relatos políticos 711

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Uruguay no se detiene

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Relatos políticos.Pasado, presentey futuro

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Relatos políticos.Pasado, presente y futuro

Esta publicación busca ser un aporte para nuestra militancia. Los diferentes documentos incluidos en este material surgen de un proceso de elaboración de varios compañeros de la 711, en algunos casos con una participación activa en la gestión, que construyen diferentes relatos (pasado, presente y futuro) de lo ocurrido en diferentes temas del país en los últimos 25 años.

Cuando se leen cada uno de los trabajos, se observa un énfasis en la situa-ción que tenía el país desde la década de los 90, luego lo realizado del 2005 a la fecha (en los dos períodos de gobierno del FA), y por último la enorme posibilidad que tenemos por delante en las distintas áreas, expresándose su potencial en la búsqueda del desarrollo.

Entendemos que este material será un buen insumo, que ayudará a colabo-rar en lo que será el triunfo del Frente Amplio hacia un tercer gobierno que profundice lo mucho de bueno ya realizado y sume nuevas conquistas muy necesarias para nuestro pueblo.

Tenemos por delante el desafío de, por un lado, seguir construyendo el Estado de bienestar para todos los uruguayos y, por otro, avanzar hacia el desarrollo del país.

Tenemos un tercer gobierno por delante, que tiene que ser un gran gobierno, con excelencia en la gestión, y por otra parte asegurar que una nueva genera-ción de uruguayos se apropie del proyecto politico del Frente Amplio.

Mucha fuerza y convicción.

Un abrazo

Raúl Sendic



EQUIPOBeatriz Ramírez Abella

Karina Ruiz

Carla Sacchi

Alicia Moas

Chabela Ramírez Abella

Agustina Larrosa

Daniel Villasente

Ricardo Pons

Esteban Aquilar

Nelly Duarte

Doris Piris

Edgardo Feris

Juan Terra

Waverley Tejera

Jorge Setelich

Daniel Leíte

Oscar Gadea

Alvaro Perez

Jessica Zunino

Gustavo Darosaj

Julio Cabano

Francisco García

Nelson Clavera

Richard Custodio

Edgardo Ramos

Lucia Pittaluga

Sebastian Torres

Adriana Murdocco

Gabriel Corbo

CRÉDITOSCoordinación General

Jose Querejeta

Julio Calzada

Ruben Barboza

Dalton Rodriguez

Leonardo de León



INDICE

Prólogo Raúl Sendic 2

Créditos y Equipo 3

Desarrollo productivo Ruben Barboza 5

Educación física y deporte Fernando Valls 8

Empresas públicas y energía Leonardo de León 10

Inserción Internacional y Comercio Exterior Marcos Methol 13

Política de derechos humanos Beatriz Ramírez 16

Política educativa Dalton Rodríguez 19

Políticas de juventud Diego Olivera 22

Políticas de Primera Infancia Cristina Lustemberg 25

Políticas en materia de drogas Julio Calzada 28

Políticas productivas: la infraestructura Gonzalo Riet 31

Políticas sociales Julio Calzada y Diego Olivera 34



Desarrollo productivo

PasadoEn la segunda mitad del siglo XX, el producto bruto uruguayo se mantuvo prácticamente estancado. En los últi-mos gobiernos del Partido Nacional y Colorado (1985 – 2004), el PIB por ha-bitante pasó de 2.800 a 7.000 dólares, la inversión nacional fue menor al 15% del PIB y la inversión extranjera menor al 1% del PIB.

Las exportaciones promedio oscilaron entre los 2.000 y 4.000 millones de dólares al año, con un patrón de espe-cialización primario basado en recur-sos naturales, escaso grado de elabo-ración y valor agregado.

La tasa de empleo osciló entre el 50

y 55% de la población, y el desempleo variaba de 8,5% a 9,2% entre 1990 y 1994, con picos de máxima de 11,8% en 1999 y 16% en plena crisis del 2002.

El índice de salario real permaneció es-table durante toda la década de los 90 a pesar del crecimiento económico de la época.

La pobreza presentó índices elevados: un 25% de personas por debajo de la línea de pobreza en el primer gobier-no colorado (1990), un 18% al cierre del gobierno del Partido Nacional (1994), un 21% (1999) y un 40% (2004) al fi-nalizar los dos últimos gobiernos del Partido Colorado.

PresenteA partir del 2005, entre los objetivos que se plantea el primer gobierno del FA se encuentra el de establecer políti-cas que permitan avanzar hacia un país productivo. Veamos algunas:

1) Se llevó adelante una política econó-mica que en lo macro procuró mante-ner activos líquidos elevados, una po-lítica fiscal ordenada y un manejo de la deuda que distribuyó los vencimien-tos, alineados con las posibilidades del país.

2) Se puso en práctica la promoción de inversiones mediante exoneracio-nes fiscales.

3) Se implementó por primera vez en el país una política sistémica de I + D +

I, la cual no fue basada exclusivamen-te en la generación de conocimiento (oferta).

4) Se iniciaron importantes innovacio-nes institucionales y se realizó una pla-nificación de largo plazo de las políti-cas públicas para el desarrollo del país (Gabinetes Ministeriales como el de innovación y de desarrollo productivo).

A fines de 2014, las cuentas públicas mostraran una liquidez que duplica las obligaciones financieras de corto plazo. La economía uruguaya registra un fuerte proceso de crecimiento: al 2014 el PIB por habitante triplicó al del gobierno del Partido Nacional (1994) alcanzando los 17.000 dólares por ha-

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bitante. La tasa de inversión alcanza un promedio anual de 20% del PIB. La inversión extranjera es un factor impor-tante de crecimiento y expansión de la economía (5,8% del PIB). Las exporta-ciones de bienes y servicios alcanzan un record y superan los 14.000 millo-nes de dólares.

Este dinamismo de la economía ha sido capaz de generar mejores condi-ciones de equidad e inclusión social: el índice Gini muestra mejor distribución (0.38), la pobreza bajó a 11%, el empleo aumentó a 60%, la desocupación bajó a 6,0%, y el índice de salarios aumentó más de 50% desde 2004.

FuturoUruguay está logrando avanzar hacia el desarrollo en cuanto a ingresos pro-medio por habitante.

Para consolidar y hacer sustentable este proceso, el país deberá transfor-mar su estructura social y productiva, estimulando nuevas cadenas de valor asociadas a más y mejores inversiones (energías renovables, tecnologías de la información y la comunicación, ex-plotación de yacimientos de petróleo y gas, obras de infraestructura como el puerto de aguas profundas, planta regasificadora, etc.), y la incorporación de más conocimiento en los sectores basados en recursos naturales (agro, turismo, etc.).

El rol del Estado y de las empresas públicas será clave para fortalecer ca-pacidades nacionales que nos permiti-rán posicionarnos en los procesos de investigación, desarrollo e innovación.

