tarea semana 5 - grupal -caso barrios altos

8/17/2019 Tarea Semana 5 - Grupal -Caso Barrios Altos

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CASO: BARRIOS ALTOS

FACULTAD DE DERECHO

Docente: ALBERTO CORTEZ TORRES

INTEGRANTES:

NOELIA PINEDO MACEDO

ROXANA MEZA ZARATE

JOSE LUIS RODRIGUEZ ERAZO

ARTURO RAUL FLORES LIMACHI

KARLA ALEXANDRA SALAZAR HERNANDEZ

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FORMULARIO PARA PRESENTAR UNA PETICI(N ANTE LA CIDH P)*$n +

2016


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CASO: BARRIOS ALTOS

FORMULARIO

SECCIÓN I. DATOS DE LA PRESUNTA VÍCTIMA Y DE LA PARTE

PETICIONARIA

1. DATOS DE LA/S PRESUNTA/S VÍCTIMA/S

Nombre de la presunta víctima:

Por violación, por parte del Estado del Perú del artículo 4 (Derecho a la Vida)

de la Convención Americana, en perjuicio de:

Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre,

Luis Alberto Díaz Astovilca,

Octavio Benigno Huamanyauri Nolazco,

Luis Antonio León Borja,

Filomeno León León,

Máximo León León,

Lucio Quispe Huanaco,

Tito Ricardo Ramírez Alberto,

Teobaldo Ríos Lira,

Manuel Isaías Ríos Pérez,

Javier Manuel Ríos Rojas,

Alejandro Rosales Alejandro,

FORMULARIO PARA PRESENTAR UNA PETICI(N ANTE LA CIDH P)*$n ,


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CASO: BARRIOS ALTOS

Nelly María Rubina Arquiñigo,

Odar Mender Sifuentes Nuñez,

Benedicta Yanque Churo.

Y por violación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la

Convención Americana, en perjuicio de:

Natividad Condorcahuana Chicaña,

Felipe León León,

Tomás Livias Ortega y

Alfonso Rodas Alvítez.

Nombre con el que se identifica (si es distinto al incluido en el campo

anterior):

Ninguno

Género de la presunta víctima: F…. M…. OTRO….

Femenino y Masculino.

Fecha de nacimiento de la presunta víctima: (día/mes/año)

Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, 38 años (1953)

Luis Alberto Díaz Astovilca, 23 años (1968)

Octavio Benigno Huamanyauri Nolazco.31 años (1960)

Luis Antonio León Borja, 33 años (1958)

Filomeno León León, 30 años (1961)

Máximo León León, 39 años (1952)

FORMULARIO PARA PRESENTAR UNA PETICI(N ANTE LA CIDH P)*$n "


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CASO: BARRIOS ALTOS

Lucio Quispe Huanaco, 45 años (1946)

Tito Ricardo Ramírez Alberto, 30 años (1961)

Teobaldo Ríos Lira, 56 años (1935)

Manuel Isaías Ríos Pérez, 33 años (1958)

Javier Manuel Ríos Rojas, 08 años (1983)

Alejandro Rosales Alejandro, 43 años (1948)

Nelly María Rubina Arquiñigo, 21 años (1970)

Odar Mender Sifuentes Nuñez, 25 años (1966)

Benedicta Yanque Churo. 18 años (1973)

Natividad Condorcahuana Chicaña, 35 años (1956)

Felipe León León, 38 años (1953)

Tomás Livias Ortega. 32 años (1959)

Alfonso Rodas Alvítez. 45 años (1946)

Correo electrónico de la presunta víctima:

Ninguno

Dirección postal de la presunta víctima: (con indicación de calle o avenida,

número/nombre de edificio o casa, apartamento, ciudad, estado, o provincia,

código postal, país):

Jirón Huanta Nº 840 – Barrios Altos.

Teléfono de la presunta víctima (de ser posible indique los códigos de área):

ninguno

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Fax de la presunta víctima (de ser posible indique los códigos de área):

ninguno

¿Alguna de las presuntas víctimas está privada de libertad?

No, ninguna,

Información adicional sobre la/s presunta/s víctima/s:

Ninguna

2. DATOS DE FAMILIARES

Nombre de familiares y relación de parentesco con la presunta víctima:

PRESUNTA VÍCTIMA

Víctimas de la violación al at. 4 – Derecho a

la Vida.

