México

contemporáneo. Y sobre todo: ¿cuál es el porvenir de la comunidad rural mexicana (ejidos

y comunidades) ante la intensificación del actual patrón de reproducción de capital

neoliberal en México? Esta inquietud se las compartí a los compañeros, resultando de ello

su apoyo para que la resolviera o por lo menos se entendiera de manera más clara.

Lo anterior implicaba pulir, profundizar y superar mi análisis sobre la lucha entre

territorialidades, realizado en mi tesis de maestría5. Partiendo del hecho de que en ese

momento, sin comprenderlo aún, pero intuyéndolo, creía estar ante un nuevo tipo de

conflicto social. Un conflicto diferente al agrario tradicional y al geopolítico clásico.

Al conflicto agrario tradicional ya lo había caracterizado años atrás acompañando a

ejidos y comunidades en sus litigios y conflictos agrarios. El geopolítico, lo había estudiado

en la Licenciatura de Geografía en las diversas asignaturas sobre geografía política. Sin

embargo, tenía que investigar los elementos y relaciones sociales, económicas y políticas

profundas del aparente conflicto agrario, en ese sentido, indagar hondamente implicaba

recurrir no sólo a la historia general del agrarismo en México o al zapatismo en particular,

sino a la economía política de Marx. Esto es, no al Marx militante y activo político

comunista, sino al Marx crítico de la economía política capitalista.

Comprender tanto el método como la epistemología de Marx no es una tarea fácil,

ya que él nunca los hizo explícitos, salvo las diez hojas de los Gündrisse sobre el tema, es

por ello que tuve que apoyarme en otros autores. Recurrí a Ruy M. Marini y Jaime Osorio

para informarme del análisis sobre el capitalismo dependiente latinoamericano; a Henri

5 Díaz Carnero Emiliano Ignacio (2010) Geografía política de los conflictos agrarios en la costa de Jalisco. Tesis para obtener el grado de maestro en Desarrollo Rural, Ciudad de México: UAM-Xochimilco.


Lefébvre y sus aportaciones sobre la producción social del espacio; la propuesta del

materialismo histórico geográfico de David Harvey; el pensamiento epistémico de

Zemelman y la epistemología dialéctica crítica de Covarrubias. Todo lo cual me permitió

darle forma y contenido a mi propuesta de análisis socioterritorial y así trascender mi

embrionaria proposición de análisis para la lucha entre territorialidades en el campo

mexicano, de mi tesis de maestría.

Lo que se leerá a continuación es un intento de aclarar mis propias ideas sobre la

naturaleza de los conflictos actuales en el campo mexicano, así como un esfuerzo por dar

respuesta a las cuatro preguntas centrales del análisis socioterritorial: ¿quién(es) tienen la

tierra?, ¿quién detenta el poder?, ¿cómo ejercen el poder quien(es) lo detenta(n)?, y la

más específica, ¿cómo producen el espacio quienes detentan el poder y la tierra?

Respuestas que representan el discurso sustantivo final de esta investigación y que

pretenden ser la síntesis concreta de mí propuesta de análisis socioterritorial, esto es, sobre

la lucha entre territorialidades en el campo mexicano y el nuevo tipo de conflicto social que

crea: el socioterritorial.

En la producción material y simbólica de su existencia, los seres humanos en

general y cada formación económica social en particular, independientemente de su

voluntad establecen determinadas relaciones de producción y reproducción de lo social,

esto es, relaciones sociales que producen social e históricamente el espacio en que viven y

en donde producen estructuras espaciales, a través de instituciones que las reproducen. A

esa producción y reproducción del espacio le llamo “territorialidad social”.

Territorialidad social que toda formación social produce y reproduce a través de

instituciones y estructuras espaciales, condicionadas por concepciones y prácticas

particulares (con intencionalidades económicas, políticas, jurídicas y culturales

específicas), que inciden en la producción social del espacio y por tanto la configuración de

lo socioterritorial.

La territorialidad de los pueblos indígenas como formación social está “garantizada”

en derecho, bajo un cierto grupo de leyes que podríamos llamar como “derechos

indígenas”. Derechos que incluyen el ejercicio pleno de la autonomía, lo que implica:

propiedad comunal, gobierno propio, cultura, salud, educación, impartición de justicia y

seguridad entre otros temas. “Derechos indígenas” que sólo existen en las Constituciones,


Leyes, Tratados y Convenios Internacionales pero que en los hechos son negados por las

relaciones de producción capitalistas y el dominio de clase de los Estados modernos en

términos generales. Derechos que en el caso específico de esta investigación, son negados

en los hechos por el patrón de reproducción de capital neoliberal, la territorialidad

neoliberal y el dominio de clase del Estado mexicano.

Las relaciones de producción capitalistas producen el espacio a través de la lógica

socioterritorial del capital y la territorialidad de cada patrón de reproducción de capital,

ambas categorías serán desarrolladas en el primer capítulo.

En la actualidad, la territorialidad neoliberal en México está negando en los hechos,

a través de múltiples mecanismos de despojo y violencia, la producción y reproducción de

las territorialidades de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Es decir, la

territorialidad neoliberal niega en los hechos el ejercicio pleno del derecho a la autonomía

y los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas.

Comunidades indígenas y campesinas que luchan, resisten y se organizan para hacerle

frente al despojo, la violencia y la dominación neoliberal, lo que produce el conflicto

socioterritorial y la lucha entre territorialidades en el campo mexicano. Una lucha actual,

pero que es el producto histórico de la resistencia de larga duración de los pueblos

indígenas frente al despojo y la dominación capitalista, en tanto que hoy representa una fase

superior de la lucha de clases en el campo mexicano ante la intensificación del patrón de

reproducción de capital neoliberal que las comunidades indígenas y campesinas combaten.

La investigación concluye hasta diciembre de 2015, por lo que analiza de manera

tangencial los eventos que sucedieron respecto al surgimiento de las llamadas

“autodefensas” en casi todo el estado de Michoacán en febrero de 2013 y que fueron

desarmadas en 2014 para convertirse de las llamadas “Fuerzas rurales”. Autodefensas que

se inspiran en la experiencia de Ostula, experiencia que a pesar de toda la propaganda

mediática, no ha logrado terminar con la profunda crisis de inseguridad que prevalece en

Michoacán, tal y como lo denuncia el comunicado del 15 de octubre de 2015 de la

Comisión por la defensa de los Bienes Comunales de Ostula: Rechazamos la implementación del mando único policiaco en los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán pues no existe confianza en las fuerzas de seguridad del gobierno y por el contrario significaría el regreso y afianzamiento de la delincuencia organizada con la consecuente pérdida de muchas vidas.


Por lo anterior, el texto está estructurado de la siguiente manera: un primer capítulo

que explica la lógica metodológica y las categorías de análisis, seguida de una reflexión

teórica sobre la economía política, el materialismo histórico y la geografía crítica teniendo

como objetivo explicar la producción social del espacio y su reproducción social, así como

la lógica socioterritorial del capital y la territorialidad de cada patrón de reproducción de

capital. Explicación que se ilustra a través de la historia del campo mexicano.

El segundo capítulo expone históricamente la expansión de la lógica socioterritorial

del capital en el campo mexicano y las características de la territorialidad neoliberal actual.

Explicando cómo la territorialidad neoliberal en México niega en los hechos el legítimo

derecho de los pueblos indígenas de ejercer, por la vía de la autonomía, su derecho a la

libre autodeterminación. Explicando históricamente dicha negación actual por parte del

Estado mexicano y el capital, con la aplicación de la llamada “doctrina del

descubrimiento”. Pero al mismo tiempo, se aborda la resistencia indígena de ayer y de hoy.

Resistencia que tiene al Congreso Nacional Indígena (CNI) y al Ejercito Zapatista de

Liberación Nacional (EZLN), cuyas bases de apoyo participan en el CNI, como principal

actor organizado que resiste la territorialidad neoliberal.

El tercer y último capítulo, representa la síntesis concreta de la investigación.

Explicando el conflicto socioterritorial de la comunidad de Santa María Ostula y la lucha

entre territorialidades en la costa Nahua de Michoacán. Y es la síntesis concreta, porque

como diría Kosik, es concreta porque expresa la síntesis de la totalidad social (que

representa el campo mexicano).

Por último, el lector encontrará las conclusiones generales de la investigación.

Conclusiones en donde se enuncian las proposiciones que se defienden y que se sustentan,

las cuales tienen sus premisas en la investigación expuesta en los tres capítulos y en el

anexo incluido al final.


Tenemos en efecto dos alternativas…

Pensamos a América Latina desde las exigencias económicas, políticas, sociales,

etcétera cada vez más profundas, la pensamos desde ese contexto; o bien, pensamos

América Latina haciendo el esfuerzo de colocarnos ante el contexto, sin doblegarnos

a sus lógicas internas.

Si no hacemos el esfuerzo de colocarnos ante el contexto de la globalización,

estamos simplemente organizando un pensamiento y sus consiguientes teorizaciones

sólo en el marco dentro de los parámetros que se nos imponen contextualmente. En

este marco de razonamiento nunca veremos alternativas.

Lo que uno aprecia a través del discurso del poder que se trasmite a través

de los medios de comunicación, pero también a través de las universidades, es que

para hacer historia hay que pensar, colocarse ante el contexto en la perspectiva de

pensar la realidad de una manera diferente a cómo está siendo moldeada por el

discurso dominante. Y que representa un desafío enorme, porque el primer enemigo

que tenemos es la inercia mental. Un segundo enemigo es la pobreza de nuestros

propios lenguajes cognitivos que probablemente no tengan la suficiente fuerza como

para permitirnos este ejercicio de colocarnos ante problemáticas concretas…

Hugo Zemelman

(Epistemología y política en el contexto socio-histórico, Sin fecha, pp. 16).


CAPÍTULO 1

Metodología y premisas del análisis socioterritorial: racionalidad

dialéctica y Economía Política en la Geografía crítica.

El presente capítulo expone primero la lógica metodológica del análisis socioterritorial y

posteriormente, el contenido específico en que se fundamenta dicho análisis. Es decir,

primero se expondrá la forma y posteriormente el fondo, primero la lógica general y

después el contenido específico de las categorías y conceptos de la propuesta. Se

desarrollará la concepción dialéctica de la realidad en que se sustenta el análisis

socioterritorial, la racionalidad dialéctica con su propuesta metodológica adaptada para la

Geografía Política en general y posteriormente las premisas que sustentan las categorías y

conceptos del análisis socioterritorial en particular.

1.1 La lógica metodológica del análisis socioterritorial

“…la conciencia, antes de formarse conceptos, se forma representaciones de los objetos y el espíritu pensador sólo a través de las representaciones, y trabajando sobre ellas,

puede alzarse hasta el conocimiento pensado y el concepto.” Hegel, “Enciclopedia de las ciencias filosóficas”6.

“Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto, unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis,

como resultado, no como punto de partida, aunque sea el varadero punto de partida, y, en consecuencia, el punto de partida también de la intuición y de la representación.”

Marx, “El método de la economía política”7

El método o sistema investigativo en el que se sustenta el análisis socioterritorial aquí

realizado retoma la tradición de pensamiento proveniente de la filosofía o concepción

dialéctica de la realidad en términos generales, aunque de manera específica y con mis

agregados personales, se basa en la epistemología dialéctica crítica propuesta por

6 Hegel, 2004:1 7 Marx, 2007:21.


Covarrubias (2000a y 2000b), el llamado pensamiento epistémico de Zemelman (2000) y

algunos planteamientos de la geografía crítica.

La lógica dialéctica que utilizamos, se basa en la concepción materialista de la

historia desarrollada por Marx a mediados del siglo XIX y que ha sido enriquecida por

muchos más autores y autoras de diferentes contextos históricos, geográficos y culturales.

Las bases en que se concibe la lógica dialéctica antes señalada, coinciden con lo que Ortega

Valcárcel denomina racionalidad dialéctica. “Materialismo y dialéctica dan forma, en

mayor o menor medida, al pensamiento racionalista al cual identificamos como

racionalidad dialéctica” (Ortega Valcárcel, 2000: 207).

Todo sistema investigativo tiene una filosofía o referente teórico-epistemológico

detrás: “Hay teorías sin métodos, pero no métodos sin teorías”, decía acertadamente Harvey

(1969) en su último trabajo con lógica positivista y antes de adoptar una lógica dialéctica.

Entender a la teoría y la filosofía separada de la metodología y viceversa, es una confusión

muy común, sin embargo, concebirlas juntas, esto es, como algo indisolublemente unido,

nos permitirá hablar de paradigmas de investigación, donde su respectivo sistema filosófico

y sistema investigativo se realizan en su aplicación8. Visión integral que nos permitirá

hablar de concepciones ontológicas y concepciones epistemológicas. Concepciones

ontológicas y epistemológicas que construyen prácticas investigativas y sistemas

investigativos que permiten producir conocimiento nuevo, así como potenciar la

intencionalidad política de la teorización, desde la investigación científica. Toda concepción epistemológica está sustentada en una concepción ontológica, i.e., dependiendo de cómo se concibe la realidad es la manera en la que se realiza el proceso de construcción de conocimiento teórico. (Covarrubias, 1999: 3)

La reflexión teórica y metodológica no es ajena a la tradición del pensamiento

geográfico, pues las rupturas y diferencias en las prácticas científicas al interior de la

geografía, que encontramos en la historia de nuestra disciplina, están fundamentadas y

8 “Todo paradigma de investigación se basa en un sistema filosófico y se operacionaliza mediante un

sistema de investigación” (Melchor y Martínez, 2002: 5). Estos autores plantean que en los centros de investigación en México, actualmente están coexistiendo tres sistemas investigativos: el sistema investigativo hipotético-deductivo, basado en el paradigma positivista; el sistema investigativo dialéctico-crítico, basado en el paradigma dialéctico, que los autores relacionan con el materialismo histórico; y el sistema investigativo hermenéutico, basado en el paradigma interpretativo.


tienen sus raíces en diferentes concepciones filosóficas y metodológicas de la ciencia en

general y el espacio en particular.

Muchos geógrafos han señalado no sólo dichas rupturas y diferencias en las

prácticas científicas al interior de la geografía, sino que han hecho explícito el fondo de

dichas diferencias9. Un ejemplo de las rupturas y diferencias en las prácticas geográficas, la

observamos en la crítica al excepcionalismo en geografía que hace Fred K. Schaefer –en

donde se critica la concepción kantiana, muy difundida en su época, respecto a la Geografía

y la Historia– proponiendo una concepción materialista-empirista, de corte cartesiano, para

la geografía. Abogando por una práctica geográfica orientada a la formulación de leyes,

“leyes espaciales” que permitieran explicar los patrones y las tendencias espaciales de la

sociedad, todo lo cual dio impulso inicial a la geografía positivista o cuantitativa. Reflexión

que Schaefer construye teniendo como premisa fundamental que las discusiones

metodológicas, son “señal de salud” de toda disciplina científica (Schaefer, 1988: 30) 10.

Lo anterior ilustra cómo una concepción racionalista de corte materialista-empirista, en

relación con una práctica matemática, logra contraponerse a una concepción idealista y una

práctica descriptiva que existía en la Geografía y en la Historia y que Shaefer denominó

“excepcionalismo”.

La crítica que hace Shaefer al excepcionalismo en la Geografía y la Historia, así

como su propuesta de formular “leyes espaciales”, ejemplifica claramente lo que la lógica

metodológica del análisis socioterritorial enfatiza: la coherencia en la relación entre

concepción y práctica o filosofía y método históricamente ha caracterizado las formas

específicas de hacer ciencia en la geografía moderna. La coherencia en dicha relación, es

fundamental para el quehacer científico riguroso. Es el fundamento y raíz de las rupturas y

diferencias epistemológicas que caracterizan actualmente a las diferentes escuelas,

tendencias o enfoques al interior de la disciplina11. Diferencias epistemológicas que

9 Una buena exposición clara y profunda de las rupturas y diferencias en la geografía la encontramos

en la obra de Ortega Valcárcel titulada Los horizontes de la Geografía (2000). En ella no sólo hace explícita la diferencia epistemológica entre las prácticas antiguas o milenarias de la geografía con las prácticas modernas; sino que profundiza sobre la diferencia entre las mismas prácticas de la geografía moderna.

10 Traducción de la obra original Excepcionalism in Geography, publicada en la Revista "Annals of the Association of American Geographers" en 1953.

11 Como lo son las llamadas por Capel y Urteaga (1984) “las nuevas geografías”: la geografía de la percepción o humanista, la geografía neopositivista o cuantitativa y la geografía crítica o radical. Enfoques o escuelas de pensamiento geográfico que coinciden con los tres sistemas investigativos que Melchor y Martínez (2000) mencionan: el hermenéutico, el positivista y el dialéctico. Para el que quiera revisar más


explican la existencia de lo que Covarrubias denomina “sistemas de investigación” y

Melchor y Martínez “paradigmas investigativos” ya expuesto anteriormente.

La geografía crítica es parte de esta historia de rupturas. Precisamente surge como

una crítica, en los años sesenta y setenta, a la geografía positivista que Schafer contribuyó a

impulsar con su crítica al excepcionalismo en geografía12. Pero dado que el objetivo de

este capítulo no es profundizar sobre dichas diferencias y rupturas, sino hacer explícita la

racionalidad dialéctica para fortalecer el paradigma investigativo de la geografía crítica en

general y el análisis socioterritorial aquí desarrollado de manera específica, se expondrán a

continuación las características de la concepción ontológica de la realidad, la conciencia y

el conocimiento desde la racionalidad dialéctica13. En este mismo sentido, se explican las

bases epistemológicas del sistema investigativo utilizado, ya que son los cimientos o

andamiaje de la lógica metodológica del análisis socioterritorial. Son los elementos con los

que se construyó el objeto de investigación y su problematización. Así mismo, es la base

que orientó el proceso investigativo y que permitió construir el planteamiento final y la

argumentación de esta tesis de Geografía Política.

Por lo anterior, se expone en un primer momento algunas definiciones básicas, tales

como dialéctica, conciencia, concepciones, modos de apropiación de lo real, teoría y los

elementos que la constituyen, así como lo que aquí se entiende por teoría crítica. Para

continuar con las características de lo que Zemelman llama “pensamiento epistémico” y la

lógica metodológica de la “epistemología dialéctica crítica” de Covarrubias. Todo lo

anterior, elementos básicos en los que se apoya el análisis socioterritorial aquí desarrollado.

1.1.1 La realidad y su conocimiento desde la racionalidad dialéctica:

teoría, método y epistemología.

sobre las escuelas de pensamiento geográfico puede revisar, Díaz (2010), Ortega Valcárcel (2000), así como la obra de Aurora García Ballesteros; de Tin Uwin El lugar de la geografía; así como la obra de Milton Santos Por una geografía nueva, entre muchas otras.

12 Sin lugar a dudas no se puede catalogar a Schafer como el centro de la geografía positivista, ya que existen autores como Bunge, Cristhaller, Lösh, Von Thüner y otros que investigan desde esta perspectiva. Sólo que es a partir de la pequeña y única obra del alemán que se inicia una nueva concepción del espacio y de la práctica geográfica. Para el que quiera profundizar más sobre la crítica de Schafer puede consultar la obra misma “excepcionalismo en geografía”, como el estudio introductorio que realiza sobre la misma Horacio Capel, ver: [http://www.ub.edu/geocrit/schaefer2.htm]

13 Como la nombra Ortega Valcárcel (2000).


Hay cuatro concepciones filosóficas que orientan, definen y caracterizan las formas de

pensamiento y de comportamiento que cada sujeto construye. Estas son, a saber, la

concepción ontológica, la concepción gnoseológica, la concepción epistemológica y la,

muchas veces olvidada, concepción teleológica14.

En el entorno académico, existen dos concepciones ontológicas respecto a la

realidad y su conocimiento, muy consolidadas, que se traducen en dos concepciones

epistemológicas: la concepción positivista con su epistemología hipotética-deductiva; y la

concepción dialéctica y su epistemología crítica15. A cada concepción ontológica explícita o implícitamente, consciente o inconsciente, corresponde una práctica social determinada y una determinada práctica investigativa. (Covarrubias, 2000a: 91)

La primera se caracteriza por “una concepción ontológica fragmentarista y práctica-

utilitaria, que se traduce en una concepción que parcela el estudio en campos específicos”

(Covarrubias, 2000a: 91), campos específicos definidos como disciplinas científicas. La

segunda, la concepción ontológica dialéctica “piensa la realidad como totalidad y a las

“cosas” como condensación del todo, siendo la particularidad síntesis y expresión

diferenciada de la totalidad”. En donde las partes no se ven como separadas del todo, sino

como relacionadas con la totalidad y como una manifestación de este, con sus respectivas

especificidades propias16.

14 La concepción ontológica se refiere a la forma específica en que cada sujeto, teoría, cultura o

paradigma concibe la realidad. A las interpretaciones que le da a la naturaleza y a lo real. La concepción gnoseológica, se refiere a la forma en que un sujeto se apropia de la realidad. Covarrubias, siguiendo a Marx, señala cuatro modos de apropiación de lo real: el modo empírico o práctico-utilitario; el modo mágico-religioso; el modo artístico; y el científico o teórico. “Al estudio de las condiciones de interiorización cognitiva de lo real se le denomina Gnoseología o Teoría del Conocimiento y, al estudio de las condiciones de construcción de conocimiento teórico se le llama Epistemología” (Covarrubias, 1999: 3). Según Melchor y Martínez (2002), la concepción epistemológica se refiere a la forma en que un conocimiento puede ser validado o no como científico. Se refiere a la lógica y estructura, de la construcción del discurso sustantivo o de la teoría. Y la concepción teleológica se refiere a los fines para los cuales se construye conocimiento teórico. Pero la concepción teleológica es mejor explicada por Covarrubias cuando pone énfasis y hace explícita la intencionalidad política de su epistemología y su relación con la praxis. “Hacer investigación para definir las acciones políticas a emprender, es introducir la racionalidad en prácticas sociales aparentemente alejadas de ella y poner a la razón al servicio de fuerzas sociales definidas” (Covarrubias, 2000a: 9).

15 Se puede considerar a la hermenéutica, pero hay que ser conscientes que la concepción ontológica en la que se basa, el paradigma interpretativo, actualmente se encuentra en proceso de consolidación.

16 Por eso, Covarrubias retoma a Kosik, a Hegel y a Marx para explicar que: “La parte y el todo son mediaciones de lo real inescindibles temporal y espacialmente y, por ello, “los hechos aislados son abstracciones, elementos artificialmente separados del conjunto, que únicamente mediante su acoplamiento al conjunto correspondiente adquieren veracidad y concreción” (2000a: 93). Y afirma “los hechos son condensaciones del conjunto, vida del todo en lo concreto y que, dada la diferenciación intelectiva de estos


En síntesis, desde la geografía crítica y el análisis socioterritorial aquí propuesto, se

concibe a la dialéctica como el estudio de la dinámica y cambiante realidad, entendida ésta

como una totalidad social constituida por innumerables partes y perspectivas. Realidad

como totalidad social que se dibuja y redibuja a partir del conflicto y su devenir histórico,

en un permanente y constante movimiento. Visión de totalidad que no olvida, omite o

minimiza la especificidad de sus partes, ni las diferentes formas con que éstas se vinculan

con la totalidad social. En donde la parte, la parte concreta, es síntesis de la totalidad

social17.

Nuestras concepciones del mundo dan significado y definen no sólo las

epistemologías del modo de apropiación teórico de la realidad, sino que, y esto es

fundamental, dan contenidos a nuestros conceptos y a las teorías que construimos18.

También definen los juicios que hacemos y nuestra praxis. Praxis que a su vez está

condicionada social e históricamente. Praxis socio-histórica que realizamos cotidianamente

y que al mismo tiempo, moldea nuestra conciencia sobre la realidad19. Praxis socio-

histórica que caracteriza, condiciona y moldea nuestros juicios, nuestros conceptos,

nuestras teorías, nuestras explicaciones nuestros discursos sustantivos y las diferentes

formas como nos situamos o posicionamos ante la realidad, ante nuestro contexto y ante los

retos que este nos plantea. Praxis socio-histórica que caracteriza lo que Max Horkheimer

(1974) conceptualizó como teoría crítica.

hechos, sólo se accede a la concreción pensada del concreto real concibiendo a la parte como el todo viviente en ella” (Idem.).

17 Dicha síntesis permite estudiar el conflicto socioterritorial de Ostula y la lucha entre territorialidades de la costa Nahua de Michoacán en tanto “parte” –con sus especificidades históricas, geográficas y culturales particulares– respecto a la totalidad que representa el campo mexicano. Es decir, una síntesis concreta de la totalidad que representa la cuestión agraria y socioterritorial en México.

18Lógica dialéctica o racionalidad dialéctica que perfila la forma en que conocemos, es decir, no sólo condiciona nuestra epistemología como lo argumenta Covarrubias, sino condiciona nuestra gnoseología o la forma en cómo conocemos, ya que “la dialéctica, tal como la concibe Marx, y también según Hegel, abarca lo que hoy se llama teoría del conocimiento o gnoseología, ciencia que debe enfocar también su objeto desde un punto de vista histórico, investigando y generalizando los orígenes y el desarrollo del conocimiento, y el paso de la falta de conocimiento al conocimiento” (Lenin, 1915: 5).

19 Recordemos las palabras de Marx “No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia” (1974: 36). Ser social porque el ser humano o los individuos no viven, producen y se reproducen de manera aislada, sino que lo hace de manera conjunta, de manera social. “Individuos que producen en sociedad, o sea la producción de individuos socialmente determinada” (2007: 3).


La teoría y la teoría crítica.

Según Poincaré (1914)20 la teoría es un “conjunto de principios sobre un ámbito de objetos

donde aquéllos están tan íntimamente enlazados que, a partir de algunos de ellos, pueden

ser deducidos los restantes”. Definición que nos recuerda a las fórmulas matemáticas de las

que se puede inferir un valor, a partir de otros valores, haciendo un simple despeje. Según

Husserl (1929: 89)21 la teoría es “un sistema de proposiciones cerrado en sí mismo de una

ciencia en general”. Estas dos definiciones de teoría son la base de lo que Max Horkheimer

denominó teoría tradicional, la cual “posee una tendencia que apunta en dirección de un

sistema matemático de signos en cuyas proposiciones y principios aparecerían cada vez

más con mayor recurrencia símbolos matemáticos en lugar de nombres de objetos

experimentales” (Leyva, 1999: 67). Ésta lógica matemática acompaña no sólo a las

ciencias naturales, sino también a las sociales22.

Para Horkheimer, la teoría tradicional, tanto en las ciencias naturales como en las

sociales, termina por concebir a la ciencia y a la teoría como entes autónomos y separados

del proceso socio-histórico En palabras de Gustavo Leyva, la concepción de la teoría así

entendida: “se inscribe en el marco de la pretensión por ascender desde la descripción de

los fenómenos sociales –pasando por la comprensión de ellos– hacia la formación de

conceptos cada vez más generales” (Leyva, 1999: 67 y 68).

Y lo alarmante no es la tendencia hacia la generalización, sino “la escisión cognitiva

que atraviesa a estas ciencias entre, por un lado, el saber formulado conceptualmente y por

el otro, el estado de las cosas que debe ser comprendido bajo el primero”. Bajo esta lógica,

la explicación “no es sino la subsunción de un estado de cosas determinado bajo un saber

conceptual de carácter general, la construcción de una relación entre la mera percepción o

constatación del estado de cosas y la estructura conceptual de nuestro saber” (Horkheimer,

20 Citado por Leyva (1999:66) 21 Citado por Leyva (1999: 66 y 67) 22Para el que quiera profundizar sobre la diferencia entre las leyes sociales y las leyes naturales puede

consultar Osorio, 2004: 17. Quien señala que las leyes sociales son “construcciones que son producidas por las interrelaciones de los hombres” y las naturales “emergen de la naturaleza misma. Ello implica que las primeras son históricas, por lo que pueden ser modificadas en tanto se entienda la lógica que las rige y las razones de su surgimiento en determinados momentos del desarrollo societal, mientras las segundas se presentan como leyes permanentes e inmutables”. Y el autor aclara que permanentes e inmutables “no en el sentido de que las ciencias naturales no pueden establecer nuevas leyes, que modifiquen, cuestiones e incluso nieguen las establecidas en determinado momento. Permanentes e inmutables en tanto regularidades ajenas o externas a la acción de los hombres, y que estos, vía la ciencia, construyen explicaciones para dar cuenta de ellas”.


1937: 167)23. Cuestión fundamental para entender la crítica que hace Horkheimer a la

teoría tradicional, ya que la ciencia y las teorías que ésta construye, no pueden ser

explicadas por la lógica interna de cada una de estas teorías y ciencias, como si fueran

ecuaciones cerradas, sino que tienen que ser comprendidas y explicadas a partir de la praxis

social de cada época. Lo que nos llevará a concebir a la ciencia y a la teoría como una

configuración específica del modo en que la sociedad se enfrenta con la naturaleza, como

“momento del proceso social de producción” (Horkheimer, 1937: 171)24, ya que el mundo

es siempre el “producto de una praxis social general” (Horkheimer, 1937: 173)25. Tal y

como señala Marx sobre el hombre, que es “no solamente un animal social, sino un animal

que sólo puede individualizarse en la sociedad” (2007: 4). Evidenciando que el hombre es

un “ser social”, debido a que el hombre produce en sociedad y es parte de una totalidad

social.

La teoría crítica, como señala muy sintéticamente Leyva (1999), se centra en la

acción humana, reflexiona respecto a los orígenes y génesis de los fenómenos y de los

procesos sociales. Y siempre está al pendiente de la utilidad práctica de los sistemas

conceptuales que crea y su papel en la praxis social de cada contexto histórico.

Considerando a la propia teoría como un momento de la praxis social misma, de la misma

acción social histórica, e insisto, geográfica y cultural. Y eso es lo que le da contenido al

término “critico”, que es concebida como una forma de hacer praxis social. Poniendo a la

razón al servicio de lo social, buscando superar las injusticias existentes e impulsando su

transformación. Elemento crítico de la teoría social, que cuando se traslada a la ciencia

geográfica se convierte en una geografía crítica, en “una geografía comprometida

políticamente con la transformación revolucionaria de la sociedad capitalista” (Delgado,

2003: 79). Elemento crítico tanto de la teoría social, como de la geografía crítica que desde

el análisis socioterritorial se potencia al enfatizar que los sistemas conceptuales producidos

por el quehacer científico no sólo afectan el contexto social, sino que también afectan los

contextos geográficos y culturales específicos en los que se producen los contenidos de los

conceptos de las explicaciones científicas. Es decir, afectan la producción social del espacio

de cada periodo histórico. En otras palabras: produce y reproduce tanto praxis socio-

23 Citado por Leyva, 1999: 67. 24 Ídem. Pág. 68. 25 Ídem. Pág. 69.


históricas como praxis socioterritoriales que condicionan la producción científica.

Producción científica que a su vez, condiciona la praxis socio-histórica y la praxis

socioterritorial.

Este planteamiento crítico de la teoría, no se aleja de la concepción tradicional de la

misma, sino que la radicaliza. Problematizando aspectos que no son valorados ni

dimensionados en la concepción tradicional de la teoría, como es el rol que juega la praxis

socio-histórica concreta de cada periodo y de cada contexto histórico-geográfico y cultural

en la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos26. Problema que nos lleva a

abordar el papel fundamental que juega la praxis socio histórica en el proceso de

construcción de conocimiento. Así como, el papel de la praxis socio histórica en el desfase

y desajuste de la teoría con la realidad. Pero antes de profundizar sobre estos problemas,

que serán abordados en el siguiente apartado dedicado a las características del pensamiento

epistémico, se expondrá la definición que se tiene de teoría desde la epistemología

dialéctica crítica y la estructura de la misma.

La estructura de la teoría.

Desde la epistemología dialéctica crítica la teoría es entendida como “un conocimiento

sustentado en un andamiaje categórico-conceptual resultante de una relación teórica de

conocimiento” (Covarrubias, 2000b: 143). Según este autor, la teoría presenta la siguiente

estructura: el andamiaje categorial, el entramado categórico-conceptual y el discurso

sustantivo.

El andamiaje está conformado por las categorías que sustentan el discurso sustantivo.

El entramado es entendido como “constructo integrado por categorías y conceptos sobre el

cual se articulan los discursos sustantivos científicos y filosóficos” (Covarrubias, 2000b:

141). El discurso sustantivo es el constructo explicativo constituido por el andamiaje y el

entramado categórico-conceptual. “Los entramados sustantivos son los discursos

resultantes de la puesta en juego de los entramados categoriales y conceptuales en la

determinación cognitiva de un concreto real o de varios concretos reales.” (Covarrubias,

2000a: 130).

26 Para el que quiera profundizar más en este problema, se recomienda tanto la lectura de Leyva ya

citada, en especial las páginas 69-73, así como Covarrubias (2000a, 1995 y 1990).


Por lo anterior, las categorías se definen como “las herramientas con las que la

conciencia teorizante se apropia de lo real” (Covarrubias, 1995: 250). El Concepto es la

expresión racional de las representaciones mentales en concretos reales. “Es la construcción

racional del contenido concreto de algo” (Covarrubias, 1990: 260). La teoría es el lente a

través del cual se percibe lo real. Es un discurso construido racionalmente que busca dar

explicaciones sobre concretos reales.

Todo lo anterior, lo explica de manera sintética el siguiente párrafo: La teoría es un sistema integrado por categorías y conceptos cuya validez se establece por su coherencia lógica, por la capacidad explicativa de sus referentes a la realidad y su validez en la práctica. Las categorías son expresiones de lo real, tienen un carácter histórico, poseen distinto grado de abstracción cada una y son herramientas del pensamiento racional. Las relaciones establecidas entre las categorías constituyen la lógica de una teoría, y por esto es por lo que el sistema categorial es, en sí mismo, una forma de pensamiento apropiativo de lo real que, al dársele contenido concreto se transforma en concepto. (Covarrubias, 2000a: 130)

Procesos que se realizan a través de la conciencia y que pueden ser comprendidos

desde la concepción proporcionada por el materialismo histórico y la dialéctica del proceso

de construcción de conciencia y de conocimiento, por lo que los interesados por esta

propuesta epistemológica deben profundizar y revisar con mayor detenimiento.

En síntesis, para la geografía crítica y el análisis socioterritorial, la estructura de la

teoría está constituida por las categorías, los conceptos y los discursos explicativos, como

lo plantea Covarrubias. Los significados y contenidos que le demos a las categorías y que

definirán y diferenciaran nuestros conceptos y discursos explicativos están condicionados

por la concepción ontológica de la realidad; por nuestros referentes o imágenes de

pensamiento sobre lo real. Referentes que están condicionados por nuestra praxis socio-

histórica, es decir, por nuestro contexto histórico, geográfico y cultural. Contenidos y

significados que tienen que orientarse y enfocarse en construir explicaciones particulares y

concretas desde las especificidades históricas, geográficas y culturales de nuestro contexto

y desde nuestros sujetos y objetos de estudio, pero que no descuide ni minimice una lógica

general que contemple la totalidad social. Contenidos y significados que tienen que estar en

una constante “vigilancia epistemológica” como señala Zemelman para así, evitar caer en

desfases y desajustes, como veremos a continuación.


La necesidad de la epistemología.

Para Zemelman las categorías tienen múltiples significados y son los conceptos los que

adquieren contenidos específicos según cada autor27. Desde el punto de vista de Zemelman,

dichos contenidos dependerán de las concepciones filosóficas que tenga el sujeto teorizante,

ya que dichas concepciones definirán los contenidos de los conceptos y de sus argumentos,

juicios y discursos explicativos. En otras palabras, la argumentación sobre los contenidos

de los conceptos que plantea Zemelman, tiene coherencia con la concepción ontológica de

la realidad que plantea Covarrubias; como con los referentes de Hegel y la conciencia

condicionada por la praxis socio-histórica como lo plantean Marx y Horkheimer.

Siguiendo esta idea, Zemelman define el pensamiento como uno, “que se entiende

como una postura, como una actitud que cada persona es capaz de construirse a sí misma

frente a las circunstancias que quiere conocer” (sin fecha: 3). Lo que para González

Casanova representa saber “construir un juicio” respecto a los hechos, “aprender el arte de

formarnos juicios sobre una situación particular” (González Casanova, 2002: 12)28.

Planteamientos que llevan a Zemelman a definir al pensamiento epistémico como

aquel “que no tiene contenido”, y que se centra más en la pregunta que en el predicado. […] no se trata de decir: tengo los conceptos y construyo un discurso cerrado, lleno de significaciones; se trata más bien de partir de la duda previa, anterior a ese discurso cerrado, y formularse la pregunta ¿cómo me puedo colocar yo frente a aquello que quiero conocer? (Sin fecha: 3).

Y cuando Zemelman dice “colocarse frente a las circunstancias”, frente al contexto,

frente a las realidades políticas, económicas, sociales, culturales y conflictivas de la vida

social, lo que está haciendo es poner énfasis en la relación de conocimiento que se está

27 Sobre el constante cambio en los contenidos específicos de los conceptos, Lenin, citando a Engels

afirma: “La gran idea fundamental –escribe Engels– de que el mundo no se compone de un conjunto de objetos terminados y acabados, sino que representan en sí un proceso, en el que las cosas que parecen inmutables, al igual que las imágenes mentales en nuestro cerebro, es decir, los conceptos, se hallan sujetos a un continuo cambio, a un proceso de nacimiento y muerte; esta gran idea fundamental se encuentra ya arraigada desde Hegel en la conciencia común, que apenas habrá alguien que la discuta en su forma general. Pero una cosa es reconocerla de palabra y otra aplicarla en cada caso particular y en cada campo de investigación. Para la filosofía dialéctica no existe nada establecido de una vez para siempre, nada absoluto, consagrado; en todo ve lo que hay de perecedero, y no deja en pie más que el proceso ininterrumpido del parecer y desaparecer, del infinito movimiento ascensional de lo inferior a lo superior” (Lenin, 1915: 5).

28 Texto donde señala la necesidad de “impulsar un nuevo estilo de discutir sin tesis contundentes ni descalificaciones crueles”. Cultivando “la virtud de reflexionar en la deliberación.” Estableciendo “puentes y políticas de acercamiento entre quienes hacen los análisis sociales y quienes los amplían y ponen en práctica” (Casanova, 2002: 13).


construyendo. Ya que no se dan significaciones a priori, sino que se comienza formulando

las preguntas que nos permitan acercarnos a la comprensión de esa realidad que se quiere

conocer y se investiga. Lo que es, según Zemelman, la centralidad del pensamiento

epistémico desarrollado por Karl Popper en su texto “Conjeturas y refutaciones”.

Y esto es muy importante ya que: Los conceptos que utilizamos para entender el Estado, la sociedad, las desigualdades, la democracia, la cultura, incluso para entender las dinámicas sociales, la propia educación, no responden a conceptos que estén reflejando la realidad que llamamos histórica, sino que son conceptos acuñados en otros contextos y que muchas veces la academia repite sin revisar debidamente si están dando cuenta de la realidades concretas (Zemelman, sin fecha: 2).

Planteamiento que nos lleva al desajuste, al desfase que existe entre los conceptos, las

teorías y la realidad. Ya que la realidad no tiene el mismo ritmo que la construcción teórica.

Lo que implica una permanente “vigilancia epistemológica” ante y frente al desfase entre

los conceptos, la teoría y la dinámica de la realidad y que es necesario tener presente a la

hora de construir conceptos y explicaciones teóricas.

Al dimensionar el proceso de construcción socio-histórica (geográfica y cultural,

insisto) de los significados y contenidos específicos de los conceptos, no sólo ponemos en

el centro del problema, el construir nuevos significados que nos evitaran ponerle nombres

viejos a cosas nuevas; sino que nos permite validar y verificar si los contenidos de los

conceptos y las explicaciones teóricas, se ajustan a la realidad en la que vivimos y a la cual

queremos comprender. Lo que tiene no sólo implicaciones académicas (tanto en la docencia

como en la investigación), sino en la vida práctica y política. Ya que toda afirmación

teórica tiene implicaciones políticas y efectos sociales.

A continuación, se exponen los pasos del sistema investigativo en que se sustenta el

análisis socioterritorial, para poder comprender en qué momento o etapa del proceso

investigativo es posible teorizar. Pasando de lo simple a lo complejo y relacionando los

elementos contradictorios de la totalidad expresados en nuestros objetos de investigación.

Para que el resultado de nuestro proceso investigativo, es decir, nuestro discurso explicativo

final, tenga los contenidos específicos que se conviertan en la síntesis concreta de la

totalidad.


Las etapas del sistema investigativo dialéctico crítico.

La concepción dialéctica de la realidad, tiene varias expresiones epistemológicas29. Una de

ellas es la propuesta epistemológica dialéctica crítica construida por Covarrubias (2000a),

que a su vez tiene una expresión técnico-procedimental específica (Covarrubias, 2000b). Toda concepción epistemológica está sustentada en una concepción ontológica. I.e., dependiendo de cómo se concibe la realidad es la manera la que se realiza el proceso de construcción de conocimiento teórico. No existe ser humano que no posea una concepción ontológica, aunque en ocasiones se suponga que el científico está exento de ella. De este modo, la concepción ontológica se traduce a concepción epistemológica y ésta se encarna como método. Método es el conjunto de fases lógicas en las que se realiza un proceso teórico de construcción de conocimiento. En cada fase lógica se utilizan determinadas técnicas y se siguen determinados procedimientos. Al conjunto de técnicas utilizadas y procedimientos seguidos en un proceso de investigación se le llama Sistema de Investigación. (Covarrubias, 1999: 3)

La epistemología dialéctico crítica busca “recuperar los planteamientos e

intencionalidades de esa corriente [la marxista] para entender y construir una propuesta

epistemológica, y no de armar el sistema epistémico-metodológico contenido en ella”

(Covarrubias, 2000a: 8). En este sentido, es importante enfatizar que “parece ser correcto el

camino de la recuperación epistemológica de la dialéctica propuesto por Zemelman,

consistente en tornarla como una forma de razonamiento que responda a una visión de la

realidad que sea susceptible de transformarse en actividades concretas de conocimiento y

no en la formulación de un método general” (Covarrubias, 2000a: 96).

Su aplicación procedimental es un proceso unitario pero que tiene tres fases bien

diferenciadas: la primera, la lógica de apropiación del objeto formal, en la cual se

construye el objeto de investigación a través de varias etapas30; la segunda, la etapa de

investigación propiamente, está basada en el esquema de investigación y el plan de trabajo

construidos en la primera etapa; y la tercera y última, la lógica de exposición, que tiene

como objetivo la exposición final de los resultados de la investigación. Y se presenta o

expone a través de la construcción de un discurso explicativo final, que se denomina

discursos sustantivo resultado de la investigación.

29 Desde Althusser (1978) hasta Eli de Gortari (1983). 30 1.1 Detección inquietudes investigativas;1.2 depuración inquietudes investigativas; traducción de

inquietudes investigativas a interrogaciones; 1.4 traducción de enunciados interrogativos a enunciados temáticos; 1.5 jerarquización de los enunciados temáticos (a.-posibilidad de ser investigado; b.- importancia científica; c.- intensidad inquietud investigativa; d.- relevancia social del tema); 1.6 análisis de la jerarquización y selección de un enunciado temático; 1.7 problematización de enunciado temático seleccionado; 1.8 traducción enunciado problemáticos en ámbitos y sub-ámbitos de indagación; 1.9 denominación de objeto de investigación; 1.10 construcción esquema de investigación; 1.11 selección de las fuentes de información; y 1.12 diseño del plan de trabajo.


La lógica de apropiación busca las exigencias cognitivas del objeto investigado y

no la lógica de la demostración de una formulación hipotética, “que de manera deductiva,

constate la validez o no de las construcciones teóricas a través de supuestas confrontaciones

empíricas expresadas a través de datos” (Covarrubias, 2000a: 9).

En esta primera etapa se construye el objeto de investigación, el cual tiene “la

función de producir un primer acercamiento al proceso real del cual se propone su

apropiación. Los momentos apropiativos del concreto real se continúan en las siguientes

fases del proceso investigativo, buscando una relación de pertinencia última entre el objeto

formal primario y la construcción final del discurso explicativo.” (Covarrubias, 2000a: p.9).

La lógica de apropiación del objeto de investigación busca la transición del objeto

formal al concreto real. “Uno es el objeto formal de investigación que construimos para

aprehender un concreto real y otro es el objeto conocido y expuesto. El primero es el

recurso de la razón para acercarse al entendimiento, el otro, es el entendimiento de un

concreto hecho discurso” (Covarrubias, 2000a: 10).

La lógica de exposición busca la explicación de los contenidos ontológicos (de su

naturaleza o en otras palabras, de su forma y contenido) del objeto real expresado a través

de un discurso sustantivo conformado por el andamiaje y entramado teórico, este último

entendido como “constructo integrado por categorías y conceptos sobre el cual se articulan

los discursos sustantivos científicos y filosóficos” (Covarrubias, 2000b: 141) como ya se

había señalado.

En la lógica de investigación es donde se da el proceso cognoscitivo. Es en esta

etapa cundo se pasa de lo simple a lo complejo a través del proceso de abstracción. Es la

etapa en que se descubren las contradicciones de las relaciones entre los sujetos, los

procesos, los objetos o las cosas. Es el puente para la siguiente etapa, la de dar contenido

nuevo expresado en un discurso final explicativo.

La idea de dar contenido nuevo a los conceptos y de hacerlo constantemente está muy

ligada a la dialéctica y su concepción cambiante de la realidad. Realidad mutable que está

en constante transformación. Cambio y transformación que se da tanto en el mundo exterior

como en el pensamiento humano. Ya que como dice Lenin (1915: 5): La gran idea fundamental –escribe Engels– de que el mundo no se compone de un conjunto de objetos terminados y acabados, sino que representa en si un conjunto de procesos, en el que las cosas que parecen inmutables, al igual que sus imágenes mentales en nuestro cerebro, es decir, los conceptos, se hallan sujetos a un continuo cambio, a un proceso de nacimiento y muerte; esta gran idea fundamental


se encuentra ya tan arraigada desde Hegel en la conciencia común, que apenas habrá alguien que la discuta en su forma general. Pero una cosa es reconocerla de palabra y otra aplicarla en cada caso particular y en cada campo de la investigación. Para la filosofía dialéctica no existe nada establecido de una vez para siempre, nada absoluto, consagrado; en todo ve lo que hay de perecedero, y no deja en píe más que el proceso ininterrumpido del parecer y desaparecer, del infinito movimiento ascensional de lo inferior a lo superior.

Y justamente lo que se trata aquí es de llevar esta idea de cambio, de renovación de

los conceptos y de los discursos sustantivos a los casos particulares, para rescatar, resaltar

su especificidad y la síntesis concreta de la totalidad social en la investigación y en las

explicaciones científicas.

A manera de síntesis y con una visión en conjunto. Los planteamientos de Zemelman

del pensamiento epistémico coinciden con la epistemología dialéctico crítica de

Covarrubias, ya que “las categorías, a diferencia de los conceptos que componen un habeas

teórico, no tienen contenido preciso, sino muchos contenidos. En ese sentido, las categorías

pueden ser posibilidades de contenidos, pero no son contenidos demarcados” (Zemelman,

sin fecha: 7). Las categorías son instrumentos tanto para Zemelman como para Covarrubias.

Y es justamente en la culminación de la etapa de investigación y en el inicio de la etapa de

exposición final, cuando se tienen los elementos cognitivos necesarios para poderle dar

contenido y significado a los categorías con las que el investigador se puede colocar ante y

frente al contexto y así poder construir los conceptos que articularan el discurso sustantivo

final de exposición.

Es importante enfatizar, que el autor de esta investigación utilizó la expresión

técnico-procedimental de la epistemológica de Covarrubias, para orientarla y enfocarla al

objeto de investigación de esta tesis de Geografía Política y para dar respuesta a las cuatro

preguntas específicas del análisis socioterritorial31. Investigación que respeta la lógica

general de las tres etapas del procedimiento de Covarrubias como forma de razonamiento

específico, pero que se enfoca en conocer, comprender y explicar desde la geografía

crítica cómo se está produciendo el espacio social actualmente en México. Para lo que se

tuvo que retomar, revisar, criticar y debatir en algunos casos no sólo los aportes de autores

clásicos como Hegel, Marx, Engels, Lenin y Kosik, sino de autores contemporáneos de la

ciencia social latinoamericana como Osorio y Zemelman, así como de autores provenientes

31 ¿Quién tiene la tierra?, ¿quién detenta el poder?, ¿cómo ejerce el poder quien(es) lo detenta(n)?, y

la más específica: ¿cómo producen el espacio quienes detentan el poder y quienes tienen la tierra?


de la geografía crítica como Lefebvre (que a pesar de ser filósofo, es un autor

imprescindible para la geografía crítica), Harvey, Sack, entre otros; Además, algo

fundamental: la sistematización de la propia experiencia académica y profesional del autor

de estas líneas.

Tres etapas de un mismo proceso que en el análisis socioterritorial aquí expuesto se

pueden observar ordenados de la siguiente manera: (1) La definición del objeto de

investigación y la formulación de las cuatro preguntas centrales del análisis socioterritorial

respecto al conflicto social de Ostula (objeto formal). Preguntas basadas en las categorías

desarrolladas en mi tesis de maestría sobre la lucha entre territorialidades en México y que

forman parte esencial de la lógica de apropiación. (2) El proceso de toma de conciencia de

los elementos que definen y caracterizan el nuevo tipo de conflicto social: el conflicto

socioterritorial como parte sustantiva de la lógica de apropiación del objeto de

investigación. Y finalmente, (3) la exposición final del discurso sustantivo, es decir, el

contenido específico que da sentido y coherencia, no sólo a las premisas y conclusiones de

la argumentación, sino que da contenido a la explicación específica del conflicto

socioterritorial de Ostula (concreto real) como síntesis concreta de la lucha entre

territorialidades que se está configurando actualmente en la totalidad social que representa

el campo mexicano.

Por lo anterior, en este apartado se hizo mayor énfasis en las etapas o fases que en

las técnicas, en tanto que, como se señaló en los párrafos anteriores, son las etapas del

procedimiento de la epistemología crítica de Covarrubias las que orientaron y guiaron el

análisis socioterritorial aquí propuesto. Lo que no implica mencionar que las técnicas

utilizadas en esta investigación fueron hechas desde las fichas bibliográficas, las entrevistas

a profundidad, hasta la investigación-acción32.

1.2 Quitarse el miedo a teorizar

Como bien señalan Marx y Horkehimer, la praxis socio-histórica define la realidad y

nuestra conciencia sobre ella. Al mismo tiempo que da significado a nuestras concepciones

32 Técnica no utilizada por Covarrubias, pero que el autor de esta tesis utiliza desde su tesis de licenciatura y que le ha permitido tener contacto directo con los conflictos sociales que transforman la realidad permanentemente y así poder reflexionar y teorizar a partir de la práctica y la realidad concreta.


del mundo y a nuestros conceptos y teorías. Y dado que la praxis socio-histórica es

condicionante en nuestra realidad y en nuestra concepción y comprensión de la misma, es

importante enfatizar la advertencia que hace Zemelman sobre la necesidad y obligación de

situarse ante y frente al contexto, y no sólo de pensar desde el contexto y desde el discurso

dominante.

Para comprender mejor la idea de situarse ante y frente el contexto, se retoma la

problemática antes señalada (ver página 22), en tanto eje de análisis, esto es: a) el dar

significado a las categorías y re significar los conceptos según nuestro contexto histórico-

geográfico y cultural específico; b) ser conscientes del desfase y desajuste que los

significados, los conceptos y los discursos explicativos pueden comenzar a tener ante y

frente al devenir histórico, frente al contexto histórico-geográfico y cultural específico en el

que fueron construidos y para los fines cognitivos y explicativos para los que fueron

elaborados.

Así y sólo así, podremos dejar de nombrar con contenidos viejos a procesos actuales

para hacer frente a la crisis en la teorización que actualmente padecemos, ya que como

señalan diferentes autores, hay una crisis en la teoría social en general y en la teoría social

latinoamericana. Y más aún, en la teoría crítica latinoamericana y en su esfuerzo de

construir alternativas propias.

Para Boaventura de Sousa Santos, una manifestación de la crisis de la ciencia social

y el pensamiento crítico latinoamericano es su eurocentrismo y su monoculturalismo. El pensamiento crítico latinoamericano, a pesar de sus críticas al eurocentrismo es, de hecho, muy eurocéntrico y monocultural. La riqueza del pensamiento popular, campesino e indígena ha sido totalmente despreciada. Es preciso poner fin a ese desperdicio de experiencia. El mayor desafío del pensamiento es, en mi opinión, lo más visible: el desafío de una transformación epistemológica profunda que haga de éste un agente de justicia cognitiva y no de injusticia cognitiva, como ha sido el caso. No se trata solamente de un nuevo pensamiento crítico, se trata de una manera diferente de producir pensamiento crítico33.

Transformación epistemológica que no sólo dé nuevos contenidos y significados a

conceptos y discursos o que expliquen problemas nuevos, sino que construyan alternativas

auténticas y pertinentes, según las especificidades históricas, geográficas y culturales de

nuestros contextos, nuestra historia y nuestros pueblos. Empero, donde nuestros análisis y

33 Boaventura de Sousa Santos “Interrogando al pensamiento crítico latinoamericano”. En Cuadernos

del Pensamiento crítico latinoamericano. CLACSO, número 43, año 4, 17 de septiembre de 2011. La jornada [www.jornada.unam.mx/]


nuestra praxis socio-histórica no sólo estudien y se esfuercen por construir dichas

alternativas con A mayúscula, sino que las analicen con la “a” minúscula referente al cómo

se dibujan y redibujan. En donde nuestro análisis aporte a construir y fortalecer dichas

alternativas. El pensamiento crítico del siglo XX estuvo fundado en la posibilidad de una Alternativa (con A mayúscula) socialista al capitalismo. La experiencia cubana no fue lo suficientemente fuerte para sustentarla cuando esta alternativa colapsó en Europa del Este (cualquiera que sea el análisis que se haga de los regímenes que prevalecieron en esa región hasta 1989). Sin embargo, fueron surgiendo alternativas (con a minúscula) que los cuadros teóricos dominantes no estaban preparados para identificar y valorar. El reflujo se expresa por la distancia –nunca tan grande como hoy– entre la teoría crítica y las prácticas de transformación social y por la consecuente “desteorización” de las muchas instancias prácticas que tenemos en el continente: desde el Foro Social Mundial hasta el protagonismo del movimiento indígena, de Lula a Chávez, de la Bolsa-familia a las constituciones de Bolivia y de Ecuador”34.

Ante la crisis de las alternativas y la crisis de las ciencias sociales para cuestionar y

criticar las acciones de los dominadores hacia los dominados, González Casanova alerta

de no repetir posiciones dogmáticas y prepotentes. “Tras el fracaso de los proyectos

alternativos socialdemócratas, comunistas y de liberación nacional no podemos seguirnos

atacando y defendiendo con prepotencia pomposa, doctrinal. Era malo antes, ahora es peor”

(2002: 12).

Por lo anterior, González Casanova propone rescatar lo mejor de la democracia y lo

mejor del socialismo, ya que él replantea el problema de “cómo seguir dando prioridad a la

democracia en condiciones crecientes de barbarie, asedio y miseria y con plena conciencia

de que sin democracia no habrá socialismo, y sin socialismo, no habrá democracia” (2002:

35). A lo que le agregaría, lo mejor de las experiencias y alternativas libertarias y de

autonomía de los pueblos indígenas. Las experiencias de alternativas libertarias y de

autonomía indígena que se han construido con “a” minúscula, como dice Sousa, que no

salen en los grandes medios de comunicación, ni en las revistas de investigación científica

de alto ranking internacional. Sin embargo, son las semillas de las nuevas relaciones

sociales que la ciencia social en general y la geografía en particular necesita plantearse,

problematizar, estudiar, investigar y analizar teórica e históricamente. Y como propone

Zemelman, plantearse ante y frente el contexto, nuestro contexto. Un contexto

intercultural, diverso y complejo que no se ha comprendido aún por la ciencia social

34 Idem.


latinoamericana. Que la literatura ha comprendido y comenzado a recrear (ver el realismo

mágico), pero que para la política tradicional aún parece ser un horizonte muy lejano de

comprensión. Tal como lo dijo José Carlos Mariátegui, tenemos que construir algo propio,

algo que no sea ni copia ni calca, sino algo propio35.

Sólo con pluralidad, respeto y dando nuevos significados y contenidos a problemas

viejos y nuevos, podremos dar un salto epistemológico, cognoscitivo, metodológico,

pedagógico y político como el que hizo Freire con su pedagogía del oprimido y que su frase

“quitarse el miedo a ser libre” de la pedagogía del oprimido sintetiza y quedó para la

historia como una constante advertencia de no reproducir los esquemas tradicionales.

Esquemas tradicionales que para la pedagogía representa el conductismo en la educación

formal, así como la teoría tradicional frente a la teoría crítica como lo señaló Horkheimer.

Por todo lo anterior, se coincide con González Casanova cuando plantea: “Tal vez,

debemos hacer esfuerzos extraordinarios para aprender de nuevo ciencias sociales. Sin

olvidar todo lo aprendido. Pero, sí necesitamos aprender a pensar y actuar frente a un

sistema dominante que, sin duda, ha aprendido mucho, y necesitamos aprender al lado de

los movimientos sociales que también han aprendido” (2002: 25).

Sobre la propuesta de aprender de nuevo ciencia social de Casanova, retomo el

sentido crítico de la teoría de Marx, la cual es recuperada por Gustavo Leyva (1999: 74)

desde el espíritu fundamental de la teoría crítica de Horkheimer, se muestra en el

“contenido” de la crítica a la economía política capitalista que realiza Marx: […] se estructura más bien en una relación de negatividad y desenmascaramiento de conceptos y procesos sociales específicos: así, por ejemplo, diría Horkheimer, en el caso de la crítica de la economía política, el contenido (Inhalt) de esta crítica es la “transformación” (Umschlag) de los conceptos que aparecen en el discurso en su contrario: el concepto de cambio justo se transforma por la crítica en la profundización de la justicia social; el concepto de libre mercado, en el dominio del monopolio; el mantenimiento de la vida de la sociedad, en la creciente miseria de los pueblos (Horkheimer, 1937a: 219-220). De esta manera, la crítica, en los ejemplos anteriormente mencionados, desenmascara las ilusiones armónicas del liberalismo, descubre sus contradicciones internas y el carácter abstracto de su concepto de libertad.