A futuro nos proponemos contar con agencias articuladas, capacitadas, ági-

les, transparentes y dotadas de recur-sos desde donde se ejecuten las polí-ticas establecidas a nivel del gabinete productivo. Entre los ejemplos pode-mos citar al Instituto Uruguay XXI, la ANII, la CND, el INEFOP, el INACOOP. En este contexto, se propone la Agen-cia Nacional de Desarrollo Económico, así como también una Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local.

Se fortalecerán los Consejos Sectoria-les actuales y se crearán nuevos para continuar trabajando en forma público - privada con los sectores prioritarios para el país. Además, se promoverá la integración productiva a las cadenas de valor en la región, las compras esta-tales para Mipymes y productores rura-les familiares, el incentivo a inversiones orientadas a la agregación de valor, la extensión agroindustrial y la consolida-ción de las empresas recuperadas.

Como sustento y apoyo de esas transfor-maciones, se propone la creación de una Banca Nacional de Desarrollo.

Ruben Barbosa

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Notas




Educación física y deporte

PasadoLas políticas en educación física y de-porte gestionadas por los gobiernos blancos y colorados tuvieron las si-guientes características:

-Una inversión anual total en deporte de 1.800.000 dólares

-Solamente el 17,3% de los niños de Primaria tenían acceso a la educación física regular en nuestro país.

-Durante 20 años no se invirtió en me-jorar ni mantener la infraestructura pú-blica que estaba totalmente abando-

nada.

-Con el afán de generar cargos políti-cos y un nuevo Ministerio, se desarticu-ló la Comisión Nacional de Educación Física y se creó el Ministerio de Depor-te y Juventud, que al período siguiente se volvió a desarticular para crearse el Ministerio de Turismo y Deporte.

-En 2004, la situación de las políticas y los organismos que regían la educa-ción física y el deporte en el país era ruinosa.

PresenteA partir del año 2005, las políticas rela-tivas a la educación física y el deporte tienen un cambio radical, pasando de menos de dos millones de dólares a más de 12 millones de inversión en el tema. Esto implicó una fuerte inversión en obras de infraestructura que inclu-yen transferencias, en acuerdo con MTOP, para la creación y refacción de 200 canchas en 114 plazas públicas de deportes, y se entregó equipamiento para la instalación de 100 gimnasios al aire libre en todo el país.

Se transfirieron 40 millones de pesos al año como apoyo a las federaciones deportivas y de manera muy particular a la Organización Nacional de Futbol Infantil y al fútbol femenino.

Se promulgó la ley de la universaliza-ción de la educación física escolar, en escuelas urbanas y rurales, con más de

800 profesores de educación física en las escuelas públicas.

Tras un largo proceso de trabajo con la AUF y el Ministerio del Interior, se le-gisló sobre la violencia en el deporte y aprobó la ley respectiva.

También se legisló en materia de los derechos en la formación del baby fút-bol, haciendo posible que los clubes deportivos tengan derechos formati-vos a partir de los 13 años del jugador.

Se creó el bachillerato técnico en de-porte y la Fundación Deporte que, con el apoyo económico del Ministerio, brindó apoyo a los deportistas que re-presentaron a Uruguay en Pekín y los Juegos ODESUR.

También se acercó la actividad depor-tiva a los sectores más vulnerables de



la sociedad, con programas como Un Gol al Futuro, KO a las Drogas y Pintó Deporte.

Y se creó la comisión ejecutiva bina-cional para la organización del Mundial 2030.

FuturoEl desafío para el siguiente período es promover la educación física y el de-porte en todas sus

dimensiones como hechos sociales y educativos.

Entre otras tareas, nos proponemos:

-Favorecer el desarrollo de las capa-cidades físicas y motrices de los ciu-dadanos y garantizar el derecho de la población a la práctica de la actividad física.

-Profundizar el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Educación Físi-ca y Deporte.

-Consolidar la universalización de la educación física escolar, ampliándola a todo el sistema educativo.

-Territorializar la gestión de las políti-cas, transfiriendo recursos al ámbito

local para el desarrollo de la práctica deportiva comunitaria, con énfasis en la participación ciudadana, la inclusión social y la equidad de género.

-Desarrollar un plan nacional integrado que sea el rector y optimice el uso de infraestructura deportiva, articulando de manera eficiente los recursos públi-cos y privados.

-Rediseño de la institucionalidad recto-ra de la educación física y el deporte, otorgando mayor jerarquía, indepen-dencia administrativa y facultades fun-cionales al Sistema Nacional Integrado de Educación Física y Deporte.

-Impulsar una Ley del Deporte que esta-blezca normas de seguridad en el deporte, un régimen claro de transferencias y regule la seguridad social para deportistas.

Fernando Valls



Empresas públicas y energía

PASADOEntre los años 1990 y 2004, en el Uru-guay se desarrolló una política en rela-ción al rol de las empresas públicas, la industria y la infraestructura energética que tuvo características nefastas para el desarrollo del país y, en especial, para su gente.

El Herrerismo, y en particular el Laca-llismo, fueron los que iniciaron estas políticas en 1990, jalonadas por algu-nos hitos:

El proceso de privatización de las em-presas públicas (ANTEL, ANCAP). En el caso de ANCAP, el proyecto de La-calle-Sanguinetti-Batlle era venderla a Repsol.

La desaparición del aparato produc-tivo, el industrial especialmente. Bas-ta sólo recordar lo que ocurrió con las agroindustrias de Paysandú (lana, cuero, azúcar). Se cerró el ingenio azu-carero del Espinillar de propiedad de

ANCAP, en Constitución (Salto). Desa-pareció totalmente la industria textil en el Uruguay. Y se desmanteló casi en su totalidad la agroindustria azucarera en Bella Unión.

Existió un fuerte proceso de desinver-sión en la infraestructura energética del país. Basta recordar los apagones, en algunos casos programados. Exis-tía inseguridad energética para los uruguayos, que veíamos que nuestra única alternativa era la lluvia para que generaran las represas en el Río Uru-guay y Río Negro. En esos años no se realizaron inversiones para mejorar la capacidad energética del país. La últi-ma inversión fue la Represa de Palmar en 1982.

En esos años se desmantelaron en su totalidad los organismos de planifica-ción energética. Se actuaba a partir del problema coyuntural, pero sin planifi-cación.

PRESENTEHubo que esperar hasta el 2005, con el primer gobierno del FA presidido por Tabaré Vázquez, para que se colocaran entre los principales objetivos aquellas políticas que permitieran caminar ha-cia un país productivo.

A partir de entonces se priorizan las políticas públicas, entre ellas la política energética, y se coloca a las empresas públicas, caso de ANCAP y UTE, como motores de ese proceso de cambio.