PARENTESCO CON - PRESUNTA VÍCTIMA

1.- Placencia Marcela Chumbipuna Aguirre

a) Luis Angel Tolentino Chumbipuna (hijo)

b) Alfredo Roberto Tolentino Chumbipuma (hijo)

c) Rocío Victoria Obando Chumbipuma (hija)

2.- Luis Alberto Díaz Astovilca

a) Caterin Díaz Ayarquispe (hija)

b) Virginia Ayarquispe Larico (conviviente)

C) María Astovilca Tito de Diaz (Madre)

d) Albino Díaz Flroes (padre)

3.- Octavio Benigno Huamanyauri Nolazco a) Féliz Huamanyauri Nolazco (hermano)

4.- Luis Antonio León Borja

a) Luis Alvaro León Flores (hijo)

b) Ellizabeth Raquel Flores Huamán (conviviente)

c) Estela Borja Rojas (madre)

d) Fausto León Ramírez (padre)

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5.- Filomeno León Leóna) Severina León Luca (madre)

6.- Máximo León León

a) Maribel León Lunazco (hija)

b) Sully León Lunazco (hijo)

c) Martín León Lunazco (hijo)

d) Eugenia Lunazco Andrade (esposa)

7.- Lucio Quispe Huanaco

a) Norma Haydé Quispe Valle (hija)

b) Sonia Martha Quispe Valle (hija)

c) Walter Raúl Quispe Condori (hijo)

d) Juan Fidel Quispe Condori (hijo)

e) Amalia Condori Lara (esposa)

f) Crisosta Valle Chacmana (conviviente)

8.- Tito Ricardo Ramírez Alberto * No tiene beneficiarios”.

9.- Teobaldo Ríos Lira a) Isabel Estelita Ríos Pérez (sobrina)

10.- Manuel Isaías Ríos Péreza) Christina Ríos Rojas (hija)b) Ingrid Elizabeth Ríos Rojas (hija)

c) Rosa Rojas Borda (esposa)

11.- Javier Manuel Ríos Rojas a) Rosa Rojas Borda (madre)

12. Alejandro Rosales Alejandro

a) Giovanna Rosales Capillo (hija)

b) Rocío Rosales Capillo (hija)

c) Elías Cirilo Rosales Medina (o Caurino) (hijo)

d) Gregoria Medina Caurino (esposa)

e) Celestina Alejandro Cristóbal (madre)

13.- Nelly María Rubina Arquiñigo

a) Leonarda Arquiñigo Huerta (madre)

b) Gladys Sonia Rubina Arquiñigo (hermana)

c) Virgilia Arquiñigo Huerta (tía)

14.- Odar Mender (o Méndez) Sifuentes

Nuñez* No tiene beneficiarios.

15.- Benedicta Yanque Churo * No tiene beneficiarios.

VÍCTIMAS DE LA VIOLACIÓN AL ART. 5 –

DERECHO A LA INTEGRIDAD

PERSONAL.

Víctimas sobreviviente

16. Natividad Condorcahuana Chicaña Natividad Condorcahuana Chicaña

17. Felipe León León Felipe León León

18. Tomas Livias Ortega Tomás Livias Ortega

19. Alfonso Rodas Alvitez (o Albitres,

Albites o Alvitrez)

Alfonso Rodas Alvítez (o Albitres, Albites o

Alvitrez)

Correo electrónico de familiares:

ninguno

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CASO: BARRIOS ALTOS

Dirección postal de familiares: (con indicación de calle o avenida,

número/nombre de edificio o casa, apartamento, ciudad, estado, o provincia,

código postal, país):

Ninguno

Teléfono de familiares (de ser posible indique los códigos de área):

Ninguno

Fax de familiares (de ser posible indique los códigos de área):

Ninguno

Información adicional sobre familiares:

El Sr. Bernabé León León actuará como apoderado de la señora Severina León

Luca – madre de la presunta víctima Filomeno León León.

3. DATOS DE LA PARTE PETICIONARIA

Por favor indique los datos de la persona o grupo que presenta la petición.

Representantes legales de cada una de las víctimas.

Sigla de la Organización (si aplica):

No aplica

Correo electrónico de la parte peticionaria:

No dispone

Dirección postal de la parte peticionaria (con indicación de calle o avenida,

número/nombre de edificio o casa, apartamento, ciudad, estado, o provincia,código postal, país):

Calle Atahualpa N123 Distrito de Comas Provincia de Lima

Teléfono de la parte peticionaria (de ser posible indique los códigos de área):

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CASO: BARRIOS ALTOS

985-987-354

Fax de la parte peticionaria (de ser posible indique los códigos de área):

No dispone

(NOTA: La Comisión requiere de una dirección electrónica para enviar

notificaciones relacionadas con su petición. Si no cuenta con dirección electrónica,

suministrar dirección postal con indicación de calle o avenida, número/nombre de

edificio o casa, apartamento, ciudad, estado, o provincia, código postal, país).

