sentencia de casación penal - delito por omisión
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Sentencia de casación emitida por la Corte Suprema de Justicia de Honduras en relación al incendio y asesinatos en el centro penal de El Porvenir, Atlántida.TRANSCRIPT
Recurso de Casación No. 400-2008
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EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
a los once días del mes de abril de dos mil once,
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por medio de LA SALA DE LO
PENAL, integrada por los señores Magistrados CARLOS DAVID
CALIX VALLECILLO, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y MARCO
VINICIO ZUNIGA MEDRANO, quien sustituye por excusa
justificada al Magistrado JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ;
dicta sentencia conociendo de los Recursos de Casación por
Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y
Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia
de fecha cinco de septiembre de dos mil ocho, dictada por el
Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida,
que falló: 1) CONDENANDO al señor LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS,
por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la
Administración del Estado de Honduras, a la pena de TRES (03)
AÑOS DE RECLUSIÓN y a la de Inhabilitación Especial por SEIS
(06) años; ABSOLVIENDOLO, por falta de pruebas, de los
delitos de Asesinato mediante Incendio en perjuicio de
veintitrés personas, Asesinato Alevoso en perjuicio de
treinta y siete personas, Asesinato Alevoso en perjuicio de
Juan Francisco Castro y Greysi Siloé Sandoval, cuyas muertes
no fueron acreditadas, Asesinato Alevoso en perjuicio de los
señores José Alberto Almendarez, José Engracio Bálico, José
Luis Fuentes, Angel Emilio Gutiérrez, Candido Sánchez y
Santiago Jacobo Matute, y Tentativa de Asesinato en perjuicio
de diecinueve (19) personas; 2) CONDENANDO al señor ROGER
ARMANDO SOSA IGLESIAS, como autor responsable por omisión
impropia en un concurso ideal complejo de carácter
heterogéneo, de los delitos de Violación de los Deberes de
los Funcionarios Públicos en perjuicio de la Administración
Pública del Estado de Honduras, Asesinato mediante Incendio
en perjuicio de veintitrés (23) personas, Asesinato por
Alevosía en perjuicio de treinta y siete (37) personas, y
Asesinato por Alevosía en su grado de Ejecución de Tentativa
en perjuicio de diecinueve (19) personas, a la pena de
TREINTA Y UN (31) AÑOS, TRES (3) MESES, UN (1) DIA DE
RECLUSION, mas la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta;
ABSOLVIENDOLO, por falta de pruebas, de los delitos de Abuso
de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública,
Asesinato en perjuicio de Juan Francisco Castro y Greysi
Siloé Sandoval, cuyas muertes no fueron acreditadas, y
Asesinato en perjuicio de José Alberto Almendarez, José
Engracio Bálico, José Luis Fuentes, Angel Emilio Gutiérrez,
Candido Sánchez y Santiago Jacobo Matute; 3) CONDENANDO al
señor DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ por los delitos de
Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos en
perjuicio de la Administración Pública de Honduras, en
concurso ideal complejo de carácter heterogéneo con el delito
de Asesinato Mediante Incendio en perjuicio de veintitrés
(23) personas, Asesinato por Alevosía en perjuicio de treinta
y siete (37) personas y Asesinato por Alevosía en su Grado de
Ejecución de Tentativa en perjuicio de diecinueve (19)
personas, a las penas de TREINTA Y UN (31) AÑOS NUEVE (09)
MESES UN (01) DÍA DE RECLUSION; SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
(758) AÑOS CON SEIS (06) MESES DE RECLUSION, y DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS (262) AÑOS DIEZ (10) MESES DE RECLUSION
Recurso de Casación No. 400-2008
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RESPECTIVAMENTE, más la pena accesoria de Inhabilitación
Absoluta; ABSOLVIENDOLO, por falta de pruebas, de los delitos
de Asesinato en perjuicio de Juan Francisco Castro y Greysi
Siloé Sandoval, cuyas muertes no fueron acreditadas,
Asesinato en perjuicio de José Alberto Almendarez, José
Engracio Bálico, José Luis Fuentes, Angel Emilio Gutiérrez,
Candido Sánchez y Santiago Jacobo Matute y Tortura en
perjuicio de Marcos Hernán Ardón; 4) CONDENANDO al señor
PEDRO PEREZ CHAVARRIA, por los delitos de Violación de los
Deberes de los Funcionarios Públicos en perjuicio de la
Administración Pública de Honduras, en concurso ideal
complejo de carácter heterogéneo con el delito de Asesinato
Mediante Incendio en perjuicio de veintitrés (23) personas,
Asesinato por Alevosía en perjuicio de treinta y siete (37)
personas y Asesinato por Alevosía en su Grado de Ejecución de
Tentativa en perjuicio de diecinueve (19) personas, a las
penas de TREINTA Y UN (31) AÑOS SEIS (06) MESES UN (01) DÍA
DE RECLUSION; SETECIENTOS CUARENTA (740) AÑOS DE RECLUSION, y
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES (253) AÑOS CUATRO (04) MESES DE
RECLUSION RESPECTIVAMENTE, mas la pena accesoria de
Inhabilitación Absoluta; ABSOLVIENDOLO, por falta de pruebas,
de los delitos de Asesinato en perjuicio de Juan Francisco
Castro y Greysi Siloé Sandoval, cuyas muertes no fueron
acreditadas, Asesinato en perjuicio de José Alberto
Almendarez, José Engracio Bálico, José Luis Fuentes, Angel
Emilio Gutiérrez, Candido Sánchez y Santiago Jacobo Matute;
5) CONDENANDO al señor WILBERTO HERNANDEZ GARCIA como autor
por omisión propia del delito de Violación de los Deberes de
los Funcionarios Públicos en perjuicio de la Administración
del Estado de Honduras, en concurso ideal complejo de
carácter heterogéneo por omisión impropia del delito de
Asesinato Mediante Incendio en perjuicio de veintitrés (23)
personas, a la pena de TREINTA Y UN (31) AÑOS, TRES (03)
MESES Y UN (01) DÍA DE RECLUSION, mas la pena accesoria de
Inhabilitación Absoluta; ABSOLVIENDOLO, por duda razonable,
de los delitos de Asesinato en perjuicio de treinta y siete
(37) personas, Asesinato Tentado por Alevosía en perjuicio de
diecinueve (19) personas, Asesinato en perjuicio de Juan
Francisco Castro y Greysi Siloé Sandoval, cuyas muertes no
fueron acreditadas, y Asesinato en perjuicio de José Alberto
Almendarez, José Engracio Bálico, José Luis Fuentes, Angel
Emilio Gutiérrez, Candido Sánchez y Santiago Jacobo Matute;
6) CONDENANDO a los señores ADAN AMPARO SOTO CRUZ, HECTOR
WILFREDO JIMENEZ MALDONADO, JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE, JORGE
ALBERTO CABALLERO, LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO, OSCAR
ALEXANDER OCAMPO FLORES, SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ, SANTOS
GEOVANY BANEGAS Y TOMAS RIVERA GUEVARA, por los delitos de
Asesinato Mediante Incendio, en perjuicio de veintitrés (23)
personas, Asesinato por Alevosía en perjuicio de treinta y
siete (37) personas, y Asesinato por Alevosía en su Grado de
Ejecución de Tentativa en perjuicio de diecinueve (19)
personas en concurso real, a las penas de VEINTICINCO (25)
AÑOS DE RECLUSION, SETECIENTO CUARENTA (740) AÑOS DE
RECLUSION, DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES (253) AÑOS Y CUATRO
(04) MESES DE RECLUSION RESPECTIVAMENTE a cada uno de los
imputados, mas la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta;
7) CONDENANDO al señor PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ FLORES por los
delitos de Asesinato Mediante Incendio, en perjuicio de
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veintitrés (23) personas, Asesinato por Alevosía en perjuicio
de treinta y siete (37) personas, y Asesinato por Alevosía
en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de
diecinueve (19) personas en concurso real, a las penas de
VEINTICINCO (25) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSION,
SETECIENTO CINCUENTA Y OCHO (758) AÑOS DE RECLUSION, Y
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS (262) AÑOS CUATRO (04) MESES DE
RECLUSION RESPECTIVAMENTE, mas la pena accesoria de
Inhabilitación Absoluta; 8) ABSOLVIENDO, por falta de
pruebas, a los señores ADAN AMPARO SOTO CRUZ, HECTOR WILFREDO
JIMENEZ MALDONADO, JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE, JORGE ALBERTO
CABALLERO, LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO, OSCAR ALEXANDER OCAMPO
FLORES, SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ, SANTOS GEOVANY BANEGAS,
PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ FLORES Y TOMAS RIVERA GUEVARA, del
delito de Asesinato en perjuicio de los señores Juan
Francisco Castro y Greysi Siloé Sandoval, cuyas muertes no
fueron acreditadas, y por no tener participación alguna en el
delito de Asesinato en perjuicio de José Alberto Almendarez,
José Engracio Bálico, José Luis Fuentes, Angel Emilio
Gutiérrez, Candido Sánchez y Santiago Jacobo Matute; 9)
CONDENANDO a los señores MARCO ANTONIO CASTRO IRIAS, JOSE
ROBERTO OCHOA y OSLIN EVENOR HERRERA PALACIOS como autores
por omisión propia del delito de Violación de los Deberes de
los Funcionarios Públicos en perjuicio de la Administración
Pública de Honduras, en concurso ideal complejo, de carácter
heterogéneo por omisión impropia con los delitos de Asesinato
Mediante Incendio en perjuicio de veintitrés (23) personas y
Asesinato por Alevosía Proditoria en su Grado de Ejecución de
Tentativa en perjuicio de diecinueve (19) personas, a la pena
de TREINTA Y UN (31) AÑOS, TRES (3) MESES Y UN (01) DIA DE
RECLUSION a cada uno de los imputados, más la pena accesoria
de Inhabilitación Absoluta; ABSOLVIENDOLOS de los delitos de
Asesinato en perjuicio de Juan Francisco Castro y Greysi
Siloé Sandoval, cuyas muertes no fueron acreditadas,
Asesinato en perjuicio de José Alberto Almendarez, José
Engracio Bálico, José Luis Fuentes, Angel Emilio Gutiérrez,
Candido Sánchez y Santiago Jacobo Matute, y por duda
razonable del delito de Asesinato en perjuicio de treinta y
siete (37) personas; 10) CONDENANDO al señor SALOMON DE JESUS
SOLANO MENDEZ, como autor por omisión propia del delito de
Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos en
perjuicio de la Administración Pública de Honduras, en
concurso por omisión impropia del delito de Asesinato por
Alevosía en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio
de diecinueve (19) personas, y Asesinato por Alevosía
Proditoria en perjuicio de Marcio Rafael Rosales Velásquez,
Mario René Pantoja y un reo pandillero sin identificar, a las
penas de DIECISEIS (16) AÑOS OCHO (08) MESES TRES (03) DIAS
DE RECLUSION y SESENTA (60) AÑOS DE RECLUSION
respectivamente, mas la pena accesoria de Inhabilitación
Absoluta, ABSOLVIENDOLO, por falta de pruebas, del delito de
Asesinato en perjuicio de Juan Francisco Castro y Greisy
Siloé Sandoval, cuyas muertes no fueron acreditadas,
ABSOLVIENDOLO, por no tener relación con los hechos, del
delito de Asesinato en perjuicio de José Alberto Almendarez,
José Engracio Bálico, José Luis Fuentes, Angel Emilio
Gutiérrez, Candido Sánchez y Santiago Jacobo Matute, y
ABSOLVIENDOLO, por duda razonable, de los delitos de
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Asesinato Alevoso en perjuicio de treinta y cuatro (34)
personas y Asesinato Mediante Incendio en perjuicio de
veintitrés (23) personas; 11) CONDENANDO al señor JOSE LUIS
SANTOS RODRIGUEZ como autor por omisión propia, del delito de
Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos en
perjuicio de la Administración Pública de Honduras, en
concurso ideal complejo, de carácter heterogéneo, por omisión
impropia del delito de Asesinato por Alevosía en su Grado de
Ejecución de Tentativa en perjuicio de diecinueve (19)
personas a la pena de DIECISEIS (16) AÑOS, OCHO (08) MESES,
TRES (03) DIAS DE RECLUSION, mas la pena accesoria de
Inhabilitación Absoluta, ABSOLVIENDOLO, por falta de pruebas,
del delito de Asesinato en perjuicio de Juan Francisco Castro
y Greisy Siloé Sandoval, cuyas muertes no fueron acreditadas,
ABSOLVIENDOLO, por no tener relación con los hechos, del
delito de Asesinato en perjuicio de José Alberto Almendarez,
José Engracio Bálico, José Luis Fuentes, Angel Emilio
Gutiérrez, Candido Sánchez y Santiago Jacobo Matute, y
ABSOLVIENDOLO, por duda razonable, de los delitos de
Asesinato Alevoso en perjuicio de treinta y siete (37)
personas y Asesinato Mediante Incendio en perjuicio de
veintitrés (23) personas; 12) CONDENANDO al señor CARLOS
ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ como autor por omisión propia del
delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios
Públicos en perjuicio de la Administración Pública de
Honduras, en un concurso ideal complejo de carácter
heterogéneo, por omisión impropia en el delito de Asesinato
Alevoso en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de
diecinueve (19) personas, a la pena de DIECISIETE (17) AÑOS,
OCHO (08) MESES, TRES (03) DIAS de reclusión, mas la pena
accesoria de Inhabilitación Absoluta; ABSOLVIENDOLO, por
falta de pruebas, del delito de Asesinato en perjuicio de
Juan Francisco Castro y Greisy Siloé Sandoval, cuyas muertes
no fueron acreditadas, ABSOLVIENDOLO, por no tener relación
con los hechos, del delito de Asesinato en perjuicio de José
Alberto Almendarez, José Engracio Bálico, José Luis Fuentes,
Angel Emilio Gutiérrez, Candido Sánchez y Santiago Jacobo
Matute, y ABSOLVIENDOLO, por duda razonable, de los delitos
de Asesinato Alevoso en perjuicio de treinta y siete (37)
personas y Asesinato Mediante Incendio en perjuicio de
veintitrés (23) personas; 13) CONDENANDO a los señores LUIS
BELTRAN ARIAS RAMOS, ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS, DIMAS
ANTONIO BENITEZ VASQUEZ, PEDRO PEREZ CHAVARRIA, WILBERTO
HERNANDEZ GARCIA, ADAN AMPARO SOTO CRUZ, HECTOR WILFREDO
JIMENEZ MALDONADO, JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE, JORGE ALBERTO
CABALLERO, LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO, OSCAR ALEXANDER OCAMPO
FLORES, SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ, SANTOS GEOVANY BANEGAS,
PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ FLORES, TOMAS RIVERA GUEVARA, MARCO
ANTONIO CASCO IRIAS, JOSE ROBERTO OCHOA, OSLIN EVENOR HERRERA
PALACIOS, SALOMON DE JESUS SOLANO MENDEZ, JOSE LUIS SANTOS
RODRIGUEZ, y CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ, a la pena
Accesoria de Interdicción Civil; 14) ABSOLVIENDO, por falta
de pruebas, a los señores INMER JARET CARDENAS BONILLA,
GERSON IGNACIO CRUZ ORTEZ, JOSUE MOISES VILLAFRANCA ORTEZ Y
LUIS ANTONIO CABRERA CASTILLO, como autores de los delitos
de Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos en
perjuicio de la Administración Pública de Honduras, Asesinato
Mediante Incendio en perjuicio de veintitrés (23), Asesinato
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por Alevosía en perjuicio de treinta y siete (37) personas,
Asesinato por Alevosía en su grado de Ejecución de Tentativa,
en perjuicio de diecinueve (19) personas, Asesinato en
perjuicio de Juan Francisco Castro, y Greysi Siloé Sandoval,
cuyas muertes no fueron acreditadas, y los ABSOLVIO, por no
tener relación con los hechos, del delito de Asesinato en
perjuicio de José Alberto Almendarez, José Engracio Bálico,
José Luis Fuentes, Angel Emilio Gutiérrez, Candido Sánchez y
Santiago Jacobo Matute; 15) ABSOLVIENDO, por falta de
pruebas, al señor DANIEL AVELINO LOZANO, de los delitos de
Asesinato Mediante Incendio en perjuicio de veintitrés (23)
personas, Asesinato por Alevosía en perjuicio de treinta y
siete (37) personas, Asesinato por Alevosía en su grado de
Ejecución de Tentativa, en perjuicio de diecinueve (19)
personas, Asesinato en perjuicio de Juan Francisco Castro, y
Greysi Siloé Sandoval, cuyas muertes no fueron acreditadas, y
lo ABSOLVIO, por no tener relación con los hechos, del delito
de Asesinato en perjuicio de José Alberto Almendarez, José
Engracio Bálico, José Luis Fuentes, Angel Emilio Gutiérrez,
Candido Sánchez y Santiago Jacobo Matute; 16) ABSOLVIENDO,
por duda razonable, a los señores BOBBY DARIN CUBAS DIXON,
SANTOS OVIDIO AGUILAR MARTINEZ, WILMER ALEXIS CERRATO CARCAMO
Y CARLOS ROBERTO ALVAREZ SOMARRIBA, de los delitos de
Asesinato Mediante Incendio en perjuicio de veintitrés (23)
personas, Asesinato por Alevosía en perjuicio de treinta y
siete (37) personas, Asesinato por Alevosía en su grado de
Ejecución de Tentativa, en perjuicio de diecinueve (19)
personas, Asesinato en perjuicio de Juan Francisco Castro, y
Greysi Siloé Sandoval, cuyas muertes no fueron acreditadas, y
los ABSOLVIO, por no tener relación con los hechos, del
delito de Asesinato en perjuicio de José Alberto Almendarez,
José Engracio Bálico, José Luis Fuentes, Angel Emilio
Gutiérrez, Candido Sánchez y Santiago Jacobo Matute; 17)
ABSOLVIENDO, por duda razonable, a los señores PEDRO DE JESUS
GALINDO GONZALEZ y SAUL PADILLA FLORES, de los delitos de
Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos, en
perjuicio de la Administración Pública; Asesinato Mediante
Incendio en perjuicio de veintitrés (23) personas, Asesinato
por Alevosía en perjuicio de treinta y siete (37) personas,
Asesinato por Alevosía en su grado de Ejecución de Tentativa,
en perjuicio de diecinueve (19) personas, Asesinato en
perjuicio de Juan Francisco Castro, y Greysi Siloé Sandoval,
cuyas muertes no fueron acreditadas, y los ABSOLVIO, por no
tener relación con los hechos, del delito de Asesinato en
perjuicio de José Alberto Almendarez, José Engracio Bálico,
José Luis Fuentes, Angel Emilio Gutiérrez, Candido Sánchez y
Santiago Jacobo Matute; 18) ABSOLVIENDO, por falta de
pruebas, de toda responsabilidad penal al señor Mercedes
Iraheta Medrano, por los delitos de Asesinato Alevoso en su
Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Enil Leonel
Singler, Julio César Padilla Romero, y Juan Carlos Mata
Salgado.
Interpusieron los recursos de casación: El Abogado ANTONIO
OCAMPO SANTOS, en su condición de Abogado Defensor de los
señores CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ, JOSE LUIS SANTOS
RODRIGUEZ, MARCO ANTONIO CASCO IRIAS, JOSE ROBERTO OCHOA y
OSLIN EVENOR HERRERA PALACIOS; El Abogado JULIO CESAR
RAMIREZ MEJIA, en su condición de apoderado Legal del señor
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SALOMON DE JESUS SOLANO MENDEZ; El Abogado MARCO ANTONIO
ZELAYA REYES en su condición de Apoderado Defensor del señor
ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS; El Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ
ZUNIGA en su condición de apoderado defensor del señor LUIS
BELTRAN ARIAS RAMOS y actuando como Co-defensor de los
señores PEDRO PEREZ CHAVARRIA y DIMAS ANTONIO BENITEZ
VASQUEZ; El Abogado CARLOS OBED URBINA LOPEZ actuando en su
condición de Defensor Público de los señores LUIS ALBERTO
CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HECTOR WILFREDO
JIMENEZ; El Abogado JOSE NEPTALI PAZ BARDALES en su condición
de Defensor Público del señor OSCAR ALEXANDER OCAMPO; El
Abogado ERNESTO RODRIGUEZ en su condición de Defensor Público
del señor SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ; El Abogado ERNESTO
RODRIGUEZ CORRALES en su condición de Defensor Público del
señor SANTOS GEOVANY BANEGAS; El Abogado FREDY ANASTACIO
GALLO actuando en su condición de Defensor Público de los
señores ADAN AMPARO SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO CABALLERO; El
Abogado NOREN GUSTAVO ARGUETA en su condición de Defensor
Público del señor JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE; el Abogado
OSCAR GEVAWER en su condición de Defensor Público del señor
PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ; La Abogada SONIA GALVEZ FERRARI en
su condición de Co-apoderada Judicial del señor WILBERTO
HERNANDEZ GARCIA; y, El Abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES en
su condición de Apoderado Defensor del señor ROGER ARMANDO
SOSA IGLESIAS.
SON PARTES: 1. El Abogado ANTONIO OCAMPO SANTOS, apoderado
Defensor de los señores CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ,
JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ, MARCO ANTONIO CASCO IRIAS, JOSE
ROBERTO OCHOA y OSLIN EVENOR HERRERA PALACIOS. 2. El Abogado
CARLOS ENRIQUE ANDURAY HERNANDEZ, Apoderado Defensor del
señor ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS. 3. La Abogada REBECA
LILIANA SARAVIA LANZA, Defensora Pública de los señores PAVEL
EDUARDO RODRIGUEZ, SANTOS GEOVANY BANEGAS y SANTOS EFRAIN
ARTEAGA. 4. El Abogado ARNALDO ALCIDES GARCIA, Defensor
Público de los señores ADAN AMPARO SOTO, JORGE ALBERTO
CABALLERO, JAVIER ANTONIO SOLIS. 5. El Abogado MARIO RENIERI
AMADOR ESPINAL, Defensor Público de los señores LUIS CRUZ
VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA, HECTOR WILFREDO JIMENEZ y
OSCAR ALEXANDER OCAMPO. 6. El Abogado JULIO CESAR RAMIREZ
MEJIA, Apoderado Defensor del señor SALOMON DE JESUS SOLANO
MENDEZ. 7. Los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ y SONIA INES
GALVEZ FERRARI, Apoderados Defensores de los señores WILBERTO
HERNANDEZ GARCIA, LUIS BELTRAND ARIAS RAMOS, DIMAS ANTONIO
BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ CHAVARRIA. Como recurrida se
encuentra acreditada la Abogada KAREN LIZETH MARTINEZ PONCE,
Representante del Ministerio Público.
CONSIDERANDO I.- Que el Recurso de Casación por Infracción de Ley,
interpuesto por el Abogado ANTONIO OCAMPO SANTOS; el Recurso
de Casación por Infracción de Precepto Constitucional,
Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley interpuesto por
el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA; el Recurso de Casación
por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma interpuesto
por el Abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES; los Recursos de
casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma
interpuestos por el Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA; el
Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento
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de Forma interpuesto por el Abogado CARLOS OBED URBINA LOPEZ;
el Recurso de Casación por Infracción de Ley y
Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado JOSE
NEPTALI PAZ BARDALES; los Recursos de Casación por Infracción
de Ley y Quebrantamiento de Forma interpuestos por el Abogado
ERNESTO RODRIGUEZ CORRALES; el Recurso de Casación por
Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma interpuesto por
el Abogado FREDY ANASTACIO GALLO; el Recurso de Casación por
Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma interpuesto por
el Abogado NOREN GUSTAVO ARGUETA; el Recurso de Casación por
Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma interpuesto por
el Abogado OSCAR GEVAWER; el Recurso de Casación por
Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma interpuesto por
la Abogada SONIA GALVEZ FERRARI; y, el Recurso de Casación
por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma interpuesto
por el Abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES, reúnen los
requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su
admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la
procedencia o improcedencia de los mismos.
II.- ―HECHOS PROBADOS: Valorando las pruebas practicadas
en el Juicio Oral, de acuerdo a los criterios de la sana
crítica y este Tribunal de Sentencia declara expresa y
terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El
día miércoles cinco de febrero de dos mil tres, se
encontraban privados de su libertad ambulatoria, ciento
noventa ocho (198) personas del sexo masculino, miembros de
la pandilla ―18‖, en la Penitenciaria Nacional ―Marco Aurelio
Soto‖, sita en la Aldea de Támara, Municipio del Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazán, específicamente
en el hogar número diecisiete (17) de la planta baja del
Modulo de ―Casa Blanca‖, encerrados en su celda completamente
separados del resto de los privados de libertad de dicho
módulo; La Celda estaba dividida por barrotes cubiertas con
laminas de zinc para evitar el acceso visual con otras
celdas. En los últimos meses los reos comunes o ―paisas‖
agredían verbalmente a los reos pandilleros recluidos en
―Casa Blanca‖, tirándoles orines y excremento humano, cada
vez que tenían oportunidad, implementando las autoridades
penitenciarias el uso de áreas comunes del recinto por
turnos. SEGUNDO: En esa misma fecha se encontraban privados
de la libertad ambulatoria y separados del resto de la
población penitenciaria, ocho personas del sexo femenino,
miembros de la pandilla ―18‖, en el Centro Femenino de
Adaptación Social (CEFAS) ubicado también en Támara. TERCERO:
Mediante oficio de fecha cinco de febrero de dos mil tres,
Luís Beltrán Arias Ramos, en su condición de Director General
de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos
de la Secretaría de Estado en el Despacho Seguridad, solicita
al entonces Secretario de Estado en los Despachos de
Seguridad Oscar Arturo Álvarez Guerrero, autorización para
trasladar a doscientos cuatro (204) internos de la pandilla
―18‖ de la Penitenciaria Nacional y de CEFAS a los distintos
centro penales del país, señalando como motivo del traslado
la seguridad personal de los privados de libertad de la
pandilla ―18‖, aduciendo que existía información de que los
privados de libertad no miembros de pandilla, querían
quitarle la vida a todos los pandilleros y los familiares que
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los visitaban, a lo cual el Señor Secretario de Estado de
Seguridad indicó: ―Proceder Conforme a Ley’. CUARTO: El día
cinco de febrero de dos mil tres, a las siete de la noche el
señor Luís Beltrán Arias Ramos, procede a trasladar de la
Penitenciaria Nacional a los ciento noventa y ocho (198)
privados de libertad miembros de la pandilla ―18‖, y a seis
(6) mujeres de la misma pandilla del Centro Femenino de
Adaptación Social (CEFAS), distribuyéndolos en diferentes
Centros Penales del país, sin mediar registro en la Celda 17
de Casa Blanca, limitándose a realizar una requisa personal a
cada uno de ellos previo a montarse a los autobuses que los
trasladarían:- Dicha distribución se realizó aplicando un
criterio alfabético a partir del primer nombre de las
personas trasladadas, excepto en el Centro Penal Granja Penal
de Danlí, El Paraíso, donde se realizó al azar. Para los días
cinco y seis de Febrero fueron recibidos reos pandilleros,
entre condenados y procesados en: Centro Penal de Gracias,
Lempira; el Centro Penal La Paz, La Paz; el Centro Penal de
Marcala, La Paz; la Granja Penal de Danlí, El Paraíso; el
Centro Penal de Trujillo, Colón; el Centro Penal de Tela,
Atlántida; el Centro Penal de Nacaome, Valle; el Centro Penal
de San Pedro Sula y el Centro Penal de El Provenir,
Atlántida. QUINTO: El día siete (7) de febrero de dos mil
tres, el señor Luís Beltrán Arias Ramos es requerido por la
Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público
para que informe sobre los traslados de los reos pandilleros
efectuados el cinco (5) de febrero; Ese mismo día el señor
Luís Beltrán Arias Ramos llama a el Escuadrón Antibombas
procediendo a entregar al señor Darwin Álvarez Ortez, miembro
de ese escuadrón, una granada M-67, fabricación
Norteamericana, color verde olivo, tipo de explosivo
composición B, de una libra de peso, 3.5 pulgadas de largo,
2.5 pulgadas de diámetro; una granada FMK2, fabricación
Argentina, color verde olivo, tipo de explosivo TNT, de media
libra de peso, 10.9 centímetros de largo, 5.8 centímetros de
diámetro, sin la aguja percusora en su interior; Una pasta
explosiva (Gel) componente nitroglicerina, nitrato de amonio
y polvo de aluminio y; una cápsula detonante in eléctrica,
tipo comercial, afirmando que habían sido encontrados en el
interior de la Penitenciaria Nacional. En la fecha diez (10)
de febrero de ese año, el señor Luís Beltrán Arias Ramos
responde a la solicitud que le hace la Fiscalía de Derechos
Humanos y, en fecha once (11) del mismo mes y año informa a
la Corte Suprema de Justicia sobre los traslados de los
doscientos cuatro (204) privados de libertad de la pandilla
―18‖, incluyendo reas pandilleras; En ambos informes, además
del motivo expresado al Secretario de Estado en los Despachos
de Seguridad, se relaciona también como causa fundamental del
traslado y distribución de reos pandilleros a los diferentes
Centros Penales del país que, en un registro previo se les
había decomisado a los internos de la pandilla ―18‖ las dos
granadas de fragmentación, un fulminante con su respectiva
mecha y una cantidad de TNT anteriormente descritos. SEXTO:
El señor Luís Beltrán Arias Ramos, sin informar al Director
del Centro Penal de El Porvenir, Atlántida, sobre el traslado
de privados de libertad a ese Centro, y sin haber constatado
que existían las condiciones en esa cárcel para recibir
privados de libertad, remite treinta (30) miembros de la
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pandilla ―18‖, los Señores: Juan Carlos Hernández, Juan
Carlos Mata Salgado, Juan Carlos Machado, Juan Carlos Peña,
Juan Carlos Rodríguez, Juan Fernando Alvarado, Juan José
Castro, Julio Cesar Díaz, Julio Cesar Padilla, Lenin
Cristóbal Turcios, Leonel Aníbal Ortega, Luís Francisco
Flores Galo, Leonel Martínez Murcia, Luís Alonso Euceda,
Lucas Ronalo Ortega, Mario Rene Díaz Gámez, Marcio Alberto
Martínez, Marcio Rafael Rosales, Marco Antonio Fernández,
Marco Tulio Escobar, Marcos Hernán Ardón, Mario René Sierra,
Mario Roberto Cerrato, Marlon Chávez Ramírez, Marlon Elvis
Sánchez, Marlon Enrique Velásquez, Marlon Rene Rovelo, Marlon
Edwin Rodríguez, Marlon Enrique Jiménez y José Elson Durón
Saravia. SÉPTIMO: Una vez en el Centro Penal de El Porvenir
los miembros de la pandilla ―18‖ trasladados, son
distribuidos por el coordinador general de los privados de
libertad de esa cárcel, el también privado de libertad José
Edgardo Coca Villanueva, entre las celdas dos (2) y seis (6),
con los cincuenta y cuatro (54) miembros de la pandilla ―18‖
que ya estaban en el penal, quedando los pandilleros
distribuidos de la siguiente manera: 1. En la Celda dos (2)
los Señores Arnold José Hernández (alias Trabado); Carlos
Enrique Solís Hernández (alias Lágrima); Carlos Orlando
Hernández Pineda, (alias Cacique); Carlos Rodolfo Guerrero
(alias Guerrero); Cesar Alcides Méndez Mallorquín (alias
Demoledor); Cosme Javier Osorio (alias Blazer); Daniel
Rodolfo Xatruch Urbina (alias Limer); Edwin Zoheir Calona
Cruz (alias Danger); Elio Antonio Hernández Martínez (alias
Timador); Franklin Fernando Velásquez (alias Payaso); Isaías
Hernández Navarro (alias Doopy); José Elson Durón Saravia
(alias Cuervo); José Octavio Ochoa (alias Temblor); José
Roberto Maldonado (alias Lágrima); Juan Carlos Hernández
(alias Wizard); Juan Carlos Machado (alias Serio); Juan
Carlos Peña Ortiz (alias Pájaro); Juan Carlos Rodríguez
(alias Speedy); Juan Francisco Serrano (alias Fantasma); Juan
José Castro Miranda (alias Karking); Julio Cesar Padilla
(alias Plaga); Lenín Cristóbal Turcios Andrade (alias
Siervo); Leonel Martínez Murcia (alias Invisible); Loador
Oswaldo Urbina (alias Toanis); Mainor Danilo Obando conocido
como Walter Reinen Sevilla (alias Diablo); Marcio Alberto
Martínez (alias Sun); Marco Hernán Ardón (alias Baby Gasper);
Mario René Diaz Gámez (alias Cuervo); Mario René Pantoja
Sierra (alias Bueno); Marlon Elvis Sánchez (alias Demonio);
Marlon Enrique Jiménez (alias Good); Marlon Isaac Marroquin
(alias Caballo); Marlon René Rovelo Aguiluz (alias El
Triste); Nery Alexander Joya Mayorga (alias Gruñón); Oscar
Geovany Hernández (alias Pewee); Reyes Ernesto Vásquez Gámez
(alias Tigre), Santiago Domingo (alias Duende); Walter
Silvano Oliva (alias Rayo); Jimmy Roman Castillo Jackson
(alias Barro); el treinta uno de marzo de dos mil tres fue
puesto en libertad Marlon Enrique Jiménez (alias Good),
quedando un total de treinta y ocho personas, y; 2. En la
celda 6 los Señores Adán Alberto Alemán Venteen (alias
Espía); Arnulfo Medardo Calderón (alias Humilde); Carlos
Javier Tróchez (alias Sordo Fiel); Edis Anai Castillo Avila
(alias Mackgregor); Edwin René Mejía Banegas (alias Boom);
Elvin Rene Banegas Vásquez (alias Demente); Enil Leonel
Sincleir ( alias Sombra); Gerardo Jonathan Bodden (alias
Bandido); Javier Orlando Fuentes Mendez (alias Sayco); José
Recurso de Casación No. 400-2008
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Darío Maradiaga Cárcamo (alias Peligro); José Javier Sabillón
Reyes (alias Muerto); José Luís Canales Reyes (alias
Smoking); José Roberto Gutiérrez Güity (alias Witty
Tremendo); Juan Carlos Mata Salgado (alias Poison); Juan
Fernando Alvarado (alias Slape); Julio Cesar Díaz ( alias
Casper); Kent Ronald Zambulá (alias Cruel); Leonel Aníbal
Ortega Garay (alias Killer); Lucas Ronalo Ortega (alias
Pibe); Luis Alonso Euceda (alias Slayer); Luis Antonio
Hernández (alias Crilin); Luis Francisco Flores Galo (alias
Sayallin); Mainor Kelvin Gonzáles Martinez); Marco Antonio
Fernández (alias Spook); Marco Tulio Escobar (alias Spider);
Mario Roberto Cerrato Escobar (alias Boris); Marlon Chávez
Romero (alias Moreno); Marlo Edwin Rodríguez (alias Broker);
Marlon Enrique Velásquez (alias Meyes); Mauricio Fernando
Salinas Salgado (alias Maleante); Marcio Rafael Rosales
(alias Burrito); Nelson Roberto Mackennis (alias Científico);
Norman Alexander Zamora Palma (alias Duende); Obed Isai
Alemán Iscoa (alias Tacoma), Olían René Avila García (alias
Tigre); Olvin Omar Arzú (alias Terco); Oscar Alexis Pineda
Andino (alias Batman); Oscar Nahum Andrade Castillo (alias
Travieso); Persys Daniel Barahona (alias Desertor); Ricardo
Javier Rivera Meléndez (alias Blas); Ricardo Lenin Barahona
(alias Crimen); Ronalo Enrique Cano (alias Anticristo);
Wilmer Alexander Chimilio (alias Chavalo); Wilmer Omar Ramos
Romero (alias Player y Ricardo Bonilla Zelaya (alias
Mandrake), haciendo un total de cuarenta y cinco (45)
personas. OCTAVO: Para el día cinco de abril de dos mil tres
la Política Carcelaria para el Centro Granja Penal del
Municipio de El Porvenir, es implementada de forma compartida
por la Policía Penitenciaria y la Junta Directiva de Reos,
fungiendo el Policía Penitenciario Danny Alexander Rodríguez
Valladares, como Director y los reos comunes José Edgardo
Coca Villanueva, José Alberto Almendarez y Cesar Daniel Mejía
Sosa, como coordinador general o presidente de Internos, Sub
Coordinador de internos, Jefe de Rondines, respectivamente.
Los Policías Penitenciarios se encargaban de la custodia del
bien inmueble y se limitaban a tramitar peticiones de los
internos y resolver conflictos surgidos entre reos cuando la
Junta Directiva no podía resolverlos; Entre tanto La Junta
Directiva de Internos se encargaba de la administración
interna del Centro Penal, realizando labores como: asignación
de celdas a los reos recién ingresados o trasladados,
implementación de sanciones a los reos que no cumplieran con
los lineamientos fijados por la propia Directiva; sanciones
que iban desde la asignación forzosa de tareas de limpieza,
aislamientos en celdas hasta castigos físicos. Además la
Junta Directiva de Internos se encargaba del nombramiento de
reos rondines, que eran personas encargadas de hacer labores
de vigilancia dentro del Centro Penal, utilizando para ello
un tolete, el que debían de cargar en forma permanente y el
cual utilizaban para golpear físicamente a los reos como
medida disciplinaria. Los reos rondines custodiaban el acceso
al área de los Talleres y Cuartos Conyugales, permitiendo el
acceso solo a las personas ―autorizadas‖ para ingresar, para
lo cual habían hecho rol de turnos y además contaban con las
llaves de las celdas dos (2) y seis (6) donde se encontraban
recluidos los reos pandilleros, dadas por la Policía
Penitenciaria, para efecto de control y supervisión de esa
Recurso de Casación No. 400-2008
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población. El coordinador general o presidente de Internos,
igualmente tenía acceso a los expedientes de los internos,
recomendando al Director del Centro Penal el traslado de reos
a otros Centros Penales cuando lo consideraba necesario. Era
del conocimiento del señor Luís Beltrán Arias Ramos, la
existencia de la figura del rondín dentro del Centro Penal
Granja Penal de El Porvenir. NOVENO: A la llegada de los reos
pandilleros de la Penitenciaria Nacional ―Marco Aurelio
Soto‖, en Támara, el reo José Edgardo Coca Villanueva, con la
venia del Director del Centro Penal Danny Alexander Rodríguez
Valladares, decide nombrar mas internos como reos rondines,
aumentando su número a noventa y nueve (99), siendo entre
otros: Adán Amparo Soto (alias Comayagua); Angel Emilio
Gutiérrez; Bobby Darin Cubas Dixon; Cándido Sánchez; Daniel
Avelino Lozano Lanza (alias Olanchito); Jorge Alberto
Caballero (alias Cobra); José Luís Fuentes; Luís Alberto Cruz
Valdivio (alias Chica Sexy); Oscar Alexander Ocampo Flores
(alias Matador); Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias
Chinapopo); Santos Efraín Arteaga Pérez (alias Chaparro);
Santos Ovidio Aguilar; Thomas Rivera Guevara (alias Cabuya);
Wilmer Alexis Cerrato Cárcamo (alias Indio Apache); José
Engracio Bálico y como llaveros de portón Carlos Roberto
Alvarez Somarriba (alias Misquito) y Rodolfo Brown Patterson.
Se designa además al reo Héctor Wilfredo Jiménez,(alias El
Basucazo), como rondín de apoyo. DÉCIMO: En fecha ocho de
Febrero del año dos mil tres, el reo pandillero Oscar Geovany
Hernández, (alias El Pewee) y el reo pandillero Reyes Ernesto
Vásquez Gámez, (alias El Tigre), son trasladados del Centro
Penal de Trujillo, Departamento de Colón, al Centro Penal,
(Granja Penal) de El Porvenir, en el Municipio de El
Porvenir, éste último por razones de salud. DÉCIMO PRIMERO:
Los reos rondines de forma continua practicaban registros e
inspecciones a las celdas dos y seis, muchas veces más de una
vez al día; es así que el día Jueves tres de abril de dos mil
tres, a solicitud del Presidente de Internos, el Policía
Penitenciario Clase III Oscar Reineri Sánchez, con reos
rondines realizan un primer registro en la celda dos (2) y
seis (6) donde estaban recluidos los miembros de la pandilla
―18‖ en presencia de éstos, no encontrándoles ningún tipo de
objeto de tenencia prohibida; Minutos después proceden a
sacar a los privados de libertad miembros de la pandilla ―18‖
de las celdas relacionadas y, realizan otro registro, con la
colaboración de policías preventivos Cobras y de reos
rondines, procediendo los reos rondines a sacar y destruir
varios colchones, sábanas así como a destruir electro
domésticos propiedad de los privados de Libertad de la celda
dos (2) y seis (6), buscando objetos ilegales, encontrando y
decomisándoles varias cuchillos y machetes.- Como a eso de
las cuatro de la tarde (04:00 p.m.) de ese día son ingresados
de nuevo a las celdas, informándoles el Policía Penitenciario
Oscar Reineri Sánchez, y los reos rondines que quedaban
castigados, encerrándolos en las celdas sin poder salir a
partir de ese día por un tiempo definido, el que incluía el
día sábado cinco de abril de ese año hasta horas de la tarde.
DÉCIMO SEGUNDO: Por la noche del día viernes cuatro de abril
de dos mil tres, Oscar Reineri Sánchez, en presencia de José
Edgardo Coca, les informan a los privados de libertad
miembros de la pandilla ―18‖ que a partir de la mañana del
Recurso de Casación No. 400-2008
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día sábado cinco de abril de dos mil tres, sería suspendido
el castigo. DÉCIMO TERCERO: (Día Cinco De Abril Del 2003): El
día sábado cinco de abril del año dos mil tres, en El Centro
Penal de El Provenir se encontraban de turno los policías
penitenciarios, Nelson Omar Meza como comandante de guardia;
Víctor Manuel Tejeda en la Posta numero uno, ubicada en el
portón de ingreso al perímetro de dicho centro; Mercedes
Iraheta Medrano en la Posta número dos, ubicada por las
celdas de las Mujeres; Leonidas Hernández Ruiz en la Posta
numero tres; José Víctor Bardales en la posta numero cuatro
y, Roberto Adán Hernández en la posta numero cinco. DÉCIMO
CUARTO: A las seis de la mañana, los Señores José Edgardo
Coca Villanueva (alias Coca), Presidente de Internos, José
Alberto Almendarez (alias El Licenciado), Sub Jefe de
Internos y el reo Santos Geovany Banegas, junto con el
Policía Oscar Reineri Sánchez, procedieron a abrir las
bartolinas de las celdas dos y seis, donde pasaron lista a
los reos pandilleros, permitiéndoles salir de sus celdas y
dando por terminado el castigo impuesto el día jueves
anterior, limitándose a indicar éste último que ―aquí no ha
pasado nada‖. Momentos después sale libre por orden judicial
el pandillero Luís Francisco Flores Galo (alias Sayellin), y
al despedirse de los otros pandilleros le piden que ponga en
conocimiento de los Derechos Humanos las molestias de que
eran objeto por parte de los rondines y los policías
penitenciarios. DÉCIMO QUINTO: Siendo las siete de la mañana
con treinta minutos, los Policías Penitenciarios José Ernesto
Lorenzo Gutiérrez y Wilberto Hernández García, salieron del
Centro Penal acompañando a seis reos, quienes iban hacer
trabajos de limpieza en las proximidades de la posta número
uno, en donde ese día se encontraba asignado el policía
penitenciario Víctor Manuel Tejeda Murillo. DÉCIMO SEXTO: A
partir de las ocho y treinta (08:30) a nueve (09:00) de la
mañana, ingresan al recinto del centro penal varias visitas,
entre las cuales estaba la señora Juana Esperanza Herrera y
la menor Belkis Paola Medina Andino, quienes se dirigieron a
la celda seis (6). DÉCIMO SÉPTIMO: Siendo las 09:00 a.m., los
Señores José Edgardo Coca Villanueva, José Alberto
Almendarez, Eugenio Vargas, Donaldo Hernández, Adán Amparo
Soto (alias Comayagua), Juan Arteaga, Daniel Avelino Lozano
(alias Olanchito), José Engracio Bálico, entre otros reos
coordinadores de Celda y Reos Rondines, se reunieron en la
celda quince (15) con el fin de hacer una solicitud formal a
las autoridades del Centro Penitenciario a fin de que la
Señora conocida como Ofelia, ya no se hiciera cargo de una de
las pulperías que funcionaba dentro del Centro Penal.
Mientras esto ocurría el reo pandillero Mario Roberto Serrano
Escobar, conocido también como Mario Roberto Cerrato Escobar,
(alias El Boris), portando un arma de fuego, tipo pistola, en
compañía de Cesar Alcides Méndez Mallorquín, conocido también
como Cesar Alcides Mallorquín Méndez, (alias El Demoledor),
Lucas Ronalo Ortega Padilla (alias El Pibe), Adal Alberto
Alemán Benneth (alias El Espía), Arnol José Hernández (alias
El Trabado), Eduin Zoheir Calona Cruz, (alias El Danger),
Juan Carlos Mata Salgado, (alias El Poison), Marlon Chávez
Romero, (alias El Moreno), y un máximo de dos reos
pandilleros más, se desplazan desde el pasillo de las celdas
uno (1) a la ocho (8) hasta la celda quince (15), donde
Recurso de Casación No. 400-2008
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encuentran en las afueras al Señor José Alberto Almendarez,
quien recibe tres (3) disparos en manos del reo pandillero
Mario Roberto Serrano, seguidamente los reos pandilleros
Cesar Alcides Mallorquín y Lucas Ronalo Ortega Padilla,
procedieron a herirlo en diferentes partes del cuerpo con
armas blancas y objetos contundentes, mientras que los demás
reos pandilleros, frente a la celda catorce (14), procedieron
a agredir al reo rondín José Engracio Bálico Valle, con armas
blancas y objetos romos, en diferentes partes del cuerpo
hasta darle muerte, mientras tanto el Señor Mario Roberto
Cerrato Escobar, después de cargar el arma de fuego, sigue
disparando a los reos rondines, logrando herir al reo rondín
Daniel Avelino Lozano Lanza, en la pierna izquierda, a José
Edgardo Coca, en el hombro y al Señor Donaldo Hernández; Los
reos coordinadores y rondines, como reacción, se internaron
en la celda quince (15), escudándose en un cancel, donde los
reos pandilleros no pudieron alcanzarlos, por ello los reos
pandilleros Adal Alberto Alemán Benneth (alias El Espía),
Arnold José Hernández (alias El Trabado) y otro reo
pandillero, procedieron a prender fuego a la celda catorce
(14), con la intención de darles muerte de esa forma. DÉCIMO
OCTAVO: Al sonido de los disparos desde el interior del
recinto, en la Comandancia de Guardia, se ordenó, a las
personas que estaban haciendo fila para ingresar como
visitas, que se fueran, por su seguridad; Entre tanto,
habiendo escuchado los disparos, los policías penitenciarios
José Ernesto Lorenzo Gutiérrez y Wilberto Hernández García,
se desplazan desde la posta uno hacia la Comandancia de
Guardia, donde dejan los seis (6) reos comunes que andaban
custodiando, ordenándoles el Comandante de Guardia Nelson
Omar Meza que resguardaran el perímetro exterior,
específicamente al Policía José Ernesto Lorenzo Gutiérrez, se
le ordena ubicarse entre las postas dos (2) y tres (3) y al
Policía Wilberto Hernández García, en la posta cinco (5), en
donde ese día prestaba servicio el policía penitenciario
Roberto Adán Hernández Velásquez. DÉCIMO NOVENO: Al mismo
tiempo de los primeros disparos, muchos de los reos
pandilleros, conformados en grupos, proceden a buscar por el
centro penal, a los reos rondines para matarlos, mientras que
éstos corrían de un lugar a otro buscando refugio; Uno de
estos grupos era liderado por el reo pandillero Juan Carlos
Peña Ortiz (alias El Pájaro), quien se hacía acompañar de más
pandilleros, entre estos Isaías Hernández Navarro, (alias
DOOPY).- En la búsqueda emprendida por los diferentes grupos
de reos pandilleros logran localizar y dar muerte a los reos
rondines Angel Emilio Gutiérrez y José Luís Fuentes, y herir
al reo rondín Cándido Sánchez. Igualmente localizan y matan
al reo común Santiago Jacobo Matute, a quien identificaban
como persona afín a los reos rondines. Entre tanto el resto
de la población penitenciaria procede a buscar refugio,
algunos en el interior de sus respectivas celdas, otros
internándose en el taller y otros en los bajos de los
torreones dos y tres.- En ese momento tres (3) reos
pandilleros llegan a la celda 10, en donde está el Señor
Santos Geovany Banegas, (alias Banegas) quien al enterarse
que le buscaban se refugió en el baño. VIGÉSIMO: A 600 Metros
de la Granja Penal, se encontraban en el polígono de tiro del
Destacamento Militar de Corinto, el Sub Teniente de
Recurso de Casación No. 400-2008
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Infantería Roger Armando Sosa Iglesias al mando de dos (2)
cabos de infantería y dos (2) soldados de infantería, todos
de la Fuerza de Tarea Conjunta Esparta, realizando ejercicios
de adiestramiento de tiro, quienes al escuchar los disparos y
por solicitud de un policía penitenciario que llegó hasta
donde ellos, se dirigieron inmediatamente al centro penal,
donde se reportaron en el Cuerpo de Guardia, encontrando a
varios elementos de la policía penitenciaria, los que no
habían realizado acción alguna. VIGÉSIMO PRIMERO: Diez (10)
minutos después de que los reos pandilleros han dado muerte
al Señor José Alberto Almendarez, y una vez que se avisa por
teléfono lo que está ocurriendo a la Policía Nacional
Preventiva, el Sub Teniente Roger Armando Sosa Iglesias,
ingresa a los recintos del Centro Penal, le acompañan el
personal militar bajo su mando, todos con sus armas de
reglamento y luciendo uniforme verde fatiga, y los policías
penitenciarios Clase II Dimas Antonio Benítez, quien portaba
un arma de fuego, tipo pistola y luciendo uniforme gris y
negro de fatiga, el policía penitenciario Pedro Pérez
Chavarría, armado con un fusil Pietro Bereta, calibre
5.56/.223, serie A03483g, Jaime Dagoberto Padilla Puerto,
Serafín López y Oscar Javier Obando Padilla, también portando
armas de fuego, disparando todos a los reos pandilleros que
encontraban a su paso, identificándolos por su vestimenta y
por su corte de pelo, quitándole la vida a varios de ellos.
VIGÉSIMO SEGUNDO: A la entrada al recinto de los policías
penitenciarios y miembros del ejército, los reos pandilleros
se dispersan, dirigiéndose la mayoría de ellos a sus
respectivas celdas y los Señores Cosme Javier Osorio Gordón,
(alias Bleizer), Marcos Hernán Ardón, (alias Baby Casper),
Wilmer Omar Ramos Romero, (alias El Player), José Elson Durón
Saravia, (alias El Cuervo) y una persona que había ingresado
de visita, se refugian en la panadería del reo común
identificado como El Colombiano, contiguo a las pilas, atrás
de la celda seis (6) y siete (7).- Los Policías
Penitenciarios Dimas Antonio Benítez y Pedro Pérez Chavarría
y miembros del ejército transitan por el interior del
recinto, posesionándose después frente a la iglesia en donde
disparaban a los reos pandilleros que aun se encontraban por
la cancha. VIGÉSIMO TERCERO: Los reos rondines Adán Amparo
Soto, (alias Comayagua), Jorge Alberto Caballero, (alias
Cobra), Luís Alberto Cruz Valdivio, (alias Chica Sexy), Oscar
Alexander Ocampo, (alias Matador), Pavel Eduardo Rodríguez
Flores, (alias Chinapopo), Santos Efraín Arteaga Pérez,
(alias El Chaparro), Tomás Rivera Guevara, (alias Cabuya),
con ayuda de los reos Santos Geovani Banegas, (alias Banegas)
y Héctor Wilfredo Jiménez, (alias El Basucazo), salen de las
diferentes celdas y lugares en donde habían tenido refugio,
proponiéndose quitarle la vida a todos los reos pandilleros,
procediendo a golpear con toletes, palos, piedras y con armas
blancas, a los reos pandilleros que encontraban, algunos de
ellos ya heridos por los disparos de arma de fuego, aceptando
esto los Policías Penitenciarios y miembros del Ejército que
se encontraban en ese momento y con ellos Roger Armando Sosa
Iglesias el que no realiza ninguna acción para impedir o
evitar lo que esta aconteciendo. VIGÉSIMO CUARTO: Pasadas las
09:25 a.m. en venganza, el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores (alias Chinapopo), cierra con candado la celda seis
Recurso de Casación No. 400-2008
15
(6), hacia donde policías penitenciarios y miembros del
ejército han disparado, para luego tirar cajones, palos y
mesas a la puerta de esa celda, con ayuda de los reos
rondines Adán Amparo Soto, (alias Comayagua) y Javier Antonio
Solís Ponce, (alias Javier Solís); Seguidamente el reo rondín
Pavel Eduardo Rodríguez Flores, consigue un líquido
acelerante, regresando a la celda seis (6) por la parte de
atrás, siguiendo el pasillo de la Comandancia de Guardia, y
junto con los reos rondines Luís Alberto Cruz Valdivio,
(alias Chica Sexy), Santos Efraín Arteaga Pérez, (alias el
Chaparro) y el reo Santos Geovany Banegas, prenden fuego, con
el acelerante, varias colchonetas las que tiran hacia el
interior de la celda seis (6), por las ventanas traseras,
rociando de acelerante la madera del techo de dicha celda, al
que también prendieron fuego, mientras que las personas que
se encontraban adentro trataban de sofocarlo, agarrando agua
del baño, gritaban pidiendo auxilio y rogando clemencia, sin
lograr controlar el fuego; De todo ello lograron tener
conocimiento los Policías Penitenciarios Dimas Antonio
Benítez, Pedro Pérez Chavarria y el miembro del Ejército
Roger Armando Sosa Iglesias, sin que realizaran acción alguna
para evitarlo. En ese momento el Policía Penitenciario
Wilberto Hernández García, escuchó los gritos de las personas
que se encontraban dentro de la celda seis (6), e instantes
después observó el humo provocado por el fuego de la celda
(6), sin que tampoco realizara acción alguna. VIGÉSIMO
QUINTO: Lo que ocurre hasta este el momento en el Centro
Penal es visto por el Policía Mercedes Iraheta Medrano, desde
el torreón dos (2), sin realizar acción alguna en defensa de
los reos pandilleros y personas que se encuentran dentro de
la celda seis (6). VIGÉSIMO SEXTO: Alrededor de las 09:15
a.m., una patrulla de turismo, que se encontraba por las
piñeras, recibe aviso de la central de Comunicaciones de la
Policía Nacional Preventiva de que había una fuga en el
Centro Penal (Granja Penal) El Porvenir, por lo que
procedieron a personarse al lugar, llegando aproximadamente
quince (15) minutos después, observando humo y escuchando
disparos que venían del interior del Centro Penal,
dirigiéndose al Cuerpo de Guardia, en donde encontraron a
elementos de la Policía Penitenciaria, entre estos al
Sargento Oscar Reineri Sánchez, quien les informa que los
internos han prendido fuego, que hay reos armados y que no
tenían ya munición. Ante esto los Policías de Turismo avisan
a la Central de Comunicaciones, confirmando la información.
Un Policía de Turismo mira hacia el interior del recinto y
observa a seis (6) personas muertas en el aérea del Cuerpo de
la Guardia y a otra persona más por el área del billar,
reconociendo unos metros adelante a los policías
Penitenciarios Pedro Pérez Chavarria, Oscar Javier Obando
Padilla y Jaime Dagoberto Padilla Puerto, disparando hacia
donde se encontraban reos pandilleros. VIGÉSIMO SÉPTIMO:
Minutos después de las 09:30 a.m., llegan a la Granja Penal
dos (2) patrullas de la Policía Nacional Preventiva, en un
numero mínimo de dieciocho (18) elementos, quienes
procedieron a ingresar al recinto junto con elementos de la
Policía de Turismo, tomando el control de la situación, y
cuatro (4) minutos después se personan al lugar otra patrulla
de la policía nacional preventiva con un mínimo de siete (7)
Recurso de Casación No. 400-2008
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elementos Cobras, portando sus armas de reglamento, entre
estos los policías Marco Antonio Casco, José Roberto Ochoa y
Oslin Evenor Herrera Palacios, todos al mando del Inspector
Edil Antonio Torres Vindel, quienes ingresan al recinto
disparando sus armas, concentrándose en el lado de los
billares, por la celda nueve (9) y en la entrada del Cuerpo
de guardia. En ese momento el fuego de la Celda seis (6) es
ya incontrolable, comenzando a comprometer las celdas siete
(7) y cinco (5), por lo que el combinado de los elementos
armados del Estado dispone evacuar a los reos comunes de las
celdas ocho (8), siete (7), cinco (5), cuatro (4), tres (3) y
uno (1), llevándolos al área de los talleres, sin prestar
auxilio a los reos pandilleros y visitas que se encuentran
aún con vida en la celda seis (6). Minutos más tarde se
produce un estallido desde el interior de la celda seis (6).
VIGÉSIMO OCTAVO: En la celda dos (2) se encuentran en ese
momento un máximo de veintitrés (23) reos pandilleros, entre
estos: Carlos Rodolfo Guerrero Orellana, (alias Guerrero),
Juan José Castro Miranda, (alias El Karking), Ken Ronal
Zambulá Cálix, (alias El Cruel), Mario Roberto Cerrato,
(alias El Boris), Juan Carlos Peña Ortiz, (alias El Pájaro),
Oscar Geovany Hernández Vásquez, (alias Pewee), Marcio Rafael
Rosales Velásquez, (alias El Burrito), Julio Cesar Padilla
Romero, (alias El Plaga), Marco Tulio Escobar Salinas, (alias
El Spider), Marlon Henríquez Velásquez, (alias Meyes), Reyes
Ernesto Vásquez Gámez, (alias El Tigre), Obed Isai Alemán
Iscoa, (alias Tacoma), Mario Rene Pantoja, (alias El Bueno) y
Eduin Zoheir Calona Cruz, (alias El Danger), quien ya se
encontraba herido por arma de fuego y que más tarde muriese
como consecuencia de ello y de la acción del fuego dentro de
la celda dos (2). VIGÉSIMO NOVENO: El Inspector Edil Antonio
Torres Vindel, junto con los demás elementos cobras y
policías preventivos, se concentran alrededor de la celda dos
(2) en cuyo interior se encuentra el reo pandillero Mario
Roberto Cerrato, (alias El Boris), quien minutos antes andaba
con un arma de fuego, por lo que les ordenan a todos que
salgan y ante la negativa de los reos pandilleros comienzan a
disparar hacia el interior de la celda, hiriendo a Juan
Carlos Peña Ortiz, (alias El Pájaro), en el brazo, cayendo al
suelo desde una de las tarimas.- Los reos pandilleros tiran
las armas hacia fuera de la bartolina, gritando ―nos
rendimos‖, pero no salen de la celda a causa de los disparos;
Es hasta que el fuego empieza a afectar la celda dos (2) que
los reos pandilleros deciden salir de la celda, siendo el
primero Mario René Pantoja, (Alias El Bueno), con las manos
arriba, pero antes de traspasar el umbral de la puerta de la
celda, recibe un disparo en el brazo derecho, retrocediendo
en forma inmediata; El fuego era cada vez más intenso en la
celda, ante lo cual deciden salir los reos pandilleros,
algunos lo hacen corriendo en grupo, otros hincados
dirigiéndose a la policía y otros agachados al piso. La
Policía deja de disparar y a los primeros los coloca boca
abajo al pie de la virgen, la que se ubica al costado derecho
de la celda uno (1), próxima a la salida, por el Cuerpo de
Guardia. TRIGÉSIMO: Quince (15) minutos después de que los
primeros reos pandilleros han salido de la celda dos, el reo
Santos Geovany Banegas se dirige hacia los reos pandilleros,
los que se encuentran en indefensión y muestra a la policía
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los reos pandilleros que andaban armados y los reos
pandilleros que eran cabecillas, a los que la policía les
disparan y seguidamente disparan a todos los demás reos
pandilleros que se encontraban en el lugar, muchos de ellos
acostados en el suelo; Los reos rondines, al ver que algunos
de los reos pandilleros estaban vivos aun, procedieron a
agredirlos con palos, piedras y armas blancas. Igualmente lo
hacían con los reos pandilleros que salieron después de la
celda dos (2) y que se hacían los muertos, todo ello a vista
y consentimiento de la Policía Penitenciaria, Policía
Nacional Preventiva, elementos Cobras y miembros del ejército
que se encontraban en el lugar. De esta manera el reo rondín
Adán Amparo Soto, (alias Comayagua), agrede con cuchillos y
palos al reo pandillero Arnol José Hernández, (alias El
trabado); el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez Flores,
(alias Chinapopo) agrede con machete al reo pandillero Leonel
Aníbal Ortega Garay, (alias El Killer); el reo Héctor
Wilfredo Jiménez, (alias El Basucazo), agrede con un leño y
arma blanca al reo pandillero Oscar Geovanny Hernández
Velásquez, (alias El Pewee); Igualmente los reos rondines
Santos Geovany Banegas, Tomas Rivera Guevara, (alias Cabuya)
y José Roberto Caballero, (alias Cobra), agredieron a otros
reos pandilleros usando palos y armas blancas. TRIGÉSIMO
PRIMERO: El reo pandillero Reyes Ernesto Vásquez Gámez, sale
de la bartolina dos (2), cargando al reo pandillero Marco
Tulio Salinas, (alias El Spider), quien había entrado a la
celda con una herida de arma de fuego, pidiéndole ayuda a un
militar del Cuarto Batallón de Infantería, miembro de la
Fuerza de Tarea Conjunta Esparta, quien le responde con un
insulto, disparándole a Reyes Ernesto Vásquez Gámez, en la
pierna derecha, cayendo al suelo ambos pandilleros. En el
suelo Reyes Ernesto Vásquez Gámez, decide fingir estar
muerto, pidiéndole al reo pandillero Arnulfo Medardo
Calderón, (alias el Humilde), quien también hacia lo mismo,
que se le pusiera encima, de modo de taparle el tatuaje del
brazo para que no lo identificaran como pandillero y así no
sufrir mas agresiones, pero el reo rondín Oscar Alexander
Ocampo, (alias Matador), se percató de que Reyes Ernesto
Vásquez Gámez, estaba aun con vida, por lo que le agrede con
arma blanca. TRIGÉSIMO SEGUNDO: El reo Pandillero José
Roberto Maldonado Fonseca, (alias El Lágrima), sale de la
celda dos (2) y se coloca por el sector de la virgen, donde
mira a su hermano que es miembro de la Fuerza Aérea de
Honduras, quien había llegado al lugar en el grupo de
refuerzo de la Fuerza de Tarea Conjunta Esparta; Éste se
coloca junto a José Roberto Maldonado, e impide que la
policía y los reos rondines le hagan daño. Al ver esto, el
Policía Dimas Antonio Benítez, ordena al elemento de la
Fuerza Aérea que se retire, pero éste no hace caso,
persistiendo en cuidar a su hermano. TRIGÉSIMO TERCERO:
Rebasadas que eran las 10:00 a.m., el cuerpo de bomberos
recibe una llamada telefónica desde la Ciudad de Roatán,
Islas de la Bahía, informándoles que había un incendio en El
Centro Penal de El Porvenir, a las que le siguieron otras
llamadas telefónicas más, por lo que se dispuso enviar las
unidades disponibles, llegando en un máximo de veinte (20)
minutos después al Centro Penal la unidad HRB514, seguida de
la unidad HRB501 quienes al percatarse del incendio,
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escuchando disparos en el interior, y por orden de una
persona que estaba resguardeciendo el lugar, decidieron
combatir el fuego desde el exterior, lanzando agua hacia
donde se observaba emanaba la mayor cantidad de humo.
Seguidamente se hicieron presentes al lugar más unidades de
Bomberos, las que se unieron al combate del fuego por el
exterior del edificio del Centro Penal. TRIGÉSIMO CUARTO: A
todo esto, siendo las 09:30 a.m. el Sub Comisionado de
Policía Carlos Esteban Henríquez, Jefe de Departamental
numero uno (1) de la Policía Nacional Preventiva, después de
despedir oficialmente a la Comisionada de Policía Mirna Suazo
Rivera, sale del Hotel Cannadian, que queda a las
inmediaciones de la Comunidad de Sambo Creek, Municipio de La
Ceiba, en compañía del Policía Cobra José Luís Santos
Rodríguez, conocido también como Jorge Luís Rodríguez Núñez,
quien era su guardaespaldas y en compañía del Señor Josué
Moisés Villafranca, quien era su chofer, con dirección a la
Ciudad de La Ceiba y pasando por la Posta de Policía de
Satuyé es informado por la Central de Comunicaciones de la
Policía Nacional Preventiva que existe un problema en el
Centro Penal de El Porvenir, por lo que de inmediato se
desplazó a la Jefatura Número Uno de la Policía Nacional
Preventiva, en donde se hizo acompañar de dos elementos
cobras, para luego dirigirse hacia dicho Centro Penal,
llegando alrededor de las 10:30 a.m. procediendo a ingresar
al recinto de forma inmediata. El Sub Comisionado Carlos
Esteban Henríquez Álvarez y el Policía Cobra José Luís Santos
Rodríguez, observan lo que esta aconteciendo y como elementos
de la Policía Nacional, Policías Penitenciarios, elementos
del Ejército y reos rondines atacan a reos pandilleros que se
encuentran en indefensión, sin que esto les motive a realizar
acción alguna para detener las agresiones o para auxiliar a
los reos pandilleros. El Sub Comisionado Carlos Esteban
Henríquez Álvarez adopta una actitud de vigilante, entrando y
saliendo repetidas veces del recinto hacia el exterior a fin
de verificar las personas y autoridades que están llegando al
centro Penal, mientras tanto el Cuerpo de Bomberos estaba en
espera de que cesaran los disparos para ingresar a combatir
el fuego desde dentro del edificio. TRIGÉSIMO QUINTO: Un
mínimo de veinte (20) minutos habían transcurrido desde la
llegada del Comisionado Carlos Esteban Henríquez y el Policía
Cobra José Luís Santos Rodríguez, cuando faltando para las
once (11) de la mañana, llegan al lugar representantes de los
medios de comunicación: David Meza Montesinos, empiezan a
transmitir por radio lo que se observaba, mientras que
algunos reporteros gráficos tomaban fotografías del interior
del recinto, subidos en las escaleras de incendios de los
carros de los bomberos. Para ese momento el Inspector de
Policía Salomón De Jesús Solano Méndez, se había ya personado
al lugar, observando las agresiones de los reos rondines,
Policía Nacional Preventiva, Policías Cobras, Policías
Penitenciarios y miembros del ejército, sin realizar acción
alguna en auxilio de los reos pandilleros; El Policía Salomón
De Jesús Solano Méndez, procedió a privar de la vida a los
reos pandilleros Mario Rene Pantoja, (alias El Bueno), Marcio
o Marco Rafael Rosales Velásquez 8alias el Burrito) y a otro
reo pandillero de nombre desconocido, con su arma de
reglamento, tipo pistola, marca Pietro Bereta modelo 92FS,
Recurso de Casación No. 400-2008
19
calibre 9 mm, serie N2599OZ, con caños de seis estriíllas y
con giro a la derecha. El Sub Comisionado Carlos Esteban
Henríquez, al darse cuenta de la presencia de los medios de
comunicación y temiendo que éstos dieran cuenta de lo que
ocurría, entra al recinto ordenando el alto el fuego e
inmediatamente los elementos cobras, policías preventivos,
policías penitenciarios, y miembros del ejército, dejan de
disparar con sus armas, asimismo manda a sacar a las personas
heridas al campo de football que queda ubicado en el exterior
del recinto. TRIGÉSIMO SEXTO: Minutos después de que se
ordenó el alto al fuego, se permite a los miembros del Cuerpo
de Bomberos ingresen al recinto, los que despliegan sus
mangueras al primer (ler.) y tercer (3er.) módulo para apagar
el fuego. TRIGÉSIMO SÉPTIMO: En ese momento el Policía
Penitenciario Wilberto Hernández García, se persona al campo
de football, para realizar labores de resguardo y seguridad,
esto después de haber tenido conocimiento sobre el incendio,
haber escuchado los disparos y los gritos de las personas
desde el interior del recinto, sin haber realizado acción
alguna en auxilio. TRIGÉSIMO OCTAVO: En el campo de Football,
miembros del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Preventiva
y elementos cobras, entre otros, forman una valla frente al
Cuerpo de Guardia, para evacuar los heridos, los que son
colocados acostados y posteriormente llevados en forma
progresiva al Hospital Atlántida integrado en ambulancias y
patrullas de la Policía Nacional Preventiva, siendo una de
las primeras la RPM-21, conducida por el Policía Pedro De
Jesús Galindo, quien se traslada hasta el centro asistencial,
donde es entrevistado por el periodista José Francisco Ramos
Hernández. TRIGÉSIMO NOVENO: Entre los heridos trasladados al
Hospital Atlántida Integrado ese día se encontraban el reo
rondín Cándido Sánchez, quien por las heridas sufridas a
manos de los reos pandilleros muere a causa de Laceración
Cardiaca, sufriendo heridas penetrantes en el tórax, con
Hemotórax anterior derecho, en región subaracnoidea, en
espalda Región vertebral y en paravertebral izquierdo. Además
fue trasladado al Centro Asistencia el reo pandillero José
Roberto Gutiérrez Guity, (alias El Tremendo), quien pierde la
vida por las acciones realizadas ese día por reos rondines y
elementos armados del Estado, lo que le ocasionaron
Hemoperitoneo, sufriendo equimosis en el cuello, herida de
bala en cuello, dos heridas de bala en el flanco izquierdo;
además herida contusa por rozadura por proyectil superficial
en el flanco izquierdo, herida de arma de fuego en antebrazo
derecho, en antebrazo izquierdo, en muslo y rodilla derecha.
CUADRAGÉSIMO: Después de las 11:06 a.m. se encuentra en las
afueras del Centro Penal el Señor Víctor Hugo Pavón Sevilla
con el Camarógrafo Armando Antúnez, quienes, como
periodistas, inician su labor informativa; Después de hacer
unas tomas con la cámara y de entrevistar a algunos de los
heridos que se encontraban en el campo de football, el
camarógrafo Armando Antúnez, aprovecha un descuido de los
policías Preventivos y penitenciarios e ingresa al recinto de
dicho Centro Penal, filmando cuando el señor David Meza
Montesinos esta entrevistando al reo rondín Luis Alberto Cruz
Valdivio, (alias Chica Sexy), aún agitado, portando al lado
izquierdo de cintura un tolete de madera; además filma a tres
(3) personas muertas en la guardia, cuatro (4) personas
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muertas en la salida de la guardia, quince (15) personas
muertas al pie de la virgen, una (1) persona muerte contiguo
al billar, cuatro (4) personas muertas frente a la celda uno,
una (1) persona muerta en el billar cubierta con una sábana,
una (1) persona muerta en la celda diecisiete, cuatro (4)
personas muertas en el acceso de la celda 18, una (1) persona
muerta frente a las celdas 14 y 15, una (1) persona muerta
frente a las celdas veintidós (22) y veintitrés (23), y tres
(3) personas muertas cubiertas con sábanas en la cancha.
CUADRAGÉSIMO PRIMERO: La Policía sacando a los heridos del
recinto del Centro Penal, es enterada de que habían cuatro
(4) reos pandilleros escondidos en la bartolina del reo común
llamado el Colombiano, dirigiéndose el policía Dimas Antonio
Benítez, y otros elementos del Estado, encontrando a los reos
Cosme Javier Osorio Gordón, (Alias Bleizer), Marcos Hernán
Ardón, (alias Baby Casper), Wilmer Omar Ramos Romero, (alias
El Player), José Elson Durón Saravia, (alias El Cuervo).- El
Policía Dimas Antonio Benítez, les apunta con su arma de
fuego, la que introduce en la boca del reo pandillero José
Elson Durón, indicándoles que los llevarían a la cancha para
matarlos, pero después de un momento corrige, diciendo que no
los mataba por estar adentro del recinto un muchacho con una
cámara, trasladándolos al Cuerpo la de Guardia, donde golpea
con el arma de fuego que portaba al reo pandillero Marcos
Hernán Ardón en la cabeza. Posteriormente la Policía Nacional
Preventiva ordena a toda la población penitenciaria abandonar
el recinto y un Policía Penitenciario le solicita al
camarógrafo Armando Antúnez, que salga del edificio, porque
se iba a realizar un registro. CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Mueren
como resultado de las acciones realizadas por los reos
pandilleros entre las 09:00 a.m. y las 09:10 a.m., los reos:
1. José Alberto Almedarez, (Sub Jefe de Internos) por Sección
Medular: habiendo sufrido tres heridas por proyectil de arma
de fuego en la mejilla derecha de la cara, en el hombro
derecho y en el abdomen región hipogástrico lado derecho,
además tres heridas contuso cortantes dispuestas en la cabeza
región parietal derecha, en la cabeza región parietal derecha
vertical y en la cabeza región parietal derecha oblicua. Su
cuerpo se aprecia en el video tomado por el Señor Armando
Antúnez, en el billar tapado con una sabana. 2. José Engracio
Bálico, (reo rondín) por Laceración Cerebral: habiendo
sufrido trauma cráneo encefálico y facial por herida contusa
en región frontal, fractura de cráneo con hundimiento y
laceración cerebral, además trauma toracoabdominal por Tres
(3) heridas punzo cortantes en tórax y Cuatro (4) heridas
punzo cortantes en abdomen.- Una vez sin vida sufre
quemaduras en el 90% de la superficie corporal, como
consecuencia del incendio de la celda quince (15), que se
propago a las celdas contiguas. 3. Ángel Emilio Gutiérrez,
(reo rondín) por Sección Medular, sufriendo Traumatismo
Cráneo Encefálico y cuello por treinta (30) heridas punzo
cortantes, además equimosis orbicular izquierda, herida
contusa parietal y traumatismo toráxico por diecinueve (19)
heridas punzo cortantes.- Su cuerpo se aprecia en el video
tomado por el Señor Armando Antúnez, en la cancha tapado con
una sabana. 4. José Luís Fuentes Amaya, (reo rondín) por
Hemorragia Cerebral, sufriendo dos (2) heridas producidas por
proyectil disparado por arma de fuego en región posterior del
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tórax lado izquierdo.- Su cuerpo se aprecia en el video
tomado por el Señor Armando Antúnez, en la cancha tapado con
una sabana. 5. Santiago Jacobo Matute, (reo común) por
evisceración cerebral, sufriendo traumatismo cráneo-
encefálico por cuatro (4) heridas contusas en: Región fronto-
temporo-parietal derecha, en región Parietal superior
derecha, en región parietal derecha; Además sufre dos (2)
heridas cortantes en cara y traumatismo toráxico por dos (2)
heridas punzo cortantes en región pectoral derecha y en
región supra escapular izquierda; Igualmente una herida
contuso cortante en 1/3 distal de antebrazo y mano derecha,
de altura de hombros con sección de piel, músculo y fracturas
del hueso del antebrazo.- Su cuerpo se aprecia en el video
tomado por el Señor Armando Antúnez, en la cancha tapado con
una sabana. CUADRAGÉSIMO TERCERO: Pierden la vida por
carbonización en el interior de la celda seis (6), los reos
pandilleros: Carlos Javier Trochez, conocido también como
Carlos Javier Trochez Rosales, (alias Sordo Fiel), con
destrucción del 100% de la superficie corporal por efecto del
fuego; Mainor Danilo Ovando, conocido también como Walter
Reineri Sevilla, (alias El Diablo), con destrucción del 54%
de la superficie corporal por efecto del fuego; Elvin Rene
Banegas Vásquez, (alias El Demente), con destrucción del 82%
de la superficie corporal por efecto del fuego; Enil Leonel
Sincleir, (alias Sombra), con destrucción del 80% de la
superficie corporal por efecto del fuego, además sufriendo
dos heridas por proyectil de arma de fuego En lado derecho de
la cabeza y en lado izquierdo del tórax; Gerald Jonathan
Bodden, (alias Bandido), con destrucción del 94% de la
superficie corporal por efecto del fuego; Julio Cesar Díaz
Gómez, (alias Casper), con destrucción del 92% de la
superficie corporal por efecto del fuego; Luis Alonso
Sauceda, (alias Slayer), con destrucción del 64% de la
superficie corporal por efecto del fuego; Marco Antonio
Fernández Ortega, (alias Spook), con destrucción del 54% de
la superficie corporal por efecto del fuego; Nelson Roberto
Mackennis, (alias El Científico), con destrucción del 95% de
la superficie corporal por efecto del fuego; Olvan Rene Avila
García, (alias El Tigre), con destrucción del 85% de la
superficie corporal por efecto del fuego; Oscar Alexis Pineda
Andino conocido también como Oscar Alexis Euceda Pineda,
(alias Batman), con destrucción del 90% de la superficie
corporal por efecto del fuego; Ricardo Lenin Barahona
Hernández, (alias crimen), con destrucción del 100% de la
superficie corporal por efecto del fuego; Ronalo Enrique
Cano, (alias Anticristo), con destrucción del 90% de la
superficie corporal por efecto del fuego; Daniel Rodolfo
Xatruch Urbina, conocido también como José Fabricio Xatruch
Urbina, (alias El Limer), con destrucción del 95% de la
superficie corporal por efecto del fuego; seis (06) reos
pandilleros más, con destrucción del 100%, 82%, 100%, 72%,
100% y 95%, de la superficie corporal por efecto del fuego y
otro reo pandillero más, entre los cuales se encuentran los
cuerpos de los reos pandilleros: Juan Carlos Mata Salgado,
(alias Poison), Mainor Kelvin Gonzáles Martínez, conocido
también como Kevin González Martínez, Wilmer Alexander
Chimilio, (alias Chavalo) y Marlon Chavez Romero, (alias El
Moreno).- Muriendo además por carbonización en el interior de
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22
la celda seis (6) la Señora Juana Esperanza Herrera con
destrucción del 92% de la superficie corporal por efecto del
fuego, y la menor Belkis Paola Medina, con destrucción del
100% de la superficie corporal por efecto del fuego, quienes
eran visitas ese día.
CUADRAGÉSIMO CUARTO: En el interior de la celda seis (6) se
encontraba un cuerpo humano sin vida, con destrucción del
100% de la superficie corporal, sin que se pueda determinar,
sexo, edad o la forma en que murió. CUADRAGÉSIMO QUINTO:
Pierden la vida en forma violenta: 1. Adal Alberto Alemán
Benneth, reo pandillero, (alias El Espía), por Laceración
Cerebral, sufriendo Veinte heridas contuso cortantes en: la
cabeza región frontal, cabeza región parieto occipital
izquierdo, cabeza región occipital izquierdo vertical, cabeza
región parietal posterior izquierdo, cabeza región occipital
derecho, cabeza región parietal posterior, vertical, cabeza
región parietal posterior derecha, cabeza región parietal
posterior izquierda horizontal, cabeza región parietal,
cabeza región parietal parte superior, cara región frontal
derecha, cara región frontal izquierda, supra orbitario,
nariz, cabeza región parietal derecho horizontal, cabeza
región parietal izquierda horizontal, cuello cara posterior,
antebrazo derecho cara posterior, antebrazo izquierdo cara
posterior, mano izquierda región hipotecar.- Además tres
heridas punzo cortantes dispuestas en el tórax sobre línea
para esternal derecha, espalda región escapular izquierdo y
espalda región intraescapular izquierda. 2. Arnold José
Hernández, reo pandillero, (alias El trabado), por HEMORRAGIA
Subaracnoidea, sufriendo Traumatismo Cráneo Encefálico,
Equimosis en zona frontal derecha, en zona frontal izquierda,
en zona intraocular derecha; Heridas Contusas en Zona Supra
ocular derecha, en zona occipital derecha; Hematoma
epicraneano frontal; Fractura de bóveda craneana (huesos,
frontal, parietal y temporal); Hemorragia subaracnoidea
universal; Traumatismo de Tórax izquierdo por tres heridas
punzo cortantes a nivel de tórax anterior izquierdo, a nivel
de hemitorax anterior izquierdo y a nivel de hemitorax
izquierdo; Traumatismo de Zona Lumbar por herida punzo
cortante a nivel de la zona lumbar derecha. 3. Carlos Enrique
Solís Hernández, reo pandillero (alias El Lágrima), por
Laceración Cerebral, sufriendo excoriación hemática sobre
frente, excoriación hemática en mejilla derecha, excoriación
hemática sobre mejilla, excoriación hemática sobre labio
inferior de boca, herida contusa sobre ceja izquierda, herida
contusa sobre nariz, hematoma en cuello, región lateral
izquierda; hematoma en cuello región lateral derecha; Herida
contusa sobre cuello cabelludo región posterior izquierda del
cráneo; hematoma epicraneano sobre la región superior del
cráneo; fractura hueso del cráneo región superior;
Evisceración cerebral del 75% del cerebro; Excoriación
hemática en hemitorax derecho; herida punzo cortante
localizada en abdomen cuadrante inferior izquierdo, produjo
herida de piel, laceración de tejido subcutáneo, músculo,
intestino delgado y grueso y hematoma sobre región inguinal
derecha. 4. Carlos Orlando Hernández Pineda, reo pandillero
(alias El Cacique), por Laceración Cardiaca, sufriendo herida
producida por proyectil de arma de fuego en hombro anterior
izquierdo, excoriaciones hemáticas en cara lado derecho,
Recurso de Casación No. 400-2008
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excoriaciones hemáticas en región frontal derecha, hematoma
en cara lado derecho y quemadura grado II en cara, sin
reacción vital. 5. Cesar Alcides Mallorquín Méndez, reo
pandillero (alias Demoledor), por Choque Hipovolémico,
sufriendo traumatismo cráneo encefálico por siete heridas por
instrumento contuso cortante en región frontal derecha y
parietal, en la región occipital, en región occipital
izquierda, en región cervical izquierda posterior, en región
parietal izquierda, desde la región cervical posterior
derecha hasta la maseterica ( mejilla) del mismo lado, en el
labio superior derecho.- cuatro heridas contusas en región
parietal izquierda, región occipital izquierda, la región
occipital izquierda, región frontal izquierda.- equimosis
peri orbital derecho (alrededor del ojo).- traumatismo en
tórax y miembros superiores por tres heridas por proyectil
disparado por arma de fuego en la región escapular izquierda,
sobre el hombro izquierdo, en la región deltoidea del brazo
izquierdo.- dos heridas por instrumento contuso cortante en
la región inferior izquierda del cuello y en región escapular
izquierda. 6. Edwin Calona Cruz, reo pandillero, (alias El
Danger), por hemoperitoneo por una herida por proyectil de
arma de fuego en lado derecho del abdomen. 7. Edwin Rene
Mejía Barrera, reo pandillero, (alias El Bum), por Sección
Medular, sufriendo traumatismo cráneo encefálico, facial y de
cuello por con cuatro heridas contuso cortantes en región
cervical a occipital derecha, región lateral derecha del
cuello, región fronto parietal, región parietal izquierdo.-
tres heridas contusas en parietal izquierdo, parietal
posterior, región parietal derecha superior.- tres heridas
cortantes en región posterior de la cabeza, región de la nuca
y base de la nuca.- traumatismo toráxico por herida contuso
cortante en región derecha de la espalda, cuatro heridas
contuso cortantes en región derecha de la espalda, región
superior de la espalda lado izquierdo, región superior
izquierda de la espalda, región dorsal izquierda superior de
la espalda.- traumatismo de los miembros con una herida
contuso cortante en antebrazo izquierdo que produce
amputación de antebrazo izquierdo. 8. Elio Antonio Martínez,
reo pandillero, (alias Timador), por Hemotórax, sufriendo
herida por instrumento punzo cortante en la región
infraorbitaria izquierda (debajo del ojo), quemadura de
primer grado en la región auricular izquierda, herida por
instrumento punzo cortante en la región media superior del
tórax, herida contusa en región media del brazo derecho, y
quemaduras de primer grado, afectando el 4% de la superficie
total corporal, localizadas en la región posterior del brazo
izquierdo y al región lateral derecha del abdomen. 9.
Franklin Fernando Velásquez, reo pandillero, (alias Payaso),
por Hemotórax, sufriendo herida por proyectil de arma de
fuego con orificio de entrada en la parte anterior derecha
del tórax. 10. Isais Hernández Navarro, reo pandillero,
(alias Doopy), por Hemorragia Subaracnoidea Generalizada,
sufriendo Traumatismo cráneo encefálico y facial con
múltiples heridas contusas y excoriaciones distribuida en el
cuero cabelludo y la cara, equimosis en parpados del ojo
derecho, hemorragia entre el cráneo y el cuero cabelludo,
fractura multifragmentaria de huesos de la región izquierda
del cráneo, contusión y hemorragia del cerebro y de las
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membranas que lo envuelven.
11. Javier Orlando Fuentes, reo pandillero (alias Psyco), por
Hemoperitoneo por Cinco heridas por proyectil de arma de
fuego en el tórax, parte inferior izquierda, en la región
lateral izquierda del tórax, en el hombro izquierdo, En la
región anterior, tercio distal del muslo derecho. Además
Herida contusa en al cabeza, región frontal derecha. 12. José
Luis Canales Reyes, reo pandillero, (alias Smoking), por
Laceración Cerebral, sufriendo once heridas contuso cortantes
en: la región parieto occipital derecha, región tempo
parietal derecha, lado derecho de la región occipital, a
nivel de la línea media de inserción del cabello, en el lado
derecho del cuello, a nivel del pómulo derecho, a nivel de la
nariz, en la región frontal izquierda, en la región anterior
del brazo izquierdo, a nivel del lado cara anterior, en la
región posterior del brazo derecho, e nivel del tercio distal
del antebrazo, en el dorso de la mano derecha con amputación
de todos los dedos de dicha mano. Además sufre tres heridas
punzo cortantes por arriba de la tetilla derecha, Dos heridas
punzo cortantes por la tetilla derecha, Tres heridas contuso
cortantes en el tercio proximal anterior de pierna derecha,
dos heridas por proyectil de arma de fuego en la región
anterior de la pierna derecha y en la región del tercio medio
del brazo izquierdo. 13. José Octavio Ochoa Castro, reo
pandillero, (alias El Temblor), por Laceración Cerebral,
sufriendo herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza
región lateral derecha. 14. Juan Carlos Machado Rodríguez,
reo pandillero, (alias El serio), por Laceración Cerebral,
sufriendo herida producida por proyectil de arma de fuego en
región frontal y Contusiones Simples (excoriaciones
hemáticas) en mejilla izquierda. 15. Juan Carlos Peña Ortez,
reo pandillero (alias Pájaro), por Exanguinación, sufriendo
dos heridas punzo cortantes en el lado derecho del cuello
cercano al maxilar superior, en el lado derecho del cuello
región inferior. traumatismo cráneo facial con fractura de
base de cráneo, hemorragia subaracnoidea universal, contusión
leve del tallo cerebral.- sufriendo además dos heridas
cortantes en la región frontal media, en el lado derecho del
cuello.- equimosis violácea en el antebrazo derecho, cara
anterior.- una herida por proyectil de arma de fuego en la
región posterior del tercio proximal del brazo derecho. 16.
Julio Cesar Padilla Romero, reo pandillero (alias El Plaga),
por Contusión Cerebral Severa, sufriendo heridas contusos en
pómulo izquierdo, mentón, lóbulo de la oreja región derecha
de la cabeza y región frontal, hemorragia del cuero
cabelludo, fractura multifragmentaria de huesos de la cara y
cráneo, hemorragia de las capas que envuelven al cerebro y
hemorragia y contuso cerebral severa, herida contusa en tórax
anterior derecha, cinco heridas punzo cortantes en forma de
ojal en plano posterior derecho de la espalda. 17. Leonel
Aníbal Ortega Garay reo pandillero (alias Killer), por
Laceración Cerebral, sufriendo Traumatismo craneoencefálico
por tres heridas por instrumento contuso cortante, en Región
parietal derecha, región parieto occipital derecha. en región
occipital. Traumatismo en tórax, miembros superiores y
abdomen Dos heridas por proyectil por arma de fuego en la
región costal derecha, en cuadrante superior derecho del
abdomen.- Un herida por instrumento contuso cortante en al
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región inferior del cuello.- Quemadura de tercer grado. 18.
Marco Rafael Rosales Velásquez, reo pandillero, (alias El
Burrito), por Contusión Cerebral Severa, sufriendo cinco
heridas por proyectil de arma de fuego en el labio superior y
región izquierda del tórax, por arriba del pliegue de la
axila.- Heridas por el paso tangencial de un proyectil en la
región pectoral izquierda.- Herida por el paso tangencial de
un proyectil en la mano derecha.- y en tercio distal del
muslo derecho. 19. Marco Tulio Escobar Salinas, reo
pandillero (alias Spider), por Exanguinación, sufriendo dos
heridas por proyectil de arma de fuego en ombligo y hombro
derecho, además quemaduras grado II en el 70% de la
superficie corporal. 20. Mario Rene Pantoja, reo pandillero
(alias El Bueno), por Hemotórax Bilateral, sufriendo ocho
heridas producidas por proyectil de arma de fuego en Tórax
anterior, Tórax anterior derecho, Región mandibular derecho
con anillo de contusión, Tórax anterior izquierdo,
Hipocondrio izquierdo (cuadrante superior izquierdo), Flanco
derecho, Brazo derecho, Brazo anterior derecho.- Además sufre
Herida contuso cortante en codo izquierdo y quemaduras grado
II, III y IV en cabeza, manos, antebrazo, muslos anteriores,
que representan el 40% de la masa corporal, sin reacción
vital. 21. Mario Roberto Serrano, reo pandillero, (alias El
Boris), por Laceración Cerebral, sufriendo cinco heridas por
proyectil de arma de fuego en la cabeza región parietal
derecha, cabeza región parietal izquierdo, tórax
supraclavicular derecho, tórax supraclavicular izquierdo y
espalda región vertebral sobre línea media. 22. Marlon Edwin
Rodríguez Álvarez, reo pandillero, (alias El Bloker), por
Hemotórax Bilateral, sufriendo dos heridas producidas por
proyectil disparados por arma de fuego a Nivel de tórax
anterior izquierdo, a nivel de zona central de tórax
anterior. Además sufre herida punzo cortante a nivel de tórax
anterior izquierdo y una herida contusa en la región superior
de la cabeza. 22. Marlon Isaac Marroquín, reo pandillero
(alias Caballo), por Laceración Cerebral, sufriendo Cinco
heridas producidas por proyectiles disparados por arma de
fuego A nivel frontal, A nivel de zona lumbar (parte de
debajo de la espalda), A nivel de lado izquierdo de la
espalda, A nivel de lado derecho de la espalda (omoplato
derecho), A nivel de muslo derecho (zona anterior), A nivel
de lado derecho de la espalda (zona de trapecio derecho).-
Además Una herida punzo cortante.
24. Marlon Rene Rovelo reo pandillero (alias El triste), por
Hemobroncoaspiración, sufriendo quemaduras grado IV en un 95%
de la superficie corporal con acumulo de sangre en las vías
aéreas, destrucción del cráneo y cara por calor, amputación
térmica de 1/3 medio del brazo derecho, 1/3 medio del muslo
derecho, 1/3 medio inferior de pierna izquierda. 25. Mauricio
Fernando Salinas Salgado, reo pandillero, (alias El
Maleante), por Hemoperitoneo, sufriendo herida producida por
proyectil de arma de fuego a nivel del lado izquierdo del
abdomen. 26. Nery Alexander Mayorga, reo pandillero, (alias
Gruñón), por asfixia por estrangulación por objeto romo,
además sufrió seis heridas contusas en la cabeza, Herida
contusa en el mentón y quemadura de 2do grado en un 36% de la
superficie corporal. 27. Norman Alexander Zamora Palma, reo
pandillero (alias El Duende), por hemorragia subaracnoidea
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por traumatismo cráneo encefálico, como consecuencia de
fractura multifragmentada del cráneo (bóveda y piso), herida
contusa en región occipital derecham, además herida de bordes
contundidos y en forma de colgajo en región del codo
izquierdo. 28. Oscar Nahúm Andrade, reo pandillero, (alias
Travieso), por Laceración Cerebral, sufriendo Traumatismo
Cráneo Encefálico por Laceración Cerebral, hemorragia
subaracnoidea, fractura de cráneo, herida desde la región
mesentérica izquierda. Traumatismo en Tórax por herida
circular, en región subclavia izquierda, herida de bordes
lineales, debajo de la herida anterior, herida de bordes
lineales, en el flanco derecho del abdomen. 29. Persys Daniel
Barahona, reo pandillero (alias Desertor), por Cúmulo de
sangre en la envoltura del cerebro, sufriendo Heridas
contusas en el rostro. Heridas cortantes en la cabeza. Tres
heridas de arma de fuego en pecho derecho a cuello, en
Espalda hacia axila izquierda y en Hombro derecho.
30. Persona Desconocida, reo pandillero, por Hemorragia
Cerebral, sufriendo Traumatismo cráneo encefálico por cinco
heridas contusas en la región izquierda de la cabeza,
equimosis en parpado superior del ojo derecho, fractura de
base cráneo y Hemorragia subaracnoidea.- Traumatismo en tórax
y miembros superiores por Herida de proyectil disparado por
arma de fuego en la región costal izquierda. 31. Persona
Desconocida, reo pandillero, por Hemorragia Subaracnoidea,
sufriendo traumatismo craneoencefálico y cuello con cuatro
heridas contusas en región frontal, en mentón, en región
parieto temporal izquierdo, en región parietal posterior
lacera piel y cuero cabelludo y hemorragia subaracnoidea;
además sufre una herida contuso cortante en región
submentoniana (debajo del mentón), y cinco heridas cortantes
en frontal derecha, frontal media, frontal izquierda secciona
solo piel, herida nasal izquierda y puente nasal. También
sufre un herida punzo cortante en hemicara derecha,
traumatismo toráxico con tres heridas punzo cortantes en
intraclavicular derecha, en región torácica posterior
(espalda) y en región posterior sobre el hombro derecho.
Herida cortante en tercio medio interno de antebrazo
izquierdo.
32. Persona Desconocida, reo pandillero, por Hemorragia
Subaracnoidea, sufriendo Traumatismo Cráneo Encefálico Cara y
cuello por dos heridas contusas en Región parietal izquierda
y también en Región parietal izquierda; Tres heridas
cortantes en lóbulo de oreja izquierda, región cervical
lateral izquierda y Región anterior izquierda del cuello; Dos
heridas contuso cortantes en mentón y región del mentón y
lesiones simples tipo equimosis y excoriaciones. 33. Persona
Desconocida, reo pandillero, por Hemotórax, sufriendo Ocho
heridas por proyectil de arma de fuego dispuestas en región
escapular izquierda, región paravertebral derecha, región
inguinal derecha, región de tercio proximal anterior externo
del muslo derecho, región sacra derecha, región sacra
derecha, hombro derecho, atípico en la región posterior,
tercio medio del brazo izquierdo. además sufriendo hematoma
epicraneal y herida contusa en región posterior, brazo
derecho. 34. Persona Desconocida, reo pandillero, por
Laceración Cardiaca, sufriendo herida punzo cortante en
región para esternal izquierda, herida en la región posterior
Recurso de Casación No. 400-2008
27
de la cabeza, herida en labio inferior izquierdo, herida
contuso cortante en fronto temporal izquierdo, con
hundimiento frontal, fractura de los huesos de la base del
cráneo, en mentón con sección de piel, grasa, fractura de la
mandíbula y piezas dentales, herida punzo cortante en región
posterior izquierda de la cabeza y en la región occipital
izquierda en línea de inserción de cabello y una herida
cortante en región anterior del cuello. 35. Ricardo Javier
Rivera Meléndez, reo pandillero, (alias El Blaz), Hemorragia
Subaracnoidea, por dos heridas proyectil de arma de fuego en
región parietal derecha y en tercio proximal interno del
muslo izquierdo. Además equimosis palpebral derecha, herida
contuso en labio inferior izquierdo sin vitalidad. 36. Walter
Silvano Oliva, reo pandillero, (alias Rayo), por Hemotórax,
sufriendo Herida punzo cortante localizada en la región
anterior izquierda del tórax, dos heridas producidas por
proyectil disparado por arma de fuego en la región lateral
del brazo izquierdo y en la cara lateral de la pierna
izquierda.- Herida contusa localizada en la región parietal
izquierda. CUADRAGÉSIMO SEXTO: Sobreviven a los hechos
ocurridos en fecha cinco (5) de abril del dos mil tres en el
Centro Penal, Granja Penal de El Porvenir, los reos
pandilleros: 1. Arnulfo Medardo Calderón Rosales, alias El
humilde, sufriendo lesión en cabeza región parietal
izquierda. 2. Carlos Rodolfo Guerrero Orellana, alias
Guerrero, sufriendo lesión en cara región derecha de frente y
en cabeza región parietal posterior izquierda. 3. Edis Anai
Castillo Ávila, alias Mackgregor, sufriendo lesión en cabeza,
región parietal derecha posterior, Cabeza región occipital,
quemaduras en antebrazo izquierdo tercio medio posterior. 4.
José Roberto Maldonado, alias Lágrima, sufriendo lesión en
cabeza, región occipital izquierda, cabeza región parietal
posterior, en brazo izquierdo, región del codo y Hemorragia
conjuntival. 5. Juan Carlos Hernández Velásquez, alias
Wizard, sufriendo lesión en brazo derecho, región del codo.
6. Juan José Castro Miranda, alias El Karking, sufriendo
lesión en brazo derecho, tercio distal posterior y en
antebrazo derecho, tercio medio posterior. 7. Lenin Cristóbal
Turcios Andrade, alias El Ciervo, sufriendo lesión en cabeza
región parietal posterior derecha y región occipital. 8.
Loader Oswaldo Urbina Rodríguez, alias El Tuanis, sufriendo
lesión en región braquial anterior y en brazo por herida de
arma de fuego. 9. Lucas Orlando Ortega Padilla, alias El
Pibe, sufriendo lesión en la cabeza en región parietal
posterior derecha y también en región parietal posterior
derecha. 10. Luis Antonio Hernández Herrera, alias El
Crillin, sufriendo lesión en la cabeza en región parietal
derecha.
11. Marcos Hernán Ardón Montoya, alias El Baby Casper,
sufriendo lesión en cabeza región parietal posterior derecha.
12. Mario Rene Díaz Gámez, alias Cuervo, sufriendo lesión en
antebrazo izquierdo tercio proximal, región anti branquial
anterior, en antebrazo derecho, tercio proximal, región anti
branquial anterior, en región lateral dorsal del pie
izquierdo.
13. Marlon Enrique Velásquez Arévalo, alias Meyes, sufriendo
lesión en brazo izquierdo, tercio medio, en región braquial
anterior y fractura conminuta de humero izquierdo.
Recurso de Casación No. 400-2008
28
14. Olvin Omar Arzú Morales, alias El terco, sufriendo lesión
en cabeza región parietal anterior derecha, cabeza región
parietal posterior derecha., en tórax posterior región infra
espinosa derecha, en tórax posterior derecho región infra
espinosa, en mano izquierda, quinto dedo, con fracturas de
falange. 15. Oscar Hernández Velásquez, alias El Pewee,
sufriendo lesión en cabeza región occipital y en región inter
escapular 16. Reyes Ernesto Velásquez Gámez, alias El Tigre,
sufriendo lesión por arma de fuego en pierna derecha, con
impotencia funcional. 17. Santiago Domingo, alias El Duende,
sufriendo lesión en región parietal posterior izquierda, en
cabeza región occipital izquierda, en cara derecha, región
supra espinosa.- Quemadura grado II en antebrazo izquierdo,
tercio medio posterior, en antebrazo derecho tercio distal
posterior y en muslo derecho tercio medio, región femoral
posterior. CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Además sobreviven los reos
pandilleros: Cosme Javier Osorio, alias Bleizer, José Elson
Durón, alias Cuervo, Kent Ronal Zambulá, alias El Cruel y
Obed Isai Alemán Iscoa, alias Tacoma. CUADRAGÉSIMO OCTAVO:
Aproximadamente a las doce del medio día, del día cinco de
abril del año dos mil tres, aun estando el Centro Penal bajo
el resguardo de la Policía Nacional Preventiva, se persona al
lugar el Técnico Especialista del Escenario del Crimen,
encontrando a reos rondines haciendo labores de limpieza
dentro del recinto y moviendo cadáveres, además circulaban
libremente en el recinto varios miembros de la Policía
Nacional Preventiva y miembros de los medios de comunicación,
los que movieron de sus lugares originales objetos y cuerpos.
Horas mas tarde llega al lugar el Señor Armando Calidonio,
Sub Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad
Pública, y aproximadamente a las cuatro (4) de la tarde el
Señor Ricardo Maduro Joest, Presidente del Poder Ejecutivo,
acompañado del Señor Oscar Arturo Alvarez Guerrero,
Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad, además de
otras personas y elementos de seguridad, quienes ingresaron a
los recintos, haciendo un recorrido, todo al mismo tiempo que
Medicina Forense estaba recogiendo los cuerpos y el personal
de Inspecciones Oculares identificando y recolectando
indicios. Posteriormente una persona que acompañaba al
Presidente del Poder Ejecutivo indica a los Bomberos que
hagan un lavado del Centro Penal para que los reos que están
en el Campo puedan retornar a las celdas no afectadas por el
fuego, limpieza que se realizo entre las 08:00 p.m. hasta las
03:00 a.m. del día seis de abril del mismo año. CUADRAGÉSIMO
NOVENO: El Libro de la Secretaria de Seguridad de la
Dirección General de Servicios Especiales Preventivos,
referente a las Novedades Ocurridas en el Cuerpo de Guardia
del día cinco de abril del año dos mil tres, fue alterado,
borrando con corrector la hora en que se consigno fueron
escuchados los primeros disparos que correspondía las 09:00
a.m., consignando 09:30 a.m., consignándose además de forma
incorrecta la hora y el orden en que llegaron la diferentes
autoridades y periodistas de concurrieron a la Granja Penal
el cinco de abril de dos mil tres. QUINCUAGÉSIMO: En relación
a los hechos de fecha cinco de abril del año dos mil tres, se
estableció información inexacta e información falsa en: Libro
de la Secretaria de Seguridad de Dirección General de la
policía Preventiva, referente al Registro de Novedades del
Recurso de Casación No. 400-2008
29
Cuerpo de Guardia y en el Libro de la Secretaria de Seguridad
de Dirección General de policía Preventiva, Jefatura de La
Ceiba, referente al Control de Novedades y Mensajes
transmitidos a la Sección de Comunicación, todo con el fin de
hacer ver que la Policía Nacional Preventiva se enteró de lo
que acontecía en el Centro Penal hasta después de las 10:15
de la mañana del día cinco de abril del año dos mil tres.
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: En fecha seis de Abril del año dos mil
tres, el Sub Teniente Roger Armando Sosa Iglesias, remite
informe al Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunto Esparta;
Comandante del 4to Batallón de Infantería, Señor Mario Corea
López, refiriéndole que los hechos ocurridos en el Centro
Penal de El Porvenir, el día cinco de abril del año dos mil
tres, obedecieron a que los reos pandilleros y los reclusos
paisas se estaban atacando con armas punzo cortantes y palos,
que tras personarse al lugar con otros elementos del
ejército, se logró dominar la situación, refugiándose un
grupo de pandilleros en forma voluntaria en la celda seis (6)
y logrado sacar a otro grupo de la celda dos (2) para que no
sufrieran daño por el fuego, pero que después ingresaron los
refuerzos de la Fuerza de Tarea Conjunta Esparta y elementos
cobras, entraron al recinto disparando, y los elementos
cobras dispararon a un grupo de reos pandilleros que se
encontraban en ―posición de tendido‖, al mismo tiempo que un
grupo de presidiarios golpeaban y herían a los reos
pandilleros, según este informe. QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: En
fecha siete de abril del año dos mil tres, el Técnico de
Inspecciones Oculares se desplaza hacia El Centro Penal,
Granja Penal de El Porvenir, con el fin de realizar nueva
inspección ocular, encontrado en el exterior del edificio una
aglomeración de escombros y residuos, la mayoría de ellos a
lo que correspondía el repello de las paredes de los recintos
donde dos días antes se había dado el conflicto.
QUINCUAGÉSIMO TERCERO: En fecha once de Abril del año dos mil
tres, el Sub Comisionado de Policía Carlos Esteban Henríquez
Alvarez remite informe por escrito a la Directora General de
Policía Preventiva, Comisionada de Policía Coralia Rivera
Ramos, señalándole que los hechos de fecha cinco de abril de
ese año, en el Centro Penal Granja Penal de El Porvenir, se
produjeron como consecuencia de un enfrentamiento entre los
reos pandilleros y la población penitenciaria, utilizando
armas de fuego, palos, garrotes, leños, tubos, etc. y que al
momento de tratar de controlar la situación los reos
pandilleros les dispararon, por lo que los miembros de la
Fuerza de Tarea Conjunta Esparta y de la Policía Nacional
Preventiva tuvieron que hacer uso de sus armas de reglamento,
según éste informe.‖
III.- El Recurrente Abogado ANTONIO OCAMPO SANTOS, en su
condición de Apoderado Defensor de los señores CARLOS ESTEBAN
HENRÍQUEZ ÁLVAREZ, JOSÉ LUÍS SANTOS RODRÍGUEZ, MARCO ANTONIO
CASCO IRÍAS, JOSÉ ROBERTO OCHOA Y OSLIN EVENOR HERRERA
PALACIOS, desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de
Ley en tres motivos. Para efectos de seguir un orden
sistemático adecuado en su análisis y resolución, esta SALA
considera pertinente apartarse del orden seguido por el
Censor, de tal manera que inicialmente se pronunciará sobre
el segundo y tercer motivos, relativos a delitos contra la
vida, seguidamente al primero de ellos, tomando en cuenta que
Recurso de Casación No. 400-2008
30
la condena por el delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS
FUNCIONARIOS impuesta por el Tribunal de Sentencia, se funda
precisamente en el incumplimiento de obligaciones legales a
cargo de los imputados que a criterio del Juzgador dieron
lugar a la comisión por omisión de varios delitos de
ASESINATO, algunos que alcanzaron la fase de CONSUMACION y
otros el grado de ejecución de TENTATIVA, y finalmente al
cuarto de los motivos invocados.
III.- INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 117 NUMERAL 3º) DEL CODIGO
PENAL EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 32 DEL MISMO TEXTO PUNITIVO.-
PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO
PROCESAL PENAL.- EL CENSOR ARGUYE FUNDAMENTALMENTE QUE DE LOS
HECHOS PROBADOS NO SE DESPRENDE QUE LOS IMPUTADOS MARCO
ANTONIO CASCO IRÍAS, JOSÉ ROBERTO OCHOA Y OSLIN EVENOR
HERRERA PALACIOS SEAN RESPONSABLES EN COMISION POR OMISION DE
VEINTITRES DELITOS DE ASESINATO CONSUMADO MEDIANTE
INCENDIO.-
EXPOSICIÓN DEL MOTIVO Conforme a la sentencia los imputados
Marco Antonio Casco Irías, José Roberto Ochoa y Oslin Evenor
Herrera Palacios, incurren en ―el delito de Asesinato
mediante incendio por omisión impropia al tenerlos como
garantes, por disposición de la ley-, al tener la condición
de funcionarios públicos, con la responsabilidad de cumplir y
hacer cumplir lo que la Constitución de la República
establece respecto a la protección de los derechos y
garantías que la misma consagra, como es la vida, la
seguridad e integridad de las personas, en especial en este
caso a las que estaban privadas de libertad ambulatoria e
ingresados en ese centro penal‖. ―Actuando como autores
inmediatos, en forma independiente siendo responsables de los
actos que se cometieron en su presencia y con su
conocimiento... al omitir ejecutar en forma independiente
acciones en pro de las personas que estaban siendo objeto de
muerte por otras personas‖. Según se desprende de los
numerales séptimo, octavo, noveno y decimoprimero de la
fundamentación jurídica y que, conforme al numeral noveno de
la fundamentación punitiva, los hace responsables del delito
de asesinato mediando incendio por omisión de veintitrés
personas‖. La sentencia funda su condena en la existencia del
delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios en su
hipótesis tenida en el Artículo 349 numeral 3º del Código
Penal, de tal manera que si no existe este delito, tampoco
existirá el delito de asesinato mediante la hipótesis del
Artículo 117 numeral 3º del mismo Código Penal porque la
sentencia ubica la comisión d este delito como delito
subsidiario. Esta situación subsidiaria se da por cuanto la
sentencia incurre en un razonamiento jurídico inexacto en las
siguientes magnitudes: a) Considera que los imputados estaban
en posición de garantes por el solo hecho de ser empleados,
no funcionarios, como dice la sentencia, dado que funcionario
es aquel que toma decisiones dentro del grado de
discrecionalidad que le fija la ley y el empleado es el
servidor público a quien se le asigna una serie de funciones
y escasa vez una que otra discrecionalidad. En todo caso, al
concurrir al centro penal bajo la dirección del oficial
Torres Vindel, este gozaba de la discrecionalidad por estar
en una jerarquía superior dentro de su función y sin ningún
Recurso de Casación No. 400-2008
31
vínculo legal con el oficial Roger Armando Sosa Iglesias
quien se define en la sentencia como un oficial de la Fuerza
Esparta sin ningún vínculo de relación con la Policía
Preventiva que no fuera de la obligación de auxilio a que se
refiere el Artículo 25 de la Ley Orgánica de la Policía
Nacional. Ha quedado expuesto en el primer motivo de esta
exposición que la ley especial que rige a la policía coloca
los derechos y garantías de los privados de libertad en la
Dirección General de Establecimientos Penales como una
sección de la Dirección General de Servicios Especiales
Preventivos y jamás en la Dirección General de la Policía
Preventiva, de manera que, siguiendo el principio de
preferencia a que se refiere el Artículo 2-A del Código
Penal, la ley deja claro quien debe asumir la condición de
garante, sin podernos explicar de manera objetiva y
supeditado al principio de legalidad a qué ley se refiere la
sentencia cuando se invoca este concepto para asegurar la
condición de garante en la persona equivocada. b) En una
segunda situación, la sentencia señala que la autoría de los
imputados en el delito es por la vía de la omisión impropia.
Sobre este particular, es necesario formular dos aportaciones
que demuestran la falsedad del concepto. Dejamos expuesto que
las omisiones impropias son para los delitos de resultado y
no para los delitos de mera actividad, de manera que, siendo
el asesinato un delito de mera actividad, jamás podrá darse
mediante una omisión impropia. Por otro lado, el Artículo 117
y sus cuatro hipótesis para incurrir en el delito de
asesinato, deja bien claro que se trata de un delito de
acción y es por ello que esto muestra su primera diferencia
con el homicidio que puede ser por acción o por omisión, pero
el delito de asesinato solamente puede cometerse por acción
en vista de que las hipótesis tipificadoras todas son de
acción, es decir, nadie puede cometer un asesinato mediante
una alevosía omisiva, un incendio omisivo, una premeditación
omisiva o un ensañamiento omisivo. Todas estas hipótesis
reclaman de la acción y esta acción debe ser propia, por
cuanto el asesinato es un delito de mera actividad que se
consuma en el acto de su ejecución aunque sea otro el lugar
del resultado como bien señala el Artículo 19 del Código
Penal. c) La sentencia incurre en la contradicción de señalar
que los imputados actuaron mediante omisión impropia y al
mismo tiempo que lo hicieron mediante autoría inmediata.
Estos dos conceptos son contradictorios entre sí porque
siendo un delito de mera actividad y de acción por sus
hipótesis, no puede darse la autoría inmediata sin haber
acción. En el remoto caso, de lo cual no existe un tan solo
medio de prueba, los imputados se hubieran encontrado frente
a la celda número seis al momento del incendio y que
efectivamente hubieran tenido la condición de garantes, las
obligaciones del policía preventivo no lo lleva a la comisión
de actos heroicos, como bien se especifica en el delito de
omitir el deber de socorro. El policía está obligado al
cumplimiento de sus funciones siempre y cuando no ponga en
riesgo su propia vida y en eso descansa el uso de las armas a
que se refiere el Artículo 22 numeral 5º de la Ley Orgánica
de la Policía Nacional, hacer uso de sus armas de reglamento
cuando su vida se encuentre en peligro frente a quienes
quebrantan el orden público y el derecho de las personas
Recurso de Casación No. 400-2008
32
pacíficas. d) Los mismos hechos probados y tenidos así en la
sentencia establecen que en el interior del penal los reos
pandilleros se habían hecho de un arma de fuego con la que le
quitaron la vida a los reos rondines y que de las celdas 2 y
6 se hacían disparos, aun en los momentos en que cogían
fuego, mediante la acción de uno de los reos rondines, de
manera que la condena por asesinato mediante incendio por
omisión impropia en su condición de garantes, no obedece
estos criterios sino a una negativa a realizar actos heroicos
a los que ningún funcionario o empleado de la Administración
Pública está obligado a incurrir. En conclusión, siendo un
delito establecido y señalado como subsidiario del delito de
violación a los deberes de los funcionarios, si no tiene
existencia éste, mucho menos lo tendrá el segundo por las
razones arriba señaladas.
III.-RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA
FUNDADO EN LA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 117 NUMERAL 3) DEL
CODIGO PENAL EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 32 DEL MISMO TEXTO
PUNITIVO. EL CENSOR ALEGA FUNDAMENTALMENTE QUE DE LOS HECHOS
PROBADOS NO SE DESPRENDE QUE LOS ENCARTADOS MARCO ANTONIO
CASCO IRÍAS, JOSÉ ROBERTO OCHOA Y OSLIN EVENOR HERRERA
PALACIOS SEAN RESPONSABLES EN COMISION POR OMISION DE
VEINTITRES DELITOS DE ASESINATO CONSUMADO MEDIANTE
INCENDIO.-
Argumenta el recurrente que conforme a la sentencia impugnada
los imputados MARCO ANTONIO CASCO IRÍAS, JOSÉ ROBERTO OCHOA Y
OSLIN EVENOR HERRERA PALACIOS, incurren en el delito de
ASESINATO mediante INCENDIO por OMISIÓN IMPROPIA al tenerlos
como GARANTES, por disposición de la ley, en su condición de
funcionarios públicos, con la responsabilidad de cumplir y
hacer cumplir lo que la Constitución de la República
establece respecto a la protección de los derechos y
garantías que la misma consagra, como es la vida, la
seguridad e integridad de las personas, en especial en este
caso de las que estaban privadas de su libertad ambulatoria e
ingresadas en ese centro penal”. Por considerar que “Actuando
como autores inmediatos, en forma independiente siendo
responsables de los actos que se cometieron en su presencia y
con su conocimiento... al omitir ejecutar en forma
independiente acciones en pro de las personas que estaban
siendo objeto de muerte por otras personas”. El Censor
después de citar fragmentos del fallo recurrido, cuestiona a
que la sentencia funda su condena en la existencia del delito
de Violación a los Deberes de los Funcionarios en la
hipótesis prevista por el Artículo 349 numeral 3º del Código
Penal, estimando que al no haberse cometido este delito por
los encartados, tampoco puede atribuírseles el delito de
asesinato mediante modalidad contenida en el Artículo 117
numeral 3º del mismo Código Penal. El recurrente considera
que la sentencia impugnada incurre en un razonamiento
inexactos, ya que: a) Considera que los imputados estaban en
POSICIÓN DE GARANTES por el solo hecho de ser empleados,
cuando quienes tienen la calidad de tales son los
funcionarios, dado que funcionario es aquel que toma
decisiones dentro del grado de discrecionalidad que le fija
la ley. Asegura que ha quedado expuesto en el primer motivo
que la ley especial que rige a la policía coloca los derechos
Recurso de Casación No. 400-2008
33
y garantías de los privados de libertad bajo la tutela de la
Dirección General de Establecimientos Penales como una
sección de la Dirección General de Servicios Especiales
Preventivos y jamás en la Dirección General de la Policía
Preventiva. Refiere que siguiendo el PRINCIPIO DE PREFERENCIA
a que se refiere el Artículo 2-A del Código Penal, la ley
deja claro quien debe asumir la CONDICIÓN DE GARANTE, sin
explicarse el recurrente de manera objetiva y supeditado al
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, a qué ley se refiere la sentencia
cuando atribuye la CONDICIÓN DE GARANTE a la persona
equivocada; b) En una segunda situación, reprocha la
sentencia cuando esta señala que la AUTORÍA de los imputados
en el delito, es por la vía de la OMISIÓN IMPROPIA. Sobre
este particular, deja expuesto que las OMISIONES IMPROPIAS
son para los DELITOS DE RESULTADO y no para los delitos de
MERA ACTIVIDAD, de manera que, siendo el ASESINATO un delito
de mera actividad, jamás podrá consumarse mediante una
omisión impropia. Asegura que el delito de asesinato
solamente puede cometerse por acción en vista de que las
hipótesis tipificadoras todas son de acción, es decir, nadie
puede cometer un asesinato mediante una alevosía omisiva, un
incendio omisivo, una premeditación omisiva o un ensañamiento
omisivo. c) Esgrime que la sentencia incurre en una
contradicción al señalar que los imputados actuaron mediante
OMISIÓN IMPROPIA y al mismo tiempo que lo hicieron mediante
AUTORÍA INMEDIATA. Asegura que estos dos conceptos son
incomptibles entre sí porque siendo un delito de mera
actividad y de acción en sus distintas hipótesis, no puede
darse la autoría inmediata sin haber acción. Refiere que el
policía está obligado al cumplimiento de sus funciones
siempre y cuando no ponga en riesgo su propia vida y en eso
descansa el uso de las armas a que se refiere el Artículo 22
numeral 5º de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; d) Los
mismos hechos probados y tenidos así en la sentencia,
establecen que en el interior del centro penal los reos
pandilleros se habían hecho de un arma de fuego con la que le
quitaron la vida a los reos rondines y que de las celdas 2 y
6 se hacían disparos, aun en los momentos en que cogían
fuego, mediante la acción de uno de los reos rondines, de
manera que la condena por asesinato mediante incendio por
omisión impropia en su condición de garantes, no obedece a
tuvieran tal condición, sino a una negativa para realizar
actos heroicos, a los que ningún funcionario o empleado de la
Administración Pública esta obligado a incurrir. Concluye que
siendo el asesinato mediante incendio un delito SUBSIDIARIO
del delito de violación a los deberes de los funcionarios, de
no tener existencia el primero, mucho menos lo tendrá el
segundo por las razones arriba señaladas. Esta Sala de lo
Penal considera importante recordar, que a través del recurso
de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una
revaloración jurídica del material fáctico descrito en la
sentencia, contenido en la formulación de hechos probados
realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del
tradicional recurso de apelación, propio del anterior
sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del
Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como
jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente
admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice
Recurso de Casación No. 400-2008
34
un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto,
o sea una revisión jurídica de los hechos declarados
probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo
invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como
contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el
Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del
juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de
casación por infracción de ley tiene por finalidad la
revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de
la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o
valorando jurídicamente los hechos establecidos en la
sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho
que rige el caso dentro del campo de la consideración
puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada
al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos
fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal
Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por
infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren
probados en la sentencia, se haya infringido un precepto
penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba
ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo
a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal,
la sentencia se construye como un silogismo, en que la
premisa menor, está integrada por el relato de hechos
probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la
conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de
casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su
alegación, de los hechos probados que contenga la resolución
cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que
la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva
de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a
la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos
probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas
que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben
aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso
concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación
de la misma. Precisados los límites en los que puede
desenvolverse la función revisora de esta Sala cuando del
recurso de casación por infracción de ley se refiere, ahora
es pertinente que indiquemos cuales son los elementos
objetivos y subjetivos del delito de asesinato mediante
incendio, que en comisión por omisión se atribuye a los
imputados MARCO ANTONIO CASCO IRÍAS, JOSÉ ROBERTO OCHOA Y
OSLIN EVENOR HERRERA PALACIOS.- La muerte de una persona a
consecuencia de la acción realizada por otra, valiéndose de
medios especialmente peligrosos o revelando una especial
perversidad, ha sido tradicionalmente castigada con mayor
severidad que el homicidio simple. En este sentido, el
asesinato se describe como la muerte de otra persona
ejecutada con alguna de las circunstancias mencionadas en el
artículo 117 del Código Penal. De este modo, la concurrencia
de algunas de las circunstancias del artículo 117 establece
la diferencia entre el homicidio y el asesinato. No obstante,
cabe señalar, que ambos delitos comparten características
comunes, así, aparte de la igualdad en el bien jurídico
protegido, que es la vida humana como valor ideal, coinciden
los sujetos, activo y pasivo, que pueden serlo cualquier
persona, sin más limitaciones que las que provienen del
Recurso de Casación No. 400-2008
35
concurso de leyes,1 el objeto material sobre el que recae
directamente la acción es el hombre vivo físicamente
considerado, y los problemas de la relación de la causalidad,
en virtud de la cual se debe establecer la conexión entre el
comportamiento del sujeto activo y el resultado que consiste
en la muerte efectiva de otra persona. En el caso concreto
que ahora nos ocupa, se ha declarado la responsabilidad penal
de los encausados por su contribución en comisión por
omisión, a la consumación de veintitrés delitos de asesinato
mediante incendio, modalidad prevista en el numeral 3) del
precepto legal supracitado. La razón de la especial
agravación de la muerte de un ser humano cometido mediante
incendio, no es solamente la mayor perfidia del medio
empleado que revela un delincuente sumamente peligroso, sino
también el peligro general que tal medio y otros como la
inundación, explosión, descarrilamiento, etc… encierran para
la colectividad2. Habiendo determinado de manera sucinta
cuales son los elementos objetivos y subjetivos de la
modalidad del delito de asesinato, esta Sala considera
pertinente referirse ahora a la figura de la comisión por
omisión, siendo que esta es la estructura típica de los
delitos de asesinato que se imputa a los encausados. El tipo
de comisión por omisión muestra en su parte objetiva la misma
estructura que el de la omisión pura: a) situación típica; b)
ausencia de la acción determinada; c) capacidad de
realizarla3, pero completada con la presencia de tres
elementos particulares necesarios para la imputación objetiva
del hecho: la Posición de garante, la producción de un
resultado y la posibilidad de evitarlo. Recapitulando podemos
decir que a)la posición de garante integra necesariamente la
situación típica de los delitos de comisión por omisión no
expresamente tipificados; b)debe seguir en ellos la
producción de un resultado; y, c) la capacidad de acción debe
comprender la capacidad de evitar el resultado. Si el primer
elemento de toda omisión es que tenga lugar la situación
típica base del deber de actuar, en la comisión por omisión
no expresamente tipificada ha de integrar dicha situación la
llamada posición de garante por parte del autor. Se da cuando
corresponde al sujeto una específica función de protección
del bien jurídico afectado o una función personal de control
1 Así sí el sujeto pasivo es alguno de los Presidentes de los Poderes del
Estado, el delito aplicable es el previsto en el artículo 322, si se
trata del Jefe de Estado extranjero o Jefe de Gobierno extranjero, el
artículo 318, etc… 2 Vid. CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II,
Revisada por CAMARGO HERNANDEZ, CESAR, Bosch, Casa Editorial, S.A.,
Barcelona, 1982, pág. 507. 3 Así por ejemplo, constituye un tipo de omisión pura, el previsto en el
artículo 388 No. 4) del Código Penal que se describe de la siguiente
manera: ―….quien sin concierto previo con los autores o cómplices de un
delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de éste:…4)
Deja de comunicar a la autoridad las noticias que tuviere acerca de la
comisión de un delito cuando está obligado a hacerlo por su profesión o
empleo….En este supuesto la situación típica es la de quien se encuentra
en la circunstancia de tener motivos suficientes para suponer la comisión
de un delito con la obligación de denunciarlo. La ausencia de la acción
esperada, radica en dejar de comunicar a la autoridad las noticias que
tuviere acerca de la comisión de un delito, a lo que se añade la como un
elemento del tipo objetivo, la capacidad de efectuar tal notificación, es
decir, la posibilidad de realizar la acción esperada.
Recurso de Casación No. 400-2008
36
de una fuente de peligro, en ciertas condiciones. Ambas
situaciones convierten entonces al autor en garante de la
indemnidad del bien jurídico correspondiente. Así por
ejemplo, en determinadas circunstancias asumen la posición de
garantes para salvaguardar la indemnidad de bienes jurídicos
ajenos, el padre en relación con el niño, el hijo en relación
con el padre anciano, la esposa en relación con el esposo o
viceversa, el profesor de natación en relación con su alumno,
la enfermera obligada a cuidar al paciente, el salvavidas en
relación a la persona que se ahoga, la niñera encargada de
cuidar la criatura en brazos, el controlador aéreo, el
cuidador de una planta de energía atómica o de sustancias
radiactivas, el conductor encargado de transportar sustancias
químicas, el jefe de seguridad de la fábrica encargado de
mantener las máquinas en perfecto estado de funcionamiento
para evitar accidentes de trabajo, el dueño del animal fiero,
La posición de garante es precisa para que la no evitación de
un resultado lesivo pueda equipararse a su propia causación
positiva y castigarse con arreglo al precepto que sanciona su
producción. De este modo, en la doctrina se exponen como
ejemplos clásicos de delitos cometidos en comisión por
omisión, en que la posición de garante determina que la no
evitación del resultado lesivo se equipara al de su
causación, lo siguientes: la madre que no le suministra
alimento al recién nacido y lo deja morir por inanición, la
mujer que deja perecer al recién nacido al omitir atarle el
cordón umbilical, el cónyuge que no le brinda asistencia
médica a su compañero, víctima de una repentina enfermedad o
accidente, y deja que muera, el socorrista que no le presta
atención al bañista cuya protección se le ha encomendado, al
profesor de natación que deja ahogar al alumno que le ha
prometido adiestrarlo en dicho deporte, el guía, que ante la
situación de peligro del excursionista que ha confiado su
cuidado, no hace nada para evitarlo, el encargado de cuidar
al ciego, al que no le impide avanzar hacia el precipicio, el
que deja morir de hambre al secuestrado, el guardián de
prisiones que no asiste al detenido en peligro de muerte
después de intervenir en una riña, etc..4 Lo decisivo en la
comisión por omisión es la virtual causalidad de la acción
que hubiera debido realizarse para evitar el resultado
(“causalidad hipotética”) Para comprobar la existencia de la
causalidad hipotética o llamada también por algunos “nexo de
evitación”, el Juzgador debe acudir a una fórmula en virtud
de la que a partir de la teoría de la equivalencia de las
condiciones, se afirma que la omisión es causa del resultado,
si puesta mentalmente en su lugar la acción esperada, que no
es realizada por el omitente, el resultado desaparece, de
este modo pues, hay causalidad hipotética si la acción no
realizada hubiera evitado la producción del resultado al
menos con una probabilidad rayana en la certeza. Como lo
exponíamos líneas arriba, el sujeto activo debe tener la
capacidad efectiva (real, física) de realizar la conducta
ordenada (el mandato) en el caso concreto y partir de
consideraciones objetivas, pues de lo contrario, sí al agente
le falta capacidad corporal o física de acción, su
4 Vid. VELASQUEZ FERNANDO, en Derecho Penal, Parte General, 4ª edición,
COMLIBROS, Bogotá, Colombia, 2009, pág 668.
Recurso de Casación No. 400-2008
37
comportamiento, llevado a cabo de manera distinta, será
atípico; como dice la máxima jurídica: “a lo imposible nadie
está obligado”. Así por ejemplo: el bañista que en este
momento se ahoga en las playas, así se pueda presenciar el
hecho por medio de la televisión, no puede ser salvado por
uno de los televidentes, pues ninguno de ellos tiene la
posibilidad de realizar la acción ordenada, no así el
socorrista contratado para cuidar a los veraneantes. Desde
luego, la incapacidad física puede ser equiparada a aquella
que resulta de una inhabilidad técnica, de una falta de
conocimientos o de medios de auxilio5. Para la comisión por
omisión vale igual el dolo, que para los delitos de omisión
pura. La única particularidad es que, como es lógico, el dolo
deberá abarcar no solo la ausencia de la acción debida, sino
también la posibilidad y la necesidad de la evitación del
resultado mediante aquella acción. Además habrá de extenderse
a la situación que determina la presencia de la posición de
garante6. Abundando en la configuración del dolo, podemos
decir que este tiene un componente cognoscitivo, en tanto que
se requiere en primer lugar, que el agente tenga conocimiento
de la posición de garante, es decir, debe saber que en el
caso concreto ostenta la posición de padre, hijo, médico,
jefe de seguridad industrial, etc… En segundo lugar, el
sujeto debe tener conocimiento de la situación típica y del
curso causal (de la causalidad hipotética), además en tercer
lugar, se requiere la posibilidad de representación de la
conducta debida y la vía para evitarlo. Sobre el componente
volitivo, es indispensable que el agente quiera (aunque sea
eventualmente) la realización del tipo en su aspecto objetivo
correspondiente, que tenga voluntad de realización de la
conducta omisiva según la nota de la finalidad7. Aplicando
los criterios anteriormente expuestos al caso concreto que
ahora nos ocupa, esta Sala aprecia lo siguiente: A) Que de
conformidad a lo descrito por el Tribunal de Sentencia en la
fundamentación fáctica del fallo recurrido; a eso de las 9:25
de la mañana del día 5 de abril de 2003, uno de los reos
rondines procesados cerró con candado la celda número seis,
procediendo junto con otros encausados a colocar obstáculos
en la puerta de acceso, introduciendo colchones por las
ventanas del recinto, así como también a rociar de líquido
acelerante la madera del techo provocando fuego en el
interior de la celda. Con tales acciones se origina una
situación típica, es decir una amenaza o peligro para el bien
jurídico “vida” de los reclusos pandilleros y otras personas
que se encontraban dentro, originándose un foco de peligro o
riesgo de que muriesen por la acción del fuego provocado, y
con ello la expectativa de que se consumase el tipo penal de
asesinato descrito en el artículo 117 No. 3) del Código Penal
(vid. Hecho probado vigésimo cuarto) b) Es un hecho no
controvertido, que los acusados MARCO ANTONIO CASCO IRÍAS,
JOSÉ ROBERTO OCHOA Y OSLIN EVENOR HERRERA PALACIOS, fueron
5 Vid. VELASQUEZ FERNANDO, en Derecho Penal, Parte General, 4ª edición,
COMLIBROS, Bogotá, Colombia, 2009, pág 672.
6 Vid. MIR PUIG, SANTIAGO, Derecho Penal, Parte General, 6ª edición,
2002, pág. 324. 7 Vid. VELASQUEZ, FERNANDO, VELASQUEZ FERNANDO, en Derecho Penal, Parte
General, 4ª edición, COMLIBROS, Bogotá, Colombia, 2009, págs. 674-675.
