proyecto anexo

13

Click here to load reader

Upload: corneliasl

Post on 26-May-2015

105 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Proyecto   anexo

1

ANEXO

SITUACIONES QUE VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS

EN VENEZUELA EN MATERIA DE PERSECUCIÓN POLÍTICA,

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y LIBERTAD DE

EXPRESIÓN.1

1. Torturas de estudiantes y criminalización de la protesta:

2. Persecución a líderes políticos y sociales

3 Persecución Laboral

4 Golpe al Parlamento Nacional

1 Documento preparado por la organización con fines políticos Voluntad Popular con información

suministrada por el Movimiento de Juventudes de Voluntad Popular, La Operación Soberanía, El Foro Penal Venezolano, La Diputada Delsa Solórzano y el Movimiento Vente Venezuela.

Page 2: Proyecto   anexo

2

Desde diciembre de 2012, en Venezuela se han registrado violaciones sistemáticas de

Derechos Humanos por parte del Estado, específicamente en contra de personas que

se han opuesto a las políticas llevadas por el gobierno, entre estos grupos destacan:

jóvenes, estudiantes, activistas de derechos humanos, líderes políticos y sociales,

empleados públicos y parlamentarios de oposición.

El 10 enero de 2013 es la fecha señalada por la Constitución de la República, en el

artículo 231, para que el presidente recién electo sea juramentado y comience su

período constitucional de seis años, sin embargo, el recién electo presidente no se

encontraba en territorio nacional, por lo tanto pno se sabía sí llegaba a tiempo para su

juramentación y la opinión pública se preguntaba qué pasaría.

Sin embargo, el 9 de enero, un dia antes de la fecha prevista por la Constitución, la

Presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Luisa

Estela Morales dio a conocer la decisión de la Sala Constitucional a través de la

Sentencia N° 12-1358, sobre la interpretación del artículo 231 de la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela, relativo a la juramentación del Presidente electo

Hugo Chávez, la Magistrada dijo que "a pesar de que el 10 de enero próximo se inicia

un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva juramentación porque no

hay una interrupción en el ejercicio del cargo".

Además, acotó que existe "continuidad administrativa", por lo que el gabinete ministerial

sigue ejerciendo sus cargos, así mismo señaló que "no debe considerarse que la

ausencia del territorio del país configure una falta temporal sin que así lo dispusiere el

jefe de Estado en un decreto especialmente redactado para tal fin", la Magistrada

Morales también afirmó lo siguiente: "Sabemos que es necesario y que indudablemente

se va a cumplir con la juramentación pero en este momento no podemos decir dónde,

cuándo y cómo. Lo que si podemos decir es que será cuando cese la causa

sobrevenida (Cáncer)”.

La decisión de la Sala Constitucional tuvo como efecto la continuidad ilegitima de las

funciones del tren ministerial del vencido período constitucional, y mas grave aun, la

designación del Vicepresidente de la República Nicolás Maduro como Presidente

Encargado en un período Constitucional ilegítimo, ya que sus funciones como

Vicepresidente cesaron en la fecha en que comenzó el nuevo período Constitucional,

es decir el 10 de enero del 2013. El Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado

Cabello, debió asumir la presidencia de la República como lo establece el artículo 233

de la Constitución.

1. Torturas de estudiantes y criminalización de la protesta:

Es a partir de este momento, en que los estudiantes y líderes de defendiendo la

Constitución, realizaron una serie de protestas activar no violentas y pacíficas

consagradas en los artículos 57 y 68 de nuestra Carta Magna, pero han sido

criminalizadas por el Gobierno Nacional y además hemos sido víctimas de agresiones

físicas y verbales, de acoso y amenazas directas e indirectas por funcionarios del

Gobierno o por personas simpatizantes del partido de Gobierno.

En el presente documento describimos diferentes situaciones ocurridas en Venezuela,

en las cuales se vulneraron los derechos humanos en materia de persecución política,

derechos de participación y libertad de expresión.

