temas y debates 13

ISSN 1666-0714

[revista universitaria de ciencias socialessemestral / año 11 / número 13 / agosto 2007]

conferencias

La democracia hoy: el jardín de los senderos que se bifurcan

Alain Rouquié

Alain Rouquié es presidente de la Casa de América Latina en París, Director de investigación emérito de la Fundación Nacional de Ciencias Politicas, Presidente de la Casa de América latina.

Conferencia dictada por el Dr. Alain Rouquié en el acto en el que se le otorgó el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario, en el marco del VII Congreso

Nacional sobre Democracia “Los desafíos del siglo XXI en América Latina. Democracia,

desarrollo e integración”. Organizado por el Centro de Estudiantes y la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, Rosario, 31 de Octubre de 2006

Este título de inspiración borgeana no tiene otro objetivo que subrayar el carácter

laberíntico de la problemática de la democracia hoy día en América latina. Pero antes de

abordar este tema en su dimensión regional, creo necesario hacer dos comentarios sobre las

tendencias globales que configuran el telón de fondo de nuestras reflexiones sobre las

experiencias democráticas en este continente.

1°) Desde la caída del comunismo y el fin de la “guerra fría” los principios de la democracia

representativa aparecen come la única fuente de legitimidad política, al menos, en el mundo

occidental. Si bien el colapso del totalitarismo soviético no ha significado “el fin de la

historia” tan prematuramente anunciado, es cierto que no existe hoy en día ningún otro

modelo de sociedad, como polo alternativo, frente a la “democracia de mercado”, lo que, en

un mundo que ha dejado de ser bipolar, contribuye fuertemente a orientar los

comportamientos de los actores sociales.

2°) Desde la desaparición de la URSS la defensa de la democracia ha sido el mayor factor de

legitimación de la acción exterior de los Estados Unidos. Después de los atentados del 11 de

septiembre de 2001, la única superpotencia, al declarar la “guerra total al terrorismo”, ha

lanzado una “cruzada democrática” mundial. Esta diplomacia armada consiste en imponer por

la fuerza a ciertos países los “beneficios de la libertad”, es decir el régimen representativo

pluralista.

Triunfo e incertidumbre de la democracia

Entre noviembre de 2005 y diciembre de 2006, doce países de la región han tenido

elecciones presidenciales. Estas coincidencias electorales incluyen todos los grandes países de

la zona, a excepción de la Argentina. Esta ola electoral, sin precedente, da cuenta de la

vitalidad democrática del continente.

1°) Todos los gobiernos de América continental son hoy constitucionales y representativos.

2°) Nunca desde la Segunda Guerra Mundial hubo entre el Río Bravo y Tierra del Fuego,

tantos gobiernos con legitimidad electoral y nunca durante un período de tiempo tan largo.

Se puede discutir sobre la consolidación de la democracia, construir modelos teóricos

ingeniosos para ilustrar los diferentes procesos de transición a la democracia, pero más

empíricamente, algunos casos específicos, ilustran suficientemente la tendencia dominante.

Lo que llama la atención del observador, ante todo, es que en algunos países sin previa

experiencia democrática, la democracia no ha sido restaurada sino instaurada. Es el caso de

todos los estados centro-americanos con la excepción de Costa Rica, democrática desde 1948

sin interrupción. El Salvador es un ejemplo significativo. Después de los acuerdos de paz de

1992, la extrema polarización político-social que llevó el país a la guerra civil ha sido

sustituida por una inesperada distensión y una coexistencia pacifica entre los dirigentes de la

extrema derecha y los de la guerrilla. ARENA ocupa el gobierno nacional y el FMLN

administra las intendencias municipales de las principales ciudades del país.

Si de duración se trata, Brasil y Argentina ilustran el cambio de época. Brasil, en el año

electoral de 2006 conmemora 21 años de democracia después de 21 años de régimen militar

(1964-1985). Además, podemos recordar que en 2003, por primera vez en 43 años, un

Presidente electo trasmitía la banda presidencial a otro jefe de Estado ungido por el sufragio

universal. La Argentina cumplirá en 2007, año de renovación de sus autoridades, 24 años de

continuidad representativa. Esta situación no tiene precedente histórico en un país que ha

padecido más de medio siglo de hegemonía militar y de inestabilidad política a partir de 1930.

¿A qué se debe esta evolución virtuosa?, ¿qué cambios de comportamiento han contribuido a

plasmarla? Podemos destacar, tomando en cuenta el trasfondo geopolítico a que aludíamos en

la introducción, dos componentes cruciales. Por un lado la conversión de los revolucionarios a

la democracia llamada por ellos “formal” o “burguesa” y por el otro la aceptación por parte de

los medios conservadores de los resultados electorales, aun cuando vayan en contra de sus

preferencias.

No es necesario insistir sobre el primer punto. Son numerosos los ex-guerrilleros que se han

integrado al sistema representativo después del final de las dictaduras y del colapso del

comunismo. Hasta se podría decir que es hoy un rasgo definitorio de la vida política de

muchos países como sucede en América Central, donde muchos militantes tomaron las armas

para derribar el autoritarismo y no para instaurar el socialismo. Es también un componente

importante del personal político brasileño, en el Partido de los Trabajadores (PT) en

particular. En Uruguay, en la coalición del Frente Amplio que gobierna el país desde 2005,

uno de los partidos más fuerte procede del movimiento de guerrilla urbana Tupamaros.

En cuanto a la derecha, nunca buena perdedora, vemos que aceptó la alternancia y la derrota

de sus candidatos sin tratar de subvertir el orden constitucional en varios casos recientes. Es

así como la victoria de Luiz Inãcio Lula da Silva en Brasil, en 2002, la de Tabaré Vázquez en

2004 en Uruguay, o la de Evo Morales en 2006 en Bolivia, no desencadenaron ninguna crisis

desestabilizadora, a semejanza de lo que pasó en Chile en 1970, cuando la Unidad Popular de

Salvador Allende ganó las elecciones. En Brasil es preciso recordar que cuando Lula fue por

primera vez candidato presidencial en 1989, el portavoz de la Federación de Industrias de São

Paulo, amenazó con cerrar miles de empresas si el PT llegaba a la Presidencia. En 2002, la

estrategia anti-PT fue más sutil y menos directa. Los “mercados financieros” trataron de

asfixiar al país a medida que las encuestas acercaban a Lula al poder. Tan es así que los

electores se pronunciaron finalmente en contra de esta presión financiera y llevaron a la

Presidencia al candidato que “amenazaba la economía”.

Lo que quería recordar es que hace 20 años y a veces mucho menos, los vencidos del sufragio

universal solían llamar a la puerta de los cuarteles para “corregir” los resultados de las

elecciones. Ahora no. Además, ya que hablamos de militares podemos observar que los

militares golpistas más recientes, como los de Venezuela en 1992, o de Ecuador en 2000, se

han convertido también a los procedimientos electorales y han competido para ser elegidos a

la cabeza de sus respectivos Estados .

Claro podrán objetar que se trata del pasado y que éste nos dice poco sobre el presente y la

práctica electoral en este año excepcional de 2006. Creo sin embargo que debíamos empezar

por subrayar esta vitalidad de la democracia en el continente. No para considerar que la

consolidación democrática es un hecho consumado sino para recordar que la democracia es,

para decirlo en términos de Montesquieu, esencialmente un “aprendizaje de la virtud”1, largo

y complejo.

Efectivamente la tentación anti-democrática no desaparece del todo. Hasta se nutre de la

ilusión democrática, es decir de las expectativas excesivas nacidas del derrumbe del

autoritarismo. Conocemos los bajos índices de popularidad del régimen democrático en varios

países del continente. También recordamos la gran encuesta del PNUD, publicada en 20042

que arroja cifras poco alentadoras acerca de la preferencia relativa de los electores por la

democracia.

Si bien es cierto que la encuestas de opinión necesitan interpretarse en su contexto, algunos

acontecimientos incontrastables parecen acreditar este malestar democrático. Es el caso de las

renuncias forzadas de Presidentes constitucionales antes del final de sus mandatos. Estos

derrocamientos, verdaderos “golpes civiles” han sido generalmente provocados por estallidos

sociales o por olas de protesta de gran envergadura. Han ocurrido en varios países. Una vez en

Argentina en diciembre 2001, dos veces en Bolivia en 2003 y 2005, y tres veces en Ecuador.

Pero cabe señalar que en estos tres países de diversa tradición política y de estructura social

diferente se encontró una salida institucional a la crisis sin la intervención espuria de ningún

salvador de la patria -individual o colectivo- y sin alterar el orden democrático, ni las

garantías constitucionales.

1 Ver Alain Rouquié, ”El desafió de la democracia o el aprendizaje de la virtud”, en A. Rouquié (ed.), Cómo

renacen las democracias?, Buenos Aires, Emecé, 1985. 2 Según esta encuesta efectuada en 18 países, el 54,7% de los latino-americanos aceptarían un gobierno autoritario si resolviera sus problemas económicos, PNUD, La Democracia en América Latina, 2004, p.137.

Más aún, podemos decir sin tergiversar los hechos que estas renuncias presidenciales

expresan de forma paradójica cierto afianzamiento de la cultura y de los valores democráticos,

lo que implica que un Presidente constitucional no puede mantenerse en el poder por la

fuerza. El nivel de tolerancia a la violencia estatal difiere según los países pero las renuncias

bajo la presión de la calle reflejan un nuevo respeto del ciudadano y la vigencia de los

derechos humanos, fundamento del sistema democrático. En verdad, la democracia es ante

todo una cultura, un código de conducta y de autocontrol de gobernantes y gobernados y no

sólo un método para cambiar las autoridades políticas. Bajo este aspecto existen hoy día en

América Latina peculiaridades que muchas veces no se tienen en cuenta a la hora de evaluar

el perfil político de los Estados y las tendencias dominantes de las evoluciones en curso.

Democracias post-autoritarias y precariedad institucional

Esta democracia que intentamos enfocar en sus dos facetas, vitalidad por un lado,

incertidumbre por el otro, ha merecido de parte de los sociólogos y comentaristas varios

calificativos. Se ha hablado de una democracia de baja calidad “porque no ha traído progreso

a la región”, de una democracia incompleta, inacabada, defectuosa... No vamos a añadir un

adjetivo más sino tratar de señalar algunas de las posibles fuentes de esta singularidad

política.

Muy a menudo los estudiosos de las transiciones democráticas se han limitado a considerar

las condiciones económicas, sociales y políticas del cambio de régimen. Algunos han insistido

también sobre las lógicas estratégicas de los actores de ambos lados de la línea divisoria entre

los partidarios del autoritarismo y los de la democracia. A mi modo de ver se ha dejado

escapar así muchas veces una dimensión esencial. Puesto que si bien es cierto –como señala

Hugo Quiroga- que “las dictaduras han legitimado el principio democrático”, no debemos

olvidar que las “nuevas repúblicas” son “hijas de las dictaduras”, y a veces sus prisioneras.

Efectivamente no se pasa de la dictadura a la democracia como de la noche al día, o de la

oscuridad a la luz. Una democracia “sucesora” por muy consolidada que parezca (con

elecciones transparentes, alternancia en el poder, superación institucionalizada de las crisis)

sigue siendo post-autoritaria. No nace en un vacío histórico sin herencia, ni huella de los

regímenes anteriores. No hablamos sólo de los condicionamientos “pactados” entre los

responsables de la dictadura en retirada y las fuerzas democráticas sino de una impronta más

amplia, profunda y duradera que cubre a veces todos los sectores de la vida nacional. Por

supuesto que es un tema que necesita investigaciones empíricas cuidadosas y un enfoque

multidisciplinario. Pero desde ya podemos proponer algunos ejemplos conocidos o más

discretos de esas herencias autoritarios.

Chile, quizás sea el caso más patente. En este país desde hace 16 años el régimen

democrático funciona en el marco de la Constitución dictada durante la dictadura del general

Pinochet. Por otra parte el modelo económico implementado sigue siendo en lo esencial el de

los militares. Los “amarres de la democracia” o los “enclaves autoritarios” (autonomía de las

Fuerzas Armadas, senadores designados, limitación de las competencias presidenciales en el

campo de la defensa y de la seguridad, en particular) han quedado vigentes hasta casi el final

de la presidencia del socialista Ricardo Lagos (2000-2005). Todavía la ley electoral que

polariza los escrutinios y favorece a la derecha, no ha sido reformada.

Los militares chilenos tenían como objetivo instalar una “democracia tutelada”, protegida

y limitada. Por lo tanto, como señala Carlos Huneeus, ha sido sumamente difícil desmantelar

“el andamiaje autoritario” y el proceso de emancipación democrática aún no ha terminado.

Tan es así que los partidos democráticos siguen gobernando juntos en una coalición formada

por socialistas y demócratas cristianos para derrotar a la dictadura en el plebiscito de 1988.

Casi veinte años después, los partidos de la “Concertación” no han recobrado su identidad

individual y el frente democrático aún se mantiene. Además la izquierda, hasta la victoria de

Ricardo Lagos, tenía que enfrentar una imagen de fracaso y de caos impuesta por la dictadura

y sus partidarios. La visión de los vencedores del 11 de septiembre de 1973 sigue dominando

la cultura dominante a pesar de que la derecha ha empezado a aceptar la verdad histórica.

En la Argentina, la sombra de Proceso de 1976 dista mucho de haber desaparecido después

de la restauración democrática. No sólo porque la cultura pretoriana de medio siglo ha

sobrevivido al restablecimiento del orden representativo en 1983 y se ha mantenido por lo

menos hasta mediados de los 90. El desmantelamiento del Estado emprendido a partir del

golpe de 1976 y la concentración sin precedentes del poder económico han quitado a los

gobiernos democráticos muchas de las competencias y de los recursos públicos necesarios

para enfrentar situaciones criticas heredadas (fuga de capitales, deuda externa, inflación...).

También la política económica y financiera del Proceso ha dejado huellas en el

comportamiento de los operadores y de los ciudadanos. Así es como la nostalgia de la “plata

dulce”, llave del “primer mundo” de la época de Martínez de Hoz, otorgó legitimidad en un

marco democrático a la ficticia “convertibilidad” del Dr Cavallo. Por otra parte, la inédita

ferocidad represiva de la ultima dictadura y su “guerra sucia” ha suscitado una “ilusión

democrática” peligrosa y contraproducente. No es cierto que la democracia sirva para todo.

En fin, la pauperización social consecuencia de las políticas económicas seguidas después de

1976, no han favorecido actitudes cívicas constructivas. Las reacciones anti-políticas tanto

como los retrocesos prebendarios o clientelistas padecidos por la Argentina democrática han

sido condicionados en gran parte por los años de plomo de la dictadura.

No vamos a multiplicar los ejemplos, pero dos países ilustran la complejidad de las

herencias autoritarias, me refiero a México y Brasil. México después de 70 años de una

“dictadura perfecta“ -según la fórmula del escritor Mario Vargas Llosa- del Partido-Estado, el

PRI, (Partido Revolucionario Institucional), perdió el poder en 2000. En 2006 es sólo el tercer

partido del país en importancia electoral. Pero el “impasse” provocado por el resultado de las

elecciones de julio de 2006 muestra que la “cultura PRI” no ha desaparecido. El casi empate

(0,60% de diferencia entre los candidatos del PAN y del PRD, Calderón y López Obrador) es

menos importante que el comportamiento de los actores durante la campaña y frente a los

resultados. Las sospechas son reciprocas; el PRD acusa el PAN victorioso de rechazar la

alternancia democrática, presentando al candidato de la oposición como un “peligro para el

país”, y el PAN denuncia la no aceptación de los resultados electorales por el candidato

“peredista” como una manifestación de desprecio de las instituciones. Es evidente que la

cultura autoritaria del ex-partido dominante, con su práctica consuetudinaria del fraude sigue

siendo la lente a través de la cual los mexicanos ven todavía (y por mucho tiempo) las

contiendas políticas nacionales.

En Brasil la herencia de una larga dictadura militar o como se suele decir cortésmente, del

“régimen autoritario”, es más indirecta y más difícil de comprobar a primera vista. De hecho,

a partir de 1985, fecha del retorno de los civiles al poder, se han abandonado

progresivamente las instituciones del régimen anterior. Una nueva Constitución fue

promulgada en 1988 y también una nueva ley electoral. Lo que llama la atención es que los

constituyentes han elaborado un proyecto que es el reflejo invertido del régimen dictatorial.

Existe por consiguiente una simetría con la dictadura en esa inversión constitucional. Ésta era

centralista y se dan muchos poderes a las entidades federadas (Estado o municipio);

controlaba férreamente la justicia, la nueva Ley fundamental da al poder judicial una

independencia sin control externo con la que Montesquieu nunca había soñado; los militares

habían impuesto un bipartidismo coercitivo, las nuevas leyes favorecen la fragmentación

política (hubo hasta 24 partidos en el Congreso), la debilidad partidaria, y el “transfuguismo”

político. Esto explica en buena parte, “el presidencialismo de coalición” sin el cual no se

puede gobernar3, y la corrupción política crónica y también puede anunciar cierto peligro para

la gobernabilidad en el futuro.

Pero la herencia autoritaria no es el único problema institucional que afecta hoy a las

democracias latinoamericanas. La erosión y a veces la decadencia del sistema de partidos

políticos aparece en varios países sin pasado autoritario reciente. Primero con la crisis o el

colapso de los partidos fundadores de la propia democracia, como en Venezuela luego de

cuarenta años de bipartidismo estable, pero también en Bolivia o Ecuador. Sin llegar a estos

extremos vemos la derrota de los partidos tradicionales, “patrias subjetivas” portadores de

identidad cívica, frente al surgimiento de nuevos lideres como Uribe en Colombia o de una

nueva fuerza política como la del Frente Amplio en Uruguay.

El caso argentino ilustra, como siempre, “la anormalidad obstinada” de este país. La casi

desaparición del radicalismo en las elecciones de 2003 hace que el gobierno no tenga una

verdadera oposición. Pero tampoco existe un partido “oficialista” propiamente dicho: el

justicialismo es hoy día una nebulosa de muchos colores. El presidente es peronista sin serlo,

”transversal” sin atreverse a crear un verdadero movimiento político de centro izquierda a

partir de una heterogénea máquina electoral. Tampoco los desprendimientos del radicalismo

3 El partido del Presidente tiene menos de la quinta parte de los diputados en la Cámara baja del Congreso (el PT tiene 83 diputados sobre 513).

han logrado erigirse en fuerzas políticas de peso y la política se vuelve cada vez más

territorial.

Por otra parte se da en algunos países un fenómeno que puede considerarse novedoso: la

aparición de movimientos políticos improvisados, efímeros, a veces hasta fugaces alrededor

de outsiders de la vida política nacional. En el Perú, Ollanta Humala, candidato desconocido y

sin partido logra en seis meses juntar casi el 48% de los votos. En Ecuador, Rafael Correa,

crea de la nada un partido (Alianzapais) que lo lleva a una sorprendente victoria. En Bolivia,

el MAS (Movimiento al Socialismo) de Evo Morales es una alianza de sindicatos que se cuida

de parecerse a un partido político. En Venezuela, en 2006, el movimiento chavista (MVR)

dista mucho -después de siete años de presidencia- de ser un verdadero partido capaz de

sustituir a las desacreditadas fuerzas políticas tradicionales.

¿Cómo explicar esta volatilidad de los partidos? ¿Estamos en un momento de renovación

y de recomposición frente a una nueva realidad? Pero ¿por qué el fin de la guerra fría y tal vez

de las ideologías significarían la desaparición de los partidos? ¿Por qué en la época de las

NTIC y de los blogs, de la multiplicación de las encuestas de opinión y del individualismo

consumista podríamos prescindir de los partidos? No tengo respuesta a esta pregunta clave

para el futuro de la democracia sino con otra cuestión: ¿por dónde y cómo se van a operar la

“agregación de las demandas” y la participación ciudadana sin partidos?

Alternancia y exigencia de ciudadanía

Desde 2005 y el comienzo de la serie de elecciones presidenciales que termina en diciembre

de 2006 se han verificado importantes cambios políticos: alternancias en el poder con cambios

de rumbo. De ahí se sacó -un tanto apresuradamente- la conclusión de que soplaban nuevos

vientos en el continente y hasta que la región entera giraba a la izquierda. Esta percepción

donde se juntan alarmismo conservador y sensacionalismo periodístico merece dos

comentarios.

Primero, si bien hubo alternancias, hubo también continuidad y reelecciones. Y no todas

del lado de la izquierda como lo ilustran la reelección de Uribe en Colombia, la elección de

otro presidente del PAN en México, o la vuelta al poder de dos ex-presidentes centristas de

los años ochenta, Oscar Arias en Costa Rica, y Alan García en Perú. Entre las reelecciones

más significativas podemos señalar el segundo mandato de Luiz Inãcio Lula da Silva en

Brasil, la reelección de Hugo Chávez en Venezuela y también el triunfo de la Concertación

en Chile con una candidata del mismo partido socialista que su predecesor.

En cuanto a la izquierda o mejor dicho a las izquierdas, las etiquetas ocultan a veces las

realidades. Si miramos de cerca vemos que si algunos presidentes pertenecen sin lugar a duda

a la “izquierda” (Lula da Silva, Tabaré Vázquez, Michelle Bachelet, por ejemplo), hay pocos

gobiernos de izquierda. Los presidentes “progresistas” gobiernan en coaliciones con partidos

de centro o de derecha hasta en Uruguay, donde la democracia cristiana participa en el

gobierno.

Pero estos membretes son lo de menos. Lo importante son las tendencias dominantes

obrando por debajo de resultados accidentales cambiantes. Si tomamos las elecciones

presidenciales del siglo XXI, o a partir de los últimos años del siglo anterior, se destacan dos

grandes temas, dos preocupaciones esenciales de los electorados: la creación de empleos y la

lucha contra la pobreza y la exclusión.

Las principales alternancias corresponden a la traducción electoral de estas exigencias. Así

es como Lula da Silva en Brasil llega al Planalto en 2003 con un programa de empleos y de

lucha “contra el hambre”, a la vez simbólica y concreta. Tabaré Vázquez en Uruguay y Hugo

Chávez en Venezuela ostentan programas parecidos y objetivos semejantes. En Chile,

Michelle Bachelet, en un contexto diferente de coalición democrática, ha hecho hincapié en la

disminución de la pobreza ya reducida a la mitad durante el mandato de su predecesor, el

presidente Lagos.

Es interesante señalar que en algunos países en que no hubo alternancia, los candidatos que

representaban estos mismos objetivos de lucha contra la exclusión y de políticas sociales

dirigidas a los menos favorecidos, han tenido un notable éxito electoral. Tomemos sólo dos

ejemplos: México y Perú.

En México, el candidato del PRD (Partido de la Revolución Democrática), López Obrador,

ex-intendente de la Ciudad de México, estuvo tan cerca de ganar que no aceptó los resultados

apretados que daban la victoria a su adversario del PAN. Ahora bien ¿cuál era el programa

del candidato del PRD? “Primero los pobres” (empleo, aumento del salario mínimo, medidas

de asistencia social). El PRD obtiene sus mejores resultados en el sur del país, indígena y

poco industrializado.

En el Perú, los resultados de la segunda vuelta fueron bastante apretados también, Ollanta

Humala recibió el 47,3% de los sufragios contra 52,7% para el ex-presidente “aprista” Alan

García. Pero el primero gana en el Sur indígena y la Sierra. Tiene enorme ventaja en los 15

departamentos mas pobres (83,9% en Ayacucho, 73% en el Cuzco, casi el 80% en

Huancavelica). El voto “humalista” fue un mensaje fuerte para los nuevos gobernantes,

recordándoles que tienen que “compensar desigualdades y desequilibrios”, luchar contra la

exclusión y para el desarrollo de las regiones mas desfavorecidas.

De hecho, lo que está en juego en estas elecciones es nada menos que la exigencia de

ampliación de la ciudadanía. A lo largo de la historia, América latina tuvo “elecciones sin

democracia” y luego “democracia sin ciudadanos”, hoy día el “déficit de ciudadanía” es el

gran desafío. La democracia, llamada a veces de “baja intensidad”, basada en el clientelismo y

las relaciones verticales, es un sistema de tipo censitario en el que los “ciudadanos pasivos”

están manipulados y recompensados. La formula, “un hombre un voto”, principio de base del

sistema representativo pluralista, tiene dificultad para implantarse en un contexto de fuerte

desigualdad. Tocqueville consideraba que la democracia era, ante todo, un “estado social”

caracterizado por la “igualdad de condiciones”. Y agregaba: ”el bienestar general favorece la

estabilidad de todos los gobiernos, pero especialmente del gobierno democrático”4. Pero no se

podía tal vez prever en su época que la practica de la democracia “sin condiciones”, y sin

igualdad durante decenios, por muy controlada y restringida que fuese, podía generar una

4 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, París, Robert Laffont,1986, Primera parte, Capitulo III y Segunda parte, capitulo IX , págs. 75 y 266 (la traducción es nuestra).

exigencia de ciudadanía concreta, es decir en términos tocquvillianos, una irrebatible “ pasión

por la igualdad”.

Hoy la exigencia de ampliación de la ciudadanía es el hecho más significativo de una

revolución polaca, no siempre visible, que adopta modalidades diferentes según las

sociedades. En Bolivia ha sido de lo más espectacular: un indígena aymará, sindicalista

agrícola (cocalero) ganó las elecciones con una votación casi sin precedentes en el país (54%)

y ha movilizado el apoyo de los indígenas, mayoritarios y marginados por siglos. Estos

sectores sociales pobres han empezado a organizarse en oposición a las reformas liberales y

modernizadoras que afectaban su vida cotidiana y por las que no habían sido consultados.

Asistimos -a principios del nuevo siglo- a sublevaciones de usuarios de los servicios públicos

en vías de privatización o ya privatizados (como el agua en El Alto y Cochabamba). La

imposición de las leyes de mercado en servicios básicos, consecuencia de la retirada del

Estado, agrava la exclusión de los más pobres que además pertenecen a grupos étnicos

discriminados. Las rebeliones sectoriales y la “fractura étnica” coinciden y provocan una

movilización “soberanista” en defensa de los recursos mineros todavía existentes, es decir, el

gas y el petróleo. Podemos recordar que la renuncia del Presidente Sánchez de Losada en

octubre de 2003 se debió a una revuelta de indígenas urbanizados en defensa del gas natural y

en contra de las modalidades de su exportación.

En Brasil, nación de reciente industrialización, la llegada a la Presidencia de un obrero,

sindicalista, hijo de campesinos pobres del Nordeste y migrante interno, ha sido percibida

como una especie de emancipación simbólica de las clases populares. Millones de brasileños

en 2002 y en 2006 se consideraron representados, reconocidos. Lo que explica la popularidad

persistente del Presidente Lula, a pesar del desgaste de cuatro años de mandato en los que no

faltaron ni las esperanzas incumplidas, ni las medidas impopulares, ni los escándalos.

Ahora bien, detrás de estos dos ejemplos existe una extraordinaria novedad. Se trata de una

transformación de los comportamientos que por supuesto no se limita a los dos países: el voto

intercambiado ha sido sustituido por el voto representativo es decir, ciudadano. Por eso los

dirigentes se parecen cada vez mas a la mayoría de los ciudadanos. En Brasil, como en

Bolivia, dos sociedades profundamente diferentes, el “semejante vota por el semejante”. El

pobre o el indígena no buscan necesariamente -a través del voto- el apoyo del rico, del

notable, del Doctor... Los de abajo ya no deben dar su voto a los de arriba. El trabajador, el

pobre, también es ciudadano y puede ser dirigente de cualquier nivel, lo que es una sorpresa y

una novedad. En su primer intento electoral para la gobernación del estado de São Paulo, Lula

da Silva en 1982, ocupó la cuarta posición, y según las encuestas, los electores más

desheredados se negaban a votar por un hombre del pueblo, como ellos.

A la luz de estas reflexiones podemos intentar comprender algo de las singularidades de

Venezuela hoy. Podemos considerar que el régimen de Presidente Chávez, más allá del

“boom petrolero” y de la idiosincrasia de su líder, se inscribe en la misma perspectiva. La

demanda de integración social es la base de la movilización de las clases populares

venezolanas y de su determinado apoyo al Presidente. Por un lado, las capas sociales

marginadas se benefician de programas sociales bien calibrados que los convencen de que,

con este régimen, la bonanza petrolera no está reservado a las elites y a los privilegiados, lo

que fue - por lo menos- el caso en los noventa. Por otra parte estos mismos beneficiarios se

reconocen en un jefe del Estado que no es ni blanco, ni miembro de la elites pudientes. La

fuerte polarización política interna es tan intensa porque coincide con una fractura social y

étnica. Pero, sobre todo en el caso de Venezuela, las políticas de ajuste y de retracción del

Estado en un país con enorme riqueza mineral, han provocado a partir de 1989 estallidos

sociales e intentos golpistas. Finalmente la demanda social insatisfecha va a desbordar el

marco del sistema democrático establecido en 1958. Esta situación no es un caso aislado,

aunque es el más espectacular.

Los “varios porvenires “ de la democracia.

Es conocido de sobra que las “transiciones “ a la democracia de los años ochenta han

sido duramente afectadas por la crisis de la deuda, que tal vez las ha acelerado. Luego, las

reformas estructurales de corte liberal destinadas a superar esta crisis tuvieron un impacto

negativo duradero sobre el empleo, la igualdad, la inversión social. La media década perdida

(1998-2002) de crecimiento estancado, con una caída fuerte del PBI per capita agravó más

aún el nivel de desempleo y de pobreza. Por eso los “gobiernos de alternancia” de principios

de siglo tienen en común dos objetivos independientemente de su estilo político que son la

integración social y la lucha contra la pobreza por un lado, la rehabilitación del Estado y de la

política por el otro.

En cuanto a la rehabilitación del Estado, es la consecuencia normal del fracaso de los

tratamientos de choque pro-mercado y de la ideología que consideraba que el Estado era el

problema y no un instrumento necesario para encontrar una solución. Ya se sabe que en el

contexto de hoy, sólo la autoridad publica puede contribuir a sanear las situaciones sociales

mas inaceptables. Además la globalización impone mantener firmemente el dominio de

herramientas económicas adaptadas para responder a la volatilidad de los mercados y de los

flujos financieros. La necesaria reforma del Estado no significa su debilitamiento, menos aún

su desmantelamiento. Así la privatización de servicios públicos implica crear agencias

regulatorias públicas eficaces y exigentes. Un Estado competente desarrollando políticas

sociales dirigidas a los más necesitados (y no destinadas a las clases medias como ocurrió

tradicionalmente) no es el Estado hipertrofiado e insaciable, el “ogro filantrópico” de la

caricatura de Octavio Paz.

Ya se sabe en América latina que las economía no funcionan con “piloto automático”. Por

eso los nuevos gobiernos “sociales” han intentado colocar la política, es decir el Estado, en el

centro de la vida nacional. Y todos estos gobiernos de alternancia comparten -de una forma o

de otra- esta característica que tiene como corolario estratégico cierta tendencia a la

afirmación nacional y a veces al nacionalismo. La reconstrucción del Estado implica, de

hecho, la defensa de la soberanía económica que pude tomar aspectos muy diferentes y

responder a expectativas históricas y colectivas de diversa índole. Bajo formas distintas, esta

dimensión ideológica está presente tanto en Venezuela y Bolivia como en la Argentina de

Kirchner o el Brasil de Lula. Además no se expresa sólo con medidas económicas, puede

manifestarse también a través de una política exterior activa y ambiciosa (como en los casos

de Brasil y Venezuela).

Pero es ahí donde en este laberíntico jardín de la democracia los senderos se bifurcan. Es

cierto que muchos comentaristas, norteamericanos sobre todo, han afirmado que existen dos

visiones, dos tipos diferentes de “democracias sociales”. Dejemos de lado las clasificaciones

en términos de buenos y malos, o de pragmáticos y “populistas”: la mera utilización de este

ultimo termino, concepto de pacotilla, polémico y vacío, quita toda seriedad al análisis. En

realidad encontramos por un lado, es cierto, líderes y gobernantes que proceden del

movimiento obrero en sus distintas facetas. Como decía Lula da Silva en 2003, al tomar

posesión de la presidencia, no son “simple producto de una elección sino de una historia”. La

cultura partidaria estructura su acción, orienta sus prácticas. Estos dirigentes “socialistas o

social-demócratas” quieren edificar gradualmente una sociedad más incluyente y más justa.

Por eso son “posibilistas”. Tratan de conciliar el crecimiento económico, la estabilidad

política, con un programa de progreso social. Tienen una visión de mediano y largo plazo de

sus países y gobiernan en el marco de las instituciones existentes. Lula, Lagos y Bachelet

tanto como Tabaré Vázquez corresponden a este perfil.

Por el otro lado, tenemos lideres que se caracterizan por ser outsiders. Surgen de forma

inesperada, en circunstancias excepcionales de crisis o de colapso de los partidos

democráticos, lo que incluye -a veces- a la izquierda tradicional. Crean o improvisan un

partido ad hoc para las elecciones; se proclaman a veces socialistas sin tener vinculación

alguna con la tradición socialista o obrera y pretenden ante todo cambiar fundamentalmente el

sistema político y “refundarlo”. Por eso, al llegar al poder convocan una constituyente para

modificar las reglas de juego. Pero su ideología es -ante todo- nacionalista y estatizante. Su

legitimidad electoral es de tipo plebiscitaria: privilegian una relación directa con el pueblo

mas allá de los partidos, a veces contra los partidos. Hugo Chávez, y su “revolución

bolivariana” sería hoy día el modelo, Evo Morales en Bolivia, o Rafal Correa en Ecuador

tienen alguna semejanza con este esquema que hubiera seguido Ollanta Humala en el Perú, de

haber ganado las elecciones.

Estos movimientos “antipolíticos” de refundación no dejan de ser ambiguos. Tal vez

ilustren, como lo señalaba Raymond Aron ”la disociación de los valores políticos y de los

valores sociales” de la izquierda en ciertas sociedades5. Si sus políticas sociales, su prédica

nacionalista, su voluntad de fortalecer el Estado favorecen el sentimiento de pertenencia y la

constitución de la ciudadanía, estamos quizás ante un modelo integrador de transición social.

5 Raymond Aron, L’opium des intellectuels, Paris, Gallimard,1968, p.36

Estas democracias plebiscitarias pueden ser una etapa de “alta intensidad” nacida en un

período de buena coyuntura económica, a semejanza de los regímenes nacional-populares que

aparecieron con la prosperidad de la ultima posguerra.

Pero, como se sabe, y como lo muestran los precedente, las bonanzas son precarias y las

“democracias plebiscitarias” también. ¿Cuál es su porvenir? Plantear esta pregunta es como

tratar de saber a dónde va América latina hoy. Nada esta escrito. Por ejemplo los guerrilleros

del 70 y del 80 se integraron en el sistema político representativo, y respetan sus instituciones

en casi todos los países, pero en Colombia se han convertido en narcoguerrilleros mafiosos.

Lo mismo podría pasar con estas democracias “diferentes”; pueden abrir el camino a

democracias representativas estables y consensuales una vez conseguida una mejor cohesión

social en la etapa de hoy, pero también pueden transformarse en “democracias hegemónicas”

o autoritarias o en alguna forma de “autoritarismo competitivo”, aunque esta ultima hipótesis

nos parece poco probable en vista del contexto internacional. En la América de la posguerra

fría, la interdependencia comercial y económica y los procesos de integración regional están

lejos de facilitar una experiencia de “cesarismo democrático”.

Pero existe otra bifurcación, otra manifestación de dualismo. Ésta aparece al interior de los

países. Una división geográfica con bases sociales opone, a grandes rasgos, las regiones

integradas, modernas y dinámicas y las zonas deprimidas, pobres, a veces olvidadas. Esta

fractura tiene hoy día una expresión electoral muy clara en varios países. Es generadora de

tensiones sociales graves que pueden afectar la gobernabilidad. Señalo esta división electoral

porque en muchos casos, por razones obvias que tienen que ver con la libertad del sufragio y

la ciudadanía, es nueva o por lo menos nunca había aparecido de forma tan brutal y

espectacular, sobre todo en algunos de los grandes Estados del continente.

En México ya vimos como, en el Centro y el Sur, los Estados federados más pobres han

votado a favor del candidato del PRD. El Norte que se ha beneficiado de la integración

comercial con Estados Unidos y del TLC ha apoyado mayoritariamente el PAN. En el Perú, el

Sur y la Sierra indígenas han dado una victoria aplastante a Ollanta Humala, mientras Alan

García ganó las elecciones en Lima, en las zonas mineras y en el “sólido Norte” de las

plantaciones exportadoras. En Brasil también se dio el mismo fenómeno. Vimos como el

Presidente Lula tuvo excelentes resultados para su reelección en el Norte y el Nordeste poco

desarrollados aún donde están la mayoría de los beneficiarios de sus programas sociales. En el

Sur y Centro-Sur industrial donde nació el Partido de los Trabajadores, los electores dieron la

preferencia, en la primera vuelta, en particular, a su adversario.

Estas oposiciones geográficas, sociales y a veces étnicas necesitan investigaciones

pormenorizadas y serias para entender su significado y sus causas. Lo que sí es cierto y lo que

demuestran, es que América Latina se encuentra políticamente en una encrucijada, entre la

ampliación de la ciudadanía y el debilitamiento de los sistemas institucionales frente al peso

de una demanda social acumulada y muy a menudo insatisfecha. Sin embargo, los optimistas

podrán concluir, y lo haré en este sentido, que las elecciones sirven hoy día en el continente

no sólo para cambiar a los dirigentes, sino también para señalarles los grandes desafíos que

los esperan y que tendrán que superar. Y esto es sin lugar a duda un inmenso progreso en la

construcción de la democracia.

Los desafíos de las mutaciones sociales, políticas y económicas del siglo XXI

Robert Castel

Robert Castel es director de Estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Paris.

El siguiente texto corresponde a la conferencia dictada por el Dr. Robert Castel en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la U.N.R., el día 19 de septiembre de 2006. La misma fue organizada por la Sede Rosario de la Universidad del Salvador y la Escuela de Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y RR.II. de la U.N.R.

Nuestras sociedades están sometidas, retomando una expresión de Karl Polanyi, a una

gran transformación que remite al cambio de régimen del capitalismo. Salimos del capitalismo

industrial y dominante a través del conflicto y la regulación, que el mismo capitalismo había

alcanzado en el curso de su historia, e ingresamos en un nuevo régimen capitalista a la vez más

móvil y más extendido, y también más salvaje, que juega a la competencia exacerbada, a la

búsqueda de la ganancia a nivel planetario.

Es lo que llamamos la mundialización y de eso podemos hablar mucho pero

disponemos de poco tiempo y lo que intentaré hacer, entonces, es discutir algunos efectos de

esa gran transformación, como la organización del trabajo y, a partir de ahí, el estatuto de los

individuos, las protecciones que ellos pueden poseer, las posibilidades para los ciudadanos de

un país de ser beneficiados con un mínimo de seguridad y de protección contra los riesgos de la

existencia, etc. Es decir, ese mínimo de recursos que son indispensables para poder existir

como individuos enteramente, en Francia, en Argentina y en otras partes.

En sociedades como las nuestras, tanto en Francia como en Argentina, hay una relación

profunda entre una cierta estabilidad del orden del trabajo y el hecho de que un mínimo de

seguridad y de derechos sean inherentes a la condición de trabajar, es decir el hecho de poder

participar enteramente en la vida social, de ser reconocidos como individuos que poseemos

derechos y seguridad social mínima, derecho a la salud, derecho a la educación. Es lo que

podríamos llamar la ciudadanía social.

No tengo tiempo de mostrar en detalle esa relación entre la protección del trabajo y los

derechos necesarios para el ejercicio de una soberanía social pero espero al menos poder

mostrar una discusión y también la manera en que ellos se han ido transformando, para ser

puestos en cuestión.

Mi punto de partida será una situación que prevalecía, al menos en Europa occidental,

hacia los años ‘70. A saber, esa conjunción de una condición salarial sólida y de protecciones

sociales extendidas que garantizaban una seguridad social generalizada a casi el conjunto de la

población. Luego intentaré caracterizar -ese es el segundo punto- la nueva dinámica que se ha

desarrollado a partir de los años ‘70 con el pasaje a ese nuevo régimen del capitalismo que

debilita, e incluso destruye, esas formas antiguas de regulación del capitalismo industrial, con

las consecuencias de la precariedad de la seguridad social y las nuevas formas de pobreza. Y

finalmente, en un tercer punto podríamos preguntarnos si esas transformaciones son en efecto

irreversibles, si ese es el destino necesario llevado por la dinámica actual de la mundialización o

si podemos prever, entrever algunas respuestas posibles.

Agrego una cosa antes de comenzar, para apoyar mi razonamiento estaré obligado a

referirme a datos tomados de la situación francesa o europea. Simplemente porque -por

desgracia- yo no conozco de cerca la situación argentina para poder partir de ella. No olvido de

todos modos que estoy en la Argentina y que, en relación con la situación que voy a describir,

somos en Europa todavía muy privilegiados, sin dudas la situación es mucho más grave aquí.

Pero no presento la situación francesa como modelo, sino más bien como un caso

específico en una configuración más general en la cual la Argentina podría tener su lugar.

Porque si, en efecto, existe la mundialización eso significa que tanto en Francia como en la

Argentina estamos atravesados por las mismas tensiones y contradicciones, aunque en ciertos

países esas contradicciones estén mejor controladas como es sin duda el caso de Europa, en

tanto que en otros países como la Argentina han tenido efectos gravísimos. Lo que propongo

también, entonces, es una comparación entre Francia y Argentina. Aunque es muy ambicioso,

la mirada que estoy obligado a dar, a partir la situación europea, podría también ayudar, y así

lo espero, a comprender por diferencia lo que ocurre aquí en Argentina y espero también que

podamos discutir sobre eso.

Entonces volvamos por un momento sobre lo que pasó en Francia hacia los años ‘70 en

materia de organización del trabajo y del estatuto de los trabajadores. No ya por el placer de

hacer historia, sino porque pensar la transformación que hubo es necesario para comprender su

amplitud y también para entender a partir de qué cosas se ha producido.

Estoy obligado a simplificar muchas cosas, podemos decir que a mitad de la década del

‘70 el capitalismo industrial en Europa Occidental y en Francia alcanzó una cierta forma de

equilibrio, lo que en esa época se llamo el equilibrio social. Un cierto equilibrio entre los

intereses del mercado (medido en términos de productividad y competitividad de las

empresas), los intereses del mundo del trabajo (medidos en términos de seguridad y protección

social) y los derechos de los trabajadores. Luego, tras una larga serie de conflictos y de luchas,

el trabajador estaba protegido a través de la participación en formas de organización colectivas,

de trabajo, convenciones colectivas o regulación colectiva del derecho de trabajo y de

protección social. Podemos decir que es el colectivo lo que protege o lo que protegía a los

trabajadores y se produjo una suerte de correspondencia entre las formas colectivas de la

organización del trabajo en el capitalismo y el peso de la gran industria, de la producción de

masa, que había permitido el nacimiento de sindicatos potentes que podían, en cierta forma,

jugar como contrapeso en las cuestiones del mercado. Esto permitió deshacerse del conflicto

entre los intereses del capital y los intereses del trabajo, y es eso lo que sin duda, ha salvado al

capitalismo.

Para decirlo de manera un poco brutal, la revolución no tuvo lugar, al menos en Europa

Occidental. No hubo una transformación o un desmoronamiento completo de los medios de

producción. La relación de subordinación salarial no fue suprimida, podríamos decir que

subsistía en forma de explotación, si queremos emplear el lenguaje marxista, pero en

contrapartida, los trabajadores gozaban de protecciones fuertes que estaban apegadas a sus

trabajos, los derechos sociales como el derecho al trabajo, la protección social como el derecho

a la jubilación.

Hablando políticamente podemos decir que se trataba de una respuesta reformista, que

-por otra parte- se impuso en Europa Occidental en un contexto bien particular, cuya

condición no fue solamente un crecimiento económico fuerte sino también el hecho de que

estos países tenían una suerte de hegemonía sobre el conjunto del planeta, ya que los

intercambios desiguales que los europeos imponían a otros países del mundo les permitieron

desarrollar simultáneamente políticas económicas eficaces y políticas sociales ambiciosas.

Esta es -sin duda- la razón por la cual los sistemas de protección fuerte no pudieron

desarrollarse en aquellos países de la periferia, y esta es una primera forma de mundialización

que expresa a nivel mundial una evidente injusticia. En los años ‘70 se podía pensar que esa

forma de desequilibrio no era sin embargo eterna, que con el desarrollo creciente los países de

la periferia podría llegar a disminuir la distancia con los países europeos, de tal suerte que otra

forma de mundialización hubiese sido posible.

Fue la generalización del tipo de sociedad salarial que se impuso en principio en Europa

Occidental. Es decir, no solamente una sociedad en la cual la gran mayoría de la población es

asalariada, sino una sociedad en la cual la inmensa mayoría de la población goza de

protecciones y derechos fuertes y, sobre todo, aquellos que están vinculados con el estatuto

del empleo, en donde empleo no quiere decir solamente un salario sino también esas

protecciones y ese derecho constitutivos de una sociedad salarial y de una ciudadanía social.

Esta forma de equilibrio se rompió. Es decir, el compromiso entre los intereses del

capital y los intereses del trabajo se deshizo. ¿Por qué? Me parece que debido a un nuevo

régimen capitalista que juega a la competencia exacerbada en una economía mundializada bajo

la égida del capitalismo financiero internacional.

Paso entonces a mi segundo punto que es intentar precisar un poco la dinámica que se

encuentra detrás de esta transformación. No quisiera, en absoluto, tener un discurso

“miserabilista” de lo que está ocurriendo en Francia o en Europa ahora porque como ya lo dije

hace un momento todavía allí tenemos una situación muy privilegiada. Nosotros gozamos

todavía de muchas protecciones. Esas protecciones no han sido destruidas. Estamos

asistiendo, sin embargo, también en Europa a esa dinámica nueva, que toma a contra pie las

regulaciones, los compromisos, que se habían edificado antes bajo el capitalismo industrial.

No puedo evidentemente desarrollar todos los aspectos de esa transformación pero

quisiera sostener lo que pienso, y es que su dinámica profunda parece ser una dinámica de

descolectivización o de re-individualización que desestabiliza las formas de organización

colectivas y de protecciones colectivas que estaban en el corazón del compromiso de aquel

capitalismo industrial. Y me parece necesario intentar comprender este punto para así

visualizar las razones profundas de la situación actual.

Por otra parte, esto no lo hemos comprendido de inmediato. Cuando a mediados de la

década del ’70 comenzamos a hablar de la crisis fue porque en principio estábamos sensibles al

aumento del desempleo y a la precarización de las relaciones de trabajo, y eso, evidentemente,

era importante y grave pero creo que viéndolo con un poco de distancia hoy en día, en ese

momento comenzamos a tener conciencia de que en el fondo de esa precarización había sin

duda una dinámica muy profunda que estaba en juego. Y ese proceso de descolectivización y

de re-individualización, que se despliega en varios niveles, juega principalmente en la

organización del trabajo, para decirlo esquemáticamente dado el poco tiempo que tengo.

Asistimos a una individualización de las tareas que exige la adaptabilidad y la asunción

de responsabilidades por parte de los trabajadores. Y en lugar de la organización colectiva y

jerarquizada del trabajo se le exige al trabajador una implicación personal. En última instancia,

es el mismo colectivo del trabajo el que puede ser disuelto tal como sucede en el trabajo en red,

por ejemplo donde los operadores se conectan solamente por un tiempo para realizar un

proyecto y se desconectan cuando se terminó y de esa manera se vuelven a concentrar en otra

parte y así sucesivamente.

Pero en el nivel de las trayectorias profesionales también asistimos a la misma puesta

en movilidad. La exigencia para cada uno de tomar a cargo su propio recorrido profesional, que

la persona deba hacer operaciones y reconvertirse, enfrentarse al cambio, a las diferencias de

carrera que puedan desarrollarse en el seno de una misma empresa y que anteriormente seguían

etapas bien marcadas. Es decir, que las carreras profesionales comenzaron a tener frecuencias

discontinuas. Ya no están más inscriptas en las regulaciones colectivas del empleo estable y

aquí también es necesario que el individuo se movilice para poder llevar a cabo su propia

carrera.

Creo que no hay que dar una explicación unilateral ni caricatural de esta situación que

beneficia a mucha gente. Esa gente se libera de las construcciones colectivas, que podían ser en

el pasado muy constringentes, y se maximizan las posibilidades, se despliegan todas las

posibilidades. Ellos son los ganadores de las transformaciones en curso y es, por otra parte,

sobre su éxito que descansa justamente el discurso liberal dominante que celebra el espíritu de

empresa, la liberación de las antiguas obligaciones, la asunción de los riesgos, etc. Ese discurso

no es completamente falso pero es unilateral; comporta una suerte de silencio que obliga a

tomar en cuenta la suerte de todos aquellos -que son sin duda los más numerosos- que no

pueden plegarse a esas nuevas reglas del juego y que, por otra parte, no han sido

suficientemente formados o acompañados para poder asumir positivamente esos cambios.

Estos han sido superados por los acontecimientos, están invalidados por esta nueva

coyuntura. Ellos pierden estabilidad y, en última instancia, se los declara inempleables.

Podríamos decir que, en un país como Francia o en Europa Occidental en general,

asistimos a un alza de la inseguridad social, al regreso parcial a situaciones que prevalecían

antaño pero que los europeos creíamos superadas. Y hoy nuevamente un número muy grande

de personas están obligadas a vivir el día a día con la imposibilidad de poder controlar su

propio porvenir porque no poseen recursos básicos ni protecciones de base. Y podemos notar

que esa situación comienza a involucrar a la vez a las personas que no trabajan pero también a

aquellos que trabajan. Es decir, las personas que no trabajan, como los desempleados de larga

data, o bien las personas que no alcanzan a encontrar un empleo, como los jóvenes.

En Europa comenzamos a observar un fenómeno nuevo o, en todo caso, nuevo en

relación con los años ‘70. Es decir, la existencia de trabajadores pobres. Personas que -con su

propio trabajo- no alcanzan a asegurar su independencia económica y social ni la de su familia.

Ciertamente son situaciones que ustedes conocen desde hace mucho tiempo pero que en

Europa han tomado el carácter de una inquietante novedad como signo de esta transformación

que viene desarrollándose desde hace unos 30 años.

Ahora abordaré el tercer punto que he anunciado, a saber, si sería posible enfrentar esa

situación. Es decir, si esta degradación representa un destino, si estamos todos condenados, si

vamos a una sociedad completamente sometida a los imperativos del mercado.

Abordaré este punto con muchísima prudencia porque no tengo recetas para proponer.

En cambio, me aparece posible precisar los desafíos en que debemos reparar ahora. Es decir, en

qué dirección habría que ir para intentar afrontar estas situaciones y luchar contra este proceso

de degradación sin estar ciertamente seguro de poder alcanzarla.

En principio habrá que partir de una constatación. Muchas de esas transformaciones

son irreversibles. No se trata, como se ha creído durante mucho tiempo, de una crisis pasajera

de la cual saldríamos mas o menos rápidamente. No volveremos con un golpe de magia sobre

las nuevas reglas de la competencia en una economía mundializada. No podremos tampoco

volver atrás las mutaciones tecnológicas en curso que han contribuido potentemente a esta

puesta en movilidad. Es decir, entonces, que no podremos mantener más ya en el Estado el

sistema de regulación colectiva que se había constituido al fin del capitalismo industrial?.

Sobre ese punto la mayoría de los autores están de acuerdo, al menos en Francia, no sé

si ocurre lo mismo aquí. En Francia casi todo el mundo habla de reforma, de reformar el

derecho del trabajo, reformar la protección social. Hay que reformar el funcionamiento del

Estado. El problema es qué se coloca dentro de ese término reforma. Creo que hay que

constatar que hoy en día existe un reformismo de derecha o un reformismo liberal, lo cual

puede parecernos muy curioso porque históricamente el reformismo fue siempre una posición

de izquierda, de una izquierda moderada, no revolucionaria pero si queremos de tipo

socialdemócrata preocupada por afirmar el poder del Estado. Y en la medida en que esa

respuesta había tenido buen éxito existe, de ahora en más, la posibilidad de hacer reformas de

derecha para desmantelar esa construcción de Estado social. Es una orientación general del

liberalismo y del neoliberalismo. Por ejemplo en el caso francés, el MEDEF (Mouvement des

Entreprises de France) que es el gran sindicato de los patrones franceses, quienes dicen que

hay que salir de la ley del contrato, salir de las grandes regulaciones generales, que tienen en ese

caso fuerza de Estado y están reguladas por el Estado, y volver de todo eso a las negociaciones

de contrato en el seno de la empresa, donde evidentemente el patrón tiene todas las

posibilidades de ganar porque está en situación de fuerza, sobre todo en períodos de

desempleo.

Hay un criterio muy sencillo para distinguir este reformismo. Las reformas liberales se

enfrentan al derecho, al Estado, sospechados de poner trabas e impedimentos al libre

desarrollo de la empresa y a la exigencia de ser competitivos a cualquier precio. Hay una

historia que ha sido contada a nivel mundial, que ustedes también conocen, pero la cuestión me

parece que pasa por saber si hay otro tipo de reformas posibles, que no desmantelen las

regulaciones protectoras del Estado sino que vuelvan a desplegarlas en la coyuntura actual.

Esto nos llevaría a buscar un nuevo compromiso social que ya no sería aquel del

capitalismo industrial sino un nuevo compromiso entre los intereses del mercado y los

intereses del trabajo. Porque es cierto que el mercado se ha vuelto más agresivo, que los

intercambios se han generalizado, que la especulación y la competencia recubren el planeta

entero.

Creo que si no tomamos esos deseos como realidad, debemos reconocer que hay algo

irreversible en esas evoluciones. Entonces la respuesta pasaría por poder colocar

contrapartidas a ese nuevo funcionamiento del mercado en términos de seguridad y de

protección del lado de los trabajadores, que son aquellos que hacen marchar el mercado, si se

puedo decir de esa manera.

Ese sería el núcleo, el corazón de un nuevo compromiso social. Entonces, en qué

medida sigue siendo posible asegurar las situaciones de trabajo más allá de la nueva movilidad

del trabajo. En Francia hay todo un debate alrededor de estas cuestiones. Se habla de seguridad

social profesional, del aseguramiento de trayectorias profesionales. Es una reivindicación que

ha sido tomada por el primer sindicato francés, y es también discusión en el seno de algunos

partidos políticos, como el Partido Socialista, que quiere hacer figurar esas demandas en su

Programa en las próximas elecciones. Se habla también en Europa de una flexi-seguridad,

haciendo referencia a la política de empleo de algunos países nórdicos que parecen haber

alcanzado bastante bien esa conciliación entre la flexibilidad reclamada por las empresas y los

contrapesos fuertes de parte de los trabajadores, incluso en el momento en que son expulsados

del orden del empleo.

Claro, el desempleo es retribuido con buena plata o bien con programas eficaces de

formación profesional para poder volver del desempleo siendo apto para encontrar un nuevo

puesto de trabajo, pero yo no presento esto como si fuesen políticas fáciles de aplicar. Para

mí, esto presenta más bien grandes dificultades. Estamos en un contexto donde las relaciones

están lejos de ser favorables a los asalariados.

Pero si lo he planteado aquí es porque, en mi opinión, es sobre ese camino donde habría

que intentar continuar. Es decir, enfrentar el proceso de degradación del trabajo con las

consecuencias que he evocado cuando hablamos del aumento de la inseguridad social, de la

precariedad, de las nuevas formas de pobreza y, en última instancia, de la escisión total de los

ganadores y de los perdedores de las transformaciones en curso. Entonces, conciliar movilidad

y seguridad es sin duda un enorme desafío pero corresponde a la situación actual y no

solamente en Europa Occidental, que finalmente no es más que un pequeño pedazo del

planeta.

Me parece que la cuestión fundamental que se plantea hoy a nivel mundial es si será

posible poner límites a la hegemonía del mercado. Porque yo creo que hay que tomarse en

serio al mercado. Está ahí y estará ahí también mañana y seguramente por mucho tiempo. Sin

duda, no podemos pensar la modernidad sin el mercado, como yo creo que Adam Smith

comenzó a verlo en su momento. La centralidad del mercado y la centralidad del trabajo son los

dos pilares de la modernidad, aun cuando las relaciones entre mercado y trabajo han cambiado

mucho desde Adam Smith hasta ahora. Es decir, me parece que el problema entonces no es

golpearse la cabeza contra la arena como avestruces, hacer como si el mercado no existiese,

subestimar su importancia, sino saber si será posible, retomando otra fórmula de Karl Polanyi,

domesticar al mercado.

Polanyi había visto que el mercado era la modernidad, pero también advirtió que

cuando el mercado es librado a su propia lógica destruye formas de sociabilidad, como sucedió

en el momento de implantación del capitalismo industrial que produjo esa situación horrible

del proletariado de comienzos del siglo XIX. Entonces, se trata de enmarcar al mercado con

protecciones sociales, como sucedió bajo el capitalismo industrial hasta los años ‘70. En ese

caso el capitalismo fue domesticado en una pequeña medida y desembocó, finalmente, en esa

forma de compromiso entre desarrollo económico y desarrollo de derechos sociales. No fue -

sin duda- una situación heroica, ni el triunfo de la revolución, pero representó un mejoramiento

fantástico de la situación de los trabajadores.

Para comprender esto basta comparar los proletarios descriptos por Marx y aquello en

lo que deviene por ejemplo, una persona asalariada media de los años ‘50 y ‘60 en Europa, que

no sólo tenía un salario decente y garantizado sino también esas garantías y esos derechos

sociales que le permitían estabilizar su existencia y vivir en un mundo más o menos vivible. En

cambio, hoy en día corremos el riesgo de ingresar en un mundo invivible para todos aquellos

que no se encuentren del lado de los vencedores, es decir, de una competencia impiadosa y

generalizada.

Y es por eso que reitero una vez más: esa consigna, esa orden de domesticar al mercado,

de encuadrarlo en regulaciones sociales, me parece más actual que nunca. Quizás no es evidente

que podamos llegar a hacerlo pero tampoco en el siglo XIX, cuando se empezó a desplegar el

capitalismo industrial, era en modo alguno evidente que se lo podría domesticar y, sin

embargo, se realizó de una manera relativamente satisfactoria.

Este es el punto de vista que deseaba presentarles en esta discusión, esperando que lo

que he dicho no les parezca tan lejano, tan separado con relación a vuestras propias

preocupaciones y a la situación argentina. Soy consciente de las enormes diferencias que

existen con Europa. De todas maneras hay que pensar que si tomamos en serio la

mundialización, eso significa que estos problemas atraviesan el planeta y que este nuevo

capitalismo es verdaderamente mundial. Es decir, que golpea en todos lados pero sus efectos

son diferentes en función de las distintas situaciones, las cuales tendríamos que analizar con

más tiempo en otro momento porque hoy no lo tenemos.

Señalo simplemente para terminar y de ese modo abrir la discusión, una diferencia que

me parece esencial entre Europa y países como Argentina. En Europa Occidental, y en

particular en Francia, hemos tenido el tiempo de constituir lo que podríamos llamar una cultura

de lo social en el sentido del hecho social, de esas protecciones de las que se ha hablado y que

se inscriben como un habitus -para hablar en términos de Bourdieu-, y eso fue posible porque

estaban inscriptas en un largo proceso histórico. Ese compromiso social que yo he evocado

tardó casi un siglo antes de poder imponerse y creo que esto es un elemento de explicación, no

para decir que esa cultura de lo social es eterna, pero sí que está todavía muy profundamente

inscripta en Europa y hemos tenido la confirmación de esto a propósito de las protestas

recientes en París, de las cuales ustedes seguramente han oído hablar.

Ustedes conocerán el tema del contrato de primer empleo en Francia y creo que la

cuestión está enteramente dentro de nuestro tema porque ese contrato de primer empleo gana

lugar en la política laboral. Ese contrato da por años al patrón un poder absoluto de licenciar al

empleado en nombre de la supremacía de la competencia económica y, como ustedes saben,

hubo reacciones muy rápidas y extendidas a punto que el gobierno francés debió retirar esa

medida. No es ciertamente una victoria definitiva pero es, sin embargo, un signo de esa cultura

social.

Ahora, podemos decir que en la Argentina esa cultura de lo social no tuvo tiempo de

elaborarse con tanta fuerza porque comenzó mucho más tarde y en condiciones menos

favorables como para que la clase media y la clase obrera asalariada pudieran construir fuerzas

suficientes para hacer contrapeso a la dinámica del mercado, sumado a la intervención de

dictadura milites que han roto esa dinámica progresiva. Pero no voy a avanzar en este punto

porque son situaciones que no conozco demasiado bien.

Simplemente quiero sugerir que podríamos ubicar a la Argentina en esa problemática

general teniendo en cuenta su especificidad, es decir, teniendo en cuenta la singularidad de su

historia, el carácter propio de las relaciones de clase y de forma de acción sindical, la

originalidad de su conformación política, en particular el peso del peronismo, que por otra

parte es algo muy difícil de entender. Y aunque yo soy obviamente incapaz de hacer todo este

análisis diré solamente que deseo que estas notas, a partir de la situación europea, puedan

contribuir a pensar, por diferencia, lo que ocurre en la Argentina.

Desearía que podamos discutirlo. En todo caso les agradezco mucho vuestra atención.

(Aplausos)

Robert Castel: No lo digo por demagogia, yo quisiera que ustedes plantearan preguntas.

Siempre hay una situación un poco delicada, como en mi caso, que intervengo en un país que

no conozco demasiado bien. Intento comprender las cosas en Argentina pero reconozco mis

insuficiencias de tal manera que tengo un poco de miedo cuando hablo en la Argentina.

Entonces sería… ¿a ver si lo que yo digo es más o menos correcto o no? Por eso quisiera saber

que piensan ustedes, si hay alguien que no esté de acuerdo me gustaría saber que opina.

Pregunta: ¿Usted está pensando en una economía social?

Robert Castel: No es en la economía social en lo que yo estoy pensando. En la economía

social, y supongo que buena parte de ustedes conocen el tema, se trata con frecuencia

experiencias muy interesantes pero que se desenvuelven en los márgenes o en los intersticios

del mercado. Son personas que se las arreglan para producir formas de economía no mercantil

pero me parece que eso no es una alternativa global a la cuestión que debemos enfrentar.

El mercado no se domesticará por algo que pasa por fuera de él. Si es posible domesticar al

mercado eso solamente podrá hacerse con nuevas formas de organización colectiva del trabajo

y con el rol del Estado como garante de esas protecciones.

Ahora bien, las personas que proponen la economía social son -con frecuencia- quizás un poco

ingenuas. No quieren comprender la importancia fundamental del Estado, y también se corre el

riesgo de no comprender la importancia del mercado.

Creo que hay que enfrentarlo con formas de organización colectiva del trabajo. Evidentemente

esto es más fácil de decir que de hacer pero por esa razón evoqué yo a Adam Smith. Me

parece que estamos siempre en la modernidad o posmodernidad. La sociedad continúa estando

estructurada por relaciones de mercado, de trabajo y hay opciones: o la hegemonía completa

del mercado, que lamentablemente está cerca de ser probable, o bien, esta posibilidad de

domesticar al mercado. De otro modo quizás habrá al costado de la hegemonía del mercado

personas que se las arreglarán en los márgenes. No pienso que eso pueda ser una respuesta

válida a la precariedad, al crecimiento de la pobreza, etc.