De ahí la necesidad de desenmascarar lo superficial de los conceptos, de los hechos,

fenómenos y procesos sociales. La necesidad de problematizarlos e indagar en sus orígenes,

sus raíces y contradicciones, para tener una mejor comprensión teórica e histórica de los

35 Mariátegui propuso en su momento el “indosocialismo”. Para el que quiera profundizar más sobre

las reflexiones y propuestas de este fundamental autor latinoamericano, puede consultar su principal obra Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana.


contextos actuales. Comprendiendo los roles y funciones de las estructuras, instituciones y

modos de dominación y reproducción del capital contemporáneos. Señalando a los actores

de la dominación y de la resistencia, analizando sus discursos y mecanismos de dominación

y resistencia. Ya que dominación y resistencia están íntimamente vinculadas en una

relación dialéctica, es decir, relación contradictoria y conflictiva. Por eso la metáfora de la

rueda y el freno de Nietzsche y la propuesta de análisis socioterritorial de la lucha entre

territorialidades en el campo mexicano. Propuesta que tiene como principales herramientas

de análisis a las categorías y conceptos que sostienen su discurso sustantivo. Andamiaje y

entramado categórico-conceptual, que va desde las categorías de patrón de reproducción de

capital de Osorio, hasta las categorías específicas desarrolladas tanto en esta tesis de

doctorado como en la de maestría, como son: tendencias de cambio socioterritorial, los

vectores de fuerza (actores, discursos y mecanismo) de la dialéctica

fragmentación/integración de la lucha entre territorialidades, así como los conceptos de

territorialidad social, lógica socioterritorial del capital, territorialidad de cada patrón de

reproducción de capital, conflicto socioterritorial, entre otros. Herramientas de análisis que

se exponen a continuación unas y en el próximo capítulo otras. Las cuales se utilizan en el

resto de la investigación.

1.3 Economía política y geografía crítica en el análisis socioterritorial.

El presente apartado expone primero el contenido específico en que se fundamenta la

propuesta de análisis socioterritorial, es decir, las premisas que sustentan las categorías y

conceptos del análisis socioterritorial. En el anterior apartado se expuso la lógica

metodológica de la racionalidad dialéctica del análisis socioterritorial, más no su contenido

específico36, es decir, se explicó su forma, pero no su fondo. Por lo anterior, se exponen

36 Materialismo y dialéctica como fundamento de la racionalidad dialéctica. Racionalidad dialéctica

para una geografía crítica, que junto con la economía política son la base del materialismo histórico-geográfico en general y del análisis socioterritorial en particular. Racionalidad dialéctica que concibe la realidad de manera dinámica y en permanente cambio, realidad que necesita ser analizada desde la totalidad social en sus dos dimensiones: a través de lo concreto, como mediación entre lo universal y lo particular; y a través de una visión de conjunto que analice las múltiples relaciones económicas, políticas, sociales, culturales, geográficas e históricas que producen y reproducen la realidad en términos generales y que producen y reproducen el espacio social en los términos específicos del análisis socioterritorial. Para así comprender no sólo la lógica y características actuales de la producción del espacio social, sino su historia y sus tendencias de cambio a futuro.


inicialmente las características que el análisis socioterritorial retoma de la Economía

Política, como base y fundamento para exponer la teoría específica dentro de la geografía

crítica que explica la producción social del espacio; para finalmente, exponer los

contenidos específicos de las categorías y conceptos del análisis socioterritorial: la lógica

socioterritorial del capital y la territorialidad de cada patrón de reproducción de capital y de

cada formación social.

Para exponer los conceptos que sustentan el discurso sustantivo del análisis

socioterritorial primero hay que explicar brevemente las premisas básicas del materialismo

histórico, la economía política y la geografía crítica, como base e introducción para

exponer los fundamentos de la concepción del espacio como un producto social y por lo

tanto histórico.

Lo anterior, nos permitirá rescatar los tres elementos fundamentales de la economía

política que contribuyen a consolidar nuestro esfuerzo de fortalecer el método de análisis de

la geografía crítica desde la racionalidad dialéctica: el materialismo histórico-geográfico en

general37 y el análisis socioterritorial en particular. Dichos elementos son: la doble

dimensión de la totalidad social, lo relacional de las categorías de análisis y el papel de la

violencia en la historia.

1.3.1 Economía política desde la racionalidad dialéctica La economía política es una disciplina científica de mucha tradición. Era una carrera que

estaba presente en todas las universidades europeas hasta mediados del siglo XIX y que

tiene como objetivo analizar la sociedad desde su realidad económica, política y jurídica.

Concepción muy diferente a la concepción fragmentada de la realidad que expone la

racionalidad positivista al momento de separar la economía de la política y viceversa.

Concepción positivista que cuando se impuso en las universidades europeas después de las

revoluciones liberales, des-dibujo a la economía política, quedando en el mejor de los

casos, subsumida como una materia más del currículo de la ciencia económica.

Prevaleciendo así, una ciencia económica desvinculada de otros importantes procesos

37 El materialismo histórico-geográfico, interpretado como método, se caracteriza por la relación de lo universal y lo particular (Harvey, 2007: 28). Relación fundamental que para el análisis socioterritorial es de vital importancia al momento de analizar la producción social del espacio a nivel local y regional sin perder de vista los procesos mayores de reproducción de capital en el contexto del sistema mundial capitalista. Pero que necesita ir más allá de este planteamiento general como se expondrá más adelante.


sociales como lo son los políticos y los jurídicos, por mencionar algunos. Lo que permitió

que actualmente la ciencia económica esté casi orientada a estudios macroeconómicos y

microeconómicos exclusivamente.

Ciencia que cuando es retomada desde su tradición científica previa a las

revoluciones liberales y desde una concepción dialéctica y materialista, nos permite

analizar la realidad social desde la totalidad social, ello en dos dimensiones: (1) en tanto

vínculo entre lo universal y lo particular; (2) en tanto realidad construida por el conjunto de

relaciones económicas, políticas, jurídicas, históricas, geográficas y culturales que la

integran. Convirtiéndose así, en una ciencia que analiza la realidad desde la totalidad social

enfatizando las múltiples relaciones que se producen y reproducen entre el todo y las partes.

La visión de conjunto de la economía política contribuye al quehacer de la ciencia

geográfica en su esfuerzo por conocer, comprender, explicar e incidir en las constantes

trasformaciones sociales y espaciales causadas por las relaciones económicas, políticas,

sociales, jurídicas, históricas y culturales; así como en su capacidad de realizar análisis

multi-escalares que integren lo universal y lo particular a través de lo concreto.

Sobre la primera dimensión de la totalidad, esto es, sobre el vínculo entre lo universal

y lo particular, es importante combatir una confusión muy común dentro de la teoría social,

la cual entiende lo singular y lo excepcional como único e irrepetible y no como algo

articulado a una totalidad mayor38. Por eso, dentro del materialismo histórico se utiliza más

la categoría “particular”, la cual hace referencia a las características específicas de un

proceso, pero sin dejar de relacionarlo con el todo del que es parte integrante. Lo que

obligadamente nos lleva a la categoría de concreto y de formación económica-social.

Lo concreto como síntesis de la totalidad ya fue expuesto en el apartado anterior,

cuando se explicaba la concepción de la realidad desde la dialéctica –la categoría de

formación económica-social será expuesta en el apartado dedicado a las categorías del

análisis socioterritorial–, acá sólo se mencionan para hacer énfasis entre las dos

dimensiones que contemplamos al hablar de totalidad desde el análisis socioterritorial.

38 Dicha confusión es muy común en la ciencia geográfica y tiene una crítica muy precisa a través del artículo de Scheafer sobre el excepcionalismo en geografía. En dicho texto, como ya se señaló al inicio del capítulo, Scheafer debate la base teórica kantiana que pone de manifiesto el estudio de las regiones como espacios únicos e irrepetibles y los desvincula del resto de las demás regiones y de los procesos sociales, económicos y políticos que suceden a su alrededor. Proponiendo la creación de leyes en lugar de afirmaciones excepcionales. Planteamientos excepcionalitas como los que critica Scheafer los encontramos en la escuela francesa de análisis regional.


La segunda dimensión de totalidad que plantea la economía política clásica y desde

un enfoque materialista y dialectico, es la visión de conjunto de la realidad. Visión que va

en contra del pensamiento liberal, que separa la economía de la política y viceversa. Esta

posición no sólo niega la indisoluble relación entre ambas, sino que esconde relaciones

sociales que condicionan la vida en sociedad. Tal como lo explica Marx a continuación: […] en la producción social de su existencia, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se eleva un edificio (Uberbau) jurídico y político y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina (bedingen) el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. (Marx, 1974:35-36). Este discurso argumenta que tanto las relaciones de producción, cuanto los avances

de las fuerzas productivas, “determinan” no sólo la producción material, sino la conciencia

social y las formas jurídicas y políticas de cada formación social. Evidenciando una serie de

relaciones que condicionan la vida social, basada en la capacidad real y concreta de la

reproducción de la sociedad, a través de la producción material. Marcando una distancia

con posiciones idealistas y sentando las bases de una concepción materialista de la historia

y de todas las ciencias históricas39, ya que como dice Engels:

La tesis de que el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general, de que todas las relaciones sociales y estatales, todos los sistemas religiosos y jurídicos, todas las ideas teóricas que brotan de la historia, sólo pueden comprenderse cuando se han comprendido las condiciones materiales de vida de la época de que se trata y se ha sabido explicar todo aquello por estas condiciones; esta tesis era un descubrimiento que venía a revolucionar no sólo la Economía Política, sino todas las ciencias históricas (y todas las ciencias que no son naturales, son históricas). (1973: 523).

Esta premisa marcó un parte aguas en su época y aportó mucho a las ciencias sociales

y humanas (históricas como diría Engels), así como a la práctica política, pero hoy tiene

39 Y es justamente lo histórico y lo lógico lo que Marx y Engels rescatan de Hegel. Rechazando su

idealismo ponen en términos materialistas estas características fundamentales de su método dialéctico: lo histórico y lo lógico. “Lo que ponía al modo discursivo de Hegel por encima del de todos los demás filósofos era el formidable sentido histórico que lo animaba… Fue el primero que intento poner de relieve en la historia un proceso de desarrollo, una conexión interna; y por muy peregrinas que hoy nos parezcan muchas cosas de su filosofía de la historia, la grandeza que la concepción fundamental sigue siendo todavía admirable, lo mismo si comparamos con él a sus predecesores que si nos fijamos en los que después de él se han permitido hacer consideraciones generales acerca de la historia… Esta concepción de la historia, que hizo época, fue la premisa teórica directa de la nueva concepción materialista, y ya esto brindaba también un punto de partida para el método lógico” (Engels, 1973: 526-527).


que ser analizada, es decir criticada, para ser re-significada desde las dos dimensiones de la

totalidad social que ofrece la economía política desde la racionalidad dialéctica: la relación

entre lo universal y lo particular, así como desde una visión de conjunto de la realidad

social.

Desde el punto de vista de la primera dimensión, la que relaciona lo universal con lo

particular, se critica la postura que formula como verdades universales algunas

explicaciones teóricas específicas de Marx, las cuales han sido construidas para explicar

realidades particulares y concretas, pero que han sido importadas a otros contextos y praxis

socio-históricas sin ninguna mediación histórica, económica, política, cultural y geográfica.

Con lo anterior evitaremos el denominado “colonialismo intelectual” muy común tanto en

la academia como en la militancia política, tanto de la izquierda como de la derecha

latinoamericana. Y desde el punto de vista de la segunda dimensión de la totalidad, la que

enfatiza la visión de conjunto de la realidad social, se critica el determinismo económico,

así como su dogmatismo40.

Con la intención de superar dicho determinismo económico y el economicismo

dogmático, y así poder resignificar la categoría de modo de producción, es pertinente traer

la crítica que hace González Casanova (2002: 25) a la categoría de modo de producción.

Quien propone la categoría de modo de dominación, para hacer énfasis en lo político y el

papel del Estado en las “leyes del mercado”: No podemos quedarnos en el concepto de “modo de producción”. Necesitamos pensar siempre en términos de una unidad compleja: “modos de dominación y de producción”. Es más, necesitamos usar otras categorías que permitan captar las situaciones concretas de lucha en distintos ambientes y etapas, en varios contextos y culturas. Urge, además, corregir la tendencia al economicismo, tan frecuente en el pensamiento crítico y no crítico marxista. Si muchos neoliberales siguen con el discurso economicista de que la política que aplican obedece a las “leyes del mercado”, ninguno de sus jefes y patrones cae en esa trampa. Las clases dominantes saben muy bien que sus organizaciones controlan el mercado con el apoyo del Estado.

40 Concepciones teóricas que han tenido consecuencias políticas y efectos sociales muy concretos.

Desde la Segunda Internacional, gracias a Engels, se inició en los partidos comunistas del mundo una práctica teórica y política de “inevitabilidad” o de “fatalidad histórica” sobre el capitalismo. Práctica teórica y política basada en una interpretación economicista-mecánica-dogmática-lineal y evolucionista, muy negativa para la teoría marxiana, que interpretó que sólo se puede llegar al socialismo, a través del capitalismo. Estas interpretaciones “fatalistas” establecían que el único sujeto revolucionario era el obrero asalariado, lo que llevó a que esta concepción “obrerista” por así llamarla, fomentara la des-campenización y la proletarización de los campesinos. Planteamiento que aún hoy en día tiene repercusiones teóricas, políticas y sociales muy serias y que necesitan ser debatidas. Como es la cuestión campesina, la cuestión agraria, la cuestión indígena, la cuestión cultural; el problema del porvenir de la comunidad rural mexicana y los conflictos socioterritoriales en el campo mexicano. Cuestiones que serán expuestas en otro trabajo desde las categorías y conceptos producidos en el debate que iniciaron los populistas rusos con Marx sobre el provenir de la comunidad rural rusa.


El determinismo económico se construyó sobre la categoría marxista de modo de

producción tanto por la militancia dogmática cuanto por el colonialismo intelectual, además

terminó siendo fundamental no sólo para la ciencia social en general, sino para la Geografía

en particular. Tanto en la ciencia geográfica tradicional cuanto en la contemporánea, el

concepto de determinación ha sido confundido y suplantado por el concepto de

determinismo, pues se pasó de un determinismo económico a uno geográfico a través del

concepto de determinismo geográfico de Ratzel, cuando en realidad tiene otro contenido e

interpretación. Este determinismo geográfico estuvo basado en falsas concepciones e ideas

racistas sobre la supuesta “superioridad” de los pueblos de Europa respecto a otros pueblos

del mundo. Por otro lado, afirma bajo falsas premisas, que la capacidad creadora, creativa,

imaginativa y productiva de los pueblos está determinada por el clima, sin tomar en cuenta

otros factores de orden material (como el desarrollo tecnológico, los conocimientos

científico-técnicos, las herramientas, la infraestructura, etc.).

Por lo anterior, en el análisis socioterritorial se proponen dos cosas: 1. Usar la

expresión “condicionan” en lugar de “determinan”, que es la traducción literal del alemán

“bendingen”; y 2. Hacer uso de la categoría de modo de reproducción social para superar

el fatalismo determinista biológico-ambiental y economicista de la geografía política

tradicional. Ambas propuestas, aportaran a superar el viejo sesgo determinista de la

geografía política que ya Graciela Uribe (1996) había señalado: Al examinar el proceso de génesis y desarrollo de la Geografía política se observó que sus antepasados exhibieron una fuerte dosis de determinismo en sus pensamientos y escritos. No es extraño entonces este determinismo físico o biológico del pretérito se deslizara hacia un determinismo económico o tecnológico en la segunda mitad del siglo que ahora termina. Las influencias del medio sociocultural han sido decisivas para conformar esta situación. Así como en el siglo XIX, la lectura sesgada de Darwin reforzó las interpretaciones deterministas que venían sucediéndose desde Platón y Aristóteles, la Geografía Política, sin liberarse totalmente de estos enfoques, cayó fácilmente en reduccionismos economicistas o tecnológicos de variadas graduaciones en un mundo de hondas transformaciones en estos dos planos.41

Este enfoque determinista, que ha sido funcional a la reproducción del capitalismo

bajo una concepción colonial/“civilizadora”/occidental, tanto en términos economicistas

cuanto biológicos, es muy lineal y mecánico. Deja de lado el cambio y el movimiento,

ignora la relación dialéctica entre lo económico y lo político dentro de una totalidad social

41 Graciela Uribe (1996). Geografía Política. Verdades y falacias de fin de milenio. México: Editorial

Nuestro Tiempo, Pág. 163-164.


más amplia, que incluye la cultura, lo subjetivo, lo espiritual, lo jurídico y lo particular y

específico de cada formación social dentro del todo que representa la sociedad capitalista

hoy completamente global.

Visión de totalidad que nos permite comprender no sólo las condiciones materiales de

vida de la época; sino que nos ayudará a conocer y comprender mejor las condiciones

culturales de cada periodo histórico, de cada sociedad, de cada praxis socio-histórica y de

cada territorio específico. Lo que contribuirá también a la indagación sobre las

subjetividades que constituyen a las diferentes formaciones sociales, con el objetivo

comprender lo cultural y las diferentes concepciones ontológicas de cada sujeto y de cada

sociedad o de cada formación social en términos del materialismo histórico42 desde sus

contextos históricos, geográficos y culturales específicos.

Comprender las estrechas relaciones que existen entre lo económico-político y lo

cultural, tal y como lo plantearon los llamados “estudios culturales” de la Universidad de

Birminghan, que tuvo a Williams y Hall como sus intelectuales más productivos y

reconocidos43, nos permitirá trascender la errónea interpretación, sesgada, del

economicismo a ultranza, de la categoría de modo de producción y analizarla desde la

totalidad social (esencia de la economía política), desde lo universal y lo particular

(esencia del materialismo histórico geográfico) y desde la forma específica en que cada

sujeto concreto o cada formación social produce y reproduce su territorialidad desde sus

especificidades culturales, geográficas e históricas (esencia del análisis socioterritorial).

Un segundo elemento fundamental para el análisis socioterritorial y que proviene de

la economía política es lo relacional de las categorías de Marx. La economía política al ser

una “ciencia con perspectivas metodológicas y teóricas que permiten una visión del

conjunto de la realidad económica y desde allí, del conjunto de la organización societal”

(Osorio, 2004: 7), da cuenta del elemento relacional en las categorías marxistas y otorga

herramientas para comprender la totalidad social desde una visión de conjunto de la

42 Para Covarrubias, la cosmovisión es el inicio o la base de una concepción ontológica (1999: 7). 43 Esta escuela de pensamiento realizó una crítica muy sería no sólo al eurocentrismo del trabajo

teórico, con su fuerte contenido colonial; sino que, entre muchos más aportes que no podré señalar aquí, desarrolló una conceptualización materialista de la cultura, cuestionando el economicismo y el reduccionismo del marxismo dogmático. Para el que quiera profundizar más sobre los estudios culturales y el trabajo de Stuart Hall se recomienda la excelente obra editada por Eduardo Restrepo, Catherine Walsh y Víctor Vich (2010) y muy acertadamente titulada Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, de la Pontifica Universidad de Javeriana. El Instituto de Estudios Peruanos y Envión Editores.


sociedad, ya que la economía política es “el estudio de las relaciones de los hombres a fin

de resolver sus necesidades materiales en el conjunto del proceso económico, que supone

producción, distribución, cambio y consumo” (Idem). Ciencia con visión de conjunto de la

vida social y que pone énfasis en “las relaciones del hombre” y la sociedad para poder

conocer y explicar sus cambios y diversas formas de articulación. Analizando la historia, el

presente y el futuro de la sociedad desde esta perspectiva holística y dinámica. Visión de

conjunto de la totalidad social como principio básico de la economía política, que obliga a

un diálogo con todas las ciencias humanas y sociales (las ciencias históricas como plateó

Engels). Visión de conjunto de la totalidad social que comparte con la historia, historia

económica, la geografía histórica, la geografía humana y la geografía política.

Enrique Semo al relacionar la economía política con la historia económica,

“considera que las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales forman un todo

inseparable y que el objeto de la historia económica es captar la forma en que estas

relaciones se entre tejen en el desarrollo económico, que es el objeto de su estudio” (2006:

10). En el mismo sentido, Braudel enfatiza la necesidad de un diálogo entre historiadores y

economistas, que permita descubrir nuevos problemas y nuevos resultados y que al mismo

tiempo permita confrontar ambos métodos, el histórico y el económico (Braudel, 1980: 47-

49).

La naturaleza compleja y relacional de la realidad social es la que obliga que las

categorías de análisis sean construidas desde esta lógica “relacional”, de conexión y

articulación con la totalidad social. Para Osorio (2004), Marx se esforzó por conocer y

desentrañar las relaciones que organizan la vida en sociedad, por tal razón, es central la cita

de Engels al respecto: “la economía política no trata de cosas, sino de relaciones entre

personas y, en última instancia, entre clases; si bien estas relaciones van siempre unidas a

cosas y aparecen como cosas” (Engels, 1973: 529). Por lo anterior, Osorio plantea “la tarea

de construcción conceptual de la ciencia es dar cuenta de lo relacional. Este es una

preocupación central de Marx en sus categorías empleadas” (2004: 12). Por eso, cuando

Marx “habla de capital entiende que no es una cosa, sino determinada relación social de

producción perteneciente a determinada formación histórica-social”44.

44 Osorio expone que una de las particularidades del sistema de categorías de Marx es dar cuenta de

esta lógica relacional, al crear categorías abiertas que permiten crear relaciones entre diferentes elementos que articulan la organización social. Así, “la noción de plusvalía da cuenta entonces de la relación apropiación-


Existe otro elemento de la economía política que es fundamental para el análisis

socioterritorial: el papel de la violencia en la historia y su relación con la economía y la

política.

Para Engels (1979), la violencia es el “factor históricamente fundamental” que sirve

como medio para concretar los proyectos económicos. Este tema actualmente en México es

muy importante, ya que da cuenta de que la violencia no responde a un fin político, sino a

un fin económico. Donde la violencia es convertida en medio, en instrumento de

concreción de un proyecto económico que posteriormente construirá un edificio político y

jurídico que esconda dicho interés y proyecto económico que se realizó a través del “hierro

y la sangre”. A través del Estado, que monopoliza el uso legal y “legítimo” de la violencia,

o dicho de otra forma, a través del dominio de clase del Estado, el capital impone su

agenda, sus programas, sus planes, leyes, percepciones y opiniones en los medios masivos

de comunicación y todo lo que sea necesario para producir y reproducir el proceso de

acumulación.

1.3.2 Geografía crítica y análisis socioterritorial La concepción de geografía crítica que se practica en ésta tesis de Geografía Política, es

una que parte de la definición de teoría crítica expuesta en los apartados anteriores. Se

caracteriza por vincular la teoría (o reflexión filosófica que dota de contenidos específicos a

las categorías y conceptos constitutivos de los discursos sustantivos de las explicaciones

teóricas) con las praxis socio-históricas particulares de cada periodo histórico, es decir, el

nivel de desarrollo científico-tecnológico de esa época, así como las características

económicas, políticas y jurídicas de contextos geográficos y culturales específicos, de cada

formación social en tanto sujeto y objeto de estudio. Lo que implica, centrarse en la acción

humana, en la reflexión de los orígenes y génesis de los fenómenos y procesos sociales.

expropiación o, en otras palabras, de la relación explotador-explotado. También salario y renta enfatizan aspectos del reparto de la riqueza específicos, pero establecen aspectos del reparto de la riqueza específicos pero establecen, a su vez, el campo relacional” (2004: 12). De igual manera, la “plusvalía es también la forma de apropiación de la riqueza social por parte de un agrupamiento social, de una clase social, la burguesía. Salario es la forma de apropiación de riqueza de otro clase, diferente de la primera, pero definida por su relación con aquélla, y diferente, pero en mutuas dependencias sociales, a su vez, del agrupamiento humano que se apropia de la renta y que da vida a la clase terrateniente. Cada una de estas clases gestará relaciones diferenciadas en el campo político y frente al poder en función de posiciones estructurales diferenciadas, en el terreno de la explotación y de la dominación” (Osorio, 2004:13).


Estando al pendiente de la utilidad práctica de los sistemas conceptuales que construyen

siempre en relación con la praxis social de cada periodo histórico-geográfico-cultural. Ya

que como plantean Horkheimer (1937) y Leyva (1999) “lo crítico” de la teoría está en ser

concebida como una forma de hacer praxis social. Poniendo a la razón al servicio social,

buscando superar las contradicciones e injusticias sociales existentes en cada periodo

histórico e impulsando la transformación social en diferentes contextos geográficos y

culturales y en cada formación social

En otras palabras, la geografía crítica que se concibe y la que se practica, es una que

coincide con lo que señala Delgado45 “una geografía comprometida políticamente con la

transformación revolucionaria de la sociedad capitalista” (2003: 79). La cual, tiene como

espacio de interés no “el espacio absoluto como contenedor de objetos geográficos; ni una

determinada porción o región de la superficie terrestre; ni el sistema abstracto de

movimientos, nodos, redes, superficies y jerarquías, sino el espacio social producido por las

relaciones sociales y las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Esta última incluye

tanto la naturaleza prístina, como la naturaleza transformada por el trabajo humano o

segunda naturaleza” (2003:80).

Es una Geografía basada en la concepción dinámica y cambiante de la realidad que

practica la racionalidad dialéctica y la economía política crítica. Lo que desde ahí ha

permitido analizar las cuestiones de la Geografía Política desde el análisis socioterritorial.

Para analizar los cambios permanentes en el espacio social desde la totalidad social en sus

dos dimensiones. Buscando construir categorías y conceptos que den cuenta de las

relaciones de la vida social. Es decir, es una Geografía Política que retoma los dos primeros

elementos de la Economía política señalados anteriormente (la totalidad social en sus dos

dimensiones y lo relacional de la vida social) para analizar las praxis soxio-históricas e

incidir en ellas. Buscando conocer, comprender y explicar la producción social del espacio

desde el conjunto de las relaciones económicas, políticas, jurídicas, sociales y culturales

que intervienen en su proceso e incidir en el proceso de producción social del espacio y en

la configuración social de los territoritos de cada formación social. Configuraciones que se

45 Sólo que Delgado la denomina “geografía radical” y diferencia en esta tres enfoques diferentes: el

primero, basado en una concepción liberal radical; el segundo, basada en el pensamiento socialista; y la tercera, basada en el marxismo. Para esta investigación, entendemos la geografía crítica como aquella que tiene sus orígenes en el pensamiento materialista histórico de Marx y que ha sido enriquecida por diferentes autoras y autores de diferentes partes del mundo y de diferentes épocas.


producen en medio de diversos tipos de conflicto social, entre ellos el conflicto

socioterritorial como se expondrá más adelante.

Lo que en este momento de la exposición se busca enfatizar es que la concepción y

práctica de Geografía Política crítica en general y del análisis socioterritorial en particular,

está sustentado tanto en la racionalidad dialéctica como la nombra Valcárcel, como en la

praxis crítica de la Escuela de Frankfurt, la Economía Política crítica marxista, así como en

los fundamentos teóricos del filósofo Henri Lefebvre, quien argumenta que el espacio es un

producto social que se produce históricamente. Cuestión que será profundizada más

adelante, ya que para su mejor comprensión, se ha decidido exponer primero las

concepciones fundamentales del análisis socioterritorial, antes de explicar su base teórica,

es decir, el discurso sustantivo que explica la producción social del espacio, creado por

Lefebvre y retomado por la geografía crítica.

1.4 El análisis socioterritorial

El geógrafo anglosajón David Harvey (2001), continuador del pensamiento marxista en la

ciencia geográfica y creador del término materialismo histórico-geográfico46, sostiene que

el capitalismo necesita intensificarse y expandirse para seguir acumulando capital.

Aportando a la tesis de Harvey y para ser más preciso, aportando al análisis particular,

propongo aquí el análisis socioterritorial. Análisis que retoma las categorías de subsunción

formal y subsunción real desarrolladas por Marx (2009), así como la categoría patrón de

reproducción de capital elaborada por Osorio (2004) para afirmar que el capitalismo

necesita subsumir territorios y formaciones sociales para reproducirse como sistema, como

modo de producción y como modo de reproducción social orientado única y

exclusivamente a acumular capital. Proceso de acumulación que necesita producir y

reproducir las condiciones socioterritoriales que cada patrón de reproducción de capital

necesita según los avances tecnológicos de cada periodo histórico y según los contextos

46 Para Harvey, creador del concepto de materialismo histórico geográfico, este, interpretado como método, sólo se caracteriza por la relación entre lo universal y lo particular (Harvey, 2007:28). Pero para el análisis socioterritorial aquí desarrollado, la totalidad y la relación entre el todo y las partes es sólo una dimensión de nuestro análisis. Se propone profundizar más en la metodología retomando los elementos de la economía política como lo es lo relacional de Marx, Osorio y Bartra; lo concreto de Marx, Kosik y Covarrubias; así como lo cultural de Hall; lo histórico de Hegel y Marx; lo geográfico y lo político en la producción de espacio de Lefebvre.


sociales, políticos, jurídicos, geográficos y culturales de cada uno de los territorios y

formaciones sociales en donde se expande el capitalismo. Por lo cual, se propone retomar

las categorías de subsunción formal y de subsunción real como herramientas para analizar

y explicar la reproducción del capitalismo y la reproducción de capital en términos

generales, así como las categorías de lógica socioterritorial del capital y territorialidad de

cada patrón de reproducción de capital para explicar las formas específicas que adopta el

capitalismo en cada territorio y formación social en particular según las necesidades

específicas de cada patrón de reproducción de capital.

El modo de producción específicamente capitalista necesita como primera condición

para su existencia imponer por la vía de la violencia las condiciones materiales objetivas

del modo de producción específicamente capitalistas en cada territorio y formación social,

es decir, la subsunción formal. Proceso que según Marx (2000: 892) es “la escisión entre

los trabajadores y la propiedad sobre las condiciones de realización del trabajo”. Con la

consecuente conversión del trabajo humano en trabajo asalariado, por eso es formal, porque

sólo es un cambio de forma en la explotación como veremos.

Este planteamiento aporta a lo que Marx y Engels (1970: 26 y 27) ya habían

señalado y desarrollado en el Manifiesto: “Espoleada por la necesidad de dar cada vez

mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero. Necesita anidar en

todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes”. Estos argumentos

sirven de premisas para lo que denomino expansión de la lógica socioterritorial del capital.

En el materialismo histórico, la tierra es entendida como la base material objetiva

que “determina” toda producción, y por tanto, de toda fuente de riqueza. Asimismo, el

trabajo, fuerza que transforma dicha base material y la convierte en medios de subsistencia,

es la otra fuente de riqueza que “determina” la reproducción social a través de la

producción material. En este sentido, la tierra y el trabajo son las dos condiciones

materiales objetivas que determinan en términos ortodoxos, o que condicionan en términos

del análisis socioterritorial, toda la producción material y toda reproducción social. Es por

eso que el capital busca apropiarse de dichas condiciones materiales objetivas para producir

valores de uso y valores de cambio. Valores de uso y de cambio convertidos en mercancías.

En el capitalismo, el capital como relación social hegemónica, necesita subordinar y

controlar dichas condiciones materiales de una forma particular para desarrollar el modo de


producción específicamente capitalista primero y posteriormente reproducirse como modo

de organización y reproducción social. Por eso se afirma que el capital necesita subsumir

formal y realmente, territorios y formaciones sociales para producir y acumular capital,

para reproducirse como sistema, como modo de producción y reproducción social, así como

para adaptar cada patrón de reproducción a contextos geográficos y culturales con praxis

socio-históricas específicas y según el avance de las fuerzas productivas y los desarrollos

científicos y tecnológicos de cada época.

Aquí es importante señalar, que el modo de producción específicamente capitalista

busca imponer y organizar la tierra y el trabajo de una forma particular, ya que como fuente

de toda riqueza cada modo de producción ha tenido formas propias de relacionares,

controlar, dominar y subordinar la tierra y el trabajo. Así, el feudalismo controlaba la tierra

y el trabajo a través de los feudos y el trabajo de los siervos y la esclavitud feudal. El

capitalismo busca controlarlos y subordinarlos de una forma específica y a este proceso

responden los conceptos de subsunción formal y de subsunción real creados por Marx.

Centrémonos ahora en cómo el capitalismo como modo de producción controla y

subordina específicamente la tierra y al trabajo para la acumulación de capital, es decir la

subsunción formal como condición básica.

Para Marx, la base o raíz del modo de producción capitalista se encuentra en lo que

él llama la acumulación originaria, la cual surge del despojo, a través de la violencia, de

los medios y las herramientas de producción47. Medios y herramientas que son apropiados y

monopolizados por el capitalista, es decir, el dueño de los medios y herramientas de

producción. El cual deja desposeído y desheredado al trabajador de dichos medios y

herramientas. Obligándolo a vender su fuerza de trabajo para obtener un salario. Lo que da

inicio a una relación monetaria entre el trabajador y el capitalista. Esto es lo que Marx

define como la relación de capital, base y fundamento de la nueva esclavitud, una

esclavitud disfrazada de libertad en el capitalismo.

La relación de capital presupone la escisión entre los trabajadores y la propiedad sobre las condiciones de realización del trabajo. Una vez establecida la producción capitalista, la misma no sólo mantiene esa división sino que la reproduce en escala cada vez mayor. El proceso que crea a la relación de capital, pues, no puede ser otro que el proceso de escisión entre el obrero y la propiedad de

47 La transición del feudalismo al capitalismo. El cercado de las tierras y la destrucción de las tierras de

uso común para establecer la propiedad privada capitalista y crear mano de obra sin medios de producción, obligada a vender su fuerza de trabajo, generando las condiciones para la relación salarial.


sus condiciones de trabajo, proceso que, por una parte, transforma en capital los medios de producción y de subsistencia sociales, y por otra convierte a los productores directos en asalariados. La llamada acumulación originaria no es, por consiguiente, más que el proceso histórico de escisión entre productor y medios de producción. Aparece como “originaria” porque configura la prehistoria del capital y del modo de producción correspondiente al mismo (Marx, 2000:892-893)48.

La escisión entre el trabajador y sus medios de producción, representa la

materialización de las condiciones materiales objetivas específicas del modo de producción

capitalista. Lo que Marx llama acumulación originaria, base y condición básica del modo

de producción capitalista, es a su vez la subsunción formal del trabajo por el capital. En ese

sentido, las condiciones básicas de la producción capitalista y/o de la subsunción formal

son:

La condición de que una sola clase social posea las condiciones objetivas de trabajo

(medios de producción) y las condiciones subjetivas de trabajo (medios de

subsistencia), mientras que otra clase social no las tenga y se vea obligada a la venta

de su fuerza de trabajo para obtener un salario, conlleva a:

una relación puramente monetaria entre estas dos clases sociales, en donde el

poseedor de los medios de producción se apropia del plustrabajo del que no cuenta

con dichos medios al momento de producir mercancías. Acción que obliga al

trabajador a vender su fuerza de trabajo permanentemente, sin ninguna coerción

política o militar, ya que si no lo hace, simple y sencillamente se muere de hambre49.

Y es justamente esta necesidad del trabajador de vender su fuerza de trabajo la que

esconde la violencia estructural del capitalismo.

Esta relación social es producida y reproducida por sujetos, por actores sociales, por

instituciones sociales, sean estas estatales, militares, religiosas, etc. Por eso la relación

social del capital es la que genera la privatización, el despojo y no el capital como cosa. El

capital no es una cosa, como lo es tampoco el mercado. Son elementos que toman un papel

central en la relación social hegemónica del capital. Y como plantea Engels, por eso la

48 Las cursivas son de Marx y el subrayado es del autor de este trabajo. 49 Por eso se dice que es formal, porque sólo hay un cambio de forma en la esclavitud: la explotación a

través de la esclavitud feudal se convirtió en explotación a través de la esclavitud capitalista. En la primera la esclavitud se realiza bajo la forma de trabajo servil, el llamado siervo feudal. En la segunda se realiza a través del salario, el llamado trabajo asalariado.


economía política estudia relaciones y no cosas. Aunque estas relaciones siempre están

vinculadas a cosas.

Son estas condiciones materiales objetivas del modo de producción específicamente

capitalista, que impulsan (y presuponen) el despojo o la llamada acumulación originaria por

un lado, y por el otro, la relación monetaria, salarial, entre una clase con medios y

herramientas de producción y otra clase sin éstos; que junto con el ejercicio del poder

político y la negación en los hechos y en derecho de la soberanía popular, a través del

Estado capitalista mediado por la violencia, imponen la relación de capital en cada

formación social y en cada territorio, lo que en este trabajo denomino lógica

socioterritorial del capital. Lógica que genera territorialidades específicas de capitalismo

según las necesidades de cada patrón de reproducción.

En donde el Estado monopoliza la soberanía y la violencia. El nuevo Estado

Republicano capitalista, fruto de la revolución francesa y la Independencia de Estados

Unidos, moderniza el antiguo Leviatán de Hobbes y toma el control de la soberanía

nacional. El Estado al monopolizar el uso de la violencia, es poseedor del “factor

históricamente determinante” (Engels, 1979:) que sirve como medio, como instrumento,

para concretar los proyectos económicos. Como medio entre lo económico y lo político. A

través del Estado, del dominio de clase del Estado, el capital impone su lógica, sus

condiciones, su agenda, sus programas, sus planes, leyes, percepciones y opiniones en los

medios masivos de comunicación y todo lo que sea necesario para producir y reproducir el

proceso de acumulación.

Ya una vez establecidas las condiciones materiales objetivas del capital, es decir, la

subsunción formal o la lógica socioterritorial del capital según el análisis socioterritorial,

el capital comienza el proceso de subsunción real del trabajo y la tierra. Proceso que

consiste según el argumento que aquí se expone, en modificar las estructuras espaciales e

instituciones sociales de cada formación social según las necesidades de cada patrón de

reproducción de capital. Modificando la organización de la producción, transformando

todas las relaciones de producción y reproducción social, por tanto, la territorialidad de

cada formación social, lo que incluye todas las relaciones sociales al interior de cada

formación social. Modificando tanto sus estructuras espaciales como sus instituciones

sociales. Lo cual se logra a través de la introducción de las innovaciones tecnológicas del


desarrollo de las fuerzas productivas que le permitan incrementar la productividad e

intensificar la producción, al mismo tiempo que posibilitan el aprovechamiento de recursos

naturales que anteriormente no eran tecnológicamente explotables o que eran utilizados de

una forma limitada o solamente diferente. Proceso que tienen efectos condicionantes en la

división territorial e internacional del trabajo.

A estos múltiples procesos responde lo que Harvey llama, de manera muy general,

intensificarse y que en esta tesis se trata de la territorialidad específica de cada patrón de

reproducción de capital50. Dicha territorialidad presupone la relación de capital (con el

despojo de la acumulación originaria y la imposición de la relación monetaria), la

subsunción formal y el monopolio de la soberanía por el capital. Monopolio de la

soberanía que el capital ejerció como relación de poder, a través de una relación social

hegemónica dentro del régimen monárquico europeo y sin el control político del Estado en

su inicio. Posteriormente se concretizó formalmente, a través de la revoluciones liberales y

el sistema republicano que inician con la revolución francesa de 1789 y la Independencia de

Estados Unidos en 1776. Procesos en los que el capital como relación social hegemónica

ejerce una relación de poder directa a través del control del Estado por los liberales

revolucionarios de esa época. Proceso revolucionario que se materializó a través de la

violencia y dio inicio al dominio de clase del Estado capitalista, el cual monopoliza el

“legítimo” uso de la violencia.

Ahora bien, la categoría de patrón de reproducción de capital es desarrollada por

Jaime Osorio51 y “apunta a dar cuenta de las formas cómo el capital se reproduce en

periodos históricos específicos y en espacios económico-geográficos y sociales

determinados, sean regiones o formaciones económicas sociales” (Osorio, 2004: 36). En

50 El proceso de intensificación según Harvey, así como el de subsunción real de Marx y que se retoma

en este trabajo como territorialidad de cada patrón de reproducción de capital tiene especificidades según cada territorio y cada formación social, lo que lo hace muy complejo de analizar. Complejo porque busca seguir acumulando a pesar de a) las contradicciones propias del modo de producción capitalista, b) la historia de cada formación social y c) las contradicciones espaciales específicas de cada patrón de reproducción de capital, pero este proceso tan profundo y determinante da para una investigación específica sobre el tema, cuestión que no se agotará en este trabajo. Sólo se recomienda que las investigaciones que aborden este proceso no planteen su análisis desde el capital, es decir, que no busquen resolver las contradicciones espaciales del capital, ni en teorizar a partir de las estrategias del mismo capital, sino que se recomienda orientar el análisis desde los sujetos, desde las formaciones sociales que resisten, padecen y luchan contra dicho modo de producción, con el objetivo de superar las condiciones materiales capitalistas y sus mecanismos de subordinación social y así, no reproducir la lógica capitalista.

51 Continuador y actual representante de la teoría de la dependencia formulada por Marini desde el marxismo latinoamericano.


ese sentido, dicha categoría “permite establecer mediaciones entre los niveles más

generales de análisis y niveles menos abstractos o históricos concretos” (Op. Cit.)52. Al

mismo tiempo que “permite historizar el movimiento de la economía a luz de las

modalidades que asume la reproducción en diferentes momentos históricos, sea en el

mundo imperial o en el dependiente, en el marco de sus interrelaciones” (Op. Cit.: 37).

En este trabajo abordamos la territorialidad del patrón de reproducción de capital

neoliberal, o en otras palabras, la territorialidad neoliberal. Conceptualización que será

expuesta en el siguiente capítulo.

A manera de recapitulación, las categorías y conceptos que se utilizan para hacer el

análisis socioterritorial son: subsunción formal y subsunción real (Marx, 2009) (ya

explicadas), el patrón de reproducción de capital que se utiliza como herramienta de

periodización histórica (Osorio, 2004) y como categoría que permite la caracterización de

la totalidad de las relaciones sociales que representa cada fase específica del capitalismo en

contextos específicos en términos generales, así como herramienta del análisis

socioterritorial de manera concreta, al caracterizar la territorialidad de cada patrón de

reproducción de capital. Por último, la lógica socioterritorial del capital, expresión

geográfica de la “acumulación originaria y permanente” y de la subsunción formal de

Marx.

En síntesis, la lógica socioterritorial del capital responde en términos generales a la

concreción de la subsunción formal, donde la territorialidad de cada patrón de

reproducción de capital responde a las formas particulares que dicho patrón adopta según

las características histórico-geográficas y culturales de cada formación social, así como al

desarrollo de las fuerzas productivas. En otras palabras, la territorialidad de cada patrón de

reproducción representa el esfuerzo del capital de concretar la subsunción real al modificar

todo el orden social, a las relaciones de producción y de reproducción de cada formación

social. Lo que incluye, a saber, la relación social hegemónica (ya sea con la tierra, el trabajo

o el capital), la naturaleza y toda la base material que produce estructuras espaciales e

52 Para Osorio, existen seis de niveles de análisis con distintos grados de abstracción y concreción, los

cuales son: modo de producción, modo de producción capitalista, sistema mundial, patrón de reproducción de capital, formación social y coyuntura. “Cuando hablamos de niveles de abstracción hacemos referencia a la totalidad que se construye en el conocimiento y a la consideración de una realidad simplificada (más abstracta) o una más compleja (menos abstracta). En definitiva, existen totalidades con diversos grados de abstracción” (2004: 28).


instituciones sociales. Instituciones sociales que implícitamente, hacen referencia a la forma

de gobierno, al ejercicio del poder y al ejercicio de la soberanía. Elementos que en conjunto

constituyen las relaciones de producción material y de reproducción de cada formación

social.

Lo importante a señalar y resaltar es que dicha lógica socioterritorial del capital, al

irse expandiendo y subsumiendo de manera real y formal a los territorios y formaciones

sociales, destruye a su vez instituciones sociales, formas de organización política,

económica y social (tanto la organización para el trabajo como las concepciones culturales

y modos de vida), de las formaciones sociales en las que se impone. Al mismo tiempo,

modifica las estructuras espaciales de cada territorio al imponer la territorialidad capitalista

del patrón de reproducción de ese contexto histórico-geográfico específico. La expansión e

intensificación de la subsunción formal y real del capital modifica la producción

socioterritorial de cada formación social, en otras palabras, la destruye.

Lo anterior se hace explícito y evidente al momento de analizar los cambios en las

estructuras agrarias o de propiedad de cada formación social y a su vez, hace referencia a

los conflictos agrarios, así como los cambios en las relaciones sociales, en los modos de

vida, en las concepciones culturales y en las praxis socio-históricas. También es perceptible

en las formas de ejercer el poder y la soberanía social, a través de las instituciones sociales

y las estructuras espaciales que cada formación social construye para producirse y

reproducirse socialmente, lo que hace referencia a los conflictos socioterritoriales y que

presupone e incluye a los conflictos agrarios53.

Pero para explicar mejor la diferencia entre conflicto agrario y conflicto

socioterritorial, definamos territorio, territorialidad y expongamos el discurso sustantivo

teórico social que está detrás de la argumentación: la producción social del espacio.

53 Estas categorías y conceptos del análisis socioterritorial son fruto de un largo proceso de

investigación y análisis de luchas y resistencias indígenas y campesinas en México, Estados Unidos, Canadá y Colombia que tiene más de cinco años. Luchas y resistencias en las que el autor ha participado de diferentes formas, ya sea como periodista y cronista de los hechos; ya sea como perito técnico-topográfico en juicios agrarios; o como educador popular a través de talleres participativos y comunitarios, así como en análisis y discusiones en asambleas ejidales y comunales.


1.4.1 La producción social del espacio Para la geografía crítica el espacio es un producto social que se construye históricamente.

El filósofo francés Henri Lefebvre fue el primero en hablar explícitamente sobre el espacio

como un producto social. Engels lo había hecho anteriormente, pero de manera secundaria,

abordándolo implícitamente y no explícitamente54. Para Lefebvre, el concepto de

producción es clave en su análisis e innovador en su aportación al pensamiento crítico. Ya

que replantea el concepto desde una visión dialéctica, de cambio y movimiento acorde con

su tiempo histórico y coherente con sus postulados. Lo que lo diferencia de las visiones

anteriores que eran más estáticas, fijas y lineales y que no incluían las reflexiones en torno

a la “reproducción social”, muy a pesar de que él no había estudiado a profundidad el

capítulo VI inédito del capital de Marx55. Señalando que “se pasa de la producción en el

espacio a la producción del espacio” (1974: 219).

Lefebvre examina de manera crítica las visiones que se tienen o se habían tenido

anteriormente sobre el espacio, sobre el espacio social en dos dimensiones. La primera,

desde el punto de vista de las ciencias, las cuales buscan “controlar el espacio”; y el

segundo, que tiene mucha relación con el primero, desde el punto de vista político. El

espacio como instrumento político de control y de dominación social, como instrumento de

reproducción social del capitalismo. El llamado por él “espacio instrumento” (1974) o

“espacio de representación” (1996) el cual es objeto de la planificación espacial por los

tecnócratas del poder apoyados por las ciencias que re-valoran el papel del espacio desde

una perspectiva geométrica. Es decir, Lefebvre pone al espacio como proyecto, como

proyecto político en particular (1976), lo que le da un potencial de análisis hasta ese

momento no contemplado. Ya que, se insiste, Marx y Engels habían entendido el papel del

espacio, de la tierra en particular como algo estratégico, pero lo manejaban de forma

implícita y es hasta que Lefebvre hace explícito el papel estratégico del espacio en la

reproducción de las relaciones de producción del capitalismo y Harvey en la acumulación

54 En La condición de la clase obrera en Inglaterra, Engels hace una investigación de las vidas

cotidianas de las fábricas urbanas de Inglaterra de la época industrial, justo en los momentos de la gran inmigración del campo a la ciudad. Es su investigación, habla de “dos ciudades”, la de los burgueses y la de los trabajadores. Planteando la idea de la segregación espacial como característica del capitalismo, como producto y forma de su orden espacial.

55 Tal y como lo señala en su conferencia en Barcelona: “Nos encontramos ante el problema de la reproducción social. Marx lo presintió al final de su vida, como lo sabemos ahora por un capítulo inédito de El Capital, que ha sido publicado hace dos años…” (Lefebvre, 1974: 223).


de capital que retoma su papel estratégico. Pero ahora hay que unirlo, comprenderlo,

explicarlo y hacerlo explícito, práctico y sencillo. Hay que construir y reconstruir

herramientas de análisis que nos permitan entender el proceso de cómo el capital produce

espacios y cómo reproduce las condiciones materiales objetivas y subjetivas que le

permiten reproducirse como sistema, como modo de producción. Al mismo tiempo que nos

permita entender y explicar la territorialidad de cada patrón de reproducción de capital. Sin

dejar de lado el papel de la resistencia, del freno que representa la oposición a su

imposición violenta y disfrazada de “libertad e igualdad”. Lo que nos permitirá entender los

patrones de cambio socioterritorial, sus procesos, tendencias y vectores de fuerza de lo que

denomino lucha entre territorialidades (Díaz, 2010).

Respecto a la obra de Lefebvre, es importante enfatizar lo siguiente: la afirmación

que plantea es correcta desde el punto de vista de este trabajo: “es el espacio y por el

espacio donde se produce la reproducción de las relaciones de producción capitalista. El

espacio deviene cada vez más en espacio instrumento” (1974: 223). Sólo que desde el

punto de vista del análisis socioterritorial, el espacio no sólo condiciona la reproducción de

las relaciones capitalistas, sino las de toda formación social, así como las de todo modo de

producción. Es por eso que la producción social del espacio es condicionante no sólo para

la reproducción del capitalismo, sino para la reproducción de cualquier formación social.

Por lo anterior, el capitalismo necesita subsumir territorios y formaciones sociales

imponiendo por la vía de la violencia lo que denomino lógica socioterritorial del capital y la

territorialidad capitalista de cada patrón de reproducción de capital para reproducirse como

sistema, como modo de reproducción social.

En este auge de acumulación, surge la planificación del espacio ejercida por los

tecnócratas, quienes buscan reproducir las relaciones de producción capitalista al mismo

tiempo que “pretenden” superar las contradicciones propias de cada patrón de reproducción

anterior. A este respecto Lefebvre afirma que “esta reproducción a través del espacio es

cada vez más incierta, porque este espacio está lleno de contradicciones” (1974: 224) y es

ahí donde el autor francés inserta el elemento de la violencia, aunque él no profundiza y

sólo lo señala. Pero recordemos, junto con Engels, el papel de la violencia en la historia es

el papel de la violencia como instrumento (Engels, 1979). Que en el análisis socioterritorial,

la violencia es el instrumento por el cual se pretende eliminar las resistencias, las luchas y


frenos que le impiden al capital imponer su lógica socioterritorial y las territorialidades de

cada patrón de reproducción o la planificación espacial en términos de Lefebvre. Por eso es

una lucha, una lucha entre territorialidades, una fase superior de la lucha de clases. Una

lucha de clases que concibe en la praxis a las comunidades indígenas y campesinas como

formaciones sociales, como sujeto(s) de derecho56 y como sujeto(s) de cambio social y no

como clases conservadoras ni como clases reaccionarias que pretenden “volver atrás la

rueda de la Historia” (Marx y Engels, 1970: 36)57.

1.4.2 Territorio, territorialidad social y territorialidad de cada formación

social. Sack (1986: 19) define la territorialidad humana como “una tentativa de una persona o un

grupo de influenciar o afectar las acciones de otros, incluidos los humanos (…) tentativa de

un individuo o un grupo de afectar, influenciar, o controlar personas, fenómenos y

relaciones, a través de la delimitación y la afirmación de control sobre un área geográfica.

Esta área es llamada territorio”58.

Este planteamiento no se diferencia mucho de las definiciones clásicas del poder,

entendido como capacidad de influenciar a otro en una dirección o acción. No concibe al

poder como una relación social, como lo es el capital y la tierra. Y desde la concepción del

análisis socioterritorial, el poder no es una cosa, sino una relación social que se ejerce de

diferentes maneras. Otra arista o dimensión de su análisis es la que entiende a la

territorialidad como una estrategia de defensa. El elemento a examinar, es decir, criticar, es

que sólo lo ve en el sentido de influenciar, de intención y de defensa, pero no como

potencial de reproducción social específico.

56 Planteamiento que se expondrá y desarrollará más adelante cuando se aborde la territorialidad

neoliberal y como esta niega en los hechos los derechos de los pueblos indígenas en general y su derecho a la autonomía en particular.

57 Lamentablemente el marxismo desde el Manifiesto hasta el Tomo III del Capital, pasando por la II Internacional y los posteriores escritos de Engels tras la muerte de Marx, interpretaron el papel del campesino y la comunidad rural de manera negativa. Por falta de tiempo no se podrá desarrollar la crítica a este planteamiento del marxismo dogmático que define al campesino como conservador, reaccionario y hasta pequeñoburgués, pero para el que quiera profundizar sobre el tema puede revisar: Arico, José “Marx y América Latina”, así como “El porvenir de la comuna rural rusa”. Cuadernos de Pasado y Presente No. 90. En otro artículo se profundizará y desarrollará la crítica a esta postura, así como las reflexiones que desde el análisis socioterritorial se producen sobre la cuestión del porvenir de la comunidad rural mexicana.

58 Traducción propia.


Desde el punto de vista del análisis socioterritorial aquí propuesto, tanto la tierra,

como el capital y el poder son una relación social y desde esta concepción la territorialidad

social es una categoría que nos permite entretejer las relaciones entre la tierra, el espacio, el

poder, la economía, lo político59, lo cultural y lo jurídico con la soberanía, la justicia, el

conflicto, la violencia, la producción social del espacio y la organización socioterritorial de

cada formación social. En este mismo sentido y por lo mismo, condiciona la producción y

reproducción social. Y nos lo permite entretejer, porque desde el análisis socioterritorial, la

concepción de territorialidad social, está constituida desde tres concepciones muy

específicas respecto la tierra, el espacio y el territorio. Tres elementos que de manera

sintética defino de la siguiente manera:

Tierra, base o condición material y simbólica de una formación social. Que

concebida como relación social nos explica el espacio, definido como un producto social

producido y reproducido por condiciones materiales objetivas y subjetivas (concepciones

específicas sobre el mundo). Tierra que se convierte en territorio cuando se ejerce sobre

ella una relación de poder, una soberanía que controla la producción material y

reproducción social. Ejercicio de poder que se delimita a través de fronteras, de límites y

de una institución social con jurisdicción sobre ella.

Ahora bien, la forma específica en que una formación social ejerce el poder sobre la

tierra para producir y reproducir el espacio social y configurar el territorio a través de

instituciones sociales y estructuras espaciales es lo que denomino territorialidad social.

La tierra, el elemento más empírico, es concebida como una relación social y como la

base material y simbólica de la producción y reproducción social de toda formación social,

nos da los elementos para responder a la siguiente pregunta ¿Quién tiene la tierra?

El espacio, más abstracto, con sus dimensiones y formas, no sólo concebido como

espacio de instrumento o de representación, como criticó Lefebvre, sino como un producto

social construido históricamente, es por lo tanto, concebido como instrumento político.

59 Chantal Mouffe establece una distinción entre “lo político, ligado a la dimensión de antagonismo y

de hostilidad que existe en las relaciones humanas, antagonismo que se manifiesta como diversidad de las relaciones sociales, y la política, que apunta a establecer un orden, a organizar la coexistencia humana en condiciones que son siempre conflictivas, pues están a trasvasadas por lo político (1999, p: 14). Distinción que vincula las “dos raíces comunes del término político/a: por un lado, pólemos; por otro lado, polis” (Idem). Donde Mouffe privilegia “el vivir conjuntamente” de la polis; sin evadir el antagonismo y el conflicto del pólemos en su búsqueda del pluralismo.


El territorio, más concreto y que vincula la concepción de la tierra y el poder como

relación social, como instrumento que potencia proyectos políticos. Con jurisdicción,

límites y fronteras bien definidos, que nos da elementos para responder ¿quién controla la

tierra?, ¿quién detenta el poder?, y ¿cómo ejerce el poder quien detenta?. Tres elementos

que producen el espacio social y configuran los territorios y que nos dan los fundamentos

para responder la pregunta central del análisis socioterritorial: ¿cómo producen el espacio

quienes tienen la tierra y/o quienes detentan el poder?, es decir: ¿cómo ejercen su

territorialidad social quienes tienen la tierra y quienes detentan el poder?

Lo anterior, constituyen los elementos que alimentan la definición aquí expuesta de

territorialidad social. La cual defino como el conjunto de prácticas y acciones sociales de

una formación social específica que producen y reproducen, material y simbólicamente, el

espacio. Prácticas y acciones que construyen una relación social condicionada y

condicionante, a partir de concepciones ontológicas y teleológicas específicas, que

establecen un orden social productor de estructuras espaciales e institucionalizaciones

reguladoras de la vida social, en el espacio bajo control de la formación social que realiza

dichas prácticas y acciones. Protegiendo y defendiendo las condiciones materiales objetivas

y subjetivas que permitan la reproducción social de dichas prácticas y acciones que definen

y caracterizan específicamente a esa formación social.

Esta definición larga puede ser sintetizada como el conjunto de prácticas y acciones

de una formación social que produce estructuras espaciales e instituciones sociales a partir

de concepciones ontológicas y teleológicas específicas que condicionan la reproducción

social. Formación social que en términos menos abstractos es un sujeto social concreto,

individual o colectivo.

Y es una territorialidad social porque es específica de cada formación social y no

intrínseca de la especia humana, como lo plantea Sack. Lo que es humano es la

espacialidad, la espacialidad humana. Y si la territorialidad social es producida por cada

formación social, dicha producción está condicionada no sólo por su historia y por el

contexto económico-político-social, así como por el desarrollo de sus fuerzas productivas,

sino por las concepciones ontológicas y teleológicas que tengan del mundo dichas

formaciones sociales, es decir, por su cosmovisión y cultura. Concepciones que generan

modos de vida que inciden en la forma de organizar el trabajo, la educación, la salud, el


gobierno y su ejercicio, es decir, en la forma de producción y reproducción social. Modos

de vida que con sus formas de producción y reproducción social inciden en la forma en que

nos apropiamos, producimos y reproducimos la naturaleza y el espacio.

El contexto económico-político-social y el desarrollo de las fuerzas productivas

condicionan la producción material y su reproducción. Condicionan lo material (lo

objetivo): la economía política, el derecho, la norma y su aplicación. La concepción

ontológica de la realidad condiciona la producción simbólica y su reproducción social.