1.1 Caso Universidad de los Andes:

Page 3: Proyecto   anexo

3

El 10 de enero del presente año, estudiantes de la Universidad de los Andes (ULA) en

el Estado Táchira iniciaron una jornada de protestas de carácter no violento y pacífico,

en las inmediaciones de dicha universidad, para exigir el restablecimiento del orden

Constitucional por considerar que la Sentencia de la Sala Constitucional publicada el

día anterior (09-01-13), alteró el orden establecido en nuestra Carta Magna.

Los estudiantes quienes salieron con pancartas de manera pacífica a las afueras de la

Universidad, fueron reprimidos de manera ilegítima por funcionario de la Guardia

Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana y la Policía Regional del Estado

Táchira con bombas lacrimógenas y perdigones, haciendo un uso desproporcional de la

fuerza en contra de los manifestantes, quienes se encontraban en su legítimo derecho

de protestar. Más de cincuenta estudiantes, aproximadamente, permanecieron

recluidos por más de seis horas dentro de la Universidad ya que funcionarios de la

Guardia Nacional le impedían el acceso a la salida del campus universitario.

Los estudiantes, quienes tenían restringido el acceso a las salidas de la Universidad de

los Andes, comenzaron a realizar denuncias de los acontecimientos a través de las

redes sociales, gracias a ello y a los medios de comunicación regional y nacional, la

presión género que la Guardia Nacional Bolivariana se retirará de las inmediaciones del

campus universitario y los estudiantes lograron salir. El saldo final de la protesta fue de:

6 estudiantes heridos identificados y un estudiante detenido, identificado, pero fue

liberado posteriormente.

El día 11 de Enero, nuevamente se realizaron acciones de protesta pacífica en la

Universidad de los Andes y en esta nueva acción se suma desde su propio campus la

Universidad Católica del Táchira (UCAT), donde reciben la misma represión por parte

de los cuerpos de seguridad del Estado, sumada a una nueva variable las amenazas de

Círculos Bolivarianos, grupo de personas afectas al partido de Gobierno e individuos

encapuchados, quienes además violentaron las sedes de la Fundación de la Familia

Tachirense (Fundafamilia) y del Instituto Tachirense de la Mujer (Intamujer), adscritos a

la gobernación del Táchira. Esto género que el Gobierno Nacional intentara criminalizar

la protesta pacífica que venía llevando a cabo los estudiantes, a través de los medios

de comunicación del Estado para deslegitimar y descalificar la manifestación no violenta

de los estudiantes.

Ese mismo día el Gobernador del Estado Táchira, ciudadano José Gregorio Vielma

Mora, dijo que manejan los nombres de los "grupos armados que pertenecen a la

Universidad de Los Andes (ULA) y a la Universidad Católica del Táchira", grupo que, tal

como indicó, está conformado por unas 50 personas. Posteriormente Vielma Mora

aseguró el día 16 de enero de 2013: "no permitiremos actos de violencia de grupos

reducidos, donde hay profesores como Omar Pérez Díaz de la ULA incitando a

manifestaciones violentas y actores políticos, no estudiantes, de COPEI, Primero

Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática", detalló.

Así mismo, el Gobernador Vielma Mora responsabilizó al dirigente político Leopoldo

López de alentar estas manifestaciones. "¿Qué hacía hoy (martes) Leopoldo López en

el Táchira dándole una arenga a los estudiantes de manifestar de forma violenta en

Plaza Los Mangos? López es un ciudadano con raíces de ultra violencia y lo hago

responsable de conspirar contra la paz, así como a los próximos dirigentes que están

por llegar entre jueves y viernes al estado", enfatizó el Gobernador.

Con relación a las protestas en el estado Táchira y manifestaciones pacíficas

convocadas por dirigentes juveniles y políticos en contra de la decisión tomada por la

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia N° 12-1358, el

día 12 de enero de 2013 en horas de la noche el Gobierno Nacional transmitió un video

en cadena nacional de radio y televisión, donde acusaba a la oposición de tener planes

de “guarimba y sabotaje”, transmitieron extractos de los discursos de los dirigentes

políticos Leopoldo López y María Corina Machado, quienes de manera pacífica se

manifestaron en contra de la decisión del T.S.J. y convocaron a toda la sociedad a

Page 4: Proyecto   anexo

4

concentrarse en las plazas públicas del país a exigir la verdad sobre el Presidente

Chávez.