Pregunta: Habida cuenta de que estamos en un capitalismo mundial. La pregunta es si las

respuestas no deberían ser mundializadas. Y al interior de eso que pasaría con la educación.

Robert Castel: Es cierto lo que usted dijo pero no es para nada una polémica. ¿Cómo sería esa

forma de mundialización? Yo sé que hay grupos antiglobalización y hacen cosas muy

interesantes pero eso no tiene peso. ¿Qué fuerzas internacionales tienen efectivamente peso en

la actualidad? Usted tiene el Banco Mundial, el FMI, sistemas financieros y cosas así. Quizás

esté la Organización Internacional del Trabajo que intenta hacer algo pero es menos liberal.

Creo que no habría que tomar ese tipo de sueños como realidad. De hablar de fuerzas

alternativas a nivel mundial, en relación con eso tenemos la unanimidad del mercado. Sin duda

habría que intentar construir estas fuerzas pero justamente eso no consiste en soñar con su

atrevimiento sino en actuar a través de referentes concretos de lucha, para emplear un viejo

lenguaje, sobre objetivos precisos que se propongan limitar esa hegemonía del mercado.

El caso de la lucha contra el contrato de primer empleo en Francia es un buen ejemplo

de eso. No nos haremos ilusiones sobre eso tampoco pero es a través de estas construcciones

y de nuevas regulaciones que quizás podremos llegar a domesticar el mercado.

Me parece que podría ser políticamente peligroso ponernos a trabajar en la

mundialización de fuerzas progresistas que en realidad no existen salvo durante el tiempo que

duran, por ejemplo, algunos foros como Porto Alegre. No es para nada un comentario

peyorativo o de desprecio, pero hoy en día no son realmente alternativas, no sé qué puede

pasar en 20 años. Y, sin duda, lo que yo estoy diciendo es discutible. Pero el comienzo de una

reflexión política hoy debería tomar conciencia, tomar seriamente al mercado aún cuando no

coincidamos con su funcionamiento e incluso pensemos que hay que luchar contra él. No se va

a lograr dominarlo por ensoñaciones revolucionarias sino creando regulaciones sociales.

Pregunta (inaudible en la grabación)

Robert Castel Es extraño, yo soy de aquellos que han sufrido la exaltación del pensamiento de

Mao. Hubo cosas profundamente destructoras en nombre de China que hoy representa otra

amenaza. Quizás sea la forma de capitalismo más salvaje en los próximos tiempos y corremos

el riesgo de que se imponga también. Del mismo modo que pienso que desde los años ’70 había

que luchar contra el pensamiento de Mao Tsé Tung, aunque no fuera la moda en ese momento,

hay que investigar profundamente lo que puede llegarnos con esta forma de capitalismo, sin

duda es algo paradójico. El capitalismo bajo su forma más salvaje va a llegarnos de la China de

Mao Tsé Tung y merece una reflexión. Que un país, símbolo para muchos de la revolución

proletaria, haya devenido, con ese mismo régimen político, en la punta de vanguardia del

capitalismo merece una reflexión.

La traducción del francés fue realizada por el Prof. Alejandro Moreira, docente de esta Facultad. Las correcciones finales fueron realizadas por la Lic. Mariana Borrell, Secretaria Técnica de la Escuela de Ciencia Política.

América Latina: desarrollo, capitalismo y democracia

Armando Di Filippo

Armando Di Filippo es economista y Asesor Regional en Integración y Cooperación Económica, Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas6.

El siguiente texto corresponde a la conferencia dictada por el Armando Di Filippo en el marco del VII Congreso Nacional sobre Democracia “Los desafíos del siglo XXI en América

Latina. Democracia, desarrollo e integración”. Organizado por el Centro de Estudiantes y la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, Rosario, 31 de Octubre de 2006

Quiero expresar en primer lugar mi profundo agradecimiento por esta invitación

originada en el seno de la misma Universidad desde donde egresé hace ya más de cuarenta

años ubicada en la ciudad donde me formé profesional y humanamente. Es, por lo tanto, en

más de un sentido, un retorno a casa.

Voy a argumentar a favor de una idea central: por primera vez en la historia de

América Latina parece posible y a la vez deseable lograr avances irreversibles e

interdependientes en los procesos de democratización y de integración de las sociedades

latinoamericanas. Es más, sugeriré que en este siglo XXI existen condiciones para promover

un círculo virtuoso en el que los avances en los procesos de integración y de democratización

se refuercen recíprocamente. Sin embargo la historia no reconoce determinismos y los

resultados finales de los procesos sociales siempre son abiertos e impredecibles. Dependerá

de nosotros mismos, en última instancia el curso que asuman los procesos históricos.

Hoy sabemos claramente que no basta de ninguna manera con elevar la riqueza o el

ingreso por habitante para lograr el desarrollo. Sabemos además, que el desarrollo no se

predica con respecto a lo que los humanos tienen sino respecto de lo que los humanos pueden

6 Se agradecerán comentarios, críticas y sugerencias a la dirección electrónica www.difilippo.cl . Esta presentación sintetiza argumentos desarrollados más prolijamente en otros trabajos de su autor, las referencias bibliográficas incluidas al final, y la página web que se adjunta contienen las fuentes principales.

llegar a ser y a hacer. El punto de partida y de llegada del desarrollo somos nosotros, es decir

todos y cada uno de los seres humanos concretos. Cuándo usemos el término “desarrollo” a

secas y sin adjetivos, estamos hablando del desarrollo humano, es decir de aquella expansión

de las capacidades y de las libertades de cada ser humano a través de la convivencia social.

Las sociedades contemporáneas de occidente se caracterizan en este siglo XXI por la

existencia interdependiente de dos sistemas institucionales el capitalismo y la democracia. El

capitalismo ha sido el gran creador de fuerzas productivas y riqueza material pero también de

las desigualdades y conflictos, explotación humana, guerras criminales y devastación de la

naturaleza que hoy asolan a buena parte de la humanidad. La democracia ha sido el

mecanismo a través del cual se han intentado preservar las capacidades humanas y desarrollar

sus potencialidades inherentes con base en principios tales como la libertad, la igualdad y la

fraternidad. Solamente la democracia parece ser el sistema político y social capaz de

interactuar con el capitalismo y ponerle límites en defensa del desarrollo humano. Hay

muchos tipos ideales de democracia y de capitalismo sobre los que es dable teorizar pero aquí

hablaremos no de tipos teóricos sino de dos complejos institucionales interactuantes que

modelan la historia occidental desde hace 250 años. En vez de adentrarnos en tipos ideales

exploraremos someramente la historia de América Latina.

En ese contrapunto histórico entre capitalismo y democracia, América Latina ha

escrito su propia historia, en la que el capitalismo periférico (Prebisch, 1981) ha sido en esta

región tanto el principal obstáculo al avance al proceso de democratización como el creador

de las condiciones para el desarrollo de las fuerzas productivas y de la riqueza material en

América latina (Furtado 1965, capítulos V y VI).

Soy un representante de la Escuela Latinoamericana del Desarrollo que se formó

principalmente en torno a los estudios y propuestas de la Comisión Económica para América

Latina de la Organización de las Naciones Unidas. Soy, además, un economista que se

atreverá a opinar sobre cuestiones de naturaleza política y social estrechamente concatenadas

con los temas económicos.

Son muchos los trabajos que se han escrito respecto de los rasgos medulares de esa

escuela de pensamiento (véase por ejemplo Gurrieri 1982), y no deseo gastar los minutos que

me restan en una repetición abstracta de esas ideas, sino, más bien, utilizarlas para el tema

que hoy nos convoca. La escasez de tiempo me obligará a ser telegráfico para intentar

beneficiarme con vuestras reacciones, comentarios y preguntas.

Tomaré como punto de partida dos factores históricos de largo plazo que, todavía hoy

afectan el desarrollo de América Latina tiñendo con rasgos propios la evolución de sus

instituciones, tanto las del capitalismo como las de la democracia. El primero de esos factores

es la instalación y larga permanencia de instituciones coloniales que operaron durante varios

siglos bajo el dominio de los imperios ibéricos. La segunda atañe a las modalidades de

incorporación del progreso técnico proveniente de las revoluciones industriales que

sucesivamente modelaron el capitalismo de las naciones industrializadas de occidente e

influyeron en la condición periférica de América Latina (Di Filippo 1981).

Respecto de la herencia colonial los dos factores más perdurables fueron primero la

desigualdad social rural derivada de las formas de servidumbre y esclavitud campesina que

predominaron en las haciendas señoriales y en las plantaciones tropicales, y se tradujeron en

un rasgo que también se hizo extensivo a las formas rurales menos comprometidas con esos

regímenes como fue el caso de la pampa húmeda Argentina. En todos los casos sin excepción

la distribución de la propiedad de la tierra, y del poder social y político rural fue en América

Latina una fuente perdurable de desigualdad. El segundo factor corresponde a la herencia

burocrática centralista de la dominación colonial que modeló el perfil territorialmente

concentrado de nuestro diseño territorial urbano, y dio fuerza a las formas presidencialistas y

personalistas apoyadas en modalidades clientelistas y populistas de gobierno tan

características de los sistemas políticos latinoamericanos tras el proceso de independencia.

Las Revoluciones políticas Francesa y Americana de fines del siglo XVIII que

implantaron las formas modernas de la democracia liberal, influyeron ideológicamente en las

elites latinoamericanas y contribuyeron a la elección de constituciones políticas de base

democrática en toda la América Española. Pero las instituciones formales de la democracia

tardaron mucho en penetrar en los sistemas políticos vigentes, y quizá recién ahora podamos

decir que están formando parte permanente de la cultura política latinoamericana. En el siglo

XIX la dicotomía rural-urbana se expresó políticamente en otra dicotomía de los sistemas

políticos, la del contrapunto entre conservadores y liberales que modeló la dinámica de

fuerzas políticas durante el período oligárquico. El quiebre de esa dominación oligárquica

revolucionó el orden político latinoamericano a lo largo del siglo XX pero no logró superar su

estilo burocrático autoritario que hunde sus raíces profundas en la herencia colonial.

El siglo XIX, en su segunda mitad fue el período donde comenzó a operar el segundo

de los factores de largo plazo, que fue señalado por la Escuela Latinoamericana del

Desarrollo, el que aún influye como elemento transformador principal de las instituciones

económicas y políticas contemporáneas de América Latina. Es de naturaleza dinámica, y

expresa un patrón de relacionamiento internacional (así denominado centro-periferia) que fue

históricamente cambiante en sus rasgos concretos para cada una de las grandes revoluciones

tecnológicas del orden capitalista, pero siempre implicó la principal fuerza transformadora

externa del desarrollo latinoamericano. Me refiero al cambio técnico generado en los grandes

centros del orden internacional y traducido especialmente en tres grandes mutaciones

tecnológicas: La Revolución Industrial Británica de fines del siglo XVIII (máquina de vapor,

acero, ferrocarriles, barcos de vapor, etc.), la Revolución Industrial Norteamericana de fines

del siglo XIX y comienzos del XX (electricidad, petróleo, petroquímica, motor de combustión

interna, electrónica, gran industria, taylorismo, etc.), y la actual Revolución en las tecnologías

de la información (informática, telecomunicaciones, telemática, biogenética, exploración

sistemática del espacio exterior, etc.), que también es predominantemente norteamericana

pero abarca con rapidez a todas las regiones del mundo (Di Filippo 1998).

El impacto de esos grandes cambios tecnológicos experimentados a lo largo del

desarrollo capitalista sobre las sociedades latinoamericanas fue el hilo conductor que permitió

a los científicos sociales de la Escuela Latinoamericana del Desarrollo vinculada con las

aportaciones fundacionales de la CEPAL, plantear sus interpretaciones históricas sobre las

modalidades concretas del desarrollo latinoamericano (Prebisch 1949, Furtado 1965).

Esta idea, de aplicabilidad transhistórica, relativa a la propagación de la técnica a

escala mundial y a la distribución y utilización de sus frutos sigue abriendo el camino a la

comprensión del desarrollo latinoamericano, incluyendo el de nuestra patria. Sin embargo las

formas concretas a través de las cuales el progreso técnico actual impacta las sociedades

periféricas del siglo XXI, ya no son las que Prebisch, o Furtado estudiaban en los años

cincuenta. La distribución de las ganancias de productividad en el plano internacional no se

verifica única ni fundamentalmente a través del comercio de bienes.

En esta etapa del capitalismo global los jugadores económicos principales son las

corporaciones transnacionales que controlan el progreso técnico originado en las sociedades

centrales donde asientan sus casas matrices, e influyen decisivamente en la formulación y

aplicación de las reglas que emanan de los organismos multilaterales como el Banco Mundial,

el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio. Estas

corporaciones operan e influyen a través del cabildeo operado en sus países de origen o

haciendo uso de su propio poder económico, no sólo a esta escala global, sino también en el

ámbito regional para fijar reglas como el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte

(ALCAN) o el, por ahora frustrado, Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Los estilos y estrategias de desarrollo instalados en toda América Latina a partir de los

años noventa del siglo XX, son funcionales a las reglas de juego del capitalismo global: la

caída de las barreras a los movimientos de bienes, servicios y capitales, tanto productivos

como financieros; la mayor presencia privada y transnacional en la asignación de los recursos

económicos; y sobre todo las reformas reguladoras en campos tan vitales como las inversiones

extranjeras, los servicios públicos, la propiedad intelectual, las normas sobre competencia, las

compras gubernamentales, las políticas cambiarias y monetarias, la flexibilización de los

mercados de trabajo, la administración de fondos de pensiones y jubilaciones, la privatización

y desregulación de los servicios de salud, de educación, de transporte público interurbano, la

privatización parcial de los mecanismos e instrumentos para la seguridad ciudadana, etc. Estas

nuevas modalidades de apertura, de privatización y de regulación afines con la

transnacionalizaciòn de los mercados, configuran los estilos y estrategias de desarrollo

establecidos en toda América Latina a partir de los años noventa del siglo XX.

La lógica transnacional en las actividades primarias, manufactureras y de servicios

determina una creciente concentración de las ganancias de productividad constitutivas del

excedente empresarial, las que, bajo las reglas de juego del proceso de globalización pueden

reinvertirse en territorios muy diferentes a aquellos en donde esas ganancias se produjeron.

Esto no sólo se verifica en las formas mas tradicionales de la inversión extranjera en América

Latina por ejemplo minería, petróleo, servicios públicos, etc., sino también en las nuevas

modalidades de la inversión industrial vinculada a la existencia de cadenas y sistemas de

valor, en que piezas partes y componentes de diferentes orígenes se ensamblan para la

elaboración de productos globales. Estos procesos acontecen en ámbitos de planificación

transnacional organizados, sea bajo la modalidad de “maquila”, o bajo otras combinaciones

como las operadas, por dar un ejemplo, en la industria automotriz del MERCOSUR donde se

verifica la existencia de una transnacionalización regulada mediante acuerdos

gubernamentales, los que incluyen la participación negociada de las grandes productoras

automotrices.

Los servicios son el sector más dinámico y visible de la inversión transnacional

contemporánea, los vemos cotidianamente en los grandes malls o shopping centres que

proliferan en nuestras ciudades principales e intermedias, en las grandes cadenas de

supermercados, de banca, de hoteles, de empresas de seguridad, etc. los que forman parte

medular de las modalidades que adopta el capitalismo global en el siglo XXI.

A partir de la visión que la Escuela Latinoamericana del Desarrollo promovió desde la

CEPAL nos interesa primero delimitar cuáles son las formas principales de progreso técnico

que se están introduciendo en la región, cuáles son los impactos o frutos sociales de ese

progreso técnico en términos de empleo y de distribución de ingreso, y cuál es el destino

geográfico y social de las ganancias de productividad que forman el excedente de las grandes

empresas generadoras de la mayor parte de las inversiones. Dicho más sintéticamente, en el

viejo lenguaje “cepalino”, nos interesa saber cuál es la distribución social de los frutos del

progreso técnico introducido por las grandes transnacionales y reprocesado de acuerdo con los

intereses de los restantes operadores económicos de nuestros países.

El comercio internacional de bienes, y en particular el intercambio de manufacturas

por productos primarios, ya no constituyen el eje contemporáneo de las relaciones económicas

internacionales, ahora hay que incluir el comercio de servicios como los que ejemplificamos

más arriba, las transacciones en tecnología, y sobre todo (ese el punto principal de nuestro

argumento) el papel protagónico de las empresas trasnacionalizadas en la asignación de los

recursos de inversión (excedentes derivados de sus ganancias de productividad, pero también

de sus posiciones oligopólicas y oligopsónicas de poder económico).

Nótese sin embargo que, cuando hablamos de empresas transnacionalizadas no sólo

nos referimos a las grandes corporaciones transnacionales con casas matrices en las

economías desarrolladas tales como Monsanto, Cargill, Dupont, Nestlé, United Fruit, Exxon,

Shell, Ford, Visa, Master Card, Microsoft, etc. También hay que incluir los grandes grupos

económicos latinoamericanos que se transnacionalizan, asumen forma corporativa en su

organización interna, cotizan en bolsa, e invierten en sus países vecinos.

La distinción entre capital nacional y extranjero, resultaba mucho más clara durante el

estilo latinoamericano de desarrollo industrial protegido del período de posguerra, pero pierde

significación y nitidez, bajo los modos de operar del capital transnacional y lo que interesa

determinar es más bien el carácter global, regional o nacional de los ámbitos operativos de ese

capital. Uno de los rasgos definitorios del proceso de globalización actual es que los intereses

de los grandes grupos empresariales nacionales con casas matrices en América Latina no

entran en contradicción con los intereses de los grupos transnacionales originados en los

países centrales. Esto deriva del hecho de que la propia globalización económica desdibuja o

anula los límites que separan los mercados nacionales de los mercados externos.

Partiendo de las nuevas fuentes tecnológicas que hoy determinan las ganancias de

productividad, se trata de detectar el monto y destino del excedente reinvertible por parte de

aquellas empresas (sean o no originadas en Latinoamérica) que operan a escala internacional

(vía comercio) o transnacional (vía inversión directa), y de averiguar cuáles son los

mecanismos concretos a través de los cuales esa reinversión tiene lugar.

Estos puntos focales de análisis son una parte del tema que nos ocupa y corresponden

a la esfera de la economía. Ellos expresan lo medular de la visión centro-periferia planteada

por la Escuela Latinoamericana del Desarrollo bajo las pautas fundacionales de la CEPAL. A

saber: el problema económico típico y central de la distribución y utilización social de las

ganancias de productividad inherentes al formidable poder expansivo de los sistemas

capitalistas.

El otro tema de gran importancia es de naturaleza sociopolítica, y alude a la

interacción que, en nuestras sociedades periféricas, se establece entre las reglas de juego del

capitalismo y las de la democracia. Dicho de manera ultra simplificada se trata de la

interacción entre los derechos patrimoniales (de propiedad) de las personas jurídicas que

operan como los jugadores económicos más importantes vis-a-vis los derechos humanos,

(civiles, políticos, y socioeconómicos) de los ciudadanos que se ven afectados por el impacto

del capitalismo global.

En esta esfera sociopolítica también cabe expresar otra tesis central de este trabajo, la

de que solamente el fortalecimiento de la democracia política social y económica puede

preservar los intereses ciudadanos de una manera que sin anular la enorme capacidad de crear

riqueza (expandir la productividad) de las organizaciones e instituciones propias del

capitalismo transnacional, logre controlarlas socialmente para la preservación del bien común.

Históricamente, el capitalismo, como realidad tangible en la cual estamos inmersos se

desenvolvió en interacción dinámica con la democracia, al menos en las sociedades más

desarrolladas del mundo occidental. Sin embargo la evolución de la democracia en América

Latina siguió sus propios derroteros que son inherentes a la condición periférica de sus

economías.

Los factores de la herencia colonial, consolidados durantes el siglo XIX en el

funcionamiento de las formas periféricas del capitalismo y de la democracia, todavía hoy

generan un impacto negativo sobre las oportunidades de desarrollo de nuestros países.

Respecto de la estructura social rural, y a pesar de los movimientos campesinos o

agraristas, y de las reformas agrarias efectivamente llevadas a cabo por algunos gobiernos en

los años cincuenta y sesenta del siglo XX, la sociedad rural latinoamericana sigue signada por

la desigualdad. El tema social rural ha perdido parte de su relevancia directa porque las

migraciones rural urbanas han reducido de manera decisiva la proporción de población rural,

con lo que los problemas de empleo y de desigualdad social se han transferido a las ciudades.

Sin embargo la concentrada apropiación de la tierra es un tema que ahora asume ribetes

diferentes y se expresa, precisamente en las formas sociales de apropiar el excedente global

derivado de las ganancias de productividad de las empresas transnacionales y/o locales que

operan en la agricultura latinoamericana.

Respecto de la estructura del poder político el carácter presidencialista de los sistemas

políticos democráticos latinoamericanos expresa formas de centralización del poder que han

modelado nuestras sociedades desde sus orígenes. Esta centralizada forma de poder que es

característica de los sistemas políticos latinoamericanos se ha visto desafiada por el impacto

de la globalización. Se han generado condiciones económicas que han transferido hacia

“arriba” es decir hacia el nivel global, muchos instrumentos de política pública que eran

privativos de la capacidad de maniobra de los gobiernos centrales. Esto ha reducido los grados

de soberanía efectivamente detentados por los estados latinoamericanos.

Evidentemente la situación en que se encuentran las sociedades latinoamericanas en el

siglo XXI tiene una historia reciente y bien conocida. Los procesos políticos turbulentos de

los años cincuenta y sesenta, vinculados a las revoluciones violentas, y a los movimientos

guerrilleros, dieron lugar a los gobiernos militares autoritarios de los años setenta. Finalmente

la década de los ochenta presenció el retorno gradual a la democracia política de todas las

naciones latinoamericanas. De hecho existe una coincidencia histórica significativa: a partir

de comienzos de los noventa todos los países latinoamericanos no sólo habían aceptado las

reglas de juego del capitalismo global, sino que además habían retornado a las reglas de juego

de la democracia política. Se trata de una democracia inestable, con frecuentes crisis que

derrumban gobiernos, pero con mecanismos constitucionales que se auto-reparan a si mismos

sin intromisión de los tradicionales cuartelazos militares.

Formularemos dos preguntas. Primera: ¿Qué grado de perdurabilidad histórica cabría

pronosticar para esta nueva oleada de redemocratización que hoy presenciamos en América

Latina? Y segunda: ¿Qué acciones estratégicas conjuntas podrían ensayar los estados

latinoamericanos para tratar de consolidar su flamante cultura democrática?

Un intento de respuesta a estos interrogantes exige introducir los vínculos que existen

entre el capitalismo global, la democracia latinoamericana y la necesidad de promover la

integración regional de nuestras naciones. La integración de las sociedades nacionales

latinoamericanas no debe confundirse con la integración tanto global como regional de los

mercados que estamos presenciando en la actualidad. Esta última forma de integración opera

bajo la lógica del capitalismo global en tanto que la primera sólo es concebible bajo la lógica

política de la democracia.

No se trata de eliminar ninguno de los dos componentes de la ecuación capitalismo-

democracia, sino de establecer las reglas que permitan el encuadramiento de los derechos de

propiedad de las grandes transnacionales, sean éstas latinoamericanas y/o de otros orígenes,

dentro de los marcos reguladores que defienden los derechos ciudadanos propios de los

sistemas políticos democráticos. Esos que tanto trabajo le costó a América Latina reconquistar

a partir de los años noventa.

Puesto que un buen ejemplo es siempre extremadamente aclaratorio permítanme tomar

un caso muy cercano a los temas locales que interesan a este país, a esta provincia y a esta

Universidad. En la producción y exportación de soja, los países de Sudamérica miembros del

MERCOSUR usan semillas genéticamente modificadas (GM) que fueron o son provistas por

corporaciones transnacionales. Esas semillas GM constituyen prácticamente el 100% de los

insumos utilizados por los agricultores argentinos para sembrar soja. Ahora bien la firma

Monsanto proveedora de esas semillas GM, reclama regalías con las que financia sus

actividades de investigación y desarrollo tendientes a seguir adelante con nuevos productos

genéticamente modificados. Esas semillas GM tienen la propiedad de resistir los efectos

venenosos de un herbicida denominado glifosato, el que resulta altamente mortífero para las

malezas que compiten por la tierra con el cultivo de soja, pero también puede ser muy

perjudicial para todas las formas de vida incluyendo a los seres humanos que habitan en las

zonas ambientalmente afectadas por el proceso.

En este ejemplo, que no es cualquier ejemplo para Argentina, porque de la exportación

de soja está dependiendo la recuperación dinámica del país, pueden encontrarse todos los

ingredientes del nuevo escenario mundial que discutíamos más arriba.

Primero, las semillas modificadas aumentan la productividad agrícola y generan

ganancias de productividad cuya fuente está fuertemente controlada por corporaciones

transnacionales como Monsanto, Cargill, Dupont, etc. Estas ganancias de productividad

agrícola son compartidas por las transnacionales, por los productores y propietarios rurales y

por el propio gobierno central, que depende fiscalmente de ellas para desarrollar sus políticas

públicas. En efecto los impuestos a las exportaciones de granos, y, muy especialmente de la

soja son decisivos en el equilibrio y expansión del presupuesto público del gobierno central y,

a través de los mecanismos de coparticipación también de los gobiernos provinciales. Es a

través de esas ganancias de productividad experimentadas por productores agrícolas

nacionales, como el gobierno argentino encuentra la forma de financiar la reconstrucción

económica del país después del colapso del 2001.

Como es obvio inmediatamente emerge la pugna distributiva en torno a dichas

ganancias de productividad, tema que convoca a las empresas transnacionales, a los

productores locales y al sector público. Así, en nuestro ejemplo de la soja, la empresa

Monsanto reclama el aumento de las regalías que se le deben por el uso prolongado de esas

semillas GM que se reproducen en las sucesivas siembras y cosechas y quedan en propiedad

de los productores. Estos agricultores a su vez revenden de manera clandestina e ilegal parte

de esas semillas a otros productores (procedimiento llamado “bolsa blanca”), los que de esta

manera evaden no solamente el pago de las regalías a Monsanto sino también del impuesto al

valor agregado (IVA) y del impuesto a las ganancias (Diario La Nación, febrero 18 de 2006).

Entre las nuevas investigaciones que Monsanto encara para evitar la evasión de las regalías

está la destinada a crear una semilla que sólo pueda ser usada como tal una sola vez, y sus

futuras generaciones sean estériles desde el punto de vista de la siembra.

Más allá de los grandes jugadores mencionados que están dotados con las armas del

poder económico y político, hay otros grupos abrumadoramente mayoritarios que, sea de

manera directa o indirecta, quedan involucrados y se ven afectados por las consecuencias

distributivas y ambientales que derivan de estos procesos. Esos grupos carentes de poder

económico (propiedad) o social (educación), sólo pueden refugiarse en el buen

funcionamiento de las instituciones de la democracia, pero para eso necesitan de un poder

organizativo o sindical, que transmita sus inquietudes ciudadanas a los partidos políticos

sobre los que se sustenta el funcionamiento de la democracia representativa.

Entrando en un terreno que no me es propio, y con el sólo objetivo de provocarlos

intelectualmente de una manera constructiva, distinguiré entre dos vertientes ideológicas que

hoy discuten en diferentes foros el tema de la naturaleza de la democracia. Me refiero a las

vertientes neoliberal y republicana. La vertiente neoliberal de la democracia ha enfatizado

las libertades individuales y las capacidades de emprendimiento de los dotados de poder

económico. Es la forma de democracia más tolerable por (y más compatible con) el extremo

libertarismo de filósofos políticos como Von Hayek o Nozik, sobre el que se sustenta la

legitimación del neoliberalismo económico contemporáneo.

De otro lado la vertiente republicana ha tendido a recalcar las virtudes ciudadanas de

la educación y el papel indelegable del Estado en la transmisión de una moralidad cívica. En

la primera visión predomina un concepto de libertad que se define de manera individualista

como la propiedad de si mismo y de todos los recursos que posibilitan el ejercicio de aquella

propiedad. En la segunda visión la libertad es una situación que deriva de la pertenencia a un

orden social anterior a cada individuo. Sus orígenes más remotos e ilustres los encontramos

en la idea del hombre como animal político propuesta por Aristóteles. En este segundo caso la

condición de ciudadano y las virtudes requeridas para serlo en plenitud preponderan sobre la

condición de propietario.

El tema central de la democracia como contrapeso del capitalismo pasa por el estudio

de las condiciones que podrían llevar a su fortalecimiento mediante la educación y la

moralidad cívica. La educación para hacer a los ciudadanos desfavorecidos más concientes de

sus derechos, y la moralidad cívica para evitar el desinterés por la política que tanto afectó el

destino reciente de algunas naciones7. En el ejemplo de Argentina, los ciudadanos más

educados y prudentes, pertenecientes a una clase media sin grandes intereses o posesiones

económicas, en ocasiones compartieron la idea equivocada de que la política era una actividad

sucia y poco gratificante, al hacerlo produjeron lo que los economistas solemos denominar

una profecía auto-cumplida. La poderosa y numerosa clase media argentina, cedió el ámbito

de la arena democrática, a formas extremas de conquista del poder popular, con métodos

7 Para referirse a esa mezcla de desinterés con parasitismo de quien no participa voluntariamente de las obligaciones ciudadanas pero quiere cosechar todos sus frutos, algunos autores estadounidenses usan la expresión free rider, para la que no habría traducción posible al castellano.

violentistas, populistas, y personalistas, posteriormente contrarrestados con autoritarismos

militares igualmente violentistas cuyos efectos en el caso argentino han sido devastadores. No

estoy diciendo que la reticencia de las clases medias educadas a participar políticamente haya

sido la causa de estas convulsiones, pero sospecho que sin duda contribuyó a agravarlas.

La moraleja es bastante clara, la democracia reconquistada hace quince años en

Amèrica Latina (a partir de los años noventa del siglo XX) es un instrumento insustituible

para introducir los criterios de equidad en la distribución de las ganancias de productividad

que están derivando de la revolución de las tecnologías de la información. Volviendo al viejo

lenguaje aristotélico las formas de la justicia distributiva pueden contraponerse a través del

ejercicio de la democracia a las formas de la justicia conmutativa expresadas sólo para los

grandes propietarios con derechos patrimoniales que se tranzan en los mercados del

capitalismo global.

El tema de la democracia puede ligarse al tema de la integración regional que es un

referente central de la convocatoria a este Congreso. La tesis que aquí sostendremos es que la

integración regional, concebida en los términos bolivarianos o en los ideales que Sarmiento

supo expresar en su obra Argirópolis, puede hoy reafirmarse. Pero esta reafirmación

requeriría establecer un recíproco círculo virtuoso con las instituciones de la democracia. La

integración regional de las sociedades nacionales latinoamericanas, puede consolidar este

régimen político y ayudar, a una escala regional o subregional, a controlar legítimamente los

impactos sociales negativos de la propagación del capitalismo global sin perder los impactos

positivos que derivan de la propagación del progreso técnico y de sus frutos.

Este objetivo exige una convergencia a escala sudamericana o latinoamericana de los

movimientos y partido políticos. El camino para lograr esa convergencia pasa a través de la

consolidación de temas e intereses que nos sean comunes y que podríamos, como ciudadanos

latinoamericanos defender de manera coordinada y legítima a través de los partidos y de otros

movimientos sociales. El caso de la soja que se esbozó más arriba es un ejemplo de un tema

que interesa a muchas naciones del Cono Sur, y, ciertamente, a los miembros del

MERCOSUR con la excepción de Venezuela, recientemente incorporada al bloque.

Algunos de los temas más candentes susceptibles de ser debatidos en este Congreso,

podrían referirse a la distinción entre dos formas radicalmente diferentes de concebir los

procesos de integración regional: de un lado la integración de mercados nacionales como un

aspecto del proceso de globalización a escala mundial en lo que podríamos denominar

integración unidimensional, y, del otro, la integración de las sociedades nacionales en una

modalidad multidimensional guiada políticamente por el ideal de la democracia.

En la filosofía del así denominado “Consenso de Washington”, se han ido

desarrollando en América Latina y en toda América los Tratados de Libre Comercio (TLC)

que expresan la filosofía unidimensional o mercadista aludida en el párrafo anterior. De otro

lado y, paralelamente, se ha ido insinuando la alternativa de la integración multidimensional

de sociedades nacionales, a través de los bloques subregionales tales como el MERCOSUR,

la CAN, el MCCA y el CARICOM.

Es hoy ineludible reconocer las dificultades y turbulencias que se observan en los

bloques subregionales, especialmente en la esfera comercial, incluyendo una cierta tendencia

de los países latinoamericanos a conceder mayores preferencias y a asumir compromisos más

profundos en sus TLC con los países desarrollados que los que estarían dispuestos a asumir en

sus relaciones recíprocas. Esta tendencia genera un gran impacto institucional en las

regulaciones internas de los países latinoamericanos. Esas reformas regulatorias que

favorecen la dinámica de la transnacionalización, obedecen a los compromisos contraídos por

países latinoamericanos a través de la suscripción de algunos TLC con naciones desarrolladas.

Los impactos más importantes sobre los sistemas de regulación interna tienen lugar en

campos tales como las políticas de competencia, las inversiones ligadas al comercio y a los

servicios, la propiedad intelectual, las compras de gobierno, la legislación medio ambiental,

etc. En vista de que las normas incluidas en los TLC con naciones desarrolladas son mucho

más precisas y específicas, la ratificación parlamentaria de estos acuerdos supone

compromisos vinculantes que marginan o dejan obsoletas otras normas preexistentes en el

interior de los bloques subregionales de integración.

La impresión inmediata o superficial respecto de los bloques subregionales

latinoamericanos es que sus compromisos multidimensionales recíprocos (políticos, sociales y

culturales), asumen un carácter más retórico o declarativo y luego no se traducen en las

medidas institucionales y presupuestarias requeridas para viabilizarlos. Como los vínculos

comerciales recíprocos entre los países latinoamericanos son relativamente reducidos (no más

de un 20% del comercio total) queda claro que no es el comercio reciproco ni el único ni el

principal estímulo de las posiciones estratégicas que asumen los gobiernos. Compárese ese

bajo porcentaje de comercio recíproco con el mucho más alto que vincula a los países de la

UE, o a los miembros de la ASEAN en el Asia. En otras palabras el juego de la integración

latinoamericana no se dirime en el campo comercial sino que la integración comercial será

una consecuencia de avances estructurales profundas en otras dimensiones societales.

Las convergencias, negociadas en los planos políticamente sensibles de los bloques

subregionales, que serían necesarias para lograr un círculo virtuoso entre la consolidación de

la democracia y la integración de las sociedades nacionales, exceden el campo

específicamente económico e incluyen normas institucionales igualmente profundas en los

campos político, social y cultural. Entre éstas se cuentan las así llamadas cláusulas

democráticas y de seguridad regional, las regulaciones requeridas para la convergencia de

sistemas laborales o previsionales, de sistemas educacionales, de sistemas migratorios, etc.

Estos compromisos no son de fácil ratificación parlamentaria y suelen quedar postergados

porque terminan predominando intereses locales, personalismos presidenciales, o cuestiones

de corto plazo que impiden la consolidación gradual del tejido institucional de la integración

de nuestras sociedades latinoamericanas.

Por oposición, en el corto plazo los TLC hemisféricos y extra hemisféricos tienen un

impacto mucho más masivo en las perspectivas comerciales de los países de la región. En

efecto, los TLC (especialmente los suscritos con EEUU y la UE) en vista de su carácter

unidimensional enfocado a las transacciones de mercado en campos muy similares a los

discutidos en el ámbito global de la OMC terminan afectando de manera mucho más precisa y

permanente la estructura institucional interna de las naciones que los suscriben. Esto es así por

la importancia decisiva para el comercio latinoamericano (especialmente en los países

andinos, centroamericanos y caribeños) de las transacciones con esos grandes centros,

medidas, por ejemplo, como porcentaje del comercio total de nuestros países. Por lo tanto si

asumimos la óptica reductivamente comercialista de la integración no hay duda que las reglas

de juego de la globalización capitalista preponderarán sobre las reglas de juego de la

democracia planteada a escala regional.

Hay aquí un tema político de enorme trascendencia para el futuro de la integración

latinoamericana. Los acuerdos multidimensionales de integración, en el caso de América

Latina, tienen un carácter intergubernamental. Esta modalidad contrasta fuertemente con lo

que acontece, por ejemplo, con el “modelo” europeo fundado en la existencia de una

estructura institucional de carácter supranacional con organismos (tales como la Comisión, el

Parlamento, el Tribunal de Justicia, el Banco Central, la moneda única, etc.) que defienden los

intereses comunitarios como un todo por encima de los intereses de los países miembros.

Nótese además que el carácter parlamentario de los sistemas políticos europeos otorga el

poder a las instituciones y al estado de derecho por encima del voluntarismo político que

eventualmente quisiera ser desplegado por los poderes ejecutivos o por las personas que

detentan esos cargos.

La carencia de la voluntad política en América Latina para generar este tipo de

instituciones supranacionales, produce la triste paradoja de que los TLC unidimensionales o

“mercadistas”, partiendo de un campo más acotado como es el de las transacciones de

mercado, terminan incidiendo de manera más profunda en las instituciones de los países

latinoamericanos firmantes. En tanto que las iniciativas más audaces y multidimensionales de

los bloques subregionales latinoamericanos no encuentran ratificación parlamentaria oportuna

y pierden credibilidad y eficacia, entre otras razones por la carencia de instancias

supranacionales que aseguren su carácter vinculante.

La integración regional de las sociedades nacionales latinoamericanas necesita de una

convergencia de los sistemas democráticos de los países miembros. Esto pasa por la

determinación de problemas e intereses comunes, por una incorporación de esos problemas e

intereses a las plataformas y las preocupaciones de los partidos políticos que coordinadamente

los representen en cada sociedad nacional, por un fortalecimiento de fuerzas parlamentarias

que posibiliten un acercamiento institucional gradual de los sistemas políticos, sociales, y

culturales de países que tienen un origen y un destino común. El caso de la soja que hemos

esbozado es un ejemplo concreto de un tema problemático que convoca y hermana a los

ciudadanos de buena parte del Cono Sur. Afecta directa o indirectamente la vida cotidiana y

los intereses de buena parte de las sociedades de esos países, y por lo tanto legitima las

demandas en pro de instituciones supranacionales, que en el espíritu y el ejemplo de la Unión

Europea contribuyan a la consolidación de una democracia planteada a escala latinoamericana

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artículos

La igualdad y el mérito. Un análisis comparativo de las políticas de acceso a la universidad

en Argentina y Brasil

Inés M. PousadelaInés M. PousadelaInés M. PousadelaInés M. Pousadela

Inés M. Pousadela es Docente, UBA e investigadora del IDAES-UNSAM y del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Maryland

RESUMEN

Las políticas de acceso a la universidad, estructuradas según principios distintivos y con efectos y consecuencias diversos en Argentina y en Brasil, delimitan un territorio fértil para poner en evidencia la presencia de diferentes sentidos de la justicia, los derechos y los formatos y la legitimidad de las jerarquías sociales, dadas las implicancias –reales o imaginarias- del acceso a la educación universitaria en relación con la movilidad social ascendente. El estudio de las modalidades de acceso a la universidad y de la construcción de identidades e instituciones que las acompañan es pues revelador de la existencia de sendas concepciones de las jerarquías sociales y de sus criterios de legitimidad. Unas y otras presentan rasgos polares en Argentina y en Brasil dadas las formas en que es concebida la justicia en relación con la igualdad, en un caso, y con el mérito, en el otro.

palabras clave: universidad, políticas de ingreso, principios de justicia, cultura política

SUMMARY

The policies of admission to higher education are structured along distinct principles and have altogether different consequences and effects in Argentina and Brazil. Given the implications, both real and imaginary, of access to higher education in terms of upward social mobility, the area of admission policies is fertile soil for the examination of the existing perceptions and conceptions of justice, rights and social hierarchies. The comparative analysis of the modes of access to university and of the accompanying processes of constitution of identities and institution-building is revealing of the existence of two distinct sets of conceptions of and beliefs about social hierarchies and the criteria by which their legitimacy is assessed. In each and every respect, the cases of Argentina and Brazil present polar traits as a result of the different ways justice is conceived as related to equality in the former, and to merit in the latter.

keywords: university , admission policies, principles of justice, political culture

En Brasil y Argentina se hacen presentes diferentes sentidos de justicia, concepciones

de la estratificación social y de su legitimidad, nociones de derechos. Su análisis en el plano

de las políticas públicas reafirma la idea de que existe una enraizada ideología igualitarista

antimeritocrática en la Argentina, en contraste con la presencia, en Brasil, de una ideología

meritocrática de connotaciones clasistas cristalizada en instituciones que sufren embates

críticos comparativamente menores. Dicho análisis pone en evidencia, asimismo, el

progresivo resquebrajamiento de los consensos existentes, especialmente en el caso de

Argentina.

Las políticas de admisión a la universidad, estructuradas según principios distintivos y

con efectos y consecuencias completamente diferentes en ambos países, delimitan un

territorio particularmente fértil a la hora de poner en evidencia la presencia de diferentes

sentidos de la justicia, los derechos y los formatos y la legitimidad de las jerarquías sociales,

dadas sus implicancias –reales o imaginarias- en relación con la movilidad social ascendente.

De hecho, el contraste entre los dos casos estudiados en este punto difícilmente podría ser más

nítido. Mientras que en Brasil la puerta de acceso al sistema de educación superior es

franqueada por un examen de admisión generalizado, bien llamado Vestibular, en Argentina

ha regido intermitentemente a lo largo de varias décadas un sistema de ingreso denominado

“irrestricto”. Aún hoy, cuando el consenso monolítico en favor del ingreso irrestricto parece

haberse resquebrajado en Argentina, la mayor parte de los estudiantes debe cumplir, para

ingresar al sistema de educación superior, con la única exigencia de haber obtenido un

diploma secundario.

Cuando se comparan los sistemas de educación superior de ambos países, el primer

contraste que salta a la vista es el de los números. Argentina, en efecto, cuenta con un sistema

de grandes dimensiones mayoritariamente público, cuyas apertura y ampliación han estado

históricamente asociadas a las sucesivas oleadas del proceso de democratización iniciado a

comienzos del siglo XX. Brasil, por su parte, exhibe un sistema proporcionalmente más

pequeño y de formación más tardía en el que predomina cualitativamente el sector público,

pero en el cual es el sector privado el que ha absorbido el grueso del incremento reciente de la

demanda.

En las páginas que siguen examinaremos las respectivas políticas de acceso a la

universidad con el objeto de elaborar comparaciones en torno de algunos de los elementos que

componen una y otra matriz nacional de cultura política.

Instituciones: de las venerables y de las otras

El Vestibular es en Brasil una institución cuya legitimidad no es cuestionada ni

siquiera por quienes la padecen. El examen precede incluso a la creación de las primeras

universidades brasileñas: data del año 1911, y lleva esa denominación desde 1915. Se trata de

una instancia de evaluación de los contenidos que se supone son transmitidos por la escuela

media y constituye el portal de ingreso a todas las instituciones de educación superior,

públicas y privadas (aunque es en aquéllas donde la competencia es mayor como resultado de

la desproporción entre aspirantes y vacantes). Su introducción representó, en su momento,

una forma de ampliación controlada del ingreso, ya que anteriormente sólo entraban en la

universidad los egresados de los colegios de élite. Los cambios –escasos- que la forma de

evaluación sufrió a lo largo del siglo fueron de índole más bien “técnica”; en ningún caso se

trató de alteraciones de base en el sistema ni de modificaciones provocadas por conflictos en

torno de los valores y principios que lo sustentaban.

Existe acuerdo en considerar que hasta la década del ’60 –época de inicio de la

expansión de la matrícula- el Vestibular era un examen mucho más difícil que en la

actualidad. Desde sus inicios y hasta entonces, la prueba constaba de una parte escrita,

disertativa, y otra oral. En caso de que los aprobados no cubrieran las vacantes disponibles, se

realizaba una nueva convocatoria. Fue en los años ’60 cuando el examen adoptó su formato

actual, de tipo multiple choice, que pronto pudo comenzar a ser procesado por computadora.

Fue entonces, sin embargo, cuando se produjo el principal conflicto en torno del sistema, pues

el criterio de nota mínima habilitante que se utilizaba producía aprobados en cantidades

mayores que el número de vacantes disponibles, las cuales eran cubiertas con los ubicados en

los primeros puestos. Los “candidatos excedentes” organizaron entonces un movimiento

nacional que en 1968 obtuvo por respuesta una ley, la 5540, que instituía un sistema

clasificatorio con corte por notas máximas. Al mismo tiempo, y para descomprimir la presión

de la demanda, el Ministerio de Educación habilitó la creación de numerosas instituciones

privadas.

Nunca hubo en Brasil, a diferencia de Argentina, reacciones organizadas de los

aspirantes reprobados en términos de su derecho a ser admitidos. Nunca hubo, en verdad, un

cuestionamiento de fondo al examen como tal. El Vestibular es la pesadilla de los aspirantes

que, cada año, compiten por la obtención de una de las escasas plazas disponibles en alguna

prestigiosa universidad pública. Cada cual sufre su condena como puede e intenta enfrentarse

a ella tan bien preparado como le sea posible; no se han producido, en cambio, instancias

colectivas de organización y de reclamo montadas sobre el principio de la igualdad de

oportunidades y fogoneadas por el dato incontestable de su ausencia, resultante de las

enormes deficiencias de la educación pública primaria y secundaria. Es por eso que el lugar

de los movimientos reivindicativos y de protesta que han abundado en Argentina es ocupado

aquí por una curiosa literatura de autoayuda dirigida a estudiantes, padres y profesores,

indicativa de hasta qué punto la cuestión llega a ser gestionada a nivel micro, como un

problema individual más que como un problema social.

Si bien a partir de la promulgación de la Lei de Diretrizes e Bases de 1996 algunas

pocas instituciones comenzaron a emplear mecanismos de selección alternativos, su posición

y su impacto sobre el sistema fueron menos que marginales. El Vestibular siguió siendo el

sistema ampliamente predominante: según el Censo do Ensino Superior, en el año 2003

fueron ofrecidas algo más de dos millones de vacantes en los diversos procesos de selección,

1.822.194 de las cuales correspondieron al Vestibular (www.une.org.br). Los exámenes

actuales se llevan a cabo bajo las directivas de la Comisión Nacional de Vestibular Unificado,

que en 1971 estableció los parámetros para los exámenes según los principios de

regionalización, unificación y división en áreas del conocimiento. A comienzos de la década

del ´90 alrededor de dos millones y medio de aspirantes se inscribían cada año para rendirlo.

Para el año 2005, se estima la cifra en alrededor de tres millones. La proporción de

ingresantes sobre aspirantes es extremadamente baja –mucho más baja, de hecho, que la que

se ha registrado en la Argentina en los casos en que se han impuesto exigentes (y fuertemente

resistidos) exámenes de ingreso. Así, por ejemplo, en la Universidad de Campinas se ofrecen

cinco mil vacantes por las que compiten alrededor de veinte mil aspirantes (Sigal, 2004). Para

el sistema en su conjunto, las proporciones son similares. El bajo nivel de la enseñanza media

exige para la aprobación del examen la asistencia a costosos cursos de preparación que

suponen una clara selección socioeconómica del alumnado. Las trayectorias “típicas”, pues,

son las que conducen, por un lado, de la escuela media privada a la universidad pública, y por

el otro de la escuela media pública a (en el mejor de los casos) instituciones privadas de

dudosa calidad. De las escuelas secundarias privadas, en efecto, “provienen los estudiantes de

clase media y alta que luego ocupan la mayor parte de las vacantes de una universidad

subsidiada por el Estado” (Sigal, 2004:208). Así, en el año 2001 la participación, dentro del

sistema de educación superior, de estudiantes procedentes del 10% más rico de la población,

era del 42,6%, en tanto que los provenientes del 50% más pobre constituían el 7,2%. El

76,8% de los estudiantes era, además, de raza blanca (Schwartzman, 2003a).

En tanto que institución firmemente establecida, el Vestibular ha generado en torno de

sí un complejo entramado de instituciones ligadas a la preparación, la provisión de

información e incluso a la contención psicológica de los aspirantes. No solamente han

proliferado academias de todo tipo para el dictado de cursos prevestibulares que preparan a

los estudiantes para responder las preguntas de examen, o libros de autoayuda para la

obtención de una disposición psicológica más favorable a la aprobación de la prueba (o, en su

defecto, para aumentar las defensas frente al fracaso); existen, además, revistas especializadas

y espacios televisivos dedicados al tema, y tienen lugar regularmente eventos tales como la

Feria del Vestibular (FEVEST), que se realiza en San Pablo en los meses de abril y agosto, y

en la cual las diversas universidades montan stands para proporcionar información sobre

vacantes, fechas y características del examen. En ella se realizan conferencias de orientación

sobre las diversas disciplinas, y tienen lugar variadas actividades culturales y académicas

relacionadas con la vida universitaria (cf. www.fevest.com.br).

En Argentina, en cambio, no existe un sistema unificado de ingreso a la universidad,

común a todas las instituciones del sistema, que permita “la asignación o distribución entre

ellas, según distintos criterios, de los aspirantes que hubieren aprobado las correspondientes

pruebas” (Sánchez Martínez, 2004:261). De hecho, si resulta difícil describir el sistema de

admisión en Argentina, es precisamente porque se trata de un “no-sistema” originado en la

autonomía de cada universidad para fijar las condiciones de admisibilidad. Existen, pues,

instituciones con “ingreso irrestricto”, algunas de las cuales no tienen preingreso (de éstas,

algunas no tienen ningún curso de apoyo y nivelación, mientras que otras tienen ciclos

introductorios que forman parte de las carreras), en tanto que otras tienen cursos de apoyo y

nivelación, de aprobación presencial (sin examen), que pueden ser de transmisión de

contenidos, de formación en técnicas de estudio, o de confrontación vocacional; un tercer

grupo tiene cursos y exámenes no eliminatorios pero vinculantes con el plan de estudios.

Entre las que restringen la admisión, por su parte, están las que lo hacen con examen de

ingreso (bajo diferentes modalidades) pero sin cupo, y las que lo hacen con examen y cupo,

previo curso preparatorio. También dentro de cada universidad –con la notable excepción de

la UBA- existe una gran variedad de modalidades de ingreso (Sigal, 2004).

Sin embargo, dado el peso de las grandes universidades -en especial de la de Buenos

Aires- existe un sistema dominante: el ingreso irrestricto. La mayor parte de los alumnos, en

efecto, ingresa a la universidad mediante la simple presentación de su diploma secundario.

Con todo, el predominio del ingreso irrestricto no es solamente numérico, sino que se

manifiesta también, y en particular, en el nivel de los imaginarios.

La historia del ingreso irrestricto es más difícil de rastrear que la del Vestibular

brasileño. En el debate corriente se atribuye al acceso universal una larga prosapia, ya que

aparece ligado a la Reforma Universitaria de 1918. Y ello pese a que las principales demandas

de la Reforma concernieron a la democratización interna de las instituciones universitarias

más que a la universalización del acceso. De hecho, ni la gratuidad, ni el ingreso irrestricto, ni

tampoco –en verdad- el “gobierno tripartito” estuvieron entre las demandas ni –mucho

menos- entre los logros de la Reforma de 1918. La idea de que esos principios fueron

sentados en aquélla época es, sencillamente, un mito (Sánchez Martínez, 2004:261). El

ingreso irrestricto es, pues, mucho más reciente de lo que usualmente se cree. ¿Por qué

adjudicarlo a la Reforma de Córdoba? O, más bien: ¿cómo explicar el éxito de tal

tergiversación de los datos históricos? Desde su formulación, y en forma creciente con el correr del tiempo, los principios de

la Reforma proporcionaron al imaginario político estudiantil sus principales fórmulas de

interpretación de la realidad universitaria. El Manifiesto Liminar se convirtió en texto de

referencia obligatoria y generó nuevos efectos de sentido toda vez que fue retomado y

resignificado por diversos grupos políticos. En diferentes momentos históricos, sus postulados

oficiaron de fuente de legitimidad para la formulación de nuevas propuestas así como para la

defensa de conquistas amenazadas (Cortés, 2002). Así, pues, si la asociación entre el principio

del “ingreso irrestricto” y el ideario de la Reforma ha llegado a tener plena verosimilitud, ello

se debe a que dicho principio se hallaba en una directa relación de continuidad con el fondo

democrático de las demandas reformistas, que siguieron desde entonces el recorrido

expansivo propio de la dinámica de los derechos y, en particular, del principio igualitario.

En calidad de mito tanto como de dato empírico, el ingreso irrestricto es pues un

objeto legítimo de estudio. Como mito, en particular, se coloca en el centro de nuestra

atención dada su elevada eficacia: puesto que él es real para los actores que lo adoptan como

guía para la acción, acaba teniendo consecuencias palpables sobre la realidad. Poco queda por

decir que no haya sido dicho aún acerca de la eficacia de los mitos y de su carácter revelador

de las profundidades imaginarias de las sociedades que los producen. Nuestra pregunta es,

pues, la siguiente: ¿por qué existe en la sociedad argentina un espacio para estos mitos; cuál

es la razón de que ella se haya construido estos (y no otros) relatos acerca de sí misma? ¿Por

qué son ellos tan diferentes de los que circulan en la sociedad brasileña?

Más allá del mito fundacional que fue la Reforma de 1918, y pese a la democratización

interna de la universidad impulsada por ella, el ingreso a la universidad en la Argentina siguió

siendo de hecho restringido hasta 1949, cuando el primer gobierno peronista eliminó el

arancelamiento, incrementó el presupuesto, diversificó y extendió el sistema mediante la

creación de la Universidad Obrera (actual Universidad Tecnológica Nacional) e introdujo el

ingreso directo desde la escuela secundaria. El período peronista (1946-55) se caracterizó, en

consecuencia, por la fuerte expansión de la matrícula, así como por la tendencia al aumento de

las tasas de deserción, que acabaría por plantear fuertes debates en torno de la diferencia entre

la posibilidad “formal” de acceso a la institución universitaria y la posibilidad “real” de

acceso al conocimiento y a la titulación. A partir de mediados de la década del ’50,

finalmente, se aceleró el proceso de creación de nuevas universidades públicas y (desde 1958)

también privadas, lo cual produjo una oferta diversificada e inauguró el tránsito hacia la

masividad de la educación superior. Una vez derrocado el peronismo, el ingreso a la

universidad volvió a restringirse. Desde la inauguración de la dictadura de Onganía en 1966,

por su parte, la restricción del ingreso se combinó con una política represiva tendiente a

reducir el peso político de la universidad. El ingreso irrestricto fue restablecido en el tercer

período peronista. Entre los numerosos cambios que trajo consigo el proyecto de una

universidad “nacional y popular”, y entre los que más perdurarían en el tiempo, se contó en

efecto la abolición de los cursos de ingreso -fugazmente reemplazados, en ese entonces, por

un curso formativo de “Introducción a la Realidad Nacional”. Para sus detractores, pues, la

democratización “excesiva”- tanto “interna” como “externa”- de la universidad, quedaría para

siempre asociada a las tendencias populistas manifestadas primero por el radicalismo

yrigoyenista y, más tarde y en forma exacerbada, por el peronismo. Para los partidarios del

ingreso irrestricto, por su parte, las actitudes restrictivas del acceso quedarían por siempre

asociadas, luego de la dictadura militar inaugurada en 1976, a las políticas represivas. A partir

de la experiencia del Proceso, en efecto, la expresión “examen de ingreso” –que en el debate

corriente habría de presentarse indefectiblemente como el polo opuesto del “ingreso

irrestricto”- se convertiría en un significante de pesada carga negativa por asociación con las

políticas restrictivas y represivas de la dictadura. Cabe destacar que, a diferencia de lo que

sucede en Brasil, toda postulación de una asociación entre una política determinada y la

dictadura tiene en la Argentina, independientemente de sus bases empíricas, un efecto de

clausura definitiva del debate sobre el tema de que se trate en la agenda pública.

Simétricamente, la asociación entre “ingreso irrestricto” y “democratización” adquirió

toda su fuerza a partir de 1984, cuando la transición democrática trajo consigo la restauración

de dicha modalidad de admisión (bajo fórmulas crecientemente diversificadas), que pronto se

tradujo en una nueva explosión de la matrícula. El ingreso “irrestricto” adoptó entonces, en la

Universidad de Buenos Aires, la forma del Ciclo Básico Común, un primer año de estudios

abierto a todos los egresados secundarios que incluye seis asignaturas cuya aprobación abre a

los estudiantes las puertas de las respectivas facultades. En el año de su inauguración, el CBC

acogió a alrededor de 70 mil alumnos (Litwin, 2001).

El ingreso irrestricto y el Vestibular -dos modalidades específicas de absorción de la

demanda de educación superior- se encuentran en la base de dos sistemas de estructuras

completamente disímiles. Consecuente con la ligazón establecida entre democratización y

apertura del acceso, en la Argentina el sector público absorbió el grueso del crecimiento de la

demanda, dando origen a un sistema de perfil básicamente público (alrededor del 80% de la

matrícula) y universitario (90%), sin que la oleada de creación de universidades –públicas y

privadas- que tuvo lugar en los años ’90 modificara sustancialmente esos porcentajes. En

Brasil, en contraste, el sistema de educación superior se expandió por el lado del sector

privado, de modo tal que la respuesta al incremento de la demanda de acceso se logró sin

costos adicionales para el Estado, el cual quedó en disponibilidad para invertir en otros

rubros. Puesto que el proceso de expansión quedó en manos del mercado, y puesto que las

nuevas empresas educativas –que se multiplicaron gracias a la flexibilización de los criterios

para su habilitación- se guiaron por el objetivo de maximizar los beneficios, la calidad del

sistema ampliado se resintió, y en consecuencia lo hizo también el valor –económico y

simbólico- de los diplomas expedidos. La expansión cuantitativa, en suma, quedó en manos

del sector privado, de manera que el sector público pudo convertirse en el depositario de la

calidad. La concentración del Estado en la calidad tuvo, en Brasil, la contrapartida de la

limitación sistemática del ingreso por medio del Vestibular. El sistema resultante es

heterogéneo y predominantemente privado. Puesto que en él coexisten una serie de “circuitos

académicos jerárquicamente ordenados y destinados a distintas clientelas distribuidas según

su poder socio-económico y político” (Chiroleu, 1998:7), se trata de un sistema que presenta,

además, una diferenciación segmentada.

Tenemos, en suma, un sistema –el brasileño- muy diferenciado internamente (tanto

horizontal como verticalmente), frente a otro en el cual tal diferenciación es tardía e

incipiente. En el primero la formación masiva, descuidada por el Estado, ha recaído sobre el

mercado. El Estado, por su parte, ha invertido sistemáticamente en la formación de élite. De

ahí su énfasis en los posgrados, con la conformación de un sistema tempranamente

institucionalizado a fines de los años ’60. En contraste punto por punto, el Estado argentino se

ha concentrado sistemáticamente en la formación masiva, y los posgrados adquirieron

relevancia mucho más tardíamente.

La temporalidad, entre la flecha y la rueda

La trayectoria errática de los mecanismos de ingreso a la universidad en la Argentina –

oscilante al compás de los vaivenes del régimen político- contrasta abiertamente con la

pasmosa continuidad del dispositivo brasileño. En la Argentina, en efecto, la asociación de la

apertura y la ampliación del acceso a la universidad con la democratización, sumada a las

rupturas institucionales que plagaron la vida política nacional a lo largo del siglo XX, se

tradujo en una sucesión de discontinuidades en el sistema de ingreso en nada comparable con

la estabilidad de que éste ha gozado en el contexto brasileño. Lo mismo sucedió con la

evolución de la expansión de la matrícula, que ha tendido a sufrir en la Argentina una serie de

discontinuidades vinculadas a los cambios políticos. Así, por ejemplo, la expansión registrada

entre 1944 y 1955 se vio contrarrestada por un fuerte reflujo a partir del golpe de Estado de

1966, que fue luego revertido por un nuevo impulso a comienzos de la década del setenta,

contrapesado nuevamente por una nueva retracción durante la dictadura, revertida ésta otra

vez a partir de la “primavera democrática” de 1983-84. Idéntica conclusión surge de un

vistazo a la secuencia de desarrollo de los respectivos sistemas de investigación: mientras que

en Argentina éste se inició antes pero quedó truncado por la intercalación entre regímenes

civiles y militares, en Brasil se inauguró tardíamente, en los años ´50, pero se institucionalizó

progresiva y exitosamente a pesar de los cambios de regímenes (Klein y Sampaio, 1996).

Bajo los regímenes militares que gobernaron ambos países en las décadas de 1960 y

1970 el contraste entre las evoluciones de ambos sistemas –discontinuidades y rupturas, por

un lado; gradualismo y continuidad por el otro- no podría haber sido mayor. Mientras que en

Argentina la represión sistemática del movimiento estudiantil bajo la dictadura supuso una

suerte de “movimiento de contrarreforma” que implicó “la reducción del número de vacantes,

el descenso drástico del financiamiento a las universidades públicas y la desarticulación de los

núcleos de investigación” (Kent, 1996, pág. 16), en Brasil por el contrario fue bajo el régimen

militar cuando se registraron los mayores índices de expansión del sistema de educación

superior (así como el fortalecimiento de un sistema nacional de posgrado), pues “aun con la

represión del movimiento estudiantil y la derrota de la cogestión, la importancia de la

presencia del sector tecnoburocrático y desarrollista en órganos del gobierno llevó al régimen

militar a incorporar los aspectos más modernizantes y menos políticos del ideario de la

reforma” (Ibídem.). Así, tuvo lugar en Brasil, precisamente en 1968, una “reforma

conservadora” impuesta desde arriba como resultado de la cual “el sector público no salió

debilitado por el proceso de expansión. (…) [Su acción] fue esencialmente cualitativa: además

de crear un espacio para la investigación dentro de la universidad y de estimular la

profesionalización de los docentes a través de su incorporación en régimen de tiempo integral,

vinculó la promoción en la carrera académica con el aumento de la calificación y con el

entrenamiento en investigación” (Klein y Sampaio, 1996:39). No solamente a sus puertas sino

también en su interior, pues, se trató de un avance de la meritocracia. A diferencia del proceso

argentino y, notablemente, del contemporáneo movimiento francés y de su embate

antijerárquico contra los “mandarines”, la reforma no fue de índole democratizadora.

Las mismas continuidades y discontinuidades, la misma tensión entre el corto y el

largo plazo se perciben cuando se observa la evolución del financiamiento del sistema de

educación superior. Por efecto de consideraciones exclusivamente políticas, dicho

financiamiento se expandió y se contrajo en Argentina en sucesivas oportunidades entre los

años ’40 y principios de los ’80. La primera reducción drástica de los recursos

gubernamentales asignados se produjo a partir del gobierno de facto inaugurado en 1966.