Recurso de Casación No. 400-2008
38
llamados en su condición de miembros de la Policía Nacional
adscritos al cuerpo especializado denominado “Cobras”, para
colaborar en el restablecimiento del orden que se había
quebrantado en las instalaciones de la Granja Penal del
Porvenir. El artículo 293 de la Constitución de la República
prevé que la Policía Nacional es una institución profesional
del Estado, encargada de velar por la conservación del orden
público, la prevención, control y combate del delito, así
como también de proteger la seguridad de las personas y sus
bienes. El artículo 10 No. 2) de la entonces vigente Ley
Orgánica de la Policía Nacional (Decreto No. 155-98)
establecía entre otras atribuciones, que para el logro de sus
objetivos y cumplimiento de sus responsabilidades, le
correspondía a ese cuerpo de seguridad entre otras
atribuciones, la de proteger la vida, bienes, derechos y
libertades de las personas. En sintonía con los preceptos
antes mencionados, el artículo 22 No. 3) establece que en el
cumplimiento de sus funciones los miembros de la Policía
deberán cuidar y proteger la salud física y mental de las
personas detenidas o sometidas a resguardo. Del precepto
constitucional y legales antes citados, se desprende sin duda
alguna, que los integrantes del cuerpo especializado Cobras,
al reunir la condición de miembros de la Policía Nacional,
asumen la posición de garantes de la vida e integridad física
de las personas que se encuentren recluidas en un centro
penitenciario del Estado en aquellos casos en que dichos
bienes jurídicos se vean amenazados o puestos en peligro por
otros reclusos o individuos. De este modo podemos afirmar,
que los imputados MARCO ANTONIO CASCO IRÍAS, JOSÉ ROBERTO
OCHOA Y OSLIN EVENOR HERRERA PALACIOS tras su ingreso a la
Granja Penal del Porvenir para colaborar en el
restablecimiento del orden alterado en el interior de ese
centro penitenciario, tenían una posición de garante, es
decir, la obligación de hacer cuanto estuviera a su alcance
para evitar ataques a la integridad física o la vida de
cuantas personas se encontraran en situación de peligro,
independientemente de que se tratara de pandilleros,
rondines, reos comunes denominados “paisas”, visitantes,
funcionarios penitenciarios, policías, miembros del ejército
nacional, etc… ; C)Ausencia de la acción determinada: una
lectura detenida de la fundamentación fáctica de la sentencia
impugnada, no revela que los encausados MARCO ANTONIO CASCO
IRÍAS, JOSÉ ROBERTO OCHOA Y OSLIN EVENOR HERRERA PALACIOS
hayan realizado alguna acción dirigida a evitar que los reos
pandilleros y otras personas que se encontraban al interior
de la celda No. 6) de la Granja Penal del Porvenir murieran
por la acción del fuego desatado tras la provocación del
incendio provocado por otros individuos. D)La posibilidad de
realizar la acción esperada: para verificar la concurrencia
de este requisito de la parte objetiva del delito de comisión
en omisión, resulta de capital importancia el análisis de lo
descrito en el hecho probado VIGÉSIMO SÉPTIMO que
textualmente dice: “Minutos después de las 09:30 a.m., llegan
a la Granja Penal dos (2) patrullas de la Policía Nacional
Preventiva, en un numero mínimo de dieciocho (18) elementos,
quienes procedieron a ingresar al recinto junto con elementos
de la Policía de Turismo, tomando el control de la situación,
y cuatro (4) minutos después se personan al lugar otra
Recurso de Casación No. 400-2008
39
patrulla de la policía nacional preventiva con un mínimo de
siete (7) elementos Cobras, portando sus armas de reglamento,
entre estos los policías Marco Antonio Casco, José Roberto
Ochoa y Oslin Evenor Herrera Palacios, todos al mando del
Inspector Edil Antonio Torres Vindel, quienes ingresan al
recinto disparando sus armas, concentrándose en el lado de
los billares, por la celda nueve (9) y en la entrada del
Cuerpo de guardia. En ese momento el fuego de la Celda seis
(6) es ya incontrolable, comenzando a comprometer las celdas
siete (7) y cinco (5), por lo que el combinado de los
elementos armados del Estado dispone evacuar a los reos
comunes de las celdas ocho (8), siete (7), cinco (5), cuatro
(4), tres (3) y uno (1), llevándolos al área de los talleres,
sin prestar auxilio a los reos pandilleros y visitas que se
encuentran aun con vida en la celda seis (6). Minutos mas
tarde se produce un estallido desde el interior de la celda
seis (6).” De lo anterior se deriva que los acusados MARCO
ANTONIO CASCO, JOSÉ ROBERTO OCHOA Y OSLIN EVENOR HERRERA
PALACIOS, se encontraban bajo el mando, es decir bajo la
subordinación del Inspector EDIL ANTONIO TORRES VINDEL,
circunstancia que limitó su libre capacidad de decidir o
accionar en su función protectora frente a la situación de
peligro en la vida e integridad física de cuantos personas se
encontraba en el interior del centro penitenciario. Por otro
lado cabe señalar que de los mismos hechos probados se
establece que tras su ingreso al centro penitenciario se
concentran en una posición cercana al billar, a la celda
número nueve (9) y en la entrada del cuerpo de guardia,
cuando el fuego en la celda número seis(6) resulta ya
“incontrolable”, comenzándose a “comprometer” (sic)
(entendemos amenazadas por la acción del fuego) las celdas
siete (7) y cinco (5), por lo que junto con otros elementos
armados del Estado se disponen a evacuar los internos
recluidos en las mismas, así como también a los que se
encontraban en las celdas cuatro (4), tres (3) y uno (1),
llevándolos al área de los talleres. Del anterior cuadro
fáctico se deriva que si bien es cierto que los encausados no
realizaron ninguna acción dirigida a evitar que los reos y
otras personas que se encontraban encerrados en la celda
número dos murieran por la acción del fuego desatado por
otros individuos, no es menos cierto que tampoco se deriva de
manera concluyente y como mínimo con una probabilidad rayana
en la certeza que los encartados MARCO ANTONIO CASCO, JOSÉ
ROBERTO OCHOA Y OSLIN EVENOR HERRERA PALACIOS, limitados como
antes queda dicho en el ejercicio de su voluntad individual y
autodeterminación al encontrarse bajo eL mando de un superior
jerárquico, esto es del Inspector EDIL ANTONIO TORRES VINDEL,
hayan estado en capacidad de efectuar una acción de
salvamento eficaz a favor de los reos y otras personas ( que
fallecieron bajo la acción del fuego provocado en la celda
No. 2) en la situación caótica prevaleciente en el recinto
carcelario, tomando en cuenta que según lo previsto en el
hecho probado relacionado los acusados se sitúan
temporalmente en el escenario de los acontecimientos cuando
el fuego era “incontrolable”, y se comenzaba a poner en serio
riesgo las vidas de las personas refugiadas en las celdas
siete (7) y (5), por lo que contribuyen con acciones
dirigidas a evacuar a estas últimas así como también para
Recurso de Casación No. 400-2008
40
hacer lo mismo con los reos ubicados en las celdas cuatro
(4), tres (tres) y uno (1). De este modo y a criterio de esta
Sala, no es posible a partir del relato de hechos probados
concluir al menos con una probabilidad rayana en la certeza
de que los procesados MARCO ANTONIO CASCO, JOSÉ ROBERTO OCHOA
Y OSLIN EVENOR HERRERA PALACIOS hayan tenido la posibilidad
efectiva de realizar la acción esperada en el caso concreto,
ni mucho menos de establecer un nexo de evitación o de
causalidad hipotética que permita dar un rango equivalente a
su falta de acción para controlar el foco de peligro, a la de
su efectiva causación, y por ende que pueda atribuírseles
responsabilidad criminal en comisión por omisión por los
veintitrés delitos de asesinato mediante incendio, de los que
fueron condenados por el Tribunal de Sentencia de la ciudad
de La Ceiba. Por todo lo expuesto esta Sala, declara con
lugar el motivo de casación invocado por el recurrente a
favor de dichos procesados.
IV.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA
FUNDADO EN LA INDEBIDA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 117 NUMERAL 3)
DEL CODIGO PENAL EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 15 DEL MISMO TEXTO
PUNITIVO. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 PARRAFO PRIMERO
DEL CODIGO PROCESAL PENAL. EL CENSOR ALEGA FUNDAMENTALMENTE
QUE DE LOS HECHOS PROBADOS NO SE DESPRENDE QUE LOS ENCARTADOS
JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ Y CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ
SEAN RESPONSABLES EN COMISION POR OMISION DE DIECINUEVE
DELITOS DE ASESINATO POR ALEVOSIA PRODITORIA EN EL GRADO DE
EJECUCION DE TENTATIVA.-
EXPOSICION DEL MOTIVO En las consideraciones jurídicas
contenidas en los numerales décimo primero y décimo cuarto la
sentencia fundamenta para mis representados José Luís Santos
Rodríguez y Carlos Esteban Henríquez Álvarez el delito de
asesinato tentado mediante alevosía proditoria en contra de
diecinueve privados de libertad como consecuencia a la
Violación a los Deberes de los Funcionarios mediante concurso
ideal y formal complejo. En la formulación de la tesis, la
sentencia introduce el delito en tentativa, el concurso ideal
complejo y la alevosía proditoria. a) Al referirse a la
alevosía proditoria en el numeral décimo tercero de la
fundamentación jurídica la define como un ―ataque a traición,
que incluye la insidia, trampa, emboscada, celada,
apostamiento‖, actuando el autor ―a traición sobre seguro‖
como decía el Código penal español de 1871 en su Artículo
1822, concurriendo una cierta premeditación en orden a la
consecución del objetivo lesivo, encuadrándose aquí aquellos
supuestos en los que el sujeto activo utiliza estratagemas o
procedimientos engañosos o tretas para atraer pérfidamente a
la víctima con ocultación sinuosa del ánimo hostil,
caracterizándose en ocasiones por tratarse de un ataque por
la espalda, dándose en ella la máxima ocultación de las
intenciones y proyectos homicidas o lesivos, en cuanto el
propio agresor se esconde a la vista de la víctima. Explica
en esta forma la alevosía proditoria o, con mejor criterio
penal, conocida actualmente como premeditación, contradice a
la misma sentencia que al valorar la prueba en su apartado
vigésimo sexto concluye Explicada en esta forma la alevosía
proditoria o, con mejor criterio penal, conocida actualmente
como premeditación, contradice a la misma sentencia que al
Recurso de Casación No. 400-2008
41
valorar la prueba en su apartado vigésimo sexto excluye la
teoría de la conspiración, siendo contradictorio que si no
hay conspiración exista premeditación o alevosía predatoria,
por cuanto, ambas figuras buscan lo mismo ―un ataque a
traición y sobre seguro‖ y no se pueda tener por existente
una alevosía proditoría o premeditación como la presenta el
Código Penal sin haber una conspiración o concierto para
delinquir. b) En la consideración jurídica décimo sexto de la
sentencia, el honorable Tribunal de Sentencia hace una
exposición sobre el concepto penal de tentativa, de suyas
definiciones que interesan la Tentativa acabada cuando ―el
sujeto realizó todos los actos tendientes a la consumación
del delito, sin que este se haya consumado por la
intervención de otro agente o circunstancias ajenas al iter
criminoso‖. Al referirse a la Tentativa inacabada, la
sentencia recoge la definición donde ―el sujeto activo no
pudo realizar todos los actos tendientes a la consumación del
delito debido a circunstancias ajenas a su voluntad‖. La
identidad de estos conceptos no es mera coincidencia.
Haciendo un poco de historia, en el Código Penal de 1906 en
su artículo 4 definía el delito frustrado ―cuando el culpable
practica todos los actos de ejecución que deberían producir
como resultado el delito, y, sin embargo, no lo producen por
causas independientes de su voluntad”. “Hay tentativa, cuando
el culpable da principio a la ejecución del delito
directamente por hechos exteriores, y no practica todos los
actos de ejecución necesarios para producir el delito, por
causa o accidente que no sea su propio y voluntario
desistimiento”. Bajo este precepto histórico-penal la
definición legal del delito frustrado es tomada de la
doctrina sobre la tentativa acabada y el concepto de
tentativa se refiere a la tentativa inacabada. La doctrina
comenzó a ver una cierta confusión entre el concepto del
delito frustrado con el delito en tentativa y consideró que
resultaba prudente unificar estos criterios en un solo
concepto y es así como surge el concepto que nos presenta el
Código Penal de 1984 al decir en su Artículo 15 que ―Hay
tentativa cuando, con la intención de cometer un delito
determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no
se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente”. Esa
misma doctrina unificadora formula la dicotomía de la
tentativa entre acabada e inacabada, estableciendo como
concepto para la primera, ―la realización de todos los actos
del tipo que compete al sujeto activo del delito aportar para
realizar el tipo en cuestión”. Y como tentativa inacabada “el
sujeto no consigue el resultado típico ya que se interrumpe
la realización de los actos ejecutivos correspondientes para
conseguir el efecto esperado, pero esta interrupción proviene
de circunstancia ajenas a su voluntad, porque si éste termina
por su propia voluntad, la realización de la conducta típica
estaríamos frente al desistimiento voluntario”. También se
hace otra división entre lo que es la tentativa idónea y la
tentativa inidónea que nuestro Código Penal recoge en los
Artículos 15 y 16. La legislación española al formular el
cambio de nomenclatura en el Código penal de 1995, desarrolla
como tentativa acabada el viejo concepto del delito frustrado
(Art. 42) y la tentativa inacabada cuando en su realización
existe un elemento externo que impide su consumación –el
Recurso de Casación No. 400-2008
42
ladrón que es sorprendido abriendo la caja de caudales- o la
presencia de un elemento subjetivo que obliga al sujeto
activo a detener su acción por la vía del arrepentimiento el
sujeto activo no completa la totalidad de los actos
conducentes a la comisión del delito por un acto voluntario-.
Partiendo de nuestra legislación positiva la tentativa
inacabada no está contemplada en nuestra ley penal, sino que
solamente comprende la tentativa acabada o delito frustrado
bajo la nomenclatura de tentativa idónea (Art. 15) para
diferenciarla de la tentativa inidónea (Art. 16), por lo que
la sentencia incurre en la prohibición contenida en el
Artículo 11 del Código Penal al crear nuevos tipos penales y
formas delictivas no comprendidas en la ley penal. c) El
tercer elemento fundamentador de la sentencia es la
aplicación del concurso ideal formal o complejo, propio y
heterogéneo por la vía de la omisión. De conformidad con el
artículo 36 del Código penal el concurso por omisión es
menester que el sujeto activo no realice la actividad
esperada es decir, que los razonamientos esgrimidos en la
fundamentación jurídica décimo octavo de la sentencia, esa
conducta fuese imperativa para los imputados y para lo cual
era menester la presencia de dos elementos: tener el dominio
del hecho y ser garante de la situación en riesgo. En este
caso, mis representados no reúnen ninguna de las dos
cualidades, razón por la cual no pueden ser sometidos a un
examen a la luz de los concursos, sean estos reales, ideales
o de leyes.
IV.-RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA
FUNDADO EN LA INDEBIDA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 117 NUMERAL 3)
DEL CODIGO PENAL EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 15 DEL MISMO TEXTO
PUNITIVO. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 PARRAFO PRIMERO
DEL CODIGO PROCESAL PENAL. EL CENSOR ALEGA FUNDAMENTALMENTE
QUE DE LOS HECHOS PROBADOS NO SE DESPRENDE QUE LOS IMPUTADOS
JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ Y CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ
SEAN RESPONSABLES EN COMISION POR OMISION DE DIECINUEVE
DELITOS DE ASESINATO POR ALEVOSIA PRODITORIA EN EL GRADO DE
EJECUCION DE TENTATIVA.-
El recurrente inicia su exposición señalando que la
circunstancia de alevosía proditoria, que cualifica los
delitos de tentativa de asesinato que se atribuyen a los
imputados JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ y CARLOS ESTEBAN
HENRIQUEZ ALVAREZ, es definida por el Tribunal de Sentencia
en el numeral décimo tercero de la fundamentación jurídica
como un “ataque a traición, que incluye la insidia, trampa,
emboscada, celada, apostamiento”, es decir, cuando el autor
actúa “a traición o sobre seguro” concurriendo una cierta
premeditación en orden a la consecución del objetivo lesivo,
encuadrándose aquí aquellos supuestos en los que el sujeto
activo utiliza estratagemas o procedimientos engañosos o
tretas para atraer pérfidamente a la víctima con ocultación
sinuosa del ánimo hostil, caracterizándose en ocasiones por
tratarse de un ataque por la espalda, dándose en ella la
máxima ocultación de las intenciones y proyectos homicidas o
lesivos. Según expone el recurrente, tal circunstancia
cualificadora del asesinato no ha concurrido en lo que
concierne a los encausados antes mencionados, puesto que el
mismo Tribunal al valorar la prueba en su apartado vigésimo
Recurso de Casación No. 400-2008
43
sexto excluye la teoría de la conspiración, siendo
contradictorio que si no hay conspiración exista
premeditación o alevosía predatoria, por cuanto, ambas
figuras buscan lo mismo “un ataque a traición y sobre
seguro”. Por otro lado, el casacionista trata de establecer
una diferencia entre la tentativa acabada (denominada también
delito frustrado en el código penal derogado) y la tentativa
inacabada, caracterizando la primera como aquella en la que
el sujeto realiza todos los actos ejecutivos dirigidos a la
consumación, en tanto que en la segunda, el sujeto da
comienzo a los actos ejecutivos pero no realiza todos los
necesarios para su consumación. Reprocha el Censor que en el
código penal hondureño vigente, únicamente se encuentra
prevista la figura de la tentativa acabada en su artículo 15,
de tal manera que el Juzgador al aplicar en el caso concreto
de los encartados JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ y CARLOS ESTEBAN
HENRIQUEZ ALVAREZ la figura de la tentativa inacabada ha
inobservado la prohibición contenida en el artículo 11 del
mismo texto punitivo, donde se establece que las autoridades
judiciales no podrán crear ningún tipo de figuras delictivas.
Finalmente el recurrente sostiene que en los delitos de
tentativa de asesinato en comisión por omisión que se
atribuyen a sus defendidos, es necesario que hayan concurrido
la posición de garante y el dominio del hecho, de tal manera
que al no concurrir tales circunstancias, no es posible
deducirles responsabilidad penal por los hechos criminosos
antes apuntados, ya sea en concurso real, ideal o de leyes.
Esta Sala de lo Penal considera importante recordar, que a
través del recurso de casación por infracción de ley, sólo
puede intentarse una revaloración jurídica del material
fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación
de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. En
este sentido, el recurso de casación por infracción de ley
debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos
probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que
el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por
el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es
incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada
por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que
resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar,
se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las
normas que deban aplicarse al caso concreto pero el Juzgador
hace una incorrecta interpretación de las mismas. Precisados
los límites en los que puede desenvolverse la función
revisora de esta Sala cuando del recurso de casación por
infracción de ley se refiere, ahora es pertinente que
indiquemos cuales son los elementos típicos de los delitos de
asesinato en el grado de ejecución de tentativa mediante
alevosía proditoria, que en comisión por omisión se atribuye
a los imputados JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ y CARLOS ESTEBAN
HENRIQUEZ ALVAREZ.- La alevosía supone el empleo de
procedimientos que facilitan el hecho. La define el artículo
27 No. 2) del Código Penal: “hay alevosía cuando el culpable
comete cualquiera de los delitos contra la vida y la
integridad personal, empleando medios, modos o formas en la
ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarlas,
sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que
pudiera hacer el ofendido.”. En este sentido, la alevosía
Recurso de Casación No. 400-2008
44
exige que los procedimientos empleados tiendan, directa y
especialmente a asegurar la ejecución, evitando el riesgo de
una posible defensa del ofendido. Ejemplos de ataques
alevosos son los que se producen por la espalda8, o estando
la víctima en la cama o de rodillas. Los ataques a traición
son alevosos. Lo decisivo en la alevosía es, por tanto, el
aseguramiento de la ejecución del hecho y la ausencia del
riesgo ante la defensa que pudiera hacer el ofendido. La
alevosía puede aparecer en cualquier momento de la ejecución
del delito, no exigiéndose para su apreciación ningún tipo de
premeditación o preparación, de tal manera que puede surgir
en el mismo momento en que se ejecuta el hecho (el sujeto
aprovecha que su enemigo le da la espalda para dispararle).
En algunas corrientes doctrinales se distinguen tres
supuestos de asesinato alevoso. La llamada alevosía
proditoria o traicionera, si concurre celada, trampa o
emboscada; la sorpresiva, que se materializa en un ataque
súbito o inesperado; y la alevosía por desvalimiento, en la
que el agente se aprovecha de una especial situación de
desamparo de la víctima que impide cualquier manifestación de
defensa9. En cuanto a la tentativa, el artículo 15 del código
penal establece: “hay tentativa cuando, con la intención de
cometer un delito determinado se realizan actos inequívocos
de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad
del agente”. El tipo de la tentativa requiere de los
siguientes elementos: a) en la parte objetiva, una ejecución
parcial o total de los actos ejecutivos no seguida de
consumación, b) en la parte subjetiva, la voluntad de
consumación, c) la ausencia de desistimiento voluntario. El
comienzo de la ejecución necesario para la tentativa requiere
que se traspase la frontera que separa los actos
preparatorios (sí los hay) de los actos ejecutivos.
Subjetivamente la tentativa requiere que el sujeto quiera los
actos que objetivamente realiza con ánimo de consumar el
hecho o, al menos aceptando (con seguridad o con
probabilidad) que pueden dar lugar a la consumación. Por
último se requiere la concurrencia de un elemento negativo, y
que consiste en el que el hecho no se consume por causas
ajenas a la voluntad del agente. Recapitulando podemos
afirmar que la tentativa se presenta cuando se ejecutan actos
considerados indispensables para llevar a cabo el
comportamiento tipificado en la ley penal y que en el caso
concreto, lo eran efectivamente conforme al fin propuesto,
pero factores extraños o ajenos a la voluntad del autor
impiden que éste logre la producción del resultado
perseguido. Así las cosas podemos afirmar que habrá una
tentativa de asesinato alevoso, cuando el agente realiza
actos inequívocos de ejecución dirigidos a causar la muerte
de una persona, empleando medios, modos o formas que tiendan
directa y especialmente a asegurar dicho resultado, sin
riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera
8 Aunque hay que precisar, que no por ello se convierte automáticamente en
alevosa la muerte producida por una puñalada en la espalda o al rematar
al contendiente caído en el suelo, en el transcurso de una pelea en la
que ambos contendientes actúan en igualdad de condiciones, vid. MUÑOZ
CONDE, FRANCISCO, Derecho Penal, Parte Especial, 14ª edición, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2002, págs. 53-54 9 Vid. http://www.unav.es/penal/crimina/T%F3picos%20html/alevosia.html
Recurso de Casación No. 400-2008
45
hacer el ofendido. En el caso de autos se atribuye a los
imputados JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ y CARLOS ESTEBAN
HENRIQUEZ ALVAREZ, la autoría en omisión impropia de
diecinueve delitos de asesinato en el grado de ejecución de
tentativa. Vuelve a ser oportuna la referencia a la figura de
la comisión por omisión cuyos elementos hemos explicado con
anterioridad. El tipo de comisión por omisión muestra en su
parte objetiva la misma estructura que el de la omisión pura:
a) situación típica; b) ausencia de la acción determinada; c)
capacidad de realizarla10, pero completada con la presencia de
tres elementos particulares necesarios para la imputación
objetiva del hecho: la Posición de garante, la producción de
un resultado y la posibilidad de evitarlo. Recapitulando
podemos decir que a)la posición de garante integra
necesariamente la situación típica de los delitos de comisión
por omisión no expresamente tipificados; b)debe seguir en
ellos la producción de un resultado; y, c) la capacidad de
acción debe comprender la capacidad de evitar el resultado.
Para la comisión por omisión vale igual el dolo, que para los
delitos de omisión pura. La única particularidad es que, como
es lógico, el dolo deberá abarcar no solo la ausencia de la
acción debida, sino también la posibilidad y la necesidad de
la evitación del resultado mediante aquella acción. Además
habrá de extenderse a la situación que determina la presencia
de la posición de garante11. Abundando en la configuración del
dolo, podemos decir que este tiene un componente
cognoscitivo, en tanto que se requiere en primer lugar, que
el agente tenga conocimiento de la posición de garante, es
decir, debe saber que en el caso concreto ostenta la posición
de padre, hijo, médico, jefe de seguridad industrial, etc… En
segundo lugar, el sujeto debe tener conocimiento de la
situación típica y del curso causal (de la causalidad
hipotética), además en tercer lugar, se requiere la
posibilidad de representación de la conducta debida y la vía
para evitarlo. Sobre el componente volitivo, es indispensable
que el agente quiera (aunque sea eventualmente) la
realización del tipo en su aspecto objetivo correspondiente,
que tenga voluntad de realización de la conducta omisiva
según la nota de la finalidad12 Habiendo indicado cuales son
los elementos objetivos y subjetivos de la tentativa de
asesinato y efectuado un recordatorio sobre la estructura de
la figura de la comisión por omisión u omisión impropia,
pasamos a constatar sí de los hechos declarados probados por
10 Así por ejemplo, constituye un tipo de omisión pura, el previsto en el
artículo 388 No. 4) del Código Penal que se describe de la siguiente
manera: ―….quien sin concierto previo con los autores o cómplices de un
delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de éste:…4)
Deja de comunicar a la autoridad las noticias que tuviere acerca de la
comisión de un delito cuando está obligado a hacerlo por su profesión o
empleo….En este supuesto la situación típica es la de quien se encuentra
en la circunstancia de tener motivos suficientes para suponer la comisión
de un delito con la obligación de denunciarlo. La ausencia de la acción
esperada, radica en dejar de comunicar a la autoridad las noticias que
tuviere acerca de la comisión de un delito, a lo que se añade la como un
elemento del tipo objetivo, la capacidad de efectuar tal notificación, es
decir, la posibilidad de realizar la acción esperada. 11 Vid. MIR PUIG, SANTIAGO, Derecho Penal, Parte General, 6ª edición,
2002, pág. 324. 12 Vid. VELASQUEZ, FERNANDO, VELASQUEZ FERNANDO, en Derecho Penal, Parte
General, 4ª edición, COMLIBROS, Bogotá, Colombia, 2009, págs. 674-675.
Recurso de Casación No. 400-2008
46
el Tribunal de Sentencia puede o no desprenderse que a los
acusados JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ y CARLOS ESTEBAN
HENRIQUEZ ALVAREZ les resultan imputables los diecinueve
delitos de tentativa de asesinato que se les atribuye en
omisión impropia. 1) Situación típica: de los hechos probados
se desprende que a eso de las diez y treinta minutos de la
mañana del día cinco de abril de 2003, los imputados antes
referidos ingresaron al recinto carcelario en la que se
presentaba una situación típica, es decir, una situación de
amenaza o peligro para la integridad física y la vida de reos
pandilleros, cuando se expresa que a la llegada de los
encausados a la Granja Penal del Porvenir, observan cuando
“elementos de la Policía Nacional, Policías Penitenciarios,
elementos del Ejercito y reos rondines atacan a reos
pandilleros que se encuentran en indefensión‖13, 2) Es un
hecho no controvertido que los encartados CARLOS ESTEBAN
HENRIQUEZ ALVAREZ y JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ, ostentaban la
condición de miembros de la Policía Nacional, cuando
ingresaron al interior del Centro Penal del Porvenir. El
artículo 293 de la Constitución de la República prevé que la
Policía Nacional es una institución profesional del Estado,
encargada de velar por la conservación del orden público, la
prevención, control y combate del delito, así como también de
proteger la seguridad de las personas y sus bienes. El
artículo 10 No. 2) de la entonces vigente Ley Orgánica de la
Policía Nacional (Decreto No. 155-98) establecía entre otras
atribuciones, que para el logro de sus objetivos y
cumplimiento de sus responsabilidades, le correspondía a ese
cuerpo de seguridad entre otras atribuciones, la de proteger
la vida, bienes, derechos y libertades de las personas. En
sintonía con los preceptos antes mencionados, el artículo 22
No. 3) establece que en el cumplimiento de sus funciones los
miembros de la Policía deberán cuidar y proteger la salud
física y mental de las personas detenidas o sometidas a
resguardo. Del precepto constitucional y legales antes
citados, se desprende sin duda alguna, que los miembros de la
Policía Nacional, asumen la posición de garantes de la vida e
integridad física de las personas que se encuentren recluidas
en un centro penitenciario del Estado en aquellos casos en
que dichos bienes jurídicos se vean amenazados o puestos en
peligro por otros reclusos u otra clase de individuos, de
ahí que, como consecuencia de su deber de garantía, haya de
preservarlos de las agresiones de compañeros, particulares,
así como también de los ataques que provengan de empleados o
funcionarios públicos. De este modo podemos afirmar, que los
imputados CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ y JOSE LUIS SANTOS
RODRIGUEZ tras su ingreso a la Granja Penal del Porvenir para
colaborar en el restablecimiento del orden alterado en el
interior de ese centro penitenciario, tenían en general una
posición de garante, es decir, la obligación de hacer cuanto
estuviera a su alcance para evitar ataques a la integridad
física o la vida de cuantas personas se encontraran en
situación de peligro, independientemente de que se tratara de
reclusos pandilleros, rondines, reos comunes denominados
“paisas”, visitantes, funcionarios penitenciarios, policías,
miembros del ejército nacional, etc… 3) C)Ausencia de la
13 Vid. Hecho Probado, Trigésimo Cuarto.
Recurso de Casación No. 400-2008
47
acción determinada: una lectura detenida de la fundamentación
fáctica de la sentencia impugnada, no revela que los
encausados CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ y JOSE LUIS
SANTOS RODRIGUEZ hayan realizado alguna acción dirigida a
evitar o impedir las agresiones emprendidas contra reos
pandilleros por elementos armados del Estado y otros
reclusos, así tenemos que en la declaración de hechos
probados el Juzgador expresa que los procesados observan
cuando “elementos de la Policía Nacional, Policías
Penitenciarios, elementos del Ejercito y reos rondines atacan
a reos pandilleros que se encuentran en indefensión, sin que
esto les motive a realizar acción alguna para detener las
agresiones o para auxiliar a los reos pandilleros, agregando
respecto al imputado HENRIQUEZ ALVAREZ, que este asume una
posición de vigilante, entrando y saliendo repetidas veces
del recinto hacia el exterior a fin de verificar las personas
y autoridades que están llegando al centro Penal, mientras
tanto el Cuerpo de Bomberos estaba en espera de que cesaran
los disparos para ingresar a combatir el fuego desde dentro
del edificio.14 D)La posibilidad de realizar la acción
esperada: Lo decisivo en la comisión por omisión es la
virtual causal de la acción que hubiera debido realizarse
para evitarlo (“causalidad hipotética”) Para comprobar la
existencia de la causalidad hipotética o llamada también por
algunos “nexo de evitación”, el Juzgador debe acudir a una
fórmula en virtud de la que a partir de la teoría de la
equivalencia de las condiciones, se afirma que la omisión es
causa del resultado, si puesta mentalmente en su lugar la
acción esperada, que no es realizada por el omitente, el
resultado desaparece como mínimo con una probabilidad rayana
en la certeza. El sujeto activo debe tener la capacidad
efectiva (real, física) de realizar la conducta ordenada (el
mandato) en el caso concreto y partir de consideraciones
objetivas, pues de lo contrario, sí al agente le falta
capacidad corporal o física de acción, su comportamiento,
llevado a cabo de manera distinta, será atípico; como dice la
máxima jurídica: “a lo imposible nadie está obligado”. Así
por ejemplo: el bañista que en este momento se ahoga en las
playas, así se pueda presenciar el hecho por medio de la
televisión en directo, no puede ser salvado por uno de los
televidentes, pues ninguno de ellos tiene la posibilidad de
realizar la acción ordenada, no así el socorrista contratado
para cuidar a los veraneantes. Desde luego, la incapacidad
física puede ser equiparada a aquella que resulta de una
inhabilidad técnica, de una falta de conocimientos o de
medios de auxilio15. A criterio de esta Sala, cabía esperar
que el acusado CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ, no solamente
por su condición de miembro de la policía nacional, sino que
también y sobre todo por ostentar un alto cargo dentro de la
estructura del cuerpo al que pertenece dotado de mando y
jerarquía, (en tanto que tenía el rango de Sub Comisionado y
a la vez ejercía la condición de Jefe Departamental de la
Policía Nacional Preventiva con sede en la ciudad de La
Ceiba),interviniese para impedir que continuaran las acciones
14 Vid. Hecho Probado Trigésimo Cuarto. 15 Vid. VELASQUEZ FERNANDO, en Derecho Penal, Parte General, 4ª edición,
COMLIBROS, Bogotá, Colombia, 2009, pág 672.
Recurso de Casación No. 400-2008
48
dirigidas a quitarle la vida a los reos pandilleros, cuando
según se consigna en el cuadro fáctico las mismas eran
ejecutadas por elementos de la Policía Nacional, Policías
Penitenciarios, elementos del Ejercito y reos rondines, de
tal manera que no fue sino hasta que transcurridos un mínimo
de veinte minutos desde su llegada al centro carcelario y al
percatarse de la presencia de representantes de los medios de
comunicación, que el procesado CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ
ALVAREZ reingresa al recinto ordenando el alto el fuego lo
que trae como consecuencia inmediata que los elementos
cobras, policías preventivos, policías penitenciarios, y
miembros del ejercito, dejaran de disparar con sus armas16, de
ahí que al no haber realizado la acción esperada y que le era
exigible, como es la de haber ordenado el cese al fuego al
enterarse de la situación típica que tenía lugar al interior
de la Granja Penal17, debe entenderse configurado el nexo de
evitación o de causalidad hipotética, y por lo tanto que al
encausado HENRIQUEZ ALVAREZ le sean imputables en omisión
impropia los hechos criminosos que se le atribuyen, salvo uno
de ellos, ya su comportamiento omisivo tuvo lugar después de
que gracias a la intervención de un miembro de la Fuerza
Aérea Hondureña que era hermano del reo pandillero JOSE
ROBERTO MALDONADO, cesaran las agresiones de las que era
víctima éste último a manos de reos rondines y miembros de la
policía18. Por otro lado, esta Sala no puede desconocer que
las agresiones al colectivo de los denominados reos
pandilleros se ve precedida en el tiempo por la muerte de
varios rondines, así como también por los ataques dirigidos a
quitarle la vida a otros internos ocasionadas y ejecutados,
respectivamente, mediante la utilización de armas de fuego
y/o armas cortopunzantes, objetos contundentes, y la
provocación de un incendio a manos de reos pandilleros, de
tal manera que si bien es cierto no resultan amparados por
alguna eximente de responsabilidad criminal quienes por
acción u omisión contribuyeron a la realización de los hechos
objeto de juzgamiento, no es menos cierto que no podemos
afirmar de manera indubitada que los agresiones sufridos por
los reos pandilleros hayan sido realizadas de manera
inesperada, a traición, mediante celada, emboscada, y
cualquier otro procedimiento que encaje dentro de la
circunstancia calificativa de la alevosía, esto es, la de
emplear medios, modos o formas en la ejecución de los delitos
contra la vida y la integridad corporal, que tiendan directa
y especialmente a asegurarlas, sin los riesgos que
16 Vid Hecho Probado Trigésimo Quinto.
17 En este sentido esta Sala comparte la valoración efectuada por el
Tribunal de Instancia cuando expresa que ―se formula reproche en contra
del acusado Carlos Esteban Henríquez, por la omisión de no haber dado la
orden del cese al fuego inmediatamente después de haberse enterado de las
agresiones a las que eran objeto los reos pandilleros, sino que consintió
las mismas, por 20 a 25 minutos, hasta que ordeno el cese al fuego. El
Tribunal concluye que el motivo por el cual el acusado Henríquez dio la
orden fue por la llegada de los medios de comunicación al lugar y demás
autoridades, de lo cual se enteró al haber tenido la oportunidad de poder
entrar y salir del recinto, lo cual hizo para efectos de vigilancia del
exterior”. Vid. Página 278 de la sentencia dictada por el referido
Tribunal.
18 Vid. Hechos Probados Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero.
Recurso de Casación No. 400-2008
49
eventualmente pudieran derivarse de una reacción defensiva de
los ofendidos, de tal manera que lo que cabe respecto al
procesado CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ es una imputación
por dieciocho delitos de tentativa de homicidio en omisión
impropia, de ahí que siguiendo los criterios penológicos
adoptados por el Tribunal de Instancia, mismos que no pueden
ser reformados en este sede por la prohibición de la
reformatio en peius, su conducta trae aparejada una pena de
doce años seis meses de reclusión. En lo que concierne al
coimputado JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ, esta Sala es del
criterio que no se configura el nexo de evitación para
recibir un reproche penal por los resultados típicos que ha
resultado condenado en omisión impropia, ya que si bien es
cierto que tenía la posición de garante en general, en el
caso concreto que ahora nos ocupa tenía asignado antes y
después de ingresar al centro carcelario, la función
específica de salvaguardar la vida e integridad corporal de
su superior jerárquico, esto es, la del encausado CARLOS
ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ. Es de recordar que al tenor de lo
prescrito por el artículo 22 No. 2 literal ch) de la Ley
Orgánica de la Policía Nacional vigente al momento en que se
produjeron los acontecimientos; en el cumplimiento de sus
funciones los miembros de la policía deberán de actuar de
acuerdo con los principios de jerarquía, subordinación y
disciplina, precisando por otro lado, que en ningún caso
podrá invocarse la obediencia debida cuando las órdenes o
acciones impliquen la comisión de delitos o faltas o cuando
sean contrarias a la ley. Un observador objetivo e imparcial
llegaría a la conclusión de que la instrucción girada por el
superior jerárquico del procesado JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ
de salvaguardar su vida e integridad corporal en un escenario
de extrema violencia y peligro, no se presentaba a éste como
ilegal o contraria al ordenamiento jurídico, de tal manera
que a partir de datos objetivos podemos deducir que el
encartado no se representó un deber jurídico de actuar de
otra manera, y por lo tanto la obligación legal de abandonar
la posición de protección que le había sido encomendad. Dicho
en otros términos, no se deduce del cuadro fáctico descrito,
que el encartado SANTOS RODRIGUEZ, a diferencia del
coimputado HENRIQUEZ ALVAREZ, tuviera la capacidad de
interrumpir el proceso causal en marcha, ni que quiso (aunque
sea eventualmente) la realización del tipo en su aspecto
objetivo correspondiente, y por lo tanto que haya concurrido
en su conducta una voluntad de realización de la conducta
omisiva dirigida finalísticamente a contribuir aunque sea
eventualmente a la realización de los delitos de tentativa de
homicidio perpetrados en perjuicio de los reos pandilleros.
Por tanto cabe absolverle de responsabilidad criminal por los
diecinueve delitos de tentativa de asesinato en comisión por
omisión, por los cuales había resultado condenado. Si bien es
cierto que en lo concerniente a los acusados MARCO ANTONIO
CASCO IRÍAS, JOSÉ ROBERTO OCHOA Y OSLIN EVENOR HERRERA
PALACIOS el Apoderado recurrente no se pronunció de manera
puntual y concreta sobre tales cargos, esta Sala considera
que por una aplicación extensiva del recurso de casación,
autorizada por el artículo 349 del Código Procesal Penal, la
infracción de los artículos 117 No. 1) en relación al 15) del
Código Penal, alegada a favor del coimputado JOSE LUIS SANTOS
Recurso de Casación No. 400-2008
50
RODRIGUEZ, encontrándose en esencia en la misma situación de
aquellos, debe apreciarse en su beneficio, tomando en cuenta
fundamentalmente, que del cuadro fáctico no se deriva una
conducta omisiva relevante, favorecedora o reforzadora y con
efectos causales que pueda atribuirse a dichos encartados
para condenarles por diecinueve delitos de tentativa de
asesinato en comisión por omisión. Consecuentemente se
declara parcialmente con lugar el recurso de casación que en
su tercer motivo formulara el Abogado ANTONIO OCAMPO SANTOS,
y al mismo tiempo se declara la aplicación extensiva de tal
resolución en lo conducente a favor de los procesados MARCO
ANTONIO CASCO IRÍAS, JOSÉ ROBERTO OCHOA Y OSLIN EVENOR
HERRERA PALACIOS.
V.- ―RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY. INFRACCION
DEL ARTICULO 349 Nº 3) DEL CODIGO PENAL EN RELACIÓN CON EL
ARTÍCULO 32 DEL MISMO TEXTO PUNITIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE:
ARTICULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- EL
CENSOR ARGUYE FUNDAMENTALMENTE QUE DE LOS HECHOS DECLARADOS
PROBADOS NO SE DESPRENDE QUE LOS IMPUTADOS CARLOS ESTEBAN
HENRÍQUEZ ÁLVAREZ, JOSÉ LUÍS SANTOS RODRÍGUEZ, MARCO ANTONIO
CASCO IRÍAS, JOSÉ ROBERTO OCHOA Y OSLIN EVENOR HERRERA
PALACIOS SEAN AUTORES DEL DELITO DE VIOLACION DE LOS DEBERES
DE LOS FUNCIONARIOS
El motivo se encuentra autorizado por el artículo 360 del
Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO Expone el
maestro mexicano Mariano Jiménez Huerta que ―las figuras
típicas geometrizan lo antijurídico, corrigen la intuición,
frenan la emoción y dotan al derecho penal de una mística
noble y de una reciedumbre segura y grandiosa que cercenan
los arrebatos de la ira, los despotismos, las arbitrariedades
y demás excesos emotivos inherentes a la feble condición
humana. Sus contornos y distarnos, sus límites y
ampliaciones, sus fácticas formas y contenidos
intrajurídicos, captan los fenómenos ilícitos más
trascendentes y más adheridos a la vívida realidad social.
Las figuras típicas no solo geometrizan lo antijurídico, sino
que también sirven de fundamento a la culpabilidad jurídico
penal, pues ésta se basa en el aislado acto típico;
severamente -a través del acto típico- se penetra en la
intimidad del autor y se valora dicha intimidad conforme a
las individualizadas normas de deber, que emanan de las
normas de derecho‖. Por su parte, la Dra. Olga Islas de
González Mariscal en su libro ―Análisis lógico de los delitos
contra la Vida‖ nos informa que la tipicidad es ―la
correspondencia unívoca uno a uno entre los elementos del
tipo penal‖ y los contenidos del delito; es decir, entiende
la Dra. Islas, que para cada elemento o presupuesto del tipo
penal tiene que existir una porción del contenido del delito
que satisfaga la semántica de aquél y para cada porción del
contenido del delito ha de haber un elemento del tipo que
requiera su concreta concreción. Cuando no quede satisfecho
el requisito de la exacta adecuación al tipo legal, aparecerá
la atipicidad. El elemento de la tipicidad puede definirse
como el encuadramiento de una conducta con la descripción
hecha en la ley; en otras palabras, es la acuñación o
adecuación de un hecho a la hipótesis legislativa. Celestino
Porte Petit dice, que la tipicidad es: ―la adecuación de la
Recurso de Casación No. 400-2008
51
conducta al tipo, que se resume en la fórmula nullum crimen
sine tipo‖. El tipo es, podemos decir, la descripción de una
conducta hecha por el Estado a través de los preceptos
legales penales, es decir, a través de la descripción que
haga el Código Penal o la ley especial que así lo describa
como una conducta penal. El tipo es, para muchos autores, la
descripción de una conducta desprovista de valoración, es la
descripción de la conducta y del resultado, quedando, por
consiguiente, incluidas en el tipo, la acción y el resultado
(causalismo). El tipo es la descripción legal de un delito, y
la tipicidad es la amoldación o amoldamiento de la conducta a
la fórmula descrita por la ley o fórmula típica. De lo
anterior se desprende que los presupuestos del delito se
pueden concretizar en el deber jurídico penal, bien jurídico
penal, el sujeto activo del delito con sus elementos
constituyentes –voluntariedad, imputabilidad, dominio del
hecho, calidad de garante, calidad especifica y pluralidad
especifica-, sujeto pasivo con sus posibles alternancias -
calidad específica y pluralidad específica- y el objeto
material. Para efecto de nuestra tesis nos referiremos a
cuestiones específicas como el deber jurídico penal que
comprende la prohibición o mandato categórico contenido en el
tipo legal y lo establecido por Beling en cuanto a que la
tipicidad no es otra cosa que encontrar en los hechos tenidos
como probados la satisfacción de todos y cada uno de los
presupuestos del tipo penal. Por su parte Francisco Muñoz
Conde al referirse a los delitos y siguiendo los conceptos de
la Imputación Objetiva, es menester imperativo tener el
dominio del hecho, como teóricamente acepta y reconoce la
sentencia impugnada al comentar la autoría del delito. El
Artículo 32 del Código Penal define la autoría como quienes
toman parte directa en la ejecución del hecho (autoría
inmediata), los que fuerzan o inducen directamente a otro a
ejecutarlo (autoría mediata) y los que cooperan a la
ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera
efectuado (cómplice necesario). Gimbernat al referirse a este
precepto final o cómplice necesario establece que esa
contribución debe ser no de un elemento común, sino de
aquellos que son escasos en el comercio de los hombres y que
lo tornen indispensable para la comisión del delito. Cuando
no se integran todos los elementos descritos en el tipo
legal, se presenta el aspecto negativo del delito llamado
atipicidad. La atipicidad es la ausencia de adecuación de la
conducta al tipo. Si la conducta no es típica, jamás podrá
ser delictuosa. En fondo, en toda atipicidad hay falta de
tipo; si un hecho específico no encuadra exactamente en el
descrito por la ley, respecto de él no existe tipo. ―Las
causas de atipicidad pueden reducirse a las siguientes: a)
Ausencia de la calidad o del número exigido por la ley en
cuanto a los sujetos activo y pasivo; b) Si faltan el objeto
material o el objeto jurídico; c) Cuando no se dan las
referencias temporales o espaciales requeridas en el tipo; d)
Al no realizarse el hecho por los medios comisivos
específicamente señalados en la Ley; e) Si faltan los
elementos subjetivos del injusto legalmente exigidos; y, f)
Por no darse, en su caso, la antijuricidad especial‖. DOMINIO
DEL HECHO Retomando la autoría conforme a las teorías
material-objetivas que se orientan por pautas objetivas,
Recurso de Casación No. 400-2008
52
intentan establecer el sentido de la intervención atendiendo
a criterios de contenido, no sólo a la forma del
comportamiento. El Concepto objetivo-material, sostiene que
autor es aquel que aporta la contribución más importante, en
cierto modo en la línea de la llamada causalidad eficiente.
Las deficiencias de los conceptos objetivos de autor hicieron
que la doctrina buscara otros tipos de Teoría. De esta forma,
encontramos la Teoría del Dominio del Hecho para la cual el
autor del delito es la persona que consciente y dolosamente
controla el desarrollo del hecho, que tiene el dominio sobre
el curso del mismo, dominio que se manifiesta en lo subjetivo
porque lo orienta a la lesión de un bien jurídico y, en lo
objetivo, porque goza del poder de interrumpir en cuanto
quiera el desarrollo del hecho. Como se puede observar, esta
Teoría combina elementos subjetivos y objetivos, y además
admite sin problemas el concepto de autor mediato. Ahora,
hay que diferenciar la autoría en función del ámbito en que
se encuentre. Es cuando el sujeto no realiza la acción
típica, no tiene dominio del hecho o no le incumbe el deber
especial en los delitos de infracción de deber. El Honorable
Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba incurre en una
dicotomía en la aplicación del dominio del hecho fundado en
el concepto de verticalidad que impera en la estructura de
las Fuerzas Armadas muy diferente a la establecida para la
Policía Nacional. En primer lugar, porque esa verticalidad de
mando entre las Fuerzas Armadas y la Policía ha quedado
abolida por mandato constitucional (Artículo 273 en relación
con el Artículo 293 constitucional vigente y por ende, ningún
criterio de juzgador puede estar por encima de la Ley, máxime
cuanto esta ley es la norma máxima. Pretende establecer la
sentencia que el Subcomisionado de Policía Carlos Esteban
Henríquez Álvarez tiene el dominio del hecho por ser el
oficial de mayor jerarquía, pero este criterio adolece de dos
graves errores legales: a) Siguiendo los comentarios fijados
por el Tribunal de Sentencia en la página 252 del texto de la
sentencia pretende establecer que el Subcomisionado Henríquez
Álvarez tuvo el dominio del hecho desde su llegada hasta que
ingresa al penal el Sub Secretario de Estado en el Despacho
de Seguridad Armando Calidonio, pero al mismo tiempo la
sentencia recoge la presencia del Coronel del Ejército don
Mario Corea que, ―como oficial de mayor grado, coordina los
elementos de los bomberos, policías penitenciarios, aun
cuando él pertenece a las Fuerzas Armadas‖. Y luego comenta
la valoración de la prueba que ―Mandan las normas que en caso
de emergencia deberá siempre existir una persona y solo una,
que se haga cargo del escenario para el mejor desempeño de
las labores de auxilio, rescate y ejecución de acciones. El
Tribunal no reprocha como negativo que en caso de emergencia
el representante del Estado con mayor rango tome la dirección
de las acciones a realizar. Concluye el Tribunal que los
hechos reflejan que la cadena de mando no se rompió en ningún
momento en los hechos que ocupan el presente juicio, aun
entre personas que pertenecían a diferentes instituciones del
Estado‖. Pero este concepto de emergencia no está contemplado
en ninguna de las leyes aplicables: Ley Constitutiva de las
Fuerzas Armadas y Ley Orgánica de la Policía Nacional. Este
concepto de la sentencia es totalmente contradictorio y en lo
absoluto se apega a los hechos que se dan en el suceso. En
Recurso de Casación No. 400-2008
53
primer lugar porque si se trata de otorgar la competencia al
oficial de mayor grado, el Coronel Corea lo sustenta dentro
de las Fuerzas Armadas y, si la sentencia quiere amalgamar en
un solo haz de funciones a la Administración Pública,
entonces el Subcomisionado Henríquez Álvarez, los oficiales
de policía, los agentes cobras, los policías penitenciarios,
fiscales, bomberos y cuantos agentes del Estado estuvieron
presentes estaban bajo la jurisdicción del Coronel Corea,
quien pasaría a tener el dominio del hecho y por ende,
responsable penalmente de la totalidad de los hechos que se
dieron en la granja penal de El Porvenir, Atlántida, cuestión
que resulta totalmente falsa. Por otro lado y siguiendo el
contenido del Artículo 11 de la Ley de la Policía Nacional
Civil, la Granja Penal de El Porvenir está bajo la
jurisdicción de la Dirección General de Servicios Especiales
Preventivos dentro de la competencia de la Dirección de
Establecimientos Penales y así lo reconoce la sentencia al
enjuiciar al ciudadano don Luís Beltrán Arias Ramos como
cabeza de mando de esa institución y, concretando el mando al
caso particular, el Centro Penal está bajo el mando del
Policía Penitenciario Danny Alexander Rodríguez Valladares
(Hecho probado número octavo), existe un subdirector del
centro penal y, en la línea de mando está el comandante de
guardia Nelson Omar Meza, cuya autoridad es reconocida no
solamente por el subcomisionado Henríquez Álvarez, sino por
el mismo Coronel Corea, situación de dominio del hecho que es
reconocida por los mismos hechos tenidos como probados según
se desprende del hecho vigésimo sexto donde afirma que ―una
patrulla de turismo, que se encontraba en la piñera, recibe
el aviso de la central de comunicaciones de la Policía
Nacional Preventiva de que había una fuga en el centro penal…
dirigiéndose al Cuerpo de Guardia en donde encontraron a
elementos de la Policía Penitenciaria, entre estos al
sargento Oscar Reinieri Sánchez, quien les informa que los
internos han prendido fuego…‖. El Subcomisionado Henríquez
Álvarez, al momento de rendir su declaración hace
afirmaciones sujetas al estatuto legal de la Policía
manifestando: ―Me informó el clase Benítez, que estaba al
mando de la granja, respecto a lo que ocurría en el interior
de la misma…‖, ―Me asignaron la defensa perimetral como
protocolo de seguridad. No tengo ninguna autoridad de mando
sobre la misma…‖, el protocolo de seguridad es hacer un
cordón de seguridad en el exterior de la granja. ―Yo asumí el
mando externo de la granja…‖, ―Yo no asumí el control de la
escena, yo asumí el protocolo de seguridad, me encargué de la
defensa de seguridad‖. ―La preventiva con la penitenciaria,
no tiene relación de mando ni de subordinación.‖, Finalmente
se señala en el informe a la Comisionada en Jefe de la
Policía Preventiva doña Coralia Rivera que ―se presentó el
señor Vice Ministro de Seguridad, el Ingeniero Armando
Calidonio, quien retomó el mando de la situación, procediendo
de inmediato a establecer algunos servicios urgentes‖. De lo
trascrito y no tenido en cuenta por el Honorable Tribunal de
Sentencia, se desprende que la conducta asumida por el
Subcomisionado Henríquez Álvarez está dentro de la Ley
Orgánica de la Policía, es decir, al momento de llegar a la
Granja Penal se pone a la orden de la máxima autoridad en ese
momento dentro de la Granja Penal, el clase Benítez, de lo
Recurso de Casación No. 400-2008
54
que si estaba obligado, a coadyuvar con otro ente de la
policía, pero sin despojarlo de su autoridad y dominio del
hecho y esta autoridad la que le ordena al Subcomisionado
Henríquez Álvarez, hacerse cargo del protocolo de seguridad
exterior de la granja, para, con el auxilio de los agentes
cobras y los bomberos, hacer la valla de seguridad y sacar la
mayor cantidad posible de reos que tienen su vida amenazada
dentro del interior del penal. Los actos curiosos de las
autoridades de asomarse a ver lo que sucede al interior de la
Granja Penal no puede ser óbice para descartar el
sometimiento a la ley que expresa el Subcomisionado Henríquez
Álvarez y sus agentes cobras. En el hecho vigésimo séptimo se
sostiene que ―se personan al lugar otra patrulla de la
policía nacional preventiva con un mínimo de siete elementos
Cobras, portando sus armas de reglamento, entre estos los
policías Marco Antonio Casco, José Roberto Ochoa y Oslin
Evenor Herrera Palacios, todos al mando del Inspector Edil
Antonio Torres Vindel‖. Lo raro de la sentencia e incluso,
del requerimiento fiscal, es que los policías Cobras son
procesados y condenados por el delito de Violación de los
Deberes de los Funcionarios y no así el oficial que va al
mando de ellos y que, en todo cado, cualquier conducta en la
que hubieren incurrido, sería por mandato o con la anuencia
de su oficial al mando de su conducta y, sin embargo el
Inspector Torres Vindel no es enjuiciado y, por la naturaleza
del delito y la conducta que se le atribuye a sus
subordinados, no puede ser objeto del criterio de oportunidad
por no ajustarse el delito a ninguno de los casos en que
procede, de tal forma que, si la conducta del Inspector
Torres Videl no constituye delito, tampoco lo podrá ser la
conducta de sus subalternos frente a la evidencia de que nada
dice la sentencia de que los policías Cobras hayan actuado
por su propia cuenta o como ―machos sin dueño‖. Por todo lo
anterior y con apego al principio de legalidad, tanto el
Subcomisionado Henríquez Álvarez, su guarda espalda José Luís
Santos Rodríguez y los tres policías cobras al mando del
Inspector Torres Vindel jamás tuvieron el dominio del hecho
como para omitir una conducta debida. VIOLACIÓN A LOS DEBERES
DE LOS FUNCIONARIOS Cuando la sentencia entra en su
fundamentación jurídica penetra en la exposición a la
omisión, propia e impropia, fijando la primera en ―un deber
de actuar‖ y la segunda como mandatos imperativos de la ley
penal conectados a un determinado resultado prohibitivo, como
un deber de actuar del sujeto activo debido a su especial
carácter de garante. Una concepción más simple de la omisión
propia e impropia podrá concretarse en que la primera se ve
como una conducta que consiste en una mera actividad,
mientras que la segunda exige un resultado. Esta concepción
de la sentencia pretende llevar al Subcomisionado Henríquez
Álvarez, su guarda espalda José Luís Santos Rodríguez y los
agentes de policía cobras Casco irías, Ochoa y Herrera
Palacios a una serie de situaciones que se enumeran de la
siguiente manera: 1.- Que se encuentran en una posición de
garantes; sin embargo tal posición es imposible y contrario
al principio de legalidad en vista de que la Policía
Preventiva no tiene bajo su responsabilidad el cuidado de los
privados de libertad, sino que, en base al Artículo 11 de la
citada Ley de la Policía Nacional Civil, tal responsabilidad
Recurso de Casación No. 400-2008
55
corresponde a la Dirección General de Establecimientos
Penales como rama de la Dirección General de Servicios
Especiales Preventivos, organismo administrativo con
competencia propia y sin grado de subordinación a ninguna de
las otras ramas que integran la Policía Nacional Civil (Art.
11 LPN). Cuando la sentencia establece que a estos policías
preventivos ―se les puede establecer que omitieron su
obligación de salvaguardar la vida de estos‖, deja un vacío
en el acto administrativo como fundamento y unidad celular de
la gestión administrativa del Estado y se trata del abandono
de la competencia a que se refiere el principio de legalidad
de la Administración Pública donde cada funcionario, cada
empleado define su posición dentro de la Administración
Pública por la competencia de que está investido y ningún
funcionario o empleado puede asumir la competencia de otro
sin incurrir en la violación del Artículo 321 de la
Constitución de la República en que se funda la sentencia. La
responsabilidad de las personas privadas de libertad radica
en la Dirección de Establecimientos Penales y su estructura
de policías penitenciarios en toda su organización interna,
de manera que tanto el dominio del hecho como la condición de
garante descansan en la Policía Penitenciaria y jamás en otra
rama de la Policía. 2.- Se les ubica como funcionarios y
empleados públicos al invocar el Artículo 393 del Código
Penal, de manera que desde este momento los policías,
cualquiera que sea su competencia están sujetos al acto
administrativo y su estructura legal, por consiguiente están
sujetos a la competencia y al principio de legalidad conforme
sea el rango de atribuciones que se les asignen y jamás bajo
la estructura de las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto que
la policía nacional preventiva encargada del orden público o
tranquilidad de la calle tiene entre sus atribuciones
salvaguardar la vida de los ciudadanos, por el mismo
principio que sigue la sentencia y el fundamento jurídico en
que se quiere hacer fundamentar, señala la contradicción al
invocar el concurso de leyes registrado en el Artículo 2-A
agregado al Código Penal y que la sentencia presenta como una
forma del Concurso de Delitos siguiendo el pensamiento de
algunos autores penales y no de la mayoría que consideran una
materia diferente entre lo que legisla el Artículo 2-A
agregado y los artículos 35 y 36 del Código Penal. En el
numeral primero del Artículo 2-A se establece que la ley
especial se aplica con preferencia al precepto general. Este
concepto, llevado a la sentencia nos dice que quien tiene la
condición de garante para salvaguardar la vida de los
privados de libertad son los Policías Penitenciarios que se
rigen por el estatuto del precepto especial y la obligación o
garante de salvaguardar la vida de los ciudadanos en la
tranquilidad de la calle corresponde a la policía preventiva,
en consecuencia no puede atribuirse la condición de garante
de salvaguardar la vida de los privados de libertad a la
Policía preventiva, si en la escena de los sucesos está
presente la policía penitenciaria. 3.- Partiendo de esa
situación y dado que para que se de la omisión impropia es
menester el resultado a diferencia de la omisión propia que
reclama una conducta prohibitiva de mera actividad, la
violación a los deberes de los funcionarios contenida en el
numeral tercero del Artículo 349 del Código Penal, es
Recurso de Casación No. 400-2008
56
necesario que el acto administrativo, no de hecho, que el
funcionario o empleado público debe omitir, debe ser de
aquellos que deba ejecutar de conformidad con los deberes de
su cargo y en ningún momento la Ley de la Policía Nacional
fija a la policía preventiva la obligación de salvaguardar la
vida de los privados de libertad, sino que esta función es
exclusiva por el estatuto de la competencia a la Policía
Penitenciaria. 4.- El problema que manifiesta la sentencia es
de otra naturaleza de tipo doctrinario. El honorable Tribunal
de Sentencia cuando trata de ajustar la conducta de los
policías preventivos que estuvieron coadyuvando con la
policía penitenciaria, trata de acumular el delito -por la
falta de detalle en el tipo penal invocado- al delito de
Omisión de Socorro a que se refiere el Artículo 195 del
Código Penal de España de 1995, donde el sujeto pasivo es una
persona que se halla desamparada y en peligro manifiesto y
grave. Desamparada quiere decir que no puede prestarse ayuda
a si misma. Y el peligro es la probabilidad de que se
produzca un determinado resultado, este ha de ser manifiesto
(perceptible y cognoscible para la generalidad de los
hombres) y grave (depende de la índole del mal como del grado
de probabilidad e inminencia). Es indiferente la causa, salvo
que venga de un ataque delictivo o de la actuación del propio
sujeto activo. El sujeto activo es aquel que tiene la
obligación de prestar socorro, fundamentada en al
conocimiento de que una persona se encuentra en la situación
antes descrita. Tiene que haber una acción negativa de no
socorrer (presupuesto tipo es la capacidad de acción, de
prestar auxilio). Dependiendo de las circunstancias éste
podrá consistir en asistencia directa y en caso de
imposibilidad de prestar socorro hay obligación de demandar
auxilio. Es un delito de omisión pura, no hace falta que se
produzca el resultado y si este se produce el sujeto activo
solo tiene que responder por el deber de socorrer. El bien
jurídico protegido es la seguridad de las personas, su
integridad físico-psíquica, pero no exigen comportamientos
heroicos, tiene que tener capacidad para actuar (no todo el
mundo puede), por eso se dice ―sin riesgo propio ni para
terceros‖. Si hay riesgo hay inculpabilidad. No hay que hacer
una ponderación de males, solo una valoración ex-ante de que
hay riesgo para la persona o para el tercero. Si la sentencia
no llama por su nombre al delito de denegación de socorro es
precisamente porque este delito no está tipificado en nuestra
legislación penal, sino que los jueces sentenciadores tratan
de subsumir tales presupuestos en un tipo penal que carece de
ellos como es el tipo penal contenido en el Artículo 349
numeral 3 del Código Penal. Este tipo de subsunción a que
recurre el Honorable Tribunal de Sentencia lo hace incurrir
en la conducta prohibida contenida en el Artículo 11 del
Código Penal. 5.- En el numeral 4 de la Fundamentación
Jurídica, parte final, la sentencia sostiene que mis
representados ―omitieron ejecutar en forma personal las
acciones necesarias que les eran exigidas por la ley en su
condición de Funcionarios Públicos, siendo autores inmediatos
del delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios‖.
Nada más inexacto y fuera de la realidad legal en que se
funda el acto administrativo. ―Los servidores del Estado no
tienen más facultades que las que expresamente les confiere
Recurso de Casación No. 400-2008
57
la ley‖ señala el párrafo primero del Artículo 321 de la
Constitución de la República y en base a este precepto
constitucional surge en las leyes de la Administración
Pública el concepto de principio de legalidad en la
Administración Pública y la competencia, como aquellas
actividades que las leyes identifican como obligaciones y
atribuciones de los funcionarios y empleados en el ejercicio
de su cargo, de manera que corresponde al Artículo 39 de la
Ley de la Policía Nacional fijar las atribuciones de la
policía preventiva y en ninguno de sus numerales está la
atribución de arrogarse las funciones de otro cuerpo de
policía, sino que, conforme al Artículo 25 de la citada Ley,
están obligados, junto a la autoridad militar, apoyar a aquel
cuerpo policial que se encuentre en un caso de motín o
situaciones similares, podrán ayudar a que aquella desarrolle
con solvencia la autoridad de que está investida.
Corresponde, conforme a la competencia que delega el Artículo
52 de la Ley de la Policía Nacional la responsabilidad de
atender la seguridad, administración y custodia de los
establecimientos penales a la Dirección General de Servicios
Especiales. En consecuencia no puede incurrir en violación a
los deberes de los funcionarios al tenor del Artículo 349
numeral 3 del Código Penal en el grado de autoría que señala
el Artículo 32 de la citada ley, aquellos funcionarios o
empleados públicos que la ley no ha puesto expresamente esas
facultades dentro de su competencia, ni muchos menos podrá
hacerlo por omisión impropia cuando se trata de un delito de
resultado que solamente es posible mediante la omisión propia
y jamás por la omisión impropia como pretende la sentencia,
dando por resultado una aplicación indebida de las normas
sustantivas penales contenidas en los artículos 32 y 349
numeral 3 del Código Penal. Siguiendo el precepto citado por
la sentencia, resultarían responsables de los delitos
imputados todos los funcionarios y empleados públicos que
acudieron al siniestro, incluyendo bomberos, todos los
militares, los Fiscales del Ministerio Público, los agentes
especialistas en escena del crimen que recogieron las
evidencias y todos aquellos que tienen rango de funcionarios
y empleados públicos. En consecuencia mis representados jamás
pudieron haber incurrido en el delito de Violación a los
Deberes de los Funcionarios en la modalidad que imputa el
Ministerio Público porque jamás tuvieron competencia para
tener el dominio del hecho y porque cuantos concurrieron en
ayuda se supeditaron y se pusieron a la orden del Comandante
de Guardia del Centro Penal, quienes en ningún momento fueron
despojados de su condición de autoridad responsable y de
plena competencia por mandato expreso de la ley.
V.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY. INFRACCION DEL
ARTICULO 349 Nº 3) DEL CODIGO PENAL EN RELACIÓN CON EL
ARTÍCULO 32 DEL MISMO TEXTO PUNITIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE:
ARTICULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- EL
CENSOR ARGUYE FUNDAMENTALMENTE QUE DE LOS HECHOS DECLARADOS
PROBADOS NO SE DESPRENDE QUE LOS ENCARTADOS CARLOS ESTEBAN
HENRÍQUEZ ÁLVAREZ, JOSÉ LUÍS SANTOS RODRÍGUEZ, MARCO ANTONIO
CASCO IRÍAS, JOSÉ ROBERTO OCHOA Y OSLIN EVENOR HERRERA
PALACIOS SEAN AUTORES DEL DELITO DE VIOLACION DE LOS DEBERES
DE LOS FUNCIONARIOS
Recurso de Casación No. 400-2008
58
Argumenta el recurrente que la tipicidad se define como el
encuadramiento de una conducta con la descripción hecha en la
ley. Que el tipo es la descripción que hace el Código Penal o
la ley especial de una conducta penal. El Censor estima que
de ello se derivan los presupuestos del delito, a saber: el
deber jurídico penal, bien jurídico penal, el sujeto activo
del delito con sus elementos constituyentes –voluntariedad,
imputabilidad, dominio del hecho, calidad de garante, calidad
específica y pluralidad específica-, sujeto pasivo con sus
posibles alternancias -calidad específica y pluralidad
específica- y el objeto material. En su tesis recursiva el
casacionista hace referencia a los conceptos de: deber
jurídico penal, que comprende la prohibición o mandato
categórico contenido en el tipo legal; tipicidad, que no es
otra cosa que encontrar en los hechos tenidos como probados
la satisfacción de todos y cada uno de los presupuestos del
tipo penal; imputación objetiva, que exige como imperativo
tener el DOMINIO DEL HECHO, que tal como lo señala el Censor,
se explica en la sentencia impugnada al definir la autoría
del delito como una categoría dogmática. Señala que el
Artículo 32 del Código Penal vigente define la autoría
directa o inmediata, la mediata y al cómplice necesario, este
último, según Gimbernat aporta una contribución no común, o
escasa en el comercio de los hombres, que la torna
indispensable para la comisión del delito. Afirma que la
atipicidad es la ausencia de adecuación de la conducta al
tipo, y que si la conducta no es típica, no es delictuosa.
Refiere que las causas de atipicidad se reducen: a) Ausencia
de la calidad o del número exigido por la ley en cuanto a los
sujetos activo y pasivo; b) Si faltan el objeto material o el
objeto jurídico; c)Cuando no se dan las referencias
temporales o espaciales requeridas en el tipo; d) Al no
realizarse el hecho por los medios comisivos específicamente
señalados en la Ley; e)Si faltan los elementos subjetivos del
injusto legalmente exigidos; y, f)Por no darse, en su caso,
la antijuricidad especial”. Afirma que el DOMINIO DEL HECHO
retoma la autoría conforme a las teorías material-objetivas
que intentan establecer el sentido de la intervención
atendiendo a criterios de contenido, no sólo a la forma del
comportamiento y sostiene que autor es aquel que aporta la
contribución más importante, en cierto modo en la línea de la
llamada causalidad eficiente, por la que el autor del delito
es la persona que consciente y dolosamente controla el
desarrollo del hecho, que tiene el dominio sobre el curso del
mismo, dominio en lo subjetivo porque lo orienta a la lesión
de un bien jurídico y, en lo objetivo, porque goza del poder
de interrumpir, cuando quiera el desarrollo del hecho. Añade
el recurrente que esta teoría combina elementos subjetivos y
objetivos, y admite el concepto de autor mediato. Refiere a
que hay que diferenciar la autoría en función del ámbito en
que se encuentre, debido a que el sujeto no realiza la acción
típica, cuando no tiene dominio del hecho o no tiene el
deber especial de actuar. Concretamente censura que el A Quo
incurre en una dicotomía cuando aplica la teoría del DOMINIO
DEL HECHO fundado en el concepto de verticalidad que impera
en la estructura de las Fuerzas Armadas, que es diferente a
la establecida para la Policía Nacional. Arguye que esa
verticalidad de mando entre las Fuerzas Armadas y la Policía
Recurso de Casación No. 400-2008
59
ha quedado abolida por mandato constitucional (Artículo 273
en relación con el Artículo 293 constitucional vigente). El
Censor considera que el Tribunal supone que en un caso de
emergencia el representante del Estado con mayor rango debe
tomar la dirección de las acciones a realizar. Estima que el
concepto de emergencia no está contemplado en ninguna de las
leyes aplicables: Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y
Ley Orgánica de la Policía Nacional. Aprecia que en este
aspecto la sentencia es contradictoria y no se apega a los
hechos, debido a que si se trata de otorgar la competencia al
oficial de mayor grado, el Coronel Corea lo sustentaba dentro
de las Fuerzas Armadas. Afirma que de acuerdo al Artículo 11
de la Ley de la Policía Nacional, la Granja Penal de El
Porvenir, está bajo la jurisdicción de la Dirección General
de Servicios Especiales Preventivos, competencia de la
Dirección de Establecimientos Penales y, el Centro Penal bajo
el mando del Policía Penitenciario Danny Alexander Rodríguez
Valladares (Hecho probado número octavo), el Subdirector del
Centro Penal y en la línea de mando, el Comandante de Guardia
Nelson Omar Meza, cuya autoridad es reconocida por el
Subcomisionado CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ y por el
Coronel Corea, situación de DOMINIO DEL HECHO que es
reconocida en los hechos tenidos como probados, (hecho
vigésimo sexto). Alude a que el Subcomisionado Henríquez
Álvarez, al momento de rendir su declaración hace
afirmaciones sujetas al estatuto legal de la Policía,
relativos a que la Policía preventiva con la penitenciaria,
no tienen relación de mando, ni de subordinación, y que su
conducta asumida cuando se produjeron los hechos estuvo
apegada a la Ley Orgánica de la Policía, al referir que al
momento de llegar a la Granja Penal, se puso a la orden de la
autoridad de la Granja Penal, el clase Benítez. Estima el
recurrente que el acusado estaba obligado a coadyuvar con el
otro ente policial, pero sin despojarlo de su autoridad y
dominio del hecho, autoridad que le ordena al Subcomisionado
Henríquez Álvarez, hacerse cargo del protocolo de seguridad
exterior de la granja. Aprecia que los actos curiosos del
imputado de asomarse a ver lo que sucede al interior de la
Granja Penal no deben ser óbice para descartar el
sometimiento del Subcomisionado Henríquez Álvarez y sus
agentes cobras a la ley. Reprocha el hecho vigésimo séptimo
de la sentencia que dice: “se personan al lugar otra patrulla
de la policía nacional preventiva con un mínimo de siete
elementos Cobras, portando sus armas de reglamento, entre
estos los policías MARCO ANTONIO CASCO, JOSÉ ROBERTO OCHOA Y
OSLIN EVENOR HERRERA PALACIOS, todos al mando del Inspector
Edil Antonio Torres Vindel”. Censura que el requerimiento
fiscal promovido y la sentencia en que los policías Cobras
son procesados y condenados por el delito de VIOLACIÓN DE LOS
DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS no fue dirigido ni dictada
respectivamente, en contra del oficial Inspector Torres
Vindel, pese a que éste último iba al mando de aquellos.
Señala que con apego al PRINCIPIO DE LEGALIDAD, tanto el
Subcomisionado HENRÍQUEZ ÁLVAREZ, su guarda espalda JOSÉ LUÍS
SANTOS RODRÍGUEZ y los tres policías cobras al mando del
Inspector Torres Vindel jamás tuvieron el DOMINIO DEL HECHO,
para omitir una conducta debida. En la fundamentación
jurídica de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS la
Recurso de Casación No. 400-2008
60
sentencia penetra en la exposición de la OMISIÓN, PROPIA E
IMPROPIA, fijando la primera en “un deber de actuar” y la
segunda como mandatos imperativos de la ley penal conectados
a un determinado resultado prohibitivo, como un deber de
actuar del sujeto activo debido a su ESPECIAL CARÁCTER DE
GARANTE. Esta concepción de la sentencia pretende llevar al
Subcomisionado HENRÍQUEZ ÁLVAREZ, su guarda espalda JOSÉ LUÍS
SANTOS RODRÍGUEZ y a los agentes de policía cobras CASCO
IRÍAS, OCHOA Y HERRERA PALACIOS a una serie de situaciones
que se enumeran de la siguiente manera: 1.- Que se encuentran
en una POSICIÓN DE GARANTE, siendo tal posición imposible y
contraria al PRINCIPIO DE LEGALIDAD, en vista de que la
Policía Preventiva no tiene bajo su responsabilidad el
cuidado de los privados de libertad, sino que, en base al
Artículo 11 de la citada Ley de la Policía Nacional, esa
responsabilidad le corresponde a la Dirección General de
Establecimientos Penales como rama de la Dirección General de
Servicios Especiales Preventivos, organismo administrativo
con competencia propia y sin grado de subordinación, a
ninguna de las otras ramas que integran la Policía Nacional
(Art. 11 LPN). Cuando la sentencia establece que a estos
policías preventivos “se les puede establecer que omitieron
su obligación de salvaguardar la vida de estos”, deja un
vacío en el acto administrativo como fundamento de la gestión
administrativa del Estado, referente al abandono del
PRINCIPIO DE LEGALIDAD de la Administración Pública, donde se
define a cada funcionario, o empleado su posición y
competencia dentro de la Administración Pública, sin asumir
la competencia de otro, so pena de incurrir en la violación
del Artículo 321 de la Constitución de la República. Asume
que la responsabilidad de las personas privadas de libertad
recae en la Dirección de Establecimientos Penales, en su
estructura de policías penitenciarios y en toda su
organización interna, de manera que tanto el DOMINIO DEL
HECHO como la CONDICIÓN DE GARANTE descansan en la Policía
Penitenciaria y jamás en otra rama de la Policía. 2.- Si bien
es cierto que la Policía Nacional preventiva está encargada
del orden público o tranquilidad de la calle tiene entre sus
atribuciones salvaguardar la vida de los ciudadanos, por el
mismo PRINCIPIO DE LEGALIDAD que sigue la sentencia y el
fundamento jurídico en que se quiere hacer fundamentar, el
recurrente señala la contradicción al invocar el CONCURSO DE
LEYES registrado en el Artículo 2-A del Código Penal y que la
sentencia presenta como una forma del CONCURSO DE DELITOS,
siguiendo el pensamiento de algunos autores penales y no de
la mayoría que consideran una materia diferente, entre lo que
legisla el Artículo 2-A y los artículos 35 y 36 del Código
Penal. En el numeral primero del Artículo 2-A se establece
que la LEY ESPECIAL se aplica con preferencia al precepto
general. Este concepto, llevado a la sentencia nos dice que
quien tiene la CONDICIÓN DE GARANTE para salvaguardar la vida
de los privados de libertad son los Policías Penitenciarios
que se rigen por el estatuto del precepto especial; y que la
posición de garante obligado a salvaguardar la vida de los
ciudadanos en la tranquilidad de la calle, le corresponde a
la Policía Preventiva. Concluye que no puede atribuirse la
CONDICIÓN DE GARANTE de salvaguardar la vida de los privados
de libertad a la Policía preventiva, si en la escena de los
Recurso de Casación No. 400-2008
61
sucesos estaba presente la policía penitenciaria; 3.-
Partiendo de esa situación y dado que para que se dé la
OMISIÓN IMPROPIA es menester el resultado, para la VIOLACIÓN
A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS contenida en el numeral
tercero del Artículo 349 del Código Penal, es necesario que
el acto administrativo, que el funcionario o empleado público
deba omitir, sea de aquellos deberes que deba ejecutar de
conformidad con su cargo, y en ningún momento la Ley de la
Policía Nacional fija a la policía preventiva la obligación
de salvaguardar la vida de los privados de libertad. 4.- El
problema que manifiesta la sentencia es de tipo doctrinario,
debido a que el A Quo al tratar de ajustar la conducta de los
policías preventivos, que estuvieron coadyuvando con la
policía penitenciaria, al delito de OMISIÓN DE SOCORRO a que
se refiere el Artículo 195 del CÓDIGO PENAL DE ESPAÑA de 1995
(no tipificado como tal en el Código Penal hondureño), donde
el sujeto pasivo es una persona que se halla desamparada y en
peligro manifiesto y grave. El sujeto activo es aquel que
tiene la obligación de prestar socorro, fundamentada en al
conocimiento previo de que una persona se encuentra en
situación de peligro. Tiene que haber una acción negativa de
no socorrer. Es un delito de omisión pura, por lo que no hace
falta que se produzca el resultado y si este se produce el
sujeto activo solo tiene que responder por el deber de
socorrer. Si la sentencia no llama por su nombre al delito de
DENEGACIÓN DE SOCORRO es precisamente porque este delito no
está tipificado en nuestra legislación penal, y los jueces
tratan de subsumir tales presupuestos del tipo penal del
Artículo 349 numeral 3) del Código Penal. Añade el Censor que
este tipo de subsunción efectuada por el A Quo le hace
incurrir en la conducta prohibida contenida en el Artículo 11
del Código Penal. 5.- En el numeral 4 de la Fundamentación
Jurídica, parte final, la sentencia sostiene que los acusados
“omitieron ejecutar en forma personal las acciones necesarias
que les eran exigidas por la ley en su condición de
Funcionarios Públicos, siendo autores inmediatos del delito
de Violación a los Deberes de los Funcionarios”, a pesar que
“Los servidores del Estado no tienen más facultades que las
que expresamente les confiere la ley” (Párrafo primero del
Artículo 321 de la Constitución de la República), precepto
constitucional del que se deriva el principio DE LEGALIDAD
que rige las leyes de la Administración Pública , de tal modo
que en el Artículo 39 de la Ley de la Policía Nacional, donde
se fijan las atribuciones de la policía preventiva, no se
encuentra la de arrogarse las funciones de otro cuerpo
policial, sino que, conforme al Artículo 25 de la citada Ley,
están obligados, junto a la autoridad militar, a apoyar a
aquel cuerpo policial en un caso de motín o situaciones
similares, para que aquella desarrolle con solvencia la
autoridad de que está investida, debido a que, conforme al
Artículo 52 de la Ley de la Policía Nacional la
responsabilidad de atender la seguridad, administración y
custodia de los establecimientos penales corresponde a la
Dirección General de Servicios Especiales. Concluye el
recurrente que los acusados no incurren en VIOLACIÓN A LOS
DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, al tenor del Artículo 349,
numeral 3) del Código Penal, como autores, en relación al
Artículo 32 de la citada ley, siendo funcionarios o empleados
Recurso de Casación No. 400-2008
62
públicos a los que la ley no ha dado expresamente facultades,
dentro de su competencia; por lo que el Sub comisionado
CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ, su guarda espalda JOSÉ LUÍS
SANTOS RODRÍGUEZ y los agentes de policía Cobras MARCO
ANTONIO CASCO IRÍAS, JOSÉ ROBERTO OCHOA Y OSLIN EVENOR
HERRERA PALACIOS, no pudieron haber incurrido en el delito de
VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en la modalidad
que les imputa el Ministerio Público. Esta Sala de lo Penal
considera importante recordar, que a través del recurso de
casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una
revaloración jurídica del material fáctico descrito en la
sentencia, contenido en la formulación de hechos probados
realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del
tradicional recurso de apelación, propio del anterior
sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del
Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como
jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente
admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice
un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto,
o sea una revisión jurídica de los hechos declarados
probados. El artículo 360 del Código Procesal Penal
establece, que habrá lugar al recurso de casación por
infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren
probados en la sentencia, se haya infringido un precepto
penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba
ser observada para la aplicación de la ley penal. En este
sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe
estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados
que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio
en esencia consiste en que la decisión adoptada por el
juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es
incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada
por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que
resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar,
se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las
norma que deba aplicarse al caso concreto, pero el Juzgador
hace una incorrecta interpretación de la misma.- En el caso
que ahora nos ocupa el Tribunal de Instancia ha condenado a
los imputados CARLOS ESTEBAN HENRÍQUEZ ÁLVAREZ, JOSÉ LUÍS
SANTOS RODRÍGUEZ, MARCO ANTONIO CASCO IRÍAS, JOSÉ ROBERTO
OCHOA y OSLIN EVENOR HERRERA PALACIOS como AUTORES del delito
DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, tipificado
en el artículo 349 No. 3) del Código Penal que sanciona con
una pena de reclusión de tres a seis años, a quien “omita,
rehúse o retarde algún acto que deba ejecutar conforme a los
deberes de su cargo”. Esta Sala considera importante destacar
que el delito de violación de los deberes de los funcionarios
tiene la estructura propia de un tipo de omisión pura, con el
que se procura tutelar el adecuado funcionamiento de la
administración (entendida esta en su sentido amplio), para la
prestación de un buen servicio. Por ello comprende cualquier
acto administrativo que se encuentre dentro de las funciones
del agente, siendo un delito de simple actividad que se
consuma con la omisión, el retardo o el rehusamiento, sin que
se necesite la producción de resultado dañoso alguno.19 Como
19 Vid. CREUS, CARLOS, Derecho Penal, Parte especial, Tomo II, Editorial
Astrea, Buenos Aires, 1988, página 262.
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63
antes lo explicamos el artículo 349 No. 3) del artículo
mencionado, castiga, a quien omite, rehúse o retarde algún
acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su
cargo, derivándose de la redacción de tal modalidad
delictiva, que las misma se incluyen dentro de que
doctrinariamente se conoce como “abuso omisivo”. El penalista
argentino, CARLOS CREUS, refiriéndose a esta figura en el
Código Penal de su país, explica que: “..la tercera forma
pune una conducta omisiva: no ejecutar las leyes cuyo
cumplimiento incumba al funcionario. Tratase pues, de un tipo
omisivo y por eso, no comete este abuso de autoridad (que un
tanto impropiamente puede denominarse incumplimiento de los
deberes de funcionario público) el funcionario que lleva a
cabo actos contrarios a las disposiciones de la ley. Aquí el
abuso consiste en la decisión de no ejecutar la ley, es
decir, de no aplicarla, prescindir de ella, no actuarla en la
realidad, como si no existiera (p.ej., no dictar la prisión
preventiva cuando corresponde, no observar el acto
administrativo viciado cuando el funcionario ejerce funciones
de contralor); pero cuando lo que importa la inejecución de
la ley es una actividad (p.ej., dictar una resolución cuando
no corresponde hacerlo), ya no estaremos ante una omisión,
sino ante uno de los abusos previstos en las formas
anteriores….” (vid. CREUS, CARLOS, Delitos contra la
Administración Pública, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981,
pág. 192). El Tribunal de Sentencia condena a los procesados
antes mencionados por el delito de violación de los deberes
de los funcionarios, estimando que algunos son responsables
de tal infracción penal en concurso ideal con varios delitos
de asesinato mediante incendio en comisión por omisión, y
además por el mismo ilícito penal en concurso ideal con
varios delitos de asesinato alevoso en el grado de ejecución
de tentativa20, en tanto que otros lo serían por estas últimas
infracciones21. De este modo, el Juzgador responsabiliza a
los imputados antes mencionados del delito de VIOLACION DE
LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en tanto que habrían omitido
los deberes de salvaguardar el bien jurídico vida de reos
pandilleros y otras personas que murieron por la acción de
otros individuos, o de tutelar el mismo bien jurídico de reos
pandilleros que habría resultado amenazado por los actos
realizados, igualmente por otros individuos, con la intención
de darles muerte. Como ya se explicara en los motivos
desarrollados con anterioridad, la Sala estima que de los
hechos declarados probados no se establece como mínimo en una
probabilidad rayana en la certeza y por ende más allá de toda
duda razonable que los imputados MARCO ANTONIO CASCO IRÍAS,
JOSÉ ROBERTO OCHOA Y OSLIN EVENOR HERRERA PALACIOS estaban en
la capacidad de llevar a cabo la acción de salvamento cuya
omisión se les atribuye, ni que en el caso del encartado JOSE
LUIS SANTOS RODRIGUEZ, se haya constatado el nexo de
evitación o relación de causalidad hipotética entre su
inactividad y los resultados lesivos que se les imputa, ni
que se hayan representado alguna acción debida y por lo tanto
20 El caso de los procesados MARCO ANTONIO CASCO IRÍAS, JOSÉ ROBERTO OCHOA
Y OSLIN EVENOR HERRERA PALACIOS. 21
El caso de los procesados CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ y JOSE LUIS SANTOS
RODRIGUEZ.
Recurso de Casación No. 400-2008
64
alguna vía para evitar los resultados que se les atribuye;
como tampoco que haya querido aunque sea eventualmente la
realización del tipo en su aspecto objetivo correspondiente,
de tal manera que tuviera voluntad de realización de la
conducta omisiva según la nota de la finalidad. Así las cosas
con ello desaparecen los presupuestos a partir de los cuales
debe partir el proceso de subsunción del delito de VIOLACION
DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS por el cual resultaron
condenados a título de autores. Por tal razón, esta Sala es
del parecer que en la sentencia recurrida se aplicó
indebidamente los artículos 349 No. 3) y 32 del Código Penal,
de ahí que sea procedente declarar con lugar el presente
motivo de casación interpuesto por la Defensa de los
encartados antes mencionados. En lo que concierne al
procesado CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ, como ya se
explicara con anterioridad, la Sala estima que de los hechos
declarados probados se ha establecido que el encartado antes
mencionado, es responsable en omisión impropia de dieciocho
delitos de tentativa de homicidio en perjuicio de igual
número de reos pandilleros, sin embargo tomando en cuenta
que el desvalor de su conducta consistente en realizar un
acto contrario a la ley y por ende dejar de cumplir su
función de garante de la vida de varias personas que
estuvieron en grave peligro de perderla, ya encuentra castigo
con la pena impuesta por su contribución a título de autor
por omisión impropia de los resultados típicos antes
relacionados22, debe absolverse al procesado CARLOS ESTEBAN
HENRIQUEZ ALVAREZ del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE
LOS FUNCIONARIOS. Por todas las razones anteriormente
expuestos se declara con lugar el presente motivo.-
VI.- CUARTO MOTIVO: INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13 Y 32 DEL
CÓDIGO PENAL POR APLICACIÓN INDEBIDA. PRECEPTO AUTORIZANTE:
ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL:-El motivo se
encuentra autorizado por el artículo 360 del Código Procesal
Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO El párrafo primero del Artículo
13 del Código Penal estipula que ―El delito puede ser
realizado por acción u omisión y necesariamente debe ser
doloso o culposo‖. Esta normativa no solamente comprende las
categorías accionarias en cuanto a acción y omisión como
elemento material capaz de transformar el mundo exterior y el
elemento subjetivo volitivo de dolo y culpa partiendo de un
conocimiento. Este concepto comprende además que en el
delito, por esa acción u omisión, integra a los protagonistas
o sujeto activo y sujeto pasivo de ese delito o actividad
humana hacia la conducta prohibida y especialmente un nexo de
causalidad que se convierte en un vínculo que hace posible
proteger el bien jurídico tutelado, y tipificar la acción que
se pretende precaver desde el punto de vista de la prevención
general. Lo anterior nos conduce a que la administración de
justicia penal está dotada de una serie de instrumentos para
establecer, con absoluta nitidez y certeza, no solamente
fijar, fuera de toda duda, al sujeto activo del delito, sino
22 Es de tomar en cuenta que el desvalor que supone el prevalimiento del
carácter público del culpable para la comisión del hecho constituye una
agravante (art. 27 No. 9) del Código Penal), misma que en el caso de
autos no puede considerarse, en tanto que el Tribunal de Instancia ha
impuesto la pena mínima, y por ende se impone la observancia de la
prohibición de reforma peyorativa en materia recursiva.
Recurso de Casación No. 400-2008
65
también al sujeto pasivo y mediando entre ellos una acción u
omisión como nexo causal que los vincula, de tal manera que
la ausencia de cualquiera de estos tres elementos da vida a
esa duda razonable a que se refiere el Artículo 339 del
Código Procesal Penal. Aunque el Estado, en el ejercicio de
la potestad punitiva pretende que cada ejercicio de la acción
penal prohibitiva o imperativa deba asociarse una pena al
sujeto activo y un resarcimiento al sujeto pasivo, son
muchos, pero muchos los casos donde este propósito se torna
utópico cuando los mecanismos de investigación del delito no
son capaces de establecer con certeza el nexo causal entre la
acción y el resultado y la ley tiene que conformarse con
levantar de nuevo el estandarte del apotegma de que ―más vale
absolver a un culpable que condenar a un inocente‖. En este
caso que nos ocupa, el honorable Tribunal de Sentencia
incurre en el error al aplicar el Artículo 13 del Código
Penal a mis representados por delitos de asesinato mediante
incendio y delito de asesinato mediante tentativa inacabada
sin que en todo el texto de las 478 páginas de la sentencia
se establezca con certeza a cuál de las personas que
perdieron la vida o sobre los que recayó una tentativa
inacabada haya tenido directamente la acción u omisión de los
imputados como para fijarlos como sujetos activos del delito.
Para alcanzar su propósito, la sentencia recurre al principio
de imputación recíproca. Si bien es cierto que algunos medios
de prueba, que no gozan de la ecuanimidad pues en su mayoría
son reos pandilleros o testigos protegidos bajo criterio de
oportunidad –De allí que hayan policías procesados y policías
con rango de testigos protegidos- quienes hacen afirmaciones
que si bien no son categóricas al menos dan pie al indicio.
Ese citado Artículo 339 del Código Procesal Penal es claro en
su contenido de que la prueba indiciaria por si misma no es
capaz de enervar el principio de inocencia y de establecer
una culpabilidad o como bien sostiene Nicola Framarino
Malatesta en su ―Lógica de las Pruebas Penales‖ que los
indicios racionales si bien son capaces de promover el
proceso, como prueba indirecta no es suficiente para fijar
una responsabilidad penal. Tal es el contenido del Artículo
92 de la Constitución de la República. Los honorables jueces
del Tribunal de Sentencia emplean los medios indiciarios para
fundamentar esa responsabilidad de la comisión de un delito y
en su afán juzgador los lleva a una conclusión revestida en
los telares de lo absurdo al fijar más de diez personas en la
muerte de cada una de las personas que perdieron la vida o
que se vieron agredidas por una tentativa inacabada, dando la
impresión que hay una tendencia al delito de muchedumbre,
pero sin ajustarse a los parámetros de la institución penal.
Al no poder la sentencia establecer con claridad cuál de mis
representados actuó por acción u omisión en contra de cuál de
las víctimas de los delitos apuntados, no se concluye con
certeza la responsabilidad criminal y, si bien durante los
enfrentamientos y posteriores acciones para recuperar la
calma en la Granja Penal de El Porvenir se cometieron delitos
no es menos cierto que el juicio que se desarrolló para
encontrar los culpables dentro del menú ofrecido por el
Ministerio Público, el mismo defensor de la sociedad no pudo,
con solvencia, demostrar cuál de mis representados ejecutó la
acción o incurrió en la omisión frente a quien de los que
Recurso de Casación No. 400-2008
66
resultaron sujetos pasivos del delito. En consecuencia, sin
el nexo causal que une al autor del delito con su víctima, no
existe responsabilidad penal porque no ha podido establecer
el primer eslabón de la investigación criminal como lo es la
acción u omisión. Partiendo de esta tesis la aplicación del
artículo 13 del Código Penal resulta errónea al no responder
a los estratos de investigación del nexo causal. EL PRINCIPIO
DE IMPUTACIÓN RECÍPROCA O COAUTORÍA Finalmente, la sentencia
invoca la institución del Derecho penal del ―principio de
Imputación Recíproca‖ como elemento acogedor de participación
que nuestro Código penal recoge como los que ―toman parte
directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen
directamente a otros a ejecutarlo o los que cooperan a la
ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera
efectuado‖ (Art. 32 del CP). Este concepto legal obliga al
estudioso del Derecho penal a buscar en los tipos penales de
la parte especial las situaciones en concreto donde puede
darse la coautoría o principio de imputación recíproca. Decía
Franz Von Liszt que ―si falta la conciencia de la
cooperación, el concepto de coautor es imposible‖. El
entendimiento de este instituto, en más de un siglo, no ha
cambiado en su comprensión. La exigencia de un nexo subjetivo
entre los distintos actores sigue constituyendo la base de la
coautoría. Se arguye al respecto que precisamente, esta
vinculación subjetiva es la que permite hacer responder a
cada uno de los coautores por lo que hacen los demás. También
la propia configuración estructural de la realización de una
acción entre varios (una acción distinta y superior a las
acciones individuales de cada uno de ellos), así como –
materialmente- en un componente cualificado de peligrosidad.
Y es sólo recientemente cuando ha comenzado a cuestionarse su
significado e incluso, su necesidad. Desde un punto de vista
problemático, parece que una sociedad como la actual, donde
se ofrecen espacios en los que interaccionan innumerables
personas o se generan posiciones normativas que vinculan a
numerosos sujetos con una o varias fuentes de peligro, sin
necesidad de que acuerden nada al respecto, va exigiendo una
adaptación de la superestructura jurídica vigente. La
resolución conjunta es objeto actualmente de un intenso
debate doctrinal. Se discute su conformación, mediante
elementos volitivos o simplemente intelectuales, su
significado como elemento definitorio de este instituto e
incluso, su necesidad, entre otros aspectos. Por el peso de
las razones esgrimidas, es posible adivinar que la
tradicional comprensión de este instituto encontrará pronto
su ocaso. Resta la duda de si su actual componente subjetivo,
la denominada resolución conjunta, conservará algún papel en
su futuro desarrollo, ninguno o, como sugiere Victoria García
del Blanco, debiera diluirse como mero indicio de
conocimiento individual en los juicios de imputación de
desvalor de acción y resultado. La autora sitúa el discurso
sobre la coautoría en el marco de los principios de
legalidad, culpabilidad, igualdad y proporcionalidad. Así,
tras un breve repaso de la reciente doctrina jurisprudencial
sobre el primero de éstos, la autora avanza ya su expresa
preocupación por la técnica legislativa, planteando entre
otras cuestiones, la necesidad de establecer si el
significado de la coautoría en términos de imputación ―está
Recurso de Casación No. 400-2008
67
recogido en el texto del Código Penal, si no de forma expresa
al menos sí de forma implícita. Y de estarlo, si resultaría
conforme al mandato de determinación‖ apuntando al respecto,
que ―el fundamento, el contenido y los límites del principio
de imputación recíproca resultan cuestiones de especial
trascendencia por suponer la comprobación de la relevancia o
irrelevancia de la coautoría como estructura delictiva con
entidad propia conforme a los límites de la responsabilidad
penal impuestos por el ordenamiento jurídico‖. En relación
con el principio de culpabilidad, señala -en cuanto a su
comprensión como principio de responsabilidad por el hecho-
la necesidad de revisar ―la importancia que debe otorgársele
al mutuo acuerdo‖ en la conformación de esta figura. Mientras
que -en términos de imputación- plantea ―la cuestión de si el
principio de imputación recíproca de las aportaciones de los
coautores, que parte de la doctrina afirma como consecuencia
directa de la actuación conforme al mutuo acuerdo resulta
conforme al principio de responsabilidad personal o
autorresponsabilidad como límite de la responsabilidad
penal‖. En relación con el principio de igualdad, la misma
autora nos ofrece una nueva aproximación a la jurisprudencia
reciente; también nuevas dudas al respecto: ¿―La consecuencia
jurídica aplicable a cada coautor derivada de la realización
conjunta del hecho debe ser o no la misma que le
correspondería por la realización individual del mismo
hecho‖? Se trata, con otras palabras, de ―si el principio de
igualdad se vería infringido en alguna manera estableciéndose
consecuencias más gravosas para la realización de un hecho
con intervenciones parciales de cada coautor que las que
corresponderían a la realización individual del mismo hecho‖.
Finalmente, en cuanto al principio de proporcionalidad,
replantea esta última cuestión así como su armonización con
agravantes que se sustentan en actuaciones plurales o la
relevancia de los elementos subjetivos. Y es que, como nos
expone la autora citada, la propia estructura del principio
de imputación recíproca cuando menos, suscita dudas desde la
perspectiva de principios como el de responsabilidad por el
hecho y el antes comentado, de autorresponsabilidad.
Igualmente, si en sentido contrario al sugerido por García
del Blanco, se responde afirmativamente a esta última
cuestión, es preciso descender algunos peldaños discursivos y
explicar hasta dónde y sobre qué razones -personales, se
entiende- procede esta forma de imputación. En este último
sentido, debe agradecerse su esfuerzo por traducir esta
figura en términos de consecuencia jurídica y -en sede de
injusto- imputación, señalando las diferencias en ambos
términos entre el hecho globalmente considerado y las
contribuciones parciales individualmente realizadas por cada
uno de los actores, facilitando, en definitiva, una mejor
comprensión de este instituto. La coautoría aparece cuando
varias personas, de común acuerdo, toman parte en la
ejecución de un hecho típico constitutivo de delito. Tal
conceptuación requiere, de una parte, la existencia de una
decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, y un
dominio funcional del hecho con aportación al mismo de una
acción en la fase ejecutoria, que integra el elemento
objetivo. De la lectura del Acta del Debate no se encuentran
elementos concretos para tener una decisión conjunta para la
Recurso de Casación No. 400-2008
68
realización del acto delictivo, una voluntad de actuar y el
dominio del hecho, la ley orgánica de la Policía Nacional
Civil lo expone con meridiana claridad de manera tal, que la
facultad de interpretar mediante las reglas de la sana
crítica no es suficiente para imponerse al principio de
legalidad. Se diferencia la coautoría de la cooperación, o
de la participación, en el carácter, o no, subordinado del
partícipe a la acción del autor. Será coautor quien dirija su
acción a la realización del tipo, con dominio de la acción,
que será funcional si existe división de funciones entre los
intervinientes (división del trabajo), pero todas con ese
dominio de la acción característico de la autoría. La figura
de la coautoría no representa una modalidad de participación
delictiva caracterizada por una mera suma de autorías
individualizadas; por el contrario el legislador la ha
configurado como una expresión de responsabilidad plural en
la que todos los participantes deben responder por la
totalidad del hecho, con abstracción de las acciones
concretas que puedan haber realizado independientemente cada
uno de ellos. De ahí que, para que exista coautoría es
necesario: a) Común acuerdo, concierto de voluntades o
"pactum scaeleris", el cual podrá ser expreso, tácito o
deducido, previo o sobrevenido, principal o adhesivo. b)
"Consciencia scaeleris", conciencia de la ilicitud del acto
cuya ejecución se pacta o se conviene. c) Aportación de
esfuerzo propio o realización personal, material y directa de
actos ejecutivos, llevando a cabo actos nucleares subsumibles
en la figura penal de que se trate, de forma determinante y
principal, si bien no es necesario que ejecute material o
directamente por su propia mano todos los actos que integran
la dinámica, de tal modo que responderá, en concepto de
autor, del todo aunque solo hubiera realizado personalmente
una parte, incluso cuando pueda demostrarse que el resultado
u objetivo final fue logrado mediante actos concretos y
específicos perpetrados por otro u otros agentes con los
cuales coadyuvó de un modo capital y esencial. Conforme a la
teoría es la del dominio del hecho (en cuanto posibilidad de
interrumpir a voluntad el desarrollo del proceso fáctico),
que en la coautoría debe predicarse del conjunto de los
coautores; cada uno de ellos actúa y deja actuar a los demás,
de ahí que lo que haga cada coautor puede ser imputado a los
demás que actúen de acuerdo con él, lo que sin duda sucede
cuando todos realizan coetáneamente los elementos del tipo
penal de que se trate. Sin embargo, ello no puede sostenerse
cuando uno de los coautores se excede por su cuenta del plan
acordado, sin que los demás lo consientan; pues, en tal caso,
el exceso no puede imputarse a los demás, porque más allá del
acuerdo no hay imputación recíproca. En el caso de autos
encontramos una conducta imperativamente contraria cuando los
hechos tenidos como probados apunta en otra dirección cuando
se concentran en afirmar que el Subcomisionado Henríquez
Álvarez y los policías cobras no dispararon en contra de los
reos pandilleros, sino más bien los estaban auxiliando, en el
perímetro exterior, para llevarlos a los centros
asistenciales para ser atendidos en sus lesiones. Desde la
perspectiva de la presunción de inocencia, no es exigible en
estos casos la acreditación de la realización de los actos
propios del tipo por parte de cada uno de los acusados que
Recurso de Casación No. 400-2008
69
intervienen como autores, sino que es suficiente con probar
la aportación causal de cada acusado, conscientemente
ejecutada y orientada al fin concreto de que se trate. Este
elemento no está contenido en la sentencia, por cuanto no se
puede acreditar su existencia participativa.‖
VI.-RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA
FUNDADO EN LA INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13 Y 32 DEL CÓDIGO
PENAL POR APLICACIÓN INDEBIDA. EL CENSOR ARGUYE
FUNDAMENTALMENTE QUE DE LA DECLARACION DE HECHOS PROBADOS NO
SE LOGRA ESTABLECER EL NEXO CAUSAL ENTRE LA OMISION QUE SE
ATRIBUYE A LOS ENCARTADOS Y LOS RESULTADOS LESIVOS DE
CARÁCTER DOLOSO QUE SE LES IMPUTA. POR OTRO LADO EL
RECURRENTE CONSIDERA QUE TAMPOCO SE CONFIGURA LA COAUTORÍA
COMO UNA MODALIDAD DEL CONCURSO DE PERSONAS EN LA REALIZACION
DE LOS DELITOS OBJETO DE JUZGAMIENTO.
Esta Sala de lo penal no se pronuncia sobre el presente
motivo de casación, ya que en virtud de haber prosperado los
tres primeros motivos por infracción de ley sustantiva
invocados por el recurrente, resulta innecesario su análisis
y resolución.
VII.- El Recurrente Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA,
actuando en su condición de apoderado defensor del señor
Salomón de Jesús Solano Méndez, desarrollo su Recurso de
Casación por Infracción de Precepto Constitucional,
Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, de la siguiente
manera: ―CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL
MOTIVO ÚNICO: Infracción, por falta de aplicación, del
precepto constitucional contenido en el artículo 321 que
dice: ―Los servidores del Estado no tienen más facultades que
las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que
ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad‖;
en relación a los artículos 82, párrafo primero, y 90 párrafo
primero de la Constitución de la Republica; que rezan,
respectivamente:‖El derecho de defensa es inviolable‖; ―Nadie
puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las
formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…‖
PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361 del Código Procesal Penal,
que dice: ―En todos los casos en que, con arreglo a este
Código, pueda interponerse recurso de casación contra una
resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la
infracción de precepto constitucional.‖ EXPLICACION DEL
MOTIVO: La exigencia de que Honduras es un Estado democrático
de derecho, no implica otra cosa más que todos los actos de
la vida ciudadana están enmarcados y regulados por ley; de
igual manera la libertad que ceden los ciudadanos de la
República con el fin de ser juzgados por los respectivos
servidores públicos, radica en que a estos últimos se les
dota de una serie de herramientas, reglas y principios
aplicados a cada caso que es sometido a su conocimiento. La
época del iluminismo del derecho penal se caracteriza por
evitar que al momento de ser juzgados los ciudadanos de la
República estuviesen sujetos solamente al real parecer y
entender del juzgador en el momento y circunstancias
determinadas; de ahí que uno de los grandes logros de
Beccaria y los demás iluministas haya sido el de lograr que
los juzgadores no apliquen sus criterios, sus deseos o su
real y saber entender, al momento de juzgar. El Código
Recurso de Casación No. 400-2008
70
Procesal Penal es básicamente el conjunto de herramientas que
un juzgador debe aplicar al momento de juzgar; no es otra
cosa más que la exigencia de observar las formalidades
establecidas en esa ley adjetiva penal; si atendemos el
concepto de formalidad dado por Manuel Ossorio entendemos que
ésta es el cumplimiento fiel y exacto de la ley, en
conclusión las atribuciones que el soberano otorga a los
funcionarios de la República no constituyen otra cosa más que
el cumplimiento fiel y exacto de las formalidades del
enjuiciamiento establecidas en el Código Procesal Penal. A lo
largo de este recurso de casación expresaremos una serie de
circunstancias, de las cuales me permito señalar una sola: El
acto jurisdiccional de desestimar la prueba que ubica a
Solano Méndez, después de las 12:00 del medio día en la
Granja Penal de El Porvenir y cuando ya habían pasado los
hechos violentos y lamentablemente ya había acaecido la
muerte de las personas por las que fue injustamente
condenado; el hecho es que, con lo anterior, en abierto
incumplimiento de la ley, se desconoce, porque no se exponen
en la sentencia, cuáles son los criterios seguidos por el
Tribunal para desvirtuar la prueba y las acciones de defensa
provocadas por Solano Méndez, que lo exculpaban de
responsabilidad penal en los hechos acusados. Esta posición
del Tribunal de desacreditación probatoria que hizo estéril
la defensa de Solano Méndez no se basa en criterios
previamente establecidos, ni en las formalidades establecidas
en la ley para el enjuiciamiento criminal y entrañan
atribuciones distintas a aquellas que el Estado ha concedido
a sus servidores, provocando con ello la incertidumbre y el
retorno a épocas oscuras en la evolución del derecho penal en
que el juzgador no se sometía a reglas claras previamente
conocidas, sino que a lo que el juzgador considerase
aplicable o no aplicable al caso en particular.- Esta
conducta es la que observamos en la decisión del Tribunal
Sentenciador al emitir conclusiones no respaldadas por un
ejercicio intelectivo y de cumplimiento fiel y exacto de las
formalidades del juicio penal consagrado en el ordenamiento
correspondiente, conclusiones que denotan atribuciones
distintas y más allá de aquellas que el Estado les ha
otorgado. De todo lo antes expuesto resulta evidente que el
Tribunal recurrido ha actuado sin apegarse a la facultades
que expresamente le confiere la ley, con claro irrespeto al
derecho de defensa y al debido proceso; de esa manera ha
infringido, por falta de aplicación, el artículo 321 de la
Constitución de la República de Honduras, en relación con los
artículos 82 párrafo primero y 90 párrafo primero de la misma
Carta Magna.
VII.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO
CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO
SALOMON DE JESUS SOLANO MENDEZ BASADO EN LA FALTA DE
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 321 EN RELACIÓN A LOS ARTICULOS 82
PÁRRAFO PRIMERO Y 90 PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA
REPUBLICA.
Argumenta el reclamante que la sentencia impugnada incurre en
infracción, por falta de aplicación, del precepto
constitucional contenido en el artículo 321 que dice: “Los
servidores del Estado no tienen más facultades que las que
expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten
Recurso de Casación No. 400-2008
71
fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”; en
relación a los artículos 82, párrafo primero, y 90 párrafo
primero de la Constitución de la Republica; que rezan,
respectivamente:”El derecho de defensa es inviolable”; “Nadie
puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las
formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”.
Estima que el Código Procesal Penal es el conjunto de
herramientas que un Tribunal debe aplicar al momento de
juzgar, actividad en la que se deben observar las
formalidades prescritas por la la ley. Concretamente reprocha
el acto de DESESTIMAR LA PRUEBA que ubica a SOLANO MÉNDEZ,
después de las 12:00 del medio día en la Granja Penal de El
Porvenir, cuando ya habían pasado los hechos violentos que
dieron lugar a la muerte de las personas por las que fue
condenado, debido a que la sentencia no expone los criterios
seguidos por el Tribunal para desvirtuar la prueba y las
acciones de defensa provocadas por SOLANO MÉNDEZ, que lo
exculpaban de responsabilidad penal. Asume que esta
desacreditación probatoria hizo estéril la defensa del señor
SOLANO MÉNDEZ, al carecer de criterios y formalidades
legales, lo que supone atribuciones distintas a las que el
Estado ha concedido a sus servidores, provoca incertidumbre y
retorno a épocas oscuras en la evolución del derecho penal.
Concluye que por lo anterior resulta evidente que el A Quo no
ha actuado conforme a las facultades que le confiere la ley,
ha irrespetado el derecho de defensa y al debido proceso, por
lo que entiende que ha infringido, por falta de aplicación,
el artículo 321, en relación con el 82, párrafo primero y 90,
párrafo primero, todos de la Constitución de la República.
Esta Sala de lo Penal, estima que el recurso del recurrente
adolece de falta de claridad y precisión en la explicación
del motivo de casación por infracción de precepto
constitucional invocado, por cuanto omite hacer relación
expresa y concreta de la prueba propuesta para su admisión
por la defensa técnica del acusado SALOMON DE JESUS SOLANO
MENDEZ que le alude a que le fue desestimada por el Juzgador
de instancia. Al no hacer exposición concreta de la prueba
desestimada por el A Quo esta Sala no dispone de información
precisa y suficiente para identificar la prueba excluida y
valorar la razonabilidad de su motivación. Asimismo no
menciona el impugnante el momento procesal en que dicha
prueba le fue inadmitida, si fue en la audiencia de admisión
de prueba o en la audiencia de debate. Defectos en la técnica
recursiva que no compete a esta Sala subsanar. Por lo
expuesto se desestima el motivo de casación invocado por el
recurrente.
VIII.- CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO PRIMERO:
En la sentencia se excluyó o dejó de considerarse prueba de
valor decisivo, inaplicando así lo dispuesto en el artículo
202 del Código Procesal Penal, en la parte que a la letra
dice: ―El órgano jurisdiccional formará su convicción
valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba
producida‖. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362, preámbulo y
numeral segundo, parte última, del Código Procesal Penal,
según el texto que trascribo a continuación: ―El recurso de
casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse
cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los
vicios siguientes: … 2. Que… excluya o deje de considerar
Recurso de Casación No. 400-2008
72
prueba de valor decisivo‖ EXPLICACION DEL MOTIVO Durante el
juicio oral y público rindió declaración como testigo el
señor Osmán Fabiel Díaz Santos (página 259 y siguientes de la
sentencia), quien expone que ―cuando yo llegué estaba
Henríquez ordenando la valla. Me encontré al Inspector
Solano, diciéndole que se presentara con Henríquez, porque
estaba molesto por no haberlo encontrado. Cuando lo miré era
como las 12:00 a.m. a 12:15 a.m. Tengo entendido que Solano
fue encomendado a buscar bolsas, pero por la red de radio.‖
Adelante expresa: ―Cuando yo llegué ya no habían disparos…
Solano llega entre 12:00, 12:15 a 12:30 …Henríquez me dio
instrucciones para la valla y me preguntó por Solano y por
eso al ver a Solano, fue cuando le dije que Henríquez lo
estaba buscando. …A Solano lo miré por el campo de football.
Recuerdo a Solano porque éramos pocos oficiales, …‖; es
importante aclarar que ese campo está fuera de los muros que
rodean el recinto, como consta en el mismo proceso.- Al hacer
la valoración del dicho de este testigo, el Tribunal se
pronuncia así: ―El testigo ubica al acusado Salomón Solano en
el escenario, refiriendo que se acuerda de él dado que el
acusado Henríquez lo buscaba, afirmando que llegó entre las
12:00 m, 12:15 p.m. o 12:30 p.m. Nuevamente el testigo no es
claro respecto a la hora en que el acusado Salomón Solano
llegó al lugar, máxime cuando más adelante refiere que no
puede indicar qué personas se encontraban en la Granja cuando
el testigo llegó dado que uno a uno iban llegando, por lo que
tampoco podría dar fe, a juzgar por la cantidad de personas
que estaban en el lugar, a qué hora llegó cada una de ellas
después de la llegada del testigo al lugar, de modo que no
puede sustentarse el Tribunal en la declaración del testigo
en relación con la hora de llegada del acusado Salomón
Solano, máxime cuando existe un medio de prueba pericial que
ubica al acusado antes del cese al fuego dentro de los
recintos‖. Sobre esa valoración hecha por el Tribunal con
respecto a la declaración del testigo Díaz Santos,
permítasenos citar lo que en la misma sentencia se dice al
final del segundo párrafo de la página 259, con respecto a la
hora en que cesaron los disparos; veamos, ahí se expresa: ―El
Tribunal, a partir de este medio de prueba y de lo dicho por
el testigo Osmán Fabiel Díaz, respecto a la hora en que se
permitió el ingreso de los bomberos al recinto, le es claro
que los disparos de las armas de fuego cesaron alrededor de
las 11:a.m. y que después de la 11:30 a.m. se permitió el
ingreso de los bomberos al lugar‖. Aquí sí, para el Tribunal
tiene valor probatorio la declaración del testigo Osmán
Fabiel Díaz, pero con respecto a la hora de llegada de Solano
Méndez, no le reconoce ese mismo valor. ¿Por qué? El Tribunal
no expone ninguna razón por la cual acepta el dicho del
testigo en una parte y lo desestima en otra. Ahora, en cuanto
a la prueba pericial que, según el Tribunal, ubica a Solano
Méndez en los recintos antes del cese al fuego, no tuvo a
bien señalar de qué prueba pericial se trata, lo que nos
impide hacer las consideraciones que pudieran proceder al
respecto. ¿Cómo podríamos hacerlo si no se sabe de qué prueba
se trata? Y, así las cosas, es inadmisible y constituye
motivo de casación en la forma, la desestimación de la prueba
constituida por la declaración del testigo Díaz Santos.
Además, de la declaración del testigo a que antes se ha hecho
Recurso de Casación No. 400-2008
73
referencia, lo hizo como tal el señor Melvin Geovanny García
Flores (página 266 de la sentencia), quien declaró: ―…a las
11:00 a.m. llegué al cuerpo de la guardia y me encontré a
Solano y se nos dijo esperar a Roches y éste nos dijo que
unos fuéramos a la granja y otros al Hospital. A Solano le
dijo que fuera al Hospital, pero yo le dije que necesitaba
dinero y que cambiáramos para ir al centro a un cajero.
Solano salió a la granja penal y yo al Hospital… Once y
minutos llegué al cuerpo de guardia. Yo andaba con el
uniforme diario y Solano, al verlo en la guardia, estaba de
fatiga. Estuvimos entre 20 a 25 minutos en la guardia,
esperando a Roches… Roches se me dijo que fuera al Hospital
Atlántida, que fuera a ver los heridos, muchos de ellos
internos. Salimos del cuerpo de guardia pasadas las 12:00 del
medio día. Después de eso no volví a ver al Inspector Solano.
…‖ El Tribunal desestima también la prueba consistente en la
declaración de este testigo, con este fundamento: ―Lo dicho
por el testigo no tiene respaldo con ningún medio de prueba‖
¿Y esto? ¿Dónde está el precepto que exija el respaldo de
otro medio de prueba para reconocer valor probatorio a un
testimonio? Si en un caso de homicidio, cometido con la
concurrencia de la excluyente de antijuridicidad que es la
legítima defensa, por ejemplo, solamente hubiera un testigo
presencial, y ningún otro medio de prueba más, aunque con su
declaración se hubieran establecido de manera indubitable
todos los elementos que configuran la indicada eximente, si
se siguiera el señalado criterio del Tribunal, habría que
convenir en que la persona que dio muerte a otra, en el caso
del ejemplo, debería ser condenada, porque ―lo dicho por el
testigo no tiene respaldo con ningún medio de prueba‖. Una
decisión judicial en ese sentido sería reprochable desde todo
punto de vista.- Tenemos, pues, que lo expuesto por el
testigo García Flores también fue desestimado por el
Tribunal, sin ningún fundamento razonable. Es importante
agregar a lo expresado por los testigos Díaz Santos y García
Flores, lo que, corroborando lo dicho por éstos, expuso en su
declaración el Comisionado de Policía Carlos Esteban
Henríquez (páginas 247 y siguientes de la sentencia). El
mencionado Oficial expresa lo siguiente: ―…El Inspector
Solano Méndez, llegó a la granja penal aproximadamente entre
las 12:00 y 12:30 y yo le llamé la atención por no concurrir
cuando yo lo llamé. … Yo estaba incómodo con Solano porque
llegó tarde, le llamé la atención e hice el trámite
administrativo correspondiente…‖ 1. Tenemos, pues, la
declaración de dos testigos, contestes, en cuanto a la hora
en que Solano Méndez llegó a la Granja Penal, corroborados
sus dichos con la declaración del coimputado Henríquez.
Prueba concluyente esa, que es de valor decisivo, pues con
base en ella queda en claro que, sin lugar a ninguna duda,
Solano Méndez no estaba presente en el lugar de los hechos
cuando éstos se produjeron. Y esa prueba no fue considerada,
sin ningún fundamento razonable, por el Tribunal en su
sentencia; no debe olvidarse que la prueba testimonial
solamente puede ser desestimada después de una rigurosa
valoración, siguiendo determinadas pautas que ―tienen un
común denominador: parten de la presunción de que la fe en un
testimonio se basa en ―dos presunciones‖: 1) la presunción de
que los sentidos no han engañado al testigo; 2) La presunción
Recurso de Casación No. 400-2008
74
de que (el testigo) no quiso engañar.‖ (Cafferata Nores).
Entre esas pautas no aparece la necesidad de respaldo, como
lo sostiene el Tribunal, pues la falta de tal no implica que
los sentidos hayan engañado al testigo, ni que éste haya
querido engañar. Lo cierto es que en el fallo recurrido no
aparece que se haya recurrido a ninguna de las pautas que los
tratadistas señalan para determinar si un testigo es
verdadero o es mendaz. Queda claro, y de manera contundente,
que en la sentencia se ha dejado de considerar prueba de
carácter decisivo, sin haberse hecho una valoración real de
los testimonios en que consiste esa prueba. Es tan decisivo
el valor de esas declaraciones que de haber sido tomadas en
consideración jamás se habría condenado a Solano Méndez por
las muertes que se le atribuyen. Y es ese vicio el que
constituye el motivo de casación en la forma que vengo de
explicar. No pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el
indicado vicio, porque se produjo en el pronunciamiento de la
sentencia que estoy impugnando.
VIII.-RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA
INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO SALOMON DE JESUS
SOLANO MENDEZ FUNDADO EN QUE LA SENTENCIA EXCLUYÓ O DEJÓ DE
CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO, INAPLICANDO ASÍ LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.
Argumenta el recurrente que la sentencia recurrida ha
excluido o dejado de considerar prueba de valor decisivo.
Señala que en el juicio oral y público rindió declaración
como testigo OSMÁN FABIEL DÍAZ SANTOS (página 259 y
siguientes de la sentencia), quien manifestó que SALOMÓN DE
JESÚS SOLANO MÉNDEZ llegó al lugar de los hechos entre las
12:00, 12:15 a 12:30 del mediodía y que lo recuerda porque
eran pocos los oficiales, pero al hacer la valoración del
testigo, (folio 262 de la sentencia) el A Quo no le concede
credibilidad por estimar que “no es claro respecto a la hora
en que el acusado Salomón Solano llegó al lugar”, al
referirse que el testigo no puede indicar qué personas se
encontraban en la granja penal cuando llegó, y que por ello
tampoco podría dar fe, de la hora en que llegó cada una de
las personas. El A Quo pondera que no dio por acreditada la
hora de llegada del acusado Salomón Solano, con la
declaración del mencionado testigo, principalmente a
consecuencia de un medio de prueba pericial, que ubica al
acusado dentro de los recintos antes del cese al fuego. Sin
embargo reprocha el recurrente que la sentencia (final del
segundo párrafo de la página 259), si concede credibilidad al
mismo testigo DIAZ SANTOS con respecto a la hora en que
cesaron los disparos, pero no con respecto a la hora de
llegada del señor SOLANO MÉNDEZ, por lo que el recurrente
reclama que el Tribunal de Instancia no expone las razones
por las que acepta el dicho del testigo en una parte de su
deposición pero la desestima en otra. Y en cuanto a la prueba
pericial por la que el A Quo ubica al señor SOLANO MÉNDEZ en
los recintos antes del cese al fuego, el recurrente censura
que el A Quo no señala cuál es la prueba pericial a la que se
refiere, (final de primer párrafo, página 262 de la
sentencia), lo que a su entender impide desestimar la prueba
de declaración del testigo DÍAZ SANTOS y da lugar al recurso
de casación por quebrantamiento de forma. Argumenta además,
lo que dijo el testigo MELVIN GEOVANNY GARCÍA FLORES (página
Recurso de Casación No. 400-2008
75
266 de la sentencia), quien declaró entre otras cosas que a
las 11:00 a.m. llegó al cuerpo de la guardia, donde se
encontró a SOLANO, y además que salieron del cuerpo de
guardia pasadas las 12:00 del medio día. Reprocha que el
Juzgador desestima también la declaración del testigo GARCIA
FLORES por estimar que: “Lo dicho por el testigo no tiene
respaldo con ningún medio de prueba”. Aprecia el recurrente
que el argumento del A Quo no es apreciable porque desconoce
el precepto legal que exige respaldo de otro medio de prueba
para conceder valor probatorio a una declaración testifical.
A manera de ejemplo refiere que en un caso de homicidio, en
concurrencia de legítima defensa, en el que sólo hubiera un
testigo presencial y ningún otro medio de prueba, aunque con
su declaración se hubieran establecido de manera indubitable
todos los elementos que configuran la indicada eximente, si
se siguiera el señalado criterio del juzgador, habría que
convenir en que la persona que dio muerte a otra, debería ser
condenada. Aprecia que el testimonio rendido por el señor
GARCÍA FLORES también fue desestimado sin fundamento
razonable. Agrega que lo expresado por los testigos DÍAZ
SANTOS y GARCÍA FLORES, es corroborando por la declaración
del Comisionado de Policía CARLOS ESTEBAN HENRÍQUEZ (páginas
247 y siguientes de la sentencia), cuando expresa que: “…El
Inspector SOLANO MÉNDEZ, llegó a la granja penal
aproximadamente entre las 12:00 y 12:30, yo le llamé la
atención por no concurrir cuando yo lo llamé. Yo estaba
incómodo con SOLANO porque llegó tarde, le llamé la atención
e hice el trámite administrativo correspondiente…” Concluye
el recurrente que con la declaración de dos testigos,
contestes, en cuanto a la hora en que SOLANO MÉNDEZ llegó a
la Granja Penal, corroborados sus dichos con la declaración
del COIMPUTADO HENRÍQUEZ, es prueba concluyente, de valor
decisivo, pues con ella queda claro que SOLANO MÉNDEZ no
estaba presente en el lugar de los hechos cuando éstos se
produjeron. Y esa prueba no fue considerada, sin ningún
fundamento razonable, por el Tribunal en su sentencia, por lo
que la sentencia ha dejado de considerar prueba de carácter
decisivo, sin haberse hecho una valoración real de los
testimonios en que consiste dicha prueba. Esta Sala de lo
Penal, considera necesario recordar, que el artículo 362 No.
2) del Código Procesal Penal contiene dos hipótesis: a)
cuando la sentencia excluye indebidamente una prueba
(expresamente la rechaza sin consignar las razones de esa
decisión o se le considere ilícita sin serlo), o la
resolución no la considera (omite toda referencia a ella). El
vicio comporta de ese modo la infracción de varios artículos
del Código Procesal Penal: I) Del artículo 202, que impone al
juzgador la obligación de formar su convicción como producto
de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba, II)
del artículo 336, que señala que el Tribunal sólo tendrá en
cuenta las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán
apreciadas en su conjunto, y III) del artículo 338 sección
cuarta, numeral 2) que manda al órgano jurisdiccional
justificar el valor que haya dado a las pruebas practicadas
durante el juicio. De esta manera, el Tribunal de Sentencia
tiene la obligación de pronunciarse sobre la fuerza de
convicción que le generan las pruebas rendidas, de tal suerte
que si excluye arbitrariamente alguna de ellas o simple y
Recurso de Casación No. 400-2008
76
sencillamente deja de mencionarla y consecuentemente
valorarla, estaríamos ante la presente infracción, ya que en
virtud de los principios de verdad real, de defensa y
contradicción, el Juez debe servirse de las pruebas recibidas
en el debate para fundamentar su fallo. Cabe añadir a lo
antes expuesto, que no basta con el rechazo (exclusión) u
omisión de referencia (no consideración de la prueba), sino
que es necesario que la misma sea de valor decisivo. Ello
comporta efectuar una operación de inclusión mental
hipotética, en cuyo caso, de incluirse la prueba excluida o
no considerada en la valoración del juez, junto con las
restantes, las conclusiones de hecho hubieran sido
necesariamente distintas. En el caso que ahora nos ocupa, la
Defensa del imputado considera que en la sentencia impugnada
se excluyó prueba de valor decisivo, con lo cual funda su
motivo de casación en el primer supuesto contenido en el
párrafo final del artículo 362 No. 2) del Código Procesal
Penal. Un examen detenido de la sentencia impugnada revela,
que las declaraciones testificales rendidas por OSMÁN FABIEL
DÍAZ SANTOS y MELVIN GEOVANNY GARCÍA FLORES no fueron
excluidas como objeto de valoración por el Tribunal de
Instancia. Respecto al primer testigo, el A Quo razona que
éste no es consistente en su declaración al expresar que el
acusado SALOMON SOLANO MENDEZ llegó a lugar y fecha de los
hechos entre las doce, doce quince, doce y media del
mediodía, a lo que se añade la circunstancia de que al final
de su deposición refiere que era difícil precisar quienes
eran las personas de su conocimiento que se encontraban a su
ingreso en el Centro Penal del Porvenir debido a que uno a
uno iban llegando al mismo; pero lo que lleva a esta Sala a
considerar que no se ha producido la exclusión de prueba
alegada por el Censor, es que el Tribunal A Quo no considera
acreditado con el testimonio del señor OSMAN FABIEL DIAZ
SANTOS que el acusado SALOMON SOLANO haya arribado al sitio
de los acontecimientos hasta que los hechos objeto de
juzgamiento estaban ya consumados, en tanto que se aportó al
proceso un elemento de prueba pericial, que si bien es cierto
que en la valoración del testimonio referido no se menciona
en que ha consistido(vid. Folio No. 5163 vuelto), no es menos
cierto que sin dificultad alguna se constata en la misma
sentencia que se trata de las pericias balísticas y por ende
de elementos probatorios de carácter científico realizadas
por expertos en la materia, de las cuales se concluye que
varias personas perdieron la vida a consecuencia de los
disparos efectuados con el arma asignada el Inspector SALOMON
DE JESUS SOLANO MENDEZ (vid. Folio No. 5187). En lo que
concierne a la declaración del testigo MELVIN GEOVANNY GARCÍA
FLORES, quien afirma que en el cuerpo de guardia de la
Policía coincidió a eso de las once de la mañana con el
procesado SALOMON SOLANO, añadiendo que a partir de las doce
del mismo día no le volvió a ver en esa dependencia, en tanto
que el deponente se dirigió hacia el hospital mientras que el
Inspector SOLANO MENDEZ se condujo hacia la Granja Penal del
Porvenir (vid. Folios No. 5165-5166), ciertamente el
razonamiento externado por el Juzgador en su valoración
resulta bastante escueta, cuando afirma que “no tiene
respaldo en otro medio de prueba”, sin embargo, a criterio de
esta Sala, los argumentos expuestos con prolijidad por el
Recurso de Casación No. 400-2008
77
Tribunal de Instancia cuando en otra sección de la Sentencia
valora las pruebas de balística realizadas por los expertos
en la materia y de las cuales cabe inferir la ubicación
temporal y espacial del encartado SOLANO MENDEZ en el
escenario mismo de los acontecimientos objeto de juzgamiento
cuando estos se estaban produciendo, en tanto que con el arma
de fuego asignada a su persona se causó la muerte a varios
reos, no cabe apreciar en este caso el rechazo arbitrario de
prueba testifical aportada por la Defensa del encartado, de
ahí que no vamos entrar a ponderar sobre el carácter
decisivo de la misma. Por otro lado, tampoco se constata en
el caso súbjudice la concurrencia de la segunda hipótesis del
motivo que consiste en dejar de valorar prueba de valor
decisivo, pues como antes lo explicamos tal circunstancia se
presenta cuando el Tribunal omite toda referencia a ella. Por
todas las razones anteriormente expuestas se desestima el
presente motivo por quebrantamiento de forma formulado por el
Censor, alegando que el Tribunal de Sentencia excluyó y dejó
de valorar prueba de valor decisivo.
IX.- MOTIVO SEGUNDO: En la valoración de la prueba contenida
en la sentencia recurrida no se observaron las reglas de la
sana crítica, en abierta infracción de lo que disponen los
artículo 202 (cuya rúbrica es ―Valoración de la prueba. La
sana crítica‖) y 338 (en el que se contienen los ―Requisitos
de la sentencia‖), regla cuarta, numeral segundo, ambos del
Código Procesal Penal, en las partes de tales preceptos que,
por su orden, se leen así: ―Las pruebas serán valoradas con
arreglo a la sana crítica‖ y ―Seguidamente (después de la
declaración de hechos probados), se expresarán las pruebas
tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, según
las reglas de la sana crítica, …‖ (lo resaltado es nuestro).
PRECEPTO AUTORIZANTE: … Artículo 362, preámbulo y numeral
tercero, en la última parte, del Código Procesal Penal; según
el texto que trascribo a continuación: ―El recurso de
casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse
cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los
vicios siguientes: … 3. Que … en la valoración de la prueba
no se respetaron las reglas de la sana crítica‖. EXPLICACION
DEL MOTIVO: En el numeral trigésimo quinto de la declaración
de hechos probados de la sentencia impugnada, se declara: ―Un
mínimo de veinte minutos habían transcurrido desde la llegada
del Comisionado Carlos Esteban Henríquez y el Policía Cobra
José Luis Santos Rodríguez, cuando faltando para las once de
la mañana, llegan al lugar representantes de los medios de
comunicación: David Meza Montesinos, empiezan a trasmitir por
radio lo que se observaba, mientras que algunos reporteros
gráficos tomaban fotografías del interior del recinto,
subidos en las escaleras de incendios de los carros de los
bomberos.- Para ese momento el Inspector de Policía Salomón
de Jesús Solano Méndez, se había ya personado al lugar,
observando las agresiones de los reos rondines, Policía
Nacional Preventiva, Policías Cobras, Policías Penitenciarios
y miembros del ejército, sin realizar acción alguna en
auxilio de los reos pandilleros. El Policía Salomón de Jesús
Solano Méndez, procedió a privar de la vida a los reos
pandilleros Mario René Pantoja (alias El Bueno), Marcio o
Marco Rafael Rosales Velásquez (alias El Burrito) y a otro
reo pandillero de nombre desconocido, con su arma de
Recurso de Casación No. 400-2008
78
reglamento, tipo pistola, marca Pietro Bereta, modelo 92FS,
calibre 9mm, serie N25990Z, con cañón de seis estrías y con
giro a la derecha‖. En el apartado correspondiente a la
valoración de la prueba, el Tribunal sentenciador expone que
ha declarado probado lo anteriormente trascrito, con base en
las autopsias practicadas a Marco o Marcio Rafael Rosales
Velásquez (a) ―El Burrito‖, a un reo pandillero no reconocido
y a Mario René Pantoja, y en los dictámenes de balística de
comparación relativos a ojivas que, se dice, fueron
encontradas en los cadáveres de esas personas, según los
cuales tales proyectiles fueron disparados por el arma de
reglamento asignada a Salomón de Jesús Solano Méndez. Con
fundamento en esas pericias, y sólo en ellas, pues no existe
ni un solo elemento de prueba más al respecto, ni un solo
testigo que declare haberlo visto, el Tribunal considera
probado que fue Solano Méndez quien disparó contra las tres
personas mencionadas. Se impone, entonces, que se analice la
operación intelectual que condujo al Tribunal a arribar a esa
conclusión, para establecer si en ese proceso se han
respetado las reglas de la sana crítica. Veamos, pues, si se
apega a la lógica el razonamiento de que si alguien es muerto
por disparo hecho con el arma asignada a un determinado
oficial, debe concluirse en que necesariamente fue éste el
autor de esa acción, sin que jamás, en ningún caso, pueda
haberlo hecho otra persona. Podríamos plantearnos un
silogismo, en el que la premisa mayor la constituye la tesis
que sostiene el Tribunal, o sea la siguiente: si el arma
asignada a un oficial es usada para dar muerte a otra
persona, ello es prueba de que ese oficial fue el autor de
ese hecho; la premisa menor: la persona ―x‖ fue muerta con el
arma que corresponde al oficial ―y‖; conclusión: fue el
oficial ―y‖, quien dio muerte a la persona ―x‖. Una regla de
la lógica nos dice que si una de las premisas es falsa, la
conclusión lo será necesariamente. Si aplicamos esa regla al
silogismo que hemos planteado anteriormente, veremos que ahí
la conclusión es falsa, puesto que la premisa mayor lo es
indiscutiblemente, pues a todas luces es falso que si una
persona es muerta con el arma de un oficial, ello prueba que
fue éste el autor de ese hecho, pues hay infinidad de
situaciones en la que pudo haberlo sido otra persona. Si
fuera verdadera esa tesis tendríamos que llegar al sofisma de
que, para probar quien fue el autor de un homicidio, bastaría
establecer a quien pertenece el arma con que se cometió.
Vistas las cosas desde otro ángulo, resulta que en cuanto a
la conducta que se atribuye en la sentencia al señor Solano
Méndez, no hay prueba directa; se cuenta, nada más, con un
elemento de prueba que no pasa de ser un indicio, el cual
consiste en que las ojivas que se dice fueron encontradas en
los cadáveres de los señores Rosales Velásquez, Pantoja y un
reo pandillero no reconocido, se asegura que fueron
disparadas por el arma asignada a Solano Méndez. Este indicio
solamente podría haber servido para contribuir a configurar
una presunción; para ello se habría necesitado la
concurrencia de otros indicios que, de manera unívoca, es
decir que de todos ellos sólo puede inferirse una conclusión
probatoria; pero si esos indicios admiten una explicación
compatible con otros hechos diferentes a los que pretende dar
como probados por la presunción, como en el caso del indicio
Recurso de Casación No. 400-2008
79
que se invoca en contra del señor Solano Méndez, o por lo
menos no es óbice para esa otra explicación, estaríamos no
frente a indicios dotados de univocidad, sino de indicios
anfibológicos.- Los indicios unívocos podrán producir
certeza, los anfibológicos apenas verosimilitud o
probabilidad. Por otra parte, el indicio antes descrito
relacionado con el arma correspondiente a Solano Méndez, no
fue declarado probado en el apartado que en la sentencia es
relativo precisamente a la declaración de hechos probados,
como lo exige el artículo 338, regla cuarta, parte final del
numeral 2, del Código Procesal Penal, para que tal indicio
pudiera haber sido invocado en la sentencia para dar por
acreditado mediante presunción que Solano Méndez fue quien en
verdad hizo uso del indicada arma. Lo cual, en conclusión,
no está probado de ninguna manera. Tratándose de prueba
indiciaria, es importante que nos remitamos a la obra de
JOSE MANUEL ARROYO GUTIERREZ y ALEXANDER RODRIGUEZ CAMPOS,
intitulada LOGICA JURIDICA Y MOTIVACION DE LA SENTENCIA
PENAL, Editorial Jurídica Continental, en la que a página
118, se lee: ―En consecuencia, debe convenirse en que la
prueba indiciaria no consiste ni en un dato de realidad, ni
en una máxima de experiencia, ni en una conclusión derivada
de los anteriores, sino que es un razonamiento complejo a
través del cual, partiendo de un referente fáctico que se
conoce, se puede establecer uno de los hechos que interesan
al proceso y que es desconocido, pero que puede establecerse
mediante ese procedimiento‖. Esos mismos autores indican que:
―la estructura del indicio comprende tres componentes: 1) UN
HECHO INDICADOR.2) UNA REGLA DE EXPERIENCIA.3) UNA CONCLUSION
O HECHO INDICADO‖. Sostienen que, ―en consecuencia, puede
afirmarse que el indicio está constituido al menos por
referencias: una inductiva, a través de la cual se establece
cuál es la regla de experiencia que debe utilizarse y,
posteriormente, un juicio deductivo que permite establecer
una conclusión‖. Para que el Tribunal de Sentencia recurrido,
hubiere aplicado correctamente las reglas de la prueba
indiciaria, dado el indicio con el cual contaba, debió
mínimamente hacer lo siguiente y que no hizo: INDICAR CUAL ES
EL HECHO INDICADOR: Este hecho como dicen los autores citados
en su página 120: ―es un hecho que se conoce, debe estar
demostrado, como se ha dicho, aun mediante indicios. Para
proporcionar seguridad en la elección de la máxima de
pensamiento, ese hecho indicador no puede presumirse ni ser
dubitativo‖. Indudablemente el hecho que se conoce en la
causa que nos ocupa y en relación a Solano Méndez es la
muerte de: Rosales Velásquez, Pantoja y un reo pandillero no
reconocido, por heridas de armas de fuego, cuyas ojivas
corresponden, se dice, al arma de reglamento asignada a
Solano Méndez. APLICAR UNA REGLA DE LA EXPERIENCIA: Dado el
hecho conocido y que constituye el hecho indicador, se le
debe de aplicar una regla de experiencia que permita emitir
la conclusión correcta, esa regla de la experiencia sería la
deductiva con la cual se pueda asociar la muerte, con la
manera de ésta y con el objeto que la produjo. No existe,
como antes se ha expresado, ninguna regla de la experiencia
según la cual el titular de un arma de fuego, siempre, en
todo caso, en cualquier circunstancia de lugar y de tiempo,
necesariamente tiene que haber sido el autor de la muerte de
Recurso de Casación No. 400-2008
80
una persona causada con esa arma. UNA CONCLUSION O HECHO
INDICADO: Al aplicar el proceso deductivo el Tribunal
Sentenciador solo tendría una conclusión posible a la cual
llegar, y es que Rosales Velásquez, Pantoja y un reo
pandillero no reconocido, fallecieron por heridas producidas
o iguales al arma de reglamento asignada a Solano Méndez;
pero nunca hubiera podido concluir, como lo hizo
incorrectamente que Solano Méndez privó de la vida a Rosales
Velásquez, Pantoja y un reo pandillero no reconocido. En
relación a todo lo anterior es importante aquí citar lo que
dice el Tribunal en la página 274 de la sentencia; al hacer
relación a las ―Armas de fuego de la Policía Nacional
Preventiva, expone lo siguiente: ―Arma de fuego: 1. Embalaje:
Pistola cacha de caucho, color negro, marca CZ 75BD, calibre
9mm, con registro de la Policía Nacional Preventiva 2060,
serie 9910V, cargador y tres tiros color amarillo, que en el
culote se lee 9mm lugar RP, asignada Manuel de Jesús Morales
Calderón, y embalada en el Ministerio Público.- El señor
Manuel de Jesús Morales Calderón no es imputado en la
presente causa criminal, sin embargo su arma de fuego es
vinculada con los hechos al haber dado resultado positivo con
el estudio balístico comparativo de casquillos encontrados en
el escenario, mismo que la mayoría del Tribunal valora a
excepción del Juez Guzmán. De este modo se comprueba que
fueron varias las armas que se utilizaron en contra de los
reos pandilleros, armas usadas por elementos de la Policía
Nacional Preventiva.‖ Según el Tribunal, pues, el arma del
señor Morales Calderón fue disparada en el lugar en que
ocurrieron los hechos, pero a pesar de ello no arriba a la
conclusión de que fue el señor Morales Calderón quien ahí
disparó, como sí lo hace en el caso del señor Solano Méndez,
en la forma a que hemos hecho referencia. Lo que concluye el
Tribunal es, nada más, que fueron varias las armas que se
usaron contra los pandilleros por elementos de la Policía
Nacional Preventiva. ¿Por qué esa diferencia de criterio?
