unitas. memoria de la consulta nacional

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Presentación: Habiéndose alcanzado un consenso global sobre 8 principios plasmados en el Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y existiendo el promiso internacional de los gobiernos para generar un entorno más favorable que permita a las OSC desarrollar su acción y las diversas funciones que cumplen en el desarrollo, el contexto actual demanda dotar a las OSC de mayores capacidades de propuesta, negociación, relacionamientos e incidencia, a fin de que puedan cumplir a cabalidad su papel de actores sociales y políticos...

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Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social

Susana ErósteguiDirectora Ejecutiva

Sistematización y ediciónElisa GonzálezValentina QuirogaIris Baptista

Revisión y edición finalSusana Eróstegui

FotosRoberto MikihiroElisa GonzálezValentina Quiroga

Diseño de TapaRoberto Mikihiro

Crespo 2532Teléfono 591-2-2420512 / 2417218Fax: 591-2- [email protected]

Impreso en:Preview Gráfica

La Paz-BoliviaFebrero 2014

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PRESENTACIÓN

I. INTRODUCCIÓN

II. RESULTADOS DE LA CONSULTA A. Libertad de Asociación en Bolivia y ambiente propicio para

ejercer este derecho

B. Participación de la sociedad civil en el contexto actual. Rol de las

Organizaciones de la Sociedad Civil

C. Sostenibilidad política de las ONG en Bolivia. Marco Normativo

D. Sostenibilidad financiera de las ONG en Bolivia. Fondos

públicos. Fondos de cooperación oficial. Fondos de cooperación

solidaria. Alcances y perspectivas

III. PONENCIAS Y REFLEXIONES POR PANELES 1. La Libertad de Asociación en Bolivia

- Waldo Albarracín, Ex Defensor del Pueblo, Experto en

Derechos Humanos

- Preguntas y reflexiones

- Paulo Bustillos, Comunidad de Derechos Humanos

- Preguntas y reflexiones

2. Participación de la Sociedad Civil en el contexto regional y

nacional. Rol de las OSC.

- Eduardo Cáceres, Mesa de Articulación, CEAAL-Perú

- Alejandro Almaraz, Experto en Tierra y Territorio

- Luciano Sánchez, Representante de la Federación Agraria

Especial de Colonizadores del Alto Beni FAECAB

- Preguntas y reflexiones

3. Sostenibilidad política de las ONG en Bolivia. Marco normativo

- Luis Castillo, Responsable del Estudio Subregional sobre el

Marco Normativo, Asociación Nacional de Centros ANC, Perú

- Fernando Aguirre, Bufete Aguirre & Asociados

- Preguntas y reflexiones

Índice

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4. Sostenibilidad financiera de las ONG en Bolivia. Fondos

públicos. Fondos de cooperación oficial. Fondos de cooperación

solidaria. Alcances y perspectivas

- Jorge Velásquez, Representante de DIAKONIA- Bolivia

- Ainhoa Cabezón, Representante AECID

- Mónica Rodríguez, Representante de la Unión Europa

- Preguntas y reflexiones

5. ¿Qué diablos son las ONG? Un estudio de percepción sobre su

rol y la efectividad de su trabajo en Bolivia

IV. ANEXOS Programa de la Consulta de Libertad de Asociación

Lista de participantes

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81

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Presentación

Habiéndose alcanzado un consenso global sobre

8 principios plasmados en el Marco Internacional

para la Eficacia del Desarrollo de las organizacio-

nes de la sociedad civil (OSC) y existiendo el com-

promiso internacional de los gobiernos para ge-

nerar un entorno más favorable que permita a las

OSC desarrollar su acción y las diversas funciones

que cumplen en el desarrollo, el contexto actual

demanda dotar a las OSC de mayores capacidades

de propuesta, negociación, relacionamientos e in-

cidencia, a fin de que puedan cumplir a cabalidad

su papel de actores sociales y políticos en los dis-

tintos niveles donde actúan.

En ese marco, UNITAS organizó la Consulta Na-

cional sobre Libertad de Asociación en Bolivia, el

18 y 19 de noviembre del 2013. La misma contó

con la participación de distintos representantes de

ONG nacionales e internacionales, Cooperación

Internacional, Organizaciones sociales y otras ex-

presiones de la sociedad civil organizada.

Este espacio de análisis y reflexión colectiva se ins-

cribe en la dinámica generada a nivel regional por

la Mesa de Articulación de Redes y Plataformas de

ONG de América Latina y El Caribe, a través de ac-

ciones conjuntas que permitan a esta instancia regio-

nal y a sus aliados del sur, fortalecer las capacidades

y políticas de sustentabilidad de las ONG agrupadas

en las 18 asociaciones nacionales y redes regionales

que participan en la Mesa de Articulación, así como

su capacidad de incidir y dialogar de manera pro-

ductiva con los gobiernos de la región sobre la for-

mulación de políticas relativas a la sustentabilidad

de las OSC y los marcos jurídicos que las rigen.

La Consulta Nacional abordó dos problemas que

hoy afectan a las ONG en América Latina:-La au-

sencia de reglas claras sobre su estatus jurídico y

su relación con el estado y otros actores.

La falta de mecanismos de financiamiento (mien-

tras aumenta el crecimiento económico de sus

países, disminuye la cooperación al desarrollo).

Es constatable que en la región latinoamericana,

hay una nueva ola normativa en marcha en la que

pueden ubicarse los polos opuestos de su intencio-

nalidad: unas normativas con énfasis en el control

y otras con un espíritu más promotor y fortalece-

dor de las organizaciones de la sociedad civil.

En ese sentido, se hace necesario contar con un

entorno favorable que evite la vulnerabilidad po-

lítica, financiera e institucional de las ONGDs y

que promueva la práctica de la transparencia y la

rendición de cuentas de las organizaciones de la

sociedad civil, a través de normas, políticas y prác-

ticas que no sean restrictivas e impacten sobre el

espacio democrático y legal de las ONG, que no

restrinjan su acceso a fondos de ayuda o limiten

su labor cuando sus actividades y opiniones son

juzgadas contrarias a las decisiones gubernamen-

tales, o cuando ciertas ONG son percibidas como

opositoras políticas del gobierno .

Es oportuno entonces preguntarse ¿Cuál es la si-

tuación de las ONGs en Bolivia, como un actor más

en el espectro de las organizaciones de la sociedad

civil? Y, más específicamente, sobre el rol de las

ONG nacionales e internacionales que trabajan

en el ámbito del desarrollo que son entidades sin

fines de lucro, independientes de la función públi-

ca, que comparten la identidad común de solidari-

dad con las personas a quienes sirven o destinan

sus esfuerzos, que proporcionan bienes públicos

y cumplen muchas funciones en el desarrollo me-

diante acciones que van desde emergencias huma-

nitarias, hasta acciones de desarrollo a largo plazo.

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La Consulta fue también un espacio propicio para

profundizar el análisis sobre el rol que cumplen las

organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo,

promover el reconocimiento por parte del Estado

como actores políticos y sociales, y para analizar

las características del marco jurídico y otros meca-

nismos de regulación del funcionamiento de ONG,

Fundaciones, Entidades civiles sin fines de lucro y

Organizaciones Sociales.

En síntesis, fue una oportunidad valiosa para ana-

lizar y verificar las condiciones del entorno en el

cual las organizaciones de la sociedad civil, no solo

ONG, desarrollan su acción promoviendo, a la vez,

una mayor participación en la vida pública y la de-

fensa de la libertad de asociación en Bolivia.

Con el valioso apoyo de panelistas nacionales y

extranjeros se logró caracterizar el entorno legal,

político, institucional y financiero en el que las

organizaciones de la sociedad civil desarrollan su

acción y se profundizó el análisis por medio del

debate generado con todos los participantes me-

diante preguntas, opiniones, análisis y propuestas.

Recogidas con un instrumento específico para

cada temática:

• Libertad de Asociación en Bolivia y ambien-

te propicio para ejercer este derecho

• Participación de la sociedad civil en el con-

texto actual. Rol de las organizaciones de la

sociedad civil

• Sostenibilidad política de las ONG en Boli-

via. Marco normativo

• Sostenibilidad Financiera de las ONG en

Bolivia

La Consulta permitió identificar problemas, causas

o evidencias concretas sobre restricciones legales,

políticas y prácticas que generan vulnerabilidad

política financiera o institucional y los principales

retos para las organizaciones de la sociedad civil

en el contexto actual que son presentados en este

documento memoria.Agradecemos la participa-

ción de organizaciones de la sociedad civil y de los

distintos panelistas que generaron un debate fruc-

tífero que deba ampliarse en todos los ámbitos y

niveles de la vida pública.

Susana ErósteguiDirectora Ejecutiva

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I. IntroducciónI

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En representación de las 25 instituciones asocia-

das a UNITAS que tienen presencia en todo el

país, agradecemos mucho su presencia y el haber

aceptado la convocatoria a la Consulta Nacional

sobre Libertad de Asociación en Bolivia, para po-

der seguir analizando y profundizando este tema

que es crucial en estos tiempos y que nos obliga

hacer un alto en nuestro camino para reflexionar

y plantear algunas ideas que puedan contribuir al

diálogo con el gobierno, con la cooperación y con

todas las otras organizaciones de la sociedad civil

que requieren un marco normativo claro, que ne-

cesitan tener parámetros de acción afines a nues-

tras propias visiones y misiones de trabajo en de-

rechos humanos desarrollo, y, fundamentalmente,

para fortalecer nuestras capacidades de incidencia

en términos de lograr un entorno favorable, unas

condiciones propicias para que todas las organiza-

ciones de la sociedad civil, no sólo las ONG, pue-

dan ejercer el derecho a la libertad de asociación y

desarrollar su trabajo como históricamente lo han

venido haciendo.

El encuentro tiene un antecedente más largo. Está

asociado a un proceso que inició el 2008 cuando la

sociedad civil, y sobre todo las ONG a nivel global,

fueron impulsando la aprobación del Marco Inter-

nacional para la Efectividad de las Organizaciones

de la Sociedad Civil en el Desarrollo. Una vez apro-

bado ese marco, se logró un reconocimiento oficial

de parte de los gobiernos y donantes en el Foro de

Alto Nivel sobre Cooperación al Desarrollo en Bu-

san, el año 2011, donde formalmente se establece

el compromiso que hacen los gobiernos para forta-

lecer las potencialidades de las organizaciones de

la sociedad civil, ratificar su reconocimiento como

actores en el desarrollo y para garantizar un entor-

no favorable que les permita seguir desarrollando

su acción.

En ese marco es que se desarrollaron una serie de acciones y se puso en marcha un proyecto concreto con el apoyo de la Unión Europea, marco en el cual también se desarrolla esta Consulta. El proyecto involucra a 18 redes de ONG y redes regionales que son miembros de la Mesa de Articulación de Plataformas Nacionales y Redes de América Lati-na y el Caribe para poder, justamente, hacer este análisis a nivel regional.

Por tanto, la consulta tiene que ver con la soste-nibilidad política, financiera, legal, institucional de diferentes redes de ONG y redes temáticas re-gionales que han visto por conveniente hacer este análisis comparativo de la normativa, del financia-miento, de las características del diálogo político con los gobiernos y con la cooperación, principal-mente por las restricciones que se han ido identifi-cando a nivel internacional.

Hay en la región una mirada diferenciada del ac-cionar de los gobiernos: desde la voluntad de abrir espacios para la sociedad civil, tener un relaciona-miento estrecho de discusión de políticas, de defi-nición y de acceso incluso a fondos públicos, hasta el extremo en el que se evidencian restricciones al ejercicio de la libertad de asociación y a una serie de cuestiones que se han ido identificando en dis-tintos contexto y que han motivado un proyecto conjunto a nivel regional.

En ese sentido, esta consulta buscó la participa-ción de representantes de diferentes instituciones, organizaciones sociales, organizaciones no guber-namentales para poder recoger sus impresiones, sus opiniones sobre temáticas concretas que inte-resan a la sociedad civil.

Como todos saben, este no es un seminario, no es un taller, es una consulta y la consulta supone re-

cabar información de los participantes para poder

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ir construyendo esta base sobre la cual podemos ir

fortaleciendo la acción de la sociedad civil.

La metodología permitirá recoger la información

de los cuatro paneles, a partir de la identificación

de problemas, la referencia a causas o evidencias,

a las restricciones legales en relación al problema,

las políticas y prácticas que generan vulnerabilidad

política financiera o institucional respecto al pro-

blema identificado, los principales retos para las

organizaciones de la sociedad civil, y finalmente

las acciones que propone cada uno de ustedes para

revertir o solucionar el problema. La información

se plasmará en un documento memoria de este

evento nacional.

Esperamos que sea un espacio rico en el que no

sólo podamos intercambiar información, sino for-

talecer nuestra alianza como sociedad civil para po-

der seguir avanzando en la construcción de nuestro

país, aportando al desarrollo y, ojala, promoviendo

la defensa y el respeto de todos los DDHH.

Susana ErósteguiDirectora Ejecutiva

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II. Resultados de la ConsultaII

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A. Libertad de Asociación en Bolivia y ambiente propicio para ejercer este derecho.

1. Problemasidentificados

La Consulta identifica como amenaza al derecho

de libre asociación en Bolivia, por la inminente in-

tromisión política a través de la “alineación” con

los planes gubernamentales, que limita el rol que

desempeñan las ONG y otros condicionamientos a

su accionar..

Se considera que el Estado debiera garantizar el fun-

cionamiento de las ONG sin distinción alguna, sin

generar susceptibilidades ni incertidumbre en nin-

gún nivel, menos en cuanto al cumplimiento de la

Ley y/o trámites administrativos, por ejemplo, en la

renovación del registro ante del Viceministerio de In-

versión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).

Se plantea que en la mayoría de las ONG aún exis-

te desconocimiento en cuanto a lo estipulado en la

actual normativa. Los requisitos señalados resul-

tan confusos para muchas y esto ha generado un

clima de incertidumbre en cuanto a su sostenibi-

lidad ya que su incumplimiento estaría ligado a la

revocatoria de la personería jurídica.

Se apunta como problema los miedos existentes

por una inminente persecución por parte de ins-

tancias gubernamentales, que generan limitacio-

nes en su accionar en la defensa de los derechos

humanos. La sensación de un hostigamiento en

cuanto al control de los recursos y/o financia-

miento de las ONG, se suma al cuestionamiento

de funcionarios públicos en temas de inversión y

acciones desarrolladas con algunos grupos y or-

ganizaciones sociales no afines al gobierno, y a

comentarios y declaraciones públicas de despres-

tigio del accionar de las ONG.

Se critica que cuando alguna de ellas es vulnera-

da en sus derechos, muchas de las veces no cuenta

con el respaldo de sus pares de forma inmediata, lo

cual genera una inseguridad jurídica, constatando

la falta de una articulación uniforme en y desde las

Organizaciones de la Sociedad Civil.

Otro aspecto abordado es que existe desconfianza

en la justicia boliviana, esto explicitado en el de-

bate desde varios puntos de vista y en diversas ins-

tancias que hacen al cumplimiento de los derechos.

2. Restricciones Legales

Las restricciones legales identificadas en la Consulta

se refieren principalmente a la actual normativa que

regula el funcionamiento de las ONG en Bolivia. La

misma establece una adecuación de la normativa in-

terna de las ONG, específicamente referida a la mo-

dificación de estatutos y reglamentos internos, y una

alineación con los planes gubernamentales, bajo la

inminente amenaza de que si se incumpliera con la

norma, el Estado procedería con la revocatoria de la

personería jurídica a simple denuncia de cualquier

funcionario público y mediante un procedimiento

sumarísimo que no da lugar a un debido proceso y

menos estipula una instancia de apelación.

Se plantea que la emisión de normativa interna en

algunos entes ejecutivos, señala una serie de requi-

sitos para unos y otros trámites administrativos,

normativa que no está compatibilizada con la nor-

mativa que regula el funcionamiento y accionar

de las ONG y que genera confusión. El descono-

cimiento de la norma por falta de socialización y

participación de las ONG en su definición, consti-

tuye una restricción legal.

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Se hace hincapié en que existe una disimulada

censura al accionar legal de las ONG., Esto lo de-

muestran los múltiples obstáculos e imprecisiones

para aplicar la norma que, incluso, pareciera dife-

renciada y discrecional para dar curso a trámites

de unas y no de otras.

3. Políticas y prácticas que generan vulnerabilidad política, financieraeinstitucional

Se manifiesta en la Consulta que algunas exigen-

cias administrativas y políticas desde los entes

ejecutivos, dan cuenta de la intencionalidad de

controlar, alinear y subordinar a las ONG ante

instancias estatales, lo cual limita las capacidades

políticas y de gestión de las ONG. La extensión en

el tiempo (retardación del trámite) para la renova-

ción de los Registros de ONG, para algunas ha sig-

nificado una limitante en su accionar, por ejemplo,

para acceder a fondos de cooperación.

Respecto al papel que juegan las OSC, aun no se

encuentran espacios de diálogo con el Estado que

restablezcan a las ONG y otras organizaciones,

como actores de la sociedad civil. Sehan restringi-

do derechos a la participación social y política de

las ONG en la elaboración de normativa relacio-

nada con su accionar y funcionamiento. A eso se

suma la tendencia a acallar opiniones divergentes

con las políticas del gobierno de turno.

Desde una mirada interna de las OSC, son muy

pocas las ONG con una cultura de rendición de

cuentas. Esto tiene que ver con principios de

transparencia que no son aplicados y generan sus-

ceptibilidades y vulnerabilidad institucional, y que

muchas organizaciones sociales de base deman-

den recursos de forma directa.

Muchas agencias de cooperación están cambiando

la orientación de sus políticas de trabajo, adecuán-

dose al nuevo contexto exigido por el gobierno, lo

cual está reduciendo el acceso a financiamiento

para las ONG y la salida de algunas agencias de la

Cooperación Internacional.

4. Principales retos para las organizaciones de la sociedad civil

Los principales retos para las organizaciones socia-

les identificados en la consulta, son los siguientes:

Realizar un trabajo entre redes, conformando una

plataforma sectorial de ONG que permita estable-

cer dialogo y debate con el gobierno sobre los in-

tereses de ambas partes, así como la apertura de

espacios de información a la sociedad civil sobre el

trabajo y accionar de las ONG en Bolivia, logrando

un clima de confianza entre los diversos actores.

Consideramos que desde esta instancia se puede

exigir el cumplimiento de los derechos estableci-

dos en la Constitución Política del Estado, como el

derecho a la libre asociación, apelando a mantener

vigentes los principios, fines y objetivos para los

que fueron creadas y fundadas las ONG, mante-

niendo su independencia jurídica según lo estipu-

lado en sus estatutos y reglamentos internos que,

en todos los casos, responden a fines sociales, po-

líticos (no partidarios) y sectoriales. Esta instan-

cia debiera permitirnos estar articulados a nivel

nacional e internacional con otras redes similares,

para la vigilancia del cumplimiento de los DD.HH.

Involucrar más a la sociedad civil y actores sociales

para hacerles conocer la historia y el accionar de

las ONG en Bolivia, su rol y aporte al desarrollo.

Fortalecer y potenciar el accionar de las ONG pro-

moviendo una normativa de autorregulación, en

un proceso continuo de transparencia de sus accio-

nes y aportes al desarrollo. Asimismo, una mayor

participación social y política en la formulación de

normativa relativa a su accionar y funcionamiento.

Contar con una normativa clara que daría lugar a

cumplir todos los trámites en distintas instancias de

gobierno, esperando que los procedimientos sean

justos e imparciales para todas las ONG en Bolivia.

La sostenibilidad legal y económica de las ONG, en

la actual coyuntura, son retos frente a un ya limita-

do financiamiento y a las políticas gubernamenta-

les de control y fiscalización sobre los recursos que

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se constituyen en serios límites para el funciona-

miento de las ONG en Bolivia.

B. Participación de la sociedad civil en el contexto actual. Rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

1. Problemasidentificados

Entorno a la articulación de Organizacio-nes de la Sociedad Civil, una de las problemá-

ticas identificada en la Consulta apunta a la falta

o débil articulación, especialmente entre ONG-or-

ganizaciones sociales. También se hace hincapié

en la falta de coordinación entre las mismas ONG,

especialmente a nivel departamental. Por último

se apuntó la falta de coordinación con instancias

públicas y oficiales.

Sobre al accionar y rol de las ONG, se apunta

como problema que en el contexto actual se quiere

silenciar a las ONG y organizaciones sociales. En

relación a esto, un aspecto negativo identificado es

la posición de las ONG frente a las prácticas anti

democráticas y la falta de rumbo claro, pasividad

y tolerancia hacia los atropellos a los derechos y

situaciones de indefensión.

Se plantea como un problema interno de las ONG,

la falta de autocrítica y la alineación política de al-

gunas ONG. También la falta de funcionamiento

de sus órganos de gobierno y transparencia, la au-

sencia de información de su accionar a través de

programas y proyectos.

Acercadelasdificultadeslegales, se identifi-

ca en este aspecto que la mayor problemática es la

arbitrariedad de las normas tanto para organiza-

ciones sociales como ONG.

AcercadelasdificultadesdelasOrganiza-ciones Sociales. Las principales problemáticas

de las organizaciones sociales giran en torno a tres

ejes estructurales: la falta de democracia interna

y el alejamiento de los dirigentes de sus bases; el

segundo gran eje es la cooptación y división que

ejerce el Gobierno hacia las organizaciones que

son críticas o no están de acuerdo con sus políti-

cas. El tercer eje es la falta de participación de las

organizaciones de la sociedad civil en la definición,

ejecución y evaluación de las políticas públicas. En

las propuestas sólo participan las organizaciones

afines. Además, se afirma que no hay participación

de las bases.

Otra de las dificultades identificadas es la falta, li-

mitación y restricción de financiamiento.

Sobre el accionar y rol del Estado, se apun-

ta que éste no cumple con sus obligaciones y res-

ponsabilidades sociales, la pobreza se mantiene y

las ONG asumen éstas responsabilidades sociales.

A pesar de este trabajo, el Gobierno desconoce o

arremete contra las ONG.

También se denuncia la corrupción del Estado, la

división y coacción a las organizaciones que son

críticas.

2. Restricciones Legales

Las restricciones legales identificadas en la Con-

sulta versan principalmente en la arbitrariedad de

las normas. Éstas no responden al interés de la co-

lectividad ni de las bases.

El enfoque de las leyes está basado en el control y

restricción y no en la regulación. Se denuncia que

las restricciones legales son políticas para ejercer

el control y limitar el acceso a recursos.

Por otro lado, se afirma que hay mucha producción

de Leyes pero que éstas no se efectivizan, siendo el

Estado el primero que las incumple.

En la elaboración de las Leyes, se denuncia que sólo

participan las organizaciones afines al MAS, por lo

tanto éstas responden a intereses particulares. Se

enfatiza en que no hay independencia de poderes.

Específicamente, se identifica como leyes restricti-

vas a las siguientes: Ley 351, de personería jurídica,

la Ley de Consulta (transformada en información),

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de Control Social, la Ley IDH-Marcelo Quiroga

Santa Cruz y el reconocimiento legal de la propie-

dad colectiva.

3. Políticas y prácticas que generan vulnerabilidad política, financieraeinstitucional

Acerca de las prácticas del Gobierno con las

OSC, lo más denunciado es la injerencia del Go-

bierno en las organizaciones sociales; el oficialis-

mo divide a las organizaciones mediante políticas

y prácticas partidarias para funcionalizar a éstas.

Se afirma que hay falta de voluntad política del

Gobierno para trabajar con las organizaciones, que

no incluye a las “que no están con él”; es más, se

las tilda de opositoras y algunas son perseguidas

(ej: TIPNIS).

Las prácticas del Gobierno hacia las ONG son muy si-

milares a las de organizaciones sociales pues se busca

acallar a las organizaciones con posiciones críticas.

Acerca de las propias prácticas del Gobier-

no, se identifica que el discurso de cambio por

parte del oficialismo no coincide con sus prácticas;

son sólo promesas por lo que no hay credibilidad

en su autoridad. Esto se demuestra en sus políticas

y prácticas económicas donde se identifica que a

pesar del crecimiento económico, esto no se tradu-

ce en cambios estructurales. La política de recur-

sos naturales bolivianos sigue siendo extractivista.

Uno de los problemas más denunciados en la

práctica del Gobierno es la corrupción en todos los

niveles, malos manejos de fondos a nivel central

como departamental y municipal.

Acerca de las prácticas de las ONG, las prác-

ticas negativas de las ONG giran en torno a dos

temas: la falta de transparencia, no sólo del ám-

bito financiero sino de su trabajo y su accionar;

el otro eje se refiere al rol de las ONG como actor

con voz propia y la crítica a la posición tomada de

las ONG de pasividad y temor ante los atropellos

de derechos.

4. Principales retos para las organizaciones de la sociedad civil

Los principales retos para las organizacio-

nes sociales identificados en la Consulta,

apuntan al fortalecimiento de la democracia in-

terna de las Organizaciones, cumplir con la vida

orgánica y fortalecer a la base social. Otro de los

retos es promover la independencia de las organi-

zaciones hacia el gobierno para legitimar su acción

y recuperar el proceso de cambio.

Un desafío planteado con énfasis es la articulación

y acción conjunta de las OSC. Consiste en coordi-

nar con otras organizaciones sociales y ONG para

responder a las demandas sociales y los desafíos

actuales. Concretamente, las organizaciones socia-

les piden apoyo para el conocimiento de las leyes,

ante el vasto y contradictorio panorama legal.

Respecto a los retos de las ONG y las or-

ganizaciones sociales, se reafirma el desafío

de generar estrategias de acercamiento entre las

organizaciones sociales y trabajar con ellas el for-

talecimiento organizacional, analizar y debatir su

independencia y restituir su rol de control social e

incidencia.

En el accionar propio de las ONG, los retos

apuntan a establecer procesos comunicativos cla-

ros e informar a la opinión pública sobre el fin de

las ONG y el trabajo que se realiza; también se se-

ñala como reto el ejercicio de la transparencia y

rendición de cuentas pública.

Otro reto trazado por las ONG en la articulación,

consiste en generar estrategias y alianzas para la

incidencia. Esta coordinación conjunta debe guiar

espacios donde las ONG tengan voz propia y rede-

finir roles de las ONG frente a los nuevos desafíos

actuales: las demandas sociales, ser un país de ren-

ta media y otros, y ante el contexto político pola-

rizado entre alineación e independencia de acción

de las OSC.

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C. Sostenibilidad política de las ONG en Bolivia. Marco Normativo.

1. Problemasidentificados

Normativa que atenta y no respeta los de-

rechos de libre asociación. Se considera que

la actual normativa aprobada para la regulación

de las ONG, en términos políticos, condiciona y

restringe el accionar de las mismas porque lo esti-

pulado en la Ley 351 en cuanto a la adecuación de

estatutos es una injerencia interna en su constitu-

ción y su naturaleza, ya que implícitamente deben

estar alineados con las políticas y planes de gobier-

no, y si no se cumple, estipula la amenaza expre-

sa de la disolución, cuestión no concordante con

la CPE. Por lo tanto, estaríamos ante una norma

que viola derechos de las personas colectivas, y es

inconstitucional.

Una normativa impuesta no consensuada.

La ausencia de consulta y participación en la ela-

boración de la Ley 351 y su reglamento, hace que

el actual marco normativo no este del todo claro

y todavía existen algunas falencias y vacíos para

su aplicación. Es poco clara, lo cual nos demues-

tra que todavía existe falencias e ineficiencia en el

sector público para la aplicación de la misma. Se

señala que pese a la falencia en algunas estipula-

ciones de carácter administrativo, las ONG deben

cumplir con lo que la Ley establece.

Control de las acciones y recursos de las

ONG. La actual normativa tiende a constituirse en

un mecanismo fiscalizador antes que regulador del

accionar de las ONG, lo cual, en parte, contribuye

a generar un contexto de acoso político. Se está in-

tentando restringir el acceso a recursos, ya que en

Bolivia se evidencia el alejamiento y la salida de

las agencias de financiamiento, lo cual repercute

en la reducción de financiamiento que incide en

las acciones que desarrollan las ONG en distintas

partes del territorio nacional. Se señala también,

que los mecanismos del Estado son insuficientes

para regular el acceso a recursos de la cooperación.

Pérdida de incidencia de las ONG frente a los gobiernos.En este escenario, las ONG han

sido objeto de construcción de un imaginario co-

lectivo no favorable para su accionar. A esto han

contribuido las debilidades de algunas en sus me-

canismos de rendiciones de cuentas. Existe polé-

mica en cuanto a la percepción del uso de los re-

cursos de las ONG; pese al reconocimiento de su

trabajo, se ponen en duda algunos aspectos de su

accionar.

2. Restricciones legales

La Ley de otorgación de personerías jurí-dicas 351 y su reglamento. La mayoría consi-

dera que los vacíos de la actual normativa, junto

a algunas imprecisiones que no aclaran todos los

aspectos, ocasionan confusión en su interpreta-

ción. Esto se suma a normas internas regulatorias

de diferentes niveles y jerarquías que no guardan

concordancia con la Ley 351, por lo que se cons-

tituye en una restricción legal para el accionar de

las ONG.

Algunos obstáculos identificados en la Consulta

para el cumplimiento de la actual normativa, son

la reformulación y/o adecuación de estatutos que,

para muchas ONG, constituye una limitante para

el acceso a recursos privados y públicos y que, en

algún caso, también pueden limitar o restringir su

capacidad de acción.

La alineación a los planes nacionales que señala

la normativa, junto a la amenaza de la revocatoria

ante este incumplimiento, se considera una discre-

cionalidad, ya que los plazos son cortos y no daría

lugar a un debido proceso restringiendo derechos

a las ONG.

3. Políticas y prácticas que generan vulnerabilidad política, financieraeinstitucional

Acerca de las prácticas del Gobierno con las OSC, las instancias estatales que, de un tiem-

po a esta parte, están intentando controlar el ac-

cionar de las ONG con acciones de carácter polí-

tico se traducen en más y más requerimientos de

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orden administrativo. Existe también, en algunos

casos, desinformación o información diferenciada

para hacer cumplir los requisitos. En todo caso,

los mismos han estado obstaculizando a varias

ONG la obtención del Registro del VIPFE, que es

un requisito para su vigencia y para el acceso a

financiamiento.

Muchas acciones de carácter formal se han tradu-

cido en requerimientos de orden político. En va-

rias instancias ejecutivas del gobierno, las acciones

son diferenciadas y discrecionales, como firma de

convenios y otros.

Acerca del rol de las ONG. Muchas ONG se

cuestionan sobre su naturaleza y objetivos institu-

cionales para los que fueron creadas, ya que una

adecuación o ajuste a sus estatutos implicaría ma-

yor vulnerabilidad institucional. Consideran que

no pueden estar cambiando sus estatutos cada vez

que el plan de desarrollo cambie, ya que su base de

constitución debe ser sólida en cuanto al trabajo

que realizan.

Acercadelmanejofinanciero. Existe una ola

de comentarios en referencia al manejo financiero

de las ONG en Bolivia que ha generado incertidum-

bre, desconfianza y confusiones en algunas organi-

zaciones sociales, sobre el accionar de las ONG. Se

señala que el desprestigio sobre el rol y aporte de

las ONG en algunos sectores es preocupante.

Acerca de las prácticas de las ONG. La trans-

parencia es un elemento que debe practicarse des-

de las ONG para disipar cualquier duda sobre su

accionar.

La reducción en el financiamiento genera vulne-

rabilidad para el funcionamiento y accionar de las

ONG.

Acerca de espacios de relacionamiento con

el Estado. La ausencia de espacios de diálogo,

consulta y coordinación con instancias estatales

genera vacíos en la formulación de normativas

regulatorias para las ONG, ocasionando que estás

sean formuladas unilateralmente, incumpliendo lo

señalado por la CPE, y promoviendo la interven-

ción directa en el accionar de las ONG.

4. Principales retos para las organizaciones de la sociedad civil

Los principales retos para las organizacio-nesde lasociedadcivil identificadosen laConsulta, apuntan a lo siguiente:

Ante la aprobación de la nueva normativa regula-toria sobre el funcionamiento de las ONG, el esce-nario exige un replanteamiento de mecanismos y acciones que llevan a motivar a las mismas a parti-cipar activamente en la formulación de propuestas de diversa índole y con diversos actores, generan-do incidencia, de acuerdo a la coyuntura, ante el Gobierno y ante la sociedad civil. La propuesta de muchas es que estas acciones sean articuladas y coordinadas, promoviendo alianzas que permitan acciones colectivas de debate sobre su rol y aporte al desarrollo en Bolivia.

El planteamiento en cuanto a una articulación y estrategia nacional dirigida a vigilar el respeto y cumplimiento de los derechos colectivos y el de-recho a la libre asociación en Bolivia, va sumado a expresiones relativas a la defensa de estos dere-chos expresados en la CPE.

En referencia a la aplicación de la actual norma-tiva, muchas están de acuerdo en plantear un re-curso de inconstitucionalidad desde instancias de la Sociedad Civil, porque ven que los derechos co-lectivos y el derecho a la libre asociación estarían siendo vulnerados.

Todas las ONG están en el afán de cumplir la nor-mativa y seguir los pasos establecidos para la ade-cuación a la Ley 351, preguntándose cómo hacer-lo correctamente, sin lograr respuestas concretas desde el ejecutivo, menos desde instancias pro-pias, siendo coherentes con sus principios para las que fueron fundadas.

Se plantea también,que revalorar los marcos de

transparencia en la gestión de las ONG es un desafío

constante, así como la mejora de los mecanismos de

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socialización, difusión y acceso a la información en

lo cual se está trabajando de forma constante. El

profundizar la cultura de rendición de cuentas y la

autorregulación en las ONG es un reto reconocido

por la mayoría de los participantes en la Consulta.

Asimismo, es importante visibilizar el trabajo de

las ONG con instancias estatales de distinto nivel,

ya que son comunidades, organizaciones sociales,

municipios y gobernaciones con quienes se tiene

varios conveniosy muchas ONG contribuyen con

recursos de distinto tipo al desarrollo de acciones

estatales y desde la sociedad civil organizada.

Finalmente, se señala que lograr nuevas fuentes de

financiamiento es un reto constante, las alternati-

vas de sostenibilidad para la ONG constituye un

desafío permanente.

D. Sostenibilidad financieradelasONG.

Fondos públicos, Fondos de CooperaciónOficial,FondosdeCooperación Solidaria

1. Problemasidentificados

En la actualidad, asistimos al retiro de diversos or-

ganismos de cooperación internacional, ya sea por

efecto de la crisis financiera global, o porque se ha

dejado de considerar al país como prioritario por

algunas agencias de desarrollo.

La sostenibilidad financiera y, en este sentido, la

restricción y reducción de recursos por parte de la

cooperación internacional hacia las ONG son pro-

blemas que han sido identificados de manera recu-

rrente por los participantes en la Consulta.

A su vez, se señala que no existen otras fuentes

de financiamiento, por ejemplo, fondos públicos,

y que aún se mantiene el apoyo de agencias tra-

dicionales de cooperación al desarrollo, pero cada

vez en menor medida y con mayores exigencias y

burocracia.

Ante las dificultades de acceso a recursos, muchos

reconocen la necesidad de identificar fuentes al-

ternativas de financiamiento, frente a un contexto

que genera una gran competitividad entre orga-

nizaciones y ONG por acceder a recursos , donde

además su libre ejercicio se encuentra condiciona-

do a seguir la línea gubernamental. En este aspec-

to, las organizaciones rechazan el establecimiento

de condicionalidades por ser éste el problema fun-

damental, en pos de una libre determinación de

las relaciones de trabajo y apoyo que brindan las

ONG.

El contexto de elevadas exigencias genera temor

en las agencias de cooperación, las cuales, ante el

riesgo de expulsión, “prefieren quedar bien con el

gobierno”, lo cual ocasiona que los recursos de la

cooperación se dirijan a los programas de gobier-

no. Sin embargo, las organizaciones reivindican su

derecho a disentir con el gobierno, sin que ello las

lleve a ser tildadas de opositoras o de “derecha” y

al cierre de sus actividades.

El tema de la sostenibilidad financiera de las ONG

en Bolivia arroja en la Consulta la problemática

de la ausencia de diálogo entre organizaciones so-

ciales, civiles, ONG y Estado-gobierno. Es más, se

destaca la creciente separación y falta de unidad en

la Sociedad Civil, insatisfecha por la ausencia de

posibilidades de participación.

Asimismo, se identifica el elevado desgaste insti-

tucional frente a la exigencia y presión de impor-

tantes resultados e impactos con pocos recursos

monetarios y humanos.

2. Restricciones Legales

Diversas voces de la Consulta opinan que la Ley

351 entorpece la libertad de asociación de las ONG.

Las restricciones frente a las posibilidades de di-

versificar el accionar fuera del alcance de los es-

tatutos orgánicos, las exigencias del gobierno al

cumplimiento de la norma vigente, los innume-

rables requisitos y dificultades para el Registro de

ONG en el VIPFE, generan un proceso administra-

tivo burocrático que restringe la libre asociación.

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Ante estas restricciones legales, las organizaciones

en la Consulta expresan su preocupación por las

crecientes dificultades de las ONG de brindar el

apoyo a las organizaciones a lo largo del tiempo. El

personal vinculado a las mismas se siente vulnera-

ble y siente inestabilidad laboral.

Sin embargo, se resalta que a diferencia de las in-

numerables restricciones existentes para las ONG,

el gobierno recibe fondos de las mismas.

Para las ONG internacionales, el peregrinaje es si-

milar a la hora de renovar sus Convenios Marco y

cada vez hay más restricciones para que desarro-

llen su trabajo en Bolivia.

3. Políticas y prácticas que generan vulnerabilidad política, financieraeinstitucional

La Consulta permitió identificar percepciones sobre

la existencia de acciones de “desprestigio” por par-

te del gobierno del trabajo de las ONG, mediante la

negación de su aporte, desvalorización de su capital

humano y control de su accionar. Este desprestigio

se encuentra relacionado a su posición política y la

discriminación y marginación a quienes trabajan

con ONG. En este sentido, las organizaciones so-

ciales opinan que existen políticas partidarias que

vulneran su derecho a la formación y capacitación,

tanto a nivel personal como organizacional.

Asimismo, se identificaron restricciones y exi-

gencias en el registro de ONG, así como en la ob-

tención de recursos, como prácticas que generan

vulnerabilidad financiera que ocasiona la reduc-

ción de fuentes y montos financieros y el retiro de

importantes fuentes de financiamiento, mientras

se genera una bilateralización de la Cooperación

Internacional que reduce las relaciones a acuerdos

entre Estado y- Estado.

La decisión de alinear el trabajo de ONG y de los

fondos de la cooperación a las políticas guberna-

mentales vulnera y restringe la libertad de asocia-

ción de las OSC.

La falta de transparencia en las entidades pú-

blicas es otro de los ámbitos de vulnerabilidad

institucional identificados por los participan-

tes de la Consulta. La existencia de corrupción,

mentiras, engaños por parte de funcionarios del

gobierno que buscan beneficiarse con fondos y

la lamentable experiencia del Fondo Indígena

(único Fondo público para sociedad civil) des-

virtuada por el mal manejo y la corrupción, por

constituirse en un mecanismo de funcionaliza-

ción de organizaciones indígenas campesinas al

MAS facilitando su acceso a recursos.

Las vulnerabilidades en el ámbito laboral de las

consultorías para OSC, se expresan en la coopta-

ción de las mismas en contratos cortos, sobreex-

plotación de personal que generan inseguridad la-

boral, mientras que la falta de capacitación técnica

para elaborar proyectos de calidad y la escasa ca-

pacidad administrativa desembocan en la restric-

ción de financiamientos.

4. Principales retos para las organizaciones de la sociedad civil

Los participantes de la Consulta identifican diver-

sos retos en distintos ámbitos de acción de las or-

ganizaciones de la Sociedad Civil/ONG:

Por un lado, y teniendo en cuenta la sostenibili-

dad financiera, se plantea la necesidad de repensar

el modelo de cooperación que permita a las orga-

nizaciones reducir las dependencias del financia-

miento externo. Una de las alternativas planteadas

consiste en la generación, captación e incremento

de fondos locales y nacionales, ya sean públicos

o privados. Se sugirió considerar mecanismos de

sostenibilidad financiera que incluyan a las orga-

nizaciones civiles. En esta línea, algunos presen-

taron la opción de buscar financiamientos directos

para que los recursos lleguen a la sociedad civil y

a la gente, sin mediaciones. Abrir el dialogo con la

Sociedad Civil para encontrar soluciones, con su

participación, a sus necesidades.

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Por otro lado, se resalta la necesidad de transpa-

rentar el uso y manejo de los recursos que demues-

tre, además, los resultados obtenidos. Se debe

Informar a las bases, y realizar un seguimiento

responsable de las actividades y recursos.

Se propuso también en la línea de la exigente nor-

mativa, simplificar los procesos de obtención de

financiamiento.

Otra sugerencia planteada es incidir en las polí-

ticas públicas para una planificación y ejecución

compartida de los Programas y Proyectos de los

Ministerios.

Asimismo, ha sido considerado un reto mantener

la relación de trabajo existente entre organizacio-

nes y ONG, e incluso estrechar aún más dicho vín-

culo con las organizaciones del campo.

Se planteó también el reto de “armonizar” las acti-

vidades del Estado con las actividades que realizan

las ONG, cruzar planes de trabajo, y coordinar ac-

ciones. Cabe aclarar que tanto el concepto de “ar-

monización” como de “alineamiento”se circunscri-

ben a la relación entre Estado y países donantes

(gobierno y cooperación oficial) y que su aplicación

no es pertinente cuando se habla de la relación en-

tre Gobierno y Organizaciones de la sociedad civil.

Un concepto más apropiado es el referido a “Coor-

dinación”entre instancias públicas y privadas.

Más allá de todo lo mencionado, a nivel cotidiano se

plantearon los retos de cumplir con objetivos y re-

sultados de las ONG a pesar del poco personal. Las

organizaciones requieren generar capacidades para

la formulación de propuestas propias y responsabi-

lidad en el cumplimiento de resultados esperados

de las mismas.

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III. Ponencias y reflexiones por panelesIII

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1. La libertad de Asociación en Bolivia

Waldo Albarracín,ex Defensor del Pueblo, experto en Derechos Humanos

Es importante entender que el tema de la libertad

de asociación en Bolivia va paralelo a la historia

de un país que durante muchos años y décadas

fue pugnando para consolidar su democracia. Es

evidente que la historia política de Bolivia es una

historia con muchas páginas negras, con coyuntu-

ras dolorosas, frustrantes, especialmente en aque-

llos períodos de regímenes de facto, de dictaduras

militares que en su tarea de conculcar los DD.HH.

entre ellos uno de los derechos fundamentales que

es el derecho a la libertad de asociación, proscri-

bieron a partidos políticos, proscribieron a un con-

junto de organizaciones sociales, y no permitieron

ninguna actuación de grupos de personas. La dic-

tadura en sí misma es una negación de la democra-

cia y, por tanto, de los derechos humanos, y forma

parte de nuestra historia.