Condiciona la cosmovisión, la estética, lo subjetivo que socialmente se hace objetivo y que

se manifiesta como cultura60. Esta concepción ontológica que se manifiesta en la cultura de

los pueblos, condiciona a su vez, su noción teleológica del mundo y los objetos. Define y

orienta el porqué y el para qué de su quehacer social, de su práctica. Define y orienta su

praxis socio-histórica. En conjunto, el contexto económico-político-social, las fuerzas

productivas como la concepción ontológica del mundo, la cultura, condicionan tanto el

pensamiento, las idiosincrasias, las praxis socio-históricas, los juicios y posturas; así como

el conjunto de las prácticas y acciones sociales de cada formación social.

Por lo anterior, la territorialidad social es parte de la producción social del espacio

que la geografía estudia a través del análisis socioterritorial. La categoría socioterritorial es

una herramienta de análisis, que nos permite dar cuenta de estas dos dimensiones: la social

y la espacial. La dimensión social se ve reflejada en las instituciones sociales y las

relaciones sociales históricas que están detrás de dichas instituciones. Y la dimensión

espacial se ve reflejada en lo territorial, que implica la producción social histórica de las

estructuras espaciales según la cultura, historia y práctica economía-política de cada

formación social.

60 Gilberto Giménez define la cultura en el mismo sentido de Cliford Geertz en La interpretación de la

cultura (1992: 20) al afirmar que “la cultura se presenta como una telaraña de significados que nosotros mismos hemos tejido a nuestro alrededor y dentro de la cual quedamos ineluctablemente atrapados”. Sólo que para Giménez (2005: 2) “no todos los significados pueden llamarse culturales, sino sólo aquellos que son compartidos y relativamente duraderos, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel histórico, es decir en términos generacionales.” Para Giménez (2007: 49) la cultura es “la organización social de significados interiorizados de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquema o de representaciones compartidas, y objetivados en formas simbólicas, todo ello en contextos históricos específicos y socialmente estructurados”.


CAPÍTULO 2

La expansión de la lógica socioterritorial del capital y las territorialidades

de cada patrón de reproducción de capital en México: la lucha entre

territorialidades y los conflictos socioterritoriales que genera en el campo

mexicano

El análisis socioterritorial tiene como objetivo conocer, comprender y explicar cómo se está

produciendo el espacio social actualmente, para incidir en dicho proceso desde la totalidad

social en su doble dimensión. Desde un nivel lógico general-abstracto y desde un nivel

histórico-geográfico concreto. Articulando lo universal con lo particular. Analizando cómo

se produce el espacio social a nivel local y regional, sin perder de vista en el análisis, la

relación con la economía política de cada patrón de reproducción de capital en periodos

históricos específicos y en el sistema mundial del modo de producción capitalista.

Producción social del espacio que realizan múltiples actores/autores a través de diferentes

discursos y mecanismos. Proyectando una visión en conjunto, de totalidad social y

analizando las diversas relaciones multiescalares. Buscando conocer, comprender y

explicar históricamente las relaciones que se tejen entre las dimensiones económicas,

políticas, jurídicas, sociales, culturales y geográficas. Haciendo énfasis en esta última

dimensión a través de la categoría de territorialidad social, es decir, la institucionalidad

que produce las estructuras espaciales que caracterizan lógica e históricamente a cada

formación social y a cada patrón de reproducción de capital.

En términos menos abstractos y de manera más concreta, lo que se busca es

conocer, comprender y explicar cómo se está expandiendo la lógica socioterritorial del

capital, las transformaciones socioterritoriales que produce su imposición en diferentes

territorios y en diferentes formaciones sociales. Así como conocer, comprender y explicar

las transformaciones socioterritoriales, que genera la concreción de la territorialidad de

cada patrón de reproducción de capital y los conflictos socioterritoriales que crea. En pocas

palabras y de manera muy concreta, se busca dar respuesta a las siguientes preguntas:

¿quién tiene la tierra?, ¿quién detenta el poder?, ¿cómo ejerce el poder quien lo detenta? y


la más importante para el análisis socioterritorial ¿cómo produce el espacio quien tiene la

tierra y quien detenta el poder?

Pero para responder a dichas preguntas, es necesario contextualizar el uso de las

herramientas teóricas que se utilizan en el primer nivel del análisis socioterritorial, es decir,

desde el nivel nacional e internacional del sistema mundial capitalista y los diferentes

patrones de reproducción de capital, sobre cómo estos se adaptaron al caso mexicano a

través de las categorías y conceptos de lógica socioterritorial de capital, territorialidad

social y conflicto socioterritorial61.

Para esto, es fundamental reiterar los elementos de la economía política (desde la

racionalidad dialéctica) que se resaltaron anteriormente: la totalidad social en sus dos

dimensiones –lo concreto como síntesis de la totalidad y vínculo entre lo universal y lo

particular o el todo y sus partes por un lado, y la visión de conjunto de las relaciones

sociales, por otro-. Así como lo relacional de las categorías de análisis. Elementos que

integran el primer apartado de este capítulo, pero que son las premisas del análisis concreto.

Posteriormente, se expone la expansión de la lógica socioterritorial en el campo

mexicano, proceso que fue detenido para algunos, demorado y congelado para otros;

modificado y simulado para otros autores con la denominada Revolución Mexicana.

Revolución que puso en marcha una reforma agraria que dejó varias definiciones

pendientes políticas, económicas, sociales y culturales que necesitan ser analizadas para

comprender y explicar los actuales conflictos socioterritoriales en el campo mexicano.

En el tercer apartado, se expone cómo el neoliberalismo en tanto patrón de

reproducción de capital produce y reproduce una territorialidad específica, la territorialidad

neoliberal. Territorialidad que pretende modificar todas las territorialidades indígenas y

campesinas del campo mexicano, impulsando el conflicto socioterritorial y la lucha entre

territorialidades.

En los siguientes apartados, se hace énfasis en cómo la territorialidad neoliberal

significa la negación, en los hechos, de los derechos de los pueblos indígenas y la

61 Elementos de análisis que son la base del segundo nivel de análisis socioterritorial, el más concreto y

específico de la lucha entre territorialidades en el campo mexicano a través del análisis del conflicto socioterritorial de Santa María Ostula que se realiza en el capítulo tres mediante la utilización de las categorías y conceptos de lucha entre territorialidades con su proceso dialéctico de fragmentación/integración y sus vectores de fuerza (actores, discursos y mecanismos); ritmo, grado y vías de penetración. Por último, las tendencias de cambio socioterritorial.


continuación de la “Doctrina del Descubrimiento”, tanto en pensamiento-concepción-

cultura, cuanto en ley y procedimiento. Posteriormente, se expondrá brevemente la lucha de

los pueblos indígenas en México, por el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos,

en especial, el derecho a la autonomía.

Estos elementos, nos permitirán exponer la fase actual por la que transita la

resistencia indígena del Congreso Nacional Indígena (CNI), espacio de lucha y resistencia

en que la comunidad de Ostula participa, y así poder explicar cómo el capitalismo en

México pasó de la vía legal, con las reformas constitucionales en materia agraria y su

multiculturalismo e interculturalidad neoliberal, a la vía narco-paramilitar para imponer la

territorialidad neoliberal. Elementos todos, de la actual lucha entre territorialidades en el

campo mexicano.

2.1 Las categorías y conceptos para el análisis socioterritorial de la lucha

entre territorialidades en el campo mexicano y los conflictos

socioterritoriales que genera.

Recordemos que “en el marxismo existen diferentes niveles de análisis y de abstracción, o

unidades de análisis, que van desde las más abstractas a las más concretas” (Osorio,

2004:36). Distinguiendo: modo de producción, modo de producción capitalista, sistema

mundial, patrón de reproducción de capital, formación económico-social y coyuntura.

Ubicando a las dos primeras como las más abstractas y a las últimas cuatro en descenso

paulatino entre un nivel de abstracción superior y la especificación concreta de cada

periodo social, histórico y geográfico particular en donde se aplican. Dando elementos para

un análisis abstracto/concreto y multiescalar.

La categoría modo de producción, modo de producción capitalista y patrón de

reproducción ya fueron explicadas anteriormente. Aquí se exponen las dos categorías que

para el análisis socioterritorial presentan mayor potencial para el análisis multiescalar de

conflictos socioterritoriales concretos y específico: sistema mundial y formación social62.

62 La categoría de análisis coyuntura no será expuesta aquí por la complejidad y extensión que implica.

Para el que quiera profundizar más sobre la categoría coyuntura y su aplicación en el llamado “análisis de coyuntura”, puede revisar Osorio (1987) y SIPRO (1997).


La categoría sistema mundial, lugar por excelencia del análisis geopolítico

tradicional, necesita ser especificado. Para Osorio, como para la teoría de la dependencia,

de la que actualmente él es uno de sus principales representantes, el capitalismo como

sistema mundial se estructura entre países centrales y periféricos o como dice el propio

autor “–dicho de manera más ortodoxa– entre economías imperialistas y economías

dependientes, en donde las últimas, bajo diferentes mecanismos, según diversos momentos

históricos, transfiere valor a las primeras, propiciando modalidades particulares de

capitalismo” (Osorio, 2004:37). En el sistema mundial encontramos los clásicos problemas

de conflictos y guerras entre potencias imperiales y sus disputas por la hegemonía mundial,

continental o regional; el comercio mundial y su respectivo mercado mundial; la división

internacional del trabajo; los flujos de capital internacional; los organismos supranacionales

como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial

(BM) y la Organización Mundial de Comercio (OMC); “los movimientos cíclicos del

capital, con sus ondas largas y sus fases de ascenso y descenso” (Idem).

La categoría de formación social, como apunta Emilio Sereni fue utilizada por

primera vez por Marx en La ideología Alemana (1846) pero como un término con valor

estático y no como un término con valor dinámico, como fue posteriormente desarrollado

en todos sus escritos a partir de 1857. Trabajos donde la categoría de formación social

“expresa un proceso, una realidad dinámica y no estática” (Sereni, 1973:18).

Así planteada, la categoría de formación social nos obliga a retomar la idea del todo

y sus partes, primera dimensión de la totalidad que planteamos, al relacionar lo universal y

lo particular en el análisis socioterritorial. Para ello es importante rescatar lo que Armando

Bartra señala al analizar el conjunto de la obra de Marx, quien argumenta que desde éste

análisis existen categorías simples y abstractas o generales, en razón de la “pobreza de las

determinaciones que explican”, tales como trabajo, consumo y población. Pero por otro

lado, Marx define como categorías universales concretas “a aquellas cuya síntesis

constituye la de una forma de sociedad históricamente determinada y cuya comprensión

“facilita la clave” para la interpretación de sociedades anteriores” (Bartra, 1982). Estas

“categorías universales concretas”, son las que alimentan lo que el análisis socioterritorial

denomina condiciones materiales objetivas específicas del modo de producción capitalista

y lógica socioterritorial del capital. Argumento que tiene como premisa las categorías


marxistas de modo de producción, de modo de producción capitalista y de subsunción

formal como se expuso en el capítulo anterior.

En este sentido, la teoría del modo de producción capitalista que Marx desarrolla en

El Capital, según Bartra (1982), representa “la media ideal” que contiene “todas las

determinaciones necesarias para comprender el proceso de reproducción socioeconómica

que domina en esa fase histórica” y que a su vez dichas determinaciones se articulen

necesariamente con la totalidad y sus particularidades. Particularidades que tendrán que ser

analizadas posteriormente y que no entran dentro de la “media ideal” que explica Marx en

El Capital, como lo son la categoría de subsunción de real del trabajo por el capital de

Marx, la categoría patrón de reproducción de capital de Osorio y la categoría de

territorialidad de cada formación social y territorialidad de cada patrón de reproducción

de capital del análisis socioterritorial.

En ese sentido y retomando el conjunto de la obra de Marx, se coincide con Bartra

(2006) cuando señala que la categoría modo de producción, y en especial la categoría de

modo de producción capitalista, hace referencia a lo universal y a todas las

determinaciones concretas de esa fase histórica. Según el análisis socioterritorial, a todas

las condiciones materiales que condicionan la producción material y reproducción social

actualmente. Del mismo modo, la categoría de formación económica-social hace referencia

a las especificidades concretas que adopta dicho modo de producción capitalista en cada

territorio y en cada formación social particular, como pueden ser pueblos originarios y

comunidades campesinas, que a pesar de tener una naturaleza propia no capitalista, están

subsumidos o subordinados por el capital que los despoja, explota, domina, reprime y

desprecia.

En síntesis, la relación entre formación social (concreto-particular) y modo de

producción (abstracto y universal) es dialéctica, una condiciona a la otra y viceversa. En

otras palabras, se condicionan mutuamente, ambas son producto de una y producida por la

otra. Ambas son constitutivas tanto de una cuanto de otra. Son estructuradas y

estructurantes al mismo tiempo. Cuestión central a la hora de explicar conflictos sociales

específicos y concretos.

Estas categorías sirven de andamiaje para la construcción de los conceptos del

discurso sustantivo del análisis socioterritorial. Son las categorías que utiliza el análisis


socioterritorial para conocer y comprender los conflictos concretos que generan la

expansión de la lógica socioterritorial del capital en formaciones sociales y territorios

concretos. Son la principal herramienta para dar contenido específico a los conceptos que

constituyen nuestro discurso sustantivo, que articulan y sustentan nuestras explicaciones y

los resultados de nuestros análisis concretos expuestos a través de una narrativa y una

argumentación lógica.

La definición de territorialidad social planteada, aporta elementos para concebir el

territorio como un proyecto político, en el sentido planteado por Lefebvre, para el espacio

social (categoría más abstracta que la concreta de territorio) y que permite impulsar el

potencial político-utópico de cambio, a través de la reproducción social, bajo diferentes

formas de concebir y convivir con la tierra, de ejercer el poder y de producir el espacio

social en territorios específicos bajo territorialidades específicas.

Por eso es una lucha entre territorialidades en términos abstractos y un conflicto

socioterritorial en términos concretos, porque lo que está en disputa es la tierra, el territorio,

así como las ideas y proyectos que se tienen sobre él; sobre la organización social para

lograr dicho proyecto. Está en disputa la relación social hegemónica que condicione y

oriente la producción material y simbólica, así como la reproducción social, lo que lleva al

conflicto, un conflicto social diferente al agrario ya que no es sólo por la propiedad de la

tierra, tampoco es un conflicto territorial a secas, en tanto que no sólo se disputa el territorio

en sí mismo; sino que es un conflicto socioterritorial, en el cual se lucha por la relación

social hegemónica, la cual dominara, orientará y condicionará tanto a la organización

social, como a la producción social del espacio.

En otras palabras, conflicto que definirá y condicionará qué se produce y qué no se

produce, al mismo tiempo que condicionará qué se reproduce y qué no se reproduce en las

relaciones sociales. Relaciones sociales que producen bienes materiales, en la misma tónica

en que producen cultura, leyes, estructuras espaciales e instituciones sociales, es decir, todo

el “andamiaje” que se crea a partir de la producción material (y simbólica) de la existencia

humana. Es una disputa y conflicto entre proyectos diferentes y antagónicos que se

enfrentan cuando pueblos, naciones, tribus, barrios, comunidades o diferentes formaciones

sociales hacen frente y resisten la expansión capitalista, es decir, a la imposición por la vía

de la violencia de la subsunción formal y la lógica socioterritorial del capital. Se oponen a


la integración y concreción de la subsunción real y la territorialidad de cada patrón de

reproducción de capital, a sus estructuras espaciales y a sus instituciones sociales. Las

cuales adoptan múltiples formas según las condiciones espaciales, sociales y temporales,

culturales, tecnológicas y políticas de cada formación social y cada territorio según las

necesidades específicas de cada patrón de reproducción de capital.

Cada sujeto concreto, tiene su propia territorialidad de acuerdo a su concepción

ontológica y teleológica –su historia, intereses, intencionalidades, símbolos y

significaciones, principalmente sobre la tierra y la naturaleza–; sobre el trabajo, sobre el

poder y su forma de ejercerlo. Muy a pesar de las leyes y marcos jurídicos que regulen la

soberanía nacional, el régimen de propiedad o la relación mando/obediencia dentro del

Estado-nación moderno, así como los avances científico-tecnológicos.

La lucha entre territorialidades no sólo habla de la disputa por la tierra (como

conflicto sobre la propiedad y no como control político) o la disputa geopolítica clásica de

control territorial (propiedad, control político y comercial), además que hace referencia a

tres dimensiones que concatenan a las dos anteriores: (a) la propiedad de la tierra, (b) el

control político, así como (c) el proyecto político, social, económico, jurídico y cultural de

futuro. Estas dimensiones varían en época y por región, sin embargo, pueden definir cuál

relación social es la hegemónica (que domina y condiciona), la del capital o la de la tierra y

el trabajo, como analizaremos en el caso del campo mexicano; pero que también puede ser

la del trabajo en otras formaciones sociales con diferentes condiciones materiales,

subjetivas e históricas.63

En síntesis, lo que se argumenta es que existen tres tipos de conflictos sociales que

se caracterizan por ser disputas por el espacio, la tierra y el territorio, sólo que cada uno

tiene sus diferencias. El primero es el tradicional conflicto agrario, por el acceso a la

propiedad de la tierra en donde el espacio es concebido en términos cartesianos de

distancias y ángulos por el Estado; el segundo es el conflicto geopolítico clásico

relacionado a la disputa de un territorio entre diferentes potencias, Estados y/o poderes

fácticos. El tercero es el conflicto socioterritorial, en el cual se disputa no sólo la tierra, el

territorio y la producción del espacio, sino la relación social hegemónica que condicione la

63 Es una lucha no sólo por la propiedad de la tierra, los territorios y su control, sino una disputa por la

producción y reproducción social.


organización social, su intencionalidad política, así como la producción material y la

reproducción social de una formación social particular. Conflictos que en el campo

mexicano se agudizarán en los próximos años con la intensificación del despojo de la

territorialidad neoliberal.

Por lo anterior, el análisis socioterritorial propuesto puede ser aplicado a cualquier

territorio y formación social, sea urbano o rural como el caso de este trabajo64.

Territorialidades hay muchas y éstas pueden ser las de cualquier formación social y sujeto

social, tanto individual cuanto colectivo.

La propuesta concreta de análisis sobre el cambio socioterritorial denominada lucha

entre territorialidades no acaba ahí en su definición, sino que es el punto de arranque para el

estudio específico de las formas particulares que adopta en cada formación social y en cada

territorio y ante las necesidades específicas de cada patrón de reproducción de capital.

Analicémoslo desde el campo mexicano y como se caracterizó y expandió la lógica

socioterritorial del capital.

2.2 La expansión de la lógica socioterritorial del capital

en el campo mexicano65 En México, el despojo de tierras y de soberanía de la expansión de la lógica socioterritorial

del capital o del modo de producción específicamente capitalista,66 se comenzó a

64 Tiempo atrás Henri Lefebvre había argumentado sobre como el capitalismo se había apoderado del

espacio total. No sólo de la agricultura, sino de la ciudad “realidad histórica anterior al capitalismo”. Para profundizar más se puede ver La producción del espacio (1974).

65 En este apartado sólo se expondrán las características lógicas e históricas del modo de producción capitalista y la lógica socioterritorial del capital en México. Ya que la territorialidad de la vida colonial y del anterior modo de producción mesoamericano (dándole contenido a la categoría llamada “modo de producción asiático”, contextualizando y respetando la especificidad lógica–histórica del mundo mesoamericano anterior a la conquista) son muy profundos y poco estudiados desde la geografía. Por lo que eso será tema de un trabajo posterior.

66 Ya que el despojo de tierras y la anulación en el derecho y en los hechos de la soberanía social y territorial de los pueblos indígenas comenzó mucho antes, con la conquista e invasión europea, con la aplicación de la doctrina del descubrimiento a través de las Bulas papales, las encomiendas, los repartimientos coloniales y la autoridad virreinal. Mecanismos por el cual inició el despojo de tierras y la pérdida de soberanía de las comunidades indígenas, fomentados por la política colonizadora de la época, la cual no sólo no reconocía a los indígenas y sus derechos, sino que les declaraba la guerra. Pero que a pesar de la destrucción del antiguo modo de producción comunitario y tributario despótico del mundo mesoamericano (resignificando para nuestro contexto e historia la categoría de “modo de producción asiático” del materialismo histórico) y el despojo colonial, la propiedad comunal y la tierra como relación social hegemónica se mantuvo al interior de los pueblos originarios. Propiedad y relación que se conservó no sólo por las características del capitalismo dependiente latinoamericano, que reproduce en su seno relaciones de


configurar tras la guerra de Independencia y la Constitución de 182467. Se materializó a

mediados del siglo XIX tras la constitución de 1857 (de la llamada “época de Reforma”) y

las leyes del proyecto liberal, en especial de la llamada “Ley Lerdo”, la Ley de

Desamortización de Bienes de Manos Muertas del 25 de Junio de 185668 y el artículo 27 de

la constitución liberal de 1557, que adjudicó en propiedad a quienes aseguraran tener

arrendadas las tierras de corporaciones civiles (comunidades indígenas) y corporaciones

eclesiásticas. El Decreto sobre Colonización y Compañías Deslindadoras de 1883 y la Ley

producción no capitalista; sino más por la resistencia de larga duración de los pueblos, como veremos más adelante.

67 Para Durand (2009) al inicio de la Independencia de México (1821-1855), se vivía una desestabilidad y desorden que permitieron que subsistieran poderes regionales y asechanzas extranjeras (invasión y guerra contra Estados Unidos de 1847). “En los inicios del México independiente existió el estado mexicano, sólo desde el punto de vista formal (jurídico político), ya que tanto su organización económica, como social, se encontraba fragmentada; los factores que influían para ello, lo eran la extensión considerable de su territorio; su escasa y mal distribuida población; la carencia de vías de comunicación y medios de transporte; el deterioro que sufren las fuerzas productivas, tras la guerra de Independencia, la disolución de la dominación central y sus marcados contrastes sociales y culturales, y todo ello, fomentaba la cristalización de poderes locales, que hacían del Estado una unidad de dominación ficticia” (Leal, 1974: 7. Citado por Durand (2009: 151).

“Si de alguna forma se pudiera catalogar a la legislación agraria de este periodo tan caótico de la historia mexicana, sería como de colonización, cimentada en lo que el incipiente Estado denominaba como tierras baldías. Esta política y su respectiva juridicidad buscaron dar salida al capitalismo salvaje que, guiado por un discurso racista, buscó a traer nuevamente colonos europeos para capitalizar bienes agrarios aparentemente ociosos, o en su caso, redistribuir a la población (ejército, criollos, mestizos e incluso reos) para “capitalizar” el campo…” (Durand, 2009: 152-153).

Palabras como “tierras baldías”, “discurso racista”, “salvajes” son palabras del discurso colonial que nos introduce en la llamada Doctrina del Descubrimiento, la cual se expondrá más adelante pero que ya es importante ir destacando en los discursos de cada época.

68 Que tiene sus antecedentes en los siguientes ordenamientos colonizadores del México independiente:

1. Las autorizaciones del nuevo gobierno a Moisés Austin en 1821 para colonizar Texas, autorizándoles “el establecimiento de 300 familias, las cuales estarías exentas de impuestos por siete años, más un permiso para importar libremente cuanto les fuera menester. Se otorgaba gratuitamente 640 acres por jefe de familia, 320 por esposa, 100 por cada hijo y 80 por cada esclavo” (Mariano Galván, Ordenanzas de tierras y aguas, México: Ed. México, 1844: 40. Citado por Durand, 2009:154).

2. El Decreto del 4 de junio de 1823 permitió el reparto de tierras para obtener permanentemente haciendas a personal seleccionado del ejército (Manuel Dublán, Legislación mexicana. México: Ed. Dubaln y Lozano, 1876: 202. Citado por Durand, 2009: 154).

3. La Ley de Baldíos del decreto del 19 de julio de 1823 “en el que se le concedía la propiedad agraria a los soldados que habían intervenido en la lucha de independencia” (Durand, 2009: 155).

4. “El Decreto que hace extensivo el repartimiento de tierras a los individuos de las milicias provinciales” del 18 Septiembre 1823. Y que dice que “deben ser comprendidos en el decreto de 4 de Junio último sobre repartimiento de tierras, los individuos de las tropas de milicias provinciales ó locales, que en tiempo hábil se agregaron al ejército liberador” (Fabila, 1981: 90).

5. Las disposiciones legales de Colonización emitidas el 18 de agosto de 1824 por el nuevo gobierno independiente que “facultó a los Congresos de los Estados a expedir normas y reglamentos de colonización a nivel estatal”. (Durand, 2009:155) Permitiendo que se decretaran leyes colonizadoras locales en Chihuahua, Jalisco, Zacatecas en 1825; en Veracruz, Chiapas y Tamaulipas en 1826; y en 1828 en Puebla y Michoacán.


sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de 189469. Estas dos últimas fueron

promulgadas durante el periodo Porfirista. Marco jurídico, político y social que respondían

a las necesidades específicas del patrón de reproducción de capital agro exportador que

iniciaba en el México independiente y que se articuló con el comercio internacional del

sistema mundial capitalista; por lo que tenía que transformar las estructuras espaciales e

instituciones sociales del mercantilismo económico colonial que existía, para adaptarse a

los avances tecnológicos de comunicación, transporte e infraestructura de la época. Patrón

agro exportador que permitió la reinserción de México al mercado mundial, al mismo

tiempo que impulsó el despojo de las tierras comunales y la pérdida de soberanía y control

territorial de los pueblos indígenas. Todo ello generó las condiciones para la posterior

concentración de las tierras en pocas manos, generando grandes latifundios que

comúnmente son conocidos como las grandes haciendas de la época porfirista, elemento

esencial para comprender y explicar la configuración de la territorialidad porfirista o

territorialidad de la hacienda porfirista del patrón agro exportador de la época. Haciendas

que tenían en su propiedad y control el 85.15% del territorio nacional según el censo de

191070. Las cuales incluían poblaciones enteras dentro de sus inventarios. Comunidades

que eran obligadas a trabajar bajo diferentes formas de explotación para el patrón, para el

hacendado, el dueño de los destinos de los miembros de dichas comunidades. Una de esas

formas era el peonaje, el cual lo realizaba el llamado peón acasillado que se veía

permanentemente endeudado con el patrón a través de la tienda de raya71. De conformidad con el Anuario Estadístico de 1905 y el Censo de Población de 1910, la estructura agraria a fines del porfiriato indicaba una enorme desigualdad: 0.2% de los

69 “Estos ordenamientos tenían el fin expreso de identificar las tierras que no tenían propietario, para

incorporarlas a la vida económica del país mediante su deslinde, medición y venta a particulares” (SRA, 1998: 31). Ordenamientos que otorgaba a las compañías deslindadoras, mediante concesión de gobierno, el permiso para localizaran supuestos terrenos baldíos que tenían que deslindaran y medir para transportar a ellas a nuevos colonos que tendría que vivir y trabajar en ellas una vez que las tierras hayan sido fraccionadas. Para solventar sus gastos de trabajo, las compañías deslindadoras eran recompensadas con la tercera parte de las tierras deslindadas. “De 1883 a 1910, en 28 años de trabajo, unas cincuenta compañías deslindaron 59 millones de hectáreas, a razón de más de 2.1 millones por año; en compensación recibieron 20 millones de hectáreas, más del 10% del territorio nacional, con un promedio de 400 000 cada una. Los 40 millones de hectáreas que se entregaron al gobierno federal para su enajenación, salvo excepción, fueron adquiridas por los hacendados, las empresas mineras y los ferrocarrileros,” (SRA, 1998: 33-34)

70 Según el censo de 1910 citado por Gilly (2005: 49) en ese año existían 834 haciendas, las cuales tenían 167, 968, 814 hectáreas. De un total de 197, 254, 600 hectáreas del territorio nacional, lo que representa el 85.15% según el cálculo de este trabajo.

71 Para el que quiera profundizar más sobre las formas de explotación del trabajo de esas épocas puede consultar: Turner, México Bárbaro; Armando Bartra México Bárbaro; Katz, La servidumbre agraria en México en la época porfiriana; y Los de abajo de Mariano Azuela, entre muchos otros.


propietarios controlaban el 87% de las áreas ocupadas por fincas rústicas. El promedio de superficie de cada hacendado era de casi 13 500 ha., que bajaba a 199 ha. En los rancheros, a 41 ha. en los comuneros y a 13 ha. En los pequeños propietarios. Entre las haciendas había una gran desigualdad, pues al menos 300 tenían más de 10 000 ha. Cada una, 116 haciendas poseían 25 000 ha., 51 tenían 30 000 ha. Y había 11 con más de 100 000 ha. Algunas eran tan grandes que se requería varios días para atravesarlas a caballo, como los Cedros, en Zacatecas (754 912 ha.), y San Blas, en Coahuila (395 767 ha.). (SRA, 1998: 35-36).

En síntesis, fue el interés de intensificar la relación con el mercado mundial

capitalista a través del patrón agro exportador, el que impulsó el despojo masivo y la

territorialidad de la hacienda porfirista72. Proceso concretado a través de la violencia

liberal de ésta época disfrazada de progreso y modernidad por el sistema político y jurídico

del liberalismo mexicano, que tenía a Díaz como su máximo representante73. Lo que

evidencia y reafirma la relación economía-violencia-política señalada por la economía

política (Engels: 1979).

Pero este proceso fue detenido por la Revolución mexicana, la cual puso en marcha

una reforma agraria. Reforma que tiene muchas aristas que necesitan ser analizadas.

2.2.1 Las definiciones pendientes de la revolución mexicana y la reforma

agraria: los orígenes profundos de los actuales conflictos sociales en el

campo mexicano

La lucha de los pueblos originarios y los peones acasillados que pelearon junto a Emiliano

Zapata en la revolución mexicana, obstaculizaron el proceso de expansión de la lógica

72 Haciendas que tenían más características latifundistas y de tipo feudales que capitalistas. “Al vender

las propiedades de la Iglesia e intentar la desaparición de las comunidades, los liberales no lograron dar nacimiento a una burguesía fuerte e independiente del poder público y del extranjero. Por el contrario, se constituyó un grupo de latifundistas y hacendados, con reminiscencias de tipo feudal, que impondrían una visión regresiva: en lo económico como un lastre de la modernidad empresarial de entonces; en lo social, manteniendo formas de explotación arcaicas, y en lo político, oponiéndose en los hechos al relevo natural del dictador. El porfiriato, así, abandonó de modo absoluto el proyecto liberal de crear una numerosa clase de pequeños propietarios. Sin embargo, fue incapaz de impedir la sobrevivencia de las comunidades, y aún más, por necesidad del modelo crecieron de manera muy importante los peones acasillados y los jornaleros en las haciendas del norte”. (SRA, 1998: 37).

73 Configuración socioterritorial del campo mexicano, que tenía a la territorialidad de la hacienda porfirista como eje articulador del patrón de reproducción de capital agro exportador de la época y que pudo consolidarse gracias a las siguientes políticas y leyes del liberalismo decimonónico mexicano: la ley del 25 de junio de1856, la Ley Lerdo o de Desamortización; el artículo 27 de la constitución liberal de 1557; el Decreto sobre Colonización y Compañías Deslindadoras de 1883; y la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de 1894.


socioterritorial del capital y de la territorialidad de la hacienda capitalista. La recuperación

de las tierras y territorios comunales, así como la reforma agraria impulsada desde el

zapatismo tenía como objetivo no sólo la restitución de las tierras y territorios a las

comunidades indígenas, sino la instalación de una democracia efectiva a través del

municipio libre. Buscaba hacer efectiva la exigencia de “tierra y libertad” del campesino

pobre y de los pueblos originarios.

Tierras y territorios, en conjunto, ya que incluye los montes, bosques y aguas.

Visión claramente expresada en el punto seis del Plan de Ayala, que a la letra dice: …los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles, desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en las manos, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derechos a ellos, lo deducirán ante tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución.74

Este punto trascendente del Plan de Ayala del Ejército Libertador del Sur (ELS) de

1911 manifiesta no sólo la visión integral que se tiene del territorio que se remonta más allá

de los títulos virreinales, basada en la antigua concepción nahua y mesoamericana del

Altepetl, el calpulli y el Tlalicalli. Sino que hace referencia a esa resistencia histórica de

larga duración de los pueblos originarios y que los campesinos surgidos de la destrucción

de las haciendas porfiristas hacen suya hasta nuestros días. Tierras, montes y ríos,

elementos materiales y simbólicos que los y las integrantes de los ejidos y comunidades del

país siguen defendiendo “con las armas en las manos”, como dice el Plan de Ayala.

Lucha por la tierra y el territorio que se complementa por el esfuerzo de recuperar la

soberanía social y el control territorial, a través de la figura del municipio libre y el

ejercicio de la democracia sustantiva mediante los cabildos abiertos o asambleas generales.

Lucha que se expresa en la “Ley General sobre Libertades Municipales” del 15 de

septiembre de 1915 emitida por Emiliano Zapata y el ELS. Considerando que la libertad municipal es la primera y más importante de las instituciones democráticas, toda vez que nada hay más natural y respetable que el derecho que tienen los

74 Tomado de La Revolución Mexicana. Crónicas, Documentos, Planes y Testimonios. 2008. México:

UNAM. Pp. 148.


vecinos de un centro cualquiera de población, para arreglar por sí mismos los asuntos de la vida común y para resolver lo que mejor convenga a los intereses y necesidades de la localidad.75

Municipio libre que representa la continuidad histórica de la soberanía comunitaria

y el control territorial de los pueblos y se remonta a la figura socio-política, económica del

Altepetl, el Calpulli y el Tlalicallí, que continuó en la colonia a través de la figura jurídica

denominada República de Indios y los barrios indígenas de las ciudades coloniales76.

Concepción y práctica con su respectiva argumentación, postura política y diseño

institucional-jurídico que encabezaba el movimiento zapatista de la época y que se

enfrentaba al Constitucionalismo, otra concepción y práctica de hecho más de corte liberal

e individualista respecto a la tierra; y más centralista y menos comunitaria o popular-

participativa en cuanto al ejercicio del poder político.

Los liberales del Ejército constitucionalista, con Carranza a la cabeza, no

compartían la visión comunitaria zapatista. Unos apostaban por la continuidad de las

haciendas y otros por la implantación de la propiedad privada como en Estados Unidos, la

que Lenin llamaba vía farmer. A través de la “Ley Agraria del 6 de enero de 1915”, los

constitucionalistas presentaron su propuesta. Pero ante la presión de 7 años de conflicto

armado, se tuvo que redactar en 1917 el artículo 27 constitucional en términos ambiguos,

reconociendo ambos proyectos pero sin dejar claro cómo y bajo qué garantías. Sin

embargo, como plantea el historiador Adolfo Gilly (2005) la revolución mexicana dejo

abiertos dos proyectos en disputa que no se han definido aún.

Aquí se retoma esta tesis de Gilly para actualizarla, debatirla y enriquecerla desde

la perspectiva de la geográfica crítica y el análisis socioterritorial: La revolución mexicana planteó, pero no resolvió, las cuestiones generales de la tierra y el poder. La antigua clase dominante perdió para siempre el poder y, en los términos precursores y audaces del artículo 27, el derecho primigenio a la renta de la tierra. Al devolver la propiedad originaria de la tierra a la nación, conforme a la concepción patrimonialista heredada de la Corona, estaba transfiriendo su renta (su disposición y usufructo) al Estado mexicano y arrebatándosela a los terratenientes.

En este sentido, la tierra dejaba –en derecho, no en los hechos– de ser una propiedad y recuperaba su carácter originario de patrimonio colectivo de los mexicanos.

La gran cuestión no resuelta en los años veinte era si, y cómo, la nación transfería su usufructo a los pueblos y comunidades como depositarios y actores colectivos (entre los cuales podía haber parcelas individuales pero no derecho a venta de esas parcelas en el mercado); o su

75 Tomada de ESPEJEL, Laura y otros. Emiliano Zapata. Antología. Instituto Nacional de Estudios

Históricos de la Revolución Mexicana (INHER). México, 1988, p. 352-356. [http://www.bibliotecas.tv/zapata/1916/z15sep16.htm]

76 Los barrios coloniales indígenas que inicialmente construyó Vasco de Quiroga.


propiedad a los individuos como pequeños propietarios o nuevos terratenientes con derecho a vender o arrendar. (Gilly, 2005: 358).

Tesis que Gilly construye a partir de preguntarse ¿quién detenta el poder? y ¿de

quién es la tierra? Interrogantes que guían su investigación y lo llevan a concluir lo anterior.

Pero para poder actualizar, debatir y enriquecer dicha tesis se parte de dos preguntas más

que complementan a las dos anteriormente: ¿cómo ejerce el poder el que lo detenta?77, y

¿cómo producen el espacio quienes detentan el poder y quienes tienen la tierra? Esta

última, cuestión central de la Geografía Política y del análisis socioterritorial.

2.2.2 La disputa por la aplicación del 27 Constitucional. El artículo 27 Constitucional de 1917 generó que el régimen de propiedad cambiara y se

crearan tres tipos de propiedad: el público o del Estado, el privado, a través de la pequeña

propiedad y el social, a través del Ejido y la Comunidad agraria. Estas figuras jurídicas e

instituciones sociales que creó, permitieron que dos formas de organización y reproducción

social convivieran de manera paralela en el campo mexicano. Una basada en el capital, a

través de la pequeña propiedad y otra basada en la tierra, a través de los ejidos y

comunidades.

En la pequeña propiedad se reproduce, de múltiples maneras, la lógica

socioterritorial del capital, la territorialidad de cada padrón de reproducción y la

agricultura capitalista. A su vez, en los ejidos y comunidades se reproducen múltiples

territorialidades que crean diferentes estructuras espaciales e instituciones sociales78, que

tienen a la tierra como relación social hegemónica y como el centro, corazón y núcleo duro

del modo de vida comunal que se produce y reproduce en su interior. “La tenencia de la

tierra no es la propiedad personal de una olla o de un sombrero. Es, una relación social

(como lo es también el capital), a través de la cual se define una relación con el poder, con

la sociedad, con su economía, su política y su cultura”. (Gilly, 2005:355).

77 Como dice Osorio (2009:11) “Las respuestas a los interrogantes sobre quién(es) tiene(n) el poder y

cómo lo ejerce(n) constituye un asunto central del análisis político en general. Relegar cualquiera de estas preguntas, o con mayor razón, olvidar una de ellas, conduce a sesgos teóricos y políticos con elevados costos para la reflexión y el quehacer político”.

78 Como la “asamblea comunitaria” como máximo órgano de toma de decisiones al interior de los ejidos y comunidades.


Relación social basada en la tierra que perdura hasta nuestros días a pesar de todas

las contrarreformas agrarias que ha habido en México desde Carranza (1915)79, pasando

por Calles (1925)80, Miguel Alemán, Ávila Camacho y Ruiz Cortines –quienes no sólo

restituyeron los derechos de amparo a los propietarios con certificados de inafectabilidad en

el reparto agrario, sino que fraccionaron, titularon y certificaron posesiones individuales en

tierras ejidales a través del “Decreto de Parcelización Ejidal” publicado al inicio del

sexenio de Ávila Camacho–, hasta la más reciente, de corte neoliberal que implantó Carlos

Salinas de Gortari en 1992 y que modificó directamente el nombrado artículo 27

constitucional. Estas contrarreformas han buscado, sin conseguirlo, destruir no sólo la

propiedad social, sino el modo de vida comunal. Ambas, basadas en la tierra como relación

social. La cual establece una forma de relación muy particular con el poder y con el

conjunto de la sociedad, es decir, entre las comunidades con sus vecinos y con los

integrantes al interior de las mismas; con el Estado y sus tres niveles de gobierno (federal,

estatal y municipal); con los poderes fácticos regionales (caciques, empresas, iglesia,

ejército, narcotraficantes, etc.) y con todo sujeto social individual o colectivo, oficial e

independiente, que esté vinculado con los diferentes ejidos y comunidades del campo

mexicano.

Las instituciones sociales de los ejidos y comunidades son: la Asamblea Ejidal y

Comunal como máximas autoridades al interior de los ejidos y comunidades. Espacio de

toma de decisiones y de resolución de conflictos. Además están las figuras del Presidente

de Bienes Comunales (con su Presidente, Secretario y Tesorero), así como el Comisariado

Ejidal (con su Presidente, Secretario y Tesorero). Representantes ejidales y comunales que

son vigilados por la Asamblea y los llamados “Consejos de Vigilancia”, integrados también

por un Presidente, un Secretario y un Tesorero. A estas figuras, hay que agregar los

79 La ley del 6 de enero de 1915 declaraba nulas las enajenaciones de tierra basada bajo el marco legal

de la constitución de 1857, pero era un instrumento jurídico transicional, ya que su carácter liberal proponía un reparto agrario individual que se realizaría a posteriori y mientras tanto, se pretendía quitarle las banderas sociales a los Zapatistas, quienes ya en 1910 había comenzado el reparto agrario en el estado de Morelos y que en 1914 impulsaron una reforma agraria a nivel nacional a través del gobierno de Eulalio Gutiérrez, nombrado durante la Convención Nacional Revolucionaria, el “Constituyentes de Aguascalientes” pero que traiciono tanto a la División del Norte y al Ejercito Libertador del Sur.

80 La “Ley Reglamentaria sobre Repartición de Tierras Ejidales y Constitución del Patrimonio Parcelario Ejidal” promulgada por Calles pretendía revertir la orientación colectivista del reparto agrario para darle una orientación a favor de la pequeña propiedad (Mackinlay, 1991:123 y124).


Estatutos comunales y Reglamentos ejidales que regulan la vida al interior de los ejidos y

comunidades agrarias.

Una forma para conocer, comprender y explicar la evolución histórica de la

aplicación del artículo 27 constitucional es a través del análisis de las leyes secundarias,

con sus respectivos reglamentos y criterios, que junto con el análisis de las instituciones

facultadas para administrar la cuestión agraria, nos permiten observar la intencionalidad

política que orienta las políticas públicas en la materia.

La forma como los nuevos gobiernos postrevolucionarios manejaron la cuestión

agraria en el campo mexicano fue a través de la legislación agraria y las instituciones

administrativas sobre la cuestión agraria. La forma ambigua en que se redactó el artículo 27

constitucional ha permitido que se aplique de manera discrecional, favoreciendo en algunos

casos al ejido y a la propiedad comunal, y en otros a la pequeña propiedad, según la

correlación de fuerzas de cada momento histórico y de cada coyuntura política. Otra forma

o mecanismo de aplicar políticamente el artículo 27 constitucional y orientarlo hacia los

ejidos y comunidades o hacia la pequeña propiedad han sido (y son) las leyes

reglamentarias al 27 constitucional en materia agraria. Mecanismo secundario de aplicación

política coyuntural que tiene como antecedentes tanto la Ley Agraria zapatista, que

reglamenta el Plan de Ayala, emitida el 26 de octubre de 1915 por Manuel Palafox como

Ministro de Agricultura y Colonización del gobierno de la Convención Nacional

Revolucionaria; y la Ley Agraria constitucionalista del 6 de enero de 1915. Ambas leyes,

orientaron y dieron contenido a las dos concepciones y prácticas que están explícitamente

expuestas en el artículo 27 constitucional y ambiguamente definidos en su redacción. En

México, es a través de las leyes secundarias en materia agraria, las leyes reglamentarias del

artículo 27 constitucional y las políticas públicas sobre dicha materia, como podemos

analizar en qué proporción y grado se orientará la intencionalidad política de quien detenta

el poder en cada época. Así mismo, es el mecanismo por el cual quien detenta el poder

orienta la producción del espacio social en el campo mexicano, inclinándose por uno de los

proyectos políticos, económicos, culturales, sociales y territoriales en disputa. Y poniendo

todo el aparato de Estado a cumplir dicha intencionalidad política. Intencionalidad que

viene permeada por el dominio de clase del estado y la relación de capital como relación

social hegemónica.


Tras el asesinato de Zapata en 1919, ya se perfilaba un claro vencedor: el

Constitucionalismo, con Carranza a la cabeza pero con fuertes diferencias con Obregón,

quien al final lo asesina y da inicio a la llamada época postrevolucionaria. En las leyes de

Obregón y Calles se puede observar una clara tendencia. La Ley de Ejidos de 1920 de

Obregón reglamentó e instrumentó la Ley del 6 de enero de 1915 y al artículo 27

constitucional -con una clara orientación liberal que favoreció la pequeña propiedad-, pero

que entregó algunas concesiones a lo que quedaba del zapatismo, que era su aliado en esa

época convulsa de última etapa del conflicto armado. Por su parte, la Ley Fraga de 1925 de

Calles continuó los candados contra los acaparadores de tierras que estableció la Ley de

Ejidos de 1920, para así poder fomentar la pequeña propiedad. Bajos estas leyes funcionó la

Comisión Nacional Agraria y sus Procuradores en cada Entidad federativa.

En 1934 bajo el cardenismo, y ya expulsado Calles, se promulgó el Código Agrario

y se creó el Departamento Agrario. El Código de 1934 fue reformado en 1937 y sustituido

por el Código de 1940 y por el de 1942. En 1971 Echeverría decreta la Ley Federal de

Reforma Agraria, misma que fue derogada por Salinas de Gortari en 1992.

Retomando la forma de administrar la cuestión agraria desde los gobiernos

postrevolucionarios, es importante señalar que dichas gestiones siempre fueron una

cuestión político-administrativa. Una institución pública dependiente del ejecutivo, que

resolvía los conflictos, quejas y solicitudes según las coyunturas políticas regionales y de la

época. Según los interés en juego de cada periodo histórico. Trabajando de manera

discrecional desde la administración pública de cada Ejecutivo y no desde tribunales

especializados e independientes81. Por ejemplo, la institución social producida por el

gobierno postrevolucionario para tratar la cuestión agraria fue la Comisión Nacional

Agraria (creada en 1915 por el Constitucionalismo tras la Ley Agraria del 6 de enero de

1915 de Carranza), la cual posteriormente se convirtió en el Departamento Agrario (1934) y

que el 15 de junio de 1960 se convirtió en el Departamento de Asuntos Agrarios y

81 Con la reforma al artículo 27 Constitucional y a la Ley Agraria, se crean los Tribunales Agrarios y se trasladan las funciones de resolución de los conflictos agrarios, que recaían administrativamente en las secretarías y dependencias del poder ejecutivo, hacía tribunales “especializados” e “independientes” tanto del poder ejecutivo como del poder judicial, pues se crean como órganos autónomos. Sin embargo, todavía se observa que sus sentencias siguen siendo de carácter político y económico. Tendenciosos, ideológicos y con intencionalidad política y sobre todo económica Así mismo, se observa una falta de atención, investigación y capacitación constante en la propia materia agraria. Materia que es fundamental y estratégica para la estructura social del campo mexicano y que tendría que ser tratada con mayor atención, profesionalismo, dado el grado de relevancia que tiene en la historia de México y en la actualidad nacional


Colonización, que a su vez sería la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), secretarías

que, a su vez, son los antecedentes de la actual SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano).

Esta institución social se ha adaptado, transformado y reproducido según las

políticas del gobierno federal, el patrón de reproducción de capital y la territorialidad que se

quiere imponer. Desde esta institución se mueven los vectores de fuerza de la territorialidad

de cada patrón de reproducción de capital a nivel nacional. Junto con esta institución

histórica del Estado mexicano, en 1992, tras la promulgación de la nueva Ley Agraria de

corte neoliberal, se crean dos instituciones nuevas que son actualmente actores

fundamentales en el campo mexicano: la Procuraduría Agraria (PA)82 y los Tribunales

Agrarios. Estos últimos están divididos en Tribunales Unitarios Agrarios (TUA), repartidos

en diferentes distritos por todo el país y un Tribunal Superior Agrario (TSA) que se localiza

en la Ciudad de México, el cual atiende lo que los TUA no pueden resolver ya sea por falta

de atribuciones o por inconformidad o por solicitud de alguna de las partes en litigio.

Los Tribunales Agrarios no pertenecen al poder judicial, no forman parte ni de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni son parte del Consejo de la Judicatura

Federal. Son uno de los primeros “órganos autónomos” dentro del Estado mexicano. Pero

que lamentablemente siguen emitiendo sentencias por consigna, es decir, con

intencionalidad político-económica y sin criterios de legalidad, mucho menos de

legitimidad. Son tribunales con mucha corrupción actualmente. Además, la materia agraria

está olvidada, no hay una capacitación ni estudio de la cuestión, ni de la problemática en la

profundidad que requiere la materia, tanto por su importancia cuanto por su trascendencia

en la historia y vida social de México.

2.2.3 Las raíces de la lucha entre territorialidades en el campo mexicano. La diferencia en cuanto a la aplicación del artículo 27 constitucional, aparenta ser una

disputa entre dos modelos o proyectos de reforma agraria y política pública para el campo,

82 La PA es un órgano descentralizado de la administración pública federal que se crea a partir de la

nueva ley agraria de corte neoliberal de 1992. En teoría tiene la función de ser el “Ombudsman de los campesinos”, pero en la práctica es la encargada de ejecutar el tránsito del régimen de propiedad social (ejido y comunidad) al régimen de dominio pleno vía el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares (PROCEDE).


sin embargo, representa dos modelos de desarrollo, dos proyectos de nación diferentes con

bases, concepciones y prácticas antagónicas. Que al mismo tiempo, son dos formas

diferentes y antagónicas de producir el espacio social en el campo. Son la producción y

reproducción de diferentes instituciones sociales y estructuras espaciales para el campo

mexicano. En síntesis, expresan dos tipos de territorialidades diferentes, las cuales están en

un conflicto permanente, en lucha cotidiana. De ahí la necesidad de analizar a profundidad

esta lucha entre territorialidades desde la Geografía Política y desde el análisis

socioterritorial. Conflicto que representa una fase superior de la lucha de clases en el

campo mexicano.

Gracias a la resistencia de larga duración de los pueblos indígenas y de las

comunidades campesinas, así como a la defensa del territorio comunal y de la tierra como

relación social hegemónica, es que las condiciones del modo de vida comunal y su

reproducción perviven. Estas dos condiciones estratégicas son las que permiten la

producción y reproducción de las múltiples formas de territorialidad indígena y campesina.

La resistencia indígena, así como, la defensa de la tierra y territorio comunal, son el núcleo

duro de la economía campesina y el modo de vida comunal, son las dos columnas que

sostienen las territorialidades de los ejidos y las comunidades indígenas.

El proyecto liberal porfirista no pudo destruir a las comunidades, por el contrario,

estas destruyeron al proyecto porfirista. Proyecto que en el discurso se presentaba como

liberal, pero en la práctica reproducía características feudales de servidumbre a través de la

hacienda porfirista. La lucha armada de las comunidades destruyó las haciendas, pero no la

lógica de producción mercantil agroexportadora. Tras la revolución y el conflicto armado,

los campesinos que lucharon por “tierra y libertad”, obtuvieron la tierra, pero no la libertad.

Obtuvieron “tierra y Estado”. Estado que organizó a la base campesina según sus intereses,

y los de sus aliados, de la misma forma que impulsó a la agricultura capitalista.

La nueva clase revolucionaria ascendida, tras el conflicto armado, sabía que era

necesario destruir la gran propiedad por razones políticas e ideológicas. Las primeras eran

una demanda ganada por los ejércitos de Villa y Zapata; las segundas eran pura ideología

liberal de la época empeñada en que la pequeña propiedad, la pequeña y mediana

producción agrícola capitalista, era la vía del desarrollo. Pero fue la lucha armada

campesina y su constante resistencia la que destruyó la gran propiedad y permitió la


existencia y continuidad de la propiedad comunal y la reproducción del modo de vida

comunal.

Al terminar la lucha armada del campesino mexicano y la guerra civil, los promotores

de la producción agrícola capitalista (con sus condiciones de producción y reproducción

necesarios, su subsunción formal: propiedad privada y relación monetaria) se vieron

obligados a coexistir con la propiedad social de la tierra (ejidos y comunidades). Durante

ese lapso, descubrieron que la producción campesina era necesaria para el proyecto de

industrialización. La producción campesina era necesaria para poder mantener un precio

medio de los productos agropecuarios ya que la economía campesina asumiría los costos y

riesgos de la producción agropecuaria, así como los costos de su manutención en tanto

mano de obra.

El capitalismo del siglo XX para desarrollar su agricultura e industria, al mismo

tiempo que desgastó la propiedad común y la organización comunitaria para impulsar la

lógica socioterritorial del capital y la territorialidad de cada patrón de reproducción de

capital, necesitó reproducir la economía campesina para superar los riesgos de la

producción agropecuaria, las amenazas de las variaciones climáticas, las plagas, las sequías,

etcétera83. Asimismo, necesitó de la explotación del trabajo campesino para llevar

productos agropecuarios baratos a las ciudades y satisficieran las necesidades de los

trabajadores industriales. Esta doble necesidad de la economía campesina dentro de la

agricultura capitalista, contribuyo a que la economía campesina, el modo de vida comunal y

las múltiples formas de territorialidad social se reprodujeran en las comunidades indígenas

y campesinas del campo mexicano.

Armando Bartra (2006), desde su extenso conocimiento de la crítica de la economía

política capitalista en general, explica la ” teoría de la renta de la tierra marxista” en

particular, la cual contribuye a comprender y explicar la permanencia de la economía

campesina en la agricultura moderna capitalista. La renta primaria es la diferencial; más aún, la propia renta absoluta es diferencial, pues se paga en proporción a los rendimientos. Y la renta diferencial es insoslayable cuando de manera regular se vende a un mismo precio bienes iguales pero de costos diferenciados, disparidades que se originan en la diversa respuesta productiva de los recursos naturales (…). Así entendida, la renta diferencial es consustancial al capitalismo y genera una distorsión estructural en el

83 Subsumiendo de manera formal y real la tierra y el trabajo campesino por el capital, pero trasfiriendo los costos y riesgos de la agricultura a los campesinos.


reparto del excedente que en principio privilegia a quienes controlen la producción agropecuaria a costa del resto de los capitales.

De antiguo los teóricos y operadores del sistema del gran dinero han reconocido esta contradicción. Y para remediarla propusieron diferentes opciones, todas asociadas a limitar la mercantilización y valorización del suelo y el agua como bienes naturales escasos: nacionalización de estos recursos naturales, intervención del Estado en la fijación de los precios y en el acopio y comercialización de los productos agrícolas, subsidios a la producción tendientes a regular la oferta y a compensar a los agricultores de bajos rendimientos relativos sin elevar los precios generales, etcétera. En casi todos los casos, esta intervención en el mercado agropecuario se asocia con la operación de economías domésticas; pequeños y medianos productores que se reproducen con una lógica familiar, es decir, que trabajan con recursos relativamente “vinculados” y se mantienen en la producción por razones de cultura y subsistencia y pese a fluctuaciones en el ingreso que desalentarían a los capitales “libres”.

Y es ahí, en las perversiones propias de la renta, donde se encuentra una de las razones estructurales de la permanencia y reproducción de la economía campesina en el capitalismo avanzado: el que productores domésticos puedan ser forzados a trabajar por debajo de la ganancia media y en ocasiones en el simple punto de equilibrio. De esta manera el capital se ahorra el sobre precio que tendría que pagar por bienes agropecuarios generados exclusivamente por empresarios capitalistas. (Bartra, 2006: 20-21).

Por lo anterior, es importante reiterar que tras el conflicto armado de 1910-1921, las

comunidades indígenas y campesinas que pelearon por “tierra y libertad” consiguieron la

tierra, pero no la libertad. Lograron “tierra y Estado”. Estado que los controló y

corporativizó a través de múltiples instituciones sociales y mecanismos políticos y

económicos, sobre los cuales no profundizaré al no ser objetos de esta investigación, pero

que son importantes conocer, por ejemplo, a la Central Nacional Campesina (CNC; las

redes comercializadoras de productos como DICONSA, CONASUPO; las instituciones

financieras que dan los créditos, Banrural, etc. Y por supuesto, a través del partido único,

eje del corporativismo de Estado: el Partido Revolucionario Institucional (PRI.). Estado que

permitió un tipo de reproducción social campesina controlando su economía, a través de los

precios y algunas dimensiones de la vida al interior de los ejidos y comunidades, esto es,

por medio de la política social de cada gobierno.

Pero esta forma de control del Estado de la economía campesina buscó superar las

pérdidas en la agricultura capitalista, lo cual tuvo sus riesgos: Y es que el mismo mecanismo que propicia la extracción del excedente vía precios impide que operen adecuadamente los procesos automáticos de acumulación, de modo que la pequeña y la mediana agricultura que trabaja en las peores condiciones no sólo deja de aumentar su productividad sino que se descapitaliza acosta, entre otras cosas, de la fertilidad de la tierra y del agotamiento de los recursos naturales. (Idem).


En el neoliberalismo, el capitalismo encontró la solución para dejar de depender de la

economía campesina. Con las nuevas tecnologías ya no se necesita de dicha producción y al

no ser necesario explotar al campesinado, ahora está marginado y excluido. Lejos quedaron los días en que ser campesino significaba trabajar la tierra, recibir apoyo estatal, vender cosecha, ser explotado. Los campesinos latinoamericanos enfrentan el nuevo milenio excluidos del sistema. Sus productos carecen de comprador en el mercado, su unidad productiva no cuenta con recursos públicos, su tierra ya no da para comer. Soplan vientos neoliberales y el campo se encuentra devastado. Las empresas agroalimentarias inundan el mercado interno con insumos importados y dejan el trigo, el frijol, el maíz y el arroz que se pudran en el campo. En la era del desperdicio los productores nacionales aparecen como desechables. (Rubio, 2003: 25)

Todo ello implica que la lucha y la resistencia indígena y campesina, hoy sea no sólo

por su tierra, territorio, por su modo de vida comunal y por su cultura; sino una lucha por su

sobrevivencia. Lucha de sobrevivencia que comparte con el resto de la humanidad. Pero

que por su amplia y profunda experiencia comunitaria tiene mucho que aportar y enseñar a

toda la humanidad.

2.3 La lucha entre territorialidades en el campo mexicano: el

neoliberalismo como patrón de reproducción de capital.

El neoliberalismo como patrón de reproducción de capital y como discurso de la fase global

del sistema mundial capitalista, se presenta como triunfo, a su vez “retorno” de la libertad y

progreso capitalista. Triunfo frente a la Unión Soviética y la guerra fría a nivel mundial.