Luego del repunte producido durante el breve intervalo justicialista, ella se acentuó con la

dictadura iniciada en 1976, para volver a recuperarse a comienzos de los ’80 sin que, no

obstante, pudiera volver a alcanzarse el nivel de financiamiento de 1974. A partir de la

restauración democrática, las consideraciones fiscales fueron a entrelazarse con, cuando no a

sustituir a, los factores políticos como principal variable explicativa de las fluctuaciones del

financiamiento. Así, por ejemplo, se produjo una fuerte expansión del gasto y de la matrícula

entre 1983 y 1988, y un retroceso del gasto de 1988 a 1990, por efecto de las políticas de

ajuste fiscal. En lo sucesivo, el peso de las consideraciones “de caja” pasaría a ser cada vez

mayor. Esta situación contrasta fuertemente con la de Brasil, donde las fluctuaciones del

financiamiento –mucho menos drásticas- tendieron a obedecer indefectiblemente a las

restricciones fiscales que pesaban sobre un país que, al igual que la Argentina, debió atravesar

por enormes dificultades económicas desde comienzos de la “década perdida” de los ’80. Las

discontinuidades en el financiamiento no parecen haber sido en Brasil el signo de una

discontinuidad en el proyecto de base sino el efecto del hecho de que en ese país “la estrategia

de financiamiento a la expansión del sector público de educación superior fue montada a

principios de los años setenta, época de excepcional holganza financiera del Estado” que ya

no se repetiría (Klein y Sampaio, 1996:50).

Principios de justicia: la igualdad y el mérito

Es notable la medida en que cada uno de los sistemas arriba delineados se condice con

las imágenes que -con cierta independencia de sus correlatos reales- ambas sociedades se han

construido de sí mismas. El ingreso irrestricto, en particular, casa bien con la idea de la

Argentina como una sociedad abierta, un país construido por inmigrantes, una tierra de

oportunidades donde el futuro depende más del esfuerzo presente que del pasado heredado. El

sistema brasileño, dualista y altamente selectivo, se lleva bien con una sociedad igualmente

segmentada, que tiene una elevada capacidad para acoger y procesar la diferencia aún cuando

ella se superponga con la desigualdad. Dicho de otro modo: tenemos, por un lado, un sistema

relativamente más homogéneo y básicamente estatal que parece corresponderse con una

sociedad que, independientemente del grado de concreción real de su imaginario igualitario,

tiende a pensar a sus miembros como individuos iguales; y, por el otro, un sistema dualista –

con un componente público gratuito pero elitista y un sector privado que es el que ha

soportado la presión de la demanda, compitiendo básicamente por costos y con baja calidad-

que se condice con una sociedad más jerarquizada que rehuye la masificación y que –como lo

señalara Roberto Da Matta- tiende a operar simultáneamente en dos niveles: uno impersonal,

universal e igualitario, y otro personal, particularista y diferenciado, de modo tal que parecen

hallarse disociados el individuo –“sujeto de la ley, foco abstracto para quien se hicieron las

reglas y la represión” y la persona –merecedora de solidaridad y trato diferencial (Da Matta

2002:223).

Si bien todo sistema de ingreso, más tarde o más temprano, produce alguna forma de

selección, tenemos ante nosotros dos sistemas de acceso a la universidad que se sustentan en

sendos discursos acerca de la selectividad –con énfasis en la calidad- y de la democratización

–centrado éste en la cantidad, es decir, en la idea de la maximización de las posibilidades de

acceso para el mayor número. Aunque es peligrosamente extemporáneo asimilar lisa y

llanamente nuestros casos a los tipos ideales tocquevillianos de “sociedad aristocrática” y

“sociedad democrática”, resulta difícil desoír, llegados a este punto, las resonancias de esas

construcciones teóricas a la hora de comprender el contraste entre los casos bajo estudio.

Entiéndase bien: no para describir ninguno de dichos casos por separado, sino para

aprehender en toda su amplitud el contraste entre ellos. Si bien el debate educativo en

términos de la dicotomía cantidad/calidad es un debate sencillamente mal planteado (puesto

que la cantidad no necesariamente degrada la calidad, ni la restricción cuantitativa asegura la

calidad), es sin embargo cierto que el énfasis en la cantidad es propio de las sociedades

democráticas, sociedades guiadas por el horizonte de la igualación de las condiciones en las

cuales cada uno vale por uno y todas las cabezas son contables y sumables precisamente

porque valen exactamente lo mismo; mientras que, por el contrario, el énfasis en la calidad es

típico de las sociedades aristocráticas, en las cuales no han de mandar los muchos sino los

mejores. La idea de mérito es antipática para el universalismo democrático, en tanto que

resulta natural al pensamiento aristocrático, que en el contexto de las sociedades democráticas

no hace sino lamentar la mediocridad resultante del aplastamiento de las jerarquías, que

resultaría en una situación en la cual –el propio Tocqueville lo admitía- ya no habría grandes

miserias, pero sí el altísimo precio de la desaparición de los grandes talentos.

Tanto el llamado “ingreso irrestricto” que hasta hace poco tiempo parecía formar parte

del sentido común de los argentinos –o, cuanto menos, de la (auto)imagen dominante de los

argentinos: blancos, urbanos y de clase media- como el examen de ingreso institucionalizado

en Brasil son comprensibles, aceptables e, incluso, “necesarios” en virtud de su colocación en

un marco sociocultural más amplio. Las políticas de admisión a la universidad se han

solidificado a lo largo de un proceso histórico que las ha imbuido de los valores de las

respectivas sociedades, y a través del cual ellas a su vez han reproducido y reafirmado esos

mismos valores, conformando sendos campos de posibilidad. Así, las matrices culturales

nacionales se han expresado, en el marco de dichos campos de posibilidad, bajo la forma de

imaginarios, representaciones y prácticas que, pese a no ser necesariamente compartidos ni

por la mayoría de los argentinos o brasileños, ni por la totalidad de tal o cual sector social de

uno u otro país, configuran un campo cuyos límites permiten establecer aquello que es posible

en uno de los países y no lo es en el otro. Ciertas instituciones, prácticas, modalidades de

autocomprensión, relacionamiento y argumentación, en efecto, son pensables y, por lo tanto,

posibles, en un país y no en el otro, incluso si allí donde son posibles no son verdaderamente

“comunes” a la mayoría. Es en ese sentido que puede afirmarse que la existencia de una

instancia de selección generalizada como la que representa el Vestibular, así como el

consenso que la rodea, es sencillamente inimaginable en Argentina. Simétricamente, los

conflictos, debates y situaciones que se presentan en la Argentina en torno del sistema de

ingreso a la universidad son también inimaginables en Brasil. Así, por ejemplo, cuando se

discute en Brasil la reforma del sistema de ingreso, sencillamente no se piensa en la

posibilidad de instaurar algo semejante al “ingreso irrestricto”. Son propuestas, en cambio,

otras alternativas que sí caen dentro del campo de posibilidades que conforma la matriz

nacional de cultura política: reformas técnicas tales como la revalorización –en reemplazo de

los cuestionados multiple choice- de la prueba disertativa de los orígenes; o reformas políticas

tales como la creación de un sistema de cuotas reservadas a las poblaciones más

desfavorecidas, con el objeto de divorciar el mérito de la clase social.

Como hemos visto, la idea de democratización en la educación superior tiene una

prolongada tradición en la Argentina: su primera, explosiva y temprana manifestación fue la

Reforma Universitaria de Córdoba, en 1918. El espíritu de la Reforma era fuertemente

democratizador, aunque permanecía todavía anclado en una concepción meritocrática. Pues la

que reclamaba el acceso era, en aquella época, una meritoria clase media que exigía un lugar

acorde a sus talentos en contra de una oligarquía atrincherada en sus injustificados privilegios.

El Manifiesto de la Reforma, firmado por “la juventud argentina de Córdoba” y dirigido “a

los hombres libres de Sudamérica”, denunciaba que por hallarse cerrada a la carrera de los

talentos, la universidad se había convertido en “el refugio secular de los mediocres”. La

institución, en consecuencia, presentaba “el triste espectáculo de una inmovilidad senil” bajo

un régimen “anacrónico”, “fundado sobre una especie de derecho divino; el derecho divino

del profesorado universitario”. Contra esa situación, la Federación Universitaria de Córdoba

reclamaba “un gobierno estrictamente democrático”, bajo la premisa de que “el demos

universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los

estudiantes”. Tal como lo señalan Naishtat y Toer (2005:21), la reivindicación de la

participación estudiantil en el gobierno universitario se basaba entonces en tres principios: “1)

el estudiante ya es un ciudadano pleno y como tal debe y puede hacerse cargo de su

responsabilidad en la gestión universitaria; 2) la ausencia de participación estudiantil genera

endogamia y conformismo docente, produciendo una universidad de las castas y de los

mandarines, y 3) en una verdadera universidad todos son estudiantes, incluyendo a los

profesores, quienes deben formarse permanentemente. Por ende no existiría un corte drástico

entre el estudiante y el docente desde el punto de vista de la ciudadanía universitaria”. Para

los estudiantes de antaño, pues, el sistema debía basarse en el mérito y el talento, cuya

distribución no respetaba jerarquías de apellido ni rígidos escalafones. Pretendían, así,

“arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de autoridad que

en estas casas de estudio es un baluarte de absurda tiranía”. Incluso reclamaban para la

juventud el privilegio que el populismo reclama para el pueblo: el de no equivocarse nunca en

la elección de sus guías. El impacto igualitario de la Reforma se hizo sentir, ante todo, en la dinámica interna

de las instituciones universitarias. A partir de entonces algunas universidades admitieron que

los estudiantes designaran a una parte de los profesores que integraban los consejos

directivos. Más adelante fue aceptada la participación en esos cuerpos de delegados

estudiantiles, al principio sin derecho a voto. Posteriormente se tendería al aumento del

número de representantes de los estudiantes en los órganos deliberativos. El proceso, que

acabaría incrementando sensiblemente el poder estudiantil, estuvo sin embargo plagado de

discontinuidades. Luego del golpe de estado de 1930, el gobierno universitario quedó

mayormente en manos de los profesores, aunque no se eliminó la representación estudiantil.

En 1943 las universidades fueron intervenidas y los estudiantes perdieron toda injerencia en

su gobierno. Una ley del gobierno peronista promulgada en 1947 ratificó esta situación al

eliminar la representación política estudiantil, reteniendo solamente su representación

gremial, bajo la forma de un delegado por unidad académica, al principio sin derecho a voto y

más tarde con ese derecho restringido a las cuestiones de bienestar estudiantil. Quedó así al

descubierto la inmensa diferencia existente entre la democratización del acceso -vinculada

con la inclusión social- y la democratización de las prácticas internas, reñida con el carácter

escasamente liberal del régimen político. Desde 1953, finalmente, el rector pasó a ser

designado por el Poder Ejecutivo, y los decanos por aquél. En una suerte de reflejo

condicionado antiperonista, la Revolución Libertadora restituyó la autonomía universitaria y

amplió nuevamente la participación estudiantil. Fue entre 1955 y 1966 cuando se sentaron las

bases del actual gobierno tripartito. No obstante la previsión de representación para

profesores, estudiantes y graduados (en las proporciones que definiera cada universidad), sin

embargo, la responsabilidad principal nunca dejó de recaer sobre los profesores. El gobierno

tripartito fue eliminado bajo la dictadura iniciada en 1966: a partir de 1968 el Consejo

Superior quedó constituido solo por el rector y los decanos, y los Consejos Directivos por el

decano y profesores. El cogobierno fue fugazmente restituido en 1974 por el peronismo, esta

vez con dos particularidades: los no-docentes reemplazaron a los graduados; y se fijó para

todas las universidades el peso relativo que habría de tener cada estamento (60% para los

profesores, 30% para los estudiantes y 10% para los trabajadores no-docentes). En 1976 la

autonomía fue eliminada nuevamente; la ley promulgada en 1980 por el Proceso excluyó del

gobierno universitario tanto a los no-docentes como a los estudiantes. Desde la transición

democrática, finalmente, la universidad recuperó una vez más su autonomía, así como su

forma de gobierno colegiada y multipartita. Según la ley aprobada en 1984, las condiciones

mínimas de representación que debían fijar los estatutos universitarios incluían tres delegados

estudiantiles y representantes del claustro docente. Más allá de esta legislación, sin embargo,

“en este período muchos estatutos universitarios abrieron la puerta a una participación

estudiantil muy amplia, que no registra casi antecedentes en la legislación comparada”

(Sánchez Martínez, 2004:258-259). En un intento por homogeneizar el sistema, la Ley de

Educación Superior promulgada en 1995 provee una serie de lineamientos para el cogobierno:

los docentes deben tener una representación mínima del 50%; los representantes de los

alumnos deben tener aprobado al menos el 30% de la carrera; debe estar representado el

sector no docente; y, por último, si se incorpora una representación para los graduados, éstos

no pueden ser docentes o empleados de la universidad (cf. Kandel, 2005).

A partir de 1984 se amalgamaron, pues, el “ingreso irrestricto” y el “gobierno

tripartito” (o, fuera de la UBA, alguna forma, generalmente amplia, de participación de los

estudiantes en el gobierno universitario), es decir, la democratización interna y la

democratización del acceso. No solamente el claustro de estudiantes adquirió un importante

rol en la vida institucional de la universidad sino que, por añadidura, las agrupaciones

estudiantiles acumularon un enorme poder fáctico de veto en la toma de decisiones. En el caso

de la UBA, ello se vio claramente reflejado en la reciente crisis de sucesión que se prolongó a

lo largo de la mayor parte del año 2006 cuando la Asamblea encargada de elegir al rector se

vio una y otra vez impedida de sesionar por efecto de los sucesivos bloqueos y tomas

efectuados por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), conducida por un frente

de izquierda.

El poder estudiantil ha llegado, así, a colocarse en el centro de la escena. No son pocos

los que juzgan que dicho poder es excesivo, y que en él radica en gran medida la

imposibilidad de reformar una institución cuya viabilidad en el largo plazo exige la

introducción de cambios drásticos. El movimiento estudiantil, por su parte, juzga que la

universidad aún se encuentra, como antes de 1918, bajo la tiranía de los mandarines –o, en

palabras de uno de sus dirigentes, a merced de los “acuerdo[s] de cúpulas que no responde[n]

a los planteos estudiantiles” (Clarín, 7/11/06). Así, ante la inminencia de la renovación de

autoridades en abril de 2006, la FUBA exigió que el rector no fuera elegido por la Asamblea

conformada tal como lo establecían los estatutos sino que, en cambio, la elección del rector

fuera precedida de una modificación de dichos estatutos para tornar el sistema más

“democrático” y “representativo” (cf. Clarín, 7/04/06). Tanto los que bloquearon

violentamente la elección del rector como los que repudiaron sus métodos coincidían en su

cuestionamiento de la Asamblea Universitaria por estar compuesto uno de los tres claustros

que la integran –el claustro docente- “exclusivamente por profesores titulares o asociados y,

además, nombrados por concurso. Así, todos los demás, los que hace años que trabajan como

interinos, pagos o ad honorem, los jefes de trabajos prácticos y los ayudantes (casi el 60% del

plantel docente) quedan afuera de la camarilla que vota, que es una élite” (palabras de un

dirigente estudiantil moderado, en Clarín, 5/04/06; las itálicas son nuestras). En consecuencia,

la FUBA exige una reforma amplia del estatuto encaminada a “democratizar el gobierno de la

UBA” mediante la conformación de un claustro docente único donde voten tanto los

auxiliares y jefes de trabajos prácticos como los titulares y adjuntos; la incorporación de un

claustro de no docentes con voz y con voto; la reducción de la representación de los

graduados y el aumento de la representación estudiantil (Clarín, 16/05/06)

Sin entrar en discusiones bizantinas acerca de si los estudiantes tienen ya “demasiado”

poder o si todavía tienen “demasiado poco”, es posible afirmar que el poder del claustro

estudiantil en las principales universidades argentinas es amplio desde una perspectiva

comparada. Sin embargo, dar cuenta del tipo de políticas implementadas y de las tendencias

antijerárquicas vigentes recurriendo a ese dato supondría poner el argumento patas para

arriba, obviando las razones por las cuales dicha acumulación de poder pudo producirse; las

razones, en suma, por las cuales ello ha sido posible y es considerado perfectamente normal

en Argentina mientras que no es siquiera seriamente pensable en otros contextos nacionales.

En contraste con el vínculo establecido entre la expansión de la demanda y el acceso y

las sucesivas oleadas de democratización o construcción de ciudadanía en Argentina, la

expansión del sistema de educación superior brasileño –ocurrida recién a partir de los años

sesenta- tuvo lugar durante el prolongado período dictatorial inaugurado en 1964. Fue en el

marco del llamado “milagro brasileño” operado entonces que la población estudiantil en ese

nivel se elevó desde una cifra de 93 mil en 1960, a 425 mil en 1970 y a un millón y medio en

1987 (Chiroleu, 1992). La expansión de la demanda de educación superior, por consiguiente,

no estuvo en Brasil ligada a la democratización. En consecuencia, el debate en torno del

Vestibular -casi inexistente si se lo compara con los acalorados debates que tienen lugar

periódicamente en la Argentina alrededor del tema del sistema de ingreso a la universidad-

está mucho menos “cargado” valorativamente que su contraparte argentina. El Vestibular ha

sido presentado siempre como un expediente meramente técnico, y como tal ha sobrevivido

más o menos igual a sí mismo a lo largo del convulsionado siglo XX.

Como ya se ha mencionado, el resultado del sistema de ingreso instaurado en Brasil ha

sido la constitución de una universidad pública gratuita y elitista, a la que sólo logran acceder

aquellos que cuentan con un capital cultural resultante de la procedencia de una familia

acomodada y del hecho de haber recibido una educación privilegiada. De ahí que el criterio

meritocrático se haya superpuesto sistemáticamente con la división clasista (y, dadas las

características de la estructura social brasileña, también con las divisiones raciales). Tal como

veremos, las propuestas de reforma formuladas actualmente por el movimiento estudiantil

apuntan precisamente a la preservación del criterio meritocrático mediante su “purificación”

de connotaciones clasistas y racistas.

La legitimidad del criterio meritocrático en Brasil –y, en contraste, su carencia de

legitimidad en Argentina- se percibe a partir de dos episodios fuertemente reveladores. En

Brasil el momento de máxima conflictividad en torno del sistema de ingreso se produjo en

1968, ante el reclamo de los aspirantes que, habiendo aprobado el examen, no habían logrado

ingresar debido al escaso número de vacantes. En ese entonces, los estudiantes movilizados se

abstuvieron de cuestionar el sistema, empeñándose en cambio en reclamar dentro de él el

lugar que consideraban merecer por el hecho de haber superado exitosamente la prueba. No es

un detalle menor el hecho de que fueran los estudiantes que habían aprobado el examen

(aunque sin obtener una vacante) los que forzaron la reforma. El efecto de su reclamo se

limitó, pues, a la corrección de un aspecto disfuncional del sistema. El caso que analizamos

más adelante –el de la Universidad Nacional de La Plata- presenta un contraste interesante,

pues allí fueron, en cambio, los estudiantes reprobados, junto con sus padres, quienes

engrosaron la manifestación de protesta convocada por la Federación de Estudiantes contra el

examen de ingreso eliminatorio. Unos y otros reclamaban por derechos diferentes: los

estudiantes brasileños excluidos reclamaban por el reconocimiento de sus méritos y talentos

(pues, después de todo, habían aprobado un examen difícil y altamente selectivo), mientras

que sus contrapartes argentinas anteponían su derecho a “no ser discriminados” por ser el

producto de la decadencia de la escuela pública, por no tener los medios para acceder a una

educación privada de calidad y por no haber podido, en consecuencia, aprobar el examen.

Reclamaban, en última instancia, la equiparación de los aprobados y los desaprobados -todos

los cuales tendrían idénticos derechos a acceder a la educación universitaria- mediante la

concesión de una “segunda oportunidad” a los segundos. El criterio meritocrático era, en este

caso, implícitamente denunciado por ilegítimo. El empleo del término “discriminación” en

este contexto resulta revelador, pues evoca la semejanza entre la exclusión de los

desaprobados y otras exclusiones más inmediatamente reprobables, tales como las basadas en

la raza, la religión o el género. Si una y otra clase de exclusión pueden ser interpretadas en

términos de “discriminación” ello se debe, precisamente, a que el criterio meritocrático carece

aquí de legitimidad: es, en verdad, tan injustificado por violatorio de la igualdad como los

criterios racistas, religiosos o sexistas.

En contraste con la situación brasileña, la evolución argentina es indicativa de la

existencia de un poderoso “espíritu plebeyo”; es, en los términos de Schnapper (2004),

reveladora de un rasgo propio del homo democraticus: su impaciencia ante los obstáculos que

se cruzan en el camino de la igualación de las condiciones. Medida con la vara implacable de

la igualdad, toda relación exhibe lo que tiene de escandalosa jerarquía; la más ínfima

desigualdad se revela entonces monstruosa, y pasa a ser reinterpretada en términos de

exclusión y discriminación. Observamos aquí la dinámica de la lógica democrática, que por

su referencia a un exterior discursivo que es propio de la modernidad política –el discurso de

la igualdad- trastoca las relaciones sociales existentes reinterpretando como relaciones de

opresión –ilegítimas por definición- aquellas relaciones que eran presentadas, bajo un manto

de neutralidad, como simples relaciones de subordinación (Laclau y Mouffe, 1987). La lógica

democrática es, pues, aquella que, sobre la base del principio de la igualdad elemental de

cualquiera con cualquiera, condena a todo orden social a la inestabilidad toda vez que

demuestra que ningún orden social se funda en la naturaleza (Rancière, 1996).

La universidad argentina es, en ese sentido, un espécimen interesante, pues ha logrado

condensar todo lo que puede haber de igualdad y de actitud antijerárquica en el marco de una

institución que es por naturalmente meritocrática, dado que no puede dejar de establecer un

orden de mérito y de calificar diferencialmente los logros de quienes se desempeñan en ella.

A lo largo del tiempo se han ido produciendo en ella una serie de desplazamientos sucesivos

del imaginario igualitario. En lo que se refiere al gobierno universitario, la “democracia”

reivindicada en 1918 e instrumentada en las décadas siguientes no era, en verdad, sino la

aplicación a la universidad del principio republicano consistente en la participación de las

diversas partes de toda ciudad política, con el objeto de que ninguna de ellas sea oprimida y,

por lo tanto, prevalezca la libertad. La representación exigida y efectivamente obtenida por los

estudiantes, en efecto, no se basaba en el principio una persona-un voto: se hallaba, por el

contrario, fuertemente sesgada en favor de los docentes, en particular de aquellos que habían

accedido a sus cargos mediante concurso. Frente a esta visión de la democracia universitaria

se erige, cada vez más a menudo, la concepción basista que persigue la isonomía, es decir,

disolución del principio colegiado y el gobierno de los claustros y la consiguiente reducción

de la universidad a la soberanía del número: al poder absoluto de los estudiantes (Naishtat y

Toer, 2005:28). En algún punto intermedio entre ellas se ubica la crítica, dominante entre los

estudiantes, de la “sobrerrepresentación” de los profesores y de la “mayoría automática” de

que ellos gozan en la toma de decisiones, junto con el reclamo de una representación “más

igualitaria” que, sin embargo, respete la existencia de los claustros. Este reclamo va aunado a

la demanda de una serie de modificaciones en el sistema, tales como la inclusión del sector no

docente o el reconocimiento de la situación de los auxiliares docentes, usualmente no

representados o (mal) representados en el claustro de graduados. Si bien la exigencia de la

aplicación del principio una persona-un voto mediante la instauración del voto directo sin

ponderación por claustros no es, pues, mayoritaria, es de destacar que su presencia marca el

tono del debate en Argentina, y ello por dos razones: la primera, comparativa, refiere a su

plausibilidad en el contexto argentino, en contraste con su completa ajenidad al contexto

brasileño; la segunda, por su parte, remite al hecho de que, pese a no ser una visión

mayoritaria entre el estudiantado, está en cambio extendida entre los activistas, mayormente

de pequeños partidos de izquierda, que gozan de mayor visibilidad e incidencia como

resultado de su alto grado de movilización y de la violencia que ocasionalmente acompaña sus

reclamos.

En lo que se refiere a las condiciones del ingreso a, la permanencia en y el egreso de la

universidad, la expansión del principio igualitario condujo primero de un sistema oligárquico

a uno meritocrático sin connotaciones clasistas, de éste a un igualitarismo que se tradujo en la

no restricción del ingreso y, finalmente, a la consagración de algo cercano al “derecho a la

titulación” -y, junto con ella, a la movilidad social ascendente. En ese marco, la

argumentación ha girado sistemáticamente en torno de los derechos adquiridos o vulnerados.

El “derecho a estudiar” fue equiparado, en un primer momento, al derecho de ingresar a la

universidad de cualquiera que así lo deseara; a continuación, al derecho a permanecer (y a

progresar) en ella. Típicamente, las agrupaciones estudiantiles, preocupadas por la existencia

de una “verdadera” igualdad de oportunidades, es decir, por el hecho de que las dificultades

para avanzar en sus carreras no expulsaran a los ingresados en las condiciones más

desaventajadas, han propugnado el establecimiento de requisitos ínfimos de regularidad, la

fijación de instancias recuperatorias y de innumerables fechas de examen junto con un plazo

amplísimo para rendir exámenes finales adeudados, y otras medidas destinadas a alivianar el

tránsito por la universidad. Se fue produciendo, pues, un acortamiento imaginario de la

distancia entre ingreso y titulación. Fue gestándose, en el trayecto, un “sentido común

estudiantil” que tiende a dar por sentado el derecho de cada cual a ser aprobado, sobre la base

de la idea de que el fracaso de los estudiantes que se ven obligados a trabajar para ganarse la

vida, o que no han tenido el privilegio de recibir una buena formación escolar primaria y

secundaria, expresa una intolerable desigualdad de oportunidades que debe ser subsanada.

Incluso las jerarquías que la universidad establece mediante el sistema de calificaciones

pueden llegar a tornarse intolerables por el hecho de vulnerar el derecho de todos a un trato

igual. ¿Por qué desaprobar a un alumno cuando él no tiene responsabilidad alguna por su

deficiente formación escolar previa? Pocos obstáculos se interponen, así, entre el impulso

igualitario y el “egreso irrestricto” –el cual, es necesario decirlo, excede lo razonable pero no

lo estrictamente lógico, toda vez que constituye un posible punto de llegada para el recorrido

aplanador de la lógica igualitaria.

Consensos y disensos

ARGENTINA: Argumentos y contraargumentos ante un consenso resquebrajado. El caso

del ingreso a Medicina en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

A diferencia de lo que ha ocurrido en Brasil, las políticas universitarias nunca lograron

en Argentina sustraerse a los cambios en las relaciones de fuerzas y a los efectos de la

alternancia entre regímenes democráticos y autoritarios. No obstante, a lo largo del siglo XX

se conformó, predominó, resistió y sobrevivió en la Argentina un consenso relativamente

amplio en torno del carácter “irrestricto” que debía revestir el acceso a la educación superior

en una sociedad que se jactaba de ser “democrática”, “igualitaria” y “abierta”. Apuntalado por

la amplitud y el progresivo engrosamiento de una clase media que consideraba y utilizaba la

educación como vehículo de ascenso social, así como por la fortaleza y la legitimidad de un

movimiento estudiantil tempranamente establecido y fuertemente politizado, probablemente

nunca fue –como difícilmente pueden serlo los consensos en un país surcado por fuertes

clivajes políticos- un consenso tan monolítico como el tejido en torno del Vestibular. Con

todo, demostró ser lo suficientemente sólido como para oponer resistencia a las políticas que

una y otra vez restringieron el acceso y para reemerger fortalecido a inicios de la década del

’80 por efecto de la asociación entre dictadura y restricción, por un lado, y democracia y

apertura del ingreso, por el otro.

En Argentina, a diferencia de Brasil, la igualdad de oportunidades reclama que alguien

se haga cargo de las desigualdades iniciales y desactive sus efectos, aún cuando ello suponga

que la institución en cuestión –la universidad, en este caso- deba internalizar los elevados

costos del proceso de nivelación. El sentido común (progresista) se expresa, por boca de la

diputada y fundadora del centroizquierdista ARI, Elisa Carrió, del siguiente modo:

No sé si el hijo de una empleada doméstica que tiene la vocación de estudiar Medicina puede sortear el

examen de ingreso, simplemente porque no tiene para pagar a quien lo prepare. Pero ese chico quiere

ser médico y hay que ayudarlo. Para eso está la universidad pública (Río Negro, 18/03/05).

Dado que los exámenes de ingreso simplemente “sancionan la exclusión” de los

estudiantes que concurrieron a escuelas secundarias de peor nivel, la responsabilidad de la

universidad consiste -según Marta Maffei, sindicalista y diputada del ARI- en “ser exigente,

pero una vez que el estudiante ya ingresó” (Clarín, 10/04/05).

Por una u otra razón –por efecto del ahogo del debate público bajo regímenes

autoritarios, y en virtud del fortalecimiento del consenso en torno de la cuestión una vez

restablecida la democracia- durante décadas no hubo en Argentina un verdadero debate, un

genuino intercambio de argumentos sobre las modalidades apropiadas de selección y el grado

deseable de apertura del ingreso a la universidad. A partir de mediados de los años ’90, sin

embargo, comenzó a tornarse evidente la presencia de sentidos encontrados en torno de la

interpretación de los principios elementales que rigen la vida en común, al punto que el

terreno de las políticas educativas se constituyó en campo de batalla a la vez que en puesta en

escena de la exhibición de las convicciones profundas de los actores. Con todo, los acalorados

debates que se produjeron con frecuencia creciente siguieron remitiendo a una matriz de

cultura política específica en la cual incluso quienes expresaban posiciones favorables a la

restricción del acceso lo hacían siguiendo un formato de argumentación característico y, más

sustantivamente, recurriendo a una serie de argumentos en torno de lo que se supone que son

los derechos, la democracia, la equidad o la igualdad de oportunidades –valores que,

presumiblemente, todos compartirían o, cuanto menos, todos consideran necesario esgrimir

para legitimar sus discursos, aún en un contexto tan poco receptivo para las consideraciones

igualitarias como el que caracterizó a la década del ‘90. Dicho de otro modo: ni siquiera los

adversarios del ingreso irrestricto más sensibles a los males asociados con la cantidad se

atrevieron a cuestionar abiertamente la justicia del principio igualitario en nombre de un

principio alternativo sino que, en cambio, tendieron a desplazar el debate hacia otras

cuestiones diferentes de la justicia, tales como la eficacia y la eficiencia. Los conflictos producidos en torno del examen de ingreso a Medicina en la UNLP –

que, desde su introducción en 1992, cada año es noticia en los principales diarios nacionales

debido a que es reprobado por más de la mitad de los aspirantes- son paradigmáticos en ese

sentido. En el año 2005, la polémica habitual derivó en conflicto institucional cuando el

Consejo Superior de la universidad anuló el carácter eliminatorio del examen, medida que fue

rechazada con un recurso de amparo presentado ante la Justicia Federal por las autoridades de

la facultad involucrada. La iniciativa aprobada por el Consejo Superior –presentada por un

delegado estudiantil- denunciaba al sistema vigente por “discriminatorio” y obligaba a la

facultad a admitir en dos materias optativas de primer año (luego de aprobadas las cuales

podrían continuar con las restantes) a los estudiantes aplazados en el examen de ingreso, con

la sola exigencia de que hubieran asistido a por lo menos el 80% de las clases del curso

preparatorio. La norma, que prohibía en términos generales la introducción de exámenes

eliminatorios y de sistemas de cupos, fue celebrada por la Federación Universitaria en tanto

que garantía del derecho al “libre acceso de todos a la universidad”; fue, asimismo, defendida

por el Presidente de la Universidad en tanto que encarnación de la “igualdad de

oportunidades” (Clarín, 12/04/05), y por la mayoría de los decanos en tanto que garantía de la

existencia de “una universidad democrática, plural y abierta a toda la comunidad” (Clarín,

17/04/05). Cuando la Cámara Federal de La Plata falló a favor de la Facultad, suspendiendo la

ordenanza aprobada por el Consejo Superior, estudiantes y padres convocados por la

Federación Universitaria se movilizaron contra la injusticia cometida.

Los defensores del examen de ingreso, por su parte, tendieron a escudarse en el principio de la

autonomía de la Facultad, en datos empíricos tales como el inminente “colapso” que resultaría

de la admisión de todos los aspirantes, y en el argumento de la “excepcionalidad” de la carrera

involucrada, que debía formar profesionales especialmente aptos para “manejarse con la vida

y la muerte de las personas” (cf. Clarín, 6/04/05). Menos cauto, el Ministro de Salud de la

Nación, Ginés González García, brindó su “apoyo incondicional” al decano con un argumento

que oponía frontalmente la calidad a la cantidad: “la Argentina no necesita muchos médicos,

necesita mejores médicos” (Clarín, 9/04/05; el énfasis es nuestro).

El hecho de que la mayoría de los actores insistiera en argumentar siguiendo los cánones

establecidos para no caer en el terreno de la ilegitimidad revela que, pese a que el consenso en

torno de la apertura del ingreso a la educación superior no es todo lo monolítico que solía ser,

sigue estando fuertemente presente. De hecho, sus adversarios más decididos siguen

describiendo el imperio del principio del ingreso irrestricto como el de un “dogma de

características religiosas, con sus muchos e inevitables profetas, y muy pocos herejes” (Sigal,

2004:205), y señalando su efecto negativo sobre las posibilidades de debate -en particular,

bajo la forma de la producción de un doble discurso. Así, es denunciada la coexistencia -en

particular dentro del estamento docente- de un discurso privado altamente crítico de la

situación reinante y de un discurso público “constreñido por las características de la

articulación política de los distintos sectores que participan en el sistema de gobierno

universitario, que establece reglas de juego de las que difícilmente escapen sus protagonistas”

(Ibídem, pág. 218), es decir, compatible con una matriz de cultura política que lleva las

marcas del enraizamiento de las principales banderas del movimiento estudiantil.

BRASIL: La permanencia mejorada de una institución venerable

Rodeado de un consenso que es infrecuente en la política argentina, el Vestibular ha

sobrevivido con éxito a sucesivos cambios de gobiernos y a transiciones entre regímenes

políticos -transiciones que, cierto es, también han tendido a ser más graduales en Brasil que

en Argentina-. Tal como lo expresa Adriana Chiroleu (1992:179), “si bien el examen

Vestibular es resistido año a año por los aspirantes, el mismo es considerado como una

construcción histórico-social que se halla profundamente arraigada en la sociedad, y que es

aceptada por ser una manera supletoria de mantener las jerarquías y las diferencias sociales”.

Así, el debate sobre el Vestibular es -cuando tiene lugar- un intercambio respetuoso de

los consensos existentes en torno de la legitimidad de la institución en cuestión –que es,

efectivamente, una verdadera institución, profundamente enraizada en las prácticas y en los

imaginarios, y que ha logrado atravesar de punta a punta el siglo XX sin cambios de fondo.

Buena parte de los cuestionamientos que se le dirigen son, en efecto, de índole “técnica”,

puesto que se relacionan con la modalidad del examen más que con la existencia misma de

una prueba de ingreso que deja afuera a la gran mayoría de los aspirantes. Una crítica

difundida es, por ejemplo, la que concierne al formato utilizado, de tipo multiple choice,

juzgado a menudo un “grosero error pedagógico” por la forma en que distorsiona el sistema

educativo y lo desvía de su finalidad genuina (Ricci, 2001).

Se dejan oír también algunos cuestionamientos políticos de fondo sin propuestas

alternativas concretas; se trata, sin embargo, de planteos aislados que no confieren su tono y

su especificidad al debate. Entre ellos se encuentran la denuncia del Vestibular en tanto que

sistema ciego ante la realidad social, estructurado según la lógica de la competencia en el

mercado de modo tal que triunfan inevitablemente los poseedores de un capital cultural

formado mediante el paso por las mejores escuelas, en tanto que los “fracasados” cargan

individualmente con la culpa de su fracaso. Esta crítica apunta contra el carácter escasamente

democrático del sistema, cuya lógica -internalizada por verdugos y víctimas- “camufla el

hecho de que somos socialmente desiguales, que determinados grupos sociales tienen acceso

a la cultura y a la educación (…) lo cual reproduce y legitima las desigualdades: victoriosos y

fracasados son analizados por supuestos dones y méritos individuales. Para unos el éxito

parece natural (el propio hecho de haber resultado victoriosos lo comprobaría); la victoria de

unos naturaliza el fracaso de la mayoría” (Ozaí da Silva, 2003).

Sólo recientemente, a noventa años de su establecimiento, se constituyó en torno del

Vestibular un cuestionamiento de fondo de su lógica clasista. Dicho cuestionamiento tomó la

forma de la novedosa experiencia de los cursos prevestibulares comunitarios gratuitos o

sostenidos mediante el cobro de aranceles mínimos que -impulsados por iglesias,

movimientos políticos, sindicatos o grupos de estudiantes voluntarios- surgieron en Río de

Janeiro en el año 2000 y pronto se extendieron a casi todo el país (Maneiro y Grance, 2004).

La acción de estas instituciones (agrupadas bajo el rótulo de “Universidad Popular”) que

buscan poner al alcance de todos la preparación para rendir el examen, no supuso sin embargo

demanda alguna de apertura masiva del ingreso a la universidad sino que, en cambio, reforzó

su lógica meritocrática al intentar divorciarla de sus connotaciones clasistas, permitiendo a los

pobres meritorios o talentosos elevarse por encima de su clase.

La otra gran innovación reciente –que apunta en idéntica dirección- es el

establecimiento, en varias universidades públicas, de un sistema de acción afirmativa sobre la

base de “cuotas raciales”. Ella tuvo lugar en el año 2001, cuando la Asamblea Legislativa del

Estado de Río de Janeiro decidió reservar el 40% de las vacantes de sus universidades

estaduales para “pretos” y “pardos” y la Universidad del Estado de Río de Janeiro se convirtió

en la primera universidad pública de gran tamaño en aplicar este sistema. Puesto que la ley

preveía también la reserva del 50% de las plazas para estudiantes procedentes de escuelas

públicas, el sistema se aplicó mediante la inclusión de las cuotas raciales dentro de ese

porcentaje. En lo sucesivo, pues, la mitad de los alumnos que ingresaron en esa universidad lo

hicieron en virtud de uno u otro criterio de cuota (Folha Online, 8/02/03).

A partir de entonces, el debate se extendió a numerosas universidades públicas,

algunas de las cuales también adoptaron, no sin controversias, algún sistema de cuotas. Frente

a los clásicos argumentos de sus partidarios, en su mayoría vinculados con la cuestión de la

reparación de las injusticias históricas y la nivelación de las oportunidades reales de las

diferentes poblaciones, sus adversarios esgrimieron argumentos relacionados con el “racismo

encubierto” de unas políticas que atentarían contra la convivencia racial, “uno de los grandes

activos brasileños” (Luís Nassif, en Folha de São Paulo, 2/03/05) y con su supuesto carácter

discriminatorio y legitimante de las distinciones raciales, así como con la confusión

subyacente entre racismo y pobreza. La polémica recrudeció cuando la Universidad de

Brasilia se convirtió, a partir del segundo semestre de 2004, en la primera universidad federal

en adoptar el sistema de cuotas raciales para el ingreso por el Vestibular. Su sistema presentó

la peculiaridad adicional de agregar al usual requisito de la autoidentificación un sistema de

comprobación del “status racial” de los aspirantes mediante el análisis de sus fotografías por

una comisión encargada de separar a los negros (o indios) “verdaderos” de los “burladores

raciales” mediante una evaluación fenotípica guiada –según denunciaban sus críticos- por los

estereotipos más grotescos de las crónicas policiales (José Roberto Pinto de Góes, en O

Estado de São Paulo, 13/04/04; Peter Fry, en O Globo, 14/04/04).

Lejos de propiciar una ampliación del acceso à la argentina, la introducción del

sistema de cuotas raciales es, sin embargo, una iniciativa radical en el contexto brasileño, y

ello por al menos dos razones: en primer lugar, porque constituye el primer cuestionamiento

en términos de política pública de la enraizada mitología de la igualdad, la armonía, la libertad

y la proporcionalidad entre los grupos sociales y étnicos (Salvadori de Decca, 2002); en

segundo lugar, porque busca producir un desacople entre clase y raza, cuya superposición

intensifica y perpetúa las desigualdades. Ella no es, sin embargo, radical en lo que se refiere a

su relación con los principios que guían el acceso a la universidad, estructurando un sistema

restringido en el cual, en lo sucesivo, parte de las plazas existentes quedarán reservadas para

personas clasificadas según determinados criterios, en este caso raciales. No se trata, pues, de

abrir las puertas del sistema a todos los que deseen entrar, sino de asegurarse de que, entre los

pocos que lo hagan, se encuentre una cantidad predeterminada de personas catalogadas según

dichos criterios. Se trata, en suma, de una política de “diversificación de la élite” (Marcelo

Trindade Miterhof, Folha de São Paulo, 19/07/04).

Los estudiantes brasileños, por su parte, han articulado en los últimos años una

posición consistentemente reformista que se ha traducido en una propuesta presentada en

2004 por la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) al gobierno. Dicha propuesta –expresada

en un léxico engañosamente similar al del debate argentino- parte de la base de que la

educación es “un derecho de todos” y afirma guiarse por los principios de la autonomía

universitaria y la democratización, tanto interna como del acceso; no obstante, sus reclamos

concretos apuntan a la profundización de la primera mucho más que de la segunda. Respecto

de aquélla, el movimiento estudiantil reclama mecanismos de participación que reflejen “el

proceso de maduración por el cual pasó la sociedad en los últimos años”. Sostiene, en

particular, que es inaceptable mantener, dentro de las universidades, mecanismos de selección

de dirigentes que no serían aceptables para la sociedad en su conjunto. Rechaza, en

consecuencia, la ley –aprobada en 1995- que permite al presidente nombrar a los rectores de

las universidades federales a partir de una terna, posibilitando resultados por completo

diferentes de los que surgirían de una elección directa dentro de la universidad, y por lo tanto

violatorios de la voluntad de la comunidad académica. Reclama, asimismo, la eliminación del

artículo de la Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que reserva para los profesores

un mínimo de 70% de los puestos en los cuerpos deliberativos de las universidades. El

reclamo de democratización interna se sintetiza, pues, en dos exigencias: elecciones directas y

representación paritaria en los órganos de gobierno de las universidades, tanto públicas como

privadas.

En lo que se refiere a la democratización externa, la UNE reclama “una universidad

accesible a todos, con garantía de permanencia”. No obstante, no se plantea la posibilidad de

abogar por un ingreso irrestricto; exige, en cambio, la inmediata y drástica ampliación de las

vacantes disponibles en las universidades públicas (acompañada de una enorme expansión del

financiamiento), en particular mediante la creación de plazas nocturnas. Con el objeto de

garantizar el ingreso a la universidad de una cierta cantidad de individuos provenientes de los

sectores tradicionalmente excluidos, propone una reserva del 50% de las vacantes en las

universidades públicas (por curso y por turno) para alumnos procedentes de escuelas públicas,

con una cuota dentro de ese porcentaje para afrodescendientes y, en algunos casos, para

indígenas. Exige también mayores controles sobre la enseñanza privada. Para la retención de

los estudiantes que ingresen al sistema así reformado, finalmente, propugna una política de

asistencia que garantice vivienda, alimentación, becas de estudio, asistencia médica y acceso a

bibliotecas y actividades culturales, entre otros beneficios.

¿Cuán radicalmente reformista, cuán conservadora es la propuesta respecto del sistema

vigente? Sería sencillo –sencillamente equivocado- pensar que su aplicación no supondría

ningún cambio de fondo por el hecho de no cuestionar el sistema de admisión en sí mismo. Es

cierto que la propuesta no plantea la eliminación de los mecanismos actuales de selección y su

reemplazo por un sistema abierto –a nadie en su sano juicio se le ocurriría, en Brasil,

expresarse en el léxico del “ingreso irrestricto”- sino la ampliación de los sitios disponibles y

la reserva de una elevada cantidad de ellos para estudiantes procedentes de determinados

grupos que, dadas sus desiguales condiciones de partida, no podrían obtenerlos por su cuenta

por efecto de la libre competencia en el mercado académico. La propuesta es, sin embargo,

ambiciosa, y no sólo en virtud de las elevadas metas cuantitativas que se propone. Lo es

también porque su aplicación supondría un cambio de naturaleza cualitativa: la

transformación de un sistema meritocrático en el cual el mérito se encuentra indisolublemente

ligado a la clase y la raza, en un sistema meritocrático “genuino” que garantice que sean los

más aptos y esforzados dentro de cada grupo los que accedan al bien disputado. Es decir, en

un sistema meritocrático purificado de sus connotaciones clasistas y racistas.

Conclusiones

Mediante la exploración comparativa de sus políticas de acceso a la universidad hemos

observado la existencia de una sorprendente cantidad de contrastes entre Argentina y Brasil

que nos permiten hablar sin reparos de la existencia de dos modalidades claramente

diferenciadas de ser sociedad y de hacer sociedad. Lo que hace de Argentina, Argentina, y de

Brasil, Brasil es la forma peculiar en que cada uno de ellos se sitúa en el tiempo y en el

espacio, así como el modo específico en que cada uno dibuja sus divisiones internas, las

aprehende, reproduce, gestiona, procesa y cuestiona. El tiempo y el espacio, categorías

elementales de la existencia humana, distan de ser un dato uniforme y aproblemático de la

realidad; ellos son, en cambio, experimentados de modos bien diferentes en el marco de cada

matriz nacional de cultura política. Lo mismo ocurre con la percepción de los clivajes

sociales. En el límite, en efecto, la sociedad y sus divisiones pueden ser aprehendidas como

una construcción humana o como una obra de la naturaleza: ambas formas de situarse frente a

ellas son, no obstante, el efecto de la existencia de sendas matrices culturales.

Junto con la verificación, en uno y otro país, de rasgos polares en cada una de las

dimensiones examinadas hemos constatado, asimismo, la presencia -tanto en Argentina como

en Brasil- de algunas tendencias de cambio respecto de sus respectivas trayectorias históricas.

¿Nos encaminamos, acaso, hacia alguna forma de convergencia, una suerte de proceso

cruzado de “brasileñización” de Argentina y de “argentinización” de Brasil? Comoquiera que

se entienda la idea, no parece ser el caso. No lo es, indudablemente, si con ella se hace

referencia a la adopción de rasgos ajenos por efecto de la imitación. La respuesta podría ser,

en cambio, parcialmente positiva si –sobre la base del reconocimiento de que los puntos de

partida son diametralmente opuestos, pues nos hallamos ante sendas matrices nacionales

fuertemente diferenciadas- dicha “convergencia” fuera comprendida como resultado de la

conjunción de ciertas presiones exógenas a las cuales ambos países están expuestos –tales

como los requerimientos de armonización de sus sistemas de educación superior con los

existentes en el mundo desarrollado- y de procesos endógenos que, por efecto de las

limitaciones y disfuncionalidades de los modelos existentes, provocan cambios que podrían

acabar disminuyendo las brechas que existen entre ambos.

Sin embargo, tampoco parece ser ese el caso. Como hemos visto, las diferentes

modalidades adoptadas por Brasil y Argentina para regular el acceso a la educación superior

remiten a la existencia de relaciones muy diferentes del individuo-ciudadano con el Estado y

con el mercado. Mientras que en un caso la responsabilidad recae en mayor o menor medida

sobre el individuo y sus posibilidades de competir en el mercado, en el otro ella es depositada

en un Estado del cual se exige una cantidad de acciones orientadas a igualar las condiciones

iniciales de la competencia y a corregir sus resultados socialmente indeseables. En el terreno

de las políticas de acceso a la universidad, ambas posiciones aparecen cristalizadas en la

institución del Vestibular, por un lado, y en la reivindicación del ingreso irrestricto, por el

otro. Si bien actualmente el contraste parece ser progresivamente menos nítido que en el

pasado, permanecen en su sitio los principales rasgos que han caracterizado a cada uno de los

países bajo la forma de sendos campos de posibilidad. Así, por ejemplo, aunque ha perdido su

popularidad de antaño, en Argentina el ingreso irrestricto sigue siendo defendido con

considerable éxito por un amplio sector movilizado sobre la base del principio socialmente

compartido de que el sistema no puede abandonar al individuo a su suerte; la universidad

tiene, pues, la obligación moral de “hacerse cargo” de los déficits educativos que los

estudiantes traen consigo por razones ajenas a su responsabilidad. Hay en el debate argentino,

sin embargo, un espacio creciente para posiciones que en el pasado no podían ser expresadas

siquiera, y que se manifiestan típicamente bajo la forma del rechazo del “facilismo” y la

reivindicación de la “cultura del esfuerzo”.

Tanto en Argentina como en Brasil se plantean alternativas de reforma del sistema

existente. En el primer caso la reforma es impulsada por quienes creen que la aplanadora

democrática ha superado todos los límites de lo razonable; en el segundo, en cambio, es

propugnada por quienes consideran que el país todavía no ha alcanzado los niveles de acceso

y apertura propios de una nación democrática y moderna. Por un lado, los críticos del poder –

“desmesurado”- de los estudiantes; por el otro, el propio movimiento estudiantil. No obstante,

el “ya” y el “todavía” -retrocediendo el primero; avanzando el segundo- no han de tocarse en

un imaginario centro, pues no se trata de algo tan simple como mover las dos hojas de una

puerta (la que franquea la entrada a la universidad, en este caso), una de las cuales –abierta- se

entrecierra, mientras que la otra –cerrada- se entreabre. Lo improbable de la convergencia se

debe a que, tanto en uno como en el otro caso, las transformaciones propuestas siguen la

lógica del sistema existente. Ambas evoluciones tienen lugar en el seno de dos sistemas

específicos que operan según una lógica peculiar de inclusión-exclusión que guarda estrecha

afinidad con las respectivas matrices nacionales de cultura política. Así pues, ni las posiciones

reformistas restauradoras en Argentina apuntan a algo parecido al modelo brasileño, ni las

más radicales de las posiciones brasileñas se aproximan a las que han dado forma al contexto

argentino. En el futuro más lejano que nuestra mirada llega a abarcar, pues, Argentina seguirá

siendo Argentina y Brasil continuará siendo Brasil.

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Otras fuentes

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-http://www.vestibular1.com.br/novidades/nov42.htm

-Feria del Vestibular: http://www.fevest.com.br/

-Revista Tendencias do Vestibular: http://www.etapa.com.br/tendencias

Este trabajo, en versión ligeramente modificada, forma parte de un informe producido para el Proyecto ARG/04/028 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desarrollado en el IDAES (Instituto de Altos Estudios Sociales - Universidad Nacional de San Martín) bajo la dirección de Alejandro Grimson y la supervisión de José Nun. Conservamos el calificativo debido a que tal es la forma en que se expresan todos los actores involucrados, aunque es atendible la preferencia de Chiroleu por la expresión “ingreso directo” (desde el secundario), puesto que no se trata de que “cualquiera” pueda acceder a la educación superior, sino solamente aquellos que cuentan con un diploma habilitante (A. CHIROLEU “Admisión a la Universidad: Navegando en aguas turbulentas”, en Educaçâo e Sociedade (online), Vol. 19, Nº 62, abril, Campinas., 1998 Disponible en http://www.scielo.br). Entre los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, el examen de ingreso es rechazado por un margen estrecho. De hecho, en cinco de las trece facultades, encabezadas por Medicina, es aceptado por más del 50% de los estudiantes. La posibilidad de arancelamiento de los estudios, en cambio, sigue concitando una oposición claramente mayoritaria (cf. F. NAISHTAT y M. TOER, Democracia y representación en la Universidad. El caso de la Universidad de Buenos Aires desde la visión de sus protagonistas, Buenos Aires, Biblos, 2005). Entre fines de la década del ’80 e inicios de la del ’90 Argentina contaba con una matrícula de casi un millón de estudiantes en instituciones de educación superior, mientras que Brasil apenas superaba el millón y medio pese a que su población era entre cuatro y cinco veces más numerosa. Hacia fines de los ‘90, la cifra era de un millón y medio para Argentina y de algo más de dos millones para Brasil. Para el 2001 Brasil superaba largamente los tres millones. Nos referimos a títulos tales como L. RIBEIRO, Como passar no vestibular. Use a cabeça & vença o desafio, (Editora Moderna, 2000, o L. BIANCHETTI Angustia no vestibular. Indicaçoes para pais e profesores, Editora Universidade de Passo Fundo, 1996. Los cursos prevestibulares “de alto rendimiento” –aquellos que garantizan el ingreso a las universidades más prestigiosas- cobran mensualidades que alcanzan los trescientos o trescientos cincuenta dólares, cuando el sueldo mínimo no llega a los ochenta (M. MANEIRO y E. GRANCE, “Universidad Popular: Aportes de una experiencia para la construcción de un modelo educacional alternativo”, Cartagena, CLACSO,2004). “Tendencias do Vestibular”, por ejemplo, es una revista que se publica desde hace quince años, y que tiene ya 129 números en su haber (cf. www.etapa.com.br/tendencias). Por añadidura, los principales periódicos brasileños publican suplementos semanales sobre el Vestibular. Este proceso tuvo lugar en el marco del enfrentamiento encarnizado entre los partidarios de la universidad “laica” y los de la universidad “libre”; el sector privado que se expandió con el triunfo de la universidad “libre” se componía entonces, ante todo, de instituciones religiosas. Esta asociación continúa siendo explotada políticamente entrado el siglo XXI, como lo prueban las acusaciones de los militantes estudiantiles platenses al Decano de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata en ocasión de la sesión del Consejo Académico de la Facultad en que fue ratificado el examen de ingreso eliminatorio. En esa oportunidad, los estudiantes presentes compararon al Decano, con Videla y a los métodos de su gestión, con los de la dictadura militar (El Día, 27/03/04). No obstante, el CBC es resistido por las agrupaciones estudiantiles más radicalizadas como una forma de restringir al ingreso, menos violenta que un simple examen eliminatorio pero igualmente selectiva. El CBC ha llegado incluso a ser denunciado como “una de las formas más exigentes de ingreso”, que habría hecho de la UBA “una de las universidades más selectivas de la Argentina” ya que –aduce Boulet (2002)- entre 1989 y 1997 sólo permitió ingresar a la facultad escogida al 42% de sus inscriptos. Expansión cuantitativa que alcanzó, sin embargo, una cobertura muy inferior a la que se registró en Argentina: la educación superior brasileña cubría en 1989 al 11,2% de la población de entre 20 y 24 años, en tanto que abarcaba al 40,8% en la Argentina de 1987 (A. CHIROLEU, “Políticas de admisión a la Universidad. Una aproximación a las experiencias de Brasil y Argentina”, en Estudios Sociales Año 2, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 1992). Para el año 2000, la tasa bruta de educación universitaria –“asombrosa” según Sigal- era en Argentina de 51,48%, mientras que era estimada en 18% para Brasil (V. SIGAL, “La cuestión de la admisión a los estudios univesitarios en la Argentina” (en colaboración con M. Dávila), En O. Barsky, V. Sigal y

M. Dávila (coords), Los desafíos de la universidad argentina, Buenos Aires, Siglo XXI – UB, 2004). Además de incluir una red privada y una pública, divididas a su vez en establecimientos federales, estaduales y municipales, el sistema presenta tres clases de establecimientos: universidades, federaciones de escuelas y establecimientos aislados (orientados, estos últimos, hacia un área determinada), que otorgan los mismos grados. Por otra parte, la identificación público-calidad / privado-cantidad admite un importante matiz. En efecto, si bien en un principio el Estado preservó la calidad delegando en un sector privado altamente desregulado la gestión de la cantidad, a lo largo del tiempo la heterogeneidad de todo el sistema tendió a aumentar. Como resultado, si bien en términos generales las mejores universidades siguen siendo las públicas (federales o estaduales), muchas universidades públicas tienen bajos estándares de calidad, mientras que entre las privadas la calidad es dispar, y han surgido algunas que, por su costo y su calidad, también son consideradas de élite. Dentro de cada universidad, asimismo, hay cursos de elevada calidad y muchos otros de calidad dudosa, y las principales diferencias entre estudiantes de diversa extracción social aparecen asociadas a la elección de las carreras (S. SCHWARTZMAN, “Universities and the Transformation of Society in Brazil”, Higher Education Research and Information (CHERI), UK Open University y Association of Commonwealth Universities (ACU), 2003). De hecho, la intervención del Estado brasileño ha estado sistemáticamente sesgada hacia la educación universitaria, en la que gasta el 30% del presupuesto educativo. Como contrapartida, el promedio de estudios en el 10% más pobre de la población brasileña es de dos años, contra siete en Argentina (BID 1998, citado en J. DONOSO, “Universidades Brasileras: conquistas, dificultades y desafíos”, en Ciencia al Día Internacional, Vol. 2 Nº 1, Revista Electrónica, 1999, ( HYPERLINK "http://www.ciencia.cl/CienciaAlDia/volumen2/numero1/articulos/articulo3.html" http://www.ciencia.cl/CienciaAlDia/volumen2/numero1/articulos/articulo3.html). Las cinco mayores universidades nacionales -las de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, la Tecnológica y la de Rosario, en ese orden- expandieron invariablemente sus matrículas entre principios de los ’80 y mediados de los ’90. En contraste con la universidad más populosa de Brasil –la estadual de San Pablo, que cuenta con alrededor de 40 mil estudiantes-, la población de la UBA aumentó de 103 mil estudiantes de grado en 1982 a 226 mil en 1998 (E. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, “la legislación sobre educación superior en Argentina. Entre rupturas, continuidades y transformaciones”, en O. Barsky, V. Sigal y M. Dávila, op. cit.). Como veremos, el mito fundador de la “Argentina de clase media” tiene su contraparte brasileña en el mito de la armonía racial, la unidad, la conciliación y la proporcionalidad (E. SALVADORI DE DECCA, “Cidadâo, mostre-me a identidade!”, en Cadernos Cedes Vol. 22, Nº 58, Campinas, 2002). En el caso de la UBA, el Consejo Superior está integrado por el rector, los decanos, y cinco representantes de cada uno de los tres claustros (profesores, graduados y estudiantes). Desde 1997 se integró además un representante de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, con voz pero sin voto. Los Consejos Directivos de las facultades están integrados por ocho representantes de los profesores; cuatro de los graduados -uno de los cuales, por lo menos, debe pertenecer al personal docente- y cuatro de los estudiantes. A partir de 1985 el Estatuto establece que, en caso de que los auxiliares docentes (que no integran el claustro docente, que agrupa a profesores titulares y asociados regulares) superen el 33% del padrón de graduados, deben tener al menos dos de los representantes de ese claustro. Puesto que la Asamblea Universitaria –que elige al rector y tiene el poder de suspenderlo, decide sobre la creación, supresión o división de facultades y puede modificar el Estatuto- está formada por los miembros del Consejo Superior y de los Consejos Directivos de las facultades, también allí se expresa el peso del claustro estudiantil. Estos límites se originan, sin embargo, en el carácter mismo de la utopía democrática, “es decir, de la ambición de construir un orden político que trastoque el orden social al afirmar la igualdad civil, jurídica y política de todos los individuos, pese a que son diversos por sus orígenes y sus creencias, y pese a que son desiguales por sus condiciones sociales y sus capacidades” (D. SCHNAPPER, La democracia providencial. Ensayo sobre la igualdad contemporánea, Rosario, Homo Sapiens, 2004, pág. 90). En efecto –argumenta Dominique Schnapper- los principios y valores de referencia de las sociedades fundadas en la idea de ciudadanía son a menudo violados en los hechos, y no necesariamente por fallas de implementación o por mala voluntad sino ante todo por su dimensión utópica y su pretensión de universalidad, que suscita inevitables incumplimientos y, por consiguiente, justificadas críticas. Resulta iluminador en ese sentido el conflicto desatado pocos años atrás en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en torno de la elección directa del director de la carrera de Sociología, impuesta por una agrupación política que había sido derrotada en las elecciones regulares. El conflicto incluyó una prolongada toma del Rectorado de la Universidad y el “escrache” de sus autoridades, así como un período en el cual convivieron dos direcciones paralelas en la carrera de Sociología. Véanse sobre este tema el artículo de opinión firmado por Juan

Carlos Portantiero y Susana Torrado en el diario Clarín del 31/10/02 (“Sociales: no al autoritarismo”), así como el texto de Christian Castillo –el “director paralelo”- aparecido en Página/12 el 2/07/02 (“La democratización universitaria”) y los escritos difundidos por las agrupaciones políticas de izquierda, tales como el que firma Matías Maiello en la Revista Lucha de Clases N°2, Abril de 2004 (“Encrucijadas de la universidad actual”, disponible en ww.pts.org.ar/luchaClases2encrucijadasUniversidad.htm). De hecho, la “permanencia irrestricta” es, junto con la gratuidad y el ingreso irrestricto, una de las variables que, en lo que se refiere a la dimensión “ingreso y permanencia”, distingue al modelo de universidad pública-reformista del de universidad privada-mercantil en la tipología elaborada por A. TOSCANO, “Análisis exploratorio delos efectos del FOMEC y la CONEAU en las universidades argentinas: ¿erosión de la frontera entre lo privado y lo público?”, en P. Gentili y B. Levy (comp.), Espacio público y privatización del conocimiento: estudios sobre políticas universitarias, Buenos Aires, CLACSO, 2005.

Aún hoy y en ausencia de examen de ingreso, la universidad pública presenta un marcado sesgo en favor de la clase media -de una clase media que sigue siendo, en el contexto latinoamericano, notablemente extensa. Tal como informaba el diario Clarín en su edición del 10 de abril de 2005, “seis de cada diez recibidos en la UBA son hijos de egresados, es decir, hijos de profesionales”. La universidad argentina, no obstante, padece una serie de males que revelan un acceso relativamente amplio, tales como la elevada tasa de deserción y la bajísima tasa de egreso. Así, la tasa anual de graduación -que es en Brasil del 12%- era en Argentina del 8% en 1982 y de un magro 4% en 2000 (V. SIGAL, op. cit). En 2000 ingresó el 28%, en 2001 el 31%, en 2002 el 34%, en 2003 el 38%, y el 39% en 2004 (Clarín, 7/04/05). También fueron noticia en sucesivas oportunidades los exámenes de evaluación de los contenidos de la escuela secundaria que se tomaban antes del curso preparatorio y que permitían a quienes los aprobaban ingresar a la carrera sin pasar por dicho curso. Así, por ejemplo, el 11 de febrero de 1998 el diario Clarín informaba: “Las pruebas que rindieron los ingresantes a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) tuvieron un resultado que puede ocupar una página en el libro Guinness de los records: ninguno de los 1727 alumnos aprobó la evaluación”. El sistema de ingreso mediante curso y examen eliminatorio había sido ratificado –con la oposición de los representantes estudiantiles- por el Consejo Académico de la facultad en marzo de 2004. La resolución había sido adoptada “en medio de una fuerte presión de una nutrida barra de aspirantes y militantes del Centro de Estudiantes de Medicina y de otras facultades”, que reclamaba precisamente las medidas que acabaría adoptando el Consejo Superior un año más tarde. En el curso de la sesión se puso en evidencia la existencia de una verdadera “lucha de claustros”: por un lado, profesores y graduados firmes en su apoyo al curso y el examen; por el otro, militantes del claustro estudiantil que matizaban las intervenciones de aquéllos con insultos y abucheos. La resolución confirmatoria del statu quo fue tomada en esa oportunidad por el voto de dos graduados y cinco profesores, contra los votos de cuatro representantes estudiantiles (El Día, 27/03/04). El problema de la infraestructura era colocado en primer plano por la crónica periodística, que destacaba el hecho de que para poder rendir el examen de comienzos de abril de 2005 “varios debieron extremar la búsqueda de bancos para sentarse porque el mobiliario de la facultad no alcanzó para los 1.250 estudiantes. Algunos, incluso, se llevaron su propia silla” (Clarín, 9/04/05). El argumento de la calidad como reñida con la cantidad había sido ya expuesto en tono de polémica por el decano de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, quien en defensa del examen de ingreso había declarado, a fines del 2000: “Yo no me atendería con alguno de estos futuros médicos” (Clarín, 5/04/01).