El Uruguay tenía hasta el 2005 entre el 60 y 65 % de su matriz energética dominada por el petróleo, la energía hi-droeléctrica generada en las represas ocupaba entre un 20 y un 25 %, y el resto era gas importado y leña.

El plan energético establecido por el gobierno de Tabaré, y profundizado por el de Mujica, ha llevado a que el



país lograra la siguiente infraestructura energética:

Refinería de La Teja: se construyó una planta desulfurizadora para mejorar la calidad de los combustibles de origen fósil (naftas y gasoil).

Biocombustibles: se instalaron de 4 plantas industriales en Bella Unión (etanol), Paysandú (etanol), Capurro (biodiesel) y Paso de la Arena (biodie-sel). Esto permitirá a partir del 2015 la sustitución de importación de combus-tibles fósiles por más de 100 millones de dólares al año.

Energía eólica: se construyeron par-ques eólicos de UTE y privados. En 2014, lo parque eólicos propiedad de UTE tendrán 170 MW instalados, y para 2015 se proyecta incrementar esa ge-neración a 280 MW instalados. El plan para 2016 es llegar a 1.300 MW insta-lados entre todos los parques eólicos.

Energía solar fotovoltaica: actualmen-te existen 50 MW, pero el objetivo es llegar a 200 MW.

Energía a partir de biomasa: en la ac-tualidad hay una capacidad instalada de 400 MW (UPM, Montes del Plata, Fenirol, Alur). Además, se ha constata-do el crecimiento en la utilización de

distintos tipos de biomasa: residuos forestales de campo y aserraderos, el bagazo de caña, la cáscara de arroz, el licor negro (industria forestal) y los re-siduos de otras industrias vienen sien-do transformados en energía eléctrica.

Planta regasificadora (en construc-ción): abastecerá de gas a industrias, vehículos y miles de hogares del país.

Exploración petrolera: se viene desa-rrollando un importante trabajo de ex-ploración, tanto en mar como en tierra, entre ANCAP y las principales empre-sas petroleras del mundo.

Estación Conversora de Frecuencia: instalada en Melo, permite la transfe-rencia bidireccional de energía eléctri-ca por 500MW, mejorando la conecti-vidad del país.

Central de ciclo combinado de UTE: la inversión en esta planta supera los 500 millones de dólares.

Inversiones totales en energía: 7.100 millones de dólares (17% del PBI). Las empresas públicas invirtieron 2.400 millones de dólares, y a casi el doble de esa cifra trepó la inversión del sector privado o en asociaciones público-pri-vada.

FUTUROEstas inversiones han permitido que el Uruguay se posicione entre los países más avanzados del mundo en el desa-rrollo de energías renovables. Por otro lado, existe un avance fundamental en materia de soberanía e independen-cia energética, ya que gran parte de la energía que se produce hoy en el Uru-guay es en base a trabajo nacional, con

miles de empleos en diferentes regio-nes, con producción agropecuaria na-cional y en base a una enorme riqueza de recursos naturales.

En este último año, Uruguay no sólo ha dejado de importar energía eléctrica, sino que se ha transformado en expor-tador de la misma.



Uruguay se enfrenta a la certeza de te-ner petróleo, lo que implica desarrollar una nueva gran industria estratégica para el desarrollo del país como es la industria petrolera. A partir del petró-leo se desarrollará, a su vez, la industria petroquímica, que utiliza el petróleo y el gas natural como materia prima para el desarrollo de numerosos productos químicos: la producción de fertilizan-tes, pesticidas y herbicidas, la obten-ción de asfalto y fibras.

La producción de biocombustibles en el Uruguay a través de ALUR ha desa-rrollado cadenas productivas en dife-rentes regiones del país, que además permiten la producción de energía eléctrica a partir de diferentes tipos de biomasas, alimentos humano y animal,

y otros coproductos. A su vez, median-te procesos de innovación se ha venido aplicando química fina con la produc-ción de biopolímeros (plásticos), y se podrá seguir agregando valor a través de nuevos procesos.

Esta nueva infraestructura ofrece a los uruguayos seguridad energética, ener-gías limpias, y reducción de las impor-taciones de petróleo. Al mismo tiempo, se genera una enorme posibilidad para el desarrollo de nuevas industrias y emprendimientos productivos, ya que esta enorme disponibilidad energética asegura la llegada al país de nuevas in-versiones, tanto nacionales (estatales y privadas) como extranjeras, alineadas a las políticas que viene instrumentan-do el Uruguay.

Leonardo de León



Inserción Internacional y Comercio Exterior

PasadoHasta los años 60, Uruguay orientó su comercio de materias primas a la me-trópolis Londres, generando riquezas que permitieron consolidar un Estado social. El declive británico detonó la crisis estructural del Estado urugua-yo, que a partir de ahí se alinea en lo político, económico y militar a Estados Unidos.

Posteriormente, la aplicación de las políticas neoliberales del Consenso de Washington, sustentadas en el in-tercambio desigual, implicaron el des-mantelamiento científico e industrial hasta desembocar en el derrumbe fi-nanciero y social de 2002.

De 1960 a 1995 emigraron 477.000 uruguayos, y de 1996 a 2004 lo hicie-ron 117.000.

En 2002, Uruguay perdió el grado in-versor. La deuda externa en 2004 re-presentaba más del 100% del PBI. La inversión extranjera directa, por su par-te, alcanzó en todo el período apenas 1.239 millones de dólares.

El 50% de las exportaciones eran al MERCOSUR. Ello no sirvió para promo-ver encadenamientos productivos ni la constitución de fondos para superar asimetrías en la región.

PresenteA partir de 2005, el gobierno del FA replantea la inserción internacional del país, en el marco del desarrollo de nue-vas políticas. La región toda rechaza el ALCA, lo que redundará en un fuerte respaldo al desarrollo de una política sudamericana de nuevo tipo, promo-viendo la constitución de UNASUR y la CELAC.

A partir de su compromiso con el De-recho Internacional, los Derechos Hu-manos y la paz, Uruguay adquiere un importante destaque en los en organis-mos y la prensa internacional.

En 2007 se aprueba la ley de Migración (la 18.250), que junto a la Oficina de Retorno y Bienvenida han facilitado el regreso al país de más de 30.000 com-patriotas.

Las exportaciones de bienes y servi-cios, manufactura industrial y agrope-cuaria con alto valor agregado, han alcanzado los casi 14.000 millones de dólares anuales, diversificadas en más de 100 mercados, ubicando al país en segundo lugar de crecimiento indus-trial en América Latina.



La inversión extranjera directa entre 2005-2008 fue de 5.775 millones de dólares, y entre 2009-2012 de 9.009 millones. Sólo en 2013 esa inversión lle-ga a los 2.796 millones, llevando a que varias calificadores de fondos otor-guen a Uruguay el grado inversor más alto de su historia.