Queda claro, pues, que al haber el Tribunal tenido por
probado que Salomón de Jesús Solano Méndez fue quien disparó
contra las tres personas mencionadas, por el solo hecho de
que el arma que dice fue empleada estaba asignada a él, y sin
base en ninguna otra prueba, ha irrespetado las reglas de la
lógica y, también, las máximas de la experiencia, pues éstas
nos dicen que no es cierto que siempre, en todo caso, el
titular de un arma necesariamente tiene que ser el autor de
un delito cometido con esa arma. En conclusión, no se han
respetado en la valoración de la prueba, las reglas de la
sana crítica, de la cual forman parte la lógica y las máximas
de la experiencia. Así, en la forma que he explicado, se
configura el presente motivo de casación. No pudo hacerse
antes ninguna reclamación contra el vicio en que consiste el
motivo, porque se produjo en el pronunciamiento de la
sentencia que estoy impugnando.
IX.- RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA
INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL PROCESADO SALOMON DE JESUS
SOLANO MENDEZ ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE EN LA VALORACIÓN
DE LA PRUEBA CONTENIDA EN LA SENTENCIA RECURRIDA NO SE
OBSERVARON LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA.PRECEPTO
AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO
PROCESAL PENAL.-
Recurso de Casación No. 400-2008
81
El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que
“el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse
cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios
siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se
observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso
lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la
valoración de las pruebas está sujeto al control a través del
examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia,
realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio
establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de
ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la
fundamentación, específicamente en la valoración probatoria.
Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la
prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de
las pruebas que generan su convicción, porque por mor del
principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su
juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse
a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano,
que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y
cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe
responder a las siguientes características: a) Coherencia, y
por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b)
Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia
del principio de derivación, con arreglo al cual el iter
lógico seguido en la valoración de las pruebas debe
sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de
conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El
razonamiento debe observar las normas de la psicología y las
máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo,
el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común
cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y
simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno
natural. En este sentido, el universo de las posibles
hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito,
a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina
tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una
pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye,
etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables
posibilidades. En el caso bajo examen, el recurrente ataca la
sentencia impugnada, expresando que el Tribunal Sentenciador
ha vulnerado las reglas de la sana crítica, concretamente las
máximas de la experiencia, puesto que si bien es cierto no
resulta discutible que con el arma de fuego asignada al
imputado SALOMON SOLANO MENDEZ se hicieron disparos cuyas
ojivas fueron encontradas en los cadáveres de varios reos,
ello no conduce inevitablemente a concluir que el procesado
en mención es el autor de la muerte de tales personas, pues
cabe la posibilidad de que otro individuo, usando dicha arma
sea el responsable de tales acciones. Argumenta el Censor que
el Tribunal efectúa un razonamiento erróneo pues al adoptar
el mismo se llevaría a concluir que el propietario o poseedor
de un arma, en todo caso, es decir, en cualquier
circunstancia de lugar y de tiempo, necesariamente tiene que
haber sido el autor de la muerte de una persona causada con
la misma. Por otro lado, el recurrente afirma que con las
pruebas balísticas realizadas por los peritos se constató que
uno de los policías que estuvieron presentes en el lugar de
los hechos, concretamente el señor MANUEL DE JESUS MORALES
Recurso de Casación No. 400-2008
82
CALDERON percutió su arma de fuego, y no por ello se le
condenó por la comisión de algún delito, es más, se dio la
circunstancia de que ni siquiera resultara acusado en las
presentes diligencias. Concluye el casacionista que en contra
del procesado SALOMON SOLANO MENDEZ, únicamente existe un
indicio como son las pruebas periciales que conducen a que
con el arma que le fuera asignada se causó la muerte de otras
personas, pero fuera del mismo no se produjeron otros
elementos circunstanciales ni prueba directa, como testigos
que hayan presenciado la acción efectuada por aquel al darle
muerte a varias individuos, de ahí que no pueda atribuírsele
los resultados lesivos por los cuales ha sido condenado. Esta
Sala de lo Penal ha constatado que el Tribunal de Instancia
razona en la sentencia que no da crédito a la versión
exculpatoria del procesado SOLANO MENDEZ cuando sugiere que
su compañero de habitación, el testigo EDIL TORRES VINDEL
tomó por equivocación su pistola cuando salió en dirección a
la Granja Penal del Porvenir, y que sería éste último y no el
acusado quien habría accionado el arma de fuego con la que se
causó la muerte de varias personas. El Tribunal de mérito
esgrime dos razones: a) Teniendo en cuenta que el testigo
TORRES VINDEL salió de la Jefatura de Policía en horas de la
mañana, anterior a las 9:00 A.M., en que se iniciaron los
hechos objeto de juzgamiento, no tenía premura para vestir su
uniforme y tomar sus instrumentos de trabajo, por lo que no
resulta verosímil que se haya equivocado al tomar el arma
asignada a su compañero, b) De acuerdo a lo sostenido por la
Defensa del imputado SOLANO MENDEZ, este retornó al
destacamento policial a eso de las cuatro de la madrugada,
por lo que a dicha hora no tenía como prioridad colocar el
arma que tenía asignada en su cinturón, de tal manera que no
resulta creíble que horas después el testigo EDIL TORRES
VINDEL incurriese en error tomando y llevando consigo la
pistola de su compañero (vid. Folio No. 5188). Como ya lo
dijimos anteriormente, en virtud del principio de inmediación
las pruebas han sido evacuadas en presencia del Tribunal de
Instancia, de ahí que a esta Sala únicamente le compete
verificar que el razonamiento externado por aquel no resulte
ilógico o arbitrario. En el caso que nos ocupa, esta Sala es
del criterio que la valoración de la prueba efectuada por el
Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba se ha
efectuado sin vulneración de las reglas de la lógica ni de
las máximas de la experiencia. Es cierto como lo expresa el
recurrente que no siempre el propietario o poseedor de un
arma, en cualquier caso y circunstancia, es responsable de
las muertes que se causen con ella, sin embargo, en el
proceso que ahora nos ocupa, de las pruebas evacuadas resulta
probado que el encausado SOLANO MENDEZ estuvo presente en el
lugar donde ocurrieron los hechos, y que si bien es cierto
que la Defensa ha pretendido probar mediante declaraciones
testificales que su arribo a la Granja Penal del Porvenir se
produce cuando ya los delitos objeto de juzgamiento estaban
consumados, no es menos cierto que de la prueba científica
aportada al proceso se deriva que con el arma de fuego que le
fuera asignada en su condición de miembro de la Policía se
hicieron los disparos con los que se causó la muerte de
varias personas, por lo cual es razonable concluir que tales
testimonios no resultan creíbles . Por otro lado, el Tribunal
Recurso de Casación No. 400-2008
83
hace hincapié en las circunstancias de tiempo y lugar en que
coinciden el imputado y el testigo y en virtud de las cuales
no resulta verosímil el equívoco que se pretende imputar a
este último. El A Quo refiere que la versión exculpatoria del
procesado solamente es expuesta tras la declaración del
testigo EDIL TORRES VINDEL sin tener respaldo probatorio
alguno, salvo en las propias palabras del acusado vertidas en
la etapa de conclusiones. Es de amplio conocimiento el celo y
escrupuloso cuidado que los agentes policiales ejercen sobre
las armas que les son asignadas, de ahí que esta Sala estima
que los razonamientos expuestos por el Tribunal Sentenciador
no se presentan arbitrarios ni tampoco ilógicos, por lo que
el motivo de casación por quebrantamiento de forma,
argumentando que en el proceso de valoración de la prueba se
vulneraron las reglas de la sana crítica, debe ser
desestimado.
X.- MOTIVO TERCERO: Inobservancia de las reglas establecidas
en el Código Procesal Penal para la realización del juicio
oral y público, con inaplicación del artículo 346, preámbulo
y numeral 4, del ordenamiento jurídico antes citado. PRECEPTO
AUTORIZANTE: Artículo 362, preámbulo y numeral cinco del
Código Procesal Penal, según el texto que trascribo a
continuación: ―El recurso de casación por quebrantamiento de
forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida
adolezca de alguno de los vicios siguientes: … 5
Inobservancia de las reglas establecidas en el presente
Código para la realización del juicio oral y público‖
EXPLICACION DEL MOTIVO El artículo 346 del Código Procesal
Penal en su preámbulo y numeral 4, dispone: ―Registro de lo
ocurrido durante el juicio y contenido del acto. El
Secretario dejará constancia en acta de todo lo ocurrido
durante el juicio oral y público, la cual contendrá: … 4. Un
resumen del desarrollo del debate, con mención del nombre y
apellidos de los testigos, peritos e intérpretes, indicación
de lo manifestado por cada uno de ellos y señalamiento de los
medios de prueba ejecutados durante la audiencia, incluidos
los documentos que hubiesen sido incorporados al debate, por
lectura …‖ Pues bien, en el acta del juicio oral y público
celebrado en el presente proceso, nos encontramos con un gran
número de dictámenes de peritos y declaraciones de testigos,
a los que solamente se hace referencia sin dejar la más
mínima constancia de su contenido, en abierta violación de lo
dispuesto en el precepto que arriba se ha trascrito. Paso a
hacer una relación de esos dictámenes y declaraciones: 1.
Dictamen 3258-2003 (página 169). 2. Dictamen 990-2316-2003
(página 188). 3. Dictamen 988-2387-2003 (página 189). 4.
Dictamen 0987-2313-2003 (página 189). 5. Dictamen 1027-2386-
2003 (página 199). 6. Dictamen 1029-2388-2003 (página 202).
7.Dictamen de autopsia A-647-03 (página 2058. 7. Dictamen de
autopsia A-653-03 (página 206). 8. Dictamen de autopsia A-
653-03 (página 206). 9. Dictamen de autopsia A-655-03 (página
207). 10. Dictamen de autopsia A-674-03 (página 208). 11.
Dictamen de autopsia A-640-03 (página 223). 12. Dictamen de
autopsia A-644-03 (página 224). 13. Dictamen de autopsia A-
688-03 (página 243).14. Dictamen de autopsia A-691-03 (página
244). 15. Dictamen de autopsia A-683-03 (página 246). 16.
Dictamen de autopsia A-692-03 (página 247). 17. Declaración
de José Edgardo Coca (página 260). 18. Dictamen de autopsia
Recurso de Casación No. 400-2008
84
A-707-03 (página 269). 19. Declaración de testigo protegido 1
(página 308). 20. Dictamen de autopsia A-673-03 (página 309).
21. Dictamen de autopsia A-674-03 (página 309). 22. Dictamen
de autopsia A-651-03 (página 309). En todos esos dictámenes y
declaraciones a continuación de la referencia que los
identifica, aparecen las preguntas que hace el Fiscal, sin
que, como antes se expresa, se haya dejado la más mínima
―indicación de lo manifestado por cada uno de ellos‖ (peritos
o declarantes), como lo exige el numeral 4) del artículo 346
del Código Procesal Penal. Con esa actuación omisa, se han
inobservado reglas de las establecidas en el Libro Segundo,
Titulo IV, del Código Procesal Penal, que contiene toda la
normativa que regula el juicio oral y público. En eso
consiste, precisamente, el motivo de casación en la forma que
estoy terminando de explicar. No pudo hacerse antes ninguna
reclamación contra el vicio en que consiste el motivo, porque
se produjo en el pronunciamiento de la sentencia que estoy
impugnando.
X.- RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA
INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO SALOMON DE JESUS
SOLANO MENDEZ BASADO EN LA INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS
ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA LA REALIZACIÓN
DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362
No. 5) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.-
El recurrente arguye que en el proceso seguido contra el
imputado SALOMON SOLANO MENDEZ se violentaron las reglas que
establece el Código Procesal Penal para la realización del
juicio oral y público, ya que en el acta respectiva se hace
referencia a una gran cantidad de declaraciones testificales
y dictámenes periciales, pero sin dejar la más mínima
constancia de su contenido, vulnerando de ese modo, lo
dispuesto en el artículo 346 No. 4) del mismo texto normativo
donde se establece que el Secretario hará un resumen del
desarrollo del debate, con indicación de lo manifestado por
los peritos y testigos. Esta Sala de lo Penal considera
importante recordar que en este motivo deben considerarse las
reglas esenciales para el desarrollo de la parte más
importante del proceso como lo es el juicio oral y público,
de tal manera que estas reglas deben referirse a los
principios sobre los cuales descansa esta etapa del
procedimiento: oralidad, publicidad, inmediación,
contradicción y concentración. De ello se desprende que el
vicio no estará constituido por una simple infracción a una
norma procesal relativa a la forma en que se debe desarrollar
un acto particular de la fase del juicio, sino que se refiere
a la vulneración de una norma de tal incidencia, que su
violación afecte sustancialmente al proceso. Las normas que
informan la manera de desarrollar el juicio oral están
comprendidas del artículo 304 al 346 del Código Procesal
Penal. El vicio será de estimar cuando se trate de una
violación de esas normas, pero esencialmente de aquellas
fundamentales, es decir las que desarrollan los principios
antes apuntados, como por ejemplo, no permitir a una de las
partes el ejercicio de su derecho a interrogar los testigos
de su contendor, lo cual vulneraría lo dispuesto en el
artículo 330 del Código Procesal Penal, y con ello se
afectarían los principios de contradicción y defensa.
Volviendo a la cuestión toral que ahora nos ocupa, es
Recurso de Casación No. 400-2008
85
oportuno señalar que al tenor de lo previsto por el artículo
346 No. 4) del Código Procesal Penal, el acta deberá contener
un resumen de lo manifestado por peritos y testigos. Según el
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la voz
“resumen” alude a la acción y efecto de resumir, en tanto que
este último verbo comporta: reducir a términos breves y
precisos, o considerar tan solo y repetir abreviadamente, lo
esencial de un asunto o materia23. Y es que al tomar en cuenta
que la dinámica del debate se orienta por los principios de
oralidad y contradicción, la ley no exige para su validez que
el acta suscrita por el Secretario del Tribunal se constituya
en una reproducción literal y exacta de cuantas incidencias,
actuaciones y medios probatorios tengan lugar en su
desarrollo, sino como antes queda apuntado una síntesis de
unos y de otros. En el caso bajo examen, esta Sala no logra
determinar al tenor de lo expuesto por el recurrente, (pues
este no lo explica de una forma clara y precisa), de que
manera en una relación de causa-efecto, las supuestas
omisiones en las que habría incurrido el Secretario del
Despacho al no dejar constancia del contenido de varios
dictámenes y declaraciones testificales evacuados en el
debate, han incidido de manera sustancial y negativa en su
derecho de defensa o en alguno de los principios informadores
del debido proceso. Por tal razón, el presente motivo debe
ser desestimado.
XI.- MOTIVO CUARTO: Falta de congruencia de la sentencia con
la acusación, con infracción por falta de aplicación del
artículo 337, párrafo primero, del Código Procesal Penal, en
la parte que a la letras dice: ―La sentencia no podrá dar por
acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean
las descritas en la formalización de la acusación, en la
contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio‖.
PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362, preámbulo y numeral
sexto, del Código Procesal Penal, según el texto que se
trascribe a renglón seguido: ―El recurso de casación por
quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la
sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios
siguientes: … 6. La incongruencia entre la sentencia y las
pretensiones de las partes, según el artículo 337‖.
EXPLICACION DEL MOTIVO En el ordinal trigésimo quinto del
apartado correspondiente, en la sentencia, a la declaración
de hechos probados, el Tribunal declara como tal,
refiriéndose al señor Salomón de Jesús Solano Méndez, que
éste, ―observando las agresiones de los reos rondines,
Policía Nacional Preventiva, Policías Cobras, Policías
Penitenciarios y miembros del ejército, sin realizar acción
alguna en auxilio de los reos pandilleros‖. Pero resulta que
lo así declarado probado en el fallo recurrido, no aparece en
manera alguna, ni en la formalización de la acusación, ni en
la contestación de cargos, ni en el auto de apertura a
juicio. Ello denota, de manera clara, que no existe la
congruencia que exige el artículo 337 del Código Procesal
Penal. Y cuya falta es constitutiva de motivo de casación en
la forma. Pero, además, hay algo realmente grave (sin que
esto implique que no lo son los que se exponen en el párrafo
23 Vid. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Tomo II,
21ª edición, Madrid, 1992, pág. 1786.
Recurso de Casación No. 400-2008
86
anterior) que ponemos de relieve en forma especial, como
aspecto importante de los que configuran la incongruencia que
se alega, y es que en el auto de apertura a juicio, no se
mandó que éste se siguiera contra el señor Salomón de Jesús
Solano Méndez. Véase que en la parte dispositiva de ese
proveído no se menciona de ninguna manera su nombre. Creemos
que al no haberse ordenado en la resolución donde cabía, que
Solano Méndez fuera juzgado en el juicio oral y público,
falta a éste, en cuanto a esa persona, un presupuesto
procesal sin el cual no podía habérsele incluido, mucho menos
condenado, en la sentencia de que se está recurriendo. La
incongruencia es más que evidente: en el auto de apertura a
juicio no se manda juzgar a Solano Méndez y en el juicio oral
y público no sólo se le juzga, sino que además se le
condena.- Falta, pues, la congruencia que exige el artículo
337 del Código Procesal Penal. No pudo hacerse antes ninguna
reclamación contra el vicio en que consiste el motivo, porque
se produjo en el pronunciamiento de la sentencia que estoy
impugnando.
XI.- RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA
INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO SALOMON DE JESUS
SOLANO MENDEZ ARGUYENDO LA FALTA DE CONGRUENCIA DE LA
SENTENCIA CON LA ACUSACIÓN, CON INFRACCIÓN POR FALTA DE
APLICACIÓN, DEL ARTÍCULO 337, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO
PROCESAL PENAL.
El recurrente sostiene que no existe congruencia entre la
acusación y la sentencia proferida por el Tribunal de
Instancia, ya que en el relato de hechos probados del fallo
cuestionado se atribuye al procesado SALOMON SOLANO MENDEZ
que habiendo observando las agresiones de los reos rondines,
Policía Nacional Preventiva, Policías Cobras, Policías
Penitenciarios y miembros del ejército, en perjuicio de los
reos pandilleros no realizó acción alguna en auxilio de estos
últimos, imputación que no resultó formulada en la
formalización de la acusación, ni en la contestación de
cargos, como tampoco en el auto de apertura a juicio, de ahí
que con ello se ha vulnerado la debida correlación que debe
existir entre acusación y sentencia, de tal manera QUE
indebidamente se le incluyó como encausado para ser juzgado
en el juicio oral y público, y a la postre de igual manera se
le condenó. Esta Sala de lo Penal, conforme a la doctrina
mayoritariamente aceptada, aprecia que los aspectos
relevantes del “principio acusatorio” son: 1) No puede
existir proceso sin acusación previa formulada por persona
distinta del acusador; y, 2) No cabe condena por hechos
distintos, ni persona distinta a los señalados por la
acusación24”. El Art. 337 del Código Procesal Penal, sobre la
congruencia entre la sentencia y la acusación, en su parte
conducente dispone que: “La sentencia no podrá dar por
acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean
las descritas en la formulación de acusación, en la
contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio, o
en su caso, en la ampliación de la acusación y en la
contestación de esta, ni calificar los hechos, en perjuicio
24 Vid. Vid. CUELLAR CRUZ, RIGOBERTO, “La Reforma Procesal Penal y el
Ministerio Público en Honduras. Justificación y Perspectiva‖, págs. 297 y
298.
Recurso de Casación No. 400-2008
87
del acusado en forma distinta de la que resulte de las
actuaciones antes indicadas….” El principio acusatorio admite
y presupone el derecho de defensa del imputado y,
consecuentemente, la posibilidad de contestación y rechazo de
la acusación. Provoca en el proceso penal la aplicación de la
contradicción, o sea, el enfrentamiento dialéctico entre las
partes, y hace posible conocer los argumentos de la otra
parte, manifestar ante el Juez los propios, indicar los
elementos fácticos y jurídicos que constituyen su base, y
ejercitar una actividad plena en el proceso, de este modo, es
que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra
él, una acusación de la que haya tenido oportunidad de
defenderse de manera contradictoria, estando por ello,
obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los
términos del debate, tal y como han sido formulados por la
acusación y la defensa, lo cual significa en última instancia
que ha de existir siempre correlación entre la acusación y el
fallo de la sentencia. De lo que se desprende que el debate
en el proceso penal vincula al Juzgador, impidiéndole
excederse de los términos en que viene formulada la acusación
o apreciar hechos o circunstancias que no han sido objeto de
consideración en la misma, ni sobre las cuales, por lo tanto
el acusado no ha tenido ocasión de defenderse. El sistema
acusatorio que informa el proceso penal hondureño
particularmente exige que exista la debida correlación entre
la acusación y la sentencia, de forma tal que la defensa del
imputado tenga oportunidad de alegar, proponer pruebas y
participar en su práctica y en el debate, habiendo conocido
con antelación suficiente aquello de que se le acusa y sin
que la sentencia de modo sorpresivo pueda condenar por algo
de lo que antes no se acusó y respecto de lo cual
consiguientemente no pudo articularse la estrategia exigida
por la ley en garantía de la posición procesal del imputado.
La acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y
del delito por el que se formula y la sentencia ha de ser
congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento
nuevo del que no hubiera existido antes posibilidad de
defenderse. No obstante lo anterior, el Juez puede modificar la calificación de los hechos enjuiciados, siempre que no sea
en perjuicio del reo, y que exista identidad fáctica y
homogeneidad en dicha calificación. Son delitos o faltas
generalmente homogéneos los que constituyen modalidades
distintas pero cercanas dentro de la tipicidad penal, de tal
suerte que, estando contenidos todos los elementos del
segundo tipo en el tipo delictivo contenido en la acusación,
no haya en la condena ningún elemento nuevo del que el
acusado no haya podido defenderse. Un examen detenido de los
antecedentes, revela que en la formalización de la acusación
que en su momento efectuara el Ministerio Público en el
transcurso de la audiencia preliminar, se atribuye al
encartado SOLANO MENDEZ, la participación en dieciséis
delitos de asesinato en el grado de ejecución de tentativa
(vid. Tomo XV, Folios NO. 3521 vuelto y 3522). Por otro lado
en LA audiencia para incidentes, celebrada en fecha 26 de
octubre de 2007, el Ministerio Público solicitó que se
tuviera por subsanado el error material que se había cometido
por el Juez Instructor, al no incluir en la parte resolutiva
del auto de apertura a juicio la calidad de acusado del señor
Recurso de Casación No. 400-2008
88
SALOMON SOLANO MENDEZ, petición a la que accedió el Tribunal
de Sentencia, arguyendo que al haberse decretado un
sobreseimiento definitivo únicamente a favor del acusado
OSCAR REINIERY SANCHEZ, y no hacerlo a favor de los demás
entre los que se incluía al procesado SOLANDO MENDEZ
mencionado en el preámbulo y los antecedentes procesales del
referido auto, era evidente la existencia de un error de
carácter material que podía ser subsanado. También el A Quo
arguyó en su momento que el Apoderado de dicho encausado se
personó como tal en el juicio oral y público por lo que éste
daba por sentado y por tanto se daba por enterado que su
patrocinado pese a no hacerse referencia expresa de su nombre
en la parte resolutiva del auto de apertura a juicio mantenía
la calidad de imputado en el proceso y con ello debía
responder a los hechos objeto de la hipótesis acusatoria
formulada por el Ministerio Público.. De la audiencia de
incidentes también se desprende que el entonces defensor del
encartado SOLANO MENDEZ, Abogado CARLOS J. VARELA, si bien
formuló algunos alegatos manifestando su inconformidad no
interpuso recurso alguno por lo que consintió en el acto
(vid. Tomo XVI, Folios No. 3610, 3715) , consecuentemente
esta Sala no aprecia que se haya producido una efectiva
indefensión alegada por el Censor que haya dado lugar a la
falta de correlación entre acusación y sentencia y con ello a
una violación del principio acusatorio, de ahí que debemos
desestimar el presente motivo formulado por el casacionista.
XII.- MOTIVO QUINTO: Contradicción entre las motivaciones
fácticas y jurídicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362,
preámbulo y numeral tres, del Código Procesal Penal, según el
texto que se trascribe a renglón seguido: ―El recurso de
casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse
cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los
vicios siguientes: … 3. Que carezca de motivaciones fácticas
ó jurídicas, que dichas motivaciones sean contradictorias …‖
EXPLICACION DEL MOTIVO Fáctico es todo aquello relativo a los
hechos, basado en hechos o limitado a ellos; de la anterior
definición extraída del Diccionario de la Lengua Española nos
es posible afirmar que las motivaciones fácticas a las que se
refiere el Código Procesal Penal, no son otra cosa más que
los hechos declarados como probados, lo que guarda relación
con los requisitos de la sentencia penal según regla cuarta
numeral uno del artículo 338 del Código Procesal Penal. En la
sentencia por este medio recurrida la motivación fáctica o
hechos probados se encuentran ubicados desde el ordinal
PRIMERO de la página 71 al ordinal QUINCUAGESIMO TERCERO de
la página 94. El artículo antes citado es el mismo que, en
el numeral tres de la regla cuarta, nos permite identificar a
la fundamentación jurídica como aquella parte en que se
determina los preceptos aplicados en una sentencia, los
fundamentos legales, las causas de exención, atenuación ó
agravación de la responsabilidad penal, de las penas que se
impongan, de los fundamentos de la responsabilidad civil, del
pronunciamiento sobre costas y el destino de los objetos
secuestrados. En la causa que nos ocupa la fundamentación
jurídica se encuentra expuesta desde el ordinal PRIMERO de la
página 462 al ordinal DÉCIMO QUINTO de la página 468. El
Diccionario de la Lengua Española establece que contradecir o
contradicción es decir uno lo contrario de lo que otro afirma
Recurso de Casación No. 400-2008
89
o negar lo que se dé por cierto; sintetizando y con apego a
los principios de la Lógica: es imposible que una cosa sea y
no sea al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Aplicado lo
anterior al caso que no ocupa, constituye la circunstancia de
que no es posible en una sentencia penal que en las
motivaciones fácticas se afirme una cosa y posteriormente la
misma circunstancia sea negada en la fundamentación jurídica
y viceversa; de ahí que se nos permita introducir como
esencia del presente motivo de casación que no es posible que
la determinación sobre la hora de llegada de Solano Méndez a
la Granja Penal de El Porvenir, sea determinable en una parte
de la sentencia penal y no lo sea en otra. Para entrar en
materia, en el ordinal ya citado, TRIGÉSIMO QUINTO, de las
motivaciones fácticas o hechos probados, el Juzgador da por
cierto y esto no es discutible que: ‖Para ese momento el
inspector de policía Salomón de Jesús Solano Méndez, se había
ya personado al lugar…‖; si colocamos esta aseveración en el
contexto del presente y anterior hecho probado, es posible
afirmar que si Carlos Esteban Henríquez Alvarez llega Al
Porvenir a las 10:30am y veinte minutos después, faltando
para las once de la mañana llegan los representantes de los
medios de comunicación y después se afirma que para ese
momento el inspector de policía Salomón de Jesús Solano
Méndez, se había ya personado al lugar, se deduce entonces
que el Tribunal Sentenciador está indicando que Solano
Méndez, ya se encontraba en la Granja del Porvenir minutos
antes de las once de la mañana. Ahora bien, en el ordinal
DÉCIMO SEGUNDO, página 467 párrafo segundo, relativo a la
Fundamentación Jurídica, y en relación a Solano Méndez dice
el Tribunal Sentenciador: ―Para el Tribunal, partiendo de la
prueba evacuada, no es posible determinar el momento exacto
de ingreso del acusado …;. ¿Acaso lo anterior no significa
que el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, en una parte de la
sentencia, esta infiriendo la hora de llegada de Solano
Méndez a la Granja Penal de El Provenir y, por otra parte,
está indicando que no puede determinar el momento de ingreso
del encausado a la Granja Penal de El Provenir?.- ¿Acaso lo
anterior no constituye una afirmación y una negación sobre la
determinación de la hora de llegada de Solano Méndez al sitio
en cuestión?; ¿Acaso es posible que por un lado en la
motivación fáctica el Tribunal afirme un extremo y por otro
lado en la fundamentación jurídica niegue ese mismo extremo?;
¿Acaso lo anterior y, permítasenos afirmarlo, no constituye
una contradicción entre las motivaciones fácticas y
jurídicas?, máxime cuando esta circunstancia, la sostenida en
la motivación fáctica, en particular, ha sido utilizada por
el Tribunal para desechar el fundamento de la defensa de
Solano Méndez, que como ya lo hemos dejado dicho, se apoya en
que su hora de ingreso a la Granja Penal, sucedió entre
12:00m. y 12:30 a.m. del día de los hechos, ya cuando éstos
habían acaecido.- En eso consiste, precisamente, el motivo de
casación en la forma que estoy terminando de explicar. No
pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el vicio en que
consiste el motivo, porque se produjo en el pronunciamiento
de la sentencia que estoy impugnando.
Recurso de Casación No. 400-2008
90
XII.- RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA
INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO SALOMON DE JESUS
SOLANO MENDEZ ARGUMENTANDO QUE EXISTE CONTRADICCIÓN ENTRE LAS
MOTIVACIONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA.
PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL
PENAL.-
Según expone el recurrente, existe una evidente contradicción
entre la fundamentación fáctica de la sentencia y la
fundamentación jurídica, ya que en la declaración de hechos
probados formulada por el Tribunal se establece que pasado
unos veinte minutos desde las diez y media de la mañana, hora
en que ingresó al Centro Penal del Porvenir el coimputado
CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ, empezaron a entrar en dicho
establecimiento penitenciario los representantes de varios
medios de comunicación, y que para ese momento, el procesado
SALOMON SOLANO MENDEZ ya se encontraba en el lugar antes
referido, lo que resulta contradictorio con la afirmación
contenida en la fundamentación jurídica del fallo cuando el
Juzgador expresa que de la prueba evacuada en juicio no ha
sido posible determinar el momento exacto en que ingresó el
procesado SOLANO MENDEZ al centro carcelario supracitado, de
ahí que a criterio del Censor habría una inconsistencia entre
la motivación fáctica y jurídica que debe traer como
consecuencia la nulidad de la sentencia impugnada. Esta Sala
considera pertinente recordar que la motivación lógica debe
orientar tanto la fundamentación fáctica como la también la
jurídica, de este modo la motivación estará constituida por
un conjunto de razonamientos armónicos entre sí para lo cual
deberá reunir las siguientes cualidades: a) Congruente: las
afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar
relación y concordancia entre ellas, b) No contradictoria:
que no se empleen en la motivación juicios opuestos que entre
sí se anulen, c) inequívoca: los elementos del raciocinio no
deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las
que conclusiones a las que se arriba. En este sentido se
extiende sobre la contradicción en la motivación, puesto que
ello resta seguridad a la decisión adoptada por el Juzgador,
al fundamentarse en argumentos o juicios excluyentes, dando
lugar a dudas sobre lo acertado de su resolución. Un examen
detenido de los antecedentes revela que en los hechos
declarados probados trigésimo cuarto y trigésimo quinto se
expresa que el procesado CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ
ingresó al Centro Penal del Porvenir alrededor de las diez
con treinta minutos de la mañana, y que pasado un mínimo de
veinte minutos y antes de las once del mañana llegaron al
lugar varios representantes de medios de comunicación,
añadiendo que para ese momento el coimputado SALOMON SOLANO
MENDEZ ya se encontraba en el centro carcelario (vid. Folios
No. 5073 vuelto y 5074). Por su parte en la fundamentación
relativa a la responsabilidad de cada uno de los acusados, el
Tribunal de Sentencia expresa que “el Tribunal desconoce la
hora en que el acusado (SOLANO MENDEZ) se personó en el
Centro Penal la mañana del cinco de abril del año dos mil
tres, más está probado que fue antes de las 11:00, dado que a
esa hora el señor CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ dio la
orden de que cesaran los disparos, por lo que el uso del arma
de reglamento para dar muerte a cuatro reos pandilleros debió
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haber sido antes de esa hora…” (vid. Folio No. 5238 vuelto).
A criterio de esta Sala no existe la contradicción acusada
por el recurrente, ya que ni en la fundamentación fáctica
como tampoco en la jurídica se expresa que se ha determinado
con certeza el momento preciso en que arribara al lugar de
los hechos el encausado SOLANO MENDEZ. En el relato de hechos
probados se dice que al momento en que varios representantes
de medios de comunicación ingresan al recinto carcelario, es
decir pasado un mínimo de unos veinte minutos después de las
diez y media de la mañana, ya se encontraba en el escenario
de los acontecimientos el encausado SOLANO MENDEZ, lo que no
resulta contradictorio con la afirmación que se hace
posteriormente y dentro de la misma sentencia cuando se
expresa que no se sabe la hora exacta en que arribara ese
mismo imputado, más si de que lo hizo antes de que se llevara
a cabo el ingreso de los representantes de los medios de
prensa, esto es, antes de las once de la mañana. Por las
razones anteriormente expuestas, se desestima el motivo de
casación fundado en la contradicción de las motivaciones
fácticas y jurídicas de la sentencia impugnada.
XIII.- El Recurrente, Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA , en
su condición de Apoderado Defensor del imputado SALOMON DE
JESUS SOLANO MENDEZ desarrolló su Recurso de Casación por
Infracción de Ley en dos motivos. Para efectos de seguir un
orden sistemático adecuado en su análisis y resolución, esta
SALA considera pertinente apartarse del orden seguido por el
Censor, de tal manera que inicialmente se pronunciará sobre
el segundo motivo, ya que la condena por la comisión por
omisión de varios delitos de ASESINATO, que alcanzaron el
grado de ejecución de TENTATIVA, se ha fijado en concurso
ideal argumentando el incumplimiento de obligaciones legales
a cargo de dicho encartado y que a criterio del Juzgador
dieron lugar al delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS
FUNCIONARIOS.
XIV.- Infracción por aplicación indebida del artículo 117,
preámbulo y circunstancia primera, en relación con los
artículos 15 y 27, numeral dos en sus dos párrafos, todos del
Código Penal, que dicen respectivamente: ―Es reo de
asesinato, quien dé muerte a una persona ejecutándola con la
concurrencia de cualquiera de las circunstancias
siguientes:1) Alevosía‖; ‖Hay tentativa cuando, con la
intención de cometer un delito determinado, se realizan actos
inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a
la voluntad del agente‖; ‖Son circunstancias agravantes: 1)…,
2) Ejecutar el delito con alevosía.- Hay alevosía cuando el
culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la
integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la
ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarlas,
sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que
pudiera hacer el ofendido‖. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo
se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código
Procesal Penal, ya citado. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el
ordinal décimo sexto de la parte dispositiva se condena a
Salomón de Jesús Solano Méndez, además de lo señalado, por
―diecinueve delitos de omisión impropia de asesinato por
alevosía en su grado de ejecución de tentativa‖. Para
principiar, hasta dónde conocemos, en nuestro Derecho
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Positivo no existe la figura de la omisión impropia. Pero lo
más importante es que en la parte de la declaración de hechos
probados relativa al señor Solano Méndez, precisamente en el
ordinal trigésimo quinto del apartado correspondiente (página
82 de la sentencia), no se declara probado ningún hecho que
pueda subsumirse en la figura del ―asesinato por alevosía en
su grado de ejecución de tentativa‖. Baste señalar que ni
siquiera en la parte donde se condena, se menciona los
nombres de las personas que fueron sujetos pasivos en los
diecinueve delitos de que se habla en el ordinal décimo sexto
de la parte resolutiva, mucho menos en la declaración de
hechos probados. Tampoco fueron declarados probados actos
inequívocos de ejecución con la intención de cometer el
delito indicado en perjuicio de diecinueve personas, ni
cuáles fueron las causas ajenas a la voluntad del agente que
impidieron la consumación del ilícito. O sea, pues, que nada
se declaró probado con relación a una supuesta tentativa.
Tenemos, pues, que dados los hechos declarados probados en la
sentencia, con relación al señor Solano Méndez, resulta
evidente que se ha infringido, por aplicación indebida, en
cuanto a esos ―diecinueve delitos por omisión impropia de
asesinato por alevosía en su grado de ejecución de
tentativa‖, el artículo 117, preámbulo y circunstancia
primera, en relación con los artículos 15 y 27, numeral dos
en sus dos párrafos, todos del Código Penal. En esos
preceptos, por su orden, se tipifica el delito de asesinato,
se dispone lo relativo a la tentativa y se define la
alevosía. El motivo de casación en el fondo que he
formalizado, aparece con una claridad meridiana.‖
XIV.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DEL ENCAUSADO SALOMON DE JESUS SOLANO MENDEZ,
ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE DE LOS HECHOS DECLARADOS
PROBADOS NO SE DESPRENDE QUE ESTE SEA RESPONSABLE EN
COMISION POR OMISION DE DIECINUEVE DELITOS DE TENTATIVA DE
ASESINATO ALEVOSO, DE TAL MANERA QUE EL TRIBUNAL SENTENCIADOR
HA INCURRIDO EN UNA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 117,
PREÁMBULO Y CIRCUNSTANCIA PRIMERA, EN RELACIÓN CON LOS
ARTÍCULOS 15 Y 27 No 2) DEL CÓDIGO PENAL.
Argumenta el recurrente que en el ordinal dieciséis (16) de
la parte dispositiva de la sentencia impugnada, se condena a
SALOMÓN DE JESÚS SOLANO MÉNDEZ, por diecinueve delitos en
omisión impropia de tentativa de asesinato mediante alevosía.
Argumenta que en nuestro Derecho Positivo no existe la figura
de la OMISIÓN IMPROPIA. Pero centra su reproche que en la
declaración de hechos probados relativa al señor SOLANO
MÉNDEZ -ordinal 35, Folio No. 5073 vuelto- no se declara
probado ningún hecho que pueda subsumirse en la figura del
“asesinato por alevosía en su grado de ejecución de
tentativa”. Reprocha que en los hechos probados, ni en la
parte resolutiva de la sentencia se mencionan los nombres de
los sujetos pasivos de los diecinueve delitos mencionados en
el ordinal dieciséis (16) de la parte resolutiva. Considera
que tampoco fueron declarados probados actos inequívocos de
ejecución con la intención de cometer el delito de asesinato
en perjuicio de diecinueve personas, ni cuáles fueron las
causas ajenas a la voluntad del agente que impidieron la
consumación del ilícito. Concluye que nada se declaró probado
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con relación a la tentativa, y esgrime que dados los hechos
declarados probados con relación al señor SOLANO MÉNDEZ,
resulta evidente que se ha infringido, por aplicación
indebida, en cuanto a los “diecinueve delitos por omisión
impropia de asesinato por alevosía en su grado de ejecución
de tentativa”, el artículo 117 preámbulo y circunstancia
primera, en relación con los artículos 15 y 27, numeral dos
en sus dos párrafos, todos del Código Penal. Esta Sala de lo
Penal considera importante recordar, que tratándose del
motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar
como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el
Tribunal de Sentencia. En este sentido, el recurso de
casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su
alegación, de los hechos probados que contenga la resolución
cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que
la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva
de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a
la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos
probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas
que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben
aplicarse, o se invocan las normas que deban aplicarse al
caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta
interpretación de las mismas. Precisados los límites en los
que puede desenvolverse la función revisora de esta Sala
cuando del recurso de casación por infracción de ley se
refiere, ahora es pertinente que indiquemos cuales son los
elementos típicos de los delitos de asesinato en el grado de
ejecución de tentativa mediante alevosía proditoria, que en
comisión por omisión se atribuye al imputado SALOMON SOLANO
MENDEZ.- La alevosía supone el empleo de procedimientos que
facilitan el hecho. La define el artículo 27 No. 2) del
Código Penal: “hay alevosía cuando el culpable comete
cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad
personal, empleando medios, modos o formas en la ejecución
que tiendan directa y especialmente a asegurarlas, sin riesgo
para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer
el ofendido.”. En este sentido, la alevosía exige que los
procedimientos empleados tiendan, directa y especialmente a
asegurar la ejecución, evitando el riesgo de una posible
defensa del ofendido. Ejemplos de ataques alevosos son los
que se producen por la espalda25, o estando la víctima en la
cama o de rodillas. Los ataques a traición son alevosos. Lo
decisivo en la alevosía es, por tanto, el aseguramiento de la
ejecución del hecho y la ausencia del riesgo ante la defensa
que pudiera hacer el ofendido. La alevosía puede aparecer en
cualquier momento de la ejecución del delito, no exigiéndose
para su apreciación ningún tipo de premeditación o
preparación, de tal manera que puede surgir en el mismo
momento en que se ejecuta el hecho (el sujeto aprovecha que
su enemigo le da la espalda para dispararle). En algunas
corrientes doctrinales se distinguen tres supuestos de
asesinato alevoso. La llamada alevosía proditoria o
25 Aunque hay que precisar, que no por ello se convierte automáticamente
en alevosa la muerte producida por una puñalada en la espalda o al
rematar al contendiente caído en el suelo, en el transcurso de una pelea
en la que ambos contendientes actúan en igualdad de condiciones, vid.
MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, Derecho Penal, Parte Especial, 14ª edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 53-54
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traicionera, si concurre celada, trampa o emboscada; la
sorpresiva, que se materializa en un ataque súbito o
inesperado; y la alevosía por desvalimiento, en la que el
agente se aprovecha de una especial situación de desamparo de
la víctima que impide cualquier manifestación de defensa26. En
cuanto a la tentativa, el artículo 15 del código penal
establece: “hay tentativa cuando, con la intención de cometer
un delito determinado se realizan actos inequívocos de
ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del
agente”. El tipo de la tentativa requiere de los siguientes
elementos: a) en la parte objetiva, una ejecución parcial o
total de los actos ejecutivos no seguida de consumación, b)
en la parte subjetiva, la voluntad de consumación, c) la
ausencia de desistimiento voluntario. El comienzo de la
ejecución necesario para la tentativa requiere que se
traspase la frontera que separa los actos preparatorios (sí
los hay) de los actos ejecutivos. Subjetivamente la tentativa
requiere que el sujeto quiera los actos que objetivamente
realiza con ánimo de consumar el hecho o, al menos aceptando
(con seguridad o con probabilidad) que pueden dar lugar a la
consumación. Por último se requiere la concurrencia de un
elemento negativo, y que consiste en que el hecho no se
consume por causas ajenas a la voluntad del agente.
Recapitulando podemos afirmar que la tentativa se presenta
cuando se ejecutan actos considerados indispensables para
llevar a cabo el comportamiento tipificado en la ley penal y
que en el caso concreto, lo eran efectivamente conforme al
fin propuesto, pero factores extraños o ajenos a la voluntad
del autor impiden que éste logre la producción del resultado
perseguido. Así las cosas podemos afirmar que habrá una
tentativa de asesinato alevoso, cuando el agente realiza
actos inequívocos de ejecución dirigidos a causar la muerte
de una persona, empleando medios, modos o formas que tiendan
directa y especialmente a asegurar dicho resultado, sin
riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera
hacer el ofendido. En el caso de autos se atribuye al
imputado SALOMON DE JESUS SOLANO MENDEZ, la autoría en
omisión impropia de diecinueve delitos de asesinato en el
grado de ejecución de tentativa. Vuelve a ser oportuna la
referencia a la figura de la comisión por omisión cuyos
elementos hemos explicado con más detalle en el acápite IV de
esta sentencia. El tipo de comisión por omisión muestra en su
parte objetiva la misma estructura que el de la omisión pura:
a) situación típica; b) ausencia de la acción determinada; c)
capacidad de realizarla27, pero completada con la presencia de
26 Vid. http://www.unav.es/penal/crimina/T%F3picos%20html/alevosia.html 27 Así por ejemplo, constituye un tipo de omisión pura, el previsto en el
artículo 388 No. 4) del Código Penal que se describe de la siguiente
manera: ―….quien sin concierto previo con los autores o cómplices de un
delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de éste:…4)
Deja de comunicar a la autoridad las noticias que tuviere acerca de la
comisión de un delito cuando está obligado a hacerlo por su profesión o
empleo….En este supuesto la situación típica es la de quien se encuentra
en la circunstancia de tener motivos suficientes para suponer la comisión
de un delito con la obligación de denunciarlo. La ausencia de la acción
esperada, radica en dejar de comunicar a la autoridad las noticias que
tuviere acerca de la comisión de un delito, a lo que se añade la como un
elemento del tipo objetivo, la capacidad de efectuar tal notificación, es
decir, la posibilidad de realizar la acción esperada.
Recurso de Casación No. 400-2008
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tres elementos particulares necesarios para la imputación
objetiva del hecho: la Posición de garante, la producción de
un resultado y la posibilidad de evitarlo. Recapitulando
podemos decir que a)la posición de garante integra
necesariamente la situación típica de los delitos de comisión
por omisión no expresamente tipificados; b)debe seguir en
ellos la producción de un resultado; y, c) la capacidad de
acción debe comprender la capacidad de evitar el resultado.
Para la comisión por omisión vale igual el dolo, que para los
delitos de omisión pura. La única particularidad es que, como
es lógico, el dolo deberá abarcar no solo la ausencia de la
acción debida, sino también la posibilidad y la necesidad de
la evitación del resultado mediante aquella acción. Además
habrá de extenderse a la situación que determina la presencia
de la posición de garante28. Abundando en la configuración del
dolo, podemos decir que este tiene un componente
cognoscitivo, en tanto que se requiere en primer lugar, que
el agente tenga conocimiento de la posición de garante, es
decir, debe saber que en el caso concreto ostenta la posición
de padre, hijo, médico, jefe de seguridad industrial, etc… En
segundo lugar, el sujeto debe tener conocimiento de la
situación típica y del curso causal (de la causalidad
hipotética), además en tercer lugar, se requiere la
posibilidad de representación de la conducta debida y la vía
para evitarlo. Sobre el componente volitivo, es indispensable
que el agente quiera (aunque sea eventualmente) la
realización del tipo en su aspecto objetivo correspondiente,
que tenga voluntad de realización de la conducta omisiva
según la nota de la finalidad29. En este sentido esta Sala
coincide con el Censor en cuanto a que no existe una
disposición expresa en nuestra legislación penal sobre los
delitos de omisión impropia o de comisión por omisión, sin
embargo, ello no es obstáculo para considerar que cumplidos
los requisitos anteriormente apuntados pueda apreciarse su
existencia y por ende imponerse su castigo, valgan por vía de
ilustración los ejemplos clásicos de la madre que deja de
suministrar alimentos al hijo recién nacido con la finalidad
de que muera, la enfermera que con el mismo objetivo deja de
suministrar al paciente el medicamento indicado, o el sujeto
que estando obligado en razón de su trabajo, de manera dolosa
no abre la puerta de emergencia para evitar que escape de un
incendio su compañero de trabajo quien a la postre muere,
nadie dudará que estos casos una omisión imputable a la
madre, enfermera y empleado de la fábrica, respectivamente,
ha traído como resultado la muerte de una persona y que este
resultado lesivo es atribuible al omitente para los efectos
de la imposición de una pena. Habiendo indicado cuales son
los elementos objetivos y subjetivos de la tentativa de
asesinato y efectuado un recordatorio sobre la estructura de
la figura de la comisión por omisión u omisión impropia,
pasamos a constatar sí de los hechos declarados probados por
el Tribunal de Sentencia puede o no desprenderse que al
acusado SALOMON SOLANO le resultan imputables los diecinueve
delitos de tentativa de asesinato que se le atribuyen, así
28 Vid. MIR PUIG, SANTIAGO, Derecho Penal, Parte General, 6ª edición,
2002, pág. 324. 29 Vid. VELASQUEZ, FERNANDO, VELASQUEZ FERNANDO, en Derecho Penal, Parte
General, 4ª edición, COMLIBROS, Bogotá, Colombia, 2009, págs. 674-675.
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tenemos que: A) De conformidad a lo descrito por el Tribunal
de Sentencia en la fundamentación fáctica del fallo
recurrido: “ Un mínimo de veinte (20) minutos habían
transcurrido desde la llegada del Comisionado Carlos Esteban
Henríquez (que se sitúa a eso de las diez y media de la
mañana30) y el Policía Cobra José Luís Santos Rodríguez,
cuando faltando para las once (11) de la mañana, llegan al
lugar representantes de los medios de comunicación: David
Meza Montesinos, empiezan a transmitir por radio lo que se
observaba, mientras que algunos reporteros gráficos tomaban
fotografías del interior del recinto, subidos en las
escaleras de incendios de los carros de los bomberos. Para
ese momento el Inspector de Policía Salomón De Jesús Solano
Méndez, se había ya personado al lugar, observando las
agresiones de los reos rondines, Policía Nacional Preventiva,
Policías Cobras, Policías Penitenciarios y miembros del
ejercito, sin realizar acción alguna en auxilio de los reos
pandilleros31; B) De los hechos declarados probados antes
trascritos se desprende que al ingreso del acusado SALOMON
SOLANO en el Centro Penal del Porvenir, se presentaba una
situación típica, es decir, una situación de amenaza o
peligro para la integridad física y la vida de algunos reos
pandilleros, cuando se expresa que el imputado observa “las
agresiones de los reos rondines, Policía Nacional Preventiva,
Policías Cobras, Policías Penitenciarios y miembros del
ejercito, sin realizar acción alguna en auxilio de los reos
pandilleros..” C) Es un hecho no controvertido que el
encartado SALOMON SOLANO, ostentaba la condición de miembro
de la Policía Nacional cuando ingresó al interior del Centro
Penal del Porvenir. El artículo 293 de la Constitución de la
República prevé que la Policía Nacional es una institución
profesional del Estado, encargada de velar por la
conservación del orden público, la prevención, control y
combate del delito, así como también de proteger la seguridad
de las personas y sus bienes. El artículo 10 No. 2) de la
entonces vigente Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto
No. 155-98) establecía entre otras atribuciones, que para el
logro de sus objetivos y cumplimiento de sus
responsabilidades, le correspondía a ese cuerpo de seguridad
entre otras atribuciones, la de proteger la vida, bienes,
derechos y libertades de las personas. En sintonía con los
preceptos antes mencionados, el artículo 22 No. 3) establece
que en el cumplimiento de sus funciones los miembros de la
Policía deberán cuidar y proteger la salud física y mental de
las personas detenidas o sometidas a resguardo. Del precepto
constitucional y legales antes citados, se desprende sin duda
alguna, que los miembros de la Policía Nacional, asumen la
posición de garantes de la vida e integridad física de las
personas que se encuentren recluidas en un centro
penitenciario del Estado en aquellos casos en que dichos
bienes jurídicos se vean amenazados o puestos en peligro por
otros reclusos u otra clase de individuos, de ahí que, como
consecuencia de su deber de garantía, haya de preservarlos de
las agresiones de compañeros, particulares, así como también
de los ataques que provengan de empleados o funcionarios
30 Vid. Hecho Probado Trigésimo Cuarto, Folio No. 5073 vuelto. 31 Vid. Hecho Probado Trigésimo Quinto, Folio No. 5073 vuelto.
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públicos. De este modo podemos afirmar, que el imputado
SALOMON SOLANO tras su ingreso a la Granja Penal del Porvenir
para colaborar en el restablecimiento del orden alterado en
el interior de ese centro penitenciario, tenía una posición
de garante, es decir, la obligación de hacer cuanto estuviera
a su alcance para evitar ataques a la integridad física o la
vida de cuantas personas se encontraran en situación de
peligro, independientemente de que se tratara de reclusos
pandilleros, rondines, reos comunes denominados “paisas”,
visitantes, funcionarios penitenciarios, policías, miembros
del ejército nacional, etc… C)Ausencia de la acción
determinada: una lectura detenida de la fundamentación
fáctica de la sentencia impugnada, no revela que el encausado
SALOMON SOLANO haya realizado alguna acción dirigida a evitar
o impedir las agresiones emprendidas contra reos pandilleros
por elementos armados del Estado y otros reclusos, así
tenemos que en la declaración de hechos probados el Juzgador
expresa que el acusado observa “las agresiones de los reos
rondines, Policía Nacional Preventiva, Policías Cobras,
Policías Penitenciarios y miembros del ejercito, sin realizar
acción alguna en auxilio de los reos pandilleros32” D)La
posibilidad de realizar la acción esperada. Como ya se
expresara en la resolución del motivo expuesto en el acápite
IV de esta sentencia, lo decisivo en la comisión por omisión
es la virtual causal de la acción que hubiera debido
realizarse para evitarlo (“causalidad hipotética”) Para
comprobar la existencia de la causalidad hipotética o llamada
también por algunos “nexo de evitación”, el Juzgador debe
acudir a una fórmula en virtud de la que a partir de la
teoría de la equivalencia de las condiciones, se afirma que
la omisión es causa del resultado, si puesta mentalmente en
su lugar la acción esperada, que no es realizada por el
omitente, el resultado desaparece como mínimo con una
probabilidad rayana en la certeza. Como lo exponíamos líneas
arriba, el sujeto activo debe tener la capacidad efectiva
(real, física) de realizar la conducta ordenada (el mandato)
en el caso concreto y partir de consideraciones objetivas,
pues de lo contrario, sí al agente le falta capacidad
corporal o física de acción, su comportamiento, llevado a
cabo de manera distinta, será atípico; como dice la máxima
jurídica: “a lo imposible nadie está obligado”. Así por
ejemplo: el bañista que en este momento se ahoga en las
playas, así se pueda presenciar el hecho por medio de la
televisión en directo, no puede ser salvado por uno de los
televidentes, pues ninguno de ellos tiene la posibilidad de
realizar la acción ordenada, no así el socorrista contratado
para cuidar a los veraneantes. Desde luego, la incapacidad
física puede ser equiparada a aquella que resulta de una
inhabilidad técnica, de una falta de conocimientos o de
medios de auxilio33. A criterio de esta Sala, cabía esperar
que el acusado SALOMON SOLANO MENDEZ, no solamente por su
condición de miembro de la policía nacional, sino que también
y sobre todo por ostentar un cargo dentro de la estructura
del cuerpo al que pertenece dotado de mando y jerarquía, (en
32
Vid. Hecho Probado Trigésimo Quinto, Folio No. 5073 vuelto. 33 Vid. VELASQUEZ FERNANDO, en Derecho Penal, Parte General, 4ª edición,
COMLIBROS, Bogotá, Colombia, 2009, pág 672.
Recurso de Casación No. 400-2008
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tanto que tenía el rango de Inspector), interviniese para
impedir que continuaran las acciones dirigidas a quitarle la
vida a los reos pandilleros, cuando según se consigna en el
cuadro fáctico las mismas eran ejecutadas por reos rondines,
policías y miembros del ejército, de ahí que al no haber
realizado la acción esperada y que le era exigible, debe
entenderse configurado el nexo de evitación o de causalidad
hipotética, y por lo tanto le son imputables en omisión
impropia los hechos criminosos que se le atribuyen, salvo uno
de ellos, pues al no establecerse con certeza el momento en
que el imputado SALOMON SOLANO MENDEZ ingresó al centro
carcelario, no podemos afirmar de modo concluyente sí su
comportamiento omisivo tuvo lugar antes o después de que
gracias a la intervención de un miembro de la Fuerza Aérea
Hondureña que era hermano del reo pandillero JOSE ROBERTO
MALDONADO, cesaran las agresiones de las que era víctima éste
último a manos de reos rondines y miembros de la policía.
Por otro lado, esta Sala no puede desconocer que las
agresiones al colectivo de los denominados reos pandilleros
se ve precedida en el tiempo por la muerte de varios
rondines, así como también por los ataques dirigidos a
quitarle la vida a otros internos ocasionadas y ejecutados,
respectivamente, mediante la utilización de armas de fuego
y/o armas cortopunzantes, objetos contundentes, y la
provocación de un incendio a manos de reos pandilleros, de
tal manera que si bien es cierto no resultan amparados por
alguna eximente de responsabilidad criminal quienes por
acción u omisión contribuyeron a la realización de los hechos
objeto de juzgamiento, no es menos cierto que no podemos
afirmar de manera indubitada que los agresiones sufridos por
los reos pandilleros hayan sido realizadas de manera
inesperada, a traición, mediante celada, emboscada, y
cualquier otro procedimiento que encaje dentro de la
circunstancia calificativa de la alevosía, esto es, la de
emplear medios, modos o formas en la ejecución de los delitos
contra la vida y la integridad corporal, que tiendan directa
y especialmente a asegurarlas, sin los riesgos que
eventualmente pudieran derivarse de una reacción defensiva de
los ofendidos, de tal manera que lo que cabe respecto al
procesado SALOMON DE JESUS SOLANO es una imputación por
dieciocho delitos de tentativa de homicidio en omisión
impropia, de ahí que siguiendo los criterios penológicos
adoptados por el Tribunal de Instancia, mismos que no pueden
ser reformados en este sede por la prohibición de la
reformatio en peius, su conducta trae aparejada una pena de
doce años seis meses de reclusión. En consencuencia se
declara parcialmente con lugar el presente motivo dentro de
los términos antes expuestos.
XV.- CASACION POR INFRACCION DE LEY MOTIVO PRIMERO:
Infracción, por aplicación indebida, del artículo 349 numeral
3 del Código Penal, que literalmente dice: ―Será castigado
con reclusión de tres (3) a seis (6) años é inhabilitación
especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el
funcionario o empleado público que:1)…, 2)…, 3)Omita, rehúse
o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los
deberes de su cargo;…‖. en relación con los artículos 10,
numeral 3, 22, numerales 1 y 3, literal c), de la Ley
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Orgánica de la Policía Nacional, que a su vez se leen así:
ARTICULO 10.- La Policía Nacional es una institución
profesional permanente del Estado, apolítica en el sentido
partidista, de naturaleza puramente civil, encargada de velar
por la conservación del orden público, la prevención, control
y combate al delito; proteger la seguridad de las personas y
sus bienes; ejecutar las resoluciones, disposiciones,
mandatos y decisiones legales de las autoridades y
funcionarios públicos, todo con estricto respeto a los
derechos humanos. La Policía Nacional se regirá por
Legislación especial. Para el logro de sus objetivos y el
cumplimiento de sus responsabilidades tendrá las atribuciones
siguientes: 3.- Proteger la vida, honra, bienes, creencias,
derechos y libertades de las personas y la seguridad de las
instituciones públicas y privadas; ARTICULO 22.- En el
cumplimiento de sus funciones los miembros de la Policía
actuarán de acuerdo con las normas siguientes: 1.- Respeto
absoluto a la Constitución de la República, de los tratados y
convenciones internacionales de que Honduras forme parte y de
las leyes y reglamentos vigentes; 3.- Tratar los detenidos de
acuerdo con la Ley; ello implica lo siguiente: c) Cuidar y
proteger la salud física y mental de las personas detenidas o
sometidas a resguardo y respetar su honor y su dignidad
mientras se mantengan bajo su custodia.‖ PRECEPTO
AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el
artículo 360 del Código Procesal Penal, en la parte que se
lee así: ―Habrá lugar al recurso de casación por infracción
de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se
declaren probados en la sentencia, se haya infringido un
precepto penal ... de carácter sustantivo, …..‖ EXPLICACIÓN
DEL MOTIVO: En la sentencia impugnada se declara probado
que:―Un mínimo de veinte minutos habían transcurrido desde la
llegada del Comisionado Carlos Esteban Henríquez y el Policía
Cobra José Luis Santos Rodríguez, cuando faltando para las
once de la mañana, llegan al lugar representantes de los
medios de comunicación: David Meza Montesinos, empiezan a
trasmitir por radio lo que se observaba, mientras que algunos
reporteros gráficos tomaban fotografías del interior del
recinto, subidos en las escaleras de incendios de los carros
de los bomberos.- Para ese momento el Inspector de Policía
Salomón de Jesús Solano Méndez, se había ya personado al
lugar, observando las agresiones de los reos rondines,
Policía Nacional Preventiva, Policías Cobras, Policías
Penitenciarios y miembros del ejército, sin realizar acción
alguna en auxilio de los reos pandilleros. El Policía Salomón
de Jesús Solano Méndez, procedió a privar de la vida a los
reos pandilleros Mario René Pantoja (alias El Bueno), Marcio
o Marco Rafael Rosales Velásquez (alias El Burrito) y a otro
reo pandillero de nombre desconocido, con su arma de
reglamento, tipo pistola, marca Pietro Bereta, modelo 92FS,
calibre 9mm, serie N25990Z, con cañón de seis estriíllas y
con giro a la derecha‖. La parte que en esos hechos se
contrae al delito de violación de los deberes de los
funcionarios, por omisión propia, por el cual se condenó al
señor Solano Méndez, es la siguiente: ―…observando (Solano
Méndez) las agresiones de los reos rondines, Policía Nacional
Preventiva, Policías Cobras, Policías Penitenciarios y
miembros del ejército, sin realizar (Solano Méndez) acción
Recurso de Casación No. 400-2008
100
alguna en auxilio de los reos pandilleros, …‖ (los entre
paréntesis son míos). Se trata, pues, de que el señor Solano
Méndez no auxilió a los pandilleros que eran objeto de
agresión por parte de reos rondines, Policía Nacional
Preventiva, Policías Cobras, Policías Penitenciarios y
miembros del ejército, y en eso se hace consistir el de
violación de los deberes de los funcionarios por omisión
propia que se le atribuye. ¿Qué se entiende por omisión
propia? Veamos algunas ideas al respecto: se da cuando una
ley impone expresamente la obligación de hacer algo y una
persona, obligada, en violación de esa ley la incumple (la
obligación). Ejemplos: Según el artículo 269 del Código
Procesal Penal, hay personas que están obligadas a denunciar
los delitos de acción pública de los que tuviere conocimiento
por su profesión o empleo; si no lo hacen quedan sujetas a
las penas que señala el artículo 388 numeral 5 del Código
Penal. El artículo 226 del Código Procesal Penal impone a
todos los habitantes del país la obligación de atender las
citaciones que les libren los órganos jurisdiccionales, para
declarar sobre un delito; la persona que incumpla esa
obligación será sancionado al tenor de lo que dispone el
artículo 348-A del Código Penal. En el caso que ahora nos
ocupa, no existe ninguna disposición legal que imponga a un
agente de la autoridad, un oficial de policía por ejemplo, la
obligación de auxiliar a las personas que se encontraban en
la situación en que estaban los reos pandilleros. Las
disposiciones de la Ley Orgánica de la Policía Nacional
(artículos 10, numeral 3, 22, numerales 1 y 3, literal c), de
la Ley Orgánica de la Policía Nacional), que invoca el
Tribunal en la sentencia recurrida (páginas 422 y 423 del
fallo), no disponen nada en tal sentido. En efecto, el
artículo 10 de la indicada ley contiene las atribuciones que
corresponden a la Policía como institución, no a sus miembros
en particular. El artículo 22 de la misma ley, contiene las
normas conforme a las cuales actuarán los miembros de la
Policía; el numeral uno citado en la sentencia se contrae a
la obligación de carácter general de respeto a la
Constitución de la República, las leyes secundarias, los
reglamentos, así como los tratados y convenciones de que
Honduras forma parte. En cuanto, al numeral 3, contiene
normas que regulan, todas ellas, lo relativo a cómo debe
actuarse cuando sean detenidas personas por la Policía
Nacional, pero que no prevén situaciones como la que se dio
en la Granja Penal el 5 de abril de 2003. Repito, no existe
en nuestro Derecho Positivo ninguna norma con base en la cual
pudo estar obligado el señor Solano Méndez, de haberse
encontrado en la Granja Penal cuando se produjeron los
disparos, a ―auxiliar a los reos pandilleros‖. Ahora,
permítasenos plantearnos una pregunta interesante: ¿Qué tenía
que haber hecho Solano Méndez en auxilio de los pandilleros?
Y otra más ¿Existían en aquel lugar y en aquel momento, el de
los disparos, posibilidades para que alguien hubiera podido
socorrer a los pandilleros? Y, de haberlas, ¿Podía haberlo
hecho Solano Méndez, él solo? Siendo que no existe ninguna
disposición que hubiera obligado a Solano Méndez al auxilio
que se señala en la sentencia, y siendo que había
imposibilidad material para que, de haberse encontrado en el
lugar, pudiera haber hecho algo en ese sentido, es evidente
Recurso de Casación No. 400-2008
101
que no ha incurrido en una conducta omisiva que pueda
considerarse constitutiva del delito de violación de los
deberes de los funcionarios. Así las cosas, resulta evidente
que el habérsele condenado por ese delito, supuestamente
realizado por la vía de la omisión propia, se ha infringido
por aplicación indebida el artículo 349 numeral 3 del Código
Penal, en relación con los artículos 10, numeral 3, 22,
numerales 1 y 3, literal c), de la Ley Orgánica de la Policía
Nacional.
XV.- CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA
DEFENSA DEL IMPUTADO SALOMON DE JESUS SOLANO MENDEZ ARGUYENDO
FUNDAMENTALMENTE QUE DE LOS HECHOS PROBADOS NO SE DESPRENDE
QUE EL ACUSADO HAYA INCURRIDO EN EL DELITO DE VIOLACION DE
LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, DE TAL MANERA QUE EL
TRIBUNAL SENTENCIADOR HA REALIZADO UNA APLICACIÓN INDEBIDA
INDEBIDA DEL ARTÍCULO 349 NUMERAL 3) DEL CÓDIGO PENAL, EN
RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 10, NUMERAL 3, 22, NUMERALES 1 Y
3, LITERAL C), DE LA LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL.
Argumenta el recurrente que el A Quo ha incurrido en
infracción, por aplicación indebida del artículo 349 numeral
3) del Código Penal, en relación con los artículos 10,
numeral 3), 22, numerales 1) y 3), literal c) de la Ley
Orgánica de la Policía Nacional. Señala que en la sentencia
impugnada se declara probado que:“…el Inspector de Policía
Salomón de Jesús Solano Méndez, se había ya personado al
lugar, observando las agresiones de los reos rondines,
Policía Nacional Preventiva, Policías Cobras, Policías
Penitenciarios y miembros del ejército, sin realizar acción
alguna en auxilio de los reos pandilleros.”. Afirma el
recurrente que con respecto al delito de VIOLACIÓN DE LOS
DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, por omisión propia, el A Quo
aprecia que el señor SOLANO MÉNDEZ no auxilió a los
pandilleros que eran objeto de agresión por parte de reos
rondines, Policía Nacional Preventiva, Policías Cobras,
Policías Penitenciarios y miembros del ejército. Razona que
la omisión propia se da cuando una ley impone expresamente la
obligación de hacer algo y una persona en violación de esa
ley incumple la obligación, pero que en el presente caso, no
existe disposición legal que imponga a un agente de la
autoridad, oficial de policía, la obligación de auxiliar a
las personas como en este caso, se encontraban los reos
pandilleros. Al que las disposiciones de la Ley Orgánica de
la Policía Nacional (artículos 10, numeral 3, 22, numerales 1
y 3, literal c)) que invoca el Tribunal en la sentencia
recurrida (páginas 422 y 423 del fallo), no disponen nada al
respecto. Esgrime que el artículo 10 de la indicada ley tiene
las atribuciones que corresponden a la Policía como
institución, no a sus miembros en particular. El artículo 22
de la misma ley, contiene las normas conforme a las cuales
actuarán los miembros de la Policía. El numeral uno, citado
en la sentencia, se contrae a la OBLIGACIÓN DE CARÁCTER
GENERAL de respeto a la Constitución de la República, las
leyes secundarias, los reglamentos, así como los tratados y
convenciones de los que Honduras forma parte. En cuanto, al
numeral 3, argumenta que contiene normas que regulan, lo
relativo a cómo debe actuarse cuando sean detenidas personas
por la Policía Nacional, pero que no prevén situaciones como
la que se dio en la Granja Penal el 5 de abril de 2003.
Recurso de Casación No. 400-2008
102
Concluye que no existe disposición que obligase a SOLANO
MÉNDEZ a la acción de auxilio indicada en la sentencia,
estimando que concurría una imposibilidad material, de
haberse encontrado en el lugar, para poder haber hecho algo,
por lo que estima que el acusado no ha incurrido en una
conducta omisiva constitutiva del delito de VIOLACIÓN DE LOS
DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS por lo que al haber sido
condenado por ese delito realizado por omisión propia, el A
Quo ha infringido por aplicación indebida la ley penal
sustantiva. Esta Sala de lo Penal, aprecia que en los delitos
de omisión propia se castiga la simple infracción de un deber
de actuar y equivalen a delitos de mera actividad. Los
elementos que conforman el tipo objetivo son tres:
a)situación típica. En ella se establece el presupuesto de
hecho que da origen al deber de actuar y que varía según el
tipo específico; b) Ausencia de realizar la acción mandada.
Es decir, según cada caso, abstenerse de auxiliar, cooperar
con la justicia, denunciar un delito, que no implica
necesariamente pasividad, sino que puede consistir en la
realización de una conducta distinta a la exigida; 3)
Capacidad personal de realizar la acción. Para ello se
requiere que concurran determinadas circunstancias externas –
cercanía espacial y temporal entre el sujeto y la situación
típica, medios de salvamento, etc. –y personales, que el
sujeto cuente con los suficientes conocimientos y facultades
intelectuales para realizar la acción –un lego no sabe como
contener una hemorragia. Con respecto a la tipicidad
subjetiva, la omisión propia admite la versión dolosa y la
imprudente (culposa) caso de estar esta última legalmente
prevista. La dimensión cognoscitiva del dolo exige que el
sujeto sea consciente de que concurren todos los elementos
del tipo objetivo. La dimensión volitiva del dolo consiste en
la expresión de la voluntad de no realizar la acción exigida,
es decir, como volición del tipo objetivo34. El delito de
violación de los deberes de los funcionarios tiene la
estructura propia de un tipo de omisión pura, con el que se
procura tutelar el adecuado funcionamiento de la
administración (entendida esta en su sentido amplio), para la
prestación de un buen servicio. Por ello comprende cualquier
acto administrativo que se encuentre dentro de las funciones
del agente, siendo un delito de simple actividad que se
consuma con la omisión, el retardo o el rehusamiento, sin que
se necesite la producción de resultado dañoso alguno.35 Como
antes lo explicamos el artículo 349 No. 3) del artículo
mencionado, castiga, a quien omite, rehúse o retarde algún
acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su
cargo, derivándose de la redacción de tal modalidad
delictiva, que la misma se incluye dentro de que
doctrinariamente se conoce como “abuso omisivo”. El penalista
argentino, CARLOS CREUS, refiriéndose a esta figura en el
Código Penal de su país, explica que: “..la tercera forma
34 Vid. IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ LUIS ARROYO ZAPATERO/ NICOLÁS
GARCÍA RIVAS/ JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ Y JOSÉ RAMÓN SERRANO PIEDECASAS
Lecciones de Derecho Penal. Parte General.. EDITORIAL PRAXIS, S.A.1996,
Páginas 149 y 150. 35 Vid. CREUS, CARLOS, Derecho Penal, Parte especial, Tomo II, Editorial
Astrea, Buenos Aires, 1988, página 262.
Recurso de Casación No. 400-2008
103
pune una conducta omisiva: no ejecutar las leyes cuyo
cumplimiento incumba al funcionario. Tratase pues, de un tipo
omisivo y por eso, no comete este abuso de autoridad (que un
tanto impropiamente puede denominarse incumplimiento de los
deberes de funcionario público) el funcionario que lleva a
cabo actos contrarios a las disposiciones de la ley. Aquí el
abuso consiste en la decisión de no ejecutar la ley, es
decir, de no aplicarla, prescindir de ella, no actuarla en la
realidad, como si no existiera (p.ej., no dictar la prisión
preventiva cuando corresponde, no observar el acto
administrativo viciado cuando el funcionario ejerce funciones
de contralor); pero cuando lo que importa para la inejecución
de la ley es una actividad (p.ej., dictar una resolución
cuando no corresponde hacerlo), ya no estaremos ante una
omisión, sino ante uno de los abusos previstos en las formas
anteriores….” (vid. CREUS, CARLOS, Delitos contra la
Administración Pública, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981,
pág. 192). El Tribunal de Sentencia condena al procesado
antes mencionado por el delito de violación de los deberes de
los funcionarios, estimando que es responsable de tal
infracción penal en concurso ideal con varios delitos de
asesinato alevoso en el grado de ejecución de tentativa. De
este modo, el Juzgador responsabiliza al procesado SALOMON
SOLANO del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS
FUNCIONARIOS en tanto que habría omitido los deberes de
tutelar la vida de reos pandilleros, bien jurídico que habría
resultado amenazado por actos realizados e imputables a otros
individuos, con la intención de darles muerte. Como ya se
explicara con anterioridad, la Sala estima que de los hechos
declarados probados se ha establecido que el encartado
SALOMON SOLANO, es responsable en omisión impropia de
dieciocho delitos de tentativa de homicidio en perjuicio de
igual número de reos pandilleros, sin embargo tomando en
cuenta que el desvalor de su conducta consistente en realizar
un acto contrario a la ley y por ende dejar de cumplir su
función de garante de la vida de varias personas que
estuvieron en grave peligro de perderla, ya encuentra castigo
con la pena impuesta por su contribución a título de autor
por omisión impropia de los resultados típicos antes
relacionados36, de ahí que debe absolverse al procesado
SALOMON DE JESUS SOLANO del delito de VIOLACION DE LOS
DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS. Por todas las razones
anteriormente expuestos se declara con lugar el presente
motivo.-
XVI.- El Recurrente Abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES, en su
condición de apoderado defensor del señor Roger Armando Sosa
Iglesias, desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de
Ley y Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera: ―EN
CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY AL MOTIVO
ÚNICO: En este Motivo de Casación en el Fondo, la defensa
argumenta que el Tribunal Sentenciador, ha infringido un
36 Es de tomar en cuenta que el desvalor que supone el prevalimiento del
carácter público del culpable para la comisión del hecho constituye una
agravante (art. 27 No. 9) del Código Penal), misma que en el caso de
autos no puede considerarse, en tanto que el Tribunal de Instancia ha
impuesto la pena mínima, y por ende se impone la observancia de la
prohibición de reforma peyorativa en materia recursiva.
Recurso de Casación No. 400-2008
104
precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo
que debe ser observada para la aplicación de la ley penal, es
decir, por Falta de Aplicación, al Artículo 349 No.3 del
Código Penal, el cual tipifica las formas de cómo se comete
el ilícito penal de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS
DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y que, según el Tribunal,
resultaron configurados sus elementos en la declaración de
Hechos Probados que ha consignado el A-Quo con el objeto de
dar la apariencia de un argumento fundamentado, quedando
establecido que estas no son funciones propias de un Oficial
activo de las Fuerzas Armadas, si no de un miembro de la
Policía Nacional o Policía Penitenciaria el Tribunal de
Sentencia dice apoyarse para ello en la Declaración de
Hechos Probados de la SENTENCIA, en su inciso VIGESIMO -
Pag.74 ) tercer renglón; no hay alevosía en virtud de que
quedó probado en juicio que el Oficial Roger Armando Sosa
Iglesia se encontraba a seiscientos metros de la granja penal
en el polígono de adiestramiento de tiro realizando
ejercicios militares de tiro actividades propias de su cargo;
Al ser requerido el oficial Roger Armando Sosa Iglesias se
trasladó a la graja penal a requerimiento de un policía
penitenciario que llegó hasta donde ellos estaban; VIGESIMO
PRIMERO-Pag.74 segundo párrafo; este hecho probado no
concuerda con el hecho probado arriba indicado ya en este el
Tribunal dice que todos entraron disparando a los reos
pandilleros quitándoles la vida, NO Hubo dictamen balístico
propuesto por parte del Ministerio Publico para acreditar el
extremo alegado ya que ellos mismos Ministerio Publico alega
que no hicieron nada al entrar a la granja penal. siendo esto
falso ya que se personaron al lugar al ser requeridos para
dar auxilio a la policía penitenciaria, reos rondines y a la
policía preventiva en las instalaciones de la granja penal
del Porvenir; VIGESIMO TERCERO- Pag.74 párrafo cuarto;
Nuevamente se contradice el Tribunal al no dejar claro en los
hechos a Iglesia y aquí dice que no hizo nada para evitar lo
que esta probados cual fue el accionar del Oficial Roger
Armando Sosa aconteciendo ya que en el vigésimo primero dice
que entró disparando a todos los reos pandilleros que
encontraba en su paso sin que el Ministerio Publico lograra
acreditar tal extremo y por tal razón, resulta evidente de la
lectura de este apartado del Recurso que el mismo se
circunscribe alrededor de la apreciación del Juzgador
plasmada al final de los Hechos Probados que no concuerdan
con lo sucedido en la granja penal del porvenir, previo a
cualquier acción que se le atribuye a mi defendido ROGER
ARMANDO SOSA IGLESIAS, Lo anterior, según el Casacionista,
sería suficiente para entender que el Sentenciador ha quedado
plenamente convencido sobre la consciencia que tenía mi
defendido acerca de la condición que tenían las personas
dentro de la granja penal del porvenir. Sobre este punto
empezaremos por decir que, en este Motivo Único de Casación
por Infracción de Ley, el Tribunal ha caído en el más grave e
imperdonable error a cometerse en este tipo de Recurso libre
apreciación de las pruebas que ha hecho el Sentenciador en
uso de la facultad soberana que a tal efecto le atribuye la
Ley. Lo anterior, se afirma por las siguientes razones: Este
principio fundamental en materia de Casación en el Fondo, la
―Intangibilidad‖ de los Hechos Probados declarados como tales
Recurso de Casación No. 400-2008
105
por el Tribunal de Sentencia, deriva necesaria e
inseparablemente de la Inmediación al momento de evacuarse
las pruebas, el cual es uno de los pilares sobre los que
descansa nuestro actual Proceso Penal. En efecto, la Ley y la
técnica en este tipo de impugnaciones, impiden que en un
Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Tribunal tiene
la Libre Apreciación de las Pruebas (los Hechos Probados),
Al respecto, citaremos al Maestro Fernández Boixander en
cuanto señala que ―…cuando lejos de guardar este debido
respeto a la santidad de esta norma fundamental del recurso,
se rebasan sus límites, se niega, se discute, se altera, en
fin, lo que la Sala sentenciadora afirma y se pretende traer
a colación hechos nuevos que no se deducen de la declaración
de probados, o se hacen alegaciones que de modo notorio se
ven las contradicciones lo que en la resolución impugnada se
establece como probado de facto, o se sustituye por el
criterio personal del Tribunal sentenciador, la impugnación
tiene virtualidad para que se abra francamente el cause de
la casación‖ En el caso que hoy nos ocupa, no es irrespeto
cometido por el defensor y que atenta contra la
Intangibilidad de los Hechos Probados en los que se
fundamenta este Motivo, se produce al afirmar el Ministerio
Público que no probó los hechos pretendidos, implica que mi
defendido ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS, efectivamente no tenía
conocimiento que las personas que estaban adentro de la
granja penal por estar ejecutando trabajos propios de su
cargo y asimismo no sabía si las personas adentro del penal
estaban o no armadas, y con ello, se configuraría que no
hubo delito por parte de mi representado. Nótese que el
Tribunal no dice que el extracto supracitado de los Hechos
Probados debe tener esa connotación que le atribuye para el
lector de la Sentencia, sino que se afirma temerariamente
que esa es la conclusión a la que llegó el Tribunal de
Sentencia; llegando inclusive a manifestar en la sentencia
que no disparó contra los amotinados en la granja penal
imputando su responsabilidad penal. Al hacer semejante
afirmación, el Tribunal está claramente tergiversando esa
Declaración de Hechos Probados que se ha realizado por el
Sentenciador, añadiéndole un alcance que, simplemente, no lo
tiene; pues como claramente lo ha indicado el A-Quo en su
acápite sobre la Valoración de la Prueba, su conclusión
expresa sobre este punto es que mi defendido ROGER ARMANDO
SOSA IGLESIAS, no tenía conocimiento, ni había razones
suficientes por las cuales debería haberlo tenido, que las
personas contra las que dirigió su acción estaban amotinadas
en la granja penal, Lo peor del caso es que el mismo Tribunal
se contradice (haciendo así aún más imperdonable su intento
por desconocer las conclusiones estrictamente fácticas a las
que llego la defensa del Oficial Roger Armando Sosa Iglesias:
*Al final de este Motivo de Casación por Infracción de Ley,
se manifiesta que el sentenciador condena al enjuiciado, por
considerar que no cumplió con su deber. *En su Motivo Único
de Casación por Quebrantamiento de Forma (que más adelante
será objeto de reproche por el suscrito) La importancia
toral sobre esta ausencia de conocimiento por parte de ROGER
ARMANDO SOSA IGLESIAS, sobre el carácter de que se
encontraban investidos las personas contra las que dirigió.
Como bien lo ha notado el Tribunal de Sentencia, en el
Recurso de Casación No. 400-2008
106
ilícito penal de Violación a los deberes de los Funcionarios
Asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa,
debe forzosamente concurrir un elemento subjetivo muy
especial, que requiere que el sujeto activo sepa con certeza
que a las personas a las que supuestamente no se les dio
ordenes ni asistencia causaría un daño y que, además, tenga
conocimiento que en ese momento está en el ejercicio de sus
funciones. Como ha quedado claramente establecido ya, de los
Hechos estimados y declarados como Probados por el A-Quo,
este elemento subjetivo nunca concurrió (contrario a la
interpretación tan caprichosa que les atribuye el Tribunal),
y por tanto, que resulta totalmente improcedente atribuirle a
mi defendido ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS, el inexistente
delito de Violación de los Deberes de Funcionario el delito
de Asesinato y Asesinato en su grado de ejecución de
tentativa, como en efecto así lo ha determinado el
Sentenciador en su fallo sub-judice. En adición a todo lo
anteriormente expuesto, habrá que comentar que, en este mismo
Motivo Único de Casación por Infracción de Ley, el Tribunal
ha cometido otro gran error que deviene en el inevitable
fracaso de su fallo, pues el Ministerio Público ha sometido
una proposición jurídica que, innegablemente, resulta
incompleta. Veamos porqué: Al alegar en este Motivo, en
esencia, que mi representado ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS,
responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS
FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADIMINISTRACION PUBLICA, es
porque el Tribunal de Sentencia, suponemos, pretende que en
tal virtud se le imponga la Pena que al efecto establece la
Ley. Sin embargo, habrá que notar que, la única Norma Legal
Sustantiva que se invoca como infringida, en ningún momento
establece pena alguna a aplicarse. En efecto, al momento de
plantear este Motivo de Casación en el Fondo, el Casacionista
lo hace invocando únicamente la supuesta ―Infracción por
violación del artículo 349 numeral tres del Código Penal‖;
siendo que dicho Precepto Penal sustantivo en su apartado
invocado, no hace más que tipificar una conducta como un
ilícito penal, pero en ningún momento, indica o prescribe
pena alguna a imponerse a sus autores. Por consiguiente, no
se puede más que concluir que, al haber planteado este
argumento de forma tan defectuosa, el Tribunal no ha citado
con claridad las normas legales cuya aplicación demanda.
Sobre este punto habrá que recordar que, en la Casación, como
Recurso Extraordinario que es, el Tribunal que conoce de la
misma (Tribunal de Casación) está inexorablemente limitado
por los Motivos que son sometidos a su conocimiento por el
casacionista, y por ello, que dicho Tribunal de Casación no
puede apartarse de los mismos, variarlos, ampliarlos ni
complementarlos. En el caso que hoy nos ocupa, esto se
traduce a que, al haber desarrollado el Recurrente una tesis
jurídica completa y coherente, este Motivo Único de Casación
por Infracción de Ley resulta procedente. Por todo lo
anteriormente expuesto, se concluye que el presente Recurso
de Casación por Infracción de Ley, en su Motivo Único, además
de contener efectos de Forma y de Técnica que posibilitan que
el mismo entre a ser analizado de plano, se basa en un
supuesto a todas luces existente, es decir, que tiene
fundamento. Por ello, se solicita que la Honorable Corte
Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Penal y
Recurso de Casación No. 400-2008
107
mediante la Sentencia respectiva, lo declare Con Lugar.
PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo se encuentra autorizado en
el artículo 360 del Código Procesal Penal
XVI.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS
FUNDADO EN FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 349 NO.3) DEL
CÓDIGO PENAL, QUE TIPIFICA EL DELITO DE VIOLACION DE LOS
DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS.
Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo en virtud
de que consta de autos la muerte real del imputado ROGER
ARMANDO SOSA IGLESIAS, lo que da lugar a la extinción de la
responsabilidad penal y por ende al sobreseimiento definitivo
de la causa, al tenor de lo prescrito en los artículos 96 No.
1) del Código Penal, 42 No. 1) y 43 del Código Procesal
Penal.-
XVII.- AL SEGUNDO MOTIVO: Infracción del artículo 349 EN
RELACIÓN AL ARTICULO 32 Y 15 DEL Código Penal. PRECEPTO
AUTORIZANTE Este motivo se encuentra autorizado en el
artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DE MOTIVOS
El artículo 32 del Código Penal define la autoría quienes
toman parte en la ejecución del hecho autoría inmediata: y
los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutar
autoría mediata y los que cooperan en la ejecución del hecho
cómplice necesario.* El acta de juicio oral y público ver
folio 5272 en la parte donde el Ministerio Público se
manifiesta: ―Seguidamente se le cede la palabra al
representante del Ministerio Público para que formalice
acusación quien manifestó que: Este Ministerio fiscal,
cumpliendo con el trámite legalmente previsto en el articulo
319 párrafo 4° del Código Procesal Penal, expone a
continuación las posiciones planteadas en la formalización de
la acusación: Los hechos que la Fiscalía del Ministerio
Público probará ante este Honorable Tribunal de Sentencia
consisten en los siguientes: El Ministerio Público, en este
momento formaliza acusación en contra del sub comisionado de
policía Luís Beltrán Arias Ramos, Carlos Esteban Henríquez
Álvarez, Roger Armando Sosa Iglesias,‖ en cuanto a mi
representado en ningún momento realiza una acción típica y ni
tampoco incumple el deber ya que es muy distinto lo que es
las Fuerzas Armadas y La Policía Nacional y el Tribunal
conceptualiza en forma errónea los hechos allegados al
juicio. y lo mas sorprendente es que el Tribunal condena a mi
representado por el Delito de Violación de los Deberes de los
Funcionarios y Absuelve al Oficial que estaba al mando. Por
todo lo anterior y en apego al principio de legalidad jamás
tuvo dominio del hecho ni mucho menos una conducta indebida;
y lo de omisión propia o impropia es de mera actividad y la
segunda exige forzosamente un resultado. Por todo lo anterior
es claro que no se puede incurrir en violación de los deberes
de los funcionarios en su grado de autoría ni el delito de
tentativa artículo 32 y 15 del Código Penal por haber estado
dentro de las facultades de su competencia, ni mucho menos
omisión impropia como se pretende en la sentencia dado que
debe haber un resultado. En nuestra legislación positiva el
delito de tentativa idónea artículo 15 C.P. en relación con
el artículo 16 C.P. se contradice el fallo con lo establecido
en el articulo 11 del C.P. en cuanto al Concurso Ideal propio
Recurso de Casación No. 400-2008
108
heterogéneo por vía de omisión en relación al artículo 36 del
C.P. el concurso por omisión es propio del sujeto activo y
que lo razonado en la sentencia fundamentación jurídica
décimo octavo de la sentencia donde nunca se tuvo dominio del
hecho ni mucho menos ser garante de una situación de riesgo.
Por ultimo dejamos claro que el artículo 13 del C.P. estipula
la forma de cómo se comete un delito por acción o por omisión
y necesariamente tiene que ser culposo o doloso lo anterior
nos indica que fuera de toda duda que hay un sujeto activo y
un sujeto pasivo y que media entre ellos una acción u omisión
como nexo causal que los vincula, de tal manera que la
ausencia de uno de ellos da la duda razonable del artículo
339 C.P., en ningún apartado de la sentencia se establece con
certeza la participación de mi representado en el delito de
asesinato ni de tentativa de asesinato teniendo directamente
la acción u omisión de los hechos imputados.
XVII.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS
FUNDADO EN EL ARTÍCULO 349 DEL CODIGO PENAL EN RELACIÓN A LOS
ARTICULOS 32 Y 15 DEL MISMO TEXTO PUNITIVO.
Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo en virtud
de que consta de autos la muerte real del imputado ROGER
ARMANDO SOSA IGLESIAS, lo que da lugar a la extinción de la
responsabilidad penal y por ende al sobreseimiento definitivo
de la causa, al tenor de lo prescrito en los artículos 96 No.
1) del Código Penal, 42 No. 1) y 43 del Código Procesal
Penal.-
XVIII.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO
DE FORMA AL MOTIVO ÚNICO: En este apartado único del Recurso
de Casación en la Forma, el articulo 362 No.1, 3 y 6 el
Recurrente, tras una extensa introducción sobre lo que son
A: Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal
estime aprobados, que tal declaración no sea clara y
terminante o que sea contradictoria B: Que carezca de
motivaciones fácticas o jurídicas que dichas motivaciones
sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de
la prueba no se observaron las reglas de la sana critica. C:
La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las
partes según el articulo 337 del Código Procesal Penal. Es
claro y evidente tal como se ha manifestado en el libelo en
donde se establece una clara contradicción del Tribunal en
donde los hechos probados en ningún momento determinan la
culpabilidad de mi representado sin sustento científico y
lógico además de falta de aplicación de las Reglas de la Sana
Crítica, es decir, aquellas únicas máximas a las que se
encuentra sujeta la facultad extraordinaria que la Ley otorga
a los Tribunales de Instancia para apreciar libremente las
pruebas evacuadas durante el Juicio; al final de cuentas,
manifiesto que la impugnación a través de este Motivo radica
en la apreciación que, el Tribunal de Sentencia recurrido,
inobservó las Reglas de la Experiencia. De manera más
concreta, digo que el Tribunal de Sentencia infringió las
Reglas de la Experiencia Humana al concluir que mi defendido
ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS ignoraba lo sucedido en la granja
penal del porvenir; todo ello porqué, según el mismo las
declaraciones vertidas por un par de testigos durante el
debate, forzosamente debe concluirse lo contrario. Semejante
Recurso de Casación No. 400-2008
109
argumento, como estamos seguros así lo apreciará la Sala de
lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, es
totalmente aceptable y propio de un Recurso Extraordinario
como el que hoy nos ocupa. De la simple lectura de este
Motivo de Casación en la Forma, se observa claramente cual es
la verdadera intención del Recurrente: Mostrar su
inconformidad con las conclusiones a las que ha arribado el
Tribunal de Sentencia a través de su libre apreciación de las
Pruebas, y con ello, pretendo imponer las conclusiones sobre
lo que, según mi criterio, debe entenderse como extremos
probados en Juicio. Al respecto, habrá que recordar que la
valoración de las pruebas y la determinación de las
conclusiones inferidas de ellas, es potestad soberana del
Tribunal de Instancia. Por su parte, el Tribunal de Casación
sólo puede controlar tal potestad si esas pruebas son válidas
(legitimidad), si las conclusiones obtenidas responden a las
reglas del recto entendimiento humano (logicidad), y si la
motivación así constituida es expresa, clara, completa y
emitida con arreglo a las normas prescriptas; en una palabra,
si la motivación es legal. Fuera de éste límite, el ejercicio
de la libre convicción del Juzgador está excluido del control
de la Casación. Es por ello que por la vía del recurso de
Casación no se puede provocar un nuevo examen crítico de los
medios probatorios que dan base a la Sentencia. Queda
excluido de él todo lo que se refiera a la valoración de los
elementos de prueba y a la determinación de los hechos; la
Casación no es una segunda instancia y no está en la esfera
de sus poderes revalorizar la prueba ni juzgar los motivos
que formaron la convicción del A-Quo. Nuevamente, se pretende
encasillar, su procedente impugnación bajo una de las
causales de Casación que contempla la Ley, y en este caso en
particular, de invocar una existente inobservancia a las
Reglas de la Experiencia, realmente, no se pretende convertir
a este Recurso en una Segunda Instancia, solicitándole al
Tribunal de Casación que realice un examen de fondo sobre las
pruebas evacuadas en Juicio; todo lo cual, como ya se dijo
anteriormente, resulta Por el contrario, para validar el
argumento central en que se apoya este Motivo, y con ello,
demostrar que el Tribunal de Sentencia recurrido en ningún
momento observó las Reglas de la Sana Crítica al momento de
valorar las pruebas, bastará con recordar que en su fallo hoy
impugnado, el A-Quo no es claro, expreso ni mucho menos
congruente al motivar su conclusión de porqué mi defendido
ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS tenía que realizar acciones que
no son propias de su cargo y mucho menos que tuviera
conocimiento que las personas que estaban en el penal estaban
amotinadas o si estas tenían armas, en realidad eran Agentes
del Ejército que su función principal es la de resguardar la
soberanía nacional y mantener el orden del país y no la de
resguardar bienes y propiedades mucho menos centros penales;
pues en tal sentido, acertadamente nos dice el Tribunal
recurrido que, el hecho de expresar verbalmente que varios
testigos ratifican que mi defendido ingresó al centro penal
al llamado de un policía penitenciario y no puede existir
Alevosía ni pretender que mi representado haya estado al
tanto de que iba ocurrir una masacre, en la realidad en que
hoy vivimos, no es motivo suficiente para dar credibilidad a
semejante extremo. Aunque la Fiscalía alegue lo contrario,
Recurso de Casación No. 400-2008
110
esa misma conclusión a la que arribó el A-Quo, es la que,
tristemente, nos enseña la Experiencia por la que atraviesa
nuestra sociedad hoy en día. Por todas estas razones, no cabe
más que concluir que al momento de dictar su fallo hoy
impugnado, y más concretamente, al Motivar debidamente el
mismo en cuanto a su valoración de la prueba, el Tribunal de
Sentencia infringió o inobservando las Reglas de la Sana
Crítica; por el contrario, al tratarse el presente Motivo de
Casación por Quebrantamiento de Forma, en un verdadero
intento de desconocer la facultad privativa del A-Quo para
valorar libremente las pruebas, y con ello, convertir a la
Casación en una Segunda Instancia, se afirma que el presente
Motivo resulta totalmente improcedente e infundado, por lo
que se solicita que el mismo sea declarado HA LUGAR.‖
XVIII.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 362 NUMERALES 1), 3) Y 6) DEL
CODIGO PROCESAL PENAL EN RELACION AL ARTICULO 337 DEL MISMO
TEXTO NORMATIVO
Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo en virtud
de que consta de autos la muerte real del imputado ROGER
ARMANDO SOSA IGLESIAS, lo que da lugar a la extinción de la
responsabilidad penal y por ende al sobreseimiento definitivo
de la causa, al tenor de lo prescrito en los artículos 96 No.
1) del Código Penal, 42 No. 1) y 43 del Código Procesal
Penal.-
XIX.- El Recurrente Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA,
actuando en su condición de apoderado defensor del señor Luís
Beltrán Arias Ramos, desarrolló su Recurso de Casación por
Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma de la siguiente
manera: ―EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO:
Haber infringido el juzgador un precepto penal sustantivo u
otro precepto del mismo carácter que deba ser observado en la
aplicación de la ley penal, en relación a los hechos probados
establecidos en la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El
presente motivo de casación se encuentra comprendido en el
Art. 360 del CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Los preceptos
penales sustantivos que se invocan como infringidos por
aplicación indebida, son los Arts. 349, numeral 2 del Código
Penal (En adelante CP), en relación al Art. 5.15 de la Ley de
Rehabilitación del Delincuente (En adelante LRD).- Y, además,
en relación a dicha norma jurídica-penal, también se estima
como infringido el Art. 13, párrafo segundo, del mismo Código
Penal.- Dichas normas disponen: Art. 349.2 CP: ―Será
castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e
inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la
reclusión, el funcionario o empleado público que: 1)…; 2)
Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias,
resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la
Constitución de la República o las leyes o se abstenga de
cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos
jurídicos;…‖. Art.5.15 LRD: ― La Dirección General de
Establecimientos Penales tendrá a su cargo las siguientes
funciones: 1) …; 15) Ordenar los traslados a los
establecimientos penitenciarios de los reos sentenciados a la
pena de reclusión, que estén cumpliendo sus condenas en otras
cárceles, siempre que el Poder Ejecutivo lo estime
conveniente con conocimiento de la Corte Suprema de
Recurso de Casación No. 400-2008
111
Justicia.‖ Art. 13, párrafo segundo del CP: ―El delito es
doloso cuando el resultado responde a la intención que se
tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a
saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la
posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo
de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta,
por ende, las consecuencias que del mismo se derivan‖
EXPLICACIÓN DEL VICIO. A) Contenido de los hechos probados.
La estructura de hechos probados establecidos en la sentencia
que hoy se recurre, y que tiene relación especial y directa
con el imputado LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS, está referida en
los numerales TERCERO, CUARTO QUINTO y SEXTO de la sentencia
que hoy se recurre.- El hecho TERCERO, hace alusión a que el
5 de febrero de 2003, mi representado, en su condición de
Director General de Servicios Especiales Preventivos de la
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, solicita al
Ministro en aquél tiempo, OSCAR ARTURO ALVAREZ GUERRERO, la
autorización para trasladar a doscientos cuatro (204)
internos de la pandilla ―18‖ de la Penitenciaria Nacional y
del Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS) a los
distintos centro penales del país.- Señala la sentencia
recurrida que en el entender del señor ARIAS RAMOS, el motivo
que generaba esa petición consistía en la propia seguridad
personal de los privados de libertad de la pandilla ―18‖, ya
que tenía la información que los privados de libertad no
miembros de pandilla, querían quitarle la vida a todos los
pandilleros y los familiares que los visitaban. El hecho
CUARTO, hace referencia a la situación que en esa misma
fecha, siendo las siete de la noche, el señor LUÍS BELTRÁN
ARIAS RAMOS, procede a trasladar de la Penitenciaria Nacional
a 198 privados de libertad miembros de la pandilla ―18‖, y a
6 mujeres de la misma pandilla del Centro Femenino de
Adaptación Social (CEFAS), distribuyéndolos en diferentes
Centros Penales del país.- Se agrega, que dicha distribución
se realizó aplicando un criterio alfabético a partir del
primer nombre de las personas trasladadas, excepto en el
Centro Penal Granja Penal de Danli, El Paraíso, donde se
realizó al azar.¨- De esa forma, según, el relato fáctico de
la sentencia, en las fechas 5 y 6 de febrero fueron recibidos
reos pandilleros, entre condenados y procesados en diferentes
centros penales del país; entre ellos el Centro Penal de El
Provenir, Atlántida. El hecho QUINTO, refiere que el 7 de
febrero del mismo año, el señor LUÍS BELTRÁN ARIAS RAMOS es
requerido por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del
Ministerio Público para que informe sobre los traslados de
los reos pandilleros efectuados el 5 de febrero; procediendo
a entregar al señor Darwin Álvarez Ortez, miembro del
Escuadrón Antibombas, una granada M-67, fabricación
Norteamericana, color verde olivo, tipo de explosivo
composición B, de una libra de peso, 3.5 pulgadas de largo,
2.5 pulgadas de diámetro; una granada FMK2, fabricación
Argentina, color verde olivo, tipo de explosivo TNT, de media
libra de peso, 10.9 centímetros de largo, 5.8 centímetros de
diámetro, sin la aguja percusora en su interior; Una pasta
explosiva (Gel) componente nitroglicerina, nitrato de amonio
y polvo de aluminio y; una cápsula detonante In eléctrica,
tipo comercial, afirmando que habían sido encontrados en el
interior de la Penitenciaria Nacional.- Termina por indicar
Recurso de Casación No. 400-2008
112
ese numeral que el imputado ARIAS RAMOS, el 11 del mismo mes
y año informa a la Corte Suprema de Justicia sobre los
traslados efectuados en 204 integrantes de la pandilla ―18‖,
incluyendo reas pandilleras. El hecho SEXTO, es indicativo de
que el señor LUÍS BELTRÁN ARIAS RAMOS, sin informar al
Director del Centro Penal de El Porvenir, Atlántida, sobre el
traslado de privados de libertad a ese Centro, y sin haber
constado que existían las condiciones en esa cárcel para
recibir privados de libertad, remite treinta (30) miembros de
la pandilla ―18‖: JUAN CARLOS HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS MATA
SALGADO, JUAN CARLOS MACHADO, JUAN CARLOS PEÑA, JUAN CARLOS
RODRÍGUEZ, JUAN FERNANDO ALVARADO, JUAN JOSÉ CASTRO, JULIO
CESAR DÍAZ, JULIO CESAR PADILLA, LENIN CRISTÓBAL TURCIOS,
LEONEL ANÍBAL ORTEGA, LUÍS FRANCISCO FLORES GALO, LEONEL
MARTÍNEZ MURCIA, LUÍS ALONSO EUCEDA, LUCAS RONALDO ORTEGA,
MARIO RENE DÍAZ GÁMEZ, MARCIO ALBERTO MARTÍNEZ, MARCIO RAFAEL
ROSALES, MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ, MARCO TULIO ESCOBAR, MARCOS
HERNÁN ARDÓN, MARIO RENE SIERRA, MARIO ROBERTO CERRATO,
MARLON CHÁVEZ RAMÍREZ, MARLON ELVIS SÁNCHEZ, MARLON ENRIQUE
VELÁSQUEZ, MARLON RENE ROVELO, MARLON EDWIN RODRÍGUEZ, MARLON
ENRIQUE JIMÉNEZ y JOSÉ ELSON DURÓN SARAVIA. B) La manera en
que se aplicó indebidamente el Art. 349.2 del CP, en relación
al Art. 5.15 de la LRD. El presente motivo de casación, como
en efecto lo cita el Art. 360 del Código Procesal Penal (en
adelante CPP), parte de un elemento indispensable: los hechos
probados de la sentencia.- Son esos hechos probados la base
para la aplicación del Derecho, puesto que como su nombre lo
indica, son esos los acontecimientos que estructura el
juzgador partiendo del análisis de pruebas, y es a esas
circunstancias probadas a las que hay que asignarles una
norma jurídica para determinar la consecuencia de la
sentencia: la absolución o condena del imputado.- Por ello,
para estimar si la norma sustantiva ha sido correctamente
aplicada, debe necesariamente hacerse una obligatoria
referencia a los hechos probados de la sentencia, para así
estimar si éstos mantienen correspondencia con el fallo que
se emita, producto de la relación que deben tener con la
norma jurídica que la resolución les asigna. Trasladando esa
significación del vicio de casación anunciado al presente
caso, al imputado LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS se le ha condenado
por el supuesto hecho de haber ordenado el traslado de reos
pandilleros de la Penitenciaría Nacional y del Centro
Femenino de Adaptación Social a diversos centros penales sin
haberse efectuado una distinción entre personas condenadas y
procesadas como al efecto lo dispone la ley especializada,
concretamente el Art. 5, numeral 15, de la Ley de
Rehabilitación del Delincuente (LRD), que consigna la
facultad de la administración penitenciaria, especialmente de
la actualmente conocida Dirección General de Servicios
Especiales Preventivos, de: ―Ordenar los traslados a los
establecimientos penitenciarios de los reos sentenciados a la
pena de reclusión, que estén cumpliendo sus condenas en otras
cárceles, siempre que el Poder Ejecutivo lo estime
conveniente con conocimiento de la Corte Suprema de
Justicia.‖. Esta es la ley que la sentencia considera
infringida, y que en efecto, en la apreciación del presente
recurso, es la que se debe considerar, en vista que es la que
de forma especial regula la facultad concedida al Director
Recurso de Casación No. 400-2008
113
General de Servicios Especiales Preventivos, es decir, es ley
especial en la materia .- Además, dicha norma, en comparación
con el Art. 41 del Código Penal (que contempla una
disposición similar y que también aparece referida en la
sentencia), regula de forma más flexible esa atribución de
dicha Dirección, puesto que el Art. 41 hace referencia a la
facultad de efectuar traslados de reos condenados a la pena
de reclusión por parte del Poder Ejecutivo, pero sólo de
cualquier cárcel a una penitenciaría, y no como la
disposición de la LRD, que permite el traslado entre los
diferentes centros penales del país, bien sea de una
penitenciaría a una cárcel o a la inversa, con lo cual, de
las dos normas sustantivas, el Art. 5.15 de la LRD, es la
norma que favorece más al imputado al exigir menores
requisitos o situaciones específicas para efectuar dichos
traslados, al concebir la facultad de movilizar a los reos
sentenciados de un establecimiento penitenciario a otro, sin
hacer mayor consideración a la calidad de éstos; de tal
suerte que en la observancia del tipo penal por el cual ha
sido condenado el señor ARIAS RAMOS, de las dos disposiciones
aludidas, ésta última es la más benigna, es decir, la más
favorable, y en consecuencia la que debe ser observada en la
aplicación de la norma penal (en este caso la que regula el
delito de Abuso de Autoridad).- Todos los conocedores en
materia penal saben de sobra que en esta materia impera como
obligación a los juzgadores la aplicación del principio de
aplicación de la ley más favorable al reo; por tal razón en
el análisis del ilícito por el cual se ha perseguido y se ha
sentenciado al señor LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS debe
considerarse la infracción a la norma que menos presupuestos
establece, y determinar al final si ha resultado infringida,
según los hechos probados de la sentencia.- Por ello, el Art.
18 del Código Procesal Penal, es claro en manifestar que:
―Interpretación de los pasajes oscuros de la Ley. Los pasajes
oscuros o contradictorios de la ley penal se interpretarán de
modo que más favorezca a la persona imputada‖. Además, debe
ser la norma del Art. 5.15 de la LRD, la que debe observarse
en el análisis del presente motivo, en vista que en la
actualidad no sólo la Penitenciaría Nacional ―Doctor Marco
Aurelio Soto‖ es la única que ostenta esa calidad, sino
varios centros penales del país.- A partir del 15 de junio de
2005, la Granja Penal de El Porvenir, entre otros
establecimientos penales, adquirió la categoría de
Penitenciaría Nacional, de conformidad al Decreto Ejecutivo
004-2005 (que se acompaña), de tal suerte que no puede ser
una exigencia en el análisis del tipo penal de ABUSO DE
AUTORIDAD el hecho que el imputado sólo podía hacer traslados
de un centro penal a una penitenciaría, y no a la inversa, ya
que dicho acuerdo (que es una disposición que debe ser
observada en la aplicación de la ley penal) debe tener
efectos retroactivos en base al Principio de Retroactividad
de la Ley Penal más favorable, con lo cual ya no puede
apreciarse como un reproche jurídico-penal el traslado
operado de 198 reos de la Penitenciaría Nacional a diversos
centros penales del país que no ostentaban esa condición, ya
que a raíz de la entrada en vigencia del mencionado Decreto,
en el caso concreto de la Granja Penal de El Porvenir, ésta
también adquirió esa categoría.- Así, en el análisis del
Recurso de Casación No. 400-2008
114
vicio de casación, carece de significación penal, por las
razones expuestas el Art. 41 del CP. Partiendo de esta
inicial consideración, al confrontar los hechos probados en
relación al delito por el cual se condena al imputado LUIS
BELTRAN ARIAS RAMOS y a la norma arriba transcrita de la LRD,
resulta más que evidente que de la lectura de los hechos
probados no se relata una situación fáctica que encuentre su
correspondencia en el ilícito por el cual ha sido condenado
en relación a la infracción de esa facultad reconocida en el
Art. 5.15 de la LRD, y ello en vista que en ningún apartado
de los hechos probados se hace referencia alguna a una orden
dada o ejecutada por el señor ARIAS RAMOS que conlleve la
infracción a una norma Constitucional o a una ley aprobada
por el Congreso Nacional.- Y ello se afirma, puesto que,
siguiendo la lectura de hechos probados, no se relata, según
la hipótesis legal-delictiva por la que ha sido condenado,
que haya ―Dictado o ejecutado órdenes contrarias a la
Constitución de la República o las leyes o se haya abstenido
de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos
ordenamientos jurídicos;…‖.- Si se observa detenidamente, los
hechos probados que corresponden a los numerales TERCERO,
CUARTO y QUINTO, en ellos sólo se explica que mi representado
solicitó la autorización al Secretario de Estado en el
Despacho de Seguridad para efectuar el traslado de 204
―privados de libertad‖, de la Penitenciaría Nacional y del
CEFAS, y que en la misma fecha de su formulación, procedió a
practicar ese traslado; pero en ninguna parte del relato
fáctico se menciona que las personas trasladadas eran presos
preventivos (es decir, procesados sobre los cuales se había
impuesto la medida cautelar de prisión preventiva), sino
privados de libertad, término genérico que no conduce de
forma específica a establecer que se trataba de internos
pertenecientes a aquella condición, en vista que los privados
de libertad también hacen referencia a los internos contra
quienes se ha impuesto una pena privativa de su libertad.- De
esa forma, la relación de hechos probados resulta
insuficiente para inferir la infracción a la facultad
referida en el Art. 5.15 de la LRD, en vista que no se
estipula que con conocimiento y voluntad, LUIS BELTRAN ARIAS
RAMOS haya solicitado y luego ejecutado el traslado de presos
preventivos sino de privados de libertad, y ante esa
consignación, resulta imposible considerarle culpable de
haber emitido y ejecutado una orden contraria a la ley, por
no ser exclusiva la calidad de privados de libertad de los
presos preventivos sino también de los condenados a una pena
privativa de la libertad.- Y esa falta de especificación en
el factum de la resolución impugnada, impide la consideración
del delito, al no resultar en los hechos probados que el
imputado dispuso trasladar a presos preventivos de la
Penitenciaría Nacional, cuando sólo tenía potestad de ordenar
el movimiento de personas condenadas a una pena limitativa de
la libertad. Pero además, de los hechos probados se desprende
una razón suficiente para que a juicio de mi representado se
solicitara y operara el traslado de los 204 reos.- El
precitado Art. 5.15, establece que el juicio o criterio que
sirva de justificación o legitime el traslado, consiste en
alguna razón de conveniencia, cuando la norma en comentario
establece: ―…siempre que el Poder Ejecutivo lo estime
Recurso de Casación No. 400-2008
115
conveniente con conocimiento de la Corte Suprema de
Justicia‖.- Sobre este punto los propios hechos probados son
categóricos en expresar que a juicio del Director General de
Servicios Especiales Preventivos sí existía una razón de
conveniencia para operar el traslado.- El hecho probado
TERCERO de la sentencia, expresa que el motivo o razón
expresada por el señor ARIAS RAMOS consistió en:
―…autorización para trasladar a doscientos cuatro (204)
internos de la pandilla ―18‖ de la Penitenciaria Nacional y
de CEFAS a los distintos centro penales del país, señalando
como motivo del traslado la seguridad personal de los
privados de libertad de la pandilla ―18‖, aduciendo que
existía información de que los privados de libertad no
miembros de pandilla, querían quitarle la vida a todos los
pandilleros y los familiares que los visitaban‖; vemos
entonces, que los propios hechos probados consignan la razón
de conveniencia a juicio del imputado y la autoridad que
representaba, para considerar necesario el traslado de los
privados el libertad, resultando obvia que la razón expresada
sí satisface las exigencias de la norma, puesto que la misma
consistía en la propia seguridad en la vida e integridad de
los miembros de la pandilla ―18‖, porque existía información
que otros internos querían quitarles la vida.- Y lo mismo
ocurre con la exigencia de la norma en poner en conocimiento
de la Corte Suprema de Justicia el traslado operado, como lo
confirma el hecho probado QUINTO, último párrafo, en el que
se indica que: ―En la fecha diez (10) de febrero de ese año,
el señor Luís Beltrán Arias Ramos responde a la solicitud que
le hace la Fiscalía de Derechos Humanos y, en fecha once (11)
del mismo mes y año informa a la Corte Suprema de Justicia
sobre los traslados de los doscientos cuatro (204) privados
de libertad de la pandilla ―18‖, incluyendo reas
pandilleras..‖.- Este conocimiento se efectuó como se ha
citado, y la norma no determina que el mismo deba producirse
de forma previa o simultánea el movimiento de reos realizado,
por lo cual al establecerse como probado que mi representado
puso en conocimiento de ese Poder del Estado la operación
desarrollada, concretamente el 11 de febrero, se muestra el
cumplimiento de la disposición establecida.- Por todo esto,
también resulta la incorrecta aplicación de esta disposición
como norma infringida por mi representado, ya que las
exigencias de la misma aparecen satisfechas por la misma
consignación de hechos probados. Por esa razón, aparece clara
la aplicación indebida del Art.349.2 del CP, en relación al
Art. 5.15 de la LRD, al no mostrar los hechos probados por sí
mismos que el señor ARIAS RAMOS haya dado una orden ilegal
como funcionario público, consistente en el traslado de
presos preventivos de la Penitenciaría Nacional y del Centro
Femenino de Adaptación Social a diferentes Centros Penales
del país, cuando sólo podía ordenar el traslado de presos
condenados a la pena de reclusión, ya que al haberse
establecido que el traslado era de personas privadas de
libertad, esa condición abarca a los presos condenados a una
pena privativa de la libertad de ambulación; además que de su
relación aparecen satisfechas las condiciones de haber una
razón de conveniencia a juicio del Poder Ejecutivo para
efectuar el traslado y de haber informado a la Corte Suprema
de Justicia; y por ello resulta la incompatibilidad o no
Recurso de Casación No. 400-2008
116
ajuste de los hechos probados con la norma penal contentiva
del delito por el cual se ha condenado a dicho ciudadano.-
Así, no es expresivo el encuadre fáctico de la sentencia de
la comisión del delito de Abuso de Autoridad por el entonces
Director General de Servicios Especiales Preventivos por
infracción al Art. 5.15 del la LRD, por lo cual es notorio el
vicio de casación comentado.- Si los hechos probados no
pueden determinar que el traslado que se atribuye al señor
LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS era de personas sobre las cuales se
había impuesto la medida cautelar de prisión preventiva y no
de sujetos privados de su libertad ambulatoria por la
imposición de la pena de reclusión, no es posible entonces
estimar la infracción, por dicho traslado, del Art. 5.15 de
la LRD, y por lo tanto se hace imperativo, como efecto del
presente recurso, casar la sentencia para corregir el vicio
de la incorrecta aplicación de una norma extra penal que debe
ser observada en la aplicación de la norma penal sustantiva.
En todo caso, de estimarse que la norma también aplicable al
presente delito, debe ser también el Art. 41 del CP, (a pesar
de haberse fundamentado suficientemente el porqué de su no
observación), y que establece: ‖El Poder Ejecutivo siempre
que lo estime conveniente por razón de la mayor seguridad o
por cualquier otro motivo podrá, con conocimiento de la Corte
Suprema de Justicia, disponer que se traslade a una
penitenciaria a los reos sentenciados a pena de reclusión,
que estén cumpliendo sus condenas en otras cárceles‖, también
resulta aplicada indebidamente en relación a los hechos
probados consignados en la sentencia, ya que, como se ha
dicho, de la misma estructura fáctica se determina que a
juicio del Poder Ejecutivo había una razón de seguridad para
solicitar y efectuar el traslado de los 204 privados de
libertad, además que la citada norma permite la estimación de
cualquier otro motivo, que en el presente caso concurría en
la solicitud dirigida por el señor ARIAS RAMOS al Ministro de
Seguridad; se puso en conocimiento del referido movimiento a
la Corte Suprema de Justicia; ha carecido de significación de
reprochabilidad penal, la supuesta infracción a que el
traslado se operó de una penitenciaría a un Centro Penal,
cuando en la actualidad, según nuestro ordenamiento jurídico,
el Centro Penal de El Porvenir ostenta la condición de
Penitenciaría; y finalmente, no son expresivos los hechos
probados que el traslado se realizó en personas procesadas
sobre las cuales se había impuesto la medida cautelar de
prisión preventiva, sino que se indica que eran personas
privadas de libertad. C) La manera en que se aplicó
indebidamente el Art. 13, párrafo segundo del CP. Asimismo,
de la observancia del los hechos probados de la sentencia, se
aprecia la aplicación indebida del Art. 13, párrafo segundo
del CP, que hace referencia específica al elemento subjetivo
del DOLO. El delito de Abuso de Autoridad es un delito
estrictamente doloso.- Ello resulta que en todo el capítulo
III del Título XIII del Código Penal no se hace referencia a
ninguna hipótesis legal de cometer el delito de forma
imprudente, y mucho menos se hace esa referencia en el Art.
349 que es el que desarrolla diversas infracciones de ABUSO
DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS.-
Así las cosas, la hipótesis delictiva por la cual se ha
condenado al ciudadano LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS: ―Dicte o
Recurso de Casación No. 400-2008
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ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones,
acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la
República o las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto
por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos‖, requiere
indispensablemente del DOLO, por lo cual, su ausencia
determina la no tipicidad de la conducta al faltar su parte
subjetiva requerida por el delito. De esa forma, en la
hipótesis de ABUSO DE AUTORIDAD considerada por la sentencia
condenatoria, es necesario que los hechos probados dejen
entrever la constatación de circunstancias objetivas
demuestren que el imputado, en este caso, el ciudadano LUIS
BELTRAN ARIAS RAMOS haya actuado con dolo en la realización
de los hechos que configuran el delito; es necesario entonces
que los hechos probados muestren que dicha persona haya
tenido la intención de realizar actos que conllevaban la
infracción a una norma que refería su actuación, en este caso
el Art. 5.15 de la LRD; es decir, de forma concreta, es
indispensable, para condenarle por el delito referido, que el
factum de la sentencia, determine de forma clara e inequívoca
que el procesado tenía conocimiento que el traslado de
personas de la Penitenciaría Nacional y del Centro Femenino
de Adaptación Social, correspondía a personas procesadas
sobre las cuales se había impuesto la medida cautelar de
prisión preventiva.- Esa es la única forma para que de forma
válida y legítima, según nuestro ordenamiento jurídico, al
imputado se le pueda condenar por el delito de ABUSO DE
AUTORIDAD, pues de conocer la situación jurídica de los 204
privados de libertad trasladados, y en específico, consciente
que sobre ellos pesaba esa medida cautelar de prisión
preventiva, habría con DOLO infringido la norma del Art. 5.15
referida y comentada, y ahí sí sería factible y correcto
estimar la concurrencia de la tipicidad subjetiva en la
conducta. Visto lo anterior, al hacer una revisión de los
hechos probados de la sentencia que hoy se recurre, y
específicamente los numerales TERCERO y CUARTO que hacen
referencia concreta al traslado de 204 personas de la
Penitenciaría Nacional y del Centro Femenino de Adaptación
Social a diferentes centros penales del país, se aprecia que
el hecho TERCERO expresa únicamente que el 5 de febrero de
2003, LUÍS BELTRÁN ARIAS RAMOS, solicita al entonces
Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad
autorización para trasladar a doscientos cuatro (204)
internos de la pandilla ―18‖ de la Penitenciaria Nacional y
de CEFAS a los distintos centro penales del país, señalando
como motivo del traslado la seguridad personal de los
privados de libertad de la pandilla ―18‖, aduciendo que
existía información de que los privados de libertad no
miembros de pandilla, querían quitarle la vida a todos los
pandilleros y los familiares que los visitaban.- Obsérvese
que de la lectura de ese numeral no se expresa que el
imputado conocía de la situación jurídica de los privados de
libertad, concretamente, no se expresa en esa realidad
fáctica que el señor ARIAS RAMOS conocía que dichas personas
o algunas de ellas eran presos preventivos, y ello aparecer
ratificado por el numeral CUARTO de los hechos probados, en
el que se indica que en esa misma fecha el imputado procede a
efectuar el trasladar de la Penitenciaria Nacional a 198
privados de libertad miembros de la pandilla ―18‖, y a 6
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mujeres de la misma pandilla del Centro Femenino de
Adaptación Social (CEFAS), distribuyéndolos en diferentes
Centros Penales del país; sin especificar que él hizo la
selección de los privados de libertad, agregando, este hecho
probado, que la distribución se realizó aplicando un criterio
alfabético a partir del primer nombre de las personas
trasladadas, excepto en el Centro Penal Granja Penal de
Danli, El Paraíso, donde se realizo al azar. Con esa
consignación de hechos probados vemos con claridad que de
ellos no se observa ni se infiere que el imputado LUIS
BELTRAN ARIAS RAMOS haya conocido que los internos
trasladados tenían la condición de presos preventivos; es
más no se expresa en ellos que él haya hecho la selección de
los internos sujetos a traslado, por lo cual,
consecuentemente, no puede estimarse de esa relación fáctica
que haya actuado con el DOLO necesario e indispensable que
exige el Art. 349.2 del Código Penal para su configuración,
ya que sin ese conocimiento es imposible que haya considerado
la infracción al Art. 5.15 de la LRD.- Y si a ello se asocia,
por la misma información brindada por los mismos hechos
probados que el traslado obedecía a que: ―existía información
de que los privados de libertad no miembros de pandilla,
querían quitarle la vida a todos los pandilleros y los
familiares que los visitaban‖ (HECHO TERCERO), y que el
movimiento de los internos se realizó en la misma fecha
(HECHO CUARTO), resulta imposible que él se haya impuesto de
la condición en que los trasladados se encontraban privados
de su libertad, por lo cual los mismos hechos probados no le
asignan tan esencial conocimiento, que en caso de poseerlo,
sí le haría merecedor del delito por el que se condena, pero
ante su ausencia, no es procedente ni constitucional o
legalmente considerarle culpable por esa infracción.- Por
ello resulta la aplicación indebida del Art. 13, párrafo
segundo, del CP, en relación al Art. 349.2 del mismo Código,
en vista que los hechos probados no indican que el imputado
ARIAS RAMOS actuó con DOLO en el traslado de los 204 privados
de libertad, en cuanto a saber que eran presos preventivos y
por ende querer realizar su traslado en esa condición, por lo
cual no es posible asignarle la comisión de un delito que
necesariamente exige ese elemento subjetivo en la conducta
desarrollada. Así las cosas, por la fundamental circunstancia
que los hechos probados: 1) Consignan la esencial mención que
los reos trasladados eran personas privadas de libertad no
presos preventivos; y, 2) No establecen que el imputado
tuviera conocimiento que se trataban de presos sobre los
cuales se había impuesto la medida cautelar de prisión
preventiva; resulta indebidamente aplicada la norma penal
contenida en el Art. 349.2 del CP, por lo cual procede
casarse la sentencia, y en consecuencia debe absolverse al
señor LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS, por no observarse de los
hechos probados la infracción al Art. 5.15 de la LRD ni la
concurrencia de DOLO en el actuar de dicho ciudadano (Art. 13
del CP).- Esa es la única forma en que se garantizará la
seguridad jurídica, producto del irrestricto respeto de la
ley penal, al Derecho al Estado de Inocente y al Principio de
Culpabilidad, que deben ser observados a favor de todo
imputado al momento de proferirse una sentencia definitiva.
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XIX.-RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DEL ACUSADO LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS ARGUYENDO
FUNDAMENTALMENTE QUE DADOS LOS HECHOS DECLRADOS PROBADOS EN
LA SENTENCIA, NO ES POSIBLE SUBSUMIR EL DELITO DE ABUSO DE
AUTORIDAD QUE SE ATRIBUYE AL ENCAUSADO, DE TAL MANERA QUE EL
JUZGADOR HA INFRINGIDO EL ARTÍCULO 349 No. 2) DEL CODIGO
PENAL, EN RELACION CON LOS ARTICULOS 5 No. 15) DE LA LEY DE
REHABILITACION DEL DELINCUENTE Y 13 PÁRRAFO SEGUNDO DEL
CODIGO PENAL.
Argumenta el recurrente que los preceptos que se invocan como
infringidos por aplicación indebida son los artículos 349.2
del Código Penal, en relación con el artículo 5 No. 15) de
la Ley de Rehabilitación del Delincuente y el Art. 13,
párrafo segundo, del Código Penal, en virtud que se ha
condenado al señor LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS por haber
ordenado el traslado de reos pandilleros de la penitenciaría
Nacional y el Centro Femenino de Adaptación Social a diversos
centros penales sin haberse realizado una distinción entre
condenados y procesados. No obstante alega que el A Quo debió
aplicar el Art. 5.15 de le Ley de Rehabilitación del
Delincuente y no el Art. 41 del Código Penal por ser la
primera una norma penal mas favorable al acusado. El Censor
estima que el Art. 5 No. 15) de la Ley de Rehabilitación del
Delincuente es la norma penal más flexible en tanto que
faculta al Poder Ejecutivo para efectuar traslados de reos
condenados a la pena de reclusión de cualquier cárcel a la
Penitenciaría, y exigir menos requisitos al prever la
facultad de movilizar a los reos sentenciados de un
establecimiento penitenciario a otro, sin hacer consideración
a la calidad de estos. Reclama que el Juzgador debió aplicar
con efecto retroactivo la ley penal mas favorable al acusado,
contenida en el decreto Ejecutivo 004-2005, que concede
categoría de Penitenciaría Nacional a la Granja Penal de El
Porvenir. Arguye asimismo, que el hecho de que el acusado
haya solicitado y ejecutado el traslado de “privados de
libertad” de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto
hacia La Granja Penal de El Porvenir, no comporta la
violación de la ley y por ende la comisión del delito de
abuso de autoridad, amén de que el artículo 41 del Código
penal dispone que el Poder Ejecutivo puede trasladar reos
sentenciados por razones de mayor seguridad o por cualquier
otro motivo. Finalmente el recurrente alega que el imputado
en ningún momento actuó a título de dolo, pues de los hechos
probados no se infiere que el acusado tuviere conocimiento de
la situación particular de cada privado de libertad,
concretamente si su responsabilidad penal había o no sido
declarada y decretada en sentencia firme. Esta Sala de lo
Penal considera importante recordar, que a través del recurso
de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una
revaloración jurídica del material fáctico descrito en la
sentencia, contenido en la formulación de hechos probados
realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del
tradicional recurso de apelación, propio del anterior
sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del
Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como
jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente
admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice
Recurso de Casación No. 400-2008
120
un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto,
o sea una revisión jurídica de los hechos declarados
probados. El recurso de casación por infracción de ley tiene
por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la
interpretación que de la ley hagan los Tribunales de
Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos
establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la
norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la
consideración puramente jurídica. En este sentido, el recurso
de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir
su alegación, de los hechos probados que contenga la
resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia
consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la
parte resolutiva de la sentencia, es incompatible,
irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la
narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que
resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar,
se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las
normas que deben aplicarse al caso concreto pero el Juzgador
hace una incorrecta interpretación de las mismas. Precisados
los límites en los que puede desenvolverse la función
revisora de esta Sala cuando del recurso de casación por
infracción de ley se trate, ahora es pertinente que
indiquemos cuales son los elementos objetivos y subjetivos
del delito de ABUSO DE AUTORIDAD que se atribuye al imputado
LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS. En el caso que ahora nos ocupa, se
imputa al encartado antes mencionado la comisión del delito
de ABUSO DE AUTORIDAD tipificado en el artículo 349 No. 2)
del Código Penal que se describe como la acción del
funcionario o empleado público que “dicte o ejecute órdenes,
sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos
contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o
se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos
ordenamientos jurídicos”. Para llevar a cabo una correcta
interpretación de la norma contenida en el artículo aludido
[349 No. 2) C.P.] es conveniente determinar cuál es el
alcance o el sentido otorgado a la palabra “abuso”. Al
respecto, cabe recordar las palabras de CARRARA, para quien
ese término contempla en sí mismo dos significados diversos
sumamente diferentes, denominándose a uno de ellos “sentido
ontológico” y al otro “sentido jurídico”. “En sentido
ontológico se abusa de una cosa siempre que se emplea para un
servicio diverso de su destino natural. En sentido jurídico
se abusa de una cosa aunque se la emplee según su destino, si
esto se hace de modo ilícito o por fines ilícitos” ( vid.
CARRARA, FRANCESCO; Programa de Derecho Criminal-Parte
Especial, volumen V, Temis-Depalma, 1977, &2514, p. 58),
añadiendo que “puede abusarse de la autoridad en sentido
ontológico cuando se usa de un poder público traspasando los
límites que el cargo concede, y a pesar de esto puede no
cometerse delito, es decir, no haberse abusado en sentido
jurídico, por no ser criminosos ni el fin ni los medios… .En
cambio, puede no haber abuso en sentido ontológico porque la
autoridad concedida se ejerce dentro de los límites del poder
respectivo, y sin embargo hay abuso de autoridad en sentido
jurídico por la maldad del fin o de los medios” (ob. cit. pp.
58/59). A idéntica conclusión arriba SEBASTIAN SOLER, cuando
señala que “…es preciso señalar el límite mínimo, lo que
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separa el abuso de autoridad de la simple irregularidad
funcional que determina a veces la revocación de la medida y
a veces una corrección disciplinaria. Este límite mínimo está
señalado por esa maliciosa suposición, por ese modo de obrar
in fraudem legis. Solamente discerniendo que el presupuesto
del abuso es una falsedad se comprende el delito en todos sus
aspectos, porque no existe falsedad inconsciente: lo inexacto
se transforma en falso sólo cuando a él se agrega el
conocimiento, de la inexactitud” (Vid. Derecho penal
argentino, t. V, tea, Buenos Aires, 1978, p. 139)”. “Por su
parte, CREUS sostiene que no es exacto exigir para su
configuración una determinada forma de malicia, sin embargo
afirma que este tipo penal sólo se configura con dolo
directo, en virtud de que además de requerirse el
conocimiento por parte del autor de la oposición a la ley, la
resolución o la orden; en su aspecto volitivo el agente debe
querer oponerse a la ley, desconociéndola, pues quedan
descartados aquellos supuestos de aplicación incorrecta de la
ley por una interpretación errónea (cfr. CREUS, CARLOS;
Derecho penal- Parte especial, Tomo 2, Astrea, 5° edición
actualizada, 1° reimpresión, Buenos Aires, 1996, p. 260)”.
“En el mismo sentido, DONNA refiere que uno de los requisitos
esenciales que debe contener este tipo penal es la existencia
de dolo directo, pues para su configuración resulta
indispensable la existencia del propósito de violentar la ley
de modo tal de menoscabarla mediante el empleo abusivo de la
autoridad. En otros términos “…el autor debe conocer la
ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan,
transmiten o ejecutan y debe tener la voluntad de dictarlas,
ejecutarlas o abstenerse de cumplirlas, según los supuestos
de que se trate” (vid. DONNA, EDGARDO ALBERTO: Delitos contra
la Administración Pública, Colección Autores de Derecho
Penal, Rubinzal Culzoni, 2° edición actualizada, 2008, p.
190)”. “Por consiguiente, el interés se concentra en los
supuestos en que el suceso consiste realmente en un abuso,
esto es, “en el uso incorrecto, arbitrario e improcedente de
una facultad jurídica” (Soler, Sebastián; ob. cit., p. 138)”.