Lo que no se hizo presente en el “debate de caballeros” ventilado en los medios se manifestó, en cambio, en algunas encuestas de opinión como la que se realizó en la ciudad de Río de Janeiro en ocasión del debate suscitado por la adopción del sistema de cuotas en la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Allí donde los respondentes pueden opinar anónimamente y no se ven compelidos a argumentar en defensa de sus posiciones, los resultados trazan una nítida división según líneas raciales que muchos de los periodistas y académicos que debaten sobre el asunto se empeñan en ignorar: mientras que el 78% de los entrevistados que se declaran “brancos” se manifiestan en contra de las cuotas raciales, el 81% de los que se consideran “pretos” y el 80% de los que se reconocen como “pardos” se expresan a favor (Cf. Cristina Costa e Silva, “O que negros e brancos pensam sobre as cotas raciais?”, en www.direitoshumanos.rj.gov.br/estrutura_e_programas/odh/crist_negros_cotas.doc). Esta definición, que en boca de un estudiante argentino sonaría a crítica antielitista, es esgrimida por el autor en defensa del sistema de cuotas -al cual considera, sin embargo, mal equipado para encarar la cuestión de la reducción de las desigualdades sociales.

Un nuevo modelo de decisión electoral.

El comportamiento electoral en las elecciones de 2006 en México

Octavio Moya Delgado

Octaviano Moya Delgado es Investigador del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República Mexicana (IILSEN)

RESUMEN

El presente artículo explica el comportamiento electoral a partir de un nuevo modelo de decisión. La hipótesis que se plantea es que en elecciones concurrentes se crean distintos comportamientos como producto del desarrollo e intensidad de las campañas en las diferentes elecciones, sin generar ningún voto de arrastre. Dicho comportamiento electoral se basa en la decisión de electores racionales y estratégicos que eligen a candidatos y partidos realizando cálculos de utilidad o beneficios personales en el marco de la contienda. Como ejemplo se analiza la elección de 2006 en México. palabras claves: modelo de decisión, elección concurrente, voto de arrastre, cálculo de utilidad, electores racionales y estratégicos.

SUMMARY: The present article explains the electoral behavior as of starting from a new model of decision. The hypothesis which is to propose in elections converged is to create different behaviors as product of development and intensity of the campaign in all elections to generate none dragged vote. Aforementioned electoral behavior is based in the decision of rational and strategic electorates to choose candidates and parties realizing calculates of utilities or personal benefits in the frame of the contest. As an example to analyze there are the elections of 2006 in México. keywords: model of decision, elections converged, dragged vote, calculates of utilities, rationale and strategic electorates.

1. INTRODUCCIÓN**

La elección de 2006 en México ha sido la más competida y controvertida en la historia

del país.1 El resultado de la elección presidencial estuvo tan cerrado que el ganador sólo obtuvo

menos de medio punto de diferencia sobre su contrincante más cercano, aún cuando el candidato

perdedor se mantuvo durante un año previo como el mejor posicionado en las preferencias

electorales y con mayores posibilidades de ganar durante la campaña. Como producto de dicho

resultado, el Instituto Federal Electoral (IFE) encargado de organizar la elección y dar a conocer

la tendencia que mostraba al posible ganador tardó en comunicarlo creando con ello un escenario

de incertidumbre. El ambiente se complicó aún más cuando la coalición Por el bien de todos

(CPBT) decidió impugnar la elección, por lo que a su juicio era un evidente fraude electoral. Los

magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenaron una

apertura parcial de los paquetes electorales respondiendo limitadamente a la petición del recuento

total de los votos casilla por casilla. La apertura parcial de los paquetes sirvió al TEPJF para

declarar la validez de la elección y el triunfo de Felipe Calderón, iniciando con ello un conflicto

postelectoral. A raíz del resultado electoral el conflicto se trasladó a una fuerte confrontación

política entre las principales fuerzas de la elección. Como resultado de este proceso se inició un

periodo de crisis política en la que el candidato de la CPBT se declaró “Presidente Legitimo de

México”, mientras que el candidato ganador para tomar posesión de su cargo ante el Congreso de

la Unión hizo uso y abuso de toda la fuerza publica del Estado mexicano en un acto sin

precedente en la historia del país, lo que contribuyó a la agudización del conflicto que hasta la

fecha continúa. En la elección legislativa las tres principales partidos (PAN, PRI, PRD)

mantuvieron un resultado electoral equilibrado entre sí en ambas cámaras, pero algo distinta de la

elección presidencial.

* * El presente trabajo fue presentado en el I Congreso Uruguayo de Ciencia política, en Montevideo, Uruguay, en Octubre de 2006 y constituye la tesis de doctorado aprobada en marzo de 2007 en el programa de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 1 En julio de 2006 se eligió en México al presidente de la República y se renovó el Congreso Federal con 500 diputados y 128 senadores de los cuales 300 y 64, respectivamente, se eligieron en distritos electorales uninominales.

El presente trabajo tiene como objetivo explicar el comportamiento electoral en la

elección de 2006. En contra de lo que comúnmente se piensa sobre elecciones concurrentes,2 la

hipótesis que aquí se plantea es que en dichas elecciones se crean distintos comportamientos que

pueden ser explicados a través de un nuevo modelo de decisión electoral compuesto por electores

racionales y estratégicos. Para comprobarlo se toman como datos los resultados de las encuestas

realizadas por Consulta Mitosfky y periódico El Universal, los monitoreos sobre la publicidad

difundida en medios y los informes de gastos de los candidatos, rendido ante el IFE durante la

campaña electoral. Todo ello se organiza durante el presente trabajo en tres partes. La primera de

ellas revisa de manera general los grandes enfoques de comportamiento electoral. La segunda,

analiza los estudios sobre comportamiento electoral en México, y la tercera parte, muestra lo que

sería el nuevo modelo de decisión electoral, dando comprobación empírica a fenómeno

mencionado.

2. ENFOQUES SOBRE EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL

En los sistemas políticos democráticos el voto es una de las actividades más importantes

entre los individuos. En él radica el establecimiento de gobiernos y la conformación de

coaliciones parlamentarias. Por tal motivo, comprender las actitudes y motivaciones que llevan al

electorado a tomar una determinada decisión, es para muchos actores políticos de vital

importancia. Entre las primeras investigaciones sobre el comportamiento electoral se encuentran

los estudios de Lazarsfeld y Berelson -Grupo de Columbia- en los Estados Unidos durante los

años cuarenta, trazados bajo un estudio riguroso de variables demográficas del elector.3

Posteriormente durante los años cincuentas y sesentas Campbell, Converse, Miller y Stokes

desarrollaron nuevas investigaciones bajo una perspectiva psicológica. Tomando como datos los

resultados de las elecciones presidenciales en 1948, 1952 y 1956 encontraron que una de las

2 Esto es, que las condiciones favorables o desfavorables para un candidato muy bien posicionado en la elección principal genera -inercia- mejores posibilidades de triunfo para los candidatos de su mismo partido en el resto de las elecciones, provocando con ello un efecto de arrastre 3 Concluyeron que éstas influían en la decisión del elector de votar por algunos de los partidos políticos o candidatos. Además, encontraron que la predisposición política era una de las variables fuertes entre el electorado, por lo cual la intención de cambiar hacia otra opción era muy limitada.

variables que mejor explicaba el comportamiento electoral era la identificación partidaria. Es

decir, que la adhesión o lealtad del individuo hacia cierto partido político definía su preferencia

electoral.4 Durante la década de los cincuenta bajo el enfoque de elección racional Anthony

Downs tradujo los conceptos básicos del mercado a la ciencia política. Este enfoque supuso una

comparación entre la competencia política y el mercado donde el objeto de la competencia

política son bienes colectivos, a diferencia de los bienes privados de la competencia mercantil.

Las plataformas políticas se convierten en bienes de consumo. Como demandantes o

consumidores aparecen los electores que buscan beneficios de bienes públicos, no privados. El

medio para imponer la demanda son votos no dinero. Como oferentes o empresarios están los

políticos -candidatos, partidos políticos, grupos de interés, estructuras corporativas, camarillas,

burocracias. Finalmente, el motivo de la ganancia, -entendida como conquista del poder- no son

productos ofrecidos sino programas.5

Pese al enorme andamiaje teórico de estos enfoques o escuelas, surge una duda o

interrogante: ¿pueden estos enfoques explicar los fenómenos políticos que surgen como

consecuencia del cambio político? Con ello la explicación meramente sociológica de los teóricos

de Columbia, de que los electores se comportan políticamente de acuerdo al grupo social al que

pertenecen ha quedado rebasada. Hoy día existe gran semejanza en como votan aquéllos que

poseen un elevado nivel de ingreso y educación con los de menor ingresos y estudios. De esta

manera, edad, género, escolaridad, ingreso, religión han dejado de ser variables predictivas sobre

4 Denominados el Grupo de Michigan, llegaron a la conclusión que la influencia de la identificación partidaria actuaba: 1) como un lente que filtraba la visión del mundo de los electores, y 2) podía ser que el vínculo se debiera a una apropiación consciente o inconsciente del simpatizante respecto de los principios doctrinarios del partido político. La prueba de que el anclaje psicológico de los votantes estaba en los partidos políticos fue el bajo nivel de cambio en las preferencias electorales de una elección a otra y la escasa presencia de independientes. Con ello, el comportamiento electoral era resultado las actitudes del elector, sus rasgos personales, sistemas de valores y lazos afectivos que se aprendían a través de la socialización. A. CAMBELL, P. CONVERSE, W.E. MILER y D.E. STOKES, The American Voter, Nueva York, 1960. 5 Se da un peso importante a los cambios políticos de corto plazo propiciados por la economía o crisis políticas, y por elementos específicos de la elección (candidatos y propuestas). Deciden -conforme a un cálculo de utilidad esperada -en dos momentos: a) votar o abstenerse en función de los beneficios y costos esperados del voto (medidos en tiempo) y b) votar por el candidato que se encuentra más cercano a sus posiciones políticas y del que se espera el mejor desempeño. Para ello, desarrollan diversos procesos cognitivos que les permiten ahorrar, seleccionar y procesar información y con base en éstos decidir sobre su voto. A. DOWNS, A Theory economic of democracy, New York, 1957.

la orientación hacia algún partido o candidato. Por otra parte, es evidente que el enfoque

psicológico ha perdido fuerza explicativa. Ante el descrédito de la función que realizan los

partidos políticos y la corrupción que prevalece en los políticos y la actividad misma, la

sensación de rechazo hacia estas instituciones políticas ha ido en aumento. Estas causas, entre

algunas otras, han originado un claro deterioro de la confianza de los ciudadanos y en

consecuencia de la simpatía hacia ellos.6 En la actualidad son más los que no simpatizan con

ningún partido que aquellos que sienten algún lazo afectivo.7 Ante estas nuevas circunstancias,

variables incluso de carácter cultural donde se encuentran grupos étnicos, o de raza, que

contemplan una parte considerable del electorado requieren de mayor atención al responder en la

coyuntura política a beneficios específicos, ya sean particulares o de grupo. En general, se

observa que el elector toma su decisión bajo la motivación de aspectos de carácter coyuntural y

no sobre factores o influencias que han permanecido a lo largo del tiempo. Estos son, entre otros,

algunos de los elementos que permiten considerar que la teoría de elección racional tiene

actualmente una mayor fuerza explicativa sobre los procesos de decisión electoral.8 Además de

que su carácter general y metodológico ofrece diversas ventajas que permiten estudiar

ampliamente el proceso de cambio político tomando como actor principal al elector.9

6 Estudios de Latinobarómetro muestran que el gobierno, poder judicial, Congreso Nacional y los partidos políticos son las instituciones que gozan de menos confianza de los ciudadanos. Ver “La costumbre democrática: una encuesta de Latinobarometro”, Nexos: El desencanto por la democracia, núm. 306, junio de 2003, pp. 63-78. 7 Sobre este punto algunas investigaciones han demostrado que más de dos tercios de los ciudadanos declaran identificarse con algún partido político, y de ellos la mayoría se identifica con el PRI. Por otro lado, se ha demostrado también que la identificación partidaria varia considerablemente de acuerdo con el contexto, y no tiene efectos sobre la conducta electoral. Ver G.E, EMMERICH, “Electorado y representación política en México: las elecciones presidenciales de 2000”, en G.E. EMMERICH, (Coord.) Ellos y nosotros: democracia y representación en el mundo actual, México, DEMOS, 2006, pp. 141-142; A., MORENO, El Votante mexicano, México, FCE, 2003, pp. 20-23. 8 Ver: W., RIKER, The Theory of Political Coalitions, Chicago, Yale University Press, 1962; J. BUCHANAN y G. TULLOCK, The Calculus of Consent, Michigan, University of Michigan Press, 1962; M. FIORINA, Retrospective voting in American Elections, Yale University Press, 1981; T., MOE, American Journal of Political Science, “On the Scientific Status of the Rational Choice Theory”, No. 23 (1), 1979; D. NORTH, Structure and change in Economic History, Nueva York, Norton, 1979; S. POPKIN, The rational Peasant, Berkeley, University of California Press, 1979; M. FRIEDMAN, Essays in positive Economics, Chicago, University of Chicago Press, 1953; A. DOWNS, The evolution of modern democracy, Washington, Brooking Institution, 1988. 9 Existe la afirmación de que el análisis basado solamente en la elección racional puede causar distorsiones empíricas y normativas si no se combina con las ciencias histórica, sociológica, antropológica y psicológica, que tratan los valores y acciones de los individuos a través del tiempo, de una cultura a otra, así como de un país y de un estrato

3. EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL BAJO EL ANÁLISIS DE ELECCIÓN RACIONAL EN MÉXICO

A principios de los noventa aparecieron estudios realizados bajo el enfoque racional,

partiendo de que el sistema de partidos estaba en un momento de desalineamiento.10 Bajo este

enfoque investigaciones de María Eugenia Valdés en Chiapas y René Valdiviezo en Puebla,

plantearon la necesidad de buscar en la historia y la cultura factores de explicación a nuevos

fenómenos políticos.11 Por otro lado, diversos investigadores centraron su atención en el votante

y sus cambios en el comportamiento electoral. De esta manera, Jorge Buendía manifestó que al

igual que en otros países, la economía ocupaba un lugar central en la toma de decisiones del

ciudadano mexicano y éste se comportaba de acuerdo con los cánones de la teoría del voto. Es

decir, si la economía crece, el apoyo al partido en el poder aumenta; si declina, el elector voltea

su mirada hacia la oposición. Analizó las circunstancias, motivos y efectos bajo los cuales

emitieron su voto en la elecciones federales de 1991, 1994 y 1997, llegando a la conclusión de

que los electores mexicanos son básicamente retrospectivos y el tipo de información a la que dan

mayor importancia tiene que ver con la economía nacional.12

Ulises Beltrán analizó los factores de ponderación del voto retrospectivo para la elección

de 1997 y 2000. Para la primera elección concluyó que los electores se basan en la evaluación del

desempeño del gobierno. Por otra parte, encontró factores de ponderación entre los diversos

estratos sociales, con lo cual sostuvo que existen efectos de contexto que explican la racionalidad

asociada a su estratificación. En cuanto a la elección de 2000, donde estudió los cambios en la

influencia de las evaluaciones retrospectivas, la incertidumbre del desempeño de los partidos y el

social a otro. A.G., ALMOND, Una disciplina segmentada: Escuelas y corrientes en la ciencia política, México, FCE, 2001, p. 191. 10 J. KLESNER, “Realignment or Dealingment?”: Consequences of economic crisis and restructuring for the Mexican party system”, en M.L. COOK, K. MIDDLEBROOK y J. MOLINAR (comp) The politics of economics restructuring, San Diego, Center for US-Mexican studies, UCSD, 1995.

11 M.E. VALDÉS, “Regiones y Votos en Chiapas” y R. VALDIVIEZO, “Geografía Electoral en Puebla” en S. GÓMEZ TAGLE y M. E. VALDÉS (coord.), La Geografía del Poder y Las elecciones en México, México, IFE- Plaza y Valdés, 2000, pp. 259 y 253. 12 J. BUENDIA, "El elector mexicano en los noventa: ¿un nuevo tipo de votante?", Política y Gobierno, México 2000, segundo semestre de 2000, Vol. VII, núm. 2, pp. 317-375.

riesgo asociado a ella, concluyó que la evaluación retrospectiva de la acción del gobierno en el

poder no representó ningún papel, positivo o negativo, para el candidato del PRI. El mayor

obstáculo que la oposición tuvo que vencer para derrotar a Francisco Labastida fue la

incertidumbre sobre su posible desempeño. Limitante que quedó superada y capitalizada por

Vicente Fox Quezada, gracias a que los electores superaron la incertidumbre sobre su posible

gobierno y dieron con ello su triunfo.13 Alejandro Moreno ha identificado los cambios en

procesos de coyuntura política, analizando las tendencias político-ideológicas. Expresa que el

voto es una actitud razonada y gran parte de la información para tomar esa decisión la

proporciona la ideología. Ha concluido que las preferencias políticas están fuertemente

vinculadas con sus orientaciones ideológicas. Sin embargo, en lo que respecta a la relación entre

ideología y voto de los electores mexicanos, afirma que no es una relación entre actitudes rígidas

y preferencias inmutables, ya que en ocasiones éstos toman la decisión de votar por un partido

que no es el que desean con tal de que no gane el que no desean.14 Sobre esta última idea ha

coincidido Poiré ya que en algunas de sus investigaciones ha encontrado que los panistas duros

muestran mayor predisposición de votar estratégicamente que el resto de la población. Por el

contrario, los priístas duros son más propensos al voto sincero que el resto de la población. De

manera significativa el voto estratégico no sólo se da entre los dos grandes partidos opositores,

sino también a favor del PRI. Además sostiene que no existe ningún determinante estructural del

comportamiento sofisticado, ni siquiera el nivel de educación o ingreso y al contrario de lo que

Fiorina esperaría, la identificación partidaria no es un buen predictor del voto sincero para el

elector mexicano.15

4. UN NUEVO MODELO DE DECISIÓN ELECTORAL

13 U. BELTRÁN, “Factores de ponderación del voto retrospectivo”, Política y gobierno, México, 2000, segundo semestre de 2000Vol. VII, num. 2, pp. 425-441; U. BELTRAN, “Venciendo la incertidumbre: el voto retrospectivo en la elección presidencial de julio de 2000, Política y gobierno, México, segundo semestre de 2003, Vol. X, num. 2, pp. 325-358. 14 A. MORENO, "Ideología y voto: dimensiones de competencia política en México de los noventas", Política y Gobierno, México, primer semestre de 1999, Vol. IV, Núm. 1, pp. 325-258.

15 A. POIRÉ, “Un modelo sofisticado de decisión electoral racional”, Política y Gobierno, México, segundo semestre de 2000, Vol. VII, num. 2, 353-382.

Los estudios realizados en México muestran que existe una dinámica distinta en

elecciones federales, en donde se elige al Presidente de la Republica y las elecciones intermedias

donde solamente se eligen a diputados. Pero hasta el momento no se han explicado aquellos

casos donde los electores se enfrentan a elecciones concurrentes. No hay que olvidar que cada

seis años los electores tienen que elegir de entre muchos candidatos para diversos puestos. Dado

que existen 8 partidos políticos y en el peor de los casos cada uno de ellos postula a un candidato

para cada cargo, el resultado para cualquier elector seria elegir de entre 24 candidatos quien

ocuparía 3 cargos de elección. ¿Puede alguien estar informado sobre los puestos de elección y

sobre cada candidato que postulan los partidos?, ¿el proceso de decisión del voto es igual en

cualquiera de éstas elecciones?¿Cuál modelo podrían explicar los nuevos fenómenos políticos

en el caso mexicano? Para dar respuesta se plantea un nuevo modelo de decisión electoral

compuesto de cinco dimensiones en la que interactúan elementos del enfoque sociológico y de

elección racional. La relación y cruce de dichas dimensiones explica de manera amplia el

comportamiento electoral, pero además permite conocer la posible decisión que pudiera adoptar

un elector de acuerdo a circunstancias específicas, esto es:

a) Actores en la contienda electoral: Partidos, candidatos y electores.

b) Condiciones de competencia durante la campaña electoral.

c) Influencia de los medios de comunicación y las campañas electorales.

d) Imagen de candidatos y partidos

e) Beneficios o utilidad del voto

5. LA ELECCIÓN FEDERAL DE 2006 EN MÉXICO a) Actores en la contienda electoral: Partidos y electores

Participarían en la elección: el Partido Acción Nacional (PAN); Partido

Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) coaligados en

Alianza por México (CAPM); Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo

(PT) Partido Convergencia (PC); coaligados en Por el bien de Todos (CPBT) y Partido

Alternativa Social Demócrata y Campesina (PSDyC) y Partido Alianza Social (PANAL) como

partidos de nueva creación. Entre los electores tomando sus características sociodemográficas se

estableció la siguiente clasificación:16

a) Racionales: Expresan votar por el candidato o partido que les garantiza mayores beneficios. Tienen mayor nivel de escolaridad e ingresos, residen en estratos medios y altos y son jóvenes y adultos. Este grupo comprende a: i) Simpatizantes: que manifiestan una sólida identificación con el partido y candidato por el cual piensan votar; ii) Racionales virtuales: Expresan votar por determinado candidato, indicando a éste como el que puede otorgar posibles beneficios;

b) Estratégicos: electores que al observar que su preferencia sincera no tiene posibilidades de triunfo deciden votar por otro candidato con mayores posibilidades y que les garantiza los beneficios que esperaban. Cuentan con bajo nivel de escolaridad e ingresos y residen en estratos bajos.

a) Indiferentes: grupo de electores a quienes las campañas electorales no despiertan interés alguno, la información que se vertió en ellos les fue irrelevante y no votaron.

b) Condiciones de competencia durante la contienda electoral

Es difícil creer que un alguien que se enfrenta a una elección concurrente mantendrá el

mismo interés y atención sobre todas las elecciones y para cada una de las opciones que se

presentan. A menudo son tantas que el elector no alcanza a distinguir entre los candidatos que

compiten ni los partidos que los postulan. Además, resulta difícil creer que la decisión de votar

por determinado partido o candidato se da de manera aislada y al margen de cualquier influencia

del contexto en que se desarrolla la elección. La contienda electoral se encuentra marcada por un

conjunto de acciones de diversos actores entre los que se consideran de acuerdo con Beaudoux,

D´Adamo y Slavinsky, a los políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos. Tres tipos

de actores protagónicos que tienen diferentes intereses y aproximaciones en la elección.17 Por su

parte, Reinhard Zintl manifiesta que entre los actores protagónicos que conviven en las

democracias representativas, existen dos papeles diferentes. El de los políticos y los medios de

comunicación, que participan de manera directa en las diferentes decisiones, y el de los electores,

16 El análisis sobre las características sociodemográficas de los electores se explica a partir de la utilidad que les genera el triunfo del mismo partido o candidatos, ya que pueden tener enormes diferencias pero votar de la misma manera. Es decir, expresan semejanza en su voto, pero no en el interés que los motiva. 17 V. BEAUDOUX, O. D´ADAMO, G. SLAVINSKY, Comunicación política y campañas electorales: Estrategias en elecciones presidenciales, Barcelona, Gedisa, 2005, pp. 19-20.

cuya participación se remite únicamente a la selección de los participantes a través del voto.18 Lo

cierto es que tanto con unos y otros se crean diferentes tipos de información y con ello dos

ámbitos de competencia: la competencia desde arriba y desde abajo. En la primera, candidatos,

equipos de campaña, partidos políticos y medios de comunicación definen y montan estrategias

encaminadas a maximizar los votos, y alcanzar el triunfo electoral. En la segunda, se encuentran

los electores cuyos instrumentos de comparación son el interés e información respecto a las

distintas elecciones y los candidatos que compiten por los distintos cargos. Dichos electores se

encuentran a su vez en distintas condiciones respecto a su intención de voto con los candidatos

que compiten siendo éstas de certidumbre, incertidumbre y riesgo.19 En tal virtud, las

condiciones de competencia pueden entenderse a través de los candidatos que compiten, el

posicionamiento político e intención de voto durante la campaña y el resultado electoral.

1. Candidatos en la contienda electoral

Los candidatos que compitieron en la elección presidencial serian: por el PAN, Felipe de

Jesús Calderón Hinojosa (Calderón); por la CAPM Roberto Madrazo Pintado (Madrazo); por la

CPBT Andrés Manuel López Obrador (AMLO); Patricia Mercado (Mercado) por PASDyC; y

Roberto Campa Cifrían por el Partido Nueva Alianza. En la elección legislativa para el Senado,

el PAN postuló como candidatos a los exgobernadores Felipe González González por

Aguascalientes; Ernesto Ruffo Appel en Baja California; Alberto Cárdenas Jiménez por Jalisco;

Fernando Elizondo Barragán como uno de los exfuncionarios del gabinete federal; Heriberto

Félix Guerra, excandidato a la gubernatura de Sinaloa; el empresario de los medios de

comunicación Rafael Moreno Valle Rosas en Puebla y el diputado federal con licencia Federico

18 R. ZINTL, Comportamiento político y elección racional, Barcelona, Gedisa, 1998, pp. 88-89. 19 Sobre dichas circunstancias distinguen la situación de certidumbre, riesgo e incertidumbre. La situación de certidumbre tiene lugar, cuando un elector posee gran confianza y sabe con precisión lo que ocurrirá si hace algo en particular. Cuando hay certidumbre, el comportamiento racional es muy obvio: se guía simplemente en elegir la acción o el instrumento que lleve a la opción clasificada en el primer lugar. De igual forma actúa en condiciones de riesgo, cuando un elector no tiene confianza de lo que pasará, pero tiene una idea muy clara de las posibilidades de los candidatos y sus probabilidades en particular. Finalmente se encuentra en condiciones de incertidumbre, cuando la relación entre las acciones y los resultados son tan imprecisos que el elector no puede atribuirles probabilidades sobre el posible triunfo de cualquiera de los candidatos en la contienda. K. A. SHEPSLE y M. S. BONCHECK, Las formulas de la política: instituciones, racionalidad y comportamiento, México, Taurus-CIDE, 2005.

Döring Casar en el DF. En el PRI exgobernadores que participaron como candidatos fueron

Fernando Baeza Meléndez de Chihuahua; Jesús Murillo Karám en Hidalgo, Melquíades Morales

Flores en Puebla, Pedro Joaquín Coldwell en Quintana Roo; además del excandidato presidencial

Francisco Labastida Ochoa en Sinaloa, y José Francisco Yunes Zorrilla en Veracruz. Entre los

perredistas al senado destacan como legisladores Pablo Gómez Álvarez y Rene Arce Islas por el

DF; dirigentes Leonel Godoy Rangel en Michoacán, Graco L. Ramírez Garrido en Morelos;

exgobernadores Alfonso A. Sánchez Anaya en Tláxcala, Dante A. Delgado Rannauro en

Veracruz. Excandidatos a gobernador Yeidckol Polevnsky Gurwitz en el Estado de México,

Gabino Cué Monteagudo en Oaxaca y entre las alianzas con expriístas se encuentran José Jesús

Raúl Sifuentes Guerrero de Coahuila; José Guadarrama Márquez en Hidalgo, Víctor Manuel

Gandarilla Carrasco en Sinaloa; Arturo Núñez Jiménez en Tabasco; el exfuncionario federal Fco.

Alfonso Durazo Montaño en sonora; y ex rector de la universidad Francisco Javier Castellón

Fonseca en Nayarit. Resalta finalmente una presencia importante entre los candidatos de los

diferentes partidos a exgobernadores, funcionarios y algunas personas con presencia nacional. En

la elección de diputados, el PRD postularía como candidatos, entre lo más conocidos a los

exdirigentes a Javier González Garza, Juan N. Guerra Ochoa, y Javier Hidalgo en el DF; Arnoldo

Vizcaíno en Colima; el senador con licencia Raymundo Cárdenas y Susana Monreal Ávila en

Zacatecas. Con estos liderazgos y candidatos los distintos partidos políticos se prepararon para la

contienda e iniciaron sus campañas electorales, pero partiendo de un posicionamiento político

distinto.

2. Tendencias electorales durante las campañas

En la elección presidencial, las tendencias electorales mostraban al inicio de la campaña a

AMLO como el candidato mejor posicionado con el 33% en la intención de voto, seguido de

Calderón con 27% y Madrazo con el 20%. En una posición ínfima se encontraban Mercado y

Campa. La tendencia electoral de AMLO durante la campaña muestra un significativo

incremento de enero a marzo al ubicarlo en 42%, para caer posteriormente desde abril hasta la

primera semana de junio al 36%, con una leve caída en la segunda semana de junio, pero concluir

con el 36% previo a la elección. La tendencia electoral de Calderón mostró un incremento de

alrededor de 7 puntos porcentuales al ubicarlo en el 34% de la intención en los meses de febrero

a abril. El mayor crecimiento que experimento Calderón fue en mayo al ubicarse en el 39% de la

intención de voto y encabezando la contienda. Posteriormente se observó una caída de tres

puntos porcentuales para compartir el 34% de la intención de voto con AMLO en junio, y

descender al 34% previo a la elección. Con Madrazo se observó un incremento en la intención de

voto de alrededor de 5 puntos porcentuales durante la campaña y esta mantuvo cierta estabilidad

hasta concluir en junio, previo a la elección con el 26% en la intención de voto. Con Campa y

Mercado que hasta el mes de abril se habían mantenido en una posición marginal, para mayo la

candidatura de Campa incrementó hasta llegar a la segunda semana de junio al 6% y descender al

3% previo a la jornada electoral. Los datos de Mitosky reportaban cambios semejantes. 20 (Anexo,

figura 1 y 2)

Sin embargo, la tendencia electoral para la elección de diputados federales mostraba algo

contrario a las tendencias presidenciales. La CAPM que inició como el mejor posicionado con el

35% en la intención cayó en febrero para mantenerse en segundo lugar en 33%. En marzo se

observó su mayor incremento hasta llegar al 37% de la intención encabezando el primer lugar de

las preferencias, para posteriormente caer de manera paulatina hasta concluir en la segunda

semana de junio en el 30%. El PAN que inició en enero en el 34% de la intención de voto cayó

en febrero al 30%, para recuperarse en marzo y llegar al mes de abril con el 38%, encabezando

así la contienda. A partir de ahí, cayó hasta el 33%, proporción en la que se mantuvo durante

meses posteriores y días previos a la elección. La CPBT que en enero se mantuvo en el tercer

lugar de la contienda con el 30% en la intención de voto, para septiembre con un crecimiento de

20 Los datos de Mitosky sobre las tendencias electorales reportaban desde noviembre de 2005 a AMLO como mejor posicionado en las encuestas con un 35% de la intención de voto, su candidatura creció positivamente al inicio de la campaña de enero a marzo al mantenerse en 38%, para posteriormente durante abril y mayo sufrir una caída de alrededor de 4 puntos porcentuales ubicándose en el 34%. Al final de la campaña se observó una leve recuperación que lo ubicó con el 36% en la intención previo a la elección. Madrazo que en diciembre de 2005 fue visto como el segundo candidato mejor posicionado con 33% de la intención, en los primeros meses de la campaña su candidatura experimentó una caída de 5 puntos porcentuales que se mantuvo durante el resto de la campaña ubicándolo finalmente en el 27% de la intención de voto. Calderón por su parte que de manera previa a la campaña se ubicó con el 29% de la intención de voto, su candidatura experimentó una tendencia positiva al mantenerse en los meses de diciembre a marzo en el 32% y colocarse en el segundo lugar de la contienda. Posteriormente en abril Calderón se ubicó en el 35% de la intención, colocándose como el candidato puntero en la contienda. A partir de ahí experimentó una caída sistemática que lo ubicó en el 34% en Mayo (compartiendo la posición con AMLO) para concluir finalmente en junio con el 33% (Anexo, figura 2).

4 puntos porcentuales se ubicó en el primer lugar, y posteriormente, en los meses de marzo y

abril registró una estrepitosa caída hasta ubicarse en el 26%. La recuperación vino durante los

meses de mayo y junio en donde la contienda se cerro tanto entre estos partidos que con el 33%

de la intención compartió con el PAN el primer lugar de la contienda y así concluyó hasta

semanas previas a la elección. (Anexo, figura 3)

Ambas tendencias registran un aumento considerable de AMLO en los primeros meses de

la campaña y una caída en las preferencias en los meses de abril y mayo con una posterior

recuperación al final de la campaña. De igual forma, muestran también un incremento gradual de

Calderón durante la primer parte de la campaña para liderar en las preferencias electorales en

mayo, y posteriormente registrar una caía con lenta recuperación en las semanas previas a la

elección. Estas tendencias coinciden con el primer debate realizado en el mes de abril al cuál

AMLO decidió no asistir y en la segunda parte de la campaña la fuerte campaña negativa entre

estos dos candidatos. El primer debate televisivo mantenía como eje fundamental de discusión el

desarrollo social. Con la posición de que el IFE trataba de entretenerlo para que no se ocupara de

la campaña, AMLO perdió la oportunidad de exponer lo que para muchos era el principal eje de

su campaña y mayores logros al frente del gobierno del DF.21 Calderón por su parte, durante el

debate no se refirió al candidato ausente y se mostró como el candidato al cual habría de vencerse

en la contienda, además de que se observó un ataque continuo de CAMPA contra Madrazo en el

posible afán de beneficiar a Calderón.

Figuras 3, 4 y 5

Posterior al primer debate televisivo, inició una fuerte campaña negativa en contra de

AMLO firmada bajó los signos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En ella se hacía

referencia a su intolerancia, la posibilidad de que de llegar al gobierno realizara políticas

económicas que pusieran en peligro la estabilidad económica y social del país, considerándolo

así un fuerte peligro para México y comparándolo con el Presidente Hugo Chávez de

21 Por primera vez en la elección presidencial se realizó más de un debate televisivo. Aunque inicialmente los equipos de campaña proponían cuatro, finalmente se realizaron solamente dos, el primero en el mes de abril y el segundo en junio, para la parte final de la campaña.

Venezuela.22 Con estas características concluyeron las campañas electorales teniendo un

resultado electoral muy cerrado en las distintas elecciones.

3. El resultado electoral

Al analizar los resultados electorales de las elecciones de presidente, senadores y

diputados se observan claramente dos tendencias contrarias. La primera, en la que el candidato a

la presidencia obtiene mayor cantidad de votos en relación con los candidatos de su propio

partido en las elecciones legislativas. La segunda, donde los candidatos en elecciones legislativas

obtienen mayor cantidad de votos que su candidato a la presidencia. Como parte de la primera

tendencia se encuentran: Calderón que obtuvo 1,123,785 votos más que en la elección a

diputados del PAN. AMLO obtuvo por su parte 2,715,652 votos más que los diputados de la

CPBT y Mercado alcanzó 332,748 mil votos más que los candidatos a senador de su partido. En

la segunda tendencia se encuentran la CAPM donde los candidatos a diputados obtuvieron

2,403,198 votos más que Madrazo. Con el PANAL el resultado fue aun más distante, los

candidatos a diputados obtuvieron 1,887,667 votos contra 401,804 votos de Campa, lo que

significa 1,485,863 votos más para diputados para el primer caso. Esto significa que de

41,791,322 electores alrededor de 8,061,246 electores dieron un voto dividido entre los diversos

candidatos en la contienda, lo que significa un 19.28% del electorado total.23 Mientras que el

resultado electoral fue proporcionalmente semejante para los candidatos panistas entre la

elección presidencial y legislativa y con los candidatos del PANAL y PASDyC en los diversos

estados del país, en la CAPM se observó un voto dividido principalmente en Durango, Hidalgo,

Guerrero y Jalisco, Morelos, Sinaloa, Sonora y Veracruz. Para los electores de la CPBT los

estados de mayor voto dividido fueron Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Sonora

y Tlaxcala. (Anexo, Cuadros 1 y 2)

22 La campaña negativa tuvo eco, ya que el mismo AMLO se refirió al presidente Vicente Fox con el estribillo de “cállate chachalaca”, cuando éste último en algunas giras por el país hablaba del riesgo que se corría de que llegaran al poder, populistas y líderes mesiánicos. El Universal, 28 de marzo de 2006. 23 Se entiende como voto dividido aquel comportamiento en donde un elector elige al candidato de un partido político para un puesto, pero después converge en candidatos de partidos distintos para otros cargos de elección.

Con éstos resultados es posible especular que quienes pensaban votar por Madrazo y

Campa en la elección presidencial mudaron su preferencia hacia algún candidato con mayores

posibilidades de triunfo, siendo estos Calderón y AMLO. Con lo que se podría considerar que

existen circunstancias y características distintas en cada elección. Con ello el proceso de decisión

sobre la elección para presidente, senadores y diputado se muestra distinto, pero surgen diversas

dudas: ¿por qué los electores votan de esta manera? ¿Por qué en las elecciones votan a favor de

un candidato de un partido para presidente y por candidatos de otro partido para senador y

diputado?

Cuadro 1 y Cuadro 2

c) La influencia de los medios de comunicación y las campañas electorales

En México los medios han jugado un papel preponderante en el proceso político, aunque

habría que diferenciar entre medios electrónicos e impresos, ya que en los primeros, -

particularmente la televisión-, destaca una relación de complicidad histórica con el Estado,24

mientras que con la prensa escrita existieron al menos dos líneas de acción. En la televisión, al

ser beneficiados por la concesión y concentración de grandes monopolios mantuvieron una

actitud de correspondencia, al transmitir y difundir mensajes y noticias de forma parcial y

sesgada con tintes de censura y autocensura en beneficio del gobierno.25 La prensa escrita una

parte gozó de protección por la alianza política que asumió con el gobierno, mientras que la

prensa independiente que mantuvo una actitud crítica contra las acciones del gobierno enfrentó

hostilidad y represión de manera constante.26 En todo caso no deja de reconocerse el papel

24 El presidente de la República Miguel Alemán permitió la concentración de los medios electrónicos otorgando un gran número de concesiones a personas y grupos políticos afines a los gobiernos priístas. Con ello la participación del gobierno se vio supeditada a dichos intereses políticos, más que a los de la sociedad. J. ORTEGA, “Libertad de expresión y acceso pleno a la información”, Hacia la normatividad de los medios de comunicación, México, GP-PRD, LVI Legislatura, Congreso de la Unión, 1997. 25 El Presidente Miguel Alemán entrego tres concesiones diferentes que rápidamente se convirtieron en una. Pronarte, Televisión de la Republica Mexicana y Corporación Mexicana de Radio y Televisión, confluyeron finalmente durante la década de los 80 en Imevisión. Actualmente diez grupos controlan más del 60% de las estaciones de radio concesionadas y una sola empresa, Televisa acapara 80% de las frecuencias televisivas concesionadas en todo el país, la otra empresa, Televisión Azteca (canal 13 y canal 7) tiene el 13%. M.A. GRANADOS, “Los medios de comunicación”, Seminario Sobre transición y consolidación democrática: el contexto internacional y la experiencia mexicana, México, 2003, Mesa Cuatro, IFE, 2003. 26 Un ejemplo claro son los periodistas asesinados que forman una larga lista y en la que se encuentra Manuel Buendía como uno de los más conocidos. M.A. GRANADOS, Op. Cit, pp. 180-181

esencial que tienen los MMC y en ellas las televisoras, como escenarios, promotores y actores

interesados en el espacio público. Por otra parte, es interesante conocer también el nivel de

información que existe entre los electores. Los datos sobre la orientación de los ciudadanos hacia

la política y el proceso de información son alarmantes. Instituciones electorales, académicas y

gubernamentales han realizado estudios para conocer los cambios en los valores democráticos y

las prácticas ciudadanas.27 En 1999 al cuestionar a los ciudadanos sobre el interés en la política,

se encontró que un 21% se interesaba mucho, 48% poco, y 27% nada.28 Estudios posteriores

sobre la misma línea no mostraban cambio drásticos en la cultura política de los ciudadanos, las

áreas de déficit continuaban siendo el interés en la política y la precaria cultura de la legalidad.29

Sobre el proceso de información de los ciudadanos, 61% dijo hacerlo a través de la televisión,

23% de la radio, y un 10% de la prensa escrita.30 Siendo el interés es uno de los aspectos más

importantes para medir la influencia de los medios sobre los electores habría que preguntarnos si

influyen de manera directa,31 o si los electores realizan una información selectiva lo que

generaría efectos mínimos de los medios en su comportamiento.32 En este sentido, el gasto de

27 El IFE en coordinación con el IIS-UNAM realizaron en diciembre de 1999 la primera encuesta nacional para estudiar las percepciones y los valores de los ciudadanos respecto a las reglas e instituciones que determinan la forma del régimen. J. FLORES, y Y. MEYENBER, (coord.), Ciudadanos y cultura democrática: reglas, instituciones y valores, encuesta nacional, México, IFE-IIS-UNAM, 1999. 28 En 2001 la Secretaria de Gobernación (SEGOB) organizó la primera encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas (ENCUP2001). En ella, cerca de 100% de los entrevistados respondieron que sabían poco o nada sobre los derechos establecidos en la constitución. Alrededor de 7% de los hombres afirmó saber mucho, mientras que en el caso de las mujeres solo ocurrió con 3%. 29 En 2003 el IFE-IIS-UNAM organizaron su segunda encuesta nacional donde los resultados no mostraban cambio drásticos en la cultura política de los ciudadanos y lo mismo fue para la segunda encuesta nacional de la SEGOB (ENCUP2003) Alanís, F. Maria, “La naturaleza del compromiso cívico: capital social y cultura política en México”; Cárdenas, G. Rodrigo, Las mujeres en México: participación y cultura política, Seminario sobre cultura política y practicas ciudadanas, México, SEGOB-Este País, 2003. 30 ENCUP 2003, Dirección de desarrollo político de la Secretaria de Gobernación, septiembre de 2003. 31 La teoría hipodérmica sostiene que los mensajes emitidos por las campañas electorales y los medios penetran en el interior de los electores y después de una mínima evaluación del mensaje, cambian las opiniones e influyen sobre su voto. Parte de la idea de que una buena campaña puede llegar a convencer a un grupo importante de electores y a aportar muchos votos. Su nombre proviene de la capacidad de los mensajes para penetrar en el interior de los individuos a imagen de una aguja hipodérmica. E. ANDUIZA y A. BOSH, Comportamiento político y electoral, Barcelona, Ariel, 2004, pp. 231-263. 32 Para esta interrogante se ha creado la teoría de efectos mínimos que pronostica que las campañas solo actúan sobre el elector reforzando lo que sería su voto normal. Esta conclusión queda respaldada por el hecho de que casi siempre el partido que parte de la ventaja en las encuestas, acaba también en primera posición en dichas encuestas. Incluso algunos expertos han estimado que puede haber un máximo de 4% de giro electoral durante los últimos meses de campaña. Ver B. J. GRIFFHIS, Political Communications Transformed: from Morrison to Mandelson, New York,

partidos y candidatos en medios de comunicación, la diversificación de dicho gasto y el impacto

de sus campañas políticas ayudarían a entender los efectos que tuvieron sobre el comportamiento

electoral.

1. Gasto de candidatos y partidos en medios

En la elección de presidente de la República, paradójicamente, quien menos gastó fue

quien obtuvo la victoria y quien más gastó alcanzó la menor cantidad de votos entre los

candidatos más competitivos. Con ello queda claro que el gasto de campaña no tiene relación

directa con el resultado electoral. De esta forma, Madrazo que erogó 444,844,810 pesos durante

la campaña invirtiendo de ellos el 78% en medios electrónicos, sólo obtuvo el 22.2% de los

votos. AMLO que reportó un gasto total de 383,612,120 pesos, invirtiendo el 93% de ellos en

medios alcanzó el 35.3 de votos. Calderón por su parte, cuyo gasto ascendió a 230,837,991

pesos, orientado el 83% en medios electrónicos, alcanzó el triunfo con el 35.8% de los votos. En

la elección de senadores quienes reportaron mayor gasto fueron CAPM seguida de CPBT y en un

tercer lugar algo retirado el PAN. De su gasto en medios electrónicos el PAN y CAPM

destinaron el 86% mientras que CPBT destinó el 97%. Con el PANAL la totalidad de su gasto

fue en medios electrónicos de manera más o menos equilibrada entre la televisión y radio. En al

elección de diputados quien tuvo un mayor gasto fue CAPM seguida de CPBT y el PAN que

reportaron un similar gasto. De ello destinadon en medios electrónicos; el PAN 85.3%, CAPM

76%, CPBT 98%, y aunque en con una cantidad menor, PANAL el destinó el 62% de su gasto en

medios.

Cuadro 3

2. Diversificación del gasto

Aunque una cosa es el gasto y otra muy diferente el como se gasta, la cantidad de

recursos utilizados pone de manifiesto el desarrollo e impulso de las campañas. Por ello es

Palgrave, 2001; J. CAMPBELL, When have presidential campaigns decided election out-comes, American Politics Research, 29:5, 2001; M. FERNANDEZ, “¿Para que sirven las campañas electorales?”, los efectos de las campaña electoral española de 1993, España, Revista Española de investigaciones sociológicas, 2001, No. 93. pp. 61-67. E. ANDUIZA y A. BOSH, Op. Cit., pp. 231-263.

conveniente analizar la diversificación de gasto o inversión publicitaria que realizó cada partido

en las diferentes elecciones a través de los diferentes medios de comunicación, ya que no será lo

mismo para dos partidos que manteniendo el mismo nivel de gasto lo inviertan en un solo medio,

o en aquellos cuya penetración entre el electorado es escasa.

En la elección de presidente, en televisión, el mayor tiempo de promoción fue de la CPBT

con un tiempo total de 89 horas y 5 minutos contra 77 horas 47 minutos de la CAPM y 76 horas

47 minutos del PAN. En radio, el mayor tiempo de promoción lo tuvo el PAN con tiempo real de

525 horas seguido de CAPM con 422 horas y 338 horas de la CPBT. En prensa, de las 2179

inserciones pagadas, corresponderían 982 a la CAPM y 803 a CPBT, principalmente. Entre los

anuncios espectaculares, de 3,793 reportados, la mayor cantidad serían para la CAMP seguida

del PAN. En la elección de senadores, la CAMP mantuvo una presencia dominante sobre sus

contrincantes en los diferentes medios de comunicación. En televisión, de 43,477 spots

monitoreados, correspondieron 28,554 para la CAMP con un tiempo total de 162 horas y 22

minutos, contra 52 horas 9 minutos del PAN y 17 horas 56 minutos del PANAL como el partido

con mayor inversión. En radio, de los 117,303 promocionales con tiempo total de casi 632 hrs. de

transmisión, la CAPM tuvo 68,277 spot con 394 hrs., seguido del PAN con 159 horas y 69 de la

CPBT. Lo mismo fue en lo que se refiere a prensa y espectaculares, ya que en el primero de ellos

de las 5200 inserciones, 2887 fueron de la CAPM y 1261 de la CPBT. De los 772 espectaculares

monitoreados 458 fueron de la CAPM y 260 del PAN. En la elección de diputados, nuevamente

la CAPM mantuvo mayor presencia en los diferentes medios de comunicación. En televisión, de

los 17,681 promocionales monitoreados, 13,540 serían para la CAPM con un tiempo total de 75

horas y 28 minutos en contra de 13 horas con 43 minutos del PAN y 9 horas de la CPBT. En

radio, de los 71,212 promocionales, 44,017 spots, con tiempo total de 244 horas y 37 minutos

serían para la CAPM contra 77 horas y 34 minutos del PAN y 64 horas de la CPBT. En prensa y

anuncios espectaculares, la CAPM tendría la mayor cantidad de ellas, ya que de las 5,741

inserciones contaría con 3,337 y de 406 espectaculares tendría 256.

Cuadro 4

Con estos datos se observa que mientras en la elección presidencial se encontró una

promoción equilibrada entre los tres principales candidatos, en la elección de senadores la CAPM

se publicitó lo doble que el PAN y alrededor de 5.5 veces más que la CPBT. El caso más notable

se encuentra en la elección de diputados, donde la presencia de la CAPM fue aún mayor a la de

los otros partidos. En comparación con el PAN la CAPM se publicitó, en televisión seis veces

más, en la radio y prensa, tres veces más y en anuncios espectaculares el doble. En comparación

con la CPBT, la CAPM tuvo en televisión 8 veces más propaganda que el primero, en radio

cuatro veces más, en prensa al menos 7 veces más de publicidad y 14 veces más anuncios

espectaculares.

3. Impacto de las campañas electorales

Al analizar el impacto de las campañas a presidente entre los tres principales candidatos

se encontró que Calderón tuvo mayor impacto en medios electrónicos. Los electores observaron

en mayor medida anuncios en TV, bardas, espectaculares, periódicos, revistas y en la radio de

Calderón que de Madrazo y AMLO. No obstante, en lo que se refiere a la campaña cara a cara

fue AMLO el candidato más visto por los electores y quien apareció en mayor número de mítines

de campaña. Al preguntarles sobre el candidato que había organizado algún evento (mitin,

reunión, concierto) en su comunidad o en sus alrededores y más veces los visitó durante la

campaña un 39% y 12%, respectivamente, manifestaron que AMLO. Pero de todos éstos eventos

solamente un 17% dijo haber asistido a alguno de ellos, mientras el 69% no asistió a ninguno. De

quienes asistieron a los eventos, 58% expresó haber asistido a los eventos de AMLO, 36% de

Calderón y 33% de Madrazo. Sin embargo, al preguntarles si dichos eventos les ayudaron a

definir su voto 46% dijo que sí, y 52% que no. En los estados con mayor numero de electores

33% manifestó que sí y 63% no.33

Cuadro 5

Los datos dan cuenta de las dos principales estrategias de campaña utilizadas por AMLO

y Calderón, en donde el primero optó por una campaña a ras de tierra y el segundo en garantizar

mayor presencia e impacto a través de los medios de comunicación. Los datos muestran que la

estrategia de AMLO no fue la más acertada ya que poco ayudó a que los electores definieran su

33 El Universal sobre los presidenciables, 23 de junio de 2006.

voto hacia él. Por el contrario, Calderón logró un mejor posicionamiento y con ello cambio

satisfactoriamente la opinión hacia él, como se verá más adelante.

d) Imagen de candidatos y partidos

Al inicio de una elección los ciudadanos se encuentran limitadamente enterados sobre los

candidatos que compiten. En el mejor de los casos, conocen a los partidos políticos que existen,

siempre y cuando éstos hayan permanecido durante varios procesos electorales. Sólo en el mejor

de los casos, los electores conocerán a los candidatos si cuentan con trayectoria política, o son

destacados miembros de la sociedad por la labor o actividad que desempeñan. Pero además de la

opinión que se tiene sobre los candidatos es importante también conocer su percepción hacia los

partidos que los postulan. Los partidos se encuentran siempre en una posición distinta y las

acciones que realicen impactan en el electorado. En un esquema simple de comparación se

podrían encontrar a partidos que gobiernan y los de oposición,34 sin embargo, una comparación

de este tipo podría ser incorrecta ya que los partidos que se encuentran en el gobierno sufren

también del desgaste político y social.35

Pero también, en toda campaña electoral los candidatos que compiten hacen lo posible

para ser vistos como distintos y, a la vez, mejores que sus contrincantes. Como estrategia emiten

y distribuyen mensajes que tienen como referencia su imagen construida a partir de cualidades

personales o rasgos que dan forma a impresiones de carácter.36 Sobre dichas cualidades, Scher ha

34 Los primeros a menudo cuentan con recursos, económicos, políticos, jurídicos, de infraestructura, información, y los utilizan durante el proceso electoral. Los segundos –en ocasiones- al no tener experiencia de gobierno, escasa organización, e insuficientes recursos por estar fuera del gobierno, compiten en una clara desventaja 35 Es decir, si un gobierno toma medidas antipopulares, arbitrarias o incorrectas o son vistas así por la mayoría de la población, en una próxima elección el electorado podría retirarles el apoyo. Como sucedió en la elección federal de 2003, donde el PAN propuso reformas estructurales que contemplaba la apertura de inversión extranjera al sector energético y un incremento al IVA en alimentos y medicinas. Aunque la Ley no se aprobó, la discusión sobre dichos asuntos generó molestia entre la población al declarar que dichas medidas les resultaban perjudiciales, como consecuencia se observó un alto nivel de abstencionismo y una disminución considerable de diputados para el PAN. 36 Por imagen política se entiende un agregado de percepciones referidas a diversos aspectos de su ser y de su actuar. El concepto de imagen se utiliza en dos sentidos: uno literal, referido a la impresión visual, y otro más amplio, como el que aquí se utiliza, que se refiere a la proyección de cualidades personales o rasgos que dan forma a impresiones de carácter. El concepto de imagen aquí utilizado se entiende en el sentido amplio referido a la proyección de cualidades personales o rasgos que dan forma a impresiones de carácter. Ver G. M., PANDINI, La irrupción del marketing político en las campañas electorales de América Latina, Buenos Aires, Contribuciones-Konrad Adenauder-Ciedla, núm. 2, pp. 69-102; V. BEAUDOUX, O. D´ADAMO, G. SLAVISKY, Op. Cit., p. 126

sostenido que algunas estrategias parten de que los votantes tienen un ideal y eligen al candidato

que más se acerca a ese ideal. Los votantes quieren que los candidatos encarnen virtudes que se

atribuye al líder, como: fuerza, carácter, visión, carisma, capacidad de estar por encima de la

politiquería, habilidad para lograr el consenso, capacidad moral para ver y hacer lo correcto, para

poder derrotar a las fuerzas del mal, habilidad para conseguir que se hagan las cosas y al mismo

tiempo que éstas parezcan fáciles, manteniendo siempre su cercanía con el ciudadano común.37

Pero las características que se consideran como ideales varían de una elección a otra. La imagen

y el tipo de personalidad se encuentran estrechamente vinculados a tres variables como son: el

presente o coyuntura de la elección, el pasado en términos de historia reciente, y el futuro en

cuanto a expectativas de cambio que la ciudadanía deposita en cada elección.38 Por tal motivo,

desde hace algunas décadas se realizan sondeos preguntando a los ciudadanos cuales son las

cualidades que consideran más importantes en un candidato. Entre ellas destacan la honestidad,

competencia, integridad, capacidad de liderazgo y energía.39 Comunicar esas cualidades significa

demostrar carácter, credibilidad y dinamismo, por tal virtud, los candidatos montan sus

estrategias con la intención de demostrar que pueden cumplir con las expectativas de los

ciudadanos. Por tal virtud, para conocer el impacto e influencia de la imagen de los candidatos

sobre el comportamiento electoral se analizará el conocimiento de los electores sobre candidatos

y partidos que compiten, los atributos personales que definen su imagen40 y la aceptación y

rechazo sobre ellos.

1. Conocimiento de los candidatos

37 R.K. SCHER, The Modern Political Campaign, Nueva York, 1997, Sharpe, pág. 73, en M.L. SALGADO, Marketing político: Arte y ciencia de la persuasión en democracia, Barcelona, Paidós, 2002, 2da. Ed., pág. 73. 38 M. PANDINI, Marketing político, Buenos Aires, Ugerman, 2001, Ed. Consultada: 2 ed. actualizada.

39 En estos trabajos resaltan: R.S. SIGUEL, “Image of the American Presidency: Part II o fan Explanation into Popular Views of Presidential Power”, Midwest Journal of Political Science, 1996, no. 9; D. NIMMO y R.L. SAVAGE, Candidates and Their Images: Concepts, Attitudes, and Findings, Pacific Palisades-Goodyear, 1976; R. JOSLYN, “Political Advertising and the Meaning of Election”, en L.L. KAID, D. NIMMO y K. R. SANDERS (comps.), New Perspective on Political Advertising, Chicago, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1986; B. BUCHANAN, Electing a President: The Markle Commission Research on Campaing 1988, Austing, University of Texas Press,1991; J.S. TRENT y R.V. FRIEDENBERG, “Political Campaing Comunnication” , Principio y Practices, Nueva York, Praeger, 1991. 40 Considerando en ellas a la capacidad, experiencia, honestidad y sensibilidad o cercanía con la gente.

Sobre el conocimiento de los candidatos, en la elección presidencial, se observó que los

más conocidos al inicio de la campaña eran AMLO, Madrazo y Calderón, pero quienes más se

dieron a conocer fueron Campa y Mercado seguidos de Calderón. El conocimiento de los

electores sobre Campa creció de 13% a 72% de enero a junio, lo que significó un aumento de 59

puntos porcentuales. Mercado por su parte, aumentó 52 puntos porcentuales al ir de 29% a 81%.

Entre los candidatos mejor posicionados Calderón fue quien más se dio a conocer al aumentar de

80% a 97% durante la campaña. Por el contrario AMLO y Madrazo solamente tuvieron un

incremento de tres puntos porcentuales al ir de 95 a 98% y de 93% a 97%, respectivamente. Otro

dato interesante es sobre quienes mencionaron a los candidatos competitivos, ya que quienes

identificaron a los tres candidatos más competitivos fueron de 76% a 94%, mientras los que

mencionaron a todos los candidatos fueron de 10 a 68%.

Cuadro 6

Respecto a la opinión sobre ellos, tomando en consideración los datos de la última

encuesta preelectoral de junio, se encontró que Mercado y AMLO fueron quienes contaron con

mejor opinión, mientras que Madrazo y Campa fueron los candidatos con mayor opinión

negativa del electorado. Con Mercado, del 81% que la conocían, 25% manifestó buena opinión,

45 regular, 13% mala y 17% no contestó. Con AMLO del 98% que decían conocerlo 31% tenía

buena opinión, 37% regular, 28% mala y 4% no contestó. Por el contrario, Madrazo del 97% que

lo conocían 20% tenía buena opinión, 35% regular, 40% mala y 5% no contesto. Campa del 72%

que lo conocían 7% tenía buena opinión, 44% regular, 23% mala y 27% no contesto.41 Con lo

cual los datos nos muestran un elemento un tanto contradictorio, es decir, si bien los electores

mantuvieron pese a las fuertes campañas negativas una opinión un tanto favorable para algunos

candidatos, eso no fue obstáculo para que dichas campañas generaran una especie de rechazo que

afectaba la decisión en el corto plazo, tal como se vera a continuación.

2. Aceptación y rechazo sobre partidos y candidatos

41 Mitosky, Así van los candidatos en junio.

Sobre el grado o nivel de rechazo de los electores hacia los partidos políticos y

candidatos, se encontró que los partidos más rechazados durante la campaña fueron el PRI

seguido del PRD y el PAN. Sin embargo, los que más disminuyeron la proporción de rechazo

fueron los partidos pequeños y de nueva creación. Así, Nueva Alianza y Convergencia que en

enero mantenían una proporción de rechazo de 35% y 34%, disminuyeron en ambos casos a 20%

en junio. El PT redujo su proporción de rechazo de 28% a 19% en enero a junio. Por el contrario,

el PAN incremento su rechazo en dos puntos porcentuales y el PRD en cuatro. Con los

candidatos se observó algo distinto que con los partidos pequeños, y semejante con los

candidatos competitivos. Con Madrazo y Mercado se observó cierta estabilidad y un descenso

mínimo en la proporción de rechazo. Madrazo que en enero inició con un 40% de rechazo -

descendió en marzo alrededor de 10 puntos porcentuales- en junio concluyó en 37%. Mercado

que inicio en 20% y concluyó con 19%. Por otra parte, AMLO Calderón y Campa

experimentaron un incremento mayor de rechazo. Con AMLO la proporción de rechazo aumentó

de 20% a 29% de enero a junio, lo cual se explica quizá por fuerte campaña negativa en su

contra. Para Calderón y Campa que la proporción de rechazo fue de sendos 7 puntos porcentuales

al ir de 19% y 18% a 26% y 25%, respectivamente.

Cuadro 7

3. Imagen de los candidatos

Con los anteriores datos puede entenderse que las campañas electorales y las fuertes

campañas negativas lograron modificar aspectos relativos al conocimiento de los candidatos, su

opinión, y generaron cierta aceptación y rechazo para algunos de ellos. La estrategia adoptada

por Calderón rindió frutos al modificar negativamente la imagen de AMLO, pero también

transformar favorablemente su imagen, hasta igualarla con su contrincante. La imagen de los

candidatos vista a partir de sus principales atributos, muestran que AMLO fue visto como el más

honesto (23%) y cercano a la gente (36%) pero en lo que se refiere a capacidad para gobernar e

inteligencia fueron dos atributos que mantuvieron cierto equilibrio entre ambos. De esta forma,

27% consideraban a AMLO con mayor capacidad contra 26% de Calderón, pero éste último fue

visto como más inteligente por un 26% de los electores, contra un 25% de AMLO.42 Lo cual nos

da a entender que para los electores, finalmente no había grandes diferencias o quizá se

estableció un polo simétrico que no generaba mayores ventajas para ninguno de ellos, lo cierto es

que en aspectos importantes como la capacidad para gobernar e inteligencia AMLO y Calderón

terminaron siendo vistos como iguales.

e) Los beneficios o la utilidad del voto

Los beneficios o la utilidad es un concepto muy relativo y abstracto a la vez, pero se

puede definir como “ todos aquellos incentivos de tipo material o subjetivo que se presentan

como beneficios, ganancias, o ventajas hipotéticas o provisionales que pueden modificar las

condiciones materiales existentes de los electores”.43 Sin embargo, en todos estos casos el

elector guiará su decisión sobre aquellos candidatos que puedan cumplir esas promesas, ya que

éstas se realizarán una vez que haya obtenido el triunfo alguno de ellos44 y como los electores

están limitadamente informados, para los políticos que maximizan los votos es una excelente

estrategia descubrir siempre nuevas necesidades y prometer prestaciones, mostrando claramente

los beneficios y poco los costos, por lo que algunos programas vuelven a ser inflados aún más.45

En tal virtud, tres aspectos definen los beneficios o la utilidad de votar por determinado

42 El Universal, 23 de junio de 2006. 43 Los incentivos de tipo material provisional se presentan más a menudo. Los beneficios pueden observarse a través de servicios públicos (pavimentar calles, drenaje, alumbrado público) programas asistenciales (para desvalidos o grupos vulnerables), o concesiones para diversos grupos organizados (explotación o usufructo de algún servicio público). Este tipo de acciones se exhiben como estrategias de los partidos que están en el gobierno y tienen como interés principal el conservar la simpatía y preferencia de los electores. Pero la utilidad puede presentarse también de manera subjetiva e hipotética, lo cual hace aún más relativo al término. Es subjetiva cuando que lo se espera del triunfo de algún candidato o partido es la paz, la estabilidad política, la armonía, la economía nacional, el bienestar, etc. Es también hipotética, ya que puede presentarse como una promesa de recompensa. Por ejemplo, para aquellos que se encuentran desempleados, empresarios que requieren de mejores condiciones de inversión, y los que necesitan de servicios asistenciales o apoyos; la creación de empleos, reformas económicas, y programas asistenciales, respectivamente, puede ser ofertas atractivas. 44 Con ello, el elector realizará un proceso de evaluación sobre las alternativas que se presentan, para responderse a si mismo a las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que tengo actualmente, y/o que puedo perder u obtener?, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué problemas tengo actualmente? y cuál de los candidatos puede resolverlos y representa la posibilidad de satisfacer mis necesidades o demandas?. 45 Los políticos también están informados sobre la distribución de preferencias de los electores y las posibles ofertas programáticas a las que responden. Están en condiciones de configurar una oferta programática efectivamente atractiva y exitosa para maximizar los votos.

candidato, estos son: la oferta programática o propuesta, la seguridad de votar por determinado

candidato y la fuerte intención del voto.