Entre 2007 y 2014, el FOCEM de MER-COSUR asignó 265 millones de dólares para obras de infraestructura. A su vez,

el Programa de Internacionalización de la Especialización Productiva (PIEP) de 2011 habilitó hasta 55.000 dólares no reembolsables por proyectos asociati-vos para PYMES.

Se establecen acuerdos regionales so-bre salud, seguridad social y educa-ción. Desde 2005 se reconocen años trabajados en países del MERCOSUR para derechos jubilatorios.

FuturoEn un mundo de incertidumbres, con la emergencia de grandes Estados y uniones continentales (China, Estados Unidos, India, Unión Europea, Unión Euroasiática, UNASUR, ASEAN, etc.), la inserción internacional de Uruguay seguirá orientada a la región sudame-ricana y latinoamericana, tanto por su proyecto de desarrollo industrial como por las exigencias geopolíticas. En ese contexto, proponemos profundizar la política de inversiones y de diversifi-cación de mercados, optando por ex-portaciones de calidad, con alto valor agregado.

Aprovechando su ubicación geográ-fica privilegiada, promoveremos la constitución del país en nexo logístico

de la región de la Cuenca del Plata, con proyección latinoamericana y atlántica hacia el mundo.

La integración de cadenas productivas y la búsqueda de alternativas financie-ras son dos orientaciones clave para sostener una política exterior verdade-ramente soberana.

El compromiso con la paz y la demo-cracia en la región, así como la promo-ción de la cooperación y la defensa del Derecho Internacional ante los atrope-llos humanitarios contra marginados, refugiados y migrantes, y ante las gue-rras por los recursos naturales estraté-gicos, guiarán la acción diplomática de la Cancillería uruguaya.

Marcos Methol

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Notas




Política de derechos humanos

PasadoLa agenda de género entre 1990 y 2005 estuvo dominada por la emer-gencia y dinamismo de las organizacio-nes sociales, con una escasa respuesta institucional en materia de fondos y re-cursos humanos por parte del Estado.

La problemática de violencia de géne-ro emerge como un problema social sin acuerdos internacionales. Ante esa situación, movimientos feministas, de mujeres y ONG´s desarrollaron denun-cias y movilizaciones destinadas a sen-

sibilizar a la sociedad en general y al Estado en particular.

Producto de esas luchas, en 1995 se in-cluye a la violencia doméstica como un delito en el Código Penal (Ley 16.707. Art. 321). Y en el año 2000 se aprueba la Ley Nº 17.514 de violencia domésti-ca, a partir de lo cual se comienzan a generar programas y espacios inte-rinstitucionales para abordar desde el Estado la problemática de la violencia basada en género.

PresenteCon la creación en 2005 del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que in-corpora al Instituto Nacional de las Mu-jeres (Inmujeres), comienza una nueva y vigorosa institucionalidad de género. Ley 18.104 (del año 2007) promocionó la igualdad de oportunidades y dere-chos entre hombres y mujeres, donde Inmujeres es el órgano rector de las políticas de género.

A partir de entonces se produce el for-talecimiento de la institucionalidad de género en el Estado: se forman ope-radora/es en género, se crea e imple-menta el primer Sistema de Informa-ción de Género de la Región, se crea el departamento de mujeres afrodescen-dientes, se implementa una planifica-ción estratégica, dotando a la temáti-cas de género de mayor presupuesto e incrementando los recursos humanos a nivel central y territorial.

También se incorpora la política de gé-nero a nivel laboral, incluyendo la apli-cación del modelo de calidad con equi-dad en los organismos públicos.

A su vez, se aprueban varias leyes de especial relevancia, entre ellas la Ley 18.065 de trabajo doméstico, la 18.561 de acoso sexual laboral, y la Ley de cuotas de participación política de las mujeres.

En materia de políticas públicas con enfoque étnico- racial, se aprobaron la Ley 19.122 de acciones afirmativas para la población afrodescendiente, y la 17.817 contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. A su vez, se aprobó el Primer Diplomado en Afrodescen-diencia y Políticas Públicas.

También se aprobó la constitución del Consejo Consultivo Nacional de Lu-



cha contra la Violencia Doméstica y el SIPIAV, y se desarrollaron políticas basadas en la interinstitucionalidad y la articulación de una red de servicios de protección y asistencia. Además, se creó el Sistema de Respuestas contra la violencia hacia mujeres, niñas y ado-lescentes.

En el marco del acceso universal a la salud sexual y reproductiva, se apro-bó la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, la Ley de

interrupción voluntaria del embarazo, y el Plan Estratégico Nacional en Its/Sida.

El sustancial avance en el plano de los derechos humanos durante estos pe-ríodos vino a completarse con accio-nes de cuidados a la Primera Infancia, las personas discapacitadas y los adul-tos mayores. Y también con la exten-sión de la licencia maternal, paternal y parentales.

FuturoDe cara al futuro, enumeramos algunas medidas que pretendemos impulsar:

Promoción de un organismo rector en equidad de género con mayor rango jerárquico.

Incorporar la equidad de género en “la corriente principal” del conjunto de las políticas públicas, impulsando nuevas normativas en materia de igualdad de género y extendiendo la ley de partici-pación política.

Creación de una Unidad Técnica u otra institucionalidad de asuntos étnicos en el Estado. Desarrollar políticas univer-sales que incorporen la complejidad de la realidad social que configura la vul-nerabilidad.

Erradicación de la violencia basada en género consolidada en el Estado, po-niendo fin a la expresión más brutal de la desigualdad de género. Construc-

ción de un sistema de respuestas para la erradicación de la violencia basada en género.

Reorganizar el mercado de empleo, los cuidados y la protección social de modo que contribuya a un reparto equitativo de las responsabilidades del ámbito doméstico y una participación plena de ambos integrantes de la pare-ja en el mercado de trabajo.

Diseño de un Sistema Nacional de Cui-dados que promueva la universaliza-ción de la educación infantil y exten-sión horaria de centros educativos de primaria; que atienda la dependencia- adultos/as mayores y discapacitados/as mediante servicios públicos; que permita el establecimiento de licencias iguales e intransferibles para ambos progenitores; que facilite la formación y protección para cuidadores/as y re-gule los servicios de cuidado en el mer-cado.

Beatriz Ramírez



Notas

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Política educativa

PasadoEl estancamiento del egreso en el mar-co del sistema educativo formal es un fenómeno sostenido y en aumento, al menos desde la década de los años ‘ 90. Este fenómeno se encuentra acom-pañado de la permanente pauperiza-ción del salario docente y de sus con-diciones de trabajo.

La educación pública fue concebida por los políticos blancos y colorados como un gasto presupuestal, y por ende operaron en base a su contrac-ción y reducción, utilizando como uno

de los caminos los procesos de priva-tización y tercerización de la oferta educativa y sus inherentes servicios de apoyo.