En consecuencia, la reivindicación democrática, la

aspiración legítima de un pueblo de vivir en demo-

cracia, expresada en su acción contestataria, sis-

temática y hasta consuetudinaria ante diferentes

regímenes autoritarios, llevaba implícito el deseo

de ejercer sus derechos y, entre estos, el derecho a

asociarse. Pero esto acontece no sólo en las dicta-

duras sino también en democracia. El propio Esta-

do, por su idiosincrasia, es conculcador, es exclu-

yente, se ha acostumbrado a respetar los derechos

fundamentales no por convicción, sino por presión.

La democracia en Bolivia, si bien avanzó desde el

10 de octubre de 1982 con la vigencia positiva de

consecutivos regímenes constitucionales, inde-

pendientemente de la ideología de los gobiernos o

de la efectividad o inefectividad de los mismos, el

comportamiento del Estado, como forma de rela-

cionarse con la sociedad civil, sigue siendo el de un

Estado represor, un Estado discriminador, exclu-

yente; no es un Estado humano, no es un Estado

de convicción humanista, no es un Estado con sen-

sibilidad humana.

Sigue siendo un Estado autoritario, burocrático

y, de paso, corrupto en un escenario de demócra-

tas, constitucionalmente hablando, pero al mis-

mo tiempo burócratas, tecnócratas y hasta hipó-

critas. Es ese el escenario donde nos movemos y

es ahí donde hay que analizar los derechos de las

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personas. Obviamente en todos estos años se están

plasmando día a día derechos en este escenario de-

mocrático. Durante las dictaduras se peleaba por

consolidar los derechos individuales, la libertad de

expresión, la libertad de asociación, los derechos

políticos, los derechos civiles. La dictadura injus-

tamente se veía eximida de la responsabilidad de

hacer prevalecer nuestros derechos económicos,

sociales, culturales. Sin embargo, la propia diná-

mica de la democracia ha permitido que el pueblo,

por sus propios mecanismos, consolide sus dere-

chos, especialmente, los individuales.

Para desembocar en el tema que estamos abor-

dando, es importante hacer una referencia a la cla-

sificación de los DD.HH. que no es jurídica, sino

esencialmente didáctica: Derechos humanos de

primera generación, de segunda, de tercera y hasta

de cuarta, quinta y sexta generación.

Los DD.HH. de primera generación se refieren

aquellos que fueron consagrados en siglos ante-

riores. Ahí están como testimonio la Carta Mag-

na, la Declaración de Virginia, la Declaración de

los Derechos del Hombre y el Ciudadano, hasta

la Declaración Universal de los DD.HH. del 10 de

diciembre de 1948. En todos estos textos ya en-

contramos conceptos fundamentales referidos a

la libertad de asociación como derecho individual,

es decir, esa posibilidad legal que tiene la persona

de asociarse a otros que tienen similares objetivos,

similar oficio, etc., o similares intereses para, bajo

un denominativo común, identificarse ante el Es-

tado y, sobre esa base, reivindicar o hacer prevale-

cer sus derechos. Básicamente ahí está el sentido,

la razón de existencia del derecho o de la libertad

de asociación.

En los diferentes tratados, los derechos individua-

les están ubicados en dos escenarios: los derechos

civiles por un lado, y los derechos políticos por otro.

Los derechos civiles esencialmente vinculados a la

forma de desenvolverse de la persona frente a los

demás, y la obligación de los demás de respetar esos

derechos en su vida y actividad cotidiana. Los dere-

chos políticos, también individuales, tienen que ver

más bien con el accionar del ciudadano en la confi-

guración del poder político, es decir, su derecho de

participación como ciudadano elegible, como fun-

cionario público en el funcionamiento del Estado

y en la constitución del poder político. Ambos son

derechos individuales de primera generación.

Posteriormente aparecieron en la historia los de-

rechos económicos, sociales y culturales conocidos

como derechos colectivos o DESC que se refieren

a la calidad de vida de la persona: trabajo, salud,

educación, vestimenta, vivienda, seguridad social,

etc. Hoy día se empieza a hablar con más énfasis

de los DD.HH. de tercera generación referidos a

los derechos de los pueblos, al medio ambiente

sano, la autodeterminación, de sectores más vul-

nerables de la sociedad, personas con capacidades

distintas, adultos mayores, niños/as adolescentes,

derecho al desarrollo.

La Libertad de Asociación

Algo positivo que hizo el Estado boliviano es sus-

cribir y ratificar una gama de pactos y convenios

internacionales en materia de DD.HH. en la vida

democrática de los últimos 25, 30 años, inde-

pendientemente de que se cumpla o no. Es tras-

cendental por lo menos decir que se somete a la

mirada vigilante de la comunidad internacional

y, en el caso que nos ocupa, hay documentos

emblemáticos:

• La Declaración Universal de los DDHH que

consagra la libertad de asociación de la persona

para fines lícitos,

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos suscrito por la Asamblea General de

las Naciones Unidas al cual Bolivia se ha adhe-

rido (gobierno de la UDP 1982-1983), por tan-

to, directamente vinculante para el país.

• La Convención Americana de los DD.HH. o

Pacto de San José el año 1969. Bolivia ratificó

el Pacto en febrero de 1993 y, por consiguiente,

también tiene efecto vinculante para el país.

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¿Qué es lo que interesa de esta

vinculatoriedad?

La Constitución Política del Estado marca una lí-

nea importante: primero, incorpora a los Pactos y

Convenios internacionales sobre DDHH dentro el

bloque de constitucionalidad. En cualquier Estado

democrático la Constitución es la norma máxima

que tiene prioridad frente a cualquier otro instru-

mento jurídico. En ese sentido, los pactos y con-

venios internacionales son de aplicación priorita-

ria frente a cualquier otro ordenamiento, frente a

cualquier norma jurídica (Artículo 13, Artículo 256

y 410 de la Constitución).

El Art. 256 dice que cuando la norma internacio-

nal prevé derechos mejores que los que están en la

Constitución, son éstos los que se aplican. La Cons-

titución se abre a la competencia internacional en

temas de DD.HH. se somete voluntariamente. No

se trata de soberanía sino más bien de identificarse

plena, conceptual, militantemente en lo que el ob-

jetivo y la vigencia de los DD.HH. en el país.

En consecuencia, no puede haber una sola norma

jurídica, ni una ley, ni un decreto en Bolivia, por

más popular que sea un gobierno, que vulnere la

Constitución porque estaría vulnerando las nor-

mas internacionales sobre DD.HH.

El artículo 21 de la Constitución Política del Esta-

do, cuando se refiere a los derechos civiles, además

de señalar otros en el numeral 4, dice expresamen-

te: el derecho a la libertad de reunión y asociación

en forma pública y privada con fines lícitos.

Todas las bolivianas y todos los bolivianos tienen

los siguientes derechos: la libertad de reunión y

de asociación para fines lícitos, en forma pública

y privada, es decir, que no hay restricción para el

ejercicio de este derecho, que no hay organizacio-

nes clandestinas para la Constitución; es público o

privada porque tú puedes crear una asociación de

ganaderos o una asociación de maridos oprimidos

o una asociación con personas con capacidad dis-

tinta, etc.

¿Cuál es el requisito para la validez democrática o

jurídica de esa iniciativa de asociarse? Que no sea

contraria al ordenamiento jurídico de un país o

que sea lícita.

Si bien está claramente definido el derecho a la

asociación en la Constitución y en las normas in-

ternacionales como derecho humano y también

como derecho constitucional, lo que tiene que in-

quietar más hoy día es algo que tiene que ver con

las formas indirectas del Estado de restringir el de-

recho a la asociación. Ahí está el problema.

Tenemos una cantidad importante de organizacio-

nes sindicales con directivas emergentes de una

elección, pero resulta que hoy día el Ministerio

de Trabajo otorga personería no en función del

cumplimiento o no de requisitos legales, sino del

grado de subordinación política o no al gobierno.

Por ello hay una cantidad importante de directi-

vas cuya personería jurídica y reconocimiento está

pendiente, ya que se antepone la condición de que

“están o no están con el cambio”. Todos estamos

con el cambio, lo que no estamos es dispuestos a

bajarnos los pantalones con quienes impulsan “un

cambio para no cambiar nada”.

Es sintomático que aquellas directivas vinculadas

partidariamente al Órgano Ejecutivo no tienen

problema en el reconocimiento de su personería

jurídica y que aquellas que defienden su indepen-

dencia política que, por ejemplo es una consigna

establecida en los estatutos de la Central Obrera

Boliviana, hoy día sea esa una limitante para la

consolidación de sus derechos. No estoy refirién-

dome a un impedimento, sino más bien a una de-

cisión táctica de instancias de poder que conven-

cionalmente te dicen quienes tienen o no derecho

a asociarse.

En otro ámbito, puedo testimoniar que muchas

entidades no gubernamentales (ONG) le han ali-

vianado al Estado boliviano un conjunto de obliga-

ciones que tiene, tenía y las tendrá en términos de

satisfacción de necesidades elementales, a través

de la canalización de proyectos impulsados por la

cooperación internacional. En los últimos años,

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el Estado, bajo el argumento de controlar el fun-

cionamiento de las ONG, empieza a ejercitar una

fiscalización rigurosa pero no en función de cuáles

son los resultados de esos proyectos, sino bajo la

misma modalidad aplicada con los sindicatos: se

afilia o no se afilia, está en el esquema o no está en

el esquema.

El Estado condiciona la otorgación de una per-

sonería jurídica en función de un objetivo más

político que democrático, además de constituir

una amenaza para aquellas ONG creadas expre-

samente para la defensa de los DD.HH. pero que

hoy corre riesgo de perder su personería jurídica

o de ser afectada en su integridad o en su propia

existencia. Hay ejemplos elocuentes de entidades

gubernamentales que en otrora defendían, por

ejemplo, derechos de los pueblos indígenas que

fueron aplaudidas por su trabajo por quienes hoy

gobiernan.

La ONG no cambió sus principios ni su compro-

miso, sin embargo, justamente por no cambiar

esos principios, hoy día la coyuntura le obliga a

confrontar con el poder político cuando advierte

que ese poder político está conculcando derechos

de los pueblos indígenas. La ONG ingresa en un

escenario de permanente hostigamiento de parte

del Estado. El CEJIS es una de las entidades vícti-

mas de ese hostigamiento estatal, no obstante que

varias autoridades, hoy gubernamentales, fueran

parte del CEJIS.

Esa es la manera como el poder político afecta este

derecho, esta libertad de asociación: se coarta o se

trata de obstruir. ¿El objetivo político, exclusiva-

mente político, debe estar por encima de un objeti-

vo democrático? Es fundamental analizar también

otras libertades: la libertad de prensa o el derecho

de locomoción. Reflexionar si el Estado, a través

de sus instancias como el Poder Legislativo, Poder

Ejecutivo, etc., tiene la potestad, porque derecho

no tiene, de coartar derechos constitucionales bajo

cualquier argumento.

Estamos atravesando una coyuntura muy deli-

cada donde el interés político se sobrepone al

interés democrático y, por tanto, ese objetivo po-

lítico termina conculcando DD.HH. Al degradar

los DD.HH. estás degradando la democracia y al

deteriorar la democracia estás haciendo que retor-

nemos a escenarios fácticos donde el accionar del

Estado genera inseguridad jurídica que da lugar a

la indefensión ciudadana y esa indefensión ciuda-

dana nos ubica en un escenario fáctico muy peli-

groso, de vulnerabilidad ostensible.

Cuando en un sistema democrático se vulnera el

derecho a la asociación a través de los mecanismos

descritos, cuando eres víctima de un gobierno en

el Estado de derecho, tendrías que tener la posi-

bilidad de acudir a otras instancias de poder, por

ejemplo, un juez, un Tribunal Constitucional, un

Tribunal de Garantías; tendrías que, en igualdad

de condiciones con quien conculca tus derechos,

por más autoridad pública que sea, expresar tus

alegatos, tus agravios y la autoridad jurisdiccional,

haciendo prevalecer su independencia institucio-

nal, su independencia política, evaluar el argu-

mento que el demandante (quien conculca dere-

chos) y el demandado (quien es la víctima), emitir

un fallo imparcial ya sea para reivindicar ese de-

recho conculcado o para desestimarlo porque no

había tal violación.

En ambos casos es válido, pero cuando estás con-

vencido de que hay independencia de poder en

un país. Este es el problema que estamos atrave-

sando hoy en día, por eso no se puede desligar el

tema puntual de la libertad de asociación con el

análisis de la realidad concreta de este país. El Es-

tado de Derecho está siendo conculcado, vivimos

un escenario de inseguridad jurídica comprobado

cuando se planteó el amparo constitucional a fa-

vor de los pueblos indígenas con el recursos res-

pectivos y la acción popular. El fallo llegaba ya re-

dactado del órgano político. Esto pasaba en otras

épocas cuando interponíamos habeas corpus para

Evo Morales y otros que están hoy en el gobier-

no cuando el Órgano Judicial estaba vinculado a

Gonzalo Sánchez de Lozada y al Gral. Banzer. Es-

tamos viviendo exactamente similares experien-

cias. La esperanza era que con el nuevo régimen

eso pudiera haber sido resuelto históricamente,

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pero estamos sirviéndonos el pasado en copa nue-

va. Se repite la historia, se repiten las conculcacio-

nes a los DD.HH. y eso nos interpela a todos y a

todas, nos obliga, no simplemente a conformarnos

con esa repetición consuetudinaria de la realidad,

sino a insistir en una nueva aspiración legítima de

una democracia cualitativamente distinta.

No puede haber democracia en un escenario de

violación de DD.HH. No puede haber democracia

ausente del Estado de derecho. No puede haber

democracia con subordinación de poderes. Más

allá de lo que pase hoy día o de que se repita la

historia, está el imperativo categórico de todas las

personas con condición democrática de aspirar a

un verdadero cambio y en eso debemos trabajar

de la forma más consecuente, apegados siempre a

nuestros principios.

Preguntas y reflexiones

En el proceso histórico y político de recupera-

ción de la democracia, las organizaciones civiles

cumplieron un rol determinante. Hoy, en alguna

medida, se restringe la participación amplia de las

organizaciones de la sociedad civil dentro esa de-

mocracia que se construyó de forma colectiva.

La base jurídica de la libertad de asociación se

encuentra clara en los pactos internacionales de

DD.HH. y el carácter vinculante que tienen dentro

del texto constitucional. La libertad de asociación

no tiene otra restricción que cumplir los fines lícitos.

Las entidades no gubernamentales, las entidades ci-

viles, mientras estén en el campo de lo lícito, tienen

todo el derecho de promover sus agendas temáticas.

El concepto de entorno favorable no solamente se

refiere a condiciones administrativas, no se trata

de trámites que tienen que hacer las ONG sino,

principalmente, de un entorno democrático basa-

do en el estado de derecho, en la integralidad de

los derechos que los ciudadanos como individuos

podemos ejercer.

La libertad de asociación es un derecho que permi-

te, a partir de un derecho individual, promover el

cumplimiento de los derechos colectivos, promo-

ver la acción colectiva en las políticas públicas y,

por tanto, esa labor de promoción requiere de cier-

tas garantías que da el Estado de Derecho y tiene

un enfoque integral. La libertad de asociación no

se atiende por sí sola, si no hay libertad de expre-

sión, si no hay libertad de acceso a la información

pública, el conjunto de derechos que facilitan al

ciudadano la participación en las políticas públi-

cas y su defensa, tiene que estar protegida por un

sistema de justicia independiente.

La falsa dicotomía y preeminencia entre los dere-

chos no es un tema superficial. Es un tema pro-

fundo en la política de Estado. Los funcionarios

públicos señalan con mucha contundencia que hay

una preeminencia en ponderar y valorar las accio-

nes que tienen que ver en la promoción de DESC

por encima de los civiles y políticos. El Comité de

DD.HH. en el ámbito civil y político se ve observa-

do con mucha susceptibilidad, no así con los me-

canismos de los DESC en los que se podría mostrar

cierto tipo de indicadores con mucho más benefi-

cio para el Estado. (Red ONG nacional)

Waldo Albarracín

El principio de integralidad e interdependencia

supone la obligación del Estado de garantizar la

vigencia simultánea de todos los derechos porque

así como es importante que te dejen circular, que te

dejen emitir libremente tus ideas, opinar, también

es fundamental que tus hijos tengan educación, sa-

lud, seguridad social, etc. Ese es el desafío en un

Estado democrático a diferencia de una dictadura.

Es falsa esa idea de decir, primero los derechos co-

lectivos en desmedro de estos otros o al revés, es

decir, estaríamos distorsionando la esencia misma

de un sistema democrático que se basa en la vigen-

cia de los DD.HH.

Considerando que el gobierno actual ha logrado

el control absoluto de todos los poderes que, se-

gún la Carta Magna del Estado boliviano, debían

ser independientes para que se garantice el estado

de derecho ¿existen mecanismos, normas legales,

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internacionales que puedan servir de herramienta

para encausar un reclamo y ser utilizadas para de-

mostrar que se está restringiendo el derecho a la

libre asociación de organizaciones de la sociedad

civil, bajo ese concepto de alineación partidaria?.

(Red ONG nacional)

Waldo Albarracín

El escenario más inmediato y el procedimiento

más directo es la interposición de un recurso, de

una acción de inconstitucionalidad ¿ante quién?

Ante el Tribunal Constitucional. Ahora ahí está el

otro problema ¿qué garantía tenemos de que sea

un Tribunal Constitucional imparcial? Para acudir

a una instancia internacional, por ejemplo, una

queja ante la Comisión Interamericana de DDHH

o incluso ante el Sistema de las NNUU, necesaria-

mente debemos agotar los recursos internos bajo

el principio de subsidariedad.

También se pueden acudir a otros mecanismos

que no necesariamente son procesables en tér-

minos legales; muchas veces la sola intervención

de un organismo como Amnistía Internacional

que no es un órgano estatal ni interestatal, es una

ONG importante en el mundo, contra las vulnera-

ciones a derechos de un determinado país, suele

tener mejores resultados que las acciones plan-

teadas ante los órganos interestatales. Quienes

defendemos los DD.HH. debemos tener la capa-

cidad, la lucidez para ver qué camino o qué proce-

dimiento buscar para lograr resolver estos temas.

En este Estado democrático ¿existe institucionali-

dad o hay que construirla?. (ONG nacional)

Waldo Albarracín

Tenemos derecho a reclamar, a identificar los pro-

blemas, a denunciar de la forma más contundente,

interpelar al Estado, y también tenemos el deber

de hacerlo. Los malos triunfan porque los buenos

se los permiten. Hay una obligación ineludible, un

imperativo categórico del cual ninguno de nosotros

deberíamos eximirnos. Tenemos la obligación de

actuar políticamente (no partidariamente) porque

el solo hecho de estar acá dialogando es un hecho

político y positivo, democrático. No es suficiente

señalar los problemas. Tenemos la obligación de

interpelar al Estado con acciones concretas, tene-

mos la obligación de ser verdaderos defensores/as

de los DDHH, tenemos la obligación de desarrollar

un conjunto de acciones para reivindicar derechos

conculcados, tenemos la obligación de ser activos

militantes de la democracia.

Es en ese sentido, los diagnósticos que se hacen

pueden ser relativos, válidos o no, quizás incom-

pletos muchas veces, de acuerdo a las limitaciones

que podamos tener nosotros como personas pero

ese no es el problema. El asunto está en que cuan-

do estamos de acuerdo en identificar los males y en

tipificar las causas, deberíamos estar mucho más

de acuerdo en cómo neutralizar esos males y cómo

encontrar soluciones y cómo confrontar a quienes

desde el poder hacen abuso.

¿Existe algún caso emblemático de vulneración del

derecho a asociación contra alguna organización

que se haya judicializado, que haya llegado a la

Corte Suprema o al sistema interamericano?. (Red

de ONG de la región)

Waldo Albarracín

Hasta ahora no. Hay casos concretos que han llega-

do hasta el amparo constitucional. Frente a orga-

nizaciones que no están dispuestas a subordinarse

al gobierno, se crean entes paralelos (dos FEJUVE,

dos confederaciones de campesinos, dos CIDOB,

dos confederaciones indígenas..). Han empezado a

surgir de manera fáctica indígenas de primera, in-

dígenas de segunda, campesinos de primera, cam-

pesinos de segunda, vecinos de primera, vecinos

de segunda.

Partiendo del criterio de que el ejercicio, el reco-

nocimiento y el ejercicio de los DDHH no deben

estar, no tienen que estar sujetos a ninguna con-

dicionante, lo que está sucediendo a nivel nacional

con la nueva normativa respecto a organizaciones

sociales y entre estas las ONG, es una voluntad se-

guramente de condicionar el ejercicio, el derecho

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de la asociación de las ONG al tema político. Sin

embargo, las ONG, a diferencia de las organiza-

ciones sociales, no tienen una base social propia

para estructurar estrategias que permitan una lu-

cha que nos permita anteponer nuestro criterio de

verdad en esta situación. ¿cómo confrontar esta

situación de las ONG?. (ONG nacional)

Waldo Albarracín

Los bolivianos no hemos hecho lo suficiente para

generar un proceso de verdadera institucionali-

zación de estos órganos y en Sucre el ejemplo es

elocuente. Poco antes de que cambie la correlación

de fuerzas, los jueces estaban haciendo corretear

con mandamiento de apremio a doña Silvia Lazar-

te que ha sido presidenta de la Asamblea Consti-

tuyente, es decir, cuando la correlación de fuerzas

políticas está a favor de una tendencia, automáti-

camente jueces y fiscales se vuelcan a esa tenden-

cia. No es responsabilidad exclusiva del MAS la

podredumbre del poder judicial y del Ministerio

Público, viene de antes. No hemos terminado de

construir nuestra democracia y esa es una interpe-

lación a nosotros mismos porque directa o indirec-

tamente contribuimos a ese proceso.

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Paulo Bustillos,Comunidad de DD.HH.

Como Comunidad de DD.HH. como parte de la

coalición de instituciones que hemos conformado

hace bastante tiempo, hemos estado haciendo ac-

ciones en torno a lo que está pasando en el país en

referencia al tema de la nueva normativa, la nueva

ley, el nuevo reglamento de las ONG.

Primero, quisiera reiterar que tenemos una nor-

mativa internacional vigente, que el derecho

internacional de los DD.HH. es bastante claro y

contundente en el sentido de reconocer el derecho

a la libre asociación como un derecho humano. La

Declaración Universal de DD.HH. reconoce que

todas las personas tienen el derecho a la libertad

de reunión, de asociación pacífica y que nadie pue-

da ser obligado a pertenecer a una asociación.

Cuando se menciona que nadie podrá ser obliga-

do a pertenecer a una asociación, tenemos que to-

marlo muy en cuenta porque con la actual norma,

con la actual ley se nos está queriendo subordinar

a ciertas líneas y políticas que de alguna forma nos

están obligando a revisar nuestra identidad insti-

tucional, nuestra entidad corporativa; de la misma

forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos en el Artículo 22 dice: toda persona

tiene derecho a la libertad de asociación con otra

incluyendo el derecho a crear y formar parte de los

sindicatos laborales para protección de sus intere-

ses. Ello está definiendo el carácter gregario pero,

además, nos da la libertad de escoger nuestros in-

tereses. Estos elementos no son subyacentes y son

fundamentales para analizar la nueva propuesta

del Estado o la ley vigente que tiene que ver con

direccionar, limitar estas libertades ciudadanas.

La Convención Americana sobre DD.HH. en el Ar-

tículo 16 dice: todas las personas tienen derecho a

asociarse libremente con fines ideológicos, políti-

cos, económicos, laborales, etc., o de cualquier otra

índole. La libertad que establece la característica

de asociarse es un elemento fundamental; restrin-

gir esta libertad es una conculcación de derechos.

Para hacer cualquier actividad el único límite es no

cometer ningún delito, no transgredir el derecho de

otra persona. El ser humano es gregario, necesita

organizarse; estructurarse en grupos con fines con-

juntos es parte de nuestra libertad de asociarnos.

El rol de las ONG, de la sociedad civil organizada

ha sido fundamental de acompañamiento perma-

nente en todos los procesos sociales; en los años

60 y 70 en los procesos de luchas contra la dic-

tadura; en los 80 en el tema de fortalecimiento a

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los procesos democráticos; entre el 94 y el 95 en

el marco de la Ley de Participación Popular; en el

2000-2005 en las movilizaciones sociales y en el

2006-2011, en el marco del proceso de cambio.

¿Quién puede desconocer el rol que han jugado

las ONG en todos esos procesos? ¿En la Asamblea

Constituyente? ¿Cómo podríamos diferenciar el

nivel de feminicidio si no fuera por investigacio-

nes del CIDEM? ¿Cómo podríamos evidenciar los

problemas laborales si no fuera por los reportes

del CEDLA o la Fundación Jubileo? Son las únicas

fuentes que tenemos. Gran parte de la investiga-

ción, información, datos que se tienen para hacer

gestión le sirven al mismo Estado para hacer su

planificación, sus proyecciones y para hacer ges-

tión de Estado.

¿Cuánto nos sirve a la sociedad civil organizada es-

tas investigaciones, estos datos, esta información?

No sólo en temas académicos, en temas estadísti-

cos, sino en temas de movilización social. Hubiera

sido posible, por ejemplo, esta jornada de reflexión

sin la participación, sin la libertad que tienen las

ONG de poderse organizar temáticamente, libre-

mente? ¿Alguien puede considerar que esto no

es de interés del Estado, o que es un acto político

de oposición? Se puede ver con mucha claridad el

aporte de las ONG en todo el proceso histórico de

la sociedad.

Con el apoyo de varias ONG internacionales como

DIAKONIA, COSUDE, y otras ONG de varios de-

partamentos, hemos ido elaborando informes inter-

nacionales ante varios mecanismos como el Comité

de DD.HH. de las Naciones Unidas que se encarga

de hacer vigilancia al cumplimiento, por parte de

los Estados, de los compromisos para enfrentar la

situación de los derechos civiles y políticos.

En un principio, el tema de libertad de asociación

no estaba considerado para el informe elaborado

como sociedad civil, y tampoco en la lista de cues-

tiones que los miembros del Comité solicitan para

poder precisar aspectos que se van a abordar en

el informe. Sin embargo, a solicitud de UNITAS,

se incluyó el tema de libertad de asociación y en-

torno favorable para las ONG como parte de las

cuestiones analizadas en todos los departamentos

por representantes de la sociedad civil, para la ela-

boración del Informe, y en las reuniones del Co-

mité en Ginebra, hemos podido reunirnos con los

relatores especiales y expresar nuestras preocupa-

ciones en relación a esta problemática.

El derecho a la libre asociación está reconocido por

la Convención Internacional de Derechos Civiles y

Políticos y el Estado boliviano tiene la obligación

de presentar un informe cada cuatro años. Cabe

mencionar que el Estado boliviano no ha estado

presentando informes durante 16 años y debemos

valorar como sociedad civil que el Estado ha teni-

do la disposición política de someterse ante este

mecanismo y en el mes de octubre pasado ha pre-

sentado, mediante delegación oficial, su informe

ante el Comité.

Los miembros del Comité, que habían recibido con

anticipación alguna información, han expresado su

preocupación porque esta situación no solamente

se presenta en Bolivia sino a nivel regional; que

hay muchos problemas en Ecuador, Venezuela y se

preguntan cuál es la tendencia que hay en Bolivia

que podría sembrar algún riesgo. Les preocupan

los contenidos de la nueva ley 351 y su reglamento.

Varios de los puntos han sido tomados en cuenta

para que los miembros del Comité hagan pregun-

tas posteriores al Estado después de la presenta-

ción del informe inicial. Fruto de esas gestiones,

después de que se presentó el informe de sociedad

civil, el Comité elaboró su informe final que dice en

las observaciones en el párrafo 24: “Preocupa ade-

más al Comité la Ley 351 y su reglamento 1597 del

2013, ya que la personería jurídica de ONG puede

ser revocada por incumplir políticas sectoriales o

realizar actividades distintas a las de su estatuto”.

En los estatutos colocamos cierta cantidad de ac-

tividades que hacemos, pero no las mencionamos

todas. Además, en el devenir mismo de la gestión

surgen permanentemente nuevos temas, nuevas

circunstancias, nuevas formas de mejorar la asis-

tencia técnica o servicios que vamos dando en

nuestra acción con la sociedad civil.

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Los miembros del Comité de DD.HH. que han ana-

lizan los derechos civiles y políticos no son gente

que se está iniciando en el tema, no son gente que

tenga una intencionalidad política, no son gen-

te que esté en contra del proceso de cambio. Son

académicos, son expertos, son gente que tiene mu-

chos años trabajando en el tema y que está viendo

este tema no sólo en Bolivia, sino en varios paí-

ses de la región. La observación que hacen dice: el

Estado debe modificar igualmente la normativa

que regula la personería jurídica de las ONG para

eliminar los requisitos que restrinjan de manera

desproporcionada la capacidad de las ONG de

operar de manera libre, independiente y efectiva.

Este es un logro conseguido en Ginebra con una re-

comendación que le hace el Comité al Estado con

carácter vinculante y obligatorio, es decir, el Esta-

do en su informe en los próximos cuatro años tiene

que rendir cuentas sobre el cumplimiento de esto.

De los 26 temas planteados al Comité, 26 temas

han sido asumidos mediante recomendaciones.

Quienes han elaborado este informe, quienes han

hecho gestiones para este tema son organizaciones

de la sociedad civil que han participado en los ta-

lleres. Las redes de ONG que se han ido organizan-

do ante este estado de situación han encaminado

también un proceso de análisis sobre las restric-

ciones para acceder a las personerías jurídicas, las

limitaciones que está planteando la ley, la regla-

mentación, etc.

Elaborar informes ante los mecanismos interna-

cionales son procesos de la sociedad civil que se

hacen de forma independiente. La ministra de

Justicia que presentó el informe oficial en Ginebra

dijo en su intervención que el informe presentado

por el Estado Plurinacional sobre derechos civiles

y políticos lo habían elaborado con amplia partici-

pación de la sociedad civil.

Así como el Estado tiene la libertad de invitar a

quien quiera, nosotros, como sociedad civil, tene-

mos la misma libertad de elaborar informes alter-

nativos paralelos al informe oficial. Cuando nos

preguntaron si quisiéramos hacer un informe con

el Estado, hemos planteado esta consulta a las or-

ganizaciones de la sociedad civil y la decisión ha

sido categórica: queremos hacer un informe como

sociedad civil, independientemente del Estado.

En términos prácticos, hay un posicionamiento

político del Estado para exacerbar y valorar abun-

dantemente los derechos económicos, sociales

y culturales, lo cual está bien, pero contradice la

norma no solamente de derecho internacional de

DD.HH. sino el espíritu mismo de los DD.HH. en

su complementariedad, en su integralidad al ver

con desprecio y con un enfoque político adverso, el

ejercicio de los derechos civiles y políticos.

El preámbulo, la parte inicial del pacto internacio-

nal de derechos civiles y políticos y el pacto inter-

nacional de derechos económicos, sociales y cultu-

rales dicen exactamente lo mismo y solamente los

últimos párrafos se modifican ¿por qué?, porque se

ha llegado a un acuerdo político para que se aprue-

be la carta internacional de DD.HH. en la que es-

tán los pactos y los protocolos facultativos, cuando

debería haber un solo mecanismo que para revisar

todos los derechos y como se articulan entre sí.

He escuchado con mucha preocupación que fun-

cionarios, por ejemplo, cuando es incómoda alguna

declaración o algún fallo o alguna recomendación

del mecanismo interamericano como el Comité In-

teramericano o la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos, se refieren en forma despectiva en

contra de estos mecanismos “del imperio”.

Se han escuchado varias voces del gobierno que

dicen que tenemos que salir del sistema interame-

ricano, que no debemos reconocer la competencia

de los informes internacionales, de los mecanis-

mos internacionales cuando ha costado mucho su

construcción y son instrumentos de exigibilidad de

DD.HH. que nos protegen.

Una reflexión de parte de todos nosotros que he-

mos trabajado como ONG o como otras asociacio-

nes. Durante 40 años hemos defendido los DD.HH.

En la década del 70, 80 se trabajó muy bien en ese

sentido de buscar y de contrarrestar la dictadura,

pero los 30 y pico años restantes nos acomodamos

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al sistema y lo que está haciendo ahora en el go-

bierno le resulta fácil.

En todo nuestro trabajo como DD.HH. siempre

queríamos tener una acción crítica, es decir, qué

pasaba con la salud, qué pasaba con la educación,

defendiendo esos derechos que tenía el pueblo.

Mucho de lo que nos pasa es culpa nuestra. ¿He-

mos estado unidos en ese accionar, en una acción

mucho más crítica y profunda?

Es una etapa distinta, estamos teniendo varios años

de democracia y lo que se quiere es profundizar los

procesos democráticos, garantizar con mayor fuerza

las libertades democráticas y en ese camino estamos

encontrando muchos obstáculos y de hecho nos es-

tamos auto-restringiendo. A varias de las ONG en

todo el país les he escuchado decir: no quisiera co-

mentar eso porque nos van a tildar de oposición o

de derecha con las consiguientes limitaciones que

vamos a tener a futuro. Estamos en un estado en el

que tenemos grandes limitaciones porque creemos

que nos van a tildar de oposición política, de dere-

cha, de defensores del imperialismo y esa es otra

forma de limitar la capacidad de las instituciones.

Para el Estado es muy cómodo cuando nos con-

vocan, piden apoyo, recursos, estamos ahí firmes

como un soldado apoyando todas las actividades

que tiene que hacer, pero cuando no somos útiles

ni nos convocan, no estamos ahí para nada. No

tenemos tanques en las calles, no nos están acri-

billando, pero hay otras formas que están empe-

zando a restringir nuestros derechos y no tenemos

que esperar a que salgan los tanques, porque even-

tualmente en el futuro podrían volver a salir los

tanques a las calles. Lo que tenemos que hacer es

fortalecer las capacidades democráticas para que

no volvamos a llegar a esos extremos.

Preguntas y reflexiones

Si cada cuatro años tiene que hacerse un informe

de los Estados hacia las NNUU ¿no tienen alguna

sanción cuando no cumplen las normas escritas?.

(Organización social)

Paulo Bustillos

Los mecanismos tanto del sistema regional como

universal, son mecanismos que tienen una profun-

da valoración ética internacional. Queda claro que

el Estado ha presentado el informe oral, después

de 16 años, y de aquí a cuatro años presentará so-

bre los derechos civiles y políticos. Sobre otros de-

rechos, hay mecanismos de distintas convenciones

a las que se tiene que ir rindiendo informes, por

ejemplo, el siguiente año el Estado tiene que ren-

dir un informe al examen teórico universal.

Lo interesante de esos mecanismos de exigibilidad

es que no se quedan en las recomendaciones que

hacen al Estado y esperan cuatro años para ver que

se ha hecho, sino recae en el rol que nos damos

como sociedad civil para utilizar las recomenda-

ciones en el sistema interno como un mecanismo

de exigibilidad.

Con las compañeras trabajadoras del hogar, cuan-

do la Defensora del Pueblo era Ana Maria de Cam-

pero, nos reuníamos y en base a la recomendación

del Comité de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, insistíamos en que tengamos una ley

de trabajadoras del hogar. Utilizar esa recomen-

dación como un mecanismo que respalda nuestra

posición es lo importante y no esperar que pasen

cuatro años; más bien fortalecer la acción de inci-

dencia ante el Estado.

Bolivia ahora es reconocida en varias instancias y

la eligen para presidir, por ejemplo, el Grupo de

77 países más China. En UNASUR como en otros

espacios, es reconocida y es importante tomar en

cuenta eso para que como sociedad civil podamos

plantear en estos distintos espacios esta no protec-

ción de los derechos de manera integral bajo los

principios de los DD.HH. (ONG nacional)

Paulo Bustillos

Bolivia es uno de los países que menos utiliza el sis-

tema interamericano de defensa de DD.HH. es de-

cir, la cantidad de demandas que haya ante la Corte,

ante el Comité es mínima, es ínfima, debemos tener

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un promedio de uno por año desde que se ha creado

el mecanismo y con eso no quiero decir que alen-

temos a que mandemos un montón de demandas,

sino que no olvidemos que existe un sistema inter-

nacional de protección de DD.HH. que está a fa-

vor nuestro y que debemos de utilizarlo. Tenemos

que cualificar la elaboración y reporte de nuestros

informes. Sobre el tema de feminicidio, violencia

contra las mujeres, son reportes de CIDEM que

los miembros del Comité conocen, pero ¿qué pasa

con el incremento de la cantidad de casos de vio-

lencia? ¿Qué pasa con la falta de aplicación de la

ley? ¿Qué pasa con el tema de las ONG? En este

proceso estamos como coalición, como comunidad

de DDHH pero los convoco a que participen, a que

nos hagan llegar sus informaciones, sus reportes,

porque es información altamente valorada por los

mecanismos internacionales de vigilancia de estos

derechos.

Los informes no son mecanismos contenciosos,

son mecanismos de lucha, de juicio, o son meca-

nismos informativos pero tienen el efecto de una

recomendación del Comité que es como si fuera un

fallo del Comité Interamericano o de la Corte Inte-

ramericana de obligatorio cumplimiento.

¿Cómo me pueden quitar la personería jurídica lo-

calmente cuando la personería jurídica de una aso-

ciación viene otorgada por los organismos com-

petentes del país de fundación de la asociación?.

(ONG internacional)

Paulo Bustillos

Jurídicamente son dos escenarios muy diferencia-

dos. La Ley de Otorgación de Personerías Jurídicas

se aplica a entidades civiles bolivianas, no se aplica

a entidades extranjeras. Las ONG internacionales

están bajo otro régimen: suscriben un acuerdo mar-

co de cooperación con el Ministerio de Relaciones

Exteriores de Bolivia y, por lo tanto, si bien bolivia-

nos y extranjeros pueden constituir asociaciones y

entidades civiles en el país, bajo las leyes bolivianas,

el reconocimiento de personería jurídica de orga-

nizaciones afiliadas en otros países se exige por las

leyes del país donde fueron constituidas.

Sin embargo, esto luego es contradictorio porque

confluyen los dos caminos de las ONG nacionales y

extranjeras bajo la normativa que regula el registro

del VIPFE que tiene la capacidad de exigir cuando,

según otra entidad pública, la organización no esté

cumpliendo a cabalidad su rol, la revocatoria de

la personería jurídica, o a las ONG extranjeras la

cancelación del acuerdo marco de cooperación que

suscribe como ONG internacional en el país.

El limitar las posibilidades jurídicas no solamente

ha de perjudicar en temas de gestión de la organi-

zación, sino que ha de afectar a los beneficiarios de

los procesos, es decir, hay cuatro ONGs que están

haciendo trabajo en infraestructura, en capacita-

ción, en fortalecimiento y que por este tipo de me-

canismos administrativos burocráticos, se han de

ver limitados y afectados.

No estamos en contra de que se haga una adecua-

da fiscalización, de que se haga un adecuado segui-

miento, que se valore adecuadamente el valor de

licitud, que el Estado active sus mecanismos para

ver qué acciones son legales o ilegales, etc. Es un

rol que le compete al Estado.

De forma paralela y simultáneamente la misma

CPE incorpora otro control a parte del control

de constitucionalidad como es el control de

convencionalidad.

El control de convencionalidad es el acatamiento

de todos los Estados miembros de una convención

para su cumplimiento obligatorio. Ese control la-

mentablemente en nuestro medio no está siendo

ejercido a pesar de que es reconocido por la CPE

cuya denuncia, cuya posición de la sociedad civil

organizada pone en conocimiento de la Corte In-

ternacional de DD.HH. no pasar por la Comisión,

sino puede ahorrar muchos trámites que nos per-

judican como personas vulnerables. ¿Quiénes son

los titulares de los DD.HH.? Todos los ciudada-

nos, de todos los estamentos y cuál sería nuestro

papel para ejercer el control de convencionali-

dad?. (Independiente)

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Paulo Bustillos

Independientemente del carácter que pueda tener el

Tribunal Constitucional o los efectos que pudiéramos

causar, son procedimientos que tenemos que cum-

plir, es decir, si no logramos agotar el recurso interno,

una de las primeras cosas que nos pueden observar

es esa. Ojala no se lleguen a estos extremos y ojala las

gestiones que estamos haciendo, las recomendacio-

nes del Comité sean suficientes y que la voluntad y la

disposición política de las autoridades puedan alla-

nar este proceso que tiene que ver con simplemente

definir y plantear las reglas claras para que podamos

seguir con nuestras acciones y profundizarlas.

La gran contribución de las ONG a todos los pro-

cesos sociales es innegable, es indiscutible el rol

que están jugando ahora para promover las liber-

tades ciudadanas, promover el desarrollo, etc.

Entonces yo invoco a las autoridades públicas

e invoco también a la sociedad civil a que este-

mos muy pendientes de esto; no se trata de una

acción política de oposición, se trata del fortale-

cimiento del proceso democrático, de las reglas

democráticas y en al medida en que las libertades

ciudadanas, la libertad de acción se garantice, la

democracia también está garantizada, siempre en

el marco de la CPE.

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2. Participación de la sociedad civil en el contexto regional y nacional. Rol de las OSC

Muchas Gracias por la Invitación y por la oportu-

nidad de regresar a Bolivia. He vivido en La Paz

durante seis años, trabajando con OXFAM-Gran

Bretaña; mi trabajo no sólo ha sido en Bolivia sino

a nivel regional, mi experiencia de trabajo ha esta-

do vinculada con movimientos sociales y políticos

en la región, particularmente en Perú, donde es-

toy ahora de nuevo involucrado en temas sociales

y políticos indistintamente.En la actualidad estoy

coordinando una investigación promovida por

la Mesa de Articulación de Redes y Plataformas

Nacionales de ONG, espacio del cual forma par-

te UNITAS. Este estudio se basa en la amplia re-

flexión sobre el rol de las ONG en los países de la

Región Andina, por lo que voy a presentar algunas

de las ideas que estamos recogiendo y discutiendo

en la investigación, y que pueden ser útiles para el

debate que venimos desarrollando y para el inter-

cambio que están teniendo, pero hay dos cuestio-

nes previas que quisiera plantear con toda claridad

desde el inicio:

La primera cuestión es que las ONG en América

Latina, y particularmente en la Región Andina,

están viviendo en un clima de preocupación, in-

cluso de cierto pesimismo, lo que está llevando a

Eduardo Cáceres,Mesa de Articulacion, CEAAL - Perú

tener una actitud defensiva frente a las diferentes

situaciones en la Región. Yo quisiera precaverlos

sobre la actitud defensiva que, unida a la lógica de

supervivencia, es una mala entrada a las discusio-

nes. No lo digo por ustedes sino por otros casos, en

primer lugar por mi propio país (Perú). Yo soy de

los que creo que las ONG seguirán teniendo una

enorme vigencia en la región, siempre y cuando

seamos capaces de pensar en una radical reformu-

lación del rol de las ONG, ser capaces de repensar

nuestra forma de actuar y de trabajar.