En ciertos casos, la Comisión puede mantener en reserva la identidad de la parte

peticionaria, si así se le solicita expresamente y expone las razones respectivas

(artículo 8.2). Esto significa que sólo el nombre de la presunta víctima serácomunicado al Estado, en caso que la CIDH decida dar trámite a su petición.

Mientras que es posible mantener en reserva el nombre de la parte peticionaria, la

tramitación de una petición individual requiere poner en conocimiento la identidad

de la presunta víctima (quién, quiénes, qué grupo). En casos excepcionales, la

Comisión podrá restringir al público la identidad de la presunta víctima en los

documentos que se publican, por ejemplo, mediante la sustitución del nombre

completo de la persona por sus iniciales o el uso de seudónimos. La solicitud de

que se restrinja la identidad de la presunta víctima debe ser hecha a la Comisión,

con una exposición de sus razones.

En casos en que la presunta víctima y la parte peticionaria sean la misma persona

y se desea que se restringa la identidad de la persona en su capacidad como

peticionario, la petición deberá expresarse en tercera persona. Un ejemplo de lo

anterior sería: “la presunta víctima alega que…” (en lugar de “yo fui víctima de…”)

¿Desea que la CIDH mantenga su identidad como parte peticionaria en reservadurante el procedimiento?

No, no es necesario.

4. ASOCIACIÓN CON UNA PETICIÓN O MEDIDA CAUTELAR



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CASO: BARRIOS ALTOS

¿Ha presentado antes una petición ante la Comisión sobre estos mismos hechos?

No, no se ha presentado antes una petición ante la Comisión sobre estos mismos

hechos.

¿Ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión sobre

estos mismos hechos?

No, no se ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión

sobre estos mismos hechos.

SECCIÓN II. HECHOS DENUNCIADOS

1. ESTADO MIEMBRO DE LA OEA CONTRA EL CUAL SE PRESENTA LA

DENUNCIA

El Perú es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978

y reconoció la competencia obligatoria de la Corte el 21 de enero de 1981.

2. RELATO DE LOS HECHOS

Relate los hechos alegados de la manera más completa y detallada posible y

en orden cronológico. En particular, especifique el lugar, la fecha y las

circunstanciasen que ocurrieron las violaciones alegadas. Recuerde que su

petición deberá ser presentada en el idioma del país de que se trate. De no

ser posible, explique sus razones. (Agregue más páginas si es necesario o

adjunte un documento aparte en el que describa los hechos alegados).

a) aproximadamente a las 22:30 horas del 3 de noviembre de 1991, seis individuos

fuertemente armados irrumpieron en el inmueble ubicado en el Jirón Huanta No.

840 del vecindario conocido como Barrios Altos de la ciudad de Lima. Al

producirse la irrupción, se estaba celebrando una “pollada”, es decir, una fiesta

para recaudar fondos con el objeto de hacer reparaciones en el edificio. Los

atacantes llegaron al sitio en dos vehículos, uno de marca jeep Cherokee y otro



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CASO: BARRIOS ALTOS

Mitsubishi. Estos automóviles portaban luces y sirenas policiales, que fueron

apagadas al llegar al lugar de los hechos;

b) los individuos, cuyas edades oscilaban entre los 25 y 30 años, encubrieron sus

rostros con pasamontañas y obligaron a las presuntas víctimas a arrojarse alsuelo. Una vez que éstas estaban en el suelo, los atacantes les dispararon

indiscriminadamente por un período aproximado de dos minutos, matando a 15

personas e hiriendo gravemente a otras cuatro, quedando una de estas últimas,

Tomás Livias Ortega, permanentemente incapacitada. Posteriormente, con la

misma celeridad con que habían llegado, los atacantes huyeron en los dos

vehículos, haciendo sonar nuevamente las sirenas;

3. AUTORIDADES ALEGADAMENTE RESPONSABLESIdentifique la/s persona/s o autoridades que considera responsables por los

hechos denunciados y suministre cualquier información adicional de por

qué considera que el Estado es responsable de las violaciones alegadas.