1.2 Caso de la Embajada de Cuba:

El jueves 14 de febrero frente a la Embajada de Cuba en Caracas, se realizo otra

protesta pacífica denominada “Operación Soberanía”, con el propósito de rechazar la

injerencia del Gobierno Cubano en la dinámica política y en los asuntos internos de

Venezuela, así mismo la operación buscaba obtener una fe de vida del Presidente

Hugo Chávez. En la misma, los estudiantes se encadenaron en las adyacencias, siete

de los cuales fueron reprimidos y detenidos por parte de la GNB, sin tener

conocimiento del sitio a donde se les trasladaba y sin permitirle ninguna comunicación

en el lugar donde fueron detenidos por más de 5 horas, para luego ser puestos en

libertad, gracias a la presión ejercida por 16 estudiantes que se encadenaron en las

cercanías de la Embajada.

La “Operación Soberanía” continuó hasta el día lunes 18 de febrero, cuando el

Gobierno a través de sus medios oficiales comunicó al país que ya el Presidente Hugo

Chávez se encontraba en Venezuela, específicamente en el Hospital Militar Carlos

Arvelo de la Ciudad de Caracas, en este sentido, los estudiantes que protestaban en las

adyacencias de la Embajada de Cuba en Caracas, decidieron levantar la protesta

pacífica por la información dada por el Gobierno Nacional.

1.3 Caso de Antonio Peralta:

El día 22 de febrero del año en curso, el Diputado del Partido de Gobierno y Presidente

de la Asamblea Nacional a través de su cuenta twitter @dcabellor, calificó de “fascistas”

a los estudiantes que se encontraban encadenados en la embajada de Cuba y así

mismo informó que había sido localizado un ciudadano llamado Román Toplac de 69

años de edad, quien presuntamente fue agredido por un estudiante llamado Antonio

Peralta y afirmó que se “hará justicia como debe ser”.

Posteriormente el día 26 de febrero del presente año el Ministro de interior y Justicia,

Néstor Reverol anunció que fue detenido el estudiante de Contaduría de la Universidad

de Los Andes, Antonio Peralta de 30 años de edad, quien reside en la población de

Betijoque del Estado Trujillo lugar en el que fue detenido.

Peralta, fue detenido por haber cometido presuntamente el delito de lesiones

personales contra el sexagenario señalado ut supra, sin embargo una vez puesto a la

orden del tribunal le imputaron otros delitos tales como: daños agravados a la

propiedad, instigación pública y asociación para delinquir, este último contempla una

condena entre 6 y 10 años, según la Ley Orgánica de la Delincuencia Organizada. El

estudiante permanece privado de libertad en la Brigada Anti Extorsión y Secuestro

(BAES) y se encuentra a la orden del Tribunal 19° de Control del Área Metropolitana de

Caracas.

El 26 de febrero del presente año, jóvenes y estudiantes de diversas universidades del

país, que habían estado manifestando en la embajada de Cuba, se dirigieron a la sede

del Tribunal Supremo de Justicia, ubicada en el Municipio Chacao, para encadenarse y

exigir a los responsables encargados del Gobierno, informasen la verdad sobre la

situación actual del estado de salud, para ese momento, del Presidente Hugo Chávez,

los manifestantes fueron reprimidos con golpes y perdigonazos por la Policía Nacional

Bolivariana, lo que los obligó a dispersarse del lugar y realizar el encadenamiento en la

calle Hélice a unos quinientos metros aproximadamente del lugar donde habían sido

reprimidos. Los estudiantes permanecieron ahí hasta el día 5 de marzo, cuando fueron

desalojados por simpatizantes del Gobierno de manera violenta, posterior al anuncio

por parte de Nicolás Maduro sobre el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez.