Lo segundo que quiero decir, y lo digo así de mane-

ra cruda y directa, es que el estado de la democracia

y de los derechos en un país no se definen por cómo

tratan a las ONG. Sí es un componente de la situa-

ción política importante, y partiendo de esto es que

estamos viendo situaciones muy preocupantes en

muchos países. No tengo ninguna intención de pa-

sar estas situaciones por aguas tibias, pero sería un

error pensar y juzgar el mundo partiendo de una

realidad cuando el contexto es mucho más com-

plejo. En ese sentido, vamos encontrar elementos

positivos y algunas ideas para nuestro futuro de la

historia de las ONG en América Latina.

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Algunas ideas fuerza historia de las ONG en AL:

• Parte de proyecto popular

• Involucramiento en procesos políticos y sociales

• Derechos y reconocimiento

• Redistribución

• Pensamiento crítico

• Democracia sustancia

La historia común de las ONG en la región

La historia de las ONG en nuestra región tiene

rasgos parecidos. Las ONG nacen en los años 70,

estuve revisando la memoria de UNITAS y hay

algunas que emergieron antes de los 60, básica-

mente ligadas a la Iglesia, pero principalmente su

creación data de los años 70 y 80. En Perú las ONG

que conozco y de las que he participado, también

son de fines de los 70 y 80, por lo que la mayoría

datan de la misma década.

También podríamos decir que todas las ONG de

esos años, nacen y se identifican con un proyecto

popular. Esto lleva a que sean instituciones y orga-

nizaciones involucradas en procesos políticos y que

muy rápidamente asumen el enfoque y la lógica de

derechos. Este enfoque hace que estén muy vincu-

ladas a la lucha por el reconocimiento de poblacio-

nes, particularmente vulnerables y excluidas.

La lucha por el reconocimiento de los derechos,

principalmente la lideran los movimientos obre-

ros, los movimientos campesinos e indígenas

y, con mucha fuerza en las últimas décadas, los

movimientos de mujeres. Las ONG acompañan y

apoyan a éstas organizaciones y, en general, asu-

men una mirada de propuestas de políticas redis-

tributivas; en algunos casos más radicales y en

otros momentos menos, pero, en general, hay una

percepción de que hay un problema más allá de

la pobreza. Hay una clara identificación de que el

problema estructural en América Latina se llama

desigualdad, no sólo a nivel regional, sino que es

un problema estructural a nivel global.

Las ONG en América Latina y en nuestra región,

no sólo han sido activistas políticos, sino que han

representado un pensamiento crítico frente a la

realidad. Desde muy temprano, las ONG han te-

nido una mirada crítica de la democracia formal

y una apuesta por la democracia sustantiva, por

la democracia real. Menciono este aspecto porque

hay un tema de fondo de discusión sobre la demo-

cracia en la región y en el mundo. Ante este tema,

es conveniente ubicarnos adecuadamente, pero

lo veremos más adelante relacionando cómo es el

origen de las ONG y en qué situación están hoy en

la región.

El precedente de la discusión es que no sólo úni-

camente en el gobierno de Cambio de Bolivia, sino

en el de Perú, y de Colombia, Ecuador y Venezuela,

ha habido una década de crecimiento sin cambio

estructural basado en el extractivismo.

Esto nos puede llevar a críticas fáciles. La matriz

extractivista tiene 4 siglos de existencia en nues-

tra región y en base a esa matriz es que los países

viven en la actualidad. Pero lo sí se puede criticar

en la actualidad, es que no se den esfuerzos de co-

menzar a modificar esta matriz.

El único cambio estructural que he podido iden-

tificar en los países de la región andina, de cam-

bio de matriz energética, es el que se está pro-

duciendo en el Ecuador, que en dos o tres años

va a tener energía producida por hidroeléctricas

y va a cerrar todo tipo de plantas de energía de

fósiles de hidrocarburos… etc. Es el único cam-

bio, las demás ramas de producción están igual o

incluso se han incrementado. Tengo las listas de

la inversión minera en la región, del mineral en

las exportaciones, balanzas de pago… etc.

Pero son cambios complicados. Es cierto que ha

crecido la fiscalidad y el gasto público en todos los

países, sin excepción. Esto ha tenido impacto en

la pobreza que se ha reducido. Lo cuestionable de

esta reducción es si es sostenible o no, habría que

ver caso por caso. Hay una ligera reducción de la

desigualdad y esto es importante porque es la pri-

mera vez que en América Latina hay crecimiento

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con repercusión en la desigualdad. Hay tres paí-

ses que no han reducido desigualdad: Colombia,

República Dominicana y Guatemala: Todos los

demás han reducido algo. El que más ha reducido

es Venezuela y en el segundo lugar creo que esta

Argentina, son datos de CEPAL.

Desarrollo de los movimientos sociales

Un tercer aspecto. En general ha sido la década de

los movimientos sociales en la región andina. En

nuestros países, los movimientos sociales, lejos

de ser homogéneos, han incrementado su diversi-

ficación y, en algunos casos, la diversificación se

ha transformado incluso en fragmentación. Los

sectores de las clases medias no están claramente

afiliados a los movimientos que tienen mayor peso

y protagonismo en las sociedades.

Polarización política

Otro aspecto es que todos los países han vivido

procesos intensos de polarización política, algunos

de manera extrema, como el caso de Venezuela. En

Bolivia hemos tenido casos muy fuertes de pola-

rización política en la década de 70, lo mismo en

Ecuador y en Perú y Colombia.

Cambios del rol del Estado y de actores

Un quinto aspecto que es fundamental para enten-

der nuestro rol, son cambios en los roles del Esta-

do. Este cambio se vive en todos los países, en al-

gunos con más intensidad que en otros, en algunos

de manera más generalizada. El reposicionamien-

to del Estado en servicios públicos, en infraestruc-

tura, en planificación de la ayuda internacional y la

ayuda al desarrollo. Este aspecto va de la mano con

el tema de alineamiento de la ayuda y en otros ca-

sos es un tema de posicionamiento más específico.

Por último, en todos los países tenemos nuevas co-

rrelaciones políticas y nuevos actores. Los actores

políticos hoy en Bolivia, Perú, Ecuador y Colom-

bia, Venezuela son distintos de los que eran hace

10 o 15 años.

En Colombia y Chile no han cambiado tanto sus

actores por sus sistemas políticos. Como el caso de

Colombia, que incluso hablando fuera de los dos

grandes partidos tradicionales, los otros partidos

se nutren de los cuadros y de las ideas de partidos

tradicionales.

En los países andinos, las élites, sin ningún juicio

sobre si son mejores o peores, son diferentes. Un

ejemplo, hoy el congreso peruano no tiene nada

que ver con el congreso peruano de hace 15 años,

ni en composición partidaria ni en términos de ca-

lificaciones partidaria, ni rasgos étnicos. Sin eva-

luar si es mejor o peor, muchos sospechamos que

no es para mejor en términos de cambios.

Cambios en correlaciones de fuerzas regio-nales y globales

Un tema más de fondo es la transición en la hege-

monía global. Ya se está acabando la hegemonía

de EE.UU., va a demorar, pero ya está en declive.

Bolivia ha expulsado a USAID hace poco. En los

años 90 , si alguien se hubiera atrevido a expulsar

a un embajador de los Estados Unidos, ese país,

lo mínimo que hubiera tenido eran sanciones eco-

nómicas, bloqueos, suspensión de préstamos de

créditos y casi una invasión, eso ha pasado. Este

hecho de la expulsión de USAID revela en qué

mundo estamos y no sólo a nivel regional sino glo-

bal. Un ejemplo es lo que ha pasado en Siria, que

Rusia le ha cambiado el escenario a los EE.UU. en

el tema de invasión o negociación. El problema es

que todavía no hay un liderazgo que remplace el

anterior; a los chinos les ha sorprendido este asun-

to y están en tremendas discusiones de cómo se

ubican en un mundo con estas características. Este

asunto también tiene que ver con el la situación en

la que estamos y el rol de las ONG.

¿En qué situación nos encontramos?

En primer lugar, estamos frente a nuevas socieda-

des y nuevos Estados. Sociedades más complejas

y diversificadas y con intereses más diversos. Ante

nuevos estados, no sólo los que dicen ser nuevos y

que, además, son nuevos pero que repiten muchos

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de los hábitos y costumbres de los anteriores. En

este aspecto, el gran tema pendiente son las nue-

vas mediaciones entre sociedades y Estados. Lo

menciono porque no sólo tiene que ver con los

partidos políticos, tiene que ver también con las

ONG, ya que un rol importante que han jugado

es la mediación durante mucho tiempo entre Es-

tado-Sociedad. Este rol es el que se está cuestio-

nando fuertemente, no sólo en relación con la pro-

visión de servicios que el Estado dejó de prestar,

sino en una función que asumieron en la década

pasada, con entusiasmo, la incidencia sobre el

Estado. Y esto funcionaba, el problema es que el

esquema Estado- Sociedad se ha modificado o se

está modificando.

Ese rol ya no puede funcionar como antes, es cues-

tionado y es mal visto. En el caso de Perú se habló

de la nueva ruralidad, esta nueva forma de presen-

cia de las comunidades originalmente rurales ya

desplazadas al ámbito de la economía e ingresos.

Sin embargo, para muchas de las intervenciones

de las ONG peruanas, su objetivo es ayudar a estas

comunidades a que sigan viviendo en un modelo o

estructura que la propia comunidad ha abandona-

do hace décadas.

Un asunto que no había mencionado antes es el

nuevo rol que está jugando América Latina en el

mundo y, en particular, América del Sur con sus

recursos naturales. Hay una desatada disputa de

poder por control de territorios y recursos natu-

rales. Esta disputa incluye al Estado, a empresas

transnacionales, empresas estatales y economías

informales, ilegales… etc. Esto ha provocado la

fragmentación territorial de los países que se ha

intensificado en las últimas décadas. En el caso pe-

ruano, un ejemplo es el incidente en Puno: había

una movilización, paro y bloqueo por el intento del

Estado de restablecerse en la zona norte de Puno,

una zona de la minería informal e ilegal que atañe

a treinta mil familias mineras, que no van a permi-

tir que eso suceda. Entonces el tema de territorio

es un tema central.

Un gran tema pendiente de toda la discusión, es la

relación de todos estos elementos. En el momento

en el cual se intensifica la presión por el control

de territorios y recursos, se unen e intensifican

las disputas por el poder. Todos los poderes están

muy activos en todos nuestros países. También es

un momento en el que los Estados intentan posi-

cionarse en algunos o en todos los aspectos. Esto

está provocando la redefinición de las relaciones

de Estado- sociedad. Las ONG están ahí atrapadas

por todas estas tensiones y afrontando algunos

problemas específicos de nuestra propia institu-

cionalidad.

La idea de que la emergencia de los movimientos

sociales por sí sola, iba a significar la refundación

de la política de los Estados no ha sido así. Los mo-

vimientos sociales han hecho, y están haciendo,

una gran contribución a la refundación de la políti-

ca de los Estados, pero eso es mucho más complejo

que simplemente la convergencia de movimientos

en un determinado momento.

Por último, una situación importante es que las

fuentes fundamentales de financiamiento para las

ONG, la Cooperación Internacional, están atrave-

sando crisis económicas que derivan en profun-

das redefiniciones. La clave para esta evaluación

de la Cooperación Internacional son los acuerdos

de París. Estos hablan de que los objetivos de la

Cooperación se definen en los Estados y por los

gobiernos democráticamente elegidos. Esto ha ge-

nerado una tensión permanente, ¿hasta dónde es

el alineamiento con los gobiernos y hasta dónde es

autonomía de la cooperación?

A este cuestionamiento se une la percepción gene-

ralizada de que nuestros países ya están saliendo

de una situación que necesitaba la Cooperación

Internacional, y es que han pasado a ser países de

ingresos medios.

Conclusiones

Resumiendo, lo central es que estamos en un mo-

mento de redefinición de múltiples aspectos, entre

ellos, las agendas en las que las ONG están invo-

lucradas. A la vez, algunas ONG, están en un mo-

mento de redefinición de su institucionalidad y, en

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esto, uno de los serios problemas es la crisis de la

Cooperación Internacional.

Antes que preocuparnos por el tema de financia-

miento, un aspecto fundamental es la discusión

del rol de las ONG. Hay que pasar de una actitud

meramente defensiva a una actitud de construir

propuestas, de la reflexión crítica y autocritica. Las ONG no son los ángeles ni los demonios; den-tro de un espectro muy diverso, hay honestas y tramposas, como existen en los partidos y movi-mientos indígenas.

Una relación importante que repensar es la de Estado-Sociedad Civil/ONG, partiendo de que la sociedad civil no son las ONG, sino que éstas son parte de la sociedad civil. Es esta línea de lectura la qué nos toca hacer a las ONG.

Una lógica criticable del accionar de las ONG, he-redada del neoliberalismo, es suplir al Estado. Más aún, es parte de la lógica concesionar responsabili-dades del Estado para que las ejecuten ONG. Una de las diferencias es que la mayoría de las ONG tienen el enfoque de derechos. Muchas voces de la Cooperación afirman que no quieren cumplir las funciones del Estado, precisamente lo que buscan es que el Estado cumpla su papel.

Pero este rol de reposicionamiento, tanto del Esta-do como de las ONG, es peligroso porque está lleno de arbitrariedades. El Estado ante el cual estamos las ONG no es el ideal y esto genera tensiones so-bre cómo nos ubicamos. Implica también revisar la misión y visión de las ONG. Asimismo, implica repensar las prioridades temáticas, las estrategias de acción y, también, los cambios en las agencias internacionales con el famoso sector privado.

Hay muchas problemáticas que no se han supera-do (sólo ser país de renta media) y que son inacep-tables para los que trabajamos en acción social. Un ejemplo de esto en Perú, un país que ha crecido en 2 millones de personas, que está por encima de la línea de pobreza, no existen casas de refugio para mujeres golpeadas. Y es vergonzoso que tengamos que ir a la Unión Europea para pedir plata para las casas refugio.

Hay temas en la agenda que deberíamos comenzar

a pensar, en términos de nuestras propias socieda-

des civiles.

A mi manera de ver, implica recuperar el sentido

originario de las ONG. Debemos hacer memoria,

pensar de dónde venimos, pensar en núcleos de

activistas que se juntaba para promover una causa

en contextos muy difíciles, con un compromiso vo-

luntario y militante.

Me baso en la idea del accionar de las ONG como

colectivos de ciudadanos y ciudadanas que se aso-

cian libremente para sacar adelante causas rela-

cionadas con derechos humanos, derechos de las

mujeres, laborales, de medio ambiente, educación

de calidad. Que no tienen fines de lucre; que son

independientes del Estado; que promueven algún

interés común en el ámbito público; que tienen

una perspectiva de justicia social y/o transforma-

ción social. En base a esto, yo me imagino las ONG

Latinoamericanas del futuro, más parecidas a las

ONG ecuatorianas de hoy, pero esa transición es

complicada.

Creo que las ONG tienen una experiencia y un ca-

pital acumulado y actitud de compromiso que no

se debe perder. El desafío está en que debemos de

trazar y ver formas eficaces de transmitir este co-

nocimiento a las nuevas generaciones.

Algunos aspectos comunes de las ONG en la región

Las ONG, en su mayoría, inician en los 70 y rápi-

damente pasan de una visión desarrollista a una de

transformación social.

A fines de los 70, inicios de los 80, las ONG están

muy politizadas y articuladas con movimientos so-

ciales. Después vienen las reformas neoliberales lo

que ocasiona un punto de inflexión y de redefini-

ción del rol ONG.

Después viene el momento de las guerras sociales a

fines de los 90 yen la década del 2000, y en algunos

casos, ONG nuevas con el eje de acción ambientalista.

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Los dilemas que tenemos por delante

El primero ¿cuál es el sujeto de la acción de las

ONG? ¿son las instituciones sociales por sí mismas?

¿ o son los ciudadanos? Esto es importante que se

aclare porque si no terminamos poniendo la insti-

tución como sujeto y eso puede traer problemas de

cuál es la visión y misión de las ONG.

Otro dilema es cómo nos ubicamos en las nuevas

relaciones de poder y múltiples institucionalida-

des en las fronteras entre sociedad y Estado. Esta

situación se vuelve más compleja por los riesgos

de arbitrariedades que existen, por las nuevas economías.

Un ejemplo de la complejidad de la situación es la de los ambientalistas peruanos y la minería in-formal. Es más fácil criticar la gran minería, pero con más de 70.000 mineros informales, la mayoría originarios y pobres, la situación se complejiza.

Hace 30 años estaban mucho más claras las iden-tidades sociales y el frente común, ahora, antes de empezar la discusión de los recursos, debemos discutir sobre visión, misión y rol de trabajo de las ONG en el contexto de nuevas sociedades en la que estamos viviendo.

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Alejandro Almaraz,Experto en Tierra y Territorio

Un saludo cordial a todos los presentes. No me

voy a referir a las ONG, entendiendo que dentro

de la organización de este evento hay otras expo-

siciones como la que acabamos de escuchar que

tratan ese tema.

Más bien, parto de que ciertamente la sociedad ci-

vil no se reduce a las ONG.Me voy a referir a las

otras expresiones de la sociedad civil como son

las organizaciones sociales, a manera de reflexión

sobre la delicada situación que están viviendo en

nuestro país.

Lo primero que habría que reflexionar es que la

historia de la democracia boliviana se ha construi-

do, no desde el Estado ni desde los actores forma-

les de la política y no desde el sistema político, sino

desde la sociedad civil, particularmente desde las

organizaciones populares.

Las exclusiones que han habido hacia las organiza-

ciones sociales populares, basándose en un Estado

colonial como ha sido siempre el Estado boliviano.

Las organizaciones han venido cuestionando lo co-

lonial y creo que es una diferencia significativa con

el rol histórico de las organizaciones sociales en

muchos otros países de nuestro mismo continente.

Los observadores de la problemática social bolivia-

na y varios de nuestros propios vecinos, reconocen

con énfasis el gran peso que tienen las organiza-

ciones sociales populares de cuestionar el Estado y

el sistema político y todos los elementos coloniales

que se reproducen en el Estado boliviano.

El sector obrero y campesino particularmente,

han generado este cuestionamiento y, a partir de

él, se ha forjado la conquista de la democracia, por

lo menos es que de manera muy nítida muestra el

siglo XX. Seria largo hacer un repaso minucioso de

esta historia o de este rol, pero conviene apuntarlo

de manera breve en dos momentos:

El primero, la revolución nacional del 52, y el se-

gundo proceso que se ha vivido en las últimas dé-

cadas. La revolución nacional del 52, a tiempo de

cuestionar los elementos centrales en el carácter

colonial del Estado boliviano, consigue la existen-

cia real y parcial de la democracia liberal en nues-

tro país.

La existencia real de la democracia representati-

va y la institucionalidad liberal, no es obra de los

liberales, es obra de los indígenas sublevados, de

los obreros marxistas y de los mineros comunistas.

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Todos ellos movilizados en este proceso que des-

emboca en la revolución de 1952. Recordemos que

una de las principales conquistas de este proceso

es el voto universal, es hacer que la mayoría de los

bolivianos que quedan excluidos o por ser muje-

res o por ser indígenas o analfabetos, sean reco-

nocidos como ciudadanos,en contra de todos estos

elementos de los que se valía el poder oligárquico

para marginar a la gran mayoría de los bolivianos.

Es difícil concebir este proceso sin el rol central de

la Federación de Mineros que actúa, no por la con-

ducción clara por lo menos directa del MNR ni de

la diligencia política que se enfrenta hasta enton-

ces, sino que actúa en muchos sentidos de mane-

ra autónoma, bajo otro tipo de motivaciones y de

demandas.

Este proceso no se agota sólo con el rol de la gene-

ración de mineros, sino que este se extiende tras

muchas organizaciones populares, particularmen-

te las campesinas y con posterioridad a las obre-

ras, que jugaron un rol decisivo en este proceso

revolucionario.

Pasados los años, las organizaciones sociales, bajo

las demandas de sentido fundamentalmente de-

mocrático, cuestionaron la administración neoli-

beral y reproducción de la mentalidad colonial. Al

igual que el MNR tuvo poco que ver con la gesta-

ción de la revolución del 52, el MAS poco tuvo que

ver en la gestación de lo que ha venido a llamarse

el proceso de cambio.

Este proceso de cambio ha ido incluyendo la idea

de una secuencia de transformaciones que permi-

tan, no ajustes en las estructuras socioeconómicas,

sino transformaciones imperantes que están lejos

de ocurrir en el país y en el continente. Este pro-

ceso no ha sido impulsado por el MAS sino, nue-

vamente las organizaciones populares, y esta vez,

no desde el movimiento minero de tan larga tra-

yectoria revolucionaria, sino desde un emergente

movimiento indígena campesino.

Desde los años 90, cuando el movimiento indíge-

na campesino se constituye para demandar tierra

y territorio, es que se hacen los cuestionamientos

más profundos, no sólo de tierra y territorio, sino

que se demanda una nueva democracia que exce-

diera los márgenes de la democracia representativa.

La asamblea constituyente es el mecanismo de

convergencia de las demandas sociales populares.

Sectores rurales se movilizaron en torno a la dis-

cusión para la reforma agraria. Las movilizacio-

nes pasaron a las ciudades, la ofensiva popular en

contra de las reformas de mercado que tuvieron

sus hitos principales en la Guerra del Agua en Co-

chabamba, y en la Guerra del Gas en El Alto. Todo

esto finalmente convergió en la Asamblea Consti-

tuyente, pese a la derrota que el conjunto del sis-

tema político le declaró a la movilización indíge-

na del 2002. Aquella tercera marcha demandó la

Asamblea Constituyente y llegó, después de mar-

char un mes desde Santa Cruz hasta la ciudad de

La Paz. Los indígenas movilizados se encontraron

en La Paz en la dramática soledad de la aplastante

derrota, por obra de la derecha en alianza con el

MAS. Por obra, también, del sistema político que

se resistía ferozmente al cambio que era propicia-

do desde la sociedad civil, desde las organizaciones

sociales y populares.

Aquellos días del 2002, nunca los voy a olvidar por

la tremenda amargura que me produjeron y que

nos produjeron a todos los marchistas que en me-

sas de conversación se convirtió en una especie de

coro de pena. El presidente Tuto Quiroga concedió,

como gran cosa, unas mesas en las que los mar-

chistas éramos recibidos por funcionarios de cuar-

to nivel de los ministerios. En estas conversaciones

nos dijeron, con mayor o menor diplomacia, sim-

ple y llanamente NO a la Asamblea Constituyente.

Después de dos días de este tipo de diálogo abso-

lutamente inútil, tuvimos que retornar con la de-

rrota; no nos imaginábamos que un año después,

la Asamblea Constituyente estuviera absoluta-

mente instalada en las voluntades de la sociedad

civil de las organizaciones populares como de la

FEJUVE de El Alto y de una serie de sindicatos

obreros en todo el país. No podíamos imaginar

que, a lo largo y ancho de todo el movimiento

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indígena campesino, podíamos haber hecho una

extensa sumatoria de miles de organizaciones en

Bolivia que habían decidido un cambio de la de-

mocracia que superaba los márgenes de la tradicio-

nal democracia representativa. Que las propuestas

estaban en la línea de un contenido participativo,

comunitario que está reflejado en la Constitución

Política del Estado.

El sistema político, desde la izquierda y llegando

al MAS, sólo a último momento, después de la

constitución del amplio consenso nacional de las

organizaciones sociales, recién aceptó la Asamblea

Constituyente. Asumieron lo inevitable de las de-

mandas planteadas por los sectores populares.

De manera que lo que tuvo este proceso de trans-

formador, por parte del Estado y agotado hace dos

o tres años, no ha venido del sistema político ni de

los actores formales de la política, sino que ha sido

generado por actores informales pero muy efecti-

vos que hacen política desde la sociedad civil.

Los mismos contenidos transformadores de la

constitución vigente, los preceptos constitucio-

nales que diseñan una nueva democracia para

nuestro país han sido generados por las organiza-

ciones sociales. Los contenidos que aportan a la

Constitución la democracia participativa y la demo-

cracia comunitaria; los contenidos que perfilan una

nueva manera de manejar la producción y la econo-

mía, no vienen de los actores formalmente políti-

cos, incluyendo entre ellos al MAS. Concretamente,

éstos contenidos vienen del Pacto de Unidad que es

la alianza estratégica con un fuerte sentido de reac-

tivación étnica de las organizaciones representati-

vas del movimiento indígena y campesino.

Y en cuanto a las demás medidas del mismo Esta-

do, el gobierno central que entró el 2006, , tam-

bién fue decisiva la iniciativa y propuestas de las

organizaciones sociales populares.

Me parece indispensable reflexionar para adentrar-

nos a la discusión de lo que está pasando hoy en

Bolivia. La actualidad tiene que ver con estos ante-

cedentes de la larga e inmediata historia social, y

habrá que tomarlos en cuenta para considerarlos

para discutir en el momento crítico y problemático

que estamos viviendo.

La perspectiva de construir esa democracia plural

que está referida en la nueva Constitución Política

del Estado, debía haber sido sustituida y no com-

plementada por las instituciones de la democracia

representativa, de sentido liberal. Esta democracia

participativa y comunitaria que suponía el empo-

deramiento de la sociedad, debía haber pasado a

ejercer mayores derechos, y el Estado a dar mayo-

res garantías. Este proceso ha sido absolutamente

abandonado desde la gestión estatal.

Algo aún más grave, es la redención de las insti-

tuciones tradicionales y representativitas de la de-

mocracia liberal.

La sociedad civil debe dar continuidad al horizon-

te de la democracia participativa boliviana que, en

muchos casos, no sólo se basa en la dinámica autó-

noma de las mismas organizaciones sociales, sino

en sus instancias tradicionales, particularmente de

las autonomías indígenas.

Las autonomías indígenas no pueden concebirse

sin la organización tradicional de la comunidad

indígena originaria o campesina. Es esa organi-

zación tradicional y territorial la que tiene no sólo

que ser impulsada o reconocida por el Estado, sino

que tiene que ser protegida para que se materialice

en ella la democracia participativa.

La democracia participativa no es otra cosa, en el

caso de las autonomías, que el ayllu o el pueblo in-

dígena del oriente sean igualmente reconocidos a

las dinámicas tradicionales de las organizaciones

de la sociedad civil. Esto está cada vez más lejos de

las perspectivas con las que se administra el Esta-

do boliviano.

La libertad de organización, dentro de la estructu-

ra liberal del Estado boliviano, le ha permitido ac-

tuar pero afectando su esencia. Se ve claramente

en la actualidad, la regresión de la norma demo-

crática hacia la liberal. La justicia nunca ha estado

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más lejos de tener independencia, salvando los días

dramáticos de las dictaduras militares, incluso en

los años de la historia liberal. Otro caso dramático

de regresión es el reconocimiento de independen-

cia del Estado a las organizaciones sociales. Un caso

ilustrativo y contundente de esto es el caso dramá-

tico del movimiento indígena campesino que está

sufriendo una agresión muy fuerte e intensa por

parte del Estado, vía represión y coacción.

Finalmente contar que la movilización indígena

del TIPNIS es ilustrativa. Se quiso primero evitar

las acciones movilizadas; luego, imponer una con-

sulta que es un ejemplo notable distorsionado del

sentido democrático de la consulta. Si los indíge-

nas no cedían ante el soborno se tenía que ceder

ante el enjuiciamiento, persecución y la agresión

física de los dirigentes.

Esto ejemplifica muy bien el camino que se ha to-

mado para revertir, no solamente la visión autóno-

ma del movimiento indígena, sino la vigencia de

los derechos y las libertades democráticas.

Un apunte más, el conjunto de la sociedad civil tie-

ne también una importante singularidad y es que

ha demostrado que esta sociedad civil ha vencido

y puede seguir venciendo a quien pretende revertir

los derechos y el ejercicio de la democracia bolivia-

na que la sociedad civil ha profundizado.

Un ejemplo es que la movilización en el TIPNIS

ha vencido categóricamente el fraude escandaloso

llamado consulta. Y lo que es más importante, el

TIPNIS está ahí, resguardando el territorio indíge-

na y la autonomía de las comunidades indígenas.

No hay carretera, ni habrá carretera por el TIPNIS,

lo que habrá es un territorio respetado a partir de

la voluntad de sus comunidades.

Las comunidades del TIPNIS, son un ejemplo del

rol que debe recuperar y que deben seguir cum-

pliendo las organizaciones de la sociedad civil y las

organizaciones populares de nuestro país. Frente

a este rol es que debemos comprometernos los

que estamos de una u otra manera vinculados a

las ONG. Como se hizo en las décadas pasadas, las

organizaciones populares junto a otras organiza-

ciones civiles para construir la democracia, y estoy

de acuerdo en que debemos retornar a ese rol ori-

ginal de compromiso con la democracia y con sus

actores históricos.

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Esto es bastante doloroso, pero gracias a las orga-

nizaciones sociales que se han auto organizado y

han llevado a cabo las luchas se ha organizado la

sociedad civil.

Ahora, ¿cuál es el rol de las organizaciones sociales

y cuál era?, diez años atrás y en los ochenta nues-

tro rol era recuperar la democracia.

La democracia está gracias al pueblo y a las or-

ganizaciones la sociedad civil que recuperaron la

democracia. Una vez recuperada, ¿quien se ha be-

neficiado? No los pueblos indígenas ni las organi-

zaciones. El pago que hemos recibido: solamente

votar por algún partido político y este voto ha sido

entregado nada menos que a las transnacionales.

A las empresas se les ha entregado nuestros recur-

sos naturales.

Las organizaciones sociales y gente del campo, se

han dado cuenta de esto y han luchado por esto.

Han tomado a nuestros dirigentes, incluso han

sido perseguidos pero, poco a poco, se ha tomado

un rol importantísimo de buscar la liberación y la

dignidad del pueblo boliviano.

Luciano SánchezFederación Agraria Especial de Colonizadores del Alto Beni, FAECAB

La sociedad civil somos diferentes organizaciones

que provienen tanto del campo como de la ciu-

dad. Están conformadas por diferentes sectores:

transportistas, mineros campesinos, gremiales…

etc. Los campesinos estamos en organizaciones

interculturales como la CONAMAQ. Nosotros

como dirigentes tenemos muchas experiencias en

la organización también recogidas desde nuestros

abuelos, ex dirigentes. Nosotros nos hemos orga-

nizado por que ya ha habido bastante humillación,

marginación, discriminación. La lucha contra el

colonialismo viene de siglos atrás, como pueblo

indígena campesino, hasta las República. Son mu-

chas generaciones que han sufrido la exclusión

colonial, creo que muchos no conocen lo que ha

pasado en las comunidades campesinas. Tanta

humillación nos ha despertado y nos ha llevado

hacia adelante, a recuperar nuestros derechos y los

de todo el pueblo que estaba marginado.

Ha nacido Bolivia con dos Bolivias: una privilegiada,

y otra marginada. Una Bolivia que solamente servía

como esclavo para trabajar. Hasta la iglesia era con-

traría y al que quería estudiar había que cortarle la

lengua y se le amenazaba con cortarle los ojos.

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El pueblo indígena campesino ha pensado por todos

los de la ciudad y del campo. Algunos no estábamos

todavía orientados a la Asamblea Constituyente

como dijo nuestro compañero Alejandro Almaraz.

Al final de cuentas, las organizaciones se han uni-

do en el 2004 como símbolo de unidad, una sola

idea se plantea para Bolivia, para en el país: que

haya una Constitución que reconozca a todos, sin

exclusión. En ese momento las organizaciones so-

ciales en el campo y en la ciudad se han unido y

planteado una constitución que a nadie margine.

Yo estoy orgulloso de eso.

Finalmente las organizaciones, por supuesto tie-

nen cosas negativas, nadie puede ser perfecto y

algunas cosas tal vez hemos herrado. No las or-

ganizaciones, sino los dirigentes hemos cometido

errores.

Yo recuerdo cuando hemos demandado la Ley

INRA, en el 92, las organizaciones han parado la

oficina del INRA, era insoportable cómo los terra-

tenientes estaban acaparando la tierra. Se ha ela-

borado con el pueblo y los campesinos indígenas

una propuesta de Ley que ha costado vidas. Nos

han traicionado algunos de nuestros dirigentes

mismos, Alejandro sabe muy bien qué dirigentes

nos han traicionado. Yo recuerdo de nosotros los

interculturales que eran los ejecutivos Víctor Cam-

pero, estaba el compañero indígena Marcial Fabri-

cano, y de la Confederación única Román Loayza.

Esa ley salió mal, la ley tenía que cambiar la gran

propiedad, dividirla y terminar en pequeña pro-

piedad, nos han traicionado.

Estas cosas han pasado con las organizaciones so-

ciales, errores de nuestros dirigentes, pero gracias

a otros dirigentes formados que han salido adelan-

te, nuevamente se ha modificado la Ley junto a las

movilizaciones.

Esas luchas han propuesto el cambio de nuestro

país. Nos habían dicho que nuestras organizaciones

iban a gobernar y hemos planteado un proyecto

político, a ese proyecto se ha postulado el presi-

dente Evo Morales.

Hay errores y no podemos ocultarlo, pero el pue-

blo indígena campesino no estamos ayudando,

no estamos cumpliendo bien nuestro rol. Ahora,

los dirigentes hemos llegado al poder, pensamos

que ya somos el poder y que el gobierno nos va

solucionar todo. Hay ese problema, muchos di-

rigentes se están confiando en que todo lo va so-

lucionar el gobierno. Los dirigentes obedecen al

gobierno, el Gobierno dice: hagan esto y no hagan

lo otro, y le obedecen. Esto está pasando y, bajo

mi criterio, eso es un error de nosotros y no es un

error del gobierno.

Otra parte de los dirigentes están sólo detrás del

cargo, detrás del poder. Nos estamos peleando en-

tre nosotros en vez de orientarnos a las tareas im-

portantes que tenemos que hacer. Ya no se piensa

en una Bolivia para cambiar, las organizaciones

están queriendo dividir también.

En las comunidades ya no hay sindicato, no hay co-

munidad. Nosotros tenemos que mantenernos fir-

mes por lo que hemos luchado, firmes con nuestras

propuestas y con el gobierno que se está equivocando.

Hay que reflexionar y así podemos hacerlo, tene-

mos mucha responsabilidad de hoy en adelante

hacia las organizaciones la sociedad civil.

Donde estamos apuntando ahorita es peligroso

porque los pueblos indígenas originarios peleamos

entre nosotros y no solucionamos el problema, no

planteamos una línea correcta para el gobierno,

nos dejamos caer en la trampa; estamos haciendo

historia, queramos o no queramos. Hay errores,

los ministros nos están haciendo caer en la tram-

pa, y no ayudamos a los dirigentes.

Me preocupa bastante, porque hemos perdido vi-

das humanas y nuevamente podemos estar aplas-

tados los pueblos indígenas campesinos.

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Pueden llegar a decir “ahí está el pueblo indígena,

nos ha manejado y no ha administrado el Estado”.

Esto es peligroso para nosotros.

También podemos decir que hay una intencionali-

dad, hermanos, tratan de dividirnos cuando debe-

mos unirnos. Tenemos que construir una Bolivia

bajo una sola bandera y, en ese sentido, una sola

propuesta para todos.

Preguntas y reflexiones

Quiero referirme muy brevemente a la brillante ex-

posición que ha hecho el Dr. Almaraz en cuanto se

refiere a que el actual proceso de cambio ha enar-

bolado el postulado de la justicia social, ¿podría

decirnos el Dr. Almaraz si este proceso de cambio

ha creado o está creando los mecanismos, las insti-

tuciones para aumentar la producción y la produc-

tividad así como también el mecanismo o las insti-

tuciones para la distribución de la riquezas?.

Por otra parte, han definido al proceso de cam-

bio como un proceso anti-imperialista, libre de

toda dependencia, ¿este proceso ha creado o está

creando las bases tecnológicas, las bases económi-

cas para ese anti imperialismo, o es que estamos

nosotros sin la información adecuada? por ejem-

plo sabemos que las importaciones en Bolivia úl-

timamente han aumentado, los productos que se

importan son sobre todo artículos alimenticios

y, por este tipo de aspectos, no nos convence que

nuestro país hubiera disminuido su dependencia.

(Organización Social)

Compañero Cáceres, usted hace mención a un re-

planteamiento de las ONG para recuperar el ori-

gen de nuestra misión, visión y accionar. Yo qui-

siera escuchar un análisis del origen de las ONG,

con el rotulo del evento “La Libertad de Asociación

en Bolivia”. (ONG nacional)

Me parece muy importante lo que ha planteado

el señor Eduardo Cáceres, en el sentido de qué

rol tenemos las organizaciones sociales y civiles

a nivel Latinoamérica, a nivel regional. Yo creo

que el rol fundamental de las organizaciones so-

ciales de Latinoamérica, sobre todo campesinas

indígenas, es que han gestado un proceso que hoy

estamos viviendo en la región, de un cambio pro-

fundo que está en peligro ahora por la intromisión

de los sectores radicales. Nosotros, los movimien-

tos sociales de Bolivia, hemos sido impulsados a

partir de las formaciones y capacitaciones de las

ONG, desde los años 80 para adelante. Precisa-

mente, nuestro presidente fue uno de los formados

por esas ONG y, a nosotros personalmente, nos ex-

traña cómo hoy se refiere el Presidente hacia esas

ONG que han acompañado este proceso de cam-

bio, ¿a qué se debe eso?

Yo escucho un fuerte debate entre los movimientos

campesinos de la Confederación Única y la federa-

ción intercultural, y en este sentido va mi pregunta

al compañero Luciano Sánchez, ex ejecutivo de la

Única en Cochabamba: ¿a qué viene esa mirada

de individualización de propiedad, acaso nuestros

ancestros no eran colectivos y comunitarios?, ¿no

nos estamos volcando a la mercantilización y a la

empresa de nuestra producción en el agro? La ver-

dad yo estoy muy extrañado porque fui parte de la

construcción de este proceso de cambio y sigo es-

tando, y todavía tengo la esperanza de que efecti-

vamente este proceso de cambio llegue profunda-

mente a los sectores rurales y urbanos marginales.

(Organización Social)

Cuando hubo el Pacto de Unidad, había cinco pun-

tos importantes sobre el tema tierra y territorio.

Hasta el momento ¿qué porcentaje se está cum-

pliendo de esos puntos?

¿Quién es la derecha en este momento? ¿Por qué

los ministros son culpables y por qué no Evo? (Or-

ganización Social)

Eduardo Cáceres

Yo creo que el compañero Luciano ha dado una ex-

celente visión de los distintos niveles de lo que está

pasando en nuestro país. Ha identificado qué son

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los procesos y qué son las coyunturas y todo lo que

tiene entre manos Bolivia.

Yo vengo de Perú y puedo decir que envidio cien

veces lo que ustedes tienen aquí en Bolivia, con to-

dos los problemas, dificultades, peligros, y regre-

siones. No se imaginan ustedes lo diferente que es

lo que está pasando aquí con la situación de Perú,

en términos de proceso. Tampoco quiero decir con

esto que no esté pasando nada por el estilo, respal-

do todas las demandas que ustedes tienen frente a

las agresiones que se están viviendo. Realmente es

penoso, yo esperaría otro tipo de comportamiento

del Gobierno. Son cosas que suceden pero creo que

lo más relevante de lo que está sucediendo en Bo-

livia es que se sigue viviendo un proceso de cam-

bio, y el proceso de cambio no parte del gobierno

Evo o del gabinete de Evo, no es el MAS, sino es

el proceso social que se ha desencadenado en este

país. Según lo que he podido comprobar en este

día y medio, este proceso social sigue adelante con

conflictos y discusiones y con diversos personajes

y protagonistas. Lo que es importante es pelear

para defenderlo, luchar contra las regresiones.

Venezuela sigue siendo un país absolutamente de-

pendiente, sería lo mínimo después de quince años

ver cambios estructurales. Ellos tienen una socie-

dad rentista.

El Perú es incapaz de modificar su matriz pro-

ductiva. En el proceso en Bolivia, muy poco casi

nada es lo que se ha podido producir en el tema de

cambio de la matriz productiva y eso es serio, muy

complicado. Tiene siglos la matriz productiva y se-

gundo, no es solo un problema económico, es un

problema de la sociedad. Es una sociedad que se

ha acostumbrado a vivir de la renta del petróleo y

que por lo tanto hoy va a ser el principal obstáculo

modificar cómo se distribuye esa renta; lo prime-

ro que habría que hacer en Venezuela es subir 100

veces el precio de la gasolina, ¿ustedes saben que

en Venezuela se llena un tanque de gasolina con un

dólar y medio? Entonces, ¿cómo vas a diversificar

la economía de un país en cual prácticamente es-

tas regalando la gasolina? Aquí ustedes han vivido

algo parecido, en Bolivia el precio de la gasolina es

insostenible; lo primero que habría que hacer para

modificar el patrón de acumulación de producción

en Bolivia es modificar el precio de la gasolina. Es-

pecíficamente, esperaríamos de los países que tie-

nen procesos de cambios, pasos más decididos en

modificar el tema estructural en tema de la tierra,

y aquí, el colega Almaraz, ha hecho esfuerzos enor-

mes por avanzar en ese terreno, lamentablemente

logrando pocos resultados.

Para recuperar el sentido originario de ONG y sa-

car causas justas adelante, es decir, para ser, no

requieren reconocimiento legal, ni reconocimien-

to extranjero. Si hay este reconocimiento, mejor.

Es lamentable que estemos en esa pelea tan fun-

damental a estas alturas, pero la esencia es el de-

recho a la libertad de organización, la libertad de

quejarse, no lo que la Ley hace reconocer en ma-

teria de derecho formal. Hay que pelear en todos

los terrenos, sin duda también en el legal, pero lo

fundamental está al lado de nosotros, de lo que no-

sotros hagamos.

Alejandro Almaraz

Voy a tratar de resumir sobre lo que me parece que

son cosas más profundas y complejas, podrían de-

cirse que son el meollo del asunto lo que el com-

pañero de la Organización de Mineros preguntaba

acerca de que si se han transformado los mecanis-

mos de producción y de redistribución, lo que sig-

nificaría la profundidad de los cambios de carácter

estructural. La respuesta es muy clara, No. Pero no

solamente es negativa la respuesta, sino que ocu-

rre lo contrario. Se está viviendo en los dos o tres

últimos años, la revitalización de las estructuras de

producción y distribución de la riqueza en nuestro

país del capitalismo. Desde la gestión estatal, se

está dando la restructuración y el relanzamiento

agresivo del capitalismo y es el resultado principal

de la gestión de Evo. Después de la revolución bo-

livariana, Venezuela es más capitalista que nunca,

por no hablar de los otros países. En nuestro país,

los rasgos económicos responden a los rasgos que

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está viviendo mundialmente el capitalismo, su fuer-

te tendencia extractivista, el sub-neoliberalismo y se

retoma ciertas medidas liberales muy similares a las

reformas del ajuste estructural neoliberal de las dé-

cadas pasadas. A partir de los recursos estratégicos,

que tienen una importancia muy especial para la

sociedad boliviana, versa sobre el control del capital

trasnacional la exportación de los recursos no reno-

vables. En segundo lugar, de manera más pronun-

ciada, han salido varias empresas trasnacionales en

los últimos años, pero eso no se ha producido con el

sentido de devolverle u otorgarle el control efectivo

al Estado sobre la producción de los hidrocarburos,

sino con el sentido de reestructurar y fortalecer el

monopolio del control trasnacional de los hidrocar-

buros. Ahora, son dos empresas de las diez que había

antes, Petrobras y Repsol, que controlan, con la mis-

ma direccionalidad, la producción de alrededor de

diez años. La fase productiva de los hidrocarburos,

controlada estatalmente, es casi simbólica, verdade-

ramente insignificante; en la minería tenemos una

especia de reestructuración, de lanzamiento agresi-

vo del capitalismo, bajo la participación de las em-

presas capitalistas convencionales como la empresa

San Cristobal y algunas pocas más que controlan la

mayor parte de la producción minera. Otro compo-

nente fuerte sobre la situación capitalista minera, es

el sector cooperativo que no se trata de cooperati-

vismo, sino más bien de sociedades mercantiles, de

hecho, en vez de socios capitalistas tienen a la fuerza

de trabajo asalariada sometida a condiciones de ex-

plotación realmente primitivas, sin la gran mayoría

de los derechos sociales, con salarios bajísimos, en

condiciones de trabajo insalubres sometidas a ries-

gos espantosos… etc. No tenemos un sector verda-

deramente cooperativo que pudiera demostrar una

transición hacia formas no capitalistas de produc-

ción. Más bien hay una regresión.