“Es decir, la expresión “acto arbitrario” puede interpretarse
correctamente sólo si se toman en consideración su sentido
objetivo y subjetivo, pues sólo podrá afirmarse que hay
“abuso” o “arbitrariedad” allí donde el funcionario de que se
trate disponga de poderes discrecionales y los emplee
maliciosamente con un fin diverso a aquél perseguido por la
ley”. “Resulta absolutamente irrelevante cuál sea la suerte
que corra una resolución cuyo origen ha sido subjetivamente
honesto, pues no adquiere el carácter de arbitrario por el
mero hecho de que con posterioridad sea declarada su
ilegalidad objetiva. A su vez, el funcionario que incurre en
un error de derecho no comete abuso, en tanto aun cuando
pueda afirmarse la existencia de ese error, no podrá decirse
que hay falsedad, mentira y, en consecuencia, malicia”. “En
palabras de Soler, “…en ningún caso se castigará la buena fe”
(ob. cit., p. 140)”. En el caso bajo examen, el Tribunal
sentenciador considera que el encartado LUIS BELTRAN ARIAS
RAMOS es responsable de un delito de ABUSO DE AUTORIDAD ya
que en su condición de Director General de Servicios
Especiales Preventivos de la Policía Nacional, dictó ordenes
contrarias a la ley, cuando en fecha 5 de febrero de 2003
Recurso de Casación No. 400-2008
122
dispuso el traslado de doscientos cuatro (204) internos (as)
de la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” y del
CEFAS, a otros centros penales del país, sin la existencia de
un estado de emergencia y sin hacer distinción entre
procesados y condenados. El Tribunal A Quo también arguye que
el imputado cometió el delito relacionado, en tanto en cuanto
que ordenó los traslados de mérito sin verificar previamente
las condiciones de seguridad en los centros penales
receptores, en particular de la Granja Penal del Porvenir, y
sin informar previa o simultáneamente de la operación al
Poder Judicial. El Tribunal de Sentencia añade que si bien es
cierto que no ha sido un elemento a tomar en cuenta para
formular el reproche penal del acusado; si censura el hecho
de que éste último conociendo la existencia de los llamados
reos rondines en los centros carcelarios del país, -figura no
prevista en la legislación penitenciaria, pero en la práctica
autorizados por las autoridades penitenciarias para ejercer
funciones disciplinarias utilizando toletes o palos, en una
posición de privilegio y de franca desigualdad respecto a los
demás internos-, no hiciera nada para erradicar dicha
práctica. El Juzgador señala que el argumento central
esgrimido por el acusado para ordenar los traslados fue la
situación de grave inseguridad que para la vida e integridad
física de los pandilleros existía en la Penitenciaría
Nacional Marco Aurelio Soto, presupuesto que no concurría,
pues al contrario de lo afirmado por el señor LUIS BELTRAN
ARIAS RAMOS, no se produjo hallazgo alguno de explosivos
antes de efectuarse los desplazamientos de reos pandilleros a
otros centros carcelarios del país, sino que el mismo se
produjo posteriormente, añadiendo que si bien es cierto que
para el mes de febrero de dos mil tres era necesario tomar
medidas preventivas en la Penitenciaría Nacional Marco
Aurelio Soto, el imputado ARIAS RAMOS contaba con otros
medios ya que pudo haber solicitado la intervención de
elementos armados adicionales, esto es, la de miembros de la
policía nacional. (vid. Folios 5231 y 5241 del Tomo No. XIX).
La legislación hondureña en lo que concierne al traslado de
internos de un centro carcelario a otro es sumamente escueta.
El artículo 41 del Código Penal, vigente a partir del 12 de
marzo de 1985 establece que “El Poder Ejecutivo siempre que
lo crea conveniente por razón de la mayor seguridad o por
cualquier otro motivo podrá, con conocimiento de la Corte
Suprema de Justicia, disponer que se traslade a una
penitenciaría a los reos sentenciados a pena de reclusión,
que estén cumpliendo sus condenas en otras cárceles”. Por su
parte y en similares términos, el artículo 5 No. 15) de la
Ley de Rehabilitación del Delincuente que entrara en vigor el
13 de marzo de 1985, prevé que entre otras atribuciones, la
Dirección General de Establecimientos Penales tiene la de
“ordenar los traslados a los establecimientos penitenciarios
de los reos sentenciados a a la pena de reclusión, que estén
cumpliendo condenas en otras cárceles, siempre que el Poder
Ejecutivo lo estime conveniente con conocimiento de la Corte
Suprema de Justicia.”. Expuesto lo anterior, cabe señalar que
en los artículos 66 de la Ley Orgánica de la Policía
Nacional37 que se encontraba vigente al momento en que se
37 Publicada en el Diario Oficial La Gaceta, en su edición No. 28617 del
Recurso de Casación No. 400-2008
123
produjeron los hechos objeto de juzgamiento, se confiere a la
Dirección General de Servicios Especiales Preventivos, de la
cual era titular el acusado LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS, la
responsabilidad de atender la seguridad, administración y
custodia de los establecimientos penales, señalando el
artículo 22 No.3) literal c) que en el cumplimiento de sus
funciones, los miembros de la Policía Nacional tienen el
deber de cuidar y proteger la salud física y mental de las
personas detenidas y sometidas a resguardo. En lo que atañe a
la clasificación de los establecimientos penales, el artículo
12 de la Ley de Rehabilitación del Delincuente expresa que
habrá en la República los siguientes establecimientos
penales: 1) las penitenciarías nacionales, para el
cumplimiento de las penas que excedieren de tres (3) años; 2)
las cárceles departamentales o seccionales, para el
cumplimiento de las penas que no excedieran de tres (3) años,
y 3) las cárceles locales, para el cumplimiento de las penas
de prisión38. En lo que atañe a los presos preventivos, el
artículo 86 de la Constitución de la República establece que
toda persona sometida a juicio que se encuentre detenida
tiene derecho a permanecer separada de quienes hubieran sido
condenados por sentencia judicial. Por su parte, el artículo
78 de la Ley de Rehabilitación del Delincuente dice que
“anexo a los establecimientos penales, aunque
convenientemente separados de ellos, habrá uno o más
departamentos preventivos destinados a recibir a los
detenidos o procesados”. Un análisis sistemático de las
normas antes relacionadas nos permite concluir que al tenor
de lo previsto en la legislación penal y penitenciaria que
entrara en vigencia hace más de veinticinco años, las
penitenciarías nacionales son los centros carcelarios donde
deben cumplirse las penas superiores a los tres años de
reclusión, en tanto que las cárceles departamentales y
seccionales están destinadas al cumplimiento de penas menos
graves, es decir de aquellas que no excedan a los tres años
de reclusión. De ello se deriva que las condiciones de
seguridad y restricciones de los derechos fundamentales de
los reclusos se prevea que sean mayores en las penitenciarías
nacionales dada la mayor gravedad de las penas que deben
cumplir los condenados internos en ellas. Por otro lado,
también se desprende que la legislación de mérito no prevé la
existencia de establecimientos especiales para la custodia de
reos preventivos, de tal manera que ello no impide que estos
puedan ser internados en cualquier establecimiento
carcelario, sea este una penitenciaría o una cárcel
departamental o seccional, siempre y cuando se encuentren
separados de los condenados. Por otro lado, cabe destacar que
nuestra legislación guarda silencio en torno a la posibilidad
de que los reos preventivos puedan ser trasladados del centro
18 de julio de 1998. 38 Vid. además el artículo 40 del Código Penal y el Decreto Ejecutivo No.
004.-2005 del 20 de mayo de 2005 que con el propósito de ―tomar medidas
para la reorganización del sistema penitenciario nacional‖ designa a la
Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto como un establecimiento de
―máxima seguridad para los efectos del cumplimiento de penas privativas
de libertad‖, al mismo tiempo que confiere la categoría de Penitenciarías
Nacionales a las Granjas Penales de Comayagua, El Porvenir, Danlí, Santa
Rosa de Copán, Presidios Departamentales de San Pedro Sula, Choluteca,
Lempira, La Paz y el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS).
Recurso de Casación No. 400-2008
124
carcelario donde se encuentren a otro. Volviendo el juicio de
reproche que el Tribunal de Sentencia hace al acusado RAMOS
ARIAS, se le achaca a éste la inobservancia de la ley cuando
ordenó el traslado de doscientos cuatro reos pandilleros (as)
que se encontraban recluidos en la Penitenciaria Nacional
Marco Aurelio Soto y en CEFAS a otros centros carcelarios del
país, sin que existiera la situación de grave peligro para la
seguridad de la vida e integridad de tales internos aducida
por aquel. Como lo expresáramos líneas arriba, tratándose del
recurso de casación por infracción de ley, al Tribunal de
Casación únicamente le corresponde verificar si a partir de
los hechos declarados probados es posible subsumir la
conducta delictiva que se le atribuye al imputado. Un examen
detenido del relato fáctico contenido en la sentencia, revela
que al momento de se produjeron los hechos que se atribuyen
al acusado ARIAS RAMOS este se desempeñaba como Director
General de los Servicios Especiales Preventivos y que por lo
tanto era responsable de atender a la seguridad,
administración y custodia de los establecimientos penales en
el país. Por otro lado también se desprende, que el encartado
solicitó autorización al entonces Secretario de Estado en los
Despachos de Seguridad, OSCAR ALVAREZ GUERRERO, para efectuar
los traslados tantas veces referidos, alto funcionario del
Poder Ejecutivo que no puso objeción alguna a los mismos,
limitándose a indicarle que procediera de conformidad con la
ley39. De igual manera en los hechos probados se consigna que
varios meses antes de que se ordenaran los traslados, los
reos comunes denominados “paisas” agredían verbalmente a los
reos pandilleros recluidos en el módulo de “Casa Blanca”,
tirándoles orines y excremento humano, cada vez que tenían
oportunidad, implementando las autoridades penitenciarias el
uso de áreas comunes del recinto por turnos, dándose la
circunstancia de que los internos pandilleros se encontraban
concentrados y encerrados en la celda No. 17, ubicada en la
planta baja del referido módulo, completamente separados del
resto de los privados de libertad; de tal manera que el
espacio físico en donde se les había confinado estaba
dividido por barrotes cubiertos con láminas de zinc para
evitar el acceso visual desde otras celdas40. En el relato
fáctico se establece que el procesado ARIAS RAMOS ordenó los
traslados de doscientos cuatro pandilleros: 198 varones
recluidos en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto y 6
mujeres internas en el Centro Femenino de Adaptación Social
(CEFAS), aduciendo motivos de seguridad por estimar que
existía el peligro racional y fundado de que el resto de la
población penitenciaria atentara contra su vida e integridad
corporal así como también la de los familiares que les
visitaban41. Con respecto a las internas pandilleras del sexo
femenino dadas las relaciones de afinidad existentes con los
reclusos varones recluidos en la penitenciaría Marco Aurelio
Soto, se estaba generando una situación de intranquilidad y
un clima de agresividad, presupuestos en virtud de los cuales
según expone la Defensa del acusado, se procedió al traslado
de seis reclusas a otros centros carcelarios del país. En la
39
Vid. el hecho probado Tercero. 40
Vid. el hecho probado Primero. 41
Vid. el hecho probado Tercero.
Recurso de Casación No. 400-2008
125
fundamentación fáctica de la sentencia se expresa que el
acusado ARIAS RAMOS, tras el requerimiento que le formulara
la Fiscalía de Derechos Humanos en fecha 7 de febrero de 2003
para que informara sobre los traslados, solicitó la presencia
del escuadrón antibombas de la Policía Nacional a quienes
entregó varios granadas y otros artefactos explosivos
afirmando que los mismos habían sido encontrados al interior
de la Penitenciaría Nacional, así como también se consigna
que en fechas 10 y 11 de febrero del mismo año, remitió a la
referida Fiscalía Especial y a la Corte Suprema de Justicia
informes sobre los traslados en los que argumentó que los
mismos se realizaron fundamentalmente por razones de
seguridad, añadiendo que en un registro previo se les había
decomisado a los internos de la pandilla “18” dos granadas de
fragmentación, un fulminante con su respectiva mecha y una
cantidad de TNT42. Expuesto lo anterior cabe ahora que
volvamos sobre el punto que concierne al régimen legal de los
traslados de reos de conformidad a la legislación hondureña.
Como antes lo dijimos, los artículos 5 No. 15) de la Ley de
Rehabilitación del Delincuente y 41 del Código Penal facultan
al Poder Ejecutivo, para el traslado de internos, por motivos
de seguridad u otros, (debe entenderse que en uno u otro caso
deben ser razonables y por lo tanto no arbitrarios)tratándose
de aquellos que purgan condenas en cárceles departamentales y
seccionales a Penitenciarías Nacionales. El traslado de reos
de un centro carcelario a otro es una cuestión que reviste
cierta complejidad. Es de tener en cuenta que en determinadas
circunstancias un traslado puede afectar ciertos intereses
legítimos del interno, en tanto que en otras puede ser de su
beneficio. Así por ejemplo, el traslado puede comportar un
acercamiento al núcleo familiar del recluso, el acceso a
tratamientos médicos especializados a los que no puede
acceder con facilidad sino es en la zona donde se encuentra
el centro carcelario receptor, la posibilidad de acceder a
estudios superiores, la mejora en las condiciones carcelarias
en el centro receptor, cuando las que reúne el
establecimiento de origen son inferiores, la prevención de
posibles riesgos para su vida e integridad corporal, etc…,
pero al mismo tiempo tal movilización puede comportar una
merma en su derecho de acceso a la justicia, y con ello de la
garantía fundamental del debido proceso, sea que se trate en
la fase de juzgamiento o de ejecución, tomando en cuenta que
por regla general los reos son juzgados y se encuentran
recluidos en el establecimiento carcelario ubicado en el
ámbito territorial donde ejercen su competencia los órganos
jurisdiccionales llamados a conocer los hechos objeto de
procesamiento. De este modo podemos afirmar que en principio
el traslado de internos de un centro carcelario a otro,
solamente será procedente cuando se trata de reos condenados
por sentencia firme que estando cumpliendo penas en una
cárcel departamental o seccional, es decir con una duración
no superior a los tres años de reclusión, por razones de
seguridad o u otras que sean justificadas se hace necesario
su conducción o transferencia a una penitenciaria nacional,
centros que están destinados para purgar penas superiores a
los tres años de reclusión, de ahí que excepcionalmente y
42
Vid. hecho probado Quinto.
Recurso de Casación No. 400-2008
126
solamente cuando se trate de salvaguardar intereses y
derechos de los reclusos, sean estos preventivos o
condenados, será justificable el traslado de los mismos. Y es
que pese al silencio que sobre esta cuestión guarda la ley,
el mismo ordenamiento jurídico impone a las autoridades
policiales que ejercen funciones penitenciarias la protección
de la integridad física y mental de las personas detenidas y
en general las de cualquier persona, de tal manera que habrá
que analizar las circunstancias concretas y particulares de
cada caso para ponderar sí la transferencia de un centro
carcelario a otro, resulta justificado o por lo contrario el
mismo ha de ser tachado como arbitrario. De los hechos
declarados probados por el Tribunal de Sentencia se desprende
sin dificultad que desde hacía varios meses anteriores a la
fecha en que se ordenaron los traslados, las relaciones entre
la población de reos pandilleros y los presos comunes a lo
interno de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto eran
evidentemente inamistosas y cargadas de una gran tensión,
teniendo en cuenta que desde las áreas ocupados por la
mayoría de los reclusos denominados paisas se proferían
constantes “agresiones verbales” es decir, frecuentes
amenazas, y se lanzaban orina y heces fecales, añadiendo a
ello la circunstancia de que las áreas comunes del
establecimiento no eran compartidas de forma conjunta dadas
las tirantes relaciones, lo que obligó a fijar turnos para su
uso. Si a esto añadimos que de los hechos probados no se
desprende que el hallazgo de granadas de fragmentación y
otras sustancias explosivas en eL interior de la penitenciara
nacional fuera un “montaje” de las autoridades, un espectador
objetivo e imparcial, situado ex ante, no vería como
irracional o arbitrario el traslado de los reos pandilleros,
fueran estos preventivos o condenados, a otros centros
carcelarios del país, tratándose como se desprende de los
antecedentes antes referidos de salvaguardar la vida e
integridad física de aquellos y de sus familiares, aunque con
ello se afectaran otros intereses jurídicos de menor rango.
Otra situación es que la medida, en lo que se refiere a los
treinta reos pandilleros, de un total de doscientos cuatro,
no resultara eficaz, en virtud de los acontecimientos que se
dieran posteriormente en la Granja Penal del Porvenir, pero
esta es una circunstancia que no resultaba razonablemente
previsible para el encartado. Otro aspecto a considerar es
que como antes lo expresamos, la potestad de ordenar el
traslado de reos de un centro carcelario a otro corresponde a
las autoridades penitenciaras, de tal manera que la
notificación que la ley ordena que se haga a la Corte Suprema
de Justicia como órgano superior del Poder Judicial, es
precisamente para que a través de su conducto los órganos
jurisdiccionales que conozcan de los respectivos procesos,
sea en la fase de juzgamiento o ejecución tengan conocimiento
de la ubicación de los internos para todos los efectos
legales. En el caso bajo examen de los hechos probados se
desprende que tal comunicación se produjo pocos días después
de haberse ordenado los traslados por lo que no se aprecia un
peligro o perjuicio manifiesto para los fines que la
comunicación referida tiene en orden a satisfacer los
intereses de la Administración de Justicia. De este modo
podemos afirmar, que del relato fáctico de la sentencia
Recurso de Casación No. 400-2008
127
impugnada, no se desprende que el imputado ARIAS RAMOS al
ordenar los traslados tantas veces referidos haya actuado con
el ánimo doloso de infringir el ordenamiento jurídico, por lo
que no concurren los elementos objetivos y subjetivos del
delito de ABUSO DE AUTORIDAD por el que resultara condenado.
Esta Sala de lo Penal considera que en el presente caso se
han puesto en evidencia las endémicas debilidades del sistema
penitenciario nacional, concretamente la no separación de los
reos procesados de los condenados, tal como lo manda el
artículo 86 Constitucional; la delegación de funciones
disciplinarias y administrativas, del personal penitenciario
en “reos de confianza”, llamados Rondines, identificados por
la portación de bastones de madera llamados “toletes”, como
símbolo de fuerza, y que hacen labores de “orden y seguridad”
al interior de los centros penales del país, lo que ha dado
lugar a la formación de un subsistema arbitrario de
aplicación de castigos y privilegios, por parte de reos
privados de libertad que gozan de la “confianza” de las
autoridades penitenciarias en contra de la población de reos
pandilleros, todo al margen de la legalidad, lo cual ha
generado en estos condiciones de discriminación y
marginamiento, sin embargo es el caso de que el Derecho Penal
es la última ratio, de tal manera que sin perjuicio de que el
acusado ARIAS RAMOS pudiera haber incurrido en
responsabilidades de orden administrativo en la conducción
general del sistema penitenciario nacional, solamente cabe
juzgar en esta sede, si la acción concreta de ordenar los
traslados tantas veces referidos, a partir de los hechos
declarados probados, es o no constitutiva de un delito de
abuso de autoridad. Habiendo concluido como antes lo
expresamos que no se derivan del relato fáctico los elementos
objetivos y subjetivos de dicha infracción penal, resulta
procedente declarar con lugar el motivo de casación que por
infracción de ley ha formulado el Apoderado Defensor del
acusado LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS.
XX.- SEGUNDO MOTIVO: Haber incurrido el sentenciador en falta
de observación de las reglas de la sana crítica en la
valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente
motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 362.3
del Código Procesal Penal (en adelante ―CPP‖). EXPLICACIÓN
DEL MOTIVO. Los preceptos penales adjetivos que se invocan
como infringidos por falta de aplicación, prescriben: Art.
202: ―Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana
crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción
valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba
producida‖. Por su parte, el párrafo primero, del Art. 336,
de la misma ley señala: ―El Tribunal, para resolver, sólo
tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante
el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de
acuerdo con las reglas de la sana crítica‖. También, el Art.
338, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena
al Tribunal sentenciador, en el numeral 2), lo siguiente:
―…Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las
pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos,
justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor
que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso,
el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por
Recurso de Casación No. 400-2008
128
presunción a partir de los indicios, igualmente declarados
probados‖. Los hechos probados de una sentencia penal (que
constituyen la verdad a la que el Tribunal cree haber
arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se
plasma en la fundamentación probatoria.- La fundamentación
probatoria se divide en las fases descriptiva e intelectiva;
en la primera (fundamentación probatoria), el Tribunal
describe cada una de las pruebas que dan sustento a su
decisión; en la segunda (fundamentación intelectiva), el
juzgador debe explicar porqué un medio probatorio le merece o
no confiabilidad, y, además, porqué un elemento de prueba le
conduce a una conclusión determinada.- Sobre esta segunda
operación, es que recae el reproche del recurso de casación
por violación a las reglas de la sana crítica de acuerdo con
el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas
reglas que corrigen el correcto entendimiento humano,
constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por
ello el legislador en el artículo 338 del CPP, ubica dentro
de la ―fundamentación del fallo‖ (regla cuarta), la
valoración de la prueba.- Las reglas de la sana crítica
entonces, constituyen la especie dentro del género conocido
como fundamentación. En el sistema de sana crítica racional
que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la
valoración de la prueba, impera la plena libertad de
convencimiento de los Jueces, pero exigiéndoseles que las
conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las
pruebas en que se las apoye.- En este sistema el juzgador no
tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe
consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites:
Las normas que gobiernan la corrección del pensamiento
humano.- En la sana crítica racional, el juzgador logra sus
conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la
eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero
respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es
decir, las normas de la lógica, la psicología y la
experiencia común Dentro de las reglas de la lógica, al que
debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas,
según lo exigen los Arts. 202 y 336 CPP y que recalca el Art.
338, sección cuarta, numeral 2 (―...justificando según las
reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las
practicadas en juicio...‖), aparece la característica,
exigida por ellas, denominada, según FERNANDO DE LA RUA (La
Casación Penal. El Recurso de Casación Penal en el Nuevo
Código Procesal Penal de la Nación), como DERIVADA, según la
cual, la motivación debe respetar el principio de razón
suficiente, para lo cual ―el razonamiento debe estar
constituido por inferencias razonables deducidas de las
pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de
ellas se vayan determinando‖.- Para ello, la motivación debe
ser CONCORDANTE: A cada conclusión afirmada o negada, debe
corresponder convenientemente un elemento de convicción del
cual se pueda inferir aquella. Resulta, que la sentencia que
hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio
grave que atenta con las reglas de la sana crítica a
observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte,
en consecuencia, en la violación de los Artículos
mencionados: ACLARACION PREVIA En base al derecho de defensa
del señor LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS, se solicita a la
Recurso de Casación No. 400-2008
129
Honorable Sala de lo Penal, que este motivo de casación se
estime como subsidiario o secundario al primer motivo de
casación planteado, de tal forma que debe procederse al
estudio o análisis del presente, sólo en el caso en que el
tipo de infracción de ley sea declarado improcedente.- Ello
debido a que el efecto que conlleva dicho motivo es la
absolución del señor ARIAS RAMOS, siendo ésta la aspiración
primordial de esta representación.- Por ello, se solicita a
la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que de
forma primaria o preferente se pronuncie sobre el primer
motivo de casación, y de forma subsidiaria o secundaria
conozca y resuelva el presente. INDICACION DEL VICIO El
Tribunal de Sentencia ha concluido, al analizar la probanza
relacionada al señor LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS, ciertos
extremos: 1. Que el traslado de 204 privados de libertad,
miembros de la mara ―18‖, solicitado y operado por el
imputado, no estaba justificado en un nivel de conflicto que
ameritase el movimiento de dichos internos a diversos centros
penales del país, entre ellos la Granja Penal de El Porvenir;
por ello afirma en la página 110 de la sentencia: ―El acusado
Luis Beltrán Arias Ramos, no tenia motivo justificado para
ordenar el traslado de reos pandilleros y reas pandilleras,
de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto y Centro
Femenino de Adaptación Social a otros Centros Penales del
país, al grado que en un primer momento adujo que era por
motivos de seguridad de los propios trasladados, pero
posteriormente señala que también lo fue por habérsele
encontrado a los trasladados granadas y explosivos en un
registro previo, lo cual es totalmente falso‖. 2. Se
cuestiona el hecho de haberse efectuado el traslado de las
privadas de libertad del CEFAS, por no haber razón para
efectuarlo. 3. Atribuye al señor ARIAS RAMOS, el hecho de
haber efectuado el traslado sin haber distinguido la
condición jurídica de los de los internos, entre reos
condenados o reos procesados con la imposición de la medida
cautelar de prisión preventiva, por lo cual ha entendido, en
la FUNDAMENTACION JURDICA que ello es un aspecto que
representa la infracción al Art. 5.15 de la LRD. 4. A.
Establece que no se había verificado que el Centro Penal del
El Porvenir tenía la capacidad y las condiciones de seguridad
para poder recibir a los reos pandilleros trasladados, con lo
cual se da a entender que con el traslado efectuado, se
incrementó el grado de inseguridad en el mismo. Todos estos
extremos, probados según el Tribunal, inciden en que al señor
LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS se le haya condenado por el delito
de ABUSO DE AUTORIDAD de conformidad al Art. 349.2 del CP,
según lo desarrolla la sentencia en su FUNDAMENTACION
JURIDICA. Para que la condena recaída en él sea legítima,
desde el punto de vista probatorio el Tribunal debió haber
arribado al nivel de conocimiento de la CERTEZA, sobre la
realización de un hecho que encaja en una norma jurídico-
penal; sobre la participación del imputado en su
realización y en la culpabilidad del mismo, único grado de
conocimiento que Constitucionalmente faculta a los órganos de
justicia penal emitir un fallo de condena; de tal forma que
si del resultado de la prueba no se alcanza a la obtención de
ese nivel, sino cualquier otro (probabilidad, duda o
constatación negativa, sobre cualesquiera de esos extremos),
Recurso de Casación No. 400-2008
130
debe absolverse puesto que no se habrá quebrantado el Estado
de Inocente del procesado. El defecto de violación de las
reglas de la sana crítica, en concreto, de lesión al
principio lógico de razón suficiente, resulta, de las
diversas conclusiones probatorias a las que llegó el Tribunal
de Sentencia, y que le condujo a establecer que el imputado
LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS solicitó y ordenó el traslado de
reos que ostentaban la condición de presos preventivos, a
sabiendas de esa calidad; que no había una razón que
justificara, racionalmente ese traslado, y que sabía que en
el caso concreto del Centro Penal de El Porvenir, no habían
condiciones de seguridad suficientes para albergar a los 30
pandilleros traslados.- Veamos qué medios de prueba
contribuyen a establecer que las circunstancias fácticas
expresadas no concurren en el actuar de nuestro representado,
y que paradójicamente la información que brindan a favor del
imputado aparece recogida en la valoración intelectiva de la
sentencia. La necesidad de realizar el traslado de los 204
privados de libertad. 1. Declaración testifical del señor
PABLO GÁLVEZ FÚNEZ, interno de la Penitenciaria Nacional
―Marco Aurelio Soto‖, quien se identificó como uno de los
Cocineros del Modulo Casa Blanca.- Dicho testigo manifiesta,
entre otras cosas que: los pandilleros estaban en el hogar
17, la isla, en Casa Blanca; toda la población dio plazo para
sacar a los mareros, fueron todos los presos privados de
libertad que dijeron que no querían ver a ningún marero; que
el día del traslado los mareros estaban armados, al sacarlos
de las celdas les encontraron las armas en un operativo, que
ellos vieron que le decomisaron granadas; que a él como
cocinero se le prohibió darle comida a los mareros porque si
no ‖lo picaban‖; que vio que los ―paisas‖ estaban
desprendiendo unas laminas para meterse donde estaban los
―18‖; que el problema se calentó mas al escucharse de que se
matara al Teniente MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, que era el de requisa
de Casa Blanca.- Los traslados se efectuaron a partir de las
siete de la noche hasta las doce de la noche. 2. Declaración
del testigo JOSÉ RICARDO MEJÍA VÁSQUEZ, también interno de la
Penitenciaria Nacional ―Marco Aurelio Soto‖, quien relata
que: al ser trasladados los mareros a Casa Blanca, y al
apoyarse a aquellos pandilleros que dejaban de serlo, eso
generó la molestia en el resto de mareros manifestándose en
represalias primero en contra de los ‖peseteados‖, después
contra los ―paisas‖ a quienes les decían que los iban a
pelar; los de la mara molestaban mucho; que después se dio la
pugna entre pesetas y paisas, porque los de la dieciocho no
dejaban de molestar, había un hostigamiento entre uno y
otros.- Agrega que MIGUEL FLORES, que era el coordinador,
platicó con ROQUE que era el alcaide, diciéndole que la
situación estaba muy caliente; después llego VILLAFRANCA que
era el sub director, platico con MIGUEL FLORES y después
llego con NORBERTO GARCÍA, pero en ese momento los ánimos
estaban bien caldeados; que lo único que los dividía a los
reos comunes con los mareros eran unas láminas soldadas, y
los paisas ya estaban empezando a quitar la lámina y estaban
rompiendo un servicio para meterse donde ellos.- Indica que
los mareros tenían armas y granadas; que si no hubieran
sacado esa gente de allí hubiese sido una gran masacre.-
Refiere que el problema se generó porque se les estaban
Recurso de Casación No. 400-2008
131
―peseteando‖ sus miembros y los paisas los recibían, por eso
los mareros estaban enojados. Fue muerto el que hacía las
requisas en un bus y los paisas se dieron cuenta que había
sido La Diabla la que le había dado muerte que es miembro de
la 18 y por eso se les tuvo más odio los paisas. Antes de
Casa Blanca estaban en procesados dos y por darle muerte al
paisa Mario Galindo los trasladaron a Casa Blanca en la
noche. Dice que fueron los paisas los que encontraron la
granada al día siguientes, ellos andaban buscando cosas que
pudiesen haber dejado los mareros. Las encontraron en un hoyo
por en medio de los bloques, hasta para abajo. 3. Declaración
del Policía Penitenciario JUSTO PASTOR ÁVILA ROQUE, asignado
a la Penitenciaria Nacional ―Marco Aurelio Soto‖.- Este
testigo indicó que el día del traslado, 5 de febrero de 2005
(queriendo decir 2003), le reportaron el problema dentro del
módulo de Casa Blanca conduciéndose con HÉCTOR VILLAFRANCA
DELGADO; que entraron donde estaban los 18 y gritaban que los
iban a matar, pero que querían hablar con GARCÍA (el Director
de la Penitenciaría).- Al entrar al módulo miró que un grupo
de paisas habían quitado unas láminas y los ―18‖ estaban
preocupados. La población estaba indignada por haberle dado
muerte al Sub Teniente MARTÍNEZ, se estaba viendo una
situación difícil y el teniente GARCÍA le dieron ―chance‖ de
sacar a la gente hasta las doce de la noche porque si no iban
a entrar donde estaban los ―18‖. Luego, el Director ARIAS
RAMOS, estuvo presente en la penitenciaría para solucionar el
problema. Agrega que se hizo una requisa después de los
traslados, se encontró una barbaridad de machetes y armas
punzo cortantes y en el libro aparece que se encontraron
otras cosas. 4. Declaración del otrora Director de la
Penitenciaria Nacional ―Marco Aurelio Soto‖, RAMÓN NORBERTO
GARCÍA TORRES, quien de forma relevante declara: Que en
febrero de 2003 el Sub. Director el teniente VILLAFRANCA le
informó de una situación grave en el modulo de Casa Blanca;
que encontró un problema consistente en que la población
penitenciaria ―paisas‖ estaba tratando de introducirse al
hogar 17 donde estaban los miembros de la mara ―18‖, habiendo
desprendido parte de la división. Dice que habló con la
población y estaban furiosos con los mareros y escuchó que
no les iban permitir alimentos y visitas, por lo cual
informó, vía teléfono, al Director General ARIAS RAMOS, quien
envió al capitán VELÁSQUEZ LANZA; en vista que los paisas
estaban solicitando hablar con alguien superior; dicho
funcionario se personó para ver el problema, y los privados
de libertad se negaron a hablar con él, diciendo que querían
hablar con ARIAS RAMOS.- Este se hizo presente donde ocurría
el problema, se reunió con todos los coordinadores de todos
los módulos, ya no sólo en Casa Blanca sino de todo el centro
penal, solicitándole que sacara a los miembros de la mara
―18‖ porque sino morirían todos los miembros de la mara 18 y
tendrían que alistar los contenedores para los muertos; ante
ello, ARIAS RAMOS se entrevistó con el Ministro de Seguridad
para plantearle la situación, procediéndose luego a la
organización de los traslados, que comenzaron a efectuarse a
partir de las siete de la noche.- Agrega que después de los
traslados se procedió a realizar un operativo con los
policías penitenciarios en el lugar donde estaban ellos y se
encontró una granada, pólvora y mecha lenta.- Refiere que el
Recurso de Casación No. 400-2008
132
problema ocurría en la planta baja, donde están las celdas de
la mara ―18‖; se trataba de una celda forrada con barrotes y
láminas de zinc y los paisas ya habían quitado las láminas.
Termina diciendo que al Teniente JOSE SANTOS MARTINEZ, un día
antes por la tarde lo había matado la mara ―18‖ y eso fue lo
que indignó a la población penitenciaria.‖. 5. Testigo MARIO
ENRIQUE VELÁSQUEZ, funcionario de la Dirección General de
Servicios Especiales Preventivos, quien expresa que el 5 de
febrero le habló el Director General, por la mañana y le
explicó que había un problema en la Penitenciaría Nacional,
por lo cual se condujo a ese centro con el oficial HÉCTOR
VILLAFRANCA; que al llegar a Casa Blanca se dirigió al lugar
de los pandilleros y ellos le dijeron que estaban amenazados
a muerte, que temían por sus vidas y que no había otra que
afrontar la situación, por lo que tenían miedo de que los
pudieran envenenar en los alimentos.- Al hablar con los
paisas le manifestaron que lo ideal era platicar con el
Director General. Ellos dijeron que solo había una salida,
porque era la única oportunidad de asesinar a los mareros.
Una de las consignas que decían los paisas eran: ―Pelones
hoy los pelamos, hoy las pagan‖. Es por eso que volvió a
donde los mareros a darles ánimo, para pedirles calma. Antes
del medio día fue a donde el Director General a realizar la
recomendación de trasladar a los mareros. Agrega que él hizo
la recomendación de que se trasladaran porque de lo contrario
hubiesen habido 200 a 300 muertos para el siguiente día. 6.
El testigo REYES ERNESTO VÁSQUEZ GÁMEZ, reo pandillero que
fue trasladado desde la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio
Soto, a la Granja Penal de El Porvenir.- El deponente indica
que los trasladaron (a los pandilleros de la mara 18) a Casa
Blanca y estuvimos 8 meses sin salir del cuarto. En Casa
Blanca les decían que los iban a matar, a picar, solo
amenazas se escuchaban allí. A los ocho meses los trasladaron
de estar en Casa Blanca. No se porque nos trasladan. Los
traslados fueron a las nueve de la noche.- Agrega que fue
trasladado a Casa Blanca por la muerte del coordinador y
porque se escuchaba que los iban a ir a sacar ―para
picarnos‖; que en Casa Blanca sentía amenazada su vida, les
decían que los iban a matar, que nos iban a quemar como pollo
asado. 7. Esa situación de apremio y de amenazas, es revelada
también por el testigo JUAN JOSÉ CASTRO MIRANDA, reo
pandillero, trasladado desde la Penitenciaria Nacional Marco
Aurelio Soto hasta la granja Penal de El Porvenir.- Ese
ratifica lo indicado por el testigo anterior, en el sentido
de mencionar que: Los líderes de la pandilla 18 mataron al
señor MARIO GALINDO, y por eso los trasladan a Casa Blanca,
siendo esa la razón por la cual toda la prisión estaba en
contra de los pandilleros; que los paisas estaban rompiendo
la terraza y las paredes para meterse donde ellos.- Dice que
fueron transferidos a Casa Blanca por protección de todo el
penal que estaba en contra de ellos. 8. Oficio SSDGSEP-049-
2003, emitido por el señor LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS y
dirigido al Señor OSCAR ARTURO ÁLVAREZ GUERRERO, en su
calidad de Ministro de la Secretaria de Seguridad (Folio 774,
tomo IV del Expediente).- En él solicita autorización de
traslado de 204 pandilleros a otros centro del país,
indicando que es por motivo de seguridad, al tenerse
información que la otra población penitenciaria, conocidos
Recurso de Casación No. 400-2008
133
como paisas, quieren ultimar a los reos pandilleros, motivado
esto en parte por haberse dado muerte al Sub teniente JOSÉ
SANTOS MARTÍNEZ MUÑOZ.- Vemos que la circunstancia expresada
en el mismo proviene de toda la información brindada por los
testigos que refieren la manera apremiante en que se
encontraban los mareros de la pandilla 18, quienes se
encontraban amenazados en su vida por los reos asignados al
pabellón Casa Blanca, con lo cual el traslado tenía como
propósito evitar una inminente tragedia. 9. La situación de
inseguridad que persistía en ese momento, es ratificada por
el informe especial del Escuadrón Anti Bombas, de fecha 15 de
Febrero de 2003 (Folio 795 y 796, tomo IV del Expediente), el
cual fue ratificado en juicio por el Señor DARWIN ÁLVAREZ
ORTEZ.- El documento expresa que el 7 de Febrero de ese mismo
año, se recibió una llamada del Teniente Coronel de
Infantería MARCO ANTONIO LEIVA, informando sobre hallazgo de
aparatos explosivos en la Penitenciaría Nacional. Agrega que
a las 16:20 horas, el Señor DARWIN ÁLVAREZ ORTEZ, se dirigió
al lugar, identificando los aparatos explosivos en la oficina
del Señor LUIS BELTRÁN ARIAS RAMOS, donde se encontró: a. Una
granada M16, fabricación norteamericana, peso 1 libra. De 15
a 25 metros radio de acción. b. Una granada FMK2, fabricación
argentina; de 15 metros de radio de acción. c. Una pasta
Explosiva, sin que se le pueda conocer el nombre por haberse
desprendido el empaque. d. Una cápsula detonante M7, tipo
comercial, adherida un pedazo de mecha comercial, con retardo
de 12 segundos. El ratificante además agregó, que fue a
recoger los explosivos en la oficina del señor LUIS BELTRAN
ARIAS RAMOS, quien le informó que dichos aparatos se habían
encontrado en una celda.- Menciona que no sabe quién encontró
los explosivos, pero se le dijo que en el interior de la
penitenciaria. 10. El hallazgo de esas municiones en el lugar
que dejaron los mareros en Casa Blanca, luego de su traslado,
aparece también consignado en el oficio SS-DGSEP-054-2003,
dirigido por el imputado a la Fiscal Especial de Derechos
Humanos AIDA ESTELA ROMERO (Folio 787 al 791, tomo IV del
Expediente), como también en el oficio SS-DGSEP-060-2003,
dirigido por él a la Presidenta de la Corte Suprema de
Justicia, con lo cual la existencia de esos hallazgos resulta
probada. 11. En relación al CEFAS, la testigo PERSYS DAYAN
ZALDÍVAR ORDÓÑEZ, quien para el 5 de febrero se desempeñaba
como Directora de dicho centro, depuso: Que la reos miembros
de la mara 18 eran las más violentas y se estaban
insubordinando por lo que la situación se estaba
descontrolando, situación que le fue reportaba al comisionado
ARIAS.- Dice que las mareras 18 estaban muy violentas con las
pesetas y las paisas; el comisionado le sugirió que las
separara de la población.- Luego, trataron de hacer un conato
de incendio y como no tenían suficiente personal, fueron a
evacuarlas y empezaron a agredir a la policía.- Al día
siguiente llegaron ―los de los derechos humanos‖ y ellos me
recomendaron trasladarlas.- Ellas recibían órdenes de los
esposos, muchos de ellos mareros y presos en la Penitenciaría
Nacional. Los traslados se hicieron ese día aprovechando el
traslado de los hombres, a falta de logística. Cree que fue
ella la encargada de hacer la distribución de las mareras
para los traslados. Menciona no recordar la situación
jurídica de las personas trasladadas.- Coincidente con la
Recurso de Casación No. 400-2008
134
testigo, LILIAN MARIA ROBLES ZELAYA, quien fungía como
Policía Penitenciaria, encargada de la Seguridad en el CEFAS
para el 5 de Febrero de 2003, declaró que: Cuando llegó, la
población penitenciaria estaba dividida e intranquila; las
mareras estaban dando problemas por lo cual le dijo a la
Directora que necesitaban más personal; que las internas
pertenecientes a la mara eran violentas e incluso agredieron
a la directora PERSYS ZALDÍVAR, por lo cual pidió más
refuerzos; que se aprovecho el vehículo de transporte de la
Penitenciaria Nacional para trasladar a las mareras. No se
enteró de la condición jurídica de las mareras trasladadas.
12. Y si lo anterior no bastara, también el Tribunal tuvo la
oportunidad de escuchar, sobre este punto la versión del
propio imputado (Pág. 374 del Acta de Debate), en la que
indica y ratifica que el traslado de los pandilleros hacia
los distintos centros penales del país se dio porque se vivía
una amenaza latente los pandilleros y la población
penitenciaria esa fecha 5 de febrero el vivió esa crisis, la
vivió la percibió, se habló con los coordinadores, ellos
fueron claros y contundentes a parte del personal asesor que
él tenía; él vivió los hechos, vivió la situación hostil
entre ambas poblaciones, los gritos la amenaza permanente él
los vivió, y viendo la situación no le quedó otro recurso de
hacer preparativos; consultó a los diferentes centros penales
para que le recibieran cierto números de pandilleros; se
elaboró la solicitud de traslados al señor Ministro de
Seguridad, quien le dijo que procediera; lo que trataba de
evitar con la decisión era un enfrentamiento armado por todos
los grupos.- Agrega que eso era indescriptible, sólo viviendo
el momento uno lo puede sentir; de haberse dado un
enfrentamiento hubiese sido peor, por lo cual se siente bien
en su conciencia porque fue una decisión bastante acertada,
por esas razones se considera inocente. De toda esta prueba
referida, se aprecia, efectuando la relación conjunta y
armónica que exige la normativa procesal penal (Art. 202),
que sin lugar a dudas en la Penitenciaría Nacional se vivía
una situación de peligro en relación a los miembros de la
pandilla 18 que habían sido trasladados, por razones de
seguridad al módulo de Casa Blanca.- Es elocuente y palpable
como internos pertenecientes a esa pandilla, como aquellos
que residían en Casa Blanca y que no eran mareros, y
funcionarios penitenciarios, coinciden en declarar que los
mareros afrontaban una situación de amenazas en sus vidas,
puesto que los reos ―paisas‖, es decir aquellos que no eran
mareros, decían que los iban a ―picar‖ y a ―pelar‖, por lo
cual ya habían comenzado a desmantelar las láminas que
separaban a los pandilleros de los demás internos en ese
módulo para ingresar al lugar donde se encontraban, y ello
con la única intención de enfrentarse a ellos y acabar con
sus vidas.- Esa era la situación que tuvo que confrontar la
autoridad penitenciaria el 5 de febrero de 2003, y a pesar de
la intervención que varios de sus miembros hicieron al
entrevistarse con ambas partes, es decir pandilleros y
paisas, constataron que si no tomaban una decisión, se
generaría un incidente con matices de masacre generalizada,
porque el enfrentamiento entre ambos grupos era inminente.-
De esa forma, se cuestiona absolutamente que el Tribunal
recurrido, no haya DERIVADO de estos medios de prueba la
Recurso de Casación No. 400-2008
135
conclusión uniforme que efectivamente al señor LUIS BELTRAN
ARIAS RAMOS le tocó afrontar, como Director General de
Servicios Especiales Preventivos, tan apremiante situación, y
que, como autoridad encargada de la seguridad de los internos
de los centros penales del país, le correspondía tomar la
decisión ineludible para proteger la vida de los reos
pandilleros de ordenar su traslado, puesto que en la
Penitenciaría Nacional su vida o su integridad corporal
corrían grave riesgo.- Y de los testimonios anteriores se
desprende que hasta un emplazamiento se las había dado por
los propios internos para que ese día tomaran una decisión
inmediata, de lo contrario correría la sangre al día
siguiente, es decir, era inminente el ataque del que serían
víctimas los reos pandilleros.- No es posible, desde el punto
de vista de la aplicación de las reglas de la sana crítica
que el Tribunal recurrido no haya recogido la conclusión
fáctica de que efectivamente existía una grave e inminente
amenaza en las personas de los reos pandilleros albergados en
Casa Blanca, y no haya apreciado también que el imputado
tenía que tomar una decisión para salvaguardar sus vidas, en
cumplimiento de los deberes que su cargo le imponía, cuando
toda la información probatoria referida conduce a establecer
esa conclusión.- Por ello, resulta inaudito que en
cumplimiento de las atribuciones y deberes que la ley le
exigía a imputado, como ser, el Art. 10.3 de la Ley Orgánica
de la Policía Nacional: ―Para el logro de sus objetivos y el
cumplimiento de sus responsabilidades tendrá (la Policía
Nacional) las atribuciones siguientes: 1…; 2…; 3. Proteger la
vida, honra, bienes creencias, derecho y libertades de las
personas y la seguridad de las instituciones públicas y
privadas…‖, y el Art. 52 de la misma ley: ―La Dirección
General de Servicios Especiales preventivos es la responsable
de atender la seguridad, administración y custodia de los
establecimientos penales…‖, el Tribunal de Sentencia no haya
apreciado y concluido que se presentaba una situación que
ameritaba en la persona del Director General proteger la vida
de los internos y la seguridad de la Penitenciaría Nacional,
de lo contrario le haría, precisamente, infringir dichas
disposiciones.- De ello se sigue, que resulta paradójico que
al imputado se le haya condenado, cuando lo que hizo fue
simple y sencillamente dar cumplimiento a la Ley. Si LUIS
BELTRAN ARIAS RAMOS no hubiese actuado solicitando el
traslado de los pandilleros y luego haber dirigido el
traslado de los internos, seguramente hubiese sido acusado
por la falta de decisión y omisión a los mandatos legales
antes vistos, al producirse la tragedia que estaba por
materializarse con la situación imperante en ese momento;
seguramente a él se le hubiese achacado la responsabilidad
penal por el cúmulo de muertes que se producirían ante la
inminente situación de peligro.- El tuvo que ponderar esa
situación, y tomar la decisión que hasta sus propios
subalternos le aconsejaban, ya que se encontraban frente a
una bomba de tiempo que estaba a punto de estallar en la
Penitenciaría Nacional.- Por ello, la solicitud que presenta
ante el Ministro de Seguridad, en 5 de febrero de 2003, y el
traslado que dirige en esa misma fecha, estaba más que
justificado y legitimado por nuestro ordenamiento jurídico,
ya que con esas acciones, él como autoridad fue consecuente
Recurso de Casación No. 400-2008
136
con el deber jurídico de proteger la vida de las personas
cuya existencia corría un riesgo inminente, como al efecto lo
exige la Constitución de la República, al señalar la
obligación estatal de garantizar el Derecho a la Vida de la
persona humana.- Así, por esos superiores intereses, no puede
entenderse, como erróneamente lo interpreta el Tribunal de
Sentencia, que no existía tal situación de peligro que
ameritase la toma de la decisión solicitada y ejecutada por
el imputado y aprobada por el Ministro de Seguridad, ya que
en el contexto referido por la probanza desarrollada, resulta
claro que LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS ―procedió de conformidad
con la Ley‖, tal como se lo autorizó el Licenciado OSCAR
ARTURO ALVAREZ, porque procuró salvaguardar el interés más
preciado por nuestro ordenamiento: la vida de las personas,
que en las condiciones apuntadas por la prueba evacuada, y
con el conocimiento general que tenemos de la situación de
inseguridad que se vive en los centros penitenciarios, de no
actuar, como le fue autorizado, sobre sus propias espaldas
hubiese caído la responsabilidad por no haber actuado a
tiempo. Esa situación de inseguridad y riesgo que refieren
los testigos de la población paisa, de los mareros y los
mismos funcionarios que brindan su declaración, encuentra un
sustento probatorio en el hallazgo de municiones de
explosivos encontradas en el lugar ocupado por los miembros
de la mara 18 en Casa Blanca.- Independientemente que el
hallazgo se haya efectuado antes o en un momento inmediato
posterior al abandono de la Penitenciaría Nacional por los
reos pandilleros, verifica la situación de peligro que se
corría de no tomar una decisión a tiempo, ya que de haberse
producido un ataque masivo en contra de los pandilleros por
los reos paisa que ocupaban casa blanca y que le triplicaban
en número, seguramente hubiera conllevado al empleo de dichas
municiones con las consecuencias nefastas que hubieran
producido.- Lamentablemente el Tribunal en su valoración
probatoria le concede mayor importancia al cuándo del
descubrimiento de ese material explosivo que al hallazgo
mismo, ya que lo que realmente es relevante, y que en el
fondo confirma la situación de extrema inseguridad que se
estaba produciendo, y que hubiese generado una tragedia de no
tomar la determinación de traslado que se adoptó, es que con
el informe del Escuadrón Antibombas, los oficios librados por
el imputado a la Fiscal Especial de Derechos Humanos y a la
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y con las
declaraciones de los testigos arriba referidas, se ha
confirmado que los pandilleros tenían ese material, el que
seguramente hubiese sido utilizado al verse amenazados con un
ataque masivo, como el que se pretendía realizar por los reos
paisas.- Y a pesar que en la valoración de prueba realizada,
finalmente el Tribunal da por acreditado que el
descubrimiento del material se produjo, no lo relacionó, como
es su deber impuesto por el Art. 202 del Código Procesal
Penal, con las declaraciones examinadas para inferir,
razonablemente que en la Penitenciaría Nacional se estaba
produciendo una situación de extremo peligro, y que en el
fondo legitimó la petición formulada por mi representado al
Ministro de Seguridad de efectuar el traslado de los reos
pandilleros.- No se nota, entonces, sobre este punto, una
―relación conjunta y armónica‖ de la probanza ofrecida, como
Recurso de Casación No. 400-2008
137
lo exige la normativa procesal penal, y por ello lo errado en
el Tribunal que nunca pudo determinar la situación de peligro
que se afrontaba, y que justificaba el traslado. En relación
al escenario que imperaba en el Centro Femenino de Adaptación
Social (CEFAS), también la sentencia ha fracasado en extraer
la conclusión que general los medios de prueba representados
por las declaraciones de PERSYS DAYAN ZALDIVAR ORDOÑEZ y
LILIAN MARIA ROBLES, ya que relacionando sus declaraciones,
se evidencia que en ese centro penal las pandilleras de la
mara 18 estaban insubordinadas, y ese comportamiento se
estaba saliendo de control de la autoridad penitenciaria, lo
cual fue puesto en conocimiento del procesado ARIAS RAMOS.-
Ese comportamiento violento de dichas internas había llegado
al punto que a la propia Directora de ese establecimiento
penal, la habían agredido, y hasta un incendio habían tratado
de provocar en el recinto; es más hasta las propias
organizaciones de Derechos Humanos habían aconsejado el
traslado de las privadas de libertad por su extremo
comportamiento violento en contra de las internas ―pesetas y
paisas‖.- Esa situación que fue reportada por la Directora
del Centro al comisionado ARIAS RAMOS, propició que en su
solicitud al Ministro de Seguridad, se incluyera el traslado
de 6 privadas de libertad, a través del oficio SSDGSEP-049-
2003.- De esa forma, según las declaraciones desarrolladas, y
relacionándolas con el oficio en mención, se hacía necesario
también el traslado de las 6 privadas de libertad, puesto que
de lo contrario su actitud violenta que ejercían junto con
sus compañeras de pandilla, ameritaba esa toma de decisión
puesto que de lo contrario generaría la realización de actos
de mayor violencia que implicaran resultados lamentables e
irreparables.- Esta conclusión, tampoco es DERIVADA por la
sentencia, a pesar de haber prueba que se la indicaba, y que
no tuvo oposición por otros medios de convicción
desarrollados, por lo cual, tampoco sobre este punto hubo una
correcta valoración de la prueba. B. La no preparación de los
listados de personas sujetas a traslado por el imputado.
Asimismo, quedó debidamente acreditado, y lamentablemente
desconocido por el Tribunal que la selección de las personas
que se trasladaron a diversos centros penales del país no fue
efectuado por el señor LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS, y en
consecuencia no puede imputarse a él la situación de no
determinarse en el mismo qué calidad de reos se trasladaban,
si reos preventivos o reos condenados.- Así, en las
declaraciones de los testigos RAMÓN NORBERTO GARCÍA TORRES,
Director de la Penitenciaría Nacional para el 5 de febrero de
2003, y PERSYS DAYAN ZALDIVAR ORDOÑEZ, Directora para ese
tiempo del CEFAS, se manifiesta claramente que en la
selección de trasladados no tomó participación el imputado.-
En el caso del primer testigo, éste señala que la
organización general del traslado fue atendida por Director
General ARIAS RAMOS, pero la emisión del listado de reos, ―la
elaboramos nosotros‖; que en dicha confección de listado no
se conocía el perfil de cada uno de los reos pandilleros, se
hizo el listado general y se decidió: ―estos cinco a este
lugar y estos cinco a este otro lugar‖; que dentro de esa
responsabilidad asumida por las autoridades de la
Penitenciaría Nacional, no se hizo ninguna clasificación de
condenados y procesados en el listado de trasladados,
Recurso de Casación No. 400-2008
138
justificando ese extremo en que en ese momento se daba una
situación de crisis, no habiendo lugar para empezar a
clasificar, por eso es que no se hizo la clasificación. El
testigo no sabía, del listado, cuáles de esos eran condenados
y cuáles eran procesados.- Termina diciendo que fue la
Alcaidía la encargada de darles los listados de los
traslados; dicho órgano está conformada por un grupo de
personas encargado de llevar los archivos. En el caso del
CEFAS, su Directora, PERSYS DAYAN ZALDÍVAR ORDÓÑEZ, señaló
con claridad que cree haber sido ella quien realizó la
distribución de las mareras para los traslados. Queda claro,
entonces, que la no determinación de la condición que
ostentaban los internos, entre procesados y condenados, no
puede ser atribuida al imputado ARIAS RAMOS, en vista que no
pasó por él la definición de qué personas se iban a
trasladar, ya que esa concreción individual se hizo a lo
interno de cada uno de los centros penales, por la Alcaidía,
en el caso de la Penitenciaría Nacional, y por la Directora,
en el caso del CEFAS, y ello es compatible con la solicitud
de 5 de febrero presentada por aquél al Ministro de Seguridad
para realizar dichos traslados, ya que en la misma consigna
la condición genérica de privados de libertad, que en una
calidad que no excluye a las personas condenadas.- La
selección de quiénes serían trasladados, y si efectivamente
ostentaban la calidad de reos condenados, escapaba a las
facultades del hoy imputado, puesto que basado en el
fundamental principio de confianza, esa era una labor
desarrollada por las autoridades internas de cada uno de los
centros penales en mención.- De tal suerte que esa falta de
determinación no puede ser atribuida a mi representado y por
lo tanto no puede generarle responsabilidad penal al estar
fuera de su alcance.- Esto equivaldría a querer
responsabilizar a un Presidente de la Nación por actos
particulares que tengan que ver con la función específica de
sus Ministros, por lo que resulta opuesto a las más
esenciales reglas de la sana crítica, especialmente de lógica
y experiencia común, querer derivar en mi representado la no
determinación de la condición jurídica en que se trasladaban
a los internos.- Es más, en todo el juicio no hay prueba
objetivamente confiable, y en consecuencia no se ha probado
con certeza, que de las personas trasladadas a diferentes
centros penales del país, se haya trasladado a personas sobre
las cuales se había impuesto la medida cautelar de prisión
preventiva, por lo que la no determinación de condición
jurídica de los trasladados, por sí misma, no implica la
infracción al Art. 5.15 de la LRD ni al 41 del CP.- Ante
ello, entonces, se muestra la violación de las reglas de la
sana crítica al derivar en el imputado ARIAS RAMOS la falta
de determinación en la condición jurídica de los trasladados,
que como ya se expuso por sí no implica una infracción a las
normas sustantivas relacionadas, en vista de no haberse
comprobado con certeza (como lo demanda una sentencia
condenatoria) que dentro de los 204 individuos hubieran
personas procesadas con prisión preventiva. C. La no
constatación de inseguridad del Centro Penal de El Porvenir
al momento de realizarse el traslado. Por otro lado, no se ha
constatado en el presente juicio que el Centro Penal de El
Porvenir, hoy Penitenciaría, no tuviera las condiciones de
Recurso de Casación No. 400-2008
139
seguridad necesarias cuando se hizo el traslado de los 30
privados de libertad a raíz de la solicitud fundada del
imputado ARIAS RAMOS.- En efecto, de propia declaración del
señor DANY ALEXANDER RODRIGUEZ VALLADARES, el Tribunal
consigna en su valoración probatoria (página 101 de la
sentencia) que: ―Al momento de que ellos llegan se
acondiciona el lugar donde se iban a quedar los pandilleros‖;
ello entonces, es demostrativo que las provisiones se
adoptaron con la oportunidad necesaria para albergar a los
reos trasladados.- Pero además, no existe una probanza que
indique por parte de las autoridades de la cárcel de El
Porvenir que dicho centro no tenía las condiciones de
seguridad, y que se haya puesto en conocimiento oportuno de
la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos, por
lo cual, el inferir por parte del Tribunal que al 5 de marzo
ese centro penal no tenía las condiciones de seguridad
suficientes, cuando no hay un medio de prueba que así se lo
indique, y que exprese que se puso en conocimiento de la
autoridad superior correspondiente, implica una incorrecta
DERIVACION en la conclusión extraída por este órgano
jurisdiccional que repercute en perjuicio de mi representado,
puesto que por ello se le quiere colocar como responsable del
delito de ABUSO DE AUTORIDAD, cuando no puede extraerse
certeza sobre esa circunstancia. D. Conclusión del análisis
de Por todo lo apuntado, es reprochable desde un punto de
vista lógico, que el Tribunal de Sentencia haya generado la
conclusión de que el imputado haya solicitado y dirigido el
traslado de reos sin haber una causa suficiente para ello;
que haya sido el responsable de la no determinación de la
condición jurídica que tenían los trasladados, y que sabía
que en el caso concreto del Centro Penal de El Porvenir, no
habían condiciones de seguridad suficientes para albergar a
los 30 pandilleros movilizados.- De toda esa relación
probatoria expuesta, como lo exigen los Arts. 202, 336 y 338
del CPP, la correcta conclusión fáctica que se extrae es que
LUIS BELRAN ARIAS RAMOS actuó según las circunstancias de
inseguridad que giraban alrededor de los pandilleros ubicados
en Casa Blanca, habiendo una razón más que justificable desde
el punto de vista fáctico y jurídico para solicitar y luego
dirigir el traslado de los privados de libertad; no era el
encargado de determinar la condición jurídica de las personas
trasladadas; y no se probó que para el 5 de febrero de 2003
el centro penal de El Porvenir no tuviera las condiciones de
seguridad requeridas para recibir a los reos trasladados, ni
se puso en conocimiento oportuno de la Dirección de ese
Centro Penal a la persona de mi representado alguna
circunstancia de inseguridad existente, por lo cual,
legalmente, no se explica la existencia del fallo
condenatorio en su contra, y por tal razón se ha vulnerado el
Estado de Inocente que ampara constitucionalmente a LUIS
BELTRAN ARIAS RAMOS, y que en la ley procesal se manifiesta
en el Art. 339 del CPP, que dispone que no habiendo pruebas
suficientes para condenar, debe absolverse, así como al
existir duda razonable. Si, según la regla lógica de la
DERIVACION, informada por el Principio de Razón Suficiente,
el razonamiento debe estar constituido por inferencias
razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de
conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando, no
Recurso de Casación No. 400-2008
140
es posible que en el presente caso la conclusión de hechos se
base en una inexistente actividad probatoria de cargo para
emitir el fallo condenatorio, y opuestos a elementos de
convicción que objetivamente son confiables, y se han
expuesto en este apartado del recurso.- Y esta regla lógica
de la DERIVACION, ha sido reconocida como norma de logicidad
en la valoración probatoria, según la jurisprudencia emanada
por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, y
registradas con los números 164-05 (del 13 de diciembre de
2005) y 01-2007 (del 31 de julio de 2007). Como el vicio
descrito ha ocurrido en el acto de dictarse sentencia, no
pudo hacerse un reclamo oportuno en contra del mismo.- Y por
ello es que hasta este momento se solicita se observe la
infracción señalada para lo cual deberá casarse la sentencia
y ordenarse el juicio de reenvío, de conformidad al Art. 369
del CPP.‖
XX.- RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA
INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO LUIS BELTRAN ARIAS
RAMOS ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE EL JUZGADOR HA INCURRIDO
EN INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN LA
VALORACIÓN DE LA PRUEBA.
Argumenta el recurrente que la motivación ha de respetar el
principio de razón suficiente, para lo cual el razonamiento
debe estar constituido por inferencias razonables deducidas
de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud
de ellas se vayan determinando. Estima que la sentencia
impugnada atenta con las reglas de la sana crítica en la
valoración de la prueba. Aclara que el presente motivo de
casación es subsidiario al de infracción de ley si este es
declarado improcedente. El Censor Cuestiona las conclusiones
a las que arribó el Tribunal de Sentencia al analizar la
prueba relacionada con el juzgamiento del acusado LUIS
BELTRAN ARIAS RAMOS, siendo estas: 1) Que el traslado de
doscientos cuatro (204) privados de libertad, miembros de la
Mara “18”, solicitado y operado por el imputado, no estaba
justificado; 2) Que no había razón para efectuar el traslado
de las privadas de libertad del CEFAS; 3) Que el traslado se
llevó a cabo sin que el imputado haya distinguido la
condición jurídica de los internos, es decir, entre reos
condenados y reos procesados o con prisión preventiva; 4) No
haber verificado el acusado que el Centro Penal del Porvenir
tuviera capacidad y condiciones de seguridad para recibir a
los reos pandilleros trasladados, traslado que incrementó el
grado de inseguridad. El casacionista considera que el
Tribunal Sentenciador vulneró las reglas de la sana crítica,
por lesión del principio lógico de razón suficiente, que
resulta de las conclusiones probatorias del A Quo y que le
condujeron a establecer que el imputado LUIS BELTRAN ARIAS
RAMOS solicitó y ordenó el traslado de reos que ostentaban la
condición de presos preventivos, a sabiendas de esa calidad;
que no había una razón que justificara racionalmente ese
traslado, y que sabía que en el caso concreto del Centro
Penal de El Porvenir, no habían condiciones de seguridad
suficientes para albergar a los 30 pandilleros traslados. El
recurrente reprocha la valoración que el Tribunal de
Instancia hizo de los medios de prueba siguientes: 1)
Declaración testifical del señor PABLO GÁLVEZ FÚNEZ, interno
Recurso de Casación No. 400-2008
141
de la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto”; 2)
Declaración del testigo JOSÉ RICARDO MEJÍA VÁSQUEZ, también
interno de la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto”; 3)
Declaración del Policía Penitenciario JUSTO PASTOR ÁVILA
ROQUE, asignado a la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio
Soto”; 4) Declaración del otrora Director de la Penitenciaria
Nacional “Marco Aurelio Soto”, RAMÓN NORBERTO GARCÍA TORRES;
5) Testigo MARIO ENRIQUE VELÁSQUEZ, funcionario de la
Dirección General de Servicios Especiales Preventivos; 6)
El testigo REYES ERNESTO VÁSQUEZ GÁMEZ, reo pandillero que
fue trasladado desde la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio
Soto, a la Granja Penal de El Porvenir; 7) Testigo JUAN JOSÉ
CASTRO MIRANDA, reo pandillero, trasladado desde la
Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto hasta la granja
Penal de El Porvenir; 8) Oficio SSDGSEP-049-2003, emitido por
el señor LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS y dirigido al Señor OSCAR
ARTURO ÁLVAREZ GUERRERO, en su calidad de Ministro de la
Secretaria de Seguridad (Folio 774, tomo IV del Expediente);
9) Informe especial del Escuadrón Anti Bombas, de fecha 15 de
Febrero de 2003 (Folio 795 y 796, tomo IV del Expediente), el
cual fue ratificado en juicio por el Señor DARWIN ÁLVAREZ
ORTEZ; 10) Oficio SS-DGSEP-054-2003; 11) testimonio de la
entonces Directora del CEFAS, señora PERSYS DAYAN ZALDÍVAR
ORDÓÑEZ; y,12) Versión del propio imputado (Pág. 374 del Acta
de Debate). Manifiesta que el imputado actuó en cumplimiento
de las atribuciones y deberes que la ley le exigía, como ser,
la prevista en el artículo 10 No. 3) de la Ley Orgánica de la
Policía Nacional, es decir de “Proteger la vida, honra,
bienes creencias, derecho y libertades de las personas y la
seguridad de las instituciones públicas y privadas”; y el
Art. 52 de la misma ley: “La Dirección General de Servicios
Especiales preventivos es la responsable de atender la
seguridad, administración y custodia de los establecimientos
penales…”. Reprocha que el A Quo no ha apreciado y concluido
que el acusado Director General cumplió con su deber de
proteger la vida de los internos y la seguridad de la
Penitenciaría Nacional y tomó la decisión de traslado que sus
propios subalternos le aconsejaban. Censura que el A Quo no
haya apreciado una situación de peligro que justificó la
decisión solicitada y ejecutada por el imputado y aprobada
por el Ministro de Seguridad. Asume que del contexto referido
por la probanza el acusado LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS “procedió
de conformidad con la Ley”, tal como se lo ordenó el entonces
Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad,
Licenciado OSCAR ARTURO ALVAREZ. Afirma que el A Quo en su
valoración probatoria concede mayor importancia al momento
del descubrimiento del material explosivo que al hallazgo
mismo que confirma la extrema inseguridad que se estaba
produciendo, y que según el recurrente hubiese generado una
tragedia de no haberse tomado la determinación de traslado
que adoptó el encausado. Todo cual fue probado con el informe
del Escuadrón Antibombas, los oficios librados por el
imputado a la Fiscal Especial de Derechos Humanos y a la
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y con las
declaraciones de los testigos, mismas que confirman que los
pandilleros tenían ese material explosivo, y que seguramente
lo hubiesen utilizado al verse amenazados por los reos
“paisas”. Reprocha que el A Quo no ha llevado a cabo una
Recurso de Casación No. 400-2008
142
“relación conjunta y armónica” de la prueba ofrecida, porque
de haberlo hecho, habría podido determinar la situación de
peligro que se afrontaba y que justificó el traslado. Señala
que en relación al escenario que imperaba en el Centro
Femenino de Adaptación Social (CEFAS), también la sentencia
deja de valorar correctamente las declaraciones de las
testigos PERSYS DAYAN ZALDIVAR ORDOÑEZ y LILIAN MARIA ROBLES,
las que evidencian que en ese Centro Penal las pandilleras de
la Mara 18 estaban insubordinadas, comportamiento que se
estaba saliendo del control de la autoridad penitenciaria,
puesto en conocimiento del procesado ARIAS RAMOS, por parte
de la Directora del Centro, lo que propició que en su
solicitud al Ministro de Seguridad, se incluyera el traslado
de seis (6) privadas de libertad, a través del oficio
SSDGSEP-049-2003. Considera que la actitud violenta que las
seis (6) privadas de libertad ejercían junto con sus
compañeras de pandilla, ameritaba esa decisión, pues de lo
contrario supone el recurrente, se hubiesen generado actos de
mayor violencia con resultados lamentables e irreparables, y
reprocha que esta conclusión, no fuera DERIVADA por la
sentencia. Con respecto a la preparación de los listados de
personas afectadas por el traslado, el recurrente alega que
resultó debidamente acreditado que los mismos no fueron
confeccionados por el señor LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS, y que
en consecuencia no puede imputarse a él la situación de
indeterminación respecto a la condición de los reos que se
trasladaban, es decir, si se trataba de reos preventivos o de
reos condenados. En las declaraciones de los testigos RAMÓN
NORBERTO GARCÍA TORRES, Director de la Penitenciaría Nacional
para el 5 de febrero de 2003, y PERSYS DAYAN ZALDIVAR
ORDOÑEZ, Directora del CEFAS, manifiestan que las listas de
trasladados las elaboraron ellos. De lo anterior, se deriva
que la no determinación de la condición que ostentaban los
internos, entre procesados y condenados, no podía ser
atribuida al imputado ARIAS RAMOS, habiendo prevalecido el
principio de confianza. Esgrime que no fue probado con
certeza, que de las personas trasladadas a diferentes centros
penales del país, se haya trasladado a personas sobre las
cuales se había impuesto la medida cautelar de prisión
preventiva, por lo que asume que el A Quo incurrió en
violación de las reglas de la sana crítica al concluir que el
imputado ARIAS RAMOS faltó a un deber de verificación en
torno a la condición jurídica de los trasladados, al no
haberse comprobado con certeza que dentro de los 204
individuos hubieran personas procesadas con prisión
preventiva como también en la no constatación de inseguridad
del Centro Penal de El Porvenir al momento de realizarse el
traslado. Concluye que es reprochable desde un punto de vista
lógico, que el A Quo haya concluido que el imputado solicitó
y dirigió el traslado de reos sin haber una causa o razón
suficiente, sin haber determinado antes la condición jurídica
que tenían los trasladados, y a sabiendas que en el Centro
Penal de El Porvenir, no existían las condiciones de
seguridad suficientes para albergar a los 30 pandilleros
movilizados y manifiesta que de una correcta valoración de
la prueba se hubiese concluido que LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS
actuó según las circunstancias de inseguridad en las que se
encontraban los pandilleros ubicados en el sector de la
Recurso de Casación No. 400-2008
143
Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, conocido como Casa
Blanca; que no era el encargado de determinar la condición
jurídica de las personas trasladadas; y que no se probó que
para el 5 de febrero de 2003 el centro penal de El Porvenir
no tuviera las condiciones de seguridad requeridas para
recibir a los reos trasladados. Refiere que se ha vulnerado
el Estado de Inocencia que ampara constitucionalmente a LUIS
BELTRAN ARIAS RAMOS, y que en la ley procesal se manifiesta
en el artículo 339 del Código Procesal Penal, al disponer que
no habiendo pruebas suficientes para condenar, debe
absolverse, así como al existir duda razonable. El Censor
alega que según la regla lógica de la DERIVACION, informada
por el Principio de Razón Suficiente, el razonamiento debe
estar constituido por inferencias razonables deducidas de las
pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de
ellas se vayan determinando, de tal manera que en el presente
caso no es posible que la conclusión a la que arriba el
Tribunal A Quo se base en una inexistente actividad
probatoria de cargo para emitir el fallo condenatorio. Esta
Sala de lo Penal, no se pronuncia sobre el presente motivo al
haber prosperado el que por infracción de ley formulara la
Defensa del acusado LUIS BELTRAN ARIAS RAMOS.
XXI.- El Recurrente Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA,
actuando en su condición de apoderado co-defensor de los
señores Pedro Pérez Chavarria y Dimas Antonio Benítez
Vásquez, desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de
Ley y Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera:
―EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Haber
infringido el juzgador un precepto penal sustantivo u otro
precepto del mismo carácter que deba ser observado en la
aplicación de la ley penal, en relación a los hechos probados
establecidos en la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El
presente motivo de casación se encuentra comprendido en el
Art. 360 del CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Los preceptos
penales sustantivos que se invocan como infringidos por
aplicación indebida, son los Arts. 117. 3 del Código Penal
(En adelante CP), en relación al Art. 13, párrafo primero,
del mismo Código.- Dichas normas disponen: Art. 117.3 CP: ―Es
reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola
con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias
siguientes:… 3) Por medio de inundación, incendio,
envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento,
varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda
ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e
intencionalidad‖ (El subrayado y marcado me pertenece). Art.
13, párrafo primero del CP: ―El delito puede ser realizado
por acción o por omisión…‖(El subrayado y marcado me
pertenece).. EXPLICACIÓN DEL VICIO. A) Contenido de los
hechos probados. La estructura de hechos probados
establecidos en la sentencia que hoy se recurre, y que tiene
relación especial y directa con los imputados DIMAS ANTONIO
BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ CHAVARRIA, en relación a la
comisión del delito de ASESINATO MEDIANTE INCENDIO POR
ACCION, en perjuicio de 23 personas está referida en el
numeral VIGESIMO CUARTO de la sentencia que hoy se recurre,
el cual dispone lo siguiente: VVIIGGÉÉSSIIMMOO CCUUAARRTTOO,, PPaassaaddaass llaass
00::2255 aa..mm.. eenn vveennggaannzzaa,, el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Recurso de Casación No. 400-2008
144
Flores (alias Chinapopo), cierra con candado la celda seis
(6), hacia donde policías penitenciarios y miembros del
ejército habían disparado, para luego tirar cajones, palos y
mesas a la puerta de esa celda, con ayuda de los reos
rondines Adán Amparo Soto, (alias Comayagua) y Javier Antonio
Solís Ponce, (alias Javier Solís); seguidamente, el reo
rondín Pavel Eduardo Rodríguez Flores, consigue un lÍquido
acelerante, regresando a la celda seis (6) y junto con los
reos rondines Luis Alberto Cruz Valdivio, (alias Chica Sexy),
Santos Efraín Arteaga Pérez, (alias el Chaparro) y el reo
Santos Geovany Banegas, prenden en fuego, con el acelerante,
varias colchonetas las que tiran hacia el interior de la
celda seis (6) , mientras que las personas que se encontraban
adentro trataban de sofocarlo, agarrando agua del baño,
gritaban pidiendo auxilio y rogando clemencia, sin lograr
controlar el fuego.- De todo ello lograron tener conocimiento
los Policías Penitenciarios DIMAS ANTONIO BENÍTEZ, PEDRO
PÉREZ CHAVARRIA y el miembro del Ejército Roger Armando Sosa
Iglesias, sin que realizaran acción alguna para evitarlo. B)
La manera en que se aplicó indebidamente el Art. 117.3, en
relación al Art.13 del CP. El presente motivo de casación,
como en efecto lo cita el Art. 360 del Código Procesal Penal
(en adelante CPP), parte de un elemento indispensable: los
hechos probados de la sentencia.- Son esos hechos probados la
base para la aplicación del derecho, puesto que como su
nombre lo indica, son esos los acontecimientos que estructura
el juzgador partiendo del análisis de pruebas, y es a esas
circunstancias probadas a las que hay que asignarles una
norma jurídica para determinar la consecuencia de la
sentencia: la absolución o condena del imputado.- Por ello,
para estimar si la norma sustantiva ha sido correctamente
aplicada, debe necesariamente hacerse una obligatoria
referencia a los hechos probados de la sentencia, para así
estimar si éstos mantienen correspondencia con el fallo que
se emita, producto de la relación que deben tener con la
norma jurídica que la resolución les asigna. Trasladando esa
significación del vicio de casación anunciado al presente
caso, a los imputados DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO
PEREZ CHAVARRIA se le ha condenado, como lo dice la
fundamentación jurídica de sentencia (pág. 428) por ―la
acción de la comisión de delito de asesinato mediante
incendio como autores directos por acción‖ en perjuicio de 23
personas. Si a los imputados se les ha considerado
responsables de la infracción del delito de asesinato
mediante la realización de una acción, como autores directos
de la misma, confrontando esta calidad asignada frente a la
modalidad de asesinato estimado en la sentencia (mediante
incendio), significa que a DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y
PEDRO PEREZ CHAVARRIA, se les atribuye la realización directa
y material de actos que conlleven el ejecutar la muerte de 23
personas por la provocación de incendio.- Al revisar el hecho
probado de la sentencia, que es la premisa sobre la cual debe
descansar la correcta aplicación de la ley sustantiva, vemos
que el acto atribuido, de manera concreta, directa y personal
a mis representados en dicho hecho probado consiste en: que
habiendo varios reos rondines encerrado en el interior de la
celda 6 a varios reos pandilleros, procedieron a prenderle
fuego a la misma, sin que las personas que se encontraban en
Recurso de Casación No. 400-2008
145
su interior lo pudieran controlar, por lo cual gritaban
pidiendo auxilio, ―De todo ello lograron tener conocimiento
los Policías Penitenciarios DIMAS ANTONIO BENÍTEZ, PEDRO
PÉREZ CHAVARRIA y el miembro del Ejército Roger Armando Sosa
Iglesias, sin que realizaran acción alguna para evitarlo‖.
(El subrayado me pertenece). Habiéndose pues concretizado en
este apartado fáctico de la sentencia cuál es la conducta que
se les atribuye a los imputados DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ
y PEDRO PEREZ CHAVARRIA, y que consiste en haber tenido
conocimiento del incendio provocado por los reos rondines y
de la aclamación de auxilio de las personas que se
encontraban en la celda 6, SIN HABER REALIZADO ACCION ALGUNA
PARA EVITARLO, es notoria la aplicación indebida del Art.
117.3, en relación al primer párrafo del Art. 13 de la misma
ley (relativo a la modalidad delictiva de comisión por
acción), puesto que si a ellos se les ha considerado como
autores directos, es decir, atribuyéndoseles actos materiales
en un delito de acción (que así lo requiere), resultando del
encuadre fáctico que ellos no han realizado acto material
alguno, es decir la ejecución de una actividad positiva para
proceder a la ejecución de las víctimas mediante incendio, ya
que la conducta asignada consiste en no haber realizado
acción alguna, resulta inapropiada la calificación de esa
falta de actuación en un delito que requiere una acción para
la producción de un resultado, mediante incendio, y por lo
tanto impropio el establecimiento de responsabilidad penal
por dicha infracción en perjuicio de 23 personas.- Es
notorio, de la simple lectura de los hechos probados, que
DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ CHAVARRIA, no han
realizado los actos materiales demandados por la norma, y que
en el caso concreto del hecho probado VIGESIMO CUARTO,
claramente se les asigna a los señores Pavel Eduardo
Rodríguez Flores (alias Chinapopo), Adán Amparo Soto, (alias
Comayagua), Javier Antonio Solís Ponce, (alias Javier Solís),
Luis Alberto Cruz Valdivio, (alias Chica Sexy), Santos Efraín
Arteaga Pérez, (alias el Chaparro) y el reo Santos Geovany
Banegas, pero jamás a mis representados. Es importante decir,
que por esa omisión relatada en el hecho probado, DIMAS
ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ CHAVARRIA, han sido
condenados en esta sentencia recurrida por el delito de
VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS (Art. 349.3 del
CP), por lo cual la respuesta punitiva a esa falta de
realización de la conducta exigida, ya ha recibido su
respuesta punitiva por la presente resolución en análisis, de
tal suerte que pretender imponer a los encausados la pena del
delito de ASESINATO POR INCENDIO POR AUTORIA DIRECTA POR
ACCION, no correspondiendo el hecho probado con esa forma de
intervención del delito, resultaría lesivo al Principio de
Culpabilidad al tratar de hacer responsables a DIMAS ANTONIO
BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ CHAVARRIA por la ejecución
material de un hecho en el cual ellos no tomaron parte (según
el propio hecho probado), y a la vez lesivo al Principio de
Prohibición de Doble Juzgamiento o Ne bis in idem, regulado
constitucionalmente en el Art. 95 de nuestra Carta Magna. Por
lo anteriormente señalado, y en observancia del Art. 369 del
Código Procesal Penal, además del Estado de Inocente
constitucionalmente reconocido, y de la aplicación del
Principio de Culpabilidad, procede casarse la sentencia en
Recurso de Casación No. 400-2008
146
cuanto a este apartado de la resolución cuestionada, y en
consecuencia deberá absolver de responsabilidad a los señores
DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ CHAVARRIA, en
vista que el hecho probado no se corresponde por el delito de
Asesinato por Incendio atribuido a dichos imputados, en
relación a la muerte de 23 personas, y sobre la conducta
referida en el mismo.- Absolución que también corresponde
ser observada, en vista que sobre esa omisión relatada en
dicho hecho probado DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO
PEREZ CHAVARRIA, han sido condenados por el delito de
VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS (Art. 349.3 del
Código Penal), tal como lo explica la sentencia recurrida en
las páginas 420 y 421.
XXI.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DE LOS ACUSADOS DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ
Y PEDRO PEREZ CHAVARRIA, FUNDADO EN LA APLICACIÓN INDEBIDA,
DE LOS ARTS. 117 No. 3) DEL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN AL
ARTÍCULO 13, PÁRRAFO PRIMERO, DEL MISMO TEXTO PUNITIVO. EL
CENSOR ARGUYE FUNDAMENTALMENTE QUE DE LOS HECHOS DECLARADOS
PROBADOS NO SE SUBSUME QUE LOS IMPUTADOS EN MENCION HAYAN
PARTICIPADO EN LA COMISIÓN DE VARIOS DELITOS DE ASESINATO
CONSUMADO MEDIANTE INCENDIO.
Argumenta el recurrente que los preceptos penales sustantivos
que considera infringidos por aplicación indebida, son los
Artículos 117. 3 del Código Penal: “Es reo de asesinato,
quien de muerte a una persona ejecutándola con la
concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes:…
3) Por medio de inundación, incendio, envenenamiento,
explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería
de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes
estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad” en
relación con el Art. 13, párrafo primero del Código Penal:
“El delito puede ser realizado por acción o por omisión…”.
Esgrime que en el hecho probado vigésimo cuarto de la
sentencia se expresa varios reos rondines encerraron en el
interior de la celda número seis, a varios reos pandilleros,
tras lo cual procedieron a prenderle fuego a la misma, sin
que las personas que se encontraban en su interior lo
pudieran controlar, dando lugar a que gritaran pidiendo
auxilio, añadiéndose el dato de que “De todo ello lograron
tener conocimiento los Policías Penitenciarios DIMAS ANTONIO
BENÍTEZ, PEDRO PÉREZ CHAVARRIA y el miembro del Ejército
Roger Armando Sosa Iglesias, sin que realizaran acción alguna
para evitarlo”. Afirma el recurrente que de la simple lectura
de los hechos probados, se deriva que los acusados DIMAS
ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ CHAVARRIA, no han
realizado los actos materiales demandados por la norma. El
hecho probado VIGESIMO CUARTO, les asigna el acto a los
señores Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias Chinapopo),
Adán Amparo Soto, (alias Comayagua), Javier Antonio Solís
Ponce, (alias Javier Solís), Luis Alberto Cruz Valdivio,
(alias Chica Sexy), Santos Efraín Arteaga Pérez, (alias el
Chaparro) y el reo Santos Geovany Banegas, pero no a los
acusados. Aclara que por la omisión relatada en el hecho
probado, los acusados DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO
PEREZ CHAVARRIA, han sido condenados en la sentencia
recurrida, por el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS
FUNCIONARIOS (Art. 349.3 del CP), de tal manera que la falta
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147
de realización de la conducta exigida ya ha recibido
respuesta punitiva. Señala que la pena impuesta a los
acusados por el delito de ASESINATO POR INCENDIO POR AUTORIA
DIRECTA POR ACCION, es lesiva al Principio de Culpabilidad al
tratar de hacer responsables a los acusados por la ejecución
material de un hecho en el cual ellos no tomaron parte, y a
la vez es lesivo al Principio de Prohibición de Doble
Juzgamiento, regulado en el artículo 95 de la Constitución de
la República. Considera que por anteriormente expuesto debe
casarse la sentencia, y como consecuencia de ello absolver a
los señores DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ
CHAVARRIA, por el delito de Asesinato mediante Incendio en
perjuicio de veintitrés personas, y que por lo demás en
cuanto al comportamiento omisivo que se les atribuye a dichos
encausados, estos ya han sido condenados por el delito de
VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS. Esta Sala de lo
Penal, no se pronuncia en el presente motivo sobre los
argumentos expuestos por la Defensa a favor del procesado
DIMAS ANTONO BENITEZ VASQUEZ, ya que de los antecedentes se
desprende que éste perdió la vida a consecuencia de recibir
varios disparos de arma de fuego, lo que da lugar a la
extinción de la responsabilidad penal y por ende al
sobreseimiento definitivo de la causa, al tenor de lo
prescrito en los artículos 96 No. 1) del Código Penal; 42 No.
1) y 43 del Código Procesal Penal.- En consecuencia procede
resolver el motivo por infracción de ley formulado por el
Apoderado Defensor del acusado PEDRO PEREZ CHAVARRIA.
Argumenta el censor de la sentencia impugnada, que en la
descripción de los hechos probados de los acusados
concretamente en el numeral VIGESIMO CUARTO de la sentencia
(página 79), en relación al delito de Asesinato por Incendio
por acción de veintitrés reos pandilleros, no describe a los
acusados DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ
CHAVARRIA, como las personas que toman parte directa,
material e inmediata en los hechos reprochables sometidos a
juzgamiento. Esta Sala de lo Penal considera importante
recordar, que a través del recurso de casación por infracción
de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del
material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la
formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de
Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación,
propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del
caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto
fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley
únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de
Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el
segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos
declarados probados. El recurso de casación por infracción de
ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala
de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de
Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos
establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la
norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la
consideración puramente jurídica. En este sentido, el recurso
de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir
su alegación, de los hechos probados que contenga la
resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia
consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la
Recurso de Casación No. 400-2008
148
parte resolutiva de la sentencia, es incompatible,
irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la
narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que
resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar,
se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las
normas que deben aplicarse al caso concreto pero el Juzgador
hace una incorrecta interpretación de las mismas. Una lectura
detenida de la fundamentación fáctica de la sentencia revela
que en el hecho probado vigésimo cuarto se establece lo
siguiente: “…Pasadas las 09:25 a.m. en venganza, el reo
rondín Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias Chinapopo),
cierra con candado la celda seis (6), hacia donde policías
penitenciarios y miembros del ejercito han disparado, para
luego tirar cajones, palos y mesas a la puerta de esa celda,
con ayuda de los reos rondines Adán Amparo Soto, (alias
Comayagua) y Javier Antonio Solís Ponce, (alias Javier
Solís); Seguidamente el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores, consigue un líquido acelerante, regresando a la celda
seis (6) por la parte de atrás, siguiendo el pasillo de la
Comandancia de Guardia, y junto con los reos rondines Luís
Alberto Cruz Valdivio, (alias Chica Sexy), Santos Efraín
Arteaga Pérez, (alias el Chaparro) y el reo Santos Geovany
Banegas, prenden fuego, con el acelerante, varias colchonetas
las que tiran hacia el interior de la celda seis (6), por las
ventanas traseras, rociando de acelerante la madera del techo
de dicha celda, al que también prendieron fuego, mientras que
las personas que se encontraban adentro trataban de
sofocarlo, agarrando agua del baño, gritaban pidiendo auxilio
y rogando clemencia, sin lograr controlar el fuego; DDee ttooddoo
eelllloo lograron tener conocimiento los Policías Penitenciarios
Dimas Antonio Benítez, Pedro Pérez Chavarria y el miembro del
Ejercito Roger Armando Sosa Iglesias, sin que realizaran
acción alguna para evitarlo. En el hecho probado antes
trascrito se establece que varios reos rondines procedieron a
obstaculizar con cajones, palos y mesas la entrada a la celda
No. 6) donde se encontraban refugiados varios reos
pandilleros, tras lo cual prendieron fuego a varias
colchonetas que lanzaron al interior de la referida celda
utilizando al mismo tiempo un líquido acelerante con el que
de igual manera prendieron fuego al techo de aquella,
tornándose incontrolable el incendio provocado, dándose la
circunstancia de que las personas que sufrían la acción del
fuego pedían auxilio rogando clemencia. Seguidamente se tiene
por acreditado por el Tribunal A Quo, que varios procesados
que ostentaban la condición de miembros de los cuerpos de
seguridad del Estado, entre los que se encontraba el
encausado PEDRO PEREZ CHAVARRIA tenían conocimiento de las
acciones anteriormente descritas y que trajeron como
resultado la muerte de varias personas por carbonización
(vid. Hecho Probado Cuadragésimo Tercero), sin que realizaran
acción alguna para impedirlo. La muerte de una persona a
consecuencia de la acción realizada por otra, valiéndose de
medios especialmente peligrosos o revelando una especial
perversidad, ha sido tradicionalmente castigada con mayor
severidad que el homicidio simple. En este sentido, el
asesinato se describe como la muerte de otra persona
ejecutada con alguna de las circunstancias mencionadas en el
artículo 117 del Código Penal. De este modo, la concurrencia
Recurso de Casación No. 400-2008
149
de algunas de las circunstancias del artículo 117 establece
la diferencia entre el homicidio y el asesinato. No obstante,
cabe señalar, que ambos delitos comparten características
comunes, así, aparte de la igualdad en el bien jurídico
protegido, que es la vida humana como valor ideal, coinciden
los sujetos, activo y pasivo, que pueden serlo cualquier
persona, sin más limitaciones que las que provienen del
concurso de leyes,43 el objeto material sobre el que recae
directamente la acción y los problemas de la relación de la
causalidad, en virtud de la cual se debe establecer la
conexión entre el comportamiento del sujeto activo y el
resultado que consiste en la muerte efectiva de otra persona.
En el caso concreto que ahora nos ocupa, se ha declarado la
responsabilidad penal del encausado PEDRO PEREZ CHAVARRIA por
su contribución a la consumación de varios delitos de
asesinato mediante incendio, modalidad prevista en el numeral
3) del precepto legal supracitado. La razón de la especial
agravación de la muerte de un ser humano cometido mediante
incendio, no es solamente la mayor perfidia del medio
empleado que revela un delincuente sumamente peligroso, sino
también el peligro general que tal medio y otros como la
inundación, explosión, descarrilamiento, etc… encierran para
la colectividad44. Habiendo determinado de manera sucinta
cuales son los elementos objetivos y subjetivos de la
modalidad del delito de asesinato antes apuntada, esta Sala
considera pertinente referirse ahora a la figura de la
comisión por omisión, El tipo de comisión por omisión muestra
en su parte objetiva la misma estructura que el de la omisión
pura: a) situación típica; b) ausencia de la acción
determinada; c) capacidad de realizarla45, pero completada con
la presencia de tres elementos particulares necesarios para
la imputación objetiva del hecho: la Posición de garante, la
producción de un resultado y la posibilidad de evitarlo.
Recapitulando podemos decir que a)la posición de garante
integra necesariamente la situación típica de los delitos de
comisión por omisión no expresamente tipificados; b)debe
seguir en ellos la producción de un resultado; y, c) la
capacidad de acción debe comprender la capacidad de evitar el
resultado. Si el primer elemento de toda omisión es que tenga
lugar la situación típica base del deber de actuar, en la
43 Así sí el sujeto pasivo es alguno de los Presidentes de los Poderes del
Estado, el delito aplicable es el previsto en el artículo 322, si se
trata del Jefe de Estado extranjero o Jefe de Gobierno extranjero, el
artículo 318, etc… 44 Vid. CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II,
Revisada por CAMARGO HERNANDEZ, CESAR, Bosch, Casa Editorial, S.A.,
Barcelona, 1982, pág. 507. 45 Así por ejemplo, constituye un tipo de omisión pura, el previsto en el
artículo 388 No. 4) del Código Penal que se describe de la siguiente
manera: ―….quien sin concierto previo con los autores o cómplices de un
delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de éste:…4)
Deja de comunicar a la autoridad las noticias que tuviere acerca de la
comisión de un delito cuando está obligado a hacerlo por su profesión o
empleo….En este supuesto la situación típica es la de quien se encuentra
en la circunstancia de tener motivos suficientes para suponer la comisión
de un delito con la obligación de denunciarlo. La ausencia de la acción
esperada, radica en dejar de comunicar a la autoridad las noticias que
tuviere acerca de la comisión de un delito, a lo que se añade la como un
elemento del tipo objetivo, la capacidad de efectuar tal notificación, es
decir, la posibilidad de realizar la acción esperada.
Recurso de Casación No. 400-2008
150
comisión por omisión no expresamente tipificada ha de
integrar dicha situación la llamada posición de garante por
parte del autor. Se da cuando corresponde al sujeto una
específica función de protección del bien jurídico afectado o
una función personal de control de una fuente de peligro, en
ciertas condiciones. Ambas situaciones convierten entonces al
autor en garante de la indemnidad del bien jurídico
correspondiente. Así por ejemplo, en determinadas
circunstancias asumen la posición de garantes para
salvaguardar la indemnidad de bienes jurídicos ajenos, el
padre en relación con el niño, el hijo en relación con el
padre anciano, la esposa en relación con el esposo o
viceversa, el profesor de natación en relación con su alumno,
la enfermera obligada a cuidar al paciente, el salvavidas en
relación a la persona que se ahoga, la niñera encargada de
cuidar la criatura en brazos, el controlador aéreo, el
cuidador de una planta de energía atómica o de sustancias
radiactivas, el conductor encargado de transportar sustancias
químicas, el jefe de seguridad de la fábrica encargado de
mantener las máquinas en perfecto estado de funcionamiento
para evitar accidentes de trabajo, el dueño del animal fiero,
La posición de garante es precisa para que la no evitación de
un resultado lesivo pueda equipararse a su propia causación
positiva y castigarse con arreglo al precepto que sanciona su
producción. De este modo, en la doctrina se exponen como
ejemplos clásicos de delitos cometidos en comisión por
omisión, en que la posición de garante determina que la no
evitación del resultado lesivo se equipara al de su
causación, lo siguientes: la madre que no le suministra
alimento al recién nacido y lo deja morir por inanición, la
mujer que deja perecer al recién nacido al omitir atarle el
cordón umbilical, el cónyuge que no le brinda asistencia
médica a su compañero, víctima de una repentina enfermedad o
accidente, y deja que muera, el socorrista que no le presta
atención al bañista cuya protección se le ha encomendado, al
profesor de natación que deja ahogar al alumno que le ha
prometido adiestrarlo en dicho deporte, el guía, que ante la
situación de peligro del excursionista que ha confiado su
cuidado, no hace nada para evitarlo, el encargado de cuidar
al ciego, al que no le impide avanzar hacia el precipicio, el
que deja morir de hambre al secuestrado, el guardián de
prisiones que no asiste al detenido en peligro de muerte
después de intervenir en una riña, etc..46 Lo decisivo en la
comisión por omisión no es la existencia efectiva de una
relación causal entre la omisión y el resultado, sino solo la
virtual causal de la acción que hubiera debido realizarse
para evitarlo (“causalidad hipotética”) Para comprobar la
existencia de la causalidad hipotética o llamada también por
algunos “nexo de evitación”, el Juzgador debe acudir a una
fórmula en virtud de la que a partir de la teoría de la
equivalencia de las condiciones, se afirma que la omisión es
causa del resultado, si puesta mentalmente en su lugar la
acción esperada, que no es realizada por el omitente, el
resultado desaparece al menos con una probabilidad rayana en
la certeza; Como lo exponíamos líneas arriba, el sujeto
46 Vid. VELASQUEZ FERNANDO, en Derecho Penal, Parte General, 4ª edición,
COMLIBROS, Bogotá, Colombia, 2009, pág 668.
Recurso de Casación No. 400-2008
151
activo debe tener la capacidad efectiva (real, física) de
realizar la conducta ordenada (el mandato) en el caso
concreto y partir de consideraciones objetivas, pues de lo
contrario, sí al agente le falta capacidad corporal o física
de acción, su comportamiento, llevado a cabo de manera
distinta, será atípico; como dice la máxima jurídica: “a lo
imposible nadie está obligado”. Así por ejemplo: el bañista
que en este momento se ahoga en las playas, así se pueda
presenciar el hecho por medio de la televisión, no puede ser
salvado por uno de los televidentes, pues ninguno de ellos
tiene la posibilidad de realizar la acción ordenada, no así
el socorrista contratado para cuidar a los veraneantes. Desde
luego, la incapacidad física puede ser equiparada a aquella
que resulta de una inhabilidad técnica, de una falta de
conocimientos o de medios de auxilio47. Para la comisión por
omisión vale igual el dolo, que para los delitos de omisión
pura. La única particularidad es que, como es lógico, el dolo
deberá abarcar no solo la ausencia de la acción debida, sino
también la posibilidad y la necesidad de la evitación del
resultado mediante aquella acción. Además habrá de extenderse
a la situación que determina la presencia de la posición de
garante48. Abundando en la configuración del dolo, podemos
decir que este tiene un componente cognoscitivo, en tanto que
se requiere en primer lugar, que el agente tenga conocimiento
de la posición de garante, es decir, debe saber que en el
caso concreto ostenta la posición de padre, hijo, médico,
jefe de seguridad industrial, etc… En segundo lugar, el
sujeto debe tener conocimiento de la situación típica y del
curso causal (de la causalidad hipotética), además en tercer
lugar, se requiere la posibilidad de representación de la
conducta debida y la vía para evitarlo. Sobre el componente
volitivo, es indispensable que el agente quiera (aunque sea
eventualmente) la realización del tipo en su aspecto objetivo
correspondiente, que tenga voluntad de realización de la
conducta omisiva según la nota de la finalidad49. Aplicando
los criterios anteriormente expuestos al caso concreto que
ahora nos ocupa, esta Sala aprecia lo siguiente: A) Que de
conformidad a lo descrito por el Tribunal de Sentencia en la
fundamentación fáctica del fallo recurrido, a eso de las 9:25
de la mañana del día 5 de abril de 2003, uno de los reos
rondines procesados cerró con candado la celda número seis,
procediendo junto con otros encausados a colocar obstáculos
en la puerta de acceso, introduciendo colchones por las
ventanas del recinto, así como también a rociar de líquido
acelerante la madera del techo provocando fuego en el
interior de la celda. Con tales acciones se origina una
situación típica, es decir una amenaza o peligro para el bien
jurídico “vida” de los reclusos pandilleros y otras personas
que se encontraban dentro, originándose un foco de peligro o
riesgo de que muriesen por la acción del fuego provocado, y
con ello la expectativa de que se consumase el tipo penal de
47
Vid. VELASQUEZ FERNANDO, en Derecho Penal, Parte General, 4ª edición,
COMLIBROS, Bogotá, Colombia, 2009, pág 672.
48 Vid. MIR PUIG, SANTIAGO, Derecho Penal, Parte General, 6ª edición,
2002, pág. 324. 49 Vid. VELASQUEZ, FERNANDO, VELASQUEZ FERNANDO, en Derecho Penal, Parte
General, 4ª edición, COMLIBROS, Bogotá, Colombia, 2009, págs. 674-675.
Recurso de Casación No. 400-2008
152
asesinato descrito en el artículo 117 No. 3) del Código Penal
(vid. Hecho probado vigésimo cuarto) b) Es un hecho no
controvertido, que el acusado PEDRO PEREZ CHAVARRIA en su
condición de Policía Penitenciario y miembro por ende de la
Policía Nacional tenía el deber colaborar en el
restablecimiento del orden que se había quebrantado en las
instalaciones de la Granja Penal del Porvenir. El artículo
293 de la Constitución de la República prevé que la Policía
Nacional es una institución profesional del Estado, encargada
de velar por la conservación del orden público, la
prevención, control y combate del delito, así como también de
proteger la seguridad de las personas y sus bienes. El
artículo 10 No. 2) de la entonces vigente Ley Orgánica de la
Policía Nacional (Decreto No. 155-98) establecía entre otras
atribuciones, que para el logro de sus objetivos y
cumplimiento de sus responsabilidades, le correspondía a ese
cuerpo de seguridad proteger la vida, bienes, derechos y
libertades de las personas. En sintonía con los preceptos
antes mencionados, el artículo 22 No. 3) establece que en el
cumplimiento de sus funciones los miembros de la Policía
deberán cuidar y proteger la salud física y mental de las
personas detenidas o sometidas a resguardo. Del precepto
constitucional y legales antes citados, se desprende sin duda
alguna, que los Policías Penitenciarios, al reunir la
condición de miembros de la Policía Nacional, asumen la
posición de garantes de la vida e integridad física de las
personas que se encuentren recluidas en un centro
penitenciario del Estado en aquellos casos en que dichos
bienes jurídicos se vean amenazados o puestos en peligro por
otros reclusos o cualquier clase de individuos. De este modo
podemos afirmar, que el imputado PEDRO PEREZ CHAVARRIA tenía
el deber de colaborar en el restablecimiento del orden
alterado en el interior de ese centro penitenciario desde una
posición de garante, es decir que tenía la obligación de
hacer cuanto estuviera a su alcance para evitar ataques a la
integridad física o la vida de cuantas personas se
encontraran en situación de peligro, independientemente de
que se tratara de pandilleros, rondines, reos comunes
denominados “paisas”, visitantes, funcionarios
penitenciarios, policías, miembros del ejército nacional,
etc… C)Ausencia de la acción determinada: una lectura
detenida de la fundamentación fáctica de la sentencia
impugnada, no revela que el encausado PEDRO PEREZ CHAVARRIA
haya realizado acción alguna dirigida a evitar que los reos
pandilleros y otras personas que se encontraban al interior
de la celda No. 6) de la Granja Penal del Porvenir murieran
por la acción del fuego desatado tras la provocación del
incendio provocado por otras personas, ni que existiera algún
obstáculo insuperable que incidiera en el ejercicio de su
capacidad corporal o física de acción para contribuir como
agente de la autoridad provisto de un arma de fuego para
evitar las acciones desplegadas por terceros y que en una
relación causa-efecto produjeron las muertes de varios seres
humanos; de este modo si colocamos mentalmente en su lugar la
acción esperada, y no realizada por el omitente PEDRO PEREZ
CHAVARRIA, el resultado se habría evitado con una
probabilidad rayana en la certeza. De ahí que su
comportamiento omisivo si es subsumible en el tipo de
Recurso de Casación No. 400-2008
153
asesinato mediante incendio, y por lo tanto reprochable desde
el punto de vista jurídico penal pese a que el Tribunal
erróneamente estableció en su parte dispositiva que la
conducta delictiva atribuida al reo PEDRO PEREZ CHAVARRIA lo
era por su contribución mediante acción, y no por omisión
como resulta de los hechos probados. Al tenor de los
criterios establecidos por el Juzgador de Instancia para la
individualización de la pena (concurso ideal)50, mismos que no
pueden ser modificados de manera perjudicial para el reo en
esta sede51, podemos afirmar que lo anterior no tiene
relevancia en sede casacional, por lo que se fija la misma
sanción prevista en la sentencia recurrida, es decir, la de
veinticinco años de reclusión. No obstante y tomando en
cuenta que el desvalor de su conducta consistente en realizar
un acto contrario a la ley y por ende dejar de cumplir su
función de garante de la vida de varias personas que
resultaron muertas por la acción del fuego ya encuentra
castigo con la pena impuesta por su participación en el
delito de ASESINATO CONSUMADO MEDIANTE INCENDIO52, debe
absolverse al procesado PEDRO PEREZ CHAVARRIA del delito de
VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS. Por todas las
razones anteriormente expuestos se declara parcialmente con
lugar y dentro de los términos antes señalados el presente
motivo.-
XXII.- SEGUNDO MOTIVO: No ser los hechos probados de la
sentencia claros y terminantes. PRECEPTO AUTORIZANTE: El
presente motivo de casación se encuentra comprendido en el
Art. 362.1 del Código Procesal Penal (en adelante ―CPP‖).
EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El precepto penal adjetivo que se
invocan como infringidos por falta de aplicación, prescribe:
Art. 338, Sección Cuarta, numeral 1: ―Declaración de hechos
probados. En párrafos separado y numerados se hará
declaración expresa y terminante de los hechos que se
consideran probados, descritos con claridad, precisión y
coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo
carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya que
dictarse‖ (El subrayado y marcado me pertenece). El presente
vicio de casación está referido a al vicio en caso que los
hechos probados no sean claros, lo que se constituiría si
dichos acontecimientos fueran redactados de forma confusa,
dubitativa e imprecisa, de tal forma que por su insuficiencia
o oscuridad, por no ser expresados en forma conclusiva,
inequívoca, categórica, sino dubitativa o insegura, no
conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. De
esa forma, al hacer una revisión de los hechos probados,
números VIGESIMO PRIMERO y VIGESIMO SEGUNDO, refieren
acontecimientos por los cuales, a la larga, a los imputados
DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ CHAVARRIA, se les
ha condenado por la comisión de 37 delitos de Asesinato por
50 Vid. Artículo 36 párrafo primero del Código Penal. 51 Vid. Artículo 350 del Código Procesal Penal, referente a la prohibición
de la reforma peyorativa (non reformatio in pejus) en materia recursiva. 52 Es de tomar en cuenta que el desvalor que supone el prevalimiento del
carácter público del culpable para la comisión del hecho constituye una
agravante (art. 27 No. 9) del Código Penal), misma que en el caso de
autos no puede considerarse, en tanto que el Tribunal de Instancia ha
impuesto la pena mínima, y por ende se impone la observancia de la
prohibición de reforma peyorativa en materia recursiva.
Recurso de Casación No. 400-2008
154
Alevosía, y 19 delitos de Tentativa de Asesinato por
Alevosía, respectivamente, veamos: VVIIGGÉÉSSIIMMOO PPRRIIMMEERROO, se
expresa que (10) minutos después de que los reos pandilleros
han dado muerte al Señor José Alberto Almendarez, y una vez
que se avisa por teléfono lo que está ocurriendo a la Policía
Nacional Preventiva, el Sub Teniente Roger Armando Sosa
Iglesias, ingresa a los recintos del Centro Penal, le
acompañan el personal militar bajo su mando, todos con sus
armas de reglamento y luciendo uniforme verde fatiga, y los
policías penitenciarios Clase II DIMAS ANTONIO BENÍTEZ, quien
portaba un arma de fuego, tipo pistola y luciendo uniforme
gris y negro de fatiga, el policía penitenciario PEDRO PÉREZ
CHAVARRÍA, armado con un fusil Pietro bereta, calibre
5.56/.223, serie A03483g, Jaime Dagoberto Padilla Puerto,
Serafín López y Oscar Javier Obando Padilla, también portando
armas de fuego, disparan a los reos pandilleros que
encontraban a su paso, identificándolos por su vestimenta y
por su corte de pelo, quitándole la vida a varios de ellos.
VVIIGGÉÉSSIIMMOO SSEEGGUUNNDDOO,, ssee sseeññaallaa,, qquuee llooss Policías Penitenciarios
DIMAS ANTONIO BENÍTEZ Y PEDRO PÉREZ CHAVARRÍA y miembros del
ejército transitan por el interior del recinto,
posesionándose después frente a la iglesia en donde
disparaban a los reos pandilleros que aún se encontraban por
la cancha. Con sólo leer los hechos anteriores, que
justifican el fallo de condena, vemos una sorprendente
imprecisión en la consignación de los acontecimientos
imputados a DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ
CHAVARRIA y por los cuales se les condena a esas diversas
infracciones.- De forma común en ambos no se aprecia la
forma, lugar preciso, las víctimas a las que les disparan, lo
cual hace difícil entender, con sólo su lectura, de qué
muertes o atentado de muertes son responsables cada quién,
como tampoco, sin haber una claridad en la forma en que
llevaron a cabo el ataque, no se puede colegir cuál fue la
manera alevosa en que actuaron. Obsérvese que en relación al
hecho VIGESIMO PRIMERO, se le atribuye la muere de un número
indeterminado de pandilleros no sólo a los imputados DIMAS
ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ CHAVARRIA, sino también
a miembros de Ejército y otros policías penitenciarios, y a
todos ellos se les atribuye en ese relato fáctico la
realización de ataques con arma de fuego en perjuicio de esa
indeterminación de víctimas.- Lo mismo ocurre en el hecho
VIGESIMO SEGUNDO, en el que también se reconoce la
intervención de miembros del Ejército Nacional (que ni
siquiera se consignan sus nombres), y por lo cual existe una
total falta de precisión de porqué muertes específicas,
atentados específicos y manera de comisión del hecho
específica, responden y actúan mis representados. Una de las
características fundamentales de la motivación o
fundamentación, según la doctrina, y exigida en el Art. 338,
arriba transcrito, consiste en la claridad, según la cual, el
pensar jurídico de la sentencia debe estar definido, ello
infundirá seguridad en las partes y cualquiera que la lea.- y
Este es el defecto del cual adolecen los hechos probados
relatados, ya que con ellos existe una importante imprecisión
en los aspectos fundamentales sobre los cuales,
posteriormente, debe asignárseles una norma penal para
definir el grado de responsabilidad de los justiciables.- Con
Recurso de Casación No. 400-2008
155
esa consignación no terminante y no precisa, se muestra más
bien un defecto probatorio en la correcta determinación del
hecho, es decir, que la falta de precisión en los hechos
atribuidos a DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ
CHAVARRIA, muestra una incorrecta labor probatoria al no
precisarse o concretizarse qué acontecimientos realizó cada
uno de ellos, que los distingan entre sí y las demás personas
mencionadas en los mismos.- Por ello la presente
irregularidad procesal debe ser corregida a través del
presente motivo de casación. En vista que la infracción
aludida ha ocurrido en el momento de dictarse sentencia, es
hasta este momento en que se alega. Por lo antes dicho, se
solicita al Tribunal de Casación, anular la sentencia, y en
vista que la irregularidad no es corregible con el reenvío
del caso para que el Tribunal de Sentencia haga la
subsanación correspondiente, ya que esa consignación
imprecisa de los hechos depende del ejercicio probatorio ya
efectuado, no pudiendo, en consecuencia dicho Tribunal
realizar una nueva valoración de la prueba para determinar
concretamente el actuar de los imputados, es que se torna
necesario, además de la anulación comentada, ordenar la
celebración de nuevo debate, única forma en que se podrá
hacer efectivo el presente motivo de casación, ello de
conformidad al Art. 369 del CPP.
XXII.- RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA
INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS DIMAS ANTONIO
BENITEZ VASQUEZ Y PEDRO PEREZ CHAVARRIA BAJO EL ARGUMENTO DE
QUE LOS HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA NO SON CLAROS Y
TERMINANTES. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 1) DEL
CODIGO PROCESAL PENAL.-
Señala el recurrente que el vicio de casación denunciado
radica en que los hechos probados no son claros, son
redactados de forma confusa, dubitativa e imprecisa. Los
hechos probados, números VIGESIMO PRIMERO y VIGESIMO SEGUNDO,
refieren los hechos en relación a los imputados DIMAS ANTONIO
BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ CHAVARRIA, a los que se condena
por la comisión de treinta y siete (37) delitos de Asesinato
por Alevosía y diecinueve (19) delitos de Tentativa de
Asesinato por Alevosía. AAlluuddee aa qquuee en relación a ambos
acusados, no se aprecia la forma, lugar preciso, las víctimas
a las que les disparan, lo que hace difícil entender, de qué
muertes o atentado de muertes son responsables cada uno de
ellos. Refiere a que sin haber claridad en la forma en que se
llevó a cabo el ataque, no es posible colegir la manera
alevosa en que actuaron. En relación al hecho VIGESIMO
PRIMERO, expresa que se atribuye la muerte de un número
indeterminado de pandilleros no sólo a los imputados DIMAS
ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ CHAVARRIA, sino también
a miembros del Ejército y a otros policías penitenciarios,
sin mencionar el nombre de estos últimos, y a todos ellos se
les atribuye en ese relato fáctico la realización de ataques
con armas de fuego en perjuicio de las víctimas.- Esgrime que
lo mismo ocurre en el hecho VIGESIMO SEGUNDO, en el que se
reconoce la intervención de miembros del Ejército Nacional,
por lo cual considera que existe una total falta de precisión
de las muertes, atentados y manera de comisión de los hechos
Recurso de Casación No. 400-2008
156
específicos, por los cuales responden los acusados. Recuerda
el recurrente que la claridad es una de las características
fundamentales de la motivación o fundamentación, exigida en
el artículo 338 del Código Procesal Penal, que es el defecto
del que adolecen los hechos probados relatados, ya que según
el recurrente existe imprecisión. Concluye que el Tribunal de
Casación, debe anular la sentencia, y en vista de la
irregularidad apuntada, ordenar la celebración de nuevo
debate. Esta Sala de lo Penal, no se pronuncia en el presente
motivo sobre los argumentos expuestos por la Defensa a favor
del procesado DIMAS ANTONO BENITEZ VASQUEZ, ya que de los
antecedentes se desprende que éste perdió la vida a
consecuencia de recibir varios disparos de arma de fuego, lo
que da lugar a la extinción de la responsabilidad penal y por
ende al sobreseimiento definitivo de la causa, al tenor de lo
prescrito en los artículos 96 No. 1) del Código Penal; 42 No.
1) y 43 del Código Procesal Penal.- En consecuencia procede a
resolver el motivo por quebrantamiento de forma expuesto por
el Apoderado Defensor del acusado PEDRO PEREZ CHAVARRIA. Esta
Sala de lo Penal, considera pertinente destacar, que el vicio
procesal denunciado por el recurrente se origina
exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados
aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su
insuficiencia o oscuridad, o por no expresar en forma
conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino
vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones
alternativas, en definitiva, a consecuencia de la ambigüedad
del relato. La falta de claridad puede venir determinada por
haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen
difícil la comprensión del relato o cuando incurre en
omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente
sin contenido específico la narración de los hechos; se
produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su
deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión,
también cuando por omisión de elementos o circunstancias
importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo
ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica
para determinar si los hechos son o no constitutivos de la
infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de
los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no
basta para apreciar el defecto procesal que la narración se
ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en
términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su
comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades
se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes
de la calificación penal asignada a los hechos probados,
provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de
los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para
formular la calificación jurídica, de forma que no pueda
orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda
estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio,
es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación
lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe
servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o
“quaestio iuris”. Esta Sala de lo Penal considera que la
redacción de los hechos probados relacionados en los que se
describe la participación del acusado PEDRO PEREZ CHAVARRIA
sí reúne los requisitos mínimos de claridad, dada la dinámica
Recurso de Casación No. 400-2008
157
misma de los acontecimientos caracterizada por la presencia y
participación de múltiples sujetos activos y gran cantidad de
víctimas, de tal manera que la fundamentación fáctica de la
sentecia permite a este Tribunal determinar sí a dicho
encausado pueden o no atribuírseles los hechos criminosos por
los cuales resultara condenado. Es así como en el hecho
VIGESIMO PRIMERO se establece que tiempo después que los
reos pandilleros dieran muerte al interno JOSE ALBERTO
ALMENDAREZ, el encartado PEDRO PEREZ CHAVARRIA junto a otros
policías penitenciarios dispararon a los reos pandilleros que
encontraban a su paso, identificándolos por su vestimenta y
por su corte de pelo, quitándole la vida a varios de ellos.
En el hecho probado VIGESIMO SEGUNDO se expresa que junto a
otro policía penitenciario, el imputado Pedro Pérez Chavarría
en compañía de miembros del ejército transitaban por el
interior del recinto, posesionándose después frente a la
iglesia en donde disparaban a los reos pandilleros que aun se
encontraban por la cancha. Más adelante en el hecho probado
VIGÉSIMO CUARTO se establece que cuando varios reos rondines
realizaban acciones para provocar un incendio en la celda No.
6 de la Granja Penal del Porvenir, y además ponían obstáculos
para evitar que las personas que se encontraban en el
interior pudieran salir, el procesado PEDRO PEREZ CHAVARRIA,
habiéndose enterado de ello no hizo nada para evitarlo. En el
hecho probado VIGESIMO SEXTO, también se sitúa en escena al
encausado PEDRO PEREZ CHAVARRIA, cuando disparaba junto con
otras personas hacia el punto donde se encontraban varios
reos pandilleros. Finalmente en el hecho probado CUADRAGESIMO
TERCERO se describen las personas que murieron por el efecto
del incendio desatado al interior de la celda número 6, en el
hecho probado CUADRAGESIMO QUINTO, quienes fallecieron por
disparos de arma de fuego y/o lesiones causadas con armas
cortopunzantes y objetos contundentes, en tanto que
finalmente en el hecho probado CUADRAGESIMO SEXTO quienes
fueron los reos pandilleros que a la conclusión de los
acontecimientos ocurridos al interior de la Gran Penal del
Porvenir presentaban lesiones causadas en su mayoría con
armas cortopunzantes y objetos contundentes. De este modo, y
como lo expresáramos anteriormente, dadas las circunstancias
en que se produjeron los hechos objeto de juzgamiento con
múltiples sujetos activos y una gran cantidad de víctimas,
que en su mayoría perdieron la vida en tanto que las demás
presentaban múltiples lesiones, resulta razonable que el
Tribunal de Instancia no haya establecido con rigurosa
minuciosidad y con prolijidad de detalles las incidencias
ocurridas durante el desarrollo de los acontecimientos, de
tal manera que esta Sala no constata la oscuridad, ambigüedad
o imprecisión acusada por el Censor, de ahí que el presente
motivo debe ser declarado sin lugar.
XXIII.- TERCER MOTIVO: Haber incurrido el sentenciador en
falta de observación de las reglas de la sana crítica en la
valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente
motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 362.3
del Código Procesal Penal (en adelante ―CPP‖). EXPLICACIÓN
DEL MOTIVO. Los preceptos penales adjetivos que se invocan
como infringidos por falta de aplicación, prescriben: Art.
202: ―Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana
crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción
Recurso de Casación No. 400-2008
158
valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba
producida‖. Por su parte, el párrafo primero, del Art. 336,
de la misma ley señala: ―El Tribunal, para resolver, sólo
tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante
el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de
acuerdo con las reglas de la sana crítica‖. También, el Art.
338, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena
al Tribunal sentenciador, en el numeral 2), lo siguiente:
―…Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las
pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos,
justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor
que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso,
el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por
presunción a partir de los indicios, igualmente declarados
probados‖. Los hechos probados de una sentencia penal (que
constituyen la verdad a la que el Tribunal cree haber
arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se
plasma en la fundamentación probatoria; por ello la correcta
sustentación que tengan los hechos probados, en cuanto a los
requisitos esenciales de claridad y precisión parten
esencialmente, de una acertada fundamentación probatoria, de
tal suerte que cuando existan deficiencias en el examen de la
prueba, se encontrarán defectos en el encuadre fáctico de los
hechos probados, como se ha mostrado en el anterior motivo.
La fundamentación probatoria se divide en las fases
descriptiva e intelectiva; en la primera (fundamentación
probatoria), el Tribunal describe cada una de las pruebas que
dan sustento a su decisión; en la segunda (fundamentación
intelectiva), el juzgador debe explicar porqué un medio
probatorio le merece o no confiabilidad, y, además, porqué un
elemento de prueba le conduce a una conclusión determinada.-
Sobre esta segunda operación, es que recae el reproche del
recurso de casación por violación a las reglas de la sana
crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que
la violación a esas reglas que corrigen el correcto
entendimiento humano, constituye un problema de
fundamentación de la sentencia; por ello el legislador en el
artículo 338 del CPP, ubica dentro de la ―fundamentación del
fallo‖ (regla cuarta), la valoración de la prueba.- Las
reglas de la sana crítica entonces, constituyen la especie
dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema
de sana crítica racional que implementa nuestro sistema
procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba,
impera la plena libertad de convencimiento de los Jueces,
pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben
sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.-
La libertad de convencimiento tiene límites: Las normas que
gobiernan la corrección del pensamiento humano, es decir, los
principios de la recta razón, concretamente, las normas de la
lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las
reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la
valoración de las pruebas, según lo exigen los Arts. 202 y
336 CPP y que recalca el Art. 338, sección cuarta, numeral 2
(―...justificando según las reglas de la sana crítica, el
valor que se haya dado a las practicadas en juicio...‖),
aparece la característica, exigida por ellas, denominada,
según FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal. El Recurso de
Casación Penal en el Nuevo Código Procesal Penal de la
Recurso de Casación No. 400-2008
159
Nación), como DERIVADA, según la cual, la motivación debe
respetar el principio de razón suficiente, para lo cual ―el
razonamiento debe estar constituido por inferencias
razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de
conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando‖.-
Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: A cada
conclusión afirmada o negada, debe corresponder
convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda
inferir aquella.- Así, en estricto cumplimiento de las
disposiciones legales referidas, para establecer como probado
un hecho en una sentencia penal, máxime tratándose de una
sentencia condenatoria, será necesario que de la relación de
todas las pruebas evacuadas el Juzgador arribe al
convencimiento de la existencia del hecho porque de la
confrontación probaría logra obtener CERTEZA de su
existencia, así como de la participación del imputado y de la
culpabilidad del mismo.- La condena será legítima
constitucional y legalmente únicamente al tener el
conocimiento positivo de cualesquiera de esas
circunstancias; legitimación que no se dará cuando no haya
CONVENCIMIENTO NEGATIVO sobre su concurrencia; cuando haya
DUDA, e, inclusive, cuando haya POSIBILIDAD sobre la
realización y participación; todas estas otras posibilidades
distintas a la certeza, no darán como válido ni legítimo,
desde el punto de vista de la fundamentación, la creencia en
el Tribunal sobre la culpabilidad del justiciable. Resulta,
que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía
impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las
reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la
prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación
de los Artículos mencionados: CONCLUSION DE HECHOS PROBADOS
SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS IMPUTADOS. El Tribunal de
Sentencia ha establecido, sobre la participación de los
imputados, los hechos probados siguientes: EEnn eell hheecchhoo
pprroobbaaddoo DDÉÉCCIIMMOO SSÉÉPPTTIIMMOO,, se expresa que siendo las 09:00 a.m.,
los reos pandilleros Mario Roberto Serrano Escobar, conocido
también como Mario Roberto Cerrato Escobar, (alias El Boris),
portando un arma de fuego, tipo pistola, en compañía de Cesar
Alcides Méndez Mallorquín, conocido también como Cesar
Alcides Mallorquín Méndez, (alias El Demoledor), Lucas Ronalo
Ortega Padilla (alias El Pibe), Adal Alberto Alemán Benneth
(alias El Espía), Arnol José Hernández (alias El Trabado),
Eduin Zoheir Calona Cruz, (alias El Danger), Juan Carlos
Mata Salgado, (alias El Poison), Marlon Chávez Romero, (alias
El Moreno), y un máximo de dos reos pandilleros más,
comienzan a realizar el ataque en contra de varios privados
de libertad, entre ellos José Alberto Almendarez, José
Engracio Bàlico Valle, Daniel Avelino Lozano Lanza, José
Edgardo Coca, y Donaldo Hernández; Los reos coordinadores y
rondines, como reacción, se internaron en la celda quince
(15), escudándose en un cancel, donde los reos pandilleros no
pudieron alcanzarlos, por ello los reos pandilleros Adal
Alberto Alemán Benneth (alias El Espía), Arnold José
Hernández (alias El Trabado) y otro reo pandillero,
procedieron a prender fuego a la celda catorce (14), con la
intención de darles muerte de esa forma. EEnn eell hheecchhoo pprroobbaaddoo
DDÉÉCCIIMMOO NNOOVVEENNOO ssee iinnddiiccaa qquuee aal mismo tiempo de los primeros
disparos, muchos de los reos pandilleros, conformados en
Recurso de Casación No. 400-2008
160
grupos, proceden a buscar por el centro penal, a los reos
rondines para matarlos, mientras que éstos corrían de un
lugar a otro buscando refugio.- En la búsqueda emprendida por
los diferentes grupos de reos pandilleros logran localizar y
dar muerte a los reos rondines Ángel Emilio Gutiérrez y José
Luís Fuentes, y herir al reo rondín Cándido Sánchez.- Entre
tanto, el resto de la población penitenciaria procede a
buscar refugio, algunos en el interior sus respectivas
celdas, otros internándose en el taller y otros en los bajos
de los torreones dos y tres. EEnn eell nnúúmmeerroo VVIIGGÉÉSSIIMMOO PPRRIIMMEERROO,
se expresa que (10) minutos después de que los reos
pandilleros han dado muerte al Señor José Alberto Almendarez,
y una vez que se avisa por teléfono lo que está ocurriendo a
la Policía Nacional Preventiva, el Sub Teniente Roger Armando
Sosa Iglesias, ingresa a los recintos del Centro Penal, le
acompañan el personal militar bajo su mando, todos con sus
armas de reglamento y luciendo uniforme verde fatiga, y los
policías penitenciarios Clase II DIMAS ANTONIO BENÍTEZ, quien
portaba un arma de fuego, tipo pistola y luciendo uniforme
gris y negro de fatiga, el policía penitenciario PEDRO PÉREZ
CHAVARRÍA, armado con un fusil Pietro bereta, calibre
5.56/.223, serie A03483g, Jaime Dagoberto Padilla Puerto,
Serafín López y Oscar Javier Obando Padilla, también portando
armas de fuego, disparan a los reos pandilleros que
encontraban a su paso, identificándolos por su vestimenta y
por su corte de pelo, quitándole la vida a varios de ellos.
EEnn eell hheecchhoo VVIIGGÉÉSSIIMMOO SSEEGGUUNNDDOO,, ssee sseeññaallaa,, qquuee llooss Policías
Penitenciarios DIMAS ANTONIO BENÍTEZ Y PEDRO PÉREZ CHAVARRÍA
y miembros del ejército transitan por el interior del
recinto, posesionándose después frente a la iglesia en donde
disparaban a los reos pandilleros que aún se encontraban por
la cancha. EEnn eell hheecchhoo VVIIGGÉÉSSIIMMOO CCUUAARRTTOO,, ssee rreellaattaa qquuee el reo
rondín Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias Chinapopo),
cierra con candado la celda seis (6), hacia donde policías
penitenciarios y miembros del ejército habían disparado, para
luego tirar cajones, palos y mesas a la puerta de esa celda,
con ayuda de los reos rondines Adán Amparo Soto, (alias
Comayagua) y Javier Antonio Solís Ponce, (alias Javier
Solís); seguidamente, el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores, consigue un liquido acelerante, regresando a la celda
seis (6) y junto con los reos rondines Luis Alberto Cruz
Valdivio, (alias Chica Sexy), Santos Efraín Arteaga Pérez,
(alias el Chaparro) y el reo Santos Geovany Banegas, prenden
en fuego, con el acelerante, varias colchonetas las que tiran
hacia el interior de la celda seis (6), mientras que las
personas que se encontraban adentro trataban de sofocarlo,
agarrando agua del baño, gritaban pidiendo auxilio y rogando
clemencia, sin lograr controlar el fuego.- De todo ello
lograron tener conocimiento los Policías Penitenciarios DIMAS
ANTONIO BENÍTEZ, PEDRO PÉREZ CHAVARRIA y el miembro del
Ejército Roger Armando Sosa Iglesias, sin que realizaran
acción alguna para evitarlo. EEnn eell hheecchhoo VVIIGGÉÉSSIIMMOO SSEEXXTTOO,, ssee
rreeffiieerree qquuee uunn Policía de Turismo mira hacia el interior del
recinto y observa a seis (6) personas muertas en el aérea del
Cuerpo de la Guardia y a otra persona más por el área del
billar, reconociendo unos metros adelante a los Policías
Penitenciarios PEDRO PÉREZ CHAVARRIA, Oscar Javier Obando
Padilla y Jaime Dagoberto Padilla Puerto, disparando hacia
Recurso de Casación No. 400-2008
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donde se encontraban reos pandilleros. Finalmente, el hecho
CCUUAADDRRAAGGÉÉSSIIMMOO PPRRIIMMEERROO,, eexxpprreessaa qquuee llaa Policía sacando a los
heridos del recinto del Centro Penal, es enterada de que
habían cuatro (4) reos pandilleros escondidos en la bartolina
del reo común llamado el Colombiano, dirigiéndose el policía
DIMAS ANTONIO BENÍTEZ, y otros elementos del Estado,
encontrando a los reos Cosme Javier Osorio Gordón, (Alias
Bleizer), Marcos Hernán Ardón, (alias Baby Casper), Wilmer
Omar Ramos Romero, (alias El Player), José Elson Durón
Saravia, (alias El Cuervo).- El Policía DIMAS ANTONIO
BENÍTEZ, les apunta con su arma de fuego, la que introduce en
la boca del reo pandillero José Elson Durón, indicándoles que
los llevarían a la cancha para matarlos, pero después de un
momento corrige, diciendo que no los mataba por estar adentro
del recinto un muchacho con una cámara, trasladándolos al
Cuerpo la de Guardia, donde golpea con el arma de fuego que
portaba al reo pandillero Marcos Hernán Ardón en la cabeza.
Todos estos extremos considerados probados según el Tribunal,
inciden en que a los señores DIMAS ANTONIO BENTIEZ VASQUEZ y
PEDRO PEREZ CHAVARRIA se les haya condenado por los delitos
de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, ASESINATO
POR INCENDIO, ASESINATO POR ALEVOSIA y TENTATIVA DE
ASESINATO, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA y
VARIAS PERSONAS. El defecto de violación de las reglas de la
sana crítica, en concreto, de lesión al principio lógico de
razón suficiente, resulta, de las diversas conclusiones
probatorias a las que llegó el Tribunal de Sentencia,
referidas recién, y que le condujo a establecer que los
imputados, omitieron un hecho constitutivo de un deber
jurídico; acabaron con la vida de 37 personas mediante actos
realizados personalmente por ellos en los que aseguraron su
ejecución, intentando el mismo resultado en contra de otras
19 personas sobre las cuales no consiguieron terminar con sus
vidas, y permitieron que otros sujetos acabaran con la vida
de 23 individuos, sin haber intervenido en su auxilio o
protección.- Veamos qué medios de prueba muestran que en
relación a los procesados, no puede obtenerse la certeza de
la ocurrencia de los hechos, por lo cual no puede derivarse
la afirmación de la culpabilidad de los mismos. En relación
al imputado DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ Cabe hacer mención
de los siguientes medios de prueba. 1. Oficio de fecha 30 de
Abril del año 2003, dirigido a la Abogada AÍDA ROMERO, Fiscal
de los Derechos Humanos, remitido por el Señor LUIS BELTRÁN
ARIAS RAMOS, el cual contiene el listado de armas del
personal que se encontraba en servicio el cinco de abril del
2003 en la Granja Penal de El Porvenir.- Además, el Listado
de Armas, suscrito por el señor DANNY RODRIGUEZ, el cual
describe el inventario de armas que se encontraba en la
autoridad penitenciaria en la Granja Penal de El Porvenir
(Ver folios 878 al 882).- Con estos documentos se demuestra
de forma indubitable que el imputado DIMAS ANTONIO BENITEZ
VASQUEZ, no tenía asignada arma de fuego en sus labores como
Jefe de Seguridad del centro penal en mención (ese cargo lo
estima como acreditado la sentencia en el numeral SEXTO, de
la VALORACION PROBATORIA, página 125).- Así, si se quiere
determinar la situación específica, que el día de los hechos
el imputado estaba armado, tendrá que relacionarse la
información aportada por estos medios de prueba con otros
Recurso de Casación No. 400-2008
162
medios de convicción que se relacionarán a continuación. 2.
El testigo DANNY ALEXANDER RODRIGUEZ VALLADARES, (Pág. 54 del
acta de debate), quien al momento de ocurrir los hechos se
desempañaba como Director de la Granja Penal de El Porvenir,
refiere que no recuerda si el Clase BENÍTEZ tenia arma
asignada, y ante la solicitud de ponérsele a la vista los
folios 879 al 882, relativos al inventario total de armas
asignadas a ese centro penal, emitido por él y mencionado en
el numeral anterior, establece que sí lo reconoce y está
firmado por dicho declarante.- Llama la atención que sobre
estos datos aportados por el Testigo, el Tribunal ni siquiera
los haya consignado en su valoración probatoria. 3.
Declaración testifical de la señora JUANA MARTINEZ (Págs. 287
y 288 del acta de debate), quien, entre otros aspectos dice:
Que el día de los hechos andaba visitando un sobrino de
nombre Jacobo Matute; cuando estaba haciendo la fila, escuchó
unos disparos, salieron de ahí (con su sobrina) y encontraron
un policía de apellido BENÍTEZ, quien los condujo al portón
principal, primer portón.- Dice, además, que el policía
BENITEZ andaba un uniforme negro; que él las sacó al portón
principal pegado a la piñera; que ello ocurrió a las nueve y
diez de la mañana; que el Policía BENÍTEZ venia del lado de
atrás, y tardó unos 15 minutos en sacarlas. 4. Coincidente
con esta declaración, la testigo ALBA LIZETH MARTINEZ (Págs.
288 y 289), sobrina de la anterior deponente, señala: Que un
sábado 5 de abril de 2003 ella andaba con una tía de ella de
visita a un primo; cuando estaban haciendo fila y faltaban
unas cuatro personas, oyeron unos disparos, sintieron miedo y
se fueron para atrás; que las auxilió BENÍTEZ, el sargento,
quien las sacó por el último portón que queda por la piñera;
que los disparos los escuchó como a las nueve y diez; el
policía BENÍTEZ andaba un uniforme negro, y que a él ya lo
había visto antes.- Sobre esta testigo y la anterior, el
Tribunal hace una injustificada descalificación al señalar
(Página 140 de la sentencia) que la información que ellas
brinda, de ser estimada, no demerita la participación del
imputado en el hecho, ignorando que con lo dicho por ellas,
se demuestra que esos actos de auxilio a su favor fueron
desarrollados por el imputado como a las 9:10 a.m., lo que
coincide con el momento en que se le atribuye la intervención
en los hechos violentos, con lo cual, el análisis de
valoración de las testigos sí es relevante, máxime cuando
advierten que esa ayuda tomó por lo menos unos 15 minutos. 5.
