República Bolivariana De Venezuela

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<p>INDICE Portada Introduccin Acciones Judiciales Para La Defensa De Los Intereses Colectivos O Difusos Acciones Judiciales Colectivos Para La Exigibilidad De Los Derechos Econmicos Sociales Y Culturales Accin De Nulidad Total O Parcial De Actos Con Rango De Ley Por Razones De Inconstitucionalidad Referencias Bibliogrficas Conclusin</p> <p>INTRODUCCIN La Constitucin de 1999, en su artculo 26, dispuso que toda persona tiene derecho de acceso a los rganos de administracin de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, as como a la tutela efectiva de los mismos. Es en 1999 que en Venezuela se constitucionaliza la tutela judicial de toda clase de derechos, no slo los subjetivos, sino incluso los colectivos y difusos, sumndose de este modo a otros pases que, bien por previsin constitucional, legal y jurisprudencial, se han dado a la tarea de proteger, judicialmente, aquellos sujetos que sufren lesiones en su esfera jurdica, que no son titulares de un derecho subjetivo, pero que estn representados por su inters colectivo y difuso. Ciertamente, las constantes transformaciones a las que ha sido sometida nuestra sociedad, tanto en el plano econmico, social y cultural, a su vez han generado cambios en la concepcin del Estado, que lejos de la concepcin individual que se propugnaba en sus orgenes, ahora se instituye en un Estado Social y de Derecho. Dicha concepcin, responde a dos (02) ideas bsicas: una, que el Derecho se impondr al Estado; la otra, que lo colectivo se impondr a lo individual. En consecuencia, el colectivo ser sujeto de derechos, en razn de lo cual merecern especial proteccin los grupos de sujetos, como aquellos liderizados por trabajadores, consumidores, proteccionistas del ambiente, de la biodiversidad, de las especies, grupos vecinales, religiosos, por mencionar slo algunos. De este modo, baste con slo observar que la masificacin de la sociedad, es la que, en definitiva, impulsa el cambio del modelo de Estado. Ahora, el fin es reconocer derechos de ndole social, tales como, el derecho al trabajo, a la salud, as como otros derechos de tercera generacin, como el derecho al ambiente o a la biodiversidad, y consagrar mecanismos de tutela de ese nuevo orden jurdico conferido a los ciudadanos.</p> <p>Accin Por Intereses Colectivos Y Difusos La accin por intereses colectivos y difusos es un medio de impugnacin jurisprudencial, no sujeto a trmino para su interposicin y cuyos efectos son erga omnes en tanto no slo afecta a las partes intervinientes en el proceso, sino que se extiende al grupo de personas que son partcipes del derecho restablecido. (Erga omnes Locucin latina. Contra todos o respecto de todos). Se emplea jurdicamente para calificar aquellos derechos cuyos efectos se producen con relacin a todos, y se diferencian de los que slo afectan a persona o personas determinadas. As, los derechos reales, en general, son erga omnes, mientras que los derechos personales son relativos, pues se ejercen siempre frente a deudor o deudores determinados. La accin por intereses colectivos y difusos, en primer trmino, puede ser concebida como una garanta conferida a los particulares que, no siendo titulares de un inters individual, bien representado por un derecho subjetivo o un inters personal, se encuentran inmersos en una situacin desde la que perciben los efectos perjudiciales de una determinada actuacin administrativa. De este modo, se instituye un instrumento de salvaguarda de aquellos intereses reconocidos por el propio Texto Constitucional, en su artculo 26, desde que, a estos sujetos, se les confiere el derecho de acceder a la justicia. Por su parte, el artculo 281 de la Constitucin Nacional, en su numeral 2, atribuy a la Defensora del Pueblo competencia para velar por el correcto funcionamiento de los servicios pblicos, as como para amparar y proteger los derechos e intereses legtimos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestacin de los mismos, interponiendo cuando fuese procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas por los daos y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios pblicos. Es evidentemente una garanta conferida a los particulares que, no siendo titulares de un inters individual pero representado por un derecho subjetivo o un</p> <p>inters personal, se encuentran inmersos en una situacin desde la que perciben los efectos perjudiciales de una determinada actuacin u omisin. De este modo, se instituye un instrumento de salvaguarda de aquellos intereses reconocidos por la Constitucin Nacional en sus artculos 26, 19, 27, 31, 49 numerales 1, 3, 8, 257, y 281 desde que a estos sujetos se les confiere el derecho de acceder a la justicia. En el artculo 26 de la Constitucin Bolivariana de Venezuela, claramente se puede advertir lo Siguiente: Que Toda persona que sea titular de alguno de estos intereses, tiene el derecho de acceder a los rganos de justicia, a fin de lograr la tutela efectiva de sus derechos e intereses. Queda claro que con el nuevo orden constitucional, se estableci una garanta en favor de los ciudadanos como mecanismo de proteccin y salvaguarda de sus derechos colectivos y difusos. Es a partir de esas dos notas fundamentales es que podemos caracterizar este instrumento procesal como una garanta constitucional. Aun cuando de la previsiones constitucionales claramente se distingue su carcter garantista, as como su carcter subjetivo, en tanto procura la tutela efectiva de dichos intereses, y obliga a los rganos de la administracin de justicia a emitir su decisin con prontitud, es cierto que ha sido la jurisprudencia, quien ha dibujado las notas esenciales que definen dicho mecanismo de proteccin. Ha sido la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional, quien ha delimitado cules son las notas esenciales de las acciones para lograr la tutela de los derechos e intereses colectivos y difusos, bien sea a travs de demanda o amparo constitucional. La accin por intereses colectivos y difusos puede ser definida como un medio de impugnacin especial, conferido a aquellos sujetos, puede entender que se trata de una accin destinada a proteger derechos colectivos y difusos.</p> <p>las acciones provenientes de derechos e intereses difusos y colectivos, son siempre acciones de condena, o restablecedoras de situaciones, y nunca mero declarativas o constitutivas, estimando en consecuencia que la accin ejercida, esto es, el amparo constitucional, se fundamentaba en el resarcimiento de los daos sufridos por los lesionados, o en la pretensin de cumplimiento de obligaciones, entre otras peticiones, diferentes a la simple restitucin de una situacin jurdica particular, que es la finalidad del amparo constitucional. Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela Artculo 26 Toda persona tiene derecho de acceso a los rganos de administracin de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisin correspondiente. El Estado garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idnea, transparente, autnoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones intiles. Artculo 19. El Estado garantizar a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminacin alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garanta son obligatorios para los rganos del Poder Pblico, de conformidad con esta Constitucin, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la Repblica y con las leyes que los desarrollen. Artculo 27 Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantas constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitucin o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de la accin de amparo constitucional ser oral, pblico, breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad judicial competente tendr</p> <p>potestad para restablecer inmediatamente la situacin jurdica infringida o la situacin que ms se asemeje a ella. Todo tiempo ser hbil y el tribunal lo tramitar con preferencia a cualquier otro asunto. La accin de amparo a la libertad o seguridad podr ser interpuesta por cualquier persona; y el detenido o detenida ser puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilacin alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaracin del estado de excepcin o de la restriccin de garantas constitucionales. Artculo 31. Toda persona tiene derecho, en los trminos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la Repblica, a dirigir peticiones o quejas ante los rganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptar, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitucin y en la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los rganos internacionales previstos en este artculo. Artculo 49. El debido proceso se aplicar a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurdica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigacin y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Sern nulas las pruebas obtenidas mediante violacin del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitucin y en la ley. 3. Toda persona tiene derecho a ser oda en cualquier clase de proceso, con las debidas garantas y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un</p> <p>tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intrprete. 8. Toda persona podr solicitar del Estado el restablecimiento o reparacin de la situacin jurdica lesionada por error judicial, retardo u omisin injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra stos o stas. Artculo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realizacin de la justicia. Las leyes procesales establecern la simplificacin, uniformidad y eficacia de los trmites y adoptarn un procedimiento breve, oral y pblico. No se sacrificar la justicia por la omisin de formalidades no esenciales. Artculo 281. Son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo: 2. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios pblicos, amparar y proteger los derechos e intereses legtimos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestacin de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daos y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios pblicos.</p> <p>Jurisprudencia del El Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artculo 267 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las previstas en los artculos 1 y 20 in fine de la Ley Orgnica del Tribunal Supremo de Justicia de la Repblica Bolivariana de Venezuela,</p> <p>CONSIDERANDO Que el artculo 257 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela establece como mandato la adopcin del procedimiento oral en todas las causas judiciales. CONSIDERANDO Que la oralidad ha sido acogida por el Legislador en diversas leyes procesales, siendo las ms importantes: el Cdigo Orgnico Procesal Penal, la Ley Orgnica Procesal del Trabajo y la Ley Orgnica para la Proteccin del Nio y del Adolescente. Que el Legislador procesal civil estableci un mecanismo para la tramitacin del juicio oral en el procedimiento civil contenido en el Ttulo XI, de la Primera Parte, del Libro Cuarto del Cdigo de Procedimiento Civil. RESUELVE Artculo 1: Se tramitarn por el procedimiento oral las causas a que se refiere el artculo 859 del Cdigo de Procedimiento Civil, con excepcin de las previstas en el ordinal segundo, siempre que el inters principal de la demanda no exceda en bolvares, al equivalente a dos mil novecientas noventa y nueve unidades tributarias (2.999 U.T.). Artculo 2: A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolucin, todos los Tribunales de Municipio del rea Metropolitana de Caracas y de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, como tribunales pilotos, sern competentes para tramitar las causas por el procedimiento oral a que se refiere el artculo 1 de esta Resolucin. Artculo 8: El Tribunal Supremo de Justicia adoptar todas las medidas necesarias para la aplicacin del procedimiento oral en materia civil y mercantil, en especial, las de formacin y capacitacin de los jueces y juezas que debern tramitar estas causas.</p> <p>Cdigo De Procedimiento Civil Titulo XI Del Procedimiento Oral Captulo I Disposiciones generales Artculo 859.- Se tramitarn por el procedimiento oral las siguientes causas, siempre que su inters calculado segn el Ttulo I del Libro Primero de este Cdigo, no exceda de doscientos cincuenta mil bolvares. 1 Las que versen sobre derechos de crdito u obligaciones patrimoniales que no tengan un procedimiento especial contencioso previsto en la parte primera del Libro Cuarto de este Cdigo. 3 Las demandas de trnsito. 4 Las dems causas que por disposicin de la ley o por convenio de los particulares, deban tramitarse por el procedimiento oral.</p> <p>Demanda por Intereses Colectivos y Difusos Tribunal competente En materia de competencia en todas las acciones referidas a los intereses difusos y colectivos, la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que le deber corresponder el conocimiento de las acciones que tengan por objeto la tutela de intereses difusos y colectivos, mientras la Ley no lo atribuya a otro tribunal. En consecuencia, ni el contencioso administrativo, ni la justicia ordinaria o especial son competentes, a juicio de la Sala, para declarar y hacer efectivos estos derechos salvo que la Ley disponga lo contrario. As lo estableci por medio de la precitada decisin de fecha 30 de junio de 2000 (Caso Dilia Parra Guilln), al sostener que esa tutela le corresponda por cuanto, en su criterio, ello constituye materia del dominio de lo constitucional y, por ende, de la ju...</p>

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