El Estado peruano

4. DERECHOS HUMANOS QUE SE ALEGAN VIOLADOS

Mencione los derechos que considera violados. De ser posible, especifique

los derechos protegidos por la Declaración Americana de los Derechos y

Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o

por los demás tratados interamericanos de derechos humanos. Si desea

consultar la lista de derechos o tratados, diríjase al folleto informativo sobre

el sistema de peticiones y casos de la CIDH, en particular a las preguntas y

respuestas referentes a Los Derechos Humanos en el SistemaInteramericano.

- Violación, por parte del Estado del Perú del artículo 4 (Derecho a la Vida)

de la Convención Americana- Violación por parte del Estado del Perú del artículo 5 (Derecho a la

Integridad Personal) de la Convención Americana,

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- El Estado peruano violó los artículos 8 (Garantías Judiciales), 25

(Protección Judicial) y 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) de la

Convención Americana como consecuencia de la promulgación y aplicación

de las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492.

SECCIÓN III. RECURSOS JUDICIALES DESTINADOS

A RESOLVER LOS HECHOS DENUNCIADOS

Detalle las acciones intentadas por la/s presunta/s víctima/s o la parte

peticionaria ante los órganos judiciales. Explique cualquier otro recurso que

haya interpuesto ante otras autoridades nacionales, tales como recursos

ante autoridades administrativas, en caso de haberlos intentado.

En caso que no haya sido posible agotar los recursos internos escoja de las

opciones dadas a continuación la que mejor explique las razones de por qué

esto no fue posible:

hay retardo injustificado en emitir una decisión final sobre el caso;

( ) las leyes internas no aseguran el debido proceso legal para la protección de los

derechos que se alegan violados;

( ) no se ha permitido el acceso a los recursos internos o se le ha impedido

agotarlos;

Por favor explique las razones:

a) una semana después del ataque el Congresista Javier Diez Canseco presentó a

la prensa una copia de un documento titulado “Plan Ambulante”, el cual describía

un operativo de inteligencia llevado a cabo en la escena del crimen. Según dicho

documento los “subversivos” se habían estado reuniendo en el domicilio donde

ocurrieron los hechos del presente caso desde enero de 1989 y se encubrían bajo

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CASO: BARRIOS ALTOS

la apariencia de vendedores ambulantes. En junio de 1989 el Sendero Luminoso

llevó a cabo, a unos 250 metros del lugar en que ocurrieron los hechos en Barrios

Altos, un ataque en el que varios de los atacantes se disfrazaron de vendedores

ambulantes;

b) el 14 de noviembre de 1991 los Senadores de la República Raúl Ferrero Costa,

Javier Diez Canseco Cisneros, Enrique Bernales Ballesteros, Javier Alva Orlandini,

Edmundo Murrugarra Florián y Gustavo Mohme Llona solicitaron al plenario del

Senado de la República que se esclarecieran los hechos relativos al crimen de

Barrios Altos. El 15 de noviembre de ese año la Cámara de Senadores aprobó

dicho petitorio y designó a los Senadores Róger Cáceres Velásquez, Víctor Arroyo

Cuyubamba, Javier Diez Canseco Cisneros, Francisco Guerra García Cueva y

José Linares Gallo para integrar una Comisión investigadora, la cual se instaló el27 de noviembre de 1991. El 23 de diciembre de 1991 la Comisión efectuó una

“inspección ocular” en el inmueble donde sucedieron los hechos, entrevistó a

cuatro personas, y realizó otras diligencias. La Comisión senatorial no concluyó su

investigación, pues el “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, que

se inició el 5 de abril de 1992, disolvió el Congreso y el Congreso Constituyente

Democrático elegido en noviembre de 1992 no reanudó la investigación ni publicó

lo ya investigado por la Comisión senatorial;

c) aunque los hechos ocurrieron en 1991, las autoridades judiciales no iniciaron

una investigación seria del incidente sino en abril de 1995, cuando la Fiscal de la

Cuadragésima Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima, Ana Cecilia Magallanes,

denunció a cinco oficiales del Ejército como responsables de los hechos,

incluyendo a varios ya condenados en el caso La Cantuta. Los cinco acusados

eran el General de División Julio Salazar Monroe, entonces Jefe del Servicio de

Inteligencia Nacional (SIN), el Mayor Santiago Martín Rivas, y los Suboficiales

Nelson Carbajal García, Juan Sosa Saavedra y Hugo Coral Goycochea. Lamencionada Fiscal intentó en varias oportunidades, sin éxito, hacer comparecer a

los acusados para que rindieran declaración. Consecuentemente, formalizó la

denuncia ante el 16º Juzgado Penal de Lima. Los oficiales militares respondieron

que la denuncia debía dirigirse a otra autoridad y señalaron que el Mayor Rivas y