Asimismo, JUAN JOSE CASTRO MIRANDA (Pags 100 y 102 del acta
de debate), quien precisamente era un privado de libertad
perteneciente a la mara ―18‖, declara que fue precisamente
DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ, quien lo auxilió sacándole a
él y otros; que la labor de ayuda la realizó de enfrente del
billar hacia afuera de la granja, en el campo de fútbol.-
Agrega que BENÍTEZ andaba vestido de policía penitenciario,
es decir, de negro, y que también auxilió a otro privado de
libertad que le dicen ―Wisar‖ quien es miembro de la misma
pandilla.- Finaliza diciendo que no vio que el imputado
golpeara a alguna persona.- Resulta forzada e ilógica la
valoración que el Tribunal hace de esta declaración, puesto
que según él, la única intención de este testigo es tratar de
exculpar a los miembros de la policía penitenciaria, sin
establecer mayor fundamento fáctico de ese desprecio
Recurso de Casación No. 400-2008
163
probatorio.- El testigo ha declarado lo que ha percibido; si
el Tribunal no creyó en su versión, debió aportar mayores
argumentos de tipo fácticos para desacreditarle.- Además, el
Juzgador recurre a la versión simplista que esa colaboración
brindada por el imputado a dos miembros de la mara ―18‖, es
cuando ya se había ordenado el cese al fuego, con lo cual, en
primer lugar, niega la actitud de colaboración manifestada
por el imputado durante y después del conflicto, y por otro
lado el pensamiento del Juzgador se aparta de las reglas de
la experiencia común y la lógica, puesto que pretende hacer
creer que es posible que DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ luego
de atentar contra la vida de los miembros de la mara ―18‖ y
de permitir que los rondines los calcinaran, y luego de
agredir físicamente a otros tantos, se muestre tan
colaborador y servicial al terminar los hechos violentos, lo
cual resulta totalmente ilógico en el comportamiento de un
individuo normal. 6. Ratificando la conducta asumida por el
señor BENITEZ VASQUEZ, el testigo MIGUEL ANTONIO MARTÍNEZ
TRUJILLO (Págs. 254-256 del acta de debate), señaló, entre
otras cosas: que el 5 de abril de 2003 escuchó el primer
disparo adentro y empezó a buscar una salida, y estaba por la
entrada de la guardia, el Señor BENÍTEZ, nos abrió el portón
a mí y a mi hermano y nos entregó en las manos de otros
policías penitenciarios que estaban allí que era PEDRO PÉREZ
CHAVARRÍA, dejándolos en el campo de Fútbol, donde los
estuvieron cuidado hasta las cuatro de la tarde; que se
encontraba en la clínica con JOSÉ EDGARDO MARTÍNEZ que es su
hermano, y otras personas. Manifiesta que ya en el campo de
Fútbol lo estaba reguarneciendo PEDRO PEREZ, estando ahí
hasta la hora señalada; que cuando lo sacan, sale con su
hermano y otros compañeros; que BENÍTEZ andaba su uniforme
color negro normal uniformado y no andaba armado puesto que
él les abre el portón y pudo constatarlo; que al escuchar los
disparos, el declarante estaba en la clínica y su primera
reacción fue buscar la salida, BENÍTEZ estaba en la guardia y
les abrió el portón; que salió al campo a las 9:30 a.m.-
Cuando llega la policía siempre se escuchaba los tiros lentos
y los gritos de internos y de visita, gritos de dolor y que
querían la salida; que no sabe cuántos policías los estaban
custodiando.- En relación a este testimonio, el Tribunal
recurre al infundado argumento para descartarlo que el
declarante manifiesta que al salir ya se encontraban las
patrullas, cuando jamás ha indicado tal extremo, sino que
dice con claridad, y así es recogido por el mismo Tribunal,
que ve las patrullas a las 10:30 a.m., es decir una hora
después de su salida.- Además descarta el testimonio al decir
que el declarante señala un hecho contradictorio con lo
indicado por el procesado PEDRO PEREZ CHAVARRIA, ya que éste,
en el cierre de la audiencia de debate establece que se
encontraba dormido, cuando es ilógico pretender creer que él
haya permanecido dormido todo el tiempo de la tragedia, por
los estruendos que se escuchaban, además, que en el cierre
del debate. 7. También, sobre la labor desarrollada por el
imputado DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ, el testigo JOSÉ
EDGARDO MARTÍNEZ TRUJILLO (Págs. 256 y 257 del acta de
debate), hermano del anterior declarante, expresó, entre
otras cosas: Que estaba a las 9:10 estaba por la clínica, con
su hermano, esperando la visita; que escucharon disparos, y
Recurso de Casación No. 400-2008
164
después llego BENÍTEZ, quien los a la cancha y después de eso
sacaron a los demás internos; que los entregó BENÍTEZ a PEDRO
PÉREZ quien estaba afuera.- Indica que BENÍTEZ, andaba
vestido de policía penitenciario, de negro; que no se fijó si
andaba arma, porque estaba nervioso; que estuvo en el campo
hasta como a las cuatro de la tarde a cuatro media y PEDRO
PÉREZ había estado con ellos. Al campo de fútbol llegaron los
bomberos y varios vehículos de otras instituciones. La
policía llega como a las 10:30 a 11:00 de la mañana.- Termina
diciendo que el sargento BENÍTEZ, le salvo la vida, estando
agradecido con él.- También en relación a este testigo, el
Tribunal es desmedido en su ataque, puesto que trata de
encontrar en su dicho contradicciones que en el contexto de
su declaración no existen.- Así, él ha dejado claro en varios
apartados de su declaración que fueron los primeros en salir
con el imputado BENITEZ VASQUEZ.- Por otro lado, trata de
forzarlo a recordar aspectos sobre los cuales él no recuerda,
como el hecho de indicar si los policías penitenciarios
andaban o no armados, cuando él mismo reconoce no recordar
algunos detalles por estar nervioso al momento de ocurrir los
hechos.- Lo desacredita por establecer que no sabe si se
escuchaban disparos dentro de la Granja Penal, frente a la
gran cantidad de disparos que refieren las autopsias, cuando
el testigo lo que ha indicado es que no recuerda que estando
ya fuera del centro penal, se siguieran produciendo disparos;
él habla entonces, de un momento posterior a la producción de
los mismo, o al menos refiere que no recuerda escucharlos
cuando estaba en la cancha de fútbol, fuera del recinto; él
no ha indicado que en todo el proceso no se hayan producido
disparos, sino que refiere el momento en que se encuentra
fuera de las instalaciones penitenciarias.- Finalmente, no le
cree el Tribunal, porque dice que trata de favorecer a DIMAS
ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ CHAVARRIA puesto que a
éste último los testigos de cargo lo miran dentro del centro
penal, con lo cual más bien se nota que la parcialización es
del mismo Juzgador que trata de destruir la eficacia
conviccional de este medio de prueba (coincidente con otras
declaraciones) poniendo como referencia de verdad las
declaraciones de los testigos de la acusación. 8. Además, se
ha dejado de considerar con apego a las reglas de la sana
crítica el testimonio del testigo COSME JAVIER OSORIO GORDON
,quien al momento de ocurrir los hechos era reo pandillero de
la mara ―18‖, y resultó lesionado.- Dicho testigo aporta
elementos importantes, relacionados con los anteriores y
restantes medios de prueba, seguramente habrían generado en
el Tribunal el arribo de la DUDA sobre si DIMAS ANTONIO
BENITEZ VASQUEZ asumió una actitud hostil y violenta en
contra de los ofendidos.- Ello derivado de los siguientes
aspectos declarados: Que el día que sucedió la masacre se
encontrada con un ex compañero en la ―yarda‖, y se metió en
la panadería al escuchar disparos, viendo a unas personas
cómo quemaban a unos ex compañeros míos, vio cómo le
prendieron fuego a la bartolina y las acciones verbales.-
Dice que se encontraba recluido en la celda 2, la que
compartía con otros pandilleros como ser ―El Pájaro‖, ―El
Trabado‖, ―Cacique‖, ―Lágrima‖, ―Gruñón‖, ―Pegajoso‖,
―Siervo‖, ―Duende‖, ―Caballo‖, ―Payaso‖ y ―Danger‖; que con
él eran como 25 a 30 personas.- Cuando escuchó los disparos,
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165
corrió hacia atrás de la pila, y se metió en una panadería,
estaban tres miembros de esa pandilla y dos reos comunes,
mas, uno era el dueño, ―Colombia‖, ―Gaspar‖, ―Cuervo‖ y
―Placer‖.- De ahí pudo observar cuando le ―metían‖ fuego a
otros internos ex compañeros míos, y quienes hacía eso eran
Luís, ―La Ley‖, Luís Cruz, Efraín, ―Chinapopo‖, le prendían
fuego a la celda 6, el fuego ya venía de la 8 a la 6, tiraban
objetos prendidos para adentro, sí habían personas en el
interior de la celda se escuchaban los gritos, ellos trataban
de apagar el fuego con agua del baño, no salió ninguna
persona de la celda, por los obstáculos, unos cajones de
madera que pusieron otros internos.- Permaneció viendo los
acontecimientos como una hora o más, siendo de los últimos en
salir y cuando ello ocurrió se dirigió a la guardia a la
salida del penal, los pusieron en el campo y lo condujeron en
una patrulla para llevarlo al hospital, donde estuvo un par
de horas.- Indicó que las heridas que recibió eran de balas,
ignorando quién se los hizo, puesto que había mucho humo en
el lugar.- Dice que no observó autoridades en el recinto,
escuchó a unos que pedían lástima, piedad, eran sus ex
compañeros.- Expresa que a BENÍTEZ solamente lo vio cuando
llegó a sacarlos con dos coordinadores más, nos sacaron para
afuera; nadie sabía que estaban ahí, uno de los que estaba
adentro le grito a él (imputado).- Agrega, contundentemente,
que el señor BENITEZ VASQUEZ lo auxilió a él y a cinco
personas más que estaban refugiados en la panadería.- Nótese
que en la valoración probatoria de esta prueba (Pág. 164,
numeral 20 de la sentencia), el Tribunal, a su conveniencia,
omite los hechos relatados por el testigo acerca del auxilio
que el imputado brindó a las personas escondidas en la
panadería de ―Colombia‖, circunstancia que es relatada por un
propio pandillero de la mara ―18‖ al momento de ocurrir los
hechos, y que confirma que DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ, se
dedicó al auxilio de diversas personas para ponerlas a salvo,
desacreditando cualquier participación activa en los hechos
juzgados.- También el Tribunal hace referencia a que este
hecho ocurrió en un momento posterior a la tragedia (Pág.
185), pero lo cierto es que si se relaciona esa función de
auxilio con las restantes declaraciones que mencionan que el
imputado se encargó de ayudarles personalmente, se infiere
que dicho procesado estuvo durante la secuencia de
acontecimientos brindando la ayuda a varias personas para que
pudieran salir del recinto. 9. Informe enviado al señor
Comandante del Cuarto Batallón de Infantería, MARIO COREA
LÓPEZ por ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS (Folios 813 al 814 del
Tomo IV del expediente).- Dicho documento, fechado en 6 de
abril del año 2003, refiere que al considerar la situación
como crítica, en vista que al interior del presidio se
escuchaban disparos, gritos de auxilio y algunas celdas
estaban tomando fuego y gritos de personas pidiendo auxilio
procedió junto con el personal bajo su mando a ingresar al
recinto penal, pudiendo observar a los mareros y los paisas
golpeándose e hiriéndose con armas corto punzantes, al notar
la presencia de nosotros, los primeros se refugiaron en las
celdas dos y seis, cerraron la puerta con seguro y empezaron
a disparar sobre los policías penitenciarios; luego llegaron
los miembros de la Fuerza Conjunta Esparta y miembros del
Escuadrón Cobra, quienes empezaron a disparar desde el
Recurso de Casación No. 400-2008
166
cubículo del llavero (primera entrada de control), sin
percatarse o cerciorarse de la situación que se estaba
desarrollando en ese momento en el interior del presidio.- Al
ingresar los elementos cobras al interior del recinto,
haciendo uso de sus armas de reglamento, donde se encontraban
miembros de la mara 18 en posición de tendido, al mismo
tiempo, el otro grupo de presidiarios conocido como paisas
golpeaban y herían a los presidiarios mareros con arma corto
punzantes.- Con este informe, se acredita también, en el caso
específico de los policías penitenciarios, que tanto DIMAS
ANTONIO BENITEZ VASQUEZ como PEDRO PEREZ CHAVARRIA, policías
penitenciarios, no participaron en actos violentos en contra
de los mareros, ya que en el informe no se refiere la
intervención de los policías penitenciarios, y sí la de los
miembros de la Fuerza Conjunta Esparta, del Escuadrón Cobra y
de reos ―paisas‖ con lo cual este medio de prueba también
ratifica la no realización de actos violentos por ambos.- El
Tribunal recurrido le concede confianza probatoria a dicho
medio de prueba (Pág. 162 de la sentencia) pero no descarta
la participación de los encausados que no aparecen referidos
en dicho informe, con lo cual no hace una inferencia racional
del mismo, por más que es concluyente sobre los
participantes. En relación al imputado PEDRO PEREZ CHAVARRIA.
1. Oficio de fecha 30 de Abril del año 2003, dirigido a la
Abogada AÍDA ROMERO, Fiscal de los Derechos Humanos, remitido
por el Señor LUIS BELTRÁN ARIAS RAMOS, el cual contiene el
listado de armas del persona que se encontraban en servicio
el cinco de abril del 2003 en la Granja Penal de El
Porvenir.- Además, el Listado de Armas, suscrito por el señor
DANNY RODRIGUEZ, el cual describe el inventario de armas que
se encontraban en la autoridad penitenciaria en la Granja
Penal de El Porvenir (Ver folios 878 al 882).- Con estos
documentos se demuestra de forma indubitable que el imputado
PEDRO PEREZ CHAVARRIA tenía asignada el arma de fuego, fusil
Pietro Bereta, calibre 5.56/223, serie A03483G. 2.
En relación con el arma referida y asignada al imputado, a
través de los dictámenes balísticos registrados con los
números 3258-2003 y 2774-2003, (acta de debate, folios 169-
173, 192-199 del expediente judicial) se ha demostrado que
ninguno de los indicios balísticos encontrados, como ser
ojivas o casquillos pudieron ser identificados con arma
asignada a mi representado que se puso a disposición de los
Laboratorios Balísticos para su análisis respectivo, de tal
suerte que esta prueba es fundamental en el sentido que
aporta un fuerte indicio que él no disparó el arma que tenía
asignada, y por lo tanto no es responsable de la muerte de
las personas que fallecieron a consecuencia de los disparos
producidos en la masacre. 3. Ratificando la conducta asumida
por el señor BENITEZ VASQUEZ, el testigo MIGUEL ANTONIO
MARTÍNEZ TRUJILLO (Págs. 254-256 del acta de debate), señaló,
entre otras cosas: que el 5 de abril de 2003 escuchó el
primer disparo adentro y empezó a buscar una salida, y estaba
por la entrada de la guardia, el Señor BENÍTEZ, nos abrió el
portón a mí y a mi hermano y nos entrego en las manos de
otros policías penitenciarios que estaban allí que era PEDRO
PÉREZ CHAVARRÍA, dejándolos en el campo de Fútbol, donde los
estuvieron cuidando hasta las cuatro de la tarde; manifiesta
que PEDRO PEREZ CHAVARRIA se quedó en dicho campo hasta la
Recurso de Casación No. 400-2008
167
hora señalada realizando la labor de resguardo. 4. También,
sobre la labor desarrollada por el imputado PEDRO PEREZ
CHAVARRIA, el testigo JOSÉ EDGARDO MARTÍNEZ TRUJILLO (Págs.
256 y 257 del acta de debate) expresó que el procesado al ser
evacuado del recinto por BENITEZ como a las 9:10 a.m., éste
los puso a cargo del policía penitenciario PEDRO PÉREZ quien
estaba afuera. 4. También concurre Informe enviado al señor
Comandante del Cuarto Batallón de Infantería, MARIO COREA
LÓPEZ por ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS (Folios 813 al 814 del
Tomo IV del expediente).- Dicho documento, tal como se
explicó en el caso de DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ comprueba
que los policías penitenciarios, entre ellos PEDRO PEREZ
CHAVARRIA, no participaron en actos violentos en contra de
los mareros, ya que en el informe no se refiere la
intervención de los policías penitenciarios, y sí la de los
miembros de la Fuerza Conjunta Esparta, del Escuadrón Cobra y
de reos ―paisas‖. Prueba que incrimina a los imputados.
Asimismo, en relación a la probanza de cargo, el Tribunal de
Sentencia soslayó los siguientes aspectos: 1. Testigo
protegido 1.- Este testigo afirma que vio de tres a cuatro
policías penitenciarios disparando hacia donde estaban los
mareros, y dentro de ellos identifica al señor PEDRO PEREZ
CHAVARRIA.- Que al principio quienes disparaban eran los
policías penitenciarios y después le dejaron el mando a la
policía preventiva.-Lo que no manifiesta el Tribunal en la
valoración probatoria (Pág. 158 de la Sentencia) es que el
declarante menciona que no miró que le hayan quitado la vida
a alguno de ellos; que no miró pandilleros afuera en ese
momento, y que ellos no continuaron haciendo disparos porque
llegó la policía y a ella le dejaron el mando.- Tampoco
especifica el testigo qué tipo de arma portaba el señor PEREZ
CHAVARRIA; no es preciso en especificar el lugar donde se
encontraban los mareros; tampoco señala las circunstancias
por las cuales los policías penitenciarios disparaban; pero
también informa que con la llegada de los policías
preventivos, los elementos cobras y los miembros del
ejército, fueron estos a quienes sí les atribuye las
agresiones mortales, puesto que señala que el teniente Torres
(de los Cobras) los sacaba a los pandilleros de la celda y
dos soldados les disparaban, junto con los elementos cobras y
miembros de la policía preventiva.- De esa forma, la
declaración de este testigo no es conclusiva en extraer de
ella la certeza necesaria en el sentido que PEDRO PEREZ
CHAVARRIA, disparaba hacia donde se encontraban los mareros
con la intención de matarlos, de amedrentarlos o bien
respondiendo a algún ataque en su contra, además que es claro
en decir que no precisa el lugar dónde se ubicaban éstos.-
Por ello de esta declaración no puede colegirse la certeza
requerida para estimar la participación del imputado en los
actos que terminaron con la vida de los pandilleros o que
atentaron contra ellos, máxime cuando atribuye la producción
del resultado en el actuar de los Cobras, miembros del
ejército y la policía preventiva. 2. El testigo OSCAR GEOVANY
HERNANDEZ VELASQUEZ (Pág. 158 de la sentencia), miembro de la
mara ―18‖, si bien es cierto atribuye al imputado DIMAS
ANTONIO BENITEZ VASQUEZ un acto intimidatorio en contra de su
persona, no involucra a dicho procesado, ni al encausado
PEDRO PEREZ CHAVARRIA en la realización de actos materiales
Recurso de Casación No. 400-2008
168
en perjuicio de la vida de los privados de libertad
pertenecientes a dicha pandilla, como tampoco les atribuye el
hecho de dejar que los propios reos no pandilleros ejecutaran
actos que tuvieran como propósito acabar con la vida de
dichos individuos. 3. Con relación al testigo protegido XY,
el Tribunal pretende en su valoración probatoria (Pág. 158 de
la sentencia), inferir que ha sido DIMAS ANTONIO BENITEZ
VASQUEZ, quien le disparó al pandillero ―Danger‖, cuando de
la declaración del propio testigo, contesta a la pregunta si
él vio a BENITEZ disparar, ―Oí el disparo de donde estaba
Benitez pero él estaba allí, pero no le puedo confirmar si él
fue que disparó a Danger‖.- Así, con esta declaración no es
posible extraer la certeza positiva que el imputado haya
realizado actos atentatorios contra la vida del pandillero en
alusión, puesto que hasta el propio testigo externa sus
propias dudas. 4. Testigo JOSE ROBERTO MALDONADO FONSECA.-
Este deponente sólo establece, que DIMAS ANTONIO BENITEZ
VASQUEZ, portaba un arma de fuego, de la cual ni siquiera
brinda sus características esenciales.- Pero como quedó
establecido por la variada prueba de descargo, desde el
inventario de armas, así como el listado de personas que
tenían asignada arma de fuego, así como diversos testigos, no
puede obtenerse una la certeza necesaria sobre esta
circunstancia, ya que varios testigos niegan que el imputado
anduviera armado, al dedicarse únicamente a auxiliar a
diversas personas en el presidio.- Asimismo, el testigo
expresa que la policía disparaba en dirección a las celdas 2
y 6; y que al salir de las mismas por los efectos de fuego,
comenzaron a dispararles.- Agrega que el imputado DIMAS
ANTONIO BENITEZ VASQUEZ, lo comenzó a golpear con patadas en
las costillas, y que lo hirió con el arma de reglamento, sin
especificar en qué parte del cuerpo.- Sobre esa supuesta
agresión sufrida, no se presentó el respectivo dictamen
médico que así lo ratificase, por lo cual resulta ser una
circunstancia no probada. 5. El testigo protegido 6.-
Menciona (Páginas 237 y 238 del acta de debate), distinto a
lo señalado en la sentencia (Pág. 160), que encontrándose
BENITEZ cerca de las mesas de billar, de ahí dispara dándole
muerte a un marero, y no que ―disparaba al grupo de
pandilleros que estaban en la virgencita‖ para hacer
concordar ese dicho con el de los otros testigos que afirman
que los policías penitenciarios disparaban en dirección a los
mareros (testigo protegido 1).- Lo más sorprendente es que
afirmando que le dio muerte a un marero no especifique de
quién se trataba; cuál era su descripción física; bajo qué
circunstancias le disparó y dio muerte; es decir, el testigo
es totalmente impreciso sobre la fundamentación de su
afirmación.- Pero no sólo eso, luego, haciendo referencia a
esa misma muerte, corrige el dicho y dice que no sólo BENITEZ
le dio muerte, sino que también los policías PUERTO y
EFRAIN.- Afirma, también sin dar mucha explicación que
BENITEZ le disparaba a los pandilleros pero no es claro en
determinar a quiénes y bajo qué condiciones, por lo que no
brinda una razón suficiente sobre sus explicaciones.- Como se
ve, este testigo es incapaz de dar explicaciones suficientes
sobre sus afirmaciones, y además, es contradictorio en su
versión por lo que lejos de convencer, genera desconfianza
sobre su dicho.- Asimismo, el testigo descarga en BENITEZ
Recurso de Casación No. 400-2008
169
VASQUEZ la responsabilidad de omitir el auxilio a 3 ó 4
pandilleros que estaban heridos y que fallecieron. 6. El
testigo protegido 7 (Págs. 46 y 47 del acta de debate).- Este
testigo hace referencia a que los dos imputados disparaban a
los pandilleros de la mara ―18‖, sin especificar de qué
forma, el lugar de los acontecimientos, las víctimas que
recibían el ataque, entre otros fundamentos fácticos que
validaran su testimonio.- Pero lo más insólito del testigo es
que dice: ―que ella salió como a las nueve del lugar‖;
partiendo de este último dato, si la testigo efectivamente
abandonó el centro penal a esa hora, realmente no pudo haber
apreciado los hechos que afirma puesto que los hechos que
comenzaron con el inicial ataque de los mareros tuvo lugar
después de las nueve y diez de la mañana, y los demás actos
se fueron sucediendo de forma paulatina.- Con esa mención
temporal, la testigo se excluye del conocimiento efectivo de
los hechos. 7. Testigo MARCOS HERNAN ARDON MONTOYA (Pág. 71
del acta de debate).- Este testigo no brinda una razón
suficiente de su afirmación que el imputado DIMAS ANTONIO
BENITEZ VASQUEZ haya dado la orden que mataran a otros
―Jomys‖, es decir, miembros de la mara ―18‖, ya que no es
nada claro en señalar dónde, a quién, y en qué circunstancias
dio ese supuesto mandato, con lo cual el testigo no da
fundamentos fácticos suficientes para imputarle al señor
BENITEZ VASQUEZ los hechos que le atribuye en su testimonio,
y en consecuencia, para generar credibilidad.- Pero además de
eso, el testigo expresa que BENITEZ andaba de militar,
cuando, está acreditado por diversos testigos de la defensa
que él vestía con su uniforme negro de policía penitenciario,
razón por la cual, aunado a lo anterior, se demerita el
aporte probatorio del medio de prueba en análisis.- Además
dice que durante la producción del fuego en las celdas,
habían policías penitenciarios, cobras, del ejército y
policía turística; sin detallar quiénes se encontraban en una
situación en la que perfectamente pudieran brindar auxilio a
los pandilleros que lo clamaban. 8. Testigo protegido Y (Pág.
176 de sentencia).- Señala, sin especificar nombres, que los
policías no hacían nada cuando se estaban quemando los reos
en las celdas; que sólo le disparaban a los mareros.- Como se
ha mencionado, el testigo no es preciso en la identificación
de los miembros de la policía que habrían omitido el auxilio
a los reos en peligro, más bien hace una relación muy
general, que no nos puede conducir a una determinación
concreta. 9. El testigo JOSE ELSON DURON SARAVIA (Pág.185 de
la sentencia).- Este testigo refiere que se refugió donde
hacían el pan y llegó DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ
diciéndole a él y a sus acompañantes que se arrodillaran para
luego proceder a golpearlos en la cara y todas partes.- Que
él daba órdenes para que los mandaran a la cancha y los
mataran.- Este testimonio resulta contrastante con el
brindado por el testigo COSME JAVIER OSORIO GORDON, quien es
un marero de la ―18‖, y que más bien señala al imputado como
la persona que les ayudó, a él y a otros más, a salir del
refugio para que no corrieran peligro.- Por ello, la versión
dada por el testigo de cargo, frente al desvanecimiento
aportado por el testigo OSORIO GORDON no puede considerarse
como acreditada.- Además, al indicar el testigo DURON
SARAVIA que el imputado lo golpeó en diversas partes del
Recurso de Casación No. 400-2008
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cuerpo, incluida la cara, debió tener un respaldo científico
que acredite la existencia de dicha agresión, como lo ha
exigido el Tribunal en el caso del testigo MARCOS HERNAN
ARDON MONTOYA. 10. CARLOS RODOLFO GUERRERO ORELLANA (Pág. 187
de la sentencia).- Este testigo, quien es miembro de la mara
―18‖, hace referencia al hecho que durante el incendio en las
celdas que ocupaban los pandilleros, los policías les decían
que salieran con las manos en alto, pero tenían miedo de
hacerlo, llegando un momento en que decidieron hacerlo por la
intensidad de las llamas y comenzaron a ser agredidos por los
propios policías, quienes les disparaban.- Agrega que los
agresores eran policías penitenciarios y cobras.- Este
testigo no particulariza cuántos miembros de la policía
penitenciaria participaron de ese ataque. 11. El testigo OBED
ISAI ALEMAN ISCOA (Pág. 203 de la sentencia), hace mención
del ataque que efectuaron los efectivos policiales (de 20 a
25) frente a la bartolina de los pandilleros, matando a
algunos e hiriendo a otros, siendo pocos los que
sobrevivieron.- Expresa que los pandilleros clamaban por
ayuda al estarse quemando dentro de la bartolina, pero la
policía nunca les brindó el auxilio.- Esta declaración
ratifica lo dicho por otros testigos sobre el actuar ilegal
de las fuerzas del orden en contra de los miembros
pandilleros, al proceder a dispararle a algunos y no permitir
el auxilio de otros que se estaban incinerando.- Más, para
que esas dos conductas puedan ser imputadas y acreditadas a
DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ CHAVARRIA para
condenarles, debe haber certeza sobre su efectiva
intervención en esto hechos. Conclusión del vicio. Por todo
lo apuntado, esta representación estima que desde el punto de
vista probatorio es innegable desconocer el ataque del que
fueron víctimas varios miembros de la mara ―18‖ por reos
denominados ―rondines‖, quienes contaron con la aquiescencia
de miembros de la autoridad, puesto que lejos de intervenir,
permitieron que dichos reos acabaran con la vida de muchos
pandilleros, sin que adoptaran alguna actitud de protección a
sus vidas y de generar calma y seguridad en el Centro Penal.-
Asimismo, esta representación no discute el hecho que los
agentes del orden tomaron parte directa en las agresiones que
terminaron con la vida de miembros de dicha pandilla, con lo
cual se convirtieron en propios transgresores de la ley y los
derechos de las personas que guardaban prisión. Lo que no
puede compartir esta representación, es que, se pretenda
efectuar una presunción de participación producto de varias
declaraciones que de forma genérica indican la intervención
de diferentes ramas de las fuerzas del orden, y de ahí querer
derivar la responsabilidad individual, en este caso de los
señores DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ
CHAVARRIA.- Y mucho menos se puede compartir esa posición,
cuando existe prueba que les atribuye a ellos actividades
distintas a las asignadas por la presente sentencia.- Para
que se afirme, según los hechos probados, que los imputados
tomaron una actitud pasiva frente a las agresiones que
ejecutaban los reos rondines y luego se les asigne la
realización de acto materiales que terminaron con la vida de
varios pandilleros, debe haber CERTEZA provocada por una
inequívoca valoración de la prueba que muestre con seguridad
esa intervención, más allá de la duda razonable. Pero en el
Recurso de Casación No. 400-2008
171
presente caso , a juicio de esta defensa, existen medios de
prueba que al contrario de lo afirmado por la prueba que
sigue el Tribunal en su decisión, conduce a establecer que
DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ CHAVARRIA,
realizaban actividades distintas a las otorgadas por la
sentencia; es más les atribuyen actos de auxilio o
cooperación para evitar el peligro que corrían las personas
que se encontraban en la Granja Penal de El Porvenir, y a la
vez, actos de custodia de las personas trasladadas fuera del
recinto.- Y esas circunstancias fácticas resultan
acreditadas, no sólo de unos pocos medios de prueba, sino
también de una pluralidad de probanza, la cual se ha referido
al principio el desarrollo de este vicio, y que de manera
concordante y coherente determina que DIMAS ANTONIO BENITEZ
VASQUEZ, ayudó a varias personas a salir del lugar durante y
posteriormente a los momentos de crisis, inclusive a propios
mareros de la pandilla ―18‖ y PEDRO PEREZ CHAVARRIA, se
encargó de darle resguardo a las personas que se condujeron
fuera de las instalaciones penitenciarias. Así, con el Oficio
de fecha 30 de Abril del año 2003, dirigido a la Abogada AÍDA
ROMERO, Fiscal de los Derechos Humanos, remitido por el Señor
LUIS BELTRÁN ARIAS RAMOS; las declaraciones testificales de
los señores DANNY ALEXANDER RODRIGUEZ VALLADARES, JUANA
MARTINEZ, ALBA LIZETH MARTINEZ, JUAN JOSE CASTRO MIRANDA,
MIGUEL ANTONIO MARTÍNEZ TRUJILLO, JOSÉ EDGARDO MARTÍNEZ
TRUJILLO, COSME JAVIER OSORIO GORDON, el Informe enviado al
señor Comandante del Cuarto Batallón de Infantería, MARIO
COREA LÓPEZ por ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS, los dictámenes
balísticos registrados con los números 3258-2003 y 2774-2003,
el Tribunal ha dejado de considerar, sin fundamentos
sustentables, y habiendo tenido relación o armonía la
probanza indicada, que los imputados DIMAS ANTONIO BENITEZ
VASQUEZ y PEDRO PEREZ CHAVARRIA, no realizaron los hechos que
la sentencia les atribuye por estar realizando otras
actividades al servicio de las personas que se encontraban en
el interior del recinto y de la seguridad de la cárcel.- Es
parecer de esta representación que haciendo una relación
conjunta de la prueba, como lo exigen los Arts. 202 y 336 del
CPP, prevalece la DUDA sobre la efectiva participación de los
imputados en los hechos atribuidos.- Si se evalúa la
información probatoria aportada, cabe preguntarse, si DIMAS
ANTONIO BENITEZ VASQUEZ hubiese realizado los actos hostiles
en perjuicio de los miembros de al mara ―¿sería posible que
dos de sus integrantes declaren a favor de él se dedicó a
auxiliarles?; ¿Cómo es posible que en la valoración
probatoria el Tribunal estime que luego de realizar
semejantes actos horrendos los imputados se hubiesen puesto a
realizar actos a favor de los individuos contra quienes,
minutos atrás hubieses puesto en peligro su propia
existencia?; ¿Será posible extraer la CERTEZA necesaria para
condenar cuando hay prueba variada y relacionada que conduce
a acreditar que los imputados no participaron en los hechos
acusados?.- Es más, quedó acreditado que ese día el vestía su
uniforme negro que portan los policías penitenciarios, con lo
cual se desvanece la supuesta participación que le asignan
los testigos de cargo, quienes señalan falsamente que él
vestía de otra forma, y que el Tribunal asume en su hecho
probado VIGESIMO PRIMERO; hay versiones bi-polares sobre la
Recurso de Casación No. 400-2008
172
actitud asumida por dicho procesado en la panadería del
centro penal, uno de cargo que menciona que asumió una
conducta que puso en peligro la integridad física de varios
reclusos otra que le muestra al servicio de los mismos.- Y
en el caso de PEDRO PEREZ CHAVARRIA, la evidencia científica
muestra que no se probó en juicio que el fusil a él asignado
haya sido disparado, puesto que no hay una relación positiva
del mismo con los indicios balísticos recolectados; además de
haber versiones relacionadas que le ubican en las afueras de
la cárcel recibiendo y custodiando a la gente que le era
remitida. Si, según la regla lógica de la DERIVACION,
informada por el Principio de Razón Suficiente, el
razonamiento debe estar constituido por inferencias
razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de
conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando, no
es posible que en el presente caso la conclusión determine la
CERTEZA sobre la participación de los imputados, cuando
prevalece la DUDA sobre la misma, puesto que no se puede
extraer con esa seguridad la conclusión de la realización de
los hechos que se les asigna en la sentencia.- Y esta regla
lógica de la DERIVACION, ha sido reconocida como norma de
logicidad en la valoración probatoria, según la
jurisprudencia emanada por la Sala de lo Penal de la Corte
Suprema de Justicia, y registradas con los números 164-05
(del 13 de diciembre de 2005) y 01-2007 (del 31 de julio de
2007).Como el vicio descrito ha ocurrido en el acto de
dictarse sentencia, no pudo hacerse un reclamo oportuno en
contra del mismo.- Y por ello es que hasta este momento se
solicita se observe la infracción señalada para lo cual
deberá casarse la sentencia y ordenarse el juicio de reenvío,
de conformidad al Art. 369 del CPP.‖
XXIII.- RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA
INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS IMPUTADOS DIMAS ANTONIO
BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ CHAVARRIA ARGUMENTANDO QUE EL
SENTENCIADOR INOBSERVO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN LA
VALORACIÓN DE LA PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362
No. 3) PARRAFO FINAL DEL CODIGO PROCESAL PENAL.-
Argumenta el recurrente que en la sentencia impugnada no se
han observado las reglas de la sana crítica en la valoración
de la prueba. Aduce que el A Quo sobre la participación de
los imputados DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y PEDRO PEREZ
CHAVARRIA, relaciona los hechos probados ddéécciimmoo ssééppttiimmoo,,
ddéécciimmoo nnoovveennoo,, vviiggééssiimmoo pprriimmeerroo, vviiggééssiimmoo sseegguunnddoo,, vviiggééssiimmoo
ccuuaarrttoo,, vviiggééssiimmoo yy ccuuaaddrraaggééssiimmoo pprriimmeerroo,, llooss qquuee ddeerriivvaa
rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ppeennaall a los acusados por los delitos de
VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, ASESINATO POR
INCENDIO, ASESINATO POR ALEVOSIA y TENTATIVA DE ASESINATO, en
perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA y VARIAS PERSONAS.
Concretamente refiere que el defecto en la violación de las
reglas de la sana crítica, en el presente caso, es por lesión
al principio lógico de RAZÓN SUFICIENTE, que resulta, de las
diversas conclusiones probatorias a las que llegó el A Quo,
por las que establece que los imputados, omitieron un hecho
constitutivo de un deber jurídico; acabaron con la vida de
treinta y siete (37) personas mediante actos realizados
personalmente, en los que aseguraron su ejecución, atentando
Recurso de Casación No. 400-2008
173
en contra de la vida de otras diecinueve (19) personas, y
permitieron que otros personas acabaran con la vida de
veintitrés (23) personas, por no haber intervenido en su
auxilio o protección. Señala que de los medios de prueba, en
relación a los procesados, no puede obtenerse certeza de la
ocurrencia de los hechos, por lo cual no puede derivarse la
afirmación de su culpabilidad. Hace un análisis completo de
toda la prueba, en relación a cada uno de los imputados y de
la prueba que los incrimina y concluye que es innegable el
ataque del que fueron víctimas varios miembros de la mara
“18” por reos denominados “rondines”, con la aquiescencia de
miembros de la autoridad, que lejos de intervenir,
permitieron que dichos reos acabaran con la vida de muchos
pandilleros, sin que adoptaran alguna actitud de protección a
sus vidas y de generar calma y seguridad en el Centro Penal.
Que no discute tampoco el hecho que los agentes del orden
tomaron parte directa en las agresiones que terminaron con la
vida de miembros de dicha pandilla, con lo cual se
convirtieron en transgresores de la ley y de los derechos de
las personas que guardaban prisión. Pero lo que no puede
compartir es que, se pretenda efectuar una presunción de
participación de los acusados DIMAS ANTONIO BENITEZ VASQUEZ y
PEDRO PEREZ CHAVARRIA producto de varias declaraciones que de
forma genérica derivan la responsabilidad individual a los
acusados. Estima que para que se afirme en los hechos
probados, que los imputados tomaron una actitud pasiva frente
a las agresiones que ejecutaban los reos rondines y luego se
les asigne la realización de actos materiales que terminaron
con la vida de pandilleros, debe haber certeza provocada por
una inequívoca valoración de la prueba, que muestre con
seguridad esa intervención. Concluye que el A Quo ha dejado
de considerar, que los imputados DIMAS ANTONIO BENITEZ
VASQUEZ y PEDRO PEREZ CHAVARRIA, no realizaron los hechos que
la sentencia les atribuye por estar realizando otras
actividades al servicio de las personas que se encontraban en
el interior del recinto y de seguridad de la cárcel, por lo
que afirma que no se cumple con la regla lógica de la
DERIVACION, informada por el Principio de Razón Suficiente,
en que el razonamiento debe estar constituido por inferencias
razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de
conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando,
añadiendo que no es posible que en el presente caso la
conclusión determine la CERTEZA sobre la participación de los
imputados, cuando lo que prevalece es la DUDA. Esta Sala de
lo Penal, no se pronuncia en el presente motivo sobre los
argumentos expuestos por la Defensa a favor del procesado
DIMAS ANTONO BENITEZ VASQUEZ, ya que de los antecedentes se
desprende que éste perdió la vida a consecuencia de recibir
varios disparos de arma de fuego, lo que da lugar a la
extinción de la responsabilidad penal y por ende al
sobreseimiento definitivo de la causa, al tenor de lo
prescrito en los artículos 96 No. 1) del Código Penal; 42 No.
1) y 43 del Código Procesal Penal.- En consecuencia procede a
resolver el motivo por quebrantamiento de forma expuesto por
el Apoderado Defensor del acusado PEDRO PEREZ CHAVARRIA. El
artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el
recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse
cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios
Recurso de Casación No. 400-2008
174
siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se
observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso
lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la
valoración de las pruebas está sujeto al control a través del
examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia,
realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio
establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de
ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la
fundamentación, específicamente en la valoración probatoria.
Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la
prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de
las pruebas que generan su convicción, porque por mor del
principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su
juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse
a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano,
que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y
cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe
responder a las siguientes características: a) Coherencia, y
por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b)
Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia
del principio de derivación, con arreglo al cual el iter
lógico seguido en la valoración de las pruebas debe
sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de
conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El
razonamiento debe observar las normas de la psicología y las
máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo,
el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común
cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y
simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno
natural. En este sentido, el universo de las posibles
hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito,
a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina
tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una
pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye,
etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables
posibilidades. Esta Sala de lo Penal después de haber
analizado el reproche exhaustivo del recurrente, considera
que éste no señala puntual y concretamente cuales son las
reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o las
normas de la psicología que habrían resultado vulneradas por
el Tribunal de Sentencia cuando arriba a la conclusión de que
el procesado PEDRO PEREZ CHAVARRIA ha contribuido en comisión
por omisión a causar la muerte mediante incendio de
veintitrés personas, a título de coautor en el plan
espontáneo y colectivo de causar la muerte a treinta y siete
y de intentar quitarle la vida a diecinueve seres humanos. En
consecuencia, siendo que por un lado y en virtud del
principio de inmediación es el Juzgador de Instancia quien
forma su convicción a partir de los elementos probatorios
aportados bajo su directa intervención en el juicio oral, y
que por el otro, el razonamiento del Tribunal A Quo
externado en la motivación intelectiva de la sentencia no se
presenta arbitrario, ilógico o contradictorio, procede
declarar sin lugar el motivo formulado por la Defensa del
encartado y que tiene que ver con los cargos antes señalados.
XXIV.- El Recurrente Abogado CARLOS OBED URBINA LOPEZ, en su
condición de Apoderado Defensor de los señores LUIS ALFREDO
CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HECTOR WILFREDO JIMENEZ
Recurso de Casación No. 400-2008
175
desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de Ley en
dos motivos, en tanto que por la vía del quebrantamiento de
forma expuso un motivo. Para efectos de seguir un orden
sistemático adecuado en su análisis y resolución, esta SALA
considera pertinente apartarse del orden seguido por el
Censor, de tal manera que inicialmente se pronunciará sobre
el tercero de los motivos antes apuntados, para luego
analizar los motivos por infracción de ley sustantiva
formulados por el recurrente.-
XXIV.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTRAMIENTO
DE FORMA MOTIVO UNICO: La declaración de los hechos estimados
probados por el Tribunal no son claros y terminante. PRECEPTO
AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra
comprendido en el Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal
Penal. EXPLICACIÒN DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca
como infringida es el articulo 338 regla cuarta numeral uno
del Código Procesal Penal, que expresa: ―En párrafos
separados y numerados, se hará declaración expresa y
terminante de los hechos que se consideran probados,
descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear
conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico,
predeterminen el fallo que haya de dictarse.‖ En la sentencia
recurrida el Tribunal estimó como probados, entre otros, los
hechos siguientes: VIGÈSIMO TERCERO: Los reos rondines Adán
Amparo Soto, (alias Comayagua) Jorge Alberto Caballero,
(alias cobra) Luís Alberto Cruz Valdivia (alias Chica sexy)
Oscar Alexander Ocampo (alias Matador) Pavel Eduardo
Rodríguez Flores (alias Chinapopo) Santos Efraín Arteaga
Pérez (alias chaparro), Tomas Rivera Guevara (alias Cabuya),
con ayuda de los reos Santo Geovany Banegas (alias Banegas) y
Héctor Wilfredo Jiménez (alias el Basucazo), salen de las
diferentes y lugares donde habían tenido refugio,
proponiéndose quitarle la vida a todos los reos pandilleros,
procediendo a golpear con toletes, palos, piedra y con armas
blancas, a los reos pandilleros que encontraban, algunos de
ellos ya heridos por los disparos de arma de fuego, aceptando
esto los policías penitenciarios y miembros del ejército que
se encontraban en ese momento y con ellos Roger Armando Sosa
Iglesias el que no realiza ninguna acción para impedir o
evitar lo que esta aconteciendo. VIGÈSIMO CUARTO: Pasadas las
09:25 a.m. en venganza, el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores (alias Chinapopo), cierra con candado la celda seis
(6), hacia donde policías penitenciarios y miembros del
ejército han disparado, para luego tirar cajones, palos y
mesas a la puerta de esa celda, con ayuda de los reos
rondines Adán Amparo Soto (alias Comayagua) y Javier Antonio
Solís Ponce, (alias Javier Solís), seguidamente el reo rondín
Pavel Eduardo Rodríguez Flores consigue un liquido
acelerante, regresando a la celda seis (6) por la parte de
atrás siguiendo el pasillo de la comandancia de guardia, y
junto con los reos rondines, Luís Alberto Cruz Valdivia,
(alias chica sexy) Santos Efraín Arteaga Pérez (alias el
chaparro) y el reo Santo Geovany Banegas, prenden en fuego
con el acelerante, varias colchonetas las que tiran hacia el
interior de la celda seis (6), por las ventanas traseras,
rociando de acelerante la madera del techo de dicha celda, al
que también prendieron fuego, mientras que las personas que
Recurso de Casación No. 400-2008
176
se encontraban adentro, trataban de sofocarlo, agarrando agua
del baño, gritaban pidiendo auxilio y rogando clemencia, sin
lograr controlar el fuego; de todo ello lograron tener
conocimiento los policías penitenciarios Dimas Antonio
Benítez, Pedro Pérez Chavarria y el miembro del ejército
Roger Armando Sosa Iglesias, sin que realizaran acción alguna
para evitarlo. En ese momento el policía penitenciario
Gilberto Hernández García, escuchó los gritos de las personas
que se encontraban dentro de la celda seis (6), e instantes
después observo el humo provocado por el fuego de la celda
seis, sin que tampoco realizara acción alguna. TRIGÈSIMO:
Quince (15) minutos después de que los primeros reos
pandilleros han salido de la celda dos, el reo Santo Geovany
Banegas se dirige hacia los reos pandilleros que andaban
armados y los reos pandillero que eran cabecillas, a los que
la policía les disparan y seguidamente disparan a todos los
demás reos pandilleros que se encontraban en el lugar, muchos
de ellos acostados en el suelo; los reos rondines, al ver que
algunos de los reos pandilleros estaban vivos aun,
procedieron a agredirlos con palos, piedras y armas blancas.
Igualmente lo hacían con los reos pandilleros que salieron
después de la celda dos (2) y que se hacían los muertos, todo
ello a vista y consentimiento de la Policía Penitenciaria,
Policía Nacional Preventiva, elementos Cobras y miembros del
ejército que se encontraban en el lugar. De esta manera el
reo rondín Adán Amparo Soto (alias Comayagua) arremete con
cuchillos y palos al reo pandillero Arnol José Hernández
(alias El Trabado); el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores, (alias chinapopo) arremete con machete al reo
pandillero Leonel Aníbal Ortega Garay (alias El Killer); el
reo Héctor Wilfredo Jiménez (alias el Basucazo), arremete con
un leño y arma blanca al reo pandillero Oscar Geovany
Hernández Velásquez (alias El Pewee); igualmente los reos
rondines Santos Geovany Banegas, Tomas Rivera Guevara (alias
Cabuya) y José Roberto Caballero (alias Cobra) agredieron a
otros reos pandilleros usando palos y armas blancas. Al
analizar estos hechos probados, podemos concluir que los
mismos no cumplen con lo establecido en la regla cuarta del
articulo 338 del Código Procesal Penal, ya que los mismos
adolecen de claridad y coherencia al relatar la dinámica de
cómo ocurrieron los acontecimientos. El vigésimo tercer hecho
probado expresa que mis representados señores LUIS ALBERTO
CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HÉCTOR WILFREDO
JIMÉNEZ, salen junto con otros reos, del lugar donde se
resguardaban ―proponiéndose quitarle la vida a todos los reos
pandilleros‖; La defensa cuestiona que el sentenciador
pretende plasmar en los hechos probados, los propósitos o
deseos de los imputados, cuando es de todos conocidos, que
los mismos se suscitan en la mente de las personas es decir
en su ser mas íntimo, y al menos que tengamos la habilidad de
leer la mente de los seres humanos, es imposible saber a
ciencia cierta, cual fue el sentir o pensar de los
encausados; al plasmarlos así en los hechos probados, el
Tribunal incurre en el error de falta de claridad y redacta
los mismos de manera subjetiva, de forma tal, que la simple
lectura se vuelven confusos y poco entendibles.- De igual
forma con la expresión ―proponiéndoles quitarles la vida‖
incurre el sentenciador, en el error mas visible de la
Recurso de Casación No. 400-2008
177
sentencia impugnada, y es el de predeterminar el fallo, tal
como lo prohíbe nuestro código procesal penal. Continua
relatando el hecho probado numero veintitrés: ―procediendo a
golpear con toletes, palos, piedras y con armas blancas, a
los reos pandilleros que se encontraban‖; de nuevo incurre en
el mismo yerro el sentenciador, al omitir individualizar las
acciones que específicamente realizan los imputados que se
mencionan en este hecho probado, además de no incluir un
elemento importante de todo hecho probado, como ser el
ofendido o el directamente perjudicado en la acción.- El
manifestar de manera colectiva, que procedieron a golpear a
los reos pandilleros que se encontraban, es generalizar todas
las acciones ocurridas ese día y por tanto centralizar todas
las operaciones en seis o siete reos, que utilizando la
lógica podemos deducir que era imposible ejecutarlos; pero
aún mas grave es omitir puntualizar hacia quien iban
dirigidas esas acciones, y al no hacerlo los sentenciadores
convierten los hechos probados indescifrables a la simple
lectura. En el veinticuatro hecho probado se establece que mi
representado LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO ayuda al reo Pavel
Eduardo Rodríguez Flores, a prender fuego a la celda 6, sin
embargo, no se establece qué acción especifica realiza mi
patrocinado, es decir, a que ayuda se refiere.- Debe el
sentenciador plasmar específicamente a que ayuda se refiere,
debido a que, debe deducírsele individualmente la
responsabilidad únicamente por sus acciones y no por el resto
de los imputados; cuanto más se leen los hechos probados, más
se vuelven incomprensibles, de forma tal que en este hecho
probado no sabemos a ciencia cierta quienes estaban en esa
celda 6, que acción específica realiza cada una de los
imputados y aun más grave, no sabemos cual fue el resultado
de estas acciones; los mismos quedan en suspenso sin
establecer cual fue el desenlace de la dinámica ocurrida el
día de los acontecimientos. En el treinta hecho declarado
probado el Tribunal expresa: ―que el reo rondín TOMAS RIVERA
GUEVARA junto con otro reo rondín, agredieron a otros reos
pandilleros usando palos y armas blancas, en este hecho
probado el juzgador omite establecer cuál fue el resultado
del accionar del encausado, y quienes fueron los ofendidos,
lo que impide hacer una valoración del actuar de mi
representado. Con la simple lectura de los hechos probados
antes relacionados surgen más interrogantes: ¿Qué acción
específica realizaron mis representados LUIS ALBERTO CRUZ
VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HÉCTOR WILFREDO JIMÉNEZ? ¿De
qué delito son responsables? ¿Quiénes son las personas contra
las cuales se ejecutan estas acciones? ¿Cuál fue el resultado
de estas acciones, es decir, el desenlace de los
acontecimientos? En los mismos se establecen expresiones como
―procediendo a golpear con palos, toletes‖ ―proponiéndose
quitarle la vida‖ ―agredieron a otros reos‖ todas,
expresiones muy generales y totalmente subjetivas y por
consiguiente hacen de los hechos probados, una gama de
confusiones para quien los analice. No pueden justificarse
estos hechos probados, amparándose en el alegato que nos
encontramos ante acontecimientos múltiples y de gran
magnitud, de forma tal que aparecen muchos actores y
participantes en lo mismos, precisamente por esa
particularidad, el estudio y análisis de cada una de las
Recurso de Casación No. 400-2008
178
acciones de los imputados, debió realizarlas el Tribunal de
manera puntual para evitar incurrir en el error de
generalizar, de forma tal que, por el solo hecho de ser un
reo rondín o de encontrarse presente en el momento de los
hechos, sea culpable de todo lo acontecido.- Debe
responsabilizarse únicamente de los actos cometidos por cada
uno de ellos, de no hacerlo así, aplicamos el dicho popular
religioso que comúnmente utilizamos ―justos pagan por
pecadores‖; como juristas y conocedores del Derecho sabemos
que ante la ley, este dicho religioso no debe ni puede
aplicarse, sino que debe castigarse únicamente la conducta
personal que cada uno de los imputados realiza.- Tampoco
debemos olvidar, que nuestros representados se enfrentan
solos ante todo el aparato estatal, ya que el ente acusador
tiene a su disposición todos los medios necesarios
(Tecnología, policía de investigación, medicina forense) para
poder establecer la responsabilidad de los acusados en los
hechos a ellos imputados, y con mayor razón se debe imputar
objetivamente las acciones de cada una de ellos, y si es
incapaz de hacerlo, el resultado del juicio será una
sentencia absolutoria. En los hechos probados enumerados como
CUADRAGESIMO TERCERO Y CUADRAGESIMO QUINTO, el tribunal
expresa las personas que el día cinco de abril del dos mil
tres, murieron por carbonización y por hechos violentos, pero
sorprendentemente no especifica quienes son los responsables
y a través de que acciones; siendo que en estos dos hechos
probados el tribunal da por acreditada la muerte de los
supuestos ofendidos, también debió establecer quienes eran
los supuestos responsables de sus muertes, sin embargo, lo
omite y sorprendentemente en la parte dispositiva de la
sentencia, decide condenar a mis representados por la muerte
de todos los internos acaecidos ese día, lo cual la simple
lógica nos dice que es imposible; una razón más para
considerar a los precitados hechos probados como faltos de
claridad y coherencia. El conocido jurista español JESUS
FERNADEZ ESTRALGO en el libro ―La sentencia en el nuevo
proceso penal‖ en las páginas 81, 86, 87 y 88 referente a La
Fijación de los Hechos Probados manifiesta: ―La declaración
de los hechos probados constituye como –como lo caracteriza
Palacios Mejia-―. el cimiento, el arranque, de la sentencia
penal…‖ Es un presupuesto necesario del fallo, porque
mediante de ella se fija judicialmente la reconstrucción de
lo sucedido, y constituye la base sobre la que se construirá
el tratamiento (subsunción) jurídico del caso debatido en el
proceso; pero no integra propiamente la motivación de sus
decisión. La descripción de los hechos probados ha de hacerse
con 1) claridad 2) precisión y 3) coherencia. De este modo,
se asume legalmente el modelo ideal de ―regla semántica de
formación del lenguaje jurisdiccional dirigida a asegurar la
determinabilidad de las denotaciones fácticas …(y que
comprende) una serie de reglas que exigen, como condición de
la estricta jurisdiccionalidad, esto es, de la
verificabilidad y de la refutabilidad de las tesis que en el
proceso enuncian los hechos y las pruebas, que tanto aquello
como estos sean exactamente individualizadas mediante
descripciones precisas y sin el uso de palabras vagas o
valorativas. La descripción de los hechos declarados probados
ha de hacerse de forma tal que permita su perfecta
Recurso de Casación No. 400-2008
179
compresión, como presupuesto del control de su corrección,
haciendo posible su corroboración (verificación) o
refutación‖ En el caso subjudice, los hechos probados no
permiten comprender cómo sucedieron los sucesos que se les
imputan a mis representados y sobre todo, no permite valorar
y determinar las acciones típicas, antijurídicas y culpables
que se supone ejecutaron mis representados, para ser
condenados, estas circunstancias no son visualizadas en la
narración de los hechos probados y tal como afirma Fernández
Entralgo no permite su perfecta comprensión de los
acontecimientos acusados. Estos hechos probados fueron
calificados por el juzgador como constitutivos de los delitos
de ASESINATO Y ASESINATO EN GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA,
declarando responsable penalmente de los mismos a los señores
LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HÉCTOR
WILFREDO JIMÉNEZ, sin embargo, al analizar tales hechos
probados en los números, veintitrés, veinticuatro y treinta
se evidencia el vicio denunciado ya que la descripción de los
mismos no satisface los requisitos de claridad, precisión y
coherencia impuestos por el Artículo 338, sección cuarta,
número uno del Código Procesal Penal. Dicho lo anterior y
siendo que la declaración de hechos probados constituye la
base o el cimiento sobre el cual se construye la sentencia
penal, y dado que los hechos declarados probados en la
sentencia recurrida no reúnen los requisitos legales exigidos
para ello, solicito se case la sentencia recurrida, se anule
el fallo y se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su
procedencia para que la causa sea tramitada con arreglo a
derecho. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACIÓN DEL YERRO
Siendo que el yerro que provoca la interposición del recurso
de mérito se produce con la sentencia misma, solo es posible
su subsanación a través del presente recurso, por lo que no
hubo reclamación ex-ante.‖
XXVI.- RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA
INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS LUIS ALBERTO
CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HÉCTOR WILFREDO JIMÉNEZ
ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE LA DECLARACION DE HECHOS
PROBADOS FORMULADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA NO ES CLARA
NI TERMINANTE
Argumenta el recurrente que la declaración de los hechos
estimados probados por el A Quo no son claros y terminantes.
Considera que en la sentencia recurrida el A Quo estimó como
probados, entre otros, los hechos VIGÉSIMO TERCERO, VIGÉSIMO
CUARTO y TRIGÉSIMO y que al analizarlos se concluye que no
cumplen con lo establecido en la regla cuarta del articulo
338 del Código Procesal Penal, al adolecer de claridad y
coherencia al relatar los acontecimientos. EStima que de la
simple lectura de los hechos probados VIGÉSIMO TERCERO,
VIGÉSIMO CUARTO y TRIGÉSIMO surgen muchas interrogantes por
tratarse de acontecimientos múltiples y de gran magnitud, con
muchos actores y participantes, por lo que señala que el
Juzgador debió analizar cada una de las acciones realizadas
por los imputados, de manera puntual para no incurrir en el
error de generalizar, y declarar culpables a los acusados
LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HÉCTOR
Recurso de Casación No. 400-2008
180
WILFREDO JIMÉNEZ por el solo hecho de ser reos rondines y
encontrarse presentes en el momento de los hechos. Señala que
debe responsabilizarse únicamente de los actos cometidos por
cada uno de ellos, de no hacerlo así, se aplicaría el dicho
popular de que “justos pagan por pecadores”. Reprocha que en
los hechos probados CUADRAGESIMO TERCERO Y CUADRAGESIMO
QUINTO, se describen las personas que murieron por
carbonización y por hechos violentos, pero no especifica
quienes son los responsables y a través de que acciones, no
obstante que en la parte dispositiva de la sentencia, el A
Quo condena a los acusados LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO, TOMAS
RIVERA GUEVARA y HÉCTOR WILFREDO JIMÉNEZ por la muerte de
todos ellos, lo cual asume imposible, otra razón por la que
considera a los hechos probados como faltos de claridad y
coherencia. Concluye manifestando que los hechos probados no
permiten comprender cómo sucedieron los sucesos, ni permite
valorar y determinar las acciones típicas, antijurídicas y
culpables que se supone ejecutaron los acusados y que fueron
calificados por el A Quo como constitutivas de los delitos de
ASESINATO Y ASESINATO EN EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA,
por las se declaró penalmente responsables a los señores LUIS
ALBERTO CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HÉCTOR WILFREDO
JIMÉNEZ. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente
destacar, que el vicio procesal denunciado por el recurrente
se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos
probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que
por su insuficiencia o oscuridad, o por no expresar en forma
conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino
vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones
alternativas, en definitiva, a consecuencia de la ambigüedad
del relato. La falta de claridad puede venir determinada por
haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen
difícil la comprensión del relato o cuando incurre en
omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente
sin contenido específico la narración de los hechos; se
produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su
deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión,
también cuando por omisión de elementos o circunstancias
importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo
ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica
para determinar si los hechos son o no constitutivos de la
infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de
los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no
basta para apreciar el defecto procesal que la narración se
ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en
términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su
comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades
se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes
de la calificación penal asignada a los hechos probados,
provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de
los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para
formular la calificación jurídica, de forma que no pueda
orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda
estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio,
es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación
lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe
servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o
“quaestio iuris”. Esta Sala de lo Penal considera que no se
Recurso de Casación No. 400-2008
181
advierte la falta de claridad o ambigüedad en la
fundamentación fáctica de la sentencia al establecer la
participación de algunos individuos en la comisión de los
hechos que condujeron a la muerte de varias personas que se
encontraban al interior de la Celda No. 6) de la Granja Penal
del Porvenir53. Cuestión distinta es que en dicho relato ni
siquiera se mencione la presencia y contribución al momento
de su ejecución de alguno de los imputados, sobre lo cual nos
referiremos al resolver el motivo que por infracción de ley
ha formulado la Defensa de los encartados. Ahora resulta
pertinente analizar si la fundamentación fáctica de la
sentencia adolece de la suficiente claridad y precisión en lo
que se refiere a la participación de los encausados LUIS
ALBERTO CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HECTOR WILFREDO
JIMENEZ, en lo que concierne a la imputación que se les hace
por la comisión de treinta y siete delitos de asesinato
mediante alevosía y diecinueve delitos de tentativa de
asesinato alevoso. Así tenemos que: A) En el hecho probado
Vigésimo Tercero se afirma que tras la irrupción de elementos
de seguridad del Estado en el interior de la Granja Penal del
Porvenir, el procesado LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIA, salió al
igual que otros ocho reos rondines de las diferentes celdas y
otros espacios en los que se habían refugiado, procediendo a
golpear con toletes, palos y armas blancas a los reos
pandilleros que encontraban, algunos de ellos ya heridos por
armas de fuego, circunstancia de la que tenía conocimiento el
coimputado ya fallecido ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS sin que
éste realizara acción alguna para evitarlo. Más adelante en
el hecho probado Cuadragésimo se afirma que pasadas las once
y seis minutos de la mañana, aprovechando un descuido de los
policías preventivos y penitenciarios, el camarógrafo Armando
Antúnez ingresó al interior del Centro Penal, y filmó cuando
el señor David Meza Montesinos estaba entrevistando al reo
rondín Luis Alberto Cruz Valdivio, (alias Chica Sexy), aún
agitado, portando al lado izquierdo de la cintura un tolete
de madera; filmando además varios cadáveres que yacían
diseminados en distintas partes del referido establecimiento
penitenciario. En el hecho probado CUADRAGESIMO QUINTO el
Tribunal Sentenciador hace una relación del fallecimiento de
treinta y siete personas que murieron violentamente a
consecuencia de heridas ejecutadas con armas blanca, objetos
contundentes y/o disparos de armas de fuego, en tanto que en
el hecho probado CUADRAGESIMO SEXTO se hace una relación de
reos pandilleros que habiendo sufrido agresiones físicas no
resultaron muertos tras la finalización de los
acontecimientos suscitados. B) Respecto al procesado TOMAS
RIVERA GUEVARA: En el hecho probado Vigésimo Tercero se
afirma que tras la irrupción de elementos de seguridad del
Estado en el interior de la Granja Penal del Porvenir, el
procesado TOMAS RIVERA GUEVARA, salió junto con otros ocho
reos rondines de las diferentes celdas y otros espacios en
los que se habían refugiado, procediendo a golpear con
toletes, palos y armas blancas a los reos pandilleros que
encontraban, algunos de ellos ya heridos por armas de fuego,
circunstancia de la que tenía conocimiento el coimputado ya
fallecido ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS sin que éste realizara
53
Vid. hechos probados VIGESIMO CUARTO y CUADRAGESIMO TERCERO.
Recurso de Casación No. 400-2008
182
acción alguna para evitarlo. Mas adelante en el hecho probado
Trigésimo se establece que Quince (15) minutos después de que
los primeros reos pandilleros habían salido de la celda
número dos, uno de los reos rondines señaló a varios de estos
que se encontraban en indefensión pero que anteriormente
andaban armados y que tenían el carácter de cabecillas,
mismos a los que tras la referida señalización la policía les
disparó haciéndolo igualmente con los demás pandilleros que
se encontraban en el lugar. Tras lo cual reos rondines al ver
que algunos de los reos pandilleros aun estaban vivos
procedieron a agredirlos con palos, piedras y armas blancas.
Igualmente lo hacían con los reos pandilleros que salieron
después de la celda dos (2) y que se hacían los muertos, todo
ello a vista y consentimiento de la Policía Penitenciaria,
Policía Nacional Preventiva, elementos Cobras y miembros del
ejército que se encontraban en el lugar. De esta manera se
afirma que el reo rondín Adán Amparo Soto, (alias Comayagua),
agredió con cuchillos y palos al reo pandillero Arnol José
Hernández, (alias El trabado); el reo rondín Pavel Eduardo
Rodríguez Flores, (alias Chinapopo) agredió con machete al
reo pandillero Leonel Aníbal Ortega Garay, (alias El Killer);
el reo Héctor Wilfredo Jiménez, (alias El Basucazo), agredió
con un leño y arma blanca al reo pandillero Oscar Geovanny
Hernández Velásquez, (alias El Pewee); Para finalmente
concluir que los reos rondines Santos Geovany Banegas, Tomas
Rivera Guevara, (alias Cabuya) y José Roberto Caballero,
(alias Cobra), agredieron a otros reos pandilleros usando
palos y armas blancas. En el hecho probado CUADRAGESIMO
QUINTO el Tribunal Sentenciador hace una relación del
fallecimiento de treinta y siete personas que murieron
violentamente a consecuencia de heridas ejecutadas con armas
blancas, objetos contundentes y/o disparos de armas de fuego,
en tanto que en el hecho probado CUADRAGESIMO SEXTO se hace
una relación de reos pandilleros que habiendo sufrido
agresiones físicas no resultaron muertos tras la finalización
de los acontecimientos suscitados. C) Respecto al imputado
HECTOR WILFREDO JIMENEZ: En el hecho probado Vigésimo Tercero
se afirma que tras la irrupción de elementos de seguridad del
Estado en el interior de la Granja Penal del Porvenir, el
procesado HECTOR WILFREDO JIMENEZ, salió junto con otros ocho
reos rondines de las diferentes celdas y otros espacios en
los que se habían refugiado, procediendo a golpear con
toletes, palos y armas blancas a los reos pandilleros que
encontraban, algunos de ellos ya heridos por armas de fuego,
circunstancia de la que tenía conocimiento el coimputado ya
fallecido ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS sin que éste realizara
acción alguna para evitarlo. Mas adelante en el hecho probado
Trigésimo se establece que Quince (15) minutos después de que
los primeros reos pandilleros habían salido de la celda
número dos, uno de los reos rondines señaló a varios estos
que se encontraban en indefensión pero que anteriormente
andaban armados y que tenían el carácter de cabecillas,
mismos a los que tras la referida señalización la policía les
disparó haciéndolo igualmente con los demás pandilleros que
se encontraban en el lugar. Tras lo cual reos rondines al ver
que algunos de los reos pandilleros aun estaban vivos
procedieron a agredirlos con palos, piedras y armas blancas.
Igualmente lo hacían con los reos pandilleros que salieron
Recurso de Casación No. 400-2008
183
después de la celda dos (2) y que se hacían los muertos, todo
ello a vista y consentimiento de la Policía Penitenciaria,
Policía Nacional Preventiva, elementos Cobras y miembros del
ejército que se encontraban en el lugar. De esta manera se
afirma que el reo rondín Adán Amparo Soto, (alias Comayagua),
agredió con cuchillos y palos al reo pandillero Arnol José
Hernández, (alias El trabado); el reo rondín Pavel Eduardo
Rodríguez Flores, (alias Chinapopo) agredió con machete al
reo pandillero Leonel Aníbal Ortega Garay, (alias El Killer);
el reo Héctor Wilfredo Jiménez, (alias El Basucazo), agredió
con un leño y arma blanca al reo pandillero Oscar Geovanny
Hernández Velásquez, (alias El Pewee); Del análisis conjunto
de los hechos probados antes relacionados en los que aparecen
realizando diversas acciones los imputados LUIS ALBERTO CRUZ
VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HECTOR WILFREDO JIMENEZ, a
quienes el Tribunal de Instancia condenó a título de
coautores como responsables de haber contribuido en un plan
espontáneo y colectivo a causar la muerte de treinta y siete
personas e intentar quitarle la vida a diecinueve, podemos
afirmar que dadas las circunstancias en que se produjeron los
hechos objeto de juzgamiento con múltiples sujetos activos y
una gran cantidad de víctimas, que en su mayoría perdieron la
vida en tanto que las demás presentaban múltiples lesiones
tras la conclusión de los sucesos, resulta razonable que el
Tribunal de Instancia no haya establecido con rigurosa
minuciosidad y con prolijidad de detalles las incidencias
ocurridas durante el desarrollo de los acontecimientos, de
tal manera que la fundamentación fáctica de la sentencia
recurrida no acusa la oscuridad, ambigüedad o imprecisión
señalada por el Censor, que impida como un obstáculo
insalvable determinar si dichos encartados han incurrido o no
en la comisión de los hechos criminosos que se les atribuye.
El recurrente alega que la inclusión en el relato fáctico de
la valoración de que los acusados salieron de los lugares
donde se habían refugiado proponiéndose quitarle la vida a
todos los reos pandilleros, constituye un concepto
predeterminante del fallo. Sobre esto es importante señalar
que tal frase no constituye una expresión técnico-jurídica,
sino que un juicio de inferencia54, mediante el cual se
determina el elemento subjetivo del delito, de modo que si
bien es cierto que su ubicación resulta más acertada en la
fundamentación intelectiva y jurídica de la sentencia, en
cuanto extraído de los datos objetivos relatados, su
inclusión en el relato de hechos probados, siempre y cuando
no vacíe el contenido de los mismos, es revisable en casación
por la vía del artículo 360 párrafo primero del Código
Procesal Penal55, si de los restantes elementos fácticos
narrados por el Juzgador se acredita la equivocación de éste
al atribuir al procesado que ese era y no otro, el móvil que
le impulsó a cometer el delito. De este modo, y siendo que el
cuadro fáctico expuesto en la sentencia, aún suprimiendo
mentalmente ese juicio de inferencia, resulta narrado con un
mínimo de claridad y amplitud para determinar cual fue la
intención que movió a los encartados para realizar las
54 Vid. LUZON CUESTA, JOSE MARIA, El Recurso de Casación Penal, 2ª
edición, Editorial Colex, Madrid, 2000, págs. 147-148, 151-152. 55 Referido a la casación por infracción de ley.
Recurso de Casación No. 400-2008
184
acciones que se les imputan, esta Sala es de criterio que el
motivo alegado por el Censor debe ser desestimado.
XXVI.- El Recurrente Abogado CARLOS OBED URBINA LOPEZ, en su
condición de apoderado defensor de los señores Luís Alberto
Cruz Valdivio, Tomás Rivera Guevara y Héctor Wilfredo
Jiménez, desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de
Ley de la siguiente manera: ―EXPOSICIÒN DE LOS MOTIVOS DE
CASACIÒN POR INFRACCIÓN DE LEY PRIMER MOTIVO: Aplicación
indebida del artículo 117 del Código Penal PRECEPTO
AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra
comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal
EXPLICACIÒN DEL MOTIVO La norma penal que aplica
indebidamente el sentenciador es el artículo 117 del Código
Penal, norma penal que establece lo siguiente: ―Artículo
117.-Es reo de asesinato quien de muerte a una persona
ejecutándola con la concurrencia de las circunstancias
siguientes: 1) Alevosía; 2) Con Premeditación, conocida; 3)
Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión,
descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u
otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre
que haya dolo o intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento,
aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.
La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años
de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa
o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación,
la pena será de treinta (30)años a privación de por vida de
la libertad‖ El Juzgador declaró terminantemente probado,
entre otros los HECHOS siguientes: ―VIGÈSIMO TERCERO: Los
reos rondines Adán Amparo Soto, (alias Comayagua) Jorge
Alberto Caballero, (alias cobra) Luís Alberto Cruz Valdivia
(alias Chica sexy) Oscar Alexander Ocampo (alias Matador)
Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias Chinapopo) Santos
Efraín Arteaga Pérez (alias chaparro), Tomas Rivera Guevara
(alias Cabuya), con ayuda de los reos Santo Geovany Banegas
(alias Banegas) y Héctor Wilfredo Jiménez (alias el
Basucazo), salen de las diferentes y lugares donde habían
tenido refugio, proponiéndose quitarle la vida a todos los
reos pandilleros, procediendo a golpear con toletes, palos,
piedra y con armas blancas, a los reos pandillero que
encontraban, algunos de ellos ya heridos por los disparos de
arma de fuego, aceptando esto los policías penitenciarios y
miembros del ejército que se encontraban en ese momento y con
ellos Roger Armando Sosa Iglesias el que no realiza ninguna
acción para impedir o evitar lo que esta aconteciendo.
VIGÈSIMO CUARTO: Pasadas las 09:25 a.m. en venganza, el reo
rondín Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias Chinapopo),
cierra con candado la celda seis (6), hacia donde policías
penitenciarios y miembros del ejército han disparado, para
luego tirar cajones, palos y mesas a la puerta de esa celda,
con ayuda de los reos rondines Adán Amparo Soto (alias
Comayagua) y Javier Antonio Solís Ponce, (alias Javier
Solís), seguidamente el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores consigue un liquido acelerante, regresando a la celda
seis (6) por la parte de atrás siguiendo el pasillo de la
comandancia de guardia, y junto con los reos rondines, Luís
Alberto Cruz Valdivia, (alias chica sexy) Santos Efraín
Arteaga Pérez (alias el chaparro) y el reo Santo Geovany
Banegas, prenden en fuego con el acelerante, varias
Recurso de Casación No. 400-2008
185
colchonetas las que tiran hacia el interior de la celda seis
(6), por las ventanas traseras, rociando de acelerante la
madera del techo de dicha celda, al que también prendieron
fuego, mientras que las personas que se encontraban adentro,
trataban de sofocarlo, agarrando agua del baño, gritaban
pidiendo auxilio y rogando clemencia, sin lograr controlar el
fuego; de todo ello lograron tener conocimiento los policías
penitenciarios Dimas Antonio Benítez, Pedro Pérez Chavarria y
el miembro del ejército Roger Armando Sosa Iglesias, sin que
realizaran acción alguna para evitarlo. En ese momento el
policía penitenciario Gilberto Hernández García, escuchó los
gritos de las personas que se encontraban dentro de la celda
seis (6), e instantes después observó el humo provocado por
el fuego de la celda seis, sin que tampoco realizara acción
alguna‖ El juzgador calificó que tales hechos declarados
probados constituyen, por una parte, SESENTA ASESINATOS; de
ellos VEINTITRES personas muertas por incendio y TREINTA Y
SIETE personas muertas por alevosía, y por otra, DIECINUEVE
ASESINATOS EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, sin
embargo, al analizar los HECHOS PROBADOS del fallo recurrido
y específicamente en los antes transcritos, que son los que
refieren algún comportamiento de mis representados,
fácilmente puede apreciarse que en los referidos hechos
probados se ofrece una muy general descripción de las
acciones realizadas por los referidos encartados, no
permitiendo subsumir su conducta en alguno de los
comportamientos prohibidos por el código Penal, en otros
apartados de tales hechos probados se consigna que los
imputados agredieron a otros internos, pero sin señalar de
modo particular las personas ofendidas y cual fue la magnitud
de las agresiones ni cuales fueron los resultados de las
mismas; y menos aun, que estos hayan participado como autores
del ASESINATO de las VEINTITRES personas que murieron por
incendio y de las TREINTA Y SIETE personas que murieron por
alevosía, y siendo que los hechos probados son el arranque
de la decisión a la que arriba el juzgador, mismos que deben
surgir de las pruebas evacuadas en la causa, pues responden a
la pregunta ¿Qué se tiene por demostrado? Y en torno a tales
hechos deberán girar todas las consecuencias jurídicas que de
ellos se deriven; entre estas la adecuación o no de ese
cuadro fáctico, a un determinado tipo penal y dado que en el
presente caso los hechos probados no describen comportamiento
alguno desarrollado por los encartados LUIS ALBERTO CRUZ
VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HÉCTOR WILFREDO JIMÉNEZ que
hubiere dado como resultado la muerte de las SESENTA personas
por cuyo fallecimiento fueron condenados, ello configura que
el juzgador al condenarlos lo hace aplicando indebidamente lo
dispuesto en el artículo 117 del Código Penal. APLICACIÓN
PRETENDIDA La defensa pública de los señores LUIS ALBERTO
CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HÉCTOR WILFREDO JIMÉNEZ
con la interposición del presente recurso de casación
pretende la confrontación de las acciones que en ellos se les
atribuye a nuestros representados, frente a los elementos
objetivos y subjetivos del tipo penal contenidos en el
Artículo 117 del Código Penal, y que una vez comprobado que
en tales hechos probados no concurre ningún comportamiento
por parte de los referidos encartados que haya dado como
resultado las muertes que se les atribuyen y consecuentemente
Recurso de Casación No. 400-2008
186
se les libere de toda responsabilidad, ya que el juzgador no
individualizó la participación de cada uno de los
encartados, limitándose a señalar los distintos agravios
sufridos por las residentes en las celdas dos y seis de la
Granja Penal de El Porvenir atribuyéndoles a cada uno de los
encartados la totalidad de dichos agravios, sin que de los
hechos probados surja un nexo causal entre las acciones
desplegadas por mis representados y los resultados a ellos
atribuidos.
XXIV.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO,
TOMAS RIVERA GUEVARA y HÉCTOR WILFREDO JIMÉNEZ, ARGUMENTANDO
FUNDAMENTALMENTE QUE DE LOS HECHOS PROBADOS NO SE DESPRENDE
QUE LOS ENCARTADOS HAYAN COMETIDO LOS SESENTA DELITOS DE
ASESINATO CONSUMADO QUE SE LES ATRIBUYE, POR LO QUE ALEGA LA
APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 117 DEL CODIGO PENAL.-
Argumenta el recurrente que el A Quo ha aplicado en
forma indebida el artículo 117 del Código Penal, norma penal
que establece el tipo penal de Asesinato. Afirma que en los
hechos declarados probados vigésimo tercero y vigésimo
cuarto, de la sentencia recurrida, no se describe
comportamiento alguno de los encartados LUIS ALBERTO CRUZ
VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HÉCTOR WILFREDO JIMÉNEZ que
hubiere dado como resultado la muerte de las SESENTA (60)
personas por cuyo fallecimiento fueron condenados en
aplicación del Artículo 117 del Código Penal. El recurrente
pretende con la interposición del recurso de casación la
confrontación de las acciones que se le atribuye a los
encausados, frente a los elementos objetivos y subjetivos del
tipo penal del Artículo 117 del Código Penal, para que se
constate que no concurre ningún comportamiento que haya
resultado en las muertes que se les atribuyen y
consecuentemente se les libere de toda responsabilidad, pues
estima que el juzgador no individualizó la participación de
cada uno de los encartados. Señala que el A Quo se limita a
señalar los agravios sufridos por los residentes en las
celdas dos (2) y seis (6) de la Granja Penal de El Porvenir,
atribuyendo a cada uno de los encartados la totalidad de
dichos agravios, pero sin que de los hechos probados surja un
nexo causal entre las acciones desplegadas por los acusados y
los resultados a ellos atribuidos. Esta Sala de lo Penal
considera importante recordar, que a través del recurso de
casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una
revaloración jurídica del material fáctico descrito en la
sentencia, contenido en la formulación de hechos probados
realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del
tradicional recurso de apelación, propio del anterior
sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del
Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como
jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente
admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice
un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto,
o sea una revisión jurídica de los hechos declarados
probados. El recurso de casación por infracción de ley debe
estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados
que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio
Recurso de Casación No. 400-2008
187
en esencia consiste en que la decisión adoptada por el
juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es
incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada
por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que
resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar,
se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las
normas que deben aplicarse al caso concreto pero el Juzgador
hace una incorrecta interpretación de las mismas. Precisados
los límites en los que puede desenvolverse la función
revisora de esta Sala cuando del recurso de casación por
infracción de ley se trate, ahora es pertinente que
indiquemos cuales son los elementos objetivos y subjetivos
del delito de asesinato mediante incendio que se atribuye a
los encartados LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA
GUEVARA y HÉCTOR WILFREDO JIMÉNEZ en perjuicio de varias
personas. La muerte de un ser humano a consecuencia de la
acción realizada por otra persona, valiéndose de medios
especialmente peligrosos o revelando una especial
perversidad, ha sido tradicionalmente castigada con mayor
severidad que el homicidio simple. En este sentido, el
asesinato se describe como la muerte de otra persona
ejecutada con alguna de las circunstancias mencionadas en el
artículo 117 del Código Penal. De este modo, la concurrencia
de algunas de las circunstancias del artículo 117 establece
la diferencia entre el homicidio y el asesinato. No obstante,
cabe señalar, que ambos delitos comparten características
comunes, así, aparte de la igualdad en el bien jurídico
protegido, que es la vida humana como valor ideal, coinciden
los sujetos, activo y pasivo, que pueden serlo cualquier
persona, sin más limitaciones que las que provienen del
concurso de leyes,56 el objeto material sobre el que recae
directamente la acción es el hombre vivo físicamente
considerado, y los problemas de la relación de la causalidad,
en virtud de la cual se debe establecer la conexión entre el
comportamiento del sujeto activo y el resultado que consiste
en la muerte efectiva de otra persona. En el caso concreto
que ahora nos ocupa, se ha declarado la responsabilidad penal
de los encausados LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA
GUEVARA y HÉCTOR WILFREDO JIMÉNEZ a título de coautores de
varios delitos de asesinato mediante incendio, modalidad
prevista en el numeral 3) del precepto legal supracitado. La
razón de la especial agravación de la muerte de un ser humano
cometido mediante incendio, no es solamente la mayor perfidia
del medio empleado que revela un delincuente sumamente
peligroso, sino también el peligro general que tal medio y
otros como la inundación, explosión, descarrilamiento, etc…
encierran para la colectividad57. En lo que concierne a la
coautoría esta se presenta cuando varias personas, previa
celebración de un acuerdo común, que puede ser expreso o
tácito, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada,
mediante una contribución objetiva a su realización, por lo
56 Así sí el sujeto pasivo es alguno de los Presidentes de los Poderes del
Estado, el delito aplicable es el previsto en el artículo 322, si se
trata del Jefe de Estado extranjero o Jefe de Gobierno extranjero, el
artículo 318, etc… 57 Vid. CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II,
Revisada por CAMARGO HERNANDEZ, CESAR, Bosch, Casa Editorial, S.A.,
Barcelona, 1982, pág. 507.
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que cada autor domina todo el suceso en unión de otro o de
otros. Un buen ejemplo lo brinda la banda de asaltantes que
planea atracar un banco, y con tal fin se distribuyen las
diversas tareas: reducir a los guardias de seguridad,
controlar a los concurrentes a la entidad crediticia, abrir
la caja fuerte, vigilar el exterior, etc.., todos los
intervinientes, pues, pueden ser considerados coautores a
condición de que reúnan las exigencias correspondientes. De
esta forma, en los casos de dominio del hecho, las funciones
que realizan los concurrentes, no son las mismas, ni de igual
intensidad, pero todos realizan alguna labor, y la suma de
ellas es la que permite la comisión del delito. Del concepto
anteriormente descrito se desprenden los dos elementos de la
figura: uno de índole subjetiva y otro objetiva.- En primer
lugar se requiere una decisión, resolución delictiva o un
acuerdo común, en virtud del que cada coautor se comprometa a
asumir una tarea parcial, indispensable para la realización
del plan, de tal manera que todos aparezcan como cotitulares
de la responsabilidad y sepan que actúan junto a otro u otros
y que, con él o ellos, realizan una tarea concreta: no se
requiere desde luego que el acuerdo sea expreso ni previo,
sino que puede ser tácito y simultáneo, pues basta con que
haya una especie de “dolo común”. Es pues la decisión
mancomunada, la decisión común del hecho, la que determina la
conexión de las partes del suceso ejecutadas por cada uno de
los intervinientes y a partir de la que es posible imputarle
a la persona respectiva la parte realizada por cada una de
las otras. Por eso, cada coautor debe reunir las mismas
cualidades que el autor y el dominio del hecho se torna
común. Sí acontece, por ejemplo, que alguno de los
intervinientes no comparte con los demás las riendas del
suceso, debe pensarse en una figura distinta, como pueden ser
la que corresponde a las personas que sólo cumplen meras
tareas de participación en un hecho ajeno (inducción o simple
complicidad). De lo anterior emana una importante regla en
esta materia: la responsabilidad de cada coautor se limita al
hecho colectivo y los excesos o hechos suplementarios
ejecutados fuera del plan acordado, solo afectan al
interviniente que los haya realizado por sí solo. Por
ejemplo, sí uno de los asaltantes, deslumbrado por su
atractivo, decide motu propio violar a una empleada del banco
atracado, solo a él puede imputársele dicho suceso, lo mismo
acontece si uno de los maleantes, por fuera de lo pactado,
decide dar muerte a cualquiera de los presentes. En segundo
lugar, debe mediar una contribución, un aporte objetivo y
esencial al hecho, de tal manera que éste sea producto de la
división del trabajo entre todos los intervinientes, por
ellos se requiere un “dominio funcional del hecho”, pues cada
uno debe ser pieza fundamental para llevar a cabo el plan
general. Por lo tanto, no se precisa que cada concurrente
realice totalmente la acción típica , pero sí es necesario,
indudablemente, que el aporte esencial se lleve a cabo en la
fase ejecutiva de la misma, pues de lo contrario se estarían
penando aportaciones en las fases previas en contravía de un
Derecho penal del acto y dándole cabida a indeseables
concepciones subjetivas en esta materia, pues las
contribuciones concretadas por el pueden imputarse a todos en
virtud del acuerdo; sí se responsabilizara a cada concurrente
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189
por la fracción del hecho realizada en la fase ejecutiva,
sería imposible concebir la figura en examen o habría que
acudir a las posturas subjetivistas que terminan en un
concepto extensivo de autor. Esto último, porque, debe
insistirse, lo normal es que el coautor no tenga en sus manos
el dominio total del hecho sino que ese dominio lo ejerce a
través del ente colectivo formado con la resolución común.
Así las cosas, deben ser considerados coautores tanto los
que, tratándose de un delito de estafa, realizan los
artificios o engaños sobre la víctima de este atentado
patrimonial, como el que ha sido encargado por sus compinches
de recibir el dinero que va a ser repartido en todos de manos
de la víctima, sí, según el plan común, su aporte constituye
un presupuesto que tiene lugar durante la ejecución del hecho
y sin el que el resultado perseguido no se hubiera podido
alcanzar. Otro ejemplo de coautoría sería el siguiente: Un
grupo de sujetos entre los cuales se encuentran A y B,
acuerdan llevar a cabo un asalto. Para cumplir con ese
propósito, varios miembros del grupo se arman de puñales. Los
sujetos descritos rodean a una pareja, amenazándoles con las
armas cortopunzantes y exigiéndoles que les entreguen sus
pertenencias. Mientras A retiene a la mujer, amedrentándola
con su puñal, B y un tercer sujeto intentan despojar de sus
bienes al hombre, quien se resiste, por lo que el tercer
sujeto le propina con su puñal una estocada en la ingle al
ofendido, y le causa la muerte sin haber podido despojar a
las víctimas de sus pertenencias. En este caso A y B son
también coautores del delito de homicidio pues aunque no
fueron ellos quienes realizaron la acción directa de acometer
al occiso con el cuchillo, actuaron en codominio funcional
del hecho, dividiendo sus funciones y portando armas blancas.
Todos los participantes sabían que portaban armas
cortopunzantes, las cuales podían ser utilizadas para herir o
matar y realizaron en forma conjunta el desapoderamiento por
medio de una división de funciones, en consecuencia todos son
coautores.58 Habiendo determinado de manera sucinta cuales son
los elementos objetivos y subjetivos de la modalidad del
delito de asesinato antes apuntada, y explicada en términos
generales la figura de la coautoría, analizaremos sí a partir
del relato de hechos probados se puede atribuir a los
acusados los hechos criminosos antes apuntados. Una lectura
detenida de la fundamentación fáctica de la sentencia, revela
que en el hecho probado vigésimo cuarto se describen las
acciones de varias personas que de manera conjunta
contribuyeron para causar un incendio en la Celda No. 6 de la
Granja Penal del Porvenir, lo que en una relación causa-
efecto trajo como resultado la muerte de varias personas
(vid. Hecho Probado Cuadragésimo Tercero). Entre tales
personas se encuentra el imputado LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO,
a quien se atribuye junto a otros individuos la acción de
haber prendido fuego a varias colchonetas y haberlas lanzado
por las ventanas al interior de la celda No. 6) lo que a la
postre trajo como resultado un incendio que a su vez produjo
58 Vid. sobre el concepto y los elementos de la coautoría: SANCHEZ ROMERO,
CECILIA / ROJAS CHACON, JOSE ALBERTO/ Derecho Penal, Aspectos Teóricos y
Prácticos, Editorial JURICENTRO S.A., San José de Costa Rica, 2009,
págs. 511 y ss, VELASQUEZ V., FERNANDO, Derecho Penal, Parte General, 4ª
Edición, Librería Jurídica, COMLIBROS, Bogotá, 2009, págs. 899y ss.
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190
la muerte de varias personas, de este modo, del relato
fáctico antes descrito se subsume la comisión del delito de
asesinato tipificado en el artículo 117 No. 3) del Código
Penal y por ende atribuible al encartado LUIS ALBERTO CRUZ
VALDIVIO, consecuentemente, se desestima el motivo de
casación que por infracción de ley interpuesiera la Defensa
para desvanecer los delitos de asesinato mediante incendio
por los cuales resultara condenado. En lo que concierne a los
coimputados TOMAS RIVERA GUEVARA y HÉCTOR WILFREDO JIMÉNEZ,
no se logra establecer del relato fáctico contenido en la
sentencia cual fue su contribución, que en una relación causa
efecto produjera la muerte por incendio de varias personas
que se encontraban al interior de la celda No. 6) de la
Granja Penal del Porvenir, consecuentemente se declara con
lugar el motivo de casación por infracción de ley formulado
por la Defensa, para desvanecer los delitos de asesinato
mediante incendio por los cuales resultaran condenados. En lo
que concierne a los treinta y siete delitos de asesinato
alevoso consumado que se les atribuye esta Sala considera
pertinente recordar que la alevosía supone el empleo de
procedimientos que facilitan el hecho. La define el artículo
27 No. 2) del Código Penal: “hay alevosía cuando el culpable
comete cualquiera de los delitos contra la vida y la
integridad personal, empleando medios, modos o formas en la
ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarlas,
sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que
pudiera hacer el ofendido.”. En este sentido, la alevosía
exige que los procedimientos empleados tiendan, directa y
especialmente a asegurar la ejecución, evitando el riesgo de
una posible defensa del ofendido. Ejemplos de ataques
alevosos son los que se producen por la espalda59, o estando
la víctima en la cama o de rodillas. Los ataques a traición
son alevosos. Lo decisivo en la alevosía es, por tanto, el
aseguramiento de la ejecución del hecho y la ausencia del
riesgo ante la defensa que pudiera hacer el ofendido. La
alevosía puede aparecer en cualquier momento de la ejecución
del delito, no exigiéndose para su apreciación ningún tipo de
premeditación o preparación, de tal manera que puede surgir
en el mismo momento en que se ejecuta el hecho (el sujeto
aprovecha que su enemigo le da la espalda para dispararle).
En algunas corrientes jurisprudenciales se distinguen tres
supuestos de asesinato alevoso. La llamada alevosía
proditoria o traicionera, si concurre celada, trampa o
emboscada; la sorpresiva, que se materializa en un ataque
súbito o inesperado; y la alevosía por desvalimiento, en la
que el agente se aprovecha de una especial situación de
desamparo de la víctima que impide cualquier manifestación de
defensa60. Un análisis del relato fáctico en todo su contexto
nos permite constatar que en los hechos probados
decimoséptimo, decimonoveno y cuadragésimo primero se
describen las acciones ejecutadas por varios reos pandilleros
59 Aunque hay que precisar, que no por ello se convierte automáticamente
en alevosa la muerte producida por una puñalada en la espalda o al
rematar al contendiente caído en el suelo, en el transcurso de una pelea
en la que ambos contendientes actúan en igualdad de condiciones, vid.
MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, Derecho Penal, Parte Especial, 14ª edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 53-54 60 Vid. http://www.unav.es/penal/crimina/T%F3picos%20html/alevosia.html
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191
que dieron como resultado en algunos casos la muerte y en
otros las lesiones causadas a varios reos comunes, así como
también los intentos por acabar con la vida de estos últimos
mediante incendio y otros medios idóneos, De este modo y si
bien es cierto que de la fundamentación fáctica no se
desprende la existencia de una causa de justificación ni otra
eximente de responsabilidad criminal a favor de los
procesados LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIA, TOMAS RIVERA GUEVARA y
HECTOR WILFREDO JIMENEZ, por las agresiones que ejecutaran en
perjuicio de otros individuos, no es menos cierto que
tampoco se desprende del mismo relato fáctico que las
referidas agresiones hayan sido a traición, inesperadas,
mediante emboscada o celada, o aprovechándose de una
situación de evidente desvalimiento de los ofendidos, de ahí
que no podamos afirmar de manera indubitada y a partir de los
hechos declarados probados que los imputados al perpetrar las
acciones que se les imputa hayan empleado particulares
medios, modos o formas en la ejecución de los hechos con la
finalidad de asegurar el resultado, sin los riesgos que para
su persona hubieran podido proceder de una reacción defensiva
por parte de los ofendidos, de ahí que la agresiones tantas
veces referidas no puedan calificarse como alevosas y por lo
tanto constitutivas de delitos de asesinato, por lo que el
comportamiento de los acusados al contribuir de manera
mancomunada, en un plan espontáneo y colectivo con la
finalidad de dar muerte a los reos pandilleros, propósito que
finalmente resultara alcanzado, se subsume en la figura del
homicidio simple, tipificada en el artículo 116 párrafo
primero del Código Penal, considerando esta Sala que como
mínimo, de manera analógica y en bonam partem, concurre a
favor de los procesados LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO, TOMAS
RIVERA GUEVARA y HECTOR WILFREDO JIMENEZ, la atenuante de
haber precedido de parte del ofendido, provocación o amenaza
proporcionada al delito61. Es cierto como lo expone el Censor,
que en el relato fáctico no se establece puntualmente y con
detalle cuales fueron las acciones que individualmente
trajeron como consecuencia la muerte de treinta y siete
personas, pero no es menos cierto que del mismo relato
fáctico se colige que los acusados junto con otros realizaron
una misma y compleja operación delictiva, de tal manera que
cada uno de ellos mediante acciones ejecutivas idóneas para
causar la muerte de otras personas, esto es, utilizando armas
cortopunzantes, palos, piedras y otros objetos contundentes,
reforzándose unos y otros, realizaron una parte diversa pero
esencial para el éxito de la referida operación, cuyos
resultados se reflejan en las autopsias efectuadas por los
médicos forenses y descritas en los hechos probados en los
que se aprecian con detalle que los treinta y siete reos
pandilleros que resultaron muertos presentan múltiples
heridas causadas con los medios antes señalados. Una cosa es
que de un grupo de personas no se tenga la certeza respecto a
quienes participaron en el hecho, y otra muy diferente que
más allá de toda duda razonable se tenga por probado que un
61 El artículo 26 No. 4) del Código Penal establece que constituye una
circunstancia atenuante ―haber precedido inmediatamente de parte del
ofendido, provocación o amenaza proporcionada al delito‖. Por su parte el
numeral 14) del mismo precepto legal, prevé que constituye circunstancia
atenuante: ―cualquier otra circunstancia análoga a las anteriores..‖
Recurso de Casación No. 400-2008
192
hecho fue producido por la acción conjunta de un grupo de
individuos, pues en éste último evento la imprecisión de los
detalles no altera la responsabilidad que como coautores les
es imputable a todos. De este modo resulta que la decisión
mancomunada, es decir, la decisión común del hecho de los
referidos imputados junto con otros es lo que ha determinado
la conexión de las partes del suceso ejecutadas por cada uno
de ellos y a partir de la que es posible imputarle a cada
encausado la parte realizada por cada una de los otros62. Por
las razones anteriormente expuestas se les impone a los
encartados la pena mínima de quince años de reclusión por
cada uno de los homicidios consumados, para hacer un total de
quinientos cincuenta y cinco años de reclusión. De este modo
se estima parcialmente y en los términos antes expuestos, el
motivo que por infracción de ley interpusiera la Defensa de
los imputados LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA
GUEVARA y HECTOR WILFREDO JIMENEZ para desvanecer los cargos
de treinta y siete delitos de asesinato consumado mediante
alevosía. Esta Sala considera que por una aplicación
extensiva del recurso de casación, autorizada por el artículo
349 del Código Procesal Penal, la infracción del artículo 117
No. 1) del Código Penal, alegada a favor de los coimputados
LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HECTOR
WILFREDO JIMÉNEZ MALDONADO debe decretarse en beneficio del
procesado SALOMON DE JESUS SOLANO MENDEZ, a quien se declara
penalmente responsable de la comisión de tres delitos de
homicidio simple, a la pena de cuarenta y cinco años de
reclusión. Igualmente, cabe iguales razones para dicha
aplicación extensiva a favor del coprocesado PEDRO PEREZ
CHAVARRIA, a quien se declara penalmente responsable de
treinta y siete delitos de homicidio consumado, por lo que se
le impone la pena de quinientos cincuenta y cinco años de
reclusión.
XXV.- SEGUNDO MOTIVO: Aplicación indebida del Artículo 117 en
relación con el 15 ambos del Código Penal. PRECEPTO
AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra
comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal.
EXPLICACIÒN DEL MOTIVO: La norma penal que aplica
indebidamente el sentenciador es el artículo 117 en relación
al 15 del Código Penal, normas penales que establece lo
siguiente: ―Artículo 117.- Es reo de asesinato quien de
muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de las
circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con Premeditación,
conocida; 3) Por medio de inundación, incendio,
envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento,
varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda
ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo o
intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando
deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por
asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de
reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o
promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación,
la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de
62 Sobre la figura de la coautoría en particular, vid. MARQUEZ CARDENAS,
ALVARO ENRIQUE, en La Coautoría en la Dogmática Penal, frente a otras
formas de Autoría y Participación, Universidad Libre de Colombia, Bogotá,
2008, págs. 65 y ss.
Recurso de Casación No. 400-2008
193
la libertad. Artículo 15.-Hay tentativa cuando, con la
intención de cometer un delito determinado, se realizan actos
inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a
la voluntad del agente‖ El Juzgador declaró terminantemente
probado, entre otros los HECHOS siguientes: ―VIGÈSIMO
TERCERO: Los reos rondines Adán Amparo Soto, (alias
Comayagua) Jorge Alberto Caballero, (alias cobra) Luís
Alberto Cruz Valdivia (alias Chica sexy) Oscar Alexander
Ocampo (alias Matador) Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias
Chinapopo) Santos Efraín Arteaga Pérez (alias chaparro),
Tomas Rivera Guevara (alias Cabuya), con ayuda de los reos
Santo Geovany Banegas (alias Banegas) y Héctor Wilfredo
Jiménez (alias el Basucazo), salen de las diferentes y
lugares donde habían tenido refugio, proponiéndose quitarle
la vida a todos los reos pandilleros, procediendo a golpear
con toletes, palos, piedra y con armas blancas, a los reos
pandilleros que encontraban, algunos de ellos ya heridos por
los disparos de arma de fuego, aceptando esto los policías
penitenciarios y miembros del ejército que se encontraban en
ese momento y con ellos Roger Armando Sosa Iglesias el que no
realiza ninguna acción para impedir o evitar lo que esta
aconteciendo. VIGÈSIMO CUARTO: Pasadas las 09:25 a.m. en
venganza, el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias
Chinapopo), cierra con candado la celda seis (6), hacia donde
policías penitenciarios y miembros del ejército han
disparado, para luego tirar cajones, palos y mesas a la
puerta de esa celda, con ayuda de los reos rondines Adán
Amparo Soto (alias Comayagua) y Javier Antonio Solís Ponce,
(alias Javier Solís), seguidamente el reo rondín Pavel
Eduardo Rodríguez Flores consigue un liquido acelerante,
regresando a la celda seis (6) por la parte de atrás
siguiendo el pasillo de la comandancia de guardia, y junto
con los reos rondines, Luís Alberto Cruz Valdivia, (alias
chica sexy) Santos Efraín Arteaga Pérez (alias el chaparro) y
el reo Santo Geovany Banegas, prenden en fuego con el
acelerante, varias colchonetas las que tiran hacia el
interior de la celda seis (6), por las ventanas traseras,
rociando de acelerante la madera del techo de dicha celda, al
que también prendieron fuego, mientras que las personas que
se encontraban adentro, trataban de sofocarlo, agarrando agua
del baño, gritaban pidiendo auxilio y rogando clemencia, sin
lograr controlar el fuego; de todo ello lograron tener
conocimiento los policías penitenciarios Dimas Antonio
Benítez, Pedro Pérez Chavarria y el miembro del ejército
Roger Armando Sosa Iglesias, sin que realizaran acción alguna
para evitarlo. En ese momento el policía penitenciario
Gilberto Hernández García, escuchó los gritos de las personas
que se encontraban dentro de la celda seis (6), e instantes
después observó el humo provocado por el fuego de la celda
seis, sin que tampoco realizara acción alguna.‖ El juzgador
calificó que tales hechos probados constituyen DIECINUEVE
DELITOS DE ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en
perjuicio de DIECINUEVE REOS PANDILLEROS SOBREVIVIENTES,
fundamentado en el Artículo 117 en relación al 15 del Código
Penal. Sobre este particular, la defensa de los señores LUIS
ALBERTO CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HÉCTOR WILFREDO
JIMÉNEZ considera que el juzgador arriba a tal decisión por
una errónea aplicación del artículo 117 en relación al 15 del
Recurso de Casación No. 400-2008
194
referido cuerpo legal, pues, en los hechos probados no se
aprecia de manera clara y precisa, los dos elementos
indispensables para catalogar la conducta de mi representado
como constitutiva de tales delitos, en este caso el elemento
objetivo y subjetivo del tipo penal.- En el caso subjudice,
los hechos probados carecen de tales elementos y no
concretiza de manera puntual y clara, la forma en la que
nuestros patrocinados realizan esas acciones que hacen que el
Juzgador les condene por el delito de ASESINATO EN SU GRADO
DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA y mucho menos se establece cuáles
fueron esas causas ajenas a la voluntad de mis representados
por las que no hayan logrado alcanzar los resultados por
ellos pretendidos. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA Al no plasmar de
manera concreta la acción de mis representados LUIS ALBERTO
CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HÉCTOR WILFREDO JIMÉNEZ
en los sucesos a ellos imputados, convierte a los hechos
probados en meras especulaciones, en relatos sin sentido y al
no establecer contra quienes se producen las acciones y cual
fue el resultado, por consiguiente al no enmarcarlos
adecuadamente en el tipo penal por el que se le condenó,
nuestra solicitud al Tribunal de Casación es que se aplique
correctamente la norma penal con el dictado de un fallo
absolutorio.
XXV.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO,
TOMAS RIVERA GUEVARA y HÉCTOR WILFREDO JIMÉNEZ, ARGUYENDO
FUNDAMENTALMENTE QUE DE LOS HECHOS PROBADOS NO SE DESPRENDE
LA COMISIÓN DE DIECINUEVE DELITOS DE TENTATIVA DE ASESINATO
QUE SE LES ATRIBUYE, POR LO QUE EL TRIBUNAL SENTENCIADOR
HABRÍA APLICADO INDEBIDAMENTENTE LOS ARTICULOS 117 Y 15 DEL
CODIGO PENAL.-
Esta Sala de Penal considera pertinente recordar que la
alevosía supone el empleo de procedimientos que facilitan el
hecho. La define el artículo 27 No. 2) del Código Penal: “hay
alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos
contra la vida y la integridad personal, empleando medios,
modos o formas en la ejecución que tiendan directa y
especialmente a asegurarlas, sin riesgo para su persona que
proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido.”. En
este sentido, la alevosía exige que los procedimientos
empleados tiendan, directa y especialmente a asegurar la
ejecución, evitando el riesgo de una posible defensa del
ofendido. Ejemplos de ataques alevosos son los que se
producen por la espalda63, o estando la víctima en la cama o
de rodillas. Los ataques a traición son alevosos. Lo decisivo
en la alevosía es, por tanto, el aseguramiento de la
ejecución del hecho y la ausencia del riesgo ante la defensa
que pudiera hacer el ofendido. La alevosía puede aparecer en
cualquier momento de la ejecución del delito, no exigiéndose
para su apreciación ningún tipo de premeditación o
preparación, de tal manera que puede surgir en el mismo
momento en que se ejecuta el hecho (el sujeto aprovecha que
63 Aunque hay que precisar, que no por ello se convierte automáticamente
en alevosa la muerte producida por una puñalada en la espalda o al
rematar al contendiente caído en el suelo, en el transcurso de una pelea
en la que ambos contendientes actúan en igualdad de condiciones, vid.
MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, Derecho Penal, Parte Especial, 14ª edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 53-54
Recurso de Casación No. 400-2008
195
su enemigo le da la espalda para dispararle). En algunas
corrientes jurisprudenciales se distinguen tres supuestos de
asesinato alevoso. La llamada alevosía proditoria o
traicionera, si concurre celada, trampa o emboscada; la
sorpresiva, que se materializa en un ataque súbito o
inesperado; y la alevosía por desvalimiento, en la que el
agente se aprovecha de una especial situación de desamparo de
la víctima que impide cualquier manifestación de defensa64.
Por otro lado también resulta oportuno recordar que el
artículo 15 del código penal establece: “hay tentativa
cuando, con la intención de cometer un delito determinado se
realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente”. El tipo de la
tentativa requiere de los siguientes elementos: a) en la
parte objetiva, una ejecución parcial o total de los actos
ejecutivos no seguida de consumación, b) en la parte
subjetiva, la voluntad de consumación, c) la ausencia de
desistimiento voluntario. El comienzo de la ejecución
necesario para la tentativa requiere que se traspase la
frontera que separa los actos preparatorios (sí los hay) de
los actos ejecutivos. Subjetivamente la tentativa requiere
que el sujeto quiera los actos que objetivamente realiza con
ánimo de consumar el hecho o, al menos aceptando (con
seguridad o con probabilidad) que pueden dar lugar a la
consumación. Por último se requiere la concurrencia de un
elemento negativo, y que consiste en el que el hecho no se
consume por causas ajenas a la voluntad del agente.
Recapitulando podemos afirmar que la tentativa se presenta
cuando se ejecutan actos considerados indispensables para
llevar a cabo el comportamiento tipificado en la ley penal y
que en el caso concreto deben serlo efectivamente conforme al
fin propuesto, pero factores extraños o ajenos a la voluntad
del autor impiden que éste logre la producción del resultado
perseguido. Así las cosas podemos afirmar que habrá una
tentativa de asesinato alevoso, cuando el agente realiza
actos inequívocos de ejecución dirigidos a causar la muerte
de una persona, empleando medios, modos o formas que tiendan
directa y especialmente a asegurar dicho resultado, sin
riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera
hacer el ofendido pero por causas ajenas a la voluntad del
imputado el delito no alcanza la consumación. Un análisis del
relato fáctico en todo su contexto nos permite constatar que
en los hechos probados decimoséptimo, decimonoveno y
cuadragésimo primero se describen las acciones ejecutadas por
varios reos pandilleros que dieron como resultado en algunos
casos la muerte y en otros las lesiones causadas a varios
reos comunes, así como también los intentos por acabar con la
vida de estos últimos mediante incendio y otros medios
idóneos, De este modo y si bien es cierto que de la
fundamentación fáctica no se desprende la existencia de una
causa de justificación ni otra eximente de responsabilidad
criminal a favor de los procesados LUIS ALBERTO CRUZ
VALDIVIA, TOMAS RIVERA GUEVARA y HECTOR WILFREDO JIMENEZ, por
las agresiones que ejecutaran en perjuicio de otros
individuos, no es menos cierto que tampoco se desprende del
mismo relato fáctico que las referidas agresiones hayan sido
64 Vid. http://www.unav.es/penal/crimina/T%F3picos%20html/alevosia.html
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a traición, inesperadas, mediante emboscada o celada, o
aprovechándose de una situación de evidente desvalimiento de
los ofendidos, de ahí que no podamos afirmar de manera
indubitada y a partir de los hechos declarados probados que
los imputados al perpetrar las acciones que se les imputa
hayan empleado particulares medios, modos o formas en la
ejecución de los hechos con la finalidad de asegurar el
resultado, sin los riesgos que para su persona hubieran
podido proceder de una reacción defensiva por parte de los
ofendidos, de ahí que la agresiones tantas veces referidas no
puedan calificarse como alevosas y por lo tanto constitutivas
de delitos de tentativa de asesinato, por lo que el
comportamiento de los acusados al contribuir de manera
mancomunada, en un plan espontáneo y colectivo con la
finalidad de dar muerte a los reos pandilleros, propósito que
finalmente y respecto a los diecinueve reos pandilleros
sobrevivientes no resultara alcanzado por causas ajenas a su
voluntad, se subsume en la figura de la tentativa de
homicidio simple, tipificada en el artículo 116 párrafo
primero del Código Penal en relación al artículo 15 del mismo
texto punitivo, considerando esta Sala que como mínimo, de
manera analógica y en bonam partem, concurre a favor de los
procesados LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y
HECTOR WILFREDO JIMENEZ, la atenuante de haber precedido de
parte del ofendido, provocación o amenaza proporcionada al
delito65. Es cierto como lo expone el Censor, que en el relato
fáctico no se establece puntualmente y con detalle cuales
fueron las acciones que individualmente trajeron como
consecuencia la puesta en peligro de la vida de diecinueve
personas, pero no es menos cierto que del mismo relato
fáctico se colige que los acusados junto con otros realizaron
una misma y compleja operación delictiva, de tal manera que
cada uno de ellos mediante acciones ejecutivas idóneas para
causar la muerte de otras personas, esto es, utilizando armas
cortopunzantes, palos, piedras y otros objetos contundentes,
reforzándose unos y otros, realizaron una parte diversa pero
esencial con la finalidad de alcanzar el éxito de la referida
operación, cuyos resultados particularmente se reflejan en
las dictámenes médicos efectuadas por los médicos forenses y
descritas en los hechos probados en los que se aprecian con
detalle que los diecinueve reos pandilleros que sobrevivieron
presentan múltiples heridas causadas con los medios antes
señalados. Una cosa es que de un grupo de personas no se
tenga la certeza respecto a quienes participaron en el hecho,
y otra muy diferente es que más allá de toda duda razonable
se tenga por probado que un hecho fue producido por la acción
conjunta de un grupo de individuos, pues en éste último
evento la imprecisión de los detalles no altera la
responsabilidad que como coautores les es imputable a todos.
De este modo resulta que la decisión mancomunada, es decir,
la decisión común del hecho de los referidos imputados junto
con otros es lo que ha determinado la conexión de las partes
del suceso ejecutadas por cada uno de ellos y a partir de la
65 El artículo 26 No. 4) del Código Penal establece que constituye una
circunstancia atenuante ―haber precedido inmediatamente de parte del
ofendido, provocación o amenaza proporcionada al delito‖. Por su parte el
numeral 14) del mismo precepto legal, prevé que constituye circunstancia
atenuante: ―cualquier otra circunstancia análoga a las anteriores..‖
Recurso de Casación No. 400-2008
197
que es posible imputarle a cada encausado la parte realizada
por cada una de los otros66. Recapitulando podemos afirmar que
del relato fáctico se desprende la descripción de actos
ejecutivos realizados por los procesados LUIS ALBERTO CRUZ
VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HECTOR WILFREDO JIMENEZ con
el evidente propósito de causar la muerte de los reos
pandilleros internos en la granja penal del Porvenir,
voluntad compartida con otros encartados, resultado que no se
logra alcanzar cuando transcurridos unos veinte minutos desde
que hubiera arribado al escenario de los acontecimientos el
encausado CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ, al percatarse de
la presencia de representantes de los medios de comunicación,
ordenó que cesaran los disparos que aún efectuaban elementos
de seguridad del Estado y que reforzaban la actividad
criminal ejecutada por los imputados antes mencionados67. De
este modo se impone a los procesados la pena mínima de diez
años de reclusión por cada una de las tentativas de homicidio
ejecutadas, para hacer un total de ciento noventa años de
reclusión. De este modo se estima parcialmente y en los
términos antes expuestos, el motivo que por infracción de ley
interpusiera la Defensa de los imputados LUIS ALBERTO CRUZ
VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HECTOR WILFREDO JIMENEZ
para desvanecer los cargos de diecinueve delitos de tentativa
de asesinato consumado por los cuales resultaran condenados.
Finalmente esta Sala considera que resulta procedente por
encontrarse en circunstancias similares, una aplicación
extensiva del recurso de casación, autorizada por el artículo
349 del Código Procesal Penal, en el motivo que se basa en la
infracción del artículo 117 No. 1) del Código Penal en
relación al artículo 15 del mismo texto punitivo, alegada a
favor de los imputados LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO, TOMAS
RIVERA GUEVARA y HECTOR WILFREDO JIMÉNEZ MALDONADO, en
beneficio del encartado PEDRO PEREZ CHAVARRIA, en
consecuencia se casa la sentencia de la siguiente manera: se
le declara responsable criminalmente y a título de coautor,
por la comisión de diecinueve delitos de tentativa de
homicidio, imponiéndole la pena de ciento noventa años de
reclusión.
XXVI.- El Recurrente Abogado JOSE NEPTALI PAZ BARDALES, en su
condición de Apoderado Defensor del procesado OSCAR ALEXANDER
OCAMPO, desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de
Ley en dos motivos, en tanto que por la vía del
quebrantamiento de forma expuso un motivo. Para efectos de
seguir un orden sistemático adecuado en su análisis y
resolución, esta SALA considera pertinente apartarse del
orden seguido por el Censor, de tal manera que inicialmente
se pronunciará sobre el tercero de los motivos antes
66 Sobre la figura de la coautoría en particular, vid. MARQUEZ CARDENAS,
ALVARO ENRIQUE, en La Coautoría en la Dogmática Penal, frente a otras
formas de Autoría y Participación, Universidad Libre de Colombia, Bogotá,
2008, págs. 65 y ss. 67
Cabe señalar que en el caso de la víctima de tentativa de homicidio, identificada como JOSE ROBERTO MALDONADO, las causas ajenas que impiden a
los responsables de esa infracción que alcancen su objetivo, es la
intervención de un hermano de aquel, perteneciente a la Fuerza Aérea
Hondureña. Vid. Hecho Probado Trigésimo Segundo.
Recurso de Casación No. 400-2008
198
apuntados, para luego analizar los motivos por infracción de
ley sustantiva formulados por el recurrente.-
XXVI.- EXPOSICIÒN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTRAMIENTO
DE FORMA MOTIVO ÚNICO: La declaración de los hechos estimados
probados por el Tribunal no son claros y terminante. PRECEPTO
AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra
comprendido en el Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal
Penal. EXPLICACIÒN DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca
como infringida es el articulo 338 regla cuarta numeral uno
del Código Procesal Penal, que expresa: ―En párrafos
separados y numerados, se hará declaración expresa y
terminante de los hechos que se consideran probados,
descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear
conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico,
predeterminen el fallo que haya de dictarse.‖ En la sentencia
recurrida el Tribunal estimo como probados, entre otros, los
hechos siguientes: VIGÈSIMO TERCERO: Los reos rondines Adán
Amparo Soto, (alias Comayagua) Jorge Alberto Caballero,
(alias cobra) Luís Alberto Cruz Valdivia (alias Chica sexy)
Oscar Alexander Ocampo (alias Matador) Pavel Eduardo
Rodríguez Flores (alias Chinapopo) Santos Efraín Arteaga
Pérez (alias chaparro), Tomas Rivera Guevara (alias Cabuya),
con ayuda de los reos Santo Geovany Banegas (alias Banegas) y
Héctor Wilfredo Jiménez (alias el Basucazo), salen de las
diferentes y lugares donde habían tenido refugio,
proponiéndose quitarle la vida a todos los reos pandilleros,
procediendo a golpear con toletes, palos, piedra y con armas
blancas, a los reos pandillero que encontraban, algunos de
ellos ya heridos por los disparos de arma de fuego, aceptando
esto los policías penitenciarios y miembros del ejército que
se encontraban en ese momento y con ellos Roger Armando Sosa
Iglesias el que no realiza ninguna acción para impedir o
evitar lo que esta aconteciendo. VIGÈSIMO CUARTO: Pasadas las
09:25 a.m. en venganza, el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores (alias Chinapopo), cierra con candado la celda seis
(6), hacia donde policías penitenciarios y miembros del
ejército han disparado, para luego tirar cajones, palos y
mesas a la puerta de esa celda, con ayuda de los reos
rondines Adán Amparo Soto (alias Comayagua) y Javier Antonio
Solís Ponce, (alias Javier Solís), seguidamente el reo rondín
Pavel Eduardo Rodríguez Flores consigue un liquido
acelerante, regresando a la celda seis (6) por la parte de
atrás siguiendo el pasillo de la comandancia de guardia, y
junto con los reos rondines, Luís Alberto Cruz Valdivia,
(alias chica sexy) Santos Efraín Arteaga Pérez (alias el
chaparro) y el reo Santo Geovany Banegas, prenden en fuego
con el acelerante, varias colchonetas las que tiran hacia el
interior de la celda seis (6), por las ventanas traseras,
rociando de acelerante la madera del techo de dicha celda, al
que también prendieron fuego, mientras que las personas que
se encontraban adentro, trataban de sofocarlo, agarrando agua
del baño, gritaban pidiendo auxilio y rogando clemencia, sin
lograr controlar el fuego; de todo ello lograron tener
conocimiento los policías penitenciarios Dimas Antonio
Benítez, Pedro Pérez Chavarria y el miembro del ejército
Roger Armando Sosa Iglesias, sin que realizaran acción alguna
para evitarlo. En ese momento el policía penitenciario
Recurso de Casación No. 400-2008
199
Gilberto Hernández García, escuchó los gritos de las personas
que se encontraban dentro de la celda seis (6), e instantes
después observó el humo provocado por el fuego de la celda
seis, sin que tampoco realizara acción alguna. TRIGÈSIMO:
Quince (15) minutos después de que los primeros reos
pandilleros han salido de la celda dos, el reo Santo Geovany
Banegas se dirige hacia los reos pandilleros que andaban
armados y los reos pandillero que eran cabecillas, a los que
la policía les disparan y seguidamente disparan a todos los
demás reos pandilleros que se encontraban en el lugar, muchos
de ellos acostados en el suelo; los reos rondines, al ver que
algunos de los reos pandilleros estaban vivos aun,
procedieron a agredirlos con palos, piedras y armas blancas.
Igualmente lo hacían con los reos pandilleros que salieron
después de la celda dos (2) y que se hacían los muertos, todo
ello a vista y consentimiento de la Policía Penitenciaria,
Policía Nacional Preventiva, elementos Cobras y miembros del
ejército que se encontraban en el lugar. De esta manera el
reo rondín Adán Amparo Soto (alias Comayagua) arremete con
cuchillos y palos al reo pandillero Arnol José Hernández
(alias El Trabado); el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores, (alias chinapopo) arremete con machete al reo
pandillero Leonel Aníbal Ortega Garay (alias El Killer); el
reo Héctor Wilfredo Jiménez (alias el Basucazo), arremete con
un leño y arma blanca al reo pandillero Oscar Geovany
Hernández Velásquez (alias El Pewee); igualmente los reos
rondines Santos Geovany Banegas, Tomas Rivera Guevara (alias
Cabuya) y José Roberto Caballero (alias Cobra) agredieron a
otros reos pandilleros usando palos y armas blancas. Al
analizar estos hechos probados, podemos concluir que los
mismos no cumplen con lo establecido en la regla cuarta del
articulo 338 del Código Procesal Penal, ya que los mismos
adolecen de claridad y coherencia al relatar la dinámica de
cómo ocurrieron los acontecimientos. El vigésimo tercer hecho
probado expresa que mi representado el señor OSCAR ALEXANDER
OCAMPO, sale junto a otros reos, del lugar donde se
resguardaban ―proponiéndose quitarle la vida a todos los reos
pandilleros‖; La defensa cuestiona que el sentenciador
pretende plasmar en los hechos probados, los propósitos o
deseos de los imputados, cuando es de todos conocidos, que
los mismo se suscitan en la mente de las personas es decir en
su ser mas íntimo, y al menos que tengamos la habilidad de
leer la mente de los seres humanos, es imposible saber a
ciencia cierta, cual fue el sentir o pensar de los
encausados; al plasmarlos así en los hechos probados, el
Tribunal incurre en el error de falta de claridad y redacta
los mismos de manera subjetiva, de forma tal, que la simple
lectura se vuelven confusos y poco entendibles.- De igual
forma con la expresión ―proponiéndoles quitarles la vida‖
incurre el sentenciador, en el error mas visible de la
sentencia impugnada, y es el de predeterminar el fallo, tal
como lo prohíbe nuestro código procesal penal. Continua
relatando el hecho probado numero veintitrés: ―procediendo a
golpear con toletes, palos, piedras y con armas blancas, a
los reos pandilleros que se encontraban‖; de nuevo incurre en
el mismo yerro el sentenciador, al omitir individualizar las
acciones que específicamente realizan los imputados que se
mencionan en este hecho probado, además de no incluir un
Recurso de Casación No. 400-2008
200
elemento importante de todo hecho probado, como ser el
ofendido o el directamente perjudicado en la acción.- El
manifestar de manera colectiva, que procedieron a golpear a
los reos pandilleros que se encontraban, es generalizar todas
las acciones ocurridas ese día y por tanto centralizar todas
las operaciones en seis o siete reos, que utilizando la
lógica podemos deducir que era imposible ejecutarlos; pero
aun mas grave es omitir puntualizar hacia quien iban
dirigidas esas acciones, y al no hacerlo los sentenciadores
convierten los hechos probados indescifrables a la simple
lectura. >En el trigésimo primero: El reo pandillero Reyes
Ernesto Vásquez Gámez, sale de la bartolina dos (2), cargando
al reo pandillero Marco Tulio Salinas, (alias El spider),
quien había entrado a la celda con una herida de arma de
fuego, pidiéndole ayuda a un militar del cuarto batallón de
infantería, miembro de la Fuerza de tarea conjunta esparta,
quien le responde con un insulto, disparándole a Reyes
Ernesto Vásquez Gamez, en la pierna derecha, cayendo al suelo
ambos pandilleros, en el suelo, Reyes Ernesto Vásquez Gámez,
decide fingir estar muerto, pidiendo al reo pandillero
Arnulfo Medardo Calderón, (alias el humilde) quien también
hacia lo mismo, que se pusiera encima, de modo de taparle el
tatuaje del brazo para que no lo identificaran como
pandillero y así no sufrir mas agresiones, pero el reo rondín
Oscar Alexander Ocampo, (alias matador) se percató de que
Reyes Ernesto Gamez, estaba aun con vida, por lo que le
arremete con arma blanca .Con la simple lectura de los hechos
probados antes relacionados surgen más interrogantes: ¿Qué
acción específica realiza mí representado OSCAR ALEXANDER
OCAMPO? ¿De qué delito es responsable? ¿Quiénes son las
personas contra las cuales se ejecutan estas acciones? ¿Cuál
fue el resultado de estas acciones, es decir el desenlace de
los acontecimientos? En los mismos se establecen, expresiones
como ―procediendo a golpear con palos, toletes‖
―proponiéndose quitarle la vida‖ ―agredieron a otros reos‖
todas, expresiones totalmente subjetivas y que por
consiguiente hacen de los hechos probados una gama de
confusiones para quien los analice. No pueden justificarse
estos hechos probados, amparándose en el alegato que nos
encontramos ante acontecimientos múltiples y de gran
magnitud, de forma tal que aparecen muchos actores y
participantes en lo mismos, precisamente por esa
particularidad, el estudio y análisis de cada una de las
acciones de los imputados, debió realizarlas el Tribunal de
manera puntual para evitar incurrir en el error de
generalizar, de forma tal que, por el solo hecho de ser un
reo rondín o de encontrarse presente en el momento de los
hechos, sea culpable de todo lo acontecido.- Debe
responsabilizarse únicamente de los actos cometidos por cada
uno de ellos, de no hacerlo así, aplicamos el dicho popular
religioso que comúnmente utilizamos ―justos pagan por
pecadores‖; como juristas y conocedores del derecho sabemos
que ante la ley, este dicho religioso no debe ni puede
aplicarse, sino que debe castigarse únicamente la conducta
personal que cada uno de los imputados realiza.- Tampoco
debemos olvidar, que nuestro representado se enfrenta solo
ante todo el aparato estatal, ya que el ente acusador tiene a
su disposición todos los medios necesarios (Tecnología,
Recurso de Casación No. 400-2008
201
policía de investigación, medicina forense) para poder
establecer la responsabilidad de los acusados en los hechos a
ellos imputados, y con mayor razón se debe imputar
objetivamente las acciones de cada una de ellos, y si es
incapaz de hacerlo, el resultado del juicio será una
sentencia absolutoria. En los hechos probados enumerados como
CUADRAGESIMO TERCERO Y CUADRAGESIMO QUINTO, el tribunal
expresa las personas que el día cinco de abril del dos mil
tres, murieron por carbonización y por hechos violentos, pero
sorprendentemente no especifica quienes son los responsables
y a través de que acciones; siendo que en estos dos hechos
probados el tribunal da por acreditada la muerte de los
supuestos ofendidos, también debió establecer quienes eran
los supuestos responsables de sus muertes, sin embargo, lo
omite y sorprendentemente en la parte dispositiva de la
sentencia, decide condenar a mi representado por la muerte de
todos los internos acaecidos ese día, lo cual la simple
lógica nos dice que es imposible; una razón más para
considerar a los precitados hechos probados como faltos de
claridad y coherencia. El conocido jurista español JESUS
FERNADEZ ENTRALGO en el libro ―La sentencia en el nuevo
proceso penal‖ en las páginas 81, 86, 87 y 88 referente a La
Fijación de los Hechos Probados manifiesta: ―La declaración
de los hechos probados constituye –como lo caracteriza
Palacios Mejía-―..el cimiento, el arranque, de la sentencia
penal…‖ Es un presupuesto necesario del fallo, porque
mediante ella se fija judicialmente la reconstrucción de lo
sucedido, y constituye la base sobre la que se construirá el
tratamiento (subsuncion) jurídico del caso debatido en el
proceso; pero no integra propiamente la motivación de sus
decisión. La descripción de los hechos probados ha de hacerse
con 1) claridad 2) precisión y 3) coherencia. De este modo,
se asume legalmente el modelo ideal de ―regla semántica de
formación del lenguaje jurisdiccional dirigida a asegurar la
determinabilidad de las denotaciones fácticas …(y que
comprende) una serie de reglas que exigen, como condición de
la estricta jurisdiccionalidad, esto es, de la
verificabilidad y de la refutabilidad de las tesis que en el
proceso enuncian los hechos y las pruebas, que tanto aquello
como estos sean exactamente individualizadas mediante
descripciones precisas y sin el uso de palabras vagas o
valorativas. La descripción de los hechos declarados probados
ha de hacerse de forma tal que permita su perfecta
compresión, como presupuesto del control de su corrección,
haciendo posible su corroboración (verificación) o refutación
(falsación)‖ En el caso subjudice, los hechos probados no
permiten comprender como sucedieron los sucesos imputados a
mi representado y sobre todo, no permite valorar y determinar
la acción típica, antijurídica y culpable en la que tuvo que
incurrir mi representado, para ser condenado, estas
circunstancias no son visualizadas en la narración de los
hechos probados y tal como afirma Fernández Entralgo no
permite su perfecta comprensión de los acontecimientos
acusados a mi patrocinado. Estos hechos probados fueron
calificados por el juzgador como constitutivos de los delitos
de ASESINATO Y ASESINATO EN GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA,
declarando responsable penalmente de los mismos al señor
OSCAR ALEXANDER OCAMPO, sin embargo, al analizar tales hechos
Recurso de Casación No. 400-2008
202
probados en los números, veintitrés, veinticuatro, treinta y
treinta y uno se evidencia el vicio denunciado ya que la
descripción de los mismos no satisface los requisitos de
claridad, precisión y coherencia impuestos por el Artículo
338, sección cuarta, número uno del Código Procesal Penal.
Dicho lo anterior y siendo que la declaración de hechos
probados constituye la base o el cimiento sobre el cual se
construye la sentencia penal, y dado que los hechos
declarados probados en la sentencia recurrida no reúnen los
requisitos legales exigidos para ello, solicito se case la
sentencia recurrida, se anule el fallo y se devuelvan los
antecedentes al Tribunal de su procedencia para que la causa
sea tramitada con arreglo a derecho. RECLAMACION HECHA PARA
LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el yerro que provoca la
interposición del recurso de mérito se produce con la
sentencia misma, solo es posible su subsanación a través del
presente recurso por lo que se deduce que no hubo una
reclamación ex-ante.‖
XXVI.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTRAMIENTO DE FORMA
INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL PROCESADO OSCAR ALEXANDER
OCAMPO ARGUYENDO QUE LOS HECHOS ESTIMADOS PROBADOS POR EL
TRIBUNAL NO SON CLAROS NI TERMINANTES. PRECEPTO AUTORIZANTE:
ARTÍCULO 362 No. 1) DEL CODIGO PROCESAL.-
Argumenta el recurrente que la declaración de los hechos
estimados probados por el A Quo, no son claros y terminantes.
Alega que en la sentencia recurrida, el A Quo estimó como
probados, entre otros, los hechos VIGÉSIMO TERCERO, VIGÉSIMO
CUARTO y TRIGÉSIMO y que al analizarlos concluye que no
cumplen con lo establecido en la regla cuarta del articulo
338 del Código Procesal Penal, al adolecer de claridad y
coherencia al relatar los acontecimientos. Considera que de
la simple lectura de los hechos probados VIGÉSIMO TERCERO,
VIGÉSIMO CUARTO y TRIGÉSIMO surgen muchas interrogantes por
tratarse de acontecimientos múltiples y de gran magnitud, con
muchos actores y participantes, por lo que refiere que el
Juzgador debió analizar cada una de las acciones realizadas
por los imputados, de manera puntual para no incurrir en el
error de generalizar, y declarar culpable al acusado señor
OSCAR ALEXANDER OCAMPO por el solo hecho de ser Reo Rondín y
encontrarse presente en el momento de los hechos. Estima que
debe responsabilizarse al acusado únicamente de los actos
cometidos por él, de no hacerlo así, se aplicaría el dicho
popular de que “justos pagan por pecadores”. Reprocha también
que en los hechos probados CUADRAGESIMO TERCERO Y
CUADRAGESIMO QUINTO, se describe a las personas que murieron
por carbonización y por hechos violentos, pero no especifica
quienes son los responsables y a través de que acciones, no
obstante que en la parte dispositiva de la sentencia, el A
Quo condena al acusado OSCAR ALEXANDER OCAMPO por la muerte
de todos ellos, lo cual asume imposible, otra razón por la
que considera a los hechos probados como faltos de claridad y
coherencia. Concluye manifestando que los hechos probados no
permiten comprender cómo sucedieron los acontecimientos, ni
permite valorar y determinar las acciones típicas,
antijurídicas y culpables que se supone ejecutó el acusado y
que fueron calificados por el A Quo como constitutivas de los
delitos de ASESINATO Y ASESINATO EN GRADO DE EJECUCION DE
TENTATIVA, por las se declaró penalmente responsable al señor
Recurso de Casación No. 400-2008
203
OSCAR ALEXANDER OCAMPO. Esta Sala de lo Penal, considera
pertinente destacar, que el vicio procesal denunciado por el
recurrente se origina exclusivamente cuando la redacción de
los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa,
de modo que por su insuficiencia o oscuridad, o por no
expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o
categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a
subsunciones alternativas, en definitiva, a consecuencia de
la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir
determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u
oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando
incurre en omisiones que alteran su significación y dejan
prácticamente sin contenido específico la narración de los
hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible
por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o
imprecisión, también cuando por omisión de elementos o
circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera
realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que
falta base fáctica para determinar si los hechos son o no
constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la
participación concreta de los acusados en la ejecución del
delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto
procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible
en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o
imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es
necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con
los condicionamientos determinantes de la calificación penal
asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío
en la descripción histórica de los mismos, que determina una
falta de premisa fáctica para formular la calificación
jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del
silogismo en que la sentencia queda estructurada, el
pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que
resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al
fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo
y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”.
Esta Sala de lo Penal considera que no se advierte la falta
de claridad o ambigüedad en la fundamentación fáctica de la
sentencia al establecer la participación de algunos
individuos en la comisión de los hechos que condujeron a la
muerte de varias personas que se encontraban al interior de
la Celda No. 6) de la Granja Penal del Porvenir. Cuestión
distinta es que en dicho relato ni siquiera se mencione la
presencia y contribución al momento de su ejecución de alguno
de los imputados, sobre lo cual nos referiremos al resolver
el motivo que por infracción de ley ha formulado la Defensa
del encartado. Ahora resulta pertinente analizar si la
fundamentación fáctica de la sentencia adolece de la
suficiente claridad y precisión en lo que se refiere a la
participación del encausado OSCAR ALEXANDER OCAMPO, en lo que
concierne a la imputación que se le hace por la comisión de
treinta y siete delitos de asesinato mediante alevosía y
diecinueve delitos de tentativa de asesinato alevoso. Así
tenemos que: En el hecho probado Vigésimo Tercero se afirma
que tras la irrupción de elementos de seguridad del Estado en
el interior de la Granja Penal del Porvenir, el procesado
OSCAR ALEXANDER OCAMPO, salió junto con otros ocho reos
rondines de las diferentes celdas y otros espacios en los que
Recurso de Casación No. 400-2008
204
se habían refugiado, procediendo a golpear con toletes, palos
y armas blancas a los reos pandilleros que encontraban,
algunos de ellos ya heridos por armas de fuego, circunstancia
de la que tenía conocimiento el coimputado ya fallecido ROGER
ARMANDO SOSA IGLESIAS sin que éste realizara acción alguna
para evitarlo. Más adelante, en el hecho probado TRIGÉSIMO
PRIMERO: se establece que El reo pandillero REYES ERNESTO
VÁSQUEZ GÁMEZ, salió de la bartolina dos (2), cargando al reo
pandillero MARCO TULIO SALINAS, (alias El Spider), quien
había entrado a la celda con una herida de arma de fuego,
pidiéndole ayuda a un militar del Cuarto Batallón de
Infantería, miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta Esparta,
quien le respondió con un insulto, disparándole a REYES
ERNESTO VÁSQUEZ GÁMEZ, en la pierna derecha, cayendo al suelo
ambos pandilleros. En el suelo REYES ERNESTO VÁSQUEZ GÁMEZ,
decide fingir estar muerto, pidiéndole al reo pandillero
ARNULFO MEDARDO CALDERÓN, (alias el Humilde), quien también
hacia lo mismo, que se le pusiera encima, de modo de taparle
el tatuaje del brazo para que no lo identificaran como
pandillero y así no sufrir más agresiones, pero el reo rondín
Oscar Alexander Ocampo, (alias Matador), se percató de que
Reyes Ernesto Vásquez Gámez, estaba aun con vida, por lo que
le agredió con arma blanca. En el hecho probado CUADRAGESIMO
QUINTO el Tribunal Sentenciador hace una relación del
fallecimiento de treinta y siete personas que murieron
violentamente a consecuencia de heridas ejecutadas con armas
blancas, objetos contundentes y/o disparos de armas de fuego,
en tanto que en el hecho probado CUADRAGESIMO SEXTO se hace
una relación de reos pandilleros que habiendo sufrido
agresiones físicas no resultaron muertos tras la finalización
de los acontecimientos suscitados, entre quienes se encuentra
el señor REYES ERNESTO “VELASQUEZ” GAMEZ. Del análisis
conjunto de los hechos probados antes relacionados en los que
aparece realizando diversas acciones el imputado OSCAR
ALEXANDER a quiene el Tribunal de Instancia condenó a título
de coautor como responsable de haber contribuido en un plan
espontáneo y colectivo a causar la muerte de treinta y siete
personas e intentar quitarle la vida a diecinueve, podemos
afirmar que dadas las circunstancias en que se produjeron los
hechos objeto de juzgamiento con múltiples sujetos activos y
una gran cantidad de víctimas, que en su mayoría perdieron la
vida en tanto que las demás presentaban múltiples lesiones
tras la conclusión de los sucesos, resulta razonable que el
Tribunal de Instancia no haya establecido con rigurosa
minuciosidad y con prolijidad de detalles las incidencias
ocurridas durante el desarrollo de los acontecimientos, de
tal manera que la fundamentación fáctica de la sentencia
recurrida no acusa la oscuridad, ambigüedad o imprecisión
señalada por el Censor, que impida como un obstáculo
insalvable determinar si dichos encartado han incurrido o no
en la comisión de los hechos criminosos que se le atribuyen.