1. Oferta programática

Aunque solamente se tienen algunos datos de marzo y mayo sobre aspectos

programáticos relacionados con propuestas de campaña éstos permiten hacer algún tipo de

inferencias. Estos datos muestran las propuestas más importantes de los candidatos durante la

campaña, en donde resalta como propuestas de AMLO ayudar a los adultos mayores y los

pobres, principalmente. Con Calderón serían el combatir la inseguridad y generar empleos, y con

Madrazo combatir la inseguridad y la corrupción. Sobre quien de los candidatos debería ganar

para que mejorara las condiciones de vida 36% dijo que AMLO, 22% Calderón, 17% Madrazo,

11% manifestó que ninguno y 13% no supo o no respondió. Sobre por que deberían de ganar

dichos candidatos, las respuestas de los electores para AMLO se basaban en sus propuestas,

ayudaba a la gente y era buen candidato. Para Calderón eran sus propuestas, la continuidad del

gobierno y su capacidad y honestidad. Para Madrazo, fue su experiencia de gobierno, sus

propuestas y por que era buen candidato. Y aunque en la mayoría de los casos los electores

respondían ser las propuestas de los candidatos el principal motivo de su triunfo quienes

manifestaban claridad respecto a dichas propuestas y declaraban conocerlas se manifestaba en

proporciones ínfimas.

Cuadro 8

2. Seguridad de votar y preferencia electoral

Una clara característica de la pasada campaña electoral la movilidad en las preferencias

electorales y la intención de voto. Los datos del Universal revelan que de enero a junio, quienes

estaban seguros de votar aumentaron de 62% a 69% solamente. Los que manifestaban que podían

cambiar su voto disminuyeron de 28% a 19%, y aquellos que no pensaban votar u ocultaron sus

preferencias aumentaron de 10 a 12%. De manera particular, los electores de AMLO y Campa se

mantenían como los más fieles y seguros al expresar en un 83% y 80%, respectivamente, la

seguridad de votar por dichos candidatos y en 15% y 20% la posibilidad de cambiar su voto.

Quienes manifestaban en mayor medida la posibilidad de cambiar su voto eran electores con la

intención de votar por Mercado en un 28% y Madrazo en 23%.46 De igual manera, se encontró

que entre febrero y marzo, el apoyo a favor de AMLO con los electores independientes

disminuyó de 35% a 29%, con Madrazo de 11% a 10%, mientras que con Calderón aumentaron

de 19 a 25%.47 Con sus partidarios, AMLO se fortaleció entre los perredistas al ir de 15 a 17%,

Calderón se mantuvo con el apoyo del 20% de los panistas y con Madrazo se observó una

perdida de 4 puntos porcentuales al pasar de 24 a 20% durante los meses de noviembre de 2005 a

junio de 2006.48

El análisis de las preferencias electorales a través del sexo mostraba que AMLO ganaba

entre los hombres y Calderón entre las Mujeres. De acuerdo a la edad ambos candidatos

mantenían igual presencia entre los electores jóvenes, pero AMLO predominaba en las

preferencias de electores con mediana edad y adultos y con electores de mayor nivel de

escolaridad. Como forma de análisis geográfico-electoral Calderón ganaba en las regiones del

norte y centro mientras que AMLO hacia lo propio en el sur y la Ciudad de México. Tomando

como referencia los estados gobernados por los partidos políticos los datos muestran que en el

norte de los 9 estados gobernados PAN y 7 por el PRI ganaba Calderón, mientras que de los 10

estados del PRI en el centro-sur y los 5 del PRD ganaba AMLO. El resultado electoral confirmó

posteriormente dichas preferencias electorales.49

6. Conclusiones

Los enfoques y modelos de comportamiento electoral que se conocen hasta el momento

únicamente han dado una explicación a dicho comportamiento basándose en el voto mayoritario.

Sin embargo, en toda elección, independientemente del tipo que sea, se conjugan una serie de

comportamientos cuya explicación resulta igual de importante. Más aún en elecciones

competitivas donde el voto mayoritario es ligeramente mayor a los votos de los demás candidatos

que compiten. El presente trabajo se basó en el estudio de los distintos comportamientos que se

configuran en una elección, y que se explican a través de un nuevo modelo de decisión electoral.

46 El Universal, 23 de junio de 2006. 47 Idem. 48 Mitoski, Op. Cit. 49 Idem.

Dicho modelo demuestra que el comportamiento electoral constituye una respuesta a los

beneficios personales que generan candidatos, partidos o coaliciones y de la situación en la que

se encuentre un elector durante la campaña electoral.

Para comprobar cuál de los candidatos ofrece mayores beneficios, el elector realiza una

serie de evaluaciones que se basan, a más de la oferta política, en la credibilidad y posibilidades

de triunfo de quien la ofrece. Pero además de ello, el voto de los electores está influenciado

también, en mayor o menor medida, por las campañas electorales, los medios de comunicación,

la imagen del candidato. De igual forma, los candidatos y dirigentes de los partidos políticos

recurren -en los límites de su conocimiento- a distintos mecanismos que les permiten orientar el

voto hacia los candidatos de sus partidos, y por el contrario, desalentar al elector para que no vote

por los contrincantes. Respecto a la situación en que se encuentran los electores se encontró que

éstos son capaces de conocer la situación de los candidatos en contienda e identificar su propia

situación para con ello tomar su decisión de por quien votar, ya sea esta su preferencia sincera o

su segunda preferencia, buscando siempre maximizar sus beneficios. De esta forma los electores

racionales se ubicarán siempre en condiciones de certidumbre, y los estratégicos al ubicarse en

condición de riesgo modificaran su intención de voto, para ubicarse en mejor posición, siendo

ésta de certidumbre e incertidumbre.

Las elecciones concurrentes se realizan en una dinámica y bajo una lógica distinta para el

elector y si bien es cierto que la elección para presidente es de naturaleza distinta (figura

ejecutiva) a la elección legislativa, el elector expresa un proceso distinto de decisión en cada una

de ellas. Aún así algunos cambios en el comportamiento electoral podrán darse de manera

vertical cuando el elector pondere la interconexión de dichas elecciones y con ello la importancia

del triunfo de algunos candidatos; y de manera horizontal, cuando por cada elección valora y

evalúa las opciones en la competencia, sus posibilidades y los máximos beneficios.

Nos encontramos ante un nuevo elector que ha creado una visión que se engloba bajo un

sentido contractual de exigencia y cumplimiento directo e inmediato sobre sus necesidades hacia

los representantes populares. Que ha encontrado una nueva forma de entender el proceso

electoral y mediado entre sus necesidades concretas y posibles soluciones entre los candidatos

que compiten por determinados cargos. Con lo cual la eficacia, efectividad y credibilidad de los

futuros gobiernos está sujeta a un conjunto de evaluaciones cuyo sentido se basa en los

beneficios personales. Resaltando así una nueva relación política entre gobernantes y

gobernados, basada en el intercambio claro de bienes y servicios y cuya eficacia inmediata

sostiene y consolida dicha relación. Y si bien esto no es suficiente, es desde luego un gran paso.

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ANEXO Figura 1. Tendencia electoral en las campañas presidenciales Figura 2. Tendencias electorales en las campañas presidenciales

Fuente: El Universal, encuesta a los presidenciables, junio de 2006 Fuente: Mitosky, así van los candidatos en junio, tendencias electorales

Figura 3. Tendencias electorales en las campañas a diputados federales Cuadro 1. Resultados electorales en las elecciones de 2006

Fuente: Mitosky, Así van los candidatos en junio, tendencias electorales Cuadro 2. Resultados electorales del 2006 por Estado

Acción Nacional Alianza por México Por el bien de todos Nueva Alianza Alternativa Estados Pdte. Sen Dip Pdte. Sen Dip Pdte. Sen Dip Pdte. Sen Dip Pdte. Sen Dip Aguascalientes 46.8 43.5 44.8 23.6 30.6 27.1 21.7 15.7 17.6 1.4 5.1 5.39 3.9 2.6 2.6 Baja California 47.4 46.1 44.4 21.4 24.3 24.9 23.6 18.4 19.4 1.4 6.3 6.47 3.8 2.5 2.5 Baja California Sur 34.4 29.8 28.4 16.5 21.0 20.0 43.1 41.6 42.9 0.8 3.7 3.77 3.0 1.8 2.4 Campeche 31.8 32.2 33.0 28.0 35.9 34.8 32.4 21.1 21.0 2.7 6.3 6.77 1.5 1.0 0.8 Coahuila 43.1 43.4 38.8 26.4 31.8 35.4 24.2 17.9 17.9 0.9 3.4 4.24 2.8 1.3 1.5 Colima 41.8 42.1 43.9 29.7 37.9 38.1 23.8 14.7 12.9 0.6 2.4 2.21 2.0 0.8 0.7 Chiapas 16.9 16.0 17.1 33.6 38.9 37.5 43.4 37.3 37.2 0.6 2.3 2.59 1.2 0.9 1.0 Chihuahua 45.1 39.6 39.6 29.4 37.7 37.9 18.3 13.3 13.4 1.8 5.2 4.99 2.7 1.5 1.5 Distrito Federal 27.4 25.6 25.8 8.5 11.8 11.7 58.1 51.8 51.4 0.6 5.3 5.13 3.6 3.5 3.9 Durango 44.6 40.1 37.6 26.9 31.4 38.7 22.5 22.2 16.9 1.0 2.9 3.3 2.0 0.9 0.9 Guanajuato 58.9 56.8 56.5

18.8 21.7 21.8

15.4 12.9 13.3

0.9 3.4 3.25

2.5 1.9 1.9

Presidente Senadores Diputados Coalición y partido Votos % Votos % Votos % PAN 14,916,927 35.89 14,035,503 33.69 13,845,122 33.41 CAPM 9,237,000 22.26 11,681,395 27.99 11,676,598 28.18 CPBT 14,683,096 35.31 12,397,008 29.70 12,013,360 29 PASDyC 1,124,260 2.70 795,730 1.91 850,985 2.05 PANAL 397,550 0.96 1,688,198 4.04 1,883,494 4.55 No registrados 298,204 0.71 119,422 0.29 128,825 0.31 Votos nulos 900,373 2.16 1,021,032 2.45 1,037,578 2.50 Total 41,557,430 100 41,739,188 100 41,435,962 100 Fuente: Dictamen relativo al computo final para presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Declaración de validez y Presidente electo Acuerdo del Consejo General del IFE: CG164/2006 para la elección de senadores Acuerdo del Consejo General del IFE: CG163/2006 para la elección de diputados

Guerrero 16.2 11.8 13.4 26.5 35.9 30.3 51.4 44.9 46.5 1.1 3.0 5.09 1.7 1.2 1.4 Hidalgo 26.6 24.0 24.0 25.0 32.0 33.1 40.8 33.0 31.8 1.6 5.7 5.98 2.7 2.0 1.8 Jalisco 49.3 49.4 45.7 24.3 30.0 32.0 19.2 11.8 12.7 1.3 4.5 5.14 3.2 1.9 2.1 Estado de México 31.1 29.1 28.6 18.1 21.4 23.7 43.3 37.9 36.1 1.1 6.0 5.84 3.8 3.1 3.3 Michoacán 34.5 29.3 30.4 18.9 26.5 23.3 41.2 37.4 38.4 0.6 2.4 3.16 2.0 1.5 1.8 Morelos 31.9 31.1 32.8 15.7 27.8 23.0 44.1 30.4 31.7 1.7 5.3 6.69 3.5 2.4 2.8 Nayarit 18.9 16.9 18.0 33.7 38.9 36.7 41.8 37.9 37.0 1.0 2.3 4.33 2.1 1.5 1.4 Nuevo León 48.9 43.5 42.5 27.6 40.5 36.5 16.0 8.0 9.4 1.8 4.3 7.48 2.9 1.2 1.5 Oaxaca 16.8 15.7 16.7 31.7 32.9 34.2 46.0 45.0 41.9 0.4 1.4 1.83 1.4 1.2 1.5 Puebla 37.5 36.1 35.3 23.2 31.3 28.8 32.2 24.4 25.1 1.0 2.9 5.51 2.5 1.9 1.9 Querétaro 48.9 48.7 48.2 20.2 24.9 25.0 24.3 17.8 17.6 0.9 3.9 4.25 2.5 1.7 1.7 Quintana Roo 28.9 24.5 24.3 27.2 37.6 38.8 38.3 30.1 30.0 0.7 4.0 3.14 2.3 1.6 1.5 San Luis Potosí 48.6 47.8 46.7 21.8 25.0 26.9 21.5 17.4 15.6 0.9 3.2 3.93 2.5 1.5 1.6 Sinaloa 37.1 37.1 36.3 26.9 44.6 37.7 30.8 13.8 17.6 0.7 1.7 5.12 2.1 0.5 0.8 Sonora 50.1 44.3 46.0 18.8 34.5 33.1 25.7 16.7 15.4 0.7 1.5 2.62 2.5 0.9 0.8 Tabasco 35 40 43 37.8 40.0 40.0 56.3 51.6 51.4 0.2 1.6 1.71 0.5 0.7 0.6 Tamaulipas 41.3 35.8 36.9 25.9 32.7 35.3 26.5 22.9 20.4 1.0 4.8 3.74 2.0 1.2 1.2 Tlaxcala 34.2 33.9 36.3 14.5 17.0 18.5 44.0 39.4 35.0 0.8 4.4 4.64 2.7 2.0 2.1 Veracruz 34.2 30.4 32.0 24.7 28.6 32.6 35.2 34.7 28.9 0.6 2.4 2.47 1.9 0.9 1.0 Yucatán 46.2 44.8 45.3 33.0 38.1 36.0 15.9 11.4 12.1 0.6 2.1 2.93 1.6 1.0 1.1 Zacatecas 31.9 28.2 27.5 24.4 25.3 26.6 35.6 35.8 35.3 1.2 5.1 4.83 2.6 1.8 2.1

Fuente: Elaboración propia, con resultados electorales de los partidos políticos en la elección federal para presidente, diputados y senadores de 2006.

Cuadro 3. Gasto por partido político en la elección federal 2006 Elecciones federales Medios de comunicación PRESIDENTE Prensa Radio Televisión Propagada

Total

CALDERON /PAN 2,505,234 91,599,679 100,276,524 36,456,554 230,837,991 MADRAZO /CAPM 20,787,601 51,945,187 294,988,728 77,123,294 444,844,810 AMLO /CPBT 1,304,616 89,807,230 267,987,505 24,512,769 383,612,120 CAMPA /PANAL 1,123,594 2,614,415 19,455,238 3,223,294 26,416,541 Total 25,721,045 235,966,511 682,707,995 141,315,911 1,085,711,462 SENADORES Prensa Radio Televisión Propagada Total PAN 5,888,518 25,328,355 43,534,775 15,243,128 89,994,776 CAPM 13,928,698 34,640,461 52,089,041 16,377,247 117,035,447 CPBT 1,929,600 19,144,903 89,027,127 3,161,247 113,263,164 PANAL --- 85,650 106,295 --- 191,944 Total 21,746,816 79,199,369 184,757,238 34,781,622 320,485,045 DIPUTADOS Prensa Radio Televisión Propagada Total PAN 5,466,694 17,768,727 11,478,132 5,956,988 40,670,541 CAPM 7,486,122 18,259,446 25,718,012 16,144,680 67,608,260 CPBT 748,581 7,327,065 37,967,593 968,434 47,011,673 PANAL 29,241 123,814 72,505 144,023 369,583 Total 13,730,638 43,479,052 75,236,242 23,214,125 155,660,057

Fuente: Elaboración propia con informes de gasto presentados por partidos políticos durante la campaña. Nota: PASDyC no presentó informe alguno y el rubro de propaganda considera anuncios espectaculares en vía pública, salas de cine e internet. Cuadro 4. Monitoreos en medios de comunicación

Presidente Senadores Diputados Televisión Numero de promocionales

Tiempo total Numero de promocionales

Tiempo total Numero de promocionales

Tiempo total

PAN 11,904 76 h,47min 9,114 52h,9min 2,389 13h,43min CAPM 10,425 77 h,15min 28,554 162h,22min 13,540 75h,28min CPBT 16,316 89 h,5 min 2,646 15h,35min 1,465 9h,2min PASyC 206 7min,36seg --- --- --- --- PANAL 1,454 8h,7min 3,163 17h,56min 287 1h,55min Total 40,305 251h,29m,36s 43,477 248h,2min 17,681 100h,8min

Presidente Senadores Diputados Radio Numero de

promocionales Tiempo total

Numero de promocionales

Tiempo total

Numero de promocionales

Tiempo total

PAN 106,960 525h,20min 32,152 159h,37min 12,865 77h,34min CAPM 59,414 422h,20min 68,277 394h,35min 44,017 244h,37min CPBT 60,410 338h,35min 15,467 69h,39min 10,918 64h,1min PASDyC 3,199 19,h 12 3min,6seg 452 2h,51min PANAL 3,368 19h 1,391 9h,25min 2,960 22h,36min Total 233,351 1324h,15min 117,303 633h,31m,6 71,212 412h,5m

Presidente Senadores Diputados Prensa Inserciones pagadas Inserciones pagadas Inserciones pagadas

PAN 350 973 1,539 CAPM 982 2,887 3,337 CPBT 803 1,261 712 PASDyC 6 1 13 PANAL 38 78 140 Total 2179 5200 5741 Espectaculares Presidente Senadores Diputados PAN 1,189 260 134 CAPM 2,315

458

256

CPBT 127 49 14 PANAL 162 5 2 Total 3793 772 406

Fuente: Instituto Federal Electoral, monitoreo de campañas electorales en Televisión, radio, prensa, y propaganda, del 19 de enero a 28 de junio de 2006. Cuadro 5. Impacto de las campañas electorales a la Presidencia de la República

Medios/candidatos Calderón Madrazo AMLO Anuncios en TV 39 24 24 Bardas/espectaculares 28 25 25 Anuncios en radio 27 23 20 Periódico/revistas 25 21 20 Mítines o campañas 23 20 28 Candidato que organizó algún evento (mitin, reunión, concierto) en su comunidad o alrededores

29

26

39

Candidato que más veces vino a su comunidad 12 11 22 Asistencia a los eventos de los candidatos (mitin, reunión, concierto)

36

33

58

Fuente: El universal, encuesta a los presidenciables, 23 de junio de 2006

Cuadro 6. Conocimiento sobre los Candidatos

Calderón

Madrazo

AMLO

Mercado

Campa

% menciono los 3 candidatos con más posibilidades

% menciono los 5 candidatos que compiten

Enero 80 93 95 29 13 76 10 Febrero 82 93 97 48 35 79 29 Marzo 89 95 96 48 45 86 37 Abril 96 98 98 70 62 94 58 Mayo 96 96 98 68 60 94 56 Junio-01 97 96 99 80 70 95 68 Junio-02 97 97 98 81 72 94 68

Fuente: Mitosky, Así van los candidatos en junio, tendencias electorales.

Cuadro 7. Rechazo a partidos y candidatos

Campaña electoral Partidos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio-01 Junio-02

PAN 22 20 21 21 21 27 24 PRI 38 36 35 37 36 38 36 PRD 23 18 21 26 26 31 27 PT 28 22 21 25 21 19 19 PVEM 28 26 24 26 22 20 20 Convergencia 34 30 23 27 23 20 20 PANAl 35 32 23 27 23 19 20 ASDyC 22 20 21 21 21 17 18

Candidatos

Calderón 19 18 17 22 23 20 26

Madrazo 40 34 30 39 38 31 37 AMLO 20 15 16 30 24 26 29 Mercado 20 19 15 20 16 14 19 Campa 18 17 15 26 20 18 25

Cuadro 8. Principales propuestas de los candidatos durante la campaña

AMLO Calderón Madrazo Propuestas % Propuestas % Propuestas % Ayuda a adultos mayores 15 Combatir inseguridad 13 Combatir la inseguridad 6 Ayuda a pobres 9 Generar empleos 5 Combatir la corrupción 5 Baja costos de gas, luz 4 educación 2 Generar empleos 4 Generar empleos 4 Combate a la pobreza 1 Estabilidad económica 2 Combatir la inseguridad 4 Ayuda al campo 1

¿Por que debería ganar?

AMLO Calderón Madrazo Propuestas 22 Propuestas 19 Experiencia 25 Ayuda a la gente 19 Continuidad 19 Propuestas 18 Buen candidato 14 Capaz y honesto 16 buen candidato 15 Capaz y honesto 11 Buen candidato 12 Beneficio a todos 12 Beneficio a todos 10 Beneficio a todos 9 Ayuda a la gente 8 Ayuda a la 3era. edad 7 Ayuda a la gente 4 Es el mejor 5

Fuente: El Universal, encuestas del 13 de marzo y 15 de mayo de 2006,

Derechos indígenas en América Latina. Emergencia política, autonomía y zapatismo Manuel Martínez de Espinoza Manuel Martínez Espinoza es becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México RESUMEN El presente texto analiza el tema de los derechos indígenas en América Latina con énfasis en el aspecto de la autonomía. El punto de partida es el reconocimiento de un fenómeno que afecta a la comprensión y el desarrollo de los también llamados derechos colectivos: la creación y funcionamiento de las Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles, dos instituciones fundadas por el Movimiento Zapatista para aplicar, de forma unilateral y autónoma, los derechos demandados a y negados por la arena política oficial de México. El artículo se divide en cuatro secciones. En la primera sección, se analizan, desde una visión de proceso político, las movilizaciones que defienden los derechos indígenas en América Latina. En la segunda sección, se revisan los principales instrumentos jurídicos internacionales que han servido de base legal a las demandas indígenas. La tercera sección examina el significado de la autonomía. La cuarta sección entra de lleno a examinar el estudio de caso, es decir, la lucha del Movimiento Zapatista por la autonomía indígena. Finalmente, se presentan las conclusiones. palabras claves: derechos indígenas, Movilizaciones indígenas, Autonomía, Movimiento Zapatista, América Latina, Chiapas.

SUMMARY This article analyzes the movements and the indigenous rights in Latin America with an emphasis on the aspect of autonomy. The point of departure is acknowledging a phenomenon that influences on the understanding and development of the so-called collective rights: the creation and functioning of the Committees of Good Government and the Caracoles; the two institutions founded by the Zapatista movement in order to apply, in a unilateral and autonomous form, the demanded rights denied by the official political class of México. This piece of work is divided into four sections: firstly, it analyzes the indigenous movements of human rights in Latin America. Secondly, it examines the most important international laws regarding the indigenous people. Thirdly, it explains what can be identified as autonomy. Fourthly, it studies the Zapatista Movement and its dispute for the indigenous autonomy. Finally, the conclusions are presented. keywords: indigenous rights, Indigenous movements, Autonomy, Zapatista Movement, Latin America, Chiapas.

Derechos indígenas en América Latina. Emergencia política, autonomía y zapatismo

Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero tampoco importa en este momento.

Soy indígena y soy mujer y eso es lo único que importa ahora. Comandante Esther del EZLN en la tribuna de la Cámara de Diputados de México, 28-03-01

Introducción

El 8, 9 y 10 de agosto de 2003 en un territorio de Chiapas, estado del sureste de

México, se llevo a cabo una fiesta popular con indígenas y personas de la sociedad civil

nacional e internacional. El lugar era Oventik, en el Municipio Autónomo de San Andrés

Sakamchén de Los Pobres y la fiesta se realizó para celebrar la creación de los Caracoles y

las Juntas de Buen Gobierno, dos nuevas instancias que tienen el objetivo implantar en los

hechos una demanda indígena abanderada por el Movimiento Zapatista: la autonomía.

Con ese acto, las movilizaciones de carácter indígena daban un nuevo paso en sus demandas

de garantías, instrumentos y procesos para su desarrollo. Es decir, los llamados derechos

indígenas.

Dotado de una multidisciplinariedad que sobrepasa el factor jurídico, el asunto de los

derechos indígenas ha sido controvertible incluso a nivel internacional, pues su concepción y

contenido trastocan nociones sobre las cuales se han asentado los Estados modernos. Ello se

puede sintetizar en una demanda básica: la autonomía.

En el marco de la democratización mundial y la extensión de los derechos humanos –

sobre todo en América Latina-, se han generado movilizaciones que, teniendo como actores

principales a los Pueblos Indígenas, han demandado la incorporación y efectiva tutela de los

también llamados derechos colectivos.

Evidentemente, el tema ha tenido diversas orientaciones, producto de las múltiples

aristas que posee, las cuales generan, aun sin proponérselo, confrontación y polarización.

A partir del reconocimiento de la situación anterior, el presente texto analiza el tema

de los derechos indígenas en América Latina. Para ello, se concentra en la demanda de

autonomía y revisa el ejemplo de las Juntas de Buen Gobierno del Movimiento Zapatista del

sureste mexicano y su lucha por la autonomía.

En primer lugar, se ofrece una explicación de las movilizaciones indígenas que

encumbran las demandas de derechos indígenas, así como sus efectos en las arenas públicas.

Esto, desde una visión del proceso político. Posteriormente, se revisan los principales

instrumentos jurídicos internacionales -con énfasis en el convenio 169 de la OIT- que han

servido de base legal a las demandas indígenas. En el siguiente apartado, se pasa lista al

significado de la autonomía y sus componentes. A su vez, la sección tercera entra de lleno a

examinar el estudio de caso, es decir, la lucha del Movimiento Zapatista por la autonomía

indígena. Finalmente, a manera de conclusiones, se presentan algunas reflexiones que

pretenden agregar más motivos a la brega por el reconocimiento de los derechos indígenas.

En vista de lo complejo del tema, el análisis adopta un enfoque que contempla orientaciones

históricas y jurídicas del fenómeno, pero que se concentra en el aspecto político del mismo, es

decir, en los actores, normas y procedimientos relacionados con la cuestión del poder.

I. La emergencia de las movilizaciones indígenas desde un enfoque de proceso político

La población indígena en América Latina representa aproximadamente el 10% de la

población total del subcotinente (alrededor de 45 millones de personas). Los países con mayor

incidencia de grupos indígenas en su interior son: Guatemala y Bolivia (60% de sus

poblaciones son indígenas), Perú y Ecuador (entre 30 y 45% de su población), y México (que

su 10% implica a 10 millones de personas).

A pesar de la considerable cantidad que representa el clivaje indígena, es hasta

mediados de la década de 1980 y durante la de 1990 cuando se da un auge en las

movilizaciones que demandaban el reconocimiento de los llamados Derechos Colectivos en la

región. ¿Por qué ocurre en esa época? Por múltiples factores que señalan un cambio en los

sistemas políticos de América Latina; esto es, la estructura de oportunidades políticas1.

Así, en América Latina los movimientos de demandas de carácter indígena se llevaron a cabo

dentro de una coyuntura que, mezclando varios procesos, recorría transversalmente a la

región: el agotamiento de los proyectos nacional-desarrollistas y las formas burocrático

1 Una oportunidad política se concibe como “las señales continuas –aunque no necesariamente permanentes, formales o a nivel nacional- percibidas por los agentes sociales o políticos que les animan o desaniman a utilizar los recursos con los que cuentan para crear movimientos sociales”. S. TARROW. “Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales”. En D. MC. ADAM. J. MC CARTHY. y M ZALD. Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Madrid. Istmo. 1999. P. 89. Pp. 71-99.

autoritarias, así como la liberalización de los sistemas económico y político2. Lo que se llamó

la transición doble3.

La estructura de oportunidades que facilitó las reflexiones y posteriores

movilizaciones en defensa de los derechos indígenas en América Latina fue condicionada por

las transiciones a la democracia y los ajustes económicos (nombrados estructurales). Léase, la

modificación de los mecanismos, actores y procedimientos (económicos y políticos) de

dominación imperantes.

Del mismo modo, la coyuntura política en el mundo globalizado fungió como un

elemento de apoyo a las movilizaciones. Esto es, que la aparición de un régimen internacional

así como de nuevos actores generaron un conjunto de coaliciones promotoras críticas para el

movimiento indígena. Por lo que, se ha insistido que el factor que le dio impulso al

movimiento fue su inserción en el sistema de organizaciones internacionales4.

Al respecto, conviene señalar la necesidad de revisar al movimiento indígena como un

sujeto político y, por lo tanto, no de manera uniforme ni homogénea, sino en constante

evolución producto de su interacción con otros actores.

El actor fundamental son los grupos indígenas que, dada su participación, deben

considerarse como actores políticos. Es decir, lo indígena no es algo puro e inmutable, sino en

constante interacción con otros actores y procesos que, debido a esos contactos, recrea sus

normas, procesos e instrumentos, lo cual le permite tomar parte en la estructura de

oportunidad política que se le presentaba.

Ante ello, como apunta Ramón Máiz desde su análisis construccionista5, las

identidades indígenas contemporáneas son el producto de un complejo proceso de

construcción mediante movilización, organización y discurso; donde hay actores externos que

dinamizan el proceso. Los principales actores dinamizadores han sido, en América Latina: la

2 .Cfr. W. ASSIES. “La situación de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en el contexto latinoamericano”. En Alertanet en Derecho y Sociedad/Law & Society. México, 2001. Disponible en Word Wide Web: www.alertanet.org/dc-willem-dhypi.htm 3 Daniel Zovatto cataloga a este proceso como “una transición doble: del autoritarismo a la democracia y de economías fuertemente intervenidas por el Estado y cerradas a economías abiertas y orientadas al mercado”. Cfr. D. ZOVATTO, “La reforma político-electoral en América Latina: evolución, situación actual y tendencias. 1978-2000”. Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 21. Caracas. Octubre 2001. p. 143. pp. 143-188. 4 Cfr. S. MARTÍ. “Sobre la emergencia y el impacto de los movimientos indígenas en las arenas políticas de América Latina. Algunas claves interpretativas desde lo local y lo global” en Etnicidad, autonomía y gobernabilidad en América Latina,, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca. 2004. Pp. 367-398. 5 Cfr. R. MÁIZ. “Yawar Mayu: la construcción política de identidades indígenas en América Latina”. En Etnicidad, autonomía y gobernabilidad en América Latina, Salamnca. Ediciones Universidad de Salamanca. 2004. pp.325-366.

Iglesia Católica, los profesionales de la antropología y las redes internacionales de carácter

humanitario6.

De esta forma, las movilizaciones indígenas han demandado, por lo menos, los

siguientes aspectos: tierra, trabajo, identidad, autonomía (territorialidad, autogobierno,

autogestión y jurisdicción) y la participación en las decisiones. Los términos altamente

controvertidos son: Pueblos, Territorio, y Libre determinación.

En ese sentido, la emergencia de las reivindicaciones indígenas ha reproducido intensos y

complejos debates de acérrima confrontación. Dos de esos debates tienen que ver con los

basamentos del Estado-nación y los derechos humanos.

1.-Respecto del Estado-Nación, se reconocen dos posturas relativas a la emergencia de

los movimientos indígenas y la reivindicación de sus derechos: a) que el reconocimiento de la

autonomía y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas significa la disgregación

(balcanización) de los fundamentos del Estado-nación. Y b) que el reconocimiento de la

autonomía y la libre determinación asienta los elementos esenciales que fortalecen los pactos

sociales, con lo que el Estado refuerza la legitimidad de sus funciones.

Para Rodolfo Stavenhagen7, son cinco los ámbitos de conflicto en los que se

confrontan los Pueblos Indígenas con los Estados: a) la definición, membresía y estatuto legal

de los Pueblos Indígenas; b) la tierra, el territorio y los recursos; c) el desarrollo económico;

d) la lengua, la educación y la cultura; y e) el derecho indígena y la organización social.

Aun así, a pesar de lo ásperas que han sido las relaciones entre los Estados y los Pueblos

Indígenas a partir del apogeo en los reclamos sobre los derechos colectivos de estos últimos,

se han podido instrumentar acciones encaminadas a solventar las demandas aludidas. Tales

acciones han sido el reconocimiento a la composición étnica y plurinacional en las

constituciones políticas de Colombia (1991), Bolivia (1994), Ecuador (1998), o la existencia

de regímenes de autonomía indígena en Nicaragua (las regiones autónomas), Colombia (las

entidades territoriales indígenas) y Bolivia (distritos municipales indígenas).

2.-Respecto de los Derechos Humanos, existen esencialmente tres posturas: a) que el

reconocimiento de los derechos colectivos (base teórica-fundamental de los derechos

indígenas) lacera y se superpone al disfrute de los derechos humanos, que se sustentan en el

6 Cfr. S. MARTÍ. Op. Cit. 7 R. STAVENHAGEN. “Los derechos indígenas: nuevo enfoque del sistema internacional”. En H. DÍAZ-POLANCO (Comp.). Etnia y nación en América Latina. México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Colección Claves de América Latina. 1995. Pp. 141-170.

individuo. b) Que el reconocimiento de los derechos colectivos significa resarcir la histórica

hegemonía y dominio de las ideas liberales (occidentales) colonizadoras frente a concepciones

colectivas (de los pobladores originarios). Y, c) que el reconocimiento de los derechos

indígenas es posible siempre y cuando no vulnere las garantías individuales de la sociedad

(esta postura puede catalogarse como una liberal que media entre las liberales radicales y

comunitaristas)8.

Con todo, existe un elemento que puede entenderse como causa y efecto de las

movilizaciones de demandas indígenas: la existencia de instrumentos jurídicos

internacionales.

II. El marco legal internacional

A raíz del crecimiento mundial de las demandas y las movilizaciones, se colocó en la

agenda internacional el asunto de los derechos indígenas como un elemento sustancial para la

estabilidad política y social.

Además de tener como sustento a la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

durante mucho tiempo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), ambos de la

ONU, fueron el soporte legal básico para la defensa de los derechos indígenas. No obstante,

esos pactos tenían tres limitaciones para con la orientación de los derechos indígenas: a) un

sesgo individualista, b) estaban destinados a los Estados por lo que eran poco accesibles a los

ciudadanos, y c) no contaban con instrumentos eficaces para hacer cumplir sus

recomendaciones9.

Sin embargo, es en la década de 1980 cuando se da un cambio de énfasis de “’los

derechos universales individuales’ a los ‘derechos humanos colectivos’”10, que beneficia a la

cuestión indígena.

En primer lugar, en 1982 se instituye en la Organización de las Naciones Unidas un

grupo de trabajo sobre Pueblos Indígenas11. Después, en 1987 la Subcomisión de Prevención

8 Will Kymlicka dice que el reconocimiento de los derechos diferenciados en función del grupo supone el disfrute de la libertad de los derechos humanos liberales. Para Dworkin, la sociedad liberal debe ser neutral (ciega a la diferencia). John Rawls, a su vez, habla del liberalismo como imparcialidad. 9 Cfr. W. ASSIES. Op. Cit. 10 R. STAVENHAGEN. Op. Cit. P. 142. 11 Grupo que actualmente se encuentra en proceso de consenso de la aprobación de un proyecto de Declaración sobre Derechos Indígenas.

de Discriminaciones y Protección a las Minorías preparó un estudio que da cuenta de la

discriminación prevaleciente contra las poblaciones indígenas. Finalmente, en 1989 la

Organización Internacional del Trabajo adopta lo que ha sido hasta ahora el instrumento

jurídico más importante en términos específicos de los derechos de los Pueblos Indígenas: el

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Conocido como

el “convenio 169 de la OIT”.

El convenio 169 de la OIT es el referente imprescindible tanto en las luchas por los

derechos indígenas como en las reformas constitucionales latinoamericanas; esto se debe a su

carácter jurídico y fáctico.

En términos jurídicos, el convenio 169 de la OIT se convierte en marco integral, pues

la ratificación de él, obliga al país firmante a compatibilizar las legislaciones nacionales con

su contenido.

A su vez, en el plano fáctico, el convenio 169 posibilita al reclamante presentar sus

querellas ante la Oficina Internacional del Trabajo, la cual puede iniciar una investigación y,

en su caso, la queja puede llegar a la Corte Internacional de Justicia.

Como se observa, el tema de los derechos indígenas ha cobrado amplia relevancia en

los ámbitos nacional e internacional, en donde se han ampliado las opiniones a favor de

reconocer la cuestión indígena en los marcos jurídicos. Por supuesto, el proceso ha sido lento

y arduo, pues las cuestiones a resolver trastocan esferas inherentes al ordenamiento estatal,

como la tierra, los recursos, la cultura y, sobre todo un asunto que, por ser fundamental,

deviene en un tópico complicado: la autonomía.

III. Autonomía como derecho primordial indígena

La historia de los Pueblos Indígenas en América Latina ha sido la historia del

avasallamiento político, social, cultural y económico proveniente desde la conquista y que,

más que forjar una convivencia, engendró una relación de dominación. A través de la

imposición de arquetipos culturales ajenos (etnocidio), del desprecio a las idiosincrasias, del

arrinconamiento al estrato económico más bajo, y de la manipulación de las comunidades, fue

como se definió mayoritariamente la relación del Estado, la clase política y la población

mestiza con los Pueblos Indígenas.

El derecho estatal12 predominó aplastando al derecho consuetudinario13.

A partir de ello, lo que generalmente han reivindicado los movimientos indígenas ha sido

subsanar los atropellos mediante el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Al

que también se alude como autogobierno y/o autogestión pero que, en el presente trabajo, se

entenderá como autonomía14.

La reivindicación básica que subyace a los derechos de autogobierno es que hay más de una comunidad

política, y que la autoridad del Estado en su conjunto no debe prevalecer sobre la autoridad de las

comunidades nacionales que lo constituyen. Si la democracia es el gobierno del pueblo, las minorías

nacionales afirman que hay más de un pueblo, cada uno de los cuales tiene derecho a gobernarse por sí

mismo. Por consiguiente, los derechos de autogobierno son el caso más claro y completo de ciudadanía

diferenciada…15

La autonomía se entiende como un régimen jurídico-político que reconoce

atribuciones y actividades específicas de un grupo o comunidad sobre la base de un marco

normativo mayor. En las demandas indígenas, la autonomía está destinada a instituir un

sistema de autogestión regional y local –destinada a alcanzar la ciudadanía formal y material-

para ejercer derechos en el ámbito de un Estado-nación16.

En términos generales, el movimiento pro derechos indígenas apela a la autonomía

con el objetivo de resolver básicamente cuatro asuntos: a) enmendar las contradicciones de las

diferencias culturales, b) afirmar derechos individuales a condición de consagrar derechos

colectivos, c) lograr un nivel de concreción de la ley en beneficio de los indios que han sido

12 Entendido como “la concepción de lo jurídico caracterizado por la organización social de conductas a través de reglas escritas derivadas de un órgano especializado y legitimado por las mismas reglas”. J. GONZÁLEZ GALVÁN. El derecho consuetudinario de las culturas indígenas de México. Notas de un caso: los Nayerij. México. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie E: varios, núm. 61. 1994. P. 11. 13 Entendido como “la concepción de lo jurídico, caracterizado por la organización social de conductas a través de reglas-prácticas concebidas en comunión con las fuerzas de la naturaleza y transmitidas, esencialmente, de manera oral”. J. GONZÁLEZ GALVÁN. Op. Cit. P.11. 14 .La autonomía no es más que el ejercicio del autogobierno, o sea la autodeterminación individual y colectiva”. R. ZIBECHI. “La autonomía es más que una palabra”. (En línea). 2004. Disponible en Word Wide Web: http://www.rebelion.org/sociales/04119zibechi.htm 15 W. KYMLICKA. Ciudadanía multicultural. Barcelona. Paidós. 1996. p. 8. Para defender la legitimidad liberal de los derechos indígenas, Kymlicka defiende la tesis de que la causa de la libertad a menudo encuentra sus bases en la autonomía de un grupo nacional. 16 .Cfr. H. DÍAZ-POLANCO. “La rebelión de los indios zapatistas y la autonomía” en N. CHOMSKI, et. al. Chiapas insurgente. 5 ensayos sobre la realidad mexicana. Navarra. Txalaparta editorial. Marzo 1995. P. 98. Pp. 81-107.

mermados en sus derechos individuales y colectivos, y d) recomponer la relación unitaria

pueblo-indio-territorio17.

La autonomía que reivindican los Pueblos Indígenas como un derecho primordial ha

sido un tema espinoso en las negociaciones para su concreción. El argumento mayor que se

utiliza para negarla formalmente es que ella -la autonomía indígena- producirá una ruptura a

través de la separación de las partes integrantes del Estado-nación.

Héctor Díaz-Polanco señala que, para asegurar que la autonomía no produzca efectos

desintegradores, se funda en cuatro principios: a) la unidad de la nación; b) la fraternidad

entre los diversos grupos étnicos y regiones que componen el país; c) la igualdad de trato de

todos los ciudadanos en los territorios autónomos, con independencia de su adscripción

étnica; y d) la igualdad entre sí de las comunidades o grupos étnicos que comparten la región

autónoma18.

Como se puede advertir, la autonomía que generalmente buscan formalizar19 los

Pueblos Indígenas en los Estados latinoamericanos se convierte en un tema de amplias

negociaciones y connotados episodios nacionales. Por supuesto, no ha sido un proceso ni fácil

ni acabado, pero en el cual se juegan no sólo la satisfacción de algunos pueblos sino la justicia

y estabilidad de un país. Tal es el caso del Movimiento Zapatista del sureste mexicano.

IV. El Movimiento Zapatista en México: una lucha por la autonomía indígena

1. Cronología del movimiento: causas, composición y etapas

México ha seguido una política de Estado de asimilación-destrucción hacia las poblaciones

precolombinas. Esa política se ha conocido como “indigenismo”.

Las culturas indígenas mexicanas han estado sometidas a la cultura occidental, eso comenzó bajo la

estructura colonialista-monárquica y continúa bajo la fachada nacionalista-republicana. (…) La

tendencia etnocéntrica tuvo dos etapas: 1)indigenismo, que fue etnocida por comisión (integrando) y

por omisión (explotación económica y manipulación política); 2)discurso de pluralidad de culturas, que

se lleva a cabo en el marco del derecho dominante.20

17 . FUENTES MORÚA. “¿Democracia sin autonomía indígena?” en Memoria Cemos. Núm. 108. México. Cemos. 2002. Disponible en Internet: http://www.memoria.com.mx/108/108mem02.htm 18 H. DÍAZ-POLANCO. “La rebelión de los indios zapatistas y la autonomía” en N. CHOMSKI, et. al. Op. Cit. p. 99. 19 .“Existen en el mundo alrededor de 300 millones de personas que viven bajo la intuición de un orden consuetudinario.” J. GONZÁLEZ GALVÁN. Op. Cit. P. 20. 20 Cfr. Ibid. Pp. 18-19.

Inclusive, en ese país el tema indígena cuando no tenía la fortuna de ser abordado por

connotados –aunque escasos- analistas, sólo era asunto de legitimación del régimen, pero no

un tema de interés general. Eso cambió a partir del 1 de enero de 1994.

Ese día, mientras entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio –firmado con Estados

Unidos y Canadá-, en el sureste mexicano una sublevación armada tomaba los municipios de

San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Chanal, Ocosingo, Las Margaritas, Oxchuc, y

Huixtan, pertenecientes al estado de Chiapas. Dicho grupo, de integración indígena

mayoritaria, se autodenominaba Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y

demandaban once aspectos básicos: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación,

independencia, libertad, democracia, justicia y paz.21

El Movimiento Zapatista22 es producto de una mixtura de factores coyunturales,

históricos y estructurales provenientes tanto del escenario internacional como de los

escenarios nacional, estatal y local23. A riesgo de simplificar la complejidad del fenómeno, los

elementos impulsores serán puntualizados.

Pablo González Casanova establece ocho causas determinantes del Movimiento

Zapatista24: a) la herencia rebelde de los Pueblos Indígenas mayas; b) la crisis de la hacienda

tradicional que provocó la marginación de personas que no encontraron acomodo en el

desarrollo del país; c) la acción pastoral que, con base en la Teoría de la Liberación,

convirtieron a los catequistas en portavoces de reflexión de las comunidades; d) los

sobrevivientes del movimiento estudiantil de 1968 que se internaron en las organizaciones y

comunidades indígenas chiapanecas planteando programas de lucha por mejores condiciones

de vida; e) la expropiación de tierras a los sectores pobres que, con el decreto presidencial de

1971 y la reforma al artículo 27 constitucional de 1991, alcanzó un punto álgido; f) la

21 A partir de la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, emitida en 1996, el EZLN aumentó dos demandas más a las 11 iniciales: información y cultura. 22 Generalmente, se cataloga sólo como “Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)” al fenómeno político que tiene su epicentro en Chiapas. Sin embargo, tal caracterización no refleja adecuadamente los actores, redes y procesos que ahí se han generado. De esta forma, este trabajo propone utilizar el concepto de “Movimiento Zapatista”, el cual se refiere a las personas, actos, símbolos, valores y estrategias que simpatizan, se adhieren y/o promueven el alzamiento, demandas y actos del EZLN. Los actores básicos son tres: El EZLN (el zapatismo político-militar), las comunidades indígenas de los Altos y las Cañadas de Chiapas (el zapatismo civil), y la sociedad civil nacional e internacional que los apoya. 23 Lo que evidentemente se opone a la teoría defendida por Maite Rico y Bertrand La Grange que apunta a que el EZLN es producto de la megalomanía de dos personajes claves en la región: Marcos por parecerse al Che Guevara, y el Obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz, en su afán por conseguir el premio Nobel de la Paz. Cfr. M. RICO y B. LA GRANGE. Marcos, la genial impostura. México. Nuevo Siglo Aguilar. 1998. 24 P. GONZÁLEZ CASANOVA. “Causas de la rebelión en Chiapas”. México. (En línea). 1996. Disponible en Internet: www.ezln.org.mx

politización de los Pueblos Indígenas que, al presenciar en carne propia la ficción de los

procesos electorales25 y los mecanismos autoritarios tanto de los partidos políticos como del

propio gobierno, se desencantan de las instituciones tradicionales; g) la represión

gubernamental hacia los grupos indígenas y la aplicación de la ley de forma racista26; y h) la

violencia negociada con pérdidas y ganancias, es decir, los intentos de lucha unida y asociada.

Además de los anteriores, un factor preponderante fue la implantación de un modelo

neoliberal en América Latina que ocasionó el deterioro de las condiciones de vida de la

mayoría de la población (pérdida del poder adquisitivo, desempleo masivo, disminución del

gasto social por parte del Estado).

Aunado a ello, están las situaciones económicas y políticas del Estado de Chiapas (lo

que Carlos Montemayor denomina agitadores sociales) que, entre pobreza e inestabilidad

circundante27, devastaban las ya de por sí precarias condiciones de vida de los Pueblos

Indígenas.

Es en el contexto anterior como se va integrando, a finales de la década de los setenta

e inicios de los ochenta, lo que, a partir del 1 de enero de 1994, se conocerá como el Ejército

Zapatista de Liberación Nacional.

25 En las elecciones del 18 de agosto de 1991, el Partido Revolucionario Institucional (PRI, partido del régimen desde 1929 hasta el 2000), obtuvo el 100% de los votos en 50 municipios de Chiapas. En el caso de las elecciones presidenciales, el PRI obtuvo en el estado el 98.3% de los votos en 1970, el 97.7% en 1976, el 90.2% en 1982, el 89.4% en 1988, y el 47% en 1994, año del alzamiento. Fuente: Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. Las causas que originaron el conflicto armado y la deuda histórica con el pueblo indígena. México. CIEPAC. Disponible en Internet: http://www.foodforchiapas.net/Spanish/Historia/paz/130.html Consultado el 14-03-04. 26 .“De 1974 a 1987 se cuentan 982 líderes asesinados tan sólo en una parte de la región indígena de Chiapas; mil 84 campesinos detenidos sin bases legales; 379 heridos de gravedad; 505 secuestrados o torturados; 334 desaparecidos; 38 mujeres violadas; miles de expulsados de sus casas y sus tierras; 89 poblados que sufrieron quemas de viviendas y destrucción de cultivos.” Cfr. P. GONZÁLEZ CASANOVA. Op. Cit. p. 14. 27 En datos de 1994, de los 111 municipios del Estado, 94 estaban considerados de extrema pobreza, incluidos los 37 municipios con 40% o más de población indígena. Entre la población indígena, la mitad tenía vivienda con electricidad, 4 de 10 casas tenían agua entubada (no potable) y un 16% contaba con drenaje. El número de muertes por deficiencias en la alimentación aumentó de 1984 a 1994 en 641%. En municipios donde la población indígena supera el 70%, la presencia médica es de 1 por cada 25,000 habitantes. Finalmente, desde 1825 a 1995, en 170 años Chiapas ha tenido 160 gobernadores, poco menos de uno por año; de ellos, sólo 34 han sido constitucionales, 100 los interinos y los demás provisionales, sustitutos y encargados. Sólo hubieron 34 procesos electorales para elegir gobernador Constitucional del Estado, de los cuales 7 fueron electos por el Congreso del Estado, 12 indirectamente a través de electores secundarios, y 15 a través del voto popular, directo y secreto. Fuente: Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. Op. Cit.

Las bases indígenas de apoyo y movilización del EZLN se encuentran en dos zonas: la Selva

lacandona (de presencia fuerte) y la zona de los Altos de Chiapas (regiones II, III y VI del

gráfico 1)28.

El zapatismo se desarrolló en el seno de sectores de la población indígena que habían sido desplazados

y que inventan un nuevo tipo de tradición y que, por esa razón tuvieron que romper con sus

comunidades originales o incluso abandonarlas29.

Gráfico 1.

La composición del EZLN es producto de la interacción entre cuatro tipos de actores:

a) indígenas (tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales y zoques); b) Iglesia católica (Misioneros

de la Orden de los Predicadores, Diócesis de San Cristóbal); c) organizaciones productivas

autónomas agrarias y campesinas (ARIC Unión de Uniones, Alianza Nacional Campesina

Independiente Emiliano Zapata, y la Organización Campesina Emiliano Zapata); y d) sectores

de la izquierda (Unión del Pueblo, Política Popular, Organización Ideológica Dirigente y las

Fuerzas de Liberación Nacional).

Desde su aparición pública, el EZLN ha realizado y promovido una gran cantidad de

acciones sobre las cuales se ha organizado el Movimiento Zapatista.30

En términos generales, los actos zapatistas se han circunscrito a cuatro grandes estrategias: 1)

el diálogo con los gobiernos y la clase política de México; 2) las conversaciones y encuentros

con otras luchas para crear lineamientos que les permitan enfrentar al sistema político

mexicano que ellos consideran corrupto y al neoliberalismo en el mundo31 ; 3) los

acercamientos, y reuniones con lo que ellos llaman la “sociedad civil nacional e

internacional” que los apoya; y 4) la construcción autónoma de recursos, medios y procesos

para la subsistencia de sus comunidades indígenas.

2. La autonomía indígena en el Movimiento Zapatista 28 Delimitación de una región del estado que incluye los municipios de Amatenango del Valle, Cancuc, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, El Bosque, Huixtán, Mitontic, Larráinzar, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas (centro comercial y administrativo), Teopisca, y Zinacantán. 29 Cfr. Y. LE BOT. El sueño zapatista. Barcelona. Ed. Plaza & Janés, 1997. 30 .Para una revisión puntual de tales acciones zapatistas en sus primeros 10 años Cfr. G. MÚÑOZ RAMÍREZ. 20 y 10 el fuego y la palabra. México. La Jornada ediciones, Revista Rebeldía. 2003. 31 Es en esta estrategia en donde tienen cabida los recientes esfuerzos de los zapatistas a partir de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (promulgada a finales de junio de 2005) y su “otra campaña” en México y en el mundo.

Como levantamiento de reivindicación de los Pueblos Indígenas, el Movimiento Zapatista

ha enarbolado la bandera de los derechos indígenas como aspiración esencial de su discurso.

Igualmente, el elemento de la autonomía ha estado presente en sus demandas y acciones. La

particularidad del caso es que el zapatismo ha librado la lucha por la autonomía indígena en

dos arenas: la formal-legal y la fáctica.

2.1 La vertiente formal-legal: Los Acuerdos de San Andrés y la reforma constitucional

de 2001

La búsqueda de los zapatistas por el reconocimiento formal de los derechos indígenas

ha tenido como episodios más importantes los Acuerdos de San Andrés de 1996 y la reforma

constitucional de 2001.

En febrero de 1996, después de arduas y complicadas negociaciones, representantes

del EZLN y del Gobierno Federal Mexicano firman unos acuerdos en la comunidad

chiapaneca de San Andrés Larráinzar. Esos Acuerdos establecen la creación de una nueva

relación entre el Estado mexicano y los Pueblos Indígenas32. Después, la Comisión de

Concordia y Pacificación (COCOPA, compuesta por legisladores) traduce esos acuerdos en

un proyecto de ley que el Gobierno federal rechaza.

El propósito de los Acuerdos de San Andrés es promover

una nueva relación entre los Pueblos Indígenas y el Estado" que termine con la relación de

subordinación, desigualdad, discriminación, pobreza, explotación y exclusión política de los indígenas.

Para lograr este objetivo el gobierno se compromete a promover el reconocimiento constitucional de los

derechos de los pueblos indios, individuales y colectivos.33

32 .A manera de síntesis, una de las conclusiones de esos acuerdos señala que “el gobierno asume el compromiso de construir, con los diferentes sectores de la sociedad y en un nuevo federalismo, un nuevo pacto social que modifique de raíz las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales con los Pueblos Indígenas. El pacto debe erradicar las formas cotidianas y de vida pública que generan y reproducen la subordinación, desigualdad y discriminación, y debe hacer efectivos los derechos y garantías que les corresponden: derecho a su diferencia cultural; derecho a su hábitat; uso y disfrute del territorio, conforme al artículo 13.2 del Convenio 169 de la OIT; derecho a su autogestión política comunitaria; derecho al desarrollo de su cultura; derecho a sus sistemas de producción tradicionales; derecho a la gestión y ejecución de sus propios proyectos de desarrollo". Cfr. Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas. (En línea). Disponible en Internet: http://www.laneta.apc.org/ceacatl/D-ASA3.htm 33 .J. RAMÍREZ CUEVAS. “Derechos indígenas. ¿Por qué está reprobada la reforma?” en Masiosare. La Jornada. México. 13 de mayo de 2001. P. 13.

Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y su traducción en proyecto de ley por parte

de la COCOPA, contemplan derechos indígenas esenciales así como principios para fundar

una nueva relación entre los Pueblos Indígenas y el Estado mexicano34.

Respecto a los derechos indígenas, los Acuerdos de San Andrés los contemplan en

cinco tipos: políticos, jurídicos, sociales y ciudadanos, económicos, y culturales.

Los derechos políticos indígenas reconocen dos dimensiones: al interior y al exterior,

que significa reconocer la capacidad de tener gobiernos propios y elegir autoridades según sus

tradiciones, y ampliar la representación política en los Congresos locales y federales.

Los derechos jurídicos se refieren a sus sistemas normativos internos (conocidos

comúnmente como “usos y costumbres”).

Los derechos sociales y ciudadanos establecen las formas de organización y

participación tanto en la toma de decisiones como en la elaboración de las políticas públicas

que afecten al ámbito indígena.

La dimensión económica de los derechos indígenas hace referencia a los aspectos

organizativos para la satisfacción de sus necesidades, tales como el trabajo, los recursos y la

producción.

Finalmente, los derechos culturales tienen que ver con la promoción, impulso y

defensa de la cultura propia de los Pueblos Indígenas.

A su vez, los principios sobre las cuales se intenta fundar una nueva relación entre los

Pueblos Indígenas y el Estado son cinco:

A. Libre determinación y autonomía.- Reconoce, sin menoscabo de la soberanía

nacional, la capacidad de autodeterminación de los Pueblos Indígenas, subrayando el respeto

del gobierno a tales designios, con lo cual no podrá emprender acciones unilaterales.

B. Participación.- Admite a los Pueblos Indígenas como sujetos activos, junto con el

gobierno, en la planeación, ejecución y evaluación de los programas.

C. Pluralismo.- Señala el respeto a la diversidad indígena; se compromete a combatir

formas de discriminación y desigualdades económicas y sociales.

D. Integralidad.- Pretende la coordinación e integración de los programas y acciones

de gobierno que incidan en la vida de los indígenas. También se refiere a la transparencia y

honestidad de recursos.

34 Cfr. Ibid.

E. Sustentabilidad- Busca que los programas no dañen el medio ambiente o los

recursos de los Pueblos Indígenas; es decir, el respeto a la naturaleza y la cultura de los

indígenas.

En 2001, después de que algunos miembros del Comité Clandestino Revolucionario

Indígena, Comandancia General del EZLN, marcharon a la Ciudad de México para defender

en la tribuna de la Cámara de Diputados la llamada “ley COCOPA”, el Congreso de la Unión

realiza cambios a la Constitución federal en materia de derechos y cultura indígenas. No

obstante, esos cambios difieren de los acordados en San Andrés, por lo que no cumplen con

las expectativas del Movimiento Zapatista.

Según análisis comparativos de la reforma constitucional de 2001 a la luz de los

acuerdos de San Andrés, se observa lo siguiente:

Cuadro 1.

2.2. La vertiente fáctica: la autonomía por vía de hechos.

En el fondo, la defensa de la autonomía que efectúa el Movimiento Zapatista,

mediante la formalización de los derechos indígenas plasmados en los acuerdos de San

Andrés, no es más que la búsqueda del reconocimiento formal (institucional) de prácticas

existentes al interior de los pueblos y comunidades indígenas, que son la base del EZLN.

No debe olvidarse que la participación de las comunidades indígenas como elemento

imprescindible para la legitimidad de las decisiones de la Comandancia General del EZLN,

así como el empleo del término buen gobierno para señalar a aquel que es receptivo a las

demandas de su pueblo, honesto con los recursos comunitarios y apegado a principios de

igualdad, son lugares comunes en los discursos de los zapatistas35.

Por ello, debido tanto a la estrechez del marco institucional como a los escasos resultados

obtenidos en el ámbito legal, el Movimiento Zapatista ha conducido su estrategia de

35 “Aunque para los rebeldes la justicia social sigue siendo la estrella a alcanzar, su búsqueda se apoya necesariamente en hacer más responsable al poder (mandar obedeciendo), en la revalorización de la democracia y la construcción de espacios autónomos en el seno de Estados multiétnicos y soberanos.” B. DUTERME. “Diez años de rebelión zapatista en Chiapas” en Le Monde Diplomatique. España. Edición española. Año VII, no 99, enero de 2004. P. 14.

autonomía indígena al terreno de los hechos. Dicha estrategia se materializa en los Municipios

Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ)36.

En los declarados MAREZ se ha instaurado un sistema de gobierno propio, diferente

al institucionalizado por el Estado federal, que tiene como base a las comunidades indígenas

zapatistas. Las mujeres y hombres de las comunidades participan en esos gobiernos de dos

formas: a) en las asambleas comunitarias; y b) formando parte de las comisiones o comités

designados en asamblea para realizar tareas específicas.

A diferencia de los sistemas representativos de occidente, el “mandar obedeciendo” de las comunidades

zapatistas combina la discusión colectiva con representaciones acotadas que hagan posible el

autogobierno37.

Los MAREZ tienen a su cargo funciones propias, tales como impartición de justicia,

salud comunitaria, educación, vivienda, tierra, trabajo, alimentación, comercio, información,

cultura y tránsito local. Ellos funcionan a través de los Consejos Autónomos Rebeldes

Zapatistas, que son integrados por autoridades designadas (rotativas y sin remuneración)

provenientes del colectivo. Estas autoridades tienen la función de velar por el cumplimiento

de los acuerdos de las comunidades, informando regularmente de sus decisiones y sujetos a la

vigilancia constante de las mismas38.

Sin embargo, la autonomía zapatista no terminó ahí: en 2003 nacieron los Caracoles y

las Juntas de Buen Gobierno.

Presentadas en su principio como espacios de encuentro entre las comunidades indígenas

zapatistas y la sociedad civil (Caracoles), y como instancias que cuidan la aplicación de la

autonomía indígena (Juntas), ambas figuras son consecuencia congruente de las dos grandes

estrategias que han trazado los zapatistas en su lucha: 1)la construcción autónoma de recursos,

medios y procesos para la subsistencia de las comunidades indígenas de base; y 2)los

36 El 19 de diciembre de 1994, el EZLN tomó posición en una zona que representa unos 15 mil kilómetros cuadrados y que comprende una parte de los siguientes municipios: Chanal, Oxchuc, Huixtán, Comitán de Domínguez, Altamirano, Ocosingo, El Bosque, San Andrés Larráinzar, Bochil, Jitotol, Chenalhó, Pantelhó, Mitontic, Sitalá, San Juan Chamula, Ixtapa, Cancuc, Palenque, Huitiupan, Simojovel, Salto del Agua, Tila, Sabanilla, Yajalón, Tumbalá, Chilón, San Cristóbal de las Casas, Zinacantán, Teopisca, Villa de las Rosas, Totolapa, Socoltenango, Nicolás Ruiz, Amatenango del Valle y Venústiano Carranza. En los territorios ocupados, los habitantes nombran nuevas autoridades y declaran 24 nuevos municipios, de los cuales 17 modifican su nombre y su circunscripción. 37 R. ORNELAS. “La construcción de las autonomías entre las comunidades indígenas de Chiapas.” (En línea). 2004. Disponible en Internet: http://www.rebelion.org/sociales04012ornelas.htm. 38 .S. MARCOS. “Chiapas: la treceava estela”. Parte V. México, Julio de 2003. Disponible en Internet: www.ezln.org.

acercamientos, encuentros y contactos con quienes ellos llaman “la señora sociedad civil

nacional e internacional”.

Los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno se fueron configurando en un contexto

de acoso político, económico y militar del sistema político a los zapatistas que se ha

desplegado en tres ejes: 1)en una reforma constitucional en materia de Derechos y Cultura

Indígenas que, sin respetar los Acuerdos de San Andrés, fue utilizada como pretexto de

solución al problema; 2)en el uso de recursos y obra pública en Chiapas como estrategia de

contrainsurgencia al interior de las comunidades indígenas; y 3)en el hostigamiento armado –

militar y paramilitar- a los territorios zapatistas39.

A pesar de ese acorralamiento, el zapatismo continúo desarrollándose: en julio de

2003 anunció la decisión de “dar muerte” a los Aguascalientes40 y fundar los Caracoles y las

Juntas de Buen Gobierno.