En América Latina en particular, se exhibe como el “regreso de las democracias” y

el fin de las dictaduras militares. El neoliberalismo en América latina pregona que con el

regreso del liberalismo y controlando los abusos del Estado, se podrá establecer un estado

de derecho que “garantizará” la vida política bajo democracia, el crecimiento económico y

el desarrollo.

Aunado a este discurso de bonanza, democracia y progreso, se anuncia el

reconocimiento, en el derecho internacional y en las constituciones de los Estados

nacionales, de los derechos de los pueblos indígenas.

Sin embargo, ni la democracia, ni el progreso, mucho menos dicho reconocimiento,

llegaron. El multiculturalismo funcional (a la reproducción de capital neoliberal), junto con


el neodesarrollismo y el neoextractivismo, en vez de generar los cambios y mejoras

esperadas que se pregonaron, lo que han generado es que los pueblos indígenas y los

nuevos movimientos sociales pongan en duda dicho discurso. Una nueva fase de protesta

social se expandió por el mundo y gritó que “otro mundo es posible”, que “otra

globalización es posible”. En México, los pueblos indígenas continúan defendiendo sus

tierras y sus territorios. Muchas comunidades se han concentrado en construir sus propias

formas de ejercer autonomía en los hechos, pues en el derecho se les fue negado por los tres

poderes del Estado mexicano desde el año 2001.

En este apartado, se expondrán el neoliberalismo como patrón de reproducción de

capital y como discurso hegemónico de la globalización. Explicando las características de

la territorialidad neoliberal, así como la forma y características que adoptó en el campo

mexicano. Haciendo especial énfasis en como la territorialidad neoliberal significa la

negación en los hechos de los derechos de los pueblos indígenas y la continuación de la

“Doctrina del Descubrimiento” tanto en pensamiento-concepción-cultura, como en ley y

como procedimiento.

2.3.1 El neoliberalismo como patrón de reproducción de capital Mucha literatura existe sobre el concepto de neoliberalismo. De lo que se trata aquí es

reflexionarlo desde dos dimensiones, una de ellas como el discurso ideológico victorioso

del liberalismo y el capitalismo, frente a la caída del muro de Berlín y la disolución del

bloque “Socialista” (con mayúscula y entre comillas), de la Unión Soviética y el CAME,

que significó el fin de la Guerra Fría con un claro vencedor. Y otra dimensión, que analice

las prácticas del discurso neoliberal y las formas específicas que adoptó en México, en

general y en el campo mexicano en particular.

Analizar el neoliberalismo como un patrón de reproducción de capital que al

transformar todas las relaciones de producción y de reproducción social de formaciones

sociales específicas, impone su propia territorialidad social. Lo que Marx llamó la

subsunción real del trabajo por el capital. Patrón de reproducción que impone, por la vía de

la violencia, una territorialidad específica que pretende modificar todas las instituciones

sociales y estructuras espaciales de las comunidades indígenas y campesinas. Formaciones

sociales que han construido y mantenido para su producción material y su reproducción


social, sus propias territorialidades y que por cierto, la territorialidad neoliberal busca

transformar. Lo que genera conflicto, un conflicto específico: el socioterritorial.

El neoliberalismo como discurso define las prácticas económicas y políticas que los

países deben realizar, según la concepción liberal y capitalista de la economía. En este

sentido, es muy acertada la definición que propone David Harvey sobre el neoliberalismo:

“una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover

el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y

de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado

por derechos de propiedad fuertes, mercados libres y libertad de comercio” (2005: 6). En

donde el “papel de Estado es crear y preservar el marco institucional apropiado para el

desarrollo de éstas prácticas” (Ídem). Lo que se ha traducido en una receta que reproduce

prácticas muy específicas: (1) disciplina presupuestaria, (2) reorientación del gasto público

desde los subsidios indiscriminados a actividades ineficientes hacia la sanidad, la enseñanza

primaria y las infraestructuras, (3) reforma fiscal encaminada a ampliar la base imponible y

a mantener tipos marginales moderados, (4) liberalización financiera (sobre todo en lo

relativo a los tipos de interés), (5) tipo de cambio competitivo, (6) apertura comercial, (7)

liberalización de la inversión directa extranjera, (8) privatización de empresas públicas, (9)

desregulación (eliminación de barreras a la entrada y salida en los mercados de trabajo y de

productos), (10) Derechos de propiedad garantizados, (Pablo Bustelo, 2003).

Diez puntos que provienen del llamado “Consenso de Washington”, que tiene su

origen en un documento realizado en 1989 por El Instituto de Economía Internacional del

Banco Mundial, en la ciudad del mismo nombre. Las formulaciones del Consenso de Washington datan del año 1989, cuando Estados Unidos consideraba la poca disposición que tenían los países de América Latina para emprender las reformas que les permitiesen salir de la crisis de la deuda externa. Quien fuese su arquitecto, el economista inglés John Williamson, opinaba que esto era erróneo y, de hecho, a su modo de ver las posturas sobre la política económica estaban cambiando radicalmente en todo el continente. Para comprobarlo, el Instituto de Economía Internacional (IEI) decidió convocar una Conferencia para que autores de 10 naciones latinoamericanas detallaran lo que estaba sucediendo en sus respectivos países. Dice Williamson: “para asegurar que todos abordaran un conjunto de temas en común, redacté un documento de referencia, en donde enumeré 10 reformas de política económica que casi todos en Washington consideraban necesario emprender en América Latina”. A tal respecto afirma: “cuando denominé al programa de reformas Consenso de Washington, no imaginé que estaba acuñando una expresión que pasaría


a ser el grito de batalla de los debates ideológicos por más de una década y que aún continúan”84.

Prácticas que iniciaron según Harvey (2005) en 1978 con las políticas de

liberalización económica en China que emprendió Deng Xiaoping85; en 1979 con las

políticas de combate a la inflación de Poul Volcker al frente de la Reserva Federal de

Estados Unidos. También en 1979 con las políticas de combate a la inflación y de

contención de los poderosos sindicatos que emprendió el gobierno de Margaret Thatcher en

Inglaterra. Políticas que comenzaron a definir su patrón en 1980 en Estados Unidos con el

gobierno de Reagan, quien trazó el rumbo con sus políticas anti sindicales, de control

inflacionario, de desregulación industrial, agrícola y extractiva; así como con la

liberalización de los candados a la especulación financiera.

Ante el discurso y prácticas neoliberales, hay quienes sostienen que con la

globalización neoliberal los estados nacionales pierden soberanía, que el Estado pierde

poder y se queda como un simple observador. Llegando a sostener el “ocaso” del Estado

nación (De Rivero, 2001). Sin embargo, se coincide con Osorio (2009: 9) cuando afirma

que “el capitalismo requiere de un sistema interestatal para reproducirse y la actual etapa de

mundialización reclama del Estado Nación, tanto en el centro como en la periferia”.

Lejos de desaparecer y disolverse, el Estado tiene un papel fundamental en el diseño,

ejecución y administración del patrón de reproducción de capital; así como en la

producción y configuración de las condiciones socioterritoriales que su territorialidad

reclama. El Estado es dominio de clase, es concentración de relaciones de poder y es

coerción, tres elementos que constituyen las tres particularidades del Estado en la sociedad

capitalista que plantea Osorio (2009): (1) ser la única institución que puede lograr que

intereses sociales restringidos puedan presentarse como intereses de toda la sociedad; (2)

ser una red de instituciones que concentran el poder, que se reproduce en y desde todos los

rincones de la sociedad, siendo el Estado el centro del poder político, la condensación en

donde todas las redes y relaciones de poder encuentran su núcleo de articulación; y (3), ser

la entidad que no sólo produce, sino que desempeña el papel fundamental de reproducir en

el campo material, social, político e ideológico, los tejidos fundamentales que generan la

84 Casilda, Ramón. (2005). América Latina: del Consenso de Washington al Consenso del Desarrollo

de Barcelona. España: Real Instituto Elcano de estudios Internacionales y Estratégicos. 85 Lo que no pudo concretar Mijail Gorbachov en 1989 con la Perestroika.


reproducción societal y están atravesados por las funciones estatales. Premisas con las que

Osorio (2009) afirma que el Estado tiene un papel central en la actual fase mundial del

capitalismo.

La visión de la desaparición del Estado con el discurso neoliberal, es parte del análisis

simplista de la teoría liberal de “la política” que elimina el conflicto de su análisis político

(Moufee, 1999) y su falta de visión de totalidad de lo político, al desvincular de su análisis

político lo económico y lo social, lo histórico y lo geográfico.

El Estado, tanto en el centro como en la periferia, es el principal actor e impulsor

tanto del discurso neoliberal como de las prácticas políticas económicas del neoliberalismo.

El Estado es quien impulsa la producción y reproducción de las condiciones

socioterritoriales que necesita la territorialidad de cada patrón de reproducción de capital,

según las especificidades de cada formación social en su contexto histórico y frente a los

avances científico-tecnológicos.

2.3.2 El neoliberalismo en México. El neoliberalismo llegó a México en 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid. Y llega

junto con la llamada “crisis de la deuda” de 1981-1982, por lo que el nuevo gobierno puso

su acento en el pago de la deuda externa y en gestionar y ejecutar un programa de ajuste

con el Fondo Monetario Internacional. Lo que significó el inicio de la aplicación de las 10

prácticas del denominado consenso de Washington. Reformas que iniciaron en 1987 con

miras a construir una economía abierta sustentada en la exportación de manufacturas,

posteriormente, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se realizan las

reformas estructurales que permiten la producción y reproducción del neoliberalismo en

México. Reformas que son recibidas con un conflicto armado en 1994 y con una crisis

económica en 1995. Conflicto armado con el EZLN que actualmente continúa y que ha

experimentado diferentes etapas.

Salinas de Gortari impuso las reformas estructurales más importantes del proyecto

neoliberal para: consolidar una economía abierta de Estado mínimo, logró una negociación de la deuda externa que sí desahogo financieramente al país; ganó la confianza de los inversionistas extranjeros y al país fluyeron dólares en cantidades nunca vistas; firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (TLC), privatizó la banca que nacionalizó López Portillo en 1982 así como empresas públicas estratégicas; reformó la constitución para permitir la enajenación de la


propiedad ejidal y la participación privada en la banca y el sistema financiero. Celebró un gran acuerdo con la élite empresarial y financiera, y, con el apoyo parlamentario del PAN, promovió y logró cuantas reformas constitucionales consideró necesarias para crear un marco institucional adecuado al nuevo modelo económico. Sólo dejó en la agenda neoliberal adecuaciones en el sector energético, la seguridad social y la legislación laboral, así como las llamadas “reformas de segunda generación”. (Ávila, 2006: 25)

Sin la intención de hacer un recuento histórico del neoliberalismo en México, se

destacan las consecuencias de 35 años de neoliberalismo en México. Las consecuencias de

políticas económicas y sociales que sistemáticamente han desmantelado las garantías

sociales en general, así como las garantías agrarias en particular ganadas tras 10 años de

conflicto armado y tras más de 100 años de participación social en México.

Lo primero a destacar son los propios informes del gobierno federal sobre la

evolución de la pobreza en México del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL)86, que en su Informe 2014 establece que 55.3 millones de

Mexicanos viven en pobreza (46.2 % de la población), y de los cuales 11.4 millones viven

en pobreza extrema, es decir, el 9.5 % de la población en México (Ver figura 1).

Figura 1. Indicadores de pobreza 2014.” (CONEVAL, 2015).

86 Medición de la pobreza que se hace de manera multidimensional, es decir, que no sólo contempla el

ingreso de cada persona, sino las carencias sociales (acceso a la alimentación, acceso a los servicios de salud, acceso seguridad social, servicios básicos en la vivienda, rezago educativo y calidad y espacios en la vivienda).


Pobreza que se ha mantenido estable o en los mismos niveles desde 1992, fecha en

que iniciaron las grandes reformas estructurales de corte neoliberal en México. En términos

de ingreso es igual (ver Figura 2) y en términos de carencias sociales, estas han disminuido

(ver Figura 3). Pero como señala el Informe de Oxfam sobre la desigualdad política y

económica en México, “entre mediados de los noventa y 2010, la desigualdad de ingreso

disminuyó. Sin embargo, la desigualdad es mayor a la que había en los ochenta” (Esquivel,

2015: 7).

Figura 2. Evolución de la población en pobreza en materia de ingresos en México, 1992-2014

(CONEVAL, 2015).

Pobreza estructural que ha generado una exorbitante desigualdad política,

económica y social en México. “México está dentro del 25% de los países con mayores

niveles de desigualdad en el mundo” (Esquivel, 2015: 7).

Esta desigualdad, producto del neoliberalismo en México tiene dos caras muy

claras, la riqueza y la pobreza distribuida de la siguiente forma: […] ha crecido el ingreso per cápita, pero se ha estancado las tasas de pobreza en el país. Lo anterior se produce porque el crecimiento se concentra en las esferas más altas de la distribución […]. Lo que se evidencia al momento de observar que el 10% más rico de México concentra el 64.4% de toda la riqueza del país y que la cantidad de millonarios en México creció en 32% entre 2007 y 2012, mientras que en el resto del mundo disminuyó 0.3% en el mismo periodo. (Ídem)


Figura 3. Evolución del porcentaje de personas en pobreza en materia de carencias sociales en México, 1990-2014 (CONEVAL, 2015).

El informe de Oxfam (Esquivel, 2015) es muy importante pues expone de manera

muy clara la desigualdad económica y política en México87, pero es de fundamental

importancia para el análisis socioterritorial aquí desarrollado, porque 2 de los 4

multimillonarios incrementaron sus riquezas por la actividad minera en un periodo muy

corto de tiempo. Actividad que se realiza a través del régimen de concesiones y que se

vuelve estratégica para el patrón de reproducción de capital neoliberal y en la

territorialidad neoliberal, como lo veremos más adelante.

Según Esquivel, la fortuna de los 16 multimillonarios de México ha aumentado

exponencialmente. De tener en 1996 25,600 millones de dólares a tener 142,900 millones

de dólares en 2015. En “2002, la riqueza de 4 mexicanos representaba el 2% del PIB; entre

87 El informe señala como causa de la desigualdad política y económica de México a la política fiscal

que “favorece a quienes más tienen. No es de ninguna manera progresiva y el efecto redistributivo casi nulo” (Esquivel, 2015:8). Ejemplo de lo anterior es que no hay impuesto en las herencias ni en las ganancias de capital en el mercado accionario. Lo que ha traído como consecuencia, señala el Informe, el incremento de la desigualdad económica, la captura de las élites de las decisiones y actividades políticas, lo que tiene graves consecuencias sociales. Y como muestra de lo anterior, el autor del informe señala el debilitamiento del mercado interno, la escasez de recursos y la pérdida de productividad de pequeños negocios.


2003 y 2014 ese porcentaje subió al 9%. Se trata de un tercio del ingreso acumulado por

casi 20 millones de mexicanos” (2015:8).

Figura 4. “La gráfica muestra cómo hasta 2002, la riqueza de ese grupo representaba únicamente alrededor de 2% del PIB mexicano. Sin embargo, a partir de 2003 inició un ascenso que para el lapso 2011-2014 alcanzó un promedio de 9% del PIB; es decir, 4.5 veces lo que representaba en los primeros años del periodo” (Esquivel, 2015: 19-20).

La siguiente figura, muestra como “en la actualidad, el rendimiento real de la

riqueza de 4 mexicanos es alrededor de un tercio del ingreso acumulado por casi 20

millones de mexicanos” (Esquivel, 2015: 19).


Figura 5. Que muestra “un indicador alternativo: el rendimiento real de la riqueza de los 4 principales multimillonarios mexicanos como porcentaje del ingreso anual del 20% de los hogares más pobres de

México” (Esquivel, 2015:19).

Riqueza que se generó por sectores que fueron privatizados, concesionados y/o

desregularizados por el sector público tras las reformas neoliberales de Salinas de Gortari.

Por ejemplo, Carlos Slim compró Teléfonos de México, ahora Telmex, empresa privatizada

en 1990. Salinas Pliego opera Tv Azteca y Banco Azteca, el primero concesionado y el

segundo comprado al ser privatizada la banca. Pero los dos más interesantes para este

trabajo son German Larrea (Grupo México) y Alberto Bailleres (Grupo Bal), ambos

dedicados al sector minero y que operan concesiones otorgadas por el Estado mexicano.

Es fundamental destacar, que las fechas de mayor crecimiento económico de los 4

mexicanos más ricos coinciden con las fechas en que aumentó la violencia en México. Lo

que llevó al autor del Informe de Oxfam a sugerir como hipótesis que existe una relación

entre desigualdad, marginación y pobreza con el aumento de la violencia.


Un estudio citado por Esquivel (2015: 35) […] muestra que, en efecto, la desigualdad ha jugado un papel importante en el aumento de la violencia en México en años recientes. En particular, muestra que un aumento de un punto porcentual en el coeficiente de Gini a nivel municipal se asocia con un aumento de 5 muertos por cada 100,000 habitantes. Más aún, cuando se desagrega el efecto de la desigualdad entre distintos tipos de crímenes, se encuentra que el efecto es mucho más alto para aquellos relacionados con el narcotráfico (un aumento de 10 homicidios de este tipo por cada 100,000 habitantes.

Aunado a lo anterior, es fundamental destacar que la población indígena en

México88 es el sector que se encuentra más marginado y excluido de la sociedad. Como

señala Esquivel “la discriminación y la exclusión del proceso de desarrollo a este segmento

de la sociedad han sido sistemáticas. Si es que hay avances en la materia, son de carácter

muy menor” (2015: 32). Mientras que el 38% de la población hablante indígena vive en pobreza extrema, el porcentaje correspondiente para la población total es inferior al 10%. Esto implica que la tasa de pobreza extrema para la población hablante indígena es casi 4 veces más alta que la de la población en general. A eso agreguemos pobreza moderara y encontramos que 3 de cada 4 hablantes de lengua indígena son pobres. El dato contrasta notablemente con lo que ocurre con la población en general, en donde a menos de la mitad de la población se le considera pobre.

Pobreza y desigualdad que ha generado una descomunal migración, tanto del campo a

las ciudades mexicanas89 como del campo y las ciudades mexicanas hacia el exterior, hacia

otros países, principalmente Estados Unidos.

Todas estas consecuencias aquí señaladas (pobreza, pobreza extrema, carencias

sociales, desigualdad económica y política, violencia, migración, etcétera) son producto de

35 años de neoliberalismo en México. Son producto de las reformas estructurales

neoliberales, que a través de la privatización, concesión y desregulación de sectores

estratégicos de la economía, lograron desmantelar las garantías sociales en general y las

garantías agrarias en específico, que se habían ganado tras un conflicto armado que duró

más de una década y tras una discontinua pero constante resistencia social y participación

ciudadana. Estas reformas y sus consecuencias, son la base de la territorialidad neoliberal y

de la negación en los hechos del derecho a la autonomía indígena, como se verá más

adelante.

88 6.8 millones en 2010 según el criterio de población hablante de una lengua indígena. 89 Diferentes estadísticas muestran el reacomodo social ante la crisis humanitaria que actualmente se

vive en México, donde el futuro para los hombres es migrar o entrar al crimen organizado; el de las mujeres es prostituirse y el de los jóvenes y niños es la calle, el abandono o ingresar a las filas de la delincuencia.


2.3.3 La territorialidad neoliberal en México La reforma neoliberal al artículo 27 constitucional de 1992, generó un abanico de leyes,

programas y políticas públicas que impulsaron inicialmente la territorialidad neoliberal.

Reforma constitucional en materia agraria a la que se le tiene que sumar la reforma

constitucional de 2001 en materia indígena, la cual niega derechos de los pueblos

indígenas, en especial, su derecho a ejercer su soberanía social y libre autodeterminación a

través de la autonomía, cuestión que se expone con mayor profundidad en el próximo

apartado. Analicemos ahora la reforma constitucional en materia agraria.

La reforma al artículo 27 constitucional de 1992 se caracteriza por su visión

fragmentada del territorio. Desmembrando la unidad indisoluble que se tenía anteriormente

del territorio, desde el Altepetl, el Calpulli, el Tlalicalli y los Títulos Virreinales, pasando

por el Plan de Ayala hasta la mayoría de todas las Resoluciones Presidenciales de los

ejidos y comunidades anteriores a la reforma de 1992. Creando una ley agraria para las

tierras, una ley forestal para los bosques y una ley de aguas nacionales para los ríos,

manantiales, pozos y distritos de riego. Marco jurídico que permite la mercantilización y

privatización de dichos bienes nacionales.

Contrarreforma agraria que busca la fragmentación territorial y la

desterritorialización de las formaciones sociales del campo mexicano, los ejidos y

comunidades. Proceso que tanto ayer como hoy no sólo buscaban/buscan destruir la

relación social basada en la tierra y que está arraigada con sudor y sangre en todos los

pueblos, naciones y tribus indígenas y comunidades campesinas en México; sino que

también busca desmembrar a las comunidades y la noción histórica que se tiene del

territorio, el cual no es entendido como sólo la tierra, sino que incluye los montes, bosques

y aguas. Visión que es claramente expresada en el punto seis del Plan de Ayala, que a la

letra dice: …los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles, desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en las manos, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derechos a ellos, lo deducirán ante tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución.90

90 Tomado de “La Revolución Mexicana. Crónicas, Documentos, Planes y Testimonios” (2008:148).


Punto trascendente del Plan de Ayala del Ejército Libertador del Sur que manifiesta

no sólo la visión integral que se tiene del territorio que se remonta a la antigua concepción

nahua del Altepetl, el calpulli y el Tlalicalli. Sino que hace referencia a esa lucha histórica

de larga duración de los pueblos originarios y que los campesinos surgidos de la

destrucción de las haciendas porfiristas hacen suya hasta nuestros días, quienes defienden

sus territorios “con las armas en las manos”91. Tierras, montes y ríos, elementos materiales

y simbólicos que están impregnados en el imaginario de todos los y las integrantes de los

ejidos y comunidades del país92.

Fragmentación territorial que tras las reformas constitucionales de corte neoliberal,

promulgan un abanico de leyes y programas que impulsan la territorialidad neoliberal e

intensifican el régimen de concesiones93, tanto para el agua, es decir, manantiales y pozos;

así como las concesiones mineras del subsuelo de ejidos y comunidades; y por último las

concesiones de bosques para la explotación forestal o de la industria papelera. A lo que se

tienen que sumar las concesiones de las costas o la llamada Zona Federal Marítimo

Terrestre (ZFMT) de los ejidos y comunidades que colindan con el Océano Pacífico, el

Golfo de México y el mar de las Antillas. Reformas que ponen en marcha la territorialidad

neoliberal en México, la cual busca subsumir no sólo formal, sino realmente el campo

mexicano. Modificando todas las estructuras espaciales e instituciones sociales de las

comunidades indígenas y campesinas. Dando luz verde al despojo a través de las mineras,

hidroeléctricas, carreteras, parques eólicos, etc.

91 En México, a diferencia de Estados Unidos, es muy difícil tener en posesión armas de fuego y

portarlas fuera del hogar. Hay que regístralas ante la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA). Sólo los comuneros y ejidatarios pueden estar armados en sus tierras. “Los ejidatarios, cumuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar con la sola manifestación, un arma de las ya mencionadas, o un rifle de calibre .22, o una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.).” Art. 9, fracción segunda, párrafo segundo de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos del 11 de enero de 1972 y vigente actualmente. Se respeta el “error de dedo” que tiene la ley, que pone cumuneros y no comuneros.

92 Como ya se mencionó, tras la revolución mexicana el régimen de propiedad cambio y se dividió en tres tipos de propiedad: El público o del Estado; el privado, en que entra la pequeña propiedad; y el social, dividido en Ejidos y Comunidades.

93 Dicho régimen es la forma de privatización de los bienes que constitucionalmente son “propiedad de la nación”. En el derecho positivo la propiedad es definida como uso, disfrute y disposición. El régimen de concesiones otorga por 10, 20, 50 y hasta 100 años el uso y disfrute, más no la disposición, de dichos bienes, como el agua, las minas, las costas (ZFMT), los puertos, las carreteras, los aeropuertos, los bosques, los montes, etc. Concesionarios, que siempre son empresas privada y trasnacionales las que se quedan con la renta de su uso y disfrute.


La minería en México es prioritaria para el patrón de reproducción de capital y la

territorialidad neoliberal, por tal razón cuenta con privilegios fiscales. Según Esquivel

(2015: 21) “hasta 2013, por ejemplo, México era uno de los muy pocos países mineros en

los que no se cobraba ningún tipo de impuesto o regalía por la producción a boca de mina.

Esto alentó la extracción acelerada y asimismo favoreció desproporcionadamente a los

concesionarios mineros mexicanos a costa del agotamiento de las riquezas minerales del

país. Más claro: los recursos naturales de la nación entera han beneficiado solo a unos

cuantos”. German Larrea y Alberto Bailleres en específico como ya se señaló

anteriormente.

Es importante señalar que más de la mitad del territorio nacional está concesionado,

lo que ha permitido que “la extracción de oro en México en el periodo 2000-2010 fue [se]

equivalente a más del doble de toda la extracción realizada a lo largo de 300 años de la

época virreinal en México” (Esquivel, 2015: 21).

La territorialidad neoliberal implica una triple destrucción de la comunidad. Por un

lado la destrucción de la propiedad comunal y el modo de vida comunal94. Por otro lado, la

fragmentación material y simbólica de la visión integral que se tiene del territorio en el

imaginario colectivo de los pueblos y comunidades, y por último, la destrucción misma de

la economía campesina95. Cada uno de estos procesos es complejo, por lo que es necesario

un trabajo especial para abordar cada uno de ellos96. Triple destrucción que pretende

desterritorializar97 a los ejidos y comunidades del campo mexicano.

94 Según Floriberto Díaz en Comunidad y comunalidad, “la Comunalidad expresa principios y

verdades universales en lo que respecta a la sociedad indígena, la que ha de entenderse no como algo opuesto sino como algo diferente de la sociedad occidental” (Díaz, 2007: 40). Modo de vida comunal o comunalidad que se integran por los siguientes elementos: La Tierra como Madre y como Territorio; El consenso en Asamblea para la toma de decisiones; El servicio gratuito, como ejercicio de autoridad; El trabajo colectivo, como acto de recreación; y los ritos y ceremonias, como expresión del don comunal.

95 Para el que quiere profundizar sobre la naturaleza y características de la economía campesina, se recomienda consultar: Alexander Vasilevich Chayanov, Sobre la teoría de los sistemas económicos no capitalistas y Viaje de mi hermano Alexis al país de la utopía campesina. Así como, La racionalidad intrínseca de la economía campesina de Armando Bartra. En Bartra, 2006.

96 El cual está en proceso y se centra en explicar como la actual resistencia y defensa del modo de vida comunal y los territorios comunitarios representan una lucha de larga duración por conservar tres elementos sustantivos del modo de producción mesoamericano previo a la conquista europea: la visión integral de territorio; el modo de vida comunal; y la tierra como relación social hegemónica. Ver Díaz 2007a, 2007b, 2010, 2011, 2012 y 2013. Así como Díaz Marriele y Díaz, 2006.

97 El contenido específico que se le da a la categoría de desterritorialización en el análisis socioterritorial se realiza desde la geografía política, la geografía crítica y desde la economía política. Es un desarrollo conceptual que se realiza desde dentro de la ciencia geográfica, lo que lo diferencia del desarrollado por Rogério Haesbaert, en su libro “El mito de la desterritorialización”. Dicho autor reflexiona,


Pero ¿qué se entiende por desterritorialización? Se define así al proceso de despojo

de tierra y soberanía a una formación social, que transforma las relaciones sociales y el

ejercicio del poder, así como la forma de producir y reproducir el espacio social,

modificando las estructuras espaciales e instituciones sociales que producía y reproducía la

territorialidad social subsumida y/o subordinada98. Que en el caso de este trabajo y otros ya

citados, las formaciones sociales son las comunidades indígenas y campesinas. Tierra y

soberanía que les permite reproducirse como comunidad y como modo de vida comunal;

tierra, fuente de riqueza como ya se explicó anteriormente y que, en la desterritorialización

específica del capitalismo neoliberal, se busca ponerla al servicio del capital en un proceso

renovado de acumulación originaria ampliada que al mismo tiempo niega en los hechos la

posibilidad del ejercicio de la soberanía a través del autogobierno y la autonomía indígena.

Proceso que impulsa por un lado concretar en su plenitud la subsunción formal del

trabajo campesino por el capital al despojarlos de sus tierras y lanzar una gran cantidad de

trabajadores al trabajo informal y asalariado, proceso claramente observable en la masiva y

descomunal migración que existe actualmente en el campo mexicano y que se intensificó

desde la última contrarreforma agraria de corte neoliberal de Carlos Salinas (1992). Y por

otro, anhela concretar la subsunción real, al mercantilizar toda la naturaleza ya fragmentada

por la territorialidad capitalista neoliberal y modificar todas las estructuras espaciales e

instituciones sociales del campo mexicano. Mercantilizando y privatizando la naturaleza en

su conjunto: semillas, tierras, aguas, montes, costas, aire, saberes campesinos y

comunitarios99, en fin, dando luz verde al despojo a través de las concesiones mineras, la

construcción de hidroeléctricas, carreteras, puertos eólicos, etc. Proceso que se agudizará

tras la intensificación de la imposición de la territorialidad neoliberal actual y la operación

la categoría desde fuera de la ciencia geográfica y su conceptualización es más de corte hermenéutico, enfocando su reflexión en criticar los planteamientos de los filósofos Deleuze y Guattari.

98 Una vez definida la categoría de desterritorialización como un proceso, se propone como herramienta de análisis para ser aplicada en el estudio de diferentes procesos históricos en diferentes territorios y con diferentes formaciones sociales. Por ejemplo, se puede utilizar para explicar la desterritorialización colonial de los europeos tanto de América como de África, así como de Asía, entre otros casos. En este trabajo nos referiremos a la desterritorialización específicamente capitalista neoliberal sobre el campo mexicano en particular.

99 Saberes sobre usos curativos de plantas en la medicina tradicional y que la industria farmacéutica quiere patentar. Saberes campesinos sobre semillas y diferentes cultivos y abonos tradicionales que las empresas agroindustriales buscan patentar o destruir, como es el caso de Monsanto y sus semillas transgénicas y su paquete tecnológico de agroquímicos.


de la segunda fase de la contrarreforma agraria neoliberal, con su agenda y programa

específico100, que implica la intensificación de la territorialidad neoliberal.

Sin embargo, a pesar de las contrarreformas agrarias que buscan la fragmentación

territorial e impulsan la triple destrucción del modo de vida comunal, la relación social

basada en la tierra persiste. A pesar de este proceso de desterritorialización de los ejidos y

comunidades, el modo de vida comunal persiste. Las comunidades campesinas e indígenas

se organizan y resisten el despojo neoliberal. Fortalecen su autonomía y modo de vida

comunal y colectivo a través de sus instituciones propias (como las asambleas ejidales y

comunales, sus reglamentos y estatutos ejidales y comunales, sus trabajos colectivos y

diferentes proyectos).

Pero, ¿por qué hablamos de un proceso de desterritorialización capitalista neoliberal

en el campo mexicano? Actualmente –a 100 años de la firma del Plan de Ayala por

Emiliano Zapata y los generales del Ejercito Libertador de Sur–, más del 50 por ciento del

territorio nacional está en manos de familias campesinas y de pueblos originarios. Según

datos oficiales 105 millones 948 mil 306 hectáreas son propiedad de los 31 mil 514 ejidos y

comunidades que reportó el INEGI en el Censo Ejidal 2007. Dicha superficie representa el

53.93 % del territorio nacional (que es de 196 millones 437 mil 500 hectáreas) y se localiza

estratégicamente en el 80% de las selvas y bosques del país, así como en las dos terceras

partes de los litorales. Territorios que contienen el 74% de la biodiversidad y que están bajo

el control de 4 millones 655 mil 686 titulares de derechos101. Tierras y territorios que siguen

bajo el régimen de propiedad social y que son gobernadas por Asambleas Ejidales y

Comunitarias, autoridades tradicionales (jueces, gobernadores tradicionales), autoridades

civiles locales elegidas por mecanismos tradicionales y autoridades agrarias. Y en algunos

100 Con el regreso del PRI al ejecutivo federal ya se notan las primeras señales de la intensificación, al

incorporar el Desarrollo Territorial y Urbano a la ex Secretaria de Reforma Agraria (SRA) que deja de centrarse en temas agrarios y se orienta más al desarrollo inmobiliario, el ordenamiento territorial y la planificación urbana.

101 Existen diferentes cifras dentro de los propios datos oficiales. Mientras que la SRA reporta para Mayo de 2011 a 31 mil 628 núcleos agrarios que poseen 93.7 millones de hectáreas en propiedad de 4.5 millones de familias rurales; la Procuraduría Agraria (PA) reporta para marzo de 2011 31 mil 644 núcleos agrarios (29 mil 304 ejidos y 2 mil 340 comunidades) que poseen 100 millones 401 mil 548.52 hectáreas (51% del territorio nacional) en propiedad de 4 millones 655 mil 686 titulares de derechos. Se han usado los datos del Censo Ejidal 2007 debido a es el último censo ejidal realizado después del de 1991 y 2001. Para ver más, los interesados pueden consultar el comunicado de prensa # 079 del 17 de Mayo de 2011 de la SRA titulado “El Ejido, institución vigente: SRA” en [www.sra.gob.mx]; así como el comunicado de prensa # 63 del 12 de mayo de 2011 de la PA; y los citados censos ejidales en [www.inegi.gob.mx].


casos, controladas por autoridades municipales indígenas (los municipios en Oaxaca

regidos por sus sistemas normativos propios, los Municipios Autónomos Zapatistas de

Chiapas y el Municipio Purépecha de Cherán en Michoacán).

La reforma al artículo 27 y su ley agraria permiten el diseño de políticas públicas

que buscan eliminar la propiedad social en los hechos. Como lo es el caso del Programa de

Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) el cual fomenta la

mercantilización y privatización de las tierras de ejidos y comunidades que adoptan la

figura jurídica de “dominio pleno”. Modalidad que suprime el carácter “imprescriptible,

inalienable e inembargable” de las tierras ejidales y comunales que se tenía antes de la

reforma de 1992. Dominio pleno que se orienta a la fragmentación y titulación de manera

individual de las tierras y territorios comunales. Tierras que pueden ser vendidas,

hipotecadas y embargadas, así como arrendadas a empresas, modificando las diversas

estructuras espaciales históricas que han construido los indígenas y campesinos en sus

tierras y territorios por un lado; así como, la destrucción de las asambleas comunitarias,

que son la institución social que regula la vida al interior de los ejidos y comunidades como

máximo órgano de autoridad. Creando pequeños propietarios al interior de los ejidos y

comunidades sin obligaciones legales de respetar los acuerdos de asamblea. Eliminando en

los hechos las atribuciones jurídicas de las asambleas ejidales y comunales. Situación que

incrementa los conflictos sociales al interior de los ejidos y comunidades102.

Conflictos que están aumentando , intensificándose y cambiando de formas debido a

que, es relevante enfatizar, diversas estimaciones han evidenciado el fracaso del Programa

de Certificación de Derechos Ejidales y titulación de solares urbanos ya que al parecer, sólo

una muy mínima parte (menor al 5%) de las tierras de propiedad social han entrado al

dominio pleno103.

102 Para el que quiera profundizar en estos conflictos y las diferentes formas de violencia que adopta,

puede consultar la bibliografía en línea citada al final de Díaz (2011), Díaz Marielle y Díaz Carnero (2006); así como los casos de la Policía Comunitaria en Guerrero; la resistencia del Congreso Nacional Indígena; y las múltiples declaraciones y manifiestos indígenas y campesinos contra el PROCEDE.

103 Modalidad creada a partir de la reforma al artículo 27 constitucional y la derogación de la Ley Federal de Reforma Agraria por el ejecutivo en 1992. Reforma que creó la nueva ley agraria, la cual permite el ingreso al mercado de las tierras de ejidos y de comunidades que entran a dicha modalidad denominada “dominio pleno”. Modalidad que suprime las pocas garantías sociales y los candados jurídicos que protegían la propiedad social en México, como lo es el carácter “imprescriptible, inalienable e inembargable” de las tierras ejidales y comunales.


Proyectos mineros, turísticos, de infraestructura y de urbanización son ejemplos de

la expansión e intensificación de la lógica socioterritorial del capital en el territorio

nacional y son botones de muestra de la territorialidad neoliberal actual.

Pero no hay que observar únicamente el ataque del capital a través de la violencia,

el despojo y su proceso de desterritorialización capitalista en general y neoliberal que en

particular ya explicado, sino que hay que poner en el centro del proceso a la resistencia, la

resistencia histórica y de larga duración de la defensa y lucha por la tierra y libertad de los

pueblos originarios y las comunidades campesinas. Resistencia que por un lado lucha

contra el despojo y la explotación capitalista y que por otro lucha contra el colonialismo

interno, es decir, al proceso de homogenización de la nación mexicana y al proceso de

proletarización del campesino. Resistencia que hoy tiene su expresión más concreta en la

lucha por el territorio y la autonomía de las comunidades indígenas y campesinas que

participan en el Congreso Nacional Indígena (CNI).

Observar este proceso de despojo/resistencia es hablar de lucha de clases en el

campo mexicano, lo que a su vez implica hablar de dominio de clase dentro del Estado

mexicano, así como de soberanía y control territorial.

2.4 La larga lucha de resistencia de los pueblos indígenas por el

reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos.

Los pueblos indígenas104 en México no son algo del pasado, están presentes hoy. Viven y

resisten, se organizan para conservar sus costumbres, tradiciones, territorios y modos de

vida comunales. Defienden sus derechos como históricamente lo han hecho: con valentía,

con dignidad, con legalidad y legitimidad, con inteligencia, con diálogo, con pluralidad,

con fuego y palabra, con una táctica y estrategia flexible capaz de adaptarse a las

coyunturas impuestas tanto por ellos mismos y sus luchas, como por el dominador.

104 La definición “pueblo indígena” se toma de la fracción b del artículo 1ro del Convenio 169 de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece que “los pueblos en países independientes, considerados indígenas, por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.


A pesar del despojo, la esclavitud, la explotación –feudal, colonial o liberal– el

desprecio y la violencia que los invasores y conquistadores europeos sembraron en el

continente –y que los gobiernos liberales independientes regaron, mantuvieron, continuaron

e intensificaron–, los pueblos indígenas continúan viviendo de manera comunal, con sus

costumbres y tradiciones.

Hoy, las semillas de la dignidad indígena florecen junto con las semillas del

desprecio, el despojo y explotación que la “herencia colonial” sembró y que

lamentablemente seguimos reproduciendo como sociedad. Ambas semillas hoy se disputan

la tierra y el agua para crecer y florecer.

Hoy, los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos en el derecho

internacional y constitucional de México, pero son negados en los “hechos”. O como dice

Clavero respecto a las Constituciones latinoamericanas y sus leyes, “resulta que

discapacitan a quienes amparan; neutralizan lo que reconocen; reducen cuanto integran”

(2008:12).

Hoy, los derechos de los pueblos indígenas del continente americano en general y

en México en particular están fuertemente amenazados por la territorialidad neoliberal.

2.4.1 El derecho internacional y el derecho a la libre determinación de los

pueblos indígenas. El derecho natural (el ius naturale en latín) establece como principio que todo persona y

pueblo tiene el derecho de propiedad y soberanía. La autodeterminación de los pueblos es

un derecho natural e histórico que cada pueblo, nación y tribu tiene para decidir libremente

el destino de sus vidas y para ejercer dichas decisiones sobre un territorio soberano.

El principio a la libre determinación del derecho natural, hoy en día se ejerce como:

el derecho a la libre determinación. Principio convertido en derecho e instrumentado a

través de los “derechos humanos”. Es decir, el principio se ha hecho derecho por el

derecho positivo y se ha hecho norma en el derecho internacional a través de las Naciones

Unidas. En concreto, el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas está

reconocido en el derecho internacional por lo que se denomina la “Carta Internacional de

Derechos Humanos”, que está integrada por: la Declaración Universal de Derechos

Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de


Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración de las Naciones Unidas sobre

los Derechos de los Pueblos Indígenas; y el Convenio 169 de la Organización Internacional

del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Los Estado-Nación a través de la firma y ratificación de estos Pactos,

Declaraciones y Convenios, están obligados a respetarlos y velar por el cumplimiento de

dichos derechos. Principalmente los Convenios, que tienen un carácter vinculante, es decir,

que los Estados están explícitamente “obligados” a cumplir los derechos a costa de

sanciones y castigos específicamente establecidos y regulados.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos

Indígenas, que fue aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007 en su

107ª sesión plenaria, establece: Artículo 1 Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos. Artículo 2 Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas. Artículo 3 Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.”105

El Convenio 169 de la OIT fue adoptado en 1989 y ratificado por el Estado

mexicano en 1991. En él se reconocen los siguientes principios y derechos de los pueblos

indígenas: a su cultura, sus formas de vida, de organización propia, sus instituciones, su

participación política efectiva, sus derechos territoriales y su derecho a la autonomía.

En sus considerandos, el Convenio reconoce “las aspiraciones de esos pueblos a

asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y sus derechos económicos y

105 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos indígenas. En línea:

[http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf ]


a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los

Estados en que viven”.

Los llamados “derechos territoriales” de los pueblos indígenas están establecidos

en la segunda parte del Convenio, de los artículos décimo tercero al décimo noveno. El

Artículo 13 establece: 1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular, los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera.

Lo que hace referencia a la noción holística de territorio que tienen los pueblos

indígenas y que en México se ve reflejado en la concepción del Altepetl (tierras, montes y

ríos) como del Calpulli, y el Tlallicalli, así como el punto seis del Plan de Ayala y las

Resoluciones Presidenciales previas a la Reforma de 1992 como ya se señaló.

A la Declaración de Naciones Unidas como al Convenio 169 de la OIT, se debe

sumar las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la

tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria mundial,

definidos por la FAO en 2012. Estos tres instrumentos internacionales, son las herramientas

del derecho internacional más avanzados que los pueblos indígenas pueden utilizar para

evidenciar su situación actual, así como para exigir y defender no sólo sus derechos

humanos, sino sus derechos territoriales. Sin lugar a dudas falta mucho por reconocer y

cambiar, como se verá más adelante, pero es el inicio de un largo proceso que reconozca los

derechos históricamente negados de los pueblos indígenas. Derechos que han sido

sistemáticamente negados desde 1493 con el Tratado de Tordesillas, las Bulas Papales y

la Doctrina del Descubrimiento como se expondrá más adelante.

2.4.2 Las vías de la autodeterminación: independencia o autonomía. Ya se definió que uno de los más importantes derechos que tienen hoy reconocido en el

derecho internacional los pueblos indígenas es el derecho a la autodeterminación. Los

pueblos originarios del continente americano que participaron en el “Primer Encuentro de

Pueblos Indígenas de América” ratificaron su derecho histórico a la libre determinación


como pueblos, naciones y tribus indígenas. Tal y como se puede ver en el primer punto del

“Pronunciamiento de Vícam”: Manifestamos nuestro derecho histórico a la libre determinación como pueblos, naciones y tribus originarios de este continente, respetando las diferentes formas que para el ejercicio de esta decidan nuestros pueblos, según su origen, historia y aspiraciones.106

Las diferentes formas que hace alusión la cita anterior son: la independencia y la

autonomía. La primera se ejerce a través de la constitución en términos sociales y no

solamente jurídicos de un Estado libre y soberano. En el que cada pueblo ejerce sus

derechos a través de las instituciones que ellos mismo construyen. La segunda es ejercida

dentro de un estado nacional “libre y soberano”107.

Dichas definiciones fueron señaladas en las participaciones de los delegados de los

pueblos, naciones y tribus de dicho evento108, quienes manifestaron las dos posturas que se

sostienen entre los pueblos del continente, reflejo de la historia particular de cada pueblo.

Ya que los conquistadores europeos definieron estrategias diferentes. Por un lado, los

españoles pretendieron “asimilar” a los pueblos109; mientras que los ingleses y portugueses

pretendieron “exterminarlos”. No ahondaré sobre las magnitudes de lo anterior, sólo se

señala como punto de referencia para entender los comentarios de los participantes de dicha

reunión, en la cual comuneros de Ostula participaron. Lo que si quisiera profundizar es en

la vía de la autonomía y la lucha por su ejercicio desde las comunidades de los pueblos,

naciones y tribus que participan en el Congreso Nacional Indígena (CNI).

106 Véase la “Declaración de Vícam”, del Primer Encuentro de Pueblos Indígenas de América,

convocada por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la Tribu Yaqui. La cual fue realizada en el Territorio de la Tribu Yaqui de Vícam, en Sonora, México del 11 al 14 de octubre de 2007.

107 Libre y soberano como mito liberal, ya que la soberanía efectiva la tiene el capital y por eso se habla de recuperar y fortalecer la soberanía social.

108 Se pueden revisar tanto las relatorías del encuentro, como la memoria interactiva realizada por “Multimedia i” en formato CD-Rom.

109 Y posteriormente los liberales pretendieron “mexicanizar”, “des-indianizar” o “colonizar mental y espiritualmente” con la idea del mestizo. Lo más grave de lo anterior, no sólo es el exterminio cultural y la negación del “otro”, sino la idea de mestizo en términos de raza y no de cultura, como lo entienden las naciones nativas del norte del continente, así como los pueblos del Caribe gracias a Alejo Carpentier.


2.4.3 La lucha por el reconocimiento constitucional al derecho a la

autonomía en México: los Acuerdos de San Andrés.

Después de la participación activa de comunidades indígenas y campesinas durante el

conflicto armado de 1910-1921, hubo un periodo de control de estas por parte del Estado

mexicano a través de su corporativismo que ejerció vía la Central Nacional Campesina y el

Instituto Nacional Indigenista (INI). Desde la década de los 20´s hasta mediados de los 70´s

las comunidades indígenas y campesinas no tuvieron “tierra y libertad”, sino “tierra y

Estado” como ya se señaló. Pero en los setentas, comienza lo que la historiografía

campesina y de los movimientos sociales denomina el “movimiento independiente” del

Estado y su corporativismo. Por no ser el tema central de esta investigación, no se

desarrollarán las características de este periodo110, sin embargo se hará un esbozo ya que es

fundamental para comprender el tránsito de un movimiento social cooptado, subordinado y

controlado por el Estado mexicano, a uno de corte independiente en los 70´s que es la raíz

del movimiento autonomista de los 90´s.

Un evento que sin lugar a dudas es un parteaguas dentro del movimiento indígena

nacional, es el Congreso Indígena de 1974 que fue convocado por el padre Tatik Samuel

Ruiz en San Cristóbal de las Casas, Chiapas111. Evento que provocó la respuesta del Estado

mexicano que convocó a dos Congresos Indígenas que organizó el gobierno federal a

través de la CNC y el INI en 1975 y 1977 para tratar de reorganizar el control corporativo

del Estado mexicano en las comunidades indígenas. Estos Congresos “oficiales”

engendraron el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas. La figura operativa del nuevo

impulso corporativo que el Estado mexicano comenzó a dibujar para contrarrestar las

inconformidades indígenas y del nuevo movimiento independiente campesino de los 70´s y

80´s.

Pero fue hasta septiembre de 1989, como señala Luis Hernández Navarro, “cuando

el nuevo movimiento indio comienza a adquirir el perfil que actualmente tiene. En ese

entonces, durante tres días, más de un centenar de representaciones indias se reunieron en la

110 Al que quiera profundizar sobre este periodo histórico se recomienda el libro de Armando Bartra

Los herederos de Zapata publicado por editorial Era . 111 Evento al que asistió Don Juan Chávez, líder Purépecha de la comunidad de Nurío, Michoacan.


ciudad de Matías Romero, Oaxaca, para exigir la defensa de sus derechos humanos y el

reconocimiento de sus derechos colectivos”. (Hernández, 2000: 18).

Es por esas fechas que el gobierno federal firma en 1991 el Convenio 169 de la OIT

como acto de propaganda y simulación, estrategia del Estado mexicano para aparentar dar

derechos pero que en los hechos nunca fueron instrumentados. Y hoy a la distancia se

puede comprender que fue una medida nacional e internacional para contener a las grandes

movilizaciones indígenas que comenzaban a configurase en 1992 por el aniversario de los

“500 años” de la conquista y colonización europea en América o lo que se denominó el

“encuentro de dos mundos”.

Pero ni la firma en 1991 del convenio 169 de la OIT por parte del Estado mexicano,

ni la reforma al artículo 4 constitucional en 1992, que definió a la nación mexicana como

pluricultural, pudieron detener el descontento social, campesino e indígena que se vivía en

ese momento y que lamentablemente continúa y se incrementa. En 1994, el primero de

enero, el mismo día que comenzó el Tratado de Libre Comercio que Salinas había firmado

como representante del poder ejecutivo federal y jefe del Estado Mexicano, entre México,

Estados Unidos y Canadá un grupo muy bien organizado se levantó en armas y le declaró la

guerra al Estado mexicano. El 1 de enero hace su aparición pública el Ejecito Zapatista de

Liberación Nacional (EZLN). Organización netamente indígena maya y de izquierda

revolucionaria configurada por los referentes del contexto del llamado movimiento de

liberación nacional latinoamericano. Organización que comienza una lucha, que continúa

hasta ahora con diferentes formas e iniciativas, por el reconocimiento y ejercicio pleno del

derecho a la autonomía de las comunidades indígenas en México.

Sin entrar en detalles en la historia del EZLN y del conflicto armado en Chiapas, se

quiere señalar que tras los Diálogos de Catedral entre el EZLN y el gobierno federal de

1994, convocados por Samuel Ruiz y lo que posteriormente sería la Comisión Nacional de

Intermediación (CONAI) en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se inicia el alto al fuego

por parte del EZLN y el duro camino de negociación para lograr un paz con justicia y

dignidad. Después de los Diálogos de Catedral de 1994 y tras la ofensiva militar de 1995,

en 1996 inició una nueva etapa de dialogo tras la promulgación de la “Ley para el Diálogo,

la conciliación y la paz digna en Chiapas”. La cual se planteó el objetivo de iniciar un

nuevo acercamiento con el EZLN con miras a iniciar un proceso de negociación a través de


temas muy específicos112. De estos temas, sólo se logró hacer acuerdo en uno sólo, en la

mesa 1 sobre “Derechos y Cultura Indígenas” de los Acuerdos de paz, los llamados

Acuerdos de San Andrés. San Andrés Sacamche´en de los Pobres para los zapatistas y San

Andrés Larraizar para el gobierno federal. Negociación que sigue detenida hasta hoy tras la

negación del gobierno federal de reconocer lo que firmó el 16 de febrero de 1995 en San

Andrés.

Los acuerdos de San Andrés, representan una profunda reforma del Estado

mexicano que el gobierno federal se niega a reconocer y mucho menos a realizar. Los

Acuerdos de San Andrés “ya no son sólo una herramienta para exigir el reconocimiento de

derechos políticos, sociales, económicos y culturales para los pueblos indios. En estos

documentos está el germen de una reforma a fondo del estado mexicano” (Hernández

Navarro y Vera, 2000).

En los acuerdos de San Andrés, que posteriormente son medianamente traducidos

legislativamente en la iniciativa de Ley de la Comisión de Concordia y Pacificación

(COCOPA), se define a las comunidades indígenas como sujetos de derecho y se reconoce

112 La Ley para el Dialogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que sigue vigente, establece: ARTICULO 1.- Esta Ley tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la

conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1o. de enero de 1994 en el Estado de Chiapas. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá como EZLN el grupo de personas que se identifica como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto a que se refiere el párrafo anterior.

ARTICULO 2.- Será objeto del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere el artículo anterior, entre otros, pactar las bases que permitan:

I.- Asegurar la paz justa, digna y duradera en el Estado de Chiapas, dentro del pleno respeto al Estado de Derecho;

II.- Atender las causas que originaron el conflicto y promover soluciones consensadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico, dentro del Estado de Derecho y a través de las vías institucionales;

III.- Propiciar que los integrantes del EZLN participen en el ejercicio de la política dentro de los cauces pacíficos que ofrece el Estado de Derecho, con respeto absoluto a su dignidad y garantías de ciudadanos mexicanos;

IV.- Conciliar las demandas e intereses legítimos de los diversos sectores de la sociedad chiapaneca; V.- Promover el bienestar social y el desarrollo económico sustentable en Chiapas, y VI.- Proponer los lineamientos para la amnistía que, como consecuencia del proceso de diálogo y

conciliación, concederá en su caso el Congreso de la Unión por los hechos relacionados con el conflicto en el Estado de Chiapas, iniciado a partir del 1o. de enero de 1994.

ARTICULO 3.- En el acuerdo de concordia y pacificación previsto en esta Ley, intervendrán los representantes del Gobierno Federal y del EZLN con la participación que corresponda a la Comisión de Concordia y Pacificación.”

Publicada en el DOF el 11 de marzo de 1995. En: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/177.pdf]


su derecho a la autodeterminación a través de la autonomía dentro del Estado mexicano.

Además de reconocer a las comunidades indígenas como sujeto de derecho y reconocer su

derecho a la autonomía, los Acuerdos comprometen al Estado mexicano a: ampliar la

participación y representación política de los pueblos indígenas en una especie de nuevo

federalismo; reconoce los sistemas normativos internos y propios de las comunidades

indígenas como mecanismos efectivos de resolución de conflictos y de acceso a la justicia;

promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas; asegurar una educación

que respete y aproveche sus saberes, tradiciones y formas de organización; a garantizar la

satisfacción de sus necesidades básicas; impulsar la producción y el empleo; y proteger a

los indígenas migrantes.

El cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y el reconocimiento constitucional

del derecho a la autonomía indígena a través de su traducción jurídica en la iniciativa de

Ley de la COCOPA fueron la principal demanda del Congreso Nacional Indígena y del

EZLN en marzo de 2001 en la llamada “Marcha del color de la tierra y por la dignidad

indígena”. La movilización más grande e importante del México contemporáneo después

de la movilización estudiantil de 1968 y el movimiento ferrocarrilero de los 50´s. En esta

movilización nacional e internacional el EZLN habló en el Congreso de la Unión pero los

tres poderes del Estado mexicano le dieron la espalda al movimiento indígena y a la

sociedad civil nacional e internacional movilizada. Después de la movilización y el diálogo

en el Congreso, los tres poderes del Estado mexicano negaron el camino constitucional y

las vías legales a la autonomía indígena. La Ley indígena promulgada en 2001 negó

derechos en lugar de reconocer y crear mecanismos para ejercerlos. El Ejecutivo y el

Legislativo definieron a las comunidades como como entidades de interés público y no

como sujetos de derecho.

2.4.4 El Congreso Nacional Indígena El CNI no es una organización social en el sentido de tener puestos y jerarquías. Desde sus

orígenes se planteó la necesidad política de no tener ni dirigentes ni estructuras que

conviertan el espacio de lucha y organización de las comunidades en cotos de poder. Es un

espacio de encuentro, reflexión y organización que los pueblos, naciones y tribus han


construido y fortalecido a partir de una iniciativa zapatista de 1996113. Espacio de reflexión

que busca ser la casa de todos los pueblos indígenas de México. Una casa-red para

escucharse, dialogar y hacer acuerdos. La casa de la palabra que pretende hermanar las

luchas y resistencias de las comunidades para lograr “la reconstitución integral de

nuestros pueblos”, teniendo como lema “nunca más un México sin nosotros” y

estableciendo: “PRIMERO: Que el Congreso Nacional Indígena es un espacio construido por todos

para que se encuentren nuestros pueblos, se hablen nuestros corazones, se crezca nuestra palabra y se encauce nuestra lucha, y es una forma de servirnos unos a otros para engrandecer a nuestros pueblos y poder lograr nuestros objetivos comunes.”114

Espacio que se guía por 7 principios:

“QUINTO: Que nuestra forma de ser y de entender la vida, como pueblos indígenas no

busca reproducir las formas de dominación o de control con que durante tantos años nos han oprimido los grupos de poder en el país, sino por el contrario, establecer nuevas formas de vivir la democracia, basándonos en los principios siguientes:

1. Servir y no servirse; 2. Construir y no destruir; 3. Obedecer y no mandar; 4.

Proponer y no imponer; 5. Convencer y no vencer; 6. Bajar y no subir; 7. Enlazar y no aislar”115

Principios que se inspiran en las siete tareas116 que en febrero de 1996 el EZLN le

propuso a la “Comisión Promotora del Foro Nacional Indígena” creada como acuerdo en el

Foro Nacional Indígena de San Cristóbal de las Casas. Principios que han guiado la lucha

por la autonomía y que se ven reflejados en los 4 congresos nacionales (1996, 1998, 2001 y

2006), así como en las reuniones regionales y los talleres y asambleas nacionales.

Autonomía que es definida y planteada de manera clara desde 1996 hasta hoy tal y

como lo señaló la Declaración del primer CNI realizado en la Ciudad de México, la

Declaración “Nunca más un México sin nosotros”, la cual delineó un programa de lucha

113 Los antecedentes del CNI los podemos encontrar el 1er Foro Nacional Indígena de enero de 1996

en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Encuentro que presentó un Documento final muy amplio y profundo; en la 1ra Reunión de la Comisión Promotora del Foro Nacional Indígena Permanente en abril de 1996 en Oventic, Chiapas; en la 2da Reunión Comisión promotora del Foro Nacional Indígena Permanente en julio de 1996 en Oventic, Chiapas; y en el Foro Reforma del Estado realizado en julio de 1996 en San Cristóbal de las Casas. Eventos que prepararon y organizaron el camino para la realización del 1er Congreso Nacional Indígena del 8 al 12 de octubre de 1996 en la Ciudad de México.

114 Considerando primero del resolutivo de la Primera Asamblea Nacional del CNI, realizada en Malacachtepec Momoxco, Milpa Alta, el 20 de noviembre de 1996. Documento I del Anexo.

115 Ibidem. Considerando quinto. 116 Séptima propuesta del Comunicado del CCRI-CG del EZLN del 29 de febrero de 2009. En

“Acuerdos de San Andrés” Luis Hernández y Ramón Vera, compiladores. México: Ed. Era, 2000, p. 182.


muy puntual, que se ha ido adaptando a la coyuntural particular de cada contexto histórico

del país pero que sigue vigente en términos generales hasta el día de hoy:

DECLARAMOS

Que honramos hoy, como siempre, a quienes nos hicieron pueblos y nos han permitido mantener contra todo y contra todos, nuestra Libre Determinación. Que honramos a quienes nos enseñaron a seguir siendo lo que somos y a mantener la esperanza de la libertad.