Acerca de la diferencia de los tiempos neoliberales

en los que no había cuestionamientos liberales so-

bre el carácter comunitario, inalienable e indivisi-

ble, representando las formas de la territorialidad

indígena con las que debía ejercerse las propie-

dades campesinas de la tierra, ahora se pretende

resquebrajar ese sistema comunitario de la tierra

con el fin de introducir el mercado y la individua-

lización en la propiedad campesina. Los que que-

rían que se mercantilice la tierra eran el gobierno

neoliberal y, obviamente, los gremios empresaria-

les. En ningún momento la organización sindical,

campesina lo demandaba; ahora sí lo demandan y

lo imponen de manera ilícita e incluso delictiva en

muchos casos. Y no lo hacen solamente los empre-

sarios sino la organización campesina con el apoyo

del Estado. El Gobierno está promoviendo no sola-

mente las funciones del sector capitalista, resumi-

das en que el propietario trabaja con la fuerza de

trabajo asalariada de campesinos sin tierra, sino

que está entregando al mercado la propiedad de la

misma tierra, ya no solamente el maíz es mercan-

cía sino la misma tierra.

Yo nunca escuché que los que son antiguos diri-

gentes, con muchísima experiencia, con las viven-

cias acumuladas de las luchas campesinas, que

abogaran por la mercantilización de la tierra. Aho-

ra, los máximos dirigentes de la CSUTCB abogan

por la mercantilización de la tierra. Eso no hacia el

compañero Román Loayza, no hacia el compañero

Felipe Quispe, no lo hacia el compañero Genaro

Flores. Y sí lo ha venido haciendo el compañero

Isaac Avalos. No se ha visto a nadie tan empeñado

y tan eficiente, además, para inducir a la mercanti-

lización de la tierra que al máximo ejecutivo de la

CSUTCB. Y no me equivoco al decir que una bue-

na parte de las federaciones departamentales de

campesinos están dedicadas al loteamiento de las

tierras periurbanas. Esta es otra forma perversa,

agresiva y delincuencial de capitalismo que se da

en convertir, bajo el lucro más voraz, las parcelas

de cultivo y de tierras agrarias en zonas de urbani-

zación, vía loteamiento delictivo e ilícito. Ello, con

todas las grandes consecuencias para la vida de la

gente, para el equilibrio ecológico.

Este conjunto de elementos y de datos fácticos,

muestra que no estamos ante el proyecto que

impulsaron las organizaciones de la sociedad ci-

vil. Sino que el proyecto que ya vino y que está

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en plena ejecución desde la gestión estatal, es una

nueva fase de capitalismo reestructurado y re arti-

culado. A esto se une el contexto internacional en

el que también el capitalismo se ha reestructurado

en bloques, lo que nos da una referencia concreta y

contundente la explicación de la expulsión del em-

bajador y de USAID. Porque si bien USAID, en los

últimos años, daba unas migajas que aunque sien-

do migajas se las comían contentos los cocaleros,

ellos eran los destinatarios de USAID. Mientras

esa USAID se va, los que están decidiendo sobre

las políticas públicas y sobre aspectos estratégicos

de la gestión estatal, son bancos brasileros, ellos

deciden, por ejemplo, que la energía eléctrica en

vez de usarse para cambiar la estructura energé-

tica boliviana, sirva para resolver los problemas

energéticos del Brasil permitiendo, además, enor-

mes negocios para empresas trasnacionales de

sede brasilera.

No creo que las grandes constructoras Brasileras,

igual que Petrobras, sean empresas nacionales ni

mucho menos revolucionarias. Para mí, ellas son

el imperialismo. Yo nunca he entendido que el im-

perialismo sea el Presidente de los Estados Uni-

dos, ni USAID, ni la CIA; para mí ellos son meros

instrumentos del imperialismo, y el imperialismo,

en última instancia, es el capital financiero tras-

nacional que se está re-estructurando de manera

nacional y global. No veo ningún anti imperialis-

mo. La retórica, emotiva y simbólica expulsión

de USAID no es ni un consuelo, ni demostración

de liberación nacional. Lo que veo es un retroce-

so francamente dramático en educación, en bases

tecnológicas… hay un franco retroceso, en general.

Y los aspectos de interés de la sociedad boliviana

para la emancipación soñada y demandada, tienen

que ver el desarrollo sostenible de las tecnologías

para producir más y mejor, y de acuerdo a nuestros

auténticos intereses. Es francamente dramático

que en ninguna escuela de Bolivia se enseña a leer

y escribir en el idioma nativo. Me he dado cuenta

de manera directa, por mi experiencia como padre,

que la enseñanza de los idiomas nativos va ser una

farsa idéntica a la de los idiomas extranjeros. En-

tonces, no hay transformaciones estructurales, ni

hay anti imperialismo ni tampoco hay descoloni-

zación, sino más bien neo colonización.

En relación a esto voy hacer un apunte más, hay

un plus que le otorga este Gobierno al poder tradi-

cional y a las viejas estructuras de dominación que

es la legitimación de un presidente campesino, con

ministra campesina, con legisladores indígenas,

campesinos, obreros populares etc. actuando para

el relanzamiento y la reinstalación del capitalismo.

El hecho de creer que el Presidente era un campe-

sino, que no hace mucho estaba hace en nuestros

eventos y marchas; que sea parte de la estructura

orgánica del movimiento campesino, no quiere de-

cir que estemos (los campesinos) en el poder. En

primer lugar, porque las decisiones no son suyas,

¿o ustedes compañeros, han compartido algunas

de las últimas decisiones? Y si ustedes, las organi-

zaciones campesinas han decidido junto al Presi-

dente, yo les pregunto ¿porque están decidiendo

liquidar el proceso de reconducción comunitaria

de la Reforma Agraria? ¿Por qué han tomado deci-

siones que justamente le interesan al latifundista?

Si ustedes son los que toman las decisiones, ¿Por

qué han decidido el “perdonazo” a los desmontes

ilegales que van a impedir de redistribución de tres

millones de hectáreas? ¿Por qué están gobernando

para los patrones y para las transnacionales?

Yo entiendo que lo que hemos soñado, lo que que-

remos como democracia nueva y como transfor-

mación social, es hacer desaparecer esas estructu-

ras por las cuales unos tienen que estar arriba y

otros abajo, unos tienen que enriquecerse y otros

seguir subordinados. Yo entiendo que se trata de

que esas estructuras sean destruidas. En cambio,

siguen las mismas estructuras de injusticia, explo-

tación y opresión. Yo no creo en lo que dicen los

afines y el mismo Gobierno de “ahora nos toca a

nosotros“ pero, aun asumiendo esa perspectiva,

resulta que el cambio es el reemplazo de unos pri-

vilegiados por otros privilegiados, manteniendo las

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mismas estructuras de opresión, y en los de arriba

hay unos cuantos agregados, salidos de la diligen-

cia campesina, de las cooperativas mineras y del

narcotráfico. ¿El cambio y las políticas de redistri-

bución están en los Bonos? ¿Será eso la transfor-

mación de las estructuras? Por supuesto que no.

Para cerrar agrego que, sin embargo el proceso no

ha muerto. Yo también creo en el proceso de cam-

bio, pero el proceso en el que están ustedes del CO-

NAMAQ, MST. El movimiento y el proceso están

en ustedes y no en la administración del Estado.

Luciano Sánchez

Hermanos presentes, lamentablemente nos ha pe-

netrado hasta la sangre y el alma el neoliberalismo

y el capitalismo; por eso queremos la tierra no para

producir sino para el negocio, pensado en la plata

y no pensamos en la madre tierra.

La mayoría de nosotros bolivianos, ya sea de la Fe-

deración Única, ya sea de los Interculturales, se-

guimos pensando en la tierra para la venta y no

por sus frutos. Yo siempre he peleado desde tiem-

po atrás, con mis compañeros por la titulación de

la Tierra, pero me decían que el título, el papel es el

problema, la tierra es para trabajarla, al que traba-

ja la tierra nadie le quita porque está cumpliendo

una función social. Entonces, esto es lo que que-

remos cambiar. Muchos dirigentes, la mayoría,

siempre están pensando en que la tierra sea indi-

vidual. Yo admiro al sector de la CONAMAQ que

parte de la tierra comunitaria, parte del camino de

los abuelos.

Nosotros, por ejemplo, hemos hecho título comu-

nitario, y trabajamos de acuerdo a los usos y cos-

tumbres. El problema es que el individualismo nos

lo ha inculcado la colonización y el neoliberalismo,

no es culpa de nosotros.

Yo creo que tenemos que reflexionar sobre la re-

conducción comunitaria, no será perfecto, pero

están yendo bien las nuevas rotaciones comunita-

rias, pero es peligroso si individualizamos la tierra

y la vemos en función de la plata.

Les quiero decir, hermanos, que lo que ha pasado

con el tema tierra es que los ministros están min-

tiendo al Presidente. Yo soy del proceso de cam-

bio sincero, hemos peleado en las calles y por todo

lado, hemos hecho propuestas de cambio. Y quiero

decirles que lo que está pasando es que los dirigen-

tes no están cumpliendo con su rol.

Hay muchos errores que han cometido los compa-

ñeros dirigentes, no vamos a negar eso. La misma

Constitución no se aprobó como consensuamos

las organizaciones, la modificaron a puerta cerra-

da. Ese fue un error de nuestro Gobierno y hay que

reconocer que los dirigentes nos estamos descui-

dando mucho. Lo que a mí me preocupa es que los

errores pueden costar carísimo, pero tenemos que

partir de la crítica constructiva y no destructiva.

Creo que estos debates son necesarios y las ONG

siempre han impulsado éstos.

Cuando se han construido propuestas, anterior-

mente, muchas ONG han lanzado este tipo de

debates nacional y departamental. Así es como se

construye nuevamente, hay que reflexionar y sacar

adelante propuestas constructivas.

Nosotros como ONG, se ha dicho que hemos

acompañando las transformaciones sociales, y

también hemos sido alimentadas por una utopía

del socialismo y el vivir bien, desde la mirada de la

importancia de alimentar ideológicamente al pue-

blo, a las organizaciones sociales. No hay que ol-

vidar, que el pueblo, la parte que está en el poder,

está ahí porque no se ha roto bases estructurales.

(ONG nacional)

Nos falta informarnos, debatir, reflexionar en

alianzas. El problema es que a estos espacios ge-

nerados por las ONG, van los dirigentes, no repli-

can ni nos informan. Pido a las ONG que inviten

también a las bases. Tenemos que reunirnos todos

los dirigentes, yo quisiera que nos hablen y sepan

nuestros compañeros en las áreas rurales, noso-

tros les podemos invitar (a las ONG) para que nos

expliquen mejor y dialogar para poder avanzar.

(Organización Social)

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¿En Bolivia, cuantas ONG son?, ¿Qué papel impor-

tante juegan? ¿Hay resultados positivos o negativos?

Hablando de territorio, ¿Por qué somos pobres en

Bolivia? ¿A dónde va la plata? ¿Por qué en Bolivia

la consulta del Gobierno ha fracasado..?

Los gobiernos están actuando a su manera, a su

antojo igual en Bolivia, Perú…etc.

Bolivia está yendo a la individualización, dividien-

do y destruyendo y eso no se puede permitir. (Or-

ganización Social)

En principio quiero felicitar a los tres panelistas,

por el buen nivel que tienen de conocimiento y ex-

periencia. Quiero resaltar al compañero que viene

de Perú porque tiene una mirada externa que ubi-

ca el análisis regional.

El compañero de las organizaciones tiene la viven-

cia de los movimientos sociales y Alejandro tam-

bién siente y ha estado en la historia de ONG y de

los movimientos sociales del país.

Yo quiero contar la experiencia institucional del

año 2008 – 2009. Hemos trabajado con un pro-

yecto de Saneamiento de Tierras en la Región An-

dina de Cochabamba y ahí, hemos advertido la po-

sición de que la demanda de tierra colectiva es en

el oriente, porque en la zona donde estábamos tra-

bajando, tropezábamos, no con los dirigentes, sino

con los campesinos en el saneamiento colectivo.

En las zonas de pastoreo, en zonas que no tiene

mayor aprovechamiento, no había mayor dificul-

tad. Sin embargo, las zonas que estaban próximas

a las laderas de los ríos, no querían hacer un sanea-

miento colectivo. La postura con la que se trabajó

es la de responder a una demanda específicamente

de las bases. (ONG Nacional)

En Cochabamba estamos en el Sindicato Agrario

Pukara Grande y como organización hemos pro-

puesto la asociación comunitaria solidaria Ma-

ria Auxiliadora. Aquí no nos han aceptado y en

Cochabamba nos han rechazado. Nosotras somos

mujeres líderes y nuestra propuesta de propie-

dad colectiva tiene una función social que es que

nosotras podemos vivir libremente sin violencia.

Para nosotras la vivienda debe cumplir una fun-

ción social y no se debe usar la tierra como lucro.

Yo admiro al compañero Almaraz, él ha propuesto

esta función social de la tierra. Nuestros gobernan-

tes deberían escuchar a la población y hacer como

nosotras. Yo, como líder, consulto para cualquier

tema a mí comunidad, consulto a la base y llamo a

una reunión para ver si están de acuerdo o no con

cualquier proyecto. Nuestro Presidente debería es-

cucharnos también, igual que cualquier autoridad

local o nacional.

Para nuestro sub alcalde nosotros somos sus ene-

migos. Tratamos de hacer las cosas de manera co-

rrecta y legal y no nos quieren dar la personería

jurídica. (Organización Social)

Tres elementos quiero apuntar: la ausencia de re-

forma y profundización de la democracia, quizás el

mayor fracaso de esta región ha sido la democracia

participativa; cuando planteamos una superación

de la democracia representativa, de lo que se lla-

maba democracia pactada, estábamos hablando

de una profunda reforma de la sociedad. Hace dos

semanas en una reunión con los dirigentes campe-

sinos, hablando sobre cómo construir políticas, no

desde el estado, no desde el gobierno, sino desde

las bases, terminé mi exposición y varias compa-

ñeras del departamento de Pando y del Beni, se

acercaron a preguntarme por qué no podían sacar

un crédito de BDP en el Banco de Desarrollo Pro-

ductivo; y cuando le quise explicar a una señora

de edad que el BDP está construido como un ban-

co comercial, le dije “seguramente usted no tiene

sus garantías”. Ella me dijo, yo tengo un tractor,

solamente el problema es que no soy dirigente y

el crédito se lo están dando a los dirigentes”. Le

comenté que hable eso en su asamblea y denuncie

a los dirigentes, ella sólo me respondió: “acaso us-

ted quiere que me maten”. Es por ello que tenemos

que discutir el tema de la democracia en nuestras

organizaciones.

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Lo que está reflejando esto, es la capacidad que

tiene el gobierno para reducirnos nuestra libertad

de asociación, reducirnos nuestra libertad de ex-

presión, es en verdad la ausencia de la democracia

en nuestras organizaciones; es saber que Gonza-

lo Sánchez no pudo hacerlo tan eficazmente; han

despolitizarlo nuevamente la sociedad boliviana,

ese ha sido el mayor mandato del MAS, despoliti-

zar a la sociedad.

Yo les digo a los y a las dirigentes, a los compañe-

ros y las compañeras, no seamos loritos, no repita-

mos lo que dice el Gobierno. Digamos lo que nos

está pasando en nuestra realidad concreta. Discu-

tiremos porque no se llega a una unidad política

concreta. Qué está pasando con las escuelas, qué

está pasando con la producción, con el BDP… qué

está pasando con nuestra democracia.

El gobierno del MAS le ha tocado dos elementos

centrales: Un proceso de transformación histórico

boliviano que por fin rompió los techos de cristal

de la terrible exclusión social, basada en nuestro

origen étnico. Y el segundo tema: le ha tocado un

momento de crecimiento económico extraordina-

rio. Es verdad que hay mayor movilidad económi-

ca en el país, han aumentado los precios agrícolas,

también en el exterior y lógicamente la gente quie-

re especializarse porque el campo se ha transfor-

mado profundamente. Por eso los compañeros y

compañeras del campo quieren y tienen que pro-

ducir lo que les da plata, lo que les da dinero para

consumir. Pero, además, tienen que alquilar sus

tierras, no viven de lo que le dan sus tierras. Lo

que está pasando con la quinua es que están alqui-

lando tierras.

Cuando nosotros criticamos la presencia del capi-

tal en el campo, no criticamos el hecho de que a los

campesinos les esté yendo bien; criticamos la for-

ma de cómo se está mercantilizando la tierra, en

pocos años esas tierras van a ser degradadas y no

se va poder producir quinua. Y los que están alqui-

lando zonas productoras como tierra para quinua,

todo esa parte en tres a cinco años, los compañeros

y compañeras de la comunidad van a tener tierra

degradada y las personas que les han alquilado se

van a ir a otras zonas; y los que son propietarios,

no van a tener otra tierra y van a tener que aban-

donar esa tierra para siempre, o por lo menos en

un lustro de cinco años. Si el mercado dice que

produzcan sin orientación, ni información y pro-

yección de las consecuencias, nuestra base para la

producción se va a degradar acentuadamente.

Para eso queremos un gobierno revolucionario,

para que la tierra sea más productiva y esté orien-

tada al consumo de todo un país. Por decir esto, a

algunas ONG nos llaman “derechistas y gonistas”.

Dentro de poco nos van a impedir funcionar legal-

mente, nos van a llevar a la clandestinidad. Por

eso estamos demandando la discusión de recupe-

rar la democracia en estos espacios y en todos los

espacios de los organismos sociales, tenemos que

volver a demandar, volver a discutir la economía

pública con el derecho que tenemos los ciudada-

nos y ciudadanas de demandar eso: libertad de ex-

presión y libertad de asociación. (ONG Nacional).

Eduardo Cáceres

Sobre las 23 mil ONG registradas en un país como

Bolivia, no hay cómo hacer una valoración. Sólo

se podría hacer la valoración caso por caso y sec-

tor por sector. De esa manera vamos a encontrar

resultados mixtos: ONG que han trabajado bien

y han dado resultados invirtiendo de manera co-

rrecta los recursos como debían invertir; y hay

ONG que han sido fraudes. Vale la pena apuntar

que para Bolivia, Perú, Colombia, Europa…etc.

hay muchas ONG que son fraudes, como también

hay ONG que son exitosas y que se organizan para

acceder a fondos públicos. A nuestros países llega

el 30% de recursos, en el mejor de los casos, y el

70% se queda en Europa, y eso está documentado.

Este tema es un tema que requiere de vigilancia y

transparencia. Por eso cuando nos piden a noso-

tros vigilancia creo que está bien porque nosotros

no podemos auto vigilarnos, eso es una contradic-

ción del principio de división de poderes. Alguien

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tiene que vigilarnos, no queremos que sea el Esta-

do, queremos que alguien nos vigile, pero la auto

vigilancia no funciona, nunca ha funcionado ni

para las dictaduras ni para ONG, por más buenas

intenciones que queramos tener.

El tema de la consulta es muy importante. En Perú

se logró partir de las luchas sociales, incluso con el

gobierno de Alan Garcia, sacar una ley de consulta

previa. Ese fue un triunfo de los pueblos campesi-

nos y originarios. Ya con el gobierno de Humala,

hay problemas serios porque ya han cambiado 2 o

4 veces al ministro de interculturalidad, que es el

cargo que tiene que ver con esta reglamentación.

Pero el poder está tomado por décadas por el gran

capital, básicamente financiero y minero, que no

va a permitir que el Estado cumpla lo mínimo que

se espera de un Estado: ser garante de derechos.

Yo entiendo perfectamente la defensa que se hace

aquí de algunos elementos claves de la democracia

liberal y las comparto; pero más allá de ello, estoy

convencido que la crítica que se tenía a la democra-

cia liberal y la distribución de poderes, en el fondo

es un complejo mecanismo. Perú y Colombia son

ejemplos de eso, de que tenemos partidos “plura-

listas” y muchos periódicos, muchos de canales de

televisión, pero el poder está tomado por más de

30 años por un grupo que ejerce una dictadura po-

lítica y económica espectacular.

En este contexto, cualquier discusión es imposible

de los temas centrales de lo que sucede en nuestro

país. En realidad lo que deberíamos retomar es la

estrategia de la discusión histórica sobre la demo-

cracia liberal que está agonizando en el mundo.

Nuestra responsabilidad principal es encarar la

discusión de fondo ¿qué hacemos para de una vez

tener una democracia efectiva? Por otra parte, yo

comparto defender a muerte y con toda la solidari-

dad internacional, el ejercicio del derecho a la or-

ganización. El derecho lo tenemos nosotros, no es

que el Estado nos lo da. El Estado puede intentar

violar estos derechos.

No sé hasta dónde se puede llegar. Yo no creo que

se llegará al extremo en ninguno de los países del

área andina por la existencia de sociedad civil mu-

cho más fuerte y decisiva que la que había en Nica-

ragua cuando se generaron este tipo de conflictos.

Una última idea es la agenda de las ONG que es

uno de los temas que hay que repensar. Si hay que

recuperar el tema de la utopía, si es un problema

político o un problema de una ideología cerrada.

Es un gran diseño de sociedad alternativa que

durante los últimos años se generalizó con “otro

mundo es posible” y ahí se combinaron elementos

de post capitalismo, ecología…etc. Al final resultó

una cosa poco clara. Necesitamos estar más aten-

tos a los procesos de la sociedad real.

Alejandro Almaraz

Indudablemente la gestión estatal, el gobierno,

concretamente, está promoviendo por acción u

omisión ese impulso individualista y mercantiliza-

dor. Se lo hace por acción cuando ocurre lo que nos

dicen, que se obstruyen los trámites de las comuni-

dades para ejercer el derecho comunitario de desa-

rrollar proyectos de tipo comunitario; o cuando la

dirigencia actúa de manera directa, promoviendo

individualismo.

El proyecto y las expectativas mercantilizadoras

de la tierra es lo más importante, porque se hace

por omisión. Es decir, en vez de invertir en la pro-

ducción comunitaria (es ridículamente poca la

inversión pública en propiedad productiva comu-

nitaria. Dentro de la economía boliviana se tiene

algunos créditos de EMAPA y algunos otros pro-

yectos del fondo indígena), nuestra realidad nos

devela nuestros catorce mil millones de dólares

de reservas internacionales netas, depositadas -no

sé si invertidas es el término- en los bancos de los

países ricos con precios ridículos a título de segu-

ridad. No existe la utilización inmediata de esas

reservas, porque lo menos que se tarda en sacar

esa plata son seis meses, oxigenando con ello a

la banca, que es el verdadero imperialismo. Esa

es una manera muy efectiva de ir liquidando las

expectativas productivas del sector comunitario y

promoviendo el individualismo. ¿Cuál es el para-

digma de trasformación que perseguimos una vez

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que ha quedado atrás el socialismo denominado

real? No hay una respuesta. Tal vez eso sea algo

bueno que nos plantee el desafío de construir ese

paradigma contando con nuestra realidad, nues-

tras necesidades, expectativas.

Lo que se ha avanzado en esta línea es la cons-

trucción desde las bases, entre las cuales hay un

carácter central que es el carácter comunitario de

la propiedad de los medios de producción y de la

forma de organizar la producción. Desde ahí, la

construcción de una nueva democracia que rebal-

se, por la vía de la participación, a los márgenes de

la democracia liberal con la consulta.

El proyecto de Ley de Consulta se lo tiene que se-

guir negociando desde una posición autónoma de

las organizaciones indígenas y también avanzar

en los casos concretos de consulta. Para ello no

solo hay que pedir, hay que presionar… es el ca-

mino que siempre ha tenido la sociedad civil, los

sectores populares, el movimiento indígena para

alcanzar todo lo que ha logrado.

Luciano Sánchez

Hay que agradecer a las ONG que han trabajado

para este proceso de cambio. Ahora estamos de una

democracia liberal, democracia representativa, he-

mos llegado a la democracia participativa. Esa de-

mocracia participativa no la estamos utilizando co-

rrectamente. Nos estamos estancando. Ahí juegan

un rol importante las ONG, que tienen el derecho

de existir por estar en una democracia participativa.

Yo creo que hay que construir nuestro país entre

todas las organizaciones sociales, organizaciones

económicas. Todos somos bolivianos y todos tene-

mos que construir este país, esa es la esperanza.

Siempre van a haber cosas malas que sirven para

reflexionar, para conducir, no para destruirnos

como bolivianos

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3. Sostenibilidad política de las ONG en Bolivia. Marco normativo.

Luis Castillo PaulinoResponsable del estudio “Marcos normativos en la región andina” Mesa de Articulación de Redes y Plataformas de ONG de ALC, Asociación Nacional de Centros (ANC) Perú

“Sustentabilidad de las ONG, Marco Nor-mativo, tendencias y propuestas, constata-ciones en el proceso”.

Buenos días a todos y gracias a UNITAS por la in-

vitación. Agradezco que estén presentes las redes

de Bolivia en esta reunión. Para mi es importante,

además de brindar y socializar información, tener

la oportunidad de recoger insumos para el estudio

que estamos haciendo sobre el marco normativo

relacionado al accionar de las ONG en la subregión

andina. Debo señalar que es un tema complejo y

especializado, sin duda alguna, porque en cada

país de América Latina no hay una sola norma que

señale y defina el funcionamiento y accionar de las

ONG y a la que se adscriben el conjunto de estas

organizaciones y el conjunto de instituciones al-

rededor de la gestión en diversos ámbitos: ámbito

civil, tributario, laboral, comercial, administrativo,

cooperación técnica y también algunos en el ámbi-

to penal. Entonces cuando alguna vez un funcio-

nario de un Banco en Lima me pidió una reunión

para tratar el tema del marco legal de las ONG por-

que quería otorgar crédito a las ONG, le dije: existe

una cantidad de normas que tienen que cumplir,

mismas que se van construyendo a lo largo de los

años. La normativa sobre un sector, sin duda sigue

siendo una de las reservas intelectuales más im-

portantes en toda la Región.

Viabilidad de un marco constitucional que regule derechos esenciales básicos para los ciudadanos.

El punto de partida de estas organizaciones es el

régimen jurídico sobre el cual se constituyen las

llamadas Organizaciones No Gubernamentales,

en cuya definición todavía se trabaja y no existe

un consenso global. Lo que jurídicamente existe

detrás, son las Asociaciones Civiles conformadas

por grupos de ciudadanos que deciden impulsar

y crear una Asociación Civil o deciden constituir

una Fundación. En la medida en que estas organi-

zaciones deciden promover acciones o programas

de desarrollo con recursos propios o con el apoyo

de la cooperación internacional, van incursionan-

do en un escenario donde se les considera Organi-

zaciones no Gubernamentales. En el Perú aún no

se estipula la constitución jurídica de una ONG, lo

que se constituye jurídicamente es una Asociación

o una Fundación, esto a diferencia del caso bolivia-

no.El punto de partida es el derecho de asociación,

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como un derecho constitucional a la libertad de

asociación que es una institución antiquísima que

data del siglo XIX y que ha ido evolucionando. En-

tonces, una primera constatación es que de alguna

forma el derecho de asociación nació vinculado

históricamente al derecho de reunión ( concurren-

cia física) cuando un grupo de personas en un ám-

bito físico se reunían para expresar una petición,

hacer una protesta o hacer una aversión, Es por eso

que históricamente en las constituciones, tanto de

Bolivia como en Perú, Ecuador y la de Venezuela,

el derecho a la asociación nació unido al derecho

de reunión y ésta, en un inicio, estuvo sin duda en-

marcada en el derecho a reunirse o asociarse con

fines pacíficos sin portar armas, en fin, sin afectar

la seguridad pública. Por su carácter punitivo era

de tratamiento de las Prefecturas o de la Goberna-

ción o de los Ministerios que se encargaban de la

vigilancia de la Policía en ese entonces. La primera

vez que aparece en el caso de Bolivia es en la Cons-

titución de 1831 cuando en su Artículo cuarto se-

ñala que “toda persona tiene derecho de asociarse

y reunirse pacíficamente”, después de que habían

pasado ya cerca de una decena de constituciones

desde 1826. De ahí en adelante, hasta ahora, se ha

mantenido el derecho de reunión y libre asociación

dentro un solo marco. Actualmente en el Articulo

21 inciso cuarto, la Constitución garantiza a los

bolivianos y bolivianas el derecho a la libertad de

reunión y asociación, en forma pública y privada,

con fines lícitos. Ya pasaron 142 años, ocho Consti-

tuciones y ambos derechos siguen unidos.

Ahora la tendencia, sin duda global, es ir separan-

do ambos derechos, configurándose el derecho de

asociación como un derecho de concurrencia de

naturaleza vinculante que emana de la congrega-

ción de individuos con intereses comunes y fines

donde no es necesaria la reunión para que estas se

expresen, a diferencia de asociación, que está vi-

gente las 24 horas del día estés o no estés reunido

y, a veces, aunque no participes en las asambleas o

no vayas a las reuniones sigues siendo o te consi-

deras asociado porque estas identificado y te sien-

tes vinculado con los fines y el objeto social. Ade-

más, la Constitución Boliviana reconoce hoy en

día el derecho a la libre expresión y difusión libre

de pensamientos y opiniones por cualquier medio

de comunicación. En la Constitución de 1826 de

Bolivia, es muy interesante como nace incluso el

derecho a la libre expresión que se repite en siete u

ocho Constituciones más adelante, señalando que

en el tema de la gobernanza pública, el derecho

de libertad de expresión se somete a la autoridad

pero el tema de conciencia se somete a la voluntad

de Dios. Sin duda la Constitución Boliviana nació

claramente enmarcada en la Iglesia Católica de

origen romano; asimismo, se reconoce el derecho

de acceso a la información, sobre todo en la Cons-

titución de 2009 en la que se expresa el conteni-

do esencial de este derecho junto al derecho a la

participación social, siendo el Artículo 248 de la

Constitución extenso en cuanto a que los ciudada-

nos bolivianos y bolivianas tienen como derechos

el de participar en la formulación y aprobación de

las políticas públicas, así como en la vigilancia de

la gestión en las entidades públicas y empresas pú-

blicas, empresas de economía mixta y también en

los servicios públicos.

Alcance de los marcos civiles sobre el dere-cho de asociación y fundación y avances en su complejización

Existen aristas centrales en cuanto al derecho a la

asociación. Podemos señalar dos características: lo

primero es que si queremos formar una asociación,

no necesitamos autorización previa de una enti-

dad, un organismo o una oficina pública ycontar

con nuestros estatutos o nuestra carta social, que

no tengan que ser previamente revisados o contar

con el visto bueno de un funcionario del estado

para que luego siga el trámite de la inscripción de

la personería jurídica. Esto es muy importante. En

la situación boliviana, la nueva Ley No. 351 y su

Reglamento exige que previamente entreguen un

borrador de Estatuto para ver la finalidad y el obje-

to, su régimen asociativo, sus órganos de gobierno,

patrimonio, disolución, liquidación y otros, para

ver si están de acuerdo y, sólo a conformidad, da-

rían la autorización para que ya puedan ingresar

los documentos para el reconocimiento de la per-

sonería jurídica.Va mas allá cuando estipula que

deben promover el desarrollo económico social en

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concordancia con las políticas nacionales del go-

bierno. Debo señalar que muy pocos países tienen

una característica de ese tipo.

El otro elemento del contenido esencial de una

asociación es que no puede ser disuelta por una

Resolución Administrativa. Entonces, si la Consti-

tución garantiza el derecho a la libre asociación sin

condicionamientos, la revocatoria de la Personería

Jurídica por parte del Ministerio de Autonomías

y las Gobernaciones sin duda contraviene abierta-

mente con este principio esencial emanado de la

Constitución, porque una asociación solamente

podría ser disuelta por Resolución Judicial.Tuvi-

mos un caso similar en el Perú en el año 2007 con

la aprobación de la ley No. 28925. En esa ley se

establecía que las Asociaciones Civiles que sean

ONG, debieran inscribirse en los registros de la

oficina pública y de gobierno llamada Agencia Pe-

ruana de Cooperación Internacional (APCI), para

que, en caso de que cometieran una infracción en

el uso de los recursos de la cooperación, puedan

ser sancionados con la cancelación del Registro

de ONG. En el caso del Perú no es un registro que

otorga la personería jurídica si no es un registro

para que operen con los recursos de la Coopera-

ción y para que entreguen información anual, sin

embargo la cancelación de ese registro de ONG en

Perú, impedía que éstas pudieran acceder a nue-

vos recursos de la Cooperación y si la única fuente

de ingresos de esas ONG era la Cooperación, sin

duda la cancelación administrativa de su regis-

tro equivaldría a impedir el funcionamiento de

esa asociación civil. Eso paso con la Ley en el año

2007.Las ONG peruanas presentaron una Acción

de Inconstitucionalidad; luego de un año, el Tri-

bunal Constitucional, en un escenario polariza-

do donde las fuerzas conservadoras y sobre todo

antiONG que dominaban el Congreso, emitió la

Sentencia declarando Inconstitucional la sanción

de cancelación de registro de ONG., Hoy en día ya

no se aplica esta ley, por ende tampoco se aplican

los reglamentos. En el caso del Perú, las sanciones

llegan hasta la multa y la suspensión del registro

pero ya no implica la cancelación de registro. O sea

no opera la disolución administrativa en el caso

Peruano. El derecho de libre asociación se ha ex-

tendido tanto, incursionando en dominios priva-

dos y públicos, que leerlo a partir del Código Civil

es insuficiente. Se están creando nuevas formas de

asociación y no hay regulación al respecto. Enton-

ces ya no basta lo que señala el Código Civil, la Ley

351 y otras normas.

La tendencia es que la asociación común está ce-

diendo paso a asociaciones temáticas y asociacio-

nes de carácter territorial, cada una con legislación

propia y en el caso de Bolivia, se ha trascendido

en Asociaciones sin Fines de Lucro denominadas

ONG y también Organizaciones Sociales que tie-

nen un registro propio. Los procesos administra-

tivos se van diferenciando, generando en la Re-

gión una jurisprudencia administrativa y judicial

en torno al derecho de la libre asociación; existen

sentencias que amparan a los asociados que hayan

sido excluidos indebidamente, existen casos don-

de se han judicializado. En materia de asociación,

uno de los temas recurrentes son las garantías para

que una sociedad jurídica no pueda ser excluida de

una plataforma porque las otras no simpatizan y

toman un acuerdo para excluirla. Esta acude a un

Tribunal y obtiene una Sentencia favorable para

ser reintegrada o en el caso en que una asociación

no puede funcionar de acuerdo a sus estatutos y el

Consejo Directivo, la Junta Directiva toma medi-

das porque considera que ponen en riesgo el pa-

trimonio institucional, existe un proceso donde se

toman medidas cautelares por el cual un grupo de

asociados puede pedir a un Juez la administración

judicial de la asociación mientras se resuelve el

conflicto interno, o cuando alguna asociación ha

sido impugnada con medidas administrativas por

parte del Estado sabiendo que las Cortes sientan

jurisprudencia judicial y administrativa, se genera

un nuevo marco jurídico con jurisprudencia es-

pecializada que nos permite sistematizar la cons-

trucción del nuevo marco normativo de asociación

en el país.

También uno de los temas esenciales al interior

de estas organizaciones es el tema de cómo éstas

acceden a fuentes de financiamiento. El un crite-

rio común en el derecho, en la doctrina, también

es que las organizaciones por el solo mérito de su

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personería jurídica y sin que requieran autoriza-

ción de parte de una oficina pública, están autori-

zadas para celebrar un contrato con una persona

natural con una persona jurídica sea nacional o ex-

tranjera. Con la personería jurídica nace también

el derecho de las asociaciones a la libre contrata-

ción, sean públicas o privadas, nacionales o ex-

tranjeras, para acceder a fondos de ayuda y coope-

ración. En este tema existen pronunciamientos del

Sistema de Naciones Unidas, existen regulaciones

de procesos administrativos para el acceso a con-

sultorías y fondos públicos y fondos de la Coope-

ración técnica, aunque cada vez más restrictivos.

Estamos observando que la tendencia en la región

en cuanto a que la participación de la Cooperación

en la torta de ingresos en las ONG se está redu-

ciendo y está creciendo, más bien, la participación

en fondos públicos a través de la contratación de

consultaría que celebran las ONG con los Estados

a través de distintas reparticiones, esto influye en

el marco legal. En la región existen pocos mecanis-

mos para que las ONG puedan acceder o interme-

diar a fuentes de cooperación a través del Estado,

es decir que la política de cooperación en la región

no se ha visibilizado en el establecimiento de me-

canismos que faciliten el acceso a fondos, por lo

que las ONG tienen que seguir bajo la política del

“sálvese quien pueda”, esto ante la ausencia de una

estrategia de cooperación.

Observamos que existen procedimientos o me-

canismos para que las ONG accedan a los fondos

públicos vía contrato de consultaría, sin embargo,

también se está viendo en la Región más restriccio-

nes para el acceso a esos fondos porque, en algunos

contratos, se empiezan a poner como requisito que

tienen que ser empresas o consorcio de empresas

y que no pueden participar las asociaciones civiles

o fundaciones, entonces, eso ha hecho que se adju-

diquen como personas naturales y luego hacen un

subcontrato con la ONG. Asimismo, tenemos una

realidad muy importante que tiene que ver con la

ejecución de los fondos públicos y las fuentes de

cooperación, por ejemplo, veamos cuánto de Coo-

peración Técnica Internacional recibe el Gobierno

de Bolivia de manera oficial, cuántos Convenios

Marco de Cooperación firma la Cancillería con

organismos multilaterales o los fondos globales o

las agencias de relación internacional. La coope-

ración oficial que llega al Estado es considerable,

y nos debiéramos preguntar si esto se ejecuta di-

rectamente o subcontratan; en el caso del Perú

entran cuatrocientos millones de dólares al año de

Cooperación Oficial y el 50% es ejecutado por las

ONG Peruanas, lo que refleja sin duda un tema de

capacidad de gestión de parte del Estado para eje-

cutar. Entonces, esta es una fuente de ingreso muy

importante en la cual hay que colocar la mirada en

los años venideros.

Avances en las regulaciones administrativas,fiscales,financierasylaborales

Los marcos administrativos, fiscales, financie-

ros y laborales evolucionan cada vez más hacia la

imposición de mayores mecanismos de control y

restricción contra las Asociaciones y Fundaciones

en la utilización de los fondos de ayuda. Veamos

el tema de las regulaciones fiscales o tributarias

administrativas y laborales que se aplican. Está

la Ley de impuestos a la renta, hay que mirar la

Ley del I.V.A. y algunas normas que establecen

exoneraciones beneficios o deducciones especia-

les, normas que establecen registros adicionales,

hasta las normas municipales que establecen res-

tricciones administrativas. Sin duda estos marcos

administrativos, fiscales, financieros y laborales,

por ahora están encaminados a mayores restric-

ciones en la gestión propi. Hoy en día una ONG

funciona como una empresa solo que no paga im-

puestos a la renta, pero tiene que contener todo

los libros y registros y cumplir con todas las im-

posiciones que hay en el tema de contrataciones

de trabajadores, de consultores, de declaraciones

de impuestos o la venta de bienes o prestación de

servicios, en algunos casos, o en el tema de las de-

claraciones que se hacen a los Bancos por temas

de inteligencia financiera o en el tema también de

las declaraciones que se realizan por el beneficios

fiscales, están obligados a llenar ciertos registros

y a deducir créditos de todas las operaciones de

venta y prestación de servicios que realicen y esto

supone sin duda control administrativo de parte

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de las entidades pertinentes. Esto implica también

inspecciones de trabajo, fiscalización tributaria y

administrativa. No cabe duda que en todo esto uno

de los temas más sensibles en la Región es el tema

del impuesto a la renta y la exoneración para enti-

dades sin fines de lucro. Esto surgió de una teoría

de los años 60. En realidad algunos dirán que co-

nocen asociaciones civiles que no han pagado im-

puesto a la renta en la medida que en sus estatutos

establecen ciertas estipulaciones para poder aco-

gerse de esa forma a la exoneración. Este beneficio

implica controles tributarios periódicos. En el caso

del Perú es más complicado, hay una restricción en

otorgar exoneración de impuesto a la renta, es una

batalla, que no se imaginan, crear una asociación,

una ONG, es una incertidumbre, no tanto porque

si se va a lograr la personaría jurídica sino porque

si se va a lograr la exoneración del impuesto a la

renta, y si no se logra, la asociación debe ver de

dónde lo paga porque ningún proyecto de Coope-

ración tiene esa partida de gasto ¿de dónde saldría?

de la cuota social? en fin, son temas en los cuales

hay que poner una mirada y sobre todo cuando por

problemas fiscales los gobiernos empiezan a apre-

tarle el cuello a las organizaciones no lucrativas. La

tendencia en el Perú es que ya nos están apretando

el cuello o sea el Gobierno quiere elevar la tasa de

crecimiento de recaudación fiscal y sin duda ven

la manera de donde sacar el dinero y empiezan

a ajustar también a las ONG. En la Región ya se

avizora el diseño de procedimientos de control de

fiscalización y de sanción para aquellas institucio-

nes con los llamados registros de ONG, pero ya no

sobre los temas estatutarios si cumplen sus fines,

en fin, sino sobre el uso que le dan a los recursos de

Cooperación Internacional y entonces los conve-

nios de cooperación se están convirtiendo en una

herramienta de control. En Bolivia aún no se esta-

blece infracciones por el mal uso de los recursos

de cooperación internacional. A nivel de la Región

estamos caminando hacia un escenario donde una

de las sanciones, como ocurrió en el caso Peruano,

fue la cancelación de registro pero que fue sin duda

enervada por una sentencia constitucional perua-

na y se puede tejer una maraña o un complejo de

una nueva normativa si se quiere poner la puntería

en el uso de recursos de la cooperación internacio-

nal, por ejemplo, la no declaración de fondos en

el año anterior, si destinas fondos a fines distintos

al convenio, si no exhibes documentos, contratos,

convenios, facturas, ejecutadas en virtud del con-

venio con la cooperación, en todos estos casos se

aplica una sanción, o si dedicas fondos de la coo-

peración para actividades que puedan afectar el

orden o las buenas costumbres o quebrar el prin-

cipio de seguridad pública, también te aplican una

sanción; son medidas que fueron emitidas por un

gobierno democrático, pero observamos que, in-

cluso en el caso de gobiernos de izquierda que han

llegado a través de elecciones democráticas, han

intentado alinear la acción de las organizaciones

no gubernamentales a las políticas y programas

sectoriales de gobierno y si no te alineas, entonces

ven la manera de cómo pueden coartar y propiciar

a la fuerza ese alineamiento. Si es preocupante, esa

es la tendencia en el caso de Bolivia, pero también

se avizora en la Región un marco normativo que

podría derivar en disposiciones de materia penal

que identifiquen a las personas que intervengan

en movilizaciones, protestas, mítines que afecten

a la tranquilidad del orden público o la seguridad

pública, y estas pudieran afectar a algunas ONGs

porque ya tenemos casos de ONG sancionadas por

participar en actos de protestas, denuncias a sus

directivos, incluso hay casos de inhabilitación pe-

nal que es una intervención civil de directivos de

ONG que, por haber sido participes de estas pro-

testas, ya no pueden participar en la creación de

una ONG o ser directivo de una ONG, este es un

elemento preocupante.