En los períodos de mayor crisis econó-mica, la educación pública, en especial la primaria y media, soportó los impac-tos de las crisis, cumpliendo diversos servicios de cuidado y protección de la niñez y la adolescencia, que desplazan su finalidad principal como ámbito de enseñanza y de aprendizaje.

PresenteCon el acceso de la izquierda al gobier-no nacional se produce un aumento significativo del presupuesto para la educación, que pasa del 2,3 % al 4,5% del PBI, lo que implicó, entre otros as-pectos, que el salario de docentes y no docentes de la ANEP se incrementara en términos reales en más de 50%.

Plan Ceibal, herramienta de alto impac-to sociocultural y familiar, opera como un recurso democratizador y propulsor de innovación pedagógica y didáctica, alcanzando amplia cobertura en edu-cación primaria y meda básica.

La UTU duplicó la cantidad de estu-diantes. Y se incrementó la oferta de Bachilleratos Tecnológicos y Profe-sionales, tecnicaturas, y también la Formación Profesional Básica, promo-viendo inclusión educativa e inserción laboral.

Es notorio el impulso a la educación técnica y tecnológica, tanto en el nivel medio como en el nivel terciario no uni-versitario

A su vez, se expandió la oferta de cuar-to nivel (postgrados, maestrías y doc-torados), formando recursos humanos con muy alto nivel de calificación.

El alumnado de la educación terciaria saltó de 34 mil en 1980 a 157 mil en 2013. Hoy, el 54% de los alumnos de la Universidad de la República provienen de hogares en los que son la primera generación que logra acceder a la edu-cación terciaria.

Esto es el resultado de la transforma-ción que ha venido experimentando la Universidad de la República en los últimos años (fundamentalmente, la descentralización al interior del país),



el desarrollo y consolidación de un pujante subsistema de educación uni-versitario privado, y la expansión de la

matrícula de los institutosde formación docente de ANEP.

FuturoLas tareas para el período 2015-2024 se orientan en base a los objetivos si-guientes:

-Promover la gestión de los centros de enseñanza como elemento clave de un sistema educativo que ofrezca oportu-nidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

-Propiciar una utilización más intensa del mundo del trabajo como recurso de enseñanza y aprendizaje.

-Avanzar en la formación y profesiona-lización de la comunidad docente para la mejora de la gestión y la incorpora-ción de nuevos abordajes pedagógicos y metodológicos de la práctica educa-tiva.

-Rediseñar la matriz curricular, a través de la reformulación de planes y progra-mas con énfasis en la participación de actores involucrados.

-Afianzar el desarrollo de Plan Nacional

de Acreditación de Saberes, que posi-bilite el reconocimiento, la valoración y certificación de la experiencia adqui-rida por los trabajadores en el ámbito laboral, cultural y social.

-Profundizar en el la investigación, la innovación y el desarrollo a nivel uni-versitario con marcada vinculación a los procesos productivos, los empren-dimientos colectivos y las iniciativas socioculturales.

-Implementar un programa destinado a la capacitación y formación profe-sional de la población de entre 21 y 29 años de edad que haya abandonado la educación media sin completarla. Se destinará tanto a quienes finalizaron la media-básica pero no la media-su-perior, como a quienes no finalizaron la media básica.

Antes de finalizar el próximo período de gobierno será destinados a la edu-cación el 6 % del PBI.

Dalton Rodríguez

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Notas




Políticas de juventud

PasadoLos jóvenes no han sido un área de especial cuidado y atención para Uru-guay desde la segunda mitad del siglo XX.

En el 2004, la falta de avances signi-ficativos en el desarrollo de políticas orientadas a mejorar las trayectorias educativas de los jóvenes estuvo pau-tada por el magro presupuesto asigna-do al sistema educativo, que se ubica-ba entre los peores de Latinoamérica. Esto condicionó la acumulación de capital humano vital para el desarrollo del país y para trayectorias personales y familiares de mayor bienestar.

Las limitadas oportunidades de parti-cipación efectiva de los jóvenes en la definición de los aspectos que atañen a su situación, hicieron que esta socie-

dad fuera una sociedad poco hospita-laria con sus generaciones jóvenes.

Si difícil era ser joven, más difícil era ser mujer joven, o peor aún mujer jo-ven y madre, donde la pobreza, el des-empleo y el rezago educativo han sido aún mayores.

El cuadro lo completaba la migración de miles de jóvenes de todos los sec-tores sociales, que no encontraron las oportunidades laborales o académicas en el país a lo largo de las ultimas cua-tro décadas del siglo XX.

Un marco de políticas públicas centra-das en el sistema financiero, y de espal-das al desarrollo productivo del país, no contempló los temas de innovación, ciencia y tecnología que contribuyeran a la retención de los jóvenes.

PresenteA partir de 2005, el Frente Amplio en-frentó la situación instalada mediante un proceso de transformación en va-rios aspectos:

-Fortalecimiento institucional del INJU. De la mano de la creación del MIDES, el INJU se instala en todo el país y re-define sus objetivos hacia el desarrollo de políticas estratégicas. Elabora pla-nes de acción de mediano plazo (2011-2015 y 2015-2025). Retoma la elabora-ción de la Encuesta Nacional de Juven-tud (2009).

Integra como eje central la participa-

ción, desarrollando entre otros los Fon-dos de Iniciativa Juvenil, los espacios jóvenes Impulsa y el Encuentro Nacio-nal de Arte y Juventud, año a año.

-El presupuesto educativo se elevó al 4,5% del PIB, lo que permitió mejorar la infraestructura de los centros y los salarios docentes. Al mismo tiempo, se desarrollaron iniciativas innovadoras orientadas a la permanencia en el sis-tema de todos los jóvenes, como Aulas Comunitarias, Compromiso Educativo, PIU o FPB, y la ampliación del Sistema Nacional de Becas.



-El fortalecimiento de la ANEP, así como la mejora en el presupuesto de la UDELAR, permitieron un crecimiento muy relevante en la matrícula universi-taria, que paso de 94.000 (año 2000) a 150.000 estudiantes (año 2010), de los cuales un 54 % son la primera gene-ración que alcanza la enseñanza tercia-ra en sus familia.

-Se crea el Programa Nacional de Edu-cación y Trabajo (PNET-MEC), que im-pulsó el desarrollo de los CECAP. Tam-

bién se creó el plan Yo Estudio y Traba-jo para impulsar primeras experiencias laborales, y se votó una Ley de Empleo Juvenil que establece apoyos y promo-ciones específicas para las empresas aliadas al empleo juvenil.

-Se instaló el programa Jóvenes en Red para la atención de los jóvenes en situación de pobreza que no estudian ni trabajan, el que alcanzó relevantes resultados.

FuturoLos desafíos aún pendientes nos exi-gen profundizar las acciones en diver-sas líneas, donde ya contamos con ex-celentes base de apoyo.