Que en su nombre hablamos hoy para decir a todos nuestros hermanos y hermanas del país que se construyó en nuestros territorios y se nutrió de nuestras culturas, que venimos a hacer, junto con ellos, una Patria Nueva. Esa patria que nunca ha podido serlo verdaderamente porque quiso existir sin nosotros.

Que estamos levantados. Andamos en pie de lucha. Venimos decididos a todo, hasta la muerte. Pero no traemos tambores de guerra sino banderas de paz. Queremos hermanarnos con todos los hombres y mujeres que al reconocernos, reconocen su propia raíz.

Que no cederemos nuestra autonomía. Al defenderla defenderemos la de todos los barrios, todos los pueblos, todos los grupos y comunidades que quieren también, como nosotros, la libertad de decidir su propio destino, y con ellos haremos el país que no ha podido alcanzar su grandeza. El país que un pequeño grupo voraz sigue hundiendo en la ignominia, la miseria y la violencia.

Que por todo esto EXIGIMOS:

PRIMERO: el reconocimiento jurídico constitucional de nuestra existencia plena como pueblos y de nuestro inalienable derecho a la libre determinación expresado en la autonomía en el marco del Estado Mexicano.

SEGUNDO: el reconocimiento constitucional de nuestros territorios y tierras ancestrales que representan la totalidad de nuestro hábitat en donde reproducimos nuestra existencia material y espiritual como pueblos.

TERCERO: el reconocimiento de nuestros sistemas normativos indígenas en la construcción de un régimen jurídicamente pluralista que armonice las diversas concepciones y prácticas de regulación del orden social que conforman la sociedad mexicana.

CUARTO: el reconocimiento de nuestras diferencias y nuestra capacidad para gobernarnos con una visión propia en que la autonomía y la democracia se expresan como poder del pueblo.

QUINTO: en general, el reconocimiento de todos nuestros derechos sociales, políticos y culturales para la afirmación, florecimiento y perduración de nuestras comunidades y pueblos.

SEXTO: el cumplimiento inmediato y completo de los Acuerdos de la Mesa 1 sobre Derechos y Cultura Indígena del Diálogo de San Andrés Sakamch'en de los Pobres, Chiapas, que constituye un primer paso ya conquistado por los pueblos indígenas, así como los acuerdos de este Congreso y la inmediata constitución de la Comisión de Verificación y Seguimiento.

SEPTIMO: la desmilitarización de las zonas indígenas del país, el cese al hostigamiento a organizaciones indígenas y sociales y a sus dirigentes, la liberación de los presos políticos y de los indígenas injustamente detenidos, y en particular, de los presuntos zapatistas presos.”117

117 Declaración “Nunca más un México sin nosotros” del Primer CNI realizado en la Ciudad de

México del 8 al 11 de octubre de 1996 y que contó con la participación de la comandante Ramona del EZLN. Documento II del Anexo.


Vigencia en términos generales, ya que el 4to CNI marco un parteaguas respecto a

la demanda que desde el 1er CNI se defendía y que fue el eje del 3er CNI y “La Marcha del

color de la tierra, la marcha de la dignidad indígena”118: el reconocimiento constitucional de

los derechos y cultura indígena a través del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y

la aplicación de la ley cocopa119. Demanda que pretendía construir una nueva relación entre

el Estado y los pueblos indígenas, pero que fue brutalmente frustrada tras la traición del

Estado Mexicano en 2001120, como explica la Declaración de N´donhuani por la

Autonomía en los Hechos y la Resistencia Indígena: Desde la traición de los tres poderes de la Unión en 2001, cuando el Estado Mexicano

decidió no reconocer los derechos de los pueblos indios, comprendimos que estábamos solos y que teníamos que ejercer nuestros propios derechos y nuestra autonomía en los hechos.

Haciendo eco de los acuerdos tomados en Nurío en el III Congreso Nacional Indígena comenzamos la regionalización de la casa de todos.

No todas las regiones pudieron hacerlo. La guerra de exterminio planteada contra los pueblos y comunidades fragmentó a

pueblos y comunidades y la represión y la coptación desarticularon muchos espacios. Sin embargo, no nos pudieron exterminar. Nos han golpeado pero aquí estamos, aquí

seguimos. Aquí nos reunimos y nos juntamos las palabras y las historias de muchos para gritarle al poder, a las empresas, a la clase política que no nos van a vencer. Nuestra luz está viva.

Hoy entendemos que de todos los rincones del país nuestro corazón late y que desde San Pedro Atlapulco en este IV Congreso Nacional Indígena reprobamos con toda nuestra energía y nuestra rabia la represión, el asesinato y el encarcelamiento contra nuestras comunidades y pueblos por el puro y vil interés de quedarse con nuestros recursos, despojarnos de nuestros territorios y convertirnos en obreros asalariados y alejados de nuestras propias comunidades para ser fantasmas sin futuro en las ciudades.121

Eventos que condujeron a que las comunidades comenzaran a ejercer la “autonomía

en los hechos” desde el 2001 y que tomó un fuerte impulso en 2003 con la creación de las

118 A principios de 2001 una amplia delegación de comandantas, comandantes y bases de apoyo

recorrieron diferentes regiones y ciudades de México junto con una amplia delegación de comunidades de los pueblos, naciones y tribus que participan en el CNI y muy diversos sectores sociales y civiles nacionales e internacionales para exigir el reconocimiento constitucional de los Acuerdos de San Andrés a través de la llamada Ley Cocopa. La marcha concluyó en la Ciudad de México después de que el EZLN y el CNI hablara en el Congreso de la Unión.

119 Traducción jurídica de los Acuerdos de San Andrés abalada por el EZLN y el CNI. 120 Traición de los tres poderes del Estado mexicano. Del legislativo al crear una ley contraria al

espíritu de los Acuerdos de San Andrés y la ley COCOPA, del ejecutivo por no vetarla y del judicial por desechar las inconformidades y controversias constitucionales de las autoridades civiles y agrarias de los pueblos, naciones y tribus indígenas.

121 “Declaración de N´dhonhuani por la Resistencia Indígena y la Autonomía en los hechos”. Dada en la comunidad Ñah Ñuh de San Pedro Atlapulco en el alto Lerma, en el Estado de México el día 6 de mayo de 2006. Documento III del Anexo.


Juntas de Buen Gobierno en territorio zapatista122 y con la 6ta Declaración de la selva

Lacandona de 2005123. A través de diferentes formas y mecanismos, según la historia de

cada pueblo, su contexto, necesidades, herramientas y anéelos propios. Así se construyen

diferentes proyectos de resistencia autónomos en Michoacán, Jalisco, Durango, Chiapas,

Oaxaca, Sonora y otros estados de la república. Proyectos que no se podrán exponer de

manera puntual por no ser objeto de esta investigación, pero que es necesario conocer para

comprender los procesos de resistencia frente la represión y violencia del Estado mexicano,

y los ataques del crimen organizado, de paramilitares y de narcos.

2.5 La negación histórica de los derechos de los pueblos indígenas:

La “Doctrina del descubrimiento”.

Los derechos de los pueblos indígenas fueron sistemáticamente negados y violados por

todas las potencias coloniales que invadieron y conquistaron el continente americano. Los

nuevos Estados republicanos (tanto liberales como conservadores) que surgieron tras las

guerras de independencia continuaron negando y violando sus derechos. Los Estados

modernos de todo el continente continúan negando los derechos de los pueblos indígenas

tanto en el derecho como en los hechos.

En la época colonial, en el mundo anglosajón y francófono la negación de los

derechos de los pueblos indígenas se realizó través de la llamada “doctrina del

descubrimiento”. En el mundo hispano, la negación de los derechos de los pueblos

indígenas se manejó de una manera diferente por el “humanismo” cristiano de los monarcas

122 Con la creación de las Juntas de Buen Gobierno tras la desaparición de los caracoles zapatistas en

2003, se pasa a una fase superior organizativa de las comunidades zapatistas que desde la creación de los municipio autónomos en 1998 hasta el día de hoy han mejorado sustantivamente sus condiciones de vida y sus necesidades sociales en términos de salud, educación, bienestar, justicia, comunicación y un largo etcétera.

123 La 1ra Declaración de la Selva Lacandona es la declaración de guerra y un llamado a la sociedad a que se sumara a la lucha armada; la 2da Declaración es un llamado civil y pacífico a la sociedad civil para que se organizara y demostrara que hay caminos alternativos al armado para resolver las injusticias y construir la paz; la 3ra Declaración es un llamado al Cardenismo para que se sumara al EZLN a través de la Convención Nacional Democrática y así, juntos, construir el Movimiento de Liberación Nacional; la 4ta Declaración llama a construir una organización política civil zapatista denominada “Frente Zapatista Liberación Nacional”; la 5ta Declaración hace un llamado a los hombres y mujeres a que se sumen a la lucha por lograr el “reconocimiento de los derechos de los pueblos indios y por el fin de la guerra de exterminio”. La 6ta declración es también una iniciativa civil y pacífica que convoca a crear una nueva constitución a través de un constituyente.


españoles, intentando ocultarla, sin conseguirlo, pues se obtuvieron los mismos resultados:

despojo, explotación, violación, asesinato, discriminación y negación de soberanía. A

través de los llamados “Justos Títulos” fruto de lo que la historiografía tradicional

reconoce como la expresión jurídica de los derechos otorgados por el Papa al Reino de

Castilla tras el Tratado de Tordesillas y las Bulas Papales (Inter caetera, la segunda Inter

caetera, la tercera Eximiae devotionis y la cuarta y última Dudum siquidem. Todas fechadas

en 1493). Documentos que “Decretan” el dominio de España en el Nuevo mundo y que se

instrumentan a través de la Junta de Burgos de 1512124 y la Junta de Valladolid de 1550-

1551. A través del mecanismo del “Requerimiento” creado por Palacios Rubio en 1512, la

Corona española perfeccionó el concepto de “guerra justa”, desarrollado por el Papa

Inocencio IV en 1240 y así, justificó el asesinato, la esclavitud, el despojo y la conquista.

Con las llamadas “Nuevas Leyes” de mediados del siglo XVI (1542-1551) se intentó

regular los abusos en las encomiendas denunciados por Bartolomé De las Casas.

Encomiendas que perduraron durante toda la colonia y que sólo cambian de nombre, por

“repartimientos” tras el nuevo orden de la dinastía “Borbón” a inicios del siglo XVIII.

En el México independiente, como en el resto de la América Latina liberal,

predominó (y lamentablemente continúa predominando) la idea de la asimilación y

aculturación de los pueblos indígenas a la “cultura nacional”, en lugar del respeto, la

pluralidad, el diálogo y el entendimiento entre los diferentes pueblos y las diferentes

culturas que habitamos este continente. Se decía que está integración a la vida “moderna”

nacional respondía a la “justicia social” y no por simple asistencialismo caritativo o

cristianismo civilizatorio como era durante la colonia.

Durante la invasión europea al continente, los colonos ingleses y luego los

gobiernos de Estados Unidos (EU) y Canadá pretendieron negar y exterminar a los pueblos

indígenas, a través de enfermedades, guerras, las llamadas “escuelas residenciales” y las

“reservaciones indígenas”. Permítanme detenerme un poco en las escuelas residenciales y

las “reservas”. Las primeras han dejado una marca en las comunidades de los pueblos

indígenas del norte que hasta ahora se está pudiendo superar. En estas escuelas, los niños

eran separados de sus padres y abuelos para ser llevados a escuelas religiosas apartadas de

124 Junta que estableció el “Requerimiento”, como mecanismo por el cual se podía declarar la guerra a

los indios si ellos se negaban a recibir el evangelio. Este argumento fue creado y defendió por Juan López de Palacios Rubios.

http://es.wikipedia.org/wiki/Breve_Inter_caetera_de_1493

http://es.wikipedia.org/wiki/Breve_Inter_caetera_de_1493

http://es.wikipedia.org/wiki/Bula_menor_Inter_caetera_de_1493



http://es.wikipedia.org/wiki/Eximiae_devotionis



http://es.wikipedia.org/wiki/Dudum_siquidem




sus hogares donde no sólo les decían que sus padres y abuelos estaban con Satanás y que su

cultura estaba mal, por lo que tenían que cambiar y convertirse al cristianismo y a la

modernidad; sino que eran abusados sexualmente por los propios curas, lo que marcó

generaciones de “nativos”, como se auto nombran allá los pueblos, con muchos conflictos

no sólo emocionales, sino sociales, culturales y espirituales. Estas escuelas fueron cerradas

hasta 1980 tanto en EU y Canadá tras la lucha del movimiento indígena de esas tierras (del

American Indigenuos Movement -AIM-, pero en especial de la segunda batalla de

Wounded Knee en 1983), lo que también permitió que las reservas ya no fueran más

cárceles y que los “nativos” pudieran salir libremente de ellas, lo que era imposible

anteriormente.

En México y el resto de AL, se inició un proceso algo diferente al del norte. Un

proceso iniciado por el conquistador español y portugués y continuado por los estados

liberales. Esta política fue tanto de negación y exterminio, como de desprecio y de

asimilación o de aculturación, pero con mayor énfasis en este último proceso de

asimilación.

Los españoles fomentaron la cristianización y “la civilización del salvaje”, del indio.

Todo esto siguiendo los criterios de la llamada “doctrina del descubrimiento”, las “bulas

papales” de 1493 y los “justos títulos”. Estudiemos la llamada “doctrina del

descubrimiento” para después revisar cómo fue la aplicación de este criterio jurídico por los

españoles inicialmente, para después exponer como se continuó aplicando por los Estado

liberales del siglo XIX y XX; para finalmente exponer como se continúa aplicando

actualmente por el Estado mexicano.

2.5.1 La Doctrina del descubrimiento La doctrina del descubrimiento es “un principio del derecho internacional en virtud del

cual los países europeos reclamaban para sí tierras, otros bienes y derechos de los pueblos

indígenas” (Miller, Lesage y López; 2011). Entre los siglos XV y XX y a través de esta

doctrina, “los europeos adquirieron el derecho de propiedad sobre las tierras ancestrales de

los nativos, además del poder político y comercial sobre éstos, sin que mediara el

conocimiento ni consentimiento de los mismos” (Idem). Este principio jurídico fue creado


y justificado por ideas religiosas, raciales y etnocéntricas, basadas en la supuesta

superioridad de los europeos sobre las otras religiones, razas y culturas del mundo125.

Según Miller, Lesage y López, los 10 elementos distintivos de la doctrina del

descubrimiento son: 1.- Primer descubrimiento. El estado europeo que antecedía a los otros en llegar a tierras por ellos desconocidas adquiría la propiedad de la tierra de los pueblos indígenas y el poder político sobre sus miembros. No obstante lo anterior, este elemento creaba únicamente un título incompleto, por lo que debía ser complementado con el siguiente elemento. 2.- Posesión y ocupación efectiva. Para que el título creado por el primer descubrimiento pasara a ser completo, el estado europeo respectivo debía tomar posesión de las tierras descubiertas y ocuparlas físicamente dentro de un tiempo razonable. Esto se hacía, normalmente, a través de la construcción de fuertes o el establecimiento de asentamientos en dicho lugar. 3.- Prioridad / título europeo. Los estados descubridores adquirían un derecho exclusivo a comprar la tierra de los pueblos indígenas. Quien tenía este derecho, podía impedir a cualquier otro individuo o estado europeo que quisiera comprar dicha tierra de los nativos correspondientes. 4.- Título nativo. Después del primer descubrimiento, los pueblos indígenas perdían su derecho de propiedad sobre sus tierras. Sólo retenían las facultades de usar y gozar de éstas. Los nativos podían retener esas facultades de manera indefinida si no consentían en venderlas al estado europeo que tenía el derecho de prioridad. Si decidían vender, en virtud de dicho elemento, sólo podían hacerlo al estado de tenía dicho derecho. 5.- Derechos tribales y comerciales limitados. A partir del primer descubrimiento, los pueblos indígenas perdían la capacidad de mantener relaciones internacionales y de comerciar con otros estados, que no fueran el estado descubridor. 6.- Contigüidad. Este elemento permitía el estado europeo respectivo reclamar una porción significativa de tierra adyacente a la de sus respectivos descubrimientos y asentamientos en el Nuevo Mundo. Cuando los distintos estados europeos comenzaron a tener asentamientos relativamente cercanos en América, se consideró que por este elemento cada estado tenía derechos a las tierras no ocupadas ubicadas hasta un punto medio, entre su asentamiento y el de otro estado europeo. En el caso del descubrimiento de la boca de un río, se consideró que la contigüidad permitía al estado europeo correspondiente reclamar todas las tierras bañadas por ese río, aun cuando éstas se ubicaran a miles de kilómetros de distancia de la boca respectiva126.

125 Es por esta razón, que el cuarto párrafo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los

Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007 establece lo siguiente: “Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas”. Lo que pretende ser un candado contra la continuación de la aplicación de visiones racistas y coloniales de la doctrina del descubrimiento, que repito, fue y es la justificación jurídica de la conquista y colonización de las tierras de los pueblos indígenas por las naciones europeas.

126 “Se pueden comparar las formas de los territorios de Luisiana y Oregón, en EEUU, para ilustrar este elemento”. Nota autor: Pie de página original del texto de Miller, Lesage y López (2011).


7.- Terra nullius. Según este elemento, las tierras que no estaban siendo poseídas y ocupadas por alguien eran consideradas disponibles para reclamos de descubrimiento. Las tierras que sí estaban siendo poseídas y ocupadas, pero no de una manera reconocida por los derechos nacionales de los estados europeos, eran consideradas vacías: por tanto, también disponibles para tales reclamos. En la aplicación de este elemento, los europeos normalmente concluían que las tierras poseídas y ocupadas por los pueblos indígenas lo eran de una manera no reconocida por sus derechos correspondientes, por lo que estaban vacantes. 8.- Cristianismo. La religión fue un aspecto significativo de la doctrina del descubrimiento. Bajo ésta, los pueblos no cristianos quedaban excluidos de los derechos de propiedad y soberanía de los cristianos. 9.- Civilización. Las ideas culturales europeas fueron parte importante de esta doctrina. En virtud de este elemento, los pueblos indígenas fueron vistos como inferiores a los que los europeos debían traer los beneficios de su civilización por mandato divino. 10.- Conquista. Los europeos podían adquirir la tierra de los nativos por medio de victorias militares en guerras justas. Aun cuando no hubiera un enfrentamiento armado, se entendía que en virtud de este elemento los europeos adquirían el derecho de propiedad sobre las tierras de los pueblos indígenas que habían descubierto.

El espíritu y esencia de la Doctrina del Descubrimiento tiene su origen en el ambiente

católico medieval de conquista, por un lado, con el pretexto de la reconquista de Tierra

Santa y del sur ibérico dominado por los musulmanes. Ambiente que tiene su principal

fuente de inspiración religiosa y literaria, en la Conquista del Caanan por Moisés y Josué

(Palestina, hoy ocupada por Israel) y por las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar, el “Cid

campeador”.

Tanto españoles y portugueses “justificaron” su invasión a través de las bulas

papales y los justos títulos. En estos documentos, españoles y portugueses obtenían el

permiso “divino” a través del Papa y los reyes de estos reinos, para invadir, conquistar,

explotar –a través de las encomiendas– el trabajo de los pueblos indígenas y hacer la guerra

con la “justificación divina de evangelizar a los paganos y civilizar a los salvajes”. En 1240, el Papa Inocente IV… -afirmó la potestad de los cristianos para despojar legítimamente a los paganos de sus derechos de propiedad y soberanía. Aun cuando reconoció que los paganos tenían algunos derechos naturales, el Papa mantuvo que dichos derechos debían someterse al mandato divino del papado. Debido a que el Papa estaba investido de autoridad en los asuntos espirituales de toda la humanidad, tenía necesariamente que tener voz en los asuntos seculares de la misma. Por tanto, el Papa podía ordenar a los infieles admitir la prédica del evangelio. Si éstos no lo admitían, pecaban y debían, en consencuencia, ser castigados. Lo anterior permitía al Papa declarar la guerra en su contra. El papado asumía así la obligación de intervenir en los asuntos seculares de los infieles en dos casos: si violaban el derecho natural, tal como lo definían los europeos, o si impedían la prédica del evangelio. (Miller, Lesaga y López 2011.) Lo anterior, a pesar de que en 1537 el Papa Pablo III publicara la Bula “Sublimis

Deus sobre la libertad de los Indios”, la cual niega el despojo de tierras y la perdida de


libertad y soberanía que con las Bulas papales de 1493 y el Tratado de Tordesillas se

habían interpretado y perfeccionado en un principio jurídico internacional: la Doctrina del

Descubrimiento. La Bula Sublimis Deus plantea: Considerando que los Indios, que son hombres verdaderos, son por ésta razón capaces de recibir la fe cristiana, sabiendo, por añadidura, que estos Indios se muestran solícitos por abrazar esta fe y deseando tratar estas cosas con remedios apropiados, por nuestra autoridad apostólica decidimos y declaramos, por la presente carta, que los susodichos indios y todas las demás naciones que lleguen a ser descubiertas por los cristianos, aun cuando vivan alejados de la fe de Cristo, no deben, ni en el presente, ni en el futuro, ser privados de libertad ni desposeídos de sus bienes; deben poder usar de su libertad y disponer de sus bienes; ellos son los dueños de ella y pueden gozarla libre y lícitamente. Y nadie tiene el derecho de reducirlos a la esclavitud. Que todo acto que fuere en contra de esta disposición sea considerado nulo y sin valor; no tiene validez ni fuerza alguna. En lo referente a los susodichos Indios y demás naciones que sean convertidas a la fe de Cristo por la predicación de la palabra de Dios y por el buen ejemplo127.

La inercia generada a través de las encomiendas y el impulso de la conquista no

pudo ser detenida por la Bula Sublimis Deus de 1537; ni por los escritos de Bartolomé de

las Casas, en especial por el de 1552 Brevísima relación de la destrucción de las Indias; ni

por el juicio en contra de Francisco de Tenamaxtle en 1555128. El daño ya estaba hecho y

fue traducido en norma y en principio jurídico para la perpetuidad.

En 1557 Francisco de Vitoria publicó la conferencia “sobre los Indios recientemente

descubiertos” que dictó en 1552. En ella establece tres tesis que hasta el día de hoy son la

base del estatus jurídico de los pueblos indígenas y no europeos en el derecho internacional

y que los europeos reconocieron y utilizaron para justificar su conquista y colonización del

mundo. La primera de las tesis, sostiene que los nativos poseen derechos naturales como

seres libres y racionales. Los infieles tienen derecho de propiedad y soberanía. Como lo

estipuló Inocencio IV en 1240. Lo que quiere decir que son libres y dueños de sus tierras; la

segunda tesis afirma que por tal razón, los títulos dados por el Papa y otros monarcas

europeos eran inválidos. Ellos no podían invalidar los derechos naturales de los nativos. El

127 Bula “Sublimis Deus” del Papa Pablo III sobre la libertad de los Indios del 4 de junio de 1537. En:

Duverger, 1990, La conversión de los Indios de la Nueva España con el texto de los Coloquios de los doce de Bernardino de Sahagún (1564), pág. 252.

128 Líder Caxcan que encabezó la rebelión indígena más grande de toda la época colonial de la Nueva Galicia y de la Nueva España y que la historiografía denomina “Guerra del Miztón” o “guerra chichimeca”. Quien fue detenido y trasladado a España donde se le realizó un juicio en el Consejo de Indias. Cuya defensa ante tal consejo representa el antecedente jurídico más antiguo de los derechos humanos. En donde argumenta su legítimo derecho a defenderse ante la barbarie, la violación, el saqueo, el asesinato, el despojo y la tortura a la que fue víctima por los encomenderos y que realizó en defensa de su modo de vida comunal y sus derechos colectivos.


Papa no tenía poderes terrenales sobre la vida de los paganos. Hasta aquí parece ir en contra

de las tesis oficiales, de la propia monarquía y contra Roma, pero la tercera tesis anula o

deja sin efectos en los hechos la dos anteriores; pues establece que los nativos tenían que

respetar el derecho de gentes de los europeos, lo que significa que los europeos podían usar

y disfrutar los recursos naturales de sus territorios y si estos se negaban, los europeos tenían

el derecho de hacer la “guerra justa” por no respetar los derechos de gente europeos.

Según Miller, Lesage y López (2011) Vitoria no aporta nada nuevo y sólo

perfecciona el argumento de “guerra justa” que inició Inocencio IV y que continúo

Sepúlveda y Palacios Rubio (1512) entre otros. Lo primero que Vitoria concluyó era que los nativos del Nuevo Mundo poseían derechos naturales como personas libres y racionales. Tal como Inocente IV y numerosos otros autores habían sostenido con anterioridad, Vitoria aceptó que los infieles tenían derechos de propiedad y soberanía. El título de España en el Nuevo Mundo, por tanto, no podía basarse en la donación papal, debido a que el Papa no podía disponer de los derechos naturales de los infieles. En consecuencia, el descubrimiento como título no era suficiente: los indios eran hombres libres y verdaderos dueños de sus tierras. La segunda conclusión de Vitoria fue que el otorgamiento del título al Nuevo Mundo por el Papa era inválido, y no podía afectar los derechos inherentes de los indios. Según Vitoria, el Papa no poseía un poder temporal sobre los nativos o cualquier otro no creyente. El dominico incluso rechazó, aparentemente, el Requerimiento. En su opinión, aún cuando los bárbaros se negaran a reconocer el señorío del Papa, esto no permitía hacerles la guerra o tomar sus propiedades. La tercera conclusión de Vitoria fue que las violaciones al ius naturale o ius gentium por los indígenas, sí podría jusitificar su conquista por una nación cristiana. Con esto, los infieles quedaron obligados por un derecho natural o de gentes de origen europeo.

De acuerdo a Vitoria, los deberes que los indios tenían con los europeos, según el derecho de gentes, incluían el permitir a los españoles viajar por donde quisieran. Esta facultad se basaba en la existencia de una comunidad universal que Vitoria derivaba del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dentro de estos deberes que los indios tenían con los europeos también estaba el permitirles comerciar libremente, donde viajen –y obtener las respectivas utilidades. Los nativos debían además permitir a los españoles recoger e intercambiar aquellas cosas que eran consideradas comunes, como los peces, animales y, más importante, los metales preciosos. Vitoria definía, de esta manera, a casi todos los bienes de los pueblos indígenas como propiedad común, en la cual los españoles tenían un derecho natural de aprovechamiento. El dominico aceptó la idea de guerra justa, si los nativos violaban cualquiera de estos derechos naturales antes mencionados.

En estas guerras justas los españoles podían tomar las ciudades de los nativos y someterlas a su dominio, tomarlos cautivos y deponer a sus antiguos señores, e instalar otros nuevos. Los españoles podían hacer todo lo anterior en virtud de su deber de custodia y su responsabilidad de civilizar a los pueblos bárbaros que no se comportaban de acuerdo al derecho natural. Vitoria agregó que correspondía exclusivamente al Papa asignar el derecho y la obligación de predicar el evangelio un monarca cristiano. Los pueblos indígenas tenían que escuchar a los misioneros y proveerles facilidades. Si no lo hacían, los españoles podían hacer la guerra en su contra, lo que le daba a los europeos otra justificación más para tomar las tierras de los nativos e instalar nuevos señores en éstas.

En gran medida, Vitoria dejó las cosas como estaban antes. Lo único que aportó fue la noción de un derecho de gentes de origen secular y europeo. Sus dos primeras conclusiones podrían parecer, a primera vista y en su contexto histórico, como una herejía y una traición. Sin embargo, Vitoria fortaleció las justificaciones para la creación de un imperio español, al centrarlas en los deberes religiosos derivados de las donaciones papales, y en las obligaciones


universales derivadas del derecho natural. Según el razonamiento de Vitoria, los nativos del Nuevo Mundo tenían que permitir a los españoles viajar y comerciar libremente, y ganar utilidades de las cosas comunes, y tenían que permitir a los misioneros predicar el evangelio. Si los infieles violaban cualquiera de estos derechos y obligaciones naturales, España podía exigir su cumplimiento, y comenzar una guerra justa contra los nativos respectivos.

En consecuencia, si bien Vitoria aparentemente rechazó en sus dos primeras conclusiones la autoridad exclusiva del Papa para otorgar derechos a España en el Nuevo Mundo, y la doctrina del descubrimiento, con la tercera creó un enorme vacío que podía llenar España a discreción. El régimen jurídico diseñado por Vitoria resultó, al final, tan destructivo para los nativos como la anterior noción de potestad real basada exclusivamente en la autoridad papal.129

Los estados liberales latinoamericanos durante el siglo XIX como durante el XX

mantuvieron la continuidad en la aplicación de los criterios jurídicos de la doctrina del

descubrimiento y continuaron el proyecto de “evangelización” y “civilización” del

“salvaje”, sólo que ahora bajo la justificación de llevar la “modernidad” y el “progreso” a

través ya no de enseñanza de la fe cristiana, sino a través de la “asimilación” e

“integración” cultural y educativa. A través de la llamada idea del “mestizo” en términos

raciales que prevaleció durante todo el siglo XIX y que se consolida a inicios del siglo XX,

la política pública denominada “indigenismo” se expandió no sólo en los proyectos

educativos, sino en los políticos, en los económicos y en todo programa de asistencia social

y en toda la política pública actual.

Esta idea y política pública sigue estando presente en el imaginario colectivo y es

vista como una acción de justicia social para/con nuestros “pobrecitos indígenas”. De

hecho, en 1957 se aprobó un convenio internacional sobre poblaciones indígenas y tribales,

conocido como el Convenio 107 de OIT. Este convenio es un reflejo de la política que era

dominante en esos años, “es decir, la del paternalismo y la integración o asimilación en el

marco de un ideal proteccionista” (Gómez, 1991, p. 15). Este convenio fue cambiado en

1989. Lo que dio paso al nuevo convenio, el 169, que reconoce el derecho de los pueblos

indígenas a asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida y de su desarrollo

económico, es decir, su derecho a la Libre Determinación y a la Autonomía.

129 Miller, Lesage y López (2011).


2.5.2 La negación en los hechos de los derechos de los pueblos indígenas:

la aplicación de la doctrina del descubrimiento actualmente en México. A pesar de existir un reconocimiento jurídico tanto de los Derechos Humanos cuanto de los

Derechos Territoriales de los pueblos indígenas, en especial el derecho a la libre

determinación estipulados en el Derecho Internacional y en algunas Constituciones de los

Estados nacionales latinoamericanos, dichos derechos siguen siendo negados en los hechos.

El criterio de Victoria sigue vigente en el derecho internacional. El derecho de

gentes es hoy el derecho de las trasnacionales, quienes tienen fuertes instrumentos legales

para hacer uso, disfrute y disposición de los recursos naturales, las tierras y territorios de

los pueblos indígenas, sin importan si las comunidades dan su consentimiento libre, previo

e informado.

En el derecho internacional, el derecho a la autodeterminación es anulado por los

mismos instrumentos que pregonan protegerlos. En la Declaración de Naciones Unidas

Sobre Pueblos Indígenas el artículo 46 anula el derecho de los pueblos a ser sujetos de

derecho130,

En el Convenio 169 de la OIT, el inciso tercero del artículo primero establece:

3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.

Por lo anterior, se reitera lo que ya se afirmó antes, estos instrumentos son el inicio

de un largo proceso de reconocimiento de derechos. No son suficientes, pero son el inicio

de dicho proceso. Estos instrumentos son las herramientas más avanzadas con las que

130 El Artículo 46 de la Declaración de Naciones Unidas de Pueblos indígenas establece: 1. Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un

Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes.

2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática.

3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena gobernanza y la buena fe.


cuentan las comunidades de los pueblos indígenas para mostrar su situación actual y exigir

y defender sus derechos. Derechos históricamente negados y hoy cada vez más amenazados

por el patrón de reproducción de capital neoliberal que domina todos los territorios y

formaciones sociales del sistema mundial capitalista y del planeta.

El criterio de la tercera tesis de Victoria, así como el principio jurídico de la

Doctrina del Descubrimiento y sus 10 criterios se siguen aplicando para negar los derechos

naturales e históricos de los pueblos indígenas. Esto se refleja en algunos casos en la propia

norma, como en Estados Unidos131, o en los hechos, como es el caso de México, ya que

jurídicamente están “reconocidos” en tanto derechos de los pueblos indígenas, pero en los

hechos sus derechos no son respetados y su ejercicio es imposible en las condiciones

jurídicas, sociales, económicas, políticas y culturales de la actual sociedad mexicana y por

el actual patrón de reproducción de capital neoliberal y su territorialidad. Repitiendo el

modo y la lógica que los ingles hicieron durante la colonia: negar derechos directamente; y

lo que los españoles hicieron en su momento, que fue afirmar que reconocían dichos

derechos, pero negarlos en los hechos. Lógica que reproduce el multiculturalismo funcional

del neoliberalismo. Que pregona reconocer derechos, pero los anula en los hechos. Veamos

la negación en la norma y en los hechos en el caso del Estado mexicano.

En México, formalmente a las comunidades indígenas se les reconoce su derecho a

la autonomía, pero al mismo tiempo se le niega en derecho como en los hechos. En derecho

tienen derechos a sus tierras, es decir, a ser propietarias de sus “bienes comunales” a través

del artículo 27 constitucional y las leyes agrarias, pero en los hechos son despojados de sus

tierras y recursos naturales por empresas mineras, hoteleras, el crimen organizados, etc.

Dichos derechos agrarios se conquistaron tras 10 años de guerra en un conflicto armado que

la historiografía oficial denomina Revolución mexicana, pero que fue una guerra civil que

dejó 1 millón de muertos, el 10 por ciento de la población de esa época. Conquistas

indígenas y campesinas que se mantuvieron y defendieron por la resistencia de más de 100

años de movimiento indígena y campesino en México (a pesar de que en 1992 se modifica

la esencia inembargable, imprescriptible e inalienable de la propiedad social como ya se

señaló).

131 En EU legalmente son poblaciones y no pueblos. Los sujetos de derecho son los individuos y no las

comunidades, ni los pueblos o lo que ellos llaman “poblaciones”. Además, no está reconocido el derecho a la libre determinación.


En 2001, la reforma constitucional en materia indígena reformó muchos artículos

constitucionales, pero en especial el artículo 2do constitucional. En dicha reforma no sólo

define a las comunidades indígenas como entidades de interés público; sino que renuncia a

promulgar una Ley Indígena Federal y establece que serán las entidades federativas quienes

las promulguen. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.132

Esta reforma, en los hechos tiene varias repercusiones. En primer lugar, define a las

comunidades como entidades de interés público y no como sujetos de derecho.

Jurídicamente una “entidad de interés público” es una persona que necesita de la asistencia

del estado para subsistir, como las personas de la tercera edad y los niños y jóvenes en

condición de calle. Convirtiéndose no sólo en una política de Estado con enfoque

paternalista, sino de corte colonial y discriminatoria. Además, la lógica de interés público

hace de las comunidades y sus tierras, prioritarias para la nación, sin definir en qué sentido

se orienta dicho criterio. Aparentando que son sus recursos naturales y los bienes de las

comunidades, más no las comunidades en sí mismas, los entes de interés público133.

En segundo lugar, al dejar en manos de los gobiernos locales el reconocimiento del

derecho a la autonomía, las comunidades quedan a merced de los intereses locales, de los

grupos de poder, de los cacicazgos históricos con los que se han disputado sus tierras y

modos de vida comunal. Quedan a merced de los poderes fácticos locales (caciques

económicos y políticos, redes de crimen organizado, narcotraficantes, poderosos ganaderos

132 Párrafo segundo de la Fracción VIII. Del artículo 2do de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos. 133 Por falta de espacio y por no ser el tema central de esta tesis, no desarrollaré ni expondré el origen

del concepto jurídico de “interés público”, sólo se quiere señalar que dicho concepto surge tras un debate europeo en la Revolución Francesa y es introducido por Rousseau para ir en contra de la tesis dominante de esa época que defendía el concepto de “utilidad pública” introducido por el liberalismo ingles de Adán Smith. Quien suponía que el interés individual siempre sería el interés general. Tesis a la que Rousseau se oponía pues él planteaba que el interés privado siempre será menor al interés común, por lo que había que regular ambos intereses, tanto el privado, para limitarlo, y el común, para promoverlo y protegerlo delos abusos de particulares.

Este asunto es de suma importancia debatirlo, ya que sin lugar a dudas el planteamiento de Rousseau busca el bien común en un contexto específicamente europeo, pero sin tomar en cuenta otras culturas y modos de vida no europeos, con concepciones y practicas diferentes al europeo, y por lo mismo, con formas de propiedad y de ejercer el poder diferentes, es decir, con territorialidades diferentes.


y sus guardias blancas, entre otros). Procedimiento jurídico que hace más de 100 años el

viejo zapatismo ya había rechazado por la misma razón cuando el constitucionalismo

propuso que las leyes agrarias fueran estatales y no federales. Se quiso así, evitar a los

caciques locales y se propuso un techo jurídico federal que previniera abusos locales.

Para una parte del movimiento indígena en México, en especial para el zapatismo y

las comunidades indígenas que participa en el CNI, dicha reforma representa la anulación

de la vía jurídica para que las comunidades sean reconocidas como sujetos de derecho con

personalidad jurídica. Es lo que dentro de la historiografía del movimiento indígena

mexicano se conoce como “la traición del Estado mexicano a los pueblos indígenas” de

2001, traición que se realiza tras “la marcha del color de la tierra y de la dignidad indígena”

que realizo el EZLN y el CNI para exigir el reconocimiento constitucional de los derechos

y cultura indígena a través de la iniciativa de Ley de la Cocopa. Proceso en que los tres

poderes del Estado mexicano negaron el camino constitucional y legal a la autonomía

indígena. El legislativo por no reconocer a las comunidades como sujetos de derecho y

definirlas como entidades de interés público; así como por renunciar a que sea una

disposición federal y obligatoria, lo deja en manos de los Estados y los intereses locales el

reconocimiento de los derechos indígenas. El Ejecutivo por no vetar la ley ante tantas

críticas. Y el Judicial al desechar las controversias constitucionales que gobiernos

municipales indígenas había presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

(SCJN).

Aunado a lo anterior, la reforma no diseña ni crea ningún mecanismo para combatir

la fuerte discriminación y marginación social que existe y está profundamente arraigada en

la sociedad mexicana, en las instituciones de gobierno y en los medios de comunicación.

Discriminación y marginación a la que tenemos que agregar la concepción generalizada de

que las comunidades indígenas (y las campesinas) no sólo desaprovechan sus recursos

naturales; sino que son flojos y que nunca serán productivos ni rentables, por lo que hay

que “ayudarlos” imponiéndoles proyectos, modelos de producción y de vida ajenos a sus

concepciones y prácticas134.

134 Concepciones y prácticas que en el contexto actual de crisis en el tejido social, de crisis ecológica y

de violencia, son un referente fundamental que la sociedad tendría que voltear a ver y reconocer en ellas alternativas y opciones para afrontar los retos actuales de nuestra sociedad y contexto. Todo lo anterior sin


Por tal razón, proyectos como el Acueducto Independencia, que pretende entubar el

río Yaqui para llevar agua a la ciudad de Hermosillo135; como el de los Parques Eólicos en

el Istmo de Tehuantepec136; las zonas turísticas, las concesiones mineras, los proyectos

hidroeléctricos y carreteros, etcétera, son proyectos que se imponen a las comunidades sin

importar que se violen amparos, juicios y derechos ya reconocidos a favor de las

comunidades indígenas.

El patrón de reproducción de capital neoliberal y la territorialidad neoliberal,

representa la negación de la autonomía y la pérdida paulatina de derechos y garantías

sociales en general y en especial en materia agraria ya establecidos en otros marcos

jurídicos.

Recordemos que en el neoliberalismo, el capital ya no necesita la economía

campesina y su doble función en la agricultura capitalista. Eliminada la barrera de la renta

de la tierra (Rubio y Bartra) el capitalismo neoliberal ya no necesita a las comunidades

indígenas y campesinas para que se reproduzcan por sí mismas. Necesita la tierra y recursos

naturales que hay en sus territorios.

La triple destrucción del modo de vida comunal que implica la territorialidad

neoliberal, significa la continuación en los hechos de la negación histórica de los derechos

indígenas. Significa que en los hechos no se ejercen los derechos firmados y reconocidos

por el Estado mexicano. Significa que en los hechos las comunidades nunca podrán ser

reconocidas como sujetos de derecho para tener su personalidad jurídica y ejercer su

soberanía a través de la autonomía. Significa que a pesar de que esté reglamentado que las

comunidades tienen que ser consultadas e informadas sobre proyectos en sus tierras y

territorios (artículo 10 y 29 inciso 2) de la Declaración y en los artículos 15 y 16 del

Convenio 169 de la OIT), los proyectos se ejecutan y realizan sin su consentimiento libre,

previo e informado. Significa que en los hechos y en derecho las comunidades son, eran y

seguirán siendo entidades de interés público, es decir, ciudadanos menores de edad que no

pueden satisfacer sus necesidades básicas por sí mismos y que necesitan la tutela del Estado

para sobrevivir.

caer en un romanticismo simplista que no quiere ver y evade, prácticas y costumbres que van en contra de la dignidad humana y que por supuesto tienen que ser cuestionadas y modificadas.

135 Proyecto que continúa en construcción a pesar de que la Tribu Yaqui tenga amparos dictaminados a su favor.

136 Ver Díaz, 2015. Energía eólica y conflicto social en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México.


Capítulo 3

La lucha entre territorialidades en el campo mexicano y el conflicto

socioterritorial en Santa María Ostula en la costa Nahua de Michoacán.

Los derechos de las comunidades de los pueblos indígenas en México son pregonados por

el Estado mexicano, pero negados en los hechos a través de diferentes mecanismos

jurídico-institucionales y procedimentales. Tanto los Derechos Humanos como los

Derechos Territoriales, son reconocidos en los instrumentos internacionales, sin embargo

son al mismo tiempo anulados, en especial el derecho a la libre determinación, como una

constante en los estados-nación modernos. En el caso de México, dicha negación responde

al dominio de clase y al dominio colonial ejercido sobre las comunidades de los pueblos

indígenas.

Como ésta no es una tesis de Derecho, sino de Geografía Política, analicemos pues

la negación, en los hechos, de los derechos de las comunidades de los pueblos indígenas a

través del análisis socioterritorial. Analicemos cómo se ha producido el espacio social en la

costa Nahua de Michoacán, para explicar los actuales conflictos socioterritoriales tanto en

el campo mexicano, como en la costa Nahua de Michoacán y la comunidad de Santa María

Ostula en particular.

3.1 La lucha entre territorialidades en el campo mexicano

El conflicto socioterritorial y la lucha entre territorialidades se materializa a través de un

doble proceso que denomino dialéctica de fragmentación/integración. Proceso que se

analiza a través de la categoría vectores de fuerza (mecanismos, discursos y

actores/autores137), siendo una de las principales herramientas teórico-metodológicas para

responder a la pregunta central del análisis socioterritorial: ¿cómo produce el espacio quien

tiene la tierra y quien ejerce el poder? Esta cuestión se esclarece al conocer y comprender

137 Desde una concepción materialista histórica y desde una concepción del espacio como un producto social, los sujetos concretos (las formaciones sociales y las instituciones sociales en términos abstractos) no son actores en un escenario; son productores de realidad, de instituciones sociales, de espacio, de leyes, de discursos. Por lo tanto son autores, más no actores en un escenario ajeno a ellos mismos. Son autores y productores de su realidad, de su espacio a través de instituciones sociales, leyes, discursos, costumbres y practicas históricas.


las concepciones y prácticas de los actores/autores que impulsan cada territorialidad social,

a través de instituciones sociales y estructuras espaciales que son producidas y reproducidas

por mecanismos específicos del ejercicio el poder (prácticas), y que a su vez sustentan –

para justificarse– por medio de discursos construidos, según concepciones filosóficas,

ideológicas, culturales y religiosas específicas.

Por dialéctica fragmentación/integración se entiende un doble proceso. Uno

impulsado por el capital y otros impulsados por las formaciones sociales que lo resisten. Un

proceso de des-territorialización de una formación social, que desmantela una

territorialidad social específica para imponer otra a la inversa, con concepciones y prácticas

diferentes para producir el espacio y de ejercer el poder. El primero centrado en destruir o

fragmentar territorios y formaciones sociales por el capital, proceso que destruye el tejido

social de cada formación social y las estructuras espaciales e instituciones sociales que

produce. El segundo, desde las formaciones sociales que resisten la dominación del capital

y fortaleces sus propias relaciones sociales y territorialidades, al mismo tiempo que

desgastan las relaciones del capital. En esta investigación sobre el campo mexicano, se

expone cómo el modo de vida comunal y las territorialidades sociales de las comunidades

indígenas y campesinas de México se ven afectadas por este doble proceso, ya que el

capital al mismo tiempo que las despoja de sus tierras y territorios, los limita en su

participación política y en sus mecanismos de ejercicio de poder: lo que modifica su

producción social histórica, es decir, la forma en que han producido materialmente y se han

reproducido socialmente.

La territorialidad neoliberal construye instituciones sociales que desgastan a las

instituciones tradicionales, civiles y agrarias de las comunidades indígenas y campesinas.

Instituciones de la territorialidad neoliberal que usurpan los mecanismos de toma de

decisiones de las comunidades (como las asambleas de ejidos y comunidades) e impulsan

cambios en sus estructuras espaciales. Son procesos que concretan la lógica socioterritorial

del capital y la territorialidad de cada patrón de reproducción. Es decir, procesos que

realizan la subsunción formal y real del trabajo y la tierra por el capital y la integración de

su modo de producción, su reproducción como sistema, la reproducción de la relación de

capital y su patrón de reproducción.


Algunos de los mecanismos actuales por los que la territorialidad neoliberal se

impulsa son los planes de desarrollo regional y rural neoliberal, así como los planes de

construcción de infraestructura, también llamados megaproyectos. También se cuentan los

programas gubernamentales como PROCEDE y PROCECOM de la Secretaria de Reforma

Agraria (hoy SEDATU), así como los programas de PROCYMAS y de pago de servicios

ambientales de CONAFOR, como muchos otros. De igual manera, todas las concesiones

para el uso y disfrute de los bienes nacionales instalan instituciones sociales de toma de

decisiones ajenas a las comunidades y sus concepciones y prácticas. Ejemplo de lo anterior

son las concesiones de bosques, montes para la minería, aguas, carreteras, puertos,

aeropuertos, costas (zona federal marítimo terrestre), etc. y todos los demás bienes

nacionales que la sociedad permita.

Proceso de despojo y de des-territorialización138 específico del capitalismo

neoliberal que se enfrenta, por otro lado, al proceso contrario, al segundo, que se impulsa

desde la resistencia indígena y campesina a los planes y programas del capital, sobre sus

tierras y territorios: luchan por la “restitución integral de sus derechos históricos”, como

pueblos, naciones y tribus originarias, así como por los derechos de las nuevas formaciones

sociales producto del devenir histórico. Quienes resisten y se organizan para integrar y

reconstruir sus instituciones propias, ya sean éstas tradicionales, civiles, agrarias, sociales,

culturales o de clase. Instituciones que permiten la organización según sus propios acuerdos

y según sus propios modos, historias, concepciones, prácticas, intereses y necesidades

específicas. Para reconstruir sus mecanismos de toma de decisiones, sus sistemas

normativos propios, sus sistemas de impartición de justicia, sus mecanismos de resolución

de conflictos y de reproducción social. Proceso que al mismo tiempo desgasta, debilita y

fragmenta las relaciones sociales basadas en el capital como relación social hegemónica

Es decir, mientras que el capital busca integrar su sistema mundial y su modo de

producción capitalista, al mismo tiempo destruye, desgasta y fragmenta los territorios y las

territorialidades de las diferentes formaciones sociales que se encuentra a su paso en su

expansión capitalista. Dicho proceso se enfrenta a las resistencias indígenas y campesina o

138 Des-territorialización concebida como el proceso de despojo de tierra y soberanía a una formación

social. Proceso que transforma las relaciones sociales y el ejercicio del poder, así como la forma de producir y reproducir el espacio social, modificando las estructuras espaciales e instituciones sociales que producía y reproducía la territorialidad social subsumida y/o subordinada


de cualquier formación social que se opone a dicha expansión. Fomentando y defendiendo

sus instituciones propias en sus territorios para impulsar y reproducir su propia lógica, su

propia territorialidad, al mismo tiempo que desgastan, destruyen e impiden la integración

del capital, es decir, van fragmentando los mecanismos con los que el capital busca

integrarse, despojarlos y dominarlos.

Aquí son utilizadas las categorías mecanismos, actores y discurso de dichos

procesos de integración/fragmentación, lo que denomino vectores de fuerza de cada

proceso. Dichos vectores de fuerza tienen diferentes ritmos, grados y vías de penetración

para consolidar su integración/fragmentación. Los conceptos de ritmo, grado y vía fueron

propuestos por Lenin en “El desarrollo del capitalismo en Rusia” y retomados por Bartra

(2006). En el análisis socioterritorial se utilizan estos conceptos para analizar el grado de

penetración tanto de la agricultura capitalista como de la lógica socioterritorial del capital,

así como la territorialidad neoliberal actual en las comunidades indígenas y campesinas y

sobre sus territorialidades. Se analiza el grado de integración del capital y el grado de

fragmentación de la territorialidad indígena y campesina al mismo tiempo que analizamos

su proceso contrario, es decir, el de integración de los pueblos y comunidades que resisten

y desgastan o fragmentan al capital, o en otras palabras, que des-territorializan al capital;

asimismo, analizamos el ritmo de la fragmentación de las formaciones sociales y sus

territorios por el capital, al mismo tiempo analizamos el ritmo de la resistencia, el ritmo de

fragmentación del capital y la integración de la relación social basada en la tierra y el

trabajo que tienen las comunidades indígenas y campesinas (y se insiste, lo tiene toda

formación social)139.

El concepto de vía hace referencia a las rutas y estrategias que adopta tanto el

capital para conquistar, expandirse o subsumir territorios y formaciones sociales e imponer

su lógica socioterritorial y las diferentes territorialidades capitalistas, según las necesidades

de cada patrón de reproducción de capital; al mismo tiempo que hace referencia a las

estrategias de lucha y resistencia que adoptan los pueblos originarios y las comunidades

campesinas para defenderse del despojo de sus tierras y soberanía por el modo de

producción capitalista y defender su modo de vida comunal, sus tierras ejidales y

comunales, su autonomía y su territorialidad social. La vía Ostula es un claro ejemplo de lo

139 La velocidad del sueño y la velocidad de la pesadilla le nombran los nuevos zapatistas.


anterior. Una comunidad que resiste, se organiza y defiende no sólo su propiedad comunal,

sino su modo de vida comunal y su autogobierno comunitario a través de sus autodefensas,

su policía comunitaria y su guardia comunitaria. La vía Ostula es hoy una vía armada.

En otro trabajo (Díaz, 2010a: 82-83) se identificaron cuatro vías que el capital utiliza

para consolidar su territorialidad actualmente:140 La vía legal (liberal o neoliberal). Basada en leyes y reformas legales, sean estas de corte

liberal o neoliberal que permiten el despojo y la organización del territorio bajo esquemas basados en términos de eficiencia y eficacia (Chile, Perú, México, Argentina, Brasil y muchos más).

La vía narco-paramilitar. Basada en un marco jurídico liberal y/o neoliberal y/o social que en el discurso o en las leyes da derechos de una u otra manera; pero que en los hechos, en la vida cotidiana son derechos suprimidos por la violencia. En donde la única ley que opera es el más fuerte y la ley de los señores del dinero y sus grupos armados, llámense guardias blancas, paramilitares, sicarios o grupos de choque. Aplicando una guerra encubierta o de “baja intensidad” (Colombia y México, especialmente en Chiapas y Michoacán, pero hoy en casi todo el territorio nacional).

La vía imperialista-militar. Basada en la ocupación militar de un Estado-nación. Es a través de la guerra sin más (Irak, Afganistán, la ocupación militar israelí en Gaza y Cisjordania, los territorios Palestinos y Libia actualmente).

La vía del desastre natural o la destrucción por guerra. La cual está basada en la reconstrucción de la infraestructura, instituciones-leyes y economía de un país que ha sido víctima de un gran desastre natural o por una destrucción generada por un conflicto bélico; Por lo que necesita ser reconstruido a través de la ayuda internacional o planes especiales (Haití tras el terremoto; Nuevo Orleans tras el huracán Katrina; el Plan Marshall que reconstruyó Europa o la reconstrucción de Japón por EU después de la segunda guerra mundial y ahora por el tsunami, entre muchos otros ejemplos).

Las cuales pueden estarse aplicando de manera combinada y no exclusivamente una sola. En nuestro país estamos entre la vía legal-neoliberal y la institucionalización de la vía narco-paramilitar y sus operadores en tierra: los sicarios y paramilitares.

A estas vías de penetración de las territorialidades capitalistas hay que incluir las

tradicionales vías o rutas de penetración del capital y su producción social del espacio

clásicas: la urbanización capitalista, las carreteras, los puertos, los polos de desarrollo y el

desarrollo del mercado inmobiliario. Estas rutas sustituyen a las antiguas vías coloniales de

penetración: las costas y los ríos navegables.

Por último, está el término tendencias de cambio socioterritorial, categoría que hace

referencia a las pautas que tienen las diferentes territorialidades para imponerse y

consolidarse en formaciones sociales y geografías con territorialidades diferentes. Etapas de

tránsito y de cambio de una territorialidad a otra. Categoría que analiza cómo se construyen

las condiciones materiales objetivas de cada territorialidad social, es decir, las estructuras

140 Estas vías son diferentes a la vía Junker o Alemana, la vía farmer o Americana y a la vía inglesa. Las cuáles fueron planteadas por Marx y Lenin para explicar las diferentes formas que adoptó el despojo capitalista, al pasar de tierras feudales a tierras de propiedad privada capitalista.


espaciales y las instituciones sociales que permiten la reproducción de una territorialidad y

la forma de organización social en la que se sustenta, es decir, la que la crea y reproduce.

En síntesis, el análisis socioterritorial se centra en analizar la producción del

espacio social desde la totalidad de las relaciones sociales de una formación social y desde

las estructuras espaciales y las instituciones sociales que produce y reproduce. Es decir,

estudia la economía política de cada formación social desde su territorialidad social.

Articulando las especificidades propias de cada formación social con la totalidad del modo

de producción en el que se reproduce. Y la herramienta que nos permite hacer este vínculo

y articulación entre el todo y la parte es la categoría de patrón de reproducción de capital.

Categoría que no sólo liga lo particular de cada formación social con la totalidad del modo

de producción, sino que liga la generalidad de la lógica socioterritorial del capital, con la

especificidad de la territorialidad de cada patrón de reproducción de capital. Lo que implica

que:

La lógica socioterritorial del capital, al irse expandiendo y al ir subsumiendo de

manera formal y real territorios y formaciones sociales, destruye instituciones sociales y

formas de organización del trabajo y del ejercicio del poder de las formaciones sociales en

las que se impone; al mismo tiempo que modifica las estructuras espaciales de cada

territorio al imponer la territorialidad capitalista del patrón de reproducción de ese contexto

histórico-geográfico específico. La expansión e intensificación de la subsunción formal y

real del trabajo y la tierra por el capital modifica la producción socioterritorial de cada

formación social que va destruyendo a su paso. Lo que es más evidente al momento de

estudiar la estructura agraria o de propiedad de cada país, que hace referencia a los

conflictos agrarios; así como las relaciones sociales, las instituciones sociales, las

estructuras espaciales y las formas en que ejerce el poder cada formación social, que hace

referencia a los conflictos socioterritoriales y que presupone e incluye los conflictos

agrarios.

Sin embargo, la expansión de la lógica socioterritorial del capital y las

territorialidades que cada patrón de reproducción de capital que produce y reproduce no

se imponen de manera pacífica en los territorios de las diversas formaciones sociales. Se

impone a través de la violencia, a través del “hierro y la sangre” diría Marx. Por lo que es

muy importante analizar la resistencia al despojo, a la explotación, a la subordinación, al


dominio y al control que impone el capital. Es importante analizar las luchas de resistencia,

los sujetos que las realizan, las formas y modos como las formaciones sociales

(movimientos sociales, campesinos, pueblos indios, barrios, etc.) se oponen y se niegan a

ser subordinados, dominados y controlados por el capital.

Por lo anterior, el análisis socioterritorial estudia la lucha entre territorialidades,

entre las territorialidades de cada patrón de reproducción de capital y las múltiples

territorialidades de las diversas formaciones sociales que el capital busca subordinar141.

3.1.1 De la vía legal a la vía narco paramilitar. Ante el fracaso del despojo por la vía legal (el programa PROCEDE) 142 y el creciente

descontento social que se vive en la sociedad mexicana contemporánea, el Estado junto con

las élites políticas y económicas que lo controlan, han procurado un ambiente de miedo y

terror que tiene como objetivo cimentar una parálisis social para concretar el saqueo y el

despojo del patrimonio nacional en general y de las tierras, territorios y recursos naturales

de las comunidades indígenas y campesinas del campo mexicano en particular. Es decir, se

busca intensificar el despojo y la des-territorialización neoliberal al mismo tiempo que se

busca intimidar a la organización social para que no resista y no se organice frente al

despojo y la dominación neoliberal.

Tan sólo en la llamada “guerra contra el narcotráfico” que lanzó el ex presidente

Calderón, sin ninguna estrategia específica y/o documentada, del 2006 al 2012 (y que por

cierto comenzó en Michoacán al mandar a más de 7 mil soldados y policías federales a

combatir a la delincuencia organizada143) se registraron “más de 100 mil muertes, 26 mil

desaparecidos y miles de desplazados en todo el país a causa de la violencia en seis años,

muchos de ellos en Michoacán” (Gil, Olmos, 2015:22).

141 Ya que el análisis socioterritorial histórico, propio de la geografía histórica estudia las

territorialidades de cada modo de producción y de cada formación social. Como puede ser la territorialidad del modo de producción mesoamericano (con sus especificidades y diferencias del asiático); del feudal-colonial y sus diferentes expresiones, según sea en las metrópolis coloniales o en las colinas periféricas.

