referendum estadal: iniciativa legislativa
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UNIVERSIDAD FERMÍN TOROFACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
EL REFERENDUM A NIVEL ESTADAL
Iniciativa Legislativa
Alumna: Anyi PérezFacilitador: Emily Ramírez SAIA-B
MAYO 2016
REFERENDUM A NIVEL ESTADAL: Iniciativa Legislativa
Los países que tienen modelos de democracia
representativa como es el caso de Venezuela, han
venido planteando la posibilidad de introducir
cambios que puedan dar mayor participación
popular en decisiones trascendentales en la vida política y democrática del
país.
Estos cambios se logran ciertamente cada que se renueva el período
constitucional, cuando por votación popular se eligen el Presidente de la
República, los miembros del Congreso Nacional y recientemente los
Gobernadores de Estado; sin embargo se siente la necesidad de dar más
participación al pueblo en áreas que le han estado vedadas hasta ahora, y
solo se convierte en un simple receptor de leyes emanadas del Congreso. El
referéndum, siendo un instrumento de la democracia directa se ha convertido
en el medio más idóneo para lograr la participación popular. En este sentido
el autor Lijphart (2010) expresa:
"La influencia de los votantes se ve reforzada en gran medida si se les
permite no solo votar proposiciones originadas en el Legislativo o en el
Ejecutivo, sino también proponer leyes a iniciativa propia, esto es la iniciativa
de un mínimo dado de electorado. En sí mismo el referéndum es un paso
modesto hacia la democracia directa, pero combinado con la iniciativa, se
convierte en un paso gigantesco”.
Vale acotar que el Referéndum tiene su
origen en la teoría de la representación,
particularmente cuando aquella se entendía
como un mandato que ligaba al elector y al
elegido, incluso fue preconizada por Rousseau
en su concepción de la Soberanía Popular, recordándose aquel juicio que
entendía que la Ley no era tal hasta tanto no fuera ratificada por el pueblo.
Partiendo de este criterio tenemos que el Referéndum tiene dos
momentos:
1. Cuando el texto sobre el cual se pronuncia el pueblo no es más que
un proyecto que no tendrá fuerza o valor jurídico sino después de la
aprobación popular.
2. La intervención del pueblo debe ser expresa, la aprobación implícita
no sería suficiente; es por ello que el referéndum propiamente dicho
aparezca como el mecanismo más perfecto de participación de los
ciudadanos.
De acuerdo a Domínguez (2010), el referéndum es un modo de
participación importante de la ciudadanía pues a diferencia del plebiscito que
solo busca conocer la opinión del pueblo, pero no obliga al gobierno, en este
caso la opinión expresada en las urnas, es vinculante, obligatoria de acatar.
El plebiscito romano es en realidad el antecedente histórico del referéndum,
cuya denominación data del siglo XVI, utilizándose en Suiza para la consulta
popular sobre los actos de gobierno, aunque con características propias.
El referéndum fuere formulado en su aplicación, como modo de
confirmar o repeler textos normativos, o actos gubernamentales, sin crear
derecho, ya que el plebiscito en la antigua sociedad romana era lo que la
plebe establecía como reivindicaciones de clase frente a los privilegiados
patricios, siendo creador de normas.
En Venezuela existen mecanismos de democracia directa que pueden
ordenarse en varios tipos: consultas populares, el referendo, iniciativas
legislativas populares, constitucionales y constituyentes, cabildo abierto,
asamblea de ciudadanos, elección de cargos públicos, la revocación del
mandato, las decisiones tomadas tienen carácter vinculante los mismos
están plasmados en el artículo 70 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela reflejados en el articulo como medios de
participación ciudadana en el ámbito político.
Un ejemplo de referéndum tuvo lugar en 2004 en Venezuela. En esa
oportunidad, el gobierno de Hugo Chávez organizó una votación para
consultar a la población si deseaba que el presidente se mantuviera en su
cargo o si, por el contrario, su mandato debía ser revocado. Casi diez
millones de venezolanos emitieron su voto y el 58% eligió que Chávez
permaneciera en el poder.