Debilidades en la transparencia y ética de la intervención

Un tema vinculado al marco normativo, es el tema

de la transparencia y la rendición de cuentas al in-

terior de las ONG. Hablamos de la auto regulación

sin necesidad de que una ley obligue, tratándose

de algo sustancial que hace a la ética de nuestra in-

tervención, el hecho de rendir cuentas a las agen-

cias y a nuestros beneficiarios sobre la ejecución

de fondos de la cooperación. Son importantes los

Códigos de Ética y tener al día los estados financie-

ros; deberíamos dar ejemplo en eso poniendo en

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práctica estos marcos auto regulatorios. Pongan

especial atención en la asignación de personal, la

asignación de ingresos y las declaraciones oficia-

les que presentamos ante instancias públicas y la

publicidad de los resultados y memorias donde

damos cuenta de nuestros estados financieros de

la asociación.Muchas de ellas no cuentan con es-

tas publicaciones y es ahí donde encontramos las

mayores debilidades en el tema de transparencia.

En Perú tenemos algún caso donde los directivos

ganan mucho más que el resto de los trabajadores,

siendo esta diferencia muy marcada esto puede

ser objeto de sanción, todo debe estar concordan-

te con los principios de la asociación, tampoco se

pude cambiar de un momento a otro la realización

de actividades, todo debe estar conforme a lo sus-

crito en el convenio y términos de referencia, cual-

quier cambio debe ser comunicado a la agencia y

los cambios de actividades deben contar con auto-

rización, comunicación o carta de autorización de

la agencia. Además en el Perú, una ONG es san-

cionada si es que no ejecuta todos los fondos que

debe estar en concordancia con los términos de

referencia y con el plan operativo de cada proyecto

y la consistencia de las declaraciones oficiales que

deben presentar sin duda estas ONG al gobierno.

Hoja de ruta para el consenso

Una página final es trabajar recomendaciones para

un marco legal en la Región, lo cual no implica un

código común sino poner la mirada en lo que he-

mos señalado: propiciar un entorno favorable para

la Región que nos lleve a perfeccionar el derecho de

asociación, sobre todo a nivel constitucional si no

se puede a nivel del código civil, para que se esta-

blezca, junto a la garantía de libertad de asociación

con fines lícitos, la garantía de no tener que contar

con una autorización previa de instancias estatales

y la garantía de que no pueden ser disueltas por vía

administrativa, este es un camino a trabajar.

Consideramos que en la Región se hace necesario

sistematizar las nuevas formas de asociación que

se vienen creando y legislando, esto, al menos para

establecer las características de su relacionamien-

to y ver si en ella hay una vulneración o no del

contenido esencial de dicha asociación mirándolo

desde el punto de vista del bloque constitucional.

Asimismo, favorecer el desarrollo de espacios na-

cionales de participación para la consulta y gestión

de la Política de Cooperación, a través de mesas

multisectoriales o mesas bipartitas, en fin, hay

sectores o hay ministerios donde podrían haber

mesas donde participan el gobierno, las ONG que

pueden canalizar ayuda oficial a agencias multila-

terales para que este colectivo lo ejecute. De esa

forma participamos en la articulación de la coope-

ración por la vía pública y privada.

Además debemos propiciar la desregulación de las

restricciones en los procesos administrativos legales

para el acceso de las asociaciones y fundaciones a

fondos públicos, o bajar el tono a esa sobre regula-

ción, e intentar eliminar algunos medios abusivos de

fiscalización por el solo hecho de estar inscritos en

un registro de ONG, y sobre todo cuando el conve-

nio de cooperación sea un pretexto para ello, inven-

tando sanciones o infracciones que de alguna forma

puede minar la gestión y la capacidad de las ONG.

No debemos olvidar brindar toda la información so-

bre el impacto de las intervenciones y los resultados

económicos y administrativos de la gestión, y final-

mente, también se debe trabajar por crear y pro-

mover espacios de diálogo político con el gobierno

donde participen las ONG, tanto sujetos de la po-

lítica pública para diseños de planes de gobiernos

como ya lo tienen plasmado ustedes en la cons-

titución pero es un tema que hay que desarrollar

y promover y, sobre todo, hay que desenvolverlo

para avanzar mas allá de la Ley de Participación

y Control Social que tienen y profundizarse con la

participación de ONG.

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Fernando Aguirre,Bufete Aguirre & Asociados

En nuestro país tenemos claramente separados el

reconocimiento de personería jurídica y el registro

de ONG. Otro tema que tocare es del régimen san-

cionatorio, tema sustancial y clave para el accionar

de las ONG.

En cuanto a la revocatoria de la personería por los

incumplimientos de adecuación de los estatutos

y los reglamentos, debemos recordar que las Pre-

fecturas, en su momento, bajo lo establecido en el

Código civil y ahora las Gobernaciones, requieren

siempre un trámite especifico de reconocimiento,

esto a parte del tema del registro de ONG. Enton-

ces aquí tenemos una vieja discusión en materia de

derecho administrativo sobre el carácter y el alcan-

ce de los registros y si estos son constitutivos. Des-

de una óptica técnico jurídica, la Ley 351 y en par-

ticular lo que dice el Decreto Reglamentario 1597,

para decir de la técnica administrativa este excede

a la Ley, podríamos discutir acerca de la legalidad

del exceso de esta reglamentación en relación a la

ley y no voy hablar mucho de la Resolución 125 que

concierne a las redes, que considero tiene una se-

rie de problemas y ambigüedades.

Estamos en un contexto político complejo, ustedes

lo conocen, y lo que inquieta lógicamente en estos

trámites, es un tratamiento discriminatorio por ra-

zones ideológicas-políticas como se comentó antes.

Quiero mencionar tres principios de este proyecto

de ley: está primero el principio de libre asociación,

segundo, para subrayar un aspecto del principio de

la libre asociación, está el derecho de la libertad de

acción, tema complicado y motivo de grandes dis-

cusiones porque cuando hablamos de la libre aso-

ciación estamos hablando de algo medio abstracto

del derecho a organizarnos, firmar unos papeles,

va usted al abogado le dice como hago esta cosa no

entiendo muy bien de que se trata, no importa aquí

está mi firma y así ejerzo mi derecho de libre aso-

ciación (voy a referirme más adelante al tema de la

exigencia que hace la norma en el Decreto Regla-

mentario en el sentido de que los estatutos y regla-

mentos tienen que señalar las acciones, además de

las operaciones y muchas otras cosas más, además

habla de que hay que especificar las acciones y las

fuentes de financiamiento en un estatuto, gran con-

fusión a la que me referiré enseguida).

En la tercera norma de los `90 había un tercer

principio muy complicado que fue uno de los mo-

tivos porque esta Ley se tranco en el parlamento

y era el principio de igualdad jurídica entre las

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ONG nacionales y las ONG extranjeras, tema com-

plicado y difícil. (a propósito de ese instrumento

tan extraño es que persisten en nuestro país los

famosos convenios básicos de cooperación, conve-

nios marco, etc. instrumentos que son como un bi-

cho extraño para los estudiosos del derecho, pero

esto se ha implementado a lo largo de los años por

razones más bien de política y de relacionamiento

con la cooperación internacional).

Estos eran los tres grandes principios menciona-

dos también por el Dr. Luis Castillo, no solo en

asociaciones sino también en el derecho de accio-

nar, y están vinculados en nuestra Constitución y

señalados en los Artículos 13 inciso primero y en

el Articulo 14 en su inciso tercero etc., que nos ha-

bla de muchos derechos. Lo que debemos recor-

dar es que todos estos derechos son inviolables.

El término “inviolabilidad” en derecho es un tér-

mino muy fuerte, además este articulo dice que el

Estado debe proteger, no solamente promover el

ejercicio de los derechos en general; también se

habla de la garantía de no discriminación y el li-

bre ejercicio de los derechos, la libre expresión, el

derecho de acceso a la información el derecho de

interpelar, el derecho de analizar, derecho a comu-

nicarse, derecho a la opinión, derechos fundamen-

tales de todos y todas. Sobre esta materia hay algo

que ciertamente inquieta: que los derechos, todos

ellos, son interdependientes. Este es un tema muy

difícil pero por lo menos en su formulación consti-

tucional hay que siempre recordar que los derechos

son interdependientes, tienen otras características

pero esta característica es la que mayores dificulta-

des trae, y la Constitución dice que la clasificación

de los derechos establecidos en la Constitución

no determina jerarquía alguna ni superioridad

de unos derechos sobre otros, ni de los derechos

colectivos sobre los derechos individuales, ni a la

inversa. Este es un principio fundamental en ma-

teria de los derechos humanos. Así tenemos un

ejemplo delicado que toca a una lógica ideológica y

política actualmente vigente en nuestro país y que

miramos con el mayor de los respetos, y es la Ley

de la Madre Tierra que establece los derechos de

la madre tierra y, fíjense ustedes, no voy a entrar a

polémicas sobre ese tema, simplemente lo planteo

desde el punto de vista de la interdependencia, la

constitución no habla de los derechos de la madre

tierra, no está en la clasificación de los derechos

pero no importa, se puede implementar a, b , c que

es implícito de los derechos del medio ambiente, y

justificamos su existencia. Pero lo grave del tema

está en que determina aplicación preferente de los

derechos de la madre tierra sobre todos los demás

derechos colectivos e individuales y lo dice en esos

términos, tiene aplicación jerárquica y eso es cla-

ramente contrario al Artículo 13 de la Constitución

Política del Estado.

Un aspecto que yo quería mencionar, que nos trae

muchísimas dificultades, es la separación que ha

hecho nuestra Constitución a propósito del reco-

nocimiento de personería jurídica entre la depar-

tamental y la nacional. Esto, en la práctica, trae

una serie de otras contradicciones, en mi opinión,

absolutamente innecesarias. Este concepto y esta

forma de reconocer personerías jurídicas pueden

afectar en el sector privado empresarial aunque

no sucede, es una lógica federalista. Hay que tener

muy claro que no corresponde a una lógica auto-

nómica, dejo el comentario para la reflexión.

Quisiera mencionar brevemente la importan-

cia que ha tenido la presentación del Informe de

DD.HH. ante el Comité de Derechos Humanos de

Naciones Unidas en Ginebra. El que el Comité uti-

lice un leguaje que no es habitual en su informe

después de las presentaciones del gobierno y la so-

ciedad civil y señale que el Estado deba reformar

esta legislación es una exigencia muy fuerte como

ya se nos ha comentado ayer, y esto forma parte,

ciertamente, de una agenda hacia el futuro, y esta

es una agenda para el gobierno, para las ONG,

para la sociedad civil; otra cuestión que me parece

fundamental rescatar son todas las Declaraciones

desde la Declaración de Paris y todo ese marco in-

ternacional, que dan cuenta y memoria donde se

rescata que las ONG, las Asociaciones y las Funda-

ciones están en el ámbito del desarrollo.

Entonces señalar que la alineación a los planes de

desarrollo y la revocatoria de la personería jurí-

dica, me parecen los temas más complicados que

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hemos planteado dentro las normas. La Ley 351,

recordaran ustedes, determina que los estatutos

deben determinar e identificar la contribución de

la organizaciones al desarrollo económico y social,

etc. parecería una exigencia relativamente simple

e inocente en muchas formas. ¿Cómo yo puedo

describir en un estatuto la contribución al desarro-

llo económico y social? El Decreto va mucho más

allá. Por eso este Decreto es desde el principio de

la legalidad discutible, porque requiere el Regla-

mento especificar acciones y operaciones en fun-

ción del desarrollo, lo mismo en cuanto a detallar

las fuentes de financiamiento. Tendríamos que ha-

cer literatura jurídica, probablemente, y sobre eso

somos expertos los abogados, pero, además, dice

que es la parte compleja tomando en cuenta los

lineamientos sobre el tema de la alineación esta-

blecidos en una planificación regional y nacional,

porque señala que deben estar además “alineados

a las políticas nacionales y a las políticas sectoria-

les”. En el estatuto se debe establecer el alcance de

sus actividades en función de estos criterios.

Primero decir, desde un punto de vista jurídico,

que no puede haber una política nacional o una

política sectorial obligatoria que no se manifesté

en una norma jurídica y esa norma jurídica debe

gozar de legitimidad. Entonces voy a hacer abs-

tracción de algo que en mi opinión ya de inicio es

ilegal y voy a referirme al tema de la planificación.

El tema de la planificación hay que mirarlo des-

de diversos ángulos: en primer lugar, dadas las

características de nuestra Constitución, hay que

llegar a la conclusión que esta Constitución no es

una Constitución que determine un régimen total

de planificación de la economía y las actividades

etc., etc., claramente no lo es, y no lo es por mu-

chas razones. Por el solo derecho de reconocer la

libre asociación, puede reconocer el derecho de la

iniciativa empresarial que implique contribuir al

desarrollo económico y social como dice la Cons-

titución, está indicando que estamos en un esce-

nario que no tiene esa lógica de un régimen de

otras características, además, podemos añadir a

este análisis y recordar que cuando hablamos del

régimen económico en nuestra Constitución dice

claramente que el modelo económico boliviano es

plural, la pluralidad ha sido criticada por algunos

pero claramente en el Artículo 306 de la Constitu-

ción señala que el modelo de la economía boliviana

es plural y significa que concurren varios actores

en la economía y estoy hablando de la actividad

económica que también tiene que ver supongo con

las ONG, hay cuatro formas en la economía, eco-

nomía comunitaria, economía estatal, economía

privada, y la economía social o cooperativa (son

las cuatro formas de la economía plural que esta-

blece la Constitución Política del Estado), es algo

que ha sido motivo de mucha discusión en muchos

ámbitos del gobierno, ya que la Constitución esta-

blece el principio de igualdad entre estas formas

de la economía -un tema bien complicado-, yo me

preguntaba en un debate a propósito de la econo-

mía plural en la Cámara de Comercio desde la ór-

bita empresarial, bajo esta lógica dónde empieza y

dónde termina? ¿hay o no hay una lógica del límite

de la intervención del Estado en la economía? dón-

de está ese límite y en qué consiste? ó, a la inversa

de cualquier autor de la economía plural, ¿cómo se

contabilizan estos cuatro actores en función de un

principio de igualdad o de igualdad relativa? por-

que cada uno tiene sus características propias.

En la formulación del Plan Nacional de Desarrollo,

una primera cuestión que hay que subrayar es lo

señalado en Artículo 158 de la constitución. Entre

las atribuciones de la Asamblea Legislativa Pluri-

nacional esta aprobar el Plan Nacional de Desarro-

llo presentado por el Ejecutivo. No podemos hablar

jurídicamente en Bolivia de un Plan de Desarrollo

que no esté aprobado por la Asamblea Legislativa

Plurinacional. Dónde están entonces los paráme-

tros que debo utilizar, si es que los hubiera, cuando

tengo que redactar un estatuto, un reglamento de

una asociación? Tiene este tipo de exigencias para

complicarnos la existencia, sin embargo, porque

además la formulación del Plan Nacional de De-

sarrollo es una competencia privativa del poder

central del gobierno establecido en el artículo 298

inciso 22 de la Constitución Política del Estado,

cuando vamos al Régimen Departamental Auto-

nómico, los departamentos tienen también la fa-

cultad y competencia de aprobar y ejecutar Planes

de Desarrollo Económico y Social Departamental,

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señalado en Articulo 300 inciso 32. Y vamos más

allá. Está el Régimen Autonómico Municipal, el

Artículo 302 inciso 42 le da la competencia a los

municipios de desarrollar la Planificación de De-

sarrollo Municipal en concordancia con la Planifi-

cación Departamental y Nacional. Menos mal que

ahora no tengo la necesidad de estudiar técnicas

de planificación porque seguramente eso es muy

complicado de cómo se compatibiliza todo esto

o Hoy en día, jurídica y constitucionalmente, no

existe un Plan Nacional ni Departamental ni Mu-

nicipal compatibilizados del todo. También nos

habla de la función del Estado en la economía y

dice claramente: conducir el proceso de planifica-

ción económica y social con participación y con-

sulta ciudadana. Quiere decir que la planificación

del desarrollo no es monopolio estatal, tiene que

existir, a propósito de la Ley de Consulta, un me-

canismo efectivo de participación, así sería una

planificación participativa en la economía y eso

forma parte de los desafíos de esta agenda hacia

las organizaciones, hacia las ONG. No pueden

concebirse como meros instrumentos del desarro-

llo económico al servicio de una supuesta planifi-

cación estatal que no será Constitucional. Enton-

ces, mientras sea el producto de la participación y

de la consulta ciudadana y que el protagonista, el

actor y el sujeto principal del desarrollo económi-

co social es la sociedad civil, es la ciudadanía que

ejerce su derecho a la participación y las ONG son

parte del desarrollo, en algunos casos serán ac-

tores y en otros promotores, muchas veces serán

actores inéditos del desarrollo económico y social,

sabiendo que hay una variedad no muy grande de

acciones y actividades en el mundo de las ONG y

de las Fundaciones.

Estamos frente a un grado muy alto de discrecio-

nalidad de parte de las autoridades, específica-

mente en el tema de la revocatoria de la personería

jurídica, este es un tema sumamente inquietante.

El Artículo 14 de la Ley de Otorgación de Perso-

nalidades Jurídicas establece como causales las

siguientes: la primera estipula que sería por el in-

cumplimiento de la Ley y su Reglamento, el grado

de discrecionalidad para la autoridad se supone

que es muy amplia, se podría leer el incumplimien-

to desde muchas diversas maneras; la segunda

causal es realizar actividades distintas a las fina-

lidades establecidas en sus estatutos, en relación

a esto ya comentábamos que las actividades de las

ONG son actividades dinámicas y estas en el tiem-

po pueden variar pero seguir correspondiendo al

objeto y fin para lo que fueron fundadas las aso-

ciaciones, entonces aquí venimos a lo absurdo de

querer pretender que los estatutos señalen las ac-

tividades y las fuentes de financiamiento, la enor-

me confusión que hace la norma entre la practica

misma, no entender que el estatuto es una norma

de organización y que por eso se llama estatuto or-

gánico distinto alo que es un plan estratégico o un

proyecto que tiene que identificar acciones, activi-

dades y fuentes de financiamiento. Los estatutos y

los reglamentos son documentos de organización

fundamentalmente.

Tenemos otro tema complicado que es necesario

tomar en cuenta y es lo relativo a las sanciones. A

propósito de esto, la revocatoria se convierte en

una sanción, yo quisiera referirme a la teoría del

derecho administrativo donde hay otro principio

fundamental que esta insinuado en el informe de

Ginebra que vale la pena revisar, es el principio de

proporcionalidad entre la infracción y la sanción y

me parece que es demasiado obvio, por ejemplo,

para hacer una analogía y un paralelismo, en una

infracción de tránsito por pasarse una luz roja,

no puede significar la cancelación de la licencia

de conducir. Este tema es muy complicado y está

siendo motivo de grandes discusiones con el go-

bierno y en el ámbito empresarial. Ustedes deben

haber leído en la prensa existen quejas muy bien

sustentadas y fundamentadas sobre los excesos

sancionatorios de ciertas autoridades, entonces

cómo rescatamos el principio tan elemental de la

proporcionalidad entre la infracción y la sanción,

porque la revocatoria de personería jurídica puede

ser o no una sanción, pero se estaría constituyendo

en un exceso. Ustedes conocen que está circulando

un proyecto de Ley de ONG que puede estar dentro

de esta agenda hacia el futuro. En ese marco pode-

mos llegar, en función al principio de proporcio-

nalidad, a una suspensión del registro, sanción ya

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muy grave que le impediría a una entidad acceder

a financiamiento. En esta materia, sería similar a

asesinar a un ciudadano solo por la infracción de

alguna norma, porque al no contar con persone-

ría jurídica ya no puedes funcionar. Considero que

debiera haber otros canales y puedes estar san-

cionado, suspendido o sujeto a un proceso, pero

continuar con la personería jurídica. En nuestra

legislación existen regímenes sancionatorios, por

ejemplo en materia tributaria, al incumplimiento

de pago de impuestos, pero no llega a la cancela-

ción de la personería jurídica.

En cuanto a las causales de revocatoria, léanlas, es

algo fantástico. He tratado de entender lo que se

estipula como el incumpliendo de la Ley y su regla-

mento. Tal vez debo fundar una nueva escuela de

derecho porque realmente no entiendo de lo que

se trata. También dice por necesidad o interés pú-

blico declarado mediante Ley de la Asamblea Le-

gislativa Plurinacional. ¡Por favor que alguien me

explique qué cosa es eso! Otra causal de revoca-

toria es por transferencia o comercialización de la

personalidad jurídica, tal vez porque en la prensa

hay avisos que dicen se vende ONG, seguramente

alguien leyó y dijo ¿cómo es posible que se venda

una ONG? habría que ver cuál es el alcance. Otra

causal estipula que si existiera sentencia penal eje-

cutoriada de algún miembro que ejerce represen-

tación de la persona colectiva y que hubiese reali-

zado actividades que atenten contra la seguridad

y el orden público o haya cometido hechos ilícitos

en el ejercicio de sus funciones etc., entonces sí

se debe aplicar el Derecho Penal: Que se aplique

porque estamos hablando de la personería jurídica

de una institución. Hay dos más que señalan que

sería por no desarrollar ninguna actividad en el

marco de su objeto dentro los últimos cinco años.

Consideramos que si quiere suspender sus acti-

vidades, mejor que se liquide. Y finalmente, cosa

muy grave, dice por incumplimiento a las políti-

cas y/o normas sectoriales previo informe del Mi-

nisterio del área, lo cual probablemente es lo más

grave de todo este catálogo de absurdos jurídicos.

Asimismo el Código Civil que es Ley y tiene una

jerarquía superior al Decreto, dice que las Asocia-

ciones se extinguen por Resolución Judicial o sea

que hay que ir a un juicio a denuncia del Ministerio

Publico, asumir defensa y al final se dicta senten-

cia, por lo que sería otro elemento que daría lugar

a plantear la inconstitucionalidad.

El derecho a participar en el desarrollo, no sola-

mente es un derecho, es una obligación porque los

derechos descritos y reconocidos por la Constitu-

ción hay que leerlos en contraposición a los debe-

res de la sociedad civil organizada y no organizada,

incluidas las ONG, promotoras o actoras de accio-

nes directas, tienen la obligación de participar en

la planificación del desarrollo en el país.

En este contexto, debieran actuar como platafor-

ma de instituciones afectadas en el ejercicio del

derecho a la libre asociación gestionar realmente

la elaboración de una Ley que describa y señale

el marco jurídico en un solo cuerpo, regulando el

funcionamiento y las actividades de las ONG, por-

que esta forma dispersa que contiene una serie de

regulaciones bien atomizadas nos dificulta la com-

prensión y su cumplimiento.

Preguntas y reflexiones

¿Qué vamos hacer las ONG, estamos frente a una

norma que es inconstitucional? (ONG Nacional)

¿Qué entendemos por planificación? (Organiza-

ción Social)

La Aplicación de la Ley 351 y su Decreto ¿tienen

implicaciones de jurisprudencia? Por ejemplo no-

sotros hemos visto caso de ONG en Cochabamba

que han sido cerradas por una acción de las orga-

nizaciones sociales, desde luego con el apoyo del

Gobierno, obligadas a transferir infraestructura

y sin un proceso legal, sino en ese marco político

como acción de hecho ¿eso genera jurisprudencia?

(ONG nacional)

Las ONG estamos pagando impuestos a las transac-

ciones, impuestos bancarios y estamos obligadas a

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pagar los impuestos por ejemplo, de IVA, incluso

de gastos que están fuera de la norma cómo ser los

pasajitos de 1 peso para trasporte. Lo único que

nosotros podemos tramitar es la exención de im-

puesto a las utilidades, en materia laboral igual se

han ido endureciendo las normas, hay una última

medida vinculada a las normas bancarias con unos

procedimientos tremendamente complejos por

ejemplo, para vender un equipo que esta deterio-

rado o en desuso, hay que hacer una serie de pro-

cedimientos legalmente establecidos y todo con

Poder Notarial. Ese tipo de cosas antes no eran ne-

cesarias. Siguen apareciendo una serie de medidas

que siguen afectando, limitando y restringiendo el

accionar de las ONG y el ejercicio de ese derecho.

¿Ven necesario por ejemplo, que como plataforma

de instituciones afectadas en el ejercicio de nues-

tro derecho a la libertad de asociación podamos

gestionar realmente la elaboración de una Ley que

normalicé el marco jurídico en un solo cuerpo legal

relacionado a toda la actividad de las ONG?

La Constitución boliviana establece que todas las

normas legales como un decreto o una ley tienen

que ser elaboradas con participación de la pobla-

ción organizada. Entonces, si la Constitución in-

dica que los ciudadanos bolivianos tienen ese de-

recho, la obligación de concurrir a la elaboración

de la normativa y la elaboración del Plan Nacional

¿cuál es la implicancia de la restricción a la libre

asociación? Como parte de la sociedad civil ¿cuál

es la vinculación?, porque por una parte hay como

un derecho y una obligación, y por otra parte hay

una restricción, ¿qué medidas o qué argumentos

se pueden describir en esta controversia? (ONG

Nacional)

Fernando Aguirre

Yo quisiera primero aclarar el tema del Código

Civil. En realidad este problema como ustedes

saben, viene de la Constitución y de la Asamblea

Constituyente. Cuando se hace la separación de

competencias, faculta en el nivel central y en el ni-

vel departamental la competencia en cuanto a la

personería jurídica de las organizaciones sociales

organizaciones sin fines de lucro, ONG, fundacio-

nes y entidades civiles privadas sin fines de lucro

(clasificación en cuatro tipos de entidades); obvia-

mente la Ley ha traducido simplemente lo que dice

la Constitución. Esta es una discusión innecesaria

en cuanto a la denominación, esta Ley pudo haber

resuelto de una manera mucho más sencilla esta

incongruencia, por ejemplo, la definición de ONG

dice agrupación de personas, son asociaciones ci-

viles entonces vamos a conectar con el Código Ci-

vil cuando habla de las instituciones privadas sin

fines de lucro que es la cuarta clasificación. No se

ha querido no sé por qué trabas, utilizar la palabra

asociación en esa misma descripción, que no es un

problema constitucional, es un problema de la ley

secundaria que pudo decir también, son las aso-

ciaciones privadas sin fines de lucro. Esta es una

discusión que me parece inútil. El problema es

más complicado en cuanto a qué norma se aplica.

Tenemos aquí un conjunto de leyes en el espacio,

como decimos los abogados, qué norma voy apli-

car llegado el caso y eso es inconstitucional: la Ley

versus el Código. En esta problemática lo único

que puedo decir es que un Código puede ser re-

formado por una Ley y eso es así por muy mala

que sea esta ley. Tenemos que leer la ley, técnica y

jurídicamente, como una reforma del Código Civil

porque no pueden convivir dos leyes contradicto-

rias que tienen el mismo rango jurídico. Allá don-

de tienen un vació, la Ley 351 tal vez pueda recurrir

a alguna norma del Código Civil, dependiendo del

asunto o dependiendo del caso, en fin, siendo un

lío absolutamente innecesario cosa ya que en los

años noventa se discutió y se superó.

Está claro que, además del procedimiento admi-

nistrativo, pueda aplicarse en caso de negatoria a

una solicitud de procedimiento, acciones y/o pro-

cesos constitucionales según la vía, si es de acción

concreta o es disidente que se llamaba antes, vía

que es ante el Ministerio y eso tendrá que marchar

ante el Tribunal Constitucional; todavía quisiera

confiar en que existe independencia de los poderes.

Hay varios de estos temas que tienen que ver con

los recursos, existen recursos de amparo, recursos

de incidentes y de inconstitucionalidad, estamos

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llenos de normas de protección, de defensa, tene-

mos de todo y para todos los gustos en nuestra le-

gislación, el problema no es ese, el problema es su

aplicación y los factores sobre todo políticos que

ocurren a la hora de la aplicación de la norma.

Tengan en cuenta también que, por ejemplo en

materia tributaria, hay un principio constitucional

que es el de la igualdad jurídica en materia tribu-

taria, como ser el impuesto a las transacciones, el

impuesto a las utilidades, por ejemplo, el impuesto

a las personas, por el solo hecho que trabajan en

una ONG le voy a cobrar el 13 % del RC- IVA, le voy

a cobrar el 12 % ese tipo de regímenes no existe.

Luis Castillo

Hay varias preocupaciones sobre como recusar la

nueva forma de aplicación de la Ley 351 en virtud

del marco constitucional y los derechos humanos

que existen. Primero si dejamos que cada Asocia-

ción o cada ONG se defienda sola, lo que va ocurrir

es que se va a generar una jurisprudencia hetero-

génea, habrán ONG que a través de la demanda

contenciosa administrativa sigan con el proceso,

quizás las menos ganen, entonces los alcances y

los efectos de esas resoluciones solamente afec-

tan o alcanzan al impugnante y no así a las demás

ONG, después de haber agotado todos los recursos

revocatorios, recursos jerárquicos, en fin.

A diferencia de ello, la declaración de inconstitu-

cionalidad de la norma y su reglamento tiene as-

pectos generales, beneficia y alcanza a todas las

organizaciones comprendidas en el ámbito de la

Ley 351 y su Reglamento. Yo considero que este

es un tema de orden interno en el cual ustedes

sean los que tomen las decisiones, y no solamente

puedan opinar sino tener en cuenta que ustedes

cuentan con un Informe de la Comisión de Ex-

pertos de Naciones Unidas que para todo efecto

representa una suerte de Amicus Curiae, para

una acción tanto de inconstitucionalidad o tanto

como para una acción de derechos humanos, es

decir, no podrían tener mejor asesoramiento para

fundamentar una acción de inconstitucionalidad.

Y sin duda cuando una organización ve afectada

su propia existencia, su propia sobrevivencia jurí-

dica, lo que hay que hacer es seguir trabajando y

unir fuerzas para iniciar una accion de inconstitu-

cionalidad contra esta norma pero, repito, este es

un camino que han iniciado también otras organi-

zaciones y entiendo que para una acción de recu-

sación o de inconstitucionalidad cuando quiera ser

interpuesta por los ciudadanos, hay que recordar

que hay que hacerlo a través de un Congresista

aquí llamado Asambleísta o necesariamente por

el Defensor del Pueblo que se adhiera a su causa

y pueda, a nombre de los ciudadanos, iniciar esta

acción, preparándola debidamente a través de un

estudio jurídico de este país.

Generalmente el principio para el registro y la ob-

tención de la personería jurídica, es el domicilio,

es decir aquel domicilio que declare la asociación

y donde va a funcionar. Entiendo que este no es

un registro centralizado, es un registro descentra-

lizado, así lo dice la norma, y también va a ver un

registro a nivel nacional conducido por el Minis-

terio de Autonomías; en las departamentales va a

haber un registro descentralizado. Si yo voy a for-

mar una Asociación con domicilio en Cochabamba

mi domicilio va estar ahí, mi local va estar ahí, y mi

registro estará en la jurisdicción de Cochabamba,

si yo registro mi domicilio en La Paz, me registro

ante autoridad competente en la ciudad de La Paz.

Se ha creado una figura muy extraña. En función al

objeto social se determina la jurisdicción adminis-

trativa competente, en todo caso es un tema que

debía revisarse.

Sobre el cierre de hecho de una ONG, si esto de-

termina la causa-estado o genera una jurispruden-

cia acerca de su extinción, eso no ocurre porque

aunque se haya cerrado de hecho el local o la sede

de la institución, jurídicamente esa institución si-

gue existiendo y es vigente, a menos que inicie el

trámite de disolución de acuerdo al Código Civil,

igual va a sobrevivir al menos en los documentos,

aunque de hecho no pueda funcionar. También

hay organizaciones que cierran por causa de finan-

ciamiento, se les acaban los fondos y se suspen-

den actividades por un año, meses, por un tiempo

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pensando y en algún momento reiniciar las activi-

dades, y no por eso se pierde la personería jurídica

y los demás registros que hubieran obtenido, con-

tinua su existencia. Esa es la regla general.

En cuanto a articular en un solo marco legal toda

la legislación sobre ONG, yo diría que es todavía

muy pronto para poder pensar en una suerte de

codificación o de articulación o una sola norma de

la legislación de ONG que viene desde hace mu-

chos años. Deben saber que hubieron iniciativas

para crear una Ley General de ONG o una suerte

de codificación, pero el tema es que cada vez el he-

cho de vincular a las ONG se sigue extendiendo,

no solo en las instituciones sino también en otros

campos. Hay más ámbitos en los cuales las normas

tienen tolerancia de las ONG, por ejemplo, el tema

de interferencia financiera. Ustedes están someti-

dos a información de la administración tributaria

para detectar operaciones sospechosas de lavado

de activos o lavado de dinero, ahí se están dictan-

do también resoluciones y normas, se está creando

todo un ámbito para el tratamiento de las organi-

zaciones, si por ahí hay operaciones sospechosas

para el Estado, este es un ejemplo de cómo cada

vez más se van ramificando y extendiendo las nor-

mas. Es muy pronto para hablar de una unificación

o una sistematización en una sola norma de todo el

derecho de las ONG.

Preguntas y reflexiones

Tomando en cuenta que no hay ningún argumen-

to, desde la perspectiva jurídica, que diga que la

Ley y el Reglamento son aportes o contribucio-

nes a mejorar (un nuevo código o reglamento se

considera que va a contribuir a mejorar para que

las cosas funcionen mejor), en este caso es todo

lo contrario. Estamos viendo que el espíritu no

esta contribuyendo a que las cosas mejoren y se

esta revelando una acción política. ¿Las personas

que han redactado la norma no lo han hecho por

equivocación o por error o porque no conocen la

técnica jurídica? ¿Lo han hecho con una intencio-

nalidad política clara? Los miembros del Comité

en Ginebra comentaban que las contradicciones

y restricciones a los derechos se manifestaban de

forma tan evidente que la única respuesta es que

tiene una intención política, la cual es restringir y

controlar y está involucrando una acción del Esta-

do, considerada negativa para ejercer los Derechos

Humanos. ¿Es importante construir una estrate-

gia, no solo en el ámbito jurídico normativo, sino

también, paralelamente, una estrategia en el ám-

bito de lo político? porque es una norma que se ha

planteado en el ámbito fundamentalmente político

que no tiene ningún asidero jurídico en el marco

del respeto Derechos Humanos y del Derecho In-

ternacional y de la normativa interna vigente. El

Estado tiene que comprender que lo que hace es li-

mitar y afectar inclusive a ellos mismos como ges-

tión de Estado, imponer una limitación tan fuerte

al ámbito civil significa menoscabar el carácter de-

mocrático del régimen. (ONG Nacional)

La relación entre Estado y Sociedad Civil, en el caso

boliviano, parece tener una estrategia específica

dirigida a cada uno de los sectores de la sociedad

civil. ¿Si nosotros como ONG, estamos trabajando

fundamentalmente en el desarrollo humano del

vivir bien, promoviendo la incidencia de políticas

públicas etc. Y, desde ese rol, tenemos una actitud

de interpelación hacia el Estado, entonces el hecho

de acceder a fondos públicos a través de consul-

torías comprometería ese rol de interpelación, de

presión al Estado que tiene además connotaciones

éticas. (ONG Nacional)

Yo lamento cómo estamos sufriendo como en el

tiempo de la dictadura de Banzer y que ahora este-

mos al mismo nivel con un Gobierno que de alguna

forma hemos apoyado. Invito a hacer un análisis

mas profundo fuera de la Ley ultima. Considero

que solamente la unidad de todos nosotros como

en aquel entonces que era la fuerza, ahora será la

que podrá lograr que nos respeten porque estamos

sufriendo una violación de los derechos humanos

con un gobierno que no está cumpliendo con su

propia Constitución y autoridades que se vuelven

más dictatoriales que los dictadores en tiempo de

los golpistas. Hay una violación flagrante de los

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derechos humanos, que si algunas instituciones

tienen alguna denuncia concreta de que hemos

violado la ley tienen que demostrarlo y tenemos

que ir por la vía penal, pero no tiene nada que ver

con nuestros trabajos y con lo que ellos nos pueden

pedir. (Organización de Derechos Humanos)

La Consulta va enfocada a las dimensiones que

tienen las diferentes modalidades de asociatividad

como las ONG, Fundaciones. ¿Cuál va a ser el rol

de estas organizaciones de la sociedad civil, cómo

van a estar las organizaciones sociales, pueblos in-

dígenas campesinos interculturales? ¿será que van

a tener que adecuarse a este marco normativo?

¿qué se ha ido planteando en este proceso? (ONG

Nacional)

El gobierno hace tiempo trató de ponerle en estado

de coma a instituciones que colaboran a las organi-

zaciones sociales que no llegan al gobierno, enton-

ces por qué no se saca una resolución en contra de

esta Ley, hay que accionar de inmediato si decimos

una demanda inconstitucional primero agotar a

nivel nacional segundo agotar a nivel internacio-

nal mas bien en este evento aprovechar de hacer

una resolución y si no hacemos eso poco a poco se

va a ir enfriando y el gobierno va lograr hacer lo

que quiere y también lo que quería decirles her-

manos. A UNITAS le conocemos mucho y a otras

instituciones que podrían hacer una socialización

de la Ley y luego unirnos. No hay otra porque a to-

dos nos va afectar esta Ley, por ejemplo, las barto-

linas, en medios de comunicación, todo el tiempo

echan la culpa a las ONG, por eso viene esa idea y

el gobierno está asumiendo a favor de ellos. Cuan-

do hacemos marcha, ellos dicen, las ONG tienen la

culpa, cuando alguien se moviliza, las ONG tienen

la culpa… (Organización social)

El derecho a la libre asociación no puede tener la

figura de muerte civil tan cerca. Todavía no es el

momento. Por eso consideraría que esta norma es

inconstitucional, por eso debiéramos actuar y me

imagino que varias ONG estamos cumpliendo y

siguiendo el procedimiento que determina la Ley

351 y su reglamento, respecto a la adecuación y/o

modificación de los estatutos. Hay algunas incon-

gruencias pero, a pesar de ello, estamos haciendo

el trámite, de cierto modo estamos aceptando lo

normado, así sea inconstitucional. En anterior

oportunidad dentro de UNITAS hemos hablado

del tema de la auto regulación y hemos suscrito

el cumplimiento a nuestro Código de Ética, por

lo que periódicamente presentamos rendiciones

al interior de UNITAS, balances, informes de los

proyectos y todas las acciones para transparentar

nuestro accionar, creo que esta lógica debe seguir.

Esta auto regulación debe ser constante en el sec-

tor de las ONG, aceptando la transparencia res-

pecto al uso de los recursos porque es importante

que nosotros mismos podamos emplear en lo que

efectivamente hemos solicitado, eso independien-

temente de cualquier regulación externa, de forma

ética sobre lo que estipulan nuestros estatutos, los

principios y los objetivos con los que hemos na-

cido. Creo que hay que pensar en una normativa

mucho más consistente mucho mas discutida y

que responda a la actual coyuntura de las ONG,

respetando el derecho a la libre asociación.

De acuerdo a la Ley de bienes y servicios, en las

licitaciones que se hacían para proyectos en la ad-

ministración pública, había la posibilidad de que

participen las ONG, posteriormente hubo una

reglamentación en la que participan únicamente

consultoras y luego si no se presentan 3 consulto-

ras se habré las puertas a las ONG. ¿Cómo accede-

mos con políticas nuevas a financiamientos públi-

cos y privados? (ONG Nacional)

Fernando Aguirre

Las organizaciones sociales caen bajo el ámbito de

esta norma, tanto la ley como su reglamento: or-

ganizaciones sociales es el conjunto de personas

en atención al territorio que ocupan. No sé si hay

una insinuación o referencia respecto a los pue-

blos indígenas, y dice que tienen plenos derechos

y/o actividades comunes e intereses afines que de-

sarrollan, ese es el grupo de la sociedad civil al que

se está refiriendo esta norma, por lo que se orga-

nizan e impulsan en función a ese interés común,

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entonces aquí hay varios elementos. En cuanto al

tema del control social, habría que complementar

este análisis, porque la Ley de control social es la

que identifica quienes son los que pueden partici-

par o son los sujetos del control social. No sé si hay

una incompatibilidad, la verdad es que no estoy

visualizando bien esa norma específica para la ley

del control social, pero hay que leer ambas cosas en

conjunto. Respecto al control social, es obvio que

en ciertos campos es relativamente clara la nor-

ma. Por ejemplo, en una Junta de Vecinos, la ley

de control social caería bajo esta regulación. Ese

tipo de organizaciones están alcanzadas por esta

norma y no sé que tipo de organización original

tendrán: como asociaciones civiles privadas o bajo

qué normas. Probablemente sea así, considero que

ésta es una situación compleja que hay que pro-

fundizar y ver a quiénes realmente está alcanzando

esa norma y por eso les recomiendo leer la norma

de control social con referencia a los pueblos in-

dígenas y su derechos, plenamente reconocidos y

garantizados por la propia Constitución.