142 Recordemos que aproximadamente sólo el 5% de los ejidos y comunidades entró a la figura de dominio pleno.

143 La guerra de Calderón en Michoacán, que no tenía ninguna estrategia definida a nivel nacional ni a nivel del estado de Michoacán, aparenta que no tenía como objetivo terminar con el crimen organizado y establecer una paz con justicia y dignidad, sino posicionar los candidatos del pan en las elecciones intermedias de 2009 y a su hermana, María Luisa Calderón, como la próxima gobernadora del estado en las elecciones de 2011 en la entidad.


En lo que va del periodo de Peña Nieto se tienen registrados, sólo entre 2012 hasta

2014, 20 mil muertos y 24 mil desaparecidos. En suma, desde el periodo de 2006 hasta

2014 ha habido 120 mil muertos y 50 mil desaparecidos144. De los cuales, se calcula que

12 mil muertos y 3 mil desaparecidos son víctimas del estado de Michoacán145

Durante el mismo periodo de 2006 a 2014, el periodista Gil Olmos (2015:21) señala

que las ganancias obtenidas del crimen organizado, tan sólo en Michoacán, ascienden a 31

mil 460 millones de pesos por la vía de extorsiones a mineros, productores de aguacate,

empresarios, comerciantes grandes, medianos y pequeños, por las llamadas “cuotas”, venta

de drogas y secuestros.

También la Iglesia Católica ha sido golpeada por “la guerra contra el narcotráfico”.

Sólo en el 2006 se han registrado 26 asesinatos de sacerdotes en México (seis de ellos

ocurrieron en Michoacán)146.

Según un reporte de la Procuraduría General de la República (PGR) que entregó al

Senado147, entre agosto de 2006 y octubre de 2015, se encontraron 201 fosas con 662

cuerpos en 16 entidades federativas. Se detalla en el informe que la PGR sólo ha logrado

identificar el 18% de las víctimas halladas. Se explica que 380 cuerpos (57.4% de los

casos) están se encuentran en alto grado de descomposición, por lo que no se ha podido

determinar su sexo. Según este reporte, 2011 es el año con más cuerpos hallados en fosas,

con 207 en 26 sitios distintos148.

Según la organización Amnistía Internacional (AI) en México sólo en 2013 y 2014

se reportaron 3 mil 568 denuncias de tortura y tratos degradantes por algún agente federal,

que “al agotarse sus métodos de investigación, los funcionarios optan por obtener las

declaraciones de culpabilidad con el uso de la fuerza”149. Según la organización AI, la PGR

reconoce que actualmente sólo hay 86 averiguaciones previas y actas circunstanciadas

144 Con datos del periodista Gil Olmos, 2015: 47. Quien además hace un comparativo interesante entre

los saldos de esta supuesta guerra contra las drogas, la guerra cristera de 1926-1929 y las dictaduras de Chile y Argentina, donde en la guerra cristera hubo un saldo de 150 mil mexicanos muertos; en la dictadura chilena hubo 15 mil chilenos muertos; y en la dictadura argentina más de 30 mil muertos y desaparecidos.

145 “Allá excomunión; acá fortaleza”. Jesús Lemus. Reporte Indigo. Miércoles 17 de febrero de 2016. 146 “Nada para los desaparecidos”. Reporte Indigo. Miércoles 17 de febrero de 2016. Pág. 17. 147Nota del diario Excélsior del 5 de febrero de 2016. “PGR ha identificado 118 cuerpos hallados en

fosas” de la reportera Leticia Robles de la Rosa. 148 Recordemos que del 2004 al 2015 es el periodo en que crecieron las fortunas de los 4 mexicanos

más ricos del país. Y que en especial, el año de 2008 y 2009, fue el del crecimiento exponencial de sus ganancias (Ver gráfico del informe de Oxfam de Esquivel, 2015, en este mismo capítulo).

149 “#tortura. El delito fantasma”. Julio Ramírez.


contra funcionarios federales en materia de tortura. “De los miles de denuncias de tortura

que se registraron entre 2005 y 2013, los tribunales federales sólo se ocuparon de 123

casos, y únicamente siete culminaron en sentencias condenatorias en virtud de la

legislación federal”150.

Hay que recordar que “el arraigo” está en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos por encima de todos los tratados internacionales en derechos humanos

firmados y ratificados por México. Según el Informe del Relator Especial sobre la tortura y

otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes de Naciones Unidas, el Estado

mexicano “constitucionalizó prácticas que interfieren con el cumplimiento de la obligación

de prevenir y erradicar la tortura, como la elevación a rango constitucional del arraigo penal

para casos de delincuencia organizada. Según el artículo 16, el arraigo puede imponerse por

plazos de 40 días prorrogables judicialmente por igual plazo y procede con autorización

judicial, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación…”151 En dicho

Informe, se reconoce que: México atraviesa una compleja situación de seguridad pública. La delincuencia organizada es un desafío para las autoridades y la población. Desde 2006 y bajo la denominada “guerra contra el narcotráfico”, se han implementado medidas para regular la detención, investigación y combate a la delincuencia organizada, incluyendo el despliegue de fuerzas armadas que cumplen funciones de seguridad pública, llegando a 50 mil efectivos en 2012. La CNDH registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007 y reportó un máximo de 2.020 quejas en 2011 y 2.113 en 2012, comparadas con un promedio de 320 en los seis años anteriores de 2007. Entre diciembre de 2012 y julio de 2014, la CNDH recibió 1.148 quejas por violaciones atribuidas solo a las fuerzas armadas”152.

Respecto al problema de la práctica de desaparición forzada en México, el Informe de

misión a México del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias

de Naciones Unidas señala: El Grupo de Trabajo recibió información diversa sobre el número de desapariciones forzadas. La CNDH registró un aumento sostenido en el número de quejas recibidas sobre desapariciones forzadas, pasando de cuatro quejas en 2006 a 77 en 2010. El Programa de Personas Desaparecidas de la CNDH registró la presunta desaparición de 346 personas en 2010. La PGR ha iniciado 63 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada (49 relacionadas con la “guerra sucia”). Por su parte, organizaciones civiles reportaron que-de acuerdo con sus estimaciones- más de 3,000 personas habrán sido desparecidas en el país desde 2006. De acuerdo con la información recibida por el Grupo de

150 Ídem. 151 “Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o

degradantes de Naciones Unidas”. (2015). En: La tortura en México: una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas. México: Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas y la CNDH.

152 Ídem. Pág. 25 y 26.


Trabajo, algunas de éstas podrían calificarse como desapariciones forzadas debido a la participación directa o indirecta de agentes estatales”153.

Recordemos que en México tenemos un caso extremadamente lamentable y que ha sido

ampliamente documentado, en el que es evidente la participación del Estado a través de

policías municipales en la desaparición forzada de 43 estudiantes normalista ocurrido en

septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Es necesaria una investigación específica para determinar con exactitud qué cantidad

específica de todas las 150 mil personas asesinadas desde 2006 estaban relacionadas con el

crimen organizado, cuántas eran autoridades militares o policías, pero sobre todo conocer

con exactitud cuántas eran civiles y cuantas eran activistas sociales. Para poder hacer una

ponderación y análisis más exacto sobre los objetivos, logros, saldos y consecuencias de la

llamada “guerra contra las drogas” tanto de Calderón como de Peña Nieto. Lo anterior nos

permitirá eliminar las sospechas, que en Colombia fueron verificadas, de presentar a civiles

y activistas sociales como criminales. Los llamados “falsos positivos”.

Los abusos de poder y los crímenes cometidos tanto por narcotraficantes como por

autoridades militares y policiacas (crímenes de Estado como la desaparición forzada) tienen

que ser analizados junto con los cometidos por grupos armados que trabajan paralelamente

al crimen organizado y a las fuerzas armadas del Estado mexicano. Los llamados grupos

paramilitares. Grupos que se han incrementado en los últimos años en el país, pero que

tienen una larga historia en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas154. Grupos que al

mezclarse con el crimen organizado y el narcotráfico constituyen lo que se ha denominado

el narco-paramilitarismo. Fenómeno complejo y poco estudiado pero que ha irrumpido en

la vida nacional de manera alarmante y que incide no sólo en la economía y política, sino

en la vida cotidiana de regiones completas. Afectando las relaciones sociales, culturales,

económicas y políticas de comunidades tanto rurales como urbanas. Lo que implica que

afecta los procesos y prácticas de producción de espacio.

153 “Informe de misión a México del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o

involuntarias”. (2015). En La desaparición forzada en México. Una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas. México: Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas y la CNDH.

154 En el caso de Chiapas es accesible darle seguimiento a los casos a través de las denuncias que hacen las autoridades autónomas zapatistas a través de la página de internet de Enlace zapatista: [http://enlacezapatista.ezln.org.mx/]


Analizar la compleja red de las diferentes formas que adopta la producción del

espacio social en el campo mexicano es muy amplio y denso. Se necesita una investigación

de gran magnitud y profundidad para conocer, comprender y explicar su variedad de formas

y conflictos que genera. Por lo que una vía de analizar este proceso es a través de casos

concretos para reflexionar la totalidad social que representa el campo mexicano. Por tal

razón, se busca conocer el conflicto de Santa María Ostula, para comprender la producción

social del espacio en el campo mexicano en general y en la costa Nahua de Michoacán en

específico; para poder así, explicarla desde el conflicto socioterritorial de Ostula y la lucha

entre territorialidades tanto en el campo mexicano como en la costa Nahua de Michoacan.

3.1.2 La violencia y el conflicto en el análisis socioterritorial La defensa actual que hacen pueblos originarios y comunidades campesinas de sus tierras,

territorios, recursos naturales y modo de vida comunal representa la continuación de una

larga lucha de resistencia frente al despojo y dominación que trae consigo la expansión del

capitalismo en el territorio nacional, o en otras palabras, frente a la expansión de la lógica

socioterritorial del capital. Resistencia que viene desde la defensa indígena ante la invasión

colonial, pasando por la lucha contra la expansión capitalista liberal y que tiene su

expresión más organizada en la revolución mexicana. Resistencia que continúa y se

concentra no sólo en detener el despojo y dominación neoliberal, sino que busca fortalecer

procesos organizativos mayores a través de la consolidación de la autonomía indígena y

campesina. Resistencia y autonomía que ahora se enfrenta no sólo al despojo y dominación

del capitalismo neoliberal, sino a las diferentes formas de violencia que utiliza el mismo.

La actual violencia que padece el país, es parte de un proceso profundo de despojo y

dominación que busca eliminar la resistencia social y la organización autónoma. Por tal

razón, es importante comprender no sólo la lógica y la historia de los actuales conflictos

sociales en el campo mexicano, ya sean conflictos agrarios o socioterritoriales; sino la

lógica, características y naturaleza del conflicto, la violencia y la paz en sí mismos, para

poder realizar estudios de caso que expliquen las especificidades de cada conflicto y

aporten elementos para sus posibles vías de solución y/o transformación creativa y positiva.

De no ser así, nos enfrentaremos a un mayor grado de violencia en el campo mexicano, ya

que el capital está sediento de los recursos naturales existentes en el territorio nacional bajo


resguardo de comunidades indígenas y campesinas que están organizadas para enfrentar la

nueva ofensiva del capital.

El conflicto es parte de la naturaleza humana. Todo cambia en la naturaleza externa

e interna y es a través del conflicto. El conflicto es una forma de conducta competitiva entre

personas, grupos y otras formaciones sociales, según Kenneth Boulding (Valenzuela:

1994), un conflicto ocurre cuando dos o más personas compiten por objetivos, recursos

limitados o percibidos como incompatibles155. Según el mismo autor, cinco son los

elementos del conflicto: intereses opuestos; intereses opuestos reconocidos por las partes o

por una de ellas; la creencia de que la contraparte es un obstáculo para los objetivos

planteados; el conflicto es un proceso basado en las relaciones sociales que se dan en

contextos específicos; y el conflicto se manifiesta en acciones de una o ambas de las

partes156. Para este autor, puede haber “conflictos “irreales”, por ejemplo, aunque tienen

manifestaciones concretas e incluso violentas, carecen de bases objetivas y son producidos

por percepciones erróneas o procesos de comunicación defectuosas157.

La violencia es una forma común de resolver los conflictos en las sociedades

humanas. Existen varios tipos de violencia y formas de ejercerla. Se puede tipificar según el

contexto en que se ejerce la violencia158 o según la forma como se ejerce la violencia

(directa o indirecta). Pero antes de exponer cómo se clasifica la violencia, revisemos

algunas definiciones.

Vicenç Fisas (1998) concibe la violencia como “el uso o amenaza de uso de la

fuerza o de potencia, abierta u oculta, con la finalidad de obtener de uno o varios individuos

algo que no consienten libremente o de hacerles algún tipo de mal (físico, psicológico o

moral). La violencia, por tanto, no es solamente un determinado tipo de acto, sino también

155 Kenneth Boulding, citado por Pedro E. Valenzuela, La estructura del conflicto y su resolución,

1994. 156 El conflicto de Ostula presenta todas las características: intereses opuestos y reconocidos por ambas

partes; cada una de las partes ve a la otra como obstáculo para sus objetivos y metas; acciones que se dan como un largo proceso que se adapta al contexto; y hay acciones violentas muy claras.

157 Los pueblos indígenas en México, Estados Unidos, Canadá y en toda América Latina viven bajo la violencia directa del desprecio y la violencia institucional de la discriminación y marginación. Esta violencia, es producto de una comunicación defectuosa que crea la errónea percepción de que los modos de vida comunitarios son incompatibles con el modo de vida occidental urbano moderno; lo que crea un falso conflicto que podría ser mejor manejado, abordado y transformado positivamente si se crearan mecanismos específicos y eficaces que impulsen, fomenten, promuevan, y fortalezcan un diálogo efectivo, intercultural, plural y respetuoso.

158 Violencia escolar, intrafamiliar, laboral, etcétera.


una determinada potencialidad. No se refiere sólo a una forma de “hacer”, sino también de

“no dejar hacer”, de negar potencialidad”159. Como puede ser no dejar hacer y ser a una

formación social. No dejar hacer (producir su espacio) ni ejercer su territorialidad social.

No dejar que una comunidad conserve su tierra y ejerza el autogobierno y la autonomía. No

dejar ser diferente, con una cultura y tradiciones propias, con un lenguaje y simbolismo

particulares. No dejar hacer prácticas diferentes basadas en concepciones diferentes.

Galtung afirma que: […] la violencia está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus realizaciones potenciales. La violencia quedaría así definida como la causa de la diferencia entre el potencial y lo efectivo, y el espectro de violencia aparcería, por tanto, cuando por motivos ajenos a nuestra voluntad no somos lo que podríamos ser o no tenemos lo que deberíamos tener.160

Estas definiciones nos evidencian la doble direccionalidad de la violencia, lo que el

propio Galtung denomina violencia directa y violencia indirecta. La primera se ejerce de

diferentes maneras, como puede ser “el ejercicio deliberado de la fuerza para causar daño

físico”; puede ser a través del daño psicológico; o la intención de hacer daño moral. Pero la

violencia indirecta es la que limita el potencial de ser de la persona. Y según Galtung es

estructural o institucional. La estructural existe “cuando los seres humanos se ven influidos

de tal manera que sus relaciones afectivas somáticas y mentales están por debajo de sus

realizaciones potenciales”; en donde la “violencia sería la causa de la diferencia entre lo

potencial y lo real, determinada por la estructura de las relaciones sociales o personales,

resultantes en diferencias de poder y oportunidades”.

La violencia institucional, según Valenzuela retomando a Galtung, es cuando la

violencia estructural “puede ser aceptada e internalizada por sus víctimas y que puede estar

legitimada social y legamente”. Para Alberto García Rodríguez “Estas violencias

institucionalizadas son socialmente pactadas, organizadas y reguladas; legitimadas e

instrumentales; violencias conforme a derecho, es decir, legales e incluso aceptadas… por

la conciencia social” 161.

159 Fisas, Vicenç, (1998). Cultura de paz y gestión de conflictos. España: Icaria Editorial. Pág. 24. 160 Galtung, Johan, 1969 “Violence, Peace and Peace Research”, Journal of Peace Research, n° 3, pág.

167-192. Citado por Fisas, (1998: 26). 161 Citado por Valenzuela,


La violencia que estudia el análisis socioterritorial en esta investigación es la que se

ejerce de manera directa e indirecta sobre las comunidades indígenas y campesinas que

ayer exigían tierra y libertad y que hoy luchan, resisten y se organizan para defender su

territorio y su autonomía. El despojo y dominación de la lógica socioterritorial del capital y

la territorialidad neoliberal se produce bajo mecanismos concretos en donde se ejerce

violencia de manera directa e indirectamente.

3.1.3 El análisis socioterritorial como herramienta de la

Geografía para la paz Violencia y paz son parte de la vida social y cotidiana, pero no son innatas, se aprenden.

Todo se aprende, nada es innato. Por eso la educación es fundamental. Una educación que

enseña a aprender, no que trasmite ideas y conductas. En ese sentido, la paz en su doble

definición, es algo que se aprende.

La paz no es sólo ausencia de violencia. La paz positiva son acciones. La paz

definida como ausencia de conflicto, de violencia o de guerra, es la definición negativa. La

paz definida como condiciones de igualdad, de justicia, de bienestar, de democracia, es la

definición positiva. Son las condiciones que prevén el conflicto y su abordaje y manejo de

manera violenta.

La definición de paz negativa está íntimamente ligada a la violencia directa. Y la

definición de paz positiva está ligada a la violencia indirecta, estructural o institucional. La

primera limita la dignidad humana de una manera directa; la segunda limita la dignidad

humana al limitar el desarrollo potencial de las personas. Al limitar el desarrollo, el

crecimiento de la dignidad humana.

Y para potenciar la dignidad humana y no limitarla, no sólo se necesita que no haya

violencia en los términos de la paz negativa, sino que se necesitan de condiciones concretas

que potencien la dignidad de las personas. Que potencien su crecimiento y desarrollo

humano. Que le permitan acceder a educación a servicios de salud, a un ambiente sano, en

desarrollo, con acceso a la justicia y a la participación política, etcétera. Por tanto, la paz se

construye, no llega sola. Se construye a través de acciones concretas.

El Instituto para la Economía y la Paz establece 8 pilares que sostienen la paz

positiva: “(1) Gobiernos que funcionan adecuadamente, (2) Distribución equitativa de los


recursos, (3) El flujo libre de la información, (4) Un ambiente sano y propicio para

negocios y empresas, (5) Un alto nivel de capital humano (generado a través de educación,

capacitación, investigación y desarrollo), (6) la aceptación de los derechos de otras

personas, (7) Bajos niveles de corrupción, y (8) Buenas relaciones con sociedades

vecinas.”162

La Geografía en general y la Geografía Política en particular al estudiar y contribuir

en la producción social del espacio, puede aportar de manera fundamental a general las

condiciones de paz en la producción social del espacio, es decir, en la planeación regional,

en los Planes de Desarrollo, en los ordenamientos territoriales, en los proyectos de

desarrollo local, regional, etcétera. Para que su construcción sea orientada a construir las

condiciones de la paz positiva.

El capital por su lado, produce el espacio para generar las condiciones de su

acumulación y reproducción. Lo que genera múltiples conflictos sociales, económicos,

políticos y ambientales, el llamado conflicto socioterritorial.

Tanto el espacio como la paz son construcciones sociales que la Geografía en

general y la Geografía Política en particular tiene que estudiar, analizar e investigar para

conocer, comprender, explicar e incidir en la producción social de la vida humana, tanto en

términos espaciales, como económicos y políticos.

La Geografía para la paz es aquella que estudia los conflictos sociales generados por

las múltiples formas de conflicto que se generan por las diversas formas de producir el

espacio; pero también es una Geografía que en su quehacer científico y social trabaja para

genera las condiciones de paz que la sociedad necesita. Una que incida en la producción

social del espacio y en la construcción de la paz.

La persona humana es la base de la humanidad. La base de la persona humana es su

sustancia, su sustancia es la dignidad. La dignidad de la persona es la base de la humanidad.

La dignidad humana es la base de los derechos humanos. La dignidad humana es inviolable

e inalienable. Por eso los derechos humanos deben ser inviolables e inalienables.

Pero uno es el derecho a no ser violentando en tu dignidad, en tu persona, que está

íntimamente ligado a la conceptualización negativa de la paz. Que la define como ausencia

162 Tomado de Maurio Maschoulam, México, corrupción, violencia y paz. El Universal, 19 de mayo de

2015. En: [http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2015/05/76457.php]


de violencia directa, de acciones directas con uso de fuerza. Y otro es el derecho a tener las

condiciones materiales económicas, políticas y sociales para potenciar la dignidad humana,

para potenciar a la persona y el desarrollo humano. El limitar este derecho está íntimamente

ligado a la conceptualización positiva de la paz, como condición de desarrollo de la persona

humana, de su dignidad. Potenciando el desarrollo humano. Desarrollo humano que puede

estar limitado por el ejercicio de la violencia indirecta, la estructural e institucional que

señala Galtung.

Cuando se viola la dignidad de las personas y cuando se limita su posibilidad de

desarrollo de manera estructural e institucional existe una crisis humanitaria. Cuando se

violan los derechos humanos de manera generalizada y sistemáticamente, hay una crisis

humanitaria. En México estamos ante una crisis humanitaria.

Crisis humanitaria que ha visualizado la necesitad de nombrar un nuevo tipo de

derecho: el derecho socioterritorial. Un derecho basado en los derechos humanos, en la

dignidad de las personas y su potencial humano, que reconoce sus derechos naturales

individuales y colectivos de propiedad y de soberanía, que incluye el reconocimiento de la

libre determinación de cada pueblo, sujeto concreto individual y/o colectivo y de cada

formación social, pero que al mismo tiempo reconoce sus derechos territoriales. Un derecho

que permita ejercer de manera libre la territorialidad social de cada formación social, es

decir, los derechos de propiedad y los derechos de soberanía. Recuperando la soberanía

social que el capital usurpó con el modo de producción y reproducción capitalista.

Un derecho socioterritorial que reconozca la pluralidad de concepciones y prácticas

que producen y reproducen el espacio social a través de instituciones sociales y estructuras

espaciales. Derecho que reconozca y cree mecanismos claros y concretos para ejercer el

poder y la territorialidad de cada formación social. Donde los sujetos concretos recuperen

su soberanía para decidir e incidir en la producción social del espacio, de su espacio, de su

territorio, sea este su comunidad, su barrio, su ciudad, su región, su cuenca, su entidad

federativa, su país, su mar territorial, su espacio aéreo, sobre su subsuelo, etcétera.

Derecho que tiene que ser nombrado y visualizado para exigirlo y legislarlo.

Legislarlo para ejercerlo y defenderlo. Necesidad urgente no sólo para las comunidades de

los pueblos indígenas, sino para todas las comunidades de las diferentes sociedades, de las

diferentes formaciones sociales. En definitiva, para toda la humanidad.


3.2 Conocer el conflicto agrario de Santa María Ostula, para comprender

la producción social del espacio en la costa Nahua de Michoacán

La comunidad de Santa María Ostula cuenta con una Resolución Presidencial que les Titula

y Confirma más de 19 mil hectáreas de tierras comunales. Dicha resolución fue firmada por

el Presidente Díaz Ordaz el 27 de abril de 1964. En las tierras comunales de Ostula, como

en las tierras de las otras comunidades nahuas de la costa (Coire y Pómaro) se encuentran

grandes yacimientos de hierro y maderas preciosas. Entre las tres comunidades nahuas,

suman más de 250 mil hectáreas de tierras con grandes masas de bosques y abundante agua

superficial y subterránea. Además, existen hermosas playas y su territorio está ubicado en

un corredor estratégico que articula toda la costa del pacífico mexicano a través de la

carretera federal número 200. Estas condiciones geográficas y geopolíticas de localización

y ubicación, respectivamente, la colocan en la mira de caciques ganaderos locales que

anhelan sus tierras junto con empresas mineras, turísticas y grupos del crimen organizado.

Intereses y proyectos del capital que cuentan con el apoyo del gobierno mexicano en sus

tres niveles de gobierno. Conozcamos su historia para comprender su presente.

El 29 de junio de 2009 un grupo de comuneros Nahuas de Santa María Ostula –del

municipio de Aquila en la costa de Michoacán (Figura 6) -integrado por más de mil

personas, en su mayoría hombres pero acompañados de mujeres, ancianos y ancianas-,

recuperó de manera pacífica más de mil hectáreas de tierras que estaban en posesión de

particulares desde el 2004. La acción respondió a un acuerdo de su Asamblea General de

Comuneros que decidió recuperar, por la vía de los hechos, las tierras que desde hace más

de cuarenta años la comunidad disputa con ricos ganaderos locales que habitan el poblado

vecino de “Salinas de La Placita”.


Figura 6. Localización de la comunidad de Sta. Ma. Ostula. Elaboración propia.

Al anochecer de ese 29 de junio, los comuneros fueron atacados por un grupo

paramilitar fuertemente armado con armas de grueso calibre (AK-47, conocido como

“cuerno de chivo”, R-15, pistolas 45 y revolver 38 súper) que comenzaron a disparar contra

los comuneros indefensos. Pero para ese momento, la comunidad ya había movilizado, en

los alrededores del predio denominado “Canaguancera”, a su guardia comunal y su policía

comunitaria, quienes pudieron repeler el ataque sin que ningún comunero perdiera la vida

en ese enfrentamiento163. Desde ese día, la comunidad comenzó a edificar sus viviendas y

construyó un nuevo poblado en las tierras recuperadas: “San Diego Xayakalan” (el lugar de

los danzantes con máscaras en lengua nahua). En donde actualmente viven más de 70

familias que se dedican a la pesca y a la siembra de maíz, frutas como papaya, tamarindo y

palma de coco.

Los comuneros han denunciado que el grupo armado que los atacó fue pagado y

estaba bajo las órdenes de los supuestos pequeños propietarios que les han invadido sus

tierras y su territorio ancestral; además, los comuneros denuncian que tanto dicho grupo

paramilitar como sus patrocinadores, están vinculados con poderosos caciques locales,

grandes ganaderos de la región, autoridades municipales de Aquila y Coahuayana, así como

163 En el enfrentamiento del 29 de junio de 2009 un comunero, Manuel Serrano, resulto herido en la cabeza por una bala de 38 súper sin que perdiera la vida. Se cuenta entre los comuneros que tres atacantes resultaron heridos de gravedad y se desconoce su estado de salud después del tiroteo.


con organizaciones del crimen organizado dedicadas al tráfico de droga, el robo de maderas

preciosas como la sangualica o granadillo164, la minería, el secuestro y la extorsión.

La recuperación de las tierras de su territorio ancestral por parte de la comunidad de

Ostula y la forma en cómo la hicieron, modificó todas las relaciones de poder en la región.

Generando la ira no sólo de las personas con los que la comunidad mantiene el conflicto

desde hace 40 años, sino de los caciques económicos y políticos de la región. Hasta

diciembre de 2015, la comunidad cuenta 34 comuneros asesinados, 5 desaparecidos y un

comandante detenido. A pesar de la violencia en su contra, la comunidad de Ostula sigue

defendiendo sus derechos y defendiéndose de las agresiones. Hoy, las y los comuneros de

Ostula siguen sembrando y pescando, siguen teniendo sus fiestas comunitarias, siguen

disfrutando y reproduciendo su modo de vida comunal con múltiples festividades a pesar

de estar rodeados de caciques, de narcos, soldados y paramilitares. La comunidad sigue

firme en la defensa de sus derechos, de sus tierras y territorio, así como en la defensa de su

gente y su modo de vida comunal.

A siete años de haber recuperado más de mil hectáreas de su territorio ancestral que

durante 45 años estaban en posesión de supuestos pequeños propietarios, la comunidad de

Ostula sigue resistiendo el despojo capitalista hoy narco-paramilitarizado. Sigue resistiendo

el despojo de sus tierras, de sus recursos naturales y de su territorio ancestral; pero al

mismo tiempo defiende su derecho a gobernarse bajo sus instituciones propias, bajo su

modo de vida comunal y preservando su cultura nahua. Lo que les ha generado nuevos

enemigos: primero los pequeños propietarios, luego los caciques locales y regionales (hoy

narco paramilitares), después las empresas mineras y los funcionarios de gobierno que

diseñan planes para la región sin consultar ni dialogar con sus legítimos dueños y habitantes

históricos de la región.

Sucesos que nos obligan a preguntarnos: ¿por qué tanta violencia?, ¿por qué tanta

ira convertida en violencia de una parte de los sujetos en conflicto?, ¿qué es lo que les

molesta tanto a los supuestos pequeños propietarios como al gobierno municipal, estatal y

federal?, ¿por qué este hecho cambio tan profundamente las relaciones de poder en la

164 Madera muy fina utilizada para artículos de lujo, muy cara y codiciada y que crece en la costa

Michoacana.


región?, ¿qué posturas, intereses y necesidades se evidencian y esconden a la vez en este

conflicto?

Para responder a estas preguntas específicas del conflicto de Ostula y poder

responder a las preguntas particulares de la investigación165 en general y a las cuatro

preguntas del análisis socioterritorial166 en particular, se hará uso de las categorías y

conceptos del análisis socioterritorial. Categorías y conceptos que nos ayudaran a conocer,

comprender y explicar el conflicto desde la Geografía Política en general y desde el análisis

socioterritorial en particular.

Se expondrá cómo se pasa de un aparente conflicto agrario, a un profundo conflicto

socioterritorial. Al exponer cómo se expandió la lógica socioterritorial del capital en la

costa Nahua de Michoacán junto con la territorialidad del patrón de reproducción agro

exportador de la época porfirista primero, se podrá explicar cómo se intensifica

actualmente dicha lógica socioterritorial del capital con la territorialidad neoliberal. Al

explicar históricamente dicho proceso, podremos analizar la lucha entre territorialidades

que se desarrolla actualmente en la costa Nahua de Michoacán. Al exponer los vectores de

fuerza que la impulsan, es decir, a los actores/autores, sus discursos y sus mecanismos, y

sobre todo sus efectos en los territorios y en las comunidades nahuas en general y en la

comunidad de Ostula en particular. Lo que nos dará elementos para analizar las tendencias

de cambio socioterritorial que están latentes actualmente no sólo en la costa de Michoacán,

sino en todo el campo mexicano.

165 ¿A qué responde esta violencia?, ¿cómo explicar este conflicto desde la geografía política y desde

una geografía crítica?, ¿cuál es el origen profundo de este conflicto?, ¿qué perspectivas de solución existen?, ¿en qué contexto del movimiento indígena, campesino y popular en México se da la acción de la comunidad de Ostula?, ¿qué relación tiene el conflicto agrario de Ostula con el actual patrón de reproducción de capital en México?, ¿qué tipo de conflicto social estamos analizando?

166 ¿Quién tiene la tierra?, ¿quién detenta el poder?, ¿cómo ejerce el poder quien(es) lo detenta(n)?, y la más específica, ¿cómo producen el espacio quienes detentan el poder y quienes tienen la tierra?


Bloqueo de la carretera federal No. 200 por Ostula para vigilar las entradas a

la comunidad y evitar las incursiones de los sicarios.


Los primeros días de la recuperación y la fundación de Xayakalan

3.2.1 Las instituciones que impulsan la lógica socioterritorial del capital

en la costa: las semillas del conflicto. Dos hechos siembran las condiciones económicas, políticas y jurídicas del actual conflicto

social en Ostula: la creación del municipio de Aquila en 1909 y el Fraccionamiento de la

vecina comunidad de Maquilí que aconteció en 1899 bajo el amparo de las llamadas

“Leyes de Reforma”167. El municipio de Aquila fue decretado al final de la Dictadura de

Porfirio Díaz, bajo el Gobierno estatal de Aristeo Mercado que expide la “Ley Orgánica de

División Territorial de Michoacán”, la cual fue promulgada el 20 de Julio de 1909 y entró

en vigor el 2 de abril de 1910, siete meses antes de que estallara el conflicto armado de

1910-1920168. Creándose la Municipalidad de Aquila, con cuatro Tenencias: Maquilí,

Ostula, Coire y Pómaro.

Instituciones sociales que son la base del dominio de clase y dominio colonial del

Estado Mexicano en la región y que son los actores fundamentales de la expansión de la

167 La Ley de Desamortización ya señalada y el fraccionamiento de las comunidades. 168 Recordemos que el conflicto armado de 1910-1920 llamado oficialmente “Revolución mexicana”

inicio el 20 de noviembre de 1910 a las 5 pm, tal y como lo planteaba el Plan de San Luis de Madero.


lógica socioterritorial del capital en la región en el siglo XIX. Instituciones que se

convirtieron en actores centrales de los diferentes conflicto sociales que ahí han existido,

como lo es el conflicto agrario, con el fraccionamiento de Maquilí y el conflicto

socioterritorial con el municipio de Aquila. Pero revisemos el conflicto agrario antes de

abordar el conflicto socioterritorial.

El fraccionamiento de la comunidad de Maquilí en 1899 y su posterior embargo en

1906169 por la “Administración de rentas de Coalcoman” y la “Tesorería General del

Estado”, generó que las tierras de dicha comunidad, colindante occidental de la comunidad

de Ostula, fueran aparentemente entregadas al Fisco y éste iniciara un proceso de

mercantilización de la tierra, con su posterior privatización. El fraccionamiento por adeudo

fiscal fue el mecanismo que el marco jurídico liberal porfiriano utilizó para iniciar el

proceso que sembró la entrada de la propiedad privada capitalista en las tierras comunales

de la costa nahua de Michoacán, impulsando contratos de compra-venta entre particulares.

Es importante reiterar que por los procedimientos de fraccionamiento de tierras comunales,

inició el conflicto armado de 1910-1920 y que la historiografía oficial denomina

Revolución Mexicana. Proceso de mercantilización y privatización a través del

fraccionamiento en la región que dio inicio en el preciso momento en que comenzaba el

conflicto armado en el resto del territorio nacional.

De hecho, planos como el que presentan los supuestos propietarios, que es

realizado por particulares y no por ninguna autoridad con facultades en materia de tierras,

son los que inician el conflicto armado de 1910-1920. Son planos que buscan argumentar

según el marco jurídico liberal de la época: la llamada “Ley Lerdo”, la Ley de

Desamortización de Bienes de Manos Muertas del 25 de Junio de 1856 y el artículo 27 de

la constitución liberal de 1557, que adjudicó en propiedad a quienes aseguraran tener

arrendadas las tierras de corporaciones civiles (comunidades indígenas) y corporaciones

eclesiásticas; el Decreto sobre Colonización y Compañías Deslindadoras de 1883 y la Ley

sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de 1894. Estas dos últimas fueron

promulgadas durante el periodo Porfirista. Marco jurídico, político y social que respondían

a las necesidades específicas del patrón de reproducción de capital agro exportador que

169 Tomado de los “libros de hijuelas” existentes en el archivo general del poder ejecutivo del estado y

que forman parte de la colección de reparto de tierras a los indígenas de Michoacán. Libros 1 y 2.


iniciaba en el México independiente y que se articuló con el comercio internacional del

sistema mundial capitalista; por lo que tenía que transformar las estructuras espaciales e

instituciones sociales del mercantilismo económico colonial que existía, para adaptarse a

los avances tecnológicos de comunicación, transporte e infraestructura de la época. Patrón

agro exportador que permitió la reinserción de México al mercado mundial al mismo

tiempo que impulsó el despojo de las tierras comunales y la pérdida de soberanía y control

territorial de los pueblos indígenas.

Plano realizado en 1905 por particulares interesados en lotes de lo que ellos mismos denominan “Ex-comunidad de Maquilli”. Plano levantado en campo en 1900 y diseñado en 1905 por particulares y no por ninguna autoridad reconocida, el cual es el que utilizan los supuestos pequeños propietarios como

prueba en los juicios y como argumento para acreditar sus contratos170.

Con el fraccionamiento de Maquilli y el supuesto embargo de tierras171 dio inicio la

expansión de los contratos de compra-venta entre particulares, quienes paulatinamente

170 Tomado de los “libros de hijuelas” existentes en el archivo general del poder ejecutivo del estado y

que forman parte de la colección de “Reparto de tierras a los indígenas de Michoacán”. Libros 1 y 2. 171 Embargo que no se concretó legalmente en su totalidad. Hubo lotes que si se embargaron y otros

que no. Por ejemplo, el 27 de noviembre de 1907 se embargó un lote denominado “El Puente” por un adeudo de $420 pesos de la época, el cual se subastó y remató el 20 de diciembre de 1907 por la cantidad de $600 pesos de la época (Tomado de los libros de Hijuelas). Pero hubo otros lotes que su embargo fue cancelado por que la comunidad pagó las deudas con el fisco haciendo uso de los fondos que tenía la Comunidad de Maquilli en el Monte de Piedad de la ciudad de Morelia (tomado de los libros de Hijuelas).


fueron expandiéndose, invadiendo y tomando posesión por la fuerza de las tierras

comunales aledañas. Tal hecho fue el que permitió la creación de las condiciones jurídicas,

técnicas y sociales del histórico conflicto, ya que las tierras pertenecientes a la antigua

comunidad de Maquilí son hoy las tierras del Ejido “Salinas de la Placita” y las de

diferentes particulares de la costa. Pequeños propietarios que con el paso del tiempo no sólo

fueron invadiendo las tierras de Ostula, sino que las iban vendiendo a otros particulares,

ingresando más actores al conflicto, intensificando la complejidad del mismo y al mismo

tiempo, fomentando el conflicto entre la comunidad de Ostula y los nuevos “pequeños

propietarios” que les disputan la tierra actualmente.

Este proceso de mercantilización, privatización y compra-venta de tierras comunales

que se amparó en las leyes de reforma ya señaladas, está ligado a otros dos hechos: uno

político y otro técnico-administrativo. El primero pasa por la creación del municipio de

Aquila en 1910. Institución que tenía como principal objetivo el fraccionamiento de todas

las comunidades indígenas de la región para imponer el orden porfirista, es decir, el orden

del patrón agroexportador y su territorialidad. Despojando tierras y usurpando soberanía de

las comunidades indígenas de la costa Nahua de Michoacán.

El segundo, el técnico-administrativo, pasa por dos hechos concretos: (a) la

segregación de la mojonera de “Las Majahuas” de la Resolución Presidencial de Ostula.

Mojonera que sí están en los Títulos Virreinales, pero que no aparece ni en la Resolución

Presidencial ni en el Plano de Ejecución; (b) los posteriores errores técnicos tanto de la

Resolución Presidencial de Ostula del 27 de abril de 1964, como del Plano de Ejecución del

14 de mayo de 1965. Documentos que presentan serias inconsistencias técnicas en los

rumbos, distancias y superficies, datos que no coinciden con los rumbos, distancias y

superficies reales en campo. Lo que ha permitido que diferentes actores manipulen dichas

distancias según intereses particulares y coyunturales. Es importante resaltar, que todo

apunta a que los trabajos técnicos-administrativos hayan sido realizados desde el gabinete y

no a partir del trabajo en campo. Pues las distancias y ángulos (rumbos) que establece entre

las mojoneras, los cerros y el Océano Pacifico no coinciden con las distancias y ángulos

reales. Es más, el Plano de Ejecución de la comunidad hace especial énfasis en las

pequeñas colindancias de la comunidad, más que en los bienes que está reconociendo,

confirmando y titulando. Lo que plantea que pudo haber desde su diseño una intención de


no establecer los linderos de manera clara, precisa y sobre todo, respetando los linderos de

los Títulos Virreinales de 1802 y 1803.

La Resolución Presidencial de 1964 establece:

[…] que las escrituras presentadas por los solicitantes para comprobar la propiedad de sus tierras datan de 1802 y 1803 y fueron declaradas auténticas con pleno valor probatorio por el Departamento Jurídico del mencionado Departamento Agrario que de acuerdo con los trabajos técnicos practicados la superficie comunal abarca una extensión de 19, 032-00 Hs. De terrenos de diversas calidades; que el censo arroja un total de 451 agricultores y jefes de familia; que oportunamente citados y emplazados los núcleos colindantes de pequeños propietarios limítrofes sin que se presentara alegatos dentro del término de Ley; y que la opinión de la Dirección de Tierras y Aguas del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, es en el sentido de que es procedente la confirmación y titulación de los bienes comunales a que se trata, en virtud de que el procedimiento seguido se ajustó a las disposiciones del Código Agrario en vigor y el Reglamento respectivo.

Figura 7. Que muestra el territorio de Ostula según el Títulos Virreinales (línea continua), según la ubicación real de la Resolución Presidencial de 27 de abril de 1964 (línea de guiones) y según el Plano de Ejecución del 14 de mayo de 1965 (línea punteada). Elaboración propia.


Figura 8. Que muestra el territorio de Ostula recuperado el 29 de junio de 2009 y que sigue en posesión de la comunidad de Ostula (relleno de cruces); Así como los linderos establecidos según el Título Virreinal (línea continua); el lindero según la ubicación real de la Resolución Presidencial de 27 de abril de 1964 (línea de guiones) y según el Plano de Ejecución del 14 de mayo de 1965 (línea punteada). Elaboración propia.

Por lo anterior, los terrenos del paraje de “las Majaguas” quedaron fuera de la

Resolución Presidencial de 1964. Y el paraje de la “Canaguancera” –este último hoy

Xayakalan–, quedó mal localizado en el Plano de Ejecución del 14 de mayo de 1965.

Reconocido en derecho, en la Resolución Presidencial de 1964, pero segregado del Plano

de Ejecución de 1965, por no coincidir las distancias y ángulos del plano con las distancias

y ángulos del terreno. Y al no coincidir las distancias y ángulos reales del campo con los

del Plano de Ejecución en esta inconsistencia técnica, los derechos reconocidos,

confirmados y titulados a la Comunidad de Ostula por la Resolución Presidencial de 1964

quedan vulnerablemente reconocidos por su Plano de Ejecución

Inconsistencia técnica- jurídica que ha permitido la titulación a particulares desde

esa fecha hasta nuestros días. Motivo por el cual los terrenos han estado en disputa y las

personas en conflicto desde hace más de cuarenta años.

Disputa y conflicto que se intensificaron cuando la comunidad recuperó sus tierras

el 29 de junio de 2009. Ya que anteriormente lo habían intentado dos veces sin conseguirlo.

El primer intento fue el 9 de mayo de 1996 bajo el comisariado de Ángel Mata. En ese


entonces, la comunidad “macheteó” y “limpió” el paraje durante tres días. Esta acción la

comunidad la realizó con su policía comunitaria tradicional que todavía mantenían172.

Cuentan los comuneros que los “pequeños propietarios” se burlaron de ellos diciendo que

“volvieran los indios a seguir limpiando sus tierras para que ellos (los particulares) las

sembraran”. En esta acción, la comunidad sólo limpio y se retiró, no se quedó.

El segundo intento fue en junio de 2003, bajo el comisariado de Luis de la Cruz.

Esta vez los comuneros fueron sin sus policías comunitarios173, pero en ese momento si

construyeron casas. Sin embargo, en esa ocasión llegó el gobierno del estado y convocó a

una reunión en el puerto de Lázaro Cárdenas a las partes en conflicto. En dicha reunión, el

gobierno le pedía a la comunidad salirse del paraje para no fomentar el encono. Para tal fin,

el gobierno prometió cuidar y resguardar la tierra para que ningún interesado entrara

mientras se resolvía el conflicto. La comunidad accedió y se salió de buena voluntad. En

menos de tres semanas el gobierno se había salido y los particulares estaban construyendo y

sembrando en las tierras, lo que indignó a la comunidad. Sucesos que cimentaron una

desconfianza muy honda en la comunidad de Ostula respecto a la palabra y acción del

gobierno.

En el año 2004 los supuestos pequeños propietarios iniciaron el juicio agrario

78/2004174 respecto a la definición de linderos entre la comunidad de Ostula y las pequeñas

propiedades. Juicio que aún hoy continúa.

Fue en el tercer intento, el del 29 de junio de 2009 cuando la comunidad recuperó

sus tierras y fundó el poblado de Xayakalan.

172 La policía comunitaria tradicional era una figura comunitaria muy antigua en la comunidad y

reconocida por el municipio de Aquila. Los policías eran nombrados por las asambleas de cada encargatura (poblados o rancherías de la comunidad) y sus cargos eran ratificados por la asamblea general de comuneros. El municipio les daba nombramiento y credencial de policías comunitarios, los jefes de tenencia y los encargados del orden eran los responsables de los comandantes de cada comunidad y encargatura, respectivamente. Las armas eran obtenidas individualmente por cada policía o por la autoridad agraria o civil que junto con el apoyo de la comunidad buscaban los medios para conseguirlas. Es importante resaltar que las armas salían de la propia comunidad y no había personas o intereses ajenos o de terceros que las proveyeran

173 1998 fue el último año con policías comunitarias. En 1999 el presidente municipal las eliminó y les quitó el reconocimiento del municipio. Fue durante el gobierno de Ramón Serrano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e irónicamente, comunero de Ostula.

174 Expediente 78/2004 en el TUA No. 13 con sede en la ciudad de Colima.


3.3 Del conflicto agrario al conflicto socioterritorial en

Santa María Ostula.

El amor a la tierra es grande y profundo en el pueblo Nahua de la costa de Michoacán. Y

ese amor tan profundo se palpa en la comunidad de Ostula. Se puede observar y sentir en la

persistencia de su gente por defender sus tierras y su territorio; pero también se observa que

el amor a su tierra viene acompañado del amor a su cultura, a su Asamblea de comuneros

(máxima autoridad de la comunidad), y sobre todo, a su modo de vida comunal. El coraje

alegre, la digna rabia con que defienden su cultura, a su Asamblea de comuneros y sus

acuerdos, a sus policías y guardias comunitarios, a sus fiestas tradicionales, sus derechos y

sobre todo: su modo de vida comunal, es también grande y profundo. Por lo que no

podemos comprender el amor a la tierra si no comprendemos su amor a su modo de vida

comunal; si no comprendemos lo anterior, no podremos explicar cómo el pueblo Nahua de

Ostula se ha defendido, organizado, resistido, luchado y vuelto a organizar para defenderse

de las amenazas que lo asechan y ha salido a delante a pesar de tanta violencia, tanta muerte

y sobre todo, tanta injusticia, corrupción e impunidad de los agresores.

A pesar de múltiples proyectos mineros, carreteros, turísticos y forestales, a pesar

de ser agredidos y hostigados por grupos delincuenciales, la comunidad de Ostula sigue

defendiendo sus tierras, su territorio, su cultura, su modo de vida comunal y su

autogobierno comunitario. La vía Ostula no sólo es ejemplo para las comunidades Nahuas

de la costa de Michoacán, sino también es ejemplo para las comunidades purépechas de la

meseta (Cherán) y las comunidades no indígenas de tierra caliente (Tepalcatepec, Aguililla,

Buenavista, Chinicuila, Coahuayana, Coalcomán y Aquila)

3.3.1 La tierra y el territorio de Santa María Ostula La comunidad de Ostula desde sus orígenes ha defendido sus derechos históricos, su

cultura, su modo de vida comunal, sus tierras y territorio. Todos hoy fuertemente

amenazados.

Las tierras y el territorio de Ostula se localizan en las costas del pacífico mexicano,

en el estado de Michoacán. Ahí, la comunidad de Ostula comparte con sus comunidades


nahuas hermanas de Coire y Pómaro más de 250 mil hectáreas de tierras comunales y más

de 150 kilómetros de litoral codiciado por empresas turísticas, mineras y grupos delictivos.

En las tierras y territorios comunales, se concentra la mayor reserva de hierro del

país (Consejo de Recursos Minerales, 1995), la cual está enraizada en la sierra que se

conoce como “Sierra Madre del Sur”. En la región, se ubican las dos minas de hierro más

importantes de México: “el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada”, en la

comunidad nahua de Ayotitlán, en la “Reserva de la Biósfera de la Sierra de

Manantlán”175, municipio de Cuautitlán en Jalisco, propiedad de Mittal Steel y Ternium-

Hyla176; y la minera “Las Encinas”, en el mismo municipio de Aquila –donde se localiza la

comunidad de Ostula-, propiedad exclusiva de Ternium-Hylsa177.

Mineras que desde hace décadas pretenden entrar en la comunidad de Ostula y que

la Asamblea General de Comuneros ha rechazado tajantemente.

Asimismo, en dicho litoral el gobierno del estado de Michoacán, junto con el federal

y la iniciativa privada, han diseñado un plan turístico de gran magnitud, titulado “Plan

regional para el desarrollo turístico integral de la costa de Michoacán” que pretende generar

un boom inmobiliario a lo largo de toda la costa del estado. Proyectando crear cerca de 3

mil cuartos en condominios, hoteles y fraccionamientos residenciales (Fonatur, 2006).

Proyecto que hasta la fecha cuenta con una inversión total de 2 mil 564 millones de pesos,

de los cuales 76 por ciento son aportados por la iniciativa privada, 6 por ciento por parte del

gobierno federal, 13 por ciento por el gobierno del estado y 5 por ciento por los municipios

involucrados. Plan que ha sido totalmente rechazado por las tres comunidades, las cuales

nunca fueron consultadas para su diseño y ejecución178. Según el Resumen ejecutivo,

presentado a empresarios nacionales e internacionales en 2006, en su apartado de

“debilidades” del diagnóstico FODA señala que “la tenencia de la tierra y la estructura

comunal”, así como “los procesos de toma de decisiones lentos en las comunidades nahuas”

175 Lugar de origen del maíz, en donde todavía se conserva y crece el “Teozintle” o maíz silvestre, así

como miles de hectáreas de Bosques Mesófilos de Montaña, ya muy escasos en Mesoamérica. 176 Mittal Steel a través del grupo Ispat, propiedad del empresario anglo-hindú Laski Mittal, el quinto

hombre más rico del mundo, y la trasnacional ítalo-argentina Ternium-Hylsa. Esta mina es la mina de hierro más grande de América latina, la cual produce el 70% del hierro de México y el 40% de América latina.

177 Ternium-Hylsa, quien es dueña de la planta peletizadora localizada en el puerto de Manzanillo a menos de 200 kilómetros de Aquila por la autopista Federal No. 200, que atraviesa toda la costa del Pacífico mexicano, desde Tapachula al sur, hasta Tepic, en donde cambia de nombre, la No. 15 y llega hasta Tijuana.

178 León Gonzales, Galdys. “Listo, el plan de desarrollo turístico de la costa de Michoacán para los próximos 20 años”. La Jornada Michoacán, 24 de diciembre de 2007.


y “el bajo nivel educativo general” desalientan la inversión y son los principales obstáculos

para la puesta en marcha del proyecto” y para la inversión en la zona (Fonatur, 2006).

Maqueta tomada de FONATUR, 2006.

Maqueta tomada de FONATUR, 2006.


Figura 9. Imagen obtenida del Resumen Ejecutivo del Plan Regional para el Desarrollo Turístico

Integral de la Costa de Michoacán (FONATUR, 2006).

Aunado a lo anterior, sobre las tierras y territorios comunales pasa la carretera

federal No. 200, la cual es utilizada por el crimen organizado para el trasiego de droga,

armas y delincuentes. Territorio que ha servido no sólo de refugio a grandes capos de la

droga179, sino para esconder los cadáveres de sus víctimas.

Cuando la comunidad de Ostula el 29 de junio de 2009 recuperó su territorio

ancestral del paraje de “La Canaguancera” y comenzó a fundar el nuevo pueblo de San

Diego Xayakalan, encontró “cuatro aparentes fosas que por su forma y características

podrían contener restos humanos”180.

Dentro del territorio recuperado por la comunidad, los criminales tenían un rancho

que usaban como laboratorio para crear droga sintética, como centro de operaciones para

sus actividades criminales y como refugio. El “Rancho Mendoza” es ampliamente conocido

179 “El México Narco”, segunda parte. Revista Proceso, número 25 edición especial. Julio de 2009. 180 Comunicado del 9 de agosto de 2009 de la “Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de

la Comunidad de Sta. Ma. Ostula”.


en la región porque ahí, se dice entre los habitantes de la región, han sucedido varias

matanzas, asesinatos, torturas y secuestros. En una investigación periodística, el reportero

José Gil Olmos181 plantea que el Rancho Mendoza “fue usado por los Valencia como centro

de operaciones y que el móvil del múltiple crimen del 18 de febrero fue la desaparición de

un paquete de 50 kilos de cocaína”. En su investigación, documenta que en 2002 la

Procuraduría Judicial del Estado de Michoacán (PJEM) “determinó que, desde hacía tres

años, cada mes arribaba al Rancho Mendoza cargamento de cocaína pura para ser

empaquetada en pequeñas dosis (grapas) y ser vendidas al narcomenudeo”. El periodista da

un dato muy interesante: “La droga precedía de Colombia y se lanzaba desde avionetas y

helicópteros al Pacífico. Los trabajadores del rancho la cargaban en lanchas rápidas y la

ocultaban”.

Recordemos que fue en 2003 cuando la comunidad realizó el segundo intento de

recuperación de las tierras, que el gobierno municipal, estatal y federal las “resguardó”

hasta que se fueron y permitieron el libre acceso y uso a los supuestos pequeños

propietarios que en 2004 iniciaron el juicio en los tribunales agrarios. Es justamente en

2003 cuando Eusebio Mamés Velázquez Mora, cercano colaborador de “El Chacal” era

presidente municipal de Aquila y que la PJEM documentó que “era pieza clave en las

pesquisas por la matanza en el rancho Mendoza” (Idem).

Según información que recopiló el periodista José Gil Olmos (2015: 21) se calcula

que sólo en el estado de Michoacán “las ganancias obtenidas por el crimen organizado entre

2012 y 2014 se estiman en 31 mil 460 millones de pesos por vía de la extorsión a los

mineros, productores de aguacate, empresarios y comerciantes grandes, medianos y

pequeños, por “cuotas”, venta de drogas y secuestro”.

Tres proyectos del capital (minería, narcotráfico y turismo) que beneficiarían a los

mismos sujetos: el gobierno, la iniciativa privada, los caciques y al crimen organizado. Tres

proyectos que necesitan del despojo de las tierras comunales para operar. Tres proyectos

del capital que imponen una lógica diferente a la lógica comunal. Por lo que no sólo tienen

que despojar de las tierras a las comunidades, sino que tienen que desgastar y destruir la

organización comunitaria. Desgastar y fragmentar sus mecanismos de toma de decisiones

181 “Batallas de Michoacán. Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto”. Ediciones

Proceso, febrero de 2015. Pág. 82.


comunitarias y sobre todo su modo de vida comunal. Son proyectos que el capital impone y

el gobierno apoya y gestiona. Proyectos que no sólo no han sido consultados a las

comunidades, sino que son impuestos con violencia.

Figura 10. Localización del Rancho Mendoza en las tierras recuperadas el 29 de junio del 2009.

Elaboración propia.

El puerto de Manzanillo, en Colima, es el principal puerto del Pacífico mexicano.

Es la principal plataforma logística de la economía mexicana para vincularse con el

comercio mundial del sistema mundial capitalista actual. El 80% del comercio mundial se

mueve por transporte marítimo y Manzanillo es el principal sistema portuario del principal

puente económico del comercio mundial: la cuenca del Pacífico. Manzanillo es el eje de

transporte del comercio mundial de la cuenca Asía Pacífico, ya que es el principal

importador y exportador de contenedores a nivel nacional y a nivel pacífico

latinoamericano. Es el puerto que compite con Long Island, en California, en la capacidad

de carga instalada. Su localización y ubicación en el océano pacífico mexicano lo hace

estratégico para el comercio mundial y para la economía mexicana. Es un puerto

multipropósito con terminales especializadas en mover contenedores, carga general, granel

mineral y agrícola, vehículos, productos perecederos y cruceros. Con una capacidad de


carga anual en 2013 de 2, 500,000 TEUs182 (Ver Gráfica 1). Su infraestructura portuaria,

de autopistas y ferroviaria de carga, lo convierte en un sistema portuario de última

generación. Su localización en el pacífico lo ubica en la principal plataforma logística del

comercio de la cuenca Asia-Pacífico y de la economía mexicana. Sus condiciones

geográficas, con sus 16 metros de profundidad, le permiten hoy tener una capacidad de

carga de casi 3,500 TEUs (Ver Gráfica 2), así como embarcaciones de 100 toneladas de

mineral. Sus condiciones climáticas le permiten trabajar 24 horas al día los 365 días del

año. Este puerto presume de tener 90 años sin suspensión de actividades, de trabajo

continuo y estabilidad. Lo que le permite mover el 46% de los contenedores del país y el

62% de la carga que arriba a México por el pacífico. Tan sólo para la región centro

occidente de México (que tiene el 50% de la población y genera el 60% del PIB) representa

la principal puerta de entrada y de salida de los productos de la región. Esta situación lo

convierte en el principal objetivo del crimen organizado. Objetivo que actualmente se está

disputando el cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que tiene

como aliado a la nueva organización criminal de Michoacán surgida tras la estrategia de

seguridad de Peña Nieto y Alfredo Castillo: la tercera hermandad o H3 que sustituye a los

Caballeros Templarios en el control de Michoacán.

Gráfica 1. Tasa de crecimiento de carga del puerto de Manzanillo. 1990-2007. Fuente: SCT

182 Un TEU es una unidad de medida que contabiliza la capacidad de carga de un contenedor

normalizado de 20 pies (6,1 m) de largo. Es decir, 1 TEU equivale a 1 contenedor y 10 TEUs equivale a 10 contenedores.


La ampliación de la zona norte del puerto, que comenzó en 2007 y concluyó en

2013 con una inversión 5 mil 115 millones de pesos en más de 150 hectáreas de tierra,

tiene como meta generar una capacidad de carga instalada de 5,000 millones de toneladas

para el 2018. Con una inversión privada de 1,200 millones de pesos, se construyó una

terminal de usos múltiples que tiene una capacidad de carga de 2,000 toneladas de granel

mineral por hora. Con la ampliación y la infraestructura construida, más la proyectada para

la laguna de Cuyutlan183, el puerto de Manzanillo no sólo se convertirá en el principal

sistema portuario del corredor económico interoceánico del centro de México (que integra a

Manzanillo con Tuxpan en Veracruz y a Lázaro Cárdenas con el Puerto de Veracruz), sino

que será la principal plataforma logística del comercio mundial en general y de la cuenca

del pacífico en particular.

Gráfica 2. Capacidad de carga generada con la ampliación de la zona norte del

puerto de Manzanillo, Colima. Fuente: SCT

Dicho puerto, se localiza a 100 kilómetros de Ostula. Por ese puerto se exporta todo

el mineral que sale no sólo de las tierras Nahuas del occidente mexicano184, sino de todas

las minas de México. La sorprendente producción minera de los últimos 10 años de

México, que supera la de los 300 años del periodo colonial, sale por Manzanillo y sus 2 mil

183 En la laguna de Cuyutlán se está construyendo la Terminal de Almacenamiento y Regasificación de

Gas Natural Licuado, que a través de diferentes gasoductos, suministrara el gas natural a toda la región centro-occidente.