Hasta ahora, el referendo como mecanismo de participación directa ha
garantizado la vigencia del proyecto político venezolano que no es otro que
la Constitución Nacional. Si bien hay quienes afirman que los referendos
exceden, la representación, no es menos cierto que permiten al pueblo
reivindicar su poder de decisión directa en asuntos de interés público, lo que
significa un contrapeso a la democracia representativa.
Los mencionados referendos han transcurrido en un ambiente de
confrontación y tensión entre fuerzas políticas que son opuestas al cambio
propuesto. Esta observación no obstante, a mi entender, puede ser
desafiada con mayor ímpetu por una ciudadanía capaz de comprender el
ejercicio de dicho poder. De tal manera, que la agenda debe tener pendiente
educar en y para la ciudadanía. Además, cuando se tiene en cuenta que la
mayoría de los juicios que los ciudadanos hacen sobre los asuntos públicos
emanan de los diversos medios de comunicación, estos juegan un rol muy
importante en esta labor, su contribución en la construcción de esta
ciudadanía, podría estar centrada en informar con objetividad y racionalidad
sobre estos asuntos, además de aceptar la pluralidad de ideas.
Por otro lado, cuando transformamos las cifras electorales en
voluntades se nos revela una importante participación en los asuntos
públicos. Al respecto, Romero sostiene (2003), ha surgido un nuevo actor
político concretado en la movilización del ciudadano, más allá de la
mediación de los partidos políticos asignándole al proceso democrático
venezolano la oportunidad histórica de profundizar en las formas de
participación en el espacio público.
Ahora bien, a qué se hace alude cuando se hace referencia a la
consulta popular, veamos lo que desde el punto de vista doctrinal se
entienden como consulta popular, éste es un mecanismo de participación
política ejercido mediante convocatorias para que la ciudadanía decida o
exprese a través del voto su opinión sobre asuntos de índole constitucional o
relacionada con propuestas legislativas o temas de importancia nacional. Sus
decisiones tienen carácter vinculante para quienes participan, se deben
respetar y acatar sus resultados originados de la expresión popular.
En consecuencia, la consulta popular abarca subtipos: el referéndum
que trata sobre materias constitucionales, la consulta popular propiamente
dicha que puede ser vinculante o consultiva. Abordare lo relativo al
referéndum, que en Venezuela es un medio de participación política del
pueblo, es decir, uno de los signos, expresión de la democracia participativa
existente en el país.
Cabe señalar como sus tipos: referéndum consultivo, revocatorio,
aprobatorio, y abrogatorio. El referéndum consultivo a nivel estadal, hace
referencia a que pueden ser sometidos a este tipo de referéndum, las
materias de carácter trascendencia parroquial, municipal y estadal.
La iniciativa le corresponde la Junta Parroquial, al Concejo Municipal, al
Consejo Legislativo por acuerdo de las dos terceras partes de sus
integrantes, al Gobernador del estado , al Alcalde o por iniciativa del diez por
ciento del total de inscritos en la circunscripción correspondientes que lo
soliciten (art 71 CRBV). Por otra parte, la figura del Referéndum Revocatorio,
es un medio de participación del pueblo, el cual ejercen como un derecho
político, sólo los ciudadanos inscritos en el registro electoral del Consejo
Nacional Electoral (CNE), que conlleva a opinar libremente en un asunto
público que tiene que ver con la permanencia o no, de un gobernante,
legislador que ha sido previamente electo en elecciones populares. El
referéndum revocatorio del mandato, da el derecho a los ciudadanos de
destituir a un funcionario electo antes del término de su mandato, siempre y
cuando se cumplan ciertos requisitos.
De manera que revocar el mandato, hace referencia a que el
gobernante, legislador queda expuesto a que el pueblo amparado en el
derecho de participar en los asuntos públicos, pueda removerlo del cargo y
de hecho se produciría la falta absoluta. Existe una condición para la
procedencia del referéndum revocatorio la misma está contenida en el
artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(CRBV). “Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el
funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los
electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá
solicitar la convocatoria de un referendo para revocar mandato.”