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los suboficiales se encontraban bajo la jurisdicción del Consejo Supremo de

Justicia Militar. Por su parte, el General Julio Salazar Monroe se negó a responder

las citaciones argumentando que tenía rango de Ministro de Estado y que, en

consecuencia, gozaba de los privilegios que tenían los Ministros;

d) la Juez Antonia Saquicuray del 16º Juzgado Penal de Lima inició una

investigación formal el 19 de abril de 1995. Pese a que la mencionada Juez intentó

tomar declaración a los presuntos integrantes del “Grupo Colina” en la cárcel, el

Alto Mando Militar se lo impidió. El Consejo Supremo de Justicia Militar dictó una

resolución que dispuso que los acusados y el Comandante General del Ejército y

Jefe del Comando Conjunto, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, estaban impedidos de

rendir declaración ante algún otro órgano judicial, dado que se estaba procesando

paralelamente una causa ante la justicia militar;

e) tan pronto se inició la investigación de la Juez Saquicuray los tribunales

militares interpusieron una petición ante la Corte Suprema reclamando

competencia sobre el caso, alegando que se trataba de oficiales militares en

servicio activo. Sin embargo, antes de que la Corte Suprema pudiera resolver el

asunto, el Congreso peruano sancionó una ley de amnistía, la Ley Nº 26479, que

exoneraba de responsabilidad a los militares, policías, y también a civiles, que

hubieran cometido, entre 1980 y 1995, violaciones a los derechos humanos oparticipado en esas violaciones. El proyecto de ley no fue anunciado públicamente

ni debatido, sino que fue aprobado tan pronto como fue presentado, en las

primeras horas del 14 de junio de 1995. La Ley fue promulgada de inmediato por

el Presidente y entró en vigor el 15 de junio de 1995. El efecto de la señalada ley

fue el de determinar el archivo definitivo de las investigaciones judiciales y así

evitar la responsabilidad penal de los responsables de la masacre;

f) la Ley Nº 26479 concedió una amnistía a todos los integrantes de las fuerzas deseguridad y civiles que fueran objeto de denuncias, investigaciones,

procedimientos o condenas, o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisión,

por violaciones de derechos humanos. Las escasas condenas impuestas a

integrantes de las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos

fueron dejadas sin efecto inmediatamente. En consecuencia, se liberó a los ocho

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hombres recluidos por el caso conocido como “La Cantuta”, algunos de los cuales

estaban procesados en el caso Barrios Altos;

g) de acuerdo con la Constitución del Perú, la cual señala que los jueces tienen el

deber de no aplicar aquellas leyes que consideren contrarias a las disposicionesde la Constitución, el 16 de junio de 1995 la Juez Antonia Saquicuray decidió que

el artículo 1 de la Ley Nº 26479 no era aplicable a los procesos penales

pendientes en su juzgado contra los cinco miembros del Servicio de Inteligencia

Nacional (SIN), debido a que la amnistía violaba las garantías constitucionales y

las obligaciones internacionales que la Convención Americana imponía al Perú.

Horas después de emitida dicha decisión, la Fiscal de la Nación, Blanca Nélida

Colán, en una conferencia de prensa, afirmó que la decisión de la Juez Saquicuray

constituía un error; que se cerraba el caso Barrios Altos; que la Ley de Amnistíatenía estatuto de ley constitucional; y que los Fiscales y Jueces que no obedecen

la ley pueden ser procesados por prevaricato;

h) los abogados de los acusados en el caso Barrios Altos apelaron la decisión de

la Juez Saquicuray. El caso pasó a conocimiento de la Undécima Sala Penal de la

Corte Superior de Lima, cuyos tres miembros serían los encargados de revocar o

confirmar la resolución. El 27 de junio de 1995 Carlos Arturo Mansilla Gardella,

Fiscal Superior, defendió en todos sus extremos la resolución de la JuezSaquicuray que declaraba que la Ley de Amnistía Nº 26479 era inaplicable al caso