184 El hierro de la minera “Peña Colorada” en la sierra de Manantlán que saca el material ferroso por ductos de agua de manantial de la sierra directamente hasta la peletizadora del grupo Ispat en Manzanillo. O el material ferroso que Ternim-Hylsa extrae de la mina “Las Encinas” en el municipio de Aquila.


toneladas por hora que tiene la nueva terminal de usos múltiples de la ampliación de la zona

norte de Manzanillo185.

3.3.2 El despojo y la resistencia La comunidad, a través de su máxima autoridad que es la Asamblea General de comuneros

y comuneras ha rechazado todo intento de mercantilización, privatización, concesión y

destrucción de sus tierras y territorio. La Asamblea General de Comuneros ha rechazado

todos los mecanismos de la territorialidad neoliberal.

La primera forma que buscó el gobierno para mercantilizar-privatizar y despojar las

tierras comunales fue el “Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de

Solares Urbanos” (PROCEDE), que se creó tras la reforma al artículo 27 constitucional, la

derogación de la Ley Federal de Reforma Agraria (que establecía el carácter inalienable,

imprescriptible e inembargable de las tierras de interés social, es decir, de los ejidos y las

comunidades) y la creación de la nueva Ley Agraria en 1992 por Salinas de Gortari.

Cuestión que la comunidad rechazó no sólo por principios y por conocimiento de las

consecuencias que representaba, sino porque además –y en tono de burla– la comunidad

argumentó que ese programa era sólo para ejidos y no para comunidades indígenas.

Argumento al que el gobierno respondió inventando algo que no tiene sustento legal, es

decir, que no existe jurídicamente en ninguna ley o programa de gobierno: el PROCECOM,

lo mismo pero para comunidades. Cosa que a la comunidad se le hizo una aberración y una

violación más a la legalidad y a la legitimidad de las garantías sociales que en teoría

protegen a las tierras y territorios de ejidatarios y comuneros logradas tras la lucha armada

del Ejercito Libertado del Sur y su General en Jefe, Emiliano Zapata, en la guerra civil

mexicana que inicio en 1910 y que la historiografía oficial llama “revolución mexicana”.

El PROCEDE y el PROCECOM, son dos mecanismos que la territorialidad

neoliberal utiliza para concretar su expansión en el campo mexicano. Son dos mecanismos,

operados por la Secretaria de Reforma Agraria, que buscan fragmentar la territorialidad de

las comunidades indígenas y campesinas y que es impulsado con el discurso-argumento de

185 Recordemos los datos del Informe de Oxfam sobre la desigualdad en México en donde señala que

la riqueza de dos de los 4 multimillonarios mexicanos proviene de la actividad minera. Germán Larrea de Minera México y Alberto Bailléres del Grupo BAL y de Industria Peñoles.


traer certidumbre jurídica y paz al campo. Mecanismo y argumento que Ostula rechazó

junto con las comunidades Nahuas de la región.

Aunado a lo anterior, el gobierno quiso iniciar un programa de concesiones de la

zona costera, cosa que la comunidad también rechazó ya que su Resolución Presidencial del

27 de abril de 1964 establece como lindero el océano pacífico y no la supuesta Zona

Federal Marítimo Terrestre y sus 20 metros de propiedad federal. Otro mecanismo de la

territorialidad neoliberal que la comunidad de Ostula rechazó.

No obstante, el gobierno y las mineras pretendían ratificar concesiones186 que el

gobierno ha otorgado para toda la sierra y costa de Michoacán, así como para todo el

territorio nacional. Concesiones que la comunidad rechazó.

Figura 11. Que muestra las concesiones mineras en el territorio de Ostula.

Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía. Concesiones 2015.

186 Aquí es importante reiterar lo que ya se expuso en el capítulo anterior: que el régimen de

concesiones es una máscara para mercantilizar y privatizar los bienes que constitucionalmente son propiedad de la nación. Ya que la propiedad, en términos jurídicos es el uso, disfrute y disposición de un bien. Bien que es propiedad de la nación según el Artículo 27 constitucional y que el régimen de concesiones busca ignorar o saltar, ya que el gobierno entrega concesiones a particulares (léase empresas trasnacionales) por 20, 50 y hasta 100 años sobre costas (Zona Federal Marítimo Terrestre), aguas, bosques, yacimientos mineros, carreteras, puertos, ferrocarriles, etc. Concesiones que legalmente le dan el derecho sobre el uso y el disfrute (de la renta) más no de la disposición.


Tanto el precede, como el PROCECOM, las concesiones de la costa (ZFMT) como

las concesiones mineras han sido rechazadas por la comunidad de Ostula. Todos estos

mecanismos son parte de lo que el análisis socioterritorial denomina vectores de fuerza de

la territorialidad neoliberal. Mecanismos que han sido rechazados por la comunidad Nahua

de Santa María Ostula.

Figura 12. Que muestra las concesiones en las tierras recuperadas por la comunidad de Ostula el 29 de junio de 2009. El lote “Tara Rojas Fracción 2” con una superficie de 3,065.98 hectáreas tiene como titular a Juan Ignacio Rochin García, con permiso para extraer: Fe, Cu, Au y TSP (izquierda). Y el Lote “Trivento” de 616 hectáreas y que el titular es José Trinidad Ramos, con permiso para extraer: TSP, Fe, Zn y Pb (derecha). Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía. Concesiones, 2015.

Aunado a lo anterior, el gobierno federal junto con el gobierno del Estado y la

iniciativa privada, lanzaron en 2006 el llamado “Plan Regional para el Desarrollo Turístico

Integral de la Costa de Michoacán”, que ha sido rechazo no sólo por la comunidad de

Ostula, sino por las comunidades vecinas de Coíre y Pómaro. Plan que ha sido totalmente

rechazado por las tres comunidades, las cuales nunca fueron consultadas para su diseño y

ejecución187.

187 León Gonzales, Galdys. “Listo, el plan de desarrollo turístico de la costa de Michoacán para los

próximos 20 años”. La Jornada Michoacán, 24 de diciembre de 2007.


Figura 13. Uno de los mapas del plan turístico que muestra los proyectos por construir en toda la

costa de Michoacán (FONATUR, 2006).

Rechazo tras rechazo, el gobierno en 2009 inició un plan que junto con el plan

turístico de la costa, pretendía ampliar la carretera federal número 200 de dos a cuatro

carriles, lo que implica no sólo la destrucción de más territorio comunal, sino la ampliación

de los 20 metros de concesión federal a ambos lados de la carretera, que junto con la

concesión de la ZFMT y sus 20 metros, implica la pérdida de todas las tierras costeras de

las tres comunidades (Ostula, Coire y Pómaro). Lo que tendría como efecto más pérdida de

tierras de los territorios de Coire, Pómaro y Ostula, ya que además de las que se utilicen en

la ampliación de la carretera (entre 40 y 50 metros), se dispondrían de 20 metros a ambos

lados de la pista asfáltica. Acción que implica una pérdida de aproximadamente 100 metros

a lo largo de la línea costera. Metros que se sumaran a los 20 metros que la Zona Federal

Marítimo Terrestre (ZFMT) establece desde el mar al continente. Lo que implica la

pérdida de las tierras costeras de las comunidades de Pómaro, Coire y Ostula. (Ver Figura

No. 14).


Figura 14. Que muestra la ZFMT, las tierras afectadas por la ampliación de la carretera y la concesión a ambos lados de la pista. Lo que implica la pérdida de las costas comunitarias. Elaboración propia con base en la delimitación de la ZFMT de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La ZFMT no se aplica en las tierras comunales ya que las Resoluciones

Presidenciales de las tres comunidades establecen el Océano Pacífico como límite de sus

Bienes Comunales. Por lo que ahora, junto con la ampliación de la carretera se quiere

aplicar.

El caso de Pómaro es muy representativo de este proceso. La Comunidad de

Pómaro entro al PROCEDE y al momento de recibir su nuevo plano, se percataron que su

lindero pasó de ser el mar, a ser la carretera. Lo que implica que en derecho esas tierras ya

no son de la comunidad de Pómaro, a pesar de que en los hechos ellos mantengan la

posesión188.

En 2006, en el marco de la otra campaña surgida a partir de la sexta Declaración de

la Selva Lacandona emitida por el EZLN, el Subcomandante Marcos en su recorrido por

Michoacán visitó la comunidad de Ostula. Evento al que asistieron ejidatarios y comuneros

de la región y que fue una de las mayores concentraciones de personas no sólo en el estado

sino a nivel nacional del recorrido de la llamada “Otra campaña”.

188 Tanto Coire como Pómaro si aceptaron el PROCEDE que el gobierno les impuso a través de engaños. Y en el caso de Pómaro, cuando la comunidad revisó los nuevos planos diseñados tras este programa, se percató que su lindero ya no colindaba con la costa ni el océano pacífico, sino con la carretera federal 200. Lo que implica que jurídicamente esas tierras ya no les pertenecen y no son de su propiedad, a pesar de tener la posesión histórica. Y es en ésta comunidad, donde se encuentra la playa conocida como Maruata, una playa hermosa y reconocida ampliamente por turistas nacionales e internacionales.


Presencia del Delegado Zero en Ostula el 1 de abril de 2006 durante el llamado “recorrido de la Otra Campaña”. A la derecha del Delegado Zero, sin collar de flores, se encuentra el comunero Javier Martínez Robles, desaparecido el 23 de febrero de 2010.

Diversos elementos que nos ayudan a comprender el peso que tiene hoy y que

siempre ha tenido la comunidad de Ostula, no sólo en la región, frente a Coire y Pómaro

por su rechazo a todos los mecanismos “legales” de despojo y su persistente resistencia,

sino frente a otras comunidades y ejidos del país que defienden sus tierras y territorios y

resisten los embates privatizadores.

No es poca cosa que el 29 de junio de 2009 cuando la comunidad de Ostula

recuperó sus tierras, contara con el apoyo de Coire y de Pómaro para realizar dicha acción.

Quienes enviaron a sus policías comunitarios a resguardar Xayakalan y los accesos a la

comunidad de Ostula. Y que al día siguiente de la balacera del 29 de junio llegaran

delegados y delegadas de diferentes comunidades indígenas que participan en el Congreso

Nacional Indígena.


3.3.3 Ante la dignidad, rebeldía, resistencia y organización comunal, la

respuesta fue: violencia Fue en el contexto, explicado párrafos arriba, a principios de 2009, que los supuestos

pequeños propietarios y los caciques-ganaderos del poblado no indígena de “La Placita”

comenzaran a lotificar, vender e incluso “regalar” lotes del predio de la Canaguancera,

parte del territorio ancestral de Ostula y hoy Xayakalan. Ante esta situación, la comunidad

a través de su Asamblea General nombró una “Comisión por la defensa de los bienes

comunales”, la cual además de iniciar las gestiones legales para la recuperación de su

territorio ancestral, comenzó a denunciar los abusos e impunidad con que actúan los

invasores y las autoridades. Autoridades que tendrían que impulsar la solución pacífica y

conciliada de un conflicto social que tiene añejándose desde hace más de 40 años, pero que

lamentablemente lo han intensificado con su negligencia o con su actuar a favor de los

supuestos pequeños propietarios.

El 26 de julio de 2008 un grupo paramilitar, secuestró y asesinó al profesor Diego

Ramírez Domínguez, presidente de la Comisión nombrada por la Asamblea General de la

comunidad para la recuperación de las tierras despojadas por los supuestos pequeños

propietarios. Su cuerpo fue hallado sin vida y con notorias marcas de tortura en las tierras

en disputa como una clara señal de intimidación y amenaza de los caciques hacia la

comunidad. Suceso que hasta la fecha no ha sido ni investigado ni aclarado a pesar de que

al inicio se creara una comisión especial para su investigación189.

Por lo anterior, los comuneros decidieron reactivar su “guardia comunal” y su

“policía comunitaria”, ejerciendo así, su legítimo derecho a la autodefensa190. Y lo hicieron

para defenderse de los sistemáticos ataques y agravios que desde el día que asesinaron al

profesor Diego Domínguez la comunidad comenzó padecer por los mismos individuos que

la comunidad identifica como el grupo narco paramilitar que comanda Federico Gonzales

189 Para revisar más sobre el asesinato del Profesor Diego Ramírez, se pueden ver las notas de La

Jornada Michoacán del 29, 30 y 31 de junio de 2008 en [www.lajornadamichoacan.com] 190 La policía tiene la función de cuidar el orden y seguridad en cada localidad y son nombrados por las

asambleas de cada encargatura. Nombramientos que son ratificados por la asamblea general. Los integrantes de la guardia comunal son nombrados por la asamblea general y tienen la misión de defender y proteger los bienes comunales, es decir: los derechos de la comunidad, la integridad de sus miembros y del territorio comunal. La policía era una institución comunitaria muy antiguas que funcionó hasta 1989, cuando el municipio de Aquila la prohibió. La guardia comunal es una institución nueva creada ante el actual contexto de violencia. Su deber es proteger la vida comunal y los bienes comunales.


alias “Lico” y Mario Álvarez, alias “El Chacal”. Ambos conocidos criminales,

narcotraficantes y exintegrantes del cartel del crimen organizado denominado los

“Valencia”, que posteriormente formaron parte de los “Caballeros Templarios”, cartel que

sigue activo en la región a través de una nueva organización denominada “la tercera

hermandad” o H3, a pesar de que el gobierno federal asegure que han sido desmantelados

todos los grupos del crimen organizado en el Estado de Michoacán. El primero es un

poderoso ganadero y cacique de la región que habita en la Placita y el segundo es un

prominente político del PRI de Aquila. Mario Álvarez ha sido varias veces presidente

municipal de Aquila y fue candidato a diputado local en 2011 por el mismo partido para el

distrito XXI de Coalcoman. Distrito que integra los municipios de Aguililla, Aquila,

Buenavista, Coahuayana, Coalcoman, Chinicuila y Tepalcatepec191.

3.3.4 La autonomía y el derecho a la autodefensa Las iniciativas de ley indígena del estado, no dan herramientas a las comunidades para

defender sus tierras, territorios, instituciones económicas, políticas y sociales, ni su derecho

a la autonomía. Por el contrario se le restringe derechos ya reconocidos en otros

instrumentos jurídicos internacionales y nacionales. De hecho, sólo sirve de discurso de

inclusión y apariencia política cuando en realidad está el despojo y la violencia en los

hechos.

Las reformas a la constitución del Estado de Michoacán en materia indígena

realizadas en marzo de 2012 y junio de 2014, reconoce a las comunidades como “personas

morales” y no como sujetos de derecho. Así mismo, no menciona mecanismos concretos

para que las comunidades puedan ejercer sus derechos. Estos mecanismos tendrán que

aparecer en la legislación secundaria, es decir, en la ley indígena del Estado, la cual no ha

sido promulgada aún. Sin embargo, en las diferentes iniciativas que se han presentado en el

Congreso del Estado se lee la misma lógica discursiva de la Reforma Constitucional

Federal en materia indígena; la misma lógica de aparentar derechos, pero en los hechos

negarlos.

191 Municipio donde el 24 de febrero de 2013 se dio a conocer el movimiento de las “autodefensas”

que coordinó el Dr. Mireles.


Ante la continua y creciente violencia, inseguridad e impunidad que se ha

mantenido a niveles alarmantes, la comunidad se vio en la necesidad de defenderse por sí

misma, ya que la tensión y el conflicto social han rebasado a las instituciones judiciales,

políticas y administrativas de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal)

incluidos el propio Ejército y la Marina.

Por lo anterior y frente a los hechos de violencia y creciente impunidad, la

comunidad se vio forzada a ejercer su legítimo derecho a la autodefensa para proteger la

integridad de su territorio y la vida y seguridad de los integrantes de la comunidad, tal y

como lo señala el Pronunciamiento sobre el Derecho a la Autodefensa Indígena

(Documento IV del Anexo): Que de conformidad con lo que dispone el Convenio Ciento Sesenta y Nueve de la Organización Internacional del Trabajo “Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, nuestros pueblos TIENEN, EN EL MARCO DE SUS DERECHOS A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA, EL DERECHO DE ORGANIZAR SU AUTODEFENSA DEL MODO QUE CONSIDEREN CONVENIENTE EN TANTO NO ATENTE CONTRA EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS; por lo que la creación, en el marco de nuestra cultura y organización tradicional, de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas organizativas comunales para la autodefensa indígena, SON LEGALES, LEGÍTIMAS Y, SOBRE TODO, NECESARIAS FRENTE A LA PROFUNDA CORRUPCIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE IMPARTIR JUSTICIA.

Situación de tensión y conflicto social que ha rebasado las instancias legales y los

procedimientos jurídicos, a pesar de que a varios integrantes de la comunidad les fueron

concedidas medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH) en septiembre de 2010192. Ya que hasta la fecha no se han generado ni las

averiguaciones previas ni las diligencias judiciales que permitan, ya no digamos un castigo

a los culpables y el esclarecimiento de los hechos, sino el inicio de las investigaciones

judiciales con diferentes líneas de investigación.

192 Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH establecen: “En vista de la gravedad y urgencia de

los hechos alegados y la falta de información sobre el paradero de las tres personas desaparecidas, la CIDH considera que corresponde otorgar medidas cautelares en los términos del artículo 25(2) de su Reglamento con el fin de garantizar la vida e integridad personal de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles y Francisco de Asís Manuel. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno de México que:

1. Informe sobre el paradero de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles y Francisco de Asís Manuel, su estado de salud y la situación de seguridad en la cual se encuentran; 2. Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles y Francisco de Asís Manuel; e 3. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.”


A esta situación de violencia, impunidad y abandono tanto de la clase política,

como de las instituciones de impartición de justicia, se suma el des-interés de los medios

masivos de comunicación local, nacional e internacional. Ya que ninguno se ha tomado la

molestia ni el tiempo de escuchar a las víctimas de la comunidad e investigar sobre las

causas profundas de dicha violencia e impunidad. Por el contrario los medios locales de

comunicación informan a la opinión pública que los asesinatos se deben a riñas familiares

entre personas bajo el efecto del alcohol193 en los últimos acontecimientos, pero que no se

diferencian de las desorientadas y malintencionadas notas de los primeros días de la

recuperación de las tierras, las cuales señalaban a los comuneros nahuas como asesinos y

violadores194.

Los constantes y sistemáticos intentos de despojar de las tierras comunales de

Ostula, a través de múltiples mecanismos de la territorialidad neoliberal (PROCEDE,

PROCECOM, la ampliación de la carretera y las concesiones mineras, así como de la

ZFMT, etc.) no sólo evidencian la continuación histórica del conflicto agrario provocado

por la indefinición del marco jurídico en materia agraria en México; sino que evidencia

una parte del conflicto socioterritorial de Ostula. Ya que no sólo se están negando sus

derechos agrarios históricos y documentados, sino su derecho a ejercer su soberanía social

y libre determinación a través de la autonomía. Se niega en los hechos su derecho a ejercer

su territorialidad social. Se niega su derecho a concebir el mundo desde su lógica comunal

y se niega su derecho a organizarse y decidir comunalmente (prácticas). Se niega su

derecho de propiedad y de soberanía. Se niega su derecho a la tierra y al autogobierno. Se

niega su derecho a producir su espacio como ellos quieran, se niegan sus derechos a

construir sus proyecto de futuro. Y en lugar de reconocer y construirse mecanismos que le

permitan ejercer libremente sus derechos agrarios y de autonomías (derechos

socioterritoriales), se les imponen proyectos que son completamente ajenos a sus lógicas

comunales. Proyectos que no son consultados desde su diseño ni ejecución y que vienen

acompañados de violencia, corrupción e impunidad.

193 Un ejemplo de esto es la nota del Diario “Quadratin” sobre el asesinato de Pedro Leyva:

[http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Sucesos/Asesina-a-su-primo-luego-de-discusion-en-Aquila] 194 Consultar las notas del 30 de junio hasta la de los primeros días de septiembre de 2009 en los

diversos diarios de circulación local.


Por tal razón hay una lucha entre territorialidades en la costa Nahua de Michoacán

que es un botón de muestra de la lucha entre territorialidades en el campo mexicano.

3.3.5 Más violencia ante la dignidad, la resistencia, la autonomía y la

autodefensa comunal. Hechos violentos que desde el asesinato del profesor Diego, la recuperación de las tierras

del paraje de la Canaguancera y la fundación del poblado de Xayakalan se han

incrementado. Desde el 29 de junio del 2009 han sido asesinados 30 comuneros de Ostula y

han sido desaparecidos 5 de sus integrantes.

Sólo entre el 15 de agosto y el 18 de septiembre del 2009 fueron asesinados 6

comuneros de Ostula sin que hasta el día de hoy existan averiguaciones previas sobre sus

asesinatos. Sus nombres son: Simón Pineda Verdía y su hijo del mismo nombre (15 de

agosto); Quintín Regis Valdez (11 de septiembre); Erick Nemesio Domínguez (15 de

septiembre); Froylán Medina Álvarez y Demetrio Olivero Álvarez (18 de septiembre).

Los comuneros Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Orcino fueron “levantados”

el 23 de febrero de 2010 a las 3:30 de la tarde, en plena luz del día en un restaurante del

centro del municipio de Aquila tras salir de una reunión del Cabildo Municipal. El

comunero Javier en ese momento era regidor del municipio y líder en la comunidad de

Ostula.

Francisco De Asís Manuel, presidente de los Bienes Comunales de Ostula.

Francisco, “Pancho” como se le conocía en la comunidad, encabezó la recuperación de las

tierras el 29 de junio de 2009 y fue él quien reorganizara la policía y guardia comunal.

Pancho fue “levantado” por sujetos fuertemente armados la noche del 20 de abril de 2010

en su casa de la encargatura de la Palma Sola.

Eventos que sucedieron a menos de 7 km del campamento/reten que la Marina

Armada de México colocó entre la encargatura de Xayakalan y el poblado de la Placita

supuestamente para evitar ataque entre estas dos poblaciones en conflicto y para evitar

cualquier acto de violencia en la región, ya que su ubicación es paso obligado de cualquier

vehículo que circule por la zona y cruce condicionado de los vehículos que realizaron

dichos actos.


En ese contexto, el día 4 de mayo más de mil hombres armados pertenecientes al

Ejército Mexicano, a la Policía Federal y a la Marina Armada de México cercaron la

cabecera municipal de Santa María Ostula supuestamente buscando armas, sin orden

judicial y sin aviso previo.

El día 7 de mayo un grupo paramilitar de unas 150 personas que decían ser de La

Placita, Michoacán, entraron fuertemente armadas a las comunidades de Ostula y El Coire a

repartir propaganda (ver Documento V del Anexo) en apoyo a sus actividades y con la

fallida finalidad declarada de asesinar al C. Valentín Álvarez Medina, presidente suplente

del comisariado de bienes comunales de El Coire y activo luchador en la recuperación de

las tierras de Ostula, y quien declarara públicamente estar en contra de los proyectos

carreteros, turísticos y mineros que los gobiernos buscan ejecutar en el territorio nahua.

Otra vez, este grupo armado tan numeroso pudo actuar impunemente sin que pudiera ser

detectado por las numerosas fuerzas de seguridad y castrenses que se encuentran ubicadas

en la zona.

El 29 de junio fue secuestrado en su casa el comunero Máximo Magno Valladares,

quien en ese momento fuera el Encargado del Orden de la encargatura de El Potrero. El día

17 de julio de 2010 fue asesinado en la carretera federal el comunero Humberto Santos

Valladares. El 19 de julio fue baleado el comunero Roberto Arceo; posteriormente, el día

27 de julio fueron asesinados los comuneros Venancio Ramírez Cirino, Manuel Flores

Álvarez y Miguel Ángel Flores Álvarez; unos días después, el 3 de agosto, fue asesinado el

comunero José Martínez Ramos.

El 10 de diciembre de 2010 el comunero Horacio Martínez Ramos fue “levantado”

en la carretera costera número 200 y posteriormente asesinado. El primero y el seis de

enero de 2011 fueron asesinados, respectivamente, los comuneros Ernesto Nicolás López y

Pedro Nazario Domínguez.

El primero de febrero de 2011 fue asesinado el comunero Pedro Guzmán y el 20 de

febrero un comando intento asesinar en el poblado de El Faro al comunero Semeí Verdía,

quien es miembro de la Comisión Comunal de Diálogo para la Problemática Agraria de la

Comunidad y actualmente se encuentra fuera de Ostula.


El 20 de marzo fueron asesinados el anciano Isidro Mora Domínguez y Feliciano

Cirino Domínguez. El 8 de abril fue “levantado” en El Ranchito, Michoacán, el comunero

menor de edad Enrique Domínguez Macías. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero.

El 02 de mayo los jóvenes comuneros Jonathan y Fortino Verdía Gómez fueron

quemados y asesinados cerca de El Faro. El día 13 de mayo los comuneros y profesores

Francisco y Ambrosio Verdía Macías, el primero director de la escuela primaria de Ostula,

fueron levantados en la carretera costera número 200 y asesinados en El Faro.

El día 28 de mayo el comunero Nicolás de la Cruz, primer comandante del tercer

grupo perteneciente a la guardia comunal que recuperó Xayakalan el 29 de junio de 2009, y

su hijo Rafael de la Cruz, fueron emboscados y asesinados. El día 29 de mayo el comunero

Juan Faustino, primer comandante del segundo grupo perteneciente a la guardia comunal

que recuperó Xayakalan el 29 de junio de 2009, fue asesinado.

El 6 de octubre del 2011 fue asesinado Pedro Leyva Domínguez, de 34 años. Pedro

fue el segundo encargado del Orden de Xayakalan, después de Trinidad de la Cruz. Al final

de su vida fue la voz pública de la comunidad, quien hacia las denuncias en los foros y

quien encabezará las mesas de negociaciones con el gobierno federal y estatal, con la

Secretaria de la Reforma Agraria, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH) –quien emitió la recomendación de medidas cautelares (MC-264-10) para la

comunidad de Sta. Ma. Ostula– y delegado de Ostula ante el Movimiento por la Paz con

Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia. Pedro sería el primer orador del

segundo encuentro del Movimiento por la Paz con el jefe del ejecutivo de México y su

consejo de seguridad que se realizó el 14 de octubre del 2011, es decir, 8 días después del

asesinato de Pedro. Pedro, padre y esposo, era una autoridad moral en su comunidad y

miembro activo de la guardia comunal. Su padre Santos Leyva Martínez es el actual

Presidente de los Bienes Comunales de Ostula, quien asumiera el cargo que dejó Francisco

de Asís Manuel y que fue electo por formas comunitarias y no por la lógica de las planillas

de los partidos políticos.

El 6 de diciembre, J. Trinidad de la Cruz Crisóforo, de 73 años fue cobardemente

asesinado. Don Trino, como se le conocía en la comunidad fue el primer comandante de la

guardia comunal del primer grupo que encabezó la recuperación de las tierras de la

comunidad el 29 de junio de 2009 y primer encargado del Orden del pueblo de Xaykalan.


Don Trino era una autoridad moral en Ostula. Fue varias veces Juez Tradicional, cargo

tradicional que sólo ocupa gente de la más alta reputación en la comunidad. Don Trino fue

el último Jefe de Tenencia195 que tuvo a su cargo policías comunitarias antes de que el

gobierno municipal de Aquila las prohibiera en 1989. Él junto con Francisco de Asís, fue

quien organizó la recuperación del territorio tradicional de la comunidad y quienes

reorganizaran las guardias y policías comunitarias.

El 14 de noviembre, Don Trino fue fuertemente golpeado por sicarios y

paramilitares, lo que lo obligó a salir de su comunidad para atender sus heridas. El 6 de

diciembre Don Trino regresó a su comunidad acompañado por una caravana del

Movimiento por la Paz, la cual fue interceptada por sicarios y paramilitares del crimen

organizado. En ese momento, los sicarios se llevaron a Don Trino y comenzaron a

torturarlo. El día siguiente, su cuerpo fue hallado sin vida y con fuertes marcas de tortura.

Cuentan las personas que acompañaron la caravana, que su camión era escoltado

desde Colima por elementos de la Policía Federal, pero que minutos antes del secuestro de

Don Trino, los carros de la Policía Federal se apartaron sin previo aviso y los abandonaron,

dejándolos solos en la zona con mayor riesgo.

El 15 de mayo de 2012 fue secuestrado el profesor y comunero Teódulo Santos

Girón. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado sin vida y con impactos de bala en el

poblado de la Ticla, en la comunidad de Ostula. Teódulo acababa de entregar el cargo de

Jefe de Tenencia, máximo cargo civil en la comunidad. Él formó parte de la recuperación

de las tierras el 29 de junio y continuó la lucha de la comunidad tras la ola de violencia que

azotó a sus compañeros.

El 19 de julio de 2015, fue detenido el comandante Cemeí Verdía Zepeda por

elementos del ejército mexicano y la policía federal y estatal. Que en el momento de su

arresto atacaron a la comunidad y asesinaron al niño Edilberto Reyes García e hiriendo a

18 personas más.

195 Máximo cargo civil de la comunidad.


3.4 La lucha entre territorialidades en la costa Nahua de Michoacán y las

tendencias del cambio socioterritorial.

La expansión de la lógica socioterritorial del capital en la costa Nahua de Michoacán

comenzó a principios del siglo XX con la creación del municipio de Aquila en 1909 y el

fraccionamiento de las comunidades indígenas como fue el caso de la comunidad de

Maquili en 1899. Eventos amparados bajo las leyes liberales que impulsaba la

territorialidad de la hacienda porfirista y su patrón de reproducción agroexportador para

insertarse en el mercado del sistema mundial capitalista de la época. Dicho proceso sentó

las bases económicas, políticas, técnicas y jurídicas para el posterior descontento social que

estallaría en la guerra civil mexicana que la historiografía oficial denomina “revolución

mexicana”.

Sin entrar en detalles históricos del proceso de guerra civil, sólo se quiere apuntar

que los agraristas en Michoacán fueron muy fuertes y se organizaron a través de la Liga de

Comunidades Agrarias y Sindicatos Socialistas que encabezó en el estado Primo Tapia y

que siempre contó con el apoyo del General Lázaro Cárdenas. La Resolución Presidencial

de Ostula en 1964, junto con las de Coire, Pomaro y Aquila, limitan la expansión de la

pequeña propiedad y el dominio del municipio de Aquila, dispersando el poder en derecho,

pero centrándolo, en los hechos, en la figura del municipio.

No es hasta la década de los 70´s y 80´s cuando una nueva semilla introducida por

el ejército comienza a cambiar no sólo las relaciones de producción en la costa, sino todas

las relaciones sociales en la región: la marihuana y la amapola. Semillas que no sólo

producen nuevos cultivos en la región, sino nuevos actores, nuevos modos y nuevas

prácticas: el crimen organizado y su violencia. Los “Valencia” son la primera organización

criminal dedicada a la siembra y distribución de marihuana y amapola a Estados Unidos en

Michoacán. De los Valencia se formara inicialmente la Familia Michoacana,

posteriormente los Caballeros Templarios y actualmente el H3 o Tercera hermandad.

Pero junto al crimen organizado y los carteles de la droga llega el neoliberalismo a

México, con su agenda, lógicas y territorialidad. Junto con el narco llegan las minas, los

planes turísticos, la crisis del campo, la conversión de cultivos y el libre mercado. Pero es el

crimen organizado el que toma el control territorial y el dominio social como su principal


prioridad para consolidar su negocio. Es a través del control del municipio que el crimen

organizado impone su agenda, lógicas y modos. Y es precisamente a esa lógica de despojo,

de abuso, de corrupción e impunidad, de dominio social y de control territorial del crimen

organizado lo que harto a Ostula primero en 2009, a Cheran en 2011 y a las autodefensas de

Tierra Caliente en 2013.

3.4.1 Los vectores de fuerza En el caso específico de la costa Nahua de Michoacán se puede observar cómo los

proyectos del gobierno y la iniciativa privada (minería y turismo) coinciden con los del

crimen organizado pues este ha sacado grandes ganancias al extorsionar a las mineras,

productores y comerciantes de la región. Ganancias que se incrementaran con el proyecto

turístico, pues así, los narcotraficantes no tendrán que esforzarse por trasladar la droga

hacia mercados lejanos, como es Guadalajara o ciudades de Estados Unidos, sino que

tendrán un mercado de consumo local en la propia región con los miles de turistas que ahí

arribaran. Aunado a las extorsiones que hagan a los hoteles y negocios que el proyecto de

turismo trae consigo.

En términos socioterritoriales, el gobierno, los empresarios y el crimen organizado

necesitan desgastar, fragmentar y destruir la propiedad comunal, su modo de vida comunal

y los gobiernos comunitarios para apoderarse de las tierras comunales y los recursos

naturales que ahí existen. Lo que genera la resistencia, organización y lucha de las

comunidades contra dichos proyectos. Sembrando las condiciones del conflicto

socioterritorial y la lucha entre territorialidades en la costa. Las comunidades se organizan y

fortalecen no sólo a su gobierno comunitario, sino sus luchas y resistencias para debilitar

tanto al crimen organizado como a los proyectos del gobierno y de la iniciativa privada en

sus tierras y territorios.

Pero, en un municipio con extrema pobreza como lo es Aquila, la tentación

empresarial, así como la del crimen organizado y el narcotráfico no es poca cosa.


MEDICIÓN MUNICIPAL DE LA POBREZA 2010

Porcentaje de la población, número de personas, número promedio de carencias sociales en los indicadores de pobreza, México, 2010

16008 Aquila, 16 Michoacán de Ocampo

Indicadores Porcentaje Número

de personas

Número promedio

de carencias

Pobreza

Población en situación de pobreza 78.8 11,568 3.6

Población en situación de pobreza moderada 35.1 5,148 2.7

Población en situación de pobreza extrema 43.7 6,420 4.3

Población vulnerable por carencias sociales 13.1 1,920 2.8

Población vulnerable por ingresos 4.0 593 0.0

Población no pobre y no vulnerable 4.1 597 0.0 Privación social

Población con al menos una carencia social 91.9 13,487 3.5

Población con al menos tres carencias sociales 67.5 9,905 4.2

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 39.5 5,794 4.0

Acceso a los servicios de salud 46.6 6,846 4.2

Acceso a la seguridad social 73.0 10,708 3.7

Calidad y espacios de la vivienda 56.2 8,251 4.2

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 56.7 8,319 4.2

Acceso a la alimentación 46.1 6,771 4.4

Bienestar económico

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 56.1 8,237 3.6

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 82.9 12,161 3.4

Tomado de CONEVAL “Medición de la pobreza a nivel municipal 2010: [http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Medicion-de-la-pobreza-municipal-2010.aspx]

Ante el contexto de pobreza y pobreza extrema que se vive en el municipio de

Aquila, es admirable que la mayoría de los miembros de las comunidades indígenas no se

involucren en organizaciones del crimen organizado. La fuerza de su cultura, tradiciones y

modo de vida comunal ha permitido poner un alto a la cultura del crimen, del abuso y del

menosprecio de la vida humana que prevalece en la narco cultura.

Recordemos que la creación del municipio de Aquila en 1909, tenía como objetivo

supervisar y agilizar el proceso de fraccionamiento de las comunidades indígenas y

fomentar la propiedad privada, garantizando el registro de los nuevos terrenos y sus


contratos de compra-venta. Proceso que pretendía impulsar la lógica socioterritorial del

capital en la región y establecer el marco jurídico del patrón de reproducción de capital

agro exportador de la época junto con la territorialidad de la hacienda porfirista.

La pequeña propiedad llegó a la costa por el mecanismo del embargo y fue

operado y fomentado por el nuevo municipio creado. El gobierno del estado, a través de la

Tesorería general del estado, aumentaba el valor fiscal de los terrenos cada trimestre para

que la comunidad no pudiera pagar y fueran embargadas y subastadas sus tierras. La

institución encargada de ejecutar esta práctica a través del embargo fue el municipio.

La concepción liberal mercantilizadora y empresarial de la gestión municipal

prevalece desde principios del siglo XIX hasta el presente, con la figura del municipio en

México. Dicha concepción se traduce en una práctica que impulsa la privatización e

inversión privada en tierras comunales. Concepción y práctica que se convierte en lógica y

procedimiento. En modo de trabajo, de gestión y de administración municipal. Mientras

que no cambie dicha lógica en la institución municipal seguirá el conflicto. Su concepción

de propiedad privada como único camino para el desarrollo, implica concebir a la

propiedad comunal y su toma de decisiones como un obstáculo que es necesario

transformar para generar las condiciones de seguridad que necesitan los inversionistas, pero

que intensifican los conflictos sociales.

Recordemos, las concesiones son federales, pero los permisos son locales.

Actualmente el municipio es el encargado de otorgar los permisos locales que necesitan los

proyectos mineros y turísticos que se impulsan. Es la institución encargada de dar las

condiciones locales de seguridad y certidumbre que necesitan los inversionistas. Por tal

razón, la figura del municipio incide de manera estratégica en la vida social, política y

económica de la región, incide de manera estratégica en la producción del espacio y en la

reproducción social. Y es el poder de incidencia social, político y económico que tiene la

institución municipal, lo que la convirtió en un objetivo prioritario del crimen organizado,

en especial de la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.

El crimen organizado en Michoacán, desde los Valencia, pasando por la Familia,

los Caballeros Templarios y la actual H3 o Tercera Hermandad ha pasado de cultivar

mariguana y amapola en los 80´s, a la producción de anfetaminas y el transporte de cocaína

a Estados Unidos en los 90 y en la primera década del siglo XXI. Así también, se han


dedicado al secuestro y la extorsión a través del llamado “derecho de piso” y cobro de

“cuotas” a pequeños y medianos productores, empresarios turísticos y mineros. Asimismo

han sofisticado cada vez más el negocio, dirigiéndose al gobierno.

El crimen organizado y su territorialidad

El crimen organizado ejerció su control territorial y su dominio social para producir y

reproducir su lógica y modos, es decir, su territorialidad, a través de negocios ilícitos y

negocios lícitos. Los ilícitos los realizó a través de la violencia, el miedo, la intimidación,

con impunidad ante el secuestro, el asesinato, la violación y la extorción. Pero los negocios

lícitos los hicieron a través de la figura del municipio. Así sembró, cosecho y distribuyó

mariguana y amapola, así fabricó anfetaminas y metanfetaminas en laboratorios

clandestinos, así distribuyó cocaína sudamericana hacia Estados Unidos, pero su forma de

controlar los negocios lícitos fue a través de tomar el control de los municipios del estado.

Su control territorial de los negocios lícitos fue por la vía del municipio. Las extorsiones,

los derechos de piso, las cuotas, las licitaciones de obra y los presupuestos fueron botín que

el crimen organizado obtuvo mediante el ejercicio de la funcionalidad pública en el

gobierno municipal.

Desde su aparición en los 80´s en el Estado de Michoacán, la delincuencia

organizada y el narcotráfico fueron perfeccionando sus actividades y su grado de influencia

económica, política y social en toda la entidad. Desde sus orígenes con los Valencia en los

80´s, pasando por el periodo de los zetas y del cartel del golfo196 de 2002 al 2011197, hasta

el surgimiento de la Familia Michoacán en 2006, de los Caballeros Templarios en 2010 y el

H3 o Tercera Hermandad en 2014198, el crimen organizado pasó de sembrar marihuana y

196 Los zetas se separan del Cartel del Golfo en 2010. 197 En 2003 los zetas asesinan a 6 Valencia en el Rancho Mendoza, lo que generó el declive de los

Valencias y el control zeta hasta 2006, cuando la Familia Michoacana saca a los Zetas del Estado en 2011. De 2003 a 2011 durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, “la cifra de muertos por la guerra entre estas dos organizaciones llegó a 6 mil” (Olmos, 2015: 90). Sólo entre 2006 y 2011 se registraron 4 mil 927 muertos.

198 El Abuelo, hoy líder del nuevo cartel H3 o Tercera Hermandad es un ex miembro del Cartel del Milenio y también es un ex miembro del cartel de “los Valencia”. Según investigaciones periodísticas, él junto con Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias el Migueladas, son los autores intelectuales y actuales líderes del nuevo cartel denominado H3, integrado por ex integrantes tanto de la Familia, los Templarios y ex autodefensas. (Proceso 1954. “El Migueladas”, el verdadero capo michoacano.) Cartel que según se habla en


amapola, a distribuir cocaína y cocinar meta anfetaminas, a secuestrar, extorsionar y cobrar

cuotas y derechos de piso, a controlar los ayuntamientos, las presidencias municipales y las

policías municipales.

Desde las elecciones de 2009 y las elecciones para gobernador de 2011, las

presidencias municipales fueron cooptadas por la Familia y los Templarios. Hay muchas

notas de presa que narran las diferentes reuniones que presidentes municipales electos

tuvieron, de manera forzada algunas, con los líderes de la delincuencia. En donde se los

criminales informaban a los nuevos presidentes electos los nombre de las personas que

ocuparían los cargos de seguridad pública y otras posiciones.

Según investigaciones periodísticas y según el propio líder de las autodefensas de

Tierra Caliente, José Manuel Mireles, “Los Caballeros Templarios metieron 3 millones de

dólares a la campaña del PRI en 2011”199, a la campaña de Fausto Vallejo. Es más, existe

un señalamiento oficial de que el hijo del ex gobernador Rodrigo Vallejo Mora, alias el

Gerber, es un miembro de la dirigencia de los Templarios.

En unas mantas que aparecieron el 29 de noviembre de 2012 en diferentes lugares

de Michoacán y Guanajuato, los Caballeros Templarios reclamaban al recién gobernador

electo Fausto Vallejo que “cumpliera lo acordado”. Según un reportaje de la revista Proceso

del 13 de abril de 2014, en el mensaje de los Templarios dice “que las últimas tres

generaciones de gobernantes han tenido lazos con nuestras organizaciones, llámese Familia

Michoacana o Caballeros Templarios” y que estos vínculos “deben ser indirectos pero

fuertes, en el caso suyo sabe que hay parientes de primera línea que no sólo simpatizan con

nosotros y hasta han convivido con nosotros”200.

A través del municipio y las políticas de seguridad, la delincuencia organizada

quiere imponer una institucionalidad, es decir, un modo de dominio social y de gobierno,

así como una práctica de control territorial basada en el miedo y el terror que genera la

impunidad de su violencia. Es a través de la violencia que ha tomado control no sólo de las

rutas de trasiego de droga y armas , así como de la producción y distribución de mariguana,

amapola y metanfetaminas; sino del gobierno, del municipio, de las estrategias de seguridad

el estado, está apoyado por el ex comisariado de seguridad federal Alfredo Castillo y el actual gobernador del PRD Silvano Aureoles. (Proceso 1954. “El Migueladas”, el verdadero capo michoacano. Anabel Hernández).

199 “Los pasos chuecos de Reyna”. José Gil Olmos. Revista Proceso No. 1954. 13 de abril de 2014. 200 Ídem.


estatales y ahora también controla la principal zona económica del occidente de México: el

puerto de Manzanillo. Puerto que están disputando actualmente el Cartel de Sinaloa, el

Cartel Jalisco Nueva Generación y el H3.

La guerra de Calderón y su territorialidad

Tras una elección presidencial en 2006 que fue muy cuestionada nacional e

internacionalmente, el recién nombrado Presidente Calderón, originario de Michoacán,

anunció el 11 de diciembre de 2006 su llamada “guerra contra las drogas y contra el crimen

organizado”. Ese día, se enviaron a Michoacán en un “operativo conjunto” 7 mil efectivos

federales, 4 mil 200 soldados del Ejército y Fuerza Aérea; mil 54 elementos de la Marina

con nueve helicópteros y dos aviones con cámara de detección nocturna, tres patrullas

interceptoras y una oceánica con helicóptero embarcado; mil 400 elementos de la secretaría

de seguridad pública (900 federales y 300 de seguridad regional), así como 50 agentes del

Ministerio Público enviados por la PGR. Con un presupuesto de 2 mil 900 millones de

pesos (Olmos, 2015: 186).

Todo ese desplazamiento de fuerza, se realizó sin una estrategia claramente

diseñada. Sin un plan que acompañara al empleo de la fuerza militar y policial, con un plan

de desarrollo social, educativo, de atención a la salud, de investigación ministerial ni

forense. Es decir, se lanzó a una guerra sin estrategia y sin haber diagnosticado la magnitud

de fuego del adversario. Los efectos de la guerra, sus consecuencias e impactos en la

economía, la gobernabilidad, el desarrollo y la vida cotidiana de la región.

Este error estratégico del Ejecutivo nacional costó muchas vidas, los más de 100 mil

asesinados y 26 mil desaparecidos señalados anteriormente. De los cuales, según algunos

datos periodísticos más de 12 mil muertos y 3 mil desaparecidos corresponden solamente al

estado de Michoacán201. Recordemos que 6 de los 26 sacerdotes asesinados en México

desde 2006 han sido en Michoacán202. Según declaraciones del secretario de la defensa de

Estados Unidos en 2012, “las víctimas mortales por esta guerra eran 150 mil y que se lo

201 “Allá excomunión; aquí fortaleza”. Jesús Lemus. Reporte Indigo. Miércoles 17 de febrero. 202 202 “Nada para los desaparecidos”. Reporte Indigo. Miércoles 17 de febrero de 2016. Pág. 17.


habían informado los oficiales mexicanos”203. Por lo que es grande la posibilidad de que

Calderón sea acusado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.

Aunado a la falta de visión y planeación estratégica y táctica por el gobierno federal

y todas las instituciones de seguridad del Estado Mexicano, se ha documentado que el

operativo militar-policiaco de Calderón sólo tenía un interés político: intentar posicionar a

los candidatos del PAN en las elecciones intermedias del 2009204 y de colocar en una mejor

posición a la candidata del pan a la gubernatura del estado, su hermana, María Luisa

Calderón, alias Cocoa.

La guerra de Calderón tiene dos errores de fondo: el primero es seguir con la

estrategía de pacificación con P mayúscula, es decir, a través del uso de la fuerza, la

violencia y como única estrategia la policiaca-militar. A lo que se le tiene que sumar, que

dicha guerra no fue planeada. Se declaró sin tener los más mínimos planes de desarrollo

social que la complementaran. Es más, ni siquiera se tenía un plan de contingencia médica

para atender a los heridos que por lógica trae toda guerra.

La territorialidad de Ostula

Mientras todo eso pasaba en la política de partidos, en Ostula se ejercía su territorialidad a

través de dos prácticas: la defensa de Xayakalan tras la recuperación de las tierras en 2009;

y el ejercicio de su autonomía a través de su guardia comunitaria, la elección de sus

autoridades por mecanismos comunitarios en la Asamblea General de comuneros, y la

decisión de no instalar casillas electorales en su territorio en las elecciones a gobernador de

2011205.

203 Olmos, 2015: 196. 204 El 26 de mayo de 2009, en vísperas de las elecciones intermedias en Michoacán y a ocho meses de

que los Zetas hicieran estallara una gradada en la fiesta del día del Grito en Morelia Michoacán, el gobierno de Calderón detiene a 11 presidentes municipales (incluido el de Aquila), a 16 altos funcionarios del gobierno del estado y a un juez por sospechas de estar involucrados en actividades con el crimen organizado. Hecho conocido como el Michoacanazo.

205 Recordemos que fue ese año cuando Mario Álvarez, alias el Chacal, fue candidato a diputado local por el PRI y sorprendentemente no gano a pesar de tener todo el apoyo de los Caballeros templarios de la región. Grupo criminal que él mismo dirige junto con Federico González, alias Lico y que hoy se reagrupa en el H3 o Tercera Hermandad, aliada del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).


En Xayakalan las familias siguen sembrando y cosechando hasta el día de hoy. Se

ha construido una pequeña clínica, una escuela y una pequeña capilla. Las familias siguen

resistiendo junto con el apoyo de la comunidad.

En las elecciones para gobernador de 2011, la comunidad de Ostula decidió en su

Asamblea General de Comuneros no permitir la instalación de las casillas electorales en su

territorio. Así mismo, en las elecciones de sus autoridades agrarias y civiles, ya no se hace

por la vía de la planilla y de los partidos políticos, sino por mecanismo comunitarios dentro

de la Asamblea General. Cada año se nombra y designa a la autoridad civil y cada tres

años a la autoridad agraria por mecanismos comunitarios.

La violencia que vivió la comunidad entre 2009 y 2011, que fue la de mayor

magnitud e intensidad, generó los asesinatos y desapariciones de muchos líderes y

comuneros, pero también generó un gran exilio de muchos de sus miembros. El 8 de

febrero de 2014 regresaron varios líderes comuneros de Ostula a su comunidad, con el

objetivo de sacar a los Templarios que seguían asesinando, robando y extorsionando a los

habitantes de la región206. El 14 de febrero del mismo año, se realizó una Asamblea General

de Comuneros que designó como Primer Comandante a Cemeí Verdía, quien regresaba del

exilio junto con Fredy Cruz –nieto de Don Trino de la Cruz– y German Ramírez, hijo del

Profesor Diego Ramírez. En esa Asamblea, se nombraron nuevos comandantes y se

reorganizó la guardia comunitaria. A dicha asamblea asistieron más de 500 policías

comunitarios de los municipios vecinos de Chinicuila, Coahuayana, Coalcomán y Aquila.

Quienes testiguaron el nombramiento de los comandantes de Ostula y nombraron a Cemeí

Verdía como su comandante general. A partir de ahí, se generó una nueva ofensiva contra

los Caballeros Templarios. A este proceso se sumó el Dr. Mireles después de haber sido

traicionado por miembros de sus autodefensas de Tierra Caliente y por el gobierno federal a

través del comisionado Alfredo Castillo y antes de su arresto el 27 de junio de 2014 en el

poblado de La Mira, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas.

206 Dos días después del regreso de los exiliados de Ostula, quienes reorganizaron a la policía y guardia

comunitaria con el apoyo de las autodefensas de la región, el Ejercito y Marina realizó un operativo con un convoy de más de 60 elementos que intentó desarmar y desmantelar a los comunitarios, cosa que fue imposible ante el intenso apoyo que recibieron los comunitarios de la comunidad de Ostula, quienes obligaron al ejército a regresar las armas a los comunitarios.


Las autodefensas y su territorialidad

En 2011 la Comunidad Purépecha de Cherán decidió poner fin al saqueo de sus bosques

que el crimen organizado realizaba en su territorio. La comunidad de Cherán, quien años

atrás había apoyado a Ostula, también aprendido de la vía Ostula, realizó su propia vía, la

vía de Cherán. El 15 de abril de 2011 la comunidad se hartó del despojo, el saqueo y la

destrucción de su bosque comunal. Ese día bloquearon los accesos a su comunidad,

realizaron fogatas por barrios y nombraron a sus guardias comunitarias: “la Ronda

Comunitaria”. A partir de ese levantamiento de la comunidad, instalaron un gobierno

comunitario desde sus propias lógicas y modos. Nombraron autoridades municipales y

nuevas instituciones o comisiones desde sus propias concepciones y prácticas comunitarias

que continúan hasta el día de hoy. La autodefensa y el gobierno municipal comunitario de

Cherán, es lo que caracteriza la vía de Cherán.

El 24 de febrero de 2013 hicieron su aparición pública las llamadas autodefensas en

Tierra Caliente207. Estos grupos de civiles armados fueron coordinados por el Dr. Juan

Manuel Mireles del municipio de Tepalcatepec. Dichas autodefensas combatieron tanto a la

Familia cuanto a los Templarios hasta el 10 de mayo de 2014 y fueron incorporadas a las

llamadas “Fuerzas Rurales” del Estado de Michoacán. Una figura diseñada por el

comisionado de seguridad federal para Michoacán Alfredo Castillo que el gobierno de

Enrique Peña Nieto envió, junto con 6 mil soldados y policías (mil elementos menos que

Calderón) para “Pacificar” al estado. Otra vez, sin una estrategia definida. Sin ningún plan

a nivel militar ni de seguridad civil, sin ningún programa social, económico, educativo, de

salud, ni ministerial ni político-institucional que lo acompañe, mucho menos que lo

refuerce.

Las autodefensas de Tierra Caliente, según su ex coordinador general, el hoy preso

Dr. Mireles, traicionaron los objetivos por los que habían sido creadas, defender a las

comunidades de la violencia del crimen organizado; para convertirse en un nuevo cartel del

crimen organizado: el H3 o tercera hermandad. Sólo que ahora, con uniforme a través de

las llamadas “Fuerzas Rurales”.

207 A partir de 2013 en “43 municipio surgieron grupos de autodefensas ciudadanas, policías

comunitarias, rondas comunitaria y, en otros, 50 guardias comunitarias” (Olmos, 2015: 20).


3.4.2 Tendencias del cambio socioterritorial El objetivo de la territorialidad neoliberal es mercantilizar y privatizar las tierras ejidales y

comunales, así como destruir la economía campesina y destruir el modo de vida comunal.

Despojar de su base material a las comunidades indígenas y campesinas. Base material que

les permite producir y reproducirse como formación social. Consumar el despojo de sus

tierras, territorios y recursos naturales, así como de su capacidad de gobierno y de

incidencia política, es decir, imponer la lógica socioterritorial del capital. Negando en

derecho y en los hechos su legítimo derecho a gobernarse y decidir sobre los asuntos de la

polís, es decir, de la vida en comunidad. El objetivo de la territorialidad neoliberal es

consumar la subsunción formal del capital que el capitalismo no pudo materializar durante

todo el siglo XX, ya que necesitó la reproducción de la economía campesina para superar

las pérdidas de la renta de la tierra en la agricultura capitalista. Pero ahora, superada la

necesidad de la economía campesina, el capital está listo para concretar la subsunción

formal y la modificación total de todas las relaciones de producción y reproducción social

en el campo mexicano, es decir, está listo para concretar la subsunción real a través de la

territorialidad neoliberal208.

El conflicto social de Ostula comienza como un conflicto agrario, por una disputa

de tierras. Pero después de que la comunidad había intentado por diversos medios recuperar

sus tierras, comienza a perfilase un nuevo tipo de conflicto, un conflicto que se disputa la

tierra y el ejercicio de la soberanía, del poder y del gobierno. La autodefensa indígena, en el

marco del derecho a la autonomía indígena y las garantías que reconoce el Artículo 39

constitucional, perfila un nuevo tipo de conflicto. Uno que no sólo lucha por la tierra, el

territorio y los recursos naturales; sino que reivindica su derecho a la libre determinación

por la vía de la autonomía a través de sus instituciones sociales: la Asamblea General, las

208 En el año 2008, con la crisis financiera y de alimentos cambio la situación, pero eso será objeto de

más análisis de la ciencia social latinoamericana y de la economía política en particular. Desde el 2008 hay otras condiciones que necesitan ser analizadas desde la teoría de la renta de la tierra, pues en mi opinión hay un regreso de la renta de la tierra, pero una diferente, una renta de la vida como la nombra Bartra (2006) y una renta espacial que tiene que ver con la necesidad del capitalismo y de toda formación social de producir y reproducir el espacio social como condición de reproducción social como lo explico Lefebvre. Y además, pues como dice Bartra “no hay que engañarse, en el fondo de la exclusión rural está la real pérdida de competitividad de numerosos sectores campesinos. Pequeños agricultores productivamente entregados, que si pasaron de la explotación a la marginación es porque no hay en sus ralas cosechas excedentes económicos que expropiar” (2006: 22).


asambleas de las encargaturas y los nombramientos comunitarios de los comandantes,

policías y guardias comunitarios.

La Asamblea General de Comuneros de Ostula nombró a sus policías y guardias,

recuperó la tierra y creó un nuevo poblado. Le dio significado a la tierra y produjo el

espacio. Creó estructuras espaciales e impuso y defendió su territorialidad comunal frente a

la territorialidad que proponían los pequeños propietarios y sus aliados (gobierno, minera,

narco). El conflicto agrario de Ostula se convirtió en un conflicto socioterritorial. Conflicto

al que se incorporan las asambleas y policías de las comunidades de Coíre y Pómaro, lo que

amplía el conflicto agrario y socioterritorial de Ostula, a un conflicto socioterritorial de toda

la región de la costa Nahua de Michoacán.

Al tener que brindarse ellos mismos la seguridad que el Estado tenía que

garantizarles, la comunidad comienza a hacer uso de su legítimo derecho a gobernarse y de

ejercer su autonomía. Al nombrar mediante su Asamblea General de comuneros a sus

policías y guardias comunitarias, al designar a sus comandantes, inicia un proceso de

autogobierno que sigue creciendo. Sigue fortaleciéndose y sigue superando obstáculos.

Sigue organizándose y defendiéndose.

La vía Ostula de organizarse para defenderse y recuperar su patrimonio y recursos

que le permitan seguir existiendo como comunidad, inspiró a Cherán y a muchas

comunidades indígenas y no indígenas del país. Inspiró a las autodefensas de Tierra

Caliente. La organización y defensa armada de su dignidad, patrimonio y modo de vida

comunal se divulgó amplia y profundamente en el imaginario colectivo del campo y la

Ciudad en México.

A la comunidad de Ostula no le quedó más que organizarse y defenderse frente las

agresiones de las políticas públicas que atentan contra su modo de vida comunal, su

territorio comunal y su gobierno comunitarios. No le queda más que organizarse y

defenderse frente a las estrategias de despojo de mineros, hoteleros y narcotraficantes. A la

comunidad solo le quedo la vía Ostula para defender a sus integrantes y su patrimonio en

medio de una guerra entre carteles y una guerra mal planeada que el gobierno comenzó sin

tener claro el enemigo, la estrategia y la logística; una guerra que inició sin analizar sus

causas estructurales y las consecuencias sociales, políticas y económicas que se generarían

con ella.


Pero la respuesta del gobierno federal ha sido la misma: evadir el problema hasta

que se hace demasiado evidente. Y sólo así, en ese momento organiza de manera exprés

una política mediática sin respaldo jurídico y operativo de corte militar y de seguridad sin

respaldo y apoyo en otros ámbitos como lo es la asistencia médica y ministerial a víctimas,

sin acompañarse de programas sociales, políticos ni educativos.

La llamada “guerra contra el narco” de Calderón y la estrategia fallida de seguridad

para Michoacán de Pena Nieto contra las autodefensas de tierra caliente fue la continuación

de las políticas de “Pacificación” con P mayúscula de corte militarista. La violencia y sus

causas continuarán incrementando e intensificándose mientras se continúe con esta tipo de

estrategias sin abordar las causas profundas del conflicto: la pobreza, la marginación, la

desigualdad, la corrupción, la impunidad y la discriminación.