El recurrente alega que la inclusión en el relato fáctico de
la valoración de que los acusados salieron de los lugares
donde se habían refugiado proponiéndose quitarle la vida a
todos los reos pandilleros, constituye un concepto
predeterminante del fallo. Sobre esto es importante señalar
Recurso de Casación No. 400-2008
205
que tal frase no constituye una expresión técnico-jurídica,
sino que un juicio de inferencia68, mediante el cual se
determina el elemento subjetivo del delito, de modo que si
bien es cierto que su ubicación resulta más acertada en la
fundamentación intelectiva y jurídica de la sentencia, en
cuanto extraído de los datos objetivos relatados, su
inclusión en el relato de hechos probados, siempre y cuando
no vacíe el contenido de los mismos, es revisable en casación
por la vía del artículo 360 párrafo primero del Código
Procesal Penal69, si de los restantes elementos fácticos
narrados por el Juzgador se acredita la equivocación de éste
al atribuir al procesado que ese era y no otro, el móvil que
le impulsó a cometer el delito. De este modo, y siendo que el
cuadro fáctico expuesto en la sentencia, aún suprimiendo
mentalmente ese juicio de inferencia, resulta narrado con un
mínimo de claridad y amplitud para determinar cual fue la
intención que movió al encartado para realizar las acciones
que se le imputan, esta Sala es de criterio que el motivo
alegado por el Censor debe ser desestimado.
XXVII.- El Recurrente Abogado JOSE NEPTALI PAZ BARDALES, en
su condición de Defensor Público del señor Oscar Alexander
Ocampo, desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de
Ley y Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera:
―EXPOSICIÒN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÒN POR INFRACCIÓN DE LEY
PRIMER MOTIVO: Aplicación indebida del artículo 117 del
Código Penal PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de
casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del
Código Procesal Penal EXPLICACIÒN DEL MOTIVO La norma penal
que aplica indebidamente el sentenciador es el artículo 117
del Código Penal, norma penal que establece lo siguiente:
―Artículo 117.-Es reo de asesinato quien de muerte a una
persona ejecutándola con la concurrencia de las
circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con Premeditación,
conocida; 3) Por medio de inundación, incendio,
envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento,
varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda
ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo o
intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando
deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por
asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de
reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o
promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación,
la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de
la libertad‖ El Juzgador declaró terminantemente probado,
entre otros los HECHOS siguientes: ―VIGÈSIMO TERCERO: Los
reos rondines Adán Amparo Soto, (alias Comayagua) Jorge
Alberto Caballero, (alias cobra) Luís Alberto Cruz Valdivia
(alias Chica sexy) Oscar Alexander Ocampo (alias Matador)
Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias Chinapopo) Santos
Efraín Arteaga Pérez (alias chaparro), Tomas Rivera Guevara
(alias Cabuya), con ayuda de los reos Santo Geovany Banegas
(alias Banegas) y Héctor Wilfredo Jiménez (alias el
Basucazo), salen de las diferentes y lugares donde habían
tenido refugio, proponiéndose quitarle la vida a todos los
68 Vid. LUZON CUESTA, JOSE MARIA, El Recurso de Casación Penal, 2ª
edición, Editorial Colex, Madrid, 2000, págs. 147-148, 151-152. 69 Referido a la casación por infracción de ley.
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reos pandilleros, procediendo a golpear con toletes, palos,
piedra y con armas blancas, a los reos pandillero que
encontraban, algunos de ellos ya heridos por los disparos de
arma de fuego, aceptando esto los policías penitenciarios y
miembros del ejército que se encontraban en ese momento y con
ellos Roger Armando Sosa Iglesias el que no realiza ninguna
acción para impedir o evitar lo que esta aconteciendo.
VIGÈSIMO CUARTO: Pasadas las 09:25 a.m. en venganza, el reo
rondín Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias Chinapopo),
cierra con candado la celda seis (6), hacia donde policías
penitenciarios y miembros del ejército han disparado, para
luego tirar cajones, palos y mesas a la puerta de esa celda,
con ayuda de los reos rondines Adán Amparo Soto (alias
Comayagua) y Javier Antonio Solís Ponce, (alias Javier
Solís), seguidamente el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores consigue un liquido acelerante, regresando a la celda
seis (6) por la parte de atrás siguiendo el pasillo de la
comandancia de guardia, y junto con los reos rondines, Luís
Alberto Cruz Valdivia, (alias chica sexy) Santos Efraín
Arteaga Pérez (alias el chaparro) y el reo Santo Geovany
Banegas, prenden en fuego con el acelerante, varias
colchonetas las que tiran hacia el interior de la celda seis
(6), por las ventanas traseras, rociando de acelerante la
madera del techo de dicha celda, al que también prendieron
fuego, mientras que las personas que se encontraban adentro,
trataban de sofocarlo, agarrando agua del baño, gritaban
pidiendo auxilio y rogando clemencia, sin lograr controlar el
fuego; de todo ello lograron tener conocimiento los policías
penitenciarios Dimas Antonio Benítez, Pedro Pérez Chavarria y
el miembro del ejército Roger Armando Sosa Iglesias, sin que
realizaran acción alguna para evitarlo. En ese momento el
policía penitenciario Gilberto Hernández García, escuchó los
gritos de las personas que se encontraban dentro de la celda
seis (6), e instantes después observó el humo provocado por
el fuego de la celda seis, sin que tampoco realizara acción
alguna. TRIGÈSIMO PRIMERO: El reo pandillero Reyes Ernesto
Vásquez Gámez, sale de la bartolina dos (2), cargando al reo
pandillero Marco Tulio Salinas, (alias El spider), quien
había entrado a la celda con una herida de arma de fuego,
pidiéndole ayuda a un militar del cuarto batallón de
infantería, miembro de la Fuerza de tarea conjunta esparta,
quien le responde con un insulto, disparándole a Reyes
Ernesto Vásquez Gamez, en la pierna derecha, cayendo al suelo
ambos pandilleros, en el suelo, Reyes Ernesto Vásquez Gámez,
decide fingir estar muerto, pidiendo al reo pandillero
Arnulfo Medardo Calderón, (alias el humilde) quien también
hacia lo mismo, que se pusiera encima, de modo de taparle el
tatuaje del brazo para que no lo identificaran como
pandillero y así no sufrir mas agresiones, pero el reo rondín
Oscar Alexander Ocampo, (alias matador) se percató de que
Reyes Ernesto Gamez, estaba aun con vida, por lo que le
arremete con arma blanca.‖ El juzgador calificó que tales
hechos declarados probados constituyen, por una parte,
SESENTA ASESINATOS, de ellos VEINTITRES personas muertas por
incendio y TREINTA Y SIETE personas muertas por alevosía, y
por otra, DIECINUEVE ASESINATOS EN SU GRADO DE EJECUCION DE
TENTATIVA, sin embargo, al analizar los HECHOS PROBADOS del
fallo recurrido y específicamente en los antes transcritos,
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207
que son los que refieren algún comportamiento de mi
representado, fácilmente puede apreciarse que a mi
representado apenas se le menciona en el hecho probado
TREGESIMO PRIMERO en el que se consigna que OSCAR ALEXANDER
OCAMPO agrede con arma blanca a otro interno de nombre REYES
ERNESTO VÁSQUEZ GÁMEZ, pero el juzgador no refiere si el
accionar del imputado produjo algún resultado dañoso en
perjuicio del señor VÁSQUEZ GÁMEZ y menos aun, que éste haya
participado como autor del ASESINATO de las VEINTITRES
personas que murieron por incendio y de las TREINTA Y SIETE
personas que murieron por alevosía, y siendo que los hechos
probados son el arranque de la decisión a la que arriba el
juzgador, mismos que deben surgir de las pruebas evacuadas en
la causa, pues responden a la pregunta ¿Qué se tiene por
demostrado? Y en torno a tales hechos deberán girar todas las
consecuencias jurídicas que de ellos se deriven; entre estas
la adecuación o no de ese cuadro fáctico, a un determinado
tipo penal y dado que en el presente caso los hechos probados
no describen comportamiento alguno desarrollado por el
encartado OSCAR ALEXANDER OCAMPO que hubiere dado como
resultado la muerte de las SESENTA personas por cuyo
fallecimiento fue condenado, ello configura que el juzgador
al condenarlo lo hace aplicando indebidamente lo dispuesto en
el artículo 117 del Código Penal. APLICACIÓN PRETENDIDA La
defensa pública del señor OSCAR ALEXANDER OCAMPO con la
interposición del presente recurso de casación pretende la
confrontación de las acciones que en ellos se le atribuye a
nuestro representado, frente a los elementos objetivos y
subjetivos del tipo penal contenidos en el Artículo 117 del
Código Penal, y que una vez comprobado que en tales hechos
probados no concurre ningún comportamiento por parte del
referido encartado que haya dado como resultado las muertes
que se le atribuyen y consecuentemente se le libere de toda
responsabilidad.
XXVII.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DEL ACUSADO ALEXANDER OCAMPO, ARGUYENDO
FUNDAMENTALMENTE QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL CONDENAR EN
CALIDAD DE COUTOR AL PROCESADO POR VEINTITRES DELITOS DE
ASESINATO CONSUMADO MEDIANTE INCENDIO y TREINTA Y SIETE
DELITOS CONSUMADOS DE MANERA ALEVOSA, APLICO INDEBIDAMENTE EL
ARTICULO 117 DEL CODIGO PENAL.-
Argumenta el recurrente que el Juzgador ha incurrido en
aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal, norma
penal que tipifica el delito de Asesinato. Concretamente
señala que el A Quo calificó los hechos probados VIGÉSIMO
TERCERO, VIGÉSIMO CUARTO y TRIGÉSIMO PRIMERO, entre otros,
como constitutivos de SESENTA (60) ASESINATOS, VEINTITRES
(23) por incendio y TREINTA Y SIETE (37) por alevosía, y
DIECINUEVE (19) ASESINATOS en su grado de ejecución de
TENTATIVA. Reprocha que al analizar los hechos probados del
fallo recurrido y específicamente indicados, puede apreciarse
que al acusado OSCAR ALEXANDER OCAMPO apenas se le menciona.
En el hecho probado TRIGESIMO PRIMERO se consigna que OSCAR
ALEXANDER OCAMPO agredió con arma blanca a otro interno de
nombre REYES ERNESTO VÁSQUEZ GÁMEZ, pero no refiere si
produjo algún resultado dañoso en perjuicio del señor VÁSQUEZ
GÁMEZ y menos aun, que haya participado en el ASESINATO de
VEINTITRES personas que murieron por incendio y de las
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208
TREINTA Y SIETE por alevosía. El Censor cuestiona que del
cuadro fáctico no se logra subsumir un determinado tipo
penal, dado que a su entender no se describe comportamiento
alguno del encartado OSCAR ALEXANDER OCAMPO que hubiere dado
como resultado la muerte de las SESENTA personas por cuyo
fallecimiento fue condenado, en aplicación indebida de lo
dispuesto en el artículo 117 del Código Penal. El recurrente
pretende la confrontación de las acciones que se atribuye al
acusado frente a los elementos objetivos y subjetivos del
tipo penal contenidos en el Artículo 117 del Código Penal, y
que una vez comprobado que de los hechos probados no se
subsume ningún comportamiento del acusado que haya dado como
resultado las muertes que se le atribuyen, se le libere de
toda responsabilidad. Esta Sala considera importante
recordar, que a diferencia del tradicional recurso de
apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo
examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el
aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción
de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de
Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el
segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos
declarados probados. El recurso de casación por infracción de
ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos
probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que
el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por
el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es
incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada
por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que
resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar,
se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las
normas que deben aplicarse al caso concreto pero el Juzgador
hace una incorrecta interpretación de las mismas. Precisados
los límites en los que puede desenvolverse la función
revisora de esta Sala cuando del recurso de casación por
infracción de ley se trate, ahora es pertinente que
indiquemos cuales son los elementos objetivos y subjetivos
del delito de asesinato mediante incendio que se atribuye al
encartado OSCAR ALEXANDER OCAMPO en perjuicio de varias
personas. La muerte de un ser humano a consecuencia de la
acción realizada por otra persona, valiéndose de medios
especialmente peligrosos o revelando una especial
perversidad, ha sido tradicionalmente castigada con mayor
severidad que el homicidio simple. En este sentido, el
asesinato se describe como la muerte de otra persona
ejecutada con alguna de las circunstancias mencionadas en el
artículo 117 del Código Penal. De este modo, la concurrencia
de algunas de las circunstancias del artículo 117 establece
la diferencia entre el homicidio y el asesinato. No obstante,
cabe señalar, que ambos delitos comparten características
comunes, así, aparte de la igualdad en el bien jurídico
protegido, que es la vida humana como valor ideal, coinciden
los sujetos, activo y pasivo, que pueden serlo cualquier
persona, sin más limitaciones que las que provienen del
concurso de leyes,70 el objeto material sobre el que recae
70 Así sí el sujeto pasivo es alguno de los Presidentes de los Poderes del
Estado, el delito aplicable es el previsto en el artículo 322, si se
trata del Jefe de Estado extranjero o Jefe de Gobierno extranjero, el
artículo 318, etc…
Recurso de Casación No. 400-2008
209
directamente la acción es el hombre vivo físicamente
considerado, y los problemas de la relación de la causalidad,
en virtud de la cual se debe establecer la conexión entre el
comportamiento del sujeto activo y el resultado que consiste
en la muerte efectiva de otra persona. En el caso concreto
que ahora nos ocupa, se ha declarado la responsabilidad penal
del encausado OSCAR ALEXANDER OCAMPO, a título de coautor de
varios delitos de asesinato mediante incendio, modalidad
prevista en el numeral 3) del precepto legal supracitado. La
razón de la especial agravación de la muerte de un ser humano
cometido mediante incendio, no es solamente la mayor perfidia
del medio empleado que revela un delincuente sumamente
peligroso, sino también el peligro general que tal medio y
otros como la inundación, explosión, descarrilamiento, etc…
encierran para la colectividad71. Habiendo determinado de
manera sucinta cuales son los elementos objetivos y
subjetivos de la modalidad del delito de asesinato antes
apuntada, analizaremos sí a partir del relato de hechos
probados se puede atribuir al acusado los hechos criminosos
antes apuntados. Una lectura detenida de la fundamentación
fáctica de la sentencia, revela que en el hecho probado
vigésimo cuarto se describen las acciones de varias personas
que de manera conjunta contribuyeron para causar un incendio
en la Celda No. 6 de la Granja Penal del Porvenir, lo que en
una relación causa-efecto trajo como resultado la muerte de
varias personas (vid. Hecho Probado Cuadragésimo Tercero),
sin embargo no se logra establecer del relato fáctico antes
relacionado a cual fue su contribución, que en una relación
causa efecto produjera la muerte por incendio de varias
personas que se encontraban al interior de la celda No. 6) de
la Granja Penal del Porvenir, consecuentemente se declara con
lugar el motivo de casación por infracción de ley formulado
por la Defensa, para desvanecer los delitos de asesinato
mediante incendio por los cuales resultara condenado. En lo
que concierne a los treinta y siete delitos de asesinato
alevoso consumado que se les atribuye esta Sala considera
pertinente recordar que la alevosía supone el empleo de
procedimientos que facilitan el hecho. La define el artículo
27 No. 2) del Código Penal: “hay alevosía cuando el culpable
comete cualquiera de los delitos contra la vida y la
integridad personal, empleando medios, modos o formas en la
ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarlas,
sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que
pudiera hacer el ofendido.”. En este sentido, la alevosía
exige que los procedimientos empleados tiendan, directa y
especialmente a asegurar la ejecución, evitando el riesgo de
una posible defensa del ofendido. Ejemplos de ataques
alevosos son los que se producen por la espalda72, o estando
la víctima en la cama o de rodillas. Los ataques a traición
son alevosos. Lo decisivo en la alevosía es, por tanto, el
71
Vid. CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II, Revisada por CAMARGO
HERNANDEZ, CESAR, Bosch, Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1982, pág. 507. 72 Aunque hay que precisar, que no por ello se convierte automáticamente
en alevosa la muerte producida por una puñalada en la espalda o al
rematar al contendiente caído en el suelo, en el transcurso de una pelea
en la que ambos contendientes actúan en igualdad de condiciones, vid.
MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, Derecho Penal, Parte Especial, 14ª edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 53-54
Recurso de Casación No. 400-2008
210
aseguramiento de la ejecución del hecho y la ausencia del
riesgo ante la defensa que pudiera hacer el ofendido. La
alevosía puede aparecer en cualquier momento de la ejecución
del delito, no exigiéndose para su apreciación ningún tipo de
premeditación o preparación, de tal manera que puede surgir
en el mismo momento en que se ejecuta el hecho (el sujeto
aprovecha que su enemigo le da la espalda para dispararle).
En algunas corrientes jurisprudenciales se distinguen tres
supuestos de asesinato alevoso. La llamada alevosía
proditoria o traicionera, si concurre celada, trampa o
emboscada; la sorpresiva, que se materializa en un ataque
súbito o inesperado; y la alevosía por desvalimiento, en la
que el agente se aprovecha de una especial situación de
desamparo de la víctima que impide cualquier manifestación de
defensa73. Un análisis del relato fáctico en todo su contexto
nos permite constatar que en los hechos probados
decimoséptimo, decimonoveno y cuadragésimo primero se
describen las acciones ejecutadas por varios reos pandilleros
que dieron como resultado en algunos casos la muerte y en
otros las lesiones causadas a varios reos comunes, así como
también los intentos por acabar con la vida de estos últimos
mediante incendio y otros medios idóneos, De este modo y si
bien es cierto que de la fundamentación fáctica no se
desprende la existencia de una causa de justificación ni otra
eximente de responsabilidad criminal a favor del imputado
OSCAR ALEXANDER OCAMPO, por las agresiones que ejecutara en
perjuicio de otros individuos, no es menos cierto que
tampoco se desprende del mismo relato fáctico que las
referidas agresiones hayan sido a traición, inesperadas,
mediante emboscada o celada, o aprovechándose de una
situación de evidente desvalimiento de los ofendidos, de ahí
que no podamos afirmar de manera indubitada y a partir de los
hechos declarados probados que el encausado al perpetrar las
acciones que se le imputan hayan empleado particulares
medios, modos o formas en la ejecución de los hechos con la
finalidad de asegurar el resultado, sin los riesgos que para
su persona hubieran podido proceder de una reacción defensiva
por parte de los ofendidos, de ahí que la agresiones tantas
veces referidas no puedan calificarse como alevosas y por lo
tanto constitutivas de delitos de asesinato, por lo que el
comportamiento del acusado al contribuir de manera
mancomunada, en un plan espontáneo y colectivo con la
finalidad de dar muerte a los reos pandilleros, propósito que
finalmente resultara alcanzado, se subsume en la figura del
homicidio simple, tipificada en el artículo 116 párrafo
primero del Código Penal, considerando esta Sala que como
mínimo, de manera analógica y en bonam partem, concurre a
favor del procesado OSCAR ALEXANDER OCAMPO, la atenuante de
haber precedido de parte del ofendido, provocación o amenaza
proporcionada al delito74. Es cierto como lo expone el Censor,
que en el relato fáctico no se establece puntualmente y con
detalle cuales fueron las acciones que individualmente
73 Vid. http://www.unav.es/penal/crimina/T%F3picos%20html/alevosia.html 74 El artículo 26 No. 4) del Código Penal establece que constituye una
circunstancia atenuante ―haber precedido inmediatamente de parte del
ofendido, provocación o amenaza proporcionada al delito‖. Por su parte el
numeral 14) del mismo precepto legal, prevé que constituye circunstancia
atenuante: ―cualquier otra circunstancia análoga a las anteriores..‖
Recurso de Casación No. 400-2008
211
trajeron como consecuencia la muerte de treinta y siete
personas, pero no es menos cierto que del mismo relato
fáctico se colige que el acusado junto con otros realizaron
una misma y compleja operación delictiva, de tal manera que
cada uno de ellos mediante acciones ejecutivas idóneas para
causar la muerte de otras personas, esto es, utilizando armas
cortopunzantes, palos, piedras y otros objetos contundentes,
reforzándose unos y otros, realizaron una parte diversa pero
esencial para el éxito de la referida operación, cuyos
resultados se reflejan en las autopsias efectuadas por los
médicos forenses y descritas en los hechos probados en los
que se aprecian con detalle que los treinta y siete reos
pandilleros que resultaron muertos presentan múltiples
heridas causadas con los medios antes señalados. Una cosa es
que de un grupo de personas no se tenga la certeza respecto a
quienes participaron en el hecho, y otra muy diferente que
más allá de toda duda razonable se tenga por probado que un
hecho fue producido por la acción conjunta de un grupo de
individuos, pues en éste último evento la imprecisión de los
detalles no altera la responsabilidad que como coautores les
es imputable a todos. De este modo resulta que la decisión
mancomunada, es decir, la decisión común del hecho del
referido imputado junto con otros es lo que ha determinado la
conexión de las partes del suceso ejecutadas por cada uno de
ellos y a partir de la que es posible imputarle a cada
encausado la parte realizada por cada una de los otros75. Por
las razones anteriormente expuestas se le impone al encartado
la pena mínima de quince años de reclusión por cada uno de
los homicidios consumados, para hacer un total de quinientos
cincuenta y cinco años de reclusión. De este modo se estima
parcialmente y en los términos antes expuestos, el motivo que
por infracción de ley interpusiera la Defensa del imputado
OSCAR ALEXANDER OCAMPO para desvanecer los cargos de treinta
y siete delitos de asesinato consumado mediante alevosía.
XXVIII.- SEGUNDO MOTIVO: Aplicación indebida del Artículo 117
en relación con el 15 ambos del Código Penal. PRECEPTO
AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra
comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal
EXPLICACIÒN DEL MOTIVO La norma penal que aplica
indebidamente el sentenciador es el artículo 117 en relación
al 15 del Código Penal, normas penales que establecen lo
siguiente: ―Artículo 117.- Es reo de asesinato quien de
muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de las
circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con Premeditación,
conocida; 3) Por medio de inundación, incendio,
envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento,
varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda
ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo o
intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando
deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por
asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de
reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o
promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación,
75 Sobre la figura de la coautoría en particular, vid. MARQUEZ CARDENAS,
ALVARO ENRIQUE, en La Coautoría en la Dogmática Penal, frente a otras
formas de Autoría y Participación, Universidad Libre de Colombia, Bogotá,
2008, págs. 65 y ss.
Recurso de Casación No. 400-2008
212
la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de
la libertad. Artículo 15.-Hay tentativa cuando, con la
intención de cometer un delito determinado, se realizan actos
inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a
la voluntad del agente‖ El Juzgador declaró terminantemente
probados, entre otros los HECHOS siguientes: ―VIGÈSIMO
TERCERO: Los reos rondines Adán Amparo Soto, (alias
Comayagua) Jorge Alberto Caballero, (alias cobra) Luís
Alberto Cruz Valdivia (alias Chica sexy) Oscar Alexander
Ocampo (alias Matador) Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias
Chinapopo) Santos Efraín Arteaga Pérez (alias chaparro),
Tomas Rivera Guevara (alias Cabuya), con ayuda de los reos
Santo Geovany Banegas (alias Banegas) y Héctor Wilfredo
Jiménez (alias el Basucazo), salen de las diferentes y
lugares donde habían tenido refugio, proponiéndose quitarle
la vida a todos los reos pandilleros, procediendo a golpear
con toletes, palos, piedra y con armas blancas, a los reos
pandillero que encontraban, algunos de ellos ya heridos por
los disparos de arma de fuego, aceptando esto los policías
penitenciarios y miembros del ejército que se encontraban en
ese momento y con ellos Roger Armando Sosa Iglesias el que no
realiza ninguna acción para impedir o evitar lo que esta
aconteciendo. VIGÈSIMO CUARTO: Pasadas las 09:25 a.m. en
venganza, el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias
Chinapopo), cierra con candado la celda seis (6), hacia donde
policías penitenciarios y miembros del ejército han
disparado, para luego tirar cajones, palos y mesas a la
puerta de esa celda, con ayuda de los reos rondines Adán
Amparo Soto (alias Comayagua) y Javier Antonio Solís Ponce,
(alias Javier Solís), seguidamente el reo rondín Pavel
Eduardo Rodríguez Flores consigue un líquido acelerante,
regresando a la celda seis (6) por la parte de atrás
siguiendo el pasillo de la comandancia de guardia, y junto
con los reos rondines, Luís Alberto Cruz Valdivia, (alias
chica sexy) Santos Efraín Arteaga Pérez (alias el chaparro) y
el reo Santo Geovany Banegas, prenden en fuego con el
acelerante, varias colchonetas las que tiran hacia el
interior de la celda seis (6), por las ventanas traseras,
rociando de acelerante la madera del techo de dicha celda, al
que también prendieron fuego, mientras que las personas que
se encontraban adentro, trataban de sofocarlo, agarrando agua
del baño, gritaban pidiendo auxilio y rogando clemencia, sin
lograr controlar el fuego; de todo ello lograron tener
conocimiento los policías penitenciarios Dimas Antonio
Benítez, Pedro Pérez Chavarria y el miembro del ejército
Roger Armando Sosa Iglesias, sin que realizaran acción alguna
para evitarlo. En ese momento el policía penitenciario
Gilberto Hernández García, escucho los gritos de las personas
que se encontraban dentro de la celda seis (6), e instantes
después observo el humo provocado por el fuego de la celda
seis, sin que tampoco realizara acción alguna. TRIGÈSIMO
PRIMERO: El reo pandillero Reyes Ernesto Vásquez Gamez, sale
de la bartolina dos (2), cargando al reo pandillero Marco
Tulio Salinas, (alias El spider), quien había entrado a la
celda con una herida de arma de fuego, pidiéndole ayuda a un
militar del cuarto batallón de infantería, miembro de la
Fuerza de tarea conjunta esparta, quien le responde con un
insulto, disparándole a Reyes Ernesto Vásquez Gamez, en la
Recurso de Casación No. 400-2008
213
pierna derecha, cayendo al suelo ambos pandilleros, en el
suelo, Reyes Ernesto Vásquez Gámez, decide fingir estar
muerto, pidiendo al reo pandillero Arnulfo Medardo Calderón,
(alias el humilde) quien también hacia lo mismo, que se
pusiera encima, de modo de taparle el tatuaje del brazo para
que no lo identificaran como pandillero y así no sufrir mas
agresiones, pero el reo rondín Oscar Alexander Ocampo, (alias
matador) se percato de que Reyes Ernesto Gamez, estaba aun
con vida, por lo que le arremete con arma blanca.‖ El
juzgador calificó que tales hechos declarados probados
constituyen DIECINUEVE DELITOS DE ASESINATO EN SU GRADO DE
EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de DIECINUEVE REOS
PANDILLEROS SOBREVIVIENTES, fundamentado en el Artículo 117
en relación al 15 del Código Penal. Sobre este particular, la
defensa del señor OSCAR ALEXANDER OCAMPO considera que el
juzgador arriba a tal decisión por una errónea aplicación del
artículo 117 en relación al 15 del referido cuerpo legal,
pues, en los hechos probados no se aprecia de manera clara y
precisa, los dos elementos indispensables para catalogar la
conducta de mi representado como constitutiva de tales
delitos, en este caso el elemento objetivo y subjetivo del
tipo penal.- En el caso subjudice, los hechos probados
carecen de tales elementos y no concretiza de manera puntual
y clara, la forma en la que nuestro patrocinado realiza esas
acciones que hacen que el Juzgador le condene por el delito
de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA y mucho
menos se establece cuales fueron esas causas ajenas a la
voluntad del agente que hacen que mi representado no haya
alcanzado el resultado pretendido. Los hechos probados antes
mencionados no enmarcan de manera perfecta, el accionar de mi
patrocinado OSCAR ALEXANDER OCAMPO como constitutivos de
ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, al grado tal
que omite establecer los nombres de los sujetos pasivos de
los hechos (ofendidos) y más grave aun, no establece cuales
fueron las causas ajenas a la voluntada de OSCAR ALEXANDER
OCAMPO que habrían impedido que éste lograra la ejecución de
los diecinueve delitos de asesinato, que según el juzgador
pretendió consumar. INTERPRETACION PRETENDIDA Al no plasmar
de manera concreta la acción de mi Representado OSCAR
ALEXANDER OCAMPO en los sucesos a él imputados, convierte a
los hechos probados en meras especulaciones, en relatos sin
sentido y al no establecer contra quienes se producen las
acciones y cual fue el resultado, por consiguiente al no
enmarcarlos adecuadamente en el tipo penal por el que se le
condenó, nuestra solicitud al Tribunal de Casación es que se
aplique correctamente la norma penal con el dictado de un
fallo absolutorio.
XXVIII.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY
INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO OSCAR ALEXANDER
OCAMPO, ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE EL TRIBUNAL
SENTENCIADOR HIZO UNA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 117 EN
RELACIÓN CON EL 15, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL, CUANDO DECLARO SU
RESPONSABILIDAD PENAL POR LA COMISIÓN DE DIECINUEVE DELITOS
DE TENTIVA DE ASESINATO MEDIANTE ALEVOSIA.-
Argumenta el recurrente que el A Quo incurre en aplicación
indebida del Artículo 117, el cual tipifica el delito de
Asesinato, en relación al 15 del Código Penal, que dispone
del grado de ejecución de tentativa de delito. Asume que en
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214
ninguno de los hechos declarados probados VIGÉSIMO TERCERO,
VIGÉSIMO CUARTO y TRIGÉSIMO PRIMERO de la sentencia
recurrida, el A Quo describe diecinueve (19) delitos de
ASESINATO en su grado de ejecución de TENTATIVA en perjuicio
de igual numero de reos pandilleros sobrevivientes. Esgrime
que la decisión del juzgador por la que condena al encausado
señor OSCAR ALEXANDER OCAMPO, en aplicación del artículo 117
y 15 del Código Penal es errónea, en tanto de los hechos
probados no aprecia de manera clara y precisa, los elementos
objetivos y subjetivos del tipo penal. Alega que los hechos
probados carecen de tales elementos debido a que no
concretiza de manera puntual y clara, la forma en la que el
acusado realiza esas acciones, por las que el Juzgador le
condena al delito de ASESINATO en su grado de ejecución de
tentativa. Considera que tampoco establece las causas ajenas
a la voluntad del acusado por las que no logra alcanzar el
resultado pretendido. EStima que al no plasmar el Juzgador de
manera concreta la acción del acusado OSCAR ALEXANDER OCAMPO
en los sucesos imputados, los hechos probados se convierten
en especulaciones, relatos sin sentido, al no establecer
contra quienes se producen las acciones y cual fue el
resultado. Concluye que al no enmarcarlos adecuadamente en el
tipo penal por el que se condena al encausado, sea dictado un
fallo absolutorio. Esta Sala de Penal considera pertinente
recordar que la alevosía supone el empleo de procedimientos
que facilitan el hecho. La define el artículo 27 No. 2) del
Código Penal: “hay alevosía cuando el culpable comete
cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad
personal, empleando medios, modos o formas en la ejecución
que tiendan directa y especialmente a asegurarlas, sin riesgo
para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer
el ofendido.”. En este sentido, la alevosía exige que los
procedimientos empleados tiendan, directa y especialmente a
asegurar la ejecución, evitando el riesgo de una posible
defensa del ofendido. Ejemplos de ataques alevosos son los
que se producen por la espalda76, o estando la víctima en la
cama o de rodillas. Los ataques a traición son alevosos. Lo
decisivo en la alevosía es, por tanto, el aseguramiento de la
ejecución del hecho y la ausencia del riesgo ante la defensa
que pudiera hacer el ofendido. La alevosía puede aparecer en
cualquier momento de la ejecución del delito, no exigiéndose
para su apreciación ningún tipo de premeditación o
preparación, de tal manera que puede surgir en el mismo
momento en que se ejecuta el hecho (el sujeto aprovecha que
su enemigo le da la espalda para dispararle). En algunas
corrientes jurisprudenciales se distinguen tres supuestos de
asesinato alevoso. La llamada alevosía proditoria o
traicionera, si concurre celada, trampa o emboscada; la
sorpresiva, que se materializa en un ataque súbito o
inesperado; y la alevosía por desvalimiento, en la que el
agente se aprovecha de una especial situación de desamparo de
76 Aunque hay que precisar, que no por ello se convierte automáticamente
en alevosa la muerte producida por una puñalada en la espalda o al
rematar al contendiente caído en el suelo, en el transcurso de una pelea
en la que ambos contendientes actúan en igualdad de condiciones, vid.
MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, Derecho Penal, Parte Especial, 14ª edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 53-54
Recurso de Casación No. 400-2008
215
la víctima que impide cualquier manifestación de defensa77.
Por otro lado también resulta oportuno recordar que el
artículo 15 del código penal establece: “hay tentativa
cuando, con la intención de cometer un delito determinado se
realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente”. El tipo de la
tentativa requiere de los siguientes elementos: a) en la
parte objetiva, una ejecución parcial o total de los actos
ejecutivos no seguida de consumación, b) en la parte
subjetiva, la voluntad de consumación, c) la ausencia de
desistimiento voluntario. El comienzo de la ejecución
necesario para la tentativa requiere que se traspase la
frontera que separa los actos preparatorios (sí los hay) de
los actos ejecutivos. Subjetivamente la tentativa requiere
que el sujeto quiera los actos que objetivamente realiza con
ánimo de consumar el hecho o, al menos aceptando (con
seguridad o con probabilidad) que pueden dar lugar a la
consumación. Por último se requiere la concurrencia de un
elemento negativo, y que consiste en el que el hecho no se
consume por causas ajenas a la voluntad del agente.
Recapitulando podemos afirmar que la tentativa se presenta
cuando se ejecutan actos considerados indispensables para
llevar a cabo el comportamiento tipificado en la ley penal y
que en el caso concreto deben serlo efectivamente conforme al
fin propuesto, pero factores extraños o ajenos a la voluntad
del autor impiden que éste logre la producción del resultado
perseguido. Así las cosas podemos afirmar que habrá una
tentativa de asesinato alevoso, cuando el agente realiza
actos inequívocos de ejecución dirigidos a causar la muerte
de una persona, empleando medios, modos o formas que tiendan
directa y especialmente a asegurar dicho resultado, sin
riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera
hacer el ofendido pero por causas ajenas a la voluntad del
imputado el delito no alcanza la consumación. Un análisis del
relato fáctico en todo su contexto nos permite constatar que
en los hechos probados decimoséptimo, decimonoveno y
cuadragésimo primero se describen las acciones ejecutadas por
varios reos pandilleros que dieron como resultado en algunos
casos la muerte y en otros las lesiones causadas a varios
reos comunes, así como también los intentos por acabar con la
vida de estos últimos mediante incendio y otros medios
idóneos, De este modo y si bien es cierto que de la
fundamentación fáctica no se desprende la existencia de una
causa de justificación ni otra eximente de responsabilidad
criminal a favor del procesado OSCAR ALEXANDER OCAMPO, por
las agresiones que ejecutara en perjuicio de otros
individuos, no es menos cierto que tampoco se desprende del
mismo relato fáctico que las referidas agresiones hayan sido
a traición, inesperadas, mediante emboscada o celada, o
aprovechándose de una situación de evidente desvalimiento de
los ofendidos, de ahí que no podamos afirmar de manera
indubitada y a partir de los hechos declarados probados que
el imputado al perpetrar las acciones que se le imputa haya
empleado particulares medios, modos o formas en la ejecución
de los hechos con la finalidad de asegurar el resultado, sin
los riesgos que para su persona hubieran podido proceder de
77 Vid. http://www.unav.es/penal/crimina/T%F3picos%20html/alevosia.html
Recurso de Casación No. 400-2008
216
una reacción defensiva por parte de los ofendidos, de ahí que
la agresiones tantas veces referidas no puedan calificarse
como alevosas y por lo tanto constitutivas de delitos de
tentativa de asesinato, por lo que el comportamiento del
acusado al contribuir de manera mancomunada, en un plan
espontáneo y colectivo con la finalidad de dar muerte a los
reos pandilleros, propósito que finalmente y respecto a los
diecinueve reos pandilleros sobrevivientes no resultara
alcanzado por causas ajenas a su voluntad, se subsume en la
figura de la tentativa de homicidio simple, tipificada en el
artículo 116 párrafo primero del Código Penal en relación al
artículo 15 del mismo texto punitivo, considerando esta Sala
que como mínimo, de manera analógica y en bonam partem,
concurre a favor del procesado OSCAR ALEXANDER OCAMPO, la
atenuante de haber precedido de parte del ofendido,
provocación o amenaza proporcionada al delito78. Es cierto
como lo expone el Censor, que en el relato fáctico no se
establece puntualmente y con detalle cuales fueron las
acciones que individualmente trajeron como consecuencia la
puesta en peligro de la vida de diecinueve personas, pero no
es menos cierto que del mismo relato fáctico se colige que EL
acusado junto con otros realizaron una misma y compleja
operación delictiva, de tal manera que cada uno de ellos
mediante acciones ejecutivas idóneas para causar la muerte de
otras personas, esto es, utilizando armas cortopunzantes,
palos, piedras y otros objetos contundentes, reforzándose
unos y otros, realizaron una parte diversa pero esencial con
la finalidad de alcanzar el éxito de la referida operación,
cuyos resultados particularmente se reflejan en las
dictámenes médicos efectuadas por los médicos forenses y
descritas en los hechos probados en los que se aprecian con
detalle que los diecinueve reos pandilleros que sobrevivieron
presentan múltiples heridas causadas con los medios antes
señalados. Una cosa es que de un grupo de personas no se
tenga la certeza respecto a quienes participaron en el hecho,
y otra muy diferente es que más allá de toda duda razonable
se tenga por probado que un hecho fue producido por la acción
conjunta de un grupo de individuos, pues en éste último
evento la imprecisión de los detalles no altera la
responsabilidad que como coautores les es imputable a todos.
De este modo resulta que la decisión mancomunada, es decir,
la decisión común del hecho del referido imputado junto con
otros es lo que ha determinado la conexión de las partes del
suceso ejecutadas por cada uno de ellos y a partir de la que
es posible imputarle a cada encausado la parte realizada por
cada una de los otros79. Recapitulando podemos afirmar que del
relato fáctico se desprende la descripción de actos
ejecutivos realizados por el procesado OSCAR ALEXANDER OCAMPO
con el evidente propósito de causar la muerte de los reos
78 El artículo 26 No. 4) del Código Penal establece que constituye una
circunstancia atenuante ―haber precedido inmediatamente de parte del
ofendido, provocación o amenaza proporcionada al delito‖. Por su parte el
numeral 14) del mismo precepto legal, prevé que constituye circunstancia
atenuante: ―cualquier otra circunstancia análoga a las anteriores..‖ 79 Sobre la figura de la coautoría en particular, vid. MARQUEZ CARDENAS,
ALVARO ENRIQUE, en La Coautoría en la Dogmática Penal, frente a otras
formas de Autoría y Participación, Universidad Libre de Colombia, Bogotá,
2008, págs. 65 y ss.
Recurso de Casación No. 400-2008
217
pandilleros internos en la granja penal del Porvenir,
voluntad compartida con otros encartados, resultado que no se
logra alcanzar cuando transcurridos unos veinte minutos desde
que hubiera arribado al escenario de los acontecimientos el
encausado CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ, al percatarse de
la presencia de representantes de los medios de comunicación,
ordenó que cesaran los disparos que aún efectuaban elementos
de seguridad del Estado que reforzaban la actividad criminal
ejecutada por los imputados antes mencionados80. De este modo
se impone al encartado la pena mínima de diez años de
reclusión por cada una de las tentativas de homicidio
ejecutadas, para hacer un total de ciento noventa años de
reclusión. De este modo se estima parcialmente y en los
términos antes expuestos, el motivo que por infracción de ley
interpusiera la Defensa del imputado OSCAR ALEXANDER OCAMPO
para desvanecer los cargos de diecinueve delitos de tentativa
de asesinato por los cuales resultara condenado.
XXIX.- El Recurrente Abogado ERNESTO RODRIGUEZ, en su
condición de Apoderado Defensor del procesado SANTOS EFRAIN
ARTEAGA PEREZ, desarrolló su Recurso de Casación por
Infracción de Ley en dos motivos, en tanto que por la vía del
quebrantamiento de forma expuso un motivo. Para efectos de
seguir un orden sistemático adecuado en su análisis y
resolución, esta SALA considera pertinente apartarse del
orden seguido por el Censor, de tal manera que inicialmente
se pronunciará sobre el tercero de los motivos antes
apuntados, para luego analizar los motivos por infracción de
ley sustantiva formulados por el recurrente.-
XXIX.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO
DE FORMA MOTIVO UNICO: La declaración de los hechos estimados
probados por el Tribunal no son claros y terminante. PRECEPTO
AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra
comprendido en el Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal
Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO
La norma procesal que se invoca como infringida es el
articulo 338 regla cuarta numeral uno del Código Procesal
Penal, que expresa: ―En párrafos separados y numerados, se
hará declaración expresa y terminante de los hechos que se
consideran probados, descritos con claridad, precisión y
coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo
carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de
dictarse.‖ En la sentencia recurrida el Tribunal estimo como
probados, entre otros, los hechos siguientes: “VIGÉSIMO
TERCERO: Los reos rondines Adán
Amparo Soto, (alias Comayagua) Jorge Alberto Caballero,
(alias cobra) Luís Alberto Cruz Valdivia (alias Chica sexy)
Oscar Alexander Ocampo (alias Matador) Pavel Eduardo
Rodríguez Flores (alias Chinapopo) Santos Efraín Arteaga
Pérez (alias chaparro), Tomas Rivera Guevara (alias Cabuya),
con ayuda de los reos Santo Geovany Banegas (alias Banegas) y
Héctor Wilfredo Jiménez (alias el Basucazo), salen de las
diferentes celdas y lugares donde habían tenido refugio,
80 Cabe señalar que en el caso de la víctima de tentativa de homicidio,
identificada como JOSE ROBERTO MALDONADO, las causas ajenas que impiden a
los responsables de esa infracción que alcancen su objetivo, es la
intervención de un hermano de aquel, perteneciente a la Fuerza Aérea
Hondureña. Vid. Hecho Probado Trigésimo Segundo.
Recurso de Casación No. 400-2008
218
proponiéndose quitarle la vida a todos los reos pandilleros,
procediendo a golpear con toletes, palos piedras y con armas
blancas, a los reos pandilleros que encontraban, algunos de
ellos ya heridos por los disparos de arma de fuego, aceptando
esto los policías penitenciarios y miembros del ejército que
se encontraban en ese momento y con ellos Roger Armando Sosa
Iglesias el que no realiza ninguna acción para impedir o
evitar lo que estaba aconteciendo. VIGÉSIMO CUARTO: Pasadas
las 09:25 a.m. en venganza, el reo rondín Pavel Eduardo
Rodríguez Flores (alias Chinapopo), cierra con candado la
celda seis (6), hacia donde policías penitenciarios y
miembros del ejército han disparado, para luego tirar
cajones, palos y mesas a la puerta de esa celda, con ayuda de
los reos rondines Adán Amparo Soto (alias Comayagua) y Javier
Antonio Solís Ponce, (alias Javier Solís), seguidamente el
reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez Flores consigue un liquido
acelerante, regresando a la celda seis (6) por la parte de
atrás siguiendo el pasillo, de la comandancia de guardia, y
junto con los reos rondines, Luís Alberto Cruz Valdivia,
(alias chica sexy) Santos Efraín Arteaga Pérez (alias el
chaparro) y el reo Santo Geovany Banegas, prenden en fuego
con el acelerante, varias colchonetas las que tiran hacia el
interior de la celda seis (6), por las ventanas traseras,.
rociando de acelerante la madera del techo de dicha celda, al
que también prendieron fuego, mientras que las personas que
se encontraban adentro, trataban de sofocarlo, agarrando agua
del baño, gritaban pidiendo auxilio y rogando clemencia, sin
lograr controlar el fuego; de todo ello lograron tener
conocimiento los policías penitenciarios Dimas Antonío
Benítez, Pedro Pérez Chavarría y el miembro del ejército
Roger Armando Sosa Iglesias, sin que realizaran acción alguna
para evitarlo. En ese momento el policía penitenciario
Gilberto Hernández García, escuchó los gritos de las personas
que se encontraban dentro de la celda seis (6), e instantes
después observó el humo provocado por el fuego de la celda
seis, sin que tampoco realizara acción alguna.”
Al analizar estos hechos probados, podemos concluir que los
mismos no cumplen con lo establecido en la regla cuarta del
articulo 338 del Código Procesal Penal, ya que los mismos
adolecen de claridad y coherencia al relatar la dinámica de
cómo ocurrieron los acontecimientos: El vigésimo tercer hecho
probado expresa que mi representado el señor SANTOS EFRAIN
ARTEAGA, sale junto a otros reos, del lugar donde se
resguardaban “proponiéndose quitarle la vida a todos los reos
pandilleros”; La defensa cuestiona que el sentenciador
pretende plasmar en los hechos probados, los propósitos o
deseos de los imputados, cuando es de todos conocidos, que
los mismos se suscitan en la mente de las personas es decir
en su ser mas íntimo, y al menos que tengamos la habilidad de
leer la mente de los seres humanos, es imposible saber a
ciencia cierta, cual fue el sentir o pensar de los
encausados; al plasmarlos así en los hechos probados, el
Tribunal incurre en el error de falta de claridad y redacta
los mismos de manera subjetiva, de forma tal, que la simple
lectura se vuelven confusos y poco entendibles.— De igual
forma con la expresión ―proponiéndoles quitarles la vida‖
incurre el sentenciador, en el error mas visible de la
sentencia impugnada, y es el de predeterminar el fallo, tal
Recurso de Casación No. 400-2008
219
como lo prohíbe nuestro código procesal penal. Continua
relatando el hecho probado numero veintitrés: “procediendo a
golpear con toletes, palos, piedras y con armas blancas, a
los reos pandilleros que se encontraban”; de nuevo incurre en
el mismo yerro el sentenciador, al omitir individualizar las
acciones que específicamente realizan los imputados que se
mencionan en este hecho probado, además de no incluir un
elemento importante de todo hecho probado, como ser el
ofendido o el directamente perjudicado en la acción.— El
manifestar de manera colectiva, que procedieron a golpear a
los reos pandilleros que se encontraban, es generalizar todas
las acciones ocurridas ese día y por tanto centralizar todas
las operaciones en seis o siete reos, que utilizando la
lógica podemos deducir que era imposible ejecutarlos; pero
aun mas grave es omitir puntualizar hacia quien iban
dirigidas esas acciones, y al no hacerlo los sentenciadores
convierten los hechos probados indescifrables a la simple
lectura. En el veinticuatro hecho probado se establece que mi
representado SANTOS EFRAIN ARTEAGA ayuda al reo Pavel Eduardo
Rodríguez Flores, a prender fuego a la celda 6, sin embargo
no se establece que acción especifica realiza mi patrocinado,
es decir a que ayuda se refiere.— Debe el sentenciador
plasmar específicamente a que ayuda se refiere, debido a que,
debe deducírsele individualmente la responsabilidad
únicamente por sus acciones y no por el resto de los
imputados; cuanto mas se leen los hechos probados, más se
vuelven incomprensibles, de forma tal que en este hecho
probado no sabemos a ciencia cierta quienes estaban en esa
celda 6, que acción especifica realiza cada una de los
imputados y aun mas grave no sabemos cual fue el resultado de
estas acciones; los mismos quedan en suspenso sin establecer
cual fue el desenlace de la dinámica ocurrida en el día de
los acontecimientos. Con la simple lectura de los hechos
probados antes relacionados surgen más interrogantes: ¿Qué
acción específica realiza mi representado SANTOS EFRAIN
ARTEAGA? ¿De que delito es responsable? ¿Quienes son las
personas contra las cuales se ejecutan estas acciones? ¿Cuál
fue el resultado de estas acciones, es decir el desenlace de
los acontecimientos? En los mismos se establecen, expresiones
como ―procediendo a golpear con palos, toletes‖
―proponiéndose quitarle la vida‖ ―agredieron a otros reos‖
todas, expresiones totalmente subjetivas y que por
consiguiente hacen de los hechos probados una gama de
confusiones para quien los analice. No pueden justificarse
estos hechos probados, amparándose en el alegato que nos
encontramos ante acontecimientos múltiples y de gran
magnitud, de forma tal que aparecen muchos actores y
participantes en lo mismos, precisamente por esa
particularidad, el estudio y análisis de cada una de las
acciones de los imputados, debió realizarlas el Tribunal de
manera puntual para evitar incurrir en el error de
generalizar, de forma tal que, por el solo hecho de ser un
reo rondín o de encontrarse presente en el momento de los
hechos, sea culpable de todo lo acontecido.— Debe
responsabilizarse únicamente de los actos cometidos por cada
uno de ellos, de no hacerlo así, aplicamos el dicho popular
religioso que comúnmente utilizamos ―justos pagan por
pecadores‖; como juristas y conocedores del derecho sabemos
Recurso de Casación No. 400-2008
220
que ante la ley, este dicho religioso no debe ni puede
aplicarse, sino que debe castigarse únicamente la conducta
personal que cada uno de los imputados realiza.- Tampoco
debemos olvidar, que nuestro representado se enfrenta solo
ante todo el aparato estatal, ya que el ente acusador tiene a
su disposición los medios necesarios (Tecnología, policía de
investigación, medicina forense) para poder establecer la
responsabilidad de los acusados en los hechos a ellos
imputados, y con mayor razón se debe imputar objetivamente
las acciones de cada una de ellos, y si NO es incapaz de
hacerlo, el resultado del juicio será una sentencia
absolutoria. En los hechos probados enumerados como
CUADRAGESIMO TERCERO Y CUADRAGESIMO QUINTO, el tribunal
expresa las personas que el día cinco de abril del dos mil
tres, murieron por carbonización y por hechos violentos, pero
sorprendentemente no específica quienes son los responsables
y a través de que acciones; siendo que en estos dos hechos
probados el tribunal da por acreditada la muerte de los
supuestos ofendidos, también debió establecer quienes eran
los supuestos responsables de sus muertes, sin embargo lo
omite y sorprendentemente en la parte dispositiva de la
sentencia, decide condenar a mi representado por la muerte de
todos los internos acaecidos ese día, lo cual la simple
lógica nos dice que es imposible; una razón más para
considerar a los precitados hechos probados como faltos de
claridad y coherencia. El conocido jurista español JESUS
FERNADEZ ENTRALGO en el libro ―La sentencia en el nuevo
proceso penal‖ en las páginas 81, 86, 87 y 88 referente a La
Fijación de los Hechos Probados manifiesta: ―La declaración
de los hechos probados constituye como -como lo caracteriza
Palacios Mejia—‖..el cimiento, el arranque, de la sentencia
penal...‖ Es un presupuesto necesario del fallo, porque
mediante de ella se fija judicialmente la reconstrucción de
lo sucedido, y constituye la base sobre la que se construirá
el tratamiento (subsunción) jurídico del caso debatido en el
proceso; pero no integra propiamente la motivación de sus
decisión. La descripción de los hechos probados ha de hacerse
con 1) claridad 2) precisión y 3) coherencia. De este modo,
se asume legalmente el modelo ideal de ―regla semántica de
formación del lenguaje jurisdiccional dirigida a asegurar la
determinabilidad de las denotaciones fácticas .. .(y que
comprende) una serie de reglas que exigen, como condición de
la estricta jurisdiccionalidad, esto es, de la
verificabilidad y de la refutabilidad de las tesis que en el
proceso enuncian los hechos y las pruebas, que tanto aquello
como estos sean exactamente individualizadas mediante
descripciones precisas y sin el uso de palabras vagas o
valorativas. La descripción de los hechos declarados probados
ha de hacerse de forma tal que permita su perfecta
compresión, como presupuesto del control de su corrección,
haciendo posible su corroboración (verificación) o refutación
(falsificación) En el caso subjudice, los hechos probados no
permiten comprender como sucedieron los sucesos acusados a mi
representado y sobre todo no permite valorar y determinar la
acción típica, antijurídica y culpable en la que tuvo que
incurrir mi representado, para ser condenado, estas
circunstancias no son visualizadas en la narración de los
hechos probados y tal como afirma Fernández Entralgo no
Recurso de Casación No. 400-2008
221
permite su perfecta comprensión de los acontecimientos
acusados a mi patrocinado. Estos hechos probados fueron
calificados por el juzgador como constitutivos de los delitos
de ASESINATO Y ASESINATO EN GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA,
declarando responsable penalmente de los mismos al señor XXX,
sin embargo, al analizar tales hechos probados en los
números, veintitrés y veinticuatro se evidencia el vicio
denunciado ya que la descripción de los mismos no satisface
los requisitos de claridad, precisión y coherencia impuestos
por el Artículo 338, sección cuarta, número uno del Código
Procesal Penal. Dicho lo anterior y siendo que la declaración
de hechos probados constituye la base o el cimiento sobre el
cual se construye la sentencia penal, y dado que los hechos
declarados probados en la sentencia recurrida no reúnen los
requisitos legales exigidos para ello, solicito se case la
sentencia recurrida, se anule el fallo y se devuelvan los
antecedentes al Tribunal de su procedencia para que la causa
sea tramitada con arreglo a derecho. RECLAMACION HECHA PARA
LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el yerro que provoca la
interposición del recurso de mérito se produce con la
sentencia misma, solo es posible su subsanación a través del
presente recurso por lo que se deduce que no hubo una
reclamación ex-ante.‖
XXIX.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA
INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO SANTOS EFRAIN ARTEAGA
PEREZ, ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE LA DECLARACIÓN DE LOS
HECHOS ESTIMADOS PROBADOS POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA NO ES
CLARA NI TERMINANTE.-
Argumenta el recurrente que los hechos estimados probados por
el A Quo no son claros y terminantes. Arguye que en la
sentencia recurrida el A Quo estimó como probados, entre
otros, los hechos VIGÉSIMO TERCERO y VIGÉSIMO CUARTO y que al
analizarlos concluye que no cumplen con lo establecido en la
regla cuarta del articulo 338 del Código Procesal Penal, al
adolecer de claridad y coherencia al relatar los
acontecimientos. Asume que de la simple lectura de los hechos
probados VIGÉSIMO TERCERO y VIGÉSIMO CUARTO surgen muchas
interrogantes por tratarse de acontecimientos múltiples y de
gran magnitud, con muchos actores y participantes, por lo que
señala que el Juzgador debió analizar cada una de las
acciones realizadas por los imputados, de manera puntual para
no incurrir en el error de generalizar, y declarar culpable
al acusado señor SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ por el solo
hecho de ser reo rondín y encontrarse presente en el momento
de los hechos. Considera que debe responsabilizarse al
acusado únicamente de los actos cometidos por él, de no
hacerlo así, se aplicaría el dicho popular de que “justos
pagan por pecadores”. Reprocha también que en los hechos
probados CUADRAGESIMO TERCERO Y CUADRAGESIMO QUINTO, se
describen las personas que murieron por carbonización y por
hechos violentos, pero no especifica quienes son los
responsables y a través de que acciones, no obstante que en
la parte dispositiva de la sentencia, el A Quo condena al
acusado SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ por la muerte de todos
ellos, lo cual asume imposible. Concluye manifestando que los
hechos probados no permiten comprender cómo se desarrollaron
los sucesos, ni permite valorar y determinar las acciones
típicas, antijurídicas y culpables que se supone ejecutó el
Recurso de Casación No. 400-2008
222
acusado y que fueron calificados por el A Quo como
constitutivas de los delitos de ASESINATO Y ASESINATO EN EL
GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, por las se declaró
penalmente responsable al señor SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ.
Esta Sala de lo Penal, considera pertinente destacar, que el
vicio procesal denunciado por el recurrente se origina
exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados
aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su
insuficiencia o oscuridad, o por no expresar en forma
conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino
vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones
alternativas, en definitiva, a consecuencia de la ambigüedad
del relato. La falta de claridad puede venir determinada por
haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen
difícil la comprensión del relato o cuando incurre en
omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente
sin contenido específico la narración de los hechos; se
produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su
deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión,
también cuando por omisión de elementos o circunstancias
importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo
ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica
para determinar si los hechos son o no constitutivos de la
infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de
los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no
basta para apreciar el defecto procesal que la narración se
ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en
términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su
comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades
se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes
de la calificación penal asignada a los hechos probados,
provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de
los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para
formular la calificación jurídica, de forma que no pueda
orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda
estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio,
es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación
lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe
servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o
“quaestio iuris”. Esta Sala de lo Penal considera que no se
advierte la falta de claridad o ambigüedad en la
fundamentación fáctica de la sentencia al establecer la
participación del procesado SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ en la
comisión de los hechos que condujeron a la muerte de varias
personas que se encontraban al interior de la Celda No. 6) de
la Granja Penal del Porvenir, de tal manera que en el hecho
probado vigésimo cuarto se describe que uno de los acusados
cerró con candado la puerta de acceso a la celda No. 6, tras
lo cual varios de los acusados colocaron cajones, palos y
mesas frente a dicha puerta, y que seguidamente, el procesado
SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ junto con otros procesados
prendieron fuego a varias colchonetas las que arrojaron por
las ventanas de las celda antes referida, lo que en una
conexión-causa efecto trajo como resultado la muerte de
veintitrés personas mediante incendio81. Ahora resulta
pertinente analizar si la fundamentación fáctica de la
81
Vid. Hecho Probado No. Cuadragésimo Tercero.
Recurso de Casación No. 400-2008
223
sentencia adolece de la suficiente claridad y precisión en lo
que se refiere a la participación del encausado SANTOS EFRAIN
ARTEAGA PEREZ, en lo que concierne a la imputación que se le
hace por la comisión de treinta y siete delitos de asesinato
mediante alevosía y diecinueve delitos de tentativa de
asesinato alevoso. Así tenemos que: A) En el hecho probado
Vigésimo Tercero se afirma que tras la irrupción de elementos
de seguridad del Estado en el interior de la Granja Penal del
Porvenir, el procesado SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ, salió al
igual que otros ocho reos rondines de las diferentes celdas y
otros espacios en los que se habían refugiado, procediendo a
golpear con toletes, palos y armas blancas a los reos
pandilleros que encontraban, algunos de ellos ya heridos por
armas de fuego, circunstancia de la que tenía conocimiento el
coimputado ya fallecido ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS sin que
éste realizara acción alguna para evitarlo. Más adelante en
el hecho probado CUADRAGESIMO QUINTO el Tribunal Sentenciador
hace una relación del fallecimiento de treinta y siete
personas que murieron violentamente a consecuencia de heridas
causadas con armas blanca, objetos contundentes y/o disparos
de armas de fuego, en tanto que en el hecho probado
CUADRAGESIMO SEXTO se hace una relación de reos pandilleros
que habiendo sufrido agresiones físicas no resultaron muertos
tras la finalización de los acontecimientos suscitados. Del
análisis conjunto de los hechos probados antes relacionados
en los que aparecen realizando diversas acciones el imputado
SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ, a quien el Tribunal de Instancia
condenó a título de coautor como responsable de haber
contribuido en un plan espontáneo y colectivo a causar la
muerte de treinta y siete personas e intentar quitarle la
vida a diecinueve, podemos afirmar que dadas las
circunstancias en que se produjeron los hechos objeto de
juzgamiento con múltiples sujetos activos y una gran cantidad
de víctimas, que en su mayoría perdieron la vida en tanto que
las demás presentaban múltiples lesiones tras la conclusión
de los sucesos, resulta razonable que el Tribunal de
Instancia no haya establecido con rigurosa minuciosidad y con
prolijidad de detalles las incidencias ocurridas durante el
desarrollo de los acontecimientos, de tal manera que la
fundamentación fáctica de la sentencia recurrida no acusa la
oscuridad, ambigüedad o imprecisión señalada por el Censor,
que impida como un obstáculo insalvable determinar si dicho
encartado ha incurrido o no en la comisión de los hechos
criminosos que se le atribuyen. El recurrente alega que la
inclusión en el relato fáctico de la valoración de que los
acusados salieron de los lugares donde se habían refugiado
proponiéndose quitarle la vida a todos los reos pandilleros,
constituye un concepto predeterminante del fallo. Sobre esto
es importante señalar que tal frase no constituye una
expresión técnico-jurídica, sino que un juicio de
inferencia82, mediante el cual se determina el elemento
subjetivo del delito, de modo que si bien es cierto que su
ubicación resulta más acertada en la fundamentación
intelectiva y jurídica de la sentencia, en cuanto extraído de
los datos objetivos relatados, su inclusión en el relato de
82 Vid. LUZON CUESTA, JOSE MARIA, El Recurso de Casación Penal, 2ª
edición, Editorial Colex, Madrid, 2000, págs. 147-148, 151-152.
Recurso de Casación No. 400-2008
224
hechos probados, siempre y cuando no vacíe el contenido de
los mismos, es revisable en casación por la vía del artículo
360 párrafo primero del Código Procesal Penal83, si de los
restantes elementos fácticos narrados por el Juzgador se
acredita la equivocación de éste al atribuir al procesado que
ese era y no otro, el móvil que le impulsó a cometer el
delito. De este modo, y siendo que el cuadro fáctico expuesto
en la sentencia, aún suprimiendo mentalmente ese juicio de
inferencia, resulta narrado con un mínimo de claridad y
amplitud para determinar cual fue la intención que movió al
encartado para realizar las acciones que se le imputan, esta
Sala es de criterio que el motivo alegado por el Censor debe
ser desestimado.
XXX.- El Recurrente Abogado ERNESTO RODRIGUEZ, en su
condición de Defensor Público del señor Santos Efraín Arteaga
Pérez, desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de
Ley y Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera:
―EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY
PRIMER MOTIVO: PRECEPTO AUTORIZANTE: Aplicación indebida del
articulo 117 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El
presente motivo de casación se encuentra comprendido en el
artículo 360 del Código Procesal Penal EXPLICACION DEL
MOTIVO: La norma penal que aplica indebidamente el
sentenciador es el articulo 117 del Código Penal que
establece: ―Es reo de asesinato quien de muerte a una persona
ejecutándola con la concurrencia de las circunstancias
siguientes: 1) Alevosía; 2) Con Premeditación, conocida; 3)
Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión,
descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u
otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre
que haya dolo o intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento,
aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.
La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años
de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa
o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación,
la pena será de treinta (30) a privación de por vida de la
libertad‖
El Juzgador estimó como HECHOS PROBADOS, entre otros los
siguientes: “VIGESIMO TERCERO: Los reos rondines Adán Amparo
Soto, (alias Comayagua) Jorge Alberto Caballero, (alias
cobra) Luís Alberto Cruz Valdivia (alias Chica sexy) Oscar
Alexander Ocampo (alias Matador) Pavel Eduardo Rodríguez
Flores (alias Chinapopo) Santos Efraín Arteaga Pérez (alias
chaparro), Tomas Rivera Guevara (alias Cabuya), con ayuda de
los reos Santo Geovany Banegas (alias Banegas) y Héctor
Wilfredo Jiménez (alias el Basucazo), salen de las diferentes
y lugares donde habían tenido refugio, proponiéndose quitarle
la vida a todos los reos pandilleros, procediendo a golpear
con toletes, palos, piedra y con armas blancas, a los reos
pandillero que encontraban, algunos de ellos ya heridos por
los disparos de arma de fuego, aceptando esto los policías
penitenciarios y miembros del ejército que se encontraban en
ese momento y con ellos Roger Armando Sosa Iglesias el que no
realiza ninguna acción para impedir o evitar lo que esta
aconteciendo. VIGÉSIMO CUARTO: Pasadas las 09:25 a.m. en
venganza, el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias
83 Referido a la casación por infracción de ley.
Recurso de Casación No. 400-2008
225
Chinapopo), cierra con candado la celda seis (6), hacia donde
policías penitenciarios y miembros del ejército han
disparado, para luego tirar cajones, palos y mesas a la
puerta de esa celda, con ayuda de los reos rondines Adán
Amparo Soto (alias Comayagua) y Javier Antonio Solís Ponce,
(alias Javier Solís), seguidamente el reo rondín Pavel
Eduardo Rodríguez Flores consigue un liquido acelerante,
regresando a la celda seis (6) por la parte de atrás
siguiendo el pasillo de la comandancia de guardia, y junto
con los reos rondines, Luís Alberto Cruz Valdivia, (alias
chica sexy) Santos Efraín Arteaga Pérez (alias el chaparro) y
el reo Santos Efraín Arteaga Perez (alias el Chaparro) y el
reo Santo Geovany Banegas, prenden en fuego con el
acelerante, varias colchonetas las que tiran hacia el
interior de la celda seis (6), por las ventanas traseras,
rociando de acelerante la madera del techo de dicha celda, al
que también prendieron fuego, mientras que las personas que
se encontraban adentro, trataban de sofocarlo, agarrando agua
del baño, gritaban pidiendo auxilio y rogando clemencia, sin
lograr controlar el fuego; de todo ello lograron tener
conocimiento los policías penitenciarios Dimas Antonio
Benítez, Pedro Pérez Chavarria y el miembro del ejército
Roger Armando Sosa Iglesias, sin que realizaran acción alguna
para evitarlo. En ese momento el policía penitenciario
Gilberto Hernández García, escuchó los gritos de las personas
que se encontraban dentro de la celda seis (6), e instantes
después observo el humo provocado por el fuego de la celda
seis, sin que tampoco realizara acción alguna. TRIGESIMO:
Quince (15) minutos después de que los primeros reos
pandilleros han salido de la celda dos, el reo Santos Geovany
Banegas se dirige hacia los reos pandilleros que andaban
armados y los reos pandillero que eran cabecillas, a los que
la policía les dispara y seguidamente disparan a todos los
demás reos pandilleros que se encontraban en el lugar, muchos
de ellos acostados en el suelo; los reos rondines, al ver que
algunos de los reos pandilleros estaban vivos aun,
procedieron a agredirlos con palos, piedras y armas blancas.
Igualmente lo hacían con los reos pandilleros que salieron
después de la celda dos (2) y que se hacían los muertos, todo
ello a vista y consentimiento de la Policía Penitenciaria,
Policía Nacional Preventiva, elementos Cobras y miembros del
ejército que se encontraban en el lugar. De esta manera el
reo rondín Adán Amparo Soto (alias Comayagua) arremete con
cuchillos y palos al reo pandillero Arnol José Hernández
(alias El Trabado); el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores, (alias chinapopo) arremete con machete al reo
pandillero Leonel Aníbal Ortega Garay (alias El Killer); el
reo Héctor Wilfredo Jiménez (alias el Basucazo), arremete con
un laño y arma blanca al reo pandillero Oscar Geovany
Hernández Velásquez (alias El Pewee); igualmente los reos
rondines Santos Geovany Banegas, Tomas Rivera Guevara (alias
Cabuya) y José Roberto Caballero (alias Cobra) agredieron a
otros reos pandilleros usando palos y armas blancas.” ― El
juzgador calificó que tales hechos declarados probados,
constituyen el delito de ASESINATO, así como lo establece en
el DECIMO PRIMERO numeral de la parte dispositiva de la
sentencia y condenó a mi representado SANTOS EFRAIN ARTEAGA
PEREZ, como autor responsable penalmente ―por acción de
Recurso de Casación No. 400-2008
226
veintitrés delitos consumados de Asesinato mediante incendio
en perjuicio de veintitrés personas que murieron por
carbonización en concurso real a la pena de VEINTICINCO (25)
AÑOS‖; sobre este particular, la defensa del señor SANTOS
EFRAIN ARTEAGA PEREZ considera que el juzgador arriba a tal
decisión por una errónea interpretación del referido artículo
117 ya que en los mencionados hechos probados, no se aprecia
de manera clara y precisa, los dos elementos indispensables
para catalogar la conducta de mi representado como
constitutiva de tales delitos, en este caso el elemento
objetivo y subjetivo del tipo penal.— En el caso subjudice,
los hechos probados carecen de tales elementos y no
concretiza de manera puntual y clara, la forma en la que
nuestro patrocinado realiza esas acciones que hacen que el
Juzgador le condene por el delito de ASESINATO; al grado tal
que omite establecer los nombres de los sujetos pasivos de
los hechos (ofendidos) y mas grave aun no establece cual fue
el resultado de sus acciones, no concretiza, si como
resultado de tales acontecimientos se produjo el resultado
muerte necesario para catalogar la conducta de mi
representado como ASESINATO, es por tal circunstancia que al
no realizar una adecuación de los hechos acontecidos con el
tipo penal por el que acusa, aplica incorrectamente el
precepto penal antes referido.
INTERPRETACION PRETENDIDA Al no plasmar de manera concreta la
acción de mi representado SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ en los
sucesos a él acusados, convierte a los hechos probados en
meras especulaciones, en relatos sin sentido y al no
establecer contra quienes se producen las acciones y cual fue
el resultado, por consiguiente al no enmarcarlos
adecuadamente en el tipo penal por el que se le condeno,
nuestra solicitud al Tribunal de Casación es que se aplique
correctamente la norma penal con el dictado de un fallo
absolutorio.
XXX.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ,
ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE EL TRIBUNAL SENTENCIADOR
APLICO INDEBIDAMENTE EL ARTICULO 117 DEL CÓDIGO PENAL CUANDO
CONDENO EN CALIDAD DE COAUTOR AL IMPUTADO POR LA COMISIÓN DE
VEINTITRES DELITOS DE ASESINATO MEDIANTE INCENDIO
Argumenta el recurrente que el Juzgador ha incurrido en
aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal, norma
penal que tipifica el delito de Asesinato. Concretamente
señala que el A Quo calificó los hechos probados VIGÉSIMO
TERCERO, VIGÉSIMO CUARTO y TRIGÉSIMO entre otros, como
constitutivos de ASESINATO. El A Quo en base a los hechos
declarados probados en referencia condena al acusado SANTOS
EFRAIN ARTEAGA PEREZ, como autor por acción de veintitrés
(23) delitos consumados de ASESINATO mediante incendio en
perjuicio de igual número de personas que murieron por
carbonización en concurso ideal a la pena de VEINTICINCO (25)
años de reclusión. Considera que del cuadro fáctico no se
desprenden las acciones del imputado que puedan subsumirse en
un determinado tipo penal, dado que a su entender no
describen comportamiento alguno del encartado SANTOS EFRAIN
ARTEAGA PEREZ que hubiere dado como resultado la muerte de
las veintitrés (23) personas por cuyo fallecimiento fue
condenado, en aplicación indebida de lo dispuesto en el
Recurso de Casación No. 400-2008
227
artículo 117 del Código Penal. El recurrente pretende la
confrontación de las acciones que se atribuye al acusado
frente a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal
contenidos en el Artículo 117 del Código Penal, y que una vez
comprobado que eb los hechos probados no se descruibe ningún
comportamiento del acusado que haya dado como resultado las
muertes que se le atribuyen se le libere de toda
responsabilidad. Esta Sala de lo Penal considera importante
recordar, que a través del recurso de casación por infracción
de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del
material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la
formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de
Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación,
propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del
caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto
fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley
únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de
Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el
segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos
declarados probados. El recurso de casación por infracción de
ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos
probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que
el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por
el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es
incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada
por la narración fáctica (hechos probados). Precisados los
límites en los que puede desenvolverse la función revisora de
esta Sala cuando del recurso de casación por infracción de
ley se trate, ahora es pertinente que indiquemos cuales son
los elementos objetivos y subjetivos del delito de asesinato
mediante incendio que se atribuye a título de coautor al
procesado SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ en perjuicio de varias
personas. La muerte de un ser humano a consecuencia de la
acción realizada por otra persona, valiéndose de medios
especialmente peligrosos o revelando una especial
perversidad, ha sido tradicionalmente castigada con mayor
severidad que el homicidio simple. En este sentido, el
asesinato se describe como la muerte de otra persona
ejecutada con alguna de las circunstancias mencionadas en el
artículo 117 del Código Penal. De este modo, la concurrencia
de algunas de las circunstancias del artículo 117 establece
la diferencia entre el homicidio y el asesinato. No obstante,
cabe señalar, que ambos delitos comparten características
comunes, así, aparte de la igualdad en el bien jurídico
protegido, que es la vida humana como valor ideal, coinciden
los sujetos, activo y pasivo, que pueden serlo cualquier
persona, sin más limitaciones que las que provienen del
concurso de leyes,84 el objeto material sobre el que recae
directamente la acción es el hombre vivo físicamente
considerado, y los problemas de la relación de la causalidad,
en virtud de la cual se debe establecer la conexión entre el
comportamiento del sujeto activo y el resultado que consiste
en la muerte efectiva de otra persona. En el tipo subjetivo,
existe, sin embargo, una diferencia fundamental, mientras que
84 Así sí el sujeto pasivo es alguno de los Presidentes de los Poderes del
Estado, el delito aplicable es el previsto en el artículo 322, si se
trata del Jefe de Estado extranjero o Jefe de Gobierno extranjero, el
artículo 318, etc…
Recurso de Casación No. 400-2008
228
en el homicidio cabe la comisión imprudente, no se puede
cometer asesinato por imprudencia. En el caso concreto que
ahora nos ocupa, se ha declarado la responsabilidad penal del
encausado SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ a título de coautor de
varios delitos de asesinato mediante incendio, modalidad
prevista en el numeral 3) del precepto legal supracitado. La
razón de la especial agravación de la muerte de un ser humano
cometido mediante incendio, no es solamente la mayor perfidia
del medio empleado que revela un delincuente sumamente
peligroso, sino también el peligro general que tal medio y
otros como la inundación, explosión, descarrilamiento, etc…
encierran para la colectividad85. Una lectura detenida de la
fundamentación fáctica de la sentencia, revela que en el
hecho probado vigésimo cuarto se describen las acciones de
varias personas que de manera conjunta contribuyeron para
causar un incendio en la Celda No. 6 de la Granja Penal del
Porvenir, lo que en una relación causa-efecto trajo como
resultado la muerte de varias personas (vid. Hecho Probado
Cuadragésimo Tercero). Entre tales personas se encuentra el
imputado SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ, a quien se atribuye
junto a otros individuos la acción de haber prendido fuego a
varias colchonetas y haberlas lanzado por las ventanas al
interior de la celda No. 6) lo que a la postre trajo como
resultado un incendio que a su vez produjo la muerte de
varias personas, de este modo, del relato fáctico antes
descrito se subsume la comisión del delito de asesinato
tipificado en el artículo 117 No. 3) del Código Penal y por
ende atribuible al encartado SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ,
consecuentemente, se desestima el motivo de casación que por
infracción de ley interpusiera la Defensa para desvanecer los
delitos de asesinato mediante incendio por los cuales
resultara condenado. Finalmente esta Sala considera que por
una aplicación extensiva del recurso de casación, autorizada
por el artículo 349 del Código Procesal Penal, la infracción
del artículo 117 No. 1) del Código Penal, alegada a favor de
los coimputados LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA
GUEVARA y HECTOR WILFREDO JIMÉNEZ MALDONADO debe decretarse
en beneficio del procesado SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ, a
quien se declara penalmente responsable a título de coautor
por la comisión de treinta siete delitos de homicidio simple
consumado, a la pena de quinientos cincuenta y cinco años de
reclusión.
XXXI.- SEGUNDO MOTIVO: Aplicación indebida del artículo 117
del Código Penal, en relación
al 15 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El
presente motivo de casación se encuentra comprendido en el
articulo 360 del Código Procesal Penal EXPLICACIÓN DEL MOTIVO
La norma penal que aplica indebidamente el sentenciador es el
articulo 117 del Código Penal que establece: ―Es reo de
asesinato quien de muerte a una persona ejecutándola con la
concurrencia de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía;
2) Con Premeditación, conocida; 3) Por medio de inundación,
incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento,
volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio
que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo o
85
Vid. CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II, Revisada por CAMARGO
HERNANDEZ, CESAR, Bosch, Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1982, pág. 507.
Recurso de Casación No. 400-2008
229
intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando
deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por
asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de
reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o
promesa remunetaria, o se acompañase de robo o violación, la
pena será de treinta (30) a privación de por vida de la
libertad. En relación al articulo 15 del mismo cuerpo legal
que establece: Hay tentativa cuando, con la intención de
cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos
de ejecución y no se consuman por causas ajenas a la voluntad
del agente‖ Los hechos antes relacionados y transcritos,
fueron considerados por el sentenciador según lo establece en
el DECIMO PRIMERO numeral del Acápite ―Parte Dispositiva‖ de
la sentencia como ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE
TENTATIVA, fundamentado en el Artículo 117 en relación al 15
del Código Penal y condenando a mi representado ―por acción
de treinta y siete delitos consumados de Asesinato por
Alevosía en perjuicio de treinta y siete personas que
murieron en forma violenta en concurso real, a la pena de
SETECIENTOS CUARENTA (740) AÑOS DE RECLUSION‖ y ―por acción
de diecinueve delitos de Asesinato por Alevosía en su grado
de ejecución de Tentativa en perjuicio de diecinueve reos
pandilleros sobrevivientes en concurso real a la pena de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES (253) AÑOS CUATRO (4) MESES DE
RECLUSION‖; sobre este particular, la defensa del señor
SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ considera que el juzgador arriba
a tal decisión por una errónea interpretación del referido
articulo 117 así como del 15 del referido cuerpo legal pues,
en los hechos probados no se aprecia de manera clara y
precisa, los elementos indispensables para catalogar la
conducta de mi representado como constituta de tales delitos,
en este caso el elemento objetivo y subjetivo del tipo
penal.— En el caso subjudice, los hechos probados carecen de
tales elementos y no concretiza de manera puntual y clara, la
forma en la que nuestro patrocinado realiza esas acciones que
hacen que el Juzgador le condene por el delito de ASESINATO
EN GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA y mucho menos se establece
cuales fueron esas causas ajenas a la voluntad del agente que
hacen que mi representado no alcance el resultado esperado.
Los hechos probados antes mencionados no enmarcan de manera
perfecta, el accionar de mi patrocinado SANTOS EFRAIN ARTEAGA
PEREZ como constitutivos de 37 ASESINATOS EN SU GRADO DE
EJECUCION DE TENTATIVA, al grado tal que omite establecer las
acciones mediante las cuales se haya intentado quitar la vida
en forma alevosa a los internos, los nombres de los sujetos
pasivos de los hechos (ofendidos) y mas grave aun no
establece cual fue el resultado de sus acciones para
catalogar la conducta de mi representado como ASESINATO EN
GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA. Tampoco aparece cual fue la
circunstancia especial que considera el sentenciador para
calificarlo como un delito de asesinato, es decir cual de las
cuatro circunstancias calificadores toma en cuenta para
agravar la responsabilidad de los acusados de homicidio a
Asesinato, si bien la menciona en la parte dispositiva que
fue por Alevosía, la misma no aparece de manera clara en la
lectura de los hechos probados. INTERPRETACION PRETENDIDA Al
no plasmar de manera concreta la acción de mi representado
SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ en los sucesos a él acusados,
Recurso de Casación No. 400-2008
230
convierte a los hechos probados en meras especulaciones, en
relatos sin sentido y al no establecer contra quienes se
producen las acciones y cual fue el resultado, por
consiguiente al no enmarcarlos adecuadamente en el tipo penal
por el que se le condeno, nuestra solicitud al Tribunal de
Casación es que se aplique correctamente la norma penal con
el dictado de un fallo absolutorio.
XXXI.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DEL ACUSADO SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ,
ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA
INCURRIO EN UNA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 117 DEL
CÓDIGO PENAL, EN RELACIÓN AL 15 DEL MISMO TEXTO PUNITIVO
CUANDO LE CONDENA POR LA COMISIÓN A TITULO DE COAUTOR DE
DIECINUEVE DELITOS DE ASESINATO ALEVOSO EN EL GRADO DE
EJECUCION DE TENTATIVA.-
Argumenta el recurrente que el A Quo incurre en aplicación
indebida del Artículo 117, el cual tipifica el delito de
Asesinato, en relación al 15 del Código Penal, que dispone
del grado de ejecución de tentativa de delito. Considera que
en ninguno de los hechos declarados de la sentencia
recurrida, se describe el ASESINATO en su grado de ejecución
de TENTATIVA, por el que se condena al acusado, entre otros
delitos, en perjuicio de diecinueve reos pandilleros
sobrevivientes en concurso real. Esgrime que la decisión del
juzgador por la que condena al encausado señor SANTOS EFRAIN
ARTEAGA PEREZ, en aplicación del artículo 117 y 15 del Código
Penal es errónea, en tanto de los hechos probados no aprecia
de manera clara y precisa, los elementos objetivos y
subjetivos del tipo penal. El Censor alega que los hechos
probados no concretizan la forma en la que el acusado realiza
las acciones por las que el A Quo le condena por el delito de
ASESINATO EN EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA y menos
cuales fueron esas causas ajenas a la voluntad del agente que
impiden que alcance el resultado esperado, de tal manera que
en el relato fáctico no se describe el accionar del acusado
SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ constitutivo de diecinueve (19)
ASESINATOS en su grado de ejecución de TENTATIVA, además
omite establecer las acciones mediante se haya intentado
quitar la vida en forma alevosa a los internos, los nombres
de los ofendidos y no describe cual fue el resultado de sus
acciones para catalogar su conducta como ASESINATO en el
grado de ejecución de TENTATIVA. Tampoco la circunstancia
especial que considera el A Quo para calificar el delito de
asesinato, es decir cual de las cuatro circunstancias
calificadores toma en cuenta para agravar la responsabilidad
de los acusados de homicidio a Asesinato, si bien la menciona
en la parte dispositiva que fue por Alevosía, la misma no
aparece de manera clara en la lectura de los hechos probados.
Esta Sala de Penal considera pertinente recordar que la
alevosía supone el empleo de procedimientos que facilitan el
hecho. La define el artículo 27 No. 2) del Código Penal: “hay
alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos
contra la vida y la integridad personal, empleando medios,
modos o formas en la ejecución que tiendan directa y
especialmente a asegurarlas, sin riesgo para su persona que
proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido.”. En
este sentido, la alevosía exige que los procedimientos
empleados tiendan, directa y especialmente a asegurar la
Recurso de Casación No. 400-2008
231
ejecución, evitando el riesgo de una posible defensa del
ofendido. Ejemplos de ataques alevosos son los que se
producen por la espalda86, o estando la víctima en la cama o
de rodillas. Los ataques a traición son alevosos. Lo decisivo
en la alevosía es, por tanto, el aseguramiento de la
ejecución del hecho y la ausencia del riesgo ante la defensa
que pudiera hacer el ofendido. La alevosía puede aparecer en
cualquier momento de la ejecución del delito, no exigiéndose
para su apreciación ningún tipo de premeditación o
preparación, de tal manera que puede surgir en el mismo
momento en que se ejecuta el hecho (el sujeto aprovecha que
su enemigo le da la espalda para dispararle). En algunas
corrientes jurisprudenciales se distinguen tres supuestos de
asesinato alevoso. La llamada alevosía proditoria o
traicionera, si concurre celada, trampa o emboscada; la
sorpresiva, que se materializa en un ataque súbito o
inesperado; y la alevosía por desvalimiento, en la que el
agente se aprovecha de una especial situación de desamparo de
la víctima que impide cualquier manifestación de defensa87.
Por otro lado también resulta oportuno recordar que el
artículo 15 del código penal establece: “hay tentativa
cuando, con la intención de cometer un delito determinado se
realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente”. El tipo de la
tentativa requiere de los siguientes elementos: a) en la
parte objetiva, una ejecución parcial o total de los actos
ejecutivos no seguida de consumación, b) en la parte
subjetiva, la voluntad de consumación, c) la ausencia de
desistimiento voluntario. El comienzo de la ejecución
necesario para la tentativa requiere que se traspase la
frontera que separa los actos preparatorios (sí los hay) de
los actos ejecutivos. Subjetivamente la tentativa requiere
que el sujeto quiera los actos que objetivamente realiza con
ánimo de consumar el hecho o, al menos aceptando (con
seguridad o con probabilidad) que pueden dar lugar a la
consumación. Por último se requiere la concurrencia de un
elemento negativo, y que consiste en el que el hecho no se
consume por causas ajenas a la voluntad del agente.
Recapitulando podemos afirmar que la tentativa se presenta
cuando se ejecutan actos considerados indispensables para
llevar a cabo el comportamiento tipificado en la ley penal y
que en el caso concreto deben serlo efectivamente conforme al
fin propuesto, pero factores extraños o ajenos a la voluntad
del autor impiden que éste logre la producción del resultado
perseguido. Así las cosas podemos afirmar que habrá una
tentativa de asesinato alevoso, cuando el agente realiza
actos inequívocos de ejecución dirigidos a causar la muerte
de una persona, empleando medios, modos o formas que tiendan
directa y especialmente a asegurar dicho resultado, sin
riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera
hacer el ofendido pero por causas ajenas a la voluntad del
86 Aunque hay que precisar, que no por ello se convierte automáticamente
en alevosa la muerte producida por una puñalada en la espalda o al
rematar al contendiente caído en el suelo, en el transcurso de una pelea
en la que ambos contendientes actúan en igualdad de condiciones, vid.
MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, Derecho Penal, Parte Especial, 14ª edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 53-54 87 Vid. http://www.unav.es/penal/crimina/T%F3picos%20html/alevosia.html
Recurso de Casación No. 400-2008
232
imputado el delito no alcanza la consumación. Un análisis del
relato fáctico en todo su contexto nos permite constatar que
en los hechos probados decimoséptimo, decimonoveno y
cuadragésimo primero se describen las acciones ejecutadas por
varios reos pandilleros que dieron como resultado en algunos
casos la muerte y en otros las lesiones causadas a varios
reos comunes, así como también los intentos por acabar con la
vida de estos últimos mediante incendio y otros medios
idóneos, De este modo y si bien es cierto que de la
fundamentación fáctica no se desprende la existencia de una
causa de justificación ni otra eximente de responsabilidad
criminal a favor del procesado SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ,
por las agresiones que ejecutara en perjuicio de otros
individuos, no es menos cierto que tampoco se desprende del
mismo relato fáctico que las referidas agresiones hayan sido
a traición, inesperadas, mediante emboscada o celada, o
aprovechándose de una situación de evidente desvalimiento de
los ofendidos, de ahí que no podamos afirmar de manera
indubitada y a partir de los hechos declarados probados que
el imputado al perpetrar las acciones que se le imputa haya
empleado particulares medios, modos o formas en la ejecución
de los hechos con la finalidad de asegurar el resultado, sin
los riesgos que para su persona hubieran podido proceder de
una reacción defensiva por parte de los ofendidos, de ahí que
la agresiones tantas veces referidas no puedan calificarse
como alevosas y por lo tanto constitutivas de delitos de
tentativa de asesinato, por lo que el comportamiento del
acusado al contribuir de manera mancomunada, en un plan
espontáneo y colectivo con la finalidad de dar muerte a los
reos pandilleros, propósito que finalmente y respecto a los
diecinueve reos pandilleros sobrevivientes no resultara
alcanzado por causas ajenas a su voluntad, se subsume en la
figura de la tentativa de homicidio simple, tipificada en el
artículo 116 párrafo primero del Código Penal en relación al
artículo 15 del mismo texto punitivo, considerando esta Sala
que como mínimo, de manera analógica y en bonam partem,
concurre a favor del procesado SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ,
la atenuante de haber precedido de parte del ofendido,
provocación o amenaza proporcionada al delito88. Es cierto
como lo expone el Censor, que en el relato fáctico no se
establece puntualmente y con detalle cuales fueron las
acciones que individualmente trajeron como consecuencia la
puesta en peligro de la vida de diecinueve personas, pero no
es menos cierto que del mismo relato fáctico se colige que el
acusado junto con otros realizaron una misma y compleja
operación delictiva, de tal manera que cada uno de ellos
mediante acciones ejecutivas idóneas para causar la muerte de
otras personas, esto es, utilizando armas cortopunzantes,
palos, piedras y otros objetos contundentes, reforzándose
unos y otros, realizaron una parte diversa pero esencial con
la finalidad de alcanzar el éxito de la referida operación,
cuyos resultados particularmente se reflejan en las
dictámenes médicos efectuadas por los médicos forenses y
88 El artículo 26 No. 4) del Código Penal establece que constituye una
circunstancia atenuante ―haber precedido inmediatamente de parte del
ofendido, provocación o amenaza proporcionada al delito‖. Por su parte el
numeral 14) del mismo precepto legal, prevé que constituye circunstancia
atenuante: ―cualquier otra circunstancia análoga a las anteriores..‖
Recurso de Casación No. 400-2008
233
descritas en los hechos probados en los que se aprecian con
detalle que los diecinueve reos pandilleros que sobrevivieron
presentan múltiples heridas causadas con los medios antes
señalados. Una cosa es que de un grupo de personas no se
tenga la certeza respecto a quienes participaron en el hecho,
y otra muy diferente es que más allá de toda duda razonable
se tenga por probado que un hecho fue producido por la acción
conjunta de un grupo de individuos, pues en éste último
evento la imprecisión de los detalles no altera la
responsabilidad que como coautores les es imputable a todos.
De este modo resulta que la decisión mancomunada, es decir,
la decisión común del hecho del referido imputado junto con
otros es lo que ha determinado la conexión de las partes del
suceso ejecutadas por cada uno de ellos y a partir de la que
es posible imputarle a cada encausado la parte realizada por
cada una de los otros89. Recapitulando podemos afirmar que del
relato fáctico se desprende la descripción de actos
ejecutivos realizados por el procesado SANTOS EFRAIN ARTEAGA
PEREZ con el evidente propósito de causar la muerte de los
reos pandilleros internos en la granja penal del Porvenir,
voluntad compartida con otros encartados, resultado que no se
logra alcanzar cuando transcurridos unos veinte minutos desde
que hubiera arribado al escenario de los acontecimientos el
encausado CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ, al percatarse de
la presencia de representantes de los medios de comunicación,
ordenó que cesaran los disparos que aún efectuaban elementos
de seguridad del Estado y que reforzaban la actividad
criminal ejecutada por los imputados antes mencionados90. De
este modo se impone al encartado la pena mínima de diez años
de reclusión por cada una de las tentativas de homicidio
ejecutadas, para hacer un total de ciento noventa años de
reclusión. De este modo se estima parcialmente y en los
términos antes expuestos, el motivo que por infracción de ley
interpusiera la Defensa del imputado SANTOS EFRAIN ARTEAGA
PEREZ para desvanecer los cargos de diecinueve delitos de
tentativa de asesinato por los cuales resultara condenado.
XXXII.- El Recurrente Abogado ERNESTO RODRIGUEZ CORRALES, en
su condición de Apoderado Defensor del procesado SANTOS
GEOVANY BANEGAS, desarrolló su Recurso de Casación por
Infracción de Ley en dos motivos, en tanto que por la vía del
quebrantamiento de forma expuso un motivo. Para efectos de
seguir un orden sistemático adecuado en su análisis y
resolución, esta SALA considera pertinente apartarse del
orden seguido por el Censor, de tal manera que inicialmente
se pronunciará sobre el tercero de los motivos antes
apuntados, para luego analizar los motivos por infracción de
ley sustantiva formulados por el recurrente.-
89 Sobre la figura de la coautoría en particular, vid. MARQUEZ CARDENAS,
ALVARO ENRIQUE, en La Coautoría en la Dogmática Penal, frente a otras
formas de Autoría y Participación, Universidad Libre de Colombia, Bogotá,
2008, págs. 65 y ss. 90
Cabe señalar que en el caso de la víctima de tentativa de homicidio, identificada como JOSE ROBERTO MALDONADO, las causas ajenas que impiden a
los responsables de esa infracción que alcancen su objetivo, es la
intervención de un hermano de aquel, perteneciente a la Fuerza Aérea
Hondureña. Vid. Hecho Probado Trigésimo Segundo.
Recurso de Casación No. 400-2008
234
XXXII.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO
DE FORMA MOTIVO UNICO: La declaración de los hechos estimados
probados por el Tribunal no son claros y terminante. PRECEPTO
AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra
comprendido en el
Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN
DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida es
el articulo 338 regla cuarta numeral uno del Código Procesal
Penal, que expresa: ―En párrafos separados y numerados, se
hará declaración expresa y terminante de los hechos que se
consideran probados, descritos con claridad, precisión y
coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo
carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de
dictarse. En la sentencia recurrida el Tribunal estimó como
probados, entre otros, los hechos siguientes: “VIGÉSIMO
TERCERO: Los reos rondínes Adán Amparo Soto, (alias
Comayagua) Jorge Alberto Caballero, (alias cobra) Luís
Alberto Cruz Valdivia (alias Chica sexy) Oscar Alexander
Ocampo (alias Matador) Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias
Chinapopo) Santos Efraín Arteaga Pérez (alias chaparro),
Tomas Rivera Guevara (alias Cabuya), con ayuda de los reos
Santo Geovany Banegas (alias Banegas) y Héctor Wilfredo
Jiménez (alias el Basucazo), salen de las diferentes celdas y
lugares donde habían tenido refugio, proponiéndose quitarle
la vida a todos los reos pandilleros, procediendo a golpear
con toletes, palos, piedra y con armas blancas, a los reos
pandilleros que encontraban, algunos de ellos ya heridos por
los disparos de arma de fuego, aceptando esto los policías
penitenciarios y miembros del ejército que se encontraban en
ese momento y con ellos Roger Armando Sosa Iglesias el que no
realiza ninguna acción para impedir o evitar lo que esta
aconteciendo. VIGÉSIMO
CUARTO: Pasadas las 09:25 am. en venganza, el reo rondín
Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias Chínapopo), cierra con
candado la celda seis (6), hacía donde policías
penitenciarios y miembros del ejército han disparado, para
luego tirar cajones, palos y mesas a la puerta de esa celda,
con ayuda de los reos rondines Adán Amparo Soto (alias
Comayagua) y Javier Antonio Solís Ponce, (alias Javier
Solís), seguidamente el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores consigue un liquido acelerante, regresando a la celda
seis (6) por la parte de atrás siguiendo el pasillo de la
comandancia de guardia, y junto con los reos rondines, Luís
Alberto Cruz Valdivia, (alias chica sexy) Santos Efraín
Arteaga Pérez (alias el chaparro) y el reo Santo Geovany
Banegas, prenden fuego con el acelerante, varias
colchonetas, las que tiran hacía el interior de la celda seis
(6), por las ventanas traseras, rociando de acelerante la
madera del techo de dicha celda, al que también prendieron
fuego, mientras que las personas que se encontraban adentro,
trataban de sofocarlo, agarrando agua del baño, gritaban
pidiendo auxilio y rogando clemencia, sin lograr controlar el
fuego; de todo ello lograron tener conocimiento los policías
penitenciarios Dimas Antonio Benítez, Pedro Pérez Chavarría y
el miembro del ejército Roger Armando Sosa Iglesias, sin que
realizaran acción alguna para evitarlo. En ese momento el
policía penitenciario Gilberto Hernández García, escuchó los
gritos de las personas que se encontraban dentro de la celda
Recurso de Casación No. 400-2008
235
seis (6), e Instantes después observó el humo provocado por
el fuego de la celda seis, sin que tampoco realizara acción
alguna. TRIGÉSIMO: Quince (15) minutos después de que los
primeros reos pandilleros han salido de la celda dos, el reo
Santos Geovany Banegas se dirige hacia los reos pandilleros
que andaban armados y los reos pandilleros que eran
cabecillas, a los que la policía les dispara y seguidamente
disparan a todos los demás reos pandilleros que se
encontraban en el lugar, muchos de ellos acostados en el
suelo; los reos rondines, al ver que algunos de los reos
pandilleros estaban vivos aun, procedieron a agredirlos con
palos, piedras y armas blancas. Igualmente lo hacían con los
reos pandilleros que salieron después de la celda dos (2) y
que se hacían los muertos, todo ello a vista y consentimiento
de la Policía Penitenciaría, Policía Nacional Preventiva,
elementos Cobras y miembros del ejército que se encontraban
en el lugar. De esta manera el reo rondín Adán Amparo Soto
(alias Comayagua) arremete con cuchillos y palos al reo
pandillero Arnold José Hernández (alias El Trabado); el reo
rondín Pavel Eduardo Rodríguez Flores, (alias chínapopo,)
arremete con machete al reo pandillero Leonel Aníbal Ortega
Garay (alias El Kíller); el reo Héctor Wilfredo Jiménez
(alias el Basucazo), arremete con un leño y arma blanca al
reo pandillero Oscar Geovany Hernández Velásquez (alias El
Pewee); igualmente los reos rondines Santos Geovany Banegas,
Tomas Rivera Guevara (alias Cabuya) y José Roberto Caballero
(alias Cobra) agredieron a otros reos pandilleros usando
palos y armas blancas.” Al analizar estos hechos probados,
podemos concluir que los mismos no cumplen con lo establecido
en la regla cuarta del articulo 338 del Código Procesal
Penal, ya que los mismos adolecen de claridad y coherencia al
relatar la dinámica de cómo ocurrieron los acontecimientos:
El vigésimo tercer hecho probado expresa que mi representado
el señor SANTOS GEOVANY BANEGAS, sale junto a otros reos, del
lugar donde se resguardaban “proponiéndose quitarle la vida a
todos los reos pandilleros”; La defensa cuestiona que el
sentenciador pretende plasmar en los hechos probados, los
propósitos o deseos de los imputados, cuando es de todos
conocido, que los mismos se suscitan en la mente de las
personas, es decir en su ser mas íntimo, y al menos que
tengamos la habilidad de leer la mente de los seres humanos,
es imposible saber a ciencia cierta, cual fue el sentir o
pensar de los encausados; al plasmarlos así en los hechos
probados, el Tribunal incurre en el error de falta de
claridad y redacta los mismos de manera subjetiva, de forma
tal, que a la simple lectura se vuelven confusos y poco
entendibles.- De igual forma con la expresión ―proponiéndoles
quitarles la vida‖ incurre el sentenciador, en el error mas
visible de la sentencia impugnada, y es el de predeterminar
el fallo, tal como lo prohíbe nuestro código procesal penal.
Continua relatando el hecho probado numero veintitrés:
“procediendo a golpear con toletes, palos, piedras y con
armas blancas, a los reos pandilleros que se encontraban”; de
nuevo incurre en el mismo yerro el sentenciador, al omitir
individualizar las acciones que específicamente realizan los
imputados que se mencionan en este hecho probado, además de
no incluir un elemento importante de todo hecho probado, como
ser el ofendido o el directamente perjudicado en la acción.-
Recurso de Casación No. 400-2008
236
El manifestar de manera colectiva, que procedieron a golpear
a los reos pandilleros que se encontraban, es generalizar
todas las acciones ocurridas ese día y por tanto centralizar
todas las operaciones en seis o siete reos, que utilizando la
lógica podemos deducir que era imposible ejecutarlos; pero
aun más grave es omitir puntualizar hacia quien iban
dirigidas esas acciones, y al no hacerlo los sentenciadores
convierten los hechos probados indescifrables a la simple
lectura. En el veinticuatro hecho probado se establece que mi
representado SANTOS GEOVANY BANEGAS ayuda al reo Pavel
Eduardo Rodríguez Flores, a prender fuego a la celda 6, sin
embargo no se establece que acción específica realiza mi
patrocinado, es decir a que ayuda se refiere.- Debe el
sentenciador plasmar específicamente a que ayuda se refiere,
debido a que, debe deducírsele individualmente la
responsabilidad únicamente por sus acciones y no por el resto
de los imputados; cuanto más se leen los hechos probados, más
se vuelven incomprensibles, de forma tal que en este hecho
probado no sabemos a ciencia cierta quienes estaban en esa
celda 6, que acción especifica realiza cada una de los
imputados y aun más grave no sabemos cual fue el resultado de
estas acciones; los mismos quedan en suspenso sin establecer
cual fue el desenlace de la dinámica ocurrida en día de los
acontecimientos. En el Trigésimo hecho probado, el tribunal
estableció: “Quince minutos después de que los primeros reos
pandilleros han salido de la celda dos, el reo Santos Geovany
Banegas, se dirige hacia los reos pandilleros, los que se
encuentran en indefensión y muestra a la policía los reos
pandilleros. que andaban armados y los reos pandilleros que
eran cabecillas, a los que la policía les dispara y
seguidamente disparan a todos los demás reos pandilleros que
se encontraban en el lugar, muchos de ellos acostados en el
suelo” Nuevamente el sentenciador relata unos hechos probados
de forma generalizada, pretendiendo culpar a mi representado
de la muerte de TODOS LOS DEMAS REOS PANDILLEROS tal como lo
establece en este apartado, lo cual sabemos que es imposible;
no podemos permitir que con esta sentencia en donde se
predetermina el fallo y se incurre en errores de falta de
claridad de los hechos probados, se centralice la
responsabilidad en dos o tres reos de los cuales, no se
plasma ni se consigna cuales fueron sus acciones específicas;
en el caso de nuestro representado SANTOS GEOVANY BANEGAS es
imposible que con este numeral de hechos probados el Tribunal
pretenda responsabilizar de acciones cometidas contra ―REOS‖
sin saber quienes eran y sin saber si como resultado de esas
acciones se produjo el deceso de esas supuestas personas. En
el treinta hecho declarado probado el Tribunal expresa:
“Igualmente los reos rondínes Santos Geovany Banegas...
agredieron a otros reos pandilleros usando palos y armas
blancas” ―El sentenciador no individualiza la supuesta acción
que comete mi representado y tampoco especifica contra quien
la realiza, además que omite establecer cual fue el resultado
de su acción, es decir ¿Se produjo la muerte o simple lesión?
¿Quién o quienes eran el o los ofendido (s)? Pues no se sabe
ya que los hechos probados carecen de esa claridad necesaria
y de esa sencillez que se requiere para que los mismos sean
comprensibles Con la simple lectura de los hechos probados
antes relacionados surgen mas interrogantes: ¿Qué acción
Recurso de Casación No. 400-2008
237
específica realiza mi representado SANTOS GEOVANY BANEGAS?
¿De que delito es responsable? ¿Quienes son las personas
contra las cuales se ejecutan estas acciones? ¿Cuál fue el
resultado de estas acciones, es decir el desenlace de los
acontecimientos? En los mismos se establecen, expresiones
como ―procediendo a golpear con palos, toletes‖
―proponiéndose quitarle la vida‖ ―agredieron a otros reos‖
todas, expresiones totalmente subjetivas y que por
consiguiente hacen de los hechos probados una gama de
confusiones para quien los analice. No pueden justificarse
estos hechos probados, amparándose en el alegato que nos
encontramos ante acontecimientos múltiples y de gran
magnitud, de forma tal que aparecen muchos actores y
participantes en lo mismos, precisamente por esa
particularidad, el estudio y análisis de cada una de las
acciones de los imputados, debió realizarlas el Tribunal de
manera puntual para evitar incurrir en el error de
generalizar, de forma tal que, por el solo hecho de ser un
reo rondín o de encontrarse presente en el momento de los
hechos, sea culpable de todo lo acontecido.- Debe
responsabilizarse únicamente de los actos cometidos por cada
uno de ellos, de no hacerlo así, aplicamos el dicho popular
religioso que comúnmente utilizamos ―justos pagan por
pecadores‖; como juristas y conocedores del derecho sabemos
que ante la ley, este dicho religioso no debe ni puede
aplicarse, sino que debe castigarse únicamente la conducta
personal que cada uno de los imputados realiza.- Tampoco
debemos olvidar, que nuestro representado se enfrenta solo
ante todo el aparato estatal, ya que el ente acusador tiene a
su disposición todos los medios necesarios (Tecnología,
policía de investigación, medicina forense) para poder
establecer la responsabilidad de los acusados en los hechos a
ellos imputados, y con mayor razón se debe imputar
objetivamente las acciones de cada una de ellos, y si NO es
incapaz de hacerlo, el resultado del juicio será una
sentencia absolutoria. En los hechos probados enumerados como
CUADRAGESIMO TERCERO Y CUADRAGESIMO QUINTO, el tribunal
expresa las personas que el día cinco de abril del dos mil
tres, murieron por carbonización y por hechos violentos, pero
sorprendentemente no especifica quienes son los responsables
y a través de que acciones; siendo que en estos dos hechos
probados el tribunal da por acreditada la muerte de los
supuestos ofendidos, también debió establecer quienes eran
los supuestos responsables de sus muertes, sin embargo lo
omite y sorprendentemente en la parte dispositiva de la
sentencia, decide condenar a mi representado por la muerte de
todos los internos acaecidos ese día, lo cual la simple
lógica nos dice que es imposible; una razón más para
considerar a los precitados hechos probados como faltos de
claridad y coherencia. El conocido jurista español JESUS
FERNADEZ ENTRALGO en el libro ―La sentencia en el nuevo
proceso penal‖ en las páginas 81, 86, 87 y 88 referente a La
Fijación de los Hechos Probados manifiesta: ―La declaración
de los hechos probados constituye como —como lo caracteriza
Palacios Mejia-―.. . el cimiento, el arranque, de la
sentencia penal...‖ Es un presupuesto necesario del fallo,
porque mediante de ella se fija judicialmente la
reconstrucción de lo sucedido, y constituye la base sobre la
Recurso de Casación No. 400-2008
238
que se construirá el tratamiento (subsunción) jurídico del
caso debatido en el. proceso; pero no integra propiamente la
motivación de su decisión. La descripción de los hechos
probados ha de hacerse con 1) claridad 2) precisión y 3)
coherencia. De este modo, se asume legalmente el modelo ideal
de ―regla semántica de formación del lenguaje jurisdiccional
dirigida a asegurar la determinabilidad de las denotaciones
fácticas (y que comprende) una serie de reglas que exigen,
como condición de la estricta jurisdiccionalidad, esto es, de
la veraficabilidad y de la refutabilidad de las tesis que en
el proceso enuncian los hechos y las pruebas, que tanto
aquello como estos sean exactamente individualizadas mediante
descripciones precisas y sin el uso de palabras vagas o
valorativas. La descripción de los hechos declarados probados
ha de hacerse de forma tal que permita su perfecta
compresión, como presupuesto del control de su corrección,
haciendo posible su corroboración (verificación) o refutación
(falsacion)‖ En el caso subjudice, los hechos probados no
permiten comprender como sucedieron los sucesos acusados a mi
representado y sobre todo no permite valorar y determinar la
acción típica, antijurídica y culpable en la que tuvo que
incurrir mi representado, para ser condenado, estas
circunstancias no son visualizadas en la narración de los
hechos probados y tal como afirma Fernández Entralgo no
permite su perfecta comprensión de los acontecimientos
acusados a mi patrocinado. Estos hechos probados fueron
calificados por el juzgador como constitutivos de los delitos
de ASESINATO Y ASESINATO EN GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA,
declarando responsable penalmente de los mismos al señor
SANTOS GEOVANY BANEGAS, sin embargo, al analizar tales hechos
probados en los números, veintitrés, veinticuatro y treinta,
se evidencia el vicio denunciado ya que la descripción de los
mismos no satisface los requisitos de claridad, precisión y
coherencia impuestos por el Artículo 338, sección cuarta,
número uno del Código Procesal Penal. Dicho lo anterior y
siendo que la declaración de hechos probados constituye la
base o el cimiento sobre el cual se construye la sentencia
penal, y dado que los hechos declarados probados en la
sentencia recurrida no reúnen los requisitos legales exigidos
para ello, solicito se case la sentencia recurrida, se anule
el fallo y se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su
procedencia para que la causa sea tramitada con arreglo a
derecho. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO
Siendo que el yerro que provoca la interposición del recurso
de mérito se produce con la sentencia misma, solo es posible
su subsanación a través del presente recurso por lo que se
deduce que no hubo una reclamación ex-ante.‖
XXXII.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA
INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO SANTOS GEOVANY
BANEGAS, ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE LOS HECHOS ESTIMADOS
PROBADOS POR EL TRIBUNAL NO SON CLAROS Y TERMINANTES.-
PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 1) DEL CODIGO PROCESAL
PENAL.-
Argumenta el recurrente que la declaración de los hechos
estimados probados por el A Quo no son claros y terminantes.
Alega que en la sentencia recurrida el A Quo estimó como
Recurso de Casación No. 400-2008
239
probados, entre otros, los hechos VIGÉSIMO TERCERO, VIGÉSIMO
CUARTO Y TRIGÉSIMO y que al analizarlos se concluye que no
cumplen con lo establecido en la regla cuarta del articulo
338 del Código Procesal Penal, al adolecer de claridad y
coherencia al describir los acontecimientos. Señala que de la
simple lectura de los hechos probados VIGÉSIMO TERCERO,
VIGÉSIMO CUARTO y TRIGÉSIMO surgen muchas interrogantes por
tratarse de acontecimientos múltiples y de gran magnitud, con
muchos actores y participantes, por lo que refiere que el
Juzgador debió analizar cada una de las acciones realizadas
por los imputados, de manera puntual para no incurrir en el
error de generalizar, y declarar culpable al acusado SANTOS
GEOVANY BANEGAS por el solo hecho de ser reo rondín y
encontrarse presente en el momento de los hechos. El Censor
considera que debe responsabilizarse al acusado únicamente de
los actos cometidos por él, de no hacerlo así, se aplicaría
el dicho popular de que “justos pagan por pecadores”.
Reprocha también que en los hechos probados CUADRAGESIMO
TERCERO Y CUADRAGESIMO QUINTO, se describen las personas que
murieron por carbonización y por hechos violentos, pero no
especifica quienes son los responsables y a través de que
acciones, no obstante que en la parte dispositiva de la
sentencia, el A Quo condena al acusado SANTOS GEOVANY BANEGAS
por la muerte de todos ellos, lo cual estima que es
imposible. Concluye manifestando que los hechos probados no
permiten comprender cómo se produjeron los sucesos, ni
permite valorar y determinar las acciones típicas,
antijurídicas y culpables que se supone ejecutó el acusado y
que fueron calificados por el A Quo como constitutivas de los
delitos de ASESINATO Y ASESINATO EN GRADO DE EJECUCION DE
TENTATIVA, por las se declaró penalmente responsable al señor
SANTOS GEOVANY BANEGAS. Esta Sala de lo Penal, considera
pertinente destacar, que el vicio procesal denunciado por el
recurrente se origina exclusivamente cuando la redacción de
los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa,
de modo que por su insuficiencia o oscuridad, o por no
expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o
categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a
subsunciones alternativas, en definitiva, a consecuencia de
la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir
determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u
oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando
incurre en omisiones que alteran su significación y dejan
prácticamente sin contenido específico la narración de los
hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible
por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o
imprecisión, también cuando por omisión de elementos o
circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera
realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que
falta base fáctica para determinar si los hechos son o no
constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la
participación concreta de los acusados en la ejecución del
delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto
procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible
en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o
imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es
necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con
los condicionamientos determinantes de la calificación penal
Recurso de Casación No. 400-2008
240
asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío
en la descripción histórica de los mismos, que determina una
falta de premisa fáctica para formular la calificación
jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del
silogismo en que la sentencia queda estructurada, el
pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que
resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al
fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo
y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”.
Esta Sala de lo Penal considera que no se advierte la falta
de claridad o ambigüedad en la fundamentación fáctica de la
sentencia al establecer la participación del procesado SANTOS
GEOVANY BANEGAS en la comisión de los hechos que condujeron a
la muerte de varias personas que se encontraban al interior
de la Celda No. 6) de la Granja Penal del Porvenir, de tal
manera que en el hecho probado vigésimo cuarto se describe
que uno de los acusados cerró con candado la puerta de acceso
a la celda No. 6, tras lo cual varios de los acusados
colocaron cajones, palos y mesas frente a dicha puerta, y que
seguidamente, el procesado SANTOS GEOVANY BANEGAS junto con
otros imputados prendieron fuego a varias colchonetas las que
arrojaron por las ventanas de las celda antes referida, lo
que en una conexión-causa efecto trajo como resultado la
muerte de veintitrés personas mediante incendio91. Ahora
resulta pertinente analizar si la fundamentación fáctica de
la sentencia adolece de la suficiente claridad y precisión en
lo que se refiere a la participación del encausado SANTOS
EFRAIN ARTEAGA PEREZ, en lo que concierne a la imputación que
se le hace por la comisión de treinta y siete delitos de
asesinato mediante alevosía y diecinueve delitos de tentativa
de asesinato alevoso. Así tenemos que: A) En el hecho probado
Vigésimo Tercero se afirma que tras la irrupción de elementos
de seguridad del Estado en el interior de la Granja Penal del
Porvenir, el procesado SANTOS GEOVANY BANEGAS, salió al igual
que otros ocho reos rondines de las diferentes celdas y otros
espacios en los que se habían refugiado, procediendo a
golpear con toletes, palos y armas blancas a los reos
pandilleros que encontraban, algunos de ellos ya heridos por
armas de fuego, circunstancia de la que tenía conocimiento el
coimputado ya fallecido ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS sin que
éste realizara acción alguna para evitarlo. Mas adelante en
el hecho probado Trigésimo se establece que Quince (15)
minutos después de que los primeros reos pandilleros habían
salido de la celda número dos, el encausado SANTOS GEOVANY
BANEGAS señaló a varios estos que se encontraban en
indefensión pero que anteriormente andaban armados y que
tenían el carácter de cabecillas, mismos a los que tras la
referida señalización la policía les disparó haciéndolo
igualmente con los demás pandilleros que se encontraban en el
lugar. Tras lo cual reos rondines al ver que algunos de los
reos pandilleros aun estaban vivos procedieron a agredirlos
con palos, piedras y armas blancas. Igualmente lo hacían con
los reos pandilleros que salieron después de la celda dos (2)
y que se hacían los muertos, todo ello a vista y
consentimiento de la Policía Penitenciaria, Policía Nacional
Preventiva, elementos Cobras y miembros del ejército que se
91 Vid. Hecho Probado No. Cuadragésimo Tercero.
Recurso de Casación No. 400-2008
241
encontraban en el lugar. De esta manera se afirma que el reo
rondín Adán Amparo Soto, (alias Comayagua), agredió con
cuchillos y palos al reo pandillero Arnol José Hernández,
(alias El trabado); el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores, (alias Chinapopo) agredió con machete al reo
pandillero Leonel Aníbal Ortega Garay, (alias El Killer); el
reo Héctor Wilfredo Jiménez, (alias El Basucazo), agredió con
un leño y arma blanca al reo pandillero Oscar Geovanny
Hernández Velásquez, (alias El Pewee); Para finalmente
concluir que los reos rondines Santos Geovany Banegas, Tomas
Rivera Guevara, (alias Cabuya) y José Roberto Caballero,
(alias Cobra), agredieron a otros reos pandilleros usando
palos y armas blancas. En el hecho probado CUADRAGESIMO
QUINTO el Tribunal Sentenciador hace una relación del
fallecimiento de treinta y siete personas que murieron
violentamente a consecuencia de heridas ejecutadas con armas
blancas, objetos contundentes y/o disparos de armas de fuego,
en tanto que en el hecho probado CUADRAGESIMO SEXTO se hace
una relación de reos pandilleros que habiendo sufrido
agresiones físicas no resultaron muertos tras la finalización
de los acontecimientos suscitados. Del análisis conjunto de
los hechos probados antes relacionados en los que aparece
realizando diversas acciones el imputado SANTOS GEOVANY
BANEGAS, a quien el Tribunal de Instancia condenó a título de
coautor como responsable de haber contribuido en un plan
espontáneo y colectivo a causar la muerte de treinta y siete
personas e intentar quitarle la vida a diecinueve, podemos
afirmar que dadas las circunstancias en que se produjeron los
hechos objeto de juzgamiento con múltiples sujetos activos y
una gran cantidad de víctimas, que en su mayoría perdieron la
vida en tanto que las demás presentaban múltiples lesiones
tras la conclusión de los sucesos, resulta razonable que el
Tribunal de Instancia no haya establecido con rigurosa
minuciosidad y con prolijidad de detalles las incidencias
ocurridas durante el desarrollo de los acontecimientos, de
tal manera que la fundamentación fáctica de la sentencia
recurrida no acusa la oscuridad, ambigüedad o imprecisión
señalada por el Censor, que impida como un obstáculo
insalvable determinar si dicho encartado han incurrido o no
en la comisión de los hechos criminosos que se le atribuyen.
El recurrente alega que la inclusión en el relato fáctico, de
la valoración en torno a que los acusados salieron de los
lugares donde se habían refugiado proponiéndose quitarle la
vida a todos los reos pandilleros, constituye un concepto
predeterminante del fallo. Sobre esto es importante señalar
que tal frase no constituye una expresión técnico-jurídica,
sino que un juicio de inferencia92, mediante el cual se
determina el elemento subjetivo del delito, de modo que si
bien es cierto que su ubicación resulta más acertada en la
fundamentación intelectiva y jurídica de la sentencia, en
cuanto extraído de los datos objetivos relatados, su
inclusión en el relato de hechos probados, siempre y cuando
no vacíe el contenido de los mismos, es revisable en casación
por la vía del artículo 360 párrafo primero del Código
92 Vid. LUZON CUESTA, JOSE MARIA, El Recurso de Casación Penal, 2ª
edición, Editorial Colex, Madrid, 2000, págs. 147-148, 151-152.
Recurso de Casación No. 400-2008
242
Procesal Penal93, si de los restantes elementos fácticos
narrados por el Juzgador se acredita la equivocación de éste
al atribuir al procesado que ese era y no otro, el móvil que
le impulsó a cometer el delito. De este modo, y siendo que el
cuadro fáctico expuesto en la sentencia, aún suprimiendo
mentalmente ese juicio de inferencia, resulta narrado con un
mínimo de claridad y amplitud para determinar cual fue la
intención que movió al encartado para realizar las acciones
que se le imputan, esta Sala es del criterio que el motivo
alegado por el Censor debe ser desestimado.
XXXIII.- El Recurrente Abogado ERNESTO RODRIGUEZ CORRALES, en
su condición de Defensor Público del señor Santos GEOVANY
BANEGAS, desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de
Ley y Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera:
―EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY
PRIMER MOTIVO: Aplicación indebida del articulo 117 del
Código Penal PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de
casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del
Código Procesal Penal EXPLICACION DEL MOTIVO La norma penal
que aplica indebidamente el sentenciador es el articulo 117
del Código Penal que establece: ―Es reo de asesinato quien de
muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de las
circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con Premeditación,
conocida; 3) Por medio de inundación, incendio,
envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento,
varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda
ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo o
intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando
deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por
asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de
reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o
promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación,
la pena será de treinta (30) a privación de por vida de la
libertad‖
El Juzgador estimó como HECHOS PROBADOS, entre otros los
siguientes: “VIGÉSIMO TERCERO: Los reos rondines Adán Amparo
Soto, (alías Comayagua) Jorge Alberto Caballero, (alías
cobra) Luís Alberto Cruz Valdivia (alias Chica sexy) Oscar
Alexander Ocampo (alias Matador) Pavel Eduardo Rodríguez
Flores (alias China popo) Santos Efraín Arteaga Pérez (alias
chaparro), Tomas Rivera Guevara (alias Cabuya), con ayuda de
los reos Santos Geovany Banegas (alias Banegas) y Héctor
Wllfredo Jiménez (alías el Basucazo), salen de las diferentes
celdas y lugares donde habían tenido refugio, proponiéndose
quitarle la vida a todos los reos pandilleros, procediendo a
golpear con toletes, palos, piedra y con armas blancas, a los
reos pandilleros que encontraban, algunos de ellos ya heridos
por los disparos de arma de fuego, aceptando esto los
policías penitenciarios y miembros del ejército que se
encontraban en ese momento y con ellos Roger Armando Sosa
Iglesias el que no realiza ninguna acción para impedir o
evitar lo que esta aconteciendo. VIGÉSIMO CUARTO: Pasadas las
09:25 a.m. en venganza, el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores (alias Chínapopo), cierra con candado la celda seis
(6), hacia donde policías penitenciarios y miembros del
93 Referido a la casación por infracción de ley.
Recurso de Casación No. 400-2008
243
ejército han disparado, para luego tirar cajones, palos y
mesas a la puerta de esa celda, con ayuda de los reos
rondines Adán Amparo Soto (alias Comayagua) y Javier Antonio
Solís Ponce, (alias Javier Solís), seguidamente el reo rondín
Pavel Eduardo Rodríguez Flores consigue un líquido Pavel
Eduardo Rodríguez Flores, (alias chínapopo) arremete con
machete al reo pandillero Leonel Aníbal Ortega Garay (alias
El Killer); el reo Héctor Wílfredo Jiménez (alias el
Basucazo), arremete con un leño y arma blanca al reo
pandillero Oscar Geovany Hernández Velásquez (alias El
Pewee); igualmente los reos rondines Santos Geovany Banegas,
Tomas Rivera Guevara (alias Cabuya) y José Roberto Caballero
(alias Cobra) agredieron a otros reos pandilleros usando
palos y armas blancas” El juzgador calificó que tales hechos
declarados probados, constituyen el delito de ASESINATO, así
como lo establece en el DECIMO PRIMERO numeral de la parte
dispositiva de la sentencia y condenó a mi representado
SANTOS GEOVANY BANEGAS, como autor responsable penalmente
―por acción de veintitrés delitos consumados de Asesinato
mediante incendio en perjuicio de veintitrés personas que
murieron por carbonización en concurso real a la pena de
VEINTICINCO (25) AÑOS‖; sobre este particular, la defensa del
señor SANTOS GEOVANY BANEGAS considera que el juzgador arriba
a tal decisión por una errónea interpretación del referido
articulo 117 ya que en los mencionados hechos probados, no se
aprecia de manera clara y precisa, los dos elementos
indispensables para catalogar la conducta de mi representado
como constituta de tales delitos, en este caso el elemento
objetivo y subjetivo del tipo penal. En
el caso subjudice, los hechos probados carecen de tales
elementos y no concretiza de manera puntual y clara, la forma
en la que nuestro patrocinado realiza esas acciones que hacen
que el Juzgador le condene por el delito de ASESINATO; al
grado tal que omite establecer los nombres de los sujetos
pasivos de los hechos (ofendidos) y más grave aun no
establece cual fue el resultado de sus acciones, no
concretiza, si como resultado de tales acontecimientos se
produjo el resultado muerte necesario para catalogar la
conducta de mi representado como ASESINATO, es por tal
circunstancia que al no realizar una adecuación de los hechos
acontecidos con el tipo penal por el que acusa, aplica
incorrectamente el precepto penal antes referido.
INTERPRETACION PRETENDIDA Al no plasmar de manera concreta la
acción de mi representado SANTOS GEOVANY BANEGAS en los
sucesos a él acusados, convierte a los hechos probados en
meras especulaciones, en relatos sin sentido y al no
establecer contra quienes se producen las acciones y cual fue
el resultado, por consiguiente al no enmarcarlos
adecuadamente en el tipo penal por el que se le condenó,
nuestra solicitud al Tribunal de Casación es que se aplique
correctamente la norma penal con el dictado de un fallo
absolutorio.
XXXIII.-RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DEL PROCESADO SANTOS GEOVANY BANEGAS,
ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA
INCURRIO EN UNA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 117 DEL
CODIGO PENAL AL PROFERIR CONDENA EN SU CONTRA Y
Recurso de Casación No. 400-2008
244
RESPONSABILIZARLE A TITULO DE COAUTOR DE VEINTITRES DELITOS
DE ASESINATO MEDIANTE INCENDIO.
Argumenta el recurrente que el Juzgador ha incurrido en
aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal, norma
penal que tipifica el delito de Asesinato. Concretamente
señala que el A Quo calificó los hechos probados VIGÉSIMO
TERCERO y VIGÉSIMO CUARTO entre otros, como constitutivos de
ASESINATO. El A Quo, en base a los hechos declarados probados
en referencia condena al acusado SANTOS GEOVANY BANEGAS, como
autor por acción de veintitrés (23) delitos consumados de
ASESINATO mediante incendio en perjuicio de igual número de
personas que murieron por carbonización a la pena de
VEINTICINCO (25) años de reclusión. Cuestiona que del cuadro
fáctico no se subsume un determinado tipo penal, dado que a
su entender no describe comportamiento alguno del encartado
SANTOS GEOVANY BANEGAS que hubiere dado como resultado la
muerte de las veintitrés (23) personas por cuyo fallecimiento
fue condenado, en aplicación indebida de lo dispuesto en el
artículo 117 del Código Penal. El recurrente pretende la
confrontación de las acciones que se atribuye al acusado
frente a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal
contenidos en el Artículo 117 del Código Penal, y que una vez
corroborado que de los hechos probados no se desprende ningún
comportamiento del acusado que haya dado como resultado las
muertes que se le atribuyen, consecuentemente se le libere de
toda responsabilidad. Esta Sala de lo Penal considera
importante recordar, que a través del recurso de casación por
infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración
jurídica del material fáctico descrito en la sentencia,
contenido en la formulación de hechos probados realizada por
el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional
recurso de apelación, propio del anterior sistema, que
provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal
revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de
casación por infracción de ley únicamente admite la
posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo
examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una
revisión jurídica de los hechos declarados probados. El
recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse
o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la
resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia
consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la
parte resolutiva de la sentencia, es incompatible,
irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la
narración fáctica (hechos probados). Precisados los límites
en los que puede desenvolverse la función revisora de esta
Sala cuando del recurso de casación por infracción de ley se
trate, ahora es pertinente que indiquemos cuales son los
elementos objetivos y subjetivos del delito de asesinato
mediante incendio que se atribuye a título de coautor al
procesado SANTOS GEOVANY BANEGAS en perjuicio de varias
personas. La muerte de un ser humano a consecuencia de la
acción realizada por otra persona, valiéndose de medios
especialmente peligrosos o revelando una especial
perversidad, ha sido tradicionalmente castigada con mayor
severidad que el homicidio simple. En este sentido, el
asesinato se describe como la muerte de otra persona
Recurso de Casación No. 400-2008
245
ejecutada con alguna de las circunstancias mencionadas en el
artículo 117 del Código Penal. De este modo, la concurrencia
de algunas de las circunstancias del artículo 117 establece
la diferencia entre el homicidio y el asesinato. No obstante,
cabe señalar, que ambos delitos comparten características
comunes, así, aparte de la igualdad en el bien jurídico
protegido, que es la vida humana como valor ideal, coinciden
los sujetos, activo y pasivo, que pueden serlo cualquier
persona, sin más limitaciones que las que provienen del
concurso de leyes;94 el objeto material sobre el que recae
directamente la acción es el hombre vivo físicamente
considerado, y los problemas de la relación de la causalidad,
en virtud de la cual se debe establecer la conexión entre el
comportamiento del sujeto activo y el resultado que consiste
en la muerte efectiva de otra persona. En el caso concreto
que ahora nos ocupa, se ha declarado la responsabilidad penal
del encausado SANTOS GEOVANY BANEGAS a título de coautor de
varios delitos de asesinato mediante incendio, modalidad
prevista en el numeral 3) del precepto legal supracitado95. La
razón de la especial agravación de la muerte de un ser humano
cometido mediante incendio, no es solamente la mayor perfidia
del medio empleado que revela un delincuente sumamente
peligroso, sino también el peligro general que tal medio y
otros como la inundación, explosión, descarrilamiento, etc…
encierran para la colectividad96. Una lectura detenida de la
fundamentación fáctica de la sentencia, revela que en el
hecho probado vigésimo cuarto se describen las acciones de
varias personas que de manera conjunta contribuyeron para
causar un incendio en la Celda No. 6 de la Granja Penal del
Porvenir, lo que en una relación causa-efecto trajo como
resultado la muerte de varias personas (vid. Hecho Probado
Cuadragésimo Tercero). Entre tales personas se encuentra el
imputado SANTOS GEOVANY BANEGAS, a quien se atribuye junto a
otros individuos la acción de haber prendido fuego a varias
colchonetas y haberlas lanzado por las ventanas al interior
de la celda No. 6) lo que a la postre trajo como resultado un
incendio que a su vez produjo la muerte de varias personas,
de este modo, del relato fáctico antes descrito se subsume la
comisión del delito de asesinato tipificado en el artículo
117 No. 3) del Código Penal y por ende atribuible al
encartado SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ, consecuentemente, se
desestima el motivo de casación que por infracción de ley
interpusiera la Defensa para desvanecer los delitos de
asesinato mediante incendio por los cuales resultara
condenado. Finalmente esta Sala considera que por una
aplicación extensiva del recurso de casación, autorizada por
el artículo 349 del Código Procesal Penal, la infracción del
artículo 117 No. 1) del Código Penal, alegada a favor de los
coimputados LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA
y HECTOR WILFREDO JIMÉNEZ MALDONADO debe decretarse en
beneficio del procesado SANTOS GEOVANY BANEGAS, a quien se
94 Así sí el sujeto pasivo es alguno de los Presidentes de los Poderes del
Estado, el delito aplicable es el previsto en el artículo 322, si se
trata del Jefe de Estado extranjero o Jefe de Gobierno extranjero, el
artículo 318, etc… 95
Vid. Folios 5247 vuelto y 96
Vid. CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II, Revisada por CAMARGO
HERNANDEZ, CESAR, Bosch, Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1982, pág. 507.
Recurso de Casación No. 400-2008
246
declara penalmente responsable a título de coautor por la
comisión de treinta siete delitos de homicidio simple
consumado, a la pena de quinientos cincuenta y cinco años de
reclusión.
XXXIV.- SEGUNDO MOTIVO: Aplicación indebida del artículo 117
del Código Penal, en relación al 15 del mismo cuerpo legal.
PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se
encuentra comprendido en el articulo 360 del Código Procesal
Penal EXPLICACION DEL MOTIVO La norma penal que aplica
indebidamente el sentenciador es el articulo 117 del Código
Penal que establece: ―Es reo de asesinato quien de muerte a
una persona ejecutándola con la concurrencia de las
circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con Premeditación,
conocida; 3) Por medio de inundación, incendio,
envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento,
varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda
ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo o
intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando
deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por
asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de
reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o
promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación,
la pena será de treinta (30) a privación de por vida de la
libertad. En relación al articulo 15 del mismo cuerpo legal
que establece: Hay tentativa cuando, con la intención e
cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos
de ejecución y no se consuman por causas ajenas a la voluntad
del agente‖ Los hechos antes relacionados y transcritos,
fueron considerados por el sentenciador según lo establece en
el DECIMO PRIMERO numeral del Acápite ―Parte Dispositiva‖ de
la sentencia como ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE
TENTATIVA, fundamentado en el Artículo 117 en relación al 15
del Código Penal y condenando a mi representado ―por acción
de treinta y siete delitos consumados de Asesinato por
Alevosía en perjuicio de treinta y siete personas que
murieron en forma violenta en concurso real, a la pena de
SETECIENTOS CUARENTA (740) AÑOS DE RECLUSION‖ y ―por acción
de diecinueve delitos de Asesinato por Alevosía en su grado
de ejecución de Tentativa en perjuicio de diecinueve reos
pandilleros sobrevivientes en concurso real a la pena de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES (253) AÑOS CUATRO (4) MESES DE
RECLUSION‖; sobre este particular, la defensa del señor
SANTOS GEOVANY BANEGAS, considera que el juzgador arriba a
tal decisión por una errónea interpretación del referido
articulo 117 así como del 15 del referido cuerpo legal pues,
en los hechos probados no se aprecia de manera clara y
precisa, los elementos indispensables para catalogar la
conducta de mi representado como constituta de tales delitos,
en este caso el elemento objetivo y subjetivo del tipo
penal.- En el caso subjudice, los hechos probados carecen de
tales elementos y no concretiza de manera puntual y clara, la
forma en la que nuestro patrocinado realiza esas acciones que
hacen que el Juzgador le condene por el delito de ASESINATO
EN GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA y mucho menos se establece
cuales fueron esas causas ajenas a la voluntad del agente que
hacen que mi representado no alcance el resultado esperado.
Los hechos probados antes mencionados no enmarcan de manera
Recurso de Casación No. 400-2008
247
perfecta, el accionar de mi patrocinado SANTOS GEOVANY
BANEGAS como constitutivos de 37 ASESINATOS EN SU GRADO DE
EJECUCION DE TENTATIVA, al grado tal que omite establecer las
acciones mediante las cuales se haya intentado quitar la vida
en forma alevosa a los internos, los nombres de los sujetos
pasivos de los hechos (ofendidos) y mas grave aun no
establece cual fue el resultado de sus acciones para
catalogar la conducta de mi representado como ASESINATO EN
GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA. Tampoco aparece cual fue la
circunstancia especial que considera el sentenciador para
calificarlo como un delito de asesinato, es decir cual de las
cuatro circunstancias calificadores toma en cuenta para
agravar la responsabilidad de los acusados de homicidio a
Asesinato, si bien la menciona en la parte dispositiva que
fue por Alevosía, la misma no aparece de manera clara en la
lectura de los hechos probados. INTERPRETACION PRETENDIDA Al
no plasmar de manera concreta la acción de mi representado
SANTOS GEOVANY BANEGAS en los sucesos a él acusados,
convierte a los hechos probados en meras especulaciones, en
relatos sin sentido y al no establecer contra quienes se
producen las acciones y cual fue el resultado, por
consiguiente al no enmarcarlos adecuadamente en el tipo penal
por el que se le condenó, nuestra solicitud al Tribunal de
Casación es que se aplique correctamente la norma penal con
el dictado de un fallo absolutorio.