Siempre se hace la diferencia entre territorio y de-

rechos territoriales como dos cosas diferentes. De

aquí vienen, con las interpretaciones, qué alcances

tienen los derechos territoriales, no el territorio en

el sentido físico y geográfico. En el derecho político

clásico, el territorio es uno de los derechos del Es-

tado junto a la soberanía etc., y no creo que nues-

tra Constitución este diciendo que hay una norma

de organización política con las características de

un Estado o algo similar cuando habla de derechos

territoriales; es un tema bien complejo. Considero

que no hay organizaciones que se hayan pronun-

ciado como un acto de protesta, si cabe, o como un

acto de resistencia pasiva. Hubieran optado, como

estrategia, el resistir esta Ley y no hacer trámites

de adecuación, pero las organizaciones tienen que

desarrollar sus actividades del día a día y es muy

complicado pedirles una confrontación con el Es-

tado. Hay ciertos justificados temores, probable-

mente quienes dicen bueno, sigamos avanzando,

pero igual debemos cumplir con las exigencias del

Ministerio por muy absurdas que sean. He visto

casos muy concretos en ese sentido, incorporando

a los estatutos, a los reglamentos cosas que son to-

talmente ajenas y extrañas a la personería jurídica,

que son exigidos por los funcionarios del Ministe-

rio (ni siquiera por la norma). Resulta un dilema

difícil. Por eso hay que pensar en lo que muchos

de ustedes ya han insinuado. Este tema está total-

mente vinculado a un tema político y debe ser tra-

tado como eso, como un problema político y habrá

que ver cuales son los mecanismos que son eficaces

hoy en día, aquí no se trata de teorías , sino real-

mente brindar algunos elementos de acción en el

ámbito político. El punto de partida de este asunto

es la evaluación del Informe del grupo de expertos

del Comité de Naciones Unidas de Ginebra y las

recomendaciones. Ahí hay que empezar para defi-

nir qué se puede hacer. Está abierta la posibilidad

de estudiar y hay que hacerlo con mucho cuidado,

ver la posibilidad de recursos constitucionales, lo

cual no es nada fácil, hay dos tipos de trabajo que

no hay que abandonar: una línea de dialogo con el

Ministerio y creo que las recomendaciones del gru-

po de expertos de Naciones Unidas será el punto

de partida, y hay que insistir y realizar una estrate-

gia en torno de eso.

Se puede ir estudiando una posible acción judicial

pero yo me temo que a la hora de la verdad tampo-

co tenga éxito. Estamos obligados, en mi experien-

cia personal con varias organizaciones, a sostener

este relacionamiento difícil y complicado con el

Ministerio. Usar alguna forma de acción colectiva,

es necesaria en la actual coyuntura.

Luis Castillo

Tema de las asociaciones. El Estado se está re po-

sicionando con relación a la sociedad civil y eso

implica un reposicionamiento de la sociedad ci-

vil misma dentro el Estado, este nuevo escenario

de posiciones, de alguna manera, nos recuerda el

escenario de los ochenta y noventa: cuando una

ONG era contestataria o disidente o contravenía

con las disposiciones al régimen del país, la polí-

tica era de garrote, perseguían a los directivos en

la vía penal, lo enjuiciaban, incluso mandaban un

arreglo floral a la puerta de la ONG o mandaban

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un ataúd, mensajes, amenazas, en fin todas esas

cosas. Hoy en día ese escenario todavía no existe.

Se están creando marcos regulatorios sobre ONG,

se crean supuestas infracciones y se diseñan tam-

bién sanciones y eso está sugiriendo a los actores

de las ONG movernos también en defensa, em-

pleando todos los mecanismos que reconocen de-

rechos para enfrentar esas metodologías de acoso

y de control sobre las organizaciones. Un primer

criterio que surge es que debe ser enfrentado co-

lectivamente, que la lucha individual puede entor-

pecer más.

Lo segundo que había que discutir es el tema de la

vía constitucional. Una estrategia de este tipo no

significa el abandono del espacio de participación

que tienen las ONG con el Estado, hay que seguir

trabajando y ese es un punto en el cual sin duda se

espera el posicionamiento con una autoridad que

presente el recurso ante el Tribunal Constitucio-

nal, buscando la modificatoria de la Ley en el Con-

greso, lo cual parecería mucho más difícil porque

no habría la correlación de fuerzas suficientes para

tener los votos para modificar la Ley 351, es más,

podrían endurecerla. Este es un tema que surge en

el Perú y en Colombia. Muchos temas vinculados

a ONG, fueron llevados al Congreso y puedes “ir

por lana y salir trasquilado”; sin embargo, un pro-

nunciamiento del Tribunal Constitucional tiene

dos características: de derogatoria o modificatoria,

ahí el tema es blanco o negro, si el Tribunal deroga

la Ley 351 y declara que es inconstitucional, son

todos los artículos, o el Tribunal puede declarar

que es constitucional el artículo 2, 5, y 7, el resto

es inconstitucional; el Tribunal también puede es-

tablecer criterios y en ese caso el Congreso tendría

que modificar la Ley para introducir los criterios.

En cuanto a las fuentes de financiamiento de las

ONG, el acceso a los fondos públicos pueden ser

por vía de licitación o invitación directa o concur-

so público, fondos que pueden ser de cooperación

oficial o individuos que quieren contratar o sub-

contratar a una ONG para realizar una consultoría

para ejecutar una parte de un proyecto. La pre-

gunta ahí es si las ONG pierden autonomía, en la

medida en que si reciben dinero del Estado, cómo

recusas al Estado. Sin embargo, eso no ha sido óbi-

ce para que renuncien a esas posibilidades, porque

se ha visto que es una potencialidad porque suman

más los beneficios que te otorgan a introducir los

enfoques que tienen las ONG y, en esos programas

que están licitados por el gobierno, la acusación

es que nos estamos vendiendo al gobierno, pero

habría la posibilidad de introducir y mejorar la

ejecución, e incluso, de hacer pruebas piloto y de

desenvolver las investigaciones que hemos reali-

zado y llevarlas a la práctica. Son mucho más los

beneficios que las desventajas de esta forma de in-

tervención que todavía va creciendo en la Región,

pero ese es el problema menor porque hoy en día

las ONG compiten para acceder a recursos de las

empresas; las empresas están asignando fondos

de responsabilidad social empresarial. ¿Qué hace

una empresa con esos fondos? ejecuta directa-

mente o contrata a una ONG, entonces las ONG se

presentan a los concursos de empresas petroleras,

mineras, eléctricas, y no solamente las ONG, sino

las agencias de cooperación que compiten con no-

sotros en el acceso a recursos de responsabilidad

social empresarial. Ahí hay un debate en la Región

sobre si esto afecta a la autonomía de la agencia de

cooperación en la Región.

En tercer tema es el de la regulación administrati-

va, bancaria, tributaria y laboral en los países de la

Región. También se aplican normas de impuestos

a las transacciones financieras para todas las ope-

raciones que realizan las ONG. Hay un porcentaje

que se aplica y eso varía en cada país, hay excepcio-

nes en algunos casos. En el caso de Perú, hay posi-

bilidad de exonerar el impuesto a las transacciones

financieras que realizan las ONG. En el tema la-

boral, sin duda es la preocupación de ir incorpo-

rando a más trabajadores en las planillas de las

ONG en desmedro de los contratos de consultoría.

Han crecido en los últimos años las consultorías

de profesionales técnicos con contratos civiles sin

beneficios laborales, los cuales han ocupado la ma-

yor parte de la planta del personal de las ONG, en

muchos es el 100% sin ninguna clase de servicios

laborales; en las agencias de cooperación también

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se realizan contratos con servicios civiles, entonces

la preocupación aquí es cómo enfocamos los pre-

supuestos de los proyectos a las agencias para que

las personas cuenten con todos los derechos labo-

rales, eso implica remuneraciones y colaterales.

Si tú planificas en tu presupuesto contratar como

servicios, tu costo es menor, y si has contratado a

una persona con contrato civil, no vas a poder lue-

go ponerlo a planilla porque no tienes plata para

pagarle las bonificaciones, vacaciones y una serie

de derechos laborales. El tema es enfocar desde el

comienzo, desde el presupuesto, el tema de perso-

nal. Lo importante es, sin duda, que las ONG inter-

nacionales como nacionales vienen luchando por

un trabajo decente o sea un trabajo con derechos

laborales. Si nosotros no damos el ejemplo y no te-

nemos trabajadores con todos los derechos, ¿cómo

podemos aportar en la mesas temáticas de trabajo

decente? sin duda es un tema que cuestiona inter-

namente a nuestras organizaciones.

Preguntas y reflexiones

Como representante de una organización social, no hay que perder la incidencia y quiero hacer una pregunta a las redes de las organizaciones no gu-bernamentales: si han tenido la capacidad de inci-dencia para discutir y debatir esta norma que se ha sacado. Si a las organizaciones sociales, el gobier-no no nos consultan para elaborar las normas de este país, hay varias normas que van en contra de los valores y principios de las organizaciones so-ciales. Hay que hacer un intento, como organiza-ción no gubernamental y organizaciones sociales, para volver a retomar esta incidencia con el Go-bierno, pese a que dentro del gobierno los aseso-res ya no son los asesores que a inicio teníamos. Al inicio del gobierno eran los mismos asesores de las ONG, hoy en día no están más, son pocos los que han quedado y esos pocos que han quedado son los que tienen conflictos personales con las ONG. ¿Qué posibilidad tenemos en esa coyuntura, para lograr efectivamente lo que estamos planteando? (Organización Social)

Ante estos absurdos legales, ante la normativa vi-

gente con absurdos legales, ¿qué es lo que se puede

hacer? Mientras no haya un recurso, no haya una

acción legal, ¿se puede incumplir? ¿Cómo se apli-

ca una normativa con absurdos legales? (ONG In-

ternacional)

Yo quería complementar una breve información

respecto a esta incidencia. Para una mejor parti-

cipación, por principio hay que seguir trabajado

de manera conjunta para tener un impacto mayor

pero, cuando pensamos y decimos, dialoguemos,

el dialogo se hace cuando unos escuchan, unos di-

cen y otros escuchan. En este caso estamos en una

situación muy compleja porque hay una intención

de las ONG de establecer un dialogo y el gobierno

no quiere dialogar. No sé si pronunciarnos en tér-

minos de una resolución o qué mas podemos hacer

juntos, debemos ir más allá porque hay también

bastante temor para defender nuestros principios

y nuestros derechos. Cómo podemos trabajar en

términos de incidir, lo cual significa mostrar a

toda la opinión publica que esa voluntad de ge-

nerar dialogo esta quebrantada por el gobierno y

no por la sociedad civil. También hay un nivel de

desinformación porque nos dimos cuenta que las

organizaciones sociales ni siquiera conocen el con-

tenido de esta Ley y este espacio resulta propicio

para hacer conocer y despejar algunas dudas y las

muchas lagunas ¿cómo hacemos que esta mirada

crítica, pero sobretodo propositiva, influya en el

sentido de contar de una buena vez con un marco

normativo claro, que contenga estas múltiples ob-

servaciones y propuestas que ustedes han estado

haciendo? Probablemente hay que concluir nues-

tra Consulta con una definición para poder avanzar

hacia el horizonte, hacer una presentación de este

recurso de inconstitucionalidad, pero en camino

a eso, una comunicación mínima entre todos. Por

ahí vamos a ir sumando fuerzas y hay que tener la

capacidad de no dispersarnos frente a un objetivo

común, que es lo más importante. (ONG Nacional)

Fernando Aguirre

Toda norma, ley, decreto, resolución, goza de pre-

sunción de constitucionalidad mientras no se haga

un recurso y exista una resolución el Tribunal

Constitucional, eso es algo fundamental. Podemos

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tener miles de opiniones sobre las leyes pero esta-

mos obligados a aplicarlas y cumplirlas.

Luis Castillo

Ya hemos tenido acciones en las cuales los Mi-

nisterios o los Gobiernos departamentales o de

la Región Andina han dictaminado en forma des-

favorable hacia los estatutos y hacia los planes y

proyectos de las ONG para obtener los registros

y hemos tenido resoluciones de nivel regional de-

partamental y pronunciamientos de los propios

Ministerios en contra de los planes institucionales

porque no se alineaban con los planes nacionales,

las políticas sectoriales o no se alineaban con el

plan regional o departamental de una determina-

da jurisdicción. La forma como hemos enfrentado

ha sido por la vía política nada más, porque esa

opinión es evidentemente discrecional de cada Go-

bierno. Entonces cómo refutas un argumento que

dice: los planes de la ONG no se adecuan con los

planes nacionales de defensa de los derechos de la

mujer y la no discriminación, cuando en tus pla-

nes sí dice eso y se articula los componentes a,b,c

….de la Política Exterior. Hay que remarcarle a la

autoridad política si nuestros planes están enmar-

cados, articulados a los planes regionales. Hemos

tenido que acudir al Ministro para pedir la recon-

sideración de esa opinión y se ha hecho incidencia

para ese tipo de cosas, no hay recurso recusatorio

sino incidencia política ante el Ministro para que

de una opinión favorable a la ONG impugnada.

Ninguna persona puede substraerse a una Ley

mientras esta no haya sido derogada. Se nota una

sensación de agobio generalizado en la Región por

todas las disposiciones y sobre carga que tenemos.

Muchos equipos y personas han renunciado a tra-

bajar en ONG, dicen que hay demasiados proble-

mas y, sobre todo, ya nos cansamos de ser siempre

la cara que enfrenta al Gobierno. Hay un costo ins-

titucional y social, y sí estamos agobiados pero es-

tamos aquí, hermanos y hermanas porque nos he-

mos comprometido, es una vocación y una opción

por los más pobre del país, ellos nos dan mucho

más de lo que el Gobierno nos quiere quitar. Sigan

adelante que esa será la recompensa!

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4.SostenibilidadfinancieradelasONGen Bolivia. Fondos Públicos. Fondos de Cooperaciónoficial.Fondosdecooperaciónsolidaria. Alcances y Perspectivas.

Jorge Velásquez,Representante Diakonia Bolivia.

Muy buenas tardes a todas y a todos, Silvia muy

bien decía, estamos tratando de compartir las ex-

periencias, las vivencias de los temas por demás

vigentes, analíticos, reflexivos y críticos.

Trataré de hacer una breve explicación de estos

procesos desde la perspectiva de la cooperación.

Las primeras etapas de cooperación se caracteri-

zan por el voluntariado, donde seguramente había

activistas, misioneros o profesionales que venían,

tanto a las zonas urbanas como rurales, a trabajar

y apoyar con un sentido altruista y de voluntaria-

do. Luego pasamos a la etapa que llamo “de transi-

ción”, donde se empieza a pensar en la profesiona-

lización de estas actividades, caracterizada por la

combinación de voluntarios y profesionales, pre-

ferentemente en el área de educación y desarrollo.

Probablemente, la época que más se añora sea

la época “de los tiempos dorados”, la época de la

expansión, donde no solamente hubo un buen

crecimiento y expansión de ONG, sino que ya se

empieza a manifestar el sector de organismos in-

ternacionales y redes. Esa época, a las ONG in-

ternacionales les sobraba dinero, la decisión que

debíamos tomar era devolver la plata a la sede o

hablar con las cooperantes para ver si estábamos

dispuestos a financiar libros, asambleas, intercam-

bios, etc. Siempre nos sobraba dinero.

Posteriormente, pasamos a una nueva etapa de

transición donde paradójicamente hay menos

personal expatriado en las organizaciones. Es

una época de crisis, de incertidumbre, de pen-

sar y repensar, de trabajar en todo un proceso

de ingeniería.

Posteriormente, pasamos al tiempo de crisis en el

sistema tradicional. La persistente crisis financiera

ha afectado a muchos de los países más compro-

metidos en ayuda al desarrollo. Esto ha tenido por

consecuencia que se reconsidere la continuidad de

los recursos que inicialmente se asignaban para el

desarrollo.

Otro elemento a tener en cuento son los cambios

en las relaciones económicas: la aparición de los

países BRIC, estamos hablando de Brasil, Rusia,

India, China y por supuesto, un protagonismo ma-

yor del sector privado.

Recientemente, los cambios en la forma de coope-

ración y la movilización de recursos nos permiten

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percibir la cada vez menor existencia de de recur-

sos del Norte para el Sur. Asimismo, otro elemento

común en la mayoría de las ONG internacionales

es la situación del personal local, el alto porcenta-

je de personal expatriado se reduce, se vuelve más

bien excepción.

En este sentido, yo trabajo en una ONG internacio-

nal que, por supuesto, tiene un convenio marco y,

por lo tanto, se espera que como responsable de una

ONG, no debo inmiscuirme en la política interna.

Las ONG ya podemos reaccionar mejor. Desde

ayer se estuvo hablando con fuerza sobre la in-

clusión de acuerdos. Teniendo en cuenta a Busan,

Accra, Estambul, quiero sugerir que nosotros al

momento de escribir una propuesta, un plan es-

tratégico, hagamos un profundo análisis de costos

y eficiencia. Tenemos que incluir necesariamente

herramientas que nos permitan mejorar efectiva-

mente el trabajo que estamos realizando. Tenemos

que incorporar herramientas como líneas de base,

marcos lógicos. Esto no quiere decir que antes no

se lo haya realizado, sin embargo, hoy en día hay

mayores exigencias.

Un ejemplo es la disminución de indicadores de

tipo cualitativo para concentrarnos en la mayor

producción de indicadores cuantitativos. Esto nos

complica de cierto modo, porque es mucho más

fácil decir que se ha generado “x” cantidad de tone-

ladas de semillas, etc., sin embargo en las áreas que

trabajamos, el análisis es más complejo. Esto res-

ponde al planteo de gestión orientada a resultados.

Con menos hay que hacer mucho más, tanto desde

los países sede y, por supuesto, desde la coopera-

ción oficial hay mayores expectativas en términos

de resultados e impactos. Por lo tanto, mientras

existen cada vez menos recursos, se exige una ca-

pacidad mayor costo- eficiencia, no solamente des-

de la perspectiva programática sino también desde

la perspectiva administrativa. Se debe cumplir con

todas las normas administrativas y con auditorías

regentadas por empresas internacionales lo que,

por supuesto, contribuye a la transparencia, pero

tiene un costo adicional que queda en desmedro de

los recursos que se podrían asignar a programas.

A nivel nacional, todos los planes que trabajamos

tienen que ser contribuciones objetivas a las po-

líticas de desarrollo nacional, a los planes de de-

sarrollo departamental o inclusive a los planes

de desarrollo municipal. Asimismo, tenemos que

registrar la cantidad de personas y los municipios

correspondientes que apoyamos, pero además te-

nemos que hacer una discriminación por género y

generacional, entonces, se trata de una alta carga

burocrática.

En el caso de Diakonia, los requisitos con la coope-

ración sueca también se han modificado. Por todas

partes se va apretando el cinturón. En los últimos

5 años, no conozco ONG internacional que man-

tenga la misma estructura. Se han implementado

cambios en las estructuras: En el caso de Diakonia:

teníamos una oficina para Sud América y teníamos

otra oficina para Centro América. Hoy en día tene-

mos una sola oficina para Latinoamérica), cierre

de oficinas físicas en Latinoamérica para su reem-

plazo por oficinas regionales.

Por su parte, también algunas embajadas están

cerrando, de hecho la cooperación Sueca ya nos

informó que muy pronto va a salir de Bolivia. Ya

no se trata solamente del cierre de programas o

proyectos; están cerrando oficinas nacionales, ofi-

cinas regionales y eso es mucho más complicado.

En este sentido, las relaciones entre las ONG in-

ternacionales, por ejemplo, y los Ministerios de

cooperación, por lo general no son precisamen-

te las más armoniosas. Tenemos que reconocer

que los gobiernos que tenemos hoy en día en los

países europeos, por lo menos comercialmente

podrían estar recibiendo mayores recursos. Son

gobiernos con una perspectiva más conservadora

y esto hace que también de alguna manera orga-

nizaciones como Diakonia seamos como una pie-

dra en el zapato.

Ayuntamientos, gobiernos municipales en los paí-

ses europeos están produciendo recursos de coo-

peración precisamente con la necesidad de inver-

tir en los propios municipios y ayuntamientos. En

Suecia, el próximo septiembre, hay elecciones pero

la situación es incierta. Si las elecciones fueran hoy

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día, nos dicen los colegas, que ganaría la oposición

y esto sería mucho mejor porque habría una mayor

apertura a cumplir compromisos de cooperación.

Sin embargo, la Embajada nos ha informado que

no se sabe si el cierre de la misma en el país será

en 1, 2 o 3 años; si es que vamos a tener un plan de

salida o si es que va a ser una salida rápida.

Tenemos que ser conscientes de que estamos en

otros tiempos, donde predomina la intención de

expandir el poder de influencia de los gobiernos

facilitando la presencia de empresas grandes en

otros países, lo cual nos está llevando a trabajar

bajo la perspectiva de responsabilidad social.

No podemos dejar de expresar que también como

continente, en Latinoamérica estamos perdiendo

relevancia en el contexto internacional. Tenemos

que ser conscientes de que los indicadores macro-

económicos nos dicen que Bolivia es un país en

movilidad ascendente. Tenemos que aceptar que

hay mayores recursos disponibles en el Sur, no so-

lamente en los actores privados sino en los propios

países, en los Estados. Hay una muy fuerte com-

petencia a nivel nacional de recursos tanto entre

ONG internacionales, como ONG locales y organi-

zaciones privadas que se disputan las convocato-

rias con la cooperación bilateral.

Todo el proceso de preparación de convocatorias

nos absorbe 3 o 4 meses con la esperanza de salir

elegidos, sin embargo, la respuesta frecuentemen-

te es la de “seguir participando”, para lo que nece-

sitamos un gran monto de ánimo, ya que estamos

tratando de buscar recursos para garantizar nues-

tra supervivencia. El trabajo en alianzas que tenía-

mos y que, de alguna manera todavía estamos rea-

lizando con organizaciones internacionales (que

son cada vez menos), apunta a realizar una estra-

tegia, mientras que con el otro ojo estamos miran-

do dónde hay plata y estamos compitiendo entre

nosotros mismos. Esas situaciones nos absorben

tiempo y obviamente nos generan ineficiencia en

términos de cumplir mandatos. Además, como se

ha hablado anteriormente, existen criterios, ade-

más de los técnicos, que se están utilizando a la

hora de asignar recursos: el tipo de organización al

que una ONG representa tiene un peso importan-

te. Diakonia se encuentra trabajando con al menos

4 grupos. En este sentido, hemos ido incorporando

una serie de criterios para calcular la utilización de

recursos: costo- eficiencia.

Desde la perspectiva de lo pre—programático, se ha

pensado en la posibilidad de adelantarnos a los de-

safíos, lo que implica un proceso de reingeniería de

muchos planes estratégicos, con nuevos programas y

nuevos proyectos. Un ex director de nuestra organi-

zación me explicaba la necesidad de que los progra-

mas sean atractivos, convincentes para asegurar su

aprobación. Para ello, tenemos que ser mucho más

innovadores, tenemos que ofrecer un valor agregado,

focalización en diversas temáticas, trabajar con me-

nos copartes, pero obtener mayores resultados.

Por lo tanto, hay que insistir, diversificar el por-

tafolio de donantes, no solamente asegurar a los

que ya tenemos, sino ampliar. El problema es que

los donantes que tenemos están acortando seria-

mente los recursos, y eso muchas empresas acá lo

saben. Entonces, por el lado de las ONG tenemos

que utilizar la gestión a nivel interno. Por el lado

externo, estamos pensando en trabajar en alianzas

con macro-regiones (por ejemplo trabajar en el

Chaco, en la Amazonía).

En términos de estos desafíos, percibimos que los

recursos están cerca, están aquí. Nos han dicho ya y

lo hemos repetido también. Están en los diferentes

niveles del gobierno, entonces con la experiencia de

sobra que tenemos en el país, ya podríamos ser los

ejecutores, los facilitadores de la gestión de estos

recursos a nivel de las gobernaciones, municipios y

ministerios. Tenemos que aceptar que no estamos

ya en los “tiempos dorados” de la cooperación, la si-

tuación ha cambiado y no tiene retorno. Pero tam-

bién como hablábamos antes de iniciar el panel, no

debemos perder la fe, sabemos que tras la tormenta

siempre el sol vuelve al día, y por lo tanto, estamos

frente al desafío de que, además, las ONG no tene-

mos comida fácil. Entonces no hay que perder el

optimismo. Por último, simplemente nuestro reto

es todavía dar mucho más de nosotros.

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Ainhoa Cabezón,Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID

Buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer la invitación, y explicar que lo que quería hacer es un poco romper esa visión caótica, o sea, realmen-te hay que ser realistas, es cierto que la situación no es para nada fácil pero yo creo que no hay mal que por bien no venga… Yo creo que estamos en un proceso que nos conduce a un aprendizaje y a re-evaluar todo aquello que habíamos hecho duran-te aquellos “años dorados”, donde precisamente había una abundancia de fondos y quizá no había una autocrítica o una autoevaluación de lo que realmente se estaba consiguiendo.

Frente a esta etapa, aprovechando todo lo que ha dicho el compañero que me ha servido muchísimo porque ha dicho un poco lo que ha sido el panora-ma global de la cooperación desde el voluntariado, creo que hay dos puntos que ha mencionado que permiten entrar en debate y con los que no estoy de acuerdo: Uno de los temas que ha apuntado es el tema de la focalización, de que dado que hay cri-sis nos tenemos que concentrar en determinados temas. Para la Cooperación Española esto no ha sido así, de hecho la focalización ya era un tema que se estaba discutiendo previamente a la crisis.

Es cierto que la crisis ha aportado a que esta fo-calización o concentración haya sido mucho ma-

yor, quizás más rápida de lo que hubiese sido de forma natural, pero el debate está ahí y el debate no es solo por los mandatos internacionales que provienen de los últimos convenios, sino porque también como cooperación oficial y como coope-ración estatal, nosotros estamos convencidos de que tampoco se podía hacer buen entorno, había una gran desorganización al trabajar en todos los sectores, en todos los ámbitos y eso tampoco podía ser algo racional. Por lo tanto, no creo que la fo-calización haya venido por culpa de la crisis, sino que ya era un tema que se estaba discutiendo en base a también a una división del trabajo, precisa-mente porque todo el mundo no puede ser bueno en todo. Hay ciertas cooperaciones que tienen un dominio en un determinado sector, otras en otro, y hay que estar en lo que uno realmente cree que pueda aportar algo. En ese sentido, había temas en los que quizá al plantearnos esa autoevaluación o esa autocrítica, vimos que realmente el aporte cua-litativo no era tal. Entonces, creo que no es solo la crisis la que lleva a todos estos temas.

El otro tema que comentaba el compañero con el que tampoco estoy muy de acuerdo, es el tema que apunta a que la gestión por resultados nos lleva quizá al abandono de esos indicadores o resul-tados un poco más cualitativos y a apuntar hacia

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los números. Para nosotros como cooperación

española, se está haciendo el proceso justamente

contrario y la gestión por resultados, a lo que nos

está llevando y lo que estamos implementando, es

precisamente a evitar estos esquemas tradiciona-

les de cooperación en los que hemos estado todos.

Los primeros, como autocrítica, la cooperación

española cuya inversión en escuelitas, hospitales,

que aunque lo diga en diminutivo no es por des-

preciarlos porque hay que hacerlos evidentemente

cuando hacen falta, pero creemos que el Estado

boliviano no está en la situación ahora de necesitar

eso. Necesita cambios cualitativos, nuevos esque-

mas de cooperación que agreguen un valor que no

implique simplemente infraestructura o provisión

de servicios. Entonces yo creo que la gestión por

resultados para nosotros en la interpretación, es

justamente la contraria.

Lo que me hace mucha gracia de que calculen can-

tidad de beneficiarios -no creo que sea una traba

burocrática que lleve más tiempo-, es una nece-

sidad también, porque nuestros países sede nos

exigen mucha más visibilidad en los resultados, no

necesariamente cuantitativos, sino también cuali-

tativos. Se exige un mayor grado de rendición de

cuentas, de dónde está saliendo este dinero de Es-

paña. Entonces, sí el mayor detalle de información

nos está llevando también a poder justificar y ren-

dir esas cuentas, tampoco hay que verlo como una

carga burocrática.

Empezando con mi presentación, quiero recono-

cer que la cooperación española está en un proceso

de transición que nos está llevando a una autoe-

valuación y analizar todos los procesos que hemos

llevado con anterioridad. La cooperación española

está cumpliendo recién este año 25 años que de re-

pente por donde se mire puede ser mucho o poco,

pero han habido muchos procesos en los que tene-

mos que aprender, y eso nos está sirviendo para

mirarnos hacia adentro y, efectivamente, hay dos

factores que comentaba el compañero muy clara-

mente, nos está ayudando a repensar de nuevo los

modelos de cooperación, en concreto con América

Latina y en concreto con Bolivia.

Los temas son, por un lado, el cambio drástico de

la situación económica en Bolivia en relación al

momento en que la cooperación española arribó al

país; y del mismo modo, la situación económica en

España. Bolivia, según datos macro- económicos

del Ministerio de Economía, sigue creciendo apa-

bullantemente (de enero de 2013 si no me equivo-

co se habla de un superávit del 4,5 %), mientras

que España está en recesión.

Por otro lado, el tema de la ejecución que tam-

bién ha sido muy analizada, tanto en la coopera-

ción española como con el gobierno boliviano: los

últimos datos de la Ministra de Planificación del

Desarrollo, Viviana Caro, indican que desde ene-

ro hasta septiembre - estaban en un 40 y tantos

% de ejecución a septiembre de este año. Enton-

ces, es alarmante ver que el dinero existe, que está

ahí pero falta algo que está impidiendo realizar los

proyectos.

En cuanto a la situación económica de España,

creo que todos sabéis cómo estamos. Las noticias

que rondan por ahí son bastante evidentes, pero

respecto al comentario del compañero sobre la

reducción en la cooperación, ésta ha sido brutal.

Ha sido una de las reducciones de ministerios más

fuertes desde el 2009 que empezaron los ajustes.

La agencia como tal está acumulando un recorte

del 60 % que es muchísimo dinero, pero si analiza-

mos el resto de ministerios en España, pues tam-

bién vemos que los porcentajes son tremendos en

temas como la salud y la educación. Entonces, es

muy difícil vender la cooperación en un país donde

la gente lo está pasando mal, por decirlo de una

forma llana, porque en situaciones como esta, la

gente tiende a mirarse hacia adentro. Sin embar-

go, por otro lado, hablando de sociedad civil, me

parece muy interesante que los últimos sondeos

realizados por la coordinadora de ONG españo-

las en Bolivia apuntan a que todavía el 80 % de

la sociedad civil española sigue apostando a la

cooperación al desarrollo, a pesar de la situación

de España. Esto, por un lado, nos da una credibi-

lidad de las ONG españolas evidentemente y, por

el otro lado, el compromiso solidario que existe en

la sociedad civil española al margen del gobierno.

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Estamos hablando de sociedad civil pura y dura,

separada del gobierno.

Frente a estos elementos que les comentaba, el

cambio de situación en Bolivia y el cambio de si-

tuación en España, nos ha llevado a repensar en

los modelos de cooperación y en plantear un nuevo

cambio de paradigma dirigido a dejar esas estruc-

turas tradicionales de cooperación de antes, (que

pasaron de ese voluntariado como comentaba el

compañero a inversión pura y ayuda a provisión

de servicios básicos que eran tuición del Estado) a

tratar de dar una cooperación que tenga un valor

agregado de lo que España puede aportar.

Este proceso de transición consiste en la mejora

de instrumentos de financiación para la coopera-

ción y asegurar que toda la ayuda oficial al desa-

rrollo se canalice a través de ONG que, en nuestro

caso, como cooperación española, es mucho más

de lo que se canaliza a través de Ministerios. No-

sotros canalizamos muchos más fondos, se habla

de un 60 % más o menos, que se ejecuta a través

de ONG, de lo que se va directamente de gobierno

español a gobierno boliviano en programas bila-

terales. Por lo tanto, seguimos con un peso fuerte

en ONG, estamos tratando de que esa ayuda ca-

nalizada a través de ONG garantice una eficacia

y, en la búsqueda precisamente de esa mayor efi-

cacia, abandonar respectivamente los esquemas

tradicionales de cooperación, y en ese abandono

se tiende hacer una cooperación técnica más que

una cooperación puramente financiera. Al decir

cooperación técnica, me refiero a aportar ese valor

agregado que España puede tener en calidad de

ayuda, en fortalecimiento de gestión pública, que

viene en respuesta a los bajos índices de ejecución

de gobernaciones como también de municipios.

Ahí creemos que sí podemos apoyar y el gobier-

no Boliviano así nos los ha transmitido por todo

el proceso de descentralización que hemos vivido

en España y que todavía se sigue profundizando.

Llevamos una trayectoria frente a la cual la coope-

ración técnica puede ayudar, ya que se puede recu-

perar errores que nosotros hemos cometido para

no volverlos a cometer en otros países, y el tema

de fortalecimiento de sociedad civil, que es el que

realmente ocupa este taller.

Para nosotros, ahora mismo, es vital como un con-

tenido fuerte de la cooperación española, el tema

de profundización de las relaciones de sociedad ci-

vil española y boliviana. Como les comentaba an-

tes, la sociedad civil española sigue apostando por

el tema de la cooperación a pesar de la situación

económica, y tradicionalmente nuestras ONG es-

pañolas que están en Bolivia trabajan de la mano

de socios locales bolivianos, son muy pocas las

ONG españolas que ejecutan directamente. Esta

relación entre sociedades civiles de ambos países

queremos reforzarlas y profundizarlas. Asimismo,

una mayor coordinación entre actores españoles,

ya que la cooperación española se ha caracteriza-

do por la diversidad y la dispersión porque, por

un lado, estábamos nosotros como agencia estatal

de cooperación, pero teníamos todo un mundo de

cooperación descentralizada que venía de las co-

munidades autónomas españolas, ayuntamientos,

entidades locales. Sin embargo, como no hay mal

que por bien no venga, esta crisis y la reducción

de fondos nos ha obligado también a sentarnos y

a coordinarnos entre nosotros, cuestión que con-

sideramos también un valor añadido a esto, como

también una mirada hacia otros donantes.

Por lo tanto, este trabajo que ya se venía haciendo

pero ahora con más fuerza y también empujado

por la crisis- es un hecho que creo va a ser un hito

histórico que debería haber empezado antes, pero

gracias a la crisis estamos trabajando arduamente

en ello: la programación conjunta de la Unión Eu-

ropea, que creo que va a reportar beneficios para

todos (tanto las cooperaciones donantes como

para los países), y el poder ir como una única voz

con un plan conjunto, con un programa coordina-

do, que nos va ayudar a todos también a lograr esa

eficacia, precisamente de los fondos.

Por otra parte, quería comentarles del cambio de

paradigma que les mencionaba y el rol de la so-

ciedad civil que para nosotros está tomando un

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tinte mucho más fuerte que el que podía tener an-

tes. Para ello, quiero poner unos ejemplos ya que,

como saben, la cooperación española se rige por

2 documentos básicos: uno es el Plan Director de

la cooperación española que es el que rige dicha

cooperación en todos los países donde trabaja; y

el segundo es este Plan Director que aterriza en los

Marcos de Asociación País y que se negocian di-

rectamente con el gobierno del país donde se está

trabajando. En este caso con el gobierno Bolivia-

no. Actualmente vamos en el cuarto Plan Director

de la Cooperación Española que se aprobó para la

gestión 2013 – 2016 y que establece las líneas don-

de la cooperación española va a reforzar su trabajo

en estos años y donde hay bastantes alusiones al

tema de fortalecimiento de sociedad civil.

Quería destacar dos citas fundamentales, una de

ellas está al inicio del documento:

“Las estrategias de diferenciación de la Coopera-

ción Española serán fruto del dialogo con los paí-

ses socios, y de consulta a otros donantes y actores

del sistema dentro de los procesos de Marcos de

Asociación País (MAP) en los cuales se incorporan

perspectivas de la sociedad civil.”( IV Plan Direc-

tor de la Cooperación Española 2013-2016)

La cita, demuestra la intención de negociar y to-

mar muy en cuenta a la sociedad civil, tanto espa-

ñola como boliviana, representadas a través de sus

espacios de coordinación, etc.

Luego hay una alusión especifica dentro de la línea

de trabajo de impulso a la calidad de la democra-

cia, que es un punto clave:

“Reforzaremos también a la sociedad civil y con-

tribuiremos a una ciudadanía activa a través del

acceso a la información como medio de control de

los poderes públicos, apoyando la organización de

la sociedad civil y la mejora en la participación ciu-

dadana” (Línea de Trabajo Impulso a la Calidad de

la Democracia)

Estos párrafos recogen puntos clave en los que

la cooperación española está haciendo énfasis: el

tema de la participación ciudadana activa, acceso

a información y control de poderes públicos que,

quizá, sea un tema bastante controversial por lo que

estuvimos viendo esta mañana por el tema político.

Los Marcos de Asociación País (MAP), son docu-

mentos específicos de cada país donde la Coopera-

ción Española trabaja. Ha sido un trabajo fuerte,

de diálogo entre gobierno español, gobierno bo-

liviano y la agencia española de cooperación, con

todos los donantes internacionales que trabajan en

Bolivia.

La que más nos hizo repensar y volver a analizar

todas nuestras perspectivas fue la sociedad civil.

Fue la más crítica con nosotros y, a la vez, la que

más insumos nos aportó para que esta estrategia

fuera realmente sólida y se fuera a cumplir en los 4

años que tiene de 2011 a 2015.

Dentro de ese Marco de Asociación País, hicimos

esta concentración de sectores que tampoco fue

una concentración muy brusca porque, al final,

nos hemos quedado con 5: agua, educación, go-

bernabilidad, soberanía alimentaria y salud. Son 5

sectores bastantes fuertes, y se hizo mucho hinca-

pié en tres ejes transversales que la Cooperación

Española lleva trabajando mucho tiempo: género

en desarrollo, derecho de los pueblos indígenas y

sostenibilidad ambiental. De los tres, hay que re-

conocer que género es donde más fuerza hemos

tenido, de la mano siempre de la sociedad civil bo-

liviana que creemos que ahí tiene un importante

trabajo, y es el que más hemos desarrollado. En

nuestro Marco de Asociación País se reconoce a la

sociedad civil como socia principal para el trabajo

y además con un papel como actor de desarrollo

protagonista.

Respecto a las acciones concretas, comentarles

que los instrumentos que nosotros tenemos para

trabajar con sociedad civil pasan por dos herra-

mientas fuertes: los convenios y proyectos de coo-

peración, ambos instrumentos intermediados por

ONG españolas, pero siempre de la mano ONG

Bolivianas. Lo que quiero decir con esto es que a

las convocatorias se tienen que presentar una ONG

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española, pero siempre con un socio con entidad

boliviana. Antes teníamos una convocatoria que

iba directamente a la sociedad civil boliviana, sin

intermediación de ONG españolas, que ahora está

en un proceso de replanteo, ya que han habido mu-

chísimas dificultades para dar seguimiento a estas

actuaciones y queremos todavía darle una vuelta de

tuerca para repensar como vamos hacerlo.

Por otra parte, tenemos dos espacios, además de

estos instrumentos, que son las mesas sectoriales

de la Cooperación Española que se pusieron en

marcha con mucha más fuerza a raíz de la apro-

bación de nuestro Marco de Asociación País. Son

mesas de diálogo que juntan a ONG españolas, so-

ciedad civil boliviana (en algunas participa el Mi-

nisterio cabeza de sector de Bolivia y/o agencias

multilaterales de Naciones Unidas) y constituyen

espacios sectoriales donde se discute precisamen-

te la coyuntura del país, las nuevas políticas pú-

blicas y todo lo que rodea al sector en cuestión.

Actualmente tenemos 7 mesas que se reúnen prác-

ticamente cada 3 meses al año, donde se discuten

varios temas de cada sector. UNITAS conoce esto

bien porque nos hizo una evaluación hace poco y

surgieron resultados muy interesantes de esa eva-

luación, los cuales estamos tratando de aplicar

ahora en las nuevas reuniones.

Por último, tenemos un grupo específico de la so-

ciedad civil dentro de los grupos de donantes del

“GRUS” (Socios para el Desarrollo). El próximo 6

de diciembre tenemos el nuevo evento donde tam-

bién se puede tratar temas coyunturales que nos

están afectando a todos, pero, por otro lado, tam-

bién se trata de ir más allá en un debate que tenga

una cierta calidad temática. Ahora, por ejemplo,

estamos discutiendo el tema post Objetivos de De-

sarrollo del Milenio (ODM), y los nuevos Objetivos

de Desarrollo Sostenible (ODS) que está trayendo

bastante cola, así como temas muy de actualidad

que nos afectan a todos en tanto ONG nacionales

bolivianas como ONG internacionales, e incluso a

nosotros como donantes estatales.

Para concluir, decir que este es el panorama de la

Cooperación Española. La situación es complica-

da, como lo expliqué al inicio de la presentación, y

lo sabemos. Pero hay que aprovechar este tipo de

situaciones y lo que la Cooperación Española está

tratando de hacer, y que poco a poco lo estamos lo-

grando, es aprovechar este recorte de presupuesto

para poder hacer una evaluación real de lo que se

estaba haciendo todos estos años. Tratar de sacar

lecciones aprendidas de cara a la efectiva reduc-

ción de recursos y tratar de ser más eficaces en los

resultados, de eso se trata.

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Mónica RodríguezRepresentante de la Unión Europea

Muy buenas tardes a todos y todas y muchas gra-

cias por invitarnos. Nos gusta estar siempre pre-

sentes y lo más cerca posible a la sociedad civil.

Voy a comenzar haciendo una presentación de una

serie de conclusiones a las que ha llegado nuestra

sede (UE-Bruselas), como resultado de varias con-

sultas, y que marcan la nueva línea de cooperación

de la Unión Europea.

Como ustedes deben saber, nuestra estrategia

de cooperación vigente fenece este fin de año, y

la nueva estrategia 2014 – 2020 está a punto de

nacer. Estamos en un momento de cambio impor-

tante y de reflexión que queremos presentar ante

ustedes. “Las raíces de la democracia y desarrollo

sostenible” es un documento que sintetiza todas

estas reflexiones y que viene marcando el nuevo

compromiso de la UE con la sociedad civil. Ésta es

la cronología de donde viene toda esta reflexión, y

hacia dónde nos va llevar.

Marcamos algunos hitos: básicamente el 2011 con

la Conferencia Final del Diálogo Estructurado.La

UE ha desarrollado, a nivel mundial, un diálogo

con la sociedad civil y con autoridades locales,

para comprender la presencia de la cooperación

pero, además, para saber cuáles son las principales

preocupaciones de los actores de la sociedad civil

representada y organizada, así como de las autori-

dades locales.

La Consulta Mundial se ha llevado adelante en va-

rios países de Europa y de América Latina entre

marzo y mayo de 2012. En Bolivia ha estado re-

presentada por ciertos participantes de ONG y de

autoridades locales. Aquí hay que aclarar que no

podemos decir que haya habido una plena repre-

sentatividad de la sociedad civil boliviana en estos

eventos, porque la sociedad civil boliviana es bas-

tante fuerte pero al mismo tiempo muy poco arti-

culada y con una representatividad muy débil. Sin

embargo, podemos decir que se contó con la pre-

sencia de la gente que está más cerca a la coopera-

ción mediante la UE, lo que no quita nuestro con-

tacto con las organizaciones ni con las autoridades

locales que, de manera muy sistemática desde el

2011, han participado de una serie de consultas,

muchas de ellas en línea, justamente por la faci-

lidad de llegar a una mayor cantidad de personas.

El 2011 se llega a una conclusión final de los varios

encuentros que se ha tenido en Europa y en Amé-

rica Latina.

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Luego están los acuerdos de Busan, París, etc. que,

sin duda, han llegado a una conclusión que es pe-

queña y muy grande al mismo tiempo. Es peque-

ña en palabras: la necesidad de un cambio de la

cooperación hacia la sociedad civil. Este cambio,

básicamente, nos apunta en primer lugar a am-

pliar nuestra mirada de lo que es la sociedad civil.