Mientras no se haga nada por combatir la causa estructural de la violencia: la

pobreza, la corrupción, la impunidad y la falta de oportunidades que generan frustración y

resentimiento en la sociedad e impulsan un proceso de deterioro que destruyen el tejido

social. Mientras continúen las políticas con el mono enfoque liberal, que conciben como

única vía para el desarrollo la inversión privada y la conversión del campesino en pequeño

empresario, con prácticas y lógicas que sólo dan la opción a las comunidades de vender sus

tierras y/o asociarse con empresarios mineros, hoteleros o del crimen organizado, los

conflictos sociales en el campo seguirán intensificándose.

Prueba de que la violencia seguirá aumentando mientras no se cambien las

estrategias de seguridad y combate al crimen organizado, es el actual alto índice de

violencia en el estado de Colima. En donde los dos primeros meses de 2016, se registraron

78 de los 3 mil 158 asesinatos dolosos del país (356 en el Edo. De México, 326 en Guerrero

y 206 en Jalisco por mencionar algunos). Lo que en términos relativos y no absolutos,

convierte a Colima como el estado más violento del país, al presentar la tasa más alta de

homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. 78 asesinatos en sólo dos meses. Cifra

muy elevada si la comparamos con los datos de 2014 y 2015, en donde en todo el año hubo

110 y 198 asesinados, respectivamente. Violencia que se explica por la disputa por el

control del puerto de Manzanillo entre tres carteles del crimen organizado: el de Sinaloa, el

CJNG y los ex-Caballeros Templario de Michoacán, hoy el H3 o tercera hermandad.


Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Fuente: El Universal 1 de abril de 2016. [http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/04/1/colima-la-violencia-en-aumento]

Mientras no se reconozca a las comunidades como sujetos de derecho y se creen

mecanismos concretos para que su autonomía y sus proyectos de desarrollo y de futuro

puedan germinar, no cesará el conflicto y la violencia en el campo. Mientras no se creen

mecanismo de diálogo y de mediación-negociación en igualdad de condiciones, de par a

par, entre los diferentes sujetos actores/autores involucrados en el desarrollo rural, la

gobernanza local y la toma de decisiones, no habrá condiciones de paz en el campo.

En ese sentido, los Acuerdos de San Andrés (ASA) son un tema obligado para dar

garantías e igualdad de condiciones a los proyectos de desarrollo comunitario de los más de

31 mil 514 ejidos y comunidades que existen en el país. Lo que permitirá generar

condiciones legales, políticas e institucionales para la pluralidad de modelos de desarrollo

rural, local y regional que están tejiéndose tanto en el México rural como urbano.

Si continuamos impulsando enfoques de gestión municipal y de desarrollo local que

promuevan cómo única vía de desarrollo la concepción liberal privada, continuará la


aplicación de los criterios de la Doctrina del Descubrimiento y se negaran los derechos de

libre determinación de las comunidades indígenas y campesinas sobre sus propias vías y

modelos de desarrollo. Mientras se promueva un sólo enfoque de gestión y desarrollo, se

les seguirán cerrando las puertas a diferentes modelos de gobernanza y desarrollo

comunitarios que existen e impulsan diversas organizaciones sociales y comunidades

indígenas y campesinas. Es urgente generar condiciones jurídicas, políticas y económicas

para la pluralidad de concepciones y prácticas que permitan la convivencia de múltiples

territorialidades y múltiples modelos de gobernanza y de desarrollo.

Los ASA ofrecen una propuesta de camino para comenzar a generar las condiciones

de pluralidad que un país mega diverso como México necesita. Los ASA son un

mecanismo de paz y de pluralidad que permitirá ir dando pistas para resolver las

definiciones pendientes que dejó la revolución mexicana y la reforma agraria: la vía liberal

de la pequeña propiedad, o la vía comunitaria del ejido y la comunidad. Ambas vías pueden

y deben existir y coexistir. Ambas vías necesitan de condiciones jurídicas, políticas,

institucionales y económicas para producir y reproducirse. Sino es de este modo, seguirá el

conflicto y la violencia no sólo en el campo mexicano, sino en todo el territorio nacional.


Conclusiones

El modo de producción específicamente capitalista necesita subsumir territorios y

formaciones sociales para su producción material y su reproducción social. Como primera

condición, el capital necesita subsumir formalmente territorios y formaciones sociales, es

decir, destruir las viejas territorialidades de las formaciones sociales. Destruyendo las viejas

estructuras espaciales y sus instituciones sociales que permitían su producción material y su

reproducción social según autónomas concepciones económicas, políticas, jurídicas y

culturales. Todo esto con el fin de crear las nuevas estructuras espaciales e instituciones

sociales del capitalismo, las cuales son: la propiedad privada capitalista, la relación de

capital como relación social hegemónica y el domino de clase del Estado capitalista. Lo

que Marx (2000) en el capítulo XXIV del Capital, explicó y denominó como la

“acumulación originaria” y que en el capítulo del libro VI inédito (2009) denominó como

“subsunción formal”. Y que en el análisis socioterritorial denomino como lógica

socioterritorial del capital del modo de reproducción capitalista. Lógica socioterritorial del

capital que presupone la relación de capital y la subsunción formal con el despojo de tierras

y de soberanía.

Pero este proceso de imposición de la lógica socioterritorial no es sencillo y libre de

conflicto, porque existe la resistencia social, la resistencia al despojo y al dominio

capitalista por parte de las formaciones sociales afectadas (léase los siervos del feudalismo,

o los comuneros rusos, los pueblos indígenas de América, etc.), lo que genera violencia.

Violencia que Marx señaló con las palabras “sangre y fuego” y que para Engels (1979)

tiene un papel fundamental en la historia y en la vida social en general y en la reproducción

capitalista en particular, al ser el instrumento por el cual el capital, a través del Estado

capitalista, concreta sus proyectos económicos y políticos. Ya que el Estado capitalista

tiene el monopolio de la violencia.

Posteriormente, una vez subsumida formalmente una formación social y su territorio

a través de la lógica socioterritorial del capital, el capital inicia el proceso de subsunción

real. Proceso que consiste en modificar todas las estructuras espaciales y las instituciones

sociales que necesita cada patrón de reproducción de capital para su producción material y

para reproducirse como sistema, como modo de reproducción social según las


características de cada patrón de reproducción de capital. En síntesis, la lógica

socioterritorial del capital responde en términos generales a la concreción de la subsunción

formal. Y la territorialidad de cada patrón de reproducción de capital responde a las formas

particulares que cada patrón de reproducción adopta según las características histórico-

geográficas de la formación social y el desarrollo de las fuerzas productivas. En otras

palabras, la territorialidad de cada patrón de reproducción representa el esfuerzo del capital

de concretar la subsunción real del trabajo y la tierra por el capital, al modificar todo el

orden social, las formas de ejercer el poder y de ejercicio de la soberanía, así como las

relaciones de producción y de reproducción social de cada formación social. Lo que

incluye: la relación social hegemónica (ya sea la tierra, el trabajo o el capital), la naturaleza

y toda la base material que produce y reproduce estructuras espaciales e instituciones

sociales. Elementos que en conjunto constituyen las relaciones de producción material y

simbólica y de reproducción social de cada formación social.

Lo anterior, evidencia la relación que tiene el ejercicio del poder, del dominio, la

soberanía y el Estado con la producción social del espacio que explicó Lefebvre. El

espacio como proyecto político, como condición de reproducción no sólo del capitalismo

como lo planteó inicialmente Lefebvre, sino de toda formación social, de todo modo de

producción (Marx), de todo modo de dominación (Gonzáles Casanova) y de todo modo de

reproducción social o socioterritorial (análisis socioterritorial).

Lo que nos permite construir las dos definiciones de territorialidad social, una más

teórica-metodológica209 y otra más política –como ejercicio de poder y de reproducción

social–210.

209 La definición larga: conjunto de prácticas y acciones sociales de una formación social específica

que producen y reproduce material y simbólicamente el espacio. Prácticas y acciones que construyen una relación social condicionada y condicionante a partir de concepciones ontológicas y teleológicas específicas que establece un orden social que produce estructuras espaciales e instituciones sociales, que regulan la vida social en el espacio bajo control de la formación social que realiza dichas prácticas y acciones. Protegiendo y defendiendo las condiciones materiales objetivas y subjetivas que permitan la reproducción social de dichas prácticas y acciones que definen y caracterizan específicamente a esa formación social.

Como la definición corta: el conjunto de prácticas y acciones de una formación social que produce estructuras espaciales e instituciones sociales a partir de concepciones ontológicas y teleológicas específicas que condicionan la reproducción social. Formación social que en términos menos abstractos es un sujeto social concreto, individual o colectivo.

210 La forma específica en que una formación social ejerce el poder sobre la tierra para producir y reproducir el espacio social y configurar el territorio a través de instituciones sociales y estructuras espaciales es lo que denomino territorialidad social.


Definiciones que toman en cuenta la doble dimensión de la totalidad social de la

economía política desde la racionalidad dialéctica y que nos permite trascender los

enfoques deterministas (tanto ambiental como economicista) de la geografía tradicional.

Analizando las relaciones de cada sujeto concreto y/o formación social con el patrón de

reproducción de capital en todas sus dimensiones (económicas, políticas, sociales,

culturales, históricas y geográficas).

Con estas herramientas teóricas, se explicó cómo el patrón de reproducción de

capital agro-exportador de finales del siglo XIX en Latinoamérica, permitió el acceso de

las economías latinoamericanas al mercado mundial capitalista, que en el caso de México

generó las condiciones para la creación de la territorialidad de la hacienda porfirista del

proyecto fracasado del liberalismo mexicano y que los Ejércitos Zapatistas y Villista se

encargaron de destruir.

Tras 10 años de conflicto armado y guerra civil, la fracción liberal de la revolución

mexicana se vio forzada a crear un Artículo 27 constitucional ambiguo y contradictorio

(Gilly, 2005), el cual dejó abiertas las puertas, jurídicamente hablando para que se

produjeran y reprodujeran dos lógicas de organización y reproducción social en el campo

mexicano: una basada en la pequeña propiedad y otra basada en las tierras ejidales y las

tierras comunales de los ejidos y comunidades. Pero siempre favoreciendo a la primera.

Esta ambigüedad y contradicción de la legislación agraria mexicana generó las bases y

condiciones de lo que el análisis socioterritorial denomina: “lucha entre territorialidades en

el campo mexicano”. Al reconocer derechos agrarios, pero concretados sesgadamente.

Marco jurídico que reconoció, de manera limitada, derechos de propiedad pero excluyó

derechos de autogobierno, que era por lo que también habían luchado las comunidades

indígenas y campesinas levantadas en armas en el Ejercito Libertador del Sur y en la

División del norte. Es decir, tras 10 años de guerra, las comunidades que pelearon por

“tierra y libertad”, recibieron “tierra y Estado” por parte del nuevo Estado mexicano

surgido tras la revolución.

Estado que controló a las comunidades indígenas y campesinas a través de la CNC y

el INI. Permitiendo la reproducción de la economía campesina para disminuir la renta de la

tierra que tanto la agricultura como la industria capitalista necesitaban para producir

alimentos baratos y así poder tener salarios bajos en las ciudades.


Lucha indígena y campesina que permitió mantener la tierra y el modo de vida

comunal a través de la economía campesina y que la agricultura capitalista explotaba para

su propio beneficio.

Relación de explotación que con el neoliberalismo se ve transformada

profundamente, pues hoy ni la agricultura ni la industria capitalista para producir y

reproducirse, necesitan de la economía campesina y mucho menos la reproducción del

modo de vida comunal que tiene en su control más de la mitad del territorio nacional y el

80 % de los recursos naturales estratégicos (biodiversidad y minerales principalmente).

Por lo que las comunidades indígenas y campesinas se vuelven un obstáculo para la

reproducción del neoliberalismo y su territorialidad. Lo que representa que aunque en

Tratados Internacionales y en la Constitución Mexicana se hayan reconocido, de manera

sesgada, algunos derechos para los pueblos indígenas, en los hechos estos son y serán

violados sistemáticamente por la imposición violenta de la agenda, planes y programas de

la territorialidad neoliberal.

En la época colonial las comunidades fueron despojadas de tierra y soberanía con el

argumento de su salvajismo y con la justificación de ser civilizados por los europeos con la

llamada Doctrina del Descubrimiento. Hoy, nuevamente los pueblos indígenas que luchan,

resisten y se organizan para seguir existiendo en sus tierras, territorios y bajo su modo de

vida comunal son nuevamente privados de sus tierras y soberanía. Sólo que ahora se hace

bajo el argumento de modernidad y progreso que el capitalismo neoliberal les impone con

sus proyectos.

El actual patrón de reproducción de capital neoliberal en México ha generado una

agenda y programa que exige ciertas condiciones materiales objetivas para su

funcionamiento y reproducción. Algunas de esas condiciones materiales son llamadas aquí

como la territorialidad neoliberal. La cual trata de imponer sus propias estructuras

espaciales (minas, carreteras, puertos, desarrollos inmobiliarios), a través de sus propias

instituciones sociales: fideicomisos, holdings, concesiones, planes y programas; con sus

consejos rectores creados por las leyes neoliberales recientemente legisladas, como la

reforma al Artículo 27 constitucional en 1992 y la nueva Ley Agraria que permite el acceso

de las tierras ejidales y comunales al mercado de tierras capitalistas, a través de la figura del


dominio pleno. Instituciones que definen, dan forma y contenido a la territorialidad

neoliberal en el campo mexicano.

Territorialidad neoliberal que se enfrenta y entra en conflicto, en un nuevo tipo de

conflicto social, con ejidos y comunidades que son dueños de las tierras y territorios. Un

conflicto socioterritorial que disputa la relación social hegemónica. Que se disputa la

territorialidad social que produzca y reproduzca las estructuras espaciales y las instituciones

sociales. O las del capital y su patrón de reproducción o la de las formaciones sociales del

campo mexicano (ejidos y comunidades). Y es diferente al conflicto agrario, porque este

sólo disputa la propiedad de la tierra. Y es diferente al geopolítico, ya que este sólo se

disputa el control territorial. Y aquí lo que está en disputa es el futuro del territorio y de la

formación social. El proyecto político y la intencionalidad política. Está en disputa la

territorialidad hegemónica. Está en disputa el proyecto de futuro, proyecto de futuro basado

o en el capital, como relación social hegemónica; o el trabajo y la tierra (que son las

relaciones sociales hegemónicas que rigen la vida social de los ejidos y comunidades en el

campo mexicano). Conflicto que definirá que se produce y que no se produce, que se

reproduce y que no se reproduce en términos sociales. De manera más concreta, está en

disputa el dominio del capital por un lado o el ejercicio de la autonomía indígena y

campesina en los hechos por el otro.

Las políticas públicas neoliberales buscan la expansión e intensificación de la lógica

socioterritorial del capital y la territorialidad neoliberal. Impulsando la fragmentación

territorial y la desterritorialización de las formaciones sociales del campo mexicano: los

ejidos y comunidades. Lo que implica la triple destrucción del modo de vida comunal, al

destruir la propiedad comunal y dichos modos de habitar basados en la tierra como relación

social hegemónica, al promover la pequeña propiedad y la propiedad privada a través del

llamado “dominio pleno”. Y al destruir la economía campesina con la agricultura comercial

capitalista, con su lógica de monocultivo-agroquímico. Destruyendo en los hechos las

múltiples territorialidades de indígenas y campesinos.

Marco jurídico que intensifica el despojo de las tierras, territorios y recursos

naturales en manos de las comunidades y niega en los hechos el derecho a la autonomía de

los pueblos indígenas. Lo que fomenta la inconformidad de indígenas y campesinos a dicho


marco jurídico. Situación que establece condiciones para más represión a sus luchas y

resistencias, potenciando la violencia en el campo mexicano211.

Por todo lo anterior, es importante comprender la lógica y la historia de los actuales

conflictos sociales en el campo mexicano, ya sean conflictos agrarios o socioterritoriales,

para poder realizar estudios de caso que expliquen las especificidades de cada conflicto y

aporten elementos para sus posibles vías de transformación. De no ser así, nos

enfrentaremos a un mayor grado de violencia en el campo mexicano, ya que el capital está

sediento de los recursos naturales existentes en el Territorio nacional bajo resguardo de

comunidades indígenas y campesinas que están organizadas para enfrentar la nueva

ofensiva del capital.

En el caso específico de la costa Nahua de Michoacán se evidencia a través de la

agenda neoliberal que busca imponer por la vía de la violencia, hoy narco paramilitarizada,

la territorialidad neoliberal. Territorialidad neoliberal expresada en la costa Nahua de

Michoacán a través de los siguientes mecanismos y vectores de fuerza: la ampliación de la

carretera federal No. 200; el Plan de Desarrollo turístico para la Costa de Michoacán; las

concesiones mineras de las montañas en territorios comunales, así como las concesiones de

la llamada Zona Federal Marítimo Terrestre, que en los casos de Ostula, Coire y Pómaro no

existe como tal, ya que sus Resoluciones Presidenciales establecen como límite de sus

territorios el Océano pacífico; los programas de certificación y titulación de las tierras

ejidales y comunales (PROCEDE y PROCECOM) que buscan destruir la propiedad social

de ejidatarios y comuneros y crear el dominio pleno, que no es otra cosa que la pequeña

propiedad capitalista dentro de lo que fueran las tierras y territorios de ejidos y

comunidades. Proyectos que no sólo benefician al capital, a los empresarios y funcionarios

públicos de todos los niveles que los promueven e invierten en ellos, sino al crimen

organizado.

Territorialidad neoliberal que busca destruir las asambleas comunitarias y crear

nuevas instituciones sociales basadas tanto en la nueva Ley indígena del estado de

Michoacán que niega derechos ya reconocidos en la propia ley agraria; así como en los

planes y programas de asistencia social; en los diferentes bandos municipales del municipio

211 Muchos de los asesinados y desaparecidos durante la supuesta guerra contra el narcotráfico no son

narcotraficantes ni sicarios, sino campesinos, indígenas, dirigentes comunitarios y líderes de organizaciones. Algo similar a lo que en Colombia se denomina “falsos positivos”. Se puede revisar Díaz (2011).


de Aquila; así como las leyes estatales y federales que regulan la vida y reproducción

social, tanto en los ámbitos económicos, como políticos y culturales, léase lengua,

costumbres, tradiciones, salud y educación entre otros.

Territorialidad neoliberal a la que se oponen tanto la comunidad de Ostula, como la

de Coire y Pómaro. Y que se manifiesta en su rechazo a la ampliación de la carretera, a las

concesiones mineras y de las costas, a los programas de certificación, a la imposición de

una ley indígena retrógrada y reaccionaria, etc. Resistencia que ya tiene una forma armada

de autodefensa y que el estado mexicano no es capaz de entender y mucho menos tolerar de

manera plural, reconociendo no sólo su necesidad social ante la situación actual, sino

reconociendo su legalidad y legitimidad.

La resistencia pasó de la vía de la movilización social y el rechazo de los

mecanismos de la territorialidad neoliberal, a la acción directa primero, con los dos intentos

de recuperación de la comunidad, a la vía armada con sus policías y guardias comunitarios.

La vía Ostula, es decir, la de la resistencia y organización comunitaria que realizó la

comunidad Nahua de Ostula para la defensa de sus tierras comunales, de su modo de vida

comunal y de su gobierno comunitario a través de la autodefensa, se exportó a la meseta

purépecha y a la Tierra Caliente en Michoacán; pero también se reprodujo en Guerrero y en

otras comunidades del territorio nacional. La vía Ostula de la autodefensa a través del

mecanismo de las policías y guardias comunitarias se exportó a Cherán y a la Tierra

Caliente. La vía de Cherán para ejercer su autonomía y territorialidad social, es a través del

mecanismo del gobierno municipal comunitario y no sólo a través de la Ronda

Comunitaria. En Tierra Caliente, la vía de las autodefensas buscó restablecer el estado de

derecho, y su mecanismo para ejercerlo fue la “coordinación regional entre comandantes”.

Coordinación que el Dr. Mireles presidía hasta el 10 de mayo de 2014 cuando se crean las

Fuerzas Rurales.

La tierra y la soberanía son el tema central y eje de la historia de México. Por eso la

necesidad de conocer, comprender y explicar lo agrario y lo político desde la Geografía

Política. Son el problema de hoy y el reto del mañana. Se necesita generar mecanismos de

diálogo para poder lograr un nuevo acuerdo que permita reproducir los dos modos de vida,

el comunal y el individual (agréguesele los adjetivos que cada quien prefiera: capitalista,

occidental, colonial, etc.). De ahí la necesidad de retomar el estudio y análisis de la cuestión


y problemática agraria, desde las reflexiones de Manuel Molina Henríquez, hasta la

convenciones de Aguascalientes y de Querétaro, pasando por las leyes zapatistas y

constitucionalistas, la redacción de los artículos 27 y 115 constitucional y todas las leyes y

reformas a la legislación agraria y de libertades municipales. Por tal razón, los Acuerdos de

San Andrés son una oportunidad para la paz. Al ser las comunidades indígenas sujetos de

derecho, el gobierno y todo particular que quiera establecer proyectos con las comunidades

puede negociar con ellas directamente y no con los caciques económicos y políticos de las

regiones indígenas, ni mucho menos con los jefes de plaza del crimen organizado.

Los cambios que plantean los Acuerdos de San Andrés trasciende el ámbito

indígena. Implica reconocer no sólo los legítimos derechos que históricamente han sido

negados a los indígenas y así poder establecer una nueva relación entre el gobierno, la

sociedad civil y los pueblos indígenas para subsanar nuestra deuda histórica para con ellos.

Sino que además, implica una profunda reforma del Estado, reconociendo la participación

política de la sociedad en general. Planteando un tránsito de nuestra fallida democracia

representativa por una democracia sustantiva que nos libere del monopolio de los partidos

políticos que no representan a la plural sociedad mexicana actual.

Lo que urge de manera inmediata son mecanismos de diálogo para la transformación

creativa de los conflictos agrarios, políticos y socioterritoriales. Uno o varios mecanismos,

por regiones o por sectores, por temas, etc., pero que permita abordar de manera seria los

actuales conflictos sociales en el campo como en las ciudades. Mecanismos que permitan el

dialogo efectivo y la construcción de propuestas y alternativas. Mecanismos jurídicos,

políticos e institucionales que permitan el dialogo, la negociación y la mediación de los

actores involucrados y organizaciones de la sociedad civil que contribuyan a construir los

acuerdos que reconstruyan el tejido social y la paz social con justicia y dignidad que

anhelamos todos los mexicanos.


Proposiciones

1. El modo de producción específicamente capitalista necesita subsumir territorios y

formaciones sociales para su producción material y su reproducción social.

2. La subsunción formal del capital se reproduce en los territorios y formaciones

sociales a través de la lógica socioterritorial del capital. La subsunción real de

trabajo y la tierra por el capital se reproduce a través de la territorialidad de cada

patrón de reproducción de capital.

3. La expansión de la lógica socioterritorial va destruyendo las territorialidades de

diferentes formaciones sociales, lo que genera conflicto y violencia.

4. Toda formación necesita producir su espacio para reproducirse socialmente. A la

producción social del espacio por cada formación social le denomino territorialidad

social.

5. La forma específica en que una formación social ejerce el poder sobre la tierra para

producir y reproducir el espacio social y configurar el territorio a través de

instituciones sociales y estructuras espaciales es lo que denomino territorialidad

social.

6. La territorialidad social es “el conjunto de prácticas y acciones sociales de una

formación social específica que producen y reproduce material y simbólicamente el

espacio. Prácticas y acciones que construyen una relación social condicionada y

condicionante, a partir de concepciones ontológicas y teleológicas específicas, que

establecen un orden social productor de estructuras espaciales e

institucionalizaciones reguladoras de la vida social, en el espacio bajo control de la

formación social que realiza dichas prácticas y acciones. Protegiendo y defendiendo

las condiciones materiales objetivas y subjetivas que permitan la reproducción

social de dichas prácticas y acciones que definen y caracterizan específicamente a

esa formación social”. (Ut Supra. Pág. 55)

7. Esta definición larga puede ser sintetizada como el conjunto de prácticas y acciones

de una formación social que produce estructuras espaciales e instituciones sociales a

partir de concepciones ontológicas y teleológicas específicas que condicionan la


reproducción social. Formación social que en términos menos abstractos es un

sujeto social concreto, individual o colectivo.

8. El capitalismo como formación social produce la lógica socioterritorial del capital a

través de la subsunción formal. Cada patrón de reproducción de capital produce su

particular territorialidad social, según las características históricas y el contexto.

9. En el México independiente, las leyes de reforma y la constitución liberal de 1857

generaron las condiciones jurídicas, políticas y sociales para que la lógica

socioterritorial del capital se expandiera por todo el territorio nacional. La necesidad

de re-insertar la economía mexicana al mercado mundial capitalista impulso el

patrón agroexportador de la hacienda porfirista. Haciendas que llegaron a ocupar

el 95% del territorio nacional en 1910. Configurando la territorialidad de la

hacienda porfirista.

10. El proyecto liberal porfirista no pudo destruir a las comunidades, por el contrario,

estas destruyeron al proyecto porfirista. La lucha armada de las comunidades

destruyó las haciendas, pero no la lógica de producción mercantil agroexportadora.

Tras la revolución y el conflicto armado, los campesinos que lucharon por “tierra y

libertad”, obtuvieron la tierra, pero no la libertad. Obtuvieron “tierra y Estado”.

11. Para desarrollar la agricultura e industria, el capitalismo mexicano del siglo XX, al

mismo tiempo que desgastó la propiedad común y la organización comunitaria para

impulsar la lógica socioterritorial del capital, necesitó reproducir la economía

campesina para superar los riesgos de la producción agropecuaria, las amenazas de

las variaciones climáticas, las plagas, las sequías, etcétera. Necesitó de la

explotación del trabajo campesino para llevar productos agropecuarios baratos a las

ciudades que satisficieran las necesidades de los trabajadores industriales.

12. El neoliberalismo es el discurso y la práctica económica-política del actual patrón

de reproducción de capital.

13. El neoliberalismo como patrón de reproducción de capital produce una

territorialidad específica: la territorialidad neoliberal.

14. La territorialidad neoliberal niega en los hechos los derechos de propiedad y de

soberanía de las comunidades indígenas y campesinas. La territorialidad neoliberal


impulsa la destrucción de las territorialidades de múltiples ejidos y comunidades del

campo mexicano. Lo que genera el conflicto socioterritorial.

15. La territorialidad neoliberal va des-territorializando a los ejidos y comunidades del

campo mexicano.

16. La des-territorialización es el proceso de despojo de tierra y soberanía, a una

formación social, que transforma las relaciones sociales y el ejercicio del poder, así

como la forma de producir y reproducir el espacio social, modificando las

estructuras espaciales e instituciones sociales que producía y reproducía la

territorialidad social subsumida y/o subordinada212. Que en el caso de este trabajo

las formaciones sociales son las comunidades indígenas y campesinas. Tierra y

soberanía que les permite reproducirse como comunidad y como modo de vida

comunal. Que en términos concretos, se manifiesta en el campo mexicano a través

de la destrucción de la propiedad comunal, el modo de vida comunal, el gobierno

comunitarios y de la economía campesina. Destrucción que denomino des-

territorialización neoliberal.

17. La desterritorialización específica del capitalismo neoliberal, busca poner al servicio

del capital un proceso ampliado y renovado de lo que Marx llamó acumulación

originaria, que al mismo tiempo que despoja de tierras e inserta la relación de

capital como relación hegemónica, niega en los hechos la posibilidad del ejercicio

de la soberanía a través del autogobierno y la autonomía indígena. Proceso que

impulsa por un lado concretar en su plenitud la subsunción formal del trabajo

campesino por el capital al despojarlos de sus tierras y lanzar una gran cantidad de

trabajadores al trabajo informal y asalariado, proceso claramente observable en la

masiva y descomunal migración que existe actualmente en el campo mexicano y

que se intensificó desde la última contrarreforma agraria de corte neoliberal de

Carlos Salinas (1992). Y por otro, anhela concretar la subsunción real, al

mercantilizar toda la naturaleza ya fragmentada por la territorialidad capitalista

neoliberal y modificar todas las estructuras espaciales e instituciones sociales del

campo mexicano. Mercantilizando y privatizando la naturaleza en su conjunto:

212Ver Nota al pie de página 98.


semillas, tierras, aguas, montes, costas, aire, saberes campesinos y comunitarios213,

etc. Dando luz verde al despojo a través de las concesiones mineras, la construcción

de hidroeléctricas, carreteras, puertos eólicos, etc.

18. En México las garantías que protegen la propiedad social de la tierra van en

detrimento y los mecanismos para ejercer los derechos de autonomía son nulos.

19. En México no hay mecanismos jurídicos, políticos ni institucionales para abordar

los conflictos sociales. No existen mecanismos de diálogo, negociación y mediación

eficientes, eficaces, plurales, serios y profesionales.

20. La expansión e intensificación de la lógica socioterritorial del capital y la

territorialidad neoliberal en el campo mexicano genera múltiples conflictos

socioterritoriales con altos grados de violencia.

21. La violencia actual en México es parte de la crisis de derechos humanos y de la

crisis humanitaria que está destruyendo el tejido social.

22. Crisis humanitaria que puesto en evidencia la necesidad de nombrar un nuevo tipo

de derecho: el derecho socioterritorial. Un derecho socioterritorial que reconozca la

pluralidad de concepciones y prácticas que producen y reproducen el espacio social

a través de instituciones sociales y estructuras espaciales. Derecho que reconozca y

cree mecanismos claros y concretos para ejercer el poder y la territorialidad de cada

formación social. Donde los sujetos concretos recuperen su soberanía para decidir e

incidir en la producción social del espacio, de su espacio, de su territorio, sea este su

comunidad, su barrio, su ciudad, su región, su cuenca, su entidad federativa, su país,

su mar territorial, su espacio aéreo, sobre su subsuelo, etc.

23. La violencia y violación de derechos humanos que vive la comunidad de Ostula es

generalizada y sistematizada pues no existe justicia y priva la impunidad de los

agresores.

24. En la costa Nahua de Michoacán la vida cotidiana se desarrolla por la fuerza de la

vida comunal a pesar de la violencia, la injusticia, la corrupción e impunidad

intencional que ninguna autoridad del Estado mexicano aborda con seriedad y

responsabilidad. La organización comunitaria es la que produce y reproduce las

condiciones de convivencia cotidianas.

213 Ver Nota al pie de página 99.


25. El despojo de tierra y soberanía de la lógica socioterritorial del capital se expandió

en la costa Nahua de Michoacán a través de los mecanismos del embargo, el

fraccionamiento y la privatización de las tierras comunales; así como a través de la

institución social del municipio que impulsaba y operaba el fraccionamiento de las

comunidades indígenas para concretar la territorialidad de la hacienda porfirista de

la época.

26. La territorialidad neoliberal se impulsa en la costa Nahua de Michoacán a través de

los siguientes mecanismos y vectores de fuerza: la ampliación de la carretera federal

No. 200; el Plan de Desarrollo turístico para la Costa de Michoacán; las concesiones

mineras de las montañas en territorios comunales, así como las concesiones de la

llamada Zona Federal Marítimo Terrestre, que en los casos de Ostula, Coire y

Pómaro no existe como tal, ya que sus Resoluciones Presidenciales establecen como

límite de sus territorios el Océano Pacífico; los programas de certificación y

titulación de las tierras ejidales y comunales (PROCEDE y PROCECOM) que

buscan destruir la propiedad social de ejidatarios y comuneros y crear el dominio

pleno, que no es otra cosa que la pequeña propiedad capitalista dentro de lo que

fueran las tierras y territorios de ejidos y comunidades. Proyectos que no sólo

benefician al capital, a los empresarios y los funcionarios públicos de todos los

niveles que los promueven e invierten en ellos, sino al crimen organizado.

27. Territorialidad neoliberal que busca destruir las asambleas comunitarias y crear

nuevas institucionalizaciones reguladoras de la vida social, basadas tanto en la

nueva Ley indígena del estado de Michoacán que niega derechos ya reconocidos en

la propia ley agraria; así como en los planes y programas de asistencia social; en los

diferentes bandos municipales del municipio de Aquila; así como las leyes estatales

y federales que regulan la vida y reproducción social, tanto en los ámbitos

económicos, como políticos y culturales, léase lengua, costumbres, tradiciones,

salud y educación entre otros.

28. Hoy la territorialidad neoliberal pasó de la vía legal a la vía narco-paramilitar para

expandirse e intensificarse en la costa.

29. La resistencia pasó de la vía de la movilización social y el rechazo de los

mecanismos de la territorialidad neoliberal, a la acción directa primero, con los dos


intentos de recuperación de la comunidad, a la vía armada con sus policías y

guardias comunitarios. La vía Ostula, es decir la resistencia y organización

comunitaria que realizó la comunidad Nahua de Ostula para la defensa de sus

tierras comunales, de su modo de vida comunal y su gobierno comunitario a través

de la autodefensa, se exportó a la meseta purépecha y a la Tierra Caliente en

Michoacán; pero también se reprodujo en Guerrero y en otras comunidades del

territorio nacional. La vía Ostula de la autodefensa a través del mecanismo de las

policías y guardias comunitarias se exportó a Cherán y a la Tierra Caliente. La vía

de Cherán para ejercer su autonomía y territorialidad social, es a través del

mecanismo del gobierno municipal comunitario y no sólo a través de la Ronda

Comunitaria. En Tierra Caliente, la vía de las autodefensas buscó restablecer el

estado de derecho y su mecanismo para ejercerlo fue la “coordinación regional entre

comandantes”. Coordinación que el Dr. Mireles presidia hasta el 10 de mayo de

2014 cuando se crean las Fuerzas Rurales.

30. La tierra y la soberanía son el eje de la historia de México y son el tema central para

el presente y el futuro de la nación. Es fundamental analizarlos desde las ciencias

sociales en general y desde la geografía política en particular.

31. Los cambios que plantean los Acuerdos de San Andrés trascienden el ámbito

indígena. Implica reconocer no sólo los legítimos derechos que históricamente han

sido negados a los indígenas y así poder establecer una nueva relación entre el

gobierno, la sociedad civil y los pueblos indígenas para subsanar nuestra deuda

histórica para con ellos. Sino que además, implica una profunda reforma del Estado,

reconociendo la participación política de la sociedad en general. Planteando un

tránsito de nuestra fallida democracia representativa por una democracia sustantiva

que nos libere del monopolio de los partidos políticos que no representan a la plural

sociedad mexicana actual.

32. En México no existen mecanismos de transformación de conflictos. Urge crear

mecanismos jurídicos, políticos e institucionales de diálogo y negociación para la

transformación creativa de los conflictos que permita la construcción de acuerdos

que reconstruyan el tejido social y la paz social con justicia y dignidad.


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de la comandante Ramona del EZLN.

“Declaración de Vícam”, del Primer Encuentro de Pueblos Indígenas de América,

convocada por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso

Nacional Indígena (CNI) y la Tribu Yaqui. La cual fue realizada en el Territorio de

la Tribu Yaqui de Vícam, en Sonora, México del 11 al 14 de octubre de 2007.

Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

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María Ostula, en el Municipio de Aquila en la costa nahua de Michoacán.

Libros de hijuelas existentes en el Archivo General del poder Ejecutivo del Estado y

que forman parte de la colección de “reparto de tierras a los indígenas del Estado de

Michoacán”. Organizados y clasificados en 1980 por la Sub-Directora del Archivo

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“Pronunciamiento sobre el Derecho a la Autodefensa Indígena” dado el 14 de junio

de 2009 en la Comunidad de Santa María Ostula, en el Municipio de Aquila en la

costa nahua de Michoacán.

Resolutivo de la Primera Asamblea Nacional del CNI, realizada en Malacachtepec

Momoxco, Milpa Alta, el 20 de noviembre de 1996.


ANEXO

Documento I

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA 1ª ASAMBLEA NACIONAL Resolutivos Malacachtepec Momoxco, Milpa Alta, 20 de noviembre de 1996

PRIMERA RESOLUCIÓN

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el Congreso Nacional Indígena es un espacio construido por todos para que se encuentren nuestros pueblos, se hablen nuestros corazones, se crezca nuestra palabra y se encauce nuestra lucha, y es una forma de servirnos unos a otros para engrandecer a nuestros pueblos y poder lograr nuestros objetivos comunes.

SEGUNDO: Que el Congreso Nacional Indígena reunido del 8 al 11 de octubre de 1996 llegó a consensos claros que fueron asumidos por todos los participantes, y que el principal de ellos fue el de asumir y defender el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Sakamch'en de los Pobres, Chiapas.

TERCERO: Que para darle seguimiento a nuestros acuerdos, el Congreso Nacional Indígena determinó una primera Asamblea Nacional Indígena en la comunidad de Milpa Alta, D.F. el día 20 de noviembre de 1996.

CUARTO: Que el Congreso Nacional Indígena dio su mandato a esta Asamblea Nacional Indígena de avanzar en la toma de acuerdos sobre las formas en que debemos seguir caminando juntos para crecer en la unidad y para hacer operativos los consensos y acuerdos ya tomados.

QUINTO: Que nuestra forma de ser y de entender la vida, como pueblos indígenas no busca reproducir las formas de dominación o de control con que durante tantos años nos han oprimido los grupos de poder en el país, sino por el contrario, establecer nuevas formas de vivir la democracia, basándonos en los principios siguientes:

1. Servir y no servirse

2. Construir y no destruir

3. Obedecer y no mandar


4. Proponer y no imponer

5. Convencer y no vencer

6. Bajar y no subir

7. Enlazar y no aislar

SEXTO: Que tenemos ya acumulada una gran cantidad de tareas urgentes que debemos atender, y que estamos conscientes de que todos tenemos la responsabilidad de asumirlas para fortalecer nuestra unidad y alcanzar nuestros objetivos,

SE RESUELVE

PRIMERO: Impulsar las reformas constitucionales, de leyes secundarias y de instituciones y políticas públicas que den cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés Sakamch'en de los Pobres, sobre Derechos y Cultura Indígena.

SEGUNDO: Crear una instancia de seguimiento que será llamada "Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional Indígena".

TERCERO: Que a partir del trabajo en las diferentes regiones y comunidades, privilegiando su palabra y garantizando que a ellas ha de regresar, las tareas de esta comisión serán las de ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos; elaborar diagnósticos, análisis y alternativas de solución; elaborar propuestas y programas de trabajo y favorecer el enlace y la comunicación entre los grupos de trabajo.

CUARTO: Que esta Comisión estará integrada por diez Grupos de Trabajo que atenderán

los siguientes asuntos:

a) Sobre la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés.

b) Sobre legislación indígena.

c) Sobre tierra y territorio.

d) Sobre justicia y derechos humanos.

e) Sobre autodesarrollo económico y bienestar social.

f) Sobre cultura y educación.

g) De comunicación.

h) Sobre mujeres.

i) Sobre los jóvenes.

j) Sobre indígenas migrantes.

QUINTO: Que cada uno de los Grupos de Trabajo estará compuesto mínimamente por cinco miembros titulares, representantes de organizaciones o pueblos indígenas.


SEXTO: Que cada Grupo de Trabajo designará a un compañero que fungirá como responsable.

SÉPTIMO: Que los diez responsables, uno por cada Grupo, formarán una coordinación de la Comisión de Seguimiento, y deberán asumir las tareas de finanzas, relaciones internacionales, orientación política y ser portavoces del funcionamiento del Congreso.

OCTAVO: Que los miembros integrantes de los Grupos de Trabajo son ante todo servidores que asumirán como principio el espíritu de nuestros pueblos de laborar de cara a los demás; la palabra que se exprese será la derivada del consenso, evitando negociaciones que afecten a la integridad e imagen del Movimiento Indígena Nacional. Los aspectos relacionados al funcionamiento de los Grupos de Trabajo quedan asentados en la Relatoría General de la Asamblea.

NOVENO: Que la Comisión de Seguimiento tendrá como sede de trabajo el local ubicado en la avenida Prolongación Cuauhtémoc No. 50, Barrio Palchimalco, San Pedro Actopan, Milpa Alta, D.F., y con Teléfono (5) 844-3148.

DÉCIMO: Llevar a consulta a las comunidades el documento que contiene los principios fundamentales del movimiento indígena.

DÉCIMO PRIMERO: Apoyar, a partir de la presente fecha, la movilización nacional para exigir el reconocimiento constitucional de nuestros derechos individuales y colectivos conforme a los Acuerdos de San Andrés.

DÉCIMO SEGUNDO: Que debido a los constantes y persistentes atropellos que nuestros pueblos siguen sufriendo, la militarización y la represión sistemática, se realice el siguiente

PRONUNCIAMIENTO

PRIMERO: Esta Asamblea Nacional Indígena protesta enérgicamente por las constantes y sistemáticas violaciones a nuestros derechos y garantías constitucionales, en diferentes partes del país, y exigimos el inmediato respeto a nuestros derechos humanos.

SEGUNDO: Sabedores de que el gobierno trata de manipular una consulta sobre la iniciativa de la OEA en relación a los derechos de los pueblos indios, exigimos que esta consulta parta verdaderamente de la palabra de las comunidades y pueblos indígenas, y se tome en consideración especialmente la palabra del Congreso Nacional Indígena.

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS! Milpa Alta, D.F., 20 de noviembre de 1996.


Documento II

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Resolutivos del 8 al 11 de octubre de 1996

DECLARACION

"NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS"

Los representantes de pueblos y organismos indígenas reunidos en el Congreso Nacional Indígena del 8 al 12 de octubre de 1996 en la Ciudad de México proclamamos solemnemente la siguiente declaración:

CONSIDERANDO la historia de explotación y discriminación que por 504 años hemos sufrido los pueblos indios, a lo largo de los cuales se ha desconocido nuestra capacidad de conducir nuestro destino.

REAFIRMANDO: la contínua resistencia indígena que en los últimos veinte años se ha manifestado en el auge de sus movimientos para responder con vigor a esas condiciones y a los múltiples intentos de cooptación gubernamental.

OBSERVANDO: que mientras algunos sectores de la sociedad ofrecen creciente solidaridad a esos movimientos, otros sectores siguen manteniendo actitudes de discriminación y exclusión.

DENUNCIANDO: que la respuesta del gobierno a nuestra legítima movilización ha sido la militarización de casi todas las regiones indígenas y rurales del país, la persecusión de organizaciones y dirigentes, el engaño, la mentira y la amenaza prepotente.

DECLARAMOS

Que honramos hoy, como siempre, a quienes nos hicieron pueblos y nos han permitido mantener contra todo y contra todos, nuestra Libre Determinación. Que honramos a quienes nos enseñaron a seguir siendo lo que somos y a mantener la esperanza de la libertad.

Que en su nombre hablamos hoy para decir a todos nuestros hermanos y hermanas del país que se construyó en nuestros territorios y se nutrió de nuestras culturas, que venimos a hacer, junto con ellos, una Patria Nueva. Esa patria que nunca ha podido serlo verdaderamente porque quiso existir sin nosotros.

Que estamos levantados. Andamos en pie de lucha. Venimos decididos a todo, hasta la muerte. Pero no traemos tambores de guerra sino banderas de paz. Queremos hermanarnos con todos los hombres y mujeres que al reconocernos, reconocen su propia raíz.


Que no cederemos nuestra autonomía. Al defenderla defenderemos la de todos los barrios, todos los pueblos, todos los grupos y comunidades que quieren también, como nosotros, la libertad de decidir su propio destino, y con ellos haremos el país que no ha podido alcanzar su grandeza. El país que un pequeño grupo voraz sigue hundiendo en la ignominia, la miseria y la violencia.

Que por todo esto

EXIGIMOS:

PRIMERO: el reconocimiento jurídico constitucional de nuestra existencia plena como pueblos y de nuestro inalienable derecho a la libre determinación expresado en la autonomía en el marco del Estado Mexicano.

SEGUNDO: el reconocimiento constitucional de nuestros territorios y tierras ancestrales que representan la totalidad de nuestro hábitat en donde reproducimos nuestra existencia material y espiritual como pueblos.

TERCERO: el reconocimiento de nuestros sistemas normativos indígenas en la construcción de un régimen jurídicamente pluralista que armonice las diversas concepciones y prácticas de regulación del orden social que conforman la sociedad mexicana.

CUARTO: el reconocimiento de nuestras diferencias y nuestra capacidad para gobernarnos con una visión propia en que la autonomía y la democracia se expresan como poder del pueblo.

QUINTO: en general, el reconocimiento de todos nuestros derechos sociales, políticos y culturales para la afirmación, florecimiento y perduración de nuestras comunidades y pueblos.

SEXTO: el cumplimiento inmediato y completo de los Acuerdos de la Mesa 1 sobre Derechos y Cultura Indígena del Diálogo de San Andrés Sakamch'en de los Pobres, Chiapas, que constituye un primer paso ya conquistado por los pueblos indígenas, así como los acuerdos de este Congreso y la inmediata constitución de la Comisión de Verificación y Seguimiento.

SEPTIMO: la desmilitarización de las zonas indígenas del país, el cese al hostigamiento a organizaciones indígenas y sociales y a sus dirigentes, la liberación de los presos políticos y de los indígenas injustamente detenidos, y en particular, de los presuntos zapatistas presos.

PROPONEMOS

I: Participar en la construcción de un nuevo pacto social que se base en el reconocimiento de nuestra pluralidad, la diversidad de nuestras culturas y la riqueza de nuestras diferencias.


II: Avanzar hacia una nueva Constitución que con la efectiva participación de todos y todas recoja un proyecto incluyente y plural.

III: Realizar las reformas de la Constitución, las leyes y las instituciones existentes, a fin de crear los espacios políticos que encaucen nuestra transición a la democracia y estimulen un auténtico diálogo nacional hasta llegar a un Congreso Constituyente efectivamente democrático.

IV: Guiar nuestra lucha por una voluntad contínua e incansable de transformarnos pacíficamente y conquistar día tras día una paz con justicia y dignidad; una paz con democracia y libertad.

V: Intensificar la lucha por la satisfacción de nuestras demandas pendientes, en particular, para el reconocimiento de los niveles regionales de autonomía, las reformas al artículo 27 que garanticen el respeto a la tierra y territorio de los pueblos indígenas, y el reconocimiento del pluralismo jurídico, entre otras.

Para alcanzar estos grandes objetivos, llamamos a todos nuestros hermanos y hermanas indígenas, a todos los pueblos, comunidades y organizaciones, a todo el movimiento indígena nacional, a mantener unidos nuestros corazones para fortalecer la unidad del movimiento indígena nacional y nutrir así, de esperanza nuestra lucha y de paz nuestro futuro. Desarrollaremos un programa de lucha, de unidad, de resistencia, de reconstrucción, de transformación de nuestra sociedad. Asímismo, hacemos un llamado fraternal a un Gran Diálogo con la Sociedad Civil para buscar juntos la transformación de México hacia una sociedad más justa, humana y democrática. Hoy decimos:

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS. NUNCA MÁS UN INDIO CONTRA SU HERMANO.

NUNCA MÁS UN PUEBLO SIN ESPERANZA.

PROCLAMADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 11 DE OCTUBRE DE 1996.


Documento III

DECLARACIÓN DE N’DONHUANI

POR LA AUTONOMÍA EN LOS HECHOS Y LA RESISTENCIA INDÍGENA Reunidos en la comunidad indígena de N’donhuani-San Pedro Atlapulco, Estado de México, los delegados y delegadas representantes de los pueblos indígenas nahua, zapoteca, wixárika, mazahua, amuzgo, cuicateco, kumiai, kikapu, purhépecha, tlahuica, chocholteco, chinanteco, ñu saavi, hñahñu, tenek, maya, totonaco, mayo, tlapaneco, coca, trique, tepehua, rarámuri, ch’ol, tzeltal, guachichil chichimeca, zoque, matlatzinca, mixe y popolucas de veinticinco estados del país para celebrar el Cuarto Congreso Nacional Indígena y considerando que: Desde la traición de los tres poderes de la Unión en 2001, cuando el Estado Mexicano decidió no reconocer los derechos de los pueblos indios, comprendimos que estábamos solos y que teníamos que ejercer nuestros propios derechos y nuestra autonomía en los hechos. Haciendo eco de los acuerdos tomados en Nurío en el III Congreso Nacional Indígena comenzamos la regionalización de la casa de todos. No todas las regiones pudieron hacerlo. La guerra de exterminio planteada contra los pueblos y comunidades fragmentó a pueblos y comunidades y la represión y la coptación desarticularon muchos espacios. Sin embargo, no nos pudieron exterminar. Nos han golpeado pero aquí estamos, aquí seguimos. Aquí nos reunimos y nos juntamos las palabras y las historias de muchos para gritarle al poder, a las empresas, a la clase política que no nos van a vencer. Nuestra luz está viva. Hoy entendemos que de todos los rincones del país nuestro corazón late y que desde San Pedro Atlapulco en este IV Congreso Nacional Indígena reprobamos con toda nuestra energía y nuestra rabia la represión, el asesinato y el encarcelamiento contra nuestras comunidades y pueblos por el puro y vil interés de quedarse con nuestros recursos, despojarnos de nuestros territorios y convertirnos en obreros asalariados y alejados de nuestras propias comunidades para ser fantasmas sin futuro en las ciudades. Por eso San Salvador Atenco es un espejo. Porque sus problemas son nuestros problemas. Porque también ellos están defendiendo su tierra, también ellos son campesinos, también ellos defienden sus siembras, porque también ellos están empeñados en defender su vida y su derecho, su razón y su destino contra las grandes empresas que quieren acabarnos. Al igual que los compañeros de San Salvador Atenco en muchas regiones del país los pueblos ejercen ya su autonomía en los hechos. Hacemos reuniones, talleres, encuentros, pero también fortalecemos nuestras asambleas, nuestras autoridades agrarias y tradicionales, la lucha en defensa de nuestros maíces, la defensa de nuestros bosques y agua, la lucha contra la certificación de nuestras tierras y los servicios ambientales, ejerciendo una educación cada vez más autónoma. Así lo hacemos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Yucatán, Puebla, Oaxaca, el Estado de México, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Durango, Nayarit, Baja California, Morelos, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, San Luis Potosí y el propio Distrito Federal.


Así lo hacemos luchando contra las mineras, las madereras, los acaparadores de la tierra, contra los grandes empresarios acaparadores de alimentos como la cadena wal mart, contra la privatización de nuestras aguas, contra las leyes estatales que quieren legitimar la contrarreforma del 2001. En la práctica de la autonomía y defensa de nuestros derechos hemos comprendido que los grandes intereses que hoy dominan el mundo globalmente han coptado al sistema de partidos y a su clase política, imponiéndoles sus agendas y profundizando el despojo de los pueblos. Ante el sometimiento del estado mexicano los intereses del gran capital, hemos llegado a la conclusión de que no podemos solicitar el reconocimiento de derechos a un estado que ante nuestros ojos ha perdido toda legitimidad. Hoy aquí le gritamos al estado mexicano que impugnamos toda su corrupción, todo su sistema político de partidos, y todas sus legislaciones que no obedecen al interés del pueblo, que cuestionamos todo su modelo de desarrollo, su sistema racista y discriminador, y rechazamos su política de exterminio y represión contra los pueblos, comunidades y personas cuyo único delito es defender la vida. Por lo tanto declaramos: Seguiremos ejerciendo nuestra autonomía en los hechos. Ratificamos La Sexta Declaración de la Selva Lacandona y reivindicamos la Otra Campaña como un espacio de articulación de las luchas indígenas con los otros sectores que se mantienen en resistencia contra el modelo neoliberal y su política de exterminio. Exigimos la liberación de todos los presos políticos del país, en particular la liberación inmediata de todos los aprehendidos en San Salvador Atenco y la región de Texcoco. Exigimos la retirada inmediata de las policías y cuerpos represores del Estado de la región de San Salvador Atenco, pero también de todas las otras regiones del país donde se mantiene el control militar y policiaco para hostigar y amedrentar a todos los pueblos y comunidades que luchan por la defensa de su territorio y sus formas de vida. Repudiamos los asesinatos de los compañeros Javier Cortés, muerto por las policías que reprimieron al pueblo de San Salvador Atenco, el compañero Concepción Gabino, de la comunidad indígena de Cuzalapa, que luchaba por la defensa de la tierra en la región de Manantlán, Jalisco, y el compañero Faustino Acevedo de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, cuando se dirigía a esta comunidad para participar en los trabajos de este cuarto Congreso. Repudiamos también la violación de todas las compañeras aprendidas en San Salvador Atenco, por parte de los policías y la violencia sistemática y fascista que ejerce el Estado contra todas las mujeres que con su trabajo están reivindicando las luchas de resistencia y dignidad a lo largo y ancho del país. Llamamos al fortalecimiento de todas las regiones del Congreso Nacional Indígena y a la celebración frecuente y periódica de reuniones de articulación: reflexión, acción y propuestas. Rechazamos todas las leyes con las que el Estado pretende despojarnos, legitimar la entrega del país e imponer controles que restringen la acción de pueblos y comunidades y le dan manga ancha a las empresas transnacionales para devastar y apoderarse de la riqueza material y espiritual de nuestros pueblos y de todos los mexicanos. Rechazamos los programas de gobierno que instrumentan las leyes mencionadas y que pretenden dividir a las comunidades. Reforzaremos los mecanismos de comunicación entre las diferentes regiones y comunidades del Congreso Nacional Indígena.


Reforzaremos y haremos eficaces los mecanismos de solidaridad y compromiso con las luchas de todas y cada una de las comunidades, organizaciones y pueblos indígenas. Como punto último de nuestra declaración impugnamos al Estado mexicano y llamamos a todos los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas y a todos los sectores oprimidos a conformar un frente amplio anticapitalista que impulse un proceso que conduzca hacia una Nueva Constitución y otra forma de gobierno que permita el reconocimiento de nuestros derechos y una sociedad justa, libre y democrática. N’Donhuani-San Pedro Atlapulco, territorio hñahñu del Alto Lerma, a seis de mayo de 2006.

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA


Documento IV

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL DERECHO A LA AUTODEFENSA INDÍGENA

Los delegados y delegadas de los pueblos, tribus y naciones indígenas convocados y reunidos en la comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, para realizar la XXV ASAMBLEA NACIONAL AMPLIADA DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA en la región centro pacífico, y CONSIDERANDO: 1. Que actualmente la guerra de exterminio neoliberal desatada en contra de nuestros pueblos ha alcanzado un grado de destrucción, despojo y explotación nunca antes visto que pone en grave riesgo la existencia, la seguridad y los territorios correspondientes a los pueblos originarios; 2. Que en la misma medida la represión gubernamental y para gubernamental desatada en contra de nuestros pueblos se ha expresado en el asesinato y el encarcelamiento de cientos de dirigentes indígenas, así como en la ocupación militar y para militar de nuestros territorios, criminalizando la lucha social y todo intento organizativo que se origine en nuestros pueblos de manera independiente y autónoma; 3. Que al igual que ocurrió en la fase última del régimen encabezado por el dictador Porfirio Díaz, las actuales leyes y políticas gubernamentales están provocando el despoblamiento masivo de nuestras comunidades y la ilegal invasión de sus territorios originarios por parte de grandes empresas trasnacionales y gobernantes y políticos amparados en una justicia venal que durante años ha sido incapaz de dar solución efectiva a los graves problemas, principalmente de tierras, que aquejan a nuestros pueblos; 4. Que en todos los tiempos de nuestra historia los pueblos originarios hemos creado formas organizativas legales y legítimas para nuestra autodefensa, habiendo llegado incluso a la formación de ejércitos indígenas que han marcado la vida de este país, como lo fue el Ejército Libertador del Sur y Centro que encabezó el General Emiliano Zapata, o como ocurre con el actual Ejército Zapatista de Liberación Nacional;

PROCLAMAMOS: PRIMERO. Que de frente a la guerra de exterminio neoliberal, NUESTROS PUEBLOS, TRIBUS Y NACIONES, así como las comunidades que los integran, TIENEN EL INALIENABLE DERECHO, DERIVADO DEL ARTÍCULO 39 CONSTITUCIONAL, PARA ORGANIZARCE Y REALIZAR LA DEFENSA DE SU VIDA, DE SU SEGURIDAD, DE SUS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE SU CULTURA Y TERRITORIOS.


SEGUNDO. Que de conformidad con lo que dispone el Convenio Ciento Sesenta y Nueve de la Organización Internacional del Trabajo “Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, nuestros pueblos TIENEN, EN EL MARCO DE SUS DERECHOS A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA, EL DERECHO DE ORGANIZAR SU AUTODEFENSA DEL MODO QUE CONSIDEREN CONVENIENTE EN TANTO NO ATENTE CONTRA EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS; por lo que la creación, en el marco de nuestra cultura y organización tradicional, de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas organizativas comunales para la autodefensa indígena, SON LEGALES, LEGÍTIMAS Y, SOBRE TODO, NECESARIAS FRENTE A LA PROFUNDA CORRUPCIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE IMPARTIR JUSTICIA. TERCERO. En consecuencia denunciamos y repudiamos cualquier acto gubernamental para desacreditar e impedir NUESTRO LEGÍTIMO DERECHO A LA DEFENSA DE NUESTRA EXISTENCIA, DE NUESTRA SEGURIDAD, DE NUESTRAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE NUESTRA CULTURA Y TERRITORIOS. Asimismo manifestamos que cualesquier acción gubernamental tendiente a criminalizar nuestra ORGANIZACIÓN PARA LA AUTODEFENSA no tiene mayor fin que facilitar la represión y la destrucción en contra de nuestros pueblos. CUARTO. Llamamos a los pueblos, tribus y naciones indígenas del país, así como a la sociedad civil nacional e internacional y a los organismos defensores de los derechos humanos, a estar atentos ante cualquier acto gubernamental de REPRESIÓN y DESMANTELAMIENTO de nuestras formas organizativas para nuestra defensa. Llamamos a los pueblos, tribus y naciones indígenas del país, así como a la sociedad civil nacional e internacional y a los organismos defensores de los derechos humanos a impedir la aniquilación física y cultural de nuestros pueblos y a frenar la guerra de exterminio neoliberal.

SANTA MARIA OSTULA, MICHOACAN, A 14 DE JUNIO DE 2009. ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

DELEGADOS Y DELEGADAS DE LOS PUEBLOS, TRIBUS Y NACIONES PARTICIPANTES EN LA XXV ASAMBLEA DEL CONGRESO NACIONAL

INDÍGENA


Documento V