XXXIV.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO SANTOS GEOVANY BANEGAS, ARGUYENDO
FUNDAMENTALMENTE QUE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA INCURRIO EN UNA
APLICACIÓN INDEBIDA DE LOS ARTICULOS 117 Y 15 DEL CÓDIGO
PENAL CUANDO LE CONDENA A TITULO DE COAUTOR POR DIECINUEVE
DELITOS DE TENTATIVA DE ASESINATO ALEVOSO.-
Argumenta el recurrente que el A Quo incurre en aplicación
indebida del Artículo 117, el cual tipifica el delito de
Asesinato, en relación al 15 del Código Penal, que dispone
del grado de ejecución de tentativa de delito. Considera que
en ninguno de los hechos declarados de la sentencia
recurrida, se describe el ASESINATO en su grado de ejecución
de TENTATIVA, por el que se condena al acusado, entre otros
delitos, en perjuicio de diecinueve reos pandilleros
sobrevivientes en concurso real. Esgrime que la decisión del
juzgador por la que condena al encausado señor SANTOS GEOVANY
BANEGAS, en aplicación de los artículos 117 y 15 del Código
Penal es errónea, en tanto de los hechos probados no se
aprecian de manera clara y precisa, los elementos objetivos y
subjetivos del tipo penal. Refiere que en los hechos probados
no se concretiza la forma en que el acusado realiza las
acciones por las que el A Quo le condena por el delito de
ASESINATO EN EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA y mucho menos
cuales fueron esas causas ajenas a la voluntad del agente que
impiden que alcance el resultado esperado, de tal manera que
del relato fáctico no se subsumen acciones del acusado SANTOS
GEOVANY BANEGAS que sean constitutivos de diecinueve (19)
ASESINATOS en su grado de ejecución de TENTATIVA, además
omite establecer los actos mediante los cuales haya intentado
quitar la vida en forma alevosa a los internos, los nombres
de los ofendidos y no establece cual fue el resultado de sus
Recurso de Casación No. 400-2008
248
acciones para catalogar su conducta como ASESINATO en el
grado de ejecución de TENTATIVA. Tampoco la circunstancia
especial que considera el A Quo para calificar el delito de
asesinato, es decir cual de las cuatro circunstancias
calificadores toma en cuenta para agravar la responsabilidad
de los acusados de homicidio a Asesinato, si bien la menciona
en la parte dispositiva que fue por Alevosía, la misma no
aparece de manera clara en la lectura de los hechos probados.
Esta Sala de Penal considera pertinente recordar que la
alevosía supone el empleo de procedimientos que facilitan el
hecho. La define el artículo 27 No. 2) del Código Penal: “hay
alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos
contra la vida y la integridad personal, empleando medios,
modos o formas en la ejecución que tiendan directa y
especialmente a asegurarlas, sin riesgo para su persona que
proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido.”. En
este sentido, la alevosía exige que los procedimientos
empleados tiendan, directa y especialmente a asegurar la
ejecución, evitando el riesgo de una posible defensa del
ofendido. Ejemplos de ataques alevosos son los que se
producen por la espalda97, o estando la víctima en la cama o
de rodillas. Los ataques a traición son alevosos. Lo decisivo
en la alevosía es, por tanto, el aseguramiento de la
ejecución del hecho y la ausencia del riesgo ante la defensa
que pudiera hacer el ofendido. La alevosía puede aparecer en
cualquier momento de la ejecución del delito, no exigiéndose
para su apreciación ningún tipo de premeditación o
preparación, de tal manera que puede surgir en el mismo
momento en que se ejecuta el hecho (el sujeto aprovecha que
su enemigo le da la espalda para dispararle). En algunas
corrientes jurisprudenciales se distinguen tres supuestos de
asesinato alevoso. La llamada alevosía proditoria o
traicionera, si concurre celada, trampa o emboscada; la
sorpresiva, que se materializa en un ataque súbito o
inesperado; y la alevosía por desvalimiento, en la que el
agente se aprovecha de una especial situación de desamparo de
la víctima que impide cualquier manifestación de defensa98.
Por otro lado también resulta oportuno recordar que el
artículo 15 del código penal establece: “hay tentativa
cuando, con la intención de cometer un delito determinado se
realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente”. El tipo de la
tentativa requiere de los siguientes elementos: a) en la
parte objetiva, una ejecución parcial o total de los actos
ejecutivos no seguida de consumación, b) en la parte
subjetiva, la voluntad de consumación, c) la ausencia de
desistimiento voluntario. El comienzo de la ejecución
necesario para la tentativa requiere que se traspase la
frontera que separa los actos preparatorios (sí los hay) de
los actos ejecutivos. Subjetivamente la tentativa requiere
97 Aunque hay que precisar, que no por ello se convierte automáticamente
en alevosa la muerte producida por una puñalada en la espalda o al
rematar al contendiente caído en el suelo, en el transcurso de una pelea
en la que ambos contendientes actúan en igualdad de condiciones, vid.
MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, Derecho Penal, Parte Especial, 14ª edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 53-54 98 Vid. http://www.unav.es/penal/crimina/T%F3picos%20html/alevosia.html
Recurso de Casación No. 400-2008
249
que el sujeto quiera los actos que objetivamente realiza con
ánimo de consumar el hecho o, al menos aceptando (con
seguridad o con probabilidad) que pueden dar lugar a la
consumación. Por último se requiere la concurrencia de un
elemento negativo, y que consiste en el que el hecho no se
consume por causas ajenas a la voluntad del agente.
Recapitulando podemos afirmar que la tentativa se presenta
cuando se ejecutan actos considerados indispensables para
llevar a cabo el comportamiento tipificado en la ley penal y
que en el caso concreto deben serlo efectivamente conforme al
fin propuesto, pero factores extraños o ajenos a la voluntad
del autor impiden que éste logre la producción del resultado
perseguido. Así las cosas podemos afirmar que habrá una
tentativa de asesinato alevoso, cuando el agente realiza
actos inequívocos de ejecución dirigidos a causar la muerte
de una persona, empleando medios, modos o formas que tiendan
directa y especialmente a asegurar dicho resultado, sin
riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera
hacer el ofendido pero por causas ajenas a la voluntad del
imputado el delito no alcanza la consumación. Un análisis del
relato fáctico en todo su contexto nos permite constatar que
en los hechos probados decimoséptimo, decimonoveno y
cuadragésimo primero se describen las acciones ejecutadas por
varios reos pandilleros que dieron como resultado en algunos
casos la muerte y en otros las lesiones causadas a varios
reos comunes, así como también los intentos por acabar con la
vida de estos últimos mediante incendio y otros medios
idóneos, De este modo y si bien es cierto que de la
fundamentación fáctica no se desprende la existencia de una
causa de justificación ni otra eximente de responsabilidad
criminal a favor del procesado SANTOS GEOVANY BANEGAS, por
las agresiones que ejecutara en perjuicio de otros
individuos, no es menos cierto que tampoco se desprende del
mismo relato fáctico que las referidas agresiones hayan sido
a traición, inesperadas, mediante emboscada o celada, o
aprovechándose de una situación de evidente desvalimiento de
los ofendidos, de ahí que no podamos afirmar de manera
indubitada y a partir de los hechos declarados probados que
el imputado al perpetrar las acciones que se le imputa haya
empleado particulares medios, modos o formas en la ejecución
de los hechos con la finalidad de asegurar el resultado, sin
los riesgos que para su persona hubieran podido proceder de
una reacción defensiva por parte de los ofendidos, de ahí que
la agresiones tantas veces referidas no puedan calificarse
como alevosas y por lo tanto constitutivas de delitos de
tentativa de asesinato, por lo que el comportamiento del
acusado al contribuir de manera mancomunada, en un plan
espontáneo y colectivo con la finalidad de dar muerte a los
reos pandilleros, propósito que finalmente y respecto a los
diecinueve reos pandilleros sobrevivientes no resultara
alcanzado por causas ajenas a su voluntad, se subsume en la
figura de la tentativa de homicidio simple, tipificada en el
artículo 116 párrafo primero del Código Penal en relación al
artículo 15 del mismo texto punitivo, considerando esta Sala
que como mínimo, de manera analógica y en bonam partem,
concurre a favor del procesado SANTOS GEOVANY BANEGAS, la
Recurso de Casación No. 400-2008
250
atenuante de haber precedido de parte del ofendido,
provocación o amenaza proporcionada al delito99. Es cierto
como lo expone el Censor, que en el relato fáctico no se
establece puntualmente y con detalle cuales fueron las
acciones que individualmente trajeron como consecuencia la
puesta en peligro de la vida de diecinueve personas, pero no
es menos cierto que del mismo relato fáctico se colige que el
acusado junto con otros realizaron una misma y compleja
operación delictiva, de tal manera que cada uno de ellos
mediante acciones ejecutivas idóneas para causar la muerte de
otras personas, esto es, utilizando armas cortopunzantes,
palos, piedras y otros objetos contundentes, reforzándose
unos y otros, realizaron una parte diversa pero esencial con
la finalidad de alcanzar el éxito de la referida operación,
cuyos resultados particularmente se reflejan en las
dictámenes médicos efectuadas por los médicos forenses y
descritas en los hechos probados en los que se aprecian con
detalle que los diecinueve reos pandilleros que sobrevivieron
presentan múltiples heridas causadas con los medios antes
señalados. Una cosa es que de un grupo de personas no se
tenga la certeza respecto a quienes participaron en el hecho,
y otra muy diferente es que más allá de toda duda razonable
se tenga por probado que un hecho fue producido por la acción
conjunta de un grupo de individuos, pues en éste último
evento la imprecisión de los detalles no altera la
responsabilidad que como coautores les es imputable a todos.
De este modo resulta que la decisión mancomunada, es decir,
la decisión común del hecho del referido imputado junto con
otros es lo que ha determinado la conexión de las partes del
suceso ejecutadas por cada uno de ellos y a partir de la que
es posible imputarle a cada encausado la parte realizada por
cada una de los otros100. Recapitulando podemos afirmar que
del relato fáctico se desprende la descripción de actos
ejecutivos realizados por el procesado SANTOS GEOVANY BANEGAS
con el evidente propósito de causar la muerte de los reos
pandilleros internos en la granja penal del Porvenir,
voluntad compartida con otros encartados; resultado que no se
logra alcanzar cuando transcurridos unos veinte minutos desde
que hubiera arribado al escenario de los acontecimientos el
encausado CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ, al percatarse de
la presencia de representantes de los medios de comunicación
ordenó que cesaran los disparos que aún efectuaban elementos
de seguridad del Estado y que reforzaban la actividad
criminal ejecutada por los imputados antes mencionados101. De
99 El artículo 26 No. 4) del Código Penal establece que constituye una
circunstancia atenuante ―haber precedido inmediatamente de parte del
ofendido, provocación o amenaza proporcionada al delito‖. Por su parte el
numeral 14) del mismo precepto legal, prevé que constituye circunstancia
atenuante: ―cualquier otra circunstancia análoga a las anteriores..‖ 100 Sobre la figura de la coautoría en particular, vid. MARQUEZ CARDENAS,
ALVARO ENRIQUE, en La Coautoría en la Dogmática Penal, frente a otras
formas de Autoría y Participación, Universidad Libre de Colombia, Bogotá,
2008, págs. 65 y ss. 101
Cabe señalar que en el caso de la víctima de tentativa de homicidio, identificada como JOSE ROBERTO MALDONADO, las causas ajenas que impiden a
los responsables de esa infracción que alcancen su objetivo, es la
intervención de un hermano de aquel, perteneciente a la Fuerza Aérea
Hondureña. Vid. Hecho Probado Trigésimo Segundo.
Recurso de Casación No. 400-2008
251
este modo se impone al encartado la pena mínima de diez años
de reclusión por cada una de las tentativas de homicidio
ejecutadas, para hacer un total de ciento noventa años de
reclusión, estimándose parcialmente y en los términos antes
expuestos, el motivo que por infracción de ley interpusiera
la Defensa del imputado SANTOS GEOVANY BANEGAS para
desvanecer los cargos de diecinueve delitos de tentativa de
asesinato por los cuales resultara condenado.
XXXV.- El Recurrente, Abogado FREDY ANASTACIO GALLO, en su
condición de Apoderado Defensor de los señores ADAN AMPARO
SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO CABALLERO, desarrolló su Recurso de
Casación por Infracción de Ley en dos motivos, en tanto que
por la vía del quebrantamiento de forma expuso un motivo.
Para efectos de seguir un orden sistemático adecuado en su
análisis y resolución, esta SALA considera pertinente
apartarse del orden seguido por el Censor, de tal manera que
inicialmente se pronunciará sobre el tercero de los motivos
antes apuntados, para luego analizar los motivos por
infracción de ley sustantiva formulados por el recurrente.-
XXXV.- CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR
LA DEFENSA DE LOS IMPUTADOS ADAN AMPARO SOTO CRUZ Y JORGE
ALBERTO CABALLERO, ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE LA
DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS FORMULADA POR EL TRIBUNAL DE
INSTANCIA NO ES CLARA NI TERMINANTE.-
Argumenta el recurrente que la declaración de los hechos
estimados probados por el A Quo no es clara ni terminante.
Considera que en la sentencia recurrida el A Quo estimó como
probados, entre otros, los hechos VIGÉSIMO TERCERO, VIGÉSIMO
CUARTO Y TRIGÉSIMO y que al analizarlos se concluye que no
cumplen con lo establecido en la regla cuarta del artículo
338 del Código Procesal Penal, al adolecer de claridad y
coherencia al relatar los acontecimientos. Estima que de la
simple lectura de los hechos probados VIGÉSIMO TERCERO,
VIGÉSIMO CUARTO y TRIGÉSIMO surgen muchas interrogantes por
tratarse de acontecimientos múltiples y de gran magnitud, con
muchos actores y participantes, por lo que es del criterio
que el Juzgador debió analizar cada una de las acciones
realizadas por los imputados, de manera puntual para no
incurrir en el error de generalizar, y declarar culpable a
los encausados ADAN AMPARO SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO
CABALLERO, por el solo hecho de ser reos rondines y
encontrarse presentes en el momento de los hechos. El Censor
considera que debe responsabilizarse a los acusados
únicamente de los actos cometidos por ellos, de no hacerlo
así, se aplicaría el dicho popular de que “justos pagan por
pecadores”. Reprocha también que en los hechos probados
CUADRAGESIMO TERCERO Y CUADRAGESIMO QUINTO, se describen las
personas que murieron por carbonización y por hechos
violentos, pero no especifica quienes son los responsables y
a través de que acciones, no obstante que en la parte
dispositiva de la sentencia, el A Quo condena a los imputados
ADAN AMPARO SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO CABALLERO por la muerte
de todos ellos, lo cual considera que es imposible.
Manifiesta que los hechos probados no permiten comprender
cómo sucedieron los sucesos, ni permite valorar y determinar
las acciones típicas, antijurídicas y culpables que se supone
Recurso de Casación No. 400-2008
252
ejecutaron los acusados y que fueron calificados por el A Quo
como constitutivas de los delitos de ASESINATO Y ASESINATO EN
EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, por las que se declaró
penalmente responsables a los encausados ADAN AMPARO SOTO
CRUZ y JORGE ALBERTO CABALLERO. El Censor también alega que
en la formulación de los hechos probados el Tribunal de
Instancia utilizó conceptos predeterminantes del fallo al
señalar que varios de los imputados, entre quienes se incluye
a sus patrocinados actuaron movidos por la venganza, así como
también porque se dice que realizaron acciones con el
finalidad o intención de acabar con la vida de los reos
pandilleros.- Esta Sala de lo Penal, considera pertinente
destacar, que el vicio procesal denunciado por el recurrente
se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos
probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que
por su insuficiencia o oscuridad, o por no expresar en forma
conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino
vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones
alternativas. En definitiva, a consecuencia de la ambigüedad
del relato. La falta de claridad puede venir determinada por
haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen
difícil la comprensión del relato o cuando incurre en
omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente
sin contenido específico la narración de los hechos; se
produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su
deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión,
también cuando por omisión de elementos o circunstancias
importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo
ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica
para determinar si los hechos son o no constitutivos de la
infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de
los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no
basta para apreciar el defecto procesal que la narración se
ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en
términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su
comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades
se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes
de la calificación penal asignada a los hechos probados,
provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de
los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para
formular la calificación jurídica, de forma que no pueda
orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda
estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio,
es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación
lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe
servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o
“quaestio iuris”. Esta Sala de lo Penal considera que no se
advierte la falta de claridad o ambigüedad en la
fundamentación fáctica de la sentencia al establecer la
participación de algunos individuos en la comisión de los
hechos que condujeron a la muerte de varias personas mediante
incendio que se encontraban al interior de la Celda No. 6) de
la Granja Penal del Porvenir. Cuestión distinta es que en
dicho relato ni siquiera se mencione la presencia y
contribución al momento de su ejecución de alguno de los
imputados, sobre lo cual nos referiremos al resolver el
motivo que por infracción de ley ha formulado la Defensa de
los encartados. Ahora resulta pertinente analizar si la
Recurso de Casación No. 400-2008
253
fundamentación fáctica de la sentencia adolece de la
suficiente claridad y precisión en lo que se refiere a la
participación de los encausados ADAN AMPARO SOTO CRUZ y JORGE
ALBERTO CABALLERO, en lo que concierne a la imputación que se
les hace por la comisión de treinta y siete delitos de
asesinato mediante alevosía y diecinueve delitos de tentativa
de asesinato alevoso. Así tenemos que: A) En el hecho probado
Vigésimo Tercero se afirma que tras la irrupción de elementos
de seguridad del Estado en el interior de la Granja Penal del
Porvenir, el procesado ADAN AMPARO SOTO CRUZ, salió al igual
que otros ocho reos rondines de las diferentes celdas y otros
espacios en los que se habían refugiado, procediendo a
golpear con toletes, palos y armas blancas a los reos
pandilleros que encontraban, algunos de ellos ya heridos por
armas de fuego, circunstancia de la que tenía conocimiento el
coimputado ya fallecido ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS sin que
éste realizara acción alguna para evitarlo. Mas adelante en
el hecho probado Trigésimo se establece que Quince (15)
minutos después de que los primeros reos pandilleros habían
salido de la celda número dos, uno de los encausados señaló a
varios estos que se encontraban en indefensión pero que
anteriormente andaban armados y que tenían el carácter de
cabecillas, mismos a los que tras la referida señalización la
policía les disparó haciéndolo igualmente con los demás
pandilleros que se encontraban en el lugar. Tras lo cual los
reos rondines al ver que algunos de los reos pandilleros aun
estaban vivos procedieron a agredirlos con palos, piedras y
armas blancas. Igualmente lo hacían con los reos pandilleros
que salieron después de la celda dos (2) y que se hacían los
muertos, todo ello a vista y consentimiento de la Policía
Penitenciaria, Policía Nacional Preventiva, elementos Cobras
y miembros del ejército que se encontraban en el lugar. De
esta manera se afirma que el reo rondín Adán Amparo Soto,
(alias Comayagua), agredió con cuchillos y palos al reo
pandillero Arnol José Hernández, (alias El trabado); el reo
rondín Pavel Eduardo Rodríguez Flores, (alias Chinapopo)
agredió con machete al reo pandillero Leonel Aníbal Ortega
Garay, (alias El Killer); el reo Héctor Wilfredo Jiménez,
(alias El Basucazo), agredió con un leño y arma blanca al reo
pandillero Oscar Geovanny Hernández Velásquez, (alias El
Pewee); Para finalmente concluir que los reos rondines Santos
Geovany Banegas, Tomas Rivera Guevara, (alias Cabuya) y José
Roberto Caballero, (alias Cobra), agredieron a otros reos
pandilleros usando palos y armas blancas. En el hecho probado
CUADRAGESIMO QUINTO el Tribunal Sentenciador hace una
relación del fallecimiento de treinta y siete personas que
murieron violentamente a consecuencia de heridas ejecutadas
con armas blancas, objetos contundentes y/o disparos de armas
de fuego, en tanto que en el hecho probado CUADRAGESIMO SEXTO
se hace una relación de reos pandilleros que habiendo sufrido
agresiones físicas no resultaron muertos tras la finalización
de los acontecimientos suscitados. Del análisis conjunto de
los hechos probados antes relacionados en los que aparece
realizando diversas acciones el imputado ADAN AMPARO SOTO
CRUZ, a quien el Tribunal de Instancia condenó a título de
coautor como responsable de haber contribuido en un plan
espontáneo y colectivo a causar la muerte de treinta y siete
personas e intentar quitarle la vida a diecinueve, podemos
Recurso de Casación No. 400-2008
254
afirmar que dadas las circunstancias en que se produjeron los
hechos objeto de juzgamiento con múltiples sujetos activos y
una gran cantidad de víctimas, que en su mayoría perdieron la
vida en tanto que las demás presentaban múltiples lesiones
tras la conclusión de los sucesos, resulta razonable que el
Tribunal de Instancia no haya establecido con rigurosa
minuciosidad y con prolijidad de detalles las incidencias
ocurridas durante el desarrollo de los acontecimientos, de
tal manera que la fundamentación fáctica de la sentencia
recurrida no acusa la oscuridad, ambigüedad o imprecisión
señalada por el Censor, que impida como un obstáculo
insalvable determinar si dicho encartado han incurrido o no
en la comisión de los hechos criminosos que se le atribuyen.
El recurrente alega que la inclusión en el relato fáctico, de
la valoración en torno a que los acusados salieron de los
lugares donde se habían refugiado proponiéndose quitarle la
vida a todos los reos pandilleros, y que además actuaron
movidos por la venganza constituyen conceptos
predeterminantes del fallo. Sobre esto es importante señalar
que tales frases no constituyen expresiones técnico-
jurídicas, sino que juicios de inferencia102, mediante los
cuales se determina el elemento subjetivo del delito, de modo
que si bien es cierto que su ubicación resulta más acertada
en la fundamentación intelectiva y jurídica de la sentencia,
en cuanto extraídos de los datos objetivos relatados, su
inclusión en el relato de hechos probados, siempre y cuando
no vacíe el contenido de los mismos, es revisable en casación
por la vía del artículo 360 párrafo primero del Código
Procesal Penal103, si de los restantes elementos fácticos
narrados por el Juzgador se acredita la equivocación de éste
al atribuir al procesado que esos eran y no otros, los
móviles que le impulsaron a cometer el delito. De este modo,
y siendo que el cuadro fáctico expuesto en la sentencia, aún
suprimiendo mentalmente ese juicio de inferencia, resulta
narrado con un mínimo de claridad y amplitud para determinar
cual fue la intención que movió al encartado para realizar
las acciones que se le imputan, esta Sala es del criterio que
el motivo alegado por el Censor debe ser desestimado. B)
Respecto al procesado JORGE ALBERTO CABALLERO: En el hecho
probado Vigésimo Tercero se afirma que tras la irrupción de
elementos de seguridad del Estado en el interior de la Granja
Penal del Porvenir, el procesado JORGE ALBERTO CABALLERO,
salió junto con otros ocho reos rondines de las diferentes
celdas y otros espacios en los que se habían refugiado,
procediendo a golpear con toletes, palos y armas blancas a
los reos pandilleros que encontraban, algunos de ellos ya
heridos por armas de fuego, circunstancia de la que tenía
conocimiento uno de los coimputados ya fallecido y miembro
del ejército nacional, sin que éste realizara acción alguna
para evitarlo. Mas adelante en el hecho probado Trigésimo se
establece que Quince (15) minutos después de que los primeros
reos pandilleros habían salido de la celda número dos, uno de
los reos rondines señaló a varios estos que se encontraban en
indefensión pero que anteriormente andaban armados y que
102 Vid. LUZON CUESTA, JOSE MARIA, El Recurso de Casación Penal, 2ª
edición, Editorial Colex, Madrid, 2000, págs. 147-148, 151-152. 103 Referido a la casación por infracción de ley.
Recurso de Casación No. 400-2008
255
tenían el carácter de cabecillas, mismos a los que tras la
referida señalización la policía les disparó, haciéndolo
igualmente con los demás pandilleros que se encontraban en el
lugar. Tras lo cual los reos rondines al ver que algunos de
los reos pandilleros aun estaban vivos procedieron a
agredirlos con palos, piedras y armas blancas. Igualmente lo
hacían con los reos pandilleros que salieron después de la
celda dos (2) y que se hacían los muertos, todo ello a vista
y consentimiento de la Policía Penitenciaria, Policía
Nacional Preventiva, elementos Cobras y miembros del ejército
que se encontraban en el lugar. De esta manera se afirma que
el reo rondín Adán Amparo Soto, (alias Comayagua), agredió
con cuchillos y palos al reo pandillero Arnol José Hernández,
(alias El trabado); el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores, (alias Chinapopo) agredió con machete al reo
pandillero Leonel Aníbal Ortega Garay, (alias El Killer); el
reo Héctor Wilfredo Jiménez, (alias El Basucazo), agredió con
un leño y arma blanca al reo pandillero Oscar Geovanny
Hernández Velásquez, (alias El Pewee); Para finalmente
concluir que los reos rondines Santos Geovany Banegas, Tomas
Rivera Guevara, (alias Cabuya) y José Roberto Caballero,
(alias Cobra), agredieron a otros reos pandilleros usando
palos y armas blancas. En el hecho probado CUADRAGESIMO
QUINTO el Tribunal Sentenciador hace una relación del
fallecimiento de treinta y siete personas que murieron
violentamente a consecuencia de heridas ejecutadas con armas
blancas, objetos contundentes y/o disparos de armas de fuego,
en tanto que en el hecho probado CUADRAGESIMO SEXTO se hace
una relación de reos pandilleros que habiendo sufrido
agresiones físicas no resultaron muertos tras la finalización
de los acontecimientos suscitados. Del análisis conjunto de
los hechos probados antes relacionados en los que aparece
realizando diversas acciones el imputado JORGE ALBERTO
CABALLERO, a quien el Tribunal de Instancia condenó a título
de coautor como responsable de haber contribuido en un plan
espontáneo y colectivo a causar la muerte de treinta y siete
personas e intentar quitarle la vida a diecinueve, podemos
afirmar que dadas las circunstancias en que se produjeron los
hechos objeto de juzgamiento con múltiples sujetos activos y
una gran cantidad de víctimas, que en su mayoría perdieron la
vida en tanto que las demás presentaban múltiples lesiones
tras la conclusión de los sucesos, resulta razonable que el
Tribunal de Instancia no haya establecido con rigurosa
minuciosidad y con prolijidad de detalles las incidencias
ocurridas durante el desarrollo de los acontecimientos, de
tal manera que la fundamentación fáctica de la sentencia
recurrida no acusa la oscuridad, ambigüedad o imprecisión
señalada por el Censor, que impida como un obstáculo
insalvable determinar si dicho encartado han incurrido o no
en la comisión de los hechos criminosos que se le atribuyen.
El recurrente alega que la inclusión en el relato fáctico, de
la valoración en torno a que los acusados salieron de los
lugares donde se habían refugiado proponiéndose quitarle la
vida a todos los reos pandilleros, y que además actuaron
impulsados por la venganza, constituyen conceptos
predeterminantes del fallo. Sobre esto es importante señalar
que tales frases no constituyen expresiones técnico-
Recurso de Casación No. 400-2008
256
jurídicas, sino que juicios de inferencia104, mediante los
cuales se determina el elemento subjetivo del delito, de modo
que si bien es cierto que su ubicación resulta más acertada
en la fundamentación intelectiva y jurídica de la
sentencia105, en cuanto extraídos de los datos objetivos
relatados, su inclusión en el relato de hechos probados,
siempre y cuando no vacíe el contenido de los mismos, es
revisable en casación por la vía del artículo 360 párrafo
primero del Código Procesal Penal106, si de los restantes
elementos fácticos narrados por el Juzgador se acredita la
equivocación de éste al atribuir al procesado que esos eran y
no otros, los móviles que le impulsaron a cometer el delito.
De este modo, y siendo que el cuadro fáctico expuesto en la
sentencia, aún suprimiendo mentalmente tales juicios de
inferencia, los hechos probados resultan narrados con un
mínimo de claridad y amplitud para determinar cuales fueron
las intenciones que movieron al encartado para realizar las
acciones que se le imputan, esta Sala es del criterio que el
motivo alegado por el Censor debe ser desestimado.
XXXVI.- El Recurrente Abogado FREDY ANASTACIO GALLO, en su
condición de Defensor Público de los señores Adán Amparo Soto
Cruz y Jorge Alberto Caballero, desarrolló su Recurso de
Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma de
la siguiente manera: ―EXPOSICIÒN DE LOS MOTIVOS DE
CASACIÒN POR INFRACCIÓN DE LEY PRIMER MOTIVO: Aplicación
indebida del articulo 117 de Código Penal, en relación con
el 15 del mismo cuerpo Legal. SEGUNDO MOTIVO: Aplicación
indebida del artículo 117 del Código Penal. PRECEPTO
AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra
comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal
EXPLICACIÒN DEL PRIMER MOTIVO Las normas penales que aplica
indebidamente el sentenciador son el artículo 117 y el 15 del
Código Penal que establecen: Artículo 117: ―Es reo de
asesinato quien de muerte a una persona ejecutándola con la
concurrencia de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía;
2) Con Premeditación, conocida; 3) Por medio de inundación,
incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento,
volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio
que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo o
intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando
deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por
asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de
reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o
promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación,
la pena será de treinta (30) a privación de por vida de la
libertad‖ Artículo 15: ―Hay tentativa cuando, con la
intención de cometer un delito determinado, se realizan actos
104 Vid. LUZON CUESTA, JOSE MARIA, El Recurso de Casación Penal, 2ª
edición, Editorial Colex, Madrid, 2000, págs. 147-148, 151-152. 105 En la fundamentación intelectiva el Juzgador debe dedicarse a la
valoración propiamente dicha de la prueba, en tanto que en la
fundamentación jurídica, el Juez después de analizar las distintas
posibilidades argumentativas debatidas por las partes, racionalmente opta
por una de ellas, diciendo por qué considera que los hechos deben ser
subsumidos en tal o cual norma sustantiva, vid. sobre esta temática:
ARROYO GUTIERREZ, JOSE MANUEL / RODRIGUEZ CAMPOS, ALEXANDER, en Lógica
Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal, Editorial Jurídica
Continental, 2ª edición, San José de Costa Rica, 2002, págs. 135 y ss. 106 Referido a la casación por infracción de ley.
Recurso de Casación No. 400-2008
257
inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a
la voluntad de agente‖. El Juzgador estimó como ―HECHOS
PROBADOS‖, entre otros los siguientes: ―VIGÈSIMO TERCERO: Los
reos rondines Adán Amparo Soto, (alias Comayagua) Jorge
Alberto Caballero, (alias cobra) Luís Alberto Cruz Valdivia
(alias Chica sexy) Oscar Alexander Ocampo (alias Matador)
Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias Chinapopo) Santos
Efraín Arteaga Pérez (alias chaparro), Tomas Rivera Guevara
(alias Cabuya), con ayuda de los reos Santo Geovany Banegas
(alias Banegas) y Héctor Wilfredo Jiménez (alias el
Basucazo), salen de las diferentes celdas y lugares donde
habían tenido refugio, proponiéndose quitarle la vida a todos
los reos pandilleros, procediendo a golpear con toletes,
palos, piedra y con armas blancas, a los reos pandillero que
encontraban, algunos de ellos ya heridos por los disparos de
arma de fuego, aceptando esto los policías penitenciarios y
miembros del ejército que se encontraban en ese momento y con
ellos Roger Armando Sosa Iglesias el que no realiza ninguna
acción para impedir o evitar lo que está aconteciendo.
VIGÈSIMO CUARTO: Pasadas las 09:25 a.m. en venganza, el reo
rondín Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias Chinapopo),
cierra con candado la celda seis (6), hacia donde policías
penitenciarios y miembros del ejército han disparado, para
luego tirar cajones, palos y mesas a la puerta de esa celda,
con ayuda de los reos rondines Adán Amparo Soto (alias
Comayagua) y Javier Antonio Solís Ponce, (alias Javier
Solís), seguidamente el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores consigue un liquido acelerante, regresando a la celda
seis (6) por la parte de atrás siguiendo el pasillo de la
comandancia de guardia, y junto con los reos rondines, Luís
Alberto Cruz Valdivia, (alias chica sexy) Santos Efraín
Arteaga Pérez (alias el chaparro) y el reo Santo Geovany
Banegas, prenden en fuego con el acelerante, varias
colchonetas las que tiran hacia el interior de la celda seis
(6), por las ventanas traseras, rociando de acelerante la
madera del techo de dicha celda, al que también prendieron
fuego, mientras que las personas que se encontraban adentro,
trataban de sofocarlo, agarrando agua del baño, gritaban
pidiendo auxilio y rogando clemencia, sin lograr controlar el
fuego; de todo ello lograron tener conocimiento los policías
penitenciarios Dimas Antonio Benítez, Pedro Pérez Chavarria y
el miembro del ejército Roger Armando Sosa Iglesias, sin que
realizaran acción alguna para evitarlo. En ese momento el
policía penitenciario Gilberto Hernández García, escuchó los
gritos de las personas que se encontraban dentro de la celda
seis (6), e instantes después observó el humo provocado por
el fuego de la celda seis, sin que tampoco realizara acción
alguna.‖ Si observamos Honorables Magistrados el juzgador
calificó que tales hechos declarados probados constituyen un
delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA
fundamentado en el Artículo 117 en relación con el 15 del
Código Penal; sobre este particular, la defensa de los
señores ADAN AMAPARO SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO CABALLERO
considera que el juzgador arriba a tal decisión por una
errónea interpretación del referido articulo 117 del Código
Penal con relación al 15 del referido cuerpo legal, pues en
los hechos probados no se aprecia de manera clara y precisa
los elementos indispensables para catalogar la conducta de
Recurso de Casación No. 400-2008
258
mis representados como constitutiva del delito de TENTATIVA
DE ASESINATO, en vista que en el caso subjudice, los hechos
probados carecen de la circunstancia especial considerada por
el sentenciador para calificarlo como tal, pues no establece
cuales fueron las causas ajenas a la voluntad del agente que
hacen que mis representados no alcanzaran el resultado
esperado. Los hechos probados antes mencionados no enmarcan
de manera perfecta, el accionar de mis patrocinados ADAN
AMPARO SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO CABALLERO como constitutivos
de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, como se
dijo antes el sentenciador omite establecer cual fue la
circunstancia especial que considera el sentenciador para
calificarlo como tal, es decir la causa ajena a la voluntad
del agente para que los imputados no alcanzaran el resultado
esperado. INTERPRETACION PRETENDIDA: Al no plasmarse de
manera concreta la acción de mis representados ADAN AMPARO
SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO CABALLERO en los sucesos a ellos
acusados, convierte a los hechos probados en meras
especulaciones, en relatos sin sentido y al no establecerse
cual fue la circunstancia especial que considero el
sentenciador para calificarlo como delito de ASESINATO EN SU
GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA y cuales fueron esas causas
ajenas a la voluntad del agente para que los imputados no
alcanzaran el resultado esperado, es que solicitamos al
Tribunal de Casación (Sala Penal) que se aplique
correctamente la norma penal con el dictado de un fallo
absolutorio.
XXXVI.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DE LOS IMPUTADOS ADAN AMPARO SOTO CRUZ Y JORGE
ALBERTO MALDONADO, ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE EL TRIBUNAL
DE INSTANCIA AL CONDENAR A LOS ENCAUSADOS ANTES MENCIONADOS A
TITULO DE COAUTORES DE DIECINUEVE DELITOS DE TENTATIVA DE
ASESINATO ALEVOSO, HA INCURRIDO EN UNA APLICACIÓN INDEBIDA
DEL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN AL 15 DEL MISMO
TEXTO PUNITIVO.
Argumenta el recurrente que el A Quo incurre en aplicación
indebida del Artículo 117 del Código Penal, que tipifica el
delito de Asesinato, en relación al 15 del mismo texto legal,
que describe el grado de ejecución de tentativa. El Censor
alega que la decisión del juzgador por la que condena a los
encausados ADAN AMPARO SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO CABALLERO,
en aplicación del artículo 117 y 15 del Código Penal, es
errónea, en tanto que de los hechos declarados probados no se
aprecia de manera clara y precisa, los elementos objetivos y
subjetivos del tipo penal. Estima que en los hechos probados
no se concretiza la forma en que los acusados realizan las
acciones por las que el A Quo les condena por el delito de
ASESINATO EN EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA y menos
cuales fueron esas causas ajenas a la voluntad del agente que
impiden que alcancen el resultado esperado, de tal manera que
las acciones de los encausados ADAN AMPARO SOTO CRUZ y JORGE
ALBERTO CABALLERO, no pueden subsumirse en los delitos de
ASESINATO en su grado de ejecución de TENTATIVA que se les
atribuyen, además omite establecer las acciones mediante las
cuales hayan intentado quitar la vida en forma alevosa a los
internos, los nombres de los ofendidos y no describe cual fue
Recurso de Casación No. 400-2008
259
el resultado de sus acciones para catalogar su conducta como
ASESINATO en el grado de ejecución de TENTATIVA. Tampoco se
desprende del relato fáctico la circunstancia especial que
considera el A Quo para calificar el delito de asesinato, es
decir, cual de las cuatro circunstancias calificadores toma
en cuenta para agravar la responsabilidad de los acusados de
homicidio a Asesinato: Si bien menciona en la parte
dispositiva que fue por Alevosía, la misma no aparece de
manera clara en la lectura de los hechos probados. Esta Sala
de Penal considera pertinente recordar que la alevosía supone
el empleo de procedimientos que facilitan el hecho. La define
el artículo 27 No. 2) del Código Penal: “hay alevosía cuando
el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y
la integridad personal, empleando medios, modos o formas en
la ejecución que tiendan directa y especialmente a
asegurarlas, sin riesgo para su persona que proceda de la
defensa que pudiera hacer el ofendido.”. En este sentido, la
alevosía exige que los procedimientos empleados tiendan,
directa y especialmente a asegurar la ejecución, evitando el
riesgo de una posible defensa del ofendido. Ejemplos de
ataques alevosos son los que se producen por la espalda107, o
estando la víctima en la cama o de rodillas. Los ataques a
traición son alevosos. Lo decisivo en la alevosía es, por
tanto, el aseguramiento de la ejecución del hecho y la
ausencia del riesgo ante la defensa que pudiera hacer el
ofendido. La alevosía puede aparecer en cualquier momento de
la ejecución del delito, no exigiéndose para su apreciación
ningún tipo de premeditación o preparación, de tal manera que
puede surgir en el mismo momento en que se ejecuta el hecho
(el sujeto aprovecha que su enemigo le da la espalda para
dispararle). En algunas corrientes jurisprudenciales se
distinguen tres supuestos de asesinato alevoso. La llamada
alevosía proditoria o traicionera, si concurre celada, trampa
o emboscada; la sorpresiva, que se materializa en un ataque
súbito o inesperado; y la alevosía por desvalimiento, en la
que el agente se aprovecha de una especial situación de
desamparo de la víctima que impide cualquier manifestación de
defensa108. Por otro lado también resulta oportuno recordar
que el artículo 15 del código penal establece: “hay tentativa
cuando, con la intención de cometer un delito determinado se
realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente”. El tipo de la
tentativa requiere de los siguientes elementos: a) en la
parte objetiva, una ejecución parcial o total de los actos
ejecutivos no seguida de consumación, b) en la parte
subjetiva, la voluntad de consumación, c) la ausencia de
desistimiento voluntario. El comienzo de la ejecución
necesario para la tentativa requiere que se traspase la
frontera que separa los actos preparatorios (sí los hay) de
los actos ejecutivos. Subjetivamente la tentativa requiere
que el sujeto quiera los actos que objetivamente realiza con
107 Aunque hay que precisar, que no por ello se convierte automáticamente
en alevosa la muerte producida por una puñalada en la espalda o al
rematar al contendiente caído en el suelo, en el transcurso de una pelea
en la que ambos contendientes actúan en igualdad de condiciones, vid.
MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, Derecho Penal, Parte Especial, 14ª edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 53-54 108 Vid. http://www.unav.es/penal/crimina/T%F3picos%20html/alevosia.html
Recurso de Casación No. 400-2008
260
ánimo de consumar el hecho o, al menos aceptando (con
seguridad o con probabilidad) que pueden dar lugar a la
consumación. Por último se requiere la concurrencia de un
elemento negativo, y que consiste en el que el hecho no se
consume por causas ajenas a la voluntad del agente.
Recapitulando podemos afirmar que la tentativa se presenta
cuando se ejecutan actos considerados indispensables para
llevar a cabo el comportamiento tipificado en la ley penal y
que en el caso concreto deben serlo efectivamente conforme al
fin propuesto, pero factores extraños o ajenos a la voluntad
del autor impiden que éste logre la producción del resultado
perseguido. Así las cosas podemos afirmar que habrá una
tentativa de asesinato alevoso, cuando el agente realiza
actos inequívocos de ejecución dirigidos a causar la muerte
de una persona, empleando medios, modos o formas que tiendan
directa y especialmente a asegurar dicho resultado, sin
riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera
hacer el ofendido pero por causas ajenas a la voluntad del
imputado el delito no alcanza la consumación. Un análisis del
relato fáctico en todo su contexto nos permite constatar que
en los hechos probados decimoséptimo, decimonoveno y
cuadragésimo primero se describen las acciones ejecutadas por
varios reos pandilleros que dieron como resultado en algunos
casos la muerte y en otros las lesiones causadas a varios
reos comunes, así como también los intentos por acabar con la
vida de estos últimos mediante incendio y otros medios
idóneos, De este modo y si bien es cierto que de la
fundamentación fáctica no se desprende la existencia de una
causa de justificación ni otra eximente de responsabilidad
criminal a favor de los procesados ADAN AMPARO SOTO CRUZ y
JORGE ALBERTO CABALLERO, por las agresiones que ejecutaran en
perjuicio de otros individuos, no es menos cierto que
tampoco se desprende del mismo relato fáctico que las
referidas agresiones hayan sido a traición, inesperadas,
mediante emboscada o celada, o aprovechándose de una
situación de evidente desvalimiento de los ofendidos, de ahí
que no podamos afirmar de manera indubitada y a partir de los
hechos declarados probados que los imputados al perpetrar las
acciones que se les imputan hayan empleado particulares
medios, modos o formas en la ejecución de los hechos con la
finalidad de asegurar el resultado, sin los riesgos que para
su persona hubieran podido proceder de una reacción defensiva
por parte de los ofendidos, de ahí que la agresiones tantas
veces referidas no puedan calificarse como alevosas y por lo
tanto constitutivas de delitos de tentativa de asesinato, por
lo que el comportamiento de los acusados al contribuir de
manera mancomunada, en un plan espontáneo y colectivo con la
finalidad de dar muerte a los reos pandilleros, propósito que
finalmente y respecto a los diecinueve reos pandilleros
sobrevivientes no resultara alcanzado por causas ajenas a su
voluntad, se subsume en la figura de la tentativa de
homicidio simple, tipificada en el artículo 116 párrafo
primero del Código Penal en relación al artículo 15 del mismo
texto punitivo, considerando esta Sala que como mínimo, de
manera analógica y en bonam partem, concurre a favor de los
procesados ADAN AMPARO SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO CABALLERO,
Recurso de Casación No. 400-2008
261
la atenuante de haber precedido de parte del ofendido,
provocación o amenaza proporcionada al delito109. Es cierto
como lo expone el Censor, que en el relato fáctico no se
establece puntualmente y con detalle cuales fueron las
acciones que individualmente trajeron como consecuencia la
puesta en peligro de la vida de diecinueve personas, pero no
es menos cierto que del mismo relato fáctico se colige que
los acusados junto con otros realizaron una misma y compleja
operación delictiva, de tal manera que cada uno de ellos
mediante acciones ejecutivas idóneas para causar la muerte de
otras personas, esto es, utilizando armas cortopunzantes,
palos, piedras y otros objetos contundentes, reforzándose
unos y otros, realizaron una parte diversa pero esencial con
la finalidad de alcanzar el éxito de la referida operación,
cuyos resultados particularmente se reflejan en las
dictámenes médicos efectuadas por los médicos forenses y
descritas en los hechos probados en los que se aprecian con
detalle que los diecinueve reos pandilleros que sobrevivieron
presentan múltiples heridas causadas con los medios antes
señalados. Una cosa es que de un grupo de personas no se
tenga la certeza respecto a quienes participaron en el hecho,
y otra muy diferente, es que más allá de toda duda razonable,
se tenga por probado que un hecho fue producido por la acción
conjunta de un grupo de individuos, pues en éste último
evento la imprecisión de los detalles no altera la
responsabilidad que como coautores les es imputable a todos.
De este modo resulta que la decisión mancomunada, es decir,
la decisión común del hecho de los referidos imputados junto
con otros es lo que ha determinado la conexión de las partes
del suceso ejecutadas por cada uno de ellos y a partir de la
que es posible imputarle a cada encausado la parte realizada
por cada una de los otros110. Recapitulando podemos afirmar
que del relato fáctico se desprende la descripción de actos
ejecutivos realizados por los procesados ADAN AMPARO SOTO
CRUZ y JORGE ALBERTO CABALLERO con el evidente propósito de
causar la muerte de los reos pandilleros internos en la
granja penal del Porvenir, voluntad compartida con otros
encartados, resultado que no se logra alcanzar cuando
transcurridos unos veinte minutos desde que hubiera arribado
al escenario de los acontecimientos el encausado CARLOS
ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ, al percatarse de la presencia de
representantes de los medios de comunicación ordenó que
cesaran los disparos que aún efectuaban elementos de
seguridad del Estado y que reforzaban la actividad criminal
ejecutada por los imputados antes mencionados111. De este modo
109 El artículo 26 No. 4) del Código Penal establece que constituye una
circunstancia atenuante ―haber precedido inmediatamente de parte del
ofendido, provocación o amenaza proporcionada al delito‖. Por su parte el
numeral 14) del mismo precepto legal, prevé que constituye circunstancia
atenuante: ―cualquier otra circunstancia análoga a las anteriores..‖ 110 Sobre la figura de la coautoría en particular, vid. MARQUEZ CARDENAS,
ALVARO ENRIQUE, en La Coautoría en la Dogmática Penal, frente a otras
formas de Autoría y Participación, Universidad Libre de Colombia, Bogotá,
2008, págs. 65 y ss. 111
Cabe señalar que en el caso de la víctima de tentativa de homicidio, identificada como JOSE ROBERTO MALDONADO, las causas ajenas que impiden a
los responsables de esa infracción que alcancen su objetivo, es la
intervención de un hermano de aquel, perteneciente a la Fuerza Aérea
Hondureña. Vid. Hecho Probado Trigésimo Segundo.
Recurso de Casación No. 400-2008
262
se impone a los encartados la pena mínima de diez años de
reclusión por cada una de las tentativas de homicidio
ejecutadas, para hacer un total de ciento noventa años de
reclusión. De este modo se estima parcialmente y en los
términos antes expuestos, el motivo que por infracción de ley
interpusiera la Defensa de los imputados ADAN AMPARO SOTO
CRUZ y JORGE ALBERTO CABALLERO para desvanecer los cargos de
diecinueve delitos de tentativa de asesinato por los cuales
resultaran condenados.
XXXVII.- EXPOSICION DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN La norma
penal que aplica indebidamente el sentenciador es el artículo
117 del Código Penal: Artículo 117: ―Es reo de Asesinato,
quien de muerte a una persona ejecutándola con la
concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes:
1) Alevosía; 2) Con premeditación conocida; 3) Por medio de
Inundación, incendio, envenenamiento, explosión
descarrilamiento, volcamiento o avería de buque u otro
artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que
haya dolo e intencionalidad; y 4) con ensañamiento,
aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.-
La pena de Asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años
de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa
o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación,
la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de
la libertad‖. Si observamos Honorables Magistrados el
Juzgador califico los Hechos Probados antes descritos en el
Motivo Primero que los mismos constituían por una parte el
delito de ASESINATO que es el caso que nos ocupa y estamos
tratando fundamentado en el artículo 117 del Código Penal por
lo que esta defensa considera que el Juzgador arriba a tal
decisión por una errónea interpretación del artículo 117, en
vista que en los hechos probados no se aprecia de manera
clara y precisa los elementos indispensables para catalogar
la conducta de mis representados como constitutiva de tal
delito de ASESINATO en este caso el elemento objetivo y
subjetivo del tipo penal.- En el caso subjudice, los hechos
probados carecen de tales elementos y no concretizan de
manera puntual y clara, la forma en que nuestros patrocinados
realizan esas acciones que hace que el Juzgador los condene
por el delito de ASESINATO. Los hechos probados antes
mencionados no enmarcan de manera perfecta, el accionar de
mis patrocinados ADAN AMPARO SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO
CABALLERO como constitutivos de ASESINATO, al grado tal que
omite establecer los nombres de los sujetos pasivos de los
hechos (ofendidos) y más grave aun no establece cual fue el
resultado de sus acciones, no concretiza si como resultado de
tales acontecimientos, se produjo el resultado muerte,
necesario para catalogar la conducta de mis patrocinados como
ASESINATO. INTERPRETACION PRETENDIDA: Al no plasmarse de
manera concreta la acción de mis representados ADAN AMPARO
SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO CABALLERO en los hechos a ellos
imputados, convierte a los hechos probados en meras
especulaciones, en relatos sin sentido, por no haberse
establecido de forma clara y concreta los nombres de los
Recurso de Casación No. 400-2008
263
sujetos pasivos, circunstancia esta que no consideró el
Tribunal y haberlo calificarlo como delito de ASESINATO, es
por ello que solicitamos a la Sala de lo Penal que se aplique
correctamente la norma penal con el dictado de un fallo
Absolutorio.
XXXVII.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY
INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS ACUSADOS ADAN AMPARO SOTO
CRUZ Y JORGE ALBERTO CABALLERO, ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE
QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA APLICO INDEBIDAMENTE EL
ARTICULO 117 DEL CÓDIGO PENAL CUANDO CONDENA A LOS ENCARTADOS
EN CALIDAD DE COAUTORES DE MULTIPLES DELITOS DE ASESINATO
CONSUMADO.
Argumenta el recurrente que el Juzgador ha incurrido en
aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal, norma
que tipifica el delito de Asesinato. El Censor señala que El
A Quo en base a los hechos declarados probados condena a los
acusados ADAN AMPARO SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO CABALLERO,
como autores del delito de ASESINATO. Alega que del cuadro
fáctico no se desprende la subsunción de un determinado tipo
penal, dado que a su entender no describe comportamiento
alguno de los acusados ADAN AMPARO SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO
CABALLERO, que constituya el delito de ASESINATO con
fundamento en el artículo 117 del Código Penal, por lo que
pide la correcta aplicación de la norma penal y que se dicte
un fallo Absolutorio. Esta Sala de lo Penal considera
importante recordar, que a través del recurso de casación por
infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración
jurídica del material fáctico descrito en la sentencia,
contenido en la formulación de hechos probados realizada por
el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional
recurso de apelación, propio del anterior sistema, que
provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal
revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de
casación por infracción de ley únicamente admite la
posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo
examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una
revisión jurídica de los hechos declarados probados. El
recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse
o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la
resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia
consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la
parte resolutiva de la sentencia, es incompatible,
irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la
narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que
resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar,
se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las
normas que deben aplicarse al caso concreto pero el Juzgador
hace una interpretación errónea de las mismas. Precisados los
límites en los que puede desenvolverse la función revisora de
esta Sala cuando del recurso de casación por infracción de
ley se trate, ahora es pertinente que indiquemos cuales son
los elementos objetivos y subjetivos del delito de asesinato
mediante incendio que se atribuye a los encartados ADAN
AMPARO SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO CABALLERO en perjuicio de
varias personas. La muerte de un ser humano a consecuencia de
la acción realizada por otra persona, valiéndose de medios
especialmente peligrosos o revelando una especial
Recurso de Casación No. 400-2008
264
perversidad, ha sido tradicionalmente castigada con mayor
severidad que el homicidio simple. En este sentido, el
asesinato se describe como la muerte de otra persona
ejecutada con alguna de las circunstancias mencionadas en el
artículo 117 del Código Penal. De este modo, la concurrencia
de algunas de las circunstancias del artículo 117 establece
la diferencia entre el homicidio y el asesinato. No obstante,
cabe señalar, que ambos delitos comparten características
comunes, así, aparte de la igualdad en el bien jurídico
protegido, que es la vida humana como valor ideal, coinciden
los sujetos, activo y pasivo, que pueden serlo cualquier
persona, sin más limitaciones que las que provienen del
concurso de leyes,112 el objeto material sobre el que recae
directamente la acción es el hombre vivo físicamente
considerado, y los problemas de la relación de la causalidad,
en virtud de la cual se debe establecer la conexión entre el
comportamiento del sujeto activo y el resultado que consiste
en la muerte efectiva de otra persona. En el caso concreto
que ahora nos ocupa, se ha declarado la responsabilidad penal
de los encausados ADAN AMPARO SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO
CABALLERO a título de coautores de varios delitos de
asesinato mediante incendio, modalidad prevista en el numeral
3) del precepto legal supracitado. La razón de la especial
agravación de la muerte de un ser humano cometido mediante
incendio, no es solamente la mayor perfidia del medio
empleado que revela un delincuente sumamente peligroso, sino
también el peligro general que tal medio y otros como la
inundación, explosión, descarrilamiento, etc… encierran para
la colectividad113. En lo que concierne a la coautoría esta se
presenta cuando varias personas, previa celebración de un
acuerdo común, que puede ser expreso o tácito, llevan a cabo
un hecho de manera mancomunada, mediante una contribución
objetiva a su realización, por lo que cada autor domina todo
el suceso en unión de otro o de otros. Un buen ejemplo lo
brinda la banda de asaltantes que planea atracar un banco, y
con tal fin se distribuyen las diversas tareas: reducir a los
guardias de seguridad, controlar a los concurrentes a la
entidad crediticia, abrir la caja fuerte, vigilar el
exterior, tomar el dinero entregado por los cajeros, etc..,
todos los intervinientes, pues, pueden ser considerados
coautores a condición de que reúnan las exigencias
correspondientes. De esta forma, en los casos de dominio del
hecho, las funciones que realizan los concurrentes, no son
las mismas, pero todos realizan alguna labor, y la suma de
ellas es la que permite la comisión del delito. Habiendo
determinado de manera sucinta cuales son los elementos
objetivos y subjetivos de la modalidad del delito de
asesinato antes apuntada, y explicada en términos generales
la figura de la coautoría, analizaremos sí a partir del
relato de hechos probados se puede atribuir a los acusados
los hechos criminosos antes apuntados. Una lectura detenida
de la fundamentación fáctica de la sentencia, revela que en
112 Así sí el sujeto pasivo es alguno de los Presidentes de los Poderes
del Estado, el delito aplicable es el previsto en el artículo 322, si se
trata del Jefe de Estado extranjero o Jefe de Gobierno extranjero, el
artículo 318, etc… 113
Vid. CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II, Revisada por CAMARGO
HERNANDEZ, CESAR, Bosch, Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1982, pág. 507.
Recurso de Casación No. 400-2008
265
el hecho probado vigésimo cuarto se describe que uno de los
encartados cerró con candado la puerta de acceso a la celda
No. 6, tras lo cual varios de los acusados entre los que se
encontraba el procesado ADAN AMPARO SOTO CRUZ, colocaron
cajones, palos y mesas frente a dicha puerta, y que
seguidamente, algunos de los reos rondines prendieron fuego
a varias colchonetas las que arrojaron por las ventanas de
las celda antes referida, lo que en una conexión-causa efecto
trajo como resultado la muerte de veintitrés personas
mediante incendio114. De este modo se describen las acciones
de varias personas que de manera deliberada y conjunta
contribuyeron, ya sea para causar un incendio en la Celda No.
6 de la Granja Penal del Porvenir o impedir la salida de
quienes se encontraba en su interior, lo que en una relación
causa-efecto trajo como resultado la muerte de varios seres
humanos (vid. Hecho Probado Cuadragésimo Tercero). De este
modo, del relato fáctico antes descrito se subsume la
comisión del delito de asesinato tipificado en el artículo
117 No. 3) del Código Penal y por ende atribuible al
encartado ADAN AMPARO SOTO CRUZ a título de coautor,
consecuentemente, se desestima el motivo de casación que por
infracción de ley interpusiera la Defensa para desvanecer los
delitos de asesinato mediante incendio por los cuales
resultara condenado. En lo que concierne al coimputado JORGE
ALBERTO CABALLERO, no se logra determinar en el relato
fáctico contenido en la sentencia, cual fue su contribución
que en una relación causa-efecto produjera la muerte por
incendio de varias personas que se encontraban al interior de
la celda No. 6) de la Granja Penal del Porvenir,
consecuentemente se declara con lugar el motivo de casación
por infracción de ley formulado por la Defensa, para
desvanecer los delitos de asesinato mediante incendio por los
cuales resultara condenado. En lo que concierne a los treinta
y siete delitos de asesinato alevoso consumado que se les
atribuye a los encartados ADAN AMPARO SOTO CRUZ y JORGE
ALBERTO CABALLERO esta Sala considera pertinente recordar que
la alevosía supone el empleo de procedimientos que facilitan
el hecho. La define el artículo 27 No. 2) del Código Penal:
“hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los
delitos contra la vida y la integridad personal, empleando
medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y
especialmente a asegurarlas, sin riesgo para su persona que
proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido.”. En
este sentido, la alevosía exige que los procedimientos
empleados tiendan, directa y especialmente a asegurar la
ejecución, evitando el riesgo de una posible defensa del
ofendido. Ejemplos de ataques alevosos son los que se
producen por la espalda115, o estando la víctima en la cama o
de rodillas. Los ataques a traición son alevosos. Lo decisivo
en la alevosía es, por tanto, el aseguramiento de la
ejecución del hecho y la ausencia del riesgo ante la defensa
114
Vid. Hecho Probado No. Cuadragésimo Tercero. 115 Aunque hay que precisar, que no por ello se convierte automáticamente
en alevosa la muerte producida por una puñalada en la espalda o al
rematar al contendiente caído en el suelo, en el transcurso de una pelea
en la que ambos contendientes actúan en igualdad de condiciones, vid.
MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, Derecho Penal, Parte Especial, 14ª edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 53-54
Recurso de Casación No. 400-2008
266
que pudiera hacer el ofendido. La alevosía puede aparecer en
cualquier momento de la ejecución del delito, no exigiéndose
para su apreciación ningún tipo de premeditación o
preparación, de tal manera que puede surgir en el mismo
momento en que se ejecuta el hecho (el sujeto aprovecha que
su enemigo le da la espalda para dispararle). En algunas
corrientes jurisprudenciales se distinguen tres supuestos de
asesinato alevoso. La llamada alevosía proditoria o
traicionera, si concurre celada, trampa o emboscada; la
sorpresiva, que se materializa en un ataque súbito o
inesperado; y la alevosía por desvalimiento, en la que el
agente se aprovecha de una especial situación de desamparo de
la víctima que impide cualquier manifestación de defensa116.
Un análisis del relato fáctico en todo su contexto nos
permite constatar que en los hechos probados decimoséptimo,
decimonoveno y cuadragésimo primero se describen las acciones
ejecutadas por varios reos pandilleros que dieron como
resultado en algunos casos la muerte y en otros las lesiones
causadas a varios reos comunes, así como también los intentos
por acabar con la vida de estos últimos mediante incendio y
otros medios idóneos, De este modo y si bien es cierto que de
la fundamentación fáctica no se desprende la existencia de
una causa de justificación ni otra eximente de
responsabilidad criminal a favor de los imputados ADAN AMPARO
SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO CABALLERO, por las agresiones que
ejecutaran en perjuicio de otros individuos, no es menos
cierto que tampoco se desprende del mismo relato fáctico que
las referidas agresiones hayan sido a traición, inesperadas,
mediante emboscada o celada, o aprovechándose de una
situación de evidente desvalimiento de los ofendidos, de ahí
que no podamos afirmar de manera indubitada y a partir de los
hechos declarados probados que los encausados al perpetrar
las acciones que se le imputan hayan empleado particulares
medios, modos o formas en la ejecución de los hechos con la
finalidad de asegurar el resultado, sin los riesgos que para
su persona hubieran podido proceder de una reacción defensiva
por parte de los ofendidos, de ahí que la agresiones tantas
veces referidas no puedan calificarse como alevosas y por lo
tanto constitutivas de delitos de asesinato, por lo que el
comportamiento de los acusados al contribuir de manera
mancomunada, en un plan espontáneo y colectivo con la
finalidad de dar muerte a los reos pandilleros, propósito que
finalmente resultara alcanzado, se subsume en la figura del
homicidio simple, tipificada en el artículo 116 párrafo
primero del Código Penal, considerando esta Sala que como
mínimo, de manera analógica y en bonam partem, concurre a
favor de los procesados , la atenuante de haber precedido de
parte del ofendido, provocación o amenaza proporcionada al
delito117. Es cierto como lo expone el Censor, que en el
relato fáctico no se establece puntualmente y con detalle
cuales fueron las acciones que individualmente trajeron como
consecuencia la muerte de treinta y siete personas, pero no
116 Vid. http://www.unav.es/penal/crimina/T%F3picos%20html/alevosia.html 117 El artículo 26 No. 4) del Código Penal establece que constituye una
circunstancia atenuante ―haber precedido inmediatamente de parte del
ofendido, provocación o amenaza proporcionada al delito‖. Por su parte el
numeral 14) del mismo precepto legal, prevé que constituye circunstancia
atenuante: ―cualquier otra circunstancia análoga a las anteriores..‖
Recurso de Casación No. 400-2008
267
es menos cierto que del mismo relato fáctico se colige que
los acusados junto con otros realizaron una misma y compleja
operación delictiva, de tal manera que cada uno de ellos
mediante acciones ejecutivas idóneas para causar la muerte de
otras personas, esto es, utilizando armas cortopunzantes,
palos, piedras y otros objetos contundentes, reforzándose
unos y otros, realizaron una parte diversa pero esencial para
el éxito de la referida operación, cuyos resultados se
reflejan en las autopsias efectuadas por los médicos forenses
y descritas en los hechos probados en los que se aprecian con
detalle que los treinta y siete reos pandilleros que
resultaron muertos presentan múltiples heridas causadas con
los medios antes señalados. Una cosa es que de un grupo de
personas no se tenga la certeza respecto a quienes
participaron en el hecho, y otra muy diferente que más allá
de toda duda razonable se tenga por probado que un hecho fue
producido por la acción conjunta de un grupo de individuos,
pues en éste último evento la imprecisión de los detalles no
altera la responsabilidad que como coautores les es imputable
a todos. De este modo resulta que la decisión mancomunada, es
decir, la decisión común del hecho de los referidos imputados
junto con otros es lo que ha determinado la conexión de las
partes del suceso ejecutadas por cada uno de ellos y a partir
de la que es posible imputarle a cada encausado la parte
realizada por cada una de los otros118. Por las razones
anteriormente expuestas se le impone a los encartados la pena
mínima de quince años de reclusión por cada uno de los
homicidios consumados, para hacer un total de quinientos
cincuenta y cinco años de reclusión. De este modo se estima
parcialmente y en los términos antes expuestos, el motivo que
por infracción de ley interpusiera la Defensa de los
imputados ADAN AMPARO SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO CABALLERO
para desvanecer los cargos de treinta y siete delitos de
asesinato consumado mediante alevosía.
XXXVIII.- El Recurrente Abogado NORES GUSTAVO ARGUETA, en su
condición de Defensor Público del señor Javier Antonio Solís
Ponce, desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de
Ley y Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera:
―EXPOSICIÒN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÒN POR INFRACCION DE LEY
PRIMER MOTIVO: Aplicación indebida del articulo 117 del
Código Penal, en relación con el 15 del mismo cuerpo Legal.
SEGUNDO MOTIVO: Aplicación indebida del artículo 117 del
Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de
casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del
Código Procesal Penal EXPLICACIÒN DEL PRIMER MOTIVO Las
normas penales que aplica indebidamente el sentenciador son
el articulo 117 y el 15 del Código Penal que establecen:
Artículo 117: ―Es reo de asesinato quien de muerte a una
persona ejecutándola con la concurrencia de las
circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con Premeditación,
conocida; 3) Por medio de inundación, incendio,
envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento,
varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda
118 Sobre la figura de la coautoría en particular, vid. MARQUEZ CARDENAS,
ALVARO ENRIQUE, en La Coautoría en la Dogmática Penal, frente a otras
formas de Autoría y Participación, Universidad Libre de Colombia, Bogotá,
2008, págs. 65 y ss.
Recurso de Casación No. 400-2008
268
ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo o
intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando
deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por
asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de
reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o
promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación,
la pena será de treinta (30) a privación de por vida de la
libertad‖ Artículo 15: ―Hay tentativa cuando, con la
intención de cometer un delito determinado, se realizan actos
inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a
la voluntad de agente‖. El Juzgador estimo como ―HECHOS
PROBADOS‖, entre otros los siguientes: ―VIGÈSIMO TERCERO: Los
reos rondines Adán Amparo Soto, (alias Comayagua) Jorge
Alberto Caballero, (alias cobra) Luís Alberto Cruz Valdivia
(alias Chica sexy) Oscar Alexander Ocampo (alias Matador)
Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias Chinapopo) Santos
Efraín Arteaga Pérez (alias chaparro), Tomas Rivera Guevara
(alias Cabuya), con ayuda de los reos Santo Geovany Banegas
(alias Banegas) y Héctor Wilfredo Jiménez (alias el
Basucazo), salen de las diferentes y lugares donde habían
tenido refugio, proponiéndose quitarle la vida a todos los
reos pandilleros, procediendo a golpear con toletes, palos,
piedra y con armas blancas, a los reos pandillero que
encontraban, algunos de ellos ya heridos por los disparos de
arma de fuego, aceptando esto los policías penitenciarios y
miembros del ejército que se encontraban en ese momento y con
ellos Roger Armando Sosa Iglesias el que no realiza ninguna
acción para impedir o evitar lo que está aconteciendo.
VIGÈSIMO CUARTO: Pasadas las 09:25 a.m. en venganza, el reo
rondín Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias Chinapopo),
cierra con candado la celda seis (6), hacia donde policías
penitenciarios y miembros del ejército han disparado, para
luego tirar cajones, palos y mesas a la puerta de esa celda,
con ayuda de los reos rondines Adán Amparo Soto (alias
Comayagua) y Javier Antonio Solís Ponce, (alias Javier
Solís), seguidamente el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores consigue un liquido acelerante, regresando a la celda
seis (6) por la parte de atrás siguiendo el pasillo de la
comandancia de guardia, y junto con los reos rondines, Luís
Alberto Cruz Valdivia, (alias chica sexy) Santos Efraín
Arteaga Pérez (alias el chaparro) y el reo Santo Geovany
Banegas, prenden fuego con el acelerante, varias colchonetas
las que tiran hacia el interior de la celda seis (6), por las
ventanas traseras, rociando de acelerante la madera del techo
de dicha celda, al que también prendieron fuego, mientras que
las personas que se encontraban adentro, trataban de
sofocarlo, agarrando agua del baño, gritaban pidiendo auxilio
y rogando clemencia, sin lograr controlar el fuego; de todo
ello lograron tener conocimiento los policías penitenciarios
Dimas Antonio Benítez, Pedro Pérez Chavarria y el miembro del
ejército Roger Armando Sosa Iglesias, sin que realizaran
acción alguna para evitarlo. En ese momento el policía
penitenciario Gilberto Hernández García, escuchó los gritos
de las personas que se encontraban dentro de la celda seis
(6), e instantes después observó el humo provocado por el
fuego de la celda seis, sin que tampoco realizara acción
alguna.” Si observamos Honorables Magistrados el juzgador
calificó que tales hechos declarados probados constituyen un
Recurso de Casación No. 400-2008
269
delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA
fundamentado en el Artículo 117 en relación con el 15 del
Código Penal; sobre este particular, la defensa del señor
JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE considera, en primer lugar que si
analizamos la sentencia de mérito en el hecho VIGESIMO
TERCERO mi patrocinado ni siquiera es relacionado en el mismo
manifestando proponerse a quitarle la vida a todos los reos
pandilleros, pero más sin embargo el Tribunal al dictar
sentencia definitiva en el numeral décimo primero si lo
involucra, condenándolo a doscientos cincuenta y tres años de
reclusión por la tentativa de Asesinato, en segundo lugar
consideramos que al involucrarlo y condenarlo el juzgador
arriba a tal decisión por una errónea interpretación del
referido artículo 117 del Código Penal con relación al 15 del
referido cuerpo legal, pues en los hechos probados no se
aprecia de manera clara y precisa los elementos
indispensables para catalogar la conducta de mi representado
como constitutiva del delito de TENTATIVA DE ASESINATO, en
vista que en el caso subjudice, los hechos probados carecen
de la circunstancia especial considerada por el sentenciador
para calificarlo como tal, pues no establece cuales fueron
las causas ajenas a la voluntad del agente que hacen que mi
representado no alcanzara el resultado esperado. Los hechos
probados antes mencionados no enmarcan de manera perfecta, el
accionar de mi patrocinado JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE como
constitutivo de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE
TENTATIVA, como se dijo antes, el sentenciador omite
involucrarlo por una parte y por otra el de no establecer
cual fue la circunstancia especial que consideraba el
sentenciador para calificarlo como tal, es decir la causa
ajena a la voluntad del agente para que el imputado no
alcanzaran el resultado esperado. INTERPRETACION PRETENDIDA:
Al no plasmarse de manera concreta la acción de mi
representado JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE en los sucesos a el
imputados, y no relacionarse en los mismos, convierte a los
hechos probados en meras especulaciones, en relatos sin
sentido y al no establecerse cual fue la circunstancia
especial que considero el sentenciador para calificarlo como
delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA y
cuales fueron esas causas ajenas a la voluntad del agente
para que el imputado no alcanzaran el resultado esperado, es
por ello que solicitamos al Tribunal de Casación (Sala Penal)
que se aplique correctamente la norma penal con el dictado de
un fallo absolutorio.
XXXVIII.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY
INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO JAVIER ANTONIO SOLIS
PONCE, ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE DE LOS HECHOS PROBADOS
NO SE DESPRENDE QUE EL IMPUTADO ANTES MENCIONADO HAYA
INTERVENIDO EN CALIDAD DE COAUTOR EN LA EJECUCION DE
DIECINUEVE DELITOS DE ASESINATO EN EL GRADO DE EJECUCIÓN DE
TENTATIVA, DE AHÍ QUE AL CONDENARSELE POR TALES HECHOS EL
TRIBUNAL DE SENTENCIA HA INCURRIDO EN UNA APLICACIÓN INDEBIDA
DEL ARTÍCULO 117 No. 1) DEL CODIGO PENAL RELACIONADO CON EL
ARTÍCULO 15 DEL MISMO TEXTO PUNITIVO.
Argumenta el recurrente que el A Quo incurre en aplicación
indebida del Artículo 117, el cual tipifica el delito de
Asesinato, en relación al 15 del Código Penal, que dispone
del grado de ejecución de tentativa de delito. Esgrime que la
Recurso de Casación No. 400-2008
270
decisión del juzgador por la que condena al acusado JAVIER
ANTONIO SOLIS PONCE,, en aplicación del artículo 117 y 15 del
Código Penal es errónea, en tanto de los hechos probados no
se aprecian de manera clara y precisa, los elementos
objetivos y subjetivos del tipo penal. Refiere que en los
hechos probados no concretiza la forma en la que el acusado
realiza las acciones por las que el A Quo les condena por el
delito de ASESINATO EN EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA y
menos cuales fueron esas causas ajenas a la voluntad del
agente que hacen que no alcanzara el resultado esperado,
además omite establecer las acciones mediante las cuales haya
intentado quitar la vida en forma alevosa a los internos, los
nombres de los ofendidos y no describe cual fue el resultado
de sus acciones para catalogar su conducta como ASESINATO en
el grado de ejecución de TENTATIVA. Tampoco la circunstancia
especial que considera el A Quo para calificar el delito de
asesinato, es decir cual de las cuatro circunstancias
calificadores toma en cuenta para agravar la responsabilidad
de los acusados de homicidio a Asesinato. Si bien la menciona
en la parte dispositiva que fue por Alevosía, la misma no se
aprecia claramente en la redacción de los hechos probados.
Esta Sala de lo Penal considera importante recordar, que a
través del recurso de casación por infracción de ley, sólo
puede intentarse una revaloración jurídica del material
fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación
de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. En
este sentido, el recurso de casación por infracción de ley
debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos
probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que
el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por
el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es
incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada
por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que
resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar,
se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las
normas que deban aplicarse al caso concreto pero el Juzgador
hace una incorrecta interpretación de las mismas. Precisados
los límites en los que puede desenvolverse la función
revisora de esta Sala cuando del recurso de casación por
infracción de ley se refiere, ahora es pertinente que
indiquemos cuales son los elementos típicos de los delitos de
asesinato en el grado de ejecución de tentativa mediante
alevosía proditoria, que se atribuyen al imputado JAVIER
ANTONIO SOLIS PONCE.- La alevosía supone el empleo de
procedimientos que facilitan el hecho. La define el artículo
27 No. 2) del Código Penal: “hay alevosía cuando el culpable
comete cualquiera de los delitos contra la vida y la
integridad personal, empleando medios, modos o formas en la
ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarlas,
sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que
pudiera hacer el ofendido.”. En este sentido, la alevosía
exige que los procedimientos empleados tiendan, directa y
especialmente a asegurar la ejecución, evitando el riesgo de
una posible defensa del ofendido. Ejemplos de ataques
alevosos son los que se producen por la espalda119, o estando
119 Aunque hay que precisar, que no por ello se convierte automáticamente
en alevosa la muerte producida por una puñalada en la espalda o al
Recurso de Casación No. 400-2008
271
la víctima en la cama o de rodillas. Los ataques a traición
son alevosos. Lo decisivo en la alevosía es, por tanto, el
aseguramiento de la ejecución del hecho y la ausencia del
riesgo ante la defensa que pudiera hacer el ofendido. La
alevosía puede aparecer en cualquier momento de la ejecución
del delito, no exigiéndose para su apreciación ningún tipo de
premeditación o preparación, de tal manera que puede surgir
en el mismo momento en que se ejecuta el hecho (el sujeto
aprovecha que su enemigo le da la espalda para dispararle).
En algunas corrientes jurisprudenciales se distinguen tres
supuestos de asesinato alevoso. La llamada alevosía
proditoria o traicionera, si concurre celada, trampa o
emboscada; la sorpresiva, que se materializa en un ataque
súbito o inesperado; y la alevosía por desvalimiento, en la
que el agente se aprovecha de una especial situación de
desamparo de la víctima que impide cualquier manifestación de
defensa120. En cuanto a la tentativa, el artículo 15 del
código penal establece: “hay tentativa cuando, con la
intención de cometer un delito determinado se realizan actos
inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a
la voluntad del agente”. El tipo de la tentativa requiere de
los siguientes elementos: a) en la parte objetiva, una
ejecución parcial o total de los actos ejecutivos no seguida
de consumación, b) en la parte subjetiva, la voluntad de
consumación, c) la ausencia de desistimiento voluntario. El
comienzo de la ejecución necesario para la tentativa requiere
que se traspase la frontera que separa los actos
preparatorios (sí los hay) de los actos ejecutivos.
Subjetivamente la tentativa requiere que el sujeto quiera los
actos que objetivamente realiza con ánimo de consumar el
hecho o, al menos aceptando (con seguridad o con
probabilidad) que pueden dar lugar a la consumación. Por
último se requiere la concurrencia de un elemento negativo, y
que consiste en el que el hecho no se consume por causas
ajenas a la voluntad del agente. Recapitulando podemos
afirmar que la tentativa se presenta cuando se ejecutan actos
considerados indispensables para llevar a cabo el
comportamiento tipificado en la ley penal y que en el caso
concreto, lo eran efectivamente conforme al fin propuesto,
pero factores extraños o ajenos a la voluntad del autor
impiden que éste logre la producción del resultado
perseguido. Así las cosas podemos afirmar que habrá una
tentativa de asesinato alevoso, cuando el agente realiza
actos inequívocos de ejecución dirigidos a causar la muerte
de una persona, empleando medios, modos o formas que tiendan
directa y especialmente a asegurar dicho resultado, sin
riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera
hacer el ofendido. En el caso de autos se atribuye al
imputado JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE, la coautoría de
diecinueve delitos de asesinato en el grado de ejecución de
tentativa, sin embargo, del relato fáctico contenido en la
sentencia impugnada no se encuentra descrita acción alguna
atribuible a dicho encausado dirigida a dar muerte a las
rematar al contendiente caído en el suelo, en el transcurso de una pelea
en la que ambos contendientes actúan en igualdad de condiciones, vid.
MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, Derecho Penal, Parte Especial, 14ª edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 53-54 120 Vid. http://www.unav.es/penal/crimina/T%F3picos%20html/alevosia.html
Recurso de Casación No. 400-2008
272
personas que habrían sido víctimas de los delitos antes
apuntados, de ahí que no podemos afirmar que de los hechos
declarados probados por el Tribunal se desprendan actos
inequívocos de ejecución dirigidos a la consumación de los
delitos de tentativa de asesinato alevoso por los que
resultara condenado, de ahí que el motivo de casación por
infracción de ley alegado por el Censor debe ser declarado
con lugar.
XXXIX.- EXPOSICION DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN La norma
penal que aplica indebidamente el sentenciador es el artículo
117 del Código Penal: Artículo 117: ―Es reo de Asesinato,
quien de muerte a una persona ejecutándola con la
concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes:
1) Alevosía; 2) Con premeditación conocida; 3) Por medio de
Inundación, incendio, envenenamiento, explosión
descarrilamiento, volcamiento o avería de buque u otro
artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que
haya dolo e intencionalidad; y 4) con ensañamiento,
aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.-
La pena de Asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años
de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa
o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación,
la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de
la libertad‖. Si observamos Honorables Magistrados el
Juzgador calificó los Hechos Probados antes descritos en el
Motivo Segundo que los mismos constituían por una parte el
delito de ASESINATO que es el caso que nos ocupa y estamos
tratando fundamentado en el artículo 117 del Código Penal por
lo que esta defensa considera que el Juzgador arriba a tal
decisión por una errónea interpretación del artículo
referido, en vista que en los hechos probados no se aprecia
de manera clara y precisa los elementos indispensables para
catalogar la conducta de mi representado como constituta de
tal delito de ASESINATO en este caso el elemento objetivo y
subjetivo del tipo penal.- En el caso subjudice, los hechos
probados carecen de tales elementos y no concretizan de
manera puntual y clara, la forma en que nuestros patrocinados
realizan esas acciones que hace que el Juzgador lo condene
por el delito de ASESINATO. Los hechos probados antes
mencionados no enmarcan de manera perfecta, el accionar de mi
patrocinado JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE como constitutivos de
ASESINATO, al grado tal que omite establecer los nombres de
los sujetos pasivos de los hechos (ofendidos) y más grave aún
no establece cual fue el resultado de sus acciones, no
concretiza si como resultado de tales acontecimientos, se
produjo el resultado muerte, necesario para catalogar la
conducta de mis patrocinados como ASESINATO. INTERPRETACION
PRETENDIDA: Al no plasmarse de manera concreta la acción de
mi representado JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE en los hechos a el
imputados, convierte a los hechos probados en meras
especulaciones, en relatos sin sentido, por no haberse
establecido de forma clara y concreta los nombres de los
sujetos pasivos, circunstancia esta que no considero el
Tribunal y haberlo calificarlo como delito de ASESINATO, es
por ello que solicitamos a la Sala de lo Penal que se aplique
correctamente la norma penal con el dictado de un fallo
Absolutorio.
Recurso de Casación No. 400-2008
273
XXXIX.-RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE,
ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE DE LOS HECHOS DECLARADOS
PROBADOS NO SE DESPRENDE QUE SU PATROCINADO HAYA INTERVENIDO
EN LA COMISION DE LOS DELITOS DE ASESINATO CONSUMADO QUE SE
LE ATRIBUYEN, DE TAL MANERA QUE AL CONDENARSELE POR TALES
INFRACCIONES, EL TRIBUNAL DE SENTENCIA HA INCURRIDO EN UNA
APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 117 DEL CODIGO PENAL.
Argumenta el recurrente que el Juzgador ha incurrido en
aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal, norma
penal que tipifica el delito de Asesinato. Concretamente
señala que el A Quo calificó los hechos declarados probados
como constitutivos de ASESINATO sin que del cuadro fáctico
sea posible subsumir la conducta del acusado en un
determinado tipo penal, dado que a su entender no describe
comportamiento alguno del acusado JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE,
que constituya el delito de ASESINATO con fundamento en el
artículo 117 del Código Penal, por lo que pide la aplicación
correcta de la norma penal y se dicte un fallo Absolutorio.
En el caso concreto que ahora nos ocupa, se condenó al
acusado JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE, a título de coautor de
veintitrés delitos de asesinato mediante incendio, modalidad
prevista en el numeral 3) del precepto legal supracitado. La
razón de la especial agravación de la muerte de un ser humano
cometido mediante incendio, no es solamente la mayor perfidia
del medio empleado que revela un delincuente sumamente
peligroso, sino también el peligro general que tal medio y
otros como la inundación, explosión, descarrilamiento, etc…
encierran para la colectividad121. En lo que concierne a la
coautoría esta se presenta cuando varias personas, previa
celebración de un acuerdo común, que puede ser expreso o
tácito, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada,
mediante una contribución objetiva a su realización, por lo
que cada autor domina todo el suceso en unión de otro o de
otros. Un buen ejemplo lo brinda la banda de asaltantes que
planea atracar un banco, y con tal fin se distribuyen las
diversas tareas: reducir a los guardias de seguridad,
controlar a los concurrentes a la entidad crediticia, abrir
la caja fuerte, vigilar el exterior, tomar el dinero
entregado por los cajeros, etc.., todos los intervinientes,
pues, pueden ser considerados coautores a condición de que
reúnan las exigencias correspondientes. De esta forma, en los
casos de dominio del hecho, las funciones que realizan los
concurrentes, no son las mismas, pero todos realizan alguna
labor, y la suma de ellas es la que permite la comisión del
delito. Habiendo determinado de manera sucinta cuales son los
elementos objetivos y subjetivos de la modalidad del delito
de asesinato antes apuntada, y explicada en términos
generales la figura de la coautoría, analizaremos sí a partir
del relato de hechos probados se puede atribuir al acusado
los hechos criminosos antes apuntados. Una lectura detenida
de la fundamentación fáctica de la sentencia, revela que en
el hecho probado vigésimo cuarto se describe que uno de los
encartados cerró con candado la puerta de acceso a la celda
No. 6, tras lo cual varios de los encausados entre los que se
121
Vid. CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II, Revisada por CAMARGO
HERNANDEZ, CESAR, Bosch, Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1982, pág. 507.
Recurso de Casación No. 400-2008
274
encontraba el señor JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE, colocaron
cajones, palos y mesas frente a dicha puerta, y que
seguidamente, algunos de los reos rondines prendieron fuego
a varias colchonetas las que arrojaron por las ventanas de
las celda antes referida, lo que en una conexión-causa efecto
trajo como resultado la muerte de veintitrés personas
mediante incendio122. De este modo se describen las acciones
de varias personas que de manera deliberada y conjunta
contribuyeron, para causar un incendio en la Celda No. 6 de
la Granja Penal del Porvenir e impedir la salida de quienes
se encontraba en su interior, lo que en una relación causa-
efecto trajo como resultado la muerte de varias personas
(vid. Hecho Probado Cuadragésimo Tercero). De este modo, del
relato fáctico antes descrito se subsume la comisión del
delito de asesinato tipificado en el artículo 117 No. 3) del
Código Penal y por ende atribuible al encartado JAVIER
ANTONIO SOLIS PONCE a título de coautor, consecuentemente, se
desestima el motivo de casación que por infracción de ley
interpusiera la Defensa para desvanecer los delitos de
asesinato mediante incendio por los cuales resultara
condenado. Ahora es pertinente que nos refiramos a cuales son
los elementos típicos de los delitos de asesinato consumado
mediante alevosía proditoria, que se le atribuyen al imputado
JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE.- La alevosía supone el empleo de
procedimientos que facilitan el hecho. La define el artículo
27 No. 2) del Código Penal: “hay alevosía cuando el culpable
comete cualquiera de los delitos contra la vida y la
integridad personal, empleando medios, modos o formas en la
ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarlas,
sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que
pudiera hacer el ofendido.”. En este sentido, la alevosía
exige que los procedimientos empleados tiendan, directa y
especialmente a asegurar la ejecución, evitando el riesgo de
una posible defensa del ofendido. Ejemplos de ataques
alevosos son los que se producen por la espalda123, o estando
la víctima en la cama o de rodillas. Los ataques a traición
son alevosos. Lo decisivo en la alevosía es, por tanto, el
aseguramiento de la ejecución del hecho y la ausencia del
riesgo ante la defensa que pudiera hacer el ofendido. La
alevosía puede aparecer en cualquier momento de la ejecución
del delito, no exigiéndose para su apreciación ningún tipo de
premeditación o preparación, de tal manera que puede surgir
en el mismo momento en que se ejecuta el hecho (el sujeto
aprovecha que su enemigo le da la espalda para dispararle).
En algunas corrientes jurisprudenciales se distinguen tres
supuestos de asesinato alevoso. La llamada alevosía
proditoria o traicionera, si concurre celada, trampa o
emboscada; la sorpresiva, que se materializa en un ataque
súbito o inesperado; y la alevosía por desvalimiento, en la
que el agente se aprovecha de una especial situación de
desamparo de la víctima que impide cualquier manifestación de
122
Vid. Hecho Probado No. Cuadragésimo Tercero. 123 Aunque hay que precisar, que no por ello se convierte automáticamente
en alevosa la muerte producida por una puñalada en la espalda o al
rematar al contendiente caído en el suelo, en el transcurso de una pelea
en la que ambos contendientes actúan en igualdad de condiciones, vid.
MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, Derecho Penal, Parte Especial, 14ª edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 53-54
Recurso de Casación No. 400-2008
275
defensa124. En el caso de autos se atribuye al imputado JAVIER
ANTONIO SOLIS PONCE, la coautoría de treinta y siete delitos
de asesinato consumado, sin embargo, del relato fáctico
contenido en la sentencia impugnada no se encuentra descrita
acción alguna atribuible a dicho encausado que en una
relación causa-efecto haya traído como resultado la muerte de
igual número de personas mediante medios, modos o formas,
tendientes a evitar los riegos procedentes de una reacción
defensiva de los ofendidos. De ahí que no podemos afirmar
que de los hechos declarados probados por el Tribunal se
desprendan actos inequívocos de ejecución dirigidos a la
consumación de los delitos de asesinato alevoso por los que
resultara condenado, de ahí que el motivo de casación por
infracción de ley alegado por el Censor debe ser declarado
con lugar en los términos antes expuestos.
XL.- EXPOSICIÒN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTRAMIENTO
DE FORMA. MOTIVO UNICO: La declaración de los hechos
estimados probados por el Tribunal no son claros y
terminantes. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de
casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral
1 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÒN DEL MOTIVO La norma
procesal que se invoca como infringida es el articulo 338
regla cuarta numeral uno del Código Procesal Penal, que
expresa: ―En párrafos separados y numerados, se hará
declaración expresa y terminante de los hechos que se
consideran probados, descritos con claridad, precisión y
coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo
carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de
dictarse.‖ En la sentencia recurrida el Tribunal estimo como
probados, entre otros, los hechos siguientes: VIGÈSIMO
TERCERO: Los reos rondines Adán Amparo Soto, (alias
Comayagua) Jorge Alberto Caballero, (alias cobra) Luís
Alberto Cruz Valdivia (alias Chica sexy) Oscar Alexander
Ocampo (alias Matador) Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias
Chinapopo) Santos Efraín Arteaga Pérez (alias chaparro),
Tomas Rivera Guevara (alias Cabuya), con ayuda de los reos
Santo Geovany Banegas (alias Banegas) y Héctor Wilfredo
Jiménez (alias el Basucazo), salen de las diferentes y
lugares donde habían tenido refugio, proponiéndose quitarle
la vida a todos los reos pandilleros, procediendo a golpear
con toletes, palos, piedra y con armas blancas, a los reos
pandillero que encontraban, algunos de ellos ya heridos por
los disparos de arma de fuego, aceptando esto los policías
penitenciarios y miembros del ejército que se encontraban en
ese momento y con ellos Roger Armando Sosa Iglesias el que no
realiza ninguna acción para impedir o evitar lo que esta
aconteciendo. VIGÈSIMO CUARTO: Pasadas las 09:25 a.m. en
venganza, el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias
Chinapopo), cierra con candado la celda seis (6), hacia donde
policías penitenciarios y miembros del ejército han
disparado, para luego tirar cajones, palos y mesas a la
puerta de esa celda, con ayuda de los reos rondines Adán
Amparo Soto (alias Comayagua) y Javier Antonio Solís Ponce,
(alias Javier Solís), seguidamente el reo rondín Pavel
Eduardo Rodríguez Flores consigue un líquido acelerante,
regresando a la celda seis (6) por la parte de atrás
124 Vid. http://www.unav.es/penal/crimina/T%F3picos%20html/alevosia.html
Recurso de Casación No. 400-2008
276
siguiendo el pasillo de la comandancia de guardia, y junto
con los reos rondines, Luís Alberto Cruz Valdivia, (alias
chica sexy) Santos Efraín Arteaga Pérez (alias el chaparro) y
el reo Santo Geovany Banegas, prenden fuego con el
acelerante, varias colchonetas las que tiran hacia el
interior de la celda seis (6), por las ventanas traseras,
rociando de acelerante la madera del techo de dicha celda, al
que también prendieron fuego, mientras que las personas que
se encontraban adentro, trataban de sofocarlo, agarrando agua
del baño, gritaban pidiendo auxilio y rogando clemencia, sin
lograr controlar el fuego; de todo ello lograron tener
conocimiento los policías penitenciarios Dimas Antonio
Benítez, Pedro Pérez Chavarria y el miembro del ejército
Roger Armando Sosa Iglesias, sin que realizaran acción alguna
para evitarlo. En ese momento el policía penitenciario
Gilberto Hernández García, escucho los gritos de las personas
que se encontraban dentro de la celda seis (6), e instantes
después observó el humo provocado por el fuego de la celda
seis, sin que tampoco realizara acción alguna. TRIGÈSIMO:
Quince (15) minutos después de que los primeros reos
pandilleros han salido de la celda dos, el reo Santos Geovany
Banegas se dirige hacia los reos pandilleros que andaban
armados y los reos pandilleros que eran cabecillas, a los que
la policía les dispara y seguidamente disparan a todos los
demás reos pandilleros que se encontraban en el lugar, muchos
de ellos acostados en el suelo; los reos rondines, al ver que
algunos de los reos pandilleros estaban vivos aun,
procedieron a agredirlos con palos, piedras y armas blancas.
Igualmente lo hacían con los reos pandilleros que salieron
después de la celda dos (2) y que se hacían los muertos, todo
ello a vista y consentimiento de la Policía Penitenciaria,
Policía Nacional Preventiva, elementos Cobras y miembros del
ejército que se encontraban en el lugar. De esta manera el
reo rondín Adán Amparo Soto (alias Comayagua) arremete con
cuchillos y palos al reo pandillero Arnol José Hernández
(alias El Trabado); el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores, (alias chinapopo) arremete con machete al reo
pandillero Leonel Aníbal Ortega Garay (alias El Killer); el
reo Héctor Wilfredo Jiménez (alias el Basucazo), arremete con
un leño y arma blanca al reo pandillero Oscar Geovany
Hernández Velásquez (alias El Pewee); igualmente los reos
rondines Santos Geovany Banegas, Tomas Rivera Guevara (alias
Cabuya) y José Roberto Caballero (alias Cobra) agredieron a
otros reos pandilleros usando palos y armas blancas. Al
analizar estos hechos probados, podemos concluir que los
mismos no cumplen con lo establecido en la regla cuarta del
articulo 338 del Código Procesal Penal, ya que los mismos
adolecen de claridad y coherencia al relatar la dinámica de
cómo ocurrieron los acontecimientos. El vigésimo tercer hecho
probado ni siquiera mi patrocinado es mencionado por el
tribunal donde este expresara que mi representado el señor
JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE, salio junto a otros reos, del
lugar donde se resguardaban ―proponiéndose quitarle la vida a
todos los reos pandilleros‖; más sin embargo el Tribunal lo
condena en sentencia definitiva por ASESINATO, La defensa
cuestiona que el sentenciador pretende plasmar en los hechos
probados, los propósitos o deseos de los imputados, cuando es
de todos conocido, que los mismos se suscitan en la mente de
Recurso de Casación No. 400-2008
277
las personas es decir en su ser mas íntimo, y al menos que
tengamos la habilidad de leer la mente de los seres humanos,
es imposible saber a ciencia cierta, cual fue el sentir o
pensar de los encausados; al plasmarlos así en los hechos
probados, el Tribunal incurre en el error de falta de
claridad y redacta los mismos de manera subjetiva, de forma
tal, que en la simple lectura se vuelven confusos y poco
entendibles.- De igual forma con la expresión ―proponiéndose
quitarles la vida‖ incurre el sentenciador, en el error mas
visible de la sentencia impugnada, y es el de predeterminar
el fallo, tal como lo prohíbe nuestro código procesal penal
vigente. Continua relatando el hecho probado numero
veintitrés: ―procediendo a golpear con toletes, palos,
piedras y con armas blancas, a los reos pandilleros que se
encontraban‖; de nuevo incurre en el mismo yerro el
sentenciador, al omitir individualizar las acciones que
específicamente realizan los imputados que se mencionan en
este hecho probado, además de no incluir un elemento
importante de todo hecho probado, como ser el ofendido o el
directamente perjudicado en la acción.- El manifestar de
manera colectiva, que procedieron a golpear a los reos
pandilleros que se encontraban, es generalizar todas las
acciones ocurridas ese día y por tanto centralizar todas las
operaciones en seis o siete reos, que utilizando la lógica
podemos deducir que era imposible ejecutarlos; pero aun más
grave es omitir puntualizar hacia quien iban dirigidas esas
acciones, y al no hacerlo los sentenciadores convierten los
hechos probados indescifrables a la simple lectura. El
vigésimo Cuarto hecho declarado probado por el Tribunal
Sentenciador, expresa; ―Pasadas las 09:25 a.m. en venganza el
reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias Chinapopo),
cierra con candado la celda seis (6) hacia donde policías
penitenciarios y miembros del ejército han disparado‖ para
después tirar cajones, palos y mesas a la puerta de esa
celda, con la ayuda de los reos rondines ADAN AMPARO SOTO
(alias Comayagua) y JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE (alias Javier
Solís) Si bien este hecho probado individualiza una supuesta
acción de mis representados, no es menos cierto que el
sentenciador incurre en la predeterminación del fallo, al
establecer la palabra venganza, entonces surgen varias
interrogantes: ¿A que venganza se refiere?, ¿En razón de que
se vengarían también mis representados en ayudar a Pavel? y
¿Contra quienes lo haría?, de nuevo este apartado de los
hechos omite establecer de que personas supuestamente se
estaría vengando mi representado JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE y
en razón de que se vengarían, tal como lo he manifestado en
apartados anteriores. todo esto crea una gran incertidumbre
de cómo sucedieron los hechos y lejos de aclarar la temática
de cómo ocurren los sucesos o la individualización de las
acciones y actividades cometidas por mi patrocinado, vuelve
estos acontecimientos confusos y vagos. En el veinticuatro
hecho probado se establece que mi representado JAVIER ANTONIO
SOLIS PONCE ayudó al reo Pavel Eduardo Rodríguez Flores, a
prender fuego a la celda 6, sin embargo no se establece que
acción especifica realiza mi patrocinado, es decir a que
ayuda se refiere.- Debe el sentenciador plasmar
específicamente a que ayuda se refiere, debido a que, debe
deducírsele individualmente la responsabilidad únicamente por
Recurso de Casación No. 400-2008
278
sus acciones y no por el resto de los imputados; cuanto más
se leen los hechos probados, mas se vuelven incomprensibles,
de forma tal que en este hecho probado no sabemos a ciencia
cierta quienes estaban en esa celda 6, que acción especifica
realiza cada una de los imputados y aun más grave no sabemos
cual fue el resultado de estas acciones; los mismos quedan en
suspenso sin establecer cual fue el desenlace de la dinámica
ocurrida en día de los acontecimientos. Con la simple lectura
de los hechos probados antes relacionados surgen más
interrogantes: ¿Qué acción especifica realizan mi
representado JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE? ¿De que delito es
responsable? ¿Quienes son las personas contra las cuales se
ejecutan estas acciones? ¿Cuál fue el resultado de estas
acciones, es decir el desenlace de los acontecimientos? En
los mismos se establecen, expresiones como ―procediendo a
golpear con palos, toletes‖ ―proponiéndose quitarle la vida‖
―agredieron a otros reos‖ todas, expresiones totalmente
subjetivas y que por consiguiente hacen de los hechos
probados una gama de confusiones para quien los analice. No
pueden justificarse estos hechos probados, amparándose en el
alegato que nos encontramos ante acontecimientos múltiples y
de gran magnitud, de forma tal que aparecen muchos actores y
participantes en lo mismos, precisamente por esa
particularidad, el estudio y análisis de cada una de las
acciones de los imputados, debió realizarlas el Tribunal de
manera puntual para evitar incurrir en el error de
generalizar, de forma tal que, por el solo hecho de ser un
reo rondín o de encontrarse presente en el momento de los
hechos, sea culpable de todo lo acontecido.- Debe
responsabilizarse únicamente de los actos cometidos por cada
uno de ellos, de no hacerlo así, aplicamos el dicho popular
religioso que comúnmente utilizamos ―justos pagan por
pecadores‖; como juristas y conocedores del derecho sabemos
que ante la ley, este dicho religioso no debe ni puede
aplicarse, sino que debe castigarse únicamente la conducta
personal que cada uno de los imputados realiza.- Tampoco
debemos olvidar, que nuestros representados se enfrentan
solos ante todo el aparato estatal, ya que el ente acusador
tiene a su disposición todos los medios necesarios
(Tecnología, policía de investigación, medicina forense) para
poder establecer la responsabilidad de los acusados en los
hechos a ellos imputados, y con mayor razón se debe imputar
objetivamente las acciones de cada una de ellos, y si es
incapaz de hacerlo, el resultado del juicio será una
sentencia absolutoria. En los hechos probados enumerados como
CUADRAGESIMO TERCERO Y CUADRAGESIMO QUINTO, el tribunal
expresa las personas que el día cinco de abril del dos mil
tres, murieron por carbonización y por hechos violentos, pero
sorprendentemente no especifica quienes son los responsables
y a través de que acciones; siendo que en estos dos hechos
probados el tribunal da por acreditada la muerte de los
supuestos ofendidos, también debió establecer quienes eran
los supuestos responsables de sus muertes, sin embargo lo
omite y sorprendentemente en la parte dispositiva de la
sentencia, decide condenar a mi representado por la muerte de
todos los internos acaecidos ese día, lo cual la simple
lógica nos dice que es imposible; una razón más para
considerar a los precitados hechos probados como faltos de
Recurso de Casación No. 400-2008
279
claridad y coherencia. El conocido jurista español JESUS
FERNADEZ ENTRALGO en el libro ―La sentencia en el nuevo
proceso penal‖ en las páginas 81, 86, 87 y 88 referente a La
Fijación de los Hechos Probados manifiesta: ―La declaración
de los hechos probados constituye como –como lo caracteriza
Palacios Mejía-―..el cimiento, el arranque, de la sentencia
penal…‖ Es un presupuesto necesario del fallo, porque
mediante ella se fija judicialmente la reconstrucción de lo
sucedido, y constituye la base sobre la que se construirá el
tratamiento (subsuncion) jurídico del caso debatido en el
proceso; pero no integra propiamente la motivación de sus
decisión. La descripción de los hechos probados ha de hacerse
con 1) claridad 2) precisión y 3) coherencia. De este modo,
se asume legalmente el modelo ideal de ―regla semántica de
formación del lenguaje jurisdiccional dirigida a asegurar la
determinabilidad de las denotaciones fácticas …(y que
comprende) una serie de reglas que exigen, como condición de
la estricta jurisdiccionalidad, esto es, de la
veraficabilidad y de la refutabilidad de las tesis que en el
proceso enuncian los hechos y las pruebas, que tanto aquello
como estos sean exactamente individualizadas mediante
descripciones precisas y sin el uso de palabras vagas o
valorativas. La descripción de los hechos declarados probados
ha de hacerse de forma tal que permita su perfecta
comprensión, como presupuesto del control de su corrección,
haciendo posible su corroboración (verificación) o refutación
(falsacion)‖ En el caso subjudice, los hechos probados no
permiten comprender como sucedieron los sucesos acusados a mi
representado y sobre todo no permite valorar y determinar la
acción típica, antijurídica y culpable en la que tuvo que
incurrir mi representado, para ser condenado, estas
circunstancias no son visualizadas en la narración de los
hechos probados y tal como afirma Fernández Entralgo no
permite su perfecta comprensión de los acontecimientos
acusados a mis patrocinados. Estos hechos probados fueron
calificados por el juzgador como constitutivos de los delitos
de ASESINATO Y ASESINATO EN GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA,
declarando responsable penalmente de los mismos al señor
JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE, sin embargo, al analizar tales
hechos probados en los números, veintitrés, veinticuatro y
treinta se evidencia el vicio denunciado ya que la
descripción de los mismos no satisface los requisitos de
claridad, precisión y coherencia impuestos por el Artículo
338, sección cuarta, número uno del Código Procesal Penal.
Dicho lo anterior y siendo que la declaración de hechos
probados constituye la base o el cimiento sobre el cual se
construye la sentencia penal, y dado que los hechos
declarados probados en la sentencia recurrida no reúnen los
requisitos legales exigidos para ello, solicito se case la
sentencia recurrida, se anule el fallo y se devuelvan los
antecedentes al Tribunal de su procedencia para que la causa
sea tramitada con arreglo a derecho. RECLAMACION HECHA PARA
LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el yerro que provoca la
interposición del recurso de mérito se produce con la
sentencia misma, solo es posible su subsanación a través del
presente recurso por lo que se deduce que no hubo una
reclamación ex-ante.‖
Recurso de Casación No. 400-2008
280
XL.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA
INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO JAVIER ANTONIO SOLIS
PONCE, ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE LOS HECHOS DECLARADOS
PROBADOS POR EL TRIBUNAL DE INSTANCIA NO SON CLAROS NI
TERMINANTES.-
Argumenta el recurrente que la declaración de los hechos
estimados probados por el A Quo no son claros y terminantes.
Señala que en la sentencia recurrida el A Quo estimó como
probados, entre otros, los hechos VIGÉSIMO TERCERO, VIGÉSIMO
CUARTO Y TRIGÉSIMO y que al analizarlos se concluye que no
cumplen con lo establecido en la regla cuarta del artículo
338 del Código Procesal Penal, al adolecer de claridad y
coherencia al relatarse los acontecimientos. Considera que de
la simple lectura de los hechos probados VIGÉSIMO TERCERO,
VIGÉSIMO CUARTO y TRIGÉSIMO surgen muchas interrogantes por
tratarse de acontecimientos múltiples y de gran magnitud, con
muchos actores y participantes, por lo que es del criterio
que el Juzgador debió analizar cada una de las acciones
realizadas por el imputado, de manera puntual para no
incurrir en el error de generalizar, y declarar culpable al
encausado JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE, por el solo hecho de
ser reo rondín y encontrarse presente en el momento que se
produjeron los hechos. Entiende que debe responsabilizarse a
los acusados únicamente de los actos cometidos por ellos, de
no hacerlo así, se aplicaría el dicho popular de que “justos
pagan por pecadores”. El Censor arguye que los hechos
probados CUADRAGESIMO TERCERO Y CUADRAGESIMO QUINTO,
describen las personas que murieron por carbonización y por
hechos violentos, pero no especifica quienes son los
responsables y a través de que acciones, no obstante que en
la parte dispositiva de la sentencia, el A Quo condena al
encartado JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE por la muerte de todos
ellos, lo cual asume imposible, otra razón por la que
considera a los hechos probados como faltos de claridad y
coherencia. Concluye manifestando que los hechos probados no
permiten comprender cómo sucedieron los sucesos, ni permite
valorar y determinar las acciones típicas, antijurídicas y
culpables que se supone ejecutaron los acusados y que fueron
calificados por el A Quo como constitutivas de los delitos de
ASESINATO Y ASESINATO EN EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA,
por las QUE se declaró penalmente responsable al encausado
JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE. Esta Sala de lo Penal, considera
pertinente destacar, que el vicio procesal denunciado por el
recurrente se origina exclusivamente cuando la redacción de
los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa,
de modo que por su insuficiencia o oscuridad, o por no
expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o
categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a
subsunciones alternativas, en definitiva, a consecuencia de
la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir
determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u
oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando
incurre en omisiones que alteran su significación y dejan
prácticamente sin contenido específico la narración de los
hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible
por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o
imprecisión, también cuando por omisión de elementos o
circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera
Recurso de Casación No. 400-2008
281
realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que
falta base fáctica para determinar si los hechos son o no
constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la
participación concreta de los acusados en la ejecución del
delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto
procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible
en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o
imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es
necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con
los condicionamientos determinantes de la calificación penal
asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío
en la descripción histórica de los mismos, que determina una
falta de premisa fáctica para formular la calificación
jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del
silogismo en que la sentencia queda estructurada, el
pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que
resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al
fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo
y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”.
Esta Sala de lo Penal considera que no se advierte la falta
de claridad o ambigüedad en la fundamentación fáctica de la
sentencia al establecer la participación del procesado JAVIER
ANTONIO SOLIS PONCE junto a otros individuos en la comisión
de los hechos que condujeron a la muerte de varias personas
mediante incendio, mismas que se encontraban al interior de
la Celda No. 6) de la Granja Penal del Porvenir, ya en el
hecho probado vigésimo cuarto se describe que uno de los
encartados cerró con candado la puerta de acceso a la celda
No. 6, tras lo cual varios de los encausados entre los que se
encontraba el señor JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE, colocaron
cajones, palos y mesas frente a dicha puerta, y que
seguidamente, algunos de los reos rondines prendieron fuego
a varias colchonetas las que arrojaron por las ventanas de
las celda antes referida, lo que en una conexión-causa efecto
trajo como resultado la muerte de veintitrés personas
mediante incendio125. El recurrente alega que la inclusión en
el relato fáctico, de la valoración en torno a que varios de
los acusados, incluyendo al procesado JAVIER ANTONIO SOLIS
PONCE actuaron impulsados por la venganza, constituye un
concepto predeterminante del fallo. Sobre esto es importante
señalar que tal frase no constituye una expresión técnico-
jurídica, sino que un juicio de inferencia126, mediante el
cual se determina el elemento subjetivo del delito, de modo
que si bien es cierto que su ubicación resulta más acertada
en la fundamentación intelectiva y jurídica de la
sentencia127, en cuanto extraído de los datos objetivos
relatados, su inclusión en el relato de hechos probados,
125
Vid. Hecho Probado No. Cuadragésimo Tercero. 126 Vid. LUZON CUESTA, JOSE MARIA, El Recurso de Casación Penal, 2ª
edición, Editorial Colex, Madrid, 2000, págs. 147-148, 151-152. 127 En la fundamentación intelectiva el Juzgador debe dedicarse a la
valoración propiamente dicha de la prueba, en tanto que en la
fundamentación jurídica, el Juez después de analizar las distintas
posibilidades argumentativas debatidas por las partes, racionalmente opta
por una de ellas, diciendo por qué considera que los hechos deben ser
subsumidos en tal o cual norma sustantiva, vid. sobre esta temática:
ARROYO GUTIERREZ, JOSE MANUEL / RODRIGUEZ CAMPOS, ALEXANDER, en Lógica
Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal, Editorial Jurídica
Continental, 2ª edición, San José de Costa Rica, 2002, págs. 135 y ss.
Recurso de Casación No. 400-2008
282
siempre y cuando no vacíe el contenido de los mismos, es
revisable en casación por la vía del artículo 360 párrafo
primero del Código Procesal Penal128, si de los restantes
elementos fácticos narrados por el Juzgador se acredita la
equivocación de éste al atribuir al procesado que ese era y
no otro, el móvil que le impulsara a cometer el delito. De
este modo, y siendo que en el cuadro fáctico expuesto en la
sentencia, aún suprimiendo mentalmente tal juicio de
inferencia, los hechos probados resultan narrados con un
mínimo de claridad y amplitud para determinar cuales fueron
las intenciones que movieron al encartado para realizar las
acciones que se le imputan, esta Sala es del criterio que el
motivo alegado por el Censor debe ser desestimado. Habiendo
prosperado los motivos de casación por infracción de ley
formulados por el Apoderado Defensor del encartado para
desvanecer los cargos de treinta y siete delitos de asesinato
consumado mediante alevosía y diecinueve delitos de tentativa
de asesinato alevoso, esta Sala no se pronuncia sobre los
argumentos expuestos por el Censor para fundamentar el
presente motivo en relación a esas imputaciones.
XLI.- El Recurrente, Abogado OSCAR GEVAWER, en su condición
de Apoderado Defensor del procesado PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ
FLORES, desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de
Ley en dos motivos, en tanto que por la vía del
quebrantamiento de forma expuso un motivo. Para efectos de
seguir un orden sistemático adecuado en su análisis y
resolución, esta SALA considera pertinente apartarse del
orden seguido por el Censor, de tal manera que inicialmente
se pronunciará sobre el tercero de los motivos
antesapuntados, para luego analizar los motivos por
infracción de ley sustantiva formulados por el recurrente.-
XLI.-EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE
FORMA MOTIVO UNICO: La declaración de los hechos estimados
probados por el Tribunal no son claros y terminante. PRECEPTO
AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra
comprendido en el Artículo 362 numeral 1 del Código
Procesal Penal. EXPLICACIÒN DEL MOTIVO La norma procesal que
se invoca como infringida es el articulo 338 regla cuarta
numeral uno del Código Procesal Penal, que expresa: ―En
párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y
terminante de los hechos que se consideran probados,
descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear
conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico,
predeterminen el fallo que haya de dictarse.‖ En la sentencia
recurrida el Tribunal estimo como probados, entre otros, los
hechos siguientes: ―VIGÉSIMO TERCERO: Los reos rondines Adán
Amparo Soto, (alias Comayagua) Jorge Alberto Caballero,
(alias cobra) Luís Alberto Cruz Valdivia (alias Chica sexy)
Oscar Alexander Ocampo (alias Matador) Pavel Eduardo
Rodríguez Flores (alias Chinapopo) Santos Efraín Arteaga
Pérez (alias chaparro), Tomas Rivera Guevara (alias Cabuya),
con ayuda de los reos Santo Geovany Banegas (alias Banegas) y
Héctor Wilfredo Jiménez (alias el Basucazo), salen de las
diferentes celdas y lugares donde habían tenido refugio,
proponiéndose quitarle la vida a todos los reos pandilleros,
procediendo a golpear con toletes, palos, piedra y con armas
128 Referido a la casación por infracción de ley.
Recurso de Casación No. 400-2008
283
blancas, a los reos pandillero que encontraban, algunos de
ellos ya heridos por los disparos de arma de fuego, aceptando
esto los policías penitenciarios y miembros del ejército que
se encontraban en ese momento y con ellos Roger Armando Sosa
Iglesias el que no realiza ninguna acción para impedir o
evitar lo que está aconteciendo. VIGÈSIMO CUARTO: Pasadas las
09:25 a.m. en venganza, el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores (alias Chinapopo), cierra con candado la celda seis
(6), hacia donde policías penitenciarios y miembros del
ejército han disparado, para luego tirar cajones, palos y
mesas a la puerta de esa celda, con ayuda de los reos
rondines Adán Amparo Soto (alias Comayagua) y Javier Antonio
Solís Ponce, (alias Javier Solís), seguidamente el reo rondín
Pavel Eduardo Rodríguez Flores consigue un liquido
acelerante, regresando a la celda seis (6) por la parte de
atrás siguiendo el pasillo de la comandancia de guardia, y
junto con los reos rondines, Luís Alberto Cruz Valdivia,
(alias chica sexy) Santos Efraín Arteaga Pérez (alias el
chaparro) y el reo Santo Geovany Banegas, prenden en fuego
con el acelerante, varias colchonetas las que tiran hacia el
interior de la celda seis (6), por las ventanas traseras,
rociando de acelerante la madera del techo de dicha celda, al
que también prendieron fuego, mientras que las personas que
se encontraban adentro, trataban de sofocarlo, agarrando agua
del baño, gritaban pidiendo auxilio y rogando clemencia, sin
lograr controlar el fuego; de todo ello lograron tener
conocimiento los policías penitenciarios Dimas Antonio
Benítez, Pedro Pérez Chavarria y el miembro del ejército
Roger Armando Sosa Iglesias, sin que realizaran acción alguna
para evitarlo. En ese momento el policía penitenciario
Gilberto Hernández García, escuchó los gritos de las personas
que se encontraban dentro de la celda seis (6), e instantes
después observó el humo provocado por el fuego de la celda
seis, sin que tampoco realizara acción alguna. TRIGÈSIMO:
Quince (15) minutos después de que los primeros reos
pandilleros han salido de la celda dos, el reo Santos Geovany
Banegas se dirige hacia los reos pandilleros que andaban
armados y los reos pandillero que eran cabecillas, a los que
la policía les dispara y seguidamente disparan a todos los
demás reos pandilleros que se encontraban en el lugar, muchos
de ellos acostados en el suelo; los reos rondines, al ver que
algunos de los reos pandilleros estaban vivos aun,
procedieron a agredirlos con palos, piedras y armas blancas.
Igualmente lo hacían con los reos pandilleros que salieron
después de la celda dos (2) y que se hacían los muertos, todo
ello a vista y consentimiento de la Policía Penitenciaria,
Policía Nacional Preventiva, elementos Cobras y miembros del
ejército que se encontraban en el lugar. De esta manera el
reo rondín Adán Amparo Soto (alias Comayagua) arremete con
cuchillos y palos al reo pandillero Arnol José Hernández
(alias El Trabado); el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores, (alias chinapopo) arremete con machete al reo
pandillero Leonel Aníbal Ortega Garay (alias El Killer); el
reo Héctor Wilfredo Jiménez (alias el Basucazo), arremete con
un leño y arma blanca al reo pandillero Oscar Geovany
Hernández Velásquez (alias El Pewee); igualmente los reos
rondines Santos Geovany Banegas, Tomas Rivera Guevara (alias
Cabuya) y José Roberto Caballero (alias Cobra) agredieron a
Recurso de Casación No. 400-2008
284
otros reos pandilleros usando palos y armas blancas.” Al
analizar estos hechos probados, podemos concluir que los
mismos no cumplen con lo establecido en la regla cuarta del
articulo 338 del Código Procesal Penal, ya que los mismos
adolecen de claridad y coherencia al relatar la dinámica de
cómo ocurrieron los acontecimientos: El vigésimo tercer hecho
probado expresa que mi representado el señor PAVEL EDUARDO
RODRIGUEZ FLORES, sale junto a otros reos, del lugar donde se
resguardaban ―proponiéndose quitarle la vida a todos los reos
pandilleros‖; La defensa cuestiona que el sentenciador
pretende plasmar en los hechos probados, los propósitos o
deseos de los imputados, cuando es de todos conocido, que los
mismos se suscitan en la mente de las personas, es decir en
su ser mas íntimo, y al menos que tengamos la habilidad de
leer la mente de los seres humanos, es imposible saber a
ciencia cierta, cual fue el sentir o pensar de los
encausados; al plasmarlos así en los hechos probados, el
Tribunal incurre en el error de falta de claridad y redacta
los mismos de manera subjetiva, de forma tal, que la simple
lectura se vuelven confusos y poco entendibles.- De igual
forma con la expresión ―proponiéndose quitarles la vida‖
incurre el sentenciador, en el error mas visible de la
sentencia impugnada, y es el de predeterminar el fallo, tal
como lo prohíbe nuestro código procesal penal. Continua
relatando el hecho probado numero veintitrés: ―procediendo a
golpear con toletes, palos, piedras y con armas blancas, a
los reos pandilleros que se encontraban‖; de nuevo incurre en
el mismo yerro el sentenciador, al omitir individualizar las
acciones que específicamente realizan los imputados que se
mencionan en este hecho probado, además de no incluir un
elemento importante de todo hecho probado, como ser el
ofendido o el directamente perjudicado en la acción.- El
manifestar de manera colectiva, que procedieron a golpear a
los reos pandilleros que se encontraban, es generalizar todas
las acciones ocurridas ese día y por tanto centralizar todas
las operaciones en seis o siete reos, que utilizando la
lógica podemos deducir que era imposible ejecutarlos; pero
aún más grave es omitir puntualizar hacia quien iban
dirigidas esas acciones, y al no hacerlo los sentenciadores
convierten los hechos probados indescifrables a la simple
lectura. El vigésimo Cuarto hecho declarado probado por el
Tribunal Sentenciador, expresa; ―Pasadas las 09:25 a.m. en
venganza el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez Flores (alias
Chinapopo), cierra con candado la celda seis (6) hacia donde
policías penitenciarios y miembros del ejército han
disparado‖ Si bien este hecho probado individualiza una
supuesta acción de mi representado, no es menos cierto que el
sentenciador incurre en la predeterminación del fallo, al
establecer la palabra venganza, entonces surgen varias
interrogantes: ¿A que venganza se refiere?, ¿En razón de que
se vengaría mi representado? y ¿Contra quienes lo haría?, de
nuevo este apartado de los hechos omite establecer de que
personas supuestamente se estaría vengando mi representado
RODRIGUEZ FLORES y en razón de que se vengaría, tal como lo
he manifestado en apartados anteriores. Todo esto crea una
gran incertidumbre de cómo sucedieron los hechos y lejos de
aclarar la temática de cómo ocurren los sucesos o la
individualización de las acciones y actividades cometidas por
Recurso de Casación No. 400-2008
285
mi patrocinado, vuelve estos acontecimientos confusos y
vagos. En el treinta hecho declarado probado el Tribunal
expresa: ―De esta manera el reo rondín… Pavel Eduardo
Rodríguez (alias Chinapopo) arremete con machete al reo
pandillero Leonel Anibal Ortega Garay (alias el Killer)‖ Si
bien el sentenciador acertadamente individualiza una supuesta
acción que comete mi representado contra la humanidad del
señor Leonel Ortega, no es menos cierto que omite establecer
cual fue el resultado de su acción, es decir ¿Se produjo la
muerte o simple lesión del ofendido? Pues no se sabe ya que
los hechos probados carecen de esa claridad necesaria y de
esa sencillez que se requiere para que los mismos sean
comprensibles. Con la simple lectura de los hechos probados
antes relacionados surgen mas interrogantes: ¿Qué acción
especifica realiza mi representado PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ?
¿De que delito es responsable? ¿Quienes son las personas
contra las cuales se ejecutan estas acciones? ¿Cuál fue el
resultado de estas acciones, es decir el desenlace de los
acontecimientos? En los mismos se establecen, expresiones
como ―procediendo a golpear con palos, toletes‖
―proponiéndose quitarle la vida‖ ―agredieron a otros reos‖
todas, expresiones totalmente subjetivas y que por
consiguiente hacen de los hechos probados una gama de
confusiones para quien los analice. No pueden justificarse
estos hechos probados, amparándose en el alegato que nos
encontramos ante acontecimientos múltiples y de gran
magnitud, de forma tal que aparecen muchos actores y
participantes en lo mismos, precisamente por esa
particularidad, el estudio y análisis de cada una de las
acciones de los imputados, debió realizarlas el Tribunal de
manera puntual para evitar incurrir en el error de
generalizar, de forma tal que, por el solo hecho de ser un
reo rondín o de encontrarse presente en el momento de los
hechos, sea culpable de todo lo acontecido.- Debe
responsabilizarse únicamente de los actos cometidos por cada
uno de ellos, de no hacerlo así, aplicamos la enseñanza
religiosa que comúnmente utilizamos ―justos pagan por
pecadores‖; como juristas y conocedores del derecho sabemos
que ante la ley, esta enseñanza religiosa no debe, ni puede
aplicarse, sino que debe castigarse únicamente la conducta
personal que cada uno de los imputados realiza.- Tampoco
debemos olvidar, que nuestro representado PAVEL EDUARDO
RODRIGUEZ, se enfrenta solo ante todo el aparato estatal, ya
que el ente acusador tiene a su disposición todos los medios
necesarios (Tecnología, policía de investigación, medicina
forense) para poder establecer la responsabilidad de los
acusados en los hechos a ellos imputados, y con mayor razón
se debe imputar objetivamente las acciones de cada una de
ellos, y si NO es incapaz de hacerlo, el resultado del juicio
será una sentencia absolutoria. En los hechos probados
enumerados como CUADRAGESIMO TERCERO Y CUADRAGESIMO QUINTO,
el tribunal expresa las personas que el día cinco de abril
del dos mil tres, murieron por carbonización y por hechos
violentos, pero sorprendentemente no especifica quienes son
los responsables y a través de que acciones; siendo que en
estos dos hechos probados el tribunal da por acreditada la
muerte de los supuestos ofendidos, también debió establecer
quienes eran los supuestos responsables de sus muertes, sin
Recurso de Casación No. 400-2008
286
embargo lo omite y sorprendentemente en la parte dispositiva
de la sentencia, decide condenar a mi representado por la
muerte de todos los internos acaecidos ese día, lo cual la
simple lógica nos dice que es imposible; una razón más para
considerar a los precitados hechos probados como faltos de
claridad y coherencia. El conocido jurista español JESUS
FERNADEZ ENTRALGO en el libro ―La sentencia en el nuevo
proceso penal‖ en las páginas 81, 86, 87 y 88 referente a La
Fijación de los Hechos Probados manifiesta: ―La declaración
de los hechos probados constituye como –como lo caracteriza
Palacios Mejia-―..el cimiento, el arranque, de la sentencia
penal…‖ Es un presupuesto necesario del fallo, porque
mediante de ella se fija judicialmente la reconstrucción de
lo sucedido, y constituye la base sobre la que se construirá
el tratamiento (subsuncion) jurídico del caso debatido en el
proceso; pero no integra propiamente la motivación de su
decisión. La descripción de los hechos probados ha de hacerse
con 1) claridad 2) precisión y 3) coherencia. De este modo,
se asume legalmente el modelo ideal de ―regla semántica de
formación del lenguaje jurisdiccional dirigida a asegurar la
determinabilidad de las denotaciones facticas …(y que
comprende) una serie de reglas que exigen, como condición de
la estricta jurisdiccionalidad, esto es, de la
veraficabilidad y de la refutabilidad de las tesis que en el
proceso enuncian los hechos y las pruebas, que tanto aquello
como estos sean exactamente individualizadas mediante
descripciones precisas y sin el uso de palabras vagas o
valorativas. La descripción de los hechos declarados probados
ha de hacerse de forma tal que permita su perfecta
compresión, como presupuesto del control de su corrección,
haciendo posible su corroboración (verificación) o refutación
(falsacion)‖ En el caso subjudice, los hechos probados no
permiten comprender como sucedieron los sucesos acusados a mi
representado y sobre todo no permite valorar y determinar la
acción típica, antijurídica y culpable en la que tuvo que
incurrir mi representado, para ser condenado, estas
circunstancias no son visualizadas en la narración de los
hechos probados y tal como afirma Fernández Entralgo no
permite su perfecta comprensión de los acontecimientos
acusados a mi patrocinado. Estos hechos probados fueron
calificados por el juzgador como constitutivos de los delitos
de ASESINATO Y ASESINATO EN GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA,
declarando responsable penalmente de los mismos al señor
PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ sin embargo, al analizar tales hechos
probados en los números, veintitrés, veinticuatro y treinta,
se evidencia el vicio denunciado ya que la descripción de los
mismos no satisface los requisitos de claridad, precisión y
coherencia impuestos por el Artículo 338, sección cuarta,
número uno del Código Procesal Penal. Dicho lo anterior y
siendo que la declaración de hechos probados constituye la
base o el cimiento sobre el cual se construye la sentencia
penal, y dado que los hechos declarados probados en la
sentencia recurrida no reúnen los requisitos legales exigidos
para ello, solicito se case la sentencia recurrida, se anule
el fallo y se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su
procedencia para que la causa sea tramitada con arreglo a
derecho. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO
Siendo que el yerro que provoca la interposición del recurso
Recurso de Casación No. 400-2008
287
de mérito se produce con la sentencia misma, solo es posible
su subsanación a través del presente recurso por lo que se
deduce que no hubo una reclamación ex-ante.‖
XLI.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA
INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO PAVEL EDUARDO
RODRIGUEZ FLORES, ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE LA
DECLARACIÓN DE LOS HECHOS ESTIMADOS PROBADOS POR EL TRIBUNAL
NO ES CLARA NI TERMINANTE.-PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362
No. 1) DEL CODIGO PROCESAL.-
Argumenta el recurrente que la declaración de los hechos
estimados probados por el A Quo no es clara ni terminante.
Considera que en la sentencia recurrida el A Quo estimó como
probados, entre otros, los hechos VIGÉSIMO TERCERO, VIGÉSIMO
CUARTO Y TRIGÉSIMO de cuya lectura se concluye que no cumplen
con lo establecido en la regla cuarta del articulo 338 del
Código Procesal Penal, al adolecer de claridad y coherencia
en el relato de los acontecimientos. Alega que de la simple
lectura de los hechos probados VIGÉSIMO TERCERO, VIGÉSIMO
CUARTO y TRIGÉSIMO surgen muchas interrogantes por tratarse
de acontecimientos múltiples y de gran magnitud, con muchos
actores y participantes, por lo que señala que el Juzgador
debió analizar cada una de las acciones realizadas por el
imputado, de manera puntual para no incurrir en el error de
generalizar, y declarar culpable al encausado PAVEL EDUARDO
RODRIGUEZ FLORES, por el solo hecho de ser reo rondín y
encontrarse presente en el momento de los hechos. El Censor
es del criterio que debe responsabilizarse a los acusados
únicamente de los actos cometidos por ellos; de no hacerlo
así, se aplicaría el dicho popular de que “justos pagan por
pecadores”. Reprocha que si bien es cierto que en los hechos
probados CUADRAGESIMO TERCERO Y CUADRAGESIMO QUINTO, se
describen las personas que murieron por carbonización y por
hechos violentos, no se especifica quienes son los
responsables y a través de que acciones, no obstante que en
la parte dispositiva de la sentencia, el A Quo condena al
encausado PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ FLORES por la muerte de
todos ellos, lo cual considera imposible, otra razón por la
que considera a los hechos probados como faltos de claridad y
coherencia. Concluye manifestando que los hechos probados no
permiten comprender cómo sucedieron los sucesos, ni permite
valorar y determinar las acciones típicas, antijurídicas y
culpables que se supone ejecutaron los acusados y que fueron
calificados por el A Quo como constitutivas de los delitos de
ASESINATO Y ASESINATO EN EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA,
por las se declaró penalmente responsable al encausado PAVEL
EDUARDO RODRIGUEZ FLORES. Esta Sala de lo Penal, considera
pertinente destacar, que el vicio procesal denunciado por el
recurrente se origina exclusivamente cuando la redacción de
los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa,
de modo que por su insuficiencia o oscuridad, o por no
expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o
categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a
subsunciones alternativas, en definitiva, a consecuencia de
la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir
determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u
oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando
incurre en omisiones que alteran su significación y dejan
Recurso de Casación No. 400-2008
288
prácticamente sin contenido específico la narración de los
hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible
por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o
imprecisión, también cuando por omisión de elementos o
circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera
realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que
falta base fáctica para determinar si los hechos son o no
constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la
participación concreta de los acusados en la ejecución del
delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto
procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible
en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o
imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es
necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con
los condicionamientos determinantes de la calificación penal
asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío
en la descripción histórica de los mismos, que determina una
falta de premisa fáctica para formular la calificación
jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del
silogismo en que la sentencia queda estructurada, el
pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que
resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al
fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo
y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”.
Esta Sala de lo Penal considera que no se advierte la falta
de claridad o ambigüedad en la fundamentación fáctica de la
sentencia al establecer la participación del procesado PAVEL
EDUARDO RODRIGUEZ FLORES en la comisión de los hechos que
condujeron al fallecimiento mediante incendio de varias
personas que se encontraban al interior de la Celda No. 6) de
la Granja Penal del Porvenir, de tal manera que en el hecho
probado vigésimo cuarto se describe que el imputado PAVEL
EDUARDO RODRIGUEZ FLORES cerró con candado la puerta de
acceso a la celda No. 6, tras lo cual con ayuda de algunos de
los acusados colocó cajones, palos y mesas frente a dicha
puerta. Por otro lado también se expresa en el cuadro fáctico
que seguidamente el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores, consiguió un líquido acelerante, regresando a la
celda seis (6) por la parte de atrás, siguiendo el pasillo de
la Comandancia de Guardia, y junto con otros coimputados
prendieron fuego con dicho acelerante a varias colchonetas
las que arrojaron hacia el interior de la celda seis (6), a
través de las ventanas traseras, rociando asimismo de
acelerante la madera del techo de dicha celda, al que también
prendieron fuego, mientras que las personas que se
encontraban adentro trataban de sofocarlo, agarrando agua del
baño, gritaban pidiendo auxilio y rogando clemencia, sin
lograr controlar el fuego. lo que en una conexión causa -
efecto trajo como resultado la muerte de veintitrés personas
mediante incendio129. Ahora resulta pertinente analizar si la
fundamentación fáctica de la sentencia adolece de la
suficiente claridad y precisión en lo que concierne a la
imputación que se le hace al encausado PAVEL EDUARDO
RODRIGUEZ FLORES, por la comisión a título de coautor de
treinta y siete delitos de asesinato mediante alevosía y
diecinueve delitos de tentativa de asesinato alevoso. En el
129
Vid. Hecho Probado No. Cuadragésimo Tercero.
Recurso de Casación No. 400-2008
289
hecho probado Vigésimo Tercero se afirma que tras la
irrupción de elementos de seguridad del Estado en el interior
de la Granja Penal del Porvenir, el procesado PAVEL EDUARDO
RODRIGUEZ FLORES, al igual que otros ocho reos rondines,
salieron de las diferentes celdas y otros espacios en los que
se habían refugiado, procediendo a golpear con toletes, palos
y armas blancas a los reos pandilleros que encontraban,
algunos de ellos ya heridos por armas de fuego, circunstancia
de la que tenía conocimiento el coimputado ya fallecido ROGER
ARMANDO SOSA IGLESIAS sin que éste realizara acción alguna
para evitarlo. Mas adelante, en el hecho probado Trigésimo se
establece que Quince (15) minutos después de que los primeros
reos pandilleros habían salido de la celda número dos, uno de
los reos rondines señaló a varios de estos que se encontraban
en indefensión pero que anteriormente andaban armados y que
tenían el carácter de cabecillas, a los que tras la referida
señalización la policía les disparó haciéndolo igualmente con
los demás pandilleros que se encontraban en el lugar. Tras lo
cual los reos rondines al ver que algunos de los reos
pandilleros aun estaban vivos procedieron a agredirlos con
palos, piedras y armas blancas. Igualmente lo hacían con los
reos pandilleros que salieron después de la celda dos (2) y
que se hacían los muertos, todo ello a vista y consentimiento
de la Policía Penitenciaria, Policía Nacional Preventiva,
elementos Cobras y miembros del ejército que se encontraban
en el lugar. De esta manera se afirma que el reo rondín Adán
Amparo Soto, (alias Comayagua), agredió con cuchillos y palos
al reo pandillero Arnol José Hernández, (alias El trabado);
el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez Flores, (alias
Chinapopo) agredió con machete al reo pandillero Leonel
Aníbal Ortega Garay, (alias El Killer); el reo Héctor
Wilfredo Jiménez, (alias El Basucazo), agredió con un leño y
arma blanca al reo pandillero Oscar Geovanny Hernández
Velásquez, (alias El Pewee)….así como también que el imputado
José Roberto Caballero, junto con otros rondines agredieron a
otros reos pandilleros usando palos y armas blancas. Del
análisis conjunto de los hechos probados antes relacionados
en los que aparece realizando diversas acciones el imputado
PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ FLORES, a quien el Tribunal de
Instancia condenó a título de coautor como responsable de
haber contribuido en un plan espontáneo y colectivo a causar
la muerte de treinta y siete personas e intentar quitarle la
vida a diecinueve, podemos afirmar que dadas las
circunstancias en que se produjeron los hechos objeto de
juzgamiento con múltiples sujetos activos y una gran cantidad
de víctimas, que en su mayoría perdieron la vida en tanto que
las demás presentaban múltiples lesiones tras la conclusión
de los sucesos, resulta razonable que el Tribunal de
Instancia no haya establecido con rigurosa minuciosidad y con
prolijidad de detalles las incidencias ocurridas durante el
desarrollo de los acontecimientos, de tal manera que la
fundamentación fáctica de la sentencia recurrida no acusa la
oscuridad, ambigüedad o imprecisión señalada por el Censor,
que impida como un obstáculo insalvable determinar si dicho
encartado han incurrido o no en la comisión de los hechos
criminosos que se le atribuyen. El recurrente alega que la
inclusión en el relato fáctico, de la valoración en torno a
que los acusados salieron de los lugares donde se habían
Recurso de Casación No. 400-2008
290
refugiado proponiéndose quitarle la vida a todos los reos
pandilleros, y que además actuaron movidos por la venganza
constituyen conceptos predeterminantes del fallo. Sobre esto
es importante señalar que tales frases no constituyen
expresiones técnico-jurídicas, sino que juicios de
inferencia130, mediante los cuales se determina el elemento
subjetivo del delito, de modo que si bien es cierto que su
ubicación resulta más acertada en la fundamentación
intelectiva y jurídica de la sentencia131, en cuanto extraídos
de los datos objetivos relatados, su inclusión en el relato
de hechos probados, siempre y cuando no vacíe el contenido de
los mismos, es revisable en casación por la vía del artículo
360 párrafo primero del Código Procesal Penal132, si de los
restantes elementos fácticos narrados por el Juzgador se
acredita la equivocación de éste al atribuir al procesado que
esos eran y no otros, los móviles que le impulsaron a cometer
el delito. De este modo, y siendo que el cuadro fáctico
expuesto en la sentencia, aún suprimiendo mentalmente ese
juicio de inferencia, resulta narrado con un mínimo de
claridad y amplitud para determinar cual fue la intención que
movió al encartado para realizar las acciones que se le
imputan, esta Sala es del criterio que el motivo alegado por
el Censor debe ser desestimado.