En este sentido, las autoridades estadales, es decir Gobernador,
legisladores quienes tienen una duración de cuatro años en sus cargos
públicos, llegado a los dos años pueden
mediante convocatoria popular ser
revocados en sus funciones. (arts. 160, 162
CRBV). La norma establece claramente,
que la solicitud de la convocatoria del
referéndum revocatorio tiene su origen en la iniciativa popular y que la deben
constituir, un número no menor del diez por ciento de los electores inscritos
en la correspondiente circunscripción.
La circunscripción del Gobernador y los legisladores es el Estado al
cual fueron elegidos para los cargos públicos que desempeñan. Es el
Consejo Electoral a quien le corresponde en ejercicio de la reserva legal,
determinar el tiempo en el cual se pueden recoger las firmas, los formatos
que se pueden utilizar, y si se han cumplido los requisitos de admisibilidad y
los lapsos del proceso del referendo revocatorio, bajo el marco legal de la
Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.
Queda claro que corresponde a la iniciativa popular, la solicitud de
convocatoria del referéndum revocatorio ante el CNE y éste de convocarlo,
previo el cumplimiento de los requisitos de procedencia, ajustado a la Ley.
Existen instrumentos jurídicos que amparan el referéndum revocatorio de
mandato como la ya señalada Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela artículo 72, 197 y 293; La Ley Orgánica del Poder Electoral
(LOPE); La Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE); Resoluciones:
Normas para Regular la Manifestación de Voluntad Nro. 070207-036 (07
Febrero 2007), “Normas para Regular los Referendos Revocatorios”Nº
070327-341 (27 Marzo 2007); SENTENCIA: Solicitud de interpretación de la
falta absoluta de los cargos de Gobernadores Sentencia número 1139Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (5 de junio 2002)
Serán sometidos a referendo aprobatorio aquellos proyectos de ley en
discusión por el Consejo Legislativo, cuando así lo decidan por lo menos las
dos terceras partes de los integrantes de la Cámara Legislativa.
Por ende, si el referendo concluye en un si aprobatorio, siempre que
haya concurrido el veinticinco por ciento de los electores inscritos en el
registro civil y electoral de la circunscripción del Estado, el correspondiente
proyecto será sancionado como ley. En relación con el referéndum
abrogatorio, se puede decir que este tipo de referéndum tiene como finalidad
derogar total o parcialmente, aquellas leyes cuya abrogación fuere solicitada
por iniciativa de un número no menor del diez por ciento de los electores
inscritos en el registro civil y electoral de la circunscripción del Estado, o por
el Gobernador.
Para la validez del referendo abrogatorio será indispensable la
concurrencia de, por lo menos, el cuarenta por ciento de los electores
inscritos en el registro civil y electoral de la circunscripción del Estado. No
podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes de presupuesto, las
que establezcan o modifiquen impuestos y las de crédito público.
Asimismo, no podrá hacerse más de un referendo abrogatorio en un
período constitucional para la misma materia. Por otra parte, la iniciativa
legislativa se refiere al derecho de los ciudadanos, la potestad de las
personas de presentar ante el órgano legislativo del Estado proyectos de ley
cumpliendo las normas o iniciativa legislativa; iniciativa constitucional es la
práctica legal de presentar un proyecto de enmienda o reforma
constitucional; o a convocar una Asamblea Constituyente que es la iniciativa
constitucional práctica legal de presentar un proyecto de enmienda o reforma
constitucional convocar una Asamblea Constituyente para lo cual se requiere
la recolección de un número suficiente de firmas.