Tal decisión fue resultado de una reorganización interna de las comunidades indígenas

zapatistas para fortalecer la estrategia de vinculación con la sociedad civil y la subsistencia de

sus bases. Esa reorganización repercutió en el ámbito espacial, pues se sustenta en la

extensión de procesos del nivel local al regional. Así, sobre la base de los MAREZ, se erigen

cinco regiones que tienen el objetivo de coordinar las estrategias: La Realidad, Morelia, La

Garrucha, Roberto Barrios y Oventik (ver gráfico 2).

Gráfico 2.

39 El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado puntualmente la guerra de baja intensidad llevada a cabo por el Ejército Mexicano; además destaca que, en el primer semestre de 2005, aun existían 114 campamentos militares en Chiapas, de los cuales 94 se ubicaban en zona indígena. Asimismo, en datos actualizados a 2004, el investigador Onésimo Hidalgo, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de la Acción Comunitaria, contabiliza 490 posiciones policiales y militares en la entidad. De ellas, 98 son campamentos, 24 cuarteles, 29 retenes permanentes, 3 sedes de zona militar y 59 retenes intermitentes que se instalan a diario. Además, identifica conflictos constantes en los territorios autónomos zapatistas, como la detención y asesinato de militantes, asaltos, quemas de ermitas y conflictos por el agua. Cfr. H. BELLINGHAUSEN. “Fomentan ilícitos para desprestigiar al zapatismo” en La Jornada. México. 21 de marzo de 2004. P. 8. 40 Estos eran, según los propios zapatistas, “espacios para el encuentro y el diálogo entre el EZLN y la sociedad civil nacional e internacional”. El primero surgió en agosto de 1994 como sede de la Convención Nacional Democrática convocada por el EZLN. Ese espacio fue destruido en 1995 durante una incursión del Ejército Federal Mexicano. Posteriormente, los zapatistas construyeron cinco Aguascalientes más: en las localidades de Oventik, La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios y Morelia. Esos espacios reciben el nombre de Aguascalientes en alusión al Estado del país en donde se realizó la Convención de las fuerzas revolucionarias mexicanas en la segunda década del siglo XX.

La creación de los Caracoles tuvo un significado doble. Por un lado, implicó reforzar

los canales de comunicación zapatistas con los otros, desechando las nociones de caridad que

a veces contaminaba a los hermanamientos. Por otro lado, influyó en la coordinación efectiva

(organización y distribución) de los apoyos de la sociedad civil nacional e internacional al

zapatismo.

A su vez, las Juntas de Buen Gobierno significaron la consolidación a nivel regional

de procesos de subsistencia (ya existentes a nivel de comunidad) en tierras zapatistas,

haciendo énfasis en cuatro aspectos fundamentales: a) la autonomía plasmada en los Acuerdos

de San Andrés; b) el desarrollo económico, político y cultural del colectivo; c) la democracia

bajo principios zapatistas –el mandar obedeciendo que contempla la rotación de cargos y la

revocación del mandato-; y 4) la resistencia de las comunidades frente a las condiciones de

hostigamiento a las que están expuestas cotidianamente.

Tres años después, en los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno se han

institucionalizado prácticas de autogestión y autogobierno en las comunidades indígenas

zapatistas que han producido resultados en las áreas económica, política y social.

En términos económicos, los dictámenes41 coinciden en señalar que las JBG y los Caracoles

han propiciado un mejoramiento de las condiciones básicas de subsistencia de las

comunidades indígenas zapatistas en aspectos tales como alimentación, vivienda,

infraestructura básica (escuelas y centros de salud), comercialización de productos y manejo

transparente y efectivo de los recursos.

En términos sociales, las JBG y los Caracoles han influido en cuatro ámbitos: las

relaciones intercomunitarias, la justicia, la expresión cultural y la situación de las mujeres.

41 G. MÚÑOZ RAMÍREZ. “Chiapas la resistencia”. Suplemento Especial de Aniversario. La Jornada. México. 19 de Septiembre de 2004. Entrevista a Gemma Van Der Haar; En “Chiapas. Expediente Nacional”, programa de Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. 16-11-04. L. HERNÁNDEZ NAVARRO. “Desarrollo desde abajo” La Jornada. México. (En línea). 28 septiembre 2004. Disponible en Internet: <http://www.jornada.unam.mx/023a1pol.php?origen=opinion.php&fly=1>. G. LÓPEZ Y RIVAS. “Las juntas de buen gobierno y el cambio democrático” La Jornada. México. (En línea). 27 agosto 2004. (En línea). Disponible en Internet: <http://www.jornada.unam.mx/020a1pol.php?origen=opinion.php&fly=1>. A. AUBRY. “La experiencia zapatista: un testimonio” En Ojarasca núm. 90. México. (En línea). Octubre 2004. Disponible en Internet: <http://www.jornada.unam.mx/oja90-aubry.html>. “Balance de las Juntas de Buen Gobierno. Chiapas y las alternativas zapatistas. Misión de observación del Grupo Paz con Democracia”. En Masiosare 382. México. (En línea). 17 abril 2005. Disponible en Internet: <http://www.jornada.unam.mx/2005/abr05/050417/mas-cara.html>.

En primer lugar, se han agudizado tensiones entre organizaciones zapatistas y antizapatistas;

pero, también se han mejorado otras relaciones entre comunidades anteriormente enfrentadas

por la aparición del EZLN.

A su vez, se ha hecho énfasis en la implantación de una “justicia efectiva”, cercana a

las formas indígenas y que busca siempre la mediación, la reparación del daño y la reinserción

del culpable a la sociedad. Esto, ha provocado una disminución del índice de criminalidad.

A su vez, las JBG y los Caracoles han coadyuvado a la expresión cultural de las

comunidades indígenas, promoviendo actividades tales como radio municipal, elaboración de

videos, publicaciones, murales y demás expresiones artísticas.

En relación con las mujeres, las JBG y los Caracoles no han servido para la

erradicación de conductas que atentan contra los derechos e integridad de las mujeres

indígenas zapatistas. Esta situación, junto con la subordinación de la autoridad civil de las

JBG a la autoridad militar del EZLN, ha sido reconocida por los zapatistas42.

Finalmente, en el ámbito político, las JBG y los Caracoles han influido en la

participación de las comunidades en los asuntos públicos, en la comunicación institucional, en

la organización de sus recursos y en la forma de vincular los dos tipos de autoridades que

existen en territorios zapatistas, el civil y el militar.

En primer lugar, ha existido una participación constante de los miembros de las

comunidades indígenas en las funciones de gobierno que ha propiciado una

corresponsabilidad entre el gobierno y los gobernados.

En segundo lugar, se ha propiciado una apertura y consolidación de canales de

comunicación entre los zapatistas y otras organizaciones sociales o instituciones públicas

(inclusive, llegando a la cooperación con las autoridades oficiales –municipales y estatales-).

En tercer lugar, se ha evidenciado una efectiva reorganización de las estrategias,

recursos y modus operandi de las comunidades zapatistas; lo que ha contribuido a solucionar

eficazmente algunos conflictos locales, como la conservación de los bosques, el narcotráfico,

los abusos en la comercialización de productos, y el tráfico de indocumentados.

En cuarto lugar, respecto a la vinculación entre la estructura político-militar con los

gobiernos autónomos, ésta no ha sido tal y como fue planteada. Es decir, no ha habido

distancia entre el EZLN y las JBG, así como vigilancia y respeto de aquel a éstas. Más bien,

42 S. MARCOS. “Leer un video. Segunda Parte: dos fallas”. México. (En línea). 21 agosto 2004. Disponible en Internet: <http://www.jornada.unam.mx/009n1pol.php?origen=index.html&fly=1>

en la práctica la estructura del EZLN ha tomado atribuciones que no le corresponden

sojuzgando en distintas ocasiones el poder civil al poder militar.

Aun así, el resultado más evidente en términos políticos es la legitimidad y aceptación

que las JBG y los Caracoles han obtenido al interior de los territorios zapatistas, y que se

comienza a extender hacia otras regiones43.

Así, se evidencia que a pesar de -o precisamente por- haber visto insatisfechas sus

demandas de autonomía ante las instituciones oficiales del sistema político mexicano, los

indígenas movilizados bajo la sigla del zapatismo están en una circunstancia digna de llamar

la atención: están ejerciendo sus autoproclamados derechos indígenas bajo formas que no son

plenamente reconocidas en el marco legal mexicano.

De panaceas y retos a manera de conclusiones

Como se ha podido desentrañar en este texto, el tema de los derechos indígenas ha

sido un tema de reciente implicación en el espacio público latinoamericano, al paralelo de la

reinstalación –o fundación- de las democracias en los últimos veinte años.

El auge al tema de los derechos fue alentado por las movilizaciones político-sociales de

carácter indígena que emergieron en la región. Es decir, significó elaboración de discursos,

surgimiento de liderazgos, intercambios cognitivos, repertorios de acción colectiva y

estructuras de organización movilizadoras. Esto es, un proceso político.

El tema es aun inconcluso. En torno a él convergen la ineficacia y el desconocimiento

como pesados lastres que no le permiten su desarrollo integral. Es decir, por un lado, el

reconocimiento a los llamados derechos indígenas aun encuentra reticencias que inhiben su

discusión como mecanismo de protección y desarrollo de un grupo humano. Por otro lado,

cuando son reconocidos en los instrumentos legales nacionales, los también llamados

43 Cada vez son más los casos en los que otros indígenas no zapatistas acuden a los clínicas zapatistas porque ahí “son tratados como seres humanos” o acuden a la justicia de las JBG porque ahí “sí se resuelven los problemas”. En un testimonio recogido por el periodista Hermann Bellinghausen en el Caracol de la Garrucha, un indígena zapatista dice: “estamos mejor que antes porque sabemos a dónde acudir. Hemos aprendido a resolver nuestros problemas y conformar los gobiernos de cada municipio.” Cfr. H. BELLINGHAUSEN. “La autonomía, ejercicio pleno mediante las juntas de buen gobierno en Chiapas”. La Jornada. México. (En línea). 28 septiembre 2004. Disponible en Internet: http://www.jornada.unam.mx/021n1pol.php?origen=politica.php&fly=1

derechos colectivos no pueden abstraerse de uno de los mayores obstáculos que existen para

el respeto de los derechos humanos en la región: la ausencia de mecanismos que garanticen su

efectividad.

Sin embargo, los derechos indígenas siguen siendo bandera ideológica, demanda

puntual y referente de las movilizaciones con carácter indígena en América Latina. Esta

situación sigue siendo un tema de confrontación, más que de negociación, entre las clases

políticas gobernantes quienes, en su mayoría, vislumbran en tales derechos elementos

peligrosos para la continuidad del Estado-nación. Sobre todo cuando se habla de la

autonomía.

Aun así, los movimientos continúan y a veces reformulan sus acciones. Tal es el caso

del Movimiento Zapatista, en el sureste mexicano.

En Chiapas, a 11 años del levantamiento del EZLN, las comunidades indígenas de

base han obligado al movimiento a concentrar sus esfuerzos para construir, por la vía de los

hechos, su autonomía pretendida y que les fue negada por la vía institucional oficial. De esta

forma, a pesar del incesante hostigamiento al que están expuestos, los indígenas agrupados en

torno al zapatismo resisten y crean.

Desde ésta perspectiva, las Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles oponen un reto

de legalidad y legitimidad a la arena política oficial mexicana. Legalidad, para plasmar en el

marco jurídico lo que existe en los hechos y, según las evidencias, se acepta y funciona.

Legitimidad, para reconocer y encauzar instituciones, procesos y actores generados desde la

base social que recrean actividades públicas, tales como la democracia, el desarrollo

comunitario y la autonomía.

Hasta donde lo permite la observación en ciencias sociales, es posible prever que el

fenómeno de las Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles puede desarrollarse, influir y, por

lo tanto, continuar investigándose, en tres ámbitos que se retroalimentan mutuamente: la

identidad indígena, el movimiento altermundista y, por supuesto, los derechos indígenas.

La identidad indígena se refiere a reconocer que en el territorio zapatista se conjugan

procesos, normas y actores que coadyuvan a la politización del clivaje indígena; lo cual afecta

a la identidad de grupo. Es decir, la interacción de actores y la reformulación de procesos

replantean los basamentos de lo que puede entenderse como indígena, zapatista o indígena

zapatista. Con seguridad, ese tipo de concepciones serán influidas por las Juntas de Buen

Gobierno y los Caracoles; un proceso que será imprescindible conocer en su justa magnitud.

El ámbito del movimiento altermundista se refiere a la aceptación y desenvolvimiento

de los postulados del Movimiento Zapatista como proyecto político alternativo al sistema

hegemónico mundial. Así, según los procesos y resultados que obtengan, las JBG y los

Caracoles podrían convertir al zapatismo en punta de lanza dentro del movimiento

altermundista: En estos momentos, una parte de la comandancia del EZLN está haciendo un

recorrido por México para buscar enlazar luchas nacionales y crear un frente

antiglobalización, el cual pretenden extender al resto del mundo; en ese objetivo, las JBG y

los Caracoles funcionan como laboratorio de procesos políticos alternativos, referente de

legitimidad y propuesta del zapatismo.

El asunto de los derechos indígenas retoma importancia porque, dada la aplicación por

vía de los hechos y sin reconocimiento oficial de la demanda de autonomía indígena que en

las Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles se produce, las demandas relacionadas con los

derechos de libre determinación de los pueblos, autogestión y autogobierno pueden tener

variantes que reubiquen sus preceptos a las formas que adopten las JBG y los Caracoles.

Aun así, el tema, tanto en México como en América Latina, permanece como una

cuestión pendiente de afrontar y resolver. Cuestión que entraña no sólo derechos

diferenciados en función del grupo, sino la legitimidad y permanencia de la democracia en la

región.

Para resolver el tema, y según las condiciones mínimas de civilización, se requiere

repensar a los derechos colectivos como una condición de disfrute de los derechos humanos,

revisar criterios de unidad nacional establecidos bajo la homogeneidad jurídica, refundar los

pactos nacionales con la participación auténtica de los Pueblos Indígenas, y replantear al

liberalismo. Todo ello, en un marco y con formas democráticas que incluyan y deliberen. Y,

sobre todo, anteponiendo a la política en su concepción de arte al servicio de la conservación

del ser humano como especie. Es decir, adoptar una concepción global de la sociedad y su

porvenir con astucia, talento y sabiduría; con pasión y mesura.

Ese es el reto.

Gráficos y cuadros

Gráfico 1. Regiones de Chiapas

Fuente: Centro de Investigaciones Políticas y Económicas de Acción Comunitaria (CIEPAC) (En línea)

[Chiapas, México] [Consultado 1 marzo 2005] Disponible en Internet:

<http://www.ciepac.org/images/maps/regiones.gif >

Gráfico 2. Mapa de ubicación de las Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles

Fuente: Centro de Investigaciones Políticas y Económicas de Acción Comunitaria (CIEPAC) (En línea).

[Chiapas, México] [Consultado 1 marzo 2005] Disponible en Internet:

http://www.ciepac.org/images/maps/caracol03.jpg

Cuadro I. Aspectos convergentes o avances y aspectos divergentes o retrocesos de la

reforma constitucional de 2001 respecto a los acuerdos de San Andrés

Aspectos convergentes o

avances

Aspectos divergentes o retrocesos

Se menciona el asunto de la

discriminación, pero ya

estaba tipificado como

delito.

Se reconoce a los Pueblos

Indígenas como sujeto

colectivo de derecho y a las

comunidades como

integrante del mismo.

Se reconoce la aplicación de

sistemas normativos

indígenas (no se le llama

“usos y costumbres”), pero

no se le obliga al Poder

Judicial a convalidar las

resoluciones indígenas.

Se obliga la asistencia todo

el tiempo de intérpretes y

defensores que tengan

conocimiento de su lengua y

cultura.

No garantiza el ejercicio de la libre autodeterminación de los

Pueblos Indígenas, pues la autonomía queda subordinada a las

definiciones que cada entidad federativa realice.

No se acepta la remunicipalización como factor de cohesión de

pueblos divididos por las fronteras estatales.

Reconoce el derecho de asociación pero sólo en el ámbito

municipal; es decir, no se concede el derecho a la asociación

regional entre pueblos, comunidades y municipios.

Define a las comunidades indígenas como entidades de interés

público, y no de derecho público.

Restringe el uso y disfrute de recursos naturales en tierras

indígenas según los tipos de propiedad; es decir, no se reconoce

la relación colectiva con la tierra.

Aunque se reconoce el derecho indígena a elegir a sus

autoridades de acuerdo a sus prácticas tradicionales, no se

asegura el respeto a dicha elección ni la representación política

de los indígenas.

No asegura la reorganización territorial de los distritos

uninominales y las circunscripciones nacionales, pues ello se

hará “cuando sea factible”.

No se reconoce la participación ciudadana para la planeación

de recursos para el desarrollo.

No se señala la participación de los Pueblos Indígenas en el

diseño de políticas educativas.

No se garantiza a los Pueblos Indígenas el contar con sus

propios medios de comunicación.

Se incluyen políticas asistencialistas que reproducen el

paternalismo tradicional.

Fuente: Elaboración propia con base en J. RAMÍREZ CUEVAS. Op. Cit. Y F. LÓPEZ BARCENAS. “Los

paseos de la reforma”. En La Jornada. México. 26 de abril de 2001. p. 12.

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La dimensión educativa de la democracia local: el caso del presupuesto participativo

Josh Lerner y Daniel Schugurensky Josh Lerner y Daniel Schugurensky se desempeñan en The New School for Social Research y el Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto respectivamente. RESUMEN Este artículo presenta los resultados más significativos de un estudio sobre los aprendizajes y cambios experimentados por participantes del presupuesto participativo de la ciudad de Rosario, Argentina. Este estudio es parte de una agenda de investigación más amplia que examina la dimensión educativa de la democracia local. Dicho proyecto intenta responder a los desafíos planteados por Carole Pateman y Jane Mansbridge, quienes señalaron la escasez de investigaciones empíricas sobre el impacto educativo de la participación. La metodología incluyó observaciones de asambleas y encuentros, así como entrevistas a 40 delegados electos por sus comunidades (en una muestra balanceada en términos de sexo, antigüedad, y barrio de residencia) que exploraron cambios en conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas ciudadanas a través de 55 indicadores. En términos generales, los participantes indicaron que a partir de su involucramiento en la democracia local se han vuelto más informados, capaces, democráticos, comprometidos y cuidadosos con su entorno urbano. Estos resultados sugieren que el presupuesto participativo no sólo es un proceso de deliberación y toma de decisiones en el que los habitantes deciden cómo distribuir una porción del presupuesto municipal, sino también un espacio de educación informal que promueve importantes experiencias de aprendizaje sobre ciudadanía y democracia. palabras clave: democracia local, presupuesto participativo, gobierno municipal, aprendizajes informales, participación ciudadana SUMMARY This article reports on the main findings of a study on the learning and change experienced by participatory budgeting participants in Rosario, Argentina. This work is part of a broader research agenda that examines the educational dimension of local democracy. The project aims to address the challenges posed by Carole Pateman and Jane Mansbridge, who noted the shortage of emipirical research on the educational impact of participation. The methodology included observations of assemblies and meetings, as well as in-depth interviews with 40 elected delegates (in a sample balanced by sex, seniority and geographic location) that explored changes in citizenship knowledge, skills, attitudes and practices through 55 indicators. In general terms, participants indicated that through their engagement in local democracy they became more informed, capable, democratic, committed and caring in their urban environment. These findings suggest that participatory budgeting is not only a process of deliberation and decision-making in which residents decide how to allocate a portion of the municipal budget, but also a powerful informal education space that nurtures important learning about citizenship and democracy. keywords: local democracy, participatory budgeting, municipal governance, informal learning, citizen participation

Introducción

"Me convenció que terminara el secundario para aprender lo que no sabía". (Beatriz)

"Aprendí que hay todo tipo de barrios, con necesidades muy distintas". (Carlos)

"Aprendí a dejar mi casa una vez más. Soy más sociable, más abierto a otra gente". (Julio)

"Comencé a comunicarme más abiertamente con mi esposo y mi familia. Soy más independiente". (Liliana)

"Antes yo pensaba: ¿Quién soy? Nadie! Ahora sé que soy una ciudadana y que tengo el derecho de participar". (Patricia)

Estos aprendizajes y cambios no ocurrieron como resultado de cursos o de libros de

autoayuda. Ocurrieron como consecuencia de la participación en el presupuesto participativo,

un proceso democrático innovador que surgió en América Latina en la última década del siglo

veinte y que actualmente se practica en cientos de ciudades de todo el mundo.

En su libro “Participación y Teoría Democrática”, Carole Pateman (1970) señaló que

la justificación de los procesos de participación democrática reside en su impacto educativo,

aunque al mismo tiempo reconoció que muchos de estos efectos educativos aún permanecen

desconocidos. Veinticinco años más tarde, la politóloga Jane Mansbridge dio continuidad al

trabajo de Pateman preguntándose: “¿Crea la participación mejores ciudadanos?” Ella misma

se respondió de la siguiente manera:

La participación crea mejores ciudadanos. Lo creo, pero no puedo probarlo. Y

tampoco pueden probarlo otros. (Mansbridge, 1995:1)

Mansbridge agregó que a pesar de que quienes participan activamente en democracia

local a menudo sienten que esa experiencia los ha transformado, es difícil identificar la

naturaleza de esos cambios (que son generalmente sutiles y tienen efectos a largo plazo) con

los instrumentos poco refinados de las ciencias sociales.

Retomando las preguntas y desafíos planteados por Pateman y Mansbridge, en los

últimos años hemos explorado los aprendizajes cívicos, competencias políticas y

disposiciones democráticas adquiridos por ciudadanos que han participado en procesos de

democracia local (Lerner, 2004, Schugurensky, 2001 y 2006, Schugurensky et al,. 2006). El

proyecto de investigación incluye procesos de autogestión (cooperativas) y de cogestión

(presupuestos participativos municipales). Uno de los estudios de caso de esta investigación –

del que trata este artículo- es el presupuesto participativo de la ciudad de Rosario, Argentina.

En Rosario, realizamos entrevistas en profundidad con cuarenta personas involucradas

en el presupuesto participativo para explorar los aprendizajes y cambios experimentados por

ellos como resultado de su participación. En términos generales, los participantes indicaron

que se han vuelto más informados, capaces, democráticos, comprometidos y cuidadosos con

su entorno urbano. Estos resultados sugieren que el presupuesto participativo no sólo es un

proceso de deliberación y toma de decisiones en el que los residentes de la ciudad deciden

cómo distribuir una porción del presupuesto municipal. También es un espacio de educación

informal que promueve importantes experiencias de aprendizaje sobre ciudadanía y

democracia.

El caso de Rosario confirma hallazgos previos que indican que el presupuesto

participativo, pese a sus limitaciones y deficiencias, promueve “mejores ciudadanos” y está

paulatinamente constituyéndose en una innovadora escuela de ciudadanía Esperamos que este

trabajo haga una modesta contribución a la construcción de una pedagogía de la democracia

que apoye los procesos de participación ciudadana que forman parte de los procesos de

descentralizacion y democratizacion del Estado y de la sociedad civil que se están dando en

muchas urbes del planeta. Al potenciar prácticas democráticas como oportunidades para el

aprendizaje, esta pedagogía de la democracia puede asistir al desarrollo de estrategias que

promuevan capacidades para la deliberación y la toma de decisiones democráticas, así como

al desarrollo de una cultura política más participativa, educativa y democrática.

Democracia participativa y Aprendizajes ciudadanos

Al igual que Pateman y Mansbridge, otros pensadores (desde Aristóteles, Rousseau,

Machiavelli, Mill, y Tocqueville hasta Dewey y Kaufman) han afirmado, implícita o

explícitamente, que la democracia participativa tiene un efecto educativo. Sin embargo, como

lo indica Mansbridge, rara vez estas afirmaciones han sido apoyadas en evidencia empírica.

En ciencias políticas, la investigación tradicionalmente se ha centrado en el impacto de la

educación escolar sobre las actitudes y prácticas políticas. En esta literatura hay consenso

acerca de la correlación que existe entre nivel educativo, por un lado, y participación política

(e.g. voto) y actitudes liberales (e.g. tolerancia), por otro. En términos generales, las personas

con más años de educación asumen un rol más activo en la política, son más abiertos, y tienen

identidades políticas más claramente definidas. (Almond & Verba, 1963, Hahn, 1998, Emler

& Frazer, 1999, Verba et al,. 1995). Por supuesto, correlación no necesariamente implica

causalidad. Por ello, existen desacuerdos sobre la dinámica precisa de la vinculación entre

educación y participación política, y es posible proponer la hipótesis de que la correlación

entre educación y participación política sea el resultado de una tercera variable (e.g. clase

social).

Si bien los politólogos han producido una gran cantidad de literatura acerca del

impacto que las instituciones educativas tienen sobre la vida política de los individuos, han

prestado menos atención al impacto educativo de los procesos participativos y de deliberación

democrática. Según Mansbridge (1995:1), una de las razones por las cuales el estudio de la

democracia participativa ha sido marginal en el campo de la teoría política fue justamente que

“los politólogos de orientación empírica no pudieron demostrar ningún efecto positivo de la

participación democrática sobre el individuo”.

Por otro lado, la investigación educativa se ha focalizado en los aprendizajes que

ocurren en instituciones educativas formales y no formales, y ha dedicado escasa atención a

los aprendizajes que ocurren en situaciones informales. Esto es particularmente evidente en el

campo de los aprendizajes ciudadanos de las personas adultas. Al mismo tiempo, las

investigaciones sobre los aprendizajes informales de las personas adultas tienden a explorar

aspectos como los procesos de aprendizaje o la cantidad de tiempo que la gente dedica a

aprender, pero hay un déficit de trabajos que examinen las competencias ganadas en tales

procesos de aprendizajes o que separen el proceso de aprendizaje en componentes bien

definidos (Merrifield, 2002, Livingstone, 2001, Heater, 1999).

Afortunadamente, en las últimas décadas se han llevado adelante nuevas

investigaciones que apuntan a iluminar los aprendizajes que tienen lugar como consecuencia

de una participación activa en situaciones de democracia local, y a examinar el impacto de

estas experiencias en la construcción de ciudadanía. Esta literatura, que incluye varios

estudios realizados en contextos internacionales, confirma que la práctica de la democracia es

una gran fuente de aprendizaje ciudadano, especialmente para el desarrollo de habilidades

deliberativas, actitudes democráticas, y eficacia política (Berry et al,. 1993, Regents, 1999,

Harnecker, 1999, Parker et al., 2000, Moll and Fischer, 2000, Abers, 2000). Nuestra

investigación sobre la dimensión pedagógica del presupuesto participativo representa una

contribución modesta a este esfuerzo colectivo.

El Presupuesto participativo en Rosario

Con más de un millón de residentes, Rosario es la tercera ciudad de Argentina. En

1989, una coalición progresista encabezada por el partido socialista fue electa al gobierno

municipal. Desde entonces, la misma coalición ha sido reelecta varias veces consecutivas, y

con ello el pueblo rosarino le ha otorgado la responsabilidad de gobernar la ciudad

ininterrumpidamente por casi veinte años. En gran parte, el éxito electoral de la

administración socialista se puede explicar por la combinación de políticas progresistas y

programas participativos en las áreas de salud pública, economía social, bienestar de la niñez

y descentralización. El modelo participativo e inclusivo de Rosario ha sido reconocido con

varios galardones internacionales por sus prácticas de buen gobierno y sus políticas de

desarrollo local, incluyendo el prestigioso premio del Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo (PNUD) por su experiencia ejemplar de gobernabilidad local.

La inclinación de la administración de Rosario hacia una forma de democracia

participativa puede rastrearse por lo menos a 1983, año en el que la democracia parlamentaria

fue restaurada en el país luego de una brutal dictadura militar. En aquellos primeros años de

democracia, Guillermo Estevez Boero, el histórico líder del partido socialista de la provincia

de Santa Fe (donde se encuentra Rosario) dió una serie de charlas sobre participación

ciudadana en las cuales pidió que hubiera participación ciudadana en las organizaciones

comunitarias locales y confianza en la capacidad creativa de los ciudadanos comunes. En

aquellos primeros días poteriores a la larga noche militar, Estevez Boero ya anticipaba que

esos ejercicios de democracia local nutrirían las capacidades y los aprendizajes informales

necesarios para llevar adelante un gobierno municipal inclusivo, transparente y participativo.

Durante la década de los noventa, Rosario se involucró activamente en la Asociación

Internacional de Ciudades Educadoras (IAEC) y se convirtió en su oficina regional para

América Latina. La IAEC es una red de más de 300 gobiernos locales que llama a las

ciudades a actuar “como plataformas de experimentación y consolidación de una ciudadanía

democrática, como promotoras de coexistencia pacífica a través de la educación de valores

éticos y cívicos, que respeten la naturaleza variada de las diferentes formas de gobierno a la

vez que nutran una amplia combinación de mecanismos representativos y participativos de

calidad” (Ciudades Educadoras, 2004).

Mientras tanto, también durante los noventa, un nuevo mecanismo representativo y

democrático comenzó a desarrollarse en Brasil. El presupuesto participativo, un proceso en el

que los vecinos deciden democráticamente cómo distribuir los fondos del presupuesto

público, surgió más notablemente en la ciudad de Porto Alegre (de Souza Santos, 1998,

Abers, 2000, Baiocchi, 2005). En muy poco tiempo el presupuesto participativo ganó

reconocimiento internacional como una de las mejor prácticas de democracia local y se

expandió a más de docientas ciudades en América Latina y otras partes del mundo (Baiocchi,

2003, Schugurensky, 2001, Allegretti & Herzberg 2004, Smith, 2005, Gugliano, 2006, Lerner,

2006).

Rosario incorporó el presupuesto participativo a su gestión en el año 2002, luego de

una profunda crisis económica y política en la que Argentina pasó por cinco presidentes en

diez días en el marco de protestas generalizadas que reunieron a desempleados, trabajadores y

clases medias bajo la consigna de “Que se vayan todos”. Desde el 2002, el presupuesto

participativo de Rosario se convirtió en un proceso democrático anual en el que miles de

vecinos de la ciudad deciden cómo distribuir una porción del presupuesto municipal. El

proceso se lleva a cabo entre marzo y diciembre y comienza con una ronda de asambleas

barriales que abarca los seis distritos en los que la ciudad se organiza. En estas asambleas, los

vecinos identifican las necesidades locales y los posibles proyectos para atender a esas

necesidades, y eligen delegados que representen a la comunidad en el Consejo Participativo

del distrito. Durante los tres o cuatro meses subsiguientes, cada Consejo Participativo se reúne

semanalmente para desarrollar proyectos sociales y públicos que respondan a las necesidades

identificadas por la comunidad, con apoyo de los funcionarios de la municipalidad.

Además de estas reuniones oficiales, los delegados frecuentemente visitan proyectos

comunitarios y participan en reuniones informales en las que los vecinos ofrecen sus

comentarios. Finalmente, los delegados presentan las propuestas de proyectos en una ronda de

asambleas en los diferentes distritos, donde los vecinos eligen, por medio de una votación, los

proyectos que deben aprobarse. Durante el resto del año, los delegados son responsables de

controlar la implementación de los proyectos aprobados. En conclusión, el presupuesto

participativo se compone de cuatro etapas: diagnóstico, deliberación, toma de decisiones, y

seguimiento y control.

Los representantes electos de la municipalidad de Rosario afirman que el presupuesto

participativo es necesario porque nadie conoce los problemas de los barrios mejor que sus

vecinos (Municipalidad de Rosario, 2006). Además, argumentan que el presupuesto

participativo mejora el diálogo entre el gobierno municipal y la ciudadanía, fortalece los lazos

comunitarios e incrementa la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los

recursos públicos. Como una esfera pública no-estatal, el presupuesto participativo reúne el

conocimiento de los vecinos acerca de los problemas y aspiraciones de sus comunidades, por

un lado, y el conocimiento de los funcionarios de la municipalidad acerca de la factibilidad

técnica, diseño y costos de los proyectos propuestos, por otro. El presupuesto participativo de

Rosario, como todo proceso democrático, tiene tantos aspectos encomiables como

problemáticos. Sin embargo, no es el objetivo de este trabajo examinar las fortalezas y

debilidades del presupuesto participativo. Nuestro propósito aquí es simplemente sacar a la

luz la dimensión educativa de este proceso.

Consideraciones Metodológicas

Para explorar los aprendizajes que se generan a través del presupuesto participativo,

observamos 12 de sus asambleas y encuentros, y realizamos entrevistas individuales con

varios funcionarios de la municipalidad y con 40 delegados electos por sus comunidades. Las

asambleas y entrevistas nos permitieron entender el proceso y las condiciones sociales

políticas, económicas y culturales que influyen en la participación. La mayoría de los

resultados sobre los aprendizajes y cambios surgieron de las entrevistas en profundidad con

los delegados. Para proteger el anonimato de los participantes, en este ensayo sus nombres

fueron reemplazados por seudónimos.

La muestra de los delegados es representativa y balanceada en términos de sexo,

antigüedad en el presupuesto participativo, y ubicación geográfica. En relación al género, el

presupuesto requiere que todos los que votan en la asamblea barrial elijan a un hombre y a

una mujer como delegados de manera tal que se promueva la equidad de género. Los

delegados entrevistados fueron seleccionados de la misma manera. En términos de

antigüedad, los delegados generalmente no pueden permanecer en el puesto más allá de dos

años, con el objeto de democratizar el proceso y promover el surgimiento de nuevos

liderazgos. Todos los entrevistados habían participado como delegados por un año completo

como mínimo; de ellos, la mitad participó entre un año y medio y dos años, y la otra mitad

por más de dos años. Finalmente, entrevistamos a seis o siete delegados de cada distrito de la

ciudad.

Las entrevistas duraron entre una y dos horas y se organizaron en dos partes. La

primera consistió en preguntas abiertas acerca de la historia de participación cívica y política

de los delegados, su experiencia en el presupuesto participativo, su opinión acerca del mismo,

y sus aprendizajes derivados de dicha participación. Dado que la mayoría de estos

aprendizajes fueron de carácter informal y resultaron en conocimientos tácitos, la gran

mayoría de los participantes tuvo dificultades en identificar sus aprendizajes y expresarlos en

palabras a través de preguntas abiertas. Por esta razón, en la segunda parte de la entrevista

exploramos cuatro categorías de aprendizaje y cambio –conocimiento, habilidades, actitudes y

prácticas- a través de una serie de indicadores que emanaron de nuestros trabajos previos en

Toronto, Porto Alegre y Montevideo. Para cada indicador, los participantes identificaron su

nivel (en una escala de 1 al 5) antes de involucrase en el presupuesto participativo y en el

momento de la entrevista. Esta estrategia nos permitió no solamente identificar los cambios

sino también las capacidades iniciales de los entrevistados cuando se integraron al proceso.

Cuando los entrevistados mencionaron cambios, les pedimos que describieran esos cambios

con ejemplos concretos e historias personales. En este sentido, los datos cualitativos verifican

y complementan los datos cuantitativos.

Aprendizajes y Cambios: panorama general

Todos los entrevistados sin excepción mencionaron haber experimentado aprendizajes

y cambios como consecuencia de su participación en el presupuesto participativo. Los

aprendizajes más significativos se dieron en el área de conocimientos, aunqe también se

observaron cambios importantes en ciertas habilidades, actitudes y prácticas. En promedio, los

participantes indicaron tener un moderado nivel de conocimientos, habilidades, actitudes y

prácticas ciudadanas antes de sumarse al presupuesto participativo, y dijeron tener un alto

nivel al momento de la entrevista. El cuadro que a continuación se presenta ofrece un

panorama del promedio de cambio para cada uno de los 55 indicadores, dentro de un rango

total de 1 a 5.

Indicadores de aprendizaje y cambio ordenados por incremento promedio.

Aumento Indicador de Aprendizaje y cambio

Área

1.9 gobierno municipal (e.g. cómo se toman decisiones)

Conocimiento

1.9 controlar la gestión municipal Habilidad 1.7 conocimiento de agencias y

personas en la intendencia Conocimiento

1.7 necesidades de otras comunidades

Conocimiento

1.7 importancia de participación ciudadana en gob. municipal

Actitud

1.6 contactar personas y agencias del gobierno

Habilidad

1.6 controlo el presupuesto público

Práctica

1.6 controlo la calidad de las obras públicas

Práctica

1.5 criterios y mecanismos de distribución de fondos publicos

Conocimiento

1.5 potencial en participar en el gobierno municipal

Actitud

1.4 necesidades de su comunidad o grupo

Conocimiento

1.4 conocimiento personal de políticos electos

Conocimiento

1.4 priorizar demandas

Habilidad

1.3 política municipal, asuntos locales

Conocimiento

1.3 confianza en el gobierno municipal

Actitud

1.3 preocupación por los problemas de la ciudad

Actitud

1.3 pienso en ideas y soluciones a problemas locales

Práctica

1.3 voy a reuniones comunitarias Práctica 1.2 elaborar y defender

propuestas Habilidad

1.2 hablo con mis vecinos sobre problemas del barrio

Práctica

1.2 participo activamente en reuniones comunitarias

Práctica

1.2 confianza en capacidad de influir decisiones políticas

Actitud

1.2 preocupación por los problemas del barrio

Actitud

1.2 hablo con representantes electos y otros políticos

Práctica

1.1 acordar, transigir, hacer alianzas

Habilidad

1.1 tomar decisiones en forma colectiva

Habilidad

1.1 propongo mis ideas y soluciones a problemas locales

Práctica

1.1 respetar los tiempos de los procesos democráticos

Actitud

1.0 hablar en público con claridad Habilidad 1.0 entender, interpretar y

analizar documentos oficiales Habilidad

1.0 procuro información sobre asuntos políticos y sociales

Práctica

1.0 interés en participación comunitaria

Actitud

1.0 me siento conectado a mis vecinos

Actitud

1.0 me siento conectado a mi comunidad

Actitud

0.9 argumentar, persuadir Habilidad 0.9 relacionarse con los vecinos

(habilidades sociales) Habilidad

0.9 planificar y organizar reuniones

Habilidad

0.9 jurisdicciones y responsabilidades (fed, prov., mpal.)

Conocimiento

0.9 derechos y deberes ciudadanos

Conocimiento

0.9 autoconfianza Actitud 0.9 responsabilidad por la

preservación de la ciudad

Actitud

0.8 trabajo en grupo, cooperación Habilidad 0.8 resolución de conflictos Habilidad 0.7 escuchar con atención a otras

personas Habilidad

0.7 tolerancia y respeto a los otros

Actitud

0.7 confianza en los políticos Actitud 0.7 aceptar y tolerar conflictos Actitud 0.6 organizar trabajos grupales Habilidad 0.6 coordinar el trabajo del grupo

(liderazgo) Habilidad

0.6 ayudo a mantener la ciudad limpia y en buen estado

Práctica

0.5 preocupación por el bien común

Actitud

0.4 disposición a ayudar a otros (solidaridad)

Actitud

0.3 participo en campañas electorales

Práctica

0.1 voto en elecciones municipales

Práctica

0.0 voto en elecciones nacionales Práctica

Las cifras reportadas en este cuadro resumen la magnitud del cambio, pero sólo

revelan aspectos generales del aprendizaje y por tanto tienen cuatro limitaciones. En primer

lugar, la tabla sólo reporta incrementos promedio, pero algunos delegados tuvieron grandes

incrementos (de “muy bajo” a “muy alto”, o de 1 a 5) mientras que otros tuvieron incrementos

menores (e.g. de 1 a 2, o de 3 a 4). Segundo, los incrementos similares no son homogéneos.

Por ejemplo, dos participantes pueden tener un incremento de 2 para un indicador dado, pero

uno de ellos puede ser desde muy bajo a mediano (1 a 3) mientras que el otro puede

incrementarse de mediano a muy alto (3 a 5). La cantidad incrementada es la misma, pero la

situación es diferente. Tercero, las cifras reflejan todas las ventajas y desventajas de la

calificación personal –los participantes saben más que ningún otro la magnitud de su propio

aprendizaje y cambio, pero la percepción personal puede ser distorsionada por una variedad

de factores. Por último, la información cuantitativa ofrece una versión muy limitada que no

contempla las descripciones detalladas que dan los participantes ni sus historias personales.

Debido a limitaciones de espacio, en este ensayo ofrecemos sólo algunas de las historias que

los entrevistados nos han contado.

Cambios en el área de conocimientos

Como resultado de su participación en el presupuesto participativo, muchos delegados

dijeron haber incrementado substancialmente su conocimiento de la política, de otras personas

y sus comunidades y de sus derechos como ciudadanos. Los cambios más significativos

mencionados fueron haberse familiarizado con las necesidades de sus propias comunidades y

haber entendido las necesidades de otros barrios.

Al comienzo escuchaba a los otros delegados decir que querían más árboles en sus

barrios y pensaba que esa era una necesidad importante. Pero luego me llamaron a

otra reunión en otro barrio, y cuando me baje del colectivo y caminé hacia la calle

donde se haría la reunión, ví que no había calle, ni pasto, ni sistema de desagüe,

nada. Yo había estado en barrios como esos anteriormente, pero no fue hasta ese

momento que me dí cuenta de que proveer a esos barrios de servicios básicos era la

verdadera necesidad (Liliana).

Los participantes también dijeron que a través del presupuesto participativo conocieron

más gente de otros barrios y grupos, lo cual constituye una precondición para la solidaridad

interbarrial y la generación de coaliciones. Además, tuvieron la oportunidad de conocer

personalmente a varios políticos electos, lo cual es un indicador de eficacia política, o sea la

confianza que uno tiene en sí mismo para influir en el sistema político. Los delegados

también adquirieron una importante cantidad de conocimientos técnicos e instrumentales

acerca de la política y el gobierno, especialmente en relación al funcionamiento interno de

la municipalidad y los mecanismos y regulaciones específicas que se utilizan para la

distribución de fondos públicos.

Aprendí la diferencia entre fondos fijos y flexibles; ahora sé que el 56% del

presupuesto municipal se dedica a sueldos y que otro gran porcentaje se separa para

costos fijos, como por ejemplo para el mantenimiento de los centros de salud

(Silvia).

Otros participantes no sólo tomaron conciencia acerca de sus derechos y deberes como

ciudadanos, sino que también aprendieron cómo defender tales derechos.

Antes yo sabía acerca de mis derechos, pero con el presupuesto participativo

aprendí sobre nuevas maneras de hacer valer mis derechos, por ejemplo, con qué

oficinas gubernamentales tengo que contactarme si son violados ciertos derechos

(Ricardo).

Cambios en habilidades

Las habilidades que registraron más cambios se relacionaron con el desarrollo de

nuevas competencias para monitorear las acciones de gobierno, contactar agencias y

funcionarios gubernamentales, establecer prioridades, y elaborar propuestas para diferentes

proyectos. Además de estas habilidades instrumentales, los participantes hicieron referencia a

habilidades analíticas como la capacidad de leer y entender documentos oficiales, así como

entender la dinámica política de la municipalidad.

Los delegados también mencionaron frecuentemente haber adquirido habilidades

sociales y de liderazgo (trabajo en equipo, interacción con los vecinos, coordinación de

equipos, organización de reuniones, etc.). También se mencionaron capacidades

comunicativas como escuchar al otro, hablar en público, hacer acuerdos, persuadir, tomar

decisiones colectivas y llegar a consensos. La capacidad de hablar en público en particular fue

mencionada muchas veces:

Me molestaba que la gente no pronunciara bien las cosas, entonces puse más

atención en cómo yo pronunciaba mis palabras. Aprendí que lo importante no es un

conjunto lindo de palabras, sino que la gente te entienda (Mónica).

La capacidad de escuchar, una precondición para la deliberación democrática,

generalmente se da por descontado. Sin embargo, los participantes no siempre tienen la

habilidad necesaria para llevar adelante un diálogo fructífero, y muchos comentaron que

gracias al proceso del presupuesto participativo aprendieron a escuchar con más cuidado,

respeto y paciencia:

Antes, yo siempre interrumpía, pero ahora me digo a mi misma “esperá” y dejá que

la otra persona hable. Sé que si luego no estoy de acuerdo, puedo decir lo que

quiero (Alicia).

Muchos entrevistados mencionaron que algunas de las capacidades adquiridas durante

su participación en el proceso de presupuesto participativo también resultaron útiles para

resolver situaciones en otros ámbitos de la vida personal y comunitaria. Una de estas

habilidades se relaciona con la capacidad de distinguir el carácter y las causas de diferentes

conflictos y demandas, y de canalizarlos a través de los mecanismos más adecuados:

Ahora me siento mejor resolviendo problemas en el presupuesto participativo y en mi vida

personal. Puedo canalizar mejor los conflictos y las respuestas. Puedo darme cuenta qué

tiene que ver con la comunidad y qué con lo personal, lo cual me ayuda a explicar las raíces

de los problemas (Gabriela).

Al igual que Gabriela, muchos otros participantes señalaron que habían sido capaces de

transferir algunas de las habilidades adquiridas a través del proceso del presupuesto

participativo a otras situaciones e instituciones como la familia, escuelas, iglesias, lugares de

trabajo o asociaciones comunitarias. Este proceso de transferencia horizontal de habilidades,

que también hemos observado en otras ciudades, sugiere que el presupuesto participativo

tiene un significativo efecto expansivo. Este es un tema que probablemente amerite una

investigación en sí misma.

Cambios en actitudes

Los participantes mencionaron notables cambios en una gran variedad de actitudes,

valores, sentimientos y disposiciones. Los dos cambios actitudinales más significativos se

relacionaron con la autoconfianza y con las virtudes cívicas. Por un lado, los delegados

notaron que ahora tenían una mayor confianza en su propio potencial para influir en las

decisiones políticas (un claro indicador de eficacia política). Por otro lado, manifestaron tener

una preocupación más profunda por los problemas de la ciudad y por el bienestar común,

describiendo un tránsito progresivo desde un interés centrado en su propia casa y su propia

calle a una disposición a mejorar la vida de los habitantes de la ciudad toda.

Los delegados también indicaron haber desarrollado una actitud más cuidadosa con

respecto a la propiedad pública y los recursos, a valorar más la participación ciudadana en el

gobierno local, a ser más solidarios con los grupos marginados, a sentir una mayor y mejor

conexión con sus vecinos y la comunidad. También expresaron estar más interesados y

dispuestos a participar en las diferentes dimensiones de la vida comunitaria. Además, varios

de ellos (especialmente los que llegaron al proceso con una actitud más impaciente o con un

exagerado convencimiento de la grandeza de sus propias ideas), manifestaron haber aprendido

a ser más respetuosos del ritmo de los procesos democráticos de deliberación, y más pacientes

con las ideas de otras personas que no necesariamente coinciden con las de ellos.

En algunos casos, fue precisamente el desarrollo de su eficacia política lo que produjo

un aumento en la motivación para identificar asuntos que requerían atención más allá de su

ámbito cotidiano, y en la disposición a resolverlos. El adquirir más confianza en su propia

capacidad para incidir en la realidad social de su barrio los estimuló a preocuparse por los

problemas de la ciudad como suyos, aún cuando estos problemas no los afecten directamente:

Antes yo pensaba ¿por qué debería preocuparme por los semáforos? si sabía que

mis ideas no contaban. Ahora, porque sé que mis ideas serán consideradas, estoy

más motivada a prestar atención a los problemas de la ciudad y a ver qué puedo

hacer al respecto. Por ejemplo, si ahora estoy manejando en una calle que está en

malas condiciones veo eso como un problema a solucionar (Simona).

En efecto, muchos de los participantes expresaron tener una actitud más cuidadosa

hacia la propiedad pública. Al aprender que los recursos municipales surgen principalmente

de los impuestos que pagan los ciudadanos, se inclinan a cuidar más la infraestructura pública

y a reducir el desperdicio de recursos. Los participantes también indicaron confiar más en el

gobierno municipal. Sin embargo, la confianza en la clase política no varió desde el momento

de integrarse al presupuesto participativo hasta el momento de la entrevista. Al igual que en

nuestros estudios anteriores en otras ciudades, la confianza en los políticos como categoría

general permaneció relativamente baja.

Cambios en prácticas

Muchos delegados reportaron cambios en comportamientos concretos y prácticas

cotidianas y atribuyeron esos cambios a su participación en el presupuesto participativo. Una

gran mayoría afirmó realizar nuevas actividades que anteriormente no eran parte de sus vidas.

Las actividades más mencionadas fueron las especialmente relacionadas con el monitoreo

regular del presupuesto público, la evaluación de la calidad de los trabajos públicos, la

participación en reuniones de la comunidad, la formulación de ideas y soluciones para los

problemas públicos, y la búsqueda de información acerca de temas políticos y sociales. La

mayoría de estos cambios fueron atribuidos a la adquisición de una mayor confianza en sí

mismos.

Muchos de los delegados dijeron que luego de participar se volvieron más activos y

precisos, diversificaron sus actividades, reemplazaron comportamientos confrontacionales o

autoritarios con otros más democráticos, tomaron posiciones de liderazgo, e incorporaron en

sus rutinas más actividades orientadas a la comunidad:

Me gusta pintar. Antes pintaba sólo en mi casa. Ahora tomo clases, voy a

exhibiciones y trato de exponer mi trabajo. Esto cambió durante el presupuesto

participativo porque cuando todos éramos tratados en pie de igualdad, yo aprendí a

hacerme escuchar. (Silvia)

Antes del presupuesto participativo, a veces organizaba piquetes (cortes de calles) y

ensuciaba las calles para llamar la atención a nuestra causa. Ahora, cuando tenemos

serios problemas en la comunidad podemos tratarlos en el presupuesto y evitar

dañar o ensuciar la ciudad. (José)

Al igual que lo que hemos observado en otras ciudades, la naturaleza transclasista del

presupuesto participativo también ha generado cambios interesantes en las actitudes y

comportamientos en Rosario. La interacción constante entre clases sociales diferentes ayudó

a nutrir sentimientos de solidaridad y a cuestionar los estereotipos, lo cual en algunas

oportunidades hizo que algunos participantes adoptaran prácticas que hubieran sido

impensables anteriormente. El siguiente relato ilustra muy bien este tipo de situaciones:

Ahora te acercas más a la gente y luego podés hablar de cualquier tema. Yo traigo a

mi hijo todos los martes a las 7:30 de la tarde a jugar rugby en un club de un barrio

humilde. Una noche luego de dejar a mi hijo veo a una familia del barrio que estaba

caminando por la vereda con un bebé y un montón de bolsas. Hacia frío y estaba

ventoso, así que paré y les ofrecí llevarlos. Estaban muy agradecidos, se subieron al

auto y los dejé cerca de donde tenían que ir. Nunca hubiera hecho una cosa así antes

del presupuesto participativo, pero ahora me siento más abierta y cómoda con gente

que es diferente a mi (Silvia).

Como se puede observar en el cuadro anteriormente presentado, los dos

comportamientos que menos cambiaron se relacionan con el ejercicio del voto. Como en la

Argentina el voto es obligatorio, no es sorprendente que prácticamente no hayan habido

cambios en la conducta electoral de los participantes. Sin embargo, es interesante notar que -

confirmando los datos de nuestras investigaciones anteriores en Porto Alegre y Montevideo-

la confianza en los políticos municipales se incrementó el doble que la confianza en los

políticos en general.

¿Quién aprende qué? Diferencias entre los participantes

Las respuestas de los delegados revelaron que distintos perfiles de participantes

aprendieron cosas diferentes y en grados distintos. Los factores que más incidieron fueron la

experiencia comunitaria previa, el lugar de residencia, el nivel de escolaridad, la edad y el

sexo de los participantes.

Primero, las 15 personas que no habían estado activamente involucradas en la

comunidad con anterioridad, experimentaron más aprendizajes y cambios en 54 de los 55

indicadores cuando se los compara con aquellos que ya habían participado activamente. Los

delegados que tenían poca experiencia en la comunidad aprendieron más de casi el doble

acerca de las necesidades de otros barrios y conocieron a más políticos electos asi como

también a gente de otros barrios. Se conectaron más con sus vecinos y desarrollaron una

preocupación por el bien común – cambios menos frecuentes entre los pares con más

experiencia. En general, el presupuesto participativo hizo las veces de foro en el cual los

ciudadanos pasivos pudieron transformarse en ciudadanos activos, mientras que los activos se

volvieron aún más activos.

Segundo, los delegados que viven en la zona del centro aprendieron menos que

aquellos que viven en las zonas periféricas de la ciudad, de acuerdo con 52 de los indicadores.

Por ejemplo, la gente del centro no reportó cambios en sus habilidades para leer y analizar

documentos oficiales, planificar y organizar reuniones y coordinar el trabajo en equipo,

mientras que los delegados de los otros distritos sí reportaron cambios en relación a estos

indicadores. Los delegados por fuera del centro experimentaron cambios grandes en su nivel

de preocupación por los problemas del barrio, mientras que aquellos en el centro terminaron

preocupándose más por los problemas de la ciudad que por los de su propio barrio. Los

delegados de la periferia aprendieron a participar más probablemente en forma colectiva,

mientras que los residentes del centro dijeron que aprendieron a participar por su propia

cuenta. Los resultados sugieren que los delegados del centro ya estaban relativamente

conectados con el gobierno de la ciudad, mientras que los delegados del resto de los distritos

se beneficiaron de las nuevas oportunidades y de estar en contacto con la municipalidad. Sin

embargo, estos resultados son los menos sólidos del estudio, dado que en cada distrito se

entrevistaron sólo seis o siete delegados.

Tercero, los 17 delegados que no tenían educación universitaria experimentaron más

aprendizajes y cambios que la gente con estudios universitarios. Los delegados más educados

comenzaron teniendo un gran conocimiento de los derechos de los ciudadanos, las

necesidades de otras comunidades y una mayor habilidad para hablar en público claramente,

construir un argumento y organizar reuniones, pero los delegados con menos educación

aprendieron más en estas áreas y reportaron niveles similares luego del presupuesto

participativo. En términos generales, los delegados con educación universitaria indicaron

aprender muchas menos habilidades que aquellos sin educación universitaria, pero el mismo

aprendizaje en relación al conocimiento. Esto podría sugerir que los conocimientos que se

aprenden en el presupuesto participativo no se adquieren normalmente en la universidad,

aunque sí se aprenden allí algunas de las habilidades requeridas para el proceso. Es interesante

mencionar que antes de involucrarse en el presupuesto participativo tanto los delegados con

menor nivel educativo como los de más años de escolaridad hablaban acerca de los problemas

del barrio con sus vecinos en la misma proporción. Sin embargo, los delegados con menos

nivel escolar manifestaron que al principio tenían una menor propensión a pensar y proponer

soluciones para los problemas. Luego de su involucramiento en el presupuesto participativo,

notaron un aumento no solamente en su disposición a hablar con los vecinos de los problemas

del barrio, sino también –y fundamentalmente- a pensar y proponer soluciones. Esto es

importante porque sugiere que el presupuesto participativo tiene un impacto más significativo

en el desarrollo de la eficacia política de los sectores sociales más marginados.

Cuarto, los delegados más jóvenes experimentaron más aprendizajes y cambios que

los de mayor edad. La gente más joven aprendió más acerca de cómo hacer acuerdos y

construir alianzas que los participantes con más experiencia de vida. Los participantes más

jóvenes también fueron más propensos a desarrollar más confianza en sus capacidades para

influir en la política local (eficacia política) y a respetar los tiempos que el proceso requiere

(lo cual sugiere que los procesos democráticos contribuyen a la maduración de los

participantes más jóvenes). Además, los participantes más jóvenes manifestaron mayores

incrementos que los de mayor edad en cuanto al desarrollo de una mayor responsabilidad por

la preservación de la ciudad, y a prácticas concretas para el mantenimiento y el aseo de la

ciudad.

Por último, las mujeres reportaron haber experimentado más aprendizajes y cambios

que los hombres como resultado de su participación, aunque no en una proporción

abrumadoramente mayor. En general, las mujeres fueron más propensas a aprender más

acerca de las necesidades de su propia comunidad, las necesidades de otros barrios en la

ciudad, y sus propios derechos ciudadanos. Las mujeres también desarrollaron una mayor

preocupación acerca de los problemas de su barrio y de la ciudad y se interesaron más por la

participación comunitaria.

En síntesis, aquellos delegados que no habían participado activamente en los asuntos

de la comunidad con anterioridad aprendieron y cambiaron más que aquellos que ya habían

estado participando. La gente que vive en la periferia de la ciudad experimentó casi el doble

de aprendizaje y cambios en comparación con aquellos que viven en el centro de la misma.

Los delegados que no tenían educación universitaria aprendieron más que aquellos que

asistieron a la universidad, los delegados más jóvenes aprendieron más que sus pares de

mayor edad, y las mujeres aprendieron un poco más que los hombres. En general, las

desigualdades iniciales de los diferentes grupos demográficos se redujeron como

consecuencia de la participación en el presupuesto participativo. Dado que la gente que tenía

bajos niveles iniciales aprendió y cambió más, tendieron a terminar con los mismos

conocimientos cívicos, habilidades, valores y comportamientos que aquellos con altos niveles

iniciales. Este hallazgo preliminar, que requiere una investigación más detallada, sugiere que

el presupuesto participativo puede cumplir un papel pedagógico como igualador de

participación ciudadana.

Indicadores adicionales de aprendizaje y cambio

En nuestra investigación utilizamos como guía 55 indicadores para explorar

aprendizajes y cambios. Sin embargo, durante las entrevistas, los delegados de Rosario

sugirieron indicadores nuevos. Hacia el final del trabajo de campo teníamos 29 indicadores

nuevos. Por ejemplo, Ana reportó haber adquirido conocimientos técnicos de planeamiento,

diseño urbano e ingeniería. Graciela aprendió cómo funciona el gobierno municipal y la

participación ciudadana en otras ciudades. Pedro mencionó que ahora puede “hacer un mapeo

de las políticas públicas y la política, identificando donde se toman las decisiones y se asignan

los recursos”. Varios de los delegados reportaron haber aprendido a valorar más la

participación de los jóvenes y de las mujeres y uno dijo valorar más el dinero de los

impuestos. Unos pocos participantes notaron que luego de la experiencia del presupuesto

participativo son más propensos a compartir información con otros y a leer los diarios y

revistas. Cabe aclarar que no hemos incorporado estos indicadores en el análisis cuantitativo

porque los mismos fueron agregándose durante el proceso de recolección de información y el

número de menciones era demasiado pequeño. Pensamos incorporarlos en investigaciones

futuras.

Resumen y conclusiones

No cabe duda que el presupuesto participativo tiene un gran potencial educativo para la

construcción de una ciudadanía protagónica y democrática. Cuando comenzamos nuestro

primer estudio de caso sólo contábamos con 10 indicadores de aprendizajes. Al final de las

entrevistas, los mismos participantes fueron agregando instancias de aprendizajes y cambios

no contemplados en el instrumento, y con el tiempo se fue generando colectivamente una

larga lista de indicadores, y se incluyó una cuarta área relacionada con cambios en prácticas

cotidianas. Como en otras ciudades en donde hemos realizado estudios, los residentes de

Rosario que participan regularmente en el presupuesto participativo experimentaron

aprendizajes y cambios moderados –y en ocasiones significativos- en una gran variedad de

campos. De acuerdo con nuestros datos, el delegado promedio consideró que sus

conocimientos, habilidades y actitudes eran modestas antes de involucrarse en el proceso, y

altas luego de por lo menos un año de participación. Tal vez más importante, muchos de ellos

manifestaron haber transferido esos nuevos conocimientos, competencias y disposiciones a la

práctica cotidiana, no sólo en el ámbito del gobierno local sino también en otras esferas

sociales.

Como resultado de las experiencias con el presupuesto participativo, los delegados se

familiarizaron con las necesidades de diferentes comunidades, conocieron gente nueva y

diferente, e incorporaron conocimientos sociales, instrumentales y técnicos acerca de política

y ciudadanía. Estos conocimientos les permiten representar mejor a sus comunidades,

desarrollar eficacia política, establecer redes y relaciones de colaboración con otros grupos y

al mismo tiempo desarrollar solidaridad con gente que vive en peores condiciones. Los

delegados también desarrollaron una serie de habilidades instrumentales, analíticas, de

liderazgo y deliberativas. La participación generó nuevas actitudes, valores y disposiciones,

especialmente confianza en si mismos, preocupación por el bien común y la propiedad

pública, paciencia, tolerancia, solidaridad, sentimientos de pertenencia y de protagonismo, e

interés en la participación comunitaria. También se percibe un tránsito de actitudes y lógicas

individualistas a una conciencia colectiva. En este sentido, es interesante mencionar que en

nuestro trabajo de campo (tanto en Rosario como en Porto Alegre y Montevideo) hemos

notado que mientras los nuevos delegados del presupuesto participativo tienden a usar más la

primera persona singular en sus expresiones (e.g. “yo vengo a luchar para que pavimenten mi

calle”), los delegados más veteranos tienden a usar más la primera persona plural (e.g.

“nosotros conseguimos ese centro de salud”). Además, los delegados cambiaron sus prácticas

cotidianas, incrementando el nivel, rango y calidad de su participación cívica por haber

aumentado su actividad en la comunidad, diversificado sus actividades cotidianas y adoptado

comportamientos más democráticos. Distintos grupos de participantes (definidos por criterios

de participación previa, lugar de residencia, nivel de escolaridad, edad y género)

experimentaron formas diferenciales de aprendizaje. Dado que los recién llegados aprendieron

más que aquellos con más experiencia de participación cívica previa, el presupuesto

participativo puede ser considerado como un proceso igualador de las competencias políticas.

Este es un momento apropiado para retornar a la pregunta de Jane Mansbridge que

mencionamos al principio de este artículo: “¿Crea la participación mejores ciudadanos?”.

Desde nuestra perspectiva, cuando los ciudadanos adquieren conocimientos, habilidades,

actitudes y prácticas democráticas, y cuando se preocupan no sólo por su bienestar personal

sino también por el bien común, se convierten en mejores ciudadanos. El presupuesto

participativo, entonces, y éste es nuestro argumento central, tiene una dimensión pedagógica

que contribuye a la conformación de una mejor ciudadanía. Los rosarinos y rosarinas que

entrevistamos en este estudio manifestaron que ahora son más democráticos, activos,

solidarios y comprometidos con su medio que antes de involucrarse con el presupuesto

participativo. Las historias de los participantes nos ayudan a comprender qué aprende la gente

a través de su involucramiento, y de qué manera las distintas instancias de esa participación

transforman a los individuos. Así, es preciso reconocer que las asambleas barriales y

jurisdiccionales, las sesiones de entrenamiento e información para los delegados del

presupuesto, las frecuentes reuniones de delegados y miembros de la comunidad, las consultas

entre delegados y oficiales de gobierno municipal y los paseos guiados por los barrios son

todos espacios con potencial educativo. Desde una perspectiva pedagógica, el reto es

maximizar ese potencial identificando a las prácticas democráticas como oportunidades para

el aprendizaje ciudadano.