XLII.- El Recurrente Abogado OSCAR GEVAWER, actuando en su
condición de Defensor Público del señor Pavel Eduardo
Rodríguez, desarrolló su Recurso de Casación por Infracción
de Ley y Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera:
―EXPOSICIÒN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÒN POR INFRACCION DE LEY
PRIMER MOTIVO: Aplicación indebida del articulo 117 del
Código Penal PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de
casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del
Código Procesal Penal EXPLICACION DEL MOTIVO La norma penal
que aplica indebidamente el sentenciador es el articulo 117
del Código Penal que establece: ―Es reo de asesinato quien de
muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de las
circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con Premeditación,
conocida; 3) Por medio de inundación, incendio,
envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento,
varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda
ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo o
intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando
deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por
asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de
reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o
promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación,
la pena será de treinta (30) a privación de por vida de la
130 Vid. LUZON CUESTA, JOSE MARIA, El Recurso de Casación Penal, 2ª
edición, Editorial Colex, Madrid, 2000, págs. 147-148, 151-152. 131
En la fundamentación intelectiva el Juzgador debe dedicarse a la
valoración propiamente dicha de la prueba, en tanto que en la
fundamentación jurídica, el Juez después de analizar las distintas
posibilidades argumentativas debatidas por las partes, racionalmente opta
por una de ellas, diciendo por qué considera que los hechos deben ser
subsumidos en tal o cual norma sustantiva, vid. sobre esta temática:
ARROYO GUTIERREZ, JOSE MANUEL / RODRIGUEZ CAMPOS, ALEXANDER, en Lógica
Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal, Editorial Jurídica
Continental, 2ª edición, San José de Costa Rica, 2002, págs. 135 y ss.
132 Referido a la casación por infracción de ley.
Recurso de Casación No. 400-2008
291
libertad‖ El Juzgador estimó como HECHOS PROBADOS, entre
otros los siguientes: ―VIGÈSIMO TERCERO: Los reos rondines
Adán Amparo Soto, (alias Comayagua) Jorge Alberto Caballero,
(alias cobra) Luís Alberto Cruz Valdivia (alias Chica sexy)
Oscar Alexander Ocampo (alias Matador) Pavel Eduardo
Rodríguez Flores (alias Chinapopo) Santos Efraín Arteaga
Pérez (alias chaparro), Tomas Rivera Guevara (alias Cabuya),
con ayuda de los reos Santo Geovany Banegas (alias Banegas) y
Héctor Wilfredo Jiménez (alias el Basucazo), salen de las
diferentes celdas y lugares donde habían tenido refugio,
proponiéndose quitarle la vida a todos los reos pandilleros,
procediendo a golpear con toletes, palos, piedra y con armas
blancas, a los reos pandilleros que encontraban, algunos de
ellos ya heridos por los disparos de arma de fuego, aceptando
esto los policías penitenciarios y miembros del ejército que
se encontraban en ese momento y con ellos Roger Armando Sosa
Iglesias el que no realiza ninguna acción para impedir o
evitar lo que está aconteciendo. VIGÈSIMO CUARTO: Pasadas las
09:25 a.m. en venganza, el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores (alias Chinapopo), cierra con candado la celda seis
(6), hacia donde policías penitenciarios y miembros del
ejército han disparado, para luego tirar cajones, palos y
mesas a la puerta de esa celda, con ayuda de los reos
rondines Adán Amparo Soto (alias Comayagua) y Javier Antonio
Solís Ponce, (alias Javier Solís), seguidamente el reo rondín
Pavel Eduardo Rodríguez Flores consigue un liquido
acelerante, regresando a la celda seis (6) por la parte de
atrás siguiendo el pasillo de la comandancia de guardia, y
junto con los reos rondines, Luís Alberto Cruz Valdivia,
(alias chica sexy) Santos Efraín Arteaga Pérez (alias el
chaparro) y el reo Santo Geovany Banegas, prenden en fuego
con el acelerante, varias colchonetas las que tiran hacia el
interior de la celda seis (6), por las ventanas traseras,
rociando de acelerante la madera del techo de dicha celda, al
que también prendieron fuego, mientras que las personas que
se encontraban adentro, trataban de sofocarlo, agarrando agua
del baño, gritaban pidiendo auxilio y rogando clemencia, sin
lograr controlar el fuego; de todo ello lograron tener
conocimiento los policías penitenciarios Dimas Antonio
Benítez, Pedro Pérez Chavarria y el miembro del ejército
Roger Armando Sosa Iglesias, sin que realizaran acción alguna
para evitarlo. En ese momento el policía penitenciario
Gilberto Hernández García, escuchó los gritos de las personas
que se encontraban dentro de la celda seis (6), e instantes
después observó el humo provocado por el fuego de la celda
seis, sin que tampoco realizara acción alguna. TRIGÈSIMO:
Quince (15) minutos después de que los primeros reos
pandilleros han salido de la celda dos, el reo Santo Geovany
Banegas se dirige hacia los reos pandilleros que andaban
armados y los reos pandillero que eran cabecillas, a los que
la policía les disparan y seguidamente disparan a todos los
demás reos pandilleros que se encontraban en el lugar, muchos
de ellos acostados en el suelo; los reos rondines, al ver que
algunos de los reos pandilleros estaban vivos aun,
procedieron a agredirlos con palos, piedras y armas blancas.
Igualmente lo hacían con los reos pandilleros que salieron
después de la celda dos (2) y que se hacían los muertos, todo
ello a vista y consentimiento de la Policía Penitenciaria,
Recurso de Casación No. 400-2008
292
Policía Nacional Preventiva, elementos Cobras y miembros del
ejército que se encontraban en el lugar. De esta manera el
reo rondín Adán Amparo Soto (alias Comayagua) arremete con
cuchillos y palos al reo pandillero Arnol José Hernández
(alias El Trabado); el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores, (alias chinapopo) arremete con machete al reo
pandillero Leonel Aníbal Ortega Garay (alias El Killer); el
reo Héctor Wilfredo Jiménez (alias el Basucazo), arremete con
un leño y arma blanca al reo pandillero Oscar Geovany
Hernández Velásquez (alias El Pewee); igualmente los reos
rondines Santos Geovany Banegas, Tomas Rivera Guevara (alias
Cabuya) y José Roberto Caballero (alias Cobra) agredieron a
otros reos pandilleros usando palos y armas blancas.” El
juzgador calificó que tales hechos declarados probados,
constituyen el delito de ASESINATO, así como lo establece en
el DECIMO SEGUNDO numeral de la parte dispositiva de la
sentencia y condenó a mi representado PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ
FLORES, como autor responsable penalmente ―por acción de
veintitrés delitos consumados de Asesinato mediante incendio
en perjuicio de veintitrés personas que murieron por
carbonización en concurso real a la pena de VEINTICINCO (25)
AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSION‖; sobre este particular, la
defensa del señor PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ considera que el
juzgador arriba a tal decisión por una errónea interpretación
del referido articulo 117 ya que en los mencionados hechos
probados, no se aprecia de manera clara y precisa, los dos
elementos indispensables para catalogar la conducta de mi
representado como constituta de tales delitos, en este caso
el elemento objetivo y subjetivo del tipo penal.- En el caso
subjudice, los hechos probados carecen de tales elementos y
no concretiza de manera puntual y clara, la forma en la que
nuestro patrocinado realiza esas acciones que hacen que el
Juzgador le condene por el delito de ASESINATO; al grado tal
que omite establecer los nombres de los sujetos pasivos de
los hechos (ofendidos) y más grave aun no establece cual fue
el resultado de sus acciones, no concretiza, si como
resultado de tales acontecimientos se produjo el resultado
muerte necesario para catalogar la conducta de mi
representado como ASESINATO, es por tal circunstancia que al
no realizar una adecuación de los hechos acontecidos con el
tipo penal por el que acusa, aplica incorrectamente el
precepto penal antes referido. INTERPRETACION PRETENDIDA Al
no plasmar de manera concreta la acción de mi representado
PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ en los sucesos a él acusados,
convierte a los hechos probados en meras especulaciones, en
relatos sin sentido y al no establecer contra quienes se
producen las acciones y cual fue el resultado, por
consiguiente al no enmarcarlos adecuadamente en el tipo penal
por el que se le condenó, nuestra solicitud al Tribunal de
Casación es que se aplique correctamente la norma penal con
el dictado de un fallo absolutorio.
XLII.-RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ FLORES,
ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE DE LOS HECHOS DECLARADOS
PROBADOS NO SE DESPRENDE QUE DICHO IMPUTADO HAYA EJECUTADO A
TÍTULO DE COAUTOR VEINTITRES DELITOS DE ASESINATO MEDIANTE
INCENDIO Y TREINTA Y SIETE DELITOS DE ASESINATO ALEVOSO, POR
Recurso de Casación No. 400-2008
293
LO QUE AL RESULTAR CONDENADO POR ESTAS INFRACCIONES PENALES,
EL TRIBUNAL SENTENCIADOR HA INCURRIDO EN UNA APLICACIÓN
INDEBIDA DEL ARTICULO 117 DEL CODIGO PENAL.-
Argumenta el recurrente que el Juzgador ha incurrido en una
aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal, norma
penal que tipifica el delito de Asesinato. Alega que en el
cuadro fáctico no se describe comportamiento alguno del
acusado PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ FLORES, que constituya el
delito de ASESINATO tipificado en el artículo 117 del Código
Penal, por lo que pide que se aplique correctamente la norma
penal y se dicte un fallo Absolutorio. Esta Sala de lo Penal
considera importante recordar, que a través del recurso de
casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una
revaloración jurídica del material fáctico descrito en la
sentencia, contenido en la formulación de hechos probados
realizada por el Tribunal de Instancia. El recurso de
casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su
alegación, de los hechos probados que contenga la resolución
cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que
la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva
de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a
la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos
probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas
que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben
aplicarse, o se invocan las normas que deben aplicarse al
caso concreto pero el Juzgador hace una interpretación
errónea de las mismas. Precisados los límites en los que
puede desenvolverse la función revisora de esta Sala cuando
del recurso de casación por infracción de ley se trate, ahora
es pertinente que indiquemos cuales son los elementos
objetivos y subjetivos del delito de asesinato mediante
incendio que se atribuye al encartado PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ
FLORES en perjuicio de varias personas. La muerte de un ser
humano a consecuencia de la acción realizada por otra
persona, valiéndose de medios especialmente peligrosos o
revelando una especial perversidad, ha sido tradicionalmente
castigada con mayor severidad que el homicidio simple. En
este sentido, el asesinato se describe como la muerte de otra
persona ejecutada con alguna de las circunstancias
mencionadas en el artículo 117 del Código Penal. De este
modo, la concurrencia de algunas de las circunstancias del
artículo 117 establece la diferencia entre el homicidio y el
asesinato. No obstante, cabe señalar, que ambos delitos
comparten características comunes, así, aparte de la igualdad
en el bien jurídico protegido, que es la vida humana como
valor ideal, coinciden los sujetos, activo y pasivo, que
pueden serlo cualquier persona, sin más limitaciones que las
que provienen del concurso de leyes,133 el objeto material
sobre el que recae directamente la acción, es el hombre vivo
físicamente considerado, y los problemas de la relación de la
causalidad, en virtud de la cual se debe establecer la
conexión entre el comportamiento del sujeto activo y el
resultado que consiste en la muerte efectiva de otra persona.
En el caso concreto que ahora nos ocupa, se ha declarado la
133 Así sí el sujeto pasivo es alguno de los Presidentes de los Poderes
del Estado, el delito aplicable es el previsto en el artículo 322, si se
trata del Jefe de Estado extranjero o Jefe de Gobierno extranjero, el
artículo 318, etc…
Recurso de Casación No. 400-2008
294
responsabilidad penal del encausado PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ
FLORES a título de coautor de varios delitos de asesinato
mediante incendio, modalidad prevista en el numeral 3) del
precepto legal supracitado. La razón de la especial
agravación de la muerte de un ser humano cometido mediante
incendio, no es solamente la mayor perfidia del medio
empleado que revela un delincuente sumamente peligroso, sino
también el peligro general que tal medio y otros como la
inundación, explosión, descarrilamiento, etc… encierran para
la colectividad134. En lo que concierne a la coautoría esta se
presenta cuando varias personas, previa celebración de un
acuerdo común, que puede ser expreso o tácito, llevan a cabo
un hecho de manera mancomunada, mediante una contribución
objetiva a su realización, por lo que cada autor domina todo
el suceso en unión de otro o de otros. Un buen ejemplo lo
brinda la banda de asaltantes que planea atracar un banco, y
con tal fin se distribuyen las diversas tareas: reducir a los
guardias de seguridad, controlar a los concurrentes a la
entidad crediticia, abrir la caja fuerte, vigilar el
exterior, tomar el dinero entregado por los cajeros, etc..,
todos los intervinientes, pues, pueden ser considerados
coautores a condición de que reúnan las exigencias
correspondientes. De esta forma, en los casos de dominio del
hecho, las funciones que realizan los concurrentes, no son
las mismas, pero todos realizan alguna labor, y la suma de
ellas es la que permite la comisión del delito. Habiendo
determinado de manera sucinta cuales son los elementos
objetivos y subjetivos de la modalidad del delito de
asesinato antes apuntada, y explicada en términos generales
la figura de la coautoría, analizaremos sí a partir del
relato de hechos probados se puede atribuir al acusado los
hechos criminosos antes apuntados. Una lectura detenida de la
fundamentación fáctica de la sentencia, revela que en el
hecho probado vigésimo cuarto se describe que el reo rondín
PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ FLORES cerró con candado la puerta de
acceso a la celda No. 6, tras lo cual con ayuda de algunos de
los acusados colocó cajones, palos y mesas frente a dicha
puerta. Por otro lado, también se expresa en el cuadro
fáctico que seguidamente el reo rondín PAVEL EDUARDO
RODRIGUEZ FLORES, consiguió un líquido acelerante, regresando
a la celda seis (6) por la parte de atrás, siguiendo el
pasillo de la Comandancia de Guardia, y junto con otros
coimputados prendieron fuego con dicho acelerante a varias
colchonetas las que arrojaron hacia el interior de la celda
seis (6), a través de las ventanas traseras, rociando
asimismo de acelerante la madera del techo de dicha celda, al
que también prendieron fuego, mientras que las personas que
se encontraban adentro trataban de sofocarlo, agarrando agua
del baño, gritaban pidiendo auxilio y rogando clemencia, sin
lograr controlar el fuego. lo que en una conexión causa -
efecto trajo como resultado la muerte de veintitrés personas
mediante incendio135De este modo se describen las acciones de
varios individuos, entre quienes se encuentra el procesado
PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ FLORES, que de manera deliberada y
134
Vid. CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II, Revisada por CAMARGO
HERNANDEZ, CESAR, Bosch, Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1982, pág. 507. 135
Vid. Hecho Probado No. Cuadragésimo Tercero.
Recurso de Casación No. 400-2008
295
conjunta contribuyeron, ya sea para causar un incendio en la
Celda No. 6 de la Granja Penal del Porvenir o impedir la
salida de quienes se encontraba en su interior, lo que en una
relación causa-efecto trajo como resultado la muerte de
varias personas (vid. Hecho Probado Cuadragésimo Tercero). De
este modo, del relato fáctico antes descrito se subsume la
comisión del delito de asesinato tipificado en el artículo
117 No. 3) del Código Penal y por ende atribuible al
encartado PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ FLORES a título de coautor,
consecuentemente, se desestima el motivo de casación que por
infracción de ley interpusiera la Defensa para desvanecer los
delitos de asesinato mediante incendio por los cuales
resultara condenado. En lo que concierne a los treinta y
siete delitos de asesinato alevoso consumado que se le
atribuyen al encartado PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ FLORES esta
Sala considera pertinente recordar que la alevosía supone el
empleo de procedimientos que facilitan el hecho. La define el
artículo 27 No. 2) del Código Penal: “hay alevosía cuando el
culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la
integridad personal, empleando medios, modos o formas en la
ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarlas,
sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que
pudiera hacer el ofendido.”. En este sentido, la alevosía
exige que los procedimientos empleados tiendan, directa y
especialmente a asegurar la ejecución, evitando el riesgo de
una posible defensa del agredido. Ejemplos de ataques
alevosos son los que se producen por la espalda136, o estando
la víctima en la cama o de rodillas. Los ataques a traición
son alevosos. Lo decisivo en la alevosía es, por tanto, el
aseguramiento de la ejecución del hecho y la ausencia del
riesgo ante la defensa que pudiera hacer el ofendido. La
alevosía puede aparecer en cualquier momento de la ejecución
del delito, no exigiéndose para su apreciación ningún tipo de
premeditación o preparación, de tal manera que puede surgir
en el mismo momento en que se ejecuta el hecho (el sujeto
aprovecha que su enemigo le da la espalda para dispararle).
En algunas corrientes jurisprudenciales se distinguen tres
supuestos de asesinato alevoso. La llamada alevosía
proditoria o traicionera, si concurre celada, trampa o
emboscada; la sorpresiva, que se materializa en un ataque
súbito o inesperado; y la alevosía por desvalimiento, en la
que el agente se aprovecha de una especial situación de
desamparo de la víctima que impide cualquier manifestación de
defensa137. Un análisis del relato fáctico en todo su contexto
nos permite constatar que en los hechos probados
decimoséptimo, decimonoveno y cuadragésimo primero se
describen las acciones ejecutadas por varios reos pandilleros
que dieron como resultado en algunos casos la muerte y en
otros las lesiones causadas a varios reos comunes, así como
también los intentos por acabar con la vida de estos últimos
mediante incendio y otros medios idóneos, De este modo y si
136 Aunque hay que precisar, que no por ello se convierte automáticamente
en alevosa la muerte producida por una puñalada en la espalda o al
rematar al contendiente caído en el suelo, en el transcurso de una pelea
en la que ambos contendientes actúan en igualdad de condiciones, vid.
MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, Derecho Penal, Parte Especial, 14ª edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 53-54 137 Vid. http://www.unav.es/penal/crimina/T%F3picos%20html/alevosia.html
Recurso de Casación No. 400-2008
296
bien es cierto que de la fundamentación fáctica no se
desprende la existencia de una causa de justificación ni otra
eximente de responsabilidad criminal a favor del imputado
PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ FLORES, por las agresiones que
ejecutaran en perjuicio de otros individuos, no es menos
cierto que tampoco se desprende del mismo relato fáctico que
las referidas agresiones hayan sido a traición, inesperadas,
mediante emboscada o celada, o aprovechándose de una
situación de evidente desvalimiento de los ofendidos, de ahí
que no podamos afirmar de manera indubitada y a partir de los
hechos declarados probados que los encausados al perpetrar
las acciones que se le imputan hayan empleado particulares
medios, modos o formas en la ejecución de los hechos con la
finalidad de asegurar el resultado, sin los riesgos que para
su persona hubieran podido proceder de una reacción defensiva
por parte de los ofendidos, de ahí que la agresiones tantas
veces referidas no puedan calificarse como alevosas y por lo
tanto constitutivas de delitos de asesinato, por lo que el
comportamiento de los acusados al contribuir de manera
mancomunada, en un plan espontáneo y colectivo con la
finalidad de dar muerte a los reos pandilleros, propósito que
finalmente resultara alcanzado, se subsume en la figura del
homicidio simple, tipificada en el artículo 116 párrafo
primero del Código Penal, considerando esta Sala que como
mínimo, de manera analógica y en bonam partem, concurre a
favor de los procesados , la atenuante de haber precedido de
parte del ofendido, provocación o amenaza proporcionada al
delito138. Es cierto como lo expone el Censor, que en el
relato fáctico no se establece puntualmente y con detalle
cuales fueron las acciones que individualmente trajeron como
consecuencia la muerte de treinta y siete personas, pero no
es menos cierto que del mismo relato fáctico se colige que el
acusado junto con otros realizaron una misma y compleja
operación delictiva, de tal manera que cada uno de ellos
mediante acciones ejecutivas idóneas para causar la muerte de
otras personas, esto es, utilizando armas cortopunzantes,
palos, piedras y otros objetos contundentes, reforzándose
unos y otros, realizaron una parte diversa pero esencial para
el éxito de la referida operación, cuyos resultados se
reflejan en las autopsias efectuadas por los médicos forenses
y descritas en los hechos probados en los que se aprecian con
detalle que los treinta y siete reos pandilleros que
resultaron muertos presentan múltiples heridas causadas con
los medios antes señalados. Una cosa es que de un grupo de
personas no se tenga la certeza respecto a quienes
participaron en el hecho, y otra muy diferente que más allá
de toda duda razonable se tenga por probado que un hecho fue
producido por la acción conjunta de un grupo de individuos,
pues en éste último evento la imprecisión de los detalles no
altera la responsabilidad que como coautores les es imputable
a todos. De este modo resulta que la decisión mancomunada, es
decir, la decisión común del hecho del referido imputado
junto con otros es lo que ha determinado la conexión de las
138 El artículo 26 No. 4) del Código Penal establece que constituye una
circunstancia atenuante ―haber precedido inmediatamente de parte del
ofendido, provocación o amenaza proporcionada al delito‖. Por su parte el
numeral 14) del mismo precepto legal, prevé que constituye circunstancia
atenuante: ―cualquier otra circunstancia análoga a las anteriores..‖
Recurso de Casación No. 400-2008
297
partes del suceso ejecutadas por cada uno de ellos y a partir
de la que es posible imputarle a cada encausado la parte
realizada por cada uno de los otros139. Por las razones
anteriormente expuestas se le impone al encartado la pena
mínima de quince años de reclusión por cada uno de los
homicidios consumados, para hacer un total de quinientos
cincuenta y cinco años de reclusión. De este modo se estima
parcialmente y en los términos antes expuestos, el motivo que
por infracción de ley interpusiera la Defensa del imputado
PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ FLORES para desvanecer los cargos de
treinta y siete delitos de asesinato consumado mediante
alevosía.
XLIII.- SEGUNDO MOTIVO: Aplicación indebida del artículo 117
del Código Penal, en relación al 15 del mismo cuerpo legal.
PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se
encuentra comprendido en el articulo 360 del Código Procesal
Penal EXPLICACIÒN DEL MOTIVO La norma penal que aplica
indebidamente el sentenciador es el articulo 117 del Código
Penal que establece: ―Es reo de asesinato quien de muerte a
una persona ejecutándola con la concurrencia de las
circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con Premeditación,
conocida; 3) Por medio de inundación, incendio,
envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento,
varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda
ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo o
intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando
deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por
asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de
reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o
promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación,
la pena será de treinta (30) a privación de por vida de la
libertad. En relación al articulo 15 del mismo cuerpo legal
que establece: Hay tentativa cuando, con la intención e
cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos
de ejecución y no se consuman por causas ajenas a la voluntad
del agente‖ Los hechos antes relacionados y transcritos,
fueron considerados por el sentenciador según lo establece en
el décimo segundo numeral del Acápite ―Parte Dispositiva‖ de
la sentencia como ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE
TENTATIVA, fundamentado en el Artículo 117 en relación al 15
del Código Penal y condenando a mi representado ―por acción
de treinta y siete delitos consumados de Asesinato por
Alevosía en perjuicio de treinta y siete personas que
murieron en forma violenta en concurso real, a la pena de
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO (758) AÑOS DE RECLUSION‖ y ―por
acción de diecinueve delitos de Asesinato por Alevosía en su
grado de ejecución de Tentativa en perjuicio de diecinueve
reos pandilleros sobrevivientes en concurso real a la pena de
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS (262) AÑOS CUATRO (4) MESES DE
RECLUSION‖; sobre este particular, la defensa del señor PAVEL
EDUARDO RODRIGUEZ considera que el juzgador arriba a tal
decisión por una errónea interpretación del referido artículo
117 así como del 15 del referido cuerpo legal pues, en los
hechos probados no se aprecia de manera clara y precisa, los
139 Sobre la figura de la coautoría en particular, vid. MARQUEZ CARDENAS,
ALVARO ENRIQUE, en La Coautoría en la Dogmática Penal, frente a otras
formas de Autoría y Participación, Universidad Libre de Colombia, Bogotá,
2008, págs. 65 y ss.
Recurso de Casación No. 400-2008
298
elementos indispensables para catalogar la conducta de mi
representado como constituta de tales delitos, en este caso
el elemento objetivo y subjetivo del tipo penal.- En el caso
subjudice, los hechos probados carecen de tales elementos y
no concretiza de manera puntual y clara, la forma en la que
nuestro patrocinado realiza esas acciones que hacen que el
Juzgador le condene por el delito de ASESINATO EN GRADO DE
EJECUCION DE TENTATIVA y mucho menos se establece cuales
fueron esas causas ajenas a la voluntad del agente que hacen
que mi representado no alcance el resultado esperado. Los
hechos probados antes mencionados no enmarcan de manera
perfecta, el accionar de mi patrocinado PAVEL EDUARDO
RODRIGUEZ como constitutivos de 37 ASESINATOS EN SU GRADO DE
EJECUCION DE TENTATIVA, al grado tal que omite establecer las
acciones mediante las cuales se haya intentado quitar la vida
en forma alevosa a los internos, los nombres de los sujetos
pasivos de los hechos (ofendidos) y más grave aun no
establece cual fue el resultado de sus acciones para
catalogar la conducta de mi representado como ASESINATO EN
GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA. Tampoco aparece cual fue la
circunstancia especial que considera el sentenciador para
calificarlo como un delito de asesinato, es decir cual de las
cuatro circunstancias calificadores toma en cuenta para
agravar la responsabilidad de los acusados de homicidio a
Asesinato, si bien la menciona en la parte dispositiva que
fue por Alevosía, la misma no aparece de manera clara en la
lectura de los hechos probados. INTERPRETACION PRETENDIDA Al
no plasmar de manera concreta la acción de mi representado
PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ en los sucesos a él acusados,
convierte a los hechos probados en meras especulaciones, en
relatos sin sentido y al no establecer contra quienes se
producen las acciones y cual fue el resultado, por
consiguiente al no enmarcarlos adecuadamente en el tipo penal
por el que se le condenó, nuestra solicitud al Tribunal de
Casación es que se aplique correctamente la norma penal con
el dictado de un fallo absolutorio.
XLIII.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ FLORES,
ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE DE LOS HECHOS DECLARADOS
PROBADOS NO SE DESCRIBEN ACCIONES DEL PROCESADO CONSTITUTIVAS
DE LOS DIECINUEVE DELITOS DE TENTATIVA DE ASESINATO ALEVOSO
POR LOS CUALES RESULTARA CONDENADO A TITULO DE COAUTOR, DE
AHÍ QUE EL TRIBUNAL SENTENCIADOR HA INCURRIDO EN UNA
APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 117 No. 1) DEL CODIGO PENAL
EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 15 DEL MISMO TEXTO PUNITIVO.-
Argumenta el recurrente que el A Quo incurre en una
aplicación indebida del Artículo 117 del código penal, que
tipifica el delito de Asesinato, en relación al 15 del mismo
texto normativo, que define los requisitos de la tentativa
como un grado de ejecución del delito. Esgrime que la
decisión del juzgador por la que se condena al acusado PAVEL
EDUARDO RODRIGUEZ FLORES, en aplicación de los artículos 117
y 15 del Código Penal es errónea, en tanto de los hechos
probados no se aprecia de manera clara y precisa, los
elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Considera
que en los hechos probados no se concretiza la forma en la
que el acusado habría realizado las acciones por las que el A
Quo le condena por el delito de ASESINATO EN GRADO DE
Recurso de Casación No. 400-2008
299
EJECUCION DE TENTATIVA y mucho menos cuales fueron esas
causas ajenas a la voluntad del agente que impidieron la
consumación del resultado esperado. Además omite establecer
los nombres de los ofendidos y no establece cual fue el
resultado de sus acciones para catalogar su conducta como
ASESINATO en el grado de ejecución de TENTATIVA. Tampoco la
circunstancia especial que considera el A Quo para calificar
el delito de asesinato, es decir cual de las cuatro
circunstancias calificadores ha tomado en cuenta para agravar
la responsabilidad de los acusados de homicidio a Asesinato.
Si bien la menciona en la parte dispositiva que fue por
Alevosía, la misma no aparece de manera clara en la lectura
de los hechos probados. . Esta Sala de Penal considera
pertinente recordar que la alevosía supone el empleo de
procedimientos que facilitan el hecho. La define el artículo
27 No. 2) del Código Penal: “hay alevosía cuando el culpable
comete cualquiera de los delitos contra la vida y la
integridad personal, empleando medios, modos o formas en la
ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarlas,
sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que
pudiera hacer el ofendido.”. En este sentido, la alevosía
exige que los procedimientos empleados tiendan, directa y
especialmente a asegurar la ejecución, evitando el riesgo de
una posible defensa del ofendido. Ejemplos de ataques
alevosos son los que se producen por la espalda140, o estando
la víctima en la cama o de rodillas. Los ataques a traición
son alevosos. Lo decisivo en la alevosía es, por tanto, el
aseguramiento de la ejecución del hecho y la ausencia del
riesgo ante la defensa que pudiera hacer el ofendido. La
alevosía puede aparecer en cualquier momento de la ejecución
del delito, no exigiéndose para su apreciación ningún tipo de
premeditación o preparación, de tal manera que puede surgir
en el mismo momento en que se ejecuta el hecho (el sujeto
aprovecha que su enemigo le da la espalda para dispararle).
En algunas corrientes doctrinales se distinguen tres
supuestos de asesinato alevoso. La llamada alevosía
proditoria o traicionera, si concurre celada, trampa o
emboscada; la sorpresiva, que se materializa en un ataque
súbito o inesperado; y la alevosía por desvalimiento, en la
que el agente se aprovecha de una especial situación de
desamparo de la víctima que impide cualquier manifestación de
defensa141. Por otro lado también resulta oportuno recordar
que el artículo 15 del código penal establece: “hay tentativa
cuando, con la intención de cometer un delito determinado se
realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente”. El tipo de la
tentativa requiere de los siguientes elementos: a) en la
parte objetiva, una ejecución parcial o total de los actos
ejecutivos no seguida de consumación, b) en la parte
subjetiva, la voluntad de consumación, c) la ausencia de
desistimiento voluntario. El comienzo de la ejecución
140 Aunque hay que precisar, que no por ello se convierte automáticamente
en alevosa la muerte producida por una puñalada en la espalda o al
rematar al contendiente caído en el suelo, en el transcurso de una pelea
en la que ambos contendientes actúan en igualdad de condiciones, vid.
MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, Derecho Penal, Parte Especial, 14ª edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 53-54 141 Vid. http://www.unav.es/penal/crimina/T%F3picos%20html/alevosia.html
Recurso de Casación No. 400-2008
300
necesario para la tentativa requiere que se traspase la
frontera que separa los actos preparatorios (sí los hay) de
los actos ejecutivos. Subjetivamente la tentativa requiere
que el sujeto quiera los actos que objetivamente realiza con
ánimo de consumar el hecho o, al menos aceptando (con
seguridad o con probabilidad) que pueden dar lugar a la
consumación. Por último se requiere la concurrencia de un
elemento negativo, y que consiste en el que el hecho no se
consume por causas ajenas a la voluntad del agente.
Recapitulando podemos afirmar que la tentativa se presenta
cuando se ejecutan actos considerados indispensables para
llevar a cabo el comportamiento tipificado en la ley penal y
que en el caso concreto deben serlo efectivamente conforme al
fin propuesto, pero factores extraños o ajenos a la voluntad
del autor impiden que éste logre la producción del resultado
perseguido. Así las cosas podemos afirmar que habrá una
tentativa de asesinato alevoso, cuando el agente realiza
actos inequívocos de ejecución dirigidos a causar la muerte
de una persona, empleando medios, modos o formas que tiendan
directa y especialmente a asegurar dicho resultado, sin
riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera
hacer el ofendido pero por causas ajenas a la voluntad del
imputado el delito no alcanza la consumación. Un análisis del
relato fáctico en todo su contexto nos permite constatar que
en los hechos probados decimoséptimo, decimonoveno y
cuadragésimo primero se describen las acciones ejecutadas por
varios reos pandilleros que dieron como resultado en algunos
casos la muerte y en otros las lesiones causadas a varios
reos comunes, así como también los intentos por acabar con la
vida de estos últimos mediante incendio y otros medios
idóneos, De este modo y si bien es cierto que de la
fundamentación fáctica no se desprende la existencia de una
causa de justificación ni otra eximente de responsabilidad
criminal a favor del procesado PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ
FLORES, por las agresiones que ejecutara en perjuicio de
otros individuos, no es menos cierto que tampoco se
desprende del mismo relato fáctico que las referidas
agresiones hayan sido a traición, inesperadas, mediante
emboscada o celada, o aprovechándose de una situación de
evidente desvalimiento de los ofendidos, de ahí que no
podamos afirmar de manera indubitada y a partir de los hechos
declarados probados que el imputado al perpetrar las acciones
que se le atribuyen haya empleado particulares medios, modos
o formas en la ejecución de los hechos con la finalidad de
asegurar el resultado, sin los riesgos que para su persona
hubieran podido proceder de una reacción defensiva por parte
de los ofendidos, de ahí que la agresiones tantas veces
referidas no puedan calificarse como alevosas y por lo tanto
constitutivas de delitos de tentativa de asesinato, por lo
que el comportamiento del acusado al contribuir de manera
mancomunada, en un plan espontáneo y colectivo con la
finalidad de dar muerte a los reos pandilleros, propósito que
finalmente y respecto a los diecinueve reos pandilleros
sobrevivientes no resultara alcanzado por causas ajenas a su
voluntad, se subsume en la figura de la tentativa de
homicidio simple, tipificada en el artículo 116 párrafo
primero del Código Penal en relación al artículo 15 del mismo
texto punitivo, considerando esta Sala que como mínimo, de
Recurso de Casación No. 400-2008
301
manera analógica y en bonam partem, concurre a favor del
procesado PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ FLORES, la atenuante de
haber precedido de parte del ofendido, provocación o amenaza
proporcionada al delito142. Es cierto como lo expone el
Censor, que en el relato fáctico no se establece puntualmente
y con detalle cuales fueron las acciones que individualmente
trajeron como consecuencia la puesta en peligro de la vida de
diecinueve personas, pero no es menos cierto que del mismo
relato fáctico se colige que el acusado junto con otros
realizaron una misma y compleja operación delictiva, de tal
manera que cada uno de ellos mediante acciones ejecutivas
idóneas para causar la muerte de otras personas, esto es,
utilizando armas cortopunzantes, palos, piedras y otros
objetos contundentes, reforzándose unos y otros, realizaron
una parte diversa pero esencial con la finalidad de alcanzar
el éxito de la referida operación, cuyos resultados
particularmente se reflejan en las dictámenes médicos
efectuadas por los médicos forenses y descritas en los hechos
probados en los que se aprecian con detalle que los
diecinueve reos pandilleros que sobrevivieron presentan
múltiples heridas causadas con los medios antes señalados.
Una cosa es que de un grupo de personas no se tenga la
certeza respecto a quienes participaron en el hecho, y otra
muy diferente, es que más allá de toda duda razonable, se
tenga por probado que un hecho fue producido por la acción
conjunta de un grupo de individuos, pues en éste último
evento la imprecisión de los detalles no altera la
responsabilidad que como coautores les es imputable a todos.
De este modo resulta que la decisión mancomunada, es decir,
la decisión común del hecho de los referidos imputados junto
con otros es lo que ha determinado la conexión de las partes
del suceso ejecutadas por cada uno de ellos y a partir de la
que es posible imputarle a cada encausado la parte realizada
por cada uno de los otros143. Recapitulando podemos afirmar
que del relato fáctico se desprende la descripción de actos
ejecutivos realizados por el procesado PAVEL EDUARDO
RODRIGUEZ FLORES con el evidente propósito de causar la
muerte de los reos pandilleros internos en la granja penal
del Porvenir, voluntad compartida con otros encartados,
resultado que no se logra alcanzar cuando transcurridos unos
veinte minutos desde que hubiera arribado al escenario de los
acontecimientos el encausado CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ
ALVAREZ, al percatarse de la presencia de representantes de
los medios de comunicación, ordenó que cesaran los disparos
que aún efectuaban elementos de seguridad del Estado y que
reforzaban la actividad criminal ejecutada por los imputados
antes mencionados144. De este modo se impone al encartado la
142 El artículo 26 No. 4) del Código Penal establece que constituye una
circunstancia atenuante ―haber precedido inmediatamente de parte del
ofendido, provocación o amenaza proporcionada al delito‖. Por su parte el
numeral 14) del mismo precepto legal, prevé que constituye circunstancia
atenuante: ―cualquier otra circunstancia análoga a las anteriores..‖ 143 Sobre la figura de la coautoría en particular, vid. MARQUEZ CARDENAS,
ALVARO ENRIQUE, en La Coautoría en la Dogmática Penal, frente a otras
formas de Autoría y Participación, Universidad Libre de Colombia, Bogotá,
2008, págs. 65 y ss. 144
Cabe señalar que en el caso de la víctima de tentativa de homicidio, identificada como JOSE ROBERTO MALDONADO, las causas ajenas que impiden a
los responsables de esa infracción que alcancen su objetivo, es la
Recurso de Casación No. 400-2008
302
pena mínima de diez años de reclusión por cada una de las
tentativas de homicidio ejecutadas, para hacer un total de
ciento noventa años de reclusión. De este modo se estima
parcialmente y en los términos antes expuestos, el motivo que
por infracción de ley interpusiera la Defensa del imputado
PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ FLORES para desvanecer los cargos de
diecinueve delitos de tentativa de asesinato por los cuales
resultara condenado.
XLIV- La Recurrente Abogada SONIA INES GALVEZ FERRARI, en su
condición de co-apoderada legal del señor Gilberto Hernández
García, desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de
Ley y Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera:
―EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: De
conformidad con los hechos declarados probados por el
Tribunal Sentenciador, se han infringido tres preceptos
penales de carácter sustantivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El
presente motivo de casación se encuentra comprendido en el
Artículo 360, párrafo primero, del Código Procesal Penal (en
adelante CPP). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO:Los preceptos penales
infringidos por aplicación indebida son, en su orden, los
Artículos 349 numeral 3, 36 y 117, numeral 3, del Código
Penal. Desarrollo del Vicio: a) Hechos Probados La sentencia
de mérito, con relación a mi poderdante, expresa y declara
probados cuatro hechos de los cuales esta representación
encuentra que las infracciones a la ley sustantiva se coligen
de su propio contenido pues de los mismos no se extrae la
comisión de conducta típica alguna. Dichos hechos probados
son los consignados en los numerales DECIMO QUINTO (Pág. 76),
DECIMO OCTAVO (Pág. 77), VIGESIMO CUARTO, PARTE ÚLTIMA (Pág.
79) y TRIGÉSIMO SEPTIMO (Pág. 83) y que literalmente
establecen por su orden que: DECIMO QUINTO: “Siendo las siete
de la mañana con treinta minutos, los Policías Penitenciarios
José Ernesto Lorenzo Gutiérrez y Wilberto Hernández García,
salieron del Centro Penal acompañando a seis reos, quienes
iban hacer trabajos de limpieza en las proximidades de la
posta número uno, en donde ese día se encontraba asignado el
policía penitenciario Víctor Manuel Tejeda Murillo” (Lo
resaltado y subrayado me pertenece). DECIMO OCTAVO: “Al
sonido de los disparos desde el interior del recinto, en la
Comandancia de Guardia, se ordenó, a las personas que estaban
haciendo fila para ingresar como visitas, que se fueran, por
su seguridad; Entre tanto, habiendo escuchado los disparos,
los policías penitenciarios José Ernesto Lorenzo Gutiérrez y
Wilberto Hernández García, se desplazan desde la posta uno
hacia la Comandancia de Guardia, donde dejan los seis (6)
reos comunes que andaban custodiando, ordenándoles el
Comandante de Guardia Nelson Omar Meza, que resguardaran el
perímetro exterior, específicamente al Policía José Ernesto
Lorenzo Gutiérrez, se le ordena ubicarse entre las postas dos
(2) y tres (3) y al Policía Wilberto Hernández García, en la
posta cinco (5), en donde ese día prestaba servicio el
policía penitenciario Roberto Adán Hernández Velásquez”. (Lo
resaltado y subrayado me pertenece). VIGESIMO CUARTO:
“Pasadas las 09:25 a.m. en venganza, el reo rondín Pavel
intervención de un hermano de aquel, perteneciente a la Fuerza Aérea
Hondureña. Vid. Hecho Probado Trigésimo Segundo.
Recurso de Casación No. 400-2008
303
Eduardo Rodríguez Flores (alias Chinapopo), cierra con
candado la celda seis (6), hacia donde policías
penitenciarios y miembros del ejército han disparado, para
luego tirar cajones, palos y mesas a la puerta de esa celda,
con ayuda de los reos rondines Adán Amparo Soto, (alias
Comayagua) y Javier Antonio Solís Ponce, (alias Javier
Solís); Seguidamente el reo rondín Pavel Eduardo Rodríguez
Flores, consigue un liquido acelerante, regresando a la celda
seis (6) por la parte de atrás, siguiendo el pasillo de la
Comandancia de Guardia, y junto con los reos rondines Luis
Alberto Cruz Valdivio, (alias Chica Sexy), Santos Efraín
Arteaga Pérez, (alias el Chaparro) y el reo Santos Geovany
Banegas, prenden en fuego, con el acelerante, varias
colchonetas las que tiran hacia el interior de la celda seis
(6), por las ventanas traseras, rociando de acelerante la
madera del techo de dicha celda, al que también prendieron
fuego, mientras que las personas que se encontraban adentro
trataban de sofocarlo, agarrando agua del baño, gritaban
pidiendo auxilio y rogando clemencia, sin lograr controlar el
fuego; De todo ello lograron tener conocimiento los Policías
Penitenciarios Dimas Antonio Benítez, Pedro Pérez Chavarria y
el miembro del Ejército Roger Armando Sosa Iglesias, sin que
realizaran acción alguna para evitarlo. En ese momento el
Policía Penitenciario Wilberto Hernández García, escuchó los
gritos de las personas que se encontraban dentro de la celda
seis (6), e instantes después observó el humo provocado por
el fuego de la celda (6), sin que tampoco realizara acción
alguna (Lo resaltado y subrayado me pertenece). TRIGÉSIMO
SEPTIMO: “En ese momento el Policía Penitenciario Wilberto
Hernández García, se persona al campo de football, para
realizar labores de resguardo y seguridad, esto después de
haber tenido conocimiento sobre el incendio, haber escuchado
los disparos y los gritos de las personas desde el interior
del recinto, sin haber realizado acción alguna en auxilio”
(Lo resaltado y subrayado me pertenece). b) Exposición del
Vicio De los hechos probados trascritos se deriva claramente
que el acontecimiento, con relación al señor Wilberto
Hernández García, tal y como quedó acreditado en la sentencia
de mérito, no se subsume en los tipos penales de VIOLACIÓN DE
LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS por OMISIÓN PROPIA, y mucho
menos, que este delito concurra en concurso ideal complejo de
carácter heterogéneo por OMISIÓN IMPROPIA en 23 delitos
consumados de ASESINATO MEDIANTE INCENDIO, tipos penales
regulados en los Artículos 349, numeral 3, con relación al
Artículo 36 y 117 numeral 3 del Código Penal, los cuales
literalmente establecen, en su orden, lo siguiente: Art. 349,
numeral 3: “será castigado con reclusión de …. 1)…2)…3)
Omita, rehúse o retarde algún acto que deba ejecutar de
conformidad con los deberes su cargo”; Artículo 36: “Las
disposiciones del artículo anterior no se aplicarán en el
caso de que un solo hecho constituya dos (2) o más delitos”.
Artículo 117, numeral 3: “Es reo de asesinato, quien de
muerte a una persona ejecutándola con cualquiera de las
circunstancias siguientes: 1)…, 2)…3) por medio de
inundación, incendio… siempre que haya dolo e
intencionalidad”
Análisis en cuanto al delito de violación de los deberes de
los funcionarios (Art. 349, numeral 3, del Código Penal):
Recurso de Casación No. 400-2008
304
Tal y como lo ha establecido el Tribunal, este tipo penal se
denomina por la doctrina como omisión propia o pura. En ese
sentido, y siguiendo a Santiago Mir Puig en su texto DERECHO
PENAL. PARTE GENERAL. 5ª edición, página 303, ―en todo delito
de omisión pura se describe una situación típica, en la que
se omite una determinada acción, pese a que el sujeto podía
haberla realizado. Siguiendo esta estructura se establece que
son tres los elementos que conforman la omisión pura: a) La
situación típica; b) la ausencia de una acción determinada;
y, c) la capacidad de realizar esa acción. De conformidad con
estos tres aspectos o elementos, es necesario realizar un
análisis para determinar si la conducta de mi representado se
encuadra en un delito de omisión propia y dicho análisis debe
necesariamente efectuarse a la luz del delito de Violación de
los Deberes de los Funcionarios imputado al señor Wilberto
García Hernández. En ese sentido, de la literalidad del
Artículo 349, numeral 3, supra transcrito, se deriva que para
que a una persona pueda imputársele el delito de Violación de
los Deberes de los Funcionarios por omisión, será necesario
que el autor no ejecute un acto que deba ejecutar de
conformidad con los deberes de su cargo. A criterio del
Tribunal, mi representado incurre en este delito al no haber
cumplido con la atribución legal prevista en el Artículo 10,
numeral 3, de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que
establece que la Policía Nacional tendrá como una de sus
atribuciones ―proteger la vida, honra, bienes, derechos y
garantías de las personas y seguridad de las instituciones
públicas y privadas”; asimismo, por inobservar el precepto
previsto en el Artículo 22, numerales 1 y 3, del mismo cuerpo
legal que al efecto establecen que “en cumplimiento de sus
funciones los miembros de la Policía actuarán de acuerdo con
las normas siguientes: 1. Respeto absoluto a la Constitución
de la República, de los Tratados y Convenios Internacionales
de que Honduras forme parte y de las Leyes y Reglamentos
vigentes; 3. tratar a los detenidos de acuerdo con la Ley;
ello implica: a…b…c. Cuidar y proteger la salud física y
mental de las personas detenidas o sometidas a resguardo y
respetar su honor y dignidad mientras se mantenga bajo su
custodia”. No obstante lo anterior, para la configuración de
este delito, en la hipótesis señalada como aplicable por el
Tribunal, se requiere la concurrencia de los siguientes
elementos: 1. La condición de funcionario público; y, 2. que
el funcionario omita algún acto que deba ejecutar de
conformidad con los deberes su cargo. Con respecto al numeral
1, no se efectúa cuestionamiento alguno, ya que en ningún
momento se ha negado que mi representado ostentaba la
condición de policía penitenciario, y por tanto de
funcionario público; sin embargo, con respecto al numeral 2,
resulta imperioso precisar, que no basta con la simple
mención de la omisión de un deber jurídico descrito en la
Ley, tal como lo hace el Tribunal en su sentencia, sino que
para que esta afirmación pueda materializarse, este delito
exige además que exista la capacidad de desarrollar la acción
determinada, como también la presencia de un dolo que
consiste en la plena conciencia que debe tener el autor de
incumplir con ese deber específico impuesto. Contrario a este
esencial requisito, consta en el acápite de VALORACIÓN DE LA
PRUEBA (páginas 135 a la 137) que Wilberto Hernández García
Recurso de Casación No. 400-2008
305
actuó, en primer lugar atendiendo un llamado de alerta; y, en
segundo lugar, obedeciendo una orden librada por el
Comandante de Guardia, aspectos que se desprenden
específicamente de la declaración testifical rendida por el
señor José Ernesto Lorenzo Gutiérrez, quién manifiesta que
―…(él) estaba asignado a la granja y a las ocho y veinte de
la mañana salimos con García Hernández , con seis privados de
libertad al área de la posta número uno y como a las nueve de
la mañana se escucharon disparos de alarma y trajo a los
internos a la guardia y ahí estaba Clase Meza y el nos
autorizó que fuera a cubrir el área perimétrica entre posta
dos y tres y a García Hernández, lo mandaron a la posta
número cinco‖; y la declaración rendida por el propio acusado
al expresar que “.salimos con José Ernesto, a cuidar unos
internos que iban a limpiar la posta numero uno. Teníamos una
hora de estar allí y escuchamos los disparos de alarma y
regresamos con los internos a la guardia y se nos asignó
vigilancia en el perímetro… yo estaba por la posta número
cinco, en la parte de atrás de la granja. Yo estaba
disponible, no estaba en servicio…”. De estos dichos, y de la
valoración positiva que el Tribunal hace de los mismos, es de
donde surge el hecho probado DECIMO OCTAVO, el cual no deja
duda que el día del trágico acontecimiento mi representado se
encontraba fuera de la instalación penitenciaria, y luego de
escucharse los disparos, le fue ordenado vigilar y
resguardar el perímetro exterior, con lo cual no tenía la
capacidad de realizar la acción que a juicio del Tribunal ha
omitido (y referida en los Artículos relacionados de la Ley
Orgánica de la Policía Nacional), y por consiguiente ante esa
ausencia de facultad de actuación, no puede existir la
intención de omitir un acto que no puede ser realizado, tal
como se deriva de dicho hecho probado. Y es que lo anterior
resulta lógico, pues ante la existencia de una posible crisis
a lo interno de un Centro Penal, lo razonable es tomar
acciones y medidas preventivas, tanto en el interior como en
la parte exterior del lugar, por lo que mi representado tenía
la obligación de obedecer la orden girada de permanecer en el
lugar indicado (posta cinco). Además, como igualmente quedó
probado, dentro de la zona de conflicto ya habían personas de
mayor rango a cargo de la situación, no quedándole otra
opción a mi representado que cumplir las ordenes legítimas
recibidas consistentes en la realización de las labores de
vigilancia en el perímetro exterior para evitar que la crisis
se incrementara aun más con la posible fuga de reos, conducta
que a todas luces es contrapuesta a no querer actuar por
desidia o indiferencia. Cabe destacar que el extremo anterior
no es desconocido por el Tribunal, porque así lo dejó
evidenciado al valorar la prueba que lo llevó a declarar
otros hechos probados relacionados con otros imputados; así,
por ejemplo, en el Ordinal DÉCIMO OCTAVO, Pág. 252, en el que
literalmente sostiene que “mandan las normas que en caso de
emergencia deberá de siempre existir una persona y solo una,
que se haga cargo del escenario, para el mejor desempeño de
las labores de auxilio, rescate y ejecución de acciones. De
existir muchas personas dando órdenes en un escenario de
emergencia, se corre el riesgo de trabajar en forma
descoordinada, y que emanen órdenes contradictorias…”; no
obstante, para el caso particular de Wilberto Hernández
Recurso de Casación No. 400-2008
306
García, el Tribunal pretende desconocer que los Agentes
Policiales se rigen por los principios de jerarquía,
subordinación y disciplina (Art. 22, literal ch, de la Ley
Orgánica de la Policía Nacional) y que precisamente por esa
relación jerarquizada y verticalizada, deben cumplir con las
órdenes que se emanan, más aún cuando la orden de vigilancia
en el perímetro exterior de la Granja Penal –como aconteció
en el presente caso- se constituye en una orden a todas luces
legítima y por ende no ilegal. De tal manera que ante las
circunstancias en que acontecieron los hechos en relación con
mi representado, hubiese sido necesario que el Tribunal de
Sentencia, como espectador objetivo, frente a un caso como el
presente y para emitir un juicio más acertado, se colocase en
el lugar del imputado (tomando en consideración las
circunstancias personales que lo rodean), y preguntarse así
mismo qué hubiese hecho en la posición de un Policía
Penitenciario que ante los disparos que escucha, se desplaza
del lugar donde está asignado y se apersona a una Comandancia
de Guardia, donde se le reasigna una nueva función específica
durante el inicio de una situación crítica, función que, ante
el desconocimiento de su desenlace, al momento de ser
asignada se constituía en una función relevante (custodiar
para evitar posible fuga de reos); y que de igual forma fue
asignada y cumplida por otros policías penitenciarios que en
el presente caso han concurrido como testigos. Visto lo
anterior, no cabe duda que sobre la base de los hechos
declarados probados por el propio Tribunal y acreditados en
la sentencia misma, existe una evidente infracción penal, por
aplicación indebida del Artículo 349, numeral 3, del Código
Penal, en relación a los Artículos 10.3 y 22.1 y 3 de la Ley
Orgánica de la Policía Nacional, al evidenciarse que el
Tribunal sentenciador ha forzado la fundamentación jurídica
otorgando una calificación jurídica a una conducta, que de
acuerdo a los hechos declarados probados, no es ilícita pues
como reiteradamente se ha manifestado, Wilberto Hernández
García no pudo realizar más acciones que las que le habían
sido asignadas por el Comandante de Guardia, ordenes que a
todas luces resultan legales, pues de lo contrario el propio
Comandante de Guardia hubiese sido procesado en el presente
juicio. Es así, que para lograr la forzada calificación, el
Tribunal ha recurrido a inferencias subjetivas, apreciaciones
especulativas y, en definitiva, a argumentos insostenibles
como son los expuestos en el resumen de responsabilidades
(ordinal VIGÉSIMO SÉPTIMO de la VALORACIÓN DE PRUEBA, literal
f) Acusado Wilberto Hernández García; Pág. 402), al
establecer que “el Tribunal formula reproche al acusado por
estos hechos ya que aún cuando la ley le obliga a intervenir
e interceder activamente en pro de proteger la vida y la
seguridad de los reos que custodia, el acusado optó por
quedarse afuera inmutable a lo que veía y escuchaba. No
justifica al acusado el hecho que se le haya ordenado
resguardar la parte externa del edificio para evitar fugas,
dado que el valor de la vida y la integridad corporal de las
personas tienen prioridad ante todo. Al momento en que el
acusado se le da esta orden el recinto de las celdas era
controlado por los reos pandilleros, de modo que los disparos
eran del arma que estos portaban, pero el acusado al ver
posteriormente el humo y escuchar los disparos en ráfagas de
Recurso de Casación No. 400-2008
307
los fusiles, debió de haber intervenido en defensa de la vida
de los pandilleros. Aún en el supuesto de que el acusado no
estuviese enterado que los disparos que se dieron después de
las 09:10 eran de agentes del Estado, pudo perfectamente
apreciar el humo y las llamas que provenían desde el interior
del edificio y los gritos de las personas, por lo que ante
esto estaba en la obligación de actuar para socorrer a las
personas que se encuentran en un lugar donde no pueden salir,
personas que se encuentran recluidas, sabiendo además las
condiciones de hacinamiento que existen.” Argumentos que de
igual forma son forzadamente sostenidos en la Fundamentación
Jurídica de la sentencia (Ordinal SEGUNDO: Delitos en contra
de la Administración Pública. Pág. 420), atribuyéndose a una
conducta legítima una calificación delictiva, al expresarse
que “en el caso particular del acusado Wilberto Hernández
García se encontraba en un lugar muy próximo a la Granja
Penal, percibiendo la existencia de un incendio, escuchando
gritos que provenían desde el interior, sabiendo que dentro
del inmueble se encuentran varias personas recluidas, en
celdas sobre pobladas y que a raíz del incendio existía grave
peligro en contra de sus vidas, sin que haya hecho nada por
auxiliarles, afectando así la buena administración pública”.
Partiendo entonces de los mismos hechos probados, y muy al
contrario del razonamiento del Tribunal, no cabe duda que
bajo las circunstancias en que acontecieron los lamentables
hechos, Wilberto Hernández García actuó dentro del marco de
la ley, no debiendo interpretarse su no intervención a lo
interno de la Granja Penal como una omisión que provocó un
resultado lesivo a la Administración Pública, pues
precisamente por la asignación de vigilancia externa que le
fue asignada no tenía la capacidad de realizar una acción
más allá de lo que estaba dentro de sus posibilidades (que en
ese momento era mantenerse afuera del Centro para realizar su
labor de vigilancia) pues ya sus superiores jerárquicos se
encontraban al mando y control de la situación y su
obligación entonces era cumplir las ordenes legítimas
recibidas, como en efecto así lo hizo, y como al efecto se lo
ordena la ley (Art. 22, literal ch, de la Ley Orgánica de la
Policía Nacional), siendo además sus funciones de custodia al
perímetro necesarias en la distribución de tareas que los
miembros de la autoridad armada deben adoptar en casos como
el presente. De tal forma pues, volviendo a los tres
elementos que deben existir para la configuración de un
delito por omisión propia, podemos concluir que queda
claramente establecido que si bien existía la situación
típica, es decir, la situación de crisis a lo interno del
Centro Penal, lo cierto es que no existió por parte de mi
representado una ausencia de una acción determinada, pues ni
siquiera se encontraba en la capacidad de realizar ninguna
acción para evitar los resultados que al interior se estaban
produciendo, es más, por encontrarse afuera de las
instalaciones era imposible que supiera a ciencia cierta
(como el propio Tribunal lo dice en su sentencia y a la que
haremos referencia en otro motivo) sobre lo que estaba
aconteciendo en el interior. Finalmente, al haber efectuado
un análisis de los hechos declarados probados, el resumen de
valoración de la prueba, la fundamentación jurídica y los
requisitos de la omisión pura, no es posible calificar la
Recurso de Casación No. 400-2008
308
actuación de mi representado con base a la infracción antes
señalada, ello en virtud que de los mismos no se deriva la
concurrencia de los elementos objetivos exigidos por la Ley
para la configuración de este delito.
Análisis en cuanto al concurso ideal del delito de Violación
de los Deberes de los Funcionarios con el delito de Asesinato
mediante Incendio (Arts. 36 y 117 numeral 3 del Código
Penal): El hecho probado número VIGESIMO CUARTO,
anteriormente descrito, resulta ser el encuadre fáctico que a
juicio del Tribunal de Sentencia permite subsumir la
concurrencia del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS
FUNCIONARIOS con el delito de ASESINATO MEDIANTE INCENDIO,
observados, según la sentencia recurrida en CONCURSO IDEAL.
En primer lugar, es importante señalar que el Tribunal yerra
al condenar a mí representado por un delito de omisión propia
en concurso ideal con otro tipo penal de omisión impropia
(ambos derivados de una misma supuesta conducta omisiva
consignada en los hechos probados VIGESIMO CUARTO y TRIGESIMO
SEPTIMO). De ahí podemos estimar la contradicción en las
apreciaciones y fundamentaciones jurídicas del Tribunal, pues
jurídica y doctrinariamente es imposible que de un mismo
hecho se aprecie la concurrencia simultánea de un delito de
omisión propia con un delito de omisión impropia, pues
comprenderlo de esta forma sería imputar dos veces a una sola
conducta una misma omisión jurídicamente relevante. Es decir,
que el Tribunal al haberlo considerado de esta forma infringe
el principio de ne bis in idem, al atribuir una misma
supuesta omisión como génesis de dos diferentes delitos
(VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y ASESINATO
MEDIANTE INCENDIO); lo que significa que a criterio del
Tribunal, mi representado incurre en una omisión propia
(VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIOS) de la cual se
derivó una afectación a la Administración Pública, y además,
le atribuye en concurso ideal una omisión impropia, que a su
juicio dio como resultado veintitrés muertes mediante
incendio (ASESINATO MEDIANTE INCENDIO). Esa inconsistencia
jurídica, explica la aplicación indebida del Artículo 36 del
Código Penal, en vista que por depender, en el presente caso,
ambas infracciones de una misma raíz omisiva, es imposible
legalmente reconocer la existencia de los dos delitos, bajo
la hipótesis que: “Un solo hecho constituya dos o más
delitos”. Al respecto cabe destacar que resulta improcedente
el pretender responsabilizar por omisión impropia a mi
representado, de veintitrés muertes producidas mediante
incendio, cuando ni siquiera se cumplen los requisitos para
calificar una conducta de omisión propia, de los propios
hechos probados, como ha quedado explicado. De lo anterior,
resulta no solamente necesario sino obligado, efectuar un
pronunciamiento acerca de los aspectos esenciales que deben
reunir los delitos de omisión impropia, que son los
siguientes: 1) la situación típica, 2) ausencia de una acción
determinada, 3) la capacidad de realizar esa acción, 4) la
posición de garante, 5) la producción de un resultado y 6) la
posibilidad de evitarlo. Sobre los tres primeros no se
efectuará análisis, por haberlo hecho en apartados anteriores
al momento de tratar lo concerniente a la supuesta omisión
propia; y, la mención de los otros tres restantes, será a
efecto de ilustración, pues al no haber concurrido los
Recurso de Casación No. 400-2008
309
elementos de la omisión propia (la situación típica, ausencia
de una acción determinada, la capacidad de realizar esa
acción) no es posible la existencia de los demás. No obstante
lo afirmado, resulta imperativo mencionar que el Tribunal en
su sentencia se conforma con realizar una exposición teórica
de lo que comprenden los delitos de omisión (Pág.115); sin
embargo, al momento de exponer la fundamentación jurídica, el
Tribunal se limita a efectuar de manera excesivamente
simplista una mención exclusiva al requisito de la posición
de garante, para responsabilizar a mi representado de
veintitrés muertes, como si la concurrencia de uno de los
requisitos constituyera la exclusión de los demás, obviando
realizar el obligado análisis que le lleve a determinar la
concurrencia de todos los elementos exigidos para que pueda
darse un delito mediante omisión impropia, pues de faltar
alguno la continuación del análisis pierde su sentido al no
poderse configurar el ilícito. Con respecto al requisito de
posición de garante, éste se da, como lo expresa el jurista
español Mir Puig, ―cuando corresponde al sujeto una
específica función de protección del bien jurídico afectado o
una función personal de control de una fuente de peligro, en
ciertas condiciones. Ambas situaciones convierten entonces al
autor en ―garante‖ de la ―indemnidad del bien jurídico‖, así
pues, como lo explica el mismo autor, se requiere que la
indemnidad del bien jurídico, cuyo peligro se ha creado,
quede efectivamente en manos del omitente: Bajo su control
personal, para lo que no basta la genérica ―posibilidad de
salvación‖, condición también de la omisión pura. Es decir,
que la función de protección de un bien jurídico llega al
punto de originar una verdadera posición de garante, y no un
simple deber genérico de actuar, como lo ha interpretado
equivocadamente el Tribunal al decir que mi representado
infringió los preceptos contenidos en los Artículos 10,
numeral 3, y 22, numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica de la
Policía Nacional, cuando por el contrario, de los mismos
hechos probados se extrae que el señor Wilberto Hernández
García por su condición y funciones asignadas el día del
hecho, no se encontraba en ―posición de garante‖ con respecto
a los reos, pues, por un lado, atendió una orden emanada del
Comandante de Guardia para realizar una función específica
(vigilar el perímetro exterior); y, por otro, porque por esa
misma asignación de vigilancia externa no se encontraba
dentro del recinto penitenciario al momento en que se
perpetraba el hecho lesivo, y es más, como ya se ha expuesto,
ni siquiera tenía la capacidad de realizar alguna acción que
hubiese podido evitar el resultado (ambos requisitos
esenciales de la omisión impropia). Así pues que, como
continúa explicando Mir Puig, ―no todo aquel que omite evitar
la producción de un resultado lesivo puede ser castigado como
si lo hubiera causado por vía positiva, sino sólo
determinadas personas que se hallan respecto del bien
jurídico afectado en una específica posición de garante‖. De
tal forma que ―si de la presencia o no de la posición de
garante depende la equiparación de la omisión a la propia
causación positiva del resultado, importa mucho precisar, en
lo posible, los casos en que dicha posición específica
ocurre. Por lo demás, la seguridad jurídica aconseja limitar
la admisión de verdadera posición de garante a los casos más
Recurso de Casación No. 400-2008
310
inequívocos (in dubio pro reo)”. Sin embargo, el Tribunal no
considera este último aspecto al momento de dictar la
sentencia condenatoria de mérito, muy a pesar que en otro
acápite de la misma (FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.-SENTENCIAS
ABSOLUTORIAS.- ordinal DÉCIMO TERCERO. Pág. 467) deja
claramente establecida su duda en cuanto a la posición de
garante de mi representado, al absolverle por duda razonable
en aplicación del principio in dubio pro reo, resolviendo que
en relación al acusado Wilberto Hernández García “no existe
prueba de que haya realizado acción alguna que privara de la
vida a los reos pandilleros, de hecho ha quedado probado que
el acusado dispuso no entrar a los recintos, aún a pesar de
lo que miraba y escuchaba desde la parte exterior, en
relación al incendio. Como consecuencia estima el Tribunal
que el acusado no tenía conocimiento de las agresiones a las
que estaban siendo sometidos los reos pandilleros y de las
que resultó la muerte de 37 de ellos, por tanto no tenía
posibilidad material de actuar a favor de los mismos
descartándose responsabilidad por omisión de este delito.”
(Lo resaltado me pertenece). De igual forma, deja plasmada su
duda en cuanto al esencial requisito de posición del garante
del imputado cuando en el ordinal DECIMO CUARTO (Pág. 468)
establece que “el señor Wilberto Hernández García, como ya se
ha indicado, no ingresó al Centro Penal, quedando probado que
no realizó acto alguno que tuviese la finalidad de quitarle
la vida a los reos pandilleros. Además, como se explicó, al
encontrarse afuera, el Tribunal no puede asegurar que el
acusado hubiese tenido conocimiento que dentro del recinto se
estaban dando acciones con el fin de quitarle la vida a
diecinueve reos pandilleros, por ello no es posible
formularle reproche por omisión de este delito.” (Lo
resaltado me pertenece). En tal sentido, por las razones
expuestas, al igual que como acontece con el delito de
omisión propia por violación de los deberes de los
funcionaros, tampoco es posible responsabilizar a mi
representado por la muertes de veintitrés reos que
fallecieron mediante incendio, ya que los propios hechos
probados acreditados por el Tribunal de Sentencia demuestran
que Wilberto Hernández García: 1) siempre se mantuvo afuera
de las instalaciones del Centro (desde mucho antes que
iniciara la crisis); 2) que durante la crisis se encontraba
cumpliendo con una labor de vigilancia asignada por la
Comandancia de Guardia, en el perímetro exterior, para evitar
posible fuga de reos; 3) el Centro Penal durante la crisis se
encontraba bajo el mando de personas de mayor jerarquía que
la que ostentaba mi representado; 4) por su condición, por
las funciones asignadas, y por la obligación de cumplir
dichas funciones legítimamente atribuidas, al momento del
hecho no se encontraba en posición de garante con respecto a
los reos que se hallaban en el interior del Centro Penal; y,
5) por las circunstancias en que el mismo se encontraba, no
tenía la capacidad de realizar ninguna acción a lo interno
del presidio y muchos menos de, con una posible intervención,
evitar el resultado lesivo que finalmente se materializó. Por
todo lo expuesto, en relación a las dos secciones que
componen el presente motivo de casación, es que esta
representación considera la necesidad del examen de los
hechos probados, frente a las normas jurídico-penales
Recurso de Casación No. 400-2008
311
relacionadas, para que, de esa forma, se declare haber lugar
al recurso intentado al haberse producido una clara
infracción a la ley sustantiva, por aplicación indebida,
casándose la sentencia y absolviendo de toda responsabilidad
a mi representado.
XLIV.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO WILBERTO HERNANDEZ GARCIA
ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE DE LOS HECHOS DECLARADOS
PROBADOS NO SE SUBSUMEN EL DELITO DE VIOLACION DE LOS DEBERES
DE LOS FUNCIONARIOS Y VEINTITRES DELITOS DE ASESINATO
MEDIANTE INCENDIO EN COMISION POR OMISION QUE SE LE
ATRIBUYEN, DE TAL MANERA QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HABRIA
INCURRIDO EN UNA APLICACIÓN INDEBIDA DE LOS ARTICULOS 349.3,
36 Y 117.3 DEL CÓDIGO PENAL.
La casacionista argumenta de los hechos probados DECIMO
QUINTO (Pág. 76), DECIMO OCTAVO (Pág. 77), VIGESIMO CUARTO,
PARTE ÚLTIMA (Pág. 79) y TRIGÉSIMO SEPTIMO (Pág. 83), que
describen el comportamiento del acusado WILBERTO HERNÁNDEZ
GARCÍA, no se desprenden los elementos constitutivos de los
tipos penales de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS
de omisión OMISIÓN PROPIA, en concurso ideal complejo de
carácter heterogéneo con veintitrés (23) delitos consumados
de ASESINATO MEDIANTE INCENDIO en COMISION POR OMISION. El
recurrente separa su alegato recursivo en dos partes, en la
primera realiza un Análisis del delito de violación de los
deberes de los funcionarios (Art. 349, numeral 3, del Código
Penal); y, en la segunda, del delito de Violación de los
Deberes de los Funcionarios con el delito de Asesinato
mediante Incendio (Arts. 36 y 117 numeral 3) del Código
Penal).- Sobre el primero, refiere que como delito de omisión
pura son tres los elementos que la conforman: a) La situación
típica; b) la ausencia de una acción determinada; y, c) la
capacidad de realizar esa acción. Señala que para imputar a
una persona el delito de Violación de los Deberes de los
Funcionarios por omisión, es necesario que el autor no
ejecute un acto que deba realizar de conformidad con los
deberes de su cargo. En la hipótesis aplicada por el A Quo,
considera que se requiere la concurrencia de los siguientes
elementos: 1. La condición de funcionario público; y, 2. que
el funcionario omita algún acto que deba ejecutar de
conformidad con los deberes de su cargo. Con respecto al
numeral 1, no niega la condición de funcionario público del
acusado; y con respecto al 2, alega que no basta con la
simple mención de la omisión de un deber jurídico descrito en
la Ley, sino que es necesario que exista la capacidad de
desarrollar la acción determinada y la presencia de dolo.
Sobre el acápite de valoración de la prueba (páginas 135 a la
137) señala que el encausado WILBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA actuó
atendiendo un llamado de alerta y obedeciendo una orden
librada por el Comandante de Guardia. Señala que el hecho
probado DECIMO OCTAVO, no deja duda que el día de los
acontecimientos el acusado se encontraba fuera de la
instalación penitenciaria, y que luego de escucharse los
disparos, le fue ordenado vigilar y resguardar el perímetro
exterior, por lo entiende que no tenía la capacidad de
realizar la acción que según el A Quo ha omitido, conforme la
Ley Orgánica de la Policía Nacional. Manifiesta que quedó
probado, que dentro de la zona de conflicto habían personas
Recurso de Casación No. 400-2008
312
de mayor rango a cargo de la situación, no quedándole otra
opción al acusado que cumplir las órdenes recibidas,
consistentes en realizar labores de vigilancia en el
perímetro exterior para evitar la posible fuga de reos. Con
respecto al ordinal DÉCIMO OCTAVO, Pág. 252, de la sentencia,
para la recurrente señala que el A Quo desconoce que los
Agentes Policiales se rigen por los principios de jerarquía,
subordinación y disciplina (Art. 22, literal ch, de la Ley
Orgánica de la Policía Nacional) en una relación jerarquizada
y verticalizada, por lo que deben cumplir las órdenes que
emanan del superior. El Censor considera que el juzgador se
equivoca al condenar al acusado por un delito de omisión
propia en concurso ideal con otro tipo penal de omisión
impropia, ambos derivados de una misma supuesta conducta
omisiva consignada en los hechos probados VIGESIMO CUARTO y
TRIGESIMO SEPTIMO. Considera que al atribuir a una misma
conducta omisiva la condición generadora de dos diferentes
(omisión pura y omisión impropia al mismo tiempo) es evidente
que el Tribunal de Instancia ha incurrido en una aplicación
indebida del Artículo 36 del Código Penal. Respecto a la
omisión impropia de veintitrés (23) muertes producidas
mediante incendio, manifiesta que los aspectos esenciales que
deben reunir los delitos de OMISIÓN IMPROPIA, son los
siguientes: 1) la situación típica, 2) ausencia de una acción
determinada, 3) la capacidad de realizar esa acción, 4) la
posición de garante, 5) la producción de un resultado y 6) la
posibilidad de evitarlo. La recurrente expresa que sobre los
tres primeros no efectúa análisis alguno, por haberlo hecho
en apartados anteriores al momento de tratar lo concerniente
a la supuesta omisión propia. Estima que en la fundamentación
jurídica, el A Quo se limita a una mención exclusiva del
requisito de posición de garante, para responsabilizar al
acusado de veintitrés muertes, como si la concurrencia de uno
de los requisitos trajese como consecuencia relevar al
Juzgador de seguir analizando la existencia de los demás.
Afirma que el A Quo infringió los preceptos contenidos en los
Artículos 10, numeral 3, y 22, numerales 1 y 3, de la Ley
Orgánica de la Policía Nacional, cuando por el contrario, de
los mismos hechos probados se extrae que el señor Wilberto
Hernández García por su condición y funciones asignadas el
día de los acontecimientos, no se encontraba en “posición de
garante” con respecto a los reos, en base toda vez que
atendía una orden emanada del Comandante de Guardia para
vigilar el perímetro exterior, por lo que éste no se
encontraba dentro del recinto penitenciario al momento en que
se perpetraban los hechos delictivos, y por ello, no tenía la
capacidad de realizar acción alguna para evitar el resultado,
requisito esencial de la omisión impropia. Solicita que su
motivo de casación en sus dos secciones, sea declarado con
lugar, casando la sentencia y absolviendo de toda
responsabilidad al acusado. Esta Sala de lo Penal considera
importante recordar, que a través del recurso de casación por
infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración
jurídica del material fáctico descrito en la sentencia,
contenido en la formulación de hechos probados realizada por
el Tribunal de Instancia. El recurso de casación por
infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte
de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los
Recurso de Casación No. 400-2008
313
Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente
los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en
relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del
campo de la consideración puramente jurídica. En este
sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe
estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados
que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio
en esencia consiste en que la decisión adoptada por el
juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es
incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada
por la narración fáctica (hechos probados).Precisados los
límites en los que puede desenvolverse la función revisora de
esta Sala cuando del recurso de casación por infracción de
ley se refiere, ahora es pertinente que indiquemos cuales son
los elementos objetivos y subjetivos del delito de asesinato
mediante incendio, que en comisión por omisión se atribuye al
imputado WILBERTO HERNANDEZ GARCIA.- La muerte de una persona
a consecuencia de la acción realizada por otra, valiéndose de
medios especialmente peligrosos o revelando una especial
perversidad, ha sido tradicionalmente castigada con mayor
severidad que el homicidio simple. En este sentido, el
asesinato se describe como la muerte de otra persona
ejecutada con alguna de las circunstancias mencionadas en el
artículo 117 del Código Penal. De este modo, la concurrencia
de algunas de las circunstancias del artículo 117 establece
la diferencia entre el homicidio y el asesinato. No obstante,
cabe señalar, que ambos delitos comparten características
comunes, así, aparte de la igualdad en el bien jurídico
protegido, que es la vida humana como valor ideal, coinciden
los sujetos, activo y pasivo, que pueden serlo cualquier
persona, sin más limitaciones que las que provienen del
concurso de leyes,145 el objeto material sobre el que recae
directamente la acción es el hombre vivo físicamente
considerado, y los problemas de la relación de la causalidad,
en virtud de la cual se debe establecer la conexión entre el
comportamiento del sujeto activo y el resultado que consiste
en la muerte efectiva de otra persona. En el caso concreto
que ahora nos ocupa, se ha declarado la responsabilidad penal
del encausado por su contribución en comisión por omisión, a
la consumación de veintitrés delitos de asesinato mediante
incendio, modalidad prevista en el numeral 3) del precepto
legal supracitado. La razón de la especial agravación de la
muerte de un ser humano cometido mediante incendio, no es
solamente la mayor perfidia del medio empleado que revela un
delincuente sumamente peligroso, sino también el peligro
general que tal medio y otros como la inundación, explosión,
descarrilamiento, etc… encierran para la colectividad146.
Habiendo determinado de manera sucinta cuales son los
elementos objetivos y subjetivos de la modalidad del delito
de asesinato, esta Sala considera pertinente referirse ahora
a la figura de la comisión por omisión, siendo que esta es la
145 Así sí el sujeto pasivo es alguno de los Presidentes de los Poderes
del Estado, el delito aplicable es el previsto en el artículo 322, si se
trata del Jefe de Estado extranjero o Jefe de Gobierno extranjero, el
artículo 318, etc… 146 Vid. CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II,
Revisada por CAMARGO HERNANDEZ, CESAR, Bosch, Casa Editorial, S.A.,
Barcelona, 1982, pág. 507.
Recurso de Casación No. 400-2008
314
estructura típica de los delitos de asesinato que se imputa
al encausado. El tipo de comisión por omisión muestra en su
parte objetiva la misma estructura que el de la omisión pura:
a) situación típica; b) ausencia de la acción determinada; c)
capacidad de realizarla147, pero completada con la presencia
de tres elementos particulares necesarios para la imputación
objetiva del hecho: la Posición de garante, la producción de
un resultado y la posibilidad de evitarlo. Recapitulando
podemos decir que a)la posición de garante integra
necesariamente la situación típica de los delitos de comisión
por omisión no expresamente tipificados; b)debe seguir en
ellos la producción de un resultado; y, c) la capacidad de
acción debe comprender la capacidad de evitar el resultado.
Si el primer elemento de toda omisión es que tenga lugar la
situación típica base del deber de actuar, en la comisión por
omisión no expresamente tipificada ha de integrar dicha
situación la llamada posición de garante por parte del autor.
Se da cuando corresponde al sujeto una específica función de
protección del bien jurídico afectado o una función personal
de control de una fuente de peligro, en ciertas condiciones.
Ambas situaciones convierten entonces al autor en garante de
la indemnidad del bien jurídico correspondiente. Así por
ejemplo, en determinadas circunstancias asumen la posición de
garantes para salvaguardar la indemnidad de bienes jurídicos
ajenos, el padre en relación con el niño, el hijo en relación
con el padre anciano, la esposa en relación con el esposo o
viceversa, el profesor de natación en relación con su alumno,
la enfermera obligada a cuidar al paciente, el salvavidas en
relación a la persona que se ahoga, la niñera encargada de
cuidar la criatura en brazos, el controlador aéreo, el
cuidador de una planta de energía atómica o de sustancias
radiactivas, el conductor encargado de transportar sustancias
químicas, el jefe de seguridad de la fábrica encargado de
mantener las máquinas en perfecto estado de funcionamiento
para evitar accidentes de trabajo, el dueño del animal fiero,
La posición de garante es precisa para que la no evitación de
un resultado lesivo pueda equipararse a su propia causación
positiva y castigarse con arreglo al precepto que sanciona su
producción. De este modo, en la doctrina se exponen como
ejemplos clásicos de delitos cometidos en comisión por
omisión, en que la posición de garante determina que la no
evitación del resultado lesivo se equipara al de su
causación, lo siguientes: la madre que no le suministra
alimento al recién nacido y lo deja morir por inanición, la
mujer que deja perecer al recién nacido al omitir atarle el
cordón umbilical, el cónyuge que no le brinda asistencia
147 Así por ejemplo, constituye un tipo de omisión pura, el previsto en el
artículo 388 No. 4) del Código Penal que se describe de la siguiente
manera: ―….quien sin concierto previo con los autores o cómplices de un
delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de éste:…4)
Deja de comunicar a la autoridad las noticias que tuviere acerca de la
comisión de un delito cuando está obligado a hacerlo por su profesión o
empleo….En este supuesto la situación típica es la de quien se encuentra
en la circunstancia de tener motivos suficientes para suponer la comisión
de un delito con la obligación de denunciarlo. La ausencia de la acción
esperada, radica en dejar de comunicar a la autoridad las noticias que
tuviere acerca de la comisión de un delito, a lo que se añade la como un
elemento del tipo objetivo, la capacidad de efectuar tal notificación, es
decir, la posibilidad de realizar la acción esperada.
Recurso de Casación No. 400-2008
315
médica a su compañero, víctima de una repentina enfermedad o
accidente, y deja que muera, el socorrista que no le presta
atención al bañista cuya protección se le ha encomendado, al
profesor de natación que deja ahogar al alumno que le ha
prometido adiestrarlo en dicho deporte, el guía, que ante la
situación de peligro del excursionista que ha confiado su
cuidado, no hace nada para evitarlo, el encargado de cuidar
al ciego, al que no le impide avanzar hacia el precipicio, el
que deja morir de hambre al secuestrado, el guardián de
prisiones que no asiste al detenido en peligro de muerte
después de intervenir en una riña, etc..148 Lo decisivo en la
comisión por omisión no es la existencia efectiva de una
relación causal entre la omisión y el resultado, sino solo la
virtual causal de la acción que hubiera debido realizarse
para evitarlo (“causalidad hipotética”) Para comprobar la
existencia de la causalidad hipotética o llamada también por
algunos “nexo de evitación”, el Juzgador debe acudir a una
fórmula en virtud de la que a partir de la teoría de la
equivalencia de las condiciones, se afirma que la omisión es
causa del resultado, si puesta mentalmente en su lugar la
acción esperada, que no es realizada por el omitente, el
resultado desaparece como mínimo en una probabilidad rayana
en la certeza. Como lo exponíamos líneas arriba, el sujeto
activo debe tener la capacidad efectiva (real, física) de
realizar la conducta ordenada (el mandato) en el caso
concreto y partir de consideraciones objetivas, pues de lo
contrario, sí al agente le falta capacidad corporal o física
de acción, su comportamiento, llevado a cabo de manera
distinta, será atípico; como dice la máxima jurídica: “a lo
imposible nadie está obligado”. Así por ejemplo: el bañista
que en este momento se ahoga en las playas, así se pueda
presenciar el hecho por medio de la televisión, no puede ser
salvado por uno de los televidentes, pues ninguno de ellos
tiene la posibilidad de realizar la acción ordenada, no así
el socorrista contratado para cuidar a los veraneantes. Desde
luego, la incapacidad física puede ser equiparada a aquella
que resulta de una inhabilidad técnica, de una falta de
conocimientos o de medios de auxilio149. Para la comisión por
omisión vale igual el dolo, que para los delitos de omisión
pura. La única particularidad es que, como es lógico, el dolo
deberá abarcar no solo la ausencia de la acción debida, sino
también la posibilidad y la necesidad de la evitación del
resultado mediante aquella acción. Además habrá de extenderse
a la situación que determina la presencia de la posición de
garante150. Abundando en la configuración del dolo, podemos
decir que este tiene un componente cognoscitivo, en tanto que
se requiere en primer lugar, que el agente tenga conocimiento
de la posición de garante, es decir, debe saber que en el
caso concreto ostenta la posición de padre, hijo, médico,
jefe de seguridad industrial, etc… En segundo lugar, el
sujeto debe tener conocimiento de la situación típica y del
148 Vid. VELASQUEZ FERNANDO, en Derecho Penal, Parte General, 4ª edición,
COMLIBROS, Bogotá, Colombia, 2009, pág 668. 149
Vid. VELASQUEZ FERNANDO, en Derecho Penal, Parte General, 4ª edición,
COMLIBROS, Bogotá, Colombia, 2009, pág 672.
150 Vid. MIR PUIG, SANTIAGO, Derecho Penal, Parte General, 6ª edición,
2002, pág. 324.
Recurso de Casación No. 400-2008
316
curso causal (de la causalidad hipotética), además en tercer
lugar, se requiere la posibilidad de representación de la
conducta debida y la vía para evitarlo. Sobre el componente
volitivo, es indispensable que el agente quiera (aunque sea
eventualmente) la realización del tipo en su aspecto objetivo
correspondiente, que tenga voluntad de realización de la
conducta omisiva según la nota de la finalidad151. Aplicando
los criterios anteriormente expuestos al caso concreto que
ahora nos ocupa, esta Sala aprecia lo siguiente: A) Que de
conformidad a lo descrito por el Tribunal de Sentencia en la
fundamentación fáctica del fallo recurrido, a eso de las 9:25
de la mañana del día 5 de abril de 2003, uno de los reos
rondines procesados cerró con candado la celda número seis,
procediendo junto con otros encausados a colocar obstáculos
en la puerta de acceso, introduciendo colchones por las
ventanas del recinto, así como también a rociar de líquido
acelerante la madera del techo provocando fuego en el
interior de la celda. Con tales acciones se origina una
situación típica, es decir una amenaza o peligro para el bien
jurídico “vida” de los reclusos pandilleros y otras personas
que se encontraban dentro, originándose un foco de peligro o
riesgo de que muriesen por la acción del fuego provocado, y
con ello la expectativa de que se consumase el tipo penal de
asesinato descrito en el artículo 117 No. 3) del Código Penal
(vid. Hecho probado vigésimo cuarto) b) Es un hecho no
controvertido, que el acusado WILBERTO HERNANDEZ GARCIA, en
su condición de policía penitenciario y por ende en su
calidad de miembro la Policía Nacional recibió instrucciones
giradas por un superior jerárquico para colaborar en el
mantenimiento del orden que había sido quebrantado en las
instalaciones de la Granja Penal del Porvenir. El artículo
293 de la Constitución de la República prevé que la Policía
Nacional es una institución profesional del Estado, encargada
de velar por la conservación del orden público, la
prevención, control y combate del delito, así como también de
proteger la seguridad de las personas y sus bienes. El
artículo 10 No. 2) de la entonces vigente Ley Orgánica de la
Policía Nacional (Decreto No. 155-98) establecía entre otras
atribuciones, que para el logro de sus objetivos y
cumplimiento de sus responsabilidades, le correspondía a ese
cuerpo de seguridad proteger la vida, bienes, derechos y
libertades de las personas. En sintonía con los preceptos
antes mencionados, el artículo 22 No. 3) establece que en el
cumplimiento de sus funciones los miembros de la Policía
deberán cuidar y proteger la salud física y mental de las
personas detenidas o sometidas a resguardo. Del precepto
constitucional y legales antes citados, se desprende sin duda
alguna, que los policías penitenciarios, al reunir la
condición de miembros de la Policía Nacional, asumen la
posición de garantes de la vida e integridad física de las
personas que se encuentran recluidas en un centro
penitenciario del Estado en aquellos casos en que dichos
bienes jurídicos se vean amenazados o puestos en peligro por
otros reclusos o individuos. De este modo podemos afirmar,
que el imputado WILBERTO HERNANDEZ GARCIA tenía un deber
151 Vid. VELASQUEZ, FERNANDO, VELASQUEZ FERNANDO, en Derecho Penal, Parte
General, 4ª edición, COMLIBROS, Bogotá, Colombia, 2009, págs. 674-675.
Recurso de Casación No. 400-2008
317
general de colaborar en el restablecimiento del orden
alterado en ese centro penitenciario, y por lo tanto una
posición de garante, es decir, la obligación de hacer cuanto
estuviera a su alcance para evitar ataques a la integridad
física o la vida de cuantas personas se encontraran en
situación de peligro, independientemente de que se tratara de
pandilleros, rondines, reos comunes denominados “paisas”,
visitantes, funcionarios penitenciarios, policías, miembros
del ejército nacional, etc… C)Ausencia de la acción
determinada: una lectura detenida de la fundamentación
fáctica de la sentencia impugnada, no revela que el encausado
WILBERTO HERNANDEZ GARCIA haya realizado alguna acción
dirigida a evitar que los reos pandilleros y otras personas
que se encontraban al interior de la celda No. 6) de la
Granja Penal del Porvenir murieran por la acción del fuego
desatado tras la provocación del incendio provocado por otras
personas. D)La posibilidad de realizar la acción esperada:
para verificar la concurrencia de este requisito de la parte
objetiva del delito de comisión en omisión, resulta de
capital importancia el análisis de lo descrito en el hecho
probado VIGESIMO CUARTO en relación a lo expresado en el
hecho probado DÉCIMO OCTAVO. En el primero de los hechos
antes mencionados se establece que uno de los reos rondines
cerró con candado la celda número seis, procediendo junto con
otros encausados a colocar obstáculos en la puerta de acceso,
introduciendo colchones por las ventanas del recinto, así
como también a rociar de líquido acelerante la madera del
techo provocando fuego en el interior de dicha celda,
agregando más adelante que en ese momento el Policía
Penitenciario Wilberto Hernández García, escuchó los gritos
de las personas que se encontraban dentro de la celda seis
(6), e instantes después observó el humo provocado por el
fuego de la celda (6), sin que tampoco realizara acción
alguna. En el hecho probado DECIMOCTAVO se establece la
ubicación espacial del imputado en el transcurso de los
hechos por los cuales se le juzga, cuando se expresa que
:”..Al sonido de los disparos desde el interior del recinto,
en la Comandancia de Guardia, se ordenó, a las personas que
estaban haciendo fila para ingresar como visitas, que se
fueran, por su seguridad; Entre tanto, habiendo escuchado los
disparos, los policías penitenciarios José Ernesto Lorenzo
Gutiérrez y Wilberto Hernández García, se desplazan desde la
posta uno hacia la Comandancia de Guardia, donde dejan los
seis (6) reos comunes que andaban custodiando, ordenándoles
el Comandante de Guardia Nelson Omar Meza que resguardaran el
perímetro exterior, específicamente al Policía José Ernesto
Lorenzo Gutiérrez, se le ordena ubicarse entre las postas dos
(2) y tres (3) y al Policía Wilberto Hernández García, en la
posta cinco (5), en donde ese día prestaba servicio el
policía penitenciario Roberto Adán Hernández Velásquez…” De
lo anterior se deriva que el acusado WILBERTO HERNANDEZ se
encontraba bajo el mando, es decir bajo la subordinación del
Comandante de Guardia NELSON OMAR MEZA, circunstancia que
limitó su libre capacidad de decidir o accionar en su función
protectora frente a la situación de peligro en la vida e
integridad física de cuantos se encontraba en el interior del
centro penitenciario. Es de recordar que al tenor de lo
prescrito por el artículo 22 No. 2 literal ch) de la Ley
Recurso de Casación No. 400-2008
318
Orgánica de la Policía Nacional vigente al momento en que se
produjeron los acontecimientos; en el cumplimiento de sus
funciones los miembros de la policía deberán de actuar de
acuerdo con los principios de jerarquía, subordinación y
disciplina, precisando por otro lado, que en ningún caso
podrá invocarse la obediencia debida cuando las órdenes o
acciones impliquen la comisión de delitos o faltas o cuando
sean contrarias a la ley. Un observador objetivo e imparcial
situado ex ante, es decir, previo a que se produjeran los
resultados típicos objetos de juzgamiento, llega a la
conclusión de que la instrucción girada por el superior
jerárquico del procesado WILBERTO HERNANDEZ GARCIA no se
presentaba a éste como ilegal o contraria al ordenamiento
jurídico, de tal manera que a partir de datos objetivos
podemos deducir que el encartado no se representó un deber
jurídico de actuar de otra manera, y por lo tanto la
obligación legal de abandonar la posición de vigilancia que
le había sido encomendada, dicho en otros términos no se
deduce del cuadro fáctico descrito que el encartado quiso
(aunque sea eventualmente) la realización del tipo en su
aspecto objetivo correspondiente, y por lo tanto que haya
concurrido en su conducta una voluntad de realización de la
conducta omisiva dirigida finalísticamente a contribuir
aunque sea eventualmente a la consumación de las muertes
mediante incendio que se produjeron en la celda número seis
tantas veces relacionada.152. Y es que en una situación límite
y manifiestamente caótica como la que se produjo al interior
de la Granja Penal del Porvenir en donde a las muertes y
agresiones ejecutadas inicialmente por algunos miembros del
colectivo de reos pandilleros, vino seguida según el relato
de hechos probados, de otras muertes y agresiones causadas
por algunos reos rondines con intervención de algunos
elementos de seguridad del estado, aconsejaban no solamente
tratar de restablecer el orden interno quebrantando al
interior del establecimiento, sino también de manera
simultánea ejercer funciones de seguridad en el perímetro
externo ante los altos riesgos de peligro de fuga en
detrimento de los intereses de la Administración de Justicia
como también de impedir actos contrarios a la vida e
integridad corporal de cuantas personas, indistintamente de
su condición se encontraran dentro de su radio de acción. De
los hechos probados no se desprende que dentro del área de
vigilancia concretamente asignada al procesado WILBERTO
HERNANDEZ GARCIA se hubieren producido los hechos por los
cuales resultara condenado. De este modo y a criterio de esta
Sala, no es posible a partir del relato de hechos probados
establecer racionalmente un nexo de evitación o de causalidad
hipotética que permita dar un rango equivalente a su falta de
acción para controlar el foco de peligro, a la de su efectiva
causación, y por ende que pueda atribuírsele responsabilidad
criminal en comisión por omisión por los veintitrés delitos
de asesinato mediante incendio, por los que resultara
condenado por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La
Ceiba. Consecuentemente, al corroborarse que en la resolución
impugnada se ha hecho una aplicación indebida del artículo
152 Vid. VELASQUEZ, FERNANDO, VELASQUEZ FERNANDO, en Derecho Penal, Parte
General, 4ª edición, COMLIBROS, Bogotá, Colombia, 2009, págs. 674-675.
Recurso de Casación No. 400-2008
319
117 No. 3) del Código Penal es procedente declarar con lugar
el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por
el Censor para desvanecer los cargos antes apuntados. En el
caso concreto que ahora nos ocupa el Tribunal de Instancia
también ha condenado al imputado WILBERTO HERNANDEZ GARCIA
como AUTOR del delito DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS
FUNCIONARIOS, tipificado en el artículo 349 No. 3) del Código
Penal que sanciona con una pena de reclusión de tres a seis
años, a quien “omita, rehúse o retarde algún acto que deba
ejecutar conforme a los deberes de su cargo”. Esta Sala
considera importante destacar que el delito de violación de
los deberes de los funcionarios tiene la estructura propia de
un tipo de omisión pura, con el que se procura tutelar el
adecuado funcionamiento de la administración (entendida esta
en su sentido amplio), para la prestación de un buen
servicio. Por ello comprende cualquier acto administrativo
que se encuentre dentro de las funciones del agente, siendo
un delito de simple actividad que se consuma con la omisión,
el retardo o el rehusamiento, sin que se necesite la
producción de resultado dañoso alguno.153 Como antes lo
explicamos el artículo 349 No. 3) del artículo mencionado,
castiga, a quien omite, rehúse o retarde algún acto que deba
ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo,
derivándose de la redacción de tal modalidad delictiva, que
las misma se incluyen dentro de que doctrinariamente se
conoce como “abuso omisivo”. El penalista argentino, CARLOS
CREUS, refiriéndose a esta figura en el Código Penal de su
país, explica que: “..la tercera forma pune una conducta
omisiva: no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento incumba al
funcionario. Tratase pues, de un tipo omisivo y por eso, no
comete este abuso de autoridad (que un tanto impropiamente
puede denominarse incumplimiento de los deberes de
funcionario público) el funcionario que lleva a cabo actos
contrarios a las disposiciones de la ley. Aquí el abuso
consiste en la decisión de no ejecutar la ley, es decir, de
no aplicarla, prescindir de ella, no actuarla en la realidad,
como si no existiera (p.ej., no dictar la prisión preventiva
cuando corresponde, no observar el acto administrativo
viciado cuando el funcionario ejerce funciones de contralor);
pero cuando lo que importa la inejecución de la ley es una
actividad (p.ej., dictar una resolución cuando no corresponde
hacerlo), ya no estaremos ante una omisión, sino ante uno de
los abusos previstos en las formas anteriores….” (vid. CREUS,
CARLOS, Delitos contra la Administración Pública, Editorial
Astrea, Buenos Aires, 1981, pág. 192). El Tribunal de
Sentencia condena al procesado antes mencionado por el delito
de violación de los deberes de los funcionarios, estimando
que es responsable de tal infracción penal en concurso ideal
con varios delitos de asesinato mediante incendio en comisión
por omisión, De este modo, el Juzgador responsabiliza al
imputado antes mencionado del delito de VIOLACION DE LOS
DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en tanto que habría omitido los
deberes de salvaguardar el bien jurídico vida de reos
pandilleros y otras personas que murieron mediante incendio
153 Vid. CREUS, CARLOS, Derecho Penal, Parte especial, Tomo II, Editorial
Astrea, Buenos Aires, 1988, página 262.
Recurso de Casación No. 400-2008
320
por la acción de otros individuos, Como ya se explicara con
anterioridad, la Sala estima que de los hechos declarados
probados no se infiere el nexo de evitación o relación de
causalidad hipotética entre su inactividad y los resultados
lesivos que se le imputan, de tal manera que con ello
desaparecen los presupuestos mínimos que sirvieron como punto
de partida en el proceso de subsunción realizado por el
Juzgador, y en razón del cual se le condena como autor del
delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS. Por
tal razón, esta Sala es del parecer que en la sentencia
recurrida se aplicó indebidamente el artículo 349 No. 3) del
Código Penal, de ahí que sea procedente declarar con lugar el
motivo por infracción de ley expuesto por la Defensa del
encartado en orden a desvanecer la responsabilidad criminal
atribuida por la infracción penal antes señalada.
XLV.- SEGUNDO MOTIVO: Haber emitido el Tribunal una sentencia
con motivaciones jurídicas contradictorias. PRECEPTO
AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra
comprendido en el Art. 362.3 del Código Procesal Penal, en la
tercera hipótesis establecida en el precepto (motivación
jurídica contradictoria). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Los
preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos
son los Artículos 362.3, con relación a los Artículos 141 y
338 del Código Procesal Penal, que en su orden prescriben:
Art. 362. 3: “El recurso de casación por quebrantamiento de
forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida
adolezca de alguno de los vicios siguientes:1)…2)…3) carezca
de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones
sean insuficientes o contradictorias…”. Art. 141: “Las
providencias se limitarán a determinar el contenido de lo
mandado, sin más fundamento ni adiciones, aunque podrán ser
sucintamente razonadas, sin sujeción a requisito alguno,
cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente. Los
autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas
contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa
motivación…la motivación de las sentencias se hará de
conformidad con lo establecido en el Artículo 338 de este
cuerpo legal, en sus respectivos casos…”. Art. 338: “…Sección
cuarta, numeral 3: “…Fundamentación jurídica… En párrafos
también separados y enumerados se consignarán, de forma
clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos y
doctrina legal aplicable, los fundamentos legales de la
calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada
uno de los procesados, de las causas de exención, atenuación
o agravación de la responsabilidad penal, en caso de que
concurra una de ellas; y de las penas que se impongan en caso
de condena, así como, los fundamentos doctrinales y legales
de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido
las personas acusadas u otras sujetas a ella; del
pronunciamiento de las costas y de las disposiciones que
puedan adoptarse sobre el destino de los objetos
secuestrados”. Desarrollo del Vicio: a) Hechos Probados: Con
respecto a este segundo motivo, interesa a esta
representación hacer nuevamente referencia a los siguientes
hechos probados: DECIMO OCTAVO: “Al sonido de los disparos
desde el interior del recinto, en la Comandancia de Guardia,
se ordenó, a las personas que estaban haciendo fila para
ingresar como visitas, que se fueran, por su seguridad; Entre
Recurso de Casación No. 400-2008
321
tanto, habiendo escuchado los disparos, los policías
penitenciarios José Ernesto Lorenzo Gutiérrez y Wilberto
Hernández García, se desplazan desde la posta uno hacia la
Comandancia de Guardia, donde dejan los seis (6) reos comunes
que andaban custodiando, ordenándoles el Comandante de
Guardia Nelson Omar Meza, que resguardaran el perímetro
exterior, específicamente al Policía José Ernesto Lorenzo
Gutiérrez, se le ordena ubicarse entre las postas dos (2) y
tres (3) y al Policía Wilberto Hernández García, en la posta
cinco (5), en donde ese día prestaba servicio el policía
penitenciario Roberto Adán Hernández Velásquez”.. (Lo
resaltado y subrayado me pertenece). VIGESIMO CUATRO:
“Pasadas las 09:25 a.m…. En ese momento el Policía
Penitenciario Wilberto Hernández García, escuchó los gritos
de las personas que se encontraban dentro de la celda seis
(6), e instantes después observó el humo provocado por el
fuego de la celda (6), sin que tampoco realizara acción
alguna (Lo subrayado me pertenece). TRIGÉSIMO SEPTIMO: “En
ese momento el Policía Penitenciario Wilberto Hernández
García, se persona al campo de football, para realizar
labores de resguardo y seguridad, esto después de haber
tenido conocimiento sobre el incendio, haber escuchado los
disparos y los gritos de las personas desde el interior del
recinto, sin haber realizado acción alguna en auxilio” (Lo
subrayado me pertenece). b) Motivación jurídica
contradictoria Con base a los hechos probados anteriormente
transcritos, el Tribunal en el acápite denominado
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. -SENTENCIAS ABSOLUTORIAS.-,
específicamente en el ordinal DÉCIMO TERCERO (Pág. 467 ),
resuelve absolver por duda razonable, en aplicación del
principio in dubio pro reo a mi representado, por considerar
que la supuesta conducta omisiva que produjo la condenatoria
no puede ser considerada una conducta que derive
responsabilidad por omisión estableciendo que “en relación al
acusado Wilberto Hernández García no existe prueba de que
haya realizado acción alguna que privara de la vida a los
reos pandilleros, de hecho ha quedado probado que el acusado
dispuso no entrar a los recintos, aún a pesar de lo que
miraba y escuchaba desde la parte exterior, en relación al
incendio. Como consecuencia estima el Tribunal que el acusado
no tenía conocimiento de las agresiones a las que estaban
siendo sometidos los reos pandilleros y de las que resultó la
muerte de 37 de ellos, por tanto no tenía la posibilidad
material de actuar a favor de los mismos descartándose
responsabilidad por omisión de este delito”. Asimismo, en el
ordinal DECIMO CUARTO (Pág. 468), establece que “el señor
Wilberto Hernández García, como ya se ha indicado, no ingresó
al Centro Penal, quedando probado que no realizó acto alguno
que tuviese la finalidad de quitarle la vida a los reos
pandilleros. Además, como se explicó, al encontrarse afuera,
el Tribunal no puede asegurar que el acusado hubiese tenido
conocimiento que dentro del recinto se estaban dando acciones
con el fin de quitarle la vida a diecinueve reos pandilleros,
por ello no es posible formularle reproche por omisión de
este delito.” c) Exposición del vicio. De los hechos probados
descritos, se deriva claramente que mi representado
permaneció en un solo lugar (parte perimetral externa del
presidio) durante todo el acontecimiento del hecho. Sin
Recurso de Casación No. 400-2008
322
embargo, el Tribunal, basado en la valoración de la prueba,
específicamente en lo relativo a la conducta asumida por mi
representado de permanecer en las afueras del lugar
(cumpliendo labores de vigilancia) y no ingresar al presidio
para intervenir e interceder activamente en pro de proteger
la vida y la seguridad de los reos que custodiaba (Pag. 402-
403), concluye determinar la responsabilidad penal derivada
de una conducta omisiva, que finalmente para el juzgador se
tradujo en la muerte de veintitrés reos pandilleros. No
obstante, esta misma circunstancia de permanecer en las
afueras del Presidio, y como lo expone el Tribunal, ―por
tanto al no tener la posibilidad material de actuar a favor
de los reos” (Pag.467), fue lo que le sirvió de fundamento
para absolverlo de los delitos de Asesinato por Alevosía
Proditoria en perjuicio de treinta y siete reos pandilleros y
de Asesinato Tentado por Alevosía Proditoria, en perjuicio de
diecinueve reos sobrevivientes. Así, ahondando sobre lo
anteriormente expuesto, puede apreciarse en el acápite
denominado VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Ordinal VIGÉSIMO SÉPTIMO:
Responsabilidad de los Acusados (Resumen). Literal f). Pág.
402), que el Tribunal establece que:“…Quedo establecido, que
se encontraba (Wilberto Hernández García) dando seguridad a
reos que realizaban trabajos de limpieza en la posta uno y al
darse los primeros disparos procedió a ir a dejar a los reos
a la comandancia de guardia y a trasladarse a la posta número
cinco, en donde permanece hasta que el conflicto ha
terminado, cuando se traslada al campo y después sirve de
seguridad al Presidente de la República a su ingreso a las
celdas.- El Tribunal formula reproche al acusado por estos
hechos, ya que aun cuando la ley le obliga a intervenir e
interceder activamente en pro de proteger la vida y la
seguridad de los reos que custodia, el acusado optó por
quedarse afuera inmutable a lo que veía y escuchaba. No
justifica al acusado el hecho que se le haya ordenado
resguardar la parte externa del edificio para evitar fugas,
dado que el valor de la vida y la integridad corporal de las
personas tienen prioridad ante todo. Al momento en que al
acusado se le da esta orden el recinto de las celda era
controlado por los reos pandilleros, de modo que los disparos
era del arma que éstos portaban, pero el acusado al ver
posteriormente el humo y escuchar los disparos en ráfagas de
los fusiles, debió de haber intervenido en defensa de la vida
de los reos pandilleros. Aun en el supuesto de que el acusado
no estuviese enterado que los disparos que se dieron después
de las 09:10 a.m. eran de agentes del estado, pudo
perfectamente apreciar el humo y las llamas que provenían
desde el interior del edificio y los gritos de las personas,
por lo que ante esto estaba en la obligación de actuar para
socorrer a las personas que se encuentran en un lugar donde
no pueden salir, personas que se encuentran recluidos,
sabiendo además las condiciones de hacinamiento que existen.
El acusado es responsable penalmente por la muerte de
veintitrés personas carbonizadas”. Más adelante, y aún
coincidente con la conclusión anteriormente descrita, bajo el
acápite de FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, ordinal SEGUNDO. Literal
c)… (Pág. 420), el Tribunal establece en cuanto a mi
representado: “El señor Wilberto Hernández Gárcía, que es
responsable penalmente, como autor por omisión propia de un
Recurso de Casación No. 400-2008
323
delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, ya
descrito, regulado en los artículos 349 numeral 3 y 393 ambos
del Código Penal, en perjuicio de la Administración Pública y
en relación con los artículos 59, 87 y 293 de la Constitución
de la República, 10 numeral 3, 22 numeral 1, numeral 3 letra
c de la Ley Orgánica de la Policía por disposición del
artículo 11 de la misma ley, en perjuicio de la
Administración Pública del Estado de Honduras”. Exponiendo
además el Tribunal a líneas siguientes que: “En el caso
particular del acusado Wilberto Hernández García se
encontraba en un lugar muy próximo a la Granja Penal,
percibiendo la existencia de un incendio, escuchando gritos
que provenían desde el interior, sabiendo que dentro del
inmueble se encuentran varias personas recluidas, en celdas
sobre pobladas y que a raíz del incendio existía grave
peligro en contra de sus vidas, sin que haya hecho nada por
auxiliarles, afectando así la buena administración pública. Y
posteriormente en el ordinal SEPTIMO (Pág. 427), del mismo
acápite, establece que mi representado es responsable de la
comisión del delito de asesinato mediante incendio por
omisión impropia, en perjuicio de veintitrés personas que
eran reos pandilleros, al considerar el Tribunal que se
hallaba en una particular situación jurídica que se considera
fuente de la obligación. Condenándolo de acuerdo a la
fundamentación punitiva (Pág. 450), a la pena de treinta y un
(31) años, tres (3) meses y un día (1) de reclusión. No
obstante lo anterior, y partiendo de los mismos hechos
probados y de la misma valoración de la prueba, tal como se
establece en el ordinal DÉCIMO TERCERO (Pág. 467), de la
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA ABSOLUTORIA, el Tribunal absuelve a
mi representado por no existir prueba de que “haya realizado
acción alguna que privara de la vida a los reos pandilleros,
de hecho ha quedado probado que el acusado dispuso no entrar
a los recintos aun a pesar de lo que miraba y escuchada desde
la parte exterior, con relación al incendio. Como
consecuencia estima el Tribunal que el acusado no tenía
conocimiento de las agresiones a las que estaban siendo
sometidos los reos pandilleros y de las que resultó la muerte
de treinta y siete de ellos, por lo tanto no tenía la
posibilidad de actuar a favor de los mismos descartándose
responsabilidad por omisión de este delito (asesinato por
alevosía). Y finalmente, en el ordinal DÉCIMO CUARTO (Pág.
468), en cuanto al delito por asesinato tentado, por alevosía
proditoria, en perjuicio de diecinueve reos sobrevivientes,
establece que ―el señor Wilberto Hernandez Gárcía como ya se
ha indicado no ingresó al centro penal, quedando probado que
no realizó acto alguno que tuviese la finalidad de quitarle
la vida los reos pandilleros. Además, como se explicó, al
encontrarse afuera, el Tribunal no puede asegurar que el
acusado hubiese tenido conocimiento que dentro del recinto se
estaban dando acciones con el fin de quitarle la vida a
diecinueve reos pandilleros, por ello no es posible
formularle reproche por omisión de este reproche” (Lo
resaltado y lo subrayado me pertenece). Al respecto, cabe
señalar que la ley demanda como requisito esencial de las
resoluciones definitivas ―la motivación‖. Esta garantía de
motivación, regulada en el Articulo 141 del Código Procesal
Penal, tiene como objetivo primordial obligar a los
Recurso de Casación No. 400-2008
324
Tribunales a correlacionar lógicamente sus argumentos,
demostrando sus conclusiones, para prevenir la arbitrariedad.
Así, la motivación de las resoluciones judiciales debe
satisfacer las características de ser expresa, clara,
completa, legitima, lógica y adecuada a las normas de la
psicología y la experiencia común. Respecto a la
característica de motivación lógica, ésta debe ser coherente,
es decir, constituida por un conjunto de razonamientos
armónicos entre sí. Asimismo, debe ser Congruente, esto es
que las afirmaciones, las deducciones y las conclusiones
deben guardar adecuada correlación y concordancia entre
ellas, no contradictoria, en el sentido que no se empleen en
el razonamiento juicios contrastantes entre sí, que al
oponerse se excluyan, Inequívoca, de modo que los elementos
del raciocinio no dejen lugar a duda sobre su alcance y
significado y sobre las conclusiones que determinan. De
acuerdo a lo anterior, la revisión casacional debe realizarse
cuando en la sentencia se evidencie contradicción entre la
valoración probatoria y los hechos probados o entre éstos y
la fundamentación jurídica o si la contradicción apareciese
de forma interna en esa valoración de prueba o en la
motivación jurídica, que convierten a la sentencia en una
resolución abiertamente irrazonable por contradictoria y por
ende carente de motivación. Al respecto, esta representación
considera que el Tribunal de Sentencia al momento de emitir
su fallo se ha fundamentado en juicios excluyentes, por lo
que su decisión resulta desacertada. Y es que resulta ilógico
que el Tribunal tome en consideración las mismas
circunstancias (estar afuera del recinto penitenciario y por
tanto la imposibilidad material de llevar a cabo actuaciones
determinadas.) para absolver y a la vez para condenar. Esto a
todas luces resulta imposible, pues ambos fundamentos
provienen de una sola y única situación del imputado y de un
mismo momento, no pudiendo invocarse a la vez estos
argumentos como sustento de un juicio de condena y a la vez
de absolución. Por lo que ante tal escenario nos encontramos
en un evidente contraste, con argumentos contrapuestos; y
frente a tal situación, los mismos se destruyen entre sí y
nada queda de la idea que quiso expresar el Tribunal, por lo
que resulta, en consecuencia, que la sentencia está privada
de motivación. Como queda evidenciado, el Tribunal se
contradice en sus razonamientos en los siguientes aspectos:
Por un lado, lo condena por la muerte de veintitrés personas
carbonizadas, al considerar ―reprochable la conducta del
acusado de optar por quedarse afuera, inmutable a lo que veía
y escuchaba‖ (humo y gritos), sin hacer nada para
auxiliarles; y, por otro, lo absuelve de los delitos de
asesinato por omisión con alevosía proditoria, al estimar que
Wilberto Hernández García “no tenía conocimiento de las
agresiones a las que estaban siendo sometidos los reos
pandilleros‖, y además ―porque no tenía la posibilidad de
actuar a favor de los mismos‖; y, contradiciéndose aún más,
lo absuelve de los delitos de asesinato tentado, ya que el
Tribunal manifiesta ―que no puede asegurar que el acusado
hubiese tenido conocimiento que dentro del recinto se estaban
dando acciones con el fin de quitarle la vida a diecinueve
reos pandilleros‖. Como el vicio descrito ha ocurrido en el
acto de la sentencia no pudo hacerse un reclamo oportuno en
Recurso de Casación No. 400-2008
325
contra del mismo y por ello es que hasta este momento se
solicita se observe la infracción señalada. Debido a que la
irregularidad procesal en sí se traduce en una falta de
fundamentación en la sentencia, derivada del establecimiento
de un hecho sobre el cual el Tribunal de Sentencia ya efectuó
su valoración, es que resultaría inútil y no efectivo el
presente recurso, en cuanto al motivo planteado, puesto que
de enviarse al Tribunal de Sentencia para que subsane dicha
irregularidad, produciría que la contradicción apreciada se
resuelva en contra de mi representado ante de la
predisposición en que se encuentra dicho órgano de justicia
sobre la culpabilidad de aquél. Consecuentemente, la única
forma de salvaguardar la imparcialidad judicial sobre la
determinación de la contradicción observada, dependiente de
una situación fáctica valorada, sólo es posible repararla
mediante la celebración de un nuevo juicio, de conformidad al
segundo párrafo del Artículo 369 del Código Procesal Penal.
Así, se pide al Tribunal de Casación, casar la sentencia y
ordenar el respectivo juicio de reenvío.‖
XLV.- RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA
INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO WILBERTO HERNANDEZ
GARCIA, ESGRIMIENDO FUNDAMENTALMENTE QUE LA SENTENCIA
CONDENATORIA DICTADA CONTRA SU PATROCINADO CONTIENE
MOTIVACIONES CONTRADICTORIAS.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO
362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.-
Argumenta el recurrente que el A Quo ha dictado la sentencia
impugnada con motivaciones jurídicas contradictorias. Señala
que en lo referente a decisión del acusado WILBERTO HERNÁNDEZ
GARCÍA, de permanecer en las afueras del Centro Penal en
cumplimiento de labores de vigilancia y de no ingresar al
presidio para intervenir en protección o tutela de la vida y
la seguridad de los reos que custodiaba, el A Quo declara la
responsabilidad penal del acusado derivada de una conducta
omisiva, que para el juzgador se tradujo en la muerte
mediante incendio de veintitrés personas. Pero que, esta
misma circunstancia de permanecer en las afueras del
Presidio, y “por tanto al no tener la posibilidad material de
actuar a favor de los reos” (Pág.467), también sirvió de
fundamento para absolverlo de los delitos de ASESINATO POR
ALEVOSÍA PRODITORIA en perjuicio de treinta y siete reos
pandilleros y de ASESINATO TENTADO POR ALEVOSÍA PRODITORIA,
en perjuicio de diecinueve reos sobrevivientes, concluyendo
el censor que por tales razones las motivaciones externadas
por el Tribunal de Instancia resultan contradictorias.
Habiendo prosperado el motivo que por infracción de ley
formulara la Defensa del procesado WILBERTO HERNANDEZ GARCIA,
no resulta procedente pronunciarnos sobre el presente motivo
por quebrantamiento de forma que el Censor ha desarrollado
bajo el argumento de que la sentencia impugnada contiene una
motivación jurídica contradictoria.
POR TANTO: La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA a través de la
SALA DE LO PENAL, en nombre del Estado de Honduras, por
UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 303,
304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la
Constitución de la República, 1 y 80 número 1) de la Ley de
Organización y Atribuciones de los Tribunales, 359, 360.1,
361, 362.2, 3 y 5, 363 y 369 del Código Procesal Penal.-
Recurso de Casación No. 400-2008
326
FALLA: PRIMERO: 1) Declarar CON LUGAR, el recurso de
casación por Infracción de Ley, en su primer motivo ,
interpuesto por el Abogado ANTONIO OCAMPO SANTOS, en su
condición de Apoderado Defensor de los imputados CARLOS
ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ, JOSE LUIS SANTOS RODRÍGUEZ, MARCO
ANTONIO CASCO IRIAS, JOSE ROBERTO OCHOA y OSLIN EVENOR
HERRERA PALACIOS; 2) Declarar CON LUGAR, el recurso de
casación por Infracción de Ley, en su segundo motivo,
interpuesto por el Abogado ANTONIO OCAMPO SANTOS, en su
condición de Apoderado Defensor de los imputados, MARCO
ANTONIO CASCO IRIAS, JOSE ROBERTO OCHOA y OSLIN EVENOR
HERRERA PALACIOS, 3) Declarar parcialmente CON LUGAR, el
recurso de casación por Infracción de Ley, en su segundo
motivo, interpuesto por el Abogado ANTONIO OCAMPO SANTOS, en
su condición de Apoderado Defensor de los imputados, CARLOS
ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ y JOSE LUIS SANTOS RODRÍGUEZ, 4)
Hacer aplicación extensiva del motivo basado en la infracción
del artículo 117 No. 1) en relación al 15) del Código Penal,
efectivamente alegada a favor del coimputado JOSE LUIS SANTOS
RODRIGUEZ, a favor de los procesados MARCO ANTONIO CASCO
IRÍAS, JOSÉ ROBERTO OCHOA Y OSLIN EVENOR HERRERA PALACIOS, 5)
Casa la sentencia de la siguiente manera: a) Absolviendo de
responsabilidad penal a los acusados CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ
ALVAREZ y JOSE LUIS SANTOS RODRÍGUEZ por el delito de
Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de
la Administración Pública de Honduras, b) Absolviendo de
responsabilidad criminal al imputado JOSE LUIS SANTOS
RODRIGUEZ por los diecinueve delitos de tentativa de
Asesinato por omisión impropia, que había resultado
condenado, c)Absolviendo de responsabilidad penal al imputado
CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ ALVAREZ por el delito de TENTATIVA
DE ASESINATO en perjuicio del señor JOSE ROBERTO MALDONADO
FONSECA, d) Declarar al encartado CARLOS ESTEBAN HENRIQUEZ
ALVAREZ responsable criminalmente por dieciocho delitos de
tentativa de homicidio en omisión impropia, y por tanto se le
impone la pena de doce años seis meses de reclusión, e)
Absolviendo de responsabilidad penal a los imputados MARCO
ANTONIO CASCO IRÍAS, JOSÉ ROBERTO OCHOA Y OSLIN EVENOR
HERRERA PALACIOS, por el delito de Violación de los Deberes
de los Funcionarios Públicos en perjuicio de la
Administración Pública de Honduras, en un concurso ideal
complejo, de carácter heterogéneo con veintitrés delitos
consumados de Asesinato mediante Incendio en omisión impropia
y diecinueve delitos de tentativa de asesinato alevoso en
comisión por omisión, SEGUNDO: 1) Declarar SIN LUGAR, el
recurso de casación interpuesto por el Abogado JULIO CESAR
RAMIREZ MEJIA a favor del procesado SALOMON DE JESUS SOLANO
MENDEZ por infracción de precepto constitucional en su primer
motivo y por quebrantamiento de forma en sus cinco motivos;
2)Declarar parcialmente CON LUGAR el recurso de casación por
infracción de ley interpuesto a favor del procesado SALOMON
DE JESUS SOLANO MENDEZ en su primer motivo,3)Declarar CON
LUGAR el recurso de casación por infracción de ley
interpuesto a favor del imputado SALOMON DE JESUS SOLANO
MENDEZ en su segundo motivo, 4) Declarar la aplicación
extensiva de la estimación parcial del primer motivo de
casación por infracción de ley, formulado a favor de los
procesados LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y
Recurso de Casación No. 400-2008
327
HECTOR WILFREDO JIMENEZ MALDONADO, en beneficio del imputado
SALOMON DE JESUS SOLANO MENDEZ, 5) Casa la sentencia
recurrida en los siguientes términos: a) Absuelve de
responsabilidad penal al imputado SALOMON DE JESUS SOLANO
MENDEZ del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS
FUNCIONARIOS b) Declara penalmente responsable a título de
coautor al imputado SALOMON DE JESUS SOLANO MENDEZ, de
dieciocho delitos de TENTATIVA DE HOMICIDIO en omisión
impropia, por lo que se le impone la pena de doce años seis
meses de reclusión, c) Absuelve de responsabilidad criminal
al encausado SALOMON DE JESUS SOLANO MENDEZ, del delito de
TENTATIVA DE ASESINATO por el que resultara condenado, en
perjuicio del señor JOSE ROBERTO MALDONADO FONSECA, b)
Declara penalmente responsable al encartado SALOMON DE JESUS
SOLANO MENDEZ, de la comisión de tres delitos de HOMICIDIO
CONSUMADO por lo que se le impone la pena de cuarenta y cinco
años de reclusión. TERCERO: SOBRESEER las presentes
diligencias incoadas en contra de quien en vida fuera, el
imputado ROGER ARMANDO SOSA IGLESIAS, por el delito de
Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos en
concurso ideal heterogéneo con veintitrés delitos consumados
de Asesinato mediante Incendio, treinta y siete delitos
consumados de Asesinato Alevoso y diecinueve delitos de
Asesinato por Alevosía en su grado de ejecución de Tentativa
en omisión impropia; CUARTO: 1) Declarar CON LUGAR el recurso
de casación por infracción de Ley en su único motivo,
interpuesto por el Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA, en su
condición de Apoderado Defensor del acusado LUIS BERTRAND
ARIAS RAMOS; 2) Casa la sentencia de la siguiente manera:
Absolviendo de responsabilidad penal al encausado LUIS
BELTRAN ARIAS RAMOS por un delito de Abuso de Autoridad en
perjuicio de la Administración Pública del Estado de
Honduras; QUINTO: SOBRESEER las presentes diligencias
incoadas en contra de quien en vida fuera, el imputado DIMAS
ANTONIO BENITEZ VASQUEZ, por el delito de Violación de los
Deberes de los Funcionarios Públicos en concurso ideal
heterogéneo con veintitrés delitos consumados de Asesinato
mediante Incendio, treinta y siete delitos consumados de
Asesinato Alevoso y diecinueve delitos de Asesinato por
Alevosía en su grado de ejecución de Tentativa; SEXTO: 1)
Declarar parcialmente CON LUGAR, el recurso de casación por
infracción de Ley, en su primer motivo, interpuesto por el
Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ, en su condición de Apoderado
Defensor del acusado PEDRO PEREZ CHAVARRIA; 2)Declarar la
aplicación extensiva de la estimación parcial de los primero
y segundo motivos de casación por infracción de ley,
formulados a favor de los procesados LUIS ALBERTO CRUZ
VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HECTOR WILFREDO JIMENEZ
MALDONADO, en beneficio del imputado PEDRO PEREZ CHAVARRIA,
3) Casa la sentencia de la siguiente manera: a) ABSOLVER de
responsabilidad penal al imputado PEDRO PEREZ CHAVARRIA por
el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS,
manteniéndose incólume la condena que se le había impuesto
por su participación en veintitrés delitos de ASESINATO
CONSUMADO mediante INCENDIO, en consecuencia se rebaja la
pena que por ambos delitos en concurso ideal se le había
impuesto de treinta y un años seis meses un día de reclusión,
misma que se reduce a la pena de veinticinco años de
Recurso de Casación No. 400-2008
328
reclusión, b)Condena al procesado PEDRO PEREZ CHAVARRIA, a
título de coautor por la comisión de treinta y siete delitos
de homicidio consumado, a la pena de quinientos cincuenta y
cinco años de reclusión, c) Condena al procesado PEDRO PEREZ
CHAVARRIA, a título de coautor por la comisión de diecinueve
delitos de tentativa de homicidio a la pena de ciento noventa
años de reclusión. SEXTO: 1) Declarar SIN LUGAR el recurso de
casación por Quebrantamiento de Forma, en su motivo único;
interpuesto por el Abogado CARLOS OBED URBINA LOPEZ, en su
condición de Apoderado Defensor de los acusados LUIS ALBERTO
CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HECTOR WILFREDO JIMÉNEZ
MALDONADO, 2) Declara parcialmente CON LUGAR el recurso de
casación por infracción de ley en sus motivos primero y
segundo, casando la sentencia de la siguiente manera: a)
Absolviendo de responsabilidad penal a los acusados TOMAS
RIVERA GUEVARA y HECTOR WILFREDO JIMENEZ MALDONADO por la
comisión de veintitrés delitos de asesinato consumado
mediante incendio, manteniéndose incólume la sentencia
condenatoria de veinticinco años de reclusión impuesta por
tales delitos y a título de coautor en contra del imputado
LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO b) Declarando a los procesados
LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HECTOR
WILFREDO JIMÉNEZ MALDONADO responsables criminalmente y a
título de coautores, por la comisión de treinta y siete
delitos de homicidio consumado, imponiéndoles la pena de
quinientos cincuenta y cinco años de reclusión a cada uno de
ellos, b) Declarando a los procesados LUIS ALBERTO CRUZ
VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HECTOR WILFREDO JIMÉNEZ
MALDONADO responsables criminalmente y a título de coautores,
por la comisión de diecinueve delitos de tentativa de
homicidio, imponiéndoles la pena de ciento noventa años de
reclusión a cada uno de ellos. SEPTIMO: 1) Declarar SIN LUGAR
el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su
único motivo, interpuesto por el Abogado JOSE NEPTALY PAZ
BARDALES, a favor del imputado OSCAR ALEXANDER OCAMPO, 2)
Declarar parcialmente CON LUGAR el recurso de casación por
Infracción de Ley, en sus dos motivos interpuesto a favor de
dicho acusado, 3) Casa la sentencia impugnada en los
siguientes términos: a) Absuelve de responsabilidad criminal
al encartado OSCAR ALEXANDER OCAMPO por la comisión de
veintitrés delitos de ASESINATO CONSUMADO MEDIANTE INCENDIO,
b) Condena al procesado OSCAR ALEXANDER OCAMPO por la
comisión a título de coautor, de treinta y siete delitos de
homicidio consumado, a la pena de quinientos cincuenta y
cinco años de reclusión, c) Condena al procesado OSCAR
ALEXANDER OCAMPO, por la comisión a título de coautor de
diecinueve delitos de TENTATIVA DE HOMICIDIO, a la pena de
ciento noventa años de reclusión. OCTAVO: 1) Declara SIN
LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma en
su único motivo, interpuesto por el Abogado ERNESTO RODRIGUEZ
CORRALES, en su condición de Apoderado Defensor del acusado
SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ, 2) Declara sin lugar el recurso
de casación por infracción de ley en su primer motivo
interpuesto a favor el procesado SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ,
3)Declara la aplicación extensiva de la estimación parcial
del recurso de casación interpuesto a favor de los procesados
LUIS ALBERTO CRUZ VALDIVIO, TOMAS RIVERA GUEVARA y HECTOR
WILFREDO JIMENEZ MALDONADO en su primer motivo, en beneficio
Recurso de Casación No. 400-2008
329
del procesado SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ, 4)Declara
parcialmente CON LUGAR el recurso de casación en su segundo
motivo interpuesto a favor del procesado SANTOS EFRAIN
ARTEAGA PEREZ, 5)Casa la sentencia en los siguientes
términos: a)Declara al encausado SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ,
penalmente responsable a título de coautor de treinta y siete
delitos de homicidio consumado, y le condena a la pena de
quinientos cincuenta y cinco años de reclusión, b) Declara al
imputado SANTOS EFRAIN ARTEAGA PEREZ, responsable a título de
coautor de diecinueve delitos de TENTATIVA DE HOMICIDIO, y le
condena a la pena de ciento noventa años de reclusión, c)
Mantener incólume la sentencia condenatoria de veinticinco
años de reclusión dictada contra el imputado SANTOS EFRAIN
ARTEGA PEREZ, en su condición de coautor de veintitrés
delitos de ASESINATO CONSUMADO mediante INCENDIO.- NOVENO: 1)
Declarar SIN LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento
de forma en su motivo único, interpuesto por el Abogado
ERNESTO RODRIGUEZ CORRALES en su condición de Apoderado
Defensor del acusado SANTOS GEOVANY BANEGAS, 2)Declara SIN
LUGAR el recurso de casación por infracción de ley en su
primer motivo, interpuesto a favor del encausado SANTOS
GEOVANY BANEGAS, 3) Declara la aplicación extensiva del
recurso por infracción de ley en su primer motivo, estimado
parcialmente a favor de los procesados LUIS ALBERTO CRUZ
VALDIVIO, TOMAR RIVERA GUEVARA y HECTOR WILFREDO JIMENEZ
MALDONADO, en beneficio del encausado SANTOS GEOVANY BANEGAS,
4) Declara parcialmente CON LUGAR el segundo motivo por
infracción de ley interpuesto a favor del encartado SANTOS
GEOVANY BANEGAS, 5) Casa la sentencia recurrida en los
siguientes términos: a) Declara penalmente responsable al
imputado SANTOS GEOVANY BANEGAS a título de coautor, de la
comisión de treinta y siete delitos de homicidio consumado y
le impone la pena de quinientos cincuenta y cinco años de
reclusión, b) declara penalmente responsable al procesado
SANTOS GEOVANY BANEGAS a título de coautor, de diecinueve
delitos de TENTATIVA DE HOMICIDIO, y le condena a la pena de
ciento noventa años de reclusión, c) Mantener incólume la
sentencia condenatoria de veinticinco años de reclusión
dictada contra el imputado SANTOS GEOVANY BANEGAS, en su
condición de coautor de veintitrés delitos de ASESINATO
CONSUMADO mediante INCENDIO. DECIMO: 1) Declarar SIN LUGAR el
recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único
motivo, interpuesto por el Abogado FREDY ANASTASIO GALLO, a
favor de los procesados ADAN AMPARO SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO
CABALLERO, 2) Declarar parcialmente con lugar el recurso de
casación por infracción de ley en su primer motivo, a favor
de los imputados ADAN AMPARO SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO
CABALLERO, 3) Declarar parcialmente con lugar el recurso de
casación por infracción de ley en su segundo motivo, a favor
de los procesados ADAN AMPARO SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO
CABALLERO, 4) Casa la sentencia en los siguientes términos:
a) Declara a los encausados ADAN AMPARO SOTO CRUZ y JORGE
ALBERTO CABALLERO, responsables criminalmente a título de
coautores de treinta y siete delitos de HOMICIDIO CONSUMADO y
les condena a la pena de quinientos cincuenta y cinco años de
reclusión a cada uno, b) Condena a los encartados ADAN AMPARO
SOTO CRUZ y JORGE ALBERTO CABALLERO a título de coautores de
diecinueve delitos de TENTATIVA DE HOMICIDIO, y les condena a
Recurso de Casación No. 400-2008
330
la pena de ciento noventa años de reclusión a cada uno, c)
Absuelve de responsabilidad penal al imputado JORGE ALBERTO
CABALLERO de veintitrés delitos de ASESINATO CONSUMADO
MEDIANTE INCENDIO, d) Mantener incólume la sentencia
condenatoria de veinticinco años de reclusión dictada contra
el imputado ADAN AMPARO SOTO CRUZ, en su condición de coautor
de veintitrés delitos de ASESINATO CONSUMADO mediante
INCENDIO. DECIMO PRIMERO: 1) Declarar CON LUGAR el recurso de
casación por Infracción de Ley, en su primer motivo;
interpuesto por el Abogado NORES GUSTAVO ARGUETA, en su
condición de Apoderado Defensor del acusado JAVIER ANTONIO
SOLIS PONCE, 2) Declarar parcialmente con lugar el recurso de
casación por infracción de ley en su segundo motivo,
interpuesto a favor del procesado JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE,
3) Declarar SIN LUGAR, el recurso de casación por
quebrantamiento de forma, interpuesto a favor del encartado
JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE, 4) Casa la sentencia recurrida en
los siguientes términos: a) Absuelve de responsabilidad penal
al encausado JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE, de la comisión a
título de coautor de treinta y siete delitos de ASESINATO
ALEVOSO, b) Absuelve de responsabilidad criminal al imputado
JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE por la comisión a título de
coautor de diecinueve delitos de TENTATIVA DE ASESINATO
MEDIANTE ALEVOSIA, c) Mantener incólume la sentencia
condenatoria de veinticinco años de reclusión dictada contra
el imputado JAVIER ANTONIO SOLIS PONCE, en su condición de
coautor de veintitrés delitos de ASESINATO CONSUMADO mediante
INCENDIO. DECIMO SEGUNDO: 1) Declarar SIN LUGAR el recurso de
casación por quebrantamiento de forma en su único motivo
interpuesto por el Abogado OSCAR GEVAWER, en su condición de
Apoderado Defensor del acusado PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ, 2)
Declarar parcialmente con lugar el recurso de casación por
infracción de ley en su primer motivo, interpuesto a favor
del procesado PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ, 3) Declarar
parcialmente con lugar en su segundo motivo el recurso de
casación por infracción de ley, interpuesto a favor del
encausado PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ, 4) Casa la sentencia
recurrida en los siguientes términos: a) Declara penalmente
responsable al encartado PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ a título de
coautor, de treinta y siete delitos de HOMICIDIO CONSUMADO, y
le impone la pena de quinientos cincuenta y cinco años de
reclusión, b) Declara la responsabilidad criminal del
imputado PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ a título de coautor, de
diecinueve delitos de TENTATIVA DE HOMICIDIO y le impone la
pena de ciento noventa años de reclusión. c) Mantener
incólume la sentencia condenatoria de veinticinco años de
reclusión dictada contra el imputado PAVEL EDUARDO RODRIGUEZ,
en su condición de coautor de veintitrés delitos de ASESINATO
CONSUMADO mediante INCENDIO. DECIMO TERCERO: 1) Declarar CON
LUGAR el recurso de casación por Infracción de Ley, en su
motivo único interpuesto por la Abogada SONIA INES GALVEZ
FERRARI, en su condición de Apoderada Defensora del acusado
WILBERTO HERNANDEZ GARCIA, 2)Casa la sentencia recurrida en
los siguientes términos: absolviendo de responsabilidad
criminal al imputado WILBERTO HERNANDEZ GARCIA, del delito de
VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en concurso
ideal con VEINTITRES DELITOS DE ASESINATO CONSUMADO MEDIANTE
INCENDIO por omisión impropia. DECIMO CUARTO: En la misma
Recurso de Casación No. 400-2008
331
extensión en que se reducen en la presente sentencia las
penas de reclusión impuestas a varios de los procesados, se
extienden las penas de inhabilitación absoluta e interdicción
civil. Y MANDA: Que para los efectos legales pertinentes,
junto con los antecedentes del caso se remita copia
certificada de este fallo al Honorable Tribunal de Sentencia
de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- La presente
sentencia se dicta hasta la fecha dada la complejidad del
caso, así como también por el exceso de trabajo que existe en
este Tribunal.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-
NOTIFIQUESE.
CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO
MAGISTRADO COORDINADOR
RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO
MAGISTRADO
MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO
MAGISTRADO