Partiendo de lo anterior, se describe la iniciativa legislativa a nivel
estadal, pero antes es necesario revisar lo relativo a la función legislativa,
ésta se define como un proceso creativo de leyes las que a su vez se definen
como un conjunto de normas emanadas por una autoridad legislativa que
expresan en un texto escrito una decisión política. Todo proceso legislativo
consta de tres etapas: iniciativa, que permite a diferentes actores presentar
una propuesta; constitutiva, que transcurre específicamente dentro de la
Asamblea Nacional y la etapa integrativa de eficacia, que tiene que ver con
los procedimientos del Ejecutivo para vetar o publicar la norma legal.
Por tanto, existen diversos tipos de iniciativa: la directa y la indirecta. La
primera está relacionada con la capacidad de presentar una iniciativa que
sea directamente aprobada o rechazada por los ciudadanos en una consulta
popular vinculante. La iniciativa legislativa indirecta consiste en presentar la
propuesta a la asamblea nacional para que ahí se apruebe, rechace o
modifique. A fin de llevar a cabo la iniciativa legislativa, existe un punto muy
importante como lo es el de la firmas necesarias que influye en el uso de la
Iniciativa Legislativa y en la posibilidad real de ejercer este derecho y esto
tiene que ver con la cantidad y origen de las firmas de ciudadanos que se
necesitan para presentar iniciativas.
La iniciativa legislativa consiste en poder llevar ante las instancias
parlamentarias, planteamientos para someter a su consideración el estudio
de alguna situación que amerite regulación mediante normas de carácter
legal, por parte de los ciudadanos como medio de participación ciudadana. A
nivel del estado, la iniciativa legislativa es ese poder que les otorga la
Constitución a los ciudadanos y algunas autoridades definidas para que
puedan elevar proyectos legislativos para su discusión por el órgano
parlamentario, atendiendo el principio de colaboración entre los poderes
públicos para alcanzar los fines del Estado. Es decir que, en los estados,
donde el Poder Ejecutivo está a cargo del Gobernador y el Legislativo por el
Consejo Legislativo, se reconoce la iniciativa legislativa al Gobernador o a los
electores.
En el caso del Referendo Consultivo, se someterán al mismo aquellas
materias de trascendencia estadal y la iniciativa le corresponde no solo al
Gobernador o Gobernadora de Estado, o al Consejo Legislativo por acuerdo
de las 2/3 partes de los integrantes, también por solicitud de un número no
menor del 10% de inscritos en el registro civil y electoral de la circunscripción
correspondiente (Artículo 71 de la CRBV).
El referendo popular como tal, es un reflejo o mejor aún, una
característica fundamental de la Democracia existente en un país, por lo
tanto, para la aplicación o realización de este, de acuerdo a este articulo,
existen varios factores que lo motivan:
En primera instancia esta el llamado para su realización del jefe de
estado, quien tiene el derecho de llamar al referendo popular en materias de
vital importancia que van a influir en el futuro y desarrollo del país, para la
cual tendrá que hacer esta solicitud en consejo de ministro, de conformidad
al acuerdo de la asamblea nacional, y cuya solicitud debe ser aprobada por l
mayoría de sus miembros para ser relazada. Otra forma de solicitar un
referendo consultivo esta protagonizado por el pueblo mismo donde los
ciudadanos inscritos en el registro civil y electoral, para esta causa deberán
reunir un grupo no menor del 10% de la población electoral inscrita.
Por otra parte, en el ámbito municipal, parroquial y estadal, igualmente,
puede explicarse o efectuarse referendo consultivo en dediciones o en
ámbitos de importancia, el cual debe impulsado por la junta parroquial, el
consejo municipal y el consejo legislativo de estas, tomando en cuenta el
acuerdo hecho de las dos terceras partes de sus miembros; de esta misma
forma puede ser solicitado por el alcalde o alcaldesa y el gobernador o
gobernadora de estado, de igual manera puede ser impulsado a solicitud de
un numero no menor del 10% de la población electoral de dichas entidades".
De forma similar ocurre en los casos del Referendo para Revocación
del Mandato del funcionario o funcionario que ocupe un cargo o magistratura
de elección popular, donde se requiere que la convocatoria al mismo sea
solicitada por un número no menor del 20% de los electores o electoras
inscritos en la correspondiente circunscripción, una vez que haya
transcurrido la mitad del período para el cual fue elegido dicho funcionario o
funcionario.