Educación: avanzar en la mejora del tránsito entre ciclos, en los niveles de finalización de enseñanza media supe-rior, en la expansión de la enseñanza técnica, en la descentralización de las instituciones y su articulación con mo-delos de desarrollo regional y nacional.

La enseñanza media, y especialmente el ciclo básico, serán foco de priori-zación para elevar los resultados con equidad social y bajo el objetivo de disminuir el número de adolescentes que quedan fuera del sistema.

Participación: impulsar una Ley que dé marco e institucionalice como política de Estado las prácticas, espacios y dis-positivos que privilegien el involucra-miento activo de los y las jóvenes de todo el país.

Vivienda: expansión y profundización de las políticas de vivienda que se han llevado a cabo desde el año 2005, a modo de que se favorezcan los proce-sos de emancipación de los y las jóve-nes.

Empleo: una implementación y segui-miento efectivo de la Ley de Empleo Juvenil, con un adecuado monitoreo de resultados y evaluación de impacto, permitirán fortalecer las vías de acce-so al mercado de trabajo por parte de más jóvenes.

Rehabilitación de jóvenes privados de libertad: este punto clave en términos de cohesión social, deberá ser profun-dizado con más propuestas de estudio y trabajo para los jóvenes privados de libertad a través del fortalecimiento institucional del SIRPA y el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Diego Olivera



Notas

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Políticas de Primera Infancia

PasadoDurante los gobiernos de los partidos tradicionales, el gasto público social tenía una orientación hacia la tercera edad. Tal era así que en el año 2005, el fasto social orientado a infancia era de apenas un 4,3% del PIB. Y la pobreza infantil en menores de 6 años era de 63,7%, es decir, más de 6 de cada 10 niños vivían en situación de pobreza.

Las políticas orientadas a la Primera Infan-cia estaban absolutamente fragmentadas, como consecuencia de las ineficientes coordinaciones interinstitucionales. Vea-mos algunos datos que ejemplifican esa situación.

Apenas el 31% de las mujeres embara-zadas eran captadas en su primer tri-

mestre de embarazo (datos de 1999). Según fuentes del MSP, en el año 2003 la tasa mortalidad infantil alcanzó el 15,3 por mil y la tasa de mortalidad ma-terna en el 2004 era del 17,9%.

En el año 2008, hay una tasa de pre-maturez del 8,3%, y no existen regis-tros nacionales de niveles de anemia a raíz de una importante fragmentación de los diferentes niveles de diagnósti-co y atención de las alternaciones del desarrollo.

Uruguay no contaba con sistemas de licencias parentales. Hasta el año 2013 sólo contaba con licencias maternales, cuya duración no cumplía con las 14 se-manas que recomendaba la OIT.

PresenteDurante los gobiernos frenteamplistas, el gasto público en infancia pasó del 4,3% al 5,5% del PIB, y la pobreza infan-til en los menores de 6 años descendió del 63,7 a 22,7 % (INE 2013).

Se creó el Programa Uruguay Crece Conti-go, con el objetivo de garantizar los cuida-dos de las mujeres embarazadas y el desa-rrollo integral de niños y niñas menores de 4 años desde una perspectiva de derechos. Su trabajo combina acciones focalizadas y universales.

En octubre de 2012, Uruguay Crece Con-tigo llegaba a 5.600 hogares con mujeres embarazadas y niños menores de 4 años con riesgo social y biológico. Al finalizar el

2014 se habrá llegado a 9.000 familias que involucran a cerca de 40.000 personas. El 71% de las mujeres embarazadas pertene-cientes al Programa realizaron su primer control antes de las 12 semanas de ges-tación. Y en las mujeres acompañadas, la prematurez desciendió de un 18% a un 8%.

La Tasa de Mortalidad Infantil en el año 2010 era de 7,7 por mil, en tanto la Tasa de Mortalidad Materna en el año 2012 llegó a 10,4%, la más baja de la región.

En el año 2013- 2014 se llevó a cabo la Primera Encuesta Nacional de Primera In-fancia, que permitió conocer la realidad y actuar sobre ella.

Se sancionó la Ley 19.161, que amplía dos



semanas la licencia por maternidad y lleva la licencia por paternidad a 10 días, con-sagrando el derecho al medio horario de trabajo hasta los primeros cuatro meses de vida del bebé, alternado entre los integran-tes de la pareja.

Los niños de 4 y 5 años tienen acceso

universal a la educación, mientras que en los niños de 2 y 3 años esa cobertu-ra alcanza a poco más de la mitad. Se aumentó el número de Centros CAIF a 364 con 49.054 niños y niñas atendi-dos, aumentando un 16,73% la cober-tura.

FuturoCon el objetivo de disminuir y tender a eliminar la infantilización de la pobre-za, se profundizará la orientación del gasto dirigido a la Primera Infancia

El desafío principal pasa por construir un Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia que asegure y garan-tice el adecuado desarrollo de todos los niños y niñas de país desde la ges-tación y hasta los seis años de vida, institucionalizando el Programa Uru-guay Crece Contigo como ámbito de gestión del mencionado Sistema. Esto permitirá llegar a 32.000 hogares iden-tificados como los más vulnerables en su componente de cercanía.

Se continuará mejorando el primer ni-vel de atención de salud y se extenderá el programa Aduana a los controles de embarazo.

Se tenderá a generar una Red de Ma-ternidades, de modo de asegurar la calidad de atención de los partos y la

optimización de los recursos.

Se llevará a cabo el Plan Nacional de Eliminación de la Anemia, y los centros SERENAR serán los responsables de centralizar y coordinar los recursos de diagnóstico y atención de las alteracio-nes del desarrollo infantil.

Se intentará unificar para el año 2016 los regímenes públicos y privados de licencias maternales en 14 semanas y paternales en 13 días, contemplando la situación de las familias con niños y ni-ñas prematuros, embarazos múltiples y con patologías médicas o quirúrgicas.

Se avanzará en el acceso universal a la educación de todos los niños de 3 años a través de la oferta pública de ANEP, procurando la cobertura universal para niños de 2 años pertenecientes a los dos primeros quintiles de ingresos. Se aplicará el marco curricular común de 0 a 6 años.

Cristina Lustemberg

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Notas




Políticas en materia de drogas

PasadoEn consonancia con el retiro del Esta-do de su presencia rectora en las polí-ticas sociales universales, las políticas en materia de drogas no se incluyeron ni se configuraron como acciones inte-grales en el marco de políticas contra la exclusión, ni dieron cuenta de las vulnerabilidades de los sectores so-ciales más afectados por la crisis socio económica y cultural que vivió el país desde los años’90.