Hasta 2004 – 2005, la cooperación de la UE ha-

cia las ONG era el máximo alcance que tenía de la

sociedad civil, pero como resultado de todos esos

procesos de consulta, de las miradas de las propias

delegaciones en los diferentes países donde está

presente la UE, se reconoce que la sociedad civil es

mucho más grande y compleja, se ha valorizado y

ampliado el trabajo de las ONG.

Vemos otros actores que están exigiendo una ma-

yor presencia, ser escuchados con mayor atención:

organizaciones de productores, organizaciones de

artesanos, juntas de vecinos, organizaciones de jó-

venes, asociaciones de autoridades locales, es de-

cir, la sociedad civil en toda su complejidad.

Con respecto a nuestra cooperación dirigida ex-

clusivamente a ONG, ya el año 2012 la comisión

aprueba una nueva comunicación a través del do-

cumento “Las raíces de la democracia”, donde se

marca la nueva línea de cooperación con la socie-

dad civil. El consejo aprueba las conclusiones y se

difunde esta nueva línea de cooperación a todas las

delegaciones.

¿Cuál es el contexto de esta nueva comunicación?

Ya no hablamos de ONG, hablamos en general

de las organizaciones de la sociedad civil en toda

esa amplitud que se puede concebir como socie-

dad civil representada. Estamos hablando de que

la sociedad civil y las organizaciones sociales son

reconocidas como actores de desarrollo indepen-

dientes. Esto representa mucho porque, en primer

lugar, estamos hablando de un involucramiento

directo de la sociedad civil en el desarrollo de los

países pero, al mismo tiempo, de la necesidad de

coordinación, de armonización y también de la

necesidad de reconocer su espacio independiente

respecto a los gobiernos en cada país.

En estos años en que nos encontramos frente a un

panorama cambiante pues, como ya lo ha mencio-

nado el colega de Diakonia, tenemos un número

creciente y una diversidad y formas más fluidas

de acción de la ciudadanía: el Internet y todos los

medios sociales que actualmente facilitan bastante

la difusión de información y la sensibilización so-

bre ciertos temas. Sin embargo, a pesar de ello, el

diálogo, más allá de todo el avance de la sociedad

civil en los diferentes países, es bastante limitado.

Aún se encuentran Estados que no son tan procli-

ves al dialogo sincero y directo con la sociedad ci-

vil, espacios todavía reducidos de la sociedad civil

y medidas restrictivas en muchos países, desafíos

de por sí muy fuertes, al interior de las propias or-

ganizaciones.

En resumen ¿qué nos plantea ésta comunicación?

Primero, está muy clara la necesidad de mantener

un compromiso, como miembro europeo pero es-

tratégico, con la sociedad civil en países en vías de

desarrollo. Mantener este compromiso pero refor-

zarlo, mejorarlo y también facilitar las relaciones

entre el Estado y la sociedad civil. Este es un rol

muy importante para la UE. Ante un ambiente de

vulneración de derechos, muchas veces la sociedad

civil encuentra espacios muy reducidos, por lo tan-

to, la comunicación establece tres prioridades:

1. Como UE debemos trabajar en la promoción de

un entorno propicio para las organizaciones de

la sociedad civil.

2. Debemos trabajar en la promoción de la par-

ticipación significativa y estructurada de la

sociedad civil. Participación en la línea de las

políticas nacionales que establecen los gobier-

nos en su amplia y clara soberanía y, en esto,

nuestra nueva estrategia 2014 – 2020 apunta

claramente a que la sociedad civil debe estar

alineada cada vez más a las líneas de acción

que establecen los gobiernos, sin perder su

espacio independiente y soberano ya que, de

hacerlo, perdería su propia naturaleza como

sociedad civil.

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3. Fortalecer las capacidades de la sociedad civil

para desempeñar de manera más eficaz su papel.

En la primera prioridad: propiciar un entorno fa-

vorable para la sociedad civil, intervienen muchos

factores. Es un problema de muchos y la solución

tiene que venir de muchos sectores. En primer

lugar, están los Estados como principales res-

ponsables de generar un ambiente propicio para

la sociedad civil, pero también los medios de co-

municación. Nos interesa, como UE, trabajar en

la promoción de una reflexión y un aumento de la

responsabilidad en la difusión de la información,

la búsqueda de imparcialidad en los medios, sin

duda juega un rol fundamental. Asimismo, la co-

munidad internacional de la que la UE forma parte

y la propia sociedad civil, mediante el incremento

de su propia legitimidad frente a los propios ciu-

dadanos, son factores a tener en cuenta. Se trata

de un trabajo para comenzar a romper esquemas

individualistas e ir más allá, a un enfoque de aso-

ciación, de sinergias, un enfoque de trabajo en

equipo.

En el segundo punto nos referimos a la formula-

ción participativa de políticas para una mejor go-

bernanza: en una palabra, esto significa diálogo a

todo nivel, diálogo dentro de las instituciones de la

sociedad civil, entre las propias organizaciones de

la sociedad civil, diálogo de la sociedad civil con el

Estado, con la cooperación. El establecimiento de

esos espacios, a pesar de los constantes esfuerzos

realizados, no es un tema agotado; es un tema en el

que pensamos seguir trabajando en nuestra próxi-

ma estrategia.

La transparencia y responsabilidad interna cons-

tituyen puntos fundamentales de nuestra nueva

comunicación, donde las instituciones estatales

reconocen el papel de los parlamentos y otros or-

ganismos de supervisión. Queremos, como UE,

llevar adelante una relación transparente con

los gobiernos, con el gobierno Boliviano. En la

constitución y formación de organizaciones, las

exigencias actuales por parte del gobierno Bolivia-

no para el Acuerdo Marco son temas molestosos,

en muchos casos, pero que la UE respeta porque

es lo que establece el país de acogida, en este caso

Bolivia.

En Bolivia tenemos un amplio contexto para tra-

bajar en el rol de las organizaciones de la sociedad

civil, a partir de la nueva reglamentación que esta-

blece sistemas de control social. La participación,

que estaría reconocida prácticamente en todas

las reglamentaciones, en todas las leyes que saca

el gobierno actual, constituye un rol fundamental

que se tiene que trasladar del papel al hecho.

Aún vemos que muchas organizaciones no están a

la altura de las demandas que piden sus propios

asociados. En las convocatorias que lanzamos,

muchos de ustedes que han seguido las convoca-

torias han debido ver un cambio: al comienzo las

convocatorias que lanzaba la delegación estaban

dirigidas exclusivamente a ONG, pero ahora se ha-

bla de sociedad civil. ¿Cuántas organizaciones de la

sociedad civil que no sean ONG han participado?

Menos del 10% de las propuestas que se presentan

son de organizaciones sociales o sociedad civil. En

la cartera de aproximadamente 50 proyectos que

tenemos, solo una organización de productores fue

beneficiaria de forma directa, todas las demás fue-

ron realizadas por ONG. Una organización de ar-

tesanos y artesanas ha sido nuestra primera y, has-

ta el momento, la única beneficiaria directa. ¿Por

qué ésta participación se encuentra tan reducida?

Entendemos que son temas relativos a un proce-

so, toma tiempo desarrollar capacidades, pero

también vemos, por otro lado, la necesidad de un

mayor acercamiento entre organizaciones y ONG

que han desarrollado experticias y organizaciones

locales que quieren aprender a gestionar proyectos

y que no tienen todavía el espacio suficiente, o que

aún se las quiere relegar a un rol de beneficiarios

pasivos.

Consideramos importante revisar dentro de las

estrategias de cooperación de las propias organi-

zaciones, cuán participativas hacemos a las orga-

nizaciones. Lo que decía al respecto el compañero

de Diakonia, plantearnos realmente cuál es el valor

agregado como ONG de ser intermediarios. ¿Será ac-

tualmente el rol que las ONG deben llevar adelante,

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o es más bien el momento de dar un paso atrás,

sin alejarse del beneficiario, empujar, impulsar

para que éste beneficiario sea un solicitante direc-

to? Muchas veces asumimos un rol de protagonis-

mo en la ejecución de un proyecto, pensamos que

es mucho más fácil que hacer el rol de segundo,

porque el rol de segundo, que está detrás del be-

neficiario, es el que pasa la experiencia, pasa todo

el conocimiento pero, al mismo tiempo, deja que

el beneficiario, la organización de productores, la

organización de jóvenes estén adelante y sean los

que realmente se empoderen de las acciones que

se están desarrollando. Ser responsables de la sus-

tentabilidad de un proyecto es mucho más difícil,

hemos visto ONG bolivianas muy fuertes y muy ca-

paces de desarrollar adelante acciones como pro-

tagonistas. Sin embargo, cuando se les propone ir

de segundas muchas se aplazan, no saben asumir

un rol secundario. Supone una madurez institucio-

nal muy fuerte.

La sede de la UE, básicamente lo que hace en Amé-

rica Latina es analizar y reflexionar sobre el uso de

los fondos, más que por la crisis mundial, por una

revisión en la forma de cooperación con los países

de América Latina. Chile, Argentina, Perú tienen

otros niveles de renta y, por lo tanto, no amerita

mantener una cooperación como la que se ha man-

tenido hasta ahora. En este sentido, la cooperación

de la UE está en retirada de estos países. Los dos

países que no han salido de las prioridades de la

UE, son Paraguay y Bolivia. El responsable para

las Américas de la cooperación de la UE, en su vi-

sita a Bolivia, nos ha confirmado que si es que no

aumenta el monto de cooperación para Bolivia en

la gestión que va hasta el año 2020, por lo menos

no va a disminuir. Podemos estar tranquilos, so-

mos un país de renta media baja, pero por toda la

salvedad que supone un indicador, la UE va a se-

guir manteniendo su presencia en el país.

Estamos viviendo momentos de cambios. La so-

ciedad civil es más compleja, más diversa. ¿Qué es

lo que vamos hacer en adelante? La primera gran

tarea con la nueva estrategia 2014 – 2020 son Ho-

jas de Ruta. El plan de trabajo a nivel nacional, de

la UE, Estados miembros y los países beneficiarios

de las subvenciones, está conformado por la Hoja

de Ruta que establece un principio absolutamente

consensuado con la sociedad civil. Para esto, tene-

mos la gran tarea de tomar contacto mucho más

cercano con ustedes para hacer un seguimiento

permanente a la cooperación, a partir de esta nue-

va estrategia que vamos a desarrollar. Es un cam-

bio muy fuerte.

Lo que hemos hecho hasta ahora con la reflexión

que les he mencionado, es resultado de varios en-

cuentros mundiales. A nivel nacional, las convo-

catorias lanzadas desde hace más o menos unos

7 años, han sido formuladas como convocatorias

abiertas. No fueron focalizadas, ni geográfica ni

temáticamente. Al contrario, la convocatoria para

actores no estatales, por ejemplo, fue dirigida al

tema del desarrollo económico local. Este ha sido

el gran paraguas sobre el cual las organizaciones de

la sociedad civil y autoridades locales, han presen-

tado en estos 7 años, diferentes propuestas que han

generado muchas expectativas, indudablemente.

Este año, hemos recibido 96 propuestas de actores

no estatales.Evidentemente la tasa de mortalidad

de las propuestas es muy alta, hay que decidir qué

actores quedan y qué actores no quedan. El lote 1

y el lote 2, financian 7 propuestas. Esto supone, en

primer lugar, mucho trabajo para ustedes porque,

particularmente este año, se ha formulado una

convocatoria abierta cuyo requisito es la presen-

tación de una propuesta síntesis y una propuesta

completa al mismo tiempo. Estas propuestas son

un trabajo muy necesario y hemos visto la diferen-

cia de amplitud respecto a cuándo hacíamos las

convocatorias restringidas.

Las convocatorias restringidas del pasado, reque-

rían la presentación de un documento simple, el

resumen de un proyecto completo. Para ser muy

honestos, la muy reducida calidad en la propues-

ta síntesis ha suscitado bastante preocupación de

nuestra parte, ya que el criterio único que mane-

jamos para la calificación de las propuestas es la

calidad. Siendo así, este año hemos decidido exigir

la propuesta completa y hemos notado una cali-

dad completamente diferente a la de los anteriores

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años. Pudimos recibir propuestas acabadas, no es-

tudios de pre factibilidad, ni borradores.

La capacidad de poder elaborar un enfoque inte-

gral de desarrollo económico local es muy limita-

da, muchas veces se plantean extremos en las pro-

puestas: sólo infraestructura, o por el otro lado, un

extremo de sólo consultorías. La participación de

la Sociedad Civil -no ONG- es aún bastante limita-

da y en esto debemos asumir una responsabilidad

compartida. Las ONG tienen que asumir la res-

ponsabilidad de socializar los resultados de todos

estos años de cooperación.

A pesar de todos los recursos que son limitados,

en 2 años consecutivos hemos tenido lamenta-

blemente que devolver fondos a nuestra sede en

Bruselas porque no había la capacidad ni calidad

suficiente en las propuestas de autoridades locales.

Tras 7 años de hacer convocatorias amplias, mucho

trabajo para ustedes como también mucho traba-

jo para nosotros, nos dedicamos 8 meses cada año

solo al tema de las convocatorias para que al final

del año tengamos proyectos nuevos.

Ahora vamos a alinear de manera muy directa y

muy explícita nuestra cooperación temática a los

3 ejes de la nueva cooperación bilateral que está

estableciendo la UE con Bolivia en la nueva estra-

tegia país.

El primer eje es Justicia, el segundo la Lucha con-

tra el narcotráfico, desarrollo alternativo y segu-

ridad alimentaria; y por último, Agro-medioam-

biente. Como decía Ainhoa, no podemos estar en

todo con todos los temas en todos los lugares, la

sede nos ha pedido focalizar la cooperación en Bo-

livia en torno a estos tres ejes.

La justicia es un eje completamente nuevo para

nosotros. Nunca habíamos trabajado en este tema

y, de hecho, es un tema que nace de la reflexión

de varias necesidades aún latentes en nuestro país.

El tema del narcotráfico implica una continuidad

con lo que se ha hecho en otras estrategias.

Tenemos una línea para trabajar las medidas de

apoyo a esta cooperación temática. Son fondos

destinados a generar los espacios de diálogo, de

encuentro, de consulta, con la sociedad civil. Lo

que solicitamos a la sede para la estrategia 2014

– 2017, es un trabajo más estratégico con los pro-

yectos, de mayor impacto, de mayor encuentro con

las políticas gubernamentales pero, que al mismo

tiempo, contribuya a que la sociedad civil en Bo-

livia se estructure, logre mayor representatividad,

establezca más alianzas, y tenga un contacto más

fluido también con el Estado y con sus pares en

otros países.

Esta es básicamente nuestra misión, resultado de

la reflexión de los errores y de los aciertos en estos

años y esperamos que esto se vaya a lograr

Preguntas y reflexiones

¿Cómo se va a hacer la lucha contra el narcotrá-

fico si paralelamente no se hace la lucha por la

educación y por la salud? (Federación Sindical de

Trabajadores)

Yo al escuchar me preguntaba cómo no retorna el

dinero que viene para el desarrollo en Bolivia. Us-

tedes saben que en Cochabamba necesitan agua,

hay comunidades que ni siquiera tienen agua po-

table, tienen que cavar pozos para tomar agua. Las

comunidades casi no saben en qué gastan el dine-

ro las ONG, no tienen conocimiento. El 90 % del

agua potable de Cochabamba es de pozos. Como

el informe no llega a las comunidades… yo pien-

so que en las comunidades la mayoría no tenemos

poder económico, poder político. Las que tienen

poder político, poder económico, lo utilizan para

hacer campañas y eso también lo hemos visto, di-

putados que directamente están entrelazados con

estas ONG, utilizan para sus campañas políticas y

comunidades; pero las comunidades que no tene-

mos poder político y económico somos lateral de la

pobreza. Yo quisiera que se informe un poco más,

es la primera vez que estoy escuchando esto de las

ONG. Las ONG con que nosotros hemos participa-

do siempre ha sido mediante talleres. (Organiza-

ción Social. Cochabamba).

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La primera observación que tengo para AECID… Si entendí bien se habló de un financiamiento incondicional a las ONG. No entiendo eso. En el momento, nos estamos acotando a los principios de transparencia, rendición de cuentas. Estamos perfectamente de acuerdo con las tres “A”: Armo-nización, Alineación, Apropiación.

Para el primer expositor, la primera cosa que no entendí es si hablas a nombre de Diakonia o ha-blas a nombre de las ONG internacionales, porque cuando dices que debemos mejorar indicadores, debemos trabajar sobre impacto, etc. , bueno…, hagamos distinciones, porque esto que estamos implementando desde hace muchos años, no digo que lo hayamos logrado, pero tampoco que arran-camos de cero, sino estaríamos en serio mal, mal parados. No hablamos solamente de la crisis fi-nanciera del norte, porque sería a mi manera de ver extremadamente reduccionista. Estamos ha-blando de un cambio de paradigma, en orden de desarrollo estamos enfocándonos a acciones de es-pecialización, aumento de competencias, aumento de las capacidades técnicas. Por lo tanto, es aquí que debemos jugar nuestra capacidad de interven-ción, ya basta de infraestructuras como se dijo… Yo creo que hemos construido a veces suficiente. Entonces, el tema de paradigma va justamente en ese sentido en que podemos jugar nuestra ca-pacidad y nuestra especialización para incidir en determinados cambios de desarrollo que se están dando. No hay que olvidar el gran papel que está jugando la cooperación sur-sur. La crisis, paradó-jicamente, podemos verla como una oportunidad. Tú mismo estás diciendo los cooperantes deben salir, caramba ojo, entonces allí jugamos nuestro papel en el sentido de focalización, concentración, exigencia de mayor especialización porque si no, efectivamente nuestro valor agregado se va diluir de una manera evidente. Entonces no reducimos solamente a costos de gestión o a costos operati-vos, tenemos un papel, históricamente lo hemos tenido, ¿por qué no defenderlo?

La mayoría de los donantes, nos obligan a tener con-

traparte de países y esa es una limitante tremenda

para nosotros, sobre todo cuando reconocemos que

la capacidad de ejecución de las municipalidades,

de las comunas, gobernación es limitada. Entonces

en este momento de crisis financiera, la recauda-

ción de fondos como contrapartes para programas

de cooperación es limitada, lo vemos nosotros que

participamos a ONG internacionales. ¿Por qué no

repensar el método de cofinanciamiento? Hay un

compromiso europeo que debemos dedicar 0.7 del

presupuesto a programas de desarrollo y ningún

país europeo lo ha alcanzado.

Sabemos muy bien que la concentración lleva a

una disminución de recursos, lo vemos como coo-

peración belga, y lo que dijo el compañero antes

me parece extraordinario, es decir, no tenemos sa-

lud. Vamos a firmar como cooperación belga y los

ejes de intervención que antes eran salud y agua,

se reducen al riego… Entonces hay puntos que

efectivamente debemos considerar de una forma

más integral en el dialogo con la sociedad civil. A la

UE quiero preguntarle: De los tres ejes temáticos:

justicia que es nuevo; erradicación de los cultivos

más seguridad alimentaria económica; y el tercero

agua y medio ambiente ¿cuál es el peso porcentual

del presupuesto asignado? (ONG internacional).

Mónica Rodríguez

Tiene que ser una relación de cooperación sin con-

dicionalidades y sin imposición de prioridades,

porque yo creo firmemente en que soberanamente

tenemos que decidir a partir de diagnósticos claros

de lo que sucede en la realidad, en la articulación

con las organizaciones de la sociedad civil… ¿qué

es lo que necesitamos hacer con las cooperaciones

para el desarrollo? Creo que esa definición sobera-

na debe después llevarse a planes y programas que

pueden tener las ONG, que tienen que ser frutos

de una discusión con la cooperación internacional,

para llegar a un acuerdo político para la aplicación

de esos programas. Todo lo que se vaya hacer es en

diálogo franco y abierto con las ONG. No son las

ONG españolas las que van a definir lo que hay que

hacer, es un dialogo entre ONG españolas ONG

bolivianas o de cualquier otro país, donde vamos a

ir construyendo un programa, una estrategia para

desarrollar o hacer contribuciones al desarrollo de

diferentes ámbitos.

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A veces los diagnósticos de los que son portado-

ras la cooperación internacional no son los más

ajustados a la realidad, hoy el mejor ejemplo es

mencionar la bonanza económica en los países de

América Latina que hace que ya no sea necesaria la

cooperación al desarrollo en la magnitud o con la

orientación que antes tenía.

Seremos más rigurosos en lo que es el diagnóstico

de lo que está pasando con la economía y con la

sociedad en los distintos países, una cosa son los

indicadores macro económicos y otra cosa son los

indicadores reales en educación, en salud, en tra-

bajo, en ingresos y en satisfacción de necesidades

básicas y pobreza. Cuando digo no condicionali-

dad ni prioridades, estoy diciendo que hay una ne-

cesidad de que seamos nosotros los que definamos

lo que se necesita o los diferentes actores sociales

y a partir de eso uno hará su gestión financiera

buscando aquella cooperación que tiene empatía

con lo que tú quieras, lo que sea tu contribución al

desarrollo.

Jorge Velásquez

Sería demasiada arrogancia poder expresarme en

nombre de todas las organizaciones internaciona-

les. Cuando hacía referencia al uso de indicado-

res pensaba sobre todo en que, por ejemplo, en el

caso de Diakonia en este plan trienal en vigencia

2012 – 2014, tenemos el mandato de trabajar con

mayor énfasis y con fuerzas con organizaciones de

base. Eso ha significado prácticamente dejar de

lado por lo menos unas 5 o 6 ONG para incorporar

organizaciones de base. Nuestro sistema de moni-

toreo en Diakonia nos exige que cuando tenemos

que aprobar estos proyectos trienales y anuales, la

misma rigurosidad al evaluar a UNITAS (con línea

base, con marco lógico, etc.) que al evaluar a una

organización de base. Para mi organización sede

no importa que se trate de organizaciones de base

o ONG, porque, en cualquier caso, la evaluación

implica mayores tiempos de trabajo, no solamente

el equipo en este caso de Diakonia sino inclusive

para las organizaciones y ONG, frente a la nece-

sidad de precisión en términos de qué es lo que

se quiere lograr de manera objetiva. Obviamente

como Diakonia hemos cumplido, lo estamos ha-

ciendo y vamos a seguir cumpliendo todas estas

exigencias. No sólo rendimos cuentas de transpa-

rencia al Estado Nacional sino también a la emba-

jada sueca, a la UE, y es lo que corresponde. Cum-

plimos con todas las normativas y las exigencias

de calidad. Yo creo que si todavía estamos vigentes

acá, es justamente por esa calidad.

Con relación al valor agregado, cuando nosotros

hablábamos con la gente de la cooperación que nos

dice que la cooperación sueca se retira de Bolivia,

la mayor preocupación no pasa por que se tenga

que ir, porque finalmente es un poco el proceso

actual que se está dando. Cuando presentamos

nuestras convocatorias y nuestras propuestas a la

UE, probablemente perciben que justamente tene-

mos ese valor agregado que hace que algunos ejes

temáticos estén garantizados, o que hay un valor

agregado en la forma de trabajo, en la metodolo-

gía y herramientas de nuestro enfoque. Ello hace

que se opte por asignar recursos a esta organiza-

ción, entonces lo del valor agregado hace también

a nuestra sostenibilidad, sobrevivencia y a nuestra

cualidad y capacidad de trabajo.

Ainhoa Cabezón

Hay que tener en cuenta que todos no somos bue-

nos en todo. Quizá si el gobierno también está

apostando fuertemente en educación y en salud,

nuestro trabajo sea más acompañar esos procesos

tanto de la política pública de salud, la SABSI que

se está implementando en un proceso lento. Como

cooperación española, estamos apoyando esa im-

plementación de política pero el responsable ini-

cial, primero y último, en implementar la política

es el gobierno boliviano, igual que en educación.

Toda la revolución educativa se ha implementado

mediante la nueva ley. El Ministerio de Educación

está trabajando fuertemente con sus aciertos y sus

errores como todos, pero sí que hay cooperacio-

nes detrás del Ministerio de Educación que tie-

nen un fondo canasta que trabaja directamente y

que ejecuta directamente el Ministerio de Educa-

ción del que España también es parte como tam-

bién otras cooperaciones internacionales. No es

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que nos estemos olvidando, es cierto lo que dice

el compañero, que hay veces que lamentablemente

algún sector se queda huérfano… se queda ahí soli-

tario y ninguna cooperación abarca.

Como cooperación española tenemos bastantes

fondos en agua, pero también hay que considerar

que el gobierno boliviano tiene un proyecto nacio-

nal de agua muy fuerte.

Siendo positiva, hay que tratar de ver los logros del

nuevo plan, y lo que yo apuntaba es a ese cambio

de paradigma que compartimos al repensar esas

estrategias de financiación y de apoyo. Efectiva-

mente el presupuesto ahora mismo es muy ridícu-

lo. Hay mucho que discutir y la sociedad civil espa-

ñola lo está discutiendo. El Ministerio de Defensa

es uno de los que más o menos tiene intacto el

presupuesto y compromisos están ahí y no los es-

tamos cumpliendo. La sociedad civil española está

presionando mucho precisamente para que los

compromisos se cumplan como se han asumido.

Mónica Rodríguez

En educación y salud hay políticas de gobierno

central muy claras. Sobre el tema de agua lo que

debo mencionar es que si les parece mucho 4 mi-

llones de euros, es mucho y poco al mismo tiempo.

4 millones de euros es la décima parte de lo que

la UE -o menos de la décima parte- da al Tesoro

General a través de los programas que apoya al

gobierno boliviano. Entonces, el grueso de nues-

tra cooperación, está en el Tesoro General. ¿Por

qué es así? Porque ya hace bastante tiempo hemos

entrado a la reflexión acerca de la mejor forma de

cooperar con los países. Hemos llegado a que sean

los propios países los ejecutores de la cooperación.

Desde varios años ya, desarrollamos lo que se lla-

ma apoyo presupuestario. Ya no es un apoyo a pro-

yectos o programas que realicen organizaciones,

sino es un dinero que se da, es una apuesta que se

hace por un gobierno. Se entrega al Tesoro Gene-

ral, y no hacemos más, no participamos más en la

gestión de esos fondos. Solamente pedimos a los

gobiernos indicadores macro económicos de edu-

cación y salud para continuar con el desembolso.

El verdadero ejecutor del grueso de la plata son los

gobiernos. Entonces 4 millones son una cosquilla

para lo que realmente reciben los gobiernos para

sus programas y sus proyectos. Los fondos de coo-

peración más importantes son manejados por los

gobiernos en su legítima soberanía.

Es fácil caer en preguntas tales como ¿qué han he-

cho las ONG todos estos años? Muchos dicen esto,

quieren criticar, se habla de tantos talleres y evi-

dentemente nosotros también notamos ese agota-

miento de la gente pero, por otro lado, valoramos

el trabajo profesional de muchas ONG. Lo malo

no es que hayan llegado y que se vayan sin haber

dejado un progreso en algún lugar, que tampoco

era su responsabilidad. Ellos ponen, aportan, pero

es responsabilidad básicamente de todos. El pro-

blema es que hayan llegado, hayan hecho algo y se

hayan ido y no hayamos sabido aprovechar a nivel

individual o de organizaciones, todo lo que estas

organizaciones han construido en términos de ex-

periencia, de metodología, de gestión de conoci-

mientos. Esto no se hace de la noche a la mañana,

y lo estamos viendo con las autoridades locales. Es

un proceso que toma muchos años, y si una auto-

ridad local es suficientemente “pilas”, no va em-

pezar el proyecto de cero… va a aprovechar lo que

ya una ONG que está trabajando en ese lugar o en

otro lugar ha desarrollado. Va a tratar de absorber

todo eso que está haciendo. No les parece que eso

es lo mejor, lo más adecuado, lo más eficiente…No

empezar de cero sino aprovechar su experiencia en

vez de hacerlas a un lado?

Cuando hablamos ahora de organizaciones de la

sociedad, no queremos rebajar la importancia de

las ONG, pero pensamos que deberíamos aprove-

char más de lo que actualmente sacamos de estas

organizaciones.

Lo que sí es claro, es que ahora que hay foca-

lización temática mediante 3 ejes claramente

establecidos, y también va a haber una focaliza-

ción geográfica. Por ejemplo, en el tema de de-

sarrollo alternativo nuestras convocatorias ya

no dirán ampliamente al desarrollo económico

local en cualquier punto del país, hablaremos

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por ejemplo, de zonas expulsoras de mano de

obra, o de zonas expulsoras de mano de obra que

se va a la producción de coca.

Por otro lado, el tema de los recursos que quiero

mencionar porque, justamente, en acotación de

un evento que se desarrolló en Santa Cruz con el

CEDLA sobre el tema de pacto fiscal, estamos aquí

mirando los costos cada vez más reducidos y limi-

tados de la cooperación, pero no debemos tam-

bién perder la mirada de dónde están los fondos

en cuantía en este momento. En este momento

de bonanza para el país, de indicadores increíble-

mente espectaculares, estamos perdiendo un poco

la mirada de la gestión local de los recursos que

van desde 30 % de las Alcaldías que ejecutan me-

nos del 50 % de su presupuesto. ¿Cuánto dinero

es devuelto al Tesoro General que va a ser conta-

bilizado como reserva? O sea, esos fondos que tal

vez estaban destinados a las organizaciones de la

sociedad civil, tienen que ser puestos en discusión.

Nos importa mucho que dentro de los proyectos

que financiemos entre, como un tema transversal,

este punto porque es un tema que guarda relación

con el tema autonómico.

Quisiéramos que en todos nuestros proyectos

haya el impulso a estos espacios de reflexión del

tema autonómico, la distribución de la asignación

de los fondos, pacto fiscal, es un tema postergado

por el gobierno central. La sociedad civil debe ser

proactiva, debe ser vanguardista, propositiva en

el impulso de estos espacios de diálogo. Estamos

hablando de 4 millones de euros, lo que manejan

las Alcaldías son montos mucho más importantes,

no solo en términos de cantidad, sino en temas de

impacto. Cuánto hasta el momento hemos logra-

do hacer con el tema del desayuno escolar y hasta

ahora vemos que aún no es utilizada como política

de desarrollo productivo. En cuántos municipios

en nuestros proyectos vemos que el proveedor del

desayuno escolar es una empresa que está muy le-

jos de la comunidad. ¿Cuánto hemos avanzado en

eso? Nada. Entonces estos puntos que van mucho

más allá de mucho o poco dinero de la cooperación

internacional, hacen a las decisiones independien-

tes de la propia sociedad civil boliviana. Sabemos

que 4 millones de euros no van a hacer un impacto,

no podemos decir que 4 millones de euros van a

aumentar el ingreso per cápita en tanto por cien-

to. Eso no es cierto, el impacto va a venir de otro

lado. Quisiéramos que ese dinero vaya a suscitar,

a propiciar, a promover la sociedad civil, reflexiva,

crítica, propositiva. Creo que por ahí va más bien

el interés de la cooperación internacional.

Preguntas y reflexiones

Quiero preguntar de dónde obtiene el financia-

miento la UE. ¿Cómo va a apoyar el trabajo con-

tra el narcotráfico? ¿con una ley? ¿o contratando

ejército? El Estado tiene sus militares, toda su

articulación y sus aviones…Entonces cómo la UE,

por qué se ha tomando esa decisión de trabajar en

contra el narcotráfico.

Me parece muy importante que nosotros como

pueblos indígenas o sociedad civil aprovechemos

los proyectos que llegan. No sabemos aprovechar

cuando el proyecto llega. Lo vemos como un rega-

lo en su momento, no ejecutamos en su momento

para seguir y poder incidir en ese rubro.

A nivel global yo quiero decirles hermanos, que el

porcentaje de los presupuestos que no se ejecutan

dentro de los municipios o fondos financieros, a ve-

ces es por las normas… no se puede gastar así por

así. Eso a mí para mi entender complica la ejecución

de los presupuestos. Por ejemplo ejecutar un taller

en el campo es más difícil porque nadie da factu-

ra. En las ciudades es más fácil, contratar un salón,

contratar un alojamiento, todos emiten facturas,

mientras que en el campo ¿quién te lo puede emi-

tir la factura? Nadie, ni un transportista. Entonces

se hace más complicado ejecutar los presupuestos.

En los municipios también vemos que los financia-

mientos que nos llegan a los pueblos indígenas, re-

sultan una complicación y eso lo hemos notado en

este gobierno. (Organización Social)

Yo tengo 2 preguntas, quisiera que me aclaren un

poquito más en qué consiste la cooperación sur-

sur, y si hay experiencias positivas de esta coope-

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ración con ejemplos concretos. La segunda cosa,

dada las exigencias de calidad en la presentación

de los proyectos de la Unión Europea y tomando

en cuenta también, que la calidad de un proyec-

to va a estar asegurado por una larga experiencia

y un cúmulo intenso de cierta institucionalidad

en el ámbito de las ONG, precisamente dadas las

condiciones de las organizaciones sociales, ¿no

creen ustedes que pese a que se vayan a restringir

las convocatorias por territorios, ésta cooperación

sólo va a ser aprovechada por el sector que ya es

económicamente estable, más favorecido, y van a

seguir quedando excluidas las organizaciones so-

ciales de los territorios más pobres?

La historia nos muestra que la ejecución en el Es-

tado ha sido muy baja, es más, el incumplimiento

del Estado hacia los contratos con la cooperación

internacional siempre ha sido un objeto de mucha

controversia y de situaciones muy delicadas. Ahí

tenemos por ejemplo, el fondo global de combate

a la pobreza donde el estado prácticamente man-

tiene los programas mientras existe la cooperación

y cuando se retiran los programas, no queda abso-

lutamente nada y se dan retrocesos muy grandes.

Frente a eso, una alternativa eran las ONG. Pero

ahora, lo que yo veo es que la cooperación interna-

cional está enfocada en apoyar al gobierno, descui-

dando y no aprovechando la capacidad instalada

que ustedes mismos ayudaron a generar en el ám-

bito de las ONG. Las ONG en este momento tienen

una mejor capacidad instalada, un mejor dominio

técnico, han crecido y eso ha llevado tiempo, ha

sido también una inversión para el país. En este

momento, al no tomarnos ya en cuenta como sec-

tor importante para la promoción para el trabajo

en desarrollo, pidiéndonos que vayamos a segunda

fila como asesores, prácticamente estamos retro-

cediendo. (ONG Nacional)

¿Por qué en Bolivia que hay tanta plata, hay finan-

ciamiento? Porque hay pobreza. Lo que dicen los

hermanos de Cochabamba: por Chuquisaca por

Aiquile…. ¿dónde llega el financiamiento? ¿dónde

no llega? Donde hay es en La Paz, en Cochabamba,

en los rincones de la ciudad, en Potosí, en Oruro.

Pero en lugares más alejados, en los municipios de

Aiquile… hay varios municipios que no tienen ni

agua potable. Necesitamos agua, este año ha afec-

to la sequía tremendamente a esos departamentos,

a esos municipios. En mi municipio, el gobierno

traga cada semana, gasta plata… así actúa el go-

bierno municipal. Plata solo para tragar para em-

borracharse, haciendo promesas. En mi munici-

pio, a la organización sindical Bartolinas se les da

la plata 3000, 4000 a cada persona… a nosotros ni

un centavo. ¿cómo es eso, es justo? Es por eso que

nosotros somos opositores. Nosotros rogamos a la

cooperación internacional que lleguen a todos los

rincones, donde más necesitan la sociedad civil.

(Organización Social)

En España es dramática la situación, pero hay

desinterés creciente de las poblaciones de Euro-

pa por lo que está sucediendo en nuestros países.

Es bastante urgente de que las ONG nacionales y

también nosotros mismos, tratemos de estimu-

lar esta discusión. Realmente hay que cambiar y

hay que cambiar pensado en cómo captar recur-

sos del mismo país, tanto de los municipios, pero

también del gobierno. Ver en grande, captar más

impuestos aunque el Ministro Arce es muy bueno

en captar impuestos, pero también de los ciuda-

danos. Ver cómo la sociedad civil puede captar de

los impuestos generales más fondos es una discu-

sión complicada porque, por un lado, la sociedad

civil tiene una posición crítica, ¿no es cierto? Pero

hay que reflexionar sobre estos temas porque no

sé si UNITAS ha hecho un análisis de quiénes de

la cooperación bilateral se van a quedar. A partir

del 2015 quiénes van a quedar y qué impacto eso

puede tener en las ONG nacionales. Yo creo que es

una discusión urgente. Por último, con respecto a

la UE, veo como una ambivalencia. Por un lado,

tenemos más propuestas de la sociedad civil o de

organizaciones de base de productores, pero por

otro, están las exigencias para la presentación de

propuestas que son tan altas, además de los infor-

mes financieros. Entonces, para organizaciones

de base es sumamente difícil… y ahora también

estos 3 temas prioritarios que presentaron, no sé

cuántas organizaciones o productores puedan

presentar propuestas por esos 3 temas. (ONG

Internacional)

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A veces no sabemos de dónde viene la plata, ni

cómo se maneja la economía. Pero ahora, al escu-

char a las hermanas que nos están explicando, yo

les agradezco que por la oportunidad de venir a es-

cuchar las voces. Esto nosotros les vamos a volver

a llevar a nuestras compañeras en la comunidad.

Ahora sabemos y por eso creo que nos falta tra-

bajar más con los municipios. Donde trabajamos,

donde cultivamos, no nos pasan la voz. Solamente

nos dicen “este monto”, pero no sabíamos de dón-

de venía. A veces, como los compañeros mencio-

nan, es verdad eso de que no llega a todas partes

el financiamiento. Nuestros dirigentes a veces no

nos pasan la voz. Sólo cuando nos necesitan… por

eso puedo quisiera que lleguen a nuestros lugares

estos talleres, estas propuestas. Agradecemos a us-

tedes por cómo nos están apoyando a Bolivia, que

otros de mis compañeros estén beneficiándose con

su apoyo. Tenemos que trabajar más ampliamen-

te, reunirnos frente a frente, mano a mano, porque

como dirigentes como les digo no nos pasan la voz.

Si no nos pasan, ¿de dónde uno va a saber? Na-

die es adivino para saber cómo se trabaja en estos

campos de la agricultura… Por qué la migración

del campo? la gente prefiere ir del campo al pue-

blo, porque a veces no hay muchos apoyos ni de

los municipios. Es muy lamentable nuestro trabajo

de la tierra. (Organización de Mujeres Campesinas

de Base)

Para mí esto es un análisis, un diálogo porque

como pueblos indígenas originarios nosotros no

sabíamos, yo también ahora recién me estoy en-

terando cómo se está trabajando en las ONG. En

años anteriores algunas organizaciones trababan

en la capacitación humanitaria. Por eso sabemos,

los líderes movilizamos a nuestras organizaciones,

a nuestras comunidades, a nuestras capitanías, a

nuestros ayllus. Eso es muy bienvenido porque

el fortalecimiento humanitario es el que entra a

nuestra capacidad. Algunos trabajamos con esos

proyectos, proyectos de desarrollo productivo que

es también bienvenido, porque los organizadores

de las ONG no pueden llegar a todos los rincones

del territorio de Bolivia, porque nuestro gobierno

ataja. Nosotros como organizaciones sociales que-

remos que entren las ONG hasta los rincones de

Bolivia, donde hay personas y organizaciones po-

bres. Porque aunque venga el programa mi agua

1, mi agua 2, mi agua 3… hasta mi agua 10, pero

igual nunca hay agua. Entonces, esas propagandas

inútiles, esas cosas no queremos en Bolivia. Como

Ayllu, como Alcalde, debemos trabajar coordinan-

do pero, coordinando con nuestras organizaciones

sociales, nuestra sociedad civil, y así tener mayor

conocimiento de los rincones de nuestros territo-

rios en Bolivia. Así, nosotros vamos a estar capa-

citados para recibir más proyectos productivos.

(organización indígena campesina Potosí)

En este último panel hemos hablado mucho del

contexto local y nacional adverso para el desen-

volvimiento de las acciones de organizaciones no

gubernamentales y cómo organizaciones de la

sociedad civil. La normativa es adversa, es con-

tradictoria, es tan complicada hasta para renovar

un simple registro de ONG. , Después de todo el

análisis que nos ha dado un panorama bastante

complejo, sencillamente mi pregunta para todos

los expositores esta tarde es ¿de qué lado estamos?

¿estamos favoreciendo verdaderamente a las or-

ganizaciones que durante tantos años estuvimos

de su lado y hemos llegado a iniciar un proceso de

cambio? ¿o estamos en proceso de truncar esos

procesos y apoyar una sola idea? Hoy en día los

que están en gobierno lamentablemente han cam-

biado su postura. (ONG Nacional Tarija)

Quiero decir algo muy rescatable que ha ocurrido

hoy día. He visto un informe transparente, muy

eficaz. Pero se ha estado debatiendo entre muchos

de ustedes que no quieren hacer los informes de

transparencia, sin embargo en algunos documen-

tos que nos han dado, están detallando cómo ha-

cen sus informes. Para mí, ha sido muy sorpren-

dente porque nos han dicho de dónde vienen los

recursos y cómo quieren que éstos se empleen,

cómo quieren que haya eficacia, eficiencia, que

haya una incidencia importante dentro de los sec-

tores a los que están apoyando. Me gustaría ver, no

solamente que en un sector, sino toda la sociedad.

No estamos bien preparados, no estamos prepara-

dos para controlar la gestión pública cuando nues-

tros gobernantes y aquellos que están en función

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pública no pueden administrar. La sociedad civil,

nosotros, todavía necesitamos de las ONG, nece-

sitamos de la cooperación externa, que nos sigan

impulsando a las organizaciones sociales, prepa-

rándonos para que podamos hacer incidencia en la

mejor administración del aparato gubernamental.

Qué gran satisfacción va a ser para todas la coope-

ración exterior que está apoyando al pueblo boli-

viano. No voy a decir con el gobierno, porque los

más favorecidos o los más perjudicados siempre

vamos a ser la sociedad civil. Entonces, sería una

satisfacción que Bolivia realmente pueda admi-

nistrar sus propios recursos y que sea de manera

eficaz, eficiente y transparente. Gracias por haber-

nos ayudado en todo ese tiempo y por enseñarnos

cómo se hace el informe de transparencia. (Orga-

nización de Control Social, Cochabamba)

Yo quiero agradecer a la intervención de las orga-

nizaciones aquí, que han favorecido nuestro tra-

bajo. Quería decir a las compañeras de AECID y

de la UE que realmente no es culpa de las ONG

o las organizaciones que no presenten los proyec-

tos. La dificultad que tienen las organizaciones son

tremendas. Uno puede colaborar a organizarlas,

darles todos los medios, asegurar que están listas

para desarrollar el proyecto productivo, asegurar

la venta de los productos y todo. Pero a la hora de

darle la responsabilidad dicen “no por favor no po-

demos, no podemos hacer los informes”. Es nor-

mal que no se presenten a las convocatorias.