Page 5: Proyecto   anexo

5

1.4 Marcha al Consejo Nacional Electoral

El día jueves 22 de marzo de 2013, los estudiantes y jóvenes de distintas

organizaciones civiles y políticas marcharon desde el centro de la ciudad de Caracas,

específicamente desde Plaza Venezuela con el propósito de llegar hasta la sede

principal del Consejo Nacional Electoral, ubicada en la Plaza Caracas para hacer

entrega a los Rectores de dicho órgano de un documento contentivo de pliego de

peticiones, para que el proceso electoral del 14 de abril resultara ser limpio, justo y

transparente, sin embargo cuando los estudiantes se encontraban a mitad del trayecto

en la avenida universidad, fueron interceptados por un piquete de la Policía Nacional

Bolivariana mientras que grupos simpatizantes con el Gobierno se encontraban del otro

lado del piquete amenazando y gritando consignas en contra de quienes marchaban al

CNE.

A pesar de las amenazas de los grupos oficialistas los estudiantes permanecieron en el

lugar exigiendo la presencia de los Rectores, pero solo dos de cinco hicieron acto de

presencia, Vicente Díaz y Tania D’Amelio para recibir las exigencias de los

manifestantes que no pudieron llegar hasta la sede del CNE. Una vez retirado los

rectores, persistieron las amenazas y las agresiones verbales por parte del sector

oficialista, incluso se logró identificar a uno de ellos quien es miembro y líder del

Colectivo Tupacamaru en Caracas, tiene por nombre Alberto Carías, mejor conocido

como “El Chino Carías”.

A medida que transcurría las horas los simpatizantes del oficialismo continuaban

agrediendo a los jóvenes y estudiantes quienes fueron impedidos de llegar hasta el

CNE, los grupo pro Gobierno decían estar defendiendo la memoria del Presidente

Chávez y lanzaban objetos contundentes a los estudiantes que pacíficamente habían

marchado. De esas agresiones resultaron heridos 8 estudiantes.

1.5 Denuncia de los estudiantes en la fiscalía:

El 27 de marzo del año en curso, los estudiantes que intentaron marchar hasta el

C.N.E, acudieron a la Fiscalía del Ministerio Público, a formalizar la denuncia de las

agresiones y las lesiones recibidas por parte de los grupos simpatizantes del Gobierno

en dicha marcha. Junto con ellos también acudió la Consejera Universitaria y dirigente

estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello, Ana Karina García, quien

adicionalmente denunció ante el Ministerio Público una serie de amenazas verbales

realizada por personas desconocidas a través de llamadas telefónicas a su teléfono

móvil personal.2

1.6 Estudiantes acuden a la base aérea militar La Carlota:

El día 04 de abril del presente año, jóvenes y estudiantes de diversas universidades del

país y de distintas organizaciones y movimientos sociales, marcharon de manera

pacífica desde la Plaza La Castellana hasta las oficinas de la Base Aérea Militar la

Carlota, con la finalidad de consignar un documento donde exigieron la renuncia del

ciudadano Ministro de la Defensa Diego Molero, por las declaraciones emitidas el día

06 de marzo del año en curso, donde hizo un llamado a votar a favor del candidato

presidencial Nicolás Maduro para “darle en la madre a los fascistas” refiriéndose a

quienes adversan políticamente al Gobierno.

Estás declaraciones no solo ofendieron el honor y la dignidad de nuestros soldados y

oficiales que han jurado defender al pueblo venezolano sin exclusión, a la patria, a la

2 http://globovision.com/articulo/estudiantes-agredidos-en-marcha-al-cne-introdujeron-denuncia-

en-fiscalia

Page 6: Proyecto   anexo

6

Constitución, a las Leyes y no a los intereses de un partido político3, sino además, estas

declaraciones constituyen una grave violación a la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela la cual establece en su artículo 328, que la FANB es una

“institución profesional, sin militancia política”, “al servicio exclusivo de la Nación y en

ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.