Las acciones específicas de preven-ción, tratamiento e inserción social fue-ron llevadas en términos generales por organizaciones de la sociedad civil con apoyo de la cooperación internacional, pero sin un involucramiento activo del Estado. Por citar un ejemplo, sólo se contaban con 20 camas en todo el país –todas ubicadas en Montevideo- para el tratamiento de personas con uso problemático de drogas. El Estado se

centró casi exclusivamente en accio-nes represivas orientadas en general a la represión de los consumidores y del micro tráfico.

Sin presupuesto para la investigación, se dependió totalmente del financia-miento externo, lo que incidió en los estudios que se hicieron, en sus obje-tivos y, por ende, en las políticas que a partir de esos estudios se implemen-taron.

El resultado al 2005 fue la falta de dispositivos de atención y tratamien-to adecuados; la inexistencia de pla-nificación, vigilancia y presupuesto; la exposición del país a nivel sanitario; y expansión descontrolada del fenóme-no de la pasta base, que generó daños irreparables que aún hoy impactan de manera importante en la vida cotidiana de nuestra sociedad.

PresenteEn el contexto de las políticas sociales universales desplegadas por los go-biernos del Frente Amplio, lo distinti-vo del inicio de una nueva era en las políticas de Drogas a partir del 2005 ha estado pautado por los siguientes elementos:

-El fortalecimiento institucional de la Junta Nacional de Drogas, que se je-rarquizó como el ámbito político orien-tador de la política nacional en la ma-teria. Esta política ha dado cuenta en

forma integral de los aspectos legales y de represión del tráfico ilícito, y de los aspectos sociales y sanitarios en los que se enmarca el uso de drogas.

-Una política pública de drogas que se fundamenta en un enfoque de Sa-lud Pública desde la perspectiva ética de los derechos humanos, centrada en la accesibilidad de personas con usos problemáticos de drogas a la preven-ción, atención, tratamiento e inserción social.



-Estudios del Observatorio Urugua-yo de Drogas sobre el uso de drogas, aportando conocimientos para el dise-ño de políticas más humanas y efecti-vas.

-Una construcción político-institucio-nal que promueve una interinstitucio-nalidad pública y privada, favorecien-do la articulación con los sectores de salud, educación y trabajo, la promo-ción del relacionamiento con las orga-nizaciones de la sociedad civil, la for-mación de Promotores Comunitarios de Salud y Prevención del Uso Proble-

mático de Drogas legales e ilegales, la gestión de convenios de cooperación con el ámbito público y privado para la implementación de planes y progra-mas en espacios educativos, sanitarios, laborales y sociales.

-Se dinamizó el proceso de descentra-lización.

-Se aprobó un marco normativo para las prestaciones sanitarias en materia de drogas, y se formó la Red Nacional de Drogas (RENADRO), integrada por más de 50 dispositivos socio-sanita-rios en todo el país.

FuturoA corto y mediano plazo, se aspira a profundizar la integralidad de las polí-ticas públicas en relación a las drogas legales e ilegales, dando cuenta de los aspectos sanitarios y sociales de su uso y de los aspectos de seguridad que de-vienen del comercio ilegal de drogas. Para ello es necesario:

-Mantener la política de articulación de recursos y estrategias de abordaje, profundizando la coordinación entre ámbitos públicos, privados, y la socie-dad civil organizada. También se re-quiere seguir implementando planes y programas de prevención, de atención, tratamiento e inserción social, reno-vando los compromisos de las empre-sas públicas, y ampliando contrapartes y alcances a nivel país.

-Consolidar el proceso de territoriali-zación y descentralización, con actores locales capaces de desarrollar iniciati-vas en el marco de una estrategia na-

cional que amplíe la capacidad técnica, de gestión y de articulación de las Jun-tas Departamentales de Drogas.

-Profundizar la relación con el ámbito académico, propiciando un rol activo de la investigación y la formación de recursos humanos.

-Dinamizar la articulación con el ámbi-to educativo en sus tres subsistemas, incorporando al sector privado y am-pliando la capacidad de abordaje en el ámbito educativo, familiar, comunitario y laboral.

-Fortalecer los ámbitos de coordina-ción con los países de la región, aten-diendo las necesidades específicas de los territorios de frontera.

-Profundizar la formación de recursos humanos y la tecnificación operativa de los dispositivos de represión del trá-fico ilícito de drogas.

Julio Calzada



Notas

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Políticas productivas: la infraestructura

PasadoEl ferrocarril, el sistema de transporte más económico de la producción, fue desmantelado por los gobiernos que se sucedieron en el país entre los años ´70 y el 2005.

En 1987, el gobierno de Sanguinetti re-solvió la supresión del servicio de pa-sajeros por tren y cerró al tráfico de carga unos 900 km de líneas.

La inversión en vialidad no acompasó las necesidades del momento y menos previó las necesidades de futuro. La in-versión durante el gobierno de Lacalle (90 - 94) fue de apenas 80 millones de dólares, mientras el segundo mandato

de Sanguinetti (95-99) destinó 175 mi-llones de dólares.

En materia portuaria, se firmaron acuerdos con Argentina que favore-cieron los intereses argentinos. Los puertos de La Paloma, Piriápolis, Juan Lacaze, Colonia, Paysandú y Salto que-daron en su mínima expresión, y el de Nueva Palmira comenzó a desarrollar-se a impulsos prácticamente solitarios de la inversión privada.

Como única excepción, se concesionó la Terminal de Contenedores de Monte-video, que dotó de mejor operatividad a nuestro principal puerto.

PresenteA partir del 2004, los gobiernos del Frente Amplio se vieron abocados a enfrentar y solucionar 40 años de olvi-do y abandono en materia de infraes-tructura.

De este modo, y en materia de vialidad, se rehizo una de las sendas de la doble vía de la Ruta 1, se finalizó el puente sobre el Río Santa Lucía que tenía años de atraso, y se construyó el anillo pe-rimetral facilitando los accesos de las industrias instaladas en Ruta 101, 102, Las Piedras, La Paz y el área metropo-litana, tanto hacia el puerto de Monte-video como hacia el aeropuerto inter-nacional de Carrasco.

En cuanto a la infraestructura portua-ria, se registraron los siguientes avan-ces, entre otros:

-Se reflotó el puerto maderero de La Paloma.

-Se construyó el Muelle C, aumentando notoriamente la capacidad operativa del puerto de Montevideo que se com-plementará con el desarrollo de la ter-minal de Puntas de Sayago, ampliando la capacidad de acopio de mercadería y la capacidad de carga y descarga de navíos.

-Nueva Palmira realizó la ampliación de muelles y terminales.



-Fray Bentos se incorporó al sistema como puerto de apoyo y atracadero de barcazas, posicionándose como se-gundo puerto comercial nacional.

-Se aumentó la profundidad del puerto de Montevideo y se mejoró sensible-mente el dragado del Río Uruguay.

-Se amplió la marina de Punta del Este y la Terminal de pasajeros para cruce-ros.

