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  • TUTELA FINANCIERA

    Un hecho que formalmente pudiera calificarse como microeconómico - en el sentido de que afecta la vida de una empresa-, cual es la intervención del Banco Latino, realmente tiene el carácter de macroeconómico y macrosocial, con trascendencia en el ámbito nacional e internacional. En circunstancias normales de la economía y del país, este hecho no tendria la importancia que tiene; pero las circunstancias son extraordinarias, en un escenario de crisis, de potencial conmoción social y de transición política e institucional. Por ello, el hecho de referencia se ha convertido en un ele- mento más de la crisis y le ha imprimido a ésta una aguda sensibilidad. Ha puesto en evidencia graves fallas estructurales y funcionales del sistema financiero del país, que es como decir el aparato circulatorio de la econo- mía y el espejo del acontecer nacional.

    La primera consideración que debe hacerse en este caso es la de que han fallado los dispositivos y mecanismos de la supervisión directa e indirecta del sistema financiero, y particularmente del sector bancario. Se nota una ausencia de coordinación de los organismos, que, de una u otra manera, tienen una función supervisora del sistema: Superintendencia de Bancos, Fogade, Consejo Bancario, Banco Central. Es no sólo posible sino indis- pensable que las unidades de análisis y seguimiento de esos organismos tengan la capacidad de detectar oportunamente los signos de una situación y de un movimiento irregular de una entidad del sistema; lo que es más exigente cuando se trata de una organización financiera de grandes dimen- siones y alcances como la centrada en el Banco Latino. La anormalidad que condujo a la intervención no surgió repentinamente, sino que venía formándose y acentuándose los últimos meses, y era observable para un experto y aun para gente algo ducha en asuntos bancarios. Estimo, como todo el mundo, que hay que fijar responsabilidades institucionales y perso- nales en este caso. Pero también estimo la necesidad perentoria de un for- talecimiento de la legislación bancaria -cuya reforma apenas se estrena-,

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  • sobre todo en cuanto a la prevención, el control interno y externo, la segu- ridad de los depositantes, los derechos de los accionistas minoritarios, y la cobertura de los riesgos que afectan a terceros.

    El caso del Banco Latino no es aislado. Las organizaciones financieras en el país han crecido, se han diversificado, se han hecho complejas, en buena parte con la práctica de negocios y operaciones no rigurosamente bancarias, en provecho de los grupos que controlan tales organizaciones y sus «entornos». Una interpretación perversa parece haberse extendido: la de que los recursos captados del público (y de entidades oficiales) son de la libre disposición de los directivos y principales accionistas o factores de la respectiva entidad financiera. La propia captación de recursos (cuentas corrientes, ahorros, plazo fijo y otras modalidades) se hace, en buena me- dida, bajo señuelos evidentemente engañosos, falsos, de rendimientos y beneficios que realmente están fuera de la capacidad de los depositarios. La publicidad bancaria, por lo general, ha sido escandalosa y no ha habi- do, supuestamente, regulación alguna por parte del organismo supervisor. El debilitamiento de los requisitos de encaje ha hecho depender de la con- fianza y de las fuentes institucionales superiores de liquidez la posibilidad de responder al público por retiros que pudiera hacer en magnitudes mayo- res que las ordinarias. Las insuficiencias de liquidez en determinados ban- cos han sido cubiertas mediante nuevas captaciones de recursos, y cuando hay declinación de éstas se agudiza el problema del desequilibrio entre obligaciones y disponibilidades.

    Es lugar común en este tiempo el de que la función intermediaria de la banca -captación de recursos para concesión de créditos legítimos a los productores e inversionistas- hasido disminuida sustancialmente, y en carn- bio ha ocurrido una hipertrofia patológica de negocios especulativos, de financiamiento de empresas ajenas al desenvolvimiento económico, de trá- fico de divisas y valores, entre otras. El Banco Central, en procura de la regulación de la liquidez del sistema, ha facilitado la desviación rentística de las operaciones bancarias, con la emisión y colocación persistentes de los bonos cero cupón, que da lugar a una transferencia neta de fondos públicos a los bancos privados. Los instrumentos clásicos de la política monetaria han pasado a segundo plano en obsequio a los bonos cero cu- pón.