Los jóvenes y estudiantes que llevaron a cabo la Operación Soberanía, reiteraron al

mundo que todas sus manifestaciones y protestas son de carácter pacífico y no

violento, estando enmarcadas dentro de la Constitución y las Leyes. Que nuestro

método de lucha es la resistencia pacífica y nuestras únicas armas son la Constitución,

las leyes y sus consignas en contra del abuso del Gobierno, a favor del respeto y la paz

de todos los venezolanos.

El día 04 de abril del 2013, el ciudadano Mario Silva desde su programa de televisión

“La Hojilla” trasmitida en el canal del Estado “VTV”, descalificó la manifestación de los

estudiantes y acusó a miembros de la Operación Soberanía de haber irrumpido de

manera violenta en las instalaciones de la Base Aérea ilitar La Carlota y, de la misma

manera, ario Silva insultó y agredió verbalmente a los jóvenes, y amenazó con meter

preso a miembros de esta organización.4i

1.7 Plaza la Castellana

El 03 de abril del año 2013 los miembros de la Operación Soberanía, levantaron un

campamento en la Plaza de La Castellana, con el objetivo de exigir al Consejo Nacional

Electoral condiciones justas y transparentes en el proceso electoral venezolano que se

celebraría el 14 de abril del presente año. Luego de tres días de iniciada esa protesta

pacífica, el 06 de abril ante la ausencia de respuesta por parte de los representantes del

órgano electoral, se decidieron radicalizar la protesta declarándose en huelga de

hambre.5

El lunes 8 de abril, varios de los estudiantes que conforman la Operación Soberanía

acudieron a la sede de la Defensoría del Pueblo, con el objeto de exigirle a dicha

institución que se pronunciara sobre las declaraciones del conductor del programa La

Hojilla (Mario Silva) donde se amedrento y amenazo6 a los jóvenes que participaban en

dicha manifestación. De igual forma, se le solicitó una medida de protección para

asegurar la integridad física de quienes se encontraban protestando de manera pacífica

en la Plaza la Castellana, dicha medida no fue otorgada y nunca hubo un

pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.

El mismo día, alrededor de las pm aproximadamente, fueron agredidos por

simpatizantes del Gobierno que comenzaron a gritar consignas en contra, tales como

las que aquí citamos textualmente “Fuera de aquí nalguitas blancas, viva Chávez”,

“fascistas co o de madre, lárguense de aquí ”. Posteriormente las personas afectas al

Gobierno comenzaron a lanzar contra los jóvenes participantes de la protesta objetos

contundentes tales como: piedras, botellas, palos, entre otras cosas, dejando un saldo

de siete jóvenes lesionados7.

3 http://www.youtube.com/watch?v=UGdTQY-dKtA http://www.eluniversal.com/nacional-y-

politica/hugo-chavez-1954-2013/130306/ministro-molero-llamo-a-votar- por-maduro-para-dar-en-la-madre-a-fascis 4 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BQf9H1GZhJM

5 http://www.notitarde.com/Pais/Jovenes-inician-protesta-contra-el-CNE/2013/04/05/177473

6 http://www.25segundos.com/?id=32985&ids=1&accion=deta

7 http://globovision.com/articulo/rector-vicente-diaz-visito-a-jovenes-en-huelga-de-hambre-que-

amenazan-con-coserse-los-labios

Page 7: Proyecto   anexo

7

Ante los hechos, el inistro de Interior y Justicia para el momento, Nestor everol, se

pronunció indicando el inicio de investigaciones. Sin embargo, para la fecha no hay

resultados de las investigaciones abiertas. Los jóvenes que fueron lesionados además

suministraron a las autoridades datos de los vehículos en los que se trasladaban los

agresores simpatizantes del Gobierno y hasta el momento no ha habido una respuesta

por parte de la Fiscalía del inisterio Público, acerca de los responsables de los hechos

violentos de contra los jóvenes y manifestantes que se encontraban en la Plaza la

Castellana.8

1.8 Protestas después del 14 de abril

Luego de las elecciones del de abril, el el Consejo Nacional Electoral declaró a

Nicolás aduro como Presidente electo, al mismo tiempo se presentaron en estados

del país, protestas pacíficas para exigir el reconteo de los votos tal y como lo había

exigido el candidato Henrique Capriles adonski y el Comando de Campa a Simón

Bolívar. Durante una semana de protestas en diversas ciudades hubo un saldo de

detenidos.