-Montevideo se constituyó en punto de abastecimiento y cambio de personal de cruceros.

-Se procedió a la remoción del Puerto de Colonia.

En materia ferroviaria, por su parte, se registraron otros tantos avances:

-Se invirtieron 135 millones de dólares en la línea a Rivera.

-Se creó el Instituto Nacional de Logís-tica (INALOG), un instrumento impor-tantísimo para planificar el desarrollo logístico del país.

-Se cambió el marco legal en mate-ria ferroviaria, formando una empresa operadora.

FuturoEl despegue económico-productivo del país de la última década hizo que la circulación de tránsito pesado por ru-tas nacionales creciera 230% mientras que la inversión en vialidad lo hiciera en 192%, lo que plantea la imprescindible mejora de las rutas, reactivar el ferro-carril, aumentar y mejorar los servicios portuarios y las vías de navegación.

En ese contexto, el próximo período de gobierno deberá revertir el atraso en infraestructura, fundamentalmente en el área vial y en materia de transporte por líneas férreas, de manera que en el 2024 Uruguay tenga capacidades para dar respuesta a las necesidades de de-sarrollo productivas ofreciendo a la re-gión un país convertido en un eficiente Hub Regional.

Para ello, el Estado debe invertir el 6% del PIB en infraestructura, y debe re-conocer el papel que ha jugado la in-versión privada y alentarla a futuro,

priorizando el eje vial y ferroviario de manera inteligente, acompasando ne-cesidades internas y regionales (hub).

En materia marítima, se apuntará a con-solidar las infraestructuras instaladas en los diez últimos años y a desarrollar las si-guientes obras:

-El puerto de Puntas de Sayago.

-La Terminal Pesquera en Montevideo.

-Los puertos del litoral.

-La puesta en marcha del sistema de Lagu-na Merín-Laguna de los Patos.

-La terminal de cruceros en Colonia.

-Profundizar el dragado en Montevideo y su canal de acceso, así como el de Martín García.

-La extensión de la zona portuaria de Nue-va Palmira hacia el departamento de Soria-no en la zona profunda del Río, hasta Punta Arenal.

Gonzalo Riet

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Notas




Políticas sociales

PasadoLa dictadura instaló un modelo econó-mico y social que retiró al Estado de los controles a la actividad empresarial y financiera, y de su presencia rectora en las políticas sociales básicas, como la salud, la educación, la vivienda y el empleo: de esto modo se desprotegió a de las poblaciones más vulnerables, que sufrieron las consecuencias de un modelo excluyente y egoísta.

La democracia, de la mano del movi-miento popular, recuperó las libertades políticas pero el FMI, el Banco Mundial y los organismos internacionales si-guieron marcando una política neoli-beral en lo económico y represivas con los sindicatos y el movimiento popular.

Sanguinetti se jactaba de no perder ninguna huelga y Lacalle, “motocierra

en mano”, eliminaba los consejos de salarios y liberalizara los mercados. Una década marcada por la desarticu-lación de la industria y la producción nacional, con el triste resultado de ri-cos más ricos y pobres más pobres.

El paisaje social del 2004 nos muestra que 40% de los uruguayos y seis de cada diez niños eran pobres. La des-nutrición y mortalidad infantil habían aumentado, y había más de 3.000 ni-ños en la calle y 400 asentamientos irregulares. Y 117.000 uruguayos se ha-bían marchado al exilio económico.

La seguridad social, la salud y la vivien-da en manos del dios mercado habían llevado al BPS, el mutualismo y el BHU a la bancarrota.

PresenteEl 2005 marca un hito en la formula-ción de las políticas sociales sobre nue-vas bases.

La reforma impositiva es la política que permite el diseño y puesta en marcha de políticas universales en el campo de la salud, la educación, la vivienda, expresando una ruptura clara con las políticas de cuño liberal de los últimos 30 años.

Se ponen en funcionamiento los Con-sejos de Salarios, que con la plena vi-gencia de las libertades sindicales y el aumento de la sindicalización marcan

una señal inequívoca de fijar reglas cla-ras que favorezcan procesos de distri-bución equitativos de la riqueza.

Se crea de Sistema Nacional Integrado de Salud, a partir de lo cual la salud será un derecho de todos.

Se mejoran los salarios docentes y las infraestructuras educativas; en el 2014 la educación recibe más del 4% del PIB.

Se crea el Ministerio de Desarrollo So-cial, que tuvo la inmensa tarea de or-ganizar y garantizar el diseño e imple-mentación de políticas integrales y de calidad que llegarán a las personas y



familias más vulnerables, vinculándolas con las prestaciones universales que el país comenzaba a desarrollar.

El Plan de Emergencia primero, y el Plan de Equidad luego, junto a Uru-guay Trabaja, fueron políticas orienta-das a las poblaciones que el mercado había olvidado y que la derecha había condenado a vivir en los más de 400 asentamientos que se generan durante todo el proceso de libre mercado.

Se mejoran las asignaciones familiares y se crea la tarjeta Uruguay Social.

Son este conjunto de políticas las que permitieron en nueve años bajar la po-breza del 40 al 11 %, y la indigencia del 3 al 0,5 %.

El índice de Gini cae significativamen-te, marcando que la sociedad del 2014 es más equitativa que la del 2004, lo que coloca a Uruguay a la vanguardia de la región.

FuturoTenemos la utopía y asumimos el de-safió de seguir construyendo día a día una sociedad más inclusiva y con ma-yores niveles de cohesión social.

Lo haremos:

-Profundizando la accesibilidad del conjunto de la población a las presta-ciones universales en materia de salud, educación y vivienda, y mejorando la gestión y la calidad de las prestaciones que en estos temas la sociedad dispo-ne.

-Avanzando de manera integral. Esto implica favorecer procesos sustenta-bles que acompañen el crecimiento económico-productivo con la promo-ción del desarrollo humano; vincular el crecimiento productivo y la gene-ración de empleo con la capacitación y formación de los recursos humanos; incorporar la innovación, la infraestruc-

tura y la logística; facilitar la instalación de infraestructuras sociales en los es-pacios públicos.

-Generando sinergias entre el Estado, la sociedad civil y el mercado, para ha-bilitar el desarrollo de las potenciali-dades productivas y creadoras de los ciudadanos.

-Incorporando a la educación y al mer-cado de trabajo las poblaciones más vulnerables, lo que favorecerá su inser-ción en espacios sociales e institucio-nales universales.

-Profundizando la inclusión de las di-mensiones de género, etnia y opción sexual en el conjunto de prestaciones sociales, tanto en el ámbito estatal como en el privado, lo que contribui-rá significativamente a la construcción de una sociedad más tolerante y más humana.

Calzada y Olivera



Notas

tabarésendicRelatos políticos.Pasado, presentey futuro

Uruguay no se detiene

relatos políticos 711

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