Barrios Altos. Se fijó una audiencia para el 3 de julio de 1995 sobre la aplicabilidad

de la ley señalada;

i) la negativa de la Juez Saquicuray de aplicar la Ley de Amnistía Nº 26479

provocó otra investigación por parte del Congreso. Antes que pudiera celebrarse la

audiencia pública, el Congreso peruano aprobó una segunda ley de amnistía, la

Ley Nº 26492, que “estaba dirigida a interferir con las actuaciones judiciales delcaso Barrios Altos”. Dicha ley declaró que la amnistía no era “revisable” en sede

judicial y que era de obligatoria aplicación. Además, amplió el alcance de la Ley Nº

26479, concediendo una amnistía general para todos los funcionarios militares,

policiales o civiles que pudieran ser objeto de procesamientos por violaciones de

derechos humanos cometidas entre 1980 y 1995, aunque no hubieran sido

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denunciadas. El efecto de esta segunda ley fue impedir que los jueces se

pronunciaran sobre la legalidad o aplicabilidad de la primera ley de amnistía,

invalidando lo resuelto por la Juez Saquicuray e impidiendo decisiones similares

en el futuro; y

j) el 14 de julio de 1995, la Undécima Sala Penal de la Corte Superior de Justicia

de Lima decidió la apelación en sentido contrario a lo resuelto por la Juez de nivel

inferior, es decir, resolvió el archivo definitivo del proceso en el caso Barrios Altos.

En su sentencia dicha Sala resolvió que la Ley de Amnistía no era antagónica con

la ley fundamental de la República ni con los tratados internacionales de derechos

humanos; que los jueces no podían decidir no aplicar leyes adoptadas por el

Congreso porque ello iría contra el principio de separación de poderes; y ordenó

que la Juez Saquicuray fuera investigada por el órgano judicial de control internopor haber interpretado las normas incorrectamente.

SECCIÓN IV. PRUEBAS DISPONIBLES

1. PRUEBAS

Las pruebas disponibles incluirían los documentos que pueden probar las

violaciones denunciadas (por ejemplo, principales actuaciones o piezas de

expedientes judiciales o administrativos, peritajes, informes forenses,

fotografías, filmaciones, entre otros). En la etapa inicial no es necesario

enviar toda la documentación disponible; es útil presentar las decisiones y

actuaciones principales.

De ser posible, adjunte copia simple y digitalizada de estosdocumentos. No es necesario que las copias estén certificadas,

apostilladas, legalizadas, o autenticadas legalmente.

Por favor no adjunte originales. La Comisión no devuelve documentos

que han sido enviados en el marco de una petición.

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CASO: BARRIOS ALTOS

Si no es posible enviar los documentos, debe explicarse por qué e

indicar si puede enviarlos en el futuro. En todo caso, deberán

indicarse cuáles son los documentos pertinentes para probar los

hechos alegados.

Los documentos deben encontrarse en el idioma del Estado, siempreque se trate de un idioma oficial de la OEA (español, inglés, portugués

o francés). Si esto no es posible, deben explicarse las razones.

Enumere o indique las pruebas que fundamenten su petición y, de ser

posible, identifique cuáles está adjuntando o enviando junto con su petición:

Las investigaciones judiciales y los informes periodísticos revelaron que los

involucrados trabajaban para inteligencia militar; eran miembros del Ejército

peruano que actuaban en el “escuadrón de eliminación” llamado “Grupo Colina”que llevaba a cabo su propio programa antisubversivo. Diversas informaciones

señalan que los hechos del presente caso se realizaron en represalia contra

presuntos integrantes de Sendero Luminoso;

2. TESTIGOS

Identifique, de ser posible, a las y los testigos de las violaciones

denunciadas. Si esas personas han declarado ante las autoridades judiciales

remita, de ser posible, copia simple de los testimonios ante las autoridades

judiciales o indique si puede enviarlos en el futuro. Indique si es necesario

que la identidad de los/as testigos sea mantenida en reserva.

Los testigos son las demás personas presentes el día de los hechos, así como los

que quedaron heridos. No es necesario que la identidad de los/as testigos sea

mantenida en reserva.

Las personas sobrevivientes declararon que las detonaciones sonaban“apagadas”, lo cual permite suponer que se utilizaron silenciadores. Durante la

investigación, la policía encontró en la escena del crimen 111 cartuchos y 33

proyectiles del mismo calibre, correspondientes a pistolas ametralladoras;

SECCIÓN V. OTRAS DENUNCIAS

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Indique si estos hechos han sido presentados ante el Comité de Derechos

Humanos de las Naciones Unidas u otro órgano internacional.

No han sido presentados ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones

Unidas u otro órgano internacional.

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