Se considerará revocado el mandato del funcionario o funcionaria:
Si, concurren al referendo un número de electores y electoras igual o
superior al 25% de los que se hayan inscrito.
En tal sentido, nuestra Carta Magna, dicta en su Artículo 16:
Con el fin de organizar políticamente la República, el territorio nacional
se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias
federales y el de los territorios federales. El territorio se organiza en
Municipios.
La división político territorial será regulada por ley orgánica, que
garantice la autonomía municipal y la descentralización político
administrativa. Dicha ley podrá disponer la creación de territorios federales
en determinadas áreas de los Estados, cuya vigencia queda supeditada a la
realización de un referendo aprobatorio en la entidad respectiva. Por ley
especial podrá darse a un territorio federal la categoría de Estado,
asignándosele la totalidad o una parte de la superficie del territorio
respectivo.
Si, igual o mayor número de electores y electoras q lo eligieron o la
eligieron, votan a favor de la revocatoria (Artículo 72 de la CRBV)
Por otra parte, es importante recordar que el Artículo 204 de la CRBV
establece que la iniciativa de las leyes corresponde no sólo a los órganos del
Poder Público Nacional (Ejecutivo, Asamblea Nacional y a su Comisión
Delegada o a las Permanentes, Tribunal Supremo de Justicia, Poder
Ciudadano y Poder Electoral), sino también:
1. A los electores y electoras en un número no menor del cero coma
uno por ciento de los inscritos e inscritas en el registro civil y electoral.
2. Al Consejo Legislativo, cuando se trate de leyes relativas a los
Estados.
En el mismo orden de ideas, el Artículo 206 de la CRBV dicta:
Los Estados serán consultados por la Asamblea Nacional, a través del
Consejo Legislativo, cuando se legisle en materias relativas a los mismos. La
ley establecerá los mecanismos de consulta a la sociedad civil y demás
instituciones de los Estados, por parte del Consejo en dichas materias.
A groso modo y en virtud de los aspectos mencionados anteriormente,
se puede decir que el referendo es un mecanismo de participación y control
popular del Poder Público en sus tres niveles político-territoriales. En efecto,
se trata de una institución política mediante la cual el pueblo o el cuerpo
electoral opina, sobre la aprobación o rechazo de una decisión del Estado.
Al respecto, cabe señalar, que si bien es cierto que el artículo 70
constitucional acota que la ley establecerá las condiciones para el efectivo
funcionamiento de este medio de participación, no es menos cierto que para
su ejercicio se requiere cumplir con los requisitos que la propia Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela establece.
Una de las modalidades de referendo establecidas en la Constitución
de 1999, es el referendo consultivo. En efecto, el artículo 71 eiusdem,
preceptúa que las materias de especial trascendencia nacional, estadal,
municipal y parroquial podrán ser sometidas a través de este medio de
participación ciudadana, correspondiendo la iniciativa a un número no menor
del diez por ciento (10%) de los electores de la circunscripción electoral
correspondiente, o a una serie de órganos públicos, tanto ejecutivos como
deliberativos, en los correspondientes niveles político-territoriales y por ello la
exigencia de que la iniciativa provenga de las respectivas autoridades de los
órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal .
Como quiera que las leyes llamadas a regular las condiciones para su
ejercicio, aún no han sido dictadas por la Asamblea Nacional, el Consejo
Nacional Electoral, órgano rector del Poder Electoral, debe organizar, dirigir y
vigilar los actos relativos a los procesos de referendos en cualquiera de sus
modalidades, conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Octava
Constitucional, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico
venezolano.
REFERENCIAS
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453, marzo 24 de 2000.
Domínguez, P. (2010). Reformas del Estado que requieren Reforma Constitucional. Memorias del II Congreso Venezolano de Derecho Constitucional. Maracaibo.
Lijphart, A. (2010). Derecho Constitucional Comparado. 5ta. Ed. Manuales