    El sistema financiero del país no es un asunto privado. Constituye un servicio público de alta función estratégica, y por ello se organiza y fun- ciona por delegación del Estado. El respaldo del Estado es la garantía de

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  • últimainstancia que tienen losdepositantes y demás acreedores de las en- tidadesbancarias. El Estado noes unprovisor incondicional e ilimitado de recursospara atender las consecuencias de la malaadministración privada de aquellas instituciones. Porque el Estado somos todos.los ciudadanos y aquellos auxilios financieros correna cargo, inevitablemente, de éstos, en una u otra forma. No es cierto, en estecaso,que la caída de una empresa privadaafectaa sus accionistas únicamente: el fracaso de la empresapri- vada bancariaes asuntode interés público. Por elloel Estado,a través de sus órganos competentes, y como política superior, tienela obligación in- eludible de tutelaral sistema financiero, loquenosignifica necesariamente la estatización de éste, sinola sujeción efectiva a una supervisiónperma- nente no simplemente auditorial, sinode regulación de operaciones.

    No puedo dejarde exigir, como todoel país, que los responsables y los culpables de esta especie de sismo financiero que es la caída del BL sean sancionados ejemplarmente, en lo civil, en lopenal, en lo económico, en lo moral. Sería una inmensa frustración social -peligrosa, por demás- que aquéllos quedaran sincastigo y coneldisfrute de losdineros malhabidos.

    "ElNacional"> Caracas, 22 de febrero de 1994; p. A-4

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  • EL CONTROL CAMBIARlO

    La persistente fuga de capital durante el primer semestre de este año, causada principalmente por la crisis financiera, afectó fuertemente al mer- cado de divisas en dos formas: pérdida considerable de reservas moneta- rias del Banco Central y aumento pronunciado del tipo de cambio. El régi- men conocido como «crawling peg», vigente hasta fines de abril, sin res- tricción de la oferta de divisas y con deslizamiento paulatino del tipo de cambio, se agotó evidentementecon la turbulencia financiera y fue necesa- rio sustituirlo, a comienzos de mayo, por un nuevo mecanismo de asigna- ción de divisas, con restricción de la oferta y determinación de una franja de cotizaciones cuyo promedio ponderado sirvió de precio de referencia del dólar. Este régimen, con flotación cambiaria, generó prácticamente dos mercados de moneda extranjera: el que se basaba en la adjudicación de divisas por el Banco Central entre operadores cambiarios y un precio de referencia determinado conforme a lo mencionado, y el paralelo, una de cuyas vertientes importantes eran las divisas adquiridas en el Banco Cen- tral. Este último mercado, poco después de un breve tiempo de relativa estabilización, acusó un movimiento incontenible de alza del cambio hasta la barrera psicológica de los Bs. 200 por dólar, manteniéndose la expec- tativa de mayores alzas. Ante esta situación, se hizo indispensable tomar otra alternativa y se plantearon virtualmente tres opciones: la maxidevaluación (que algunos situaban en Bs. 220 por dólar, un régimen de mercado dual: uno bajo control selectivo con tipo de cambio fijo y único y otro marginal con cambio flotante y un régimen de mercado con- trolado integral, con un tipo de cambio único y fijo. Por diversas razones el Gobierno nacional escogió esta alternativa, la cual fue desarrollada normativamente en el Decreto número 268 del 9-7-94 y en el Convenio Cambiario número 1celebrado entre el ministro de Hacienda y el presiden- te del Banco Central.

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  • El régimen establecido, técnicamente denominado de administración cambiaria y comúnmente conocido como control de cambio, fija como tipo de cambio único el de Bs. 170 por un dólar de EE.UU. Esta determinación tiene un fundamento técnico -la ponderación de factores tales como la in- flación relativa y la dinámica de los pagos internacionales- y un elemento político. No es posible afirmar que ese tipo de cambio corresponde al equi- librio, pero es un parámetro estratégico de la administración cambiaria que puede ser útil durante algún tiempo. El llamado control afecta simultá- neamente a la oferta y la demanda de divisas, y por consiguiente a otras variables macroeconómicas: la importación de bienes, el nivel de precios, los movimientos de capital, las tasas de interés, entre otras. La oferta glo- bal de divisas debe corresponder a la totalidad de los ingresos externos que obtenga el pais por diferentes conceptos: exportaciones de bienes y servi- cios, ingresos sobre inversiones venezolanas en el exterior, turismo, remesas personales y familiares recibidas por residentes en el país, gastos del servi- cio diplomático y consular de gobiernos, extranjeros, entradas de capital, entre otros. Todas las divisas que ingresen al país deben ser convertidas a moneda nacional a través de los operadores cambiarios autorizados (ban- cos y casas de cambio) y enteradas en el Banco Central. Las asignaciones de divisas se hacen en dos niveles: (Pdvsa tiene un régimen especial), en primer lugar para atender las necesidades de pago al exterior del G