Desde la perspectiva de la investigación sobre estos procesos, podemos mencionar al

menos tres retos. El primero es realizar estudios longitudinales de participantes en democracia

local para confirmar los autodiagnósticos realizados por los propios delegados. El segundo es

explorar con más detalle el efecto igualador del presupuesto participativo, en el sentido de

igualación de conocimientos y habilidades cívicas y políticas. El tercero es profundizar más el

efecto expansivo del presupuesto participativo, en el sentido de la transferencia de prácticas

democráticas a otros ámbitos sociales y a otras instancias institucionales. En resumen, el

presupuesto participativo genera una intensa experiencia de aprendizaje cívico. Los

aprendizajes adquiridos y los cambios vividos por los delegados de la ciudad de Rosario

confirman que el presupuesto participativo es una “escuela de ciudadanía”. Para muchos de

ellos, la experiencia tuvo un carácter transformador. El propósito de este trabajo fue brindar

un aporte a la comprensión de la dimensión educativa de la democracia participativa.

Esperamos que este estudio contribuya a promover y mejorar los procesos democrático-

participativos, a proponer nuevos debates sobre el aprendizaje cívico y democrático, y

acercarnos a una cultura política basada en valores democráticos, de solidaridad, inclusión e

igualdad.

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Este capítulo está basado en un ensayo presentado en el congreso “Prácticas democráticas como oportunidades educativas”. Teachers College, Columbia University, noviembre del 2005. Agradecemos a Gisela Vanzaghi su colaboración con la traducción de este texto. Juan García, entrevistado por Howard Richards; comunicación personal con Howard Richards en Julio de 2006.

comunicaciones

La naturalización de los usos y las prácticas tecnológicas.

Los mensajes de texto como expresión de las transformaciones de la comunicación en la

sociedad actual.

Sebastián Castro Rojas

Sebastián Castro Rojas es docente en Comunicación Social, UNR. Becario Doctoral CONICET.

RESUMEN

Este trabajo es una aproximación sobre caracterizaciones y reflexiones alrededor del fenómeno de las prácticas sociales y la apropiación y/o uso que los sujetos realizan de los entornos técnicos de comunicación. En la actualidad se asiste a ciertas marcas en los usos culturales y sociales, a ciertas formas de relacionarse de los sujetos, que indican la manera de utilizar los entornos, no sólo de forma instrumental, sino como parte de su experiencia, de su vida social, laboral y afectiva. Estas experiencias cotidianas que los sujetos viven, transforman de manera significativa toda la experiencia social, y por consiguiente modifica las maneras de apropiarse de los entornos técnicos, ya no sólo de manera instrumental, sino como vehículo de contacto entre unos y otros. Estas formas de relación están mediadas por entornos técnicos informatizados como los e-mails, el chat, y en especial, el uso y la apropiación, como práctica cotidiana, de los mensajes de texto -SMS-. Se abordan entonces las prácticas distintivas de los sujetos con los SMS, para intentar develar y dar cuenta de éstas como maneras diferenciadas de uso en cuanto a prácticas sociales, y, a su vez, como se transforman en marcas sociales cotidianas en el uso de las tecnologías informacionales. palabras clave: SMS, TICs, prácticas SUMMARY

The purpose of this paper is to characterize and reflect upon the social practices phenomenon, its adoption and usage. Nowadays, certain cultural and social practices, certain forms of relationship among people, the different ways of using the interface not only instrumentally but also as part of experience, social life, work and affection are being witnessed. Everyday life transforms the social experience, and it modifies the ways of taking the technical windows instrumentally and as a form of relationship among people. These forms of relationship between one another are mediated by e-mails, the chat, and specially the use and the continuant adoption of the text messages. People’s different practices with the SMS are approached to try to reveal the different forms of using the social practices, and thus they are transformed into everyday ways of using technology. keywords: SMS, ITC, practice

“Se puede decir que lo que ha alterado nuestro mundo

no es la televisión, ni la radio, ni la imprenta como tales,

sino los usos que se les da en cada sociedad.”

(R. Williams: 1992, p 183)

INTRODUCCIÓN

Hoy asistimos, casi sin darnos cuenta, a la naturalización de ciertas prácticas que hasta

hace muy poco tiempo ni siquiera eran consideradas a la hora de establecer lazos

comunicacionales. Así, tiempo atrás, cuando nos referíamos a comunicarnos, a hablar, o estar

en contacto, en el sentido más tradicional del término, siempre estaban presentes, como parte

del imaginario social y colectivo, las maneras habituales de establecer lazos sin ningún tipo de

mediación técnica (excluyendo, claro está, la lengua como tecnología) es decir, lo que

llamamos el “cara a cara”. Pero también en el imaginario social y colectivo existía la idea de

que para comunicarnos tenemos dos posibilidades dentro del orden técnico: a través del

teléfono fijo, o las cartas vía correo postal.

Pues bien, todas estas acepciones no sólo se han modificado en los últimos años, sino

que nosotros como sujetos hemos sido modificados conciente o inconscientemente. Es por

esto que hablamos de naturalización, haciendo especial referencia a la incorporación casi

automática de ciertas prácticas comunicacionales mediadas por entornos técnico e

informáticos. El hecho de no cuestionar la casi desaparición de las formas tradicionales de

establecer lazos comunicativos por un lado; y la utilización cada vez con mayor asiduidad de

las nuevas formas de contacto, por otro, han producido este efecto de naturalización de las

prácticas en nosotros como sujetos usuarios de entornos tecnológicos, no sólo en el uso, sino

también en la forma de apropiarnos de las novedosas técnicas de contacto personales y

colectivas.

Al pensar en la naturalización de las prácticas y sus usos debemos enfocarnos en la

presencia, dentro del imaginario social, de los conceptos de técnica y tecnología. Es necesario,

por consiguiente, colegir qué es lo que se lleva al discurso, tanto en términos generales como

particulares, cuando se invocan estos conceptos. Siguiendo los planteos de McLuhan, pero

mucho más los de Williams1 podemos realizar una primera diferenciación conceptual al

1 Para ampliar sobre esta línea ver la obra de R. WILLIAMS, Historia de la Comunicación,, de la imprenta a

nuestros días, Barcelona, Editorial Bosch, 1992, Vol 2.

respecto. Esta distinción nos posibilita enmarcar las particularidades de los usos de lo que

denominamos entornos tecnológicos en tanto habilidades desarrolladas por los sujetos en su

hacer cotidiano. Estos hechos de emparentar y generalizar la utilización de los términos como

invento técnico y tecnología se producen a diario y se mencionan como si fueran equivalentes.

Entonces, debemos establecer cómo deberían ser pensados para lograr una mejor comprensión

de la transformación en el uso/práctica de los entornos técnicos y tecnológicos. Esta

diferenciación entre técnica y tecnología se hace indispensable para abordar la problemática

del uso de los “Short Message Service-Servicio de Mensajes Cortos” SMS. “Una técnica es

una habilidad particular, o la aplicación de una habilidad: Una invento técnico es, por

consiguiente, el desarrollo de dicha habilidad, o el desarrollo o invento de uno de sus

ingenios. En contraste, una tecnología es, en primer lugar el marco de conocimientos

necesarios para el desarrollo de dichas habilidades y aplicaciones y, en segundo lugar, un

marco de conocimientos u condiciones para la utilización y aplicación prácticas de una serie

de ingenios” 2

Otro de los aspectos a tener presente es la caracterización “uso/práctica”. En este

escrito se entenderá por “uso/práctica” al hacer, a la acción que el sujeto realiza con el

entorno informático. El concepto incluye no sólo al uso que se hace de los celulares, sino

también la manera en que este uso se transforma y se convierte en práctica inconsciente. Así,

volvemos a la naturalidad antes mencionada y vemos cómo, al utilizar los entornos

tecnológicos, nos apropiamos de ellos sin preguntarnos el porqué. Incluirá, entonces, la

práctica individual (navegación, e-mail, chat, SMS) así como, la colectiva (juego en red,

foros, chats).

Mientras mayor es la experiencia que el sujeto va teniendo en su quehacer diario, va

construyendo su propio marco de referencia, aumentando así su experiencia individual en

determinados temas y entornos sociales e informáticos, que en este caso es el “uso” que se

convierte inconscientemente en forma. El saber, el hacer o usar que como una práctica se

transforma en un hábito cotidiano en tanto “uso”.

Por lo antes esbozado se dejarán plasmadas en este trabajo dos líneas de investigación.

Por un lado, algunas caracterizaciones del orden teórico para abordar estas huellas o marcas

de las transformaciones sociales, culturales y comunicacionales. Por el otro, se rastrearan

2 R. WILLIAMS, Historia de la Comunicación, de la imprenta a nuestros días, Barcelona, Editorial Bosch, 1992, Vol 2, p 184.

marcas del orden de lo tangible, es decir datos e indicadores info-estructurales para dar cuenta

de que las transformaciones son acompañadas por el aumento y el consumo a gran escala de

ciertos usos distintivos de los entornos técnicos más tradicionales -la computadora personal- y

los más novedosos -teléfonos celulares móviles-.

LA APARICION DEL SMS, SUS IMPLICANCIAS …

“Las aplicaciones rompedoras de la industria de las

telecomunicaciones móviles no serán dispositivos de hardware

ni programas software, sino prácticas sociales.”

(H. Rheingold: 2004, p 18)

La década de los 90 estuvo marcada por la irrupción de novedosos entornos técnicos

que posibilitaban nuevas formas de contacto y comunicación entre los sujetos. Así, asistimos

a la difusión masiva de la Internet, el e-mail y sus potenciales aplicaciones multimedias

(texto, imagen y sonido). También comenzaron a consolidarse otros entornos o inventos

técnicos de más vieja data que habían sido desarrollados en épocas anteriores y no habían

tenido cabida en las sociedades. Es el caso del teléfono celular o móvil, que había sido

gestado en los 70 y tuvo que esperar casi 30 años para ver su máxima expansión en el mundo.

En este sentido, adscribimos a los postulados de Dominique Wolton cuando afirma que todo

análisis de la comunicación no debe reducirse a la evolución de las tecnologías y tampoco

suponer que las innovaciones técnicas y tecnológicas, siempre van más rápido que la

innovación cultural o social. Toda transformación real siempre trae aparejado un cambio

cultural en los usos y la apropiación social de las tecnologías y no al revés. Si por el contrario,

no se identifica que cambian los modelos culturales y sociales, no es posible hablar de que las

nuevas tecnologías (Internet, chat, SMS) son suficientes para convertirse en el símbolo de una

revolución en la economía general de la comunicación y, menos aún, convertirse en el

símbolo de una nueva sociedad.3

Una vez establecido que todo cambio en las estructuras técnicas debe ir aparejado con

un cambio sustancial en lo cultural y lo social podremos continuar. Entonces, esta mirada

centrada en las formas de comunicarnos o establecer contactos con los otros sujetos no podría 3 D. WOLTON, Internet ¿y después?, Barcelona, Gedisa, 2000, p 18 y 19.

ser concebida como un cambio valedero y real, sino sólo sería una mera manifestación

esporádica de hechos en un momento determinado. De esta manera es que se puede empezar a

pensar en las huellas o marcas tangibles en la sociedad, y que éstas repercuten en la

proliferación del uso en tanto práctica de ciertos entornos técnicos, pero también

considerados, bajo esta mirada, como tecnológicos.

Se puede establecer, a modo histórico, que fue la empresa Nokia, líder mundial de

aparatos móviles, la que en 1987 depositó sus primeras expectativas en el estándar técnico de

telefonía móvil llamado Global System for Movile Communicationns (GSM). Fue justamente

este Standard el que incorporaba la posibilidad de enviar mensajes instantáneos de 160

caracteres de un teléfono a otro empleando el teclado para escribir y la pantalla para leer. Esta

función dentro de los equipos se denominó Short Message Service (SMS) y el primer mensaje

de texto se envió en diciembre de 1992 en el Reino Unido. Pasaron no más de 8 años para que

la aplicación, que comenzó siendo un servicios adicional para los usuarios, sea apropiada por

los clientes con prácticas diferenciales. En este sentido resulta interesante ver las experiencias

que se dieron en el mundo y que tuvieron como vedette a los SMS.

Son varios los hechos a nivel masivo que han tenido a los mensajes de texto como

principal artífice de comunicación, de contacto y de reuniones masivas. Siguiendo las

informaciones recolectadas por Howard Rheingold en su libro Multitudes Inteligentes. La

próxima revolución social encontramos que en diversas partes del mundo como Filipinas,

Corea, Seattle y Madrid se han producido ejemplos válidos de ser analizados y tenidos en

cuenta como marcas y huellas salientes de los usos como práctica de los sujetos en la

apropiación de entornos técnico como los e-mail o el SMS.

En Filipinas, los ciudadanos contribuyeron a derrocar el régimen de Estrada utilizando

tanto la red y los e-mails como los SMS para llamar a las manifestaciones. El caso de Seattle

fue una convocatoria masiva para manifestarse contra la Organización Mundial del Comercio;

ambas utilizando los móviles y los medios de la red.

Además, entre los más salientes se encuentra lo ocurrido el 13 de Marzo de 2004,

cuando los ciudadanos españoles, molestos por el ocultamiento y la tergiversación de la

información que aparecía en los medios sobre el atentado terrorista del 11 M, organizaron

manifestaciones políticas espontáneas en las principales ciudades de España. Para estas

convocatoria se utilizaron también teléfonos móviles y mensajes de texto -SMS-. Claro está

que no podemos asignar el derrocamiento de Estrada o las masivas movilizaciones totalmente

al SMS, pero si podemos afirmar que quienes lo utilizaron, en estos casos específicos,

encontraron en esta tecnología un nuevo medio para recabar información, publicar mensajes,

organizar y crear.4

CELULARES Y USO DE LOS SMS EN ARGENTINA.

“Hace 5 años, hablar de un mensaje de texto

era impensable. Hasta me tildaban de loco

cuando le decía eso a mis amigos”.

(Guillermo Borio, Director de Ericsson Mobility World) 5

En Argentina, la década de los 90 impulsó un modelo de consumo asociado al status

social. En aquella época disponer de un celular era sinónimo de prestigio y posición social.

Este espiral de consumo de los teléfonos móviles sufrió un revés diferencial en los últimos

años, en el 2004 el 39% de los usuarios de celulares en Argentina tiene un alto poder

adquisitivo, otro 35% posee un nivel medio y el 26% restante un nivel bajo. En tanto el 16%

de los propietarios de un celular no tiene un teléfono fijo en su casa y el 32 % esta pensando

en comprar un equipo nuevo, según Price & Cook.6

Si tenemos en cuenta la evolución del mercado de telefonía básica y celular nos

encontramos con un incremento en los últimos 10 años en la telefonía móvil no pronosticada

por ningún analista de mercado. Vale recordar el relevamiento que lleva adelante el INDEC

todo los meses, para mostrar cómo actualmente en Argentina la cantidad de teléfonos móviles

activos duplica la cantidad de líneas de teléfonos fijas activas -ver gráfico Nº 1-7

4 H. RHEINGOLD, Multitudes Inteligentes, Barcelona, Gedisa, 2004, p 13 5 “SMS: el servicio mas solicitado”. Disponible en www.datafull.com/infotech/nota.php del 22/06/05. 6 Price & Cooke “Estudio de Usuarios de Telefonía celular 2004”, en “El uso de los SMS en los celulares esta creciendo”. Disponible en http://www.datafull.com/infotech/nota.php?id=472 del 28/12/04. 7 INDEC, Informe Mayo de 2005: “Líneas instaladas, líneas en servicio y teléfonos públicos del servicios telefónico básico; teléfonos en servicios y llamadas del sistema de telefonía celular móvil; Servicio telefónico básico: llamadas nacionales urbanas, desde enero de 1993 en adelante”. Disponible en www.indec.gov.ar

Al hablar de los usos y la apropiación de los entornos se debe ponderar cómo el

mercado de las telecomunicaciones influye, y de manera significativa, ya que los precios de

los equipos se redujeron en los últimos años, produciendo un mayor consumo de todos los

niveles sociales. Esto sucede conjuntamente con campañas publicitarias muy agresivas, que

hacen hincapié en la posibilidad de estar comunicados a toda hora y en cualquier lugar. Como

valor añadido existe la opción de disponer de una línea activa con tarjeta que permite realizar

y recibir llamadas a un muy bajo costo. Este hecho produjo que muchos argentinos privilegien

los teléfonos celulares móviles a los costos de una línea fija en el domicilio.

Todas estas huellas y marcas que se vislumbran principalmente en las redes técnicas,

en los entornos y equipos técnicos, es decir, en lo info-estructural, traen consigo algunas

particularidades que indican modificaciones en el uso tanto social, como cultural. Entonces, al

existir mayor disponibilidad de uso en cuanto a entornos técnicos diversos -PC, celulares- los

sujetos los incorporan a su cotidianeidad, en su quehacer y esto, indudablemente, va generado

un uso/práctica en lo cotidiano muy diferente de años atrás. Si a esto le agregamos que la

disponibilidad y el acceso a entornos informáticos (ya sea por entretenimiento, placer o

trabajo) ha sufrido un gran incremento en los últimos años, disponemos de un escenario muy

propicio para la difusión y apropiación de cualquier entorno técnico o tecnológico que

irrumpa en el mercado.

En esta línea, nuevamente recurrimos a las cifras, que aunque son frías, nos marcan

cuáles son los usos, en tanto apropiación que los sujetos realizan de los entornos. Con

anterioridad los SMS en Argentina casi no eran utilizados aunque sí en otros países del

mundo como los escandinavos (Finlandia, Noruega), o los Asiáticos (Corea, Filipinas) o

países Europeos como Alemania, Italia, Gran Bretaña y España -ver gráficos Nº 2 y Nº- miles

de SMS enviados en el mundo 2000 al 2002; y SMS enviados en países europeos 2002 y

2003- 8, tendencia que se revirtió al extremo en nuestro país. En el 2003, sólo el 7% de los

usuarios de celulares empleaban el servicio de “Servicios de Mensajes Cortos”; en el 2004 la

cifra ascendió al 44% y según los pronósticos durante el 2005 serán más del 90% los usuarios

de celulares que enviarán y recibirán SMS. 9

8 “Las telecomunicaciones y la movilidad social en la Sociedad de la Información” en revista AHCIET, Nº 102 Abril/Junio 2005. Disponible en www.ahciet.net/comun/portales/1000/10002/10007/10574/docs/03.pdf 9 “SMS: el servicio mas solicitado”, www.datafull.com/infotech/nota.php del 22/06/05. “Estudio de Usuarios de Telefonía celular 2004” de la Consultora Price & Cooke, en “El uso de los SMS en los celulares esta creciendo”.

Otro aspecto positivo de la evolución en tanto uso de las aplicaciones como el SMS en

los teléfonos móviles se debe al flujo de intercambio de datos, comunicación, que se registra

en los últimos 3 años. En este aspecto, si bien existe un vacío anterior al 2002 según la

Comisión Nacional de Comunicaciones de la Nación, se pueden disponer de cifras posterior al

año 2003. Otra vez, el salto en cuanto a la utilización, es decir envió y recepción de SMS, es

significativa por del flujo de datos e informaciones realizadas, ya que se registra un

crecimiento del 4 mil % en Argentina en sólo 2 años, entre 2003 y 2005.-ver gráfico Nº 4- 10

Otros aspectos a develar y que se constituyen en interrogantes serían: ¿Quiénes son los

usuarios? ¿Para qué lo utilizan? ¿De qué forma se usa? En síntesis, comenzar a conocer las

cualidades y particularidades de los usos. Las cifras muestran y evidencian un incremento

desmesurado y sería interesante validar estos datos con las formas de apropiación de los SMS.

En este sentido, observamos como una marca en la actualidad que los medios masivos

tradicionales han incorporado el servicio de SMS como la forma de hacer participar al

espectador. Si tomamos como ejemplo a la televisión, vemos que algunos programas permiten

que los televidentes dejen su comentario u opinión sobre un tema y el mensaje aparece en

pantalla (Domínico de Canal 13, Intrusos en el espectáculo y Crónicas Picantes de América

2, o los canales de música: MTV y Much Music). Otra forma en la que se utiliza el

SMS en TV es participando de promociones, sorteos, juegos, horóscopo, votando o

respondiendo a una encuesta. Acaso el ejemplo cumbre de este fenómeno sea el soporte de

SMS de Floricienta (el programa para adolescentes que se emite en Canal 13 los días de

semana por la tarde), ya que por mes trafica 1,4 millones de mensajes.11

Son siempre las generaciones jóvenes las que llevan la delantera en cada uno de los

cambios que se producen en la apropiación y/o uso ya sea de la imagen corporal, la

vestimenta o la incorporación de prácticas distintas a las tradicionales. Según el “Estudio de

Usuarios de Telefonía Celular 2004” de la Consultora Price & Cooke, la edad promedio de

los usuarios de teléfonos celulares es de 34 años. Pero los últimos ingresantes al mercado

10 D. MASTROIANNI, “Los mensajes de texto siguen aumentando”. Disponible en www.datafull.com/infotech/mota.php?id=792 11/07/05. Entrevista realizada 19/07/05 al Delegado Rosario Comisión Nacional de Comunicaciones -CNC- Dr. Iván C. Durigón e INDEC, Informe Mayo de 2005: “Líneas instaladas, líneas en servicio y teléfonos públicos del servicios telefónico básico; teléfonos en servicios y llamadas del sistema de telefonía celular móvil; Servicio telefónico básico: llamadas nacionales urbanas, desde enero de 1993 en adelante”. Disponible en www.indec.gov.ar 11 D. MARTINEZ NUÑEZ, Director Ejecutivo de By Cicle, empresa dedicada a contenidos móviles en “SMS: el

servicio mas solicitado”, www.datafull.com/infotech/nota.php del 22/06/05.

tienen un promedio inferior a 27 años, y los principales usuarios de SMS son los que

corresponden al grupo de hombres y mujeres que van de los 15 a los 35 años. El informe

rescata que son los jóvenes no adolescentes los que incorporan naturalmente los SMS, por su

capacidad de adaptación a escribir en un teclado y entorno diminuto y por su menor costo.

Otra de las particularidades es que en este grupo etáreo los SMS dispusieron de un escenario

propicio, debido a que su entorno, su forma de escritura12, el código distintivos de su uso

como canal de comunicación ya había sido asimilado por los jóvenes; primero con el ICQ -

Chat- y después con el Messenger (ambos programas de mensajes instantáneos en la PC).

En resumen, se puede establecer que el éxito inesperado por parte de los usuarios en cuanto al

uso de los SMS en los móviles tiene que ver con la apropiación y construcción particular y

cotidiana de un hábito de uso del entorno técnico para fines sociales, ya sea entretenimiento,

diversión, ocio, o relaciones sociales. En este sentido, la gran evolución de los últimos años

en cuanto a cantidad de equipos fue aparejada a la evolución en cuanto a envió y recepción de

SMS por los argentinos. Sin embargo, aún resulta difícil pronosticar cuáles son los usos que

se privilegian por parte de los sujetos. De forma general podemos establecer que existe una

gama no uniforme de usos que en su mayoría están relacionados a los contactos entre

amistades, familiares y no tanto en las generaciones que pasan los 50 años a los que le resulta

dificultoso el entorno, tanto escribir como interaccionar con las interfases y siguen

privilegiando el contacto por la voz y el cara a cara.

EL CASO DEL USO DEL SMS COMO CONTACTO DE VENTAS

Una empresa Rosarina vía su Call Center está llevando adelante una campaña de

suscripción de nuevos usuarios de teléfonos fijos para la Compañía Telefónica de Argentina.

Para este trabajo se ha realizado una delimitación temporal, ya que no se abarca toda la

campaña sino que se focaliza el análisis sobre un semana, 6 días del 11 al 16 de Julio de 2005.

Esta decisión se fundamenta en poder desglosar las particularidades de la campaña: las

respuestas y formas de escritura, así como trazar ideas generales del uso que los clientes

hacen de sus teléfonos celulares.

12 No es intención del presente trabajo profundizar sobre esta línea de trabajo que se denomina la generación del pulgar o género chat, para ampliar sobre la temática consultar J. MAYAN i PLANELLS, Genero Chat, o cómo

la etnografía puso un pie en el ciberespacio, Barcelona, Gedisa, 2002.

Lo que se intenta dejar sentado son las características de la campaña y analizar sus

particularidades de contacto con los potenciales clientes, en este caso el uso de los SMS y

porqué se opta por una nueva estrategia y no por otra más tradicional. No es intención de este

trabajo medir la efectividad del contacto/campaña, así como no se prevén construir standares

de venta, sino por el contrario, las respuestas recibidas servirán para comenzar a pensar cual

es el imaginario social y colectivo de los usuarios de SMS. En este sentido, los SMS recibidos

serán puestos al análisis para intentar develar cómo se hace uso de este entorno.

Un aspecto a tener en cuenta es la variedad de estrategias comerciales de las empresas

para contactar con los potenciales clientes. Las más tradicionales se producen vía correo

postal, resumen de cuenta del banco o tarjeta de crédito, y/o con los impuestos que llegan al

domicilio. En los últimos años se han intensificado las promociones en portales de Internet

(cookies) o envíos a través del e-mail. La campaña que analizaremos utilizó como canal de

contacto el “Servicio de Mensajes Cortos” -SMS- de los teléfonos celulares. Al disponer de

los datos duros, sabemos que casi el 60% de la población dispone de celular, y hoy casi el

90% de los usuarios recibe y envía mensajes según el informe de la consultora Price &

Cooke, información que resulta auspiciosa para las empresas a momento de pensar nuevas

formas de llegar a futuros clientes.

La campaña se desarrolla desde mediados de Junio en un Call Center de la ciudad de

Rosario. La misma está destinada a ofrecer líneas de telefonía básica fijas en los domicilio del

sur de la Republica Argentina13. El canal y dispositivo técnico de contacto es el envió de un

SMS con el texto: “Tené ya!!! Por 20 pesos mensuales linea fija de TELEFONICA en tu

casa. Solicitala al 0800-999-6297”.

En el mensaje se les ofrece llamar a una línea de 0800 para aquel que este interesado

en suscribirse al servicio. Entonces, tenemos dos posibles entradas por parte del usuario:

contestar el SMS y decir que está interesado, que le llamen; o comunicarse con el 0800 que

aparece en el mensaje.

Estas dos posibilidades se confunden por parte del receptor del mensaje. Siempre los

sujetos desean saber quién está hablando, quién se lo esta diciendo, en definitiva quién emite

el mensaje para poder construir una imagen referencial del otro, es decir, saber con quién

13 En la década de `90 la República Argentina privatizó los servicios de telefonía básica y dividió al país para dos compañías, en el Sur desde la Provincia de Bs. As el concesionario sería Telefónica de Argentina, en el Centro Norte Telecom.

están estableciendo un lazo comunicativo. Aquí entra en juego el imaginario social, ya que si

recibo un mensaje es seguramente de algún amigo, familiar, o conocido. Si me escriben, me

conocen o saben quien soy, por lo tanto debo contestar, se supone inconscientemente.

Por esta razón a la hora de saber quién esta del otro lado, las respuestas de SMS

recibidos intentan identificar al otro. En notable que en la campaña un 40% de los SMS

recibidos dicen: “Quien sos?” ,“Kien sos?”, “qien sos? Me podes contestar”, “QUIEN

SOSSS”, “No te conozco, quien sos”, “Hola quien sos”, “Quien te dio mi numero, de donde

llamas”, “Que cosa, quien sos”, “Hola quien sos, y de donde sos?”, “Hola quien es?”, “Si,

pero quien sos?”, “Quien sos, no reconozco el numero”, “Hola quien envia”14.

Al respecto podemos caracterizar a este tipo de respuesta como una necesidad

conciente de saber quien esta del otro lado. Si partimos de la suposición que el uso como

práctica de los SMS se realizan de amigos a amigos, entre familiares, o por cuestiones

laborales, el sujeto que recibe un mensaje reconoce el número de teléfono y contesta a quien

le escribió un SMS. Pero, cuando el destinatario es desconocido, la respuesta al SMS es saber

quién está del otro lado, no sólo por curiosidad, sino también para poder establecer un lazo, un

reconocimiento físico del otro. En este punto, se nos presenta lo que sucede en casi todos

los entornos técnico, mediados por interfases informáticas, sea la PC o el teléfono celular

móvil. Como sujetos, para establecer un lazo comunicativo duradero en el tiempo debemos

tener una representación que en nuestro cerebro se asocie con lo físico. Sucede con el e-mail,

sucede en los IRC, sucede en los chat y en los SMS también. Ante el anonimato se busca que

el otro diga quién es, de dónde es, de dónde habla, por qué nos habla. Para, de esta manera,

construir un referente que actúe como seguro a la hora de establecer un feedback.

En tercer lugar está la particularidad de la forma de escritura en los SMS, en esta

característica hipotéticamente se puede deducir la edad del interlocutor. En este punto, al

igual que en el IRC, el Messenger o el e-mail, se ha generado toda una gama particular de

escritura que se acerca más a la oralidad puesta en texto, que la tradicional forma de escritura

secuencial. Sobre este tema se rescatan los trabajos sobre otros entornos15 que sirven para

analizar la escritura. Sólo a modo de ejemplo podemos citar el reemplazo de palabras por

letras: “x” en lugar de “por”; o las abreviaciones como “kien” por “Quien”; también se

14 Cada una de las frases son las respuestas textuales recibidas en SMS en el Call Center de la empresa Multicell S.R.L. por parte de los usuarios de telefonía celular móvil. 15 Para ampliar sobre la temática consultar J. MAYAN i PLANELLS, Genero Chat, o cómo la etnografía puso

un pie en el ciberespacio, Gedisa, Barcelona, 2002.

utilizan híbridos como “TQM” en reemplazo de la frase: “te quiero mucho”. Vemos que los

mensajes de SMS reproducen la lógica del entorno de la ICQ, que son, en su mayoría, usados

por las generaciones jóvenes, o mejor dicho, son los jóvenes los que manejan este código

distintivo de lenguaje que a los adultos y no navegantes de la Red les resulta dificultoso y

molesto.

Podemos pensar entonces, como característica de estos nuevos entornos, que la

escritura en ellos es una marca de la edad, o al menos, que quien utiliza estas abreviaturas ha

sido usuarios de los IRC y por lo tanto, su paso al uso del SMS ha sido casi normal, natural.

Por otro lado, cuando vemos un mensaje con mayúsculas al principio de la frase, podemos

suponer que el que esta escribiendo es una persona mayor a 30 años, no usuaria de otros

entornos y ha incorporado el SMS no de forma natural sino, tal vez obligada para el contacto

con sus hijos o sus pares, ya que sigue presentes en su escritura la lógica secuencial y

tradicional de la lengua.

Todas éstas, claro está, son hipótesis que deberían ser analizadas en profundidad para

un análisis más exacto. Sin embargo, consideramos que sirven para empezar a pensar con

quién establecemos contacto a la hora de ofrecer un producto.

APORTES AL DEBATE …

Las presentes líneas de este trabajo constituyen sólo algunas aproximaciones

conceptuales para abordar la temática. Si bien somos concientes que las mismas carecen aún

de profundidad, consideramos que sirven para empezar a pensar las características de los usos

que los sujetos hacen de los entornos técnicos, Y cómo en sus prácticas inconscientes se

reconoce el hábito como estructura en cuanto a decidir qué usar y cómo usar.

En la actualidad asistimos perplejos a los avances de lo técnico, pero ello no significa

que los sistemas sociales y culturales evolucionen de la misma manera. Somos concientes que

son muchas las marcas y huellas ramificadas que se evidencian en las prácticas sociales y en

los usos cotidianos de los sujetos, tanto del SMS, como el e-mail, el chat o la web. Sin

embargo, aún estamos lejos de poder decir que han cambiado las formas de relacionarnos, las

formas de comunicarnos. En esta línea estamos en condiciones de afirmar que en las prácticas

y los usos que los sujetos realizan se están mezclando las formas viejas y más tradicionales,

con las nuevas y más novedosas. Sin embargo, unas no sepultan a las otras, sino que se

potencias y se suman.

La apropiación, según hemos visto en el trabajo, por parte de los sujetos no responde a

obligaciones, por el contrario, es algo que se da de forma natural. Esta característica es la que

subyace en cada una de las prácticas de los sujetos, ya que se apropian de los entornos de

forma natural sin pensar para qué fueron hechos, sino para qué le sirve a sus usos y sus

prácticas cotidianas.

Falta aún poder profundizar sobre estos estudios para dar cuenta de las cualidades

distintivas que se hacen presentes, sobre todo en los grupos etáreos de los más jóvenes, y

esperar a ver como éstas van a actuar en el futuro cercano, que ya ha llegado.

GRAFICOS:

Gráfico Nº 1

Año / Mes

Líneas

celulares activas

Líneas

Telefonía fija

activas

Mayo 1995 278.588 5.099.085

Mayo 2000 4.812.832 7.429.732

Mayo 2005 16.583.575 8.157.412

Fuente: INDEC.

Grafico Nº 4.

Fuente: Secretaria de Telecomunicaciones de la Nación, CNC y INDEC.

Año

Envíos de SMS

en Argentina

Líneas Tel.

celular activas

2002 ------ 6.566.740

2003 2,5 millones 7.842.233

2004 20 millones 13.512.383

2005 (1 trimestre) 160 millones 15.109.425

2005 estimación 700 millones 20.000.000

Grafico Nº 3Grafico Nº 2

Cic los de g lobal ización, modelos de crecimiento económico y paradigmas

de pol ít ica exter ior : e l caso argentino ( 1862-2006)

Francisco Corigl iano

Francisco Corigliano es Doctor en Historia (UTDT) y Profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO/Argentina) y las Universidades de Buenos Aires, San Andrés y Torcuato Di Tella.

RESUMEN

El objetivo de este artículo es el de identificar la conexión existente entre los distintos ciclos de globalización, los modelos de crecimiento económico y los paradigmas de política exterior adoptados por los gobiernos argentinos desde la creación del Estado nacional en 1862 hasta el momento en que se escriben estas líneas. El trabajo incluye las diferencias entre el actual proceso de globalización y los anteriores procesos.

palabras claves: política exterior argentina, paradigmas de política exterior

SUMMARY

The goal of this paper is to identicote the connection between the different cicles of globalization, models of economic growth and foreign policies paradigmas adopted by Argentina governments since the creation of nacional sate in 1862 util the present. This paper incluyes the differences between the present cycle of globalization and previous cycles.

keywords: argentine foreign policy, foreign policy paradigms

El objetivo de este artículo es el de identificar la conexión existente entre los distintos

ciclos de globalización, los modelos de crecimiento económico y los paradigmas de política

exterior adoptados por los gobiernos argentinos desde la creación del Estado nacional en 1862

hasta el momento en que se escriben estas líneas. Como paso previo a esta meta, se presenta

una introducción al concepto de globalización como proceso e ideología.

Introducción: el concepto actual de globalización y las globalizaciones históricas

Como sostiene el ex consejero de Seguridad Nacional del gobierno de James Carter

(1977-1981), Zbigniew Brzezinski, la globalización es una palabra que se puso de moda en la

década de 1990 para describir un proceso y una ideología. Como proceso, define una notoria

aceleración del ritmo de las transacciones financieras internacionales en los ámbitos

informativo, financiero, comercial y administrativo a escala mundial. Esta aceleración del

ritmo de intercambios evidencia a su vez la creciente interdependencia global, impulsada por

las nuevas tecnologías de la comunicación, y que reduce las fronteras nacionales a líneas

imaginarias a la vez que condiciona seriamente la tradicional capacidad de los gobiernos para

interferir y/o regular el libre flujo de mercancías y capitales financieros. Como ideología, la

aspiración utópica de la doctrina de la globalización a la apertura y cooperación mundiales

encaja bien con la tradición idealista norteamericana de rechazo a la política de poder del

realismo continental europeo16. Rechazo que, como destaca Walter Russell Mead, constituye

un rasgo común a las escuelas hamiltoniana y la wilsoniana. Mientras la primera percibió el

16 Z. BRZEZINSKI, The Choice. Global Domination or Global Leadership, New York, Basic Books, 2004. En castellano: El dilema de EE.UU. ¿Dominación global or liderazgo global?, Barcelona, Paidós, 2005.

fin de la Guerra Fría como una “ventana de oportunidad” para que los Estados Unidos

pudieran contribuir a la gestación y consolidación de una economía mundial libremente

abierta a oportunidades comerciales y de inversión, los wilsonianos vieron la década de 1990

como una que abría, como nunca antes en la historia, la opción de un sistema internacional

más estable sobre la fusión de cuatro elementos: la expansión de las democracias, el

fortalecimiento de los organismos internacionales, el avance de los mecanismos de seguridad

colectiva como freno a las agresiones, y, finalmente, el de las sociedades civiles y sus

expresiones no gubernamentales (las ONGs) 17.

Pero si bien se puso de moda en los años ’90, la globalización como proceso remite a

rasgos anteriormente presentes en intentos globalizadores como los emprendidos por los

Imperios griego, romano y árabe, o los llevados a cabo por Estados hegemónicos como Gran

Bretaña entre la segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX, o por los

Estados Unidos entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la década de

1970. Entre estos rasgos comunes, podemos destacar al menos tres:

a) la adopción de una moneda nacional como moneda global de intercambio en el

espacio globalizado (como afirma Carlos Escudé en su ópera académica La

globalización en la historia18, el dracma griego jugó un rol de divisa global similar al

dólar estadounidense, aunque en un espacio geográfico mucho más reducido);

17 W. R. MEAD, Special Providence: American Foreign Policy and how it changed the world, New York., A. A. Knopf, 2001.

18 La globalización en la historia es una ópera académica on line que Escudé presentó en la Universidad del CEMA como recurso didáctico on line. De acuerdo con lo explicado en el sitio de la Universidad, esta obra “constituye una saga sobre la Civilización Occidental con un fuerte componente visual y lírico, que aspira a llegar no sólo a la razón sino también a los sentidos del espectador, a través de la palabra, la imagen, la música y el movimiento. Programada en Macromedia Direktor y Flash con el aporte gráfico y la asistencia técnica de Xavier Grant, desarrolla algunas hipótesis sobre la inexorabilidad de la globalización en el largo plazo histórico de la Humanidad”. Para más datos acerca de esta obra puede consultarse el sitio de la Universidad, Centro de Estudios Internacionales y de Educación para la Globalización (CEIEG), http://www.cema.edu.ar/ceieg/opera.php

b) la proyección de instituciones culturales, políticas y económicas del “epicentro” del

imperio y/o Estado hegemónico globalizador a su “periferia” (instituciones tales como,

entre otras, el alfabeto greco-romano, el Derecho Romano, los números arábigos, el

sistema internacional monetario de Bretton Woods y las instituciones multilaterales a

él vinculadas bajo auspicio norteamericano, etc); y

c) una aceleración del ritmo del flujo comercial y de inversiones que acompaña al

proceso de globalización, tendencia que impacta de manera diferenciada en los actores

políticos, económicos y sociales vinculados a este proceso, beneficiándolos en algunos

casos y perjudicándolos en otros. Este último factor explica la emergencia y/o eventual

consolidación de fuerzas sociales y actores individuales contrarios tanto al proceso de

globalización como al Estado y/o civilización que lo encarna en un determinado

momento histórico.

Pero además de sus rasgos comunes con intentos globalizadores anteriores, el actual

proceso de globalización, tal como lo conocemos desde la década de 1990, tiene al menos dos

datos novedosos respecto de sus antecesores:

1) el alcance prácticamente mundial del proceso: prácticamente no hay rincón del

mundo que escape a las fuerzas de la globalización, más allá de que la

respuesta a dichas fuerzas no sea unívoca;

2) la íntima vinculación entre el proceso de globalización en términos económico-

culturales y la proyección a escala planetaria del poder militar y cultural de los

Estados Unidos. Como sostiene Brzezinski en The Choice (ver nota 1), la

paradoja de este nexo es que la amplia aceptación (consciente o inconsciente)

del American way of Life por parte de otras sociedades culturalmente distintas

de la norteamericana genera en éstas un alto nivel de expectativas respecto de

la conducta de los Estados Unidos en el exterior. Como la propia opinión

pública norteamericana, la de otros países que simpatizan con valores

norteamericanos piensan que Washington debe moverse en el mundo con

parámetros distintos que los utilizados por otras grandes potencias en la

historia. Cuando esas expectativas no son cumplidas por las autoridades de la

Casa Blanca, este factor genera desilusión, cuando no resentimiento de tinte

antinorteamericano o antiimperialista. En otras palabras, la ancestral

percepción de excepcionalismo norteamericano se ha globalizado, y Estados

Unidos enfrenta condicionantes tanto internos como externos al ejercicio de su

hegemonía en el exterior; y

3) la emergencia de lo que Brzezinski llama una elite global, económica,

ideológica y culturalmente comprometida con el proceso globalizador, y ajena

a la lógica de los Estados nacionales. Su lingua franca es el inglés americano,

el idioma universal de los negocios, y su bandera es la empresa multinacional a

la que representan, no la del país en el que circunstancialmente han nacido.

I. Argentina, ciclos de globalización, modelos de crecimiento económico y paradigmas de

política exterior

Definido el proceso de globalización tal como lo conocemos desde la década de 1990,

el autor de estas líneas pasa a identificar los diferentes ciclos de globalización a lo largo de la

historia del Estado nacional argentino, y la conexión entre estos ciclos, la emergencia de

modelos de crecimiento económico y de paradigmas de política exterior con diverso grado de

funcionalidad o disfuncionalidad respecto de los dos elementos anteriormente mencionados.

Primer ciclo de globalización (1862-1890): Durante el mismo, iniciado con la

emergencia del Estado nacional argentino en 1862 y clausurado con la crisis financiera de

1890, también conocida como crisis Baring, los dirigentes argentinos, en representación de los

intereses de los sectores agropecuario-exportadores, procuraron maximizar la inserción

externa de la Argentina en una economía-mundo liderada por Gran Bretaña. Como sostiene

Eric Hobsbawm en su Industria e Imperio 19, el liderazgo global británico experimentó su fase

ascendente hasta la Gran Depresión económica de 1873, la cual marcó el inicio de una fase

descendente en la que la economía británica, hasta ese momento el “taller del mundo”

comenzó a sufrir cada vez más la competencia de otras economías industriales más dinámicas,

como la alemana o la estadounidense.

A pesar de esta pérdida de dinamismo de Gran Bretaña como potencia industrial a

nivel global –y precisamente por ella-, en la década de 1880 se registró un “boom” de las

inversiones financieras británicas en la Argentina, especialmente notorio en rubros como

préstamos dirigidos a los gobiernos nacional y provinciales, a la construcción y mejoramiento

de la infraestructura portuaria, ferrocarriles y frigoríficos, rubros estos tres últimos vitales

para el funcionamiento eficaz del modelo agroexportador o de crecimiento hacia afuera

adoptado por las elites dirigentes argentinas.

Con el fin de aprovechar al máximo posible la “ventana de oportunidad” ofrecida por

la expansión de la demanda de los productos primarios argentinos por parte de las economías

industrializadas europeas, la elite dirigente adoptó un modelo de crecimiento en donde las

redes de comunicación y las relaciones entre trabajadores y empleados estaban más orientadas

a estimular la conexión entre el área productora y las ciudades-puerto que a incentivar la

expansión del mercado interno. Asimismo, tal como sostienen Osvaldo Sunkel y Pedro Paz 20,

se estimuló un patrón salarial propio de una economía dual: capitalista hacia fuera y

precapitalista hacia adentro. Este dualismo le permitía a los sectores terrateniente-ganadero-

exportadores, quienes obtenían a cambio de sus ventas al exterior divisas en oro o moneda

19 E. HOBSBAWM, Industria e imperio: una historia económica de Gran Bretaña desde 1750, Barcelona, Ariel, 1982. 20 O. SUNKEL y P. PAZ, El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, México, Siglo XXI, 1970.

fuerte (léase libras esterlinas británicas); hicieron las inversiones mínimas indispensables para

el éxito del modelo exportador (construcción de tambos, adopción del esquema de estancia

mixta para nitrogenar la tierra, y de cruzas de ganado con razas europeas para mejorar la

calidad del plantel pecuario); y procuraron bajar al mínimo posible los costos de producción

(introducción tardía de tractores y equipos mecánicos; utilización al máximo de trabajadores

golondrina estacionales para siembra y cosecha; utilización de formas de pago en papel

moneda frecuentemente devaluado en el caso de los trabajadores urbanos, o en la modalidad

de salarios en especie y/o mecanismos de servidumbre por deudas en el caso de los

trabajadores rurales).

Cabe agregar que este modelo agroexportador se forjó en torno al acuerdo político-

económico entre las elites de Buenos Aires y de aquéllas provincias dotadas de productos

exportables al mercado europeo (Tucumán y las provincias ubicadas en las regiones

pampeana, litoraleña, cuyana y patagónica, en detrimento de las viejas economías artesanales

de las provincias del noroeste argentino) (21). Ello explica la peculiar combinación de medidas

de política económica orientadas en direcciones opuestas, pero funcionales a los intereses de

aquéllas economías provinciales que contaban con chances en los mercados europeos.

Medidas de corte librecambista, funcionales a las exportaciones de Buenos Aires y las

provincias del Litoral. Medidas que convivieron con las de corte proteccionista, como las que

incentivaron la producción y exportación del azúcar tucumano y del vino cuyano. Peculiar

combinación que desmiente el mito de economía completamente abierta con el que se suele

identificar esta etapa de la Argentina pastoril.

21 F. CORIGLIANO, “Consideraciones acerca de la formación del Estado argentino", en Colección Cuadernos

Simón Rodríguez, Buenos Aires, Fundación Simón Rodríguez, Ed. Biblos, 1992, pp. 5 a 13. También en TORCUATO S. DI TELLA. y C. LUCCHINI (compiladores), La sociedad y el Estado en el desarrollo de la

Argentina moderna, Buenos Aires, Editorial Biblos, 1997, pp. 13 - 21.

En el ámbito de la política exterior, este acuerdo político-económico de las elites

de las provincias exportadoras en torno al modelo de crecimiento se expresó en la

consolidación de un paradigma construido, con marchas y contramarchas, durante los

conflictivos años de la Argentina embrionaria: el paradigma de “relaciones especiales”

con Gran Bretaña y países de Europa Occidental. Dicho paradigma privilegió claramente

los vínculos comerciales con el Viejo Mundo por sobre los políticos, pues éstos últimos

eran percibidos como un obstáculo al desarrollo de nexos económicos con el exterior.

Juan Bautista Alberdi, intelectual tucumano que representó a las llamadas generaciones

de 1837 y 1880, definió claramente este criterio de pragmatismo comercial al sostener que

“Nuestra política exterior debe ser económica y comercial por excelencia. Debe buscar

en Europa no sus aliados políticos, sino tratados de comercio y navegación. (…)”(22

).

Cabe aclarar que la existencia de un pacto político-económico entre las provincias con

chances de exportar y la hegemonía de este paradigma de “vínculos especiales” con el Viejo

Mundo no excluyó ni la existencia de debates al interior de la elite dirigente respecto de los

actores externos con los que la Argentina debía vincularse en forma preferencial; ni del

contenido de dichos vínculos; ni la de voceros de paradigmas alternativos. Así, por ejemplo,

mientras Bartolomé Mitre –primer presidente argentino entre 1862 y 1868-, o Carlos

Pellegrini –mandatario entre 1890 y 1892-, colocaron el vínculo con las naciones europeas en

el tope de la agenda externa –razón por la cual podríamos definirlos como atlantistas, en tanto

priorizaban el eje atlántico de la política exterior-, Domingo Faustino Sarmiento –el sucesor

de Mitre- otorgó importancia a los vínculos con las naciones ubicadas en el Océano Pacífico y

no estuvo de acuerdo con la actitud hostil de su antecesor hacia el Paraguay durante la Guerra

de la Triple Alianza (1865-1870).

22

J. B. ALBERDI, Política exterior de la República Argentina, Obras selectas, Tomo VII, Buenos Aires,

Editorial La Facultad, 1920, p. 293, fuente citada en J. PARADISO, Debates y trayectoria de la política

exterior argentina, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1993, pp. 25-26.

Pero la existencia de estas voces divergentes no afectó en lo sustancial el rumbo de la

política económica interna ni de la política exterior de aquellos años de la “Argentina

opulenta”, aunque estas voces se harían oír con mayor fuerza en períodos de crisis, muy en

especial tras las Guerras Mundiales y sus respetivas etapas de posguerra.

Segundo ciclo de globalización (1890-1914): Este ciclo se inició con el colapso de la

Casa Baring, la irrupción de la crisis política y económica de la década de 1890 y las medidas

adoptadas por los gobiernos argentinos para revertirla, y se clausuró con el estallido de la

Primera Guerra Mundial en 1914. Este segundo ciclo globalizador estuvo vinculado con la

consolidación de la fase descendente de la hegemonía mundial de Gran Bretaña. A partir de la

crisis Baring, no se renovó el stock de inversiones británicas en el mercado argentino, y

emergieron inversiones financieras y de servicios procedentes de otros países europeos,

especialmente Francia, Alemania y Bélgica.

En el ámbito de la política exterior, el predominio del paradigma de “relaciones

especiales” no se vio alterado, aunque, como en el caso del ciclo anterior, sí se registraron

crecientes debates acerca de dos capítulos de la agenda externa: América Latina (en especial

los países vecinos) y los Estados Unidos, como actor en ascenso tanto en su papel de árbitro

de las disputas regionales como en su participación en el comercio exterior argentino

(particularmente destacada entre los años 1900 y 1913, gracias a la adopción de una política

arancelaria que estimuló el intercambio bilateral en mayor medida que en las décadas

previas).

Tercer ciclo de globalización (1914 a 1947): Se inició con el estallido de la Primera

Guerra Mundial, que implicó un cambio en el ritmo y contenido del tráfico comercial entre la

Argentina y los mercados de Europa Occidental, y se cerró con la decisión británica –con

apoyo de los EEUU- de declarar inconvertible la libra. En este tercer período, se experimentó

la culminación de la fase descendente de la hegemonía mundial británica, la cual dio paso a

un vacío de hegemonía que será ocupado progresivamente por los Estados Unidos. En el

ámbito de la economía argentina, Estados Unidos y Alemania aparecen como firmes

competidores de Gran Bretaña en su doble rol de proveedor de créditos y productos

industriales. Ante la crisis de la conexión comercial con el Viejo Mundo, comienza un

proceso de sustitución de importaciones en forma deliberada, en el cual la adopción de

medidas proteccionistas por parte de la elite dirigente no está pensada en función de un

modelo de crecimiento industrial alternativo al agroexportador, sino en el de “capear la

tormenta” esperando una vuelta a la normalidad pre-1914 que no se produciría, pero que

gestaría, como efecto-rebote, el crecimiento de una industria liviana local protegida por los

aranceles y por la situación bélica y post-bélica, que potenció el desarrollo de ramos como el

textil.

En términos de política exterior, éstos fueron años de una crisis interparadigmática ,

en los cuales se aprecian rasgos propios del viejo paradigma de relaciones especiales con

Gran Bretaña y países de Europa Occidental, en interacción con otros, más propios del

paradigma que lo sucedería: el globalista. Mientras algunos sectores de la elite privilegiaron

el vínculo con el Viejo Mundo, otros comenzaron a percibir a los Estados Unidos como un eje

alternativo –tendencia esta última que puede apreciarse en ejemplos como la propuesta de

alianza económica con el bando aliado ensayada sin éxito por el ministro plenipotenciario,

luego embajador argentino en Washington durante los años de la Primera Guerra Mundial,

Rómulo Naón; la propuesta de “no beligerancia” de abril de 1940 del canciller argentino

María José Cantilo; o la emergencia del Plan del ministro de Hacienda Federico Pinedo, que

colocaba como mercados prioritarios a los Estados Unidos y Brasil-

Cuarto ciclo de globalización (1947 a 1971-3): Este nuevo ciclo del proceso

globalizador se inició con el fin de las negociaciones entre las autoridades de Buenos Aires y

Londres por la doble cuestión de los ferrocarriles británicos en la Argentina y de las “libras

bloqueadas” de origen argentino en el Reino Unido, y la decisión unilateral británica de

declarar inconvertible la libra, que afectó sustancialmente los términos de una negociación en

la cual el presidente Juan Perón buscó repatriar libras argentinas y convertirlas a dólares

utilizables para compras de equipos e infraestructura necesaria para la marcha del “Primer

Plan Quinquenal” de industrialización. Dicho ciclo se cerró entre los años 1971 a 1973, en los

que la devaluación del dólar y el primer shock petrolero acabaron con el sistema de patrón

oro-dólar de los años de la temprana posguerra y con los proyectos de liberación comercial

contemplados por el sistema financiero de Bretton Woods. Fueron los años de oro de la

hegemonía política, estratégica y económica de los Estados Unidos en el bloque capitalista

occidental, y los dirigentes argentinos respondieron a este dato externo con un modelo de

crecimiento preferentemente orientado hacia el mercado interno, el modelo de sustitución de

importaciones en forma deliberada, donde la protección estatal hacia el sector industrial

constituyó un rasgo definitorio.

En el ámbito de la política exterior, el viejo paradigma de “relaciones especiales” fue

sustituido por el globalista. Como destacan Mónica Hirst y Roberto Russell 23, las premisas

constitutivas del nuevo paradigma fueron las siguientes:

23 R. RUSSELL y M. HIRST, El Mercosur y los cambios en el sistema político internacional, Buenos Aires, Fundación OSDE, 2001, pp. 195-196.

a) el no alineamiento con los Estados Unidos, perfil que nunca implicó equidistancia

entre los bloques capitalista y comunista (es decir, los dirigentes argentinos siempre

definieron la ubicación internacional del país dentro del bloque occidental);

b) el alto perfil en los foros internacionales en defensa de la paz, el desarme y la

distensión Este-Oeste;

c) el rechazo a organismos y regímenes internacionales que procuran congelar la

distribución del poder mundial, particularmente en materia de desarrollo de

tecnologías sensibles;

d) la oposición al establecimiento de organismos supranacionales que coarten la

autonomía y el desarrollo argentinos;

e) el impulso a la integración latinoamericana, aunque desde una perspectiva gradualista

y asentada en el reconocimiento de la gran diversidad de situaciones económicas

nacionales;

f) la ejecución de una estrategia de desarrollo orientada a la sustitución de importaciones

a nivel nacional y regional como vía principal para superar las vulnerabilidades del

modelo tradicional basado en las exportaciones primarias;

g) la introducción de reformas en el sistema económico y financiero internacional que

contemplen los intereses de los países en desarrollo; y

h) la diversificación de los socios comerciales externos sin barreras ideológicas (un

ejemplo al respecto fue el pragmatismo comercial que estimuló el intercambio con la

Unión Soviética y los mercados ubicados al Este del Muro de Berlín)

Como aclaran Hirst y Russell, la existencia del paradigma “globalista” no excluyó la de

dos paradigmas alternativos: el de relación preferencial con los Estados Unidos y el

paradigma secesionista, opuesto al anterior, que proponía el antagonismo a Washington, la

militancia activa con las causas políticas y económicas del Tercer Mundo y un mayor

acercamiento con la URSS que nunca implicó el alineamiento de la Argentina con los

objetivos estratégicos y políticos globales de la superpotencia. El primero ocupó un espacio

durante los gobiernos militares de la Revolución Libertadora (1955-1958), del gobierno

provisional de José María Guido (1962-1963) y del período del general Leopoldo Fortunato

Galtieri en la “luna de miel” con Washington en la etapa previa a la guerra de Malvinas

(diciembre 1981-marzo 1982). El segundo inspiró la acción del peronismo de izquierda

durante el breve gobierno de Héctor José Cámpora (mayo a julio de 1973), y se expresó

particularmente en la posición antiimperialista (en el sentido de antinorteamericana) adoptada

por el vicecanciller Jorge Vázquez en la reunión de la OEA en Lima en junio de 1973.

Quinto ciclo de globalización (1971-3 a 1991): En el ámbito internacional, este ciclo se

destacó por la erosión relativa de la hegemonía norteamericana y la emergencia de polos

económicos alternativos como Japón, la Comunidad Económica Europea, las petromonarquías

árabes y algunas potencias medias de la región como Brasil, México y Venezuela. En el

ámbito nacional, el modelo sustitutivo de importaciones evidenció síntomas de agotamiento.

Lo propio ocurrió con el paradigma globalista de política exterior. La oscilación entre los

extremos del conflicto y la cooperación con Chile y Brasil y el coqueteo de la Argentina

gobernada por Isabel Perón (julio de 1974 a marzo de 1976) con el alineamiento financiero y

estratégico con Washington fueron algunos de los indicios de este proceso de agotamiento.

Sexto ciclo de globalización (1991-2001): El ingreso de Estados Unidos en la Guerra del

Golfo Pérsico contra Irak, y la conformación de una amplísima alianza anti-Saddam Hussein

fueron percibidos por el gobierno argentino como una “ventana de oportunidad” para modelar

un nuevo paradigma: el de “relaciones especiales” con los Estados Unidos y países

desarrollados de Occidente. A diferencia del viejo paradigma de “relaciones especiales”, esta

nueva versión partía de la premisa que la Argentina no era un país rico e importante en la

política internacional, sino todo lo contrario: débil y necesitado de capitales externos. En el

nuevo mapamundi de prioridades externas, las naciones desarrolladas de Occidente fueron

claves en términos tanto estratégico-políticos como económicos. En cambio, los nexos con los

vecinos del Cono Sur fueron definidos en clave primordialmente comercial y secundariamente

estratégica, factor este último que privó al MERCOSUR de un “escudo de protección

político-estratégico” que lo amparara del negativo impacto de las sucesivas crisis financieras

en los integrantes del bloque durante la segunda mitad de los años ’90 24.

Séptimo ciclo de globalización (2001 al presente): Se inició con los atentados terroristas

del 11 de septiembre de 2001, que implicaron un cambio en las prioridades de la agenda

externa de los Estados Unidos: las impulsadas por los sectores hamiltonianos y wilsonianos,

que tuvieron un particular impulso durante la primera mitad de los años ’90 y comenzaron a

perder fuerza durante el segundo lustro de dicha década, fueron definitivamente desplazadas

por las exigencias de seguridad nacional y de primacía militar invocadas por los jacksonianos.

A su vez, esta priorización de la lucha global contra el terrorismo y el desdén de la

administración de George Bush (hijo) hacia el Fondo Monetario Internacional y la crisis

financiera argentina provocaron la crisis del paradigma de relaciones especiales con

Washington y el resto de Occidente. De las cenizas del modelo económico neoliberal en

diciembre de 2001 y del paradigma de “relaciones especiales” tras el estallido de la guerra con

Irak en 2003, surgió un modelo basado en el quiebre de la relación financiera con el Fondo, la

24 F. CORIGLIANO, “La dimensión bilateral de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos durante la década de 1990: el ingreso al paradigma de “relaciones especiales” y “La dimensión multilateral de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos durante la década de 1990: el ingreso al paradigma de “relaciones especiales”, ambos en C. ESCUDE (director), Historia General de las Relaciones Exteriores de la República

Argentina, Parte IV, Tomo XV, Capítulos 1 y 2, Buenos Aires, GEL, 2003, disponible en sitio www.argentina-rree.com

exportación de commodities (soja) y retención de exportaciones y, como conducta de política

exterior, el omnibalancing. Esta última condiciona la política exterior a las necesidades

políticas internas de corto plazo, exacerbando las tácticas pendulares propias de la “Tercera

Posición” peronista. Pero, a diferencia de esta última, el omnibalancing renuncia

momentáneamente a la tradicional vocación argentina de liderazgo regional, y juega entre dos

ejes externos: el encabezado por Washington y el protagonizado por La Habana y Caracas.

reseñas

Libro:: Argentina y África en el espejo de Brasi l : ¿pol ítica por impulsos o construcción de una pol ítica exterior? Autor: Gladys Lechini CLACSO, Buenos Aires, 2006, 279 pp.

David González López. Centro de Estudios sobre África y Medio Oriente -CEAMO- La Habana. Cuba.

La Dra Gladys Lechini, Profesora Titular de Relaciones Internacionales, Coordinadora

del Programa Sur-Sur del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) e

investigadora de larga data sobre problemas africanos y política exterior argentina, acaba de

entregarnos un libro seminal para quienes desde América Latina estudiamos el continente

africano: Argentina y África en el espejo de Brasil: ¿política por impulsos o construcción de

una política exterior?, CLACSO, Buenos Aires, 2006, 279 p.

La obra representa un testimonio de la maestría alcanzada por la autora -calificada por

Atilio Borón con justeza en el prólogo del libro como “una de las más importantes africanistas

de América Latina y el Caribe”- en su esfera de actividad, pero al propio tiempo constituye un

importante aporte práctico a la formulación de la política exterior de su país. La investigación

que desembocó en el libro tuvo su origen en la tesis doctoral de la autora, discutida en la

Universidad de São Paulo, y por ello tiene el mérito de una concienzuda explicación

metodológica de toda su concepción y abordaje sin que la amenidad de la lectura resulte

afectada en lo absoluto. El libro contiene oportunos anexos, incluidos muy valiosos cuadros,

que testimonian la ardua y delicada labor de la autora y que permiten apreciar científicamente

la densidad de los vínculos de Argentina con África en un aspecto o un instante u otro.

Comentando en el boletín electrónico del CEAMO la también reciente publicación de

Diego Buffa, El África subsahariana en la política exterior argentina: las presidencias de

Alfonsín y Menem, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba,

Córdoba, 2006, 200 p. (por cierto, con un agudo prólogo de la propia Gladys Lechini)

recordábamos:

“Los vínculos de Argentina con África no han sido fáciles a lo largo de la historia.

Muchos estudiosos de la huella cultural africana en América se preguntan sobre la

virtual desaparición del negro de Argentina tras aportar tan fuerte legado en la lengua,

la música y otros segmentos del llamado patrimonio inmaterial. Pero las interrogantes

no mejoraron tras la oleada de independencias africanas de 1960. El oficialismo

argentino no parecía inclinado a mirar más allá de los regímenes bajo dominio

colonial-racista o de minorías blancas del Cono Sur africano. Y si la idea de las

dictaduras militares latinoamericanas de entonces respecto a la concertación con ellos

de una “Organización del Tratado del Atlántico Sur” no se materializó, pareció

deberse menos a algún reparo ético de las cúpulas militares gobernantes en Buenos

Aires que al pragmático desinterés de sus congéneres brasileños y, ulteriormente, al

desplome de toda posibilidad práctica de realización del proyecto tras la Revolución

de los Claveles ocurrida en Portugal en 1973.”1

Señalábamos también que los estudiosos de las relaciones entre América Latina y

África posteriores a 1960 tienden a subrayar que, “en nuestro continente, solo Brasil y Cuba

han desplegado políticas oficiales estructuradas y más o menos continuadas hacia el llamado

continente negro”,2 si bien casi siempre con objetivos y herramientas distintas. Lo curioso,

entonces, es que la política africana de un país de las dimensiones (en todos los aspectos) de

Argentina no haya conseguido cuajar, aunque fuese por acumulación, en un proyecto más o

menos continuado o coherente. Para subrayar esa paradoja, a lo largo de todo el libro se

contrasta esa política con la practicada por Brasil, y entonces se evidencia mejor la

justificación de cada uno de los epítetos que en su repaso histórico del queahacer africano de

Buenos Aires acuñan tanto la Dra. Lechini en su libro como el Dr. Atilio Borón en el

excelente prólogo a la misma obra. Así se suceden calificativos tales como “inestable”,

“impulsiva”, “errática”, “zizagueante”, “incoherente”, “improvisada”, “imprevisible”,

“oscilante”, “espasmódica”, “inercial”, “discontinua”, “titubeante”, etc., adjetivos, por demás,

muchas veces aplicados o aplicables a segmentos más amplios de la política exterior

argentina. Y es que a lo largo de todo el libro (de un modo muy explícito en determinados

capítulos, pero siempre presente al menos implícitamente) hallamos el contraste de la política

africana de Brasil -comparativamente pragmática y, mal que bien, bastante continuada de un

gobierno a otro- con la de Argentina, que ha sufrido muchos más altibajos y virajes violentos.