Gente que trabaja para el gobierno me dice: “Mira

nos están mandando a abrir pozos a un sitio donde

está todo inundado”. El gobierno está usando mal

los recursos. Yo sé realmente que ustedes (coo-

peración) tienen que trabajar con los gobiernos,

como hablábamos ayer, es la ayuda bilateral. Pero

realmente yo agradezco a los que han intervenido

que defienden nuestro accionar porque realmente

ellos necesitan esa ayuda que no les llega y lo digo

así de clarito y además con pruebas. (Organización

de Derechos Humanos, La Paz)

Ainhoa Cabezón

Voy a empezar por el final compañeros indígenas

y de comunidades. Totalmente de acuerdo, yo he

comentado muy por encima, pero la convocatoria

que nosotros teníamos antes que era específica-

mente para sociedad civil boliviana, muy diplomá-

ticamente he dicho ahora que lo estamos repensan-

do porque hubo muchas debilidades. Dada vuestra

intervención, lo voy a decir así abiertamente: Hubo

muchas complicaciones. Por un lado es cierto que

el acompañamiento de una ONG, ya sea española o

boliviana, tiene capacidad instalada. Es ese acom-

pañamiento lo que nos garantiza a nosotros como

financiadores que el proyecto se va a redactar de

forma correcta, que la justificación de facturas va

a estar ahí. Como donante eso es necesario. Como

decía el compañero: “estamos hartos de talleres”,

a veces los talleres son súper aburridos, pero una

de las partes importantes de esos talleres es que

esa capacidad instalada que ya tienen las ONG se

traslade a ustedes, para que en algún momento

sean capaces de formular los proyectos solos sin

problemas. El tema de las facturas es cierto. Poco

a poco las cooperaciones internacionales, nues-

tras sedes deben tener en cuenta al contexto del

área rural, donde es imposible que un taller tenga

factura, o que la cocinera de la comunidad vaya a

emitir factura. Esa es un pelea que una compañera

ha compartido con nuestras sedes -en mi caso en

España-, y poco a poco se ha ido logrando que haya

un margen de flexibilidad, que son requisitos justi-

ficativos. Pero es cierto que también hay que exigir

ciertas medidas que garanticen que en los pueblos

se están ejecutando correctamente. Entonces, se

trata de buscar el equilibrio, es un proceso, pero

si es cierto que para nosotros esa convocatoria que

era directa a asociaciones de productores, etc., nos

ha complicado la vida, no se imaginan de qué ma-

nera, porque ha sido muy difícil que las organiza-

ciones sociales lleguen al nivel de exigencia que los

donantes exigimos. Incluso los plazos (como auto-

critica que los donantes tenemos unos plazos que

son súper estrictos), nos ha pasado con algunos

que hemos devuelto íntegramente el dinero por-

que entre que la comunidad se ha puesto de acuer-

do, se les ha pasado el plazo, nuestros plazos son

cortos. Estoy de acuerdo con ustedes y les agradez-

co que lo hayan sacado, es cierto que pecamos en

información, pecamos en ese equilibrio. Yo creo

que tiene que haber un proceso de que ustedes

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se empoderen de estos requisitos para proyectos,

etc., hasta que les podamos dejar sueltos. Efecti-

vamente la vocación de las ONG es transitoria no

queremos estar todo el día ahí, pero aprovechen

los talleres para que ustedes, el momento en que

se vaya la ONG fuera, la cooperación internacional

fuera, puedan valerse. Para que puedan ir donde

el Alcalde y decirle “aquí tenemos todos nuestros

proyectos y cuando usted no cumpla lo vamos

a denunciar para arriba”. A los Alcaldes les va a

sonar fatal lo que le voy a decir compañero, que

los Alcaldes los eligen ustedes, nosotros elegimos

a nuestros presidentes, muchas veces renegamos

con ellos un montón, entonces ahí son ustedes los

que tienen que presionar para que el Alcalde no se

emborrache, son ustedes los que tienen que pre-

sionar. Por eso les decía que uno de los cambios de

paradigma de la cooperación española también es

incidir en esa gestión pública, porque lo que falta

es la formalización de esa calidad de democracia.

Cooperación técnica especializada que pueda inci-

dir en que esa participación social del control so-

cial que se deriva de esta nueva ley tan maravillosa

que hay recientemente, se apliquen. Ahí es donde

estamos tratando de fortalecer.

De verdad muchas gracias, me encanta que sean

combativos, que eso es lo que nos hace unir fuer-

zas para pelear. Yo no comparto el hecho de que

haya un creciente desinterés en Europa por la

cooperación por estos países, al contrario, yo lo

que he tratado de explicar, por lo menos de lo que

yo más conozco que es la comunidad española y

de la sociedad civil española, es que realmente el

momento está siendo muy duro para nuestras fa-

milias, entonces es más difícil poder mirar hacia

afuera cuando tu hijo no puede comer mañana.

A eso me refería, pero aun los sondeos estadísti-

cos y las encuestas que se hacen a la sociedad ci-

vil española, arrojan que sigue convencida y sigue

apostando para que la cooperación española no

se caiga en estos países. Para nosotros como Es-

paña, Bolivia sigue siendo uno de los países prio-

ritarios. América Latina sigue siendo prioritaria

a diferencia de otras cooperaciones que quizá se

estén yendo. La cooperación española no se va, de

momento no hay avisos, a no ser que de repente

haya una debacle tremendo y nos vayamos todos

de todos los sitios. En principio el apoyo español

boliviano no cierra, si ha habido reducciones tan-

to económicas como de personal y de programas,

pero estamos tratando de pelear lo mínimo para

poder repuntar para cuando vuelvan los fondos,

entonces, por ese lado, España se queda de mo-

mento si no nos echan.

Mónica Rodríguez

Bueno realmente muchas gracias, igual que Ain-

hoa estoy muy feliz de que haya esa garra, justa-

mente esa riqueza de la sociedad civil.

En el tema puntual del origen de los fondos, es-

tos fondos de la cooperación temática -ya no de la

cooperación bilateral-, ayudan a la sociedad civil.

Vienen directamente de la sociedad civil europea

que pone su aporte y eso es una gran bolsa que

viene a los países como cooperación. Ahora, en

qué contexto se da ésta cooperación. Creo que he-

mos superado el enfoque paternalista, en el sen-

tido de que estamos recibiendo una donación de

Europa. Creo que no es el término correcto, más

bien lo que corresponde es una cooperación, una

subvención condicionada. Un regalo es una dona-

ción que la da un grande a un pequeño. Eso ya ha

pasado. Estamos en otro momento. América La-

tina, Bolivia ha mostrado que tiene otro rol en el

contexto internacional. Sociedad civil europea le

da a la sociedad civil boliviana confiando en sus

capacidades, por tanto, le exige contractualmen-

te que cumpla con los objetivos, con el respaldo

de un informe financiero anual y de una auditoría

externa. Si pidiéramos menos que eso estaríamos

retrocediendo y estaríamos en un enfoque pater-

nalista, donde un grande le dice a un pequeño, no

te preocupes te doy esto y haz lo que quieras. Es-

tamos en una relación de iguales, en el sentido de

que podemos hacer como bolivianos lo mejor con

estos recursos y que nosotros estamos dispuestos

a aceptar las exigencias razonables, racionales de

quien da fondos a cambio de resultados concre-

tos. Subvención condicionada en ese sentido pro-

gresista positivo. En el tema de las facturas noso-

tros pasamos por esos problemas pero, de hecho,

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tenemos que exigir el cumplimiento de la normati-

va nacional, y la normativa nacional es muy clara.

Dice que cuando no se puede presentar facturas

como el caso del área rural, entonces hay un des-

cargo de formularios que llenar, etc. No aceptamos

la evasión de los impuestos, consideramos que en

esto también como ciudadanos, como miembro de

la sociedad civil, también debemos cumplir con

nuestras obligaciones tributarias, y esto lo exigi-

mos desde los más pequeños gastos hasta los gas-

tos importantes de contratos, etc.

Hace más de 10 años que la UE está cooperando

en desarrollo alternativo, el tema del estudio de la

coca lo ha financiado la UE. En el Chapare estamos

hace mucho tiempo. Lo que se está planteando en

esa nueva estrategia: ir a aquellas zonas expulso-

ras de gente que se va a las zonas de producción

de coca. No podemos evitar la migración, la migra-

ción es un derecho pero por lo menos crear condi-

ciones en aquellos lugares para que la gente joven

piense dos veces antes de salir de su lugar. Que vea

que ahora hay condiciones mejores, ayudar a crear

esas condiciones y que la gente encuentre, además,

un beneficio económico interesante para hacer

otra cosa que no sea coca. Evidentemente eso pasa

también por muchos otros temas como educación.

El hecho de que un productor o un joven en una

comunidad ve que el precio de la producción de

coca esta tan ascendente y este es su único interés,

es un tema de valores de ver otras alternativas y

ver también lo que implica una mayor producción

de coca. Podemos evitar que la gente migre, que

piense dos veces antes de apoyar esta actividad.

Sobre el rol de asesores, la relegación a las ONG,

yo soy una firme convencida porque vengo tam-

bién del mundo de las ONG, que hacer cumplir un

rol secundario es más difícil que un rol protagóni-

co, porque el protagonista tiene el control de todo,

o por lo menos, de la mayor parte. El protagonis-

ta es el que decide dónde van los fondos, cómo se

hace, en qué momento, con quiénes… lo decide

todo. En cambio, lo que tu llamas “asesor”, yo no

lo pondría así. Le pondría un rol de colaborador

que, además de dar capacidades, sabe dialogar,

sabe concertar, sabe ceder. Estas capacidades son

más complicadas de lograr porque suponen que la

institución y la persona tienen que dejar de lado el

rol protagónico. Estamos acostumbrados a que las

ONG sean siempre las vanguardistas. Es un pro-

ceso que va a ir tomando cuerpo no muy rápido,

pero pienso que no es un rol menos importante, al

contrario.

Ahora, sobre el tema del dinero en manos de la Al-

caldía, ya lo dijo Ainhoa, evidentemente a las auto-

ridades las elegimos nosotros. Este debate lo tene-

mos que llevar a nuestros lugares, hay mecanismos

de control social. Se tiene que salir del texto al he-

cho. Si el grueso de la cooperación no está en la

sociedad civil, está en los programas de gobierno,

por lo tanto deberíamos también como sociedad

civil exigir a los programas del gobierno central,

mayor participación de la sociedad civil. Hay que

ser en esto transparentes, honestos en decir que

varios programas del gobierno central que esta-

mos apoyando, además de otros donantes, además

del gran presupuesto que tiene el gobierno bolivia-

no, está abriendo la participación de la sociedad

civil. El programa “Pro Bolivia” por ejemplo, está

manejado por el gobierno central y ya ha abierto

sus convocatorias a organizaciones de la sociedad

civil. Esos espacios hay que aprovecharlos y hay

que impulsar la creación de mayores espacios, aun

dentro de esos programas del gobierno central.

Estamos conscientes que, por un lado, exigimos

propuestas de mucha calidad de organizaciones

pero por otro lado, fomentamos que participen los

pequeños. ¿Dónde están las asociaciones, las junta

de vecinos? Parece absolutamente contradictorio,

es evidentemente un proceso que toma tiempo y

cuando decimos que participen las organizaciones

locales, tampoco sería prudente decir que ahora

ustedes como organizaciones completamente em-

poderadas vayan adquiriendo capacidades. Las

capacidades se las adquiere en el campo, en el tra-

bajo día a día. En el trabajo cercano con las ONG.

Ni las ONG deberían ofenderse por asumir un rol

de empuje y apoyo por atrás, ni las organizacio-

nes locales deberían ser tan imprudentes de decir

ahora ustedes váyanse vamos a hacerlo nosotros.

Aprovechen, saquen todo eso que las ONG pueden

dar, todo lo que han aprendido.

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Respecto a por qué no llegan las ONG a lugares

lejanos donde no hay presencia del gobierno cen-

tral, sí llegan. Hay que reconocer que mucho de su

personal, llega en condiciones absolutamente limi-

tadas y con sueldos que no lo justifican. Un pro-

fesional pone mucho esfuerzo para titularse, para

capacitarse, para estar a la altura y lo que ganan

muchos de esos técnicos no es suficiente, es admi-

rable su trabajo.

Respecto a de qué lado estamos. Yo espero que

estemos del lado correcto, del lado de la sociedad

civil. Por lo menos con la cooperación temática.

De ese lado estamos ahora. Yo pienso que al final,

mucho o poco, lo que trae la UE, lo que trae la coo-

peración en general, es solo dinero y éste dinero

puede ayudar a construir capacidades, aptitudes,

pero hay algo mucho más importante que eso, y

es nuestra actitud de cada uno. Como miembro de

una familia, como miembro de una sociedad, ¿qué

tan metidos estamos en el bienestar común de

nuestra sociedad? Eso no lo va a comprar el dine-

ro. Pueden llegar aquí 4 millones como pueden lle-

gar 400 millones compañeros, pero si no tenemos

una actitud de bienestar común vamos a ser indi-

ferentes, y en esto yo me incluyo. Cuando exigimos

nosotros a ustedes que sean participativos es tam-

bién una reflexión para nosotros, de ahí empieza

la fuerza. Si algo tratamos de hacer con el dinero,

es construir capacidades, pero hay otras cosas que

salen de nosotros que tienen que venir de nosotros

como miembros de esta sociedad.

Quiero agradecer a ustedes y esperamos poder

ayudar a generar este tipo de espacios. Ya lo he

dicho, estamos pensando en algunos fondos para

esto, pero por favor mantengan también contacto

vía internet, en nuestra página web y estaremos

prestos a escuchar sus quejas. También yo sé que

muchos están dolidos con las convocatorias pero

hay que seguir empujando el coche.

Silvia Escobar

Bueno muchas gracias, el mensaje está sobre la

mesa: Menos recursos, más resultados en un con-

texto político adverso. Entonces estamos hablando

de un escenario de nuevos desafíos para las ONG

y las OSC y creo que estos espacios de dialogo que

ya son recurrentes animados en muchos casos por

UNITAS, van a seguir abiertos a la discusión y oja-

lá que con la participación de ustedes logremos

mayor transparencia de la gestión pública. Muchas

gracias a ustedes

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5. ¿Qué diablos son las ONG?

Invitamos a Gustavo Guzmán, connotado y reco-

nocido periodista de nuestro medio que ha sido el

encargado de hacer un análisis y sistematización

del estudio de percepción sobre el Rol y la Efecti-

vidad del Trabajo de las ONG en Bolivia y que tuvo

una parte cualitativa y otra cuantitativa.

La cualitativa a través de entrevistas que han sido

realizadas a 74 personas y que han sido integra-

das al análisis del estudio de percepción realizado

en ciudades del eje (Santa Cruz, Cochabamba, La

Paz) y El Alto para poder responder a la pregunta

urgente de ¿Qué diablos son las ONG?

Gustavo Guzmán

Este título provocativo, altisonante y algo excesivo

tiene una respuesta en el documento y es además

un trabajo efectivamente periodístico en base a

una materia prima particularmente extraordinaria

que ha sido el estudio que ha encargado UNITAS

para encontrar una respuesta a esta pregunta, pero

antes de lo altisonante del título quiero decirles

que tiene una segunda pregunta no sólo ¿Qué dia-

blos son las ONG?, sino ¿Qué diablos hacen con el

dinero que reciben?

Es exactamente, por las sonrisas que advierto en

el auditorio, ese sentido común que muchos ciu-

dadanos en el país nos preguntamos cuando escu-

chamos la palabra ONG. Entonces les aseguro que

el texto tiene una respuesta a esa pregunta provo-

cativa, pero obedece más bien al carácter periodís-

tico que le hemos querido dar.

Primero contarles la historia del texto, porque esto

tiene una pequeña historia, después intentaré re-

sumir los contenidos y finalmente, la lectura de

tres páginas para que puedan aproximarse a este

texto de la manera más adecuada posible.

El texto tiene esta pequeña historia que nace de

un encargo de una ONG a Real Data. Cerca de

500 páginas de números y gráficos de información

realmente cualificada donde efectivamente se en-

cuentran las respuestas a la pregunta provocadora,

pero libera una palabra muy propia del mundo de

las ONG: sistematizar ¿quién no ha escuchado esa

palabreja? En realidad de trataba de organizar me-

jor esa propuesta que nos entregaba esta empresa

específicamente dedicada al tema de las encuestas,

el análisis y la evolución de la realidad.

Un estudio de percepción sobre su rol y la efectividad de su trabajo en Bolivia

Gustavo Guzmán

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Mientras yo leía y trataba de reformular ese docu-

mento tan pesado, sentía cada vez más necesidad

de ir mucho más lejos que las cifras, los datos y las

consultas. Creo que el resultado ha sido positivo

porque mis preguntas como periodista al leer el in-

forme de Real Data, me obligaban a pensar las co-

sas básicas que cualquiera podría pensar ¿Dónde

diablos nacieron las ONG? Una pequeña historia

de lo que fueron las ONG y entonces eso que iba a

ser un texto de sistematización de las cifras, termi-

nó convirtiéndose en este pequeño texto que es sin

duda aconsejable.

En la primera parte titulada “algo de historia”,

precisamente se intenta responder el origen de las

ONG, qué fenómenos en el planeta dieron origen

a esta organización y el primer punto de esta pri-

mera parte es precisamente esta explicación que

se llama “Después de la Guerra, la Cooperación”

porque esto es precisamente lo que sucede. Des-

pués de la Segunda Guerra Mundial se producen

acontecimientos muy importantes en el planeta

que conocemos nosotros en términos de estructu-

ra universal o planetaria en las que se organiza la

humanidad.

Nacen en ese tiempo entre los 45, 55, 60, institu-

ciones como el Banco Mundial, el Fondo Moneta-

rio Internacional, pero se produce lo que podría

entenderse como el primer modelo de la coopera-

ción internacional que seguramente todos cono-

cemos: el Plan Marshall cuyo nombre en inglés es

mucho más explícito de lo que en realidad fue, es

decir, un programa destinado a la reconstrucción

de Europa después de la guerra, un programa en

el que, por supuesto, los EEUU invierten, según

datos actualizados, cerca de 200 mil millones de

dólares para reconstruir Europa pero, fundamen-

talmente, para construir hegemonía política de

EE.UU. en ese momento en el planeta.

Aquí es donde nace toda esa estructura laberíntica

y multifacética de lo que es la cooperación interna-

cional y me llamó la atención, en particular, tratar

de explicarme cosas que seguramente ustedes ni

conocen y se ha mencionado hoy en la mañana,

por ejemplo, la alianza de Busan que es una ciu-

dad portuaria de Corea del Sur, la más importante,

donde finalmente se produce un acontecimiento

central que le da carácter a lo que conocemos hoy

como cooperación internacional. Pero ha habido

otros momentos, seguramente más, pero a mí me

parecen cuatro importantes que nos permiten en-

tender y dibujar mejor lo que son las famosas or-

ganizaciones de la sociedad civil y dentro de ellas,

por supuesto, las ONG.

Esos cuatro eventos nacen a su vez de un momento

muy particular en el que la cooperación interna-

cional se evalúa a sí misma y en una reunión de las

NN.UU. el año 2000, se produce esta declaración

donde por primera vez la cooperación internacio-

nal se examina a sí misma y se propone objetivos

muy concretos, los famosos Objetivos del Milenio

que todos seguramente también conocen y que en

el país no se lo conoce como un proceso de reforma

de la cooperación internacional.

Habían pasado varias décadas de inaugurado este

proceso histórico de cooperación internacional,

pero es en este momento, a partir de esta asam-

blea de NN.UU. donde efectivamente comienza

eso que se conoce en el mundo de estas organiza-

ciones como un proceso de reforma que tiene cua-

tro momentos particulares. Me ha parecido funda-

mental establecer este proceso porque de ahí nace,

por ejemplo, la idea de lo que está ocurriendo en

este momento, es decir, esta consulta nacional que

hace UNITAS y que forma parte, aunque ustedes

no lo crean, de ese proceso grande de reformas que

se produce en el mundo.

Esto obedece a un viejo fenómeno que es también

nacional, esta idea de vivir de nuestro propio cam-

panario, vivir metidos en nuestra provincia y no

mirar más lejos. Esos cuatro momentos son espe-

cialmente los siguientes: después de esta proclama

de los gobiernos y de las NN.UU. de reformar la

cooperación internacional, cinco años después, el

2005 y en París, se produce la Declaración de París

que es también un documento fundacional en este

tema de la reforma.

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Es en este documento (Declaración de París) cuan-

do los donantes de la ayuda y los que la reciben

deciden escuchar prácticamente el mensaje de

NN.UU. y poner en marcha la reforma y esto lo or-

ganizan obviamente los gobiernos. Hay un segun-

do momento que es en 2008 cuando ya teníamos

encima las triadas de crisis que conocemos: ener-

gética, alimenticia y medioambiental, cuando hay

una segunda reunión de los gobiernos del mundo

y donde se pone en marcha el Programa de Acción

de Accra, Accra es la capital de Ghana.

Es aquí donde entran en juego las organizaciones

de la sociedad civil, porque aquí los gobiernos las

convocan a sumarse al esfuerzo de modificar la

estructura de la cooperación internacional y, por

supuesto, las organizaciones sociales, las organiza-

ciones de la sociedad civil ni cortas ni perezosas se

suman al empeño y provocan dos grandes asam-

bleas mundiales donde se reúne una gran canti-

dad de ONG, donde verdaderamente perfilan sus

personalidades, su participación en los asuntos de

la cooperación: septiembre del 2010 en Estambul,

Turquía cuando declaran los Principios de Estam-

bul y junio de 2011 en Siem Reap, Camboya cuan-

do se Aprueba el Marco Internacional para Efica-

cia del Desarrollo de las OSC.

Las organizaciones de la sociedad civil y, por su-

puesto, las ONG dentro de ellas, comienzan ya no

solamente a participar, sino a plantearle al mundo

y a los gobiernos cómo entienden el tema del de-

sarrollo, de la ayuda y es aquí además donde sur-

ge esa famosa balada: la eficacia del desarrollo, se

preguntan las ONG, o la eficacia de la estructura de

ayuda para el desarrollo?

Es finalmente un quinto evento el que se produ-

ce en Busan y ocurre entre noviembre y diciembre

del 2011, donde se gesta esta gran alianza global

y cuyo nombre también es altisonante como el tí-

tulo del libro: Alianza para la Cooperación Eficaz

al Desarrollo; y es aquí donde efectivamente por

primera vez como lo dirá Emele Duituturaga que

en ese momento era copresidenta del Foro Abier-

to sobre Efectividad de las OSC y era, además de

tener un hermoso nombre, Directora Ejecutiva de

Asociación de Organizaciones No Gubernamenta-

les de las Islas del Pacífico.

Esta señora dice lo siguiente en el Foro de Alto

Nivel sobre Efectividad de la Ayuda que deriva en

la Alianza de Busan: al participar de las negocia-

ciones de alto nivel sobre la ayuda y el desarrollo

por primera vez las organizaciones sociales pue-

den atribuirse el mérito de reforzar la apropiación

democrática y los DD.HH. en el documento resul-

tante de Busan. Emele Duituturaga resumía así la

participación de las organizaciones de la sociedad

civil en este evento tan trascendente.

Sobre el mismo tema, pero desde otro ángulo y esto

es muy importante señalarlo, Rubén Fernández,

miembro de la Asociación Latinoamericana de Or-

ganizaciones de Promoción al Desarrollo, ALOP,

aliada de UNITAS, dice: los gobiernos deben re-

conocer a las organizaciones de la sociedad civil

no sólo como actores sociales, sino también como

actores políticos en la democratización de nuestras

sociedades. Para este fin necesitamos un ambiente

propicio que se ha visto amenazado por actos de

violencia hacia las OSC, limitando el espacio legal

y político y una gran falta de financiamiento.

Como notarán ustedes si cotejan estas palabras del

año 2011, coinciden perfectamente con los propó-

sitos de esta consulta de la que somos protagonis-

tas nosotros. Lo menos que se puede decir es que

las ONG son coherentes por lo menos en este plan

¿Qué ha pasado en Bolivia a propósito de la refor-

ma de la cooperación internacional? Otra vez UNI-

TAS es protagonista y creo que es la única red que

responde al desafío y nos provoca a los bolivianos,

a la sociedad en general y particularmente a todas

las ONG, reflexionar sobre el sentido que tiene la

cooperación en el planeta.

En junio de 2011 UNITAS organiza un diálogo y

consulta nacional a propósito de los cambios en

las políticas de cooperación y desarrollo en Bolivia,

pero hace algo todavía mucho más interesante en

ese 2011 y antes de la reunión de Busan, prepara

un informe de la realidad de la ayuda el 2011, cuyo

título es suficientemente expresivo respecto de lo

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que ha sucedido con la reforma de la cooperación

en el país, dice: “Efectividad del Desarrollo en Bo-

livia: un proceso en gestación”, es decir que no ha

nacido todavía en Bolivia una verdadera reforma

de la cooperación internacional, pero además en

ese mismo informe UNITAS plantea dos pregun-

tas que siguen estando vigentes y para pena de to-

dos nosotros, sin respuesta.

Esas dos preguntas son: ¿los recursos que otor-

ga la cooperación al país están verdaderamente

orientados a resolver las causas estructurales de la

pobreza y la inequidad? Puede también entender-

se como iniquidad ¿verdad? ¿o solo han servido

hasta la fecha para sostener acciones paliativas y

alivio a la pobreza? Segunda pregunta ¿Por qué un

país como Bolivia que puso en marcha una estra-

tegia de reducción de la pobreza (ERP) con apoyo

financiero externo y que recientemente vive una

bonanza fiscal no ha logrado hasta ahora un quie-

bre sustancial en la reducción de la pobreza y en el

mejoramiento de las condiciones de vida?

Todos estos elementos que ustedes ven que han

sido recogidos en el libro eran pues suficiente mate-

ria como para ir más allá de las cifras y de los datos,

pero además en el año 2011-2012 cuando me encar-

garon el trabajo periodístico, ya se habían produ-

cido cambios sustanciales en el desarrollo de este

proceso político de transformaciones. Estamos en

el año 2009, el 1º de octubre, y en una conferencia

de prensa con corresponsales extranjeros realiza-

da en La Paz, el Presidente Morales dijo: algunas

ONG sólo nos usan a los pobres, a los indígenas y

al medio ambiente para que ellos vivan bien.

Absolutamente textual y, además, en el propio es-

tilo del Presidente decía: “la mayoría de las ONG

cualquier cosa inventan para justificar su finan-

ciación”. Poco después, el segundo mandatario de

la nación publicó un librito cuyo título no es nada

original como lo son sus palabras y sus textos y ese

título es suficientemente decidor: “El onegismo, la

enfermedad infantil del derechismo”. Entonces,

cómo no, con ese contexto tan sabroso, ir un poco

más lejos que los datos y las cifras.

Ahora bien, voy a describir brevemente el estudio

que sirvió de materia prima para este trabajo pe-

riodístico.

Se trata de un estudio que tiene como materia pri-

ma tres elementos principales: una encuesta apli-

cada en las ciudades de La Paz. El Alto, Cochabam-

ba y Santa Cruz; una serie de entrevistas de largo

aliento a 70 protagonistas centrales del mundo de

las ONG y la cooperación internacional para el de-

sarrollo en el país y a cuatro funcionarios de Esta-

do, entre estas personalidades, uno del gobierno y

un ex alcalde y finalmente hay una muy simpática

evaluación del trabajo de las ONG a partir de la

evaluación de sus páginas Web.

El trabajo tiene esas tres partes: una encuesta na-

cional a 1.749 personas realizadas entre el 28 de

junio y el 25 de julio de 2010 y 74 entrevistas que

recogieron la percepción de directores y ejecutivos

de ONG nacionales (26 personas entrevistadas) y

ONG internacionales (16 personas entrevistadas)

y todos ellos trabajan en Bolivia, y cuatro entrevis-

tados de las redes de ONG, además de represen-

tantes de la cooperación internacional (bilaterales

cinco personas y multilaterales cinco entrevista-

dos), no podía faltar la opinión de las organizacio-

nes sociales del país quienes como verán ustedes

no necesariamente tienen la mejor opinión de las

ONG. Esas son las 74 entrevistas, además de un

alto funcionario de gobierno que tampoco parece

militante de la causa, un ex alcalde de la ciudad,

una emérita docente de la Universidad Mayor de

San Andrés y una funcionaria de la Defensoría del

Pueblo y cada entrevista tenía por lo menos de du-

ración de una hora. ¿Qué resultados concretos hay

en este trabajo? Yo diría que uno especialmente

importante y dice así: dos de cada tres bolivianos

valoran positivamente el trabajo de las ONG, es

decir, el 75.9% de la población consultada está de

acuerdo con que el trabajo que realizan las ONG en

Bolivia es importante y el 64.3% está de acuerdo

con que realizan un trabajo de calidad que genera

un impacto positivo en la sociedad.

Hay otras cosas interesantes, más del 50% de la

población destaca el aporte del trabajo de las ONG

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en las áreas de salud y educación. Tres de cada

cuatro bolivianos no conocen los mecanismos de

rendición de cuentas de las ONG. Las personas

pobres son las principales beneficiarias del trabajo

de las ONG. Más de la mitad de la población con-

sidera que el gobierno obstaculiza el trabajo de las

ONG y debo decir que de las 74 entrevistas rea-

lizadas hay verdaderamente una línea general. Se

advierte en los ejecutivos, en las ONG nacionales,

internacionales y en los miembros de la coopera-

ción internacional entrevistados, un abierto ánimo

de autocrítica.

Uno de ellos en ese proceso largo de la entrevista

llega a decir, a manera de balance, que lo que han

hecho las ONG en Bolivia es simplemente como

ponerle un cubito de azúcar en un turril de agua,

me parecía revelador de eso que es el trabajo y la

valoración autocrítica de su propio trabajo.

En estas entrevistas he sistematizado las res-

puestas a unas preguntas bastante sabrosas, por

ejemplo ¿aportan las ONG a la lucha contra la po-

breza?, ¿trabajan en redes? Es una pregunta que

responden estos ejecutivos ¿Cuáles son los princi-

pios que guían la acción de las ONG? ¿Los cum-

plen? ¿Rinden cuentas las ONG? ¿Cómo lo hacen y

a quién? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de

las ONG? ¿Qué piensan los actores del desarrollo

de las ONG? ¿Qué piensan las ONG de las organi-

zaciones sociales, de la cooperación internacional

y del gobierno nacional?

Para concluir, les voy a leer una biografía de las

ONG que figura en el libro, una biografía, por su-

puesto, no autorizada, dice así:

Un primer acercamiento a lo que son o a lo que

quieren ser las ONG desde su historia, es aquel

pronunciamiento fundador y regidor del protes-

tante consejo ecuménico de las iglesias. Una ONG

confesional que en 1958 recomendó a los países

industrializados destinar por lo menos el 1% de su

PIB a la ayuda de los países en desarrollo. Hoy, a

poco más de medio siglo de ese pronunciamiento,

otra ONG, la Asociación por una Tasa a las Tran-

sacciones Cambiarias para Apoyar a los Ciudada-

nos, la conocida ATTAC, está a punto de conseguir

uno de sus objetivos en Europa: el establecimiento

de una pequeña tasa impositiva, la conocida tasa

Tobin a las transacciones financieras realizadas

en los mercados internacionales de divisas bajo el

propósito de frenar la especulación financiera y

transferir recursos a la economía real.

Si esa puede ser una suerte de carta de presenta-

ción de las ONG (de las de ayer y las de hoy), no es

menos significativo el decurso de estas institucio-

nes en el decenio de los 80 del pasado siglo -cuan-

do ya se habían consolidado como esas entidades

de la sociedad civil entre cuyas virtudes destacan

su autonomía institucional, su funcionamiento

flexible y poco burocrático, junto a su capacidad

de captar recursos públicos y privados y, en espe-

cial, de construir un capital político sustentado en

el respaldo social que obtienen- jugaron un papel

relevante ya no solo en la construcción de la ar-

quitectura de la cooperación internacional para

el desarrollo, sino en su transformación, aquella

que comenzaría a ocurrir en la década de los 90,

cuando se formula el marco conceptual del ahora

tan conocido Desarrollo Humano. No hay que ol-

vidar que este enfoque, el de desarrollo humano,

recogió, valorizó y sistematizó las innovaciones

que habían empezado a darse a lo largo de la dé-

cada de los 80, sobre todo gracias al trabajo y a

las experiencias innovadoras realizadas por las

ONG de cooperación internacional, tal como afir-

ma el sociólogo investigador social Carlos Tazá,

pero es en la primera década de este siglo, entre

los años 2008 y 2011, y en el marco de la intensa

y extensa movilización de las organizaciones de la

sociedad civil, cuando los auges perfilan con ma-

yor precisión que nunca su papel como actores

independientes del desarrollo.

En septiembre del 2008, en Accra, los gobiernos

de los países que otorgan y reciben la ayuda para

el desarrollo y las instituciones que las gestionan,

convocaron a las organizaciones de la sociedad

civil a sumarse a la reforma de la cooperación

internacional, reconociéndoles como actores in-

dependientes por derecho propio en el ámbito del

desarrollo. Las ONG organizaron dos asambleas:

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la primera en Turquía, la segunda en Camboya,

de donde provienen dos sendos documentos ma-

nifiestos, son las dos cosas al mismo tiempo un

documento y un manifiesto, en los que más de 170

organizaciones de la sociedad civil de 82 países

expresan no sólo sus principios y su compromiso

para mejorar la eficacia de la sociedad civil como

actora del desarrollo, sino su postura política e

ideológica respecto del desarrollo.

A propósito de desarrollo, las ONG la conceptua-

lizan así “No asumen un único modelo de desa-

rrollo, sino que se concentran en las personas y

sus organizaciones empoderándolas para que

puedan elegir cómo se desarrollan. Para las or-

ganizaciones de la sociedad civil, el desarrollo

requiere estar abierto a muchas alternativas que

incluyen cada vez más los DD.H., la sostenibi-

lidad ambiental, los límites de la tierra y otros

conceptos de las poblaciones indígenas como el

vivir bien”

Estos son los conceptos que manejan las organiza-

ciones de la sociedad civil para presentarse ante

la reforma de la ayuda. A partir de este soporte

conceptual, las OSC señalan que se proponen a

través de sus acciones y en el seno de la coope-

ración internacional, dar lugar a un cambio sus-

tancial “que haga frente tanto a las causas como

a los síntomas de la pobreza, la desigualdad y la

marginalización adoptando posiciones y toman-

do partido, involucrándose directamente con las

poblaciones en condiciones de pobreza, no como

víctima, sino como actores sociales y políticos del

desarrollo por derecho propio”.

Entonces, la última parte y aquí está la respuesta

a la preguntita, es probable que el lector de estas

líneas concluya que esta biografía de las ONG -a

cargo de las ONG- se ajusta razonablemente a la

tantas veces inaprensible realidad. Es probable

también que el lector, después de leer esa biogra-

fía y las largas páginas previas que la acompañan,

concluya que en el caso de países como Bolivia, y a

la hora de definir a las ONG y su trabajo, y quizás

coincidiendo con los ejecutivos de esas institucio-

nes entrevistados por el estudio (“lo que hemos

logrado en este país es apenas un terrón de azúcar

en un barril de agua” concluya que las ONG han

sido, son y quizás lo sigan siendo en el ámbito del

desarrollo, las muletas de un país, de un Estado y

unos gobiernos parapléjicos. Parece ser ahora, en

esta gestión de gobierno, una malhadada suerte de

víctimas, parecen ser las ONG o parecen sufrir más

bien una malhadada suerte de ser víctimas de su

propio éxito. En todo caso y tal como lo sugiere el

título de este texto, las ONG no parecen ser unos

temibles demonios ¿o si?

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Programa de la Consulta

Consulta Nacional

“La libertad de Asociación en Bolivia”

La Paz-18,19 de noviembre 2013, El Auditorio, Guachalla 421 Sopocachi

9:00 Bienvenida

Primer Panel: Libertad de Asociación en Bolivia y ambiente propicio para ejercer este derecho. Modera Ramiro Orías

10:00 Paulo Bustillos, Comunidad de Derechos Humanos

10:30 Waldo Albarracín, experto en Derechos Humanos

11:00 Ronda de preguntas y comentarios

11:30 Refrigerio

11:45 Consulta sobre temas abordados en el panel

12:00 ¿Qué diablos son las Oenegés? Un estudio de percepción sobre su rol y la efectividad de su trabajo en Bolivia, Gustavo Guzmán

13:00 Almuerzo

Segundo Panel: Participación de la sociedad civil en el contexto regional y nacional. Rol de las OSC. Modera Susana Eróstegui

14:30 Eduardo Cáceres, Responsable del estudio “Rol de las ONG en la región andina” Mesa de

Articulación de Redes y Plataformas de ONG.

15:00 Alejandro Almaraz, Experto en Tierra y territorio

15:30 Luis Achu, Secretario Ejecutivo de la Federación de Interculturales de Caranavi

16:00 Ronda de preguntas y comentarios

17:00 Consulta sobre temas abordados en el panel (modalidad grupal)

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18:30 Cierre de la jornada

Tercer Panel: Sostenibilidad política de las ONGs en Bolivia. Marco normativo. Tendencias y propuestas. Modera Iris Baptista

9:00: Luis Castillo, Responsable del estudio “Marcos normativos en la región andina” Mesa de

Articulación de Redes y Plataformas de ONG, ANC-Perú.

9:30 Fernando Zeballos, Asesor Jurídico Ministerio de Autonomías

10:00 Fernando Aguirre, Bufette Aguirre y Asociados

10:30 Ronda de preguntas y comentarios

11:30 Refrigerio

11:45 Consulta sobre temas abordados en el panel (modalidad grupal)

13:00 almuerzo

Cuarto Panel: Sostenibilidad Financiera de las ONGs en Bolivia. Fondos públicos. Fondos de cooperación oficial. Fondos de cooperación solidaria Alcances y Perspectivas. Modera Silvia Escobar

14:30: Jorge Velásquez, Representante Diakonia Bolivia

15:00 Ainhoa Cabezón, AECID

15:30 Mónica Rodríguez, Unión Europea

16:00 Ronda de preguntas y comentarios

16:30 Consulta sobre temas abordados en el panel

16:45 Cierre de la jornada

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Lista de Participantes

Nº Nombre y Apellidos Organización/Institución

1 Marcelino Zacarías Mamani ONI Filial La Paz

2 Erácleo Gutierrez C.S.C.I.O.B

3 Suzanne Kruyt B.D

4 Daniel Trujillo Robledo C.S.U.T.C.S.S.L

5 Miriam Suárez Casa de la Mujer

6 Claudia Prado A. POSDATA

7 Walter Limache Programa NINA UNITAS

8 José Luis Gupero V. Libre

9 Elías D Huanca Castillo CEJIS

10 Mª Elena MUSQÑAM

11 Milton Gordillo VSF

12 Genera Mafalda Conde SENDA Org. De mujeres

13 Anelisse Melendez Red HABITAT RENASEH

14 Diana Urioste Conexión

15 Isabel Arauco ONU

16 Iris Baptista UNITAS

17 Johanne Kuhn UNITAS

18 Vladimir Magua P. NINA-UNITAS

19 Fanny Cárdenas UNITAS

20 Miguel Crespo PROBIOMA

21 Eduardo Cáceres CEAL Perú

22 Eduardo Barrios IPTK

23 Waldo Albarracín Disertante

24 Esther Otero Alonso Oficina Jurídica de la Mujer

25 Gustavo Luna Rodriguez y Boduain

26 Fernando Aguirre Disertante - Buffete Aguirre y asociados

27 Wilson Lazarte OASI

28 Patricia Vargas Calderón LIDEMA

29 María Carvajal APDH La Paz

30 Julio Pando FSTMB

31 Juan Chávez Mendieta Fundación URUMANTA

32 Lourdes Aguilar Ibañez Mujeres en Acción

33 Nancy Tames Alcocer DNI-Bolivia

34 Ion Gorustiza VSF-JAG

35 Leandro Tapia Choque PADID

36 Ramiro Orias Fundación Construir

37 Elva Crespo ASONGS

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38 Gustavo Guzmán Privado

39 Fidel Alvarez Red TIC Bolivia

40 Irma Albina Mendoza PROMUTAR

41 Jorge Velázquez DIAKONIA

42 Helmut Vega INIDICEP

43 Daniel Poca Fernandez SEMTA

44 Guido Cortez CERDET

45 Iverth Sanchez R CIAC

46 Edwin Prada CONAMAQ

47 Paolo Bustillos CDH

48 Moira Vargas Fundación Construir

49 Mariana Zeballos Ibáñez Fundación Construir

50 Ana Lia Rodriguez Q Somos Sur

51 Geronimo Gomez Carrillo Central Campesina

52 Mª Rosa Lichtenauer López Bartolina Sisa

53 Silvestre Saisaire Cruz CONUECI MST-B

54 Jorge Albino Barco Municipio Vinto Comité Salud

55 Rosario Laime MUSUQ ÑAN POTOSí

56 Guido Dávalos ACLO-CHUQUISACA

57 Fernando Claros Mencia Comité Control Social

58 Carolina Solares ECAM

59 María Eugenia Veliz HPM Comunidad Mª Auxiliadora

60 Benito Bartolo Camargo APG

61 Ann Chaplin Consultora

62 Pedro Mariobo M. CEPROMIN

63 David Quezada Red HABITAT RENASEH

64 Pamela Ledezma APDHB

65 Yolanda Herrera APDHB

66 Daniel Perez Cueto Louvain Cooperation anda develoment

67 Cirila Beltran CSMCIB Beni

68 Alejandro Almaraz Disertante

69 Fidel Condori CONAMAQ

70 Franklin Quillahuaman POSDATA

71 Luciano Sanchez FAECAB

72 Alexandra Flores Fundación Solón

73 Javier Gomez CEDLA

74 Constantina Choque M Bartolina Sisa

75 Matilde Deffercard Fundación Construir

76 Norah Miranda Programa NINA UNITAS

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77 Edwin Armata Programa NINA UNITAS

78 Alejandro Valdivia CESA

79 Sourice Lucie -

80 Oscar Medina Ramallo ASOFAR

81 Nelby Balderrama INDICEP

82 Mª Eugenia Cárdenas CCC

83 Ainhoa Cabezón AECID

84 Silvia Escobar CEDLA

85 Wilma Pérrez La Razón-Periódico

86 Claudia Gomez Jauregui RFB

87 Alvaro F Ramos Rocabado RFB

88 Juan Huanaco B CSCIB

89 Elisa González UNITAS

90 Luis Castillo ANC-Perú

91 Carmen Ávila CONEXIÓN

92 Paolo Fomie Coupia Cooperación

93 Freddy Chuqimia A. ATD Cuarto Mundo

94 Mary Marca CIDEM

95 Carlos Derpic Bufette de Abogados

96 Shirley Salgueiro UNITAS

97 Santiago Huarachi FEDECOR CBBA

98 Marcelo Figueroa FEDECOR CBBA

99 Marcelo Flores ITEI

100 Roberto Mikihiro UNITAS

101 Shenia Vargas UDA

102 Marín Sandoval COMAKI

103 Ismael Quino FDCIOLA

104 Corina Straatgma HIVOS

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