Más allá del diferente grado de lucidez o de coherencia de las burguesías dominantes en

ambos países, o del efectivo beneficio material que los capitales brasileños estuvieran en

mejores condiciones de extraer de sus vínculos con África, opera también en la diferenciación

1 González, David: “África y Argentina: ¿qué relación?”, CEAMOnitor, Vol. 3, no. 5, junio 2006 2 Ibídem

la proverbial ambivalencia experimentada por sucesivos gobiernos argentinos que parecieron

padecer impulsos contrapuestos en lo referido a si mirarse en el espejo del Tercer o del Primer

Mundos. En consecuencia, el resultado fue una política exterior argentina bastante errática a

lo largo de un lapso bien extenso de tiempo, error que puede resultar sumamente costoso para

cualquier actor en el escenario internacional de nuestros días.

La autora arranca en su introducción observando las interrogantes (de hecho, los

problemas a resolver en su investigación) que la llevaron a un estudio profundo de la política

africana de su país (y en particular las acciones desarrolladas respecto a Sudáfrica): en

esencia, la poca visibilidad de la política africana de Argentina, su recurso ocasional a un

gesto dramático, sus magros resultados, contrastados con los emprendimientos distintos y

generalmente más exitosos en la política africana de Brasil.3 De ahí desemboca en los

lineamientos teóricos y la metodología que guiaron su encuesta.4

El primer capítulo se inicia con una comprobación empírica seguida de una hipótesis que

luego sería abundantemente confirmada:

“…África Subsahariana posee un bajo perfil en las prioridades externas de Argentina,

con escasa densidad de relaciones y falta de continuidad entre los diferentes gobiernos

argentinos tanto en el diseño de estrategias como en el accionar frente a la región.

Factores propios de la inestabilidad política argentina, de la consiguiente orientación

de su política exterior, las mudanzas en el sistema internacional y la particular

situación de los países africanos actuaron como elementos condicionantes de la baja y

errática vinculación externa de Argentina con esos países”5

Lo atribuible a la generalidad de la política exterior argentina se esboza seguidamente

con el establecimiento de un marco referencial,6 el cual permite entonces a la autora concluir

que el bajo perfil de las relaciones con África responde, pues, a dos factores principales. Estos

son, de un lado, “los modos en que los diferentes y sucesivos gobiernos diseñaron la política

exterior”, y, de otro, “la poca y variable relevancia otorgada a las relaciones Sur-Sur.”7 Esos

factores dieron lugar a lo que la autora caracteriza como “una política ‘por impulsos’” hacia el

3 Lechini, o.c., p. 18 4 Ibíd., p. 19-28 5 Ibíd.., p. 29 6 Ibíd., p. 30-43 7 Ibíd., p. 43-44

continente negro, según Buenos Aires se trazara objetivos ideológicos, políticos o

comerciales,8 los cuales se buscaban, por demás, a través de un accionar más o menos

rutinario de parte de la burocracia, convincentemente descrito por la autora.9

Después de esa mirada generalizadora, el segundo capítulo aborda la política esbozada

“por impulsos” en el período 1960-1989, que desagrega en sus dimensiones político-

diplomática, económico-comercial y estratégico-militar. Se detiene especialmente en el

análisis del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989)10 y en la dimensión multilateral de la

política, que queda enmarcada en ese período general en lo que se dio en llamar el “paradigma

globalista”.11 Pero tal vez lo más interesante del período resulte ser la evolución de la variable

estratégico-militar, sobre todo por la forma en que la militarización de la política exterior

argentina de la etapa 1976-1983 condujo a la llamada “diplomacia militar, basada en el

anticomunismo extremo” y al modo en que esa ansiedad propulsó el intento de fijar un pacto

de seguridad en el Atlántico Sur, para luego –tras los cambios globales y también regionales-

dar paso a la idea brasileña de crear una Zona de Paz y Cooperación en esa región, a la que

sumó finalmente la Argentina de Alfonsín.12 La autora concluye que, a lo largo del período,

los sucesivos gobiernos argentinos “tomaron algunas iniciativas que por ser aisladas no

construyeron un estrategia que pudiera generar una relevante masa crítica de vinculaciones.”

Observa que incluso el diseño elaborado y que comenzó a aplicarse a partir del intenso

impulso político-diplomático y comercial de tiempos de Alfonsín (históricamente el único

esbozo de esfuerzo por dar coherencia a la política africana de Argentina, “se desvaneció por

la falta de continuidad durante la administración de Menen”.13

El tercer capítulo pasa precisamente a analizar las iniciativas africanas del decenio de

Menem (1989-1999), que la autora caracteriza, en lo que respecta a iniciativas para África, de

“política de la ‘no política’”. Pero habiendo esbozado esa etiqueta para el período, ubica las

carencias de dicha política muy acertadamente a la luz de una variedad de condicionantes: en

primer lugar, el cataclismo planetario ocurrido en esos años, que cambió la faz de las

relaciones internacionales y limitó severamente las posibilidades de acción coordinada Sur-

8 Ibíd., p. 46 9 Ibíd., p. 48 10 Ibíd., p. 54-60 11 Ibíd., p. 60-64 12 Ibíd., p. 67-70 13 Ibíd., p. 70

Sur con la imposición de ajustes estructurales, al tiempo que la mayor parte del África se

estremecía, por una aguda crisis, si bien en su porción sur ocurrían, por el contrario,

acontecimientos muy positivos (descolonización de Namibia, reflujo de las guerras en Angola

y Mozambique, cese del apartheid en Sudáfrica). De todas formas, lo importante es que el

perfil de África descendió dramáticamente hasta mediados del segundo mandato de Menem,

cuando se produjo una recuperación de las relaciones, pero solo con algunos países del África

Austral.14 Tal vez lo más novedoso del período fuesen, de un lado, el firme involucramiento

argentino en las misiones de paz en África, particularmente a través de la iniciativa de

Menem, aprobada por la ONU, de crear un cuerpo de Cascos Blancos (con acciones en el

Sahara Occidental, Ruanda, Angola, Mozambique y Guinea Ecuatorial)15 y, del otro, la

gradual consolidación de la Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur como

consecuencia de los cambios políticos acontecidos en el África meridional.16

El cuarto capítulo vuelve de nuevo atrás, para repasar todo el período 1960-2000, pero

pasando en este caso a contrastar las acciones argentinas para África con las emprendidas

hacia el mismo continente por el vecino Brasil. En este capítulo central, la autora arguye que

la política de Brasil fue “incrementalista” en tanto se desarrolló gradualmente, y de ese modo,

por acumulación, fue permitiendo construir una política africana, hasta que en el decenio de

1990-1999 enfrentó problemas de escasez de recursos y una situación de crisis que afectaba a

sus contrapartes africanas. Concluye entonces que

“Fue una política pragmática, vinculada al interés nacional en tanto hilo conductor, en

el marco de los diseños globales. Dado que antes no había habido relaciones con estos

nuevos estados, debió crear las condiciones necesarias a través de una sumatoria de

acciones políticas. África fue para Brasil un socio político más que comercial, salvo en

casos puntuales donde hubo condiciones…”17

En contraste, en el caso argentino:

“…los impulsos no se insertaron en una estrategia global, y aunque mayoritariamente

estuvieron vinculados a la búsqueda de nuevos mercados, no se desarrolló una

diplomacia comercial activa. El mayor acercamiento a los estados africanos se produjo

14 Ibíd., p. 71-93 15 Ibíd, p. 93-96 16 Ibíd., p. 96-98 17 Ibíd., p. 136

con el gobierno de Alfonsín, pero terminó reducido a un impulso con el cambio de

gobierno.”18

Avaladas por esas tradiciones distintas, las políticas africanas de los dos países

reaccionarían de manera diferente frente a los imperativos de los años 90: sin abandonar su

pragmatismo, Brasil fue más selectivo y, siempre que fuese posible, impulsó el comercio,

combinando en ciertos casos (Angola, Sudáfrica) los intereses políticos y los económicos. Por

su parte, Argentina no esbozó políticas, “salvo el impulso con Sudáfrica, vinculado

nuevamente a los intereses económico-comerciales, que dio algunos resultados.”19

Los últimos cuatro capítulos tienen que ver con las relaciones que con Sudáfrica han

mantenido Argentina (capítulos V, VI y VII) y Brasil (Capítulo VIII). El quinto capítulo, aun

siendo breve, resulta indispensable, pues repasa justamente los vínculos de Argentina con

Sudáfrica en el extenso período 1960-1983, es decir, hasta el acceso al poder del gobierno

civil de Raúl Alfonsín. La autora describe la política argentina respecto a Sudáfrica hasta ese

instante como “dual y ambigua”,20 en tanto favorecía a nivel del discurso, en los foros

multilaterales, la aplicación de sanciones a Pretoria, al tiempo que en la práctica se mantenían

buenas relaciones bilaterales,21 se reforzaban los vínculos ideológico-estratégicos y se

incrementaba el comercio.22 El capítulo siguiente, entonces, analiza el giro que introduce el

gobierno de Alfonsín respecto a Sudáfrica, enmarcado en la nueva política de acercamiento al

Tercer Mundo y a los No Alineados y también respecto a los derechos humanos,23 resaltado

en primera instancia por la ruptura de relaciones con Pretoria, que subrayaría un corte y el

inicio de un diseño de política africana que se interrumpiría después con Menem.24 Pero la

autora advierte que aunque con esa dramática decisión Argentina “puso fin a la tradicional

política dual” y repercutió en un incremento del apoyo africano al reclamo sobre las Malvinas

en la ONU,25 lo cierto es que “la Marina argentina continuó manteniendo relaciones con su

par sudafricana, aun con bajo perfil, por cuestiones estratégicas o comerciales,” y las

18 Ibíd., p. 137 19 Ibíd., p. 136-137 20 Ibíd., p. 142 21 Ibíd., p. 151 22 Ibíd., p. 153 23 Ibíd., p. 161 24 Ibíd., p. 158 25 Ibíd., p. 165

relaciones comerciales bilaterales no sufrieron afectación alguna.26 La Dra. Lechini apunta

que, entre otros indicios y datos, esto último confirma

“…la independencia de las relaciones comerciales con Sudáfrica de las variaciones en

la relación política. La mayor intensidad de los impulsos, o la ruptura de relaciones

político-diplomáticas, no incidieron positiva o negativamente en el incremento del

intercambio comercial, desarrollado por actores privados nacionales y

transnacionales.”27

El Capítulo VII aborda las políticas para Sudáfrica llevadas a efecto bajo las dos

presidencias de Menem (1989-1999), en las que la autora identifica las presiones dominantes

de dos tendencias que hacen oscilar dicha política “entre el protagonismo presidencial y la

vuelta a los impulsos”. Aunque el gobierno de Menem enfrentó un escenario mundial

desfavorable a la promoción de los vínculos Sur-Sur, disfrutó de las condiciones que, con las

primeras elecciones multirraciales sudafricanas en 1994, permitieron un restablecimiento de

relaciones y la posibilidad de intensos vínculos con Pretoria y con un África meridional

crecientemente pacificada e integrada. Pero si bien en ese período se realzó la continuidad en

los vínculos entre las agencias militares respectivas (e incluso se firmó un Acuerdo sobre

Cooperación en Tiempos de Paz entre las armadas argentina y sudafricana) y el comercio

bilateral se triplicó a lo largo del decenio,28 lo cierto es que el esfuerzo por diseñar una

política africana coherente, que apareciera de manera incipiente bajo la presidencia de

Alfonsín, no se recuperó. En contraste, el Capítulo VIII se adentra en las formas en que se

desarrolló la mucho más coherente y exitosa –aun con sus oscilaciones— política de Brasil

para Sudáfrica, que la autora consigue sintetizar convincentemente en toda la complejidad de

sus múltiples factores y objetivos. Por demás, la Dra. Lechini no se limita a concluir la gran

distancia que existe, desde la perspectiva de MERCOSUR, entre Brasil y Argentina en sus

relaciones con los estados de África Austral y la SADC, sino que, más allá, sugiere explorar

la posibilidad de una asociación de Argentina con Brasil en esa iniciativa, en una posible

cooperación Sur-Sur que coordine acciones conjuntas de ambos países sudamericanos para el

África Austral.29

26 Ibíd., p. 167 27 Ibíd., p. 169 28 Ibíd., p. 187 29 Ibíd., p. 214

En sus conclusiones particularmente valiosas, la autora reafirma el carácter

tradicionalmente “impulsivo” con resultados consiguientemente “espasmódicos” de las

iniciativas de Argentina respecto al África, salvo en el decenio de 1990-1999, cuando el

decreciente perfil de África para la política exterior argentina determinó que las relaciones se

animaran más bien a partir de iniciativas partidas de la otra orilla atlántica. Aunque en la

esfera política Buenos Aires desarrolló una red de misiones diplomáticas, estas quedaron a

expensas de la iniciativa de los funcionarios a cargo,30 y, además, su objetivo principal fue

promover votos a favor del reclamo argentino sobre las Malvinas. El comercio dependió de

actores privados, y los objetivos estratégicos permanecieron dentro de los marcos de la Guerra

Fría (vínculos con Sudáfrica sin cuestionar el apartheid, salvo en alguna etapa y entonces

apenas en el discurso retórico).31 Más allá de los tránsitos entre gobiernos civiles y militares,

la autora destaca como rasgos de carácter más permanente la política “por impulsos” en busca

de mercados y votos, y la ambigüedad aparente entre optar por África negra o Sudáfrica:32 de

ahí la incoherencia entre la retórica antiapartheid en foros multilaterales y la cálida relación

bilateral con Sudáfrica. La ruptura de relaciones decidida por el gobierno de Alfonsín

pretendió marcar un cambio profundo de opciones, pero la poca incidencia de ese gesto en el

comercio reveló “la desarticulación entre los actores privados que hacen el comercio exterior

y los actores políticos.” Además, con Menem se desploma el perfil de África en la política

argentina, de modo que las iniciativas de mayor relieve (una visita presidencial a Sudáfrica, o

la iniciativa argentina de los Cascos Blancos en la ONU) respondieron, en primera instancia,

al afán de protagonismo del Presidente.33

Una valiosa propuesta de la Dra. Lechini, que realza aún más el valor de estudios

como el suyo, observa que

“En este nuevo siglo, el modelo de vinculación automática y exclusiva con los países

centrales está mostrando sus falla, y se hace ineludible la discusión acerca de los

modos de elaborar, en Argentina y en la región, un nuevo modelo de desarrollo que

contribuya a superar buena parte de nuestros males.”34

30 Ibíd., p. 215 31 Ibíd., p. 216 32 Ibíd., p. 217 33 Ibíd., p. 219-220 34 Ibíd., p. 222

Explicando sus intenciones más abarcadoras, puntualiza que su libro

“…no es un trabajo que pretende cerrar un capítulo poniendo en evidencia las

debilidades de estos temas en la política exterior argentina (y particularmente en la

década del noventa), sino que por el contrario busca reposicionar un núcleo temático

que abra perspectivas para el desarrollo de nuevas líneas de investigación de geometría

variable, aprovechando los escenarios internacionales donde ocurren los procesos de

regionalización y de globalización.”35

En esa perspectiva la Dra. Lechini suscita, por cierto, un tema caro a los investigadores

de temas relacionados con las relaciones contemporáneas entre Estados, y es el papel de los

académicos “en la promoción de las relaciones gubernamentales y privadas entre los estados

en cuestión a través del desarrollo del conocimiento mutuo y la discusión de las áreas

críticas.”36 De nuevo, aunque la autora no lo plantee explícitamente, de sus argumentos

respecto a la conveniencia del involucramiento de las academias nacionales en la formulación

de (en el caso que nos ocupa) las respectivas políticas nacionales de nuestros países de

América Latina se trasluce que en este terreno también Brasil lleva al menos alguna ventaja a

Argentina, con bastantes más años de sedimentación del aprovechamiento de sus africanistas

nacionales, incluso desde tiempos en que eran aun gobiernos militares los que dictaban las

políticas de Itamarati.

Especialmente valiosa para todo el mundo en desarrollo resulta la invitación de la

autora a construir nuevos enfoques, a recapitular, en el nuevo contexto, en torno a las

relaciones Sur-Sur (concepto, aclara ella, aggiornado según las nuevas circunstancias

mundiales) en busca de “ir construyendo un modo de pensar común”, en tanto “la ingeniería

internacional de la década del noventa está hoy cuestionada, y es imperativo armar otra”. Pero

en su vertiente nacional, la obra de la Dra. Lechini puede considerarse, más allá de un mero

ejercicio académico de excelencia, un testimonio práctico susceptible de contribuir a la

autocrítica nacional y a la construcción de una política africana coherente que responda a los

intereses de los más amplios sectores de la sociedad y quede, por ello, al margen de los

avatares de los cambios de gobierno y de los sobresaltos propios de la politiquería coyuntural.

Que se llene el vacío que una activa política Argentina podría cubrir en África es algo que

35 Ibíd., p. 223 36 Ibíd., p. 211

desean no solo los africanistas argentinos, sino todos los que en América Latina nos

dedicamos al estudio de los problemas de África. Además, se trata de un giro que una nación

de la talla, la historia y la cultura de Argentina así lo demanda y merece.

Libro: La pol ítica exterior del gobierno de Kirchner. Tomo IV, Volumenes I y II

Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR). 1ª Edición. UNR Editora Universidad Nacional de Rosario, 2006, 298 pp. y 366 pp. Lic. María Victoria Álvarez. Universidad Nacional de Rosario - CERIR.

El libro, dividido en dos volúmenes, es el cuarto tomo del Programa de Seguimiento

de la Política Exterior Argentina y emprende el análisis de la política exterior de los dos

primeros años de la gestión de Néstor Kirchner, aunque incluye un recorrido por los

gobiernos post-crisis 2001. Este libro tiene como gran cualidad la de ser la continuación de

una serie de publicaciones que han analizado exhaustivamente la política exterior argentina

desde el año 1989, y se beneficia de la evidencia acumulada hasta el momento. La

originalidad de esta obra, por su parte, se halla en el abordaje de la política exterior del

gobierno argentino en función de zonas geográficas más que desde una perspectiva

generalista, dándole espacio académico a diversos temas y áreas que no siempre coinciden

con las prioridades de la Política Exterior del gobierno de turno.

En el libro intervienen catorce especialistas en Relaciones Internacionales, cada uno de

los cuales tiene a su cargo la redacción de al menos un capítulo. Entre los países y áreas

geográficas analizadas se encuentran: la Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón,

Rusia, Medio Oriente y África. Asimismo, se incluye el estudio de las relaciones bilaterales

de Argentina con sus vecinos, como Chile, Uruguay y Brasil, incluyendo un capítulo

específico sobre el Mercosur y otros dos sobre la política antártica y la cuestión de las Islas

Malvinas, respectivamente. Además de los capítulos organizados por zona geográfica, están

presentes también las cuestiones financieras en la agenda exterior argentina luego de la crisis

de 2001 y un apartado consagrado a consideraciones teóricas en torno al concepto de

“autonomía” en la política exterior de los países en vías de desarrollo.

Justamente el capítulo inicial del Volumen I “Introducción a la Política Exterior Argentina” se

titula “Pensar la política exterior desde una lectura renovada de la “autonomía”. Aquí,

Miryam Colacrai realiza un breve y rico recorrido por el debate en torno al concepto de

“autonomía” en el pensamiento latinoamericano para rescatar algunas de los más recientes

aportes teóricos que ponen el énfasis en nociones como “autonomía relacional” o

“concertada”. Con estas consideraciones teóricas la Dra. Colacrai busca acertadamente llamar

la atención acerca del componente “regional” y las variables “internas” indispensables, en la

actualidad, en cualquier análisis de política exterior. Este apartado introductorio echa luz

sobre el ineludible debate alrededor de la redefinición y “aggiornamiento” de las estrategias

“autonomizantes” en nuestros países.

El capítulo siguiente introduce acertadamente una temática fundamental para el

periodo analizado. “La reinserción financiera como eje rector de la agenda externa argentina

post-default”, de José Fernández Alonso, trata un asunto ineludible y casi “obligatorio” a la

hora de analizar la política exterior del actual presidente. El autor elabora una cronología bien

detallada y documentada de los acontecimientos ocurridos luego de diciembre de 2001

respecto a los esfuerzos de los gobiernos de Duhalde y Kirchner por reinsertar a Argentina en

los circuitos financieros internacionales. El pormenorizado recorrido cronológico se centra

básicamente en las relaciones con el FMI, los acreedores privados, y el G-7; y el proceso de

renegociación de la deuda externa de Argentina en default, y concluye con un llamado de

atención respecto a la necesidad de que la política exterior argentina deje de lado su tendencia

reactiva y busque un mayor grado de previsibilidad y estabilidad.

Posteriormente, Laura Vilosio realiza un correcto análisis de lo acontecido en el Mercosur

entre los años 2003 y 2004, destacando los hechos más importantes en lo que atañe a su

agenda interna –que incluyó el relanzamiento del bloque con algunas novedades

institucionales– y la agenda externa –revisando las relaciones del Mercosur con otros bloques

y países. Acertadamente, la especialista destaca los vaivenes del bloque en esos años,

caracterizándose el inicio del periodo de estudio por una gran fuerza integracionista y

finalizando con agrias disputas comerciales entre los principales socios. El análisis del

proceso de integración se realiza, en este caso, desde una perspectiva abarcativa, más bien

desde una visión regional y ampliada.

Por su parte, el capítulo “Argentina-Brasil. ¿Alianza, sociedad o asociación

estratégica?”, de María Julieta Cortés, logra completar el análisis del devenir del Mercosur

en los últimos años esta vez desde la perspectiva de los países que lo componen, con especial

énfasis en Brasil. El apartado explora las relaciones bilaterales argentino-brasileñas en el

gobierno de De la Rúa, el gobierno provisional de Duhalde y los dos primeros años de

mandato de Kirchner. El capítulo incluye el examen de la dimensión económico-comercial –

en la cual destaca el análisis de la importancia otorgada al Mercosur por ambos países–, y las

variables político-diplomáticas. Cortés introduce un componente que se emplea en otros

trabajos para definir o calificar el tipo de vínculo bilateral, preguntándose si se trata de una

asociación, una sociedad o una alianza estratégica. La autora parece hallar más elementos

conducentes a definir la relación como una asociación estratégica.

La relación de Argentina con otro de sus vecinos, Uruguay, es el objeto de análisis de

Carlos Cherniak, quien pasa revista a la agenda bilateral en el periodo 2000-2004, incluyendo

temas en el área de derechos humanos, comercio, inversiones, y proyectos de infraestructura.

Con gran claridad, el autor explica por qué este periodo ha sido uno de los de mayor tensión

política entre ambos gobiernos, especialmente por el affaire Bloomberg, el caso Gelman y los

problemas intra-Mercosur, entre otros. Lo acontecido en el periodo bajo estudio contribuye

indudablemente a explicar la situación actual de la relación bilateral, manifiestamente

deteriorada por algunas de las cuestiones que surgieron en ese momento y que son incluidas

en el análisis, como la crisis de las plantas de celulosa en el río Uruguay.

A continuación, el capítulo de Miryam Colacrai y María Elena Lorenzini, “La

relación bilateral Argentina-Chile: el tránsito por un camino de grandes encuentros y

desencuentros puntuales”, recorre en forma concienzuda los diferentes componentes de la

relación bilateral, como los asuntos políticos, comerciales, de inversiones, defensa, seguridad,

e integración energética para concluir que si bien esta relación goza de “buena salud” no

puede calificarse como una alianza estratégica. Aquí observamos que nuevamente se recurre a

los conceptos de “alianza” y “asociación” estratégica para intentar definir relaciones

bilaterales, como hiciera Cortés en referencia a Brasil. Una de las notas originales de este

capítulo es el estudio de los vínculos entre actores subnacionales, específicamente entre

provincias argentinas y regiones chilenas, que juegan un papel relevante en todo lo referido a

las áreas de frontera.

El penúltimo capítulo del Volumen I de este tomo está a cargo del Dr. Bruno Bologna

y se explaya sobre la cuestión de Malvinas a partir de la Administración Kirchner. El Dr.

Bologna analiza minuciosamente y de forma muy bien documentada la agenda económica,

principalmente la cuestión pesquera, los vuelos regulares a las Islas y los asuntos relacionados

al petróleo y la minería. Pese a lo que se esperaría de su título “La cuestión Malvinas: una

lectura desde lo económico”, afortunadamente el capítulo dedica gran parte de su contenido

asimismo a realizar un excelente análisis de la agenda política-diplomática, pasando revista a

los temas que suscitan la cooperación como así también aquellos más conflictivos. El capítulo

incluye el estudio de cómo juega la cuestión Malvinas en la relación bilateral de Argentina

con Chile, Uruguay y Estados Unidos; y las acciones multilaterales del actual gobierno

argentino en foros internacionales, casi inexistentes en la era Menem.

La Dra. Colacrai clausura este primer Volumen con un capítulo dedicado a un tema al

cual la mayoría de las obras de Política Exterior, excepto las de esta colección, difícilmente

incluyen, como es la política argentina hacia la Antártida. “La política antártica argentina

2001-2004: continuidades y logros en un contexto de desafíos internos y externos” destaca el

ascenso de la cuestión antártica en la política exterior argentina, especialmente luego de que

nuestro país lograra instalarse como sede de la Secretaría del Tratado Antártico. El capítulo

incluye un extenso seguimiento de temas sumamente interesantes, como las actividades de

interés científico, la cooperación antártica argentino-chilena, el tema turístico y la política de

la provincia de Tierra del Fuego con relación a la Antártica (retomando aquí el interés de la

autora por los actores subnacionales).

El Volumen II “Inserción en el espacio global” se inicia con un excelente análisis de la

relación entre Argentina y Estados Unidos, a cargo de Anabella Busso, quien utiliza las

clásicas tres dimensiones (económico-comercial, político-diplomática y estratégico-militar)

para estudiar el vínculo entre la Administración Bush y Kirchner en el periodo 2003-2005.

Con gran cantidad de datos, la autora confirma una hipótesis fuerte: la política exterior de

Kirchner hacia la potencia del Norte no implicó una ruptura sino una estrategia de ajuste. De

manera insoslayable el capítulo tiene como uno de sus ejes un tema discutido ampliamente en

el Volumen I, las negociaciones para la salida de nuestro país del default y el peso de las

finanzas en la relación bilateral. El capítulo resulta ser uno de los más extensos del libro,

incluyendo un interesante repaso sobre los cambios en la política exterior norteamericana

desde 2001 en general, y, respecto a América Latina en especial.

Luego de explorar la relación con Estados Unidos, le toca el turno a Europa, en la

sección titulada “La Unión Europea y la República Argentina: nuevos protagonismos de los

Estados Nacionales”, de Marta Cabeza, quien analiza minuciosamente por qué en el periodo

bajo estudio, los Estados europeos ganaron protagonismo en las relaciones con nuestro país,

en detrimento de la UE como bloque. Ello es así, según la autora, por dos razones. Por un

lado, la crisis post-2001 complejiza la agenda bilateral, que pasa a incluir temas conflictivos –

inversiones, empresas privatizadas, tarifas y el canje de la deuda– especialmente con Francia,

Italia y España, que requieren de un tratamiento bilateral individualizado. Por otro lado, la

autora explica que las negociaciones UE-Mercosur también contribuyeron a que los Estados

europeos hayan ganado espacios en la relación con Argentina.

A continuación, y dada su creciente importancia a nivel global, China no podía estar

ausente en este amplio recorrido por la política exterior argentina. En “El nuevo rol de China

en el sistema internacional y su impacto en las relaciones con Argentina”, Carla Oliva

describe de manera lúcida los diversos asuntos que conforman la relación bilateral,

incluyendo, como nota novedosa, la temática de la inmigración china en Argentina, un

fenómeno reciente que admite interés. Como en capítulos precedentes, se pasa revista de

forma detallada a la agenda político-diplomática (visitas, acuerdos, etc.) y la económico-

comercial, destacándose la creciente importancia de las inversiones chinas en Argentina.

Otro país que requiere un capítulo aparte es Rusia, a cargo de la especialista Graciela

Zubelzú. La política exterior argentina hacia este país y la región en general es, según su

opinión, –y tal como ocurre con respecto a otros países y regiones del mundo– “reactiva o

inercial” sin que hayan existido diferencias entre los sucesivos gobiernos desde 2001. La

agenda bilateral se nutre con diversos asuntos, algunos especialmente relevantes, como por

ejemplo, la cooperación científico-tecnológica, cultural, y en infraestructura y energía. La

revisión a la relación bilateral se completa de manera sugestiva con el análisis del papel de los

actores privados (cámaras empresariales) y subnacionales.

El capítulo siguiente, “Japón y Argentina. Un Estado presente en un país ausente.

Pérdidas de posiciones en los precarios espacios compartidos”, investiga los vínculos de

Argentina con un país que tampoco es central en nuestra política exterior, y que, más aún, ha

ido perdiendo el lugar que había logrado detentar en los años ’90. En la actualidad, la agenda

bilateral está protagonizada por la deuda externa (por la existencia de bonistas japoneses), el

comercio y la cooperación técnica.

Luego de un análisis extenso y bien documentado, la Dra. Graciela Bonomelli

concluye con una nota optimista ya que, a pesar de los vaivenes en la relación, considera que

Japón continúa interesado en promover los lazos con nuestro país.

Los dos capítulos finales prosiguen el estudio de zonas geográficas tradicionalmente

poco relevantes para la política exterior argentina. En primer lugar, la Dra. Gladys Lechini

explora los lazos de Argentina con África. Posteriormente, Rubén Paredes Rodríguez nos

conduce al estudio de una de las regiones más convulsionadas del planeta, Medio Oriente.

En el caso de África, según la especialista, la tónica no ha cambiado desde la asunción

de Kirchner: es mayor el interés de los africanos en nuestro país que inversamente. Si bien

Argentina, continuando con la tendencia de los últimos años, ha otorgado mayor atención a

los países de África del Norte que a los de África Sub-sahariana, sigue priorizando las

relaciones en el plano comercial, desdeñando la cooperación política. El capítulo incluye una

sección separada para Sudáfrica, dado que es el principal comprador de productos argentinos

en la región y se halla negociando un acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Con

muchos años de estudio sobre el tema, la Dra. Lechini concluye que la política exterior

argentina hacia África continúa siendo meramente “reactiva”.

Paredes Rodríguez define con el mismo concepto la política argentina hacia Medio

Oriente, en contraposición a lo que sería una política exterior “activa”. En un trabajo extenso

y con gran cantidad de información, el autor repasa temas tan relevantes como la postura del

gobierno argentino frente a la guerra en Irak y la lucha contra el terrorismo, y el caso AMIA y

sus consecuencias en los lazos con Irán. Pese a la importancia de estos temas, la región de

Medio Oriente, según el autor, sigue siendo un área no prioritaria para la Administración

Kirchner. Acertadamente, el especialista aduce que el escaso interés argentino se explicaría

tanto por la gravedad de la crisis interna argentina post-2001 -y la necesidad de salir de ella

priorizando la relación con otros países y regiones-, como por el exiguo margen de maniobra

política en una región donde Estados Unidos tiene intereses estratégicos prioritarios.

Luego del breve recorrido por los dos volúmenes de esta obra podemos afirmar que

claramente la política exterior argentina de los últimos años, y en particular, la del gobierno

de Kirchner hasta el año 2005 ha estado dominada -forzosamente- por unos pocos temas,

como la negociación de la deuda externa y la salida del default, lo cual ha tenido

consecuencias en las relaciones con el exterior, ya sea de forma directa o indirecta y en mayor

o menor grado dependiendo del país o región. La política exterior de Kirchner, en general, no

ha implicado una ruptura evidente con anteriores gobiernos. En todo caso, la mayoría de las

relaciones bilaterales ha atestiguado ciertos “ajustes” y “giros”, priorizando, como queda

patente a lo largo de toda la obra, los temas financieros, comerciales y económicos.

En suma, los dos volúmenes del Tomo IV “La política exterior del gobierno de

Kirchner” muestran de manera exhaustiva el amplio y complejo panorama de la política

exterior argentina en el periodo post-2001 superando el mero análisis descriptivo generalista y

apostando a una visión más completa a través de divisiones geográficas, y en algunos casos,

temáticas. Esta es la gran virtud del libro, la de acercarnos a la comprensión de la política

exterior argentina en los últimos cinco años y de echar luz –en un abordaje integral y

reflexivo- sobre una temática multifacética y a la vez, fascinante.

Libro: EEl abuso del mal . La corrupción de la pol ítica y la rel igión desde el 11/9 Autor: Richard J. Bernstein. Katz, Buenos Aires, 2006. 225 pp.

Matías Ilivitzky

Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires.

Richard Bernstein comienza este libro con una cita de Hannah Arendt referida a la

posibilidad de que el pensamiento controle e impida el surgimiento del mal entre los hombres.

La misma engloba el propósito del autor al escribir el texto: el develar porqué, ante la

ausencia de un juicio crítico entre algunos miembros de la clase dirigente estadounidense, el

mal se hace presente.

Ya desde el prefacio somos advertidos de que existe un abuso del mal debido a que,

luego del ataque terrorista de 2001 a Nueva York y Washington, esta noción comenzó a ser

utilizada no como una cuestión de filosofía política sino como un instrumento más para

sostener la dicotomía diseñada por Huntington entre los bandos opuestos de su “choque de

civilizaciones”. Esa es la clave para comprender las palabras de George W. Bush

pronunciadas ese fatídico 11 de septiembre: “Hoy, nuestra nación conoció el mal, lo peor de

la naturaleza humana”.

El mal es un concepto que, si bien polisémico como la mayoría de las construcciones

lingüísticas, tiende a causar una generalizada e idéntica reacción reprobatoria. Nadie está

dispuesto, por lo menos públicamente, a comprometerse con lo maligno. Sin embargo el mal

existe y sobrevive el paso del tiempo, emergiendo periódicamente y motivando la pregunta

por su naturaleza. El mal muta, y es imposible predecir qué nuevas formas adoptará. Pero

precisamente por estas características invita a la reflexión incesante acerca de su naturaleza,

su origen, y el fracaso del ser humano por controlarlo.

Pero cuando según Bernstein en los EE.UU. se utilizó a este vocablo como vehículo

para catalizar la ansiedad y el miedo causados por los atentados, y se equiparó al Islam con lo

malvado y a Occidente con lo virtuoso, y se recuperó un dualismo maniqueo perdido desde la

caída de la Unión Soviética, el mal neutralizó todo tipo de pensamiento. Bajo una rígida

oposición binaria, la elite norteamericana pretendió resolver rápidamente el problema. Se

trataba, continúa el filósofo, de un nuevo enemigo, y se debía por consiguiente buscarlo y

destruirlo. Cualquier discusión sobre las responsabilidades de los gobernantes quedaba así

opacada bajo el manto de la paranoia generalizada.

Detrás de esta operación de autocensura poblacional sugerida por la cúpula dirigente

se encuentra la reinserción de lo absoluto en política. Mientras que es imprescindible actuar

con certeza en determinadas circunstancias de la vida cotidiana, no es posible trasponer una

certidumbre subjetiva en una objetiva. No obstante lo cual, en circunstancias de extrema

vulnerabilidad la paranoia se generaliza y es común observar, manifiesta el autor, el

renacimiento del fervor religioso. Es tal la magnitud de este proceso que Bernstein debe

arribar a conclusiones que el hombre conoce desde el Renacimiento como si fuesen

novedades: “No precisamos apelar a la religión para justificar o garantizar nuestras creencias

morales” (p.35). Semejante afirmación posee varios destinatarios. Por una parte pretende

transmitir a la mayor parte de la humanidad (y sobre todo al mundo islámico) una noción

emblema de la modernidad secularizada, relativa a la autosuficiencia del pensamiento

filosófico libre de la subordinación que le imponía la teología. Por otra, intenta despertar en el

mayor poder político global un espíritu abierto y moderno que parece estar perdiendo asidero

entre sus habitantes, como demuestra la reelección de George W. Bush como presidente

(propiciada por fundamentalistas religiosos de derecha).

Frente al choque de civilizaciones, el pensador norteamericano postula que se está

desarrollando un choque de mentalidades, de formas de ver y comprender el mundo. En base

a este proceso estima necesario recuperar la tradición de pensamiento de la escuela

pragmática liderada, entre otros, por William James y John Dewey. Surgida como reacción a

las secuelas de la Guerra de Secesión de EE.UU., dicha corriente filosófica se caracterizó por

ver a las ideas como herramientas de transformación de la sociedad, por lo que de allí

proviene el nombre elegido para caracterizarla. También pretendían alejarse de todo tipo de

maniqueísmo, como el que había llevado a su país a la división, y por ende buscaban una

visión empírica, menos rígida, y práctica.

Dicho entendimiento provino con el falibilismo, que es la afirmación referida a que

cualquier conocimiento puede ser criticado y transformado constantemente. Ello requiere un

gran margen de tolerancia respecto a la incertidumbre y la inestabilidad, y al mismo tiempo

una disposición a convivir con la ausencia de certezas definitivas siempre y cuando las

creencias circunstanciales faciliten nuestra existencia. Esto a la vez promueve la tolerancia

hacia lo diverso ya que lo otro, lo que no es propio en este momento, puede tanto formar parte

de nuestras concepciones vitales en un futuro próximo como representar interesantes

alternativas con quienes debatir.

Pero el paso más importante en pos de desarrollar una mentalidad falibilista es ponerla

en práctica, al desarrollar una capacidad de crítica (y de auto-crítica) suficientes como para

permitir el desenvolvimiento de una forma de vida esencialmente democrática, alejada de las

cerrazones impuestas por, según Bernstein, las ideologías. Ahora bien, ¿hasta que punto el

falibilismo no es también una ideología? ¿El poseer una actitud abierta y permanentemente

cuestionadora no es también recaer en un patrón predeterminado de conducta? En su intento

por diferenciarse de los dogmatismos, el falibilismo puede recaer en uno muy particular: el

del anti-dogmatismo. Ello involucra descreer de sentencias como “la mentalidad del

falibilismo pragmático [...] es antidogmática y antiideológica” (p.90) debido a que las

definiciones de Bernstein acerca de lo dogmático (no cuestionar las propias creencias) y lo

ideológico (transformar el dogma en acción práctica) pueden aplicarse al sistema falibilista

cuando éste desea presentarse como superador de los demás, y como sujeto a una implacable

crítica interna que, es de suponer, hace innecesaria una externa.

Prosiguiendo con la argumentación del libro, se plantea que la posición falibilista

acarrea un pluralismo comprometido con respecto a las diferencias culturales. No se debe

adoptar el “mito del marco”, por el cual uno está inserto en una trama particular de valores y

no se pueden comprender otros, ni tampoco se debe recaer en el relativismo cultural que

equipara todas las divergencias sin criterios morales de ninguna índole (según esta

perspectiva, no deberían condenarse el canibalismo o los maltratos hacia las mujeres y niños).

El pluralismo comprometido, por el contrario, busca comprender al otro pero sin renunciar a

la facultad de juicio crítico. Cualquier aproximación hacia el diferente se efectúa desde una

particular situación cultural, política, económica y social, y es imposible (y tampoco deseable)

deslindarse de esta tradición37.

37 Tanto los aportes de Gadamer como los de Rorty son factibles de ser incorporados en este punto del análisis. El primero enfatizó la importancia de la propia historia y situación a la hora de comprender, lo que implica una hermenéutica situada, una mirada hacia lo ajeno que al mismo tiempo es consciente de las características propias y que por consiguiente sabe desde donde se aproxima hacia lo otro. Rorty, heredero también del pragmatismo estadounidense, postula una variante particular de etnocentrismo por la cual, al igual que el punto de vista gadameriano, se debe estar dispuesto a conocer lo diferente, sin dejar de lado la tradición cultural en la que uno está inmerso, gracias a la que podrá comprender lo diverso en base a valores propios, ya que de otra forma no existiría un patrón de referencia común al cual remitirse. Ambos autores consecuentemente desestiman la posibilidad de que puedan existir derechos verdaderamente universales en función de su creación (no de su

Esto explica porque Bernstein, al hacer referencia a la posibilidad que toda sociedad

tiene de renunciar al pensamiento crítico, mencione dicho proceso como una “regresión”

(p.89) hacia un mundo simplista y maniqueo. Este comentario permite suponer un modelo

continuo, defendido por el autor, por el cual ubica al hombre en una senda progresiva de

pensamiento, y cuanto más abierta y menos “simple” sea su comprensión del universo, mayor

progreso habrá en general. Si bien es factible que gran parte de la intelectualidad secularizada

occidental coincida con esta visión, la misma no deja de ser una entre muchas perspectivas

igualmente legítimas y con idéntica pretensión de imponerse por sobre las demás. En su

énfasis por defender un pluralismo crítico, Bernstein trasluce afirmaciones que demuestran

que se mantiene más ligado al ámbito de la crítica que al de la pluralidad.

Asimismo se manifiesta una presunción: la de que el falibilismo sólo puede ser

ejercido por personas pacíficas y “...razonables que están abiertas y dispuestas a entablar un

diálogo crítico. Pero ésta no es la situación actual” (p.93). Nuevamente entonces, ¿quién

posee la facultad de dictaminar cuáles individuos son razonables y cuales no? ¿Es que la

mayor parte de la humanidad está en pie de guerra? A lo largo del libro se percibe que

Bernstein es presa del alarmismo y del miedo que él critica, lo que lo lleva a describir la

situación de su país como “extrema” (p.94). Utilizar semejante vocablo cuando pasaron cuatro

años del 11 de Septiembre (el libro fue editado en habla inglesa en 2005) es evidentemente

una exageración, lo que explica que el reclamo de características que son alabadas cuando se

trata de combatir al mal pero reprobables si las tiene el otro: “Deberíamos estar preparados a

morir por lo que en última instancia valoramos” (p.114). Evidentemente es necesario defender

lo que uno valora. El filósofo norteamericano sostiene que la tolerancia tiene límites y es

intolerante con quienes desean perjudicarnos. Pero realiza un gran salto cuando basado en lo

antedicho intenta justificar (aún con todas las sutilezas que incluye en su análisis) el sacrificio

de la vida por otras cosas que no sean la conservación de la vida misma (ideales, formas de

convivencia, etc.). Esa es precisamente la actitud que, con menos matices, poseen los

terroristas que critica.

alcance), ya que siempre emanarían desde un contexto particular (siguiendo este razonamiento, los Derechos Humanos pretenden alcanzar efectivamente a toda la humanidad, pero fueron elaborados por la inspiración de, principalmente, Estados Unidos y Gran Bretaña al finalizar la Segunda Guerra Mundial).

Para proveer certidumbre moral, es decir, para brindar un motivo al sacrificio

potencial, Bernstein sostiene que existe un “espíritu democrático” (p.206) que se está

extendiendo por el mundo, lo que genera un “cosmopolitismo democrático” (p.206). De esta

forma, termina de delinear su propia ideología, la “fe democrática”(p.209), que una vez

generalizada, anulará la posibilidad de conflicto entre los hombres. Cualquier diferencia con

las ideologías o las religiones será entonces, a pesar de que el autor de esta obra insista lo

contrario a lo largo de la misma, pura coincidencia. El abuso del mal termina por demostrar,

consiguientemente, que en determinadas ocasiones debajo de una actitud bienintencionada (el

intelectual que desea favorecer la paz entre las diferentes culturas) se encuentran las mismas

características que se desean eliminar.

Libro: Metodologías para el análisis político. Enfoques, procesos e instituciones Víctor Alarcón Olguín (coord.). Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa y Plaza y Valdés, México, 2006. 478 pp. Cecilia Graciela Rodriguez

Instituto interuniversitario de Iberoamérica. Universidad de Salamanca, España.

Metodologías para el análisis político es una obra colectiva coordinada por Víctor

Alarcón Olguín que presenta una visión multifacética de las opciones existentes para el

desarrollo de investigación teórica y aplicada dentro del campo de las ciencias sociales. La

estructura de este libro ha sido configurada en torno a tres grandes apartados. En el primero,

se incluyen algunos paradigmas dominantes que se han arraigado en la disciplina como, por

ejemplo, el análisis del discurso, la teoría de la acción, la propuestas basadas en el estudio de

las cultura política, el enfoque sustentado en el papel de la historia.

En segundo lugar, se colocan una serie de ensayos que tocan el desarrollo de procesos

y el papel que juegan ciertos actores cruciales para el fomento de temas como la

democratización y la modernidad. En este caso se valoran el peso y la influencia que han

tenido los partidos políticos. Finalmente se presenta una sección específica en torno al

paradigma más sólido con que cuenta para asociar los alcances cualitativos y cuantitativos de

la disciplina, como lo representan los desarrollos del institucionalismo y el

neoinstitucionalismo.

En el primer apartado dedicado a los “enfoques”, se encuentra un trabajo que aborda

“El progreso de la ciencia política”, en el que el autor afirma que la disciplina nunca puede

exhibir un progreso vertical de la manera en que nos resulta familiar en las ciencias naturales,

precisamente porque la definición de problemas en la ciencia política no puede asegurarnos

autonomía respecto de las fuerzas sociales externas. A pesar de ello, la ciencia política todavía

puede ser racional, aún si esa racionalidad es delimitada por el contexto.

En el segundo capítulo, “La importancia del método para el análisis político” se pone

de evidencia que el dilema de la metodología actual reside no sólo en los aspectos usuales de

cómo seleccionar un tema, o en definir cómo se confrontarán las teorías y las explicaciones

que darán pauta a la construcción de los conceptos, las variables e hipótesis, o como precisar

las técnicas y enfoques. El problema ahora es que con que frecuencia se plantea si tiene

incluso sentido o no enseñar los fundamentos filosóficos e históricos de una investigación, o

si sólo debe presentarse un catálogo muy preciso de instrumentos técnicos como parte de una

formación curricular para el estudiante.

A continuación se hace referencia a los “Modelos formales en ciencia política:

¿alternativas en la construcción y validación de teoría?” En el artículo se expone la forma en

que los modelos formales han entrado en la Ciencia Política, analizando los más relevantes y

debatiendo sobre la utilidad y el futuro que tienen en la construcción y validación de

argumentos, la experimentación, el nexo con la teoría y su provecho en la interpretación de

los fenómenos.

En el siguiente capítulo se analiza el rol del metanálisis en Ciencia Política, en el cual

se evalúa la situación intelectual hacia la cual la Ciencia Política debe y deberá adaptarse en la

sociedad posmoderna.

El trabajo que se presenta a continuación analiza la “Cultura política: un concepto

manuable”, en este ensayo la autora expone las principales tendencias y problemas que han

acompañado al estado de la cuestión desde la perspectiva de la escuela del pensamiento

anglosajón, partiendo de enfoques clásicos y contemporáneos.

En el artículo “¿Qué lugar ocupa la Historia en la Ciencia Política?” se menciona que

las ciencias sociales en general han olvidado la idea de la duración. Es necesario al menos que

la ciencia política vuelva a un análisis historizado, que le permita comprender los efectos que

tuvo el tiempo largo en la formación de las grandes estructuras que hoy trata de explicar.

El ensayo siguiente analiza “La reconstrucción del discurso político: una propuesta

metodológica”. En éste se aborda metodológicamente la reconstrucción del discurso político y

se presenta una propuesta metodológica para tratar empíricamente cualquier discurso, si bien

en este caso, se toma el discurso empresarial que se inscribe en el complejo proceso de la

transición mexicana.

El segundo apartado está dedicado a los “procesos” e inicia con el artículo “Teoría

democrática y política comparada”. Aquí el autor se ocupa de varios aspectos contenidos o

implicados en algunas definiciones de la democracia. Propone una definición realista y

restringida de un régimen democrático examinando implicancias lógicas y algunas

consecuencias empíricas de sus atributos. Analiza estos aspectos en relación con el régimen,

con ciertas cuestiones morales, con referencia la Estado y finalmente respecto a ciertas

características del contexto social general.

Posteriormente se encuentra “Desagregando el régimen político: aspectos

conceptuales en el estudio de la democratización”. Este trabajo explica cómo la disgregación

del concepto de régimen político proporciona la base para distinguir entre tres problemas

analíticamente separables: el proceso de transición, el resultado de este proceso de transición

y el proceso de consolidación. Muestra como los analistas del régimen evaden el problema del

alargamiento conceptual en el proceso de selección de casos mediante la organización vertical

de sus conceptos a lo largo de la escalera de la generalidad y la aplicación de una regla

sencilla. Finalmente aborda cómo el estudio de los regímenes políticos a partir de índices

cuantitativos de democracia no logra evitar los problemas de la combinación conceptual y del

alargamiento conceptual.

A continuación se presenta “Ampliando las concepciones sobre la democracia: acceso

al poder versus ejercicio de poder”. El argumento de este ensayo contempla dos aspectos.

Primero, la inquietud compartida sobre el acceso al poder estatal en los diversos escenarios

políticos y en segundo lugar, se aborda el importante cambio de enfoque en el estudio de la

política latinoamericana, la cual se ha orientado a problemas relativos al ejercicio del poder

estatal. El objetivo central de este ensayo es mostrar que hay buenas razones teóricas para

mantener estos problemas separados conceptualmente de los aspectos de acceso al poder

político que tradicionalmente han sido abordados por los analistas del régimen.

“Reexaminando la teoría de los partidos políticos en la tercera ola de

democratización” es un ensayo en el que el autor afirma que analizando los sistemas de

partido de la tercera ola se pueden percibir algunos aspectos de gran importancia que no

resaltan en los casos de Europa occidental. Se destaca en este trabajo el exhaustivo estudio de

los partidos y sistemas partidarios de los países recientemente democratizados presentando

herramientas útiles para investigadores que deseen profundizar en el tema.

Posteriormente se aborda la “Dualidad fundamental en el estudio de los partidos

políticos”. Este artículo sostiene que el ejercicio del poder y de la ideología conlleva una

dualidad. Por una parte, los partidos buscan sobre todo conquistar y ejercer el poder político.

De otra, al presentar su ideología los partidos permiten a los ciudadanos decidirse de modo

más claro por el gobierno de su elección. Las consecuencias de esta duplicidad es que los

partidos aparecen, a menudo, como oportunistas y carentes de principios. Finalmente, todo

partido es dual en la medida en que existe en sí y por sí y en la que no puede alcanzar sus

objetivos sino en interacción con las otras agencias de poder en un ambiente restrictivo, por

medio de la movilización de apoyos siempre limitados (sobre todo electorales) y de ser

posible, por la transformación de su ambiente siempre incompleto. Por ello, para aprehender

mejor la realidad, es preciso analizar el partido en su dualidad fundamental, la dualidad de la

vida interna y las relaciones exteriores de un partido.

En el tercer apartado se abordan las “instituciones”, comenzando con un trabajo en el

cual se analiza “El núcleo teórico del nuevo institucionalismo”. Este ensayo expresa el núcleo

teórico de las tres ramas de la disciplina consideradas por la autora: la elección racional, la

teoría de la organización y el institucionalismo histórico. De esta manera intenta esclarecer la

contribución del nuevo institucionalismo a la ciencia política, e identificar algunos de los

problemas a los que se enfrenta este enfoque actualmente.

El próximo capítulo, denominado “Explicando las instituciones: una defensa del

reduccionismo” sugiere que el estudio de las instituciones no implica la necesidad de nuevos

modos de explicaciones científicas o nuevos paradigmas, por el contrario, propone adoptar el

marco reduccionista ofrecido por la teoría de la elección racional para las cuestiones relativas

a: qué son las instituciones, cómo surgen y cómo efectúan comportamientos individuales.

Por último se aborda el “Cambio e impacto de la cultura organizacional”. En este

trabajo el autor menciona el enfoque sistémico como un elemento conciliador entre las

posibles interpretaciones sobre la dinámica de las organizaciones. A su vez, considera que

este enfoque dota a la teoría de las organizaciones, y en general a las ciencias sociales, de

elementos analíticos necesarios para dar cuenta de la complejidad de la realidad social, de la

cultura, en sí de la complejidad de las relaciones sociales que se reproducen cotidianamente

en el corazón de las diferentes organizaciones.

Los distintos textos revisan distintas facetas y cuestiones de gran relevancia para la

ciencia política y su abordaje. Es pertinente desatacar la sencillez del lenguaje de cada

capítulo y la profundidad en el estudio de cada uno de los temas presentados. Por ello, este

libro constituye una aportación rica y útil al estudio de la disciplina, lo cual no sólo invita a su

lectura sino que la torna imprescindible.

informacióninstitucional

Proyecto: Monitoreo de la Primera Votación Electrónica del

Presupuesto Participativo

Natalia Carnovale

Docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Coordinadora del Operativo de Monitoreo, a partir del informe presentado ante la Secretaría General de la Municipalidad de Rosario.

El Proyecto de Monitoreo de la Primera Votación Electrónica del Presupuesto

Participativo llevado adelante el 5 de octubre de 2006, fue coordinado por la Cátedra de

Tecnologías de la Administración Pública a cargo de la Mg. Rita Grandinetti y por el

Proyecto de Investigación y Desarrollo dirigido por el Lic. Gastón Mutti, en el marco de un

convenio de cooperación entre la Escuela de Ciencia Política, Facultad de Ciencia Política Y

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, y la Secretaría General de

la Municipalidad de Rosario.

El Municipio de la ciudad de Rosario viene desarrollando desde el año 2001 el

Programa de Presupuesto Participativo, como una modalidad novedosa de elaborar el

Presupuesto Municipal, a través de la participación directa de la población en la definición de

prioridades y la distribución de los recursos existentes.

El Presupuesto Participativo es implementado mediante diferentes dispositivos de

consulta, construcción de proyectos, definición de prioridades y puesta en común, siguiendo

el siguiente orden lógico: Primera Ronda de Asambleas Barriales, Consejo Participativo de

Distrito, Segunda Ronda de Asambleas Distritales y Tercera Ronda o Cierre.

Es en la Segunda Ronda, donde los vecinos y vecinas definen sobre los proyectos

elaborados cuáles serán aquellos que se ejecutaran en el siguiente ejercicio. La definición de

éstos se realiza mediante una votación individual en la que se priorizan para su posterior

ejecución una cantidad de diez proyectos1.

Con el objetivo de otorgarle una mayor agilidad y transparencia a esta etapa, y con la

intención de poder garantizar un sistema que permita ampliar la cantidad de participantes

posibles, el Municipio de la ciudad decidió introducir la herramienta de Votación

Electrónica.

1 Para mayor información visitar el sitio Web de la Municipalidad de Rosario: www.rosario.gov.ar

Ante esta primera experiencia la Secretaría General de la Municipalidad de Rosario, se

planteó la necesidad de contar con información, por parte de actores externos al proceso,

acerca de la implementación, desarrollo y resultados de esta novedosa herramienta.

Para ello convocó a la Escuela de Ciencia Política que a través de la Cátedra de

Tecnologías de la Administración Pública y el Proyecto de Investigación y Desarrollo,

elaboraron el Proyecto de Monitoreo de la Primera Votación Electrónica del Presupuesto

Participativo 2007.

El monitoreo tuvo como objetivos documentar el proceso de voto electrónico y

construir información relevante como un insumo crítico para la mejora de los mecanismos de

participación ciudadana, permitiendo identificar núcleos de actuación para la profundización

de la democratización y la transparencia de los procesos.

Para ello se identificó, junto a los responsables del municipio, los ejes críticos sobre los

cuáles es posible revisar las prácticas que se vienen desarrollando e identificar las vacancias o

núcleos de mejora en clave de democratización, participación y transparencia, constituyendo

así las siguientes dimensiones de trabajo:

1. dimensión legal/institucional relativa a la regulación formal del acto comicial a partir

de la legislación electoral

2. dimensión práctica/informal relativa a los patrones implícitos de conducta que se

reproducen informalmente en cada práctica electoral

3. dimensión procesual/tecnológica, relativa a la implementación de la nueva modalidad

de votación con soporte electrónico.

El abordaje metodológico propuesto requirió de una observación minuciosa de las

situaciones particulares en las cuales se desarrolló la práctica electoral, y de las interacciones

de los actores intervinientes en dicho escenario.

Para realizar la Observación, se partió desde una perspectiva etnográfica, considerando

ciertos aportes realizados por Etnometodología norteamericana. Concretamente, se efectuó

una “descripción densa”2 de la práctica electoral, considerando las prácticas, interacciones,

2 C. Geertz, La interpretación de las cultura , Gedisa, México, 1987

conflictos y cooperaciones de los actores, así como los escenarios en los cuales se desarrolló

dicha interacción.

Dada la normativización del acto electoral, atendimos también a la forma en que los

actores utilizaron, crearon y recrearon tanto las normas institucionales de funcionamiento del

acto electoral como los patrones de conducta informales pero reconocidos por todos los

sujetos intervinientes del escenario propuesto.

Se observó entonces, cómo los actores participantes produjeron y reprodujeron, a través

de la utilización de reglas y recursos, las situaciones de normalidad del acto electoral así como

también el tratamiento de la anormalidad, resolviendo o no diversas situaciones de tensión y

conflicto. Asimismo se prestó atención a las relaciones que establecieron los votantes con la

nueva modalidad de votación electrónica. Particularmente a la interacción que establecieron

con el sistema electrónico y el “clima” percibido.

A partir de las dimensiones establecidas, se estructuraron una serie de puntos de

observación, para los cuales se especificaron un conjunto de indicadores

La comisión fiscalizadora

1. Dimensión legal/institucional:

Constitución de la comisión fiscalizadora. Materiales necesarios,

integrantes designados.

• Familiaridad de los integrantes de la comisión con la práctica electoral.

Capacidad para utilizar la normativa durante el desarrollo de los comicios.

• La seguridad.

• La finalización de la votación. El proceso de recuento de votos.

2. Dimensión práctica/informal:

• Relación entre los participantes. Coordinación, jerarquías, control de

votantes, control de la práctica de voto.

3.Dimensión procesual/tecnológica

• Nº y lugar de ubicación de los equipos informáticos para la votación.

Características de los espacios.

• Presencia de señalética indicativa de los lugares para emitir el voto.

• Presencia de piezas de comunicación para informar sobre el proceso de

voto electrónico. Visibilidad, claridad, acceso

• Presencia e Identificación de Asistentes para quienes manifiesten

dificultades

• Lugar de ubicación y señalización de equipos informáticos para

familiarizarse con el voto electrónico y realizar votaciones de prueba

Los votantes

1. Dimensión legal/institucional:

• Relación con la comisión fiscalizadora. Presentación de documentación.

• Resolución de conflictos.

2. Dimensión práctica/informal:

• Horarios de llegada al lugar de votación y compañías con las cuales se

ingresa al mismo. Familiares, amigos, grupos barriales o de Asociaciones

de la sociedad civil.

• Formas de interacción con otros votantes.

• Formas de comportamiento en general al interior del establecimiento.

Velocidad para acceder a la mesa donde se efectuará el voto.

3. Dimensión procesual/tecnológica

• Conformación de filas para registrarse y acceder a la máquina.

Comportamiento durante dicha espera. Orden/desorden en el proceso

• Dificultades y/o grado de confianza que manifiesten los votantes respecto

al proceso. Grado de sencillez del proceso

• Rapidez de la interacción. Grado de fluidez en el circuito de votación.

Cuellos de botella. Principales demoras

• Manifestaciones respecto al grado de transparencia del acto

A fin de operativizar el dispositivo de observación se diseñaron dos instrumentos de

trabajo: el protocolo de observación y las recomendaciones metodológicas para los

observadores. Ambos posibilitaron criterios homogéneos para la práctica y su documentación.

Como observadores fueron convocados los integrantes de la Cátedra de Tecnologías

de la Administración Pública y del Equipo de Investigación PID3 con los que se realizó,

previamente al monitoreo, una jornada de capacitación a cargo de la Municipalidad de

Rosario y de los coordinadores del Monitoreo en la Facultad de Ciencia Política y RRII.

En esta jornada se trabajó, en primer lugar, en la presentación del Programa de

Presupuesto Participativo y del dispositivo de votación electrónica. Luego se avanzó en la

presentación a los observadores de los criterios y el protocolo de observación y finalmente, se

acordaron los criterios operativos para la práctica (distribución por distritos, esquema de

referencias, etc.).

El día del Monitoreo se distribuyeron observadores en cada uno de los distritos de la

ciudad: Norte, Sur, Centro, Oeste, Noroeste y Suroeste, en dos turnos de 6 hs. cada uno, a

cargo de un Coordinador de Distrito.

Al finalizar la jornada cada uno de los observadores elaboró, siguiendo el protocolo de

observación, un informe detallado de lo ocurrido el cual fue procesado en un documento

único por la Cátedra de Tecnologías de la Administración Pública.

La semana posterior al monitoreo se realizó una reunión de evaluación sobre el

dispositivo con la participación de todos los coordinadores y observadores. Cuyos insumos

forman parte de los resultados presentados en el documento final.

La información relevada y las conclusiones arribadas fueron organizadas, siguiendo

cada una de las dimensiones de trabajo definidas, por distritos. Priorizándose de esta manera,

el señalamiento de las diferencias que aparecían en algunos casos, entre distritos, más allá de

las regularidades que se pueden establecer.

3 Participantes: Algarañaz Griselda, Ardanaz Bernardo, Ballesteros María Paula, Berardo Aneley, Bertevoro

Claudio, Bire María Florencia, Borrell Mariana, Carné Martín, Lecitra Micaela, López Georgina, Martelossi Mauro,

Miller Ezequiel, Moreyra Francisco, Ortega María Laura, Pérez Luciana, Porthé Silvia, Rébola Romina, Richard

María José, Salazar Tania, Spillere Mauricio

Por su parte se acompañó al documento principal, en anexos, de los registros de las

observaciones sin procesar, ya que allí se registró información que sin bien excedía las

dimensiones establecidas, se consideraron útiles para el reconocimiento de ventajas y

vacancias en cada distrito en otros aspectos del Presupuesto Participativo.

Por último es importante señalar que el monitoreo ha resultado una experiencia

sumamente satisfactoria para la Facultad de Ciencia Política y RRII en dos sentidos:

Por una parte, se trató de un proyecto colaborativo con el Municipio donde se

desarrollaron múltiples estrategias para la planificación, coordinación y resolución

conjunta de problemas de un modo ágil y cooperativo.

Por otra parte, el proceso ha permitido a los estudiantes desarrollar nuevas habilidades

para la investigación (la práctica de la observación) y ser monitores de instancias de

decisión ciudadana, elementos ambos de alta relevancia para la formación de un

Politólogo.

Esta experiencia de trabajo abrió de cara al futuro múltiples perspectivas, entendidas como

la posibilidad de la realización de observaciones sucesivas y/o comparadas que permitan

identificar tendencias, rupturas y transformaciones; líneas de investigación que trabajen sobre

los diferentes elementos de las prácticas relevadas; proyectos cooperativos de semejante tenor

para abordar elementos de interés común. En definitiva, se trató de una experiencia que, en

diversos aspectos, habilitó nuevas líneas de actuación, en clave de políticas, de gestión y de

investigación.