Los registros muestran los abusos cometidos por autoridades uniformadas, quienes

buscaron reprimir a los protestantes con excesiva fuerza y hasta con hechos violentos y

de sangre claramente deplorable, en franca y déspota acción de la fuerza de seguridad

del Estado, quienes violaron abiertamente el derecho humano a la manifestación

pacífica y no violenta.

En la ciudad de Valencia, Estado Carabobo fueron detenidos 79 jóvenes en el

Comando Regional Número II de la Guardia Nacional Bolivariana y en la Comandancia

de la Policía de Carabobo, entre los detenidos se encontraban 9 menores de edad.

Los jóvenes detenidos fueron incomunicados por al menos un día y no se realizó

evaluación médico forense por parte de la Fiscalía a pesar de que fue solicitado por los

abogados que representaron a los detenidos. Muchos jóvenes se encontraban

golpeados con hematomas y heridas ya que fueron objeto de represión desmedida por

parte de los cuerpos de seguridad ciudadana.

Posterior a presión de sus abogados, los jóvenes fueron liberados condicionadamente

en audiencias judiciales múltiples entre el 17 y 19 de abril. Todos sujetos a medidas

sustitutivas de presentación y prohibición de manifestar. Los jóvenes fueron imputados

por los delitos de Instigación Pública (Art. 285 Código Penal), Ultraje Violento (Art. 223

del Código Penal), Resistencia a la Autoridad (Art. 218 del Código Penal) y Daños a la

Obra Pública (Art. 474 del Código Penal) y Asociación para delinquir.

Adicionalmente los jóvenes han señalado que sufrieron agresiones de los cuerpos de

seguridad y vejaciones en el sitio de reclusión. Denuncian, entre otras cosas, que

fueron obligados a cantar consignas pro oficialistas, que les tiraron orine en sus cuerpos

y que algunas mujeres fueron obligadas a desnudarse frente a otros reclusos y

soldados hombres.

En la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, los detenidos fueron 71 jóvenes, dentro de

los cuales había 3 menores de edad. Todos fueron liberados en audiencias múltiples

con medidas sustitutivas de presentación de entre cada 30 a cada 5 días, prohibición de

manifestar y prohibición de salida del país o del estado Lara. Las detenciones se

hicieron bajo un clima de usos excesivo de la fuerza militar9.

Igualmente se han recibieron denuncias de agresiones de jóvenes fuera y dentro del

lugar de reclusión incluyendo el hacerles cantar consignas pro Maduro amenazándolo

8 ttp://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/jovenes-de-operacion-soberania-

desmienten- a-la-fis.aspx 9 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IPVOag6FlBg

Page 8: Proyecto   anexo

8

de golpearlos sino lo hacían. Fueron golpeados con botellas con agua congelada dentro

del lugar de detención.

En el Estado Barinas hubo 44 detenidos. 11 quedaron privados de libertad por que los

cuerpos de seguridad alegaban que estos supuestamente poseían material explosivo

(morteros). Sólo 33 fueron liberados.

En el Estado Mérida, específicamente en la ciudad de Mérida, hubo retenciones por

corto periodo luego de las protestas frente a la sede del Consejo Nacional Electoral el

día 16 de abril. Pero la situación de mayor delicadeza en esta entidad fue el ataque al

Centro de Atención Médica de la Universidad de Los Andes (CAMIULA). Este ataque se

produjo, supuestamente, por milicias armadas irregulares pro oficialistas

autodenominados “Tupamaros” con la aquiescencia y apoyo de organismos de

seguridad, particularmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Regional del

Estado Mérida.

2. Persecución a líderes políticos y sociales

La tarea esencial de los líderes políticos y sociales, es luchar en defensa de los

derechos sagrados de los ciudadanos, por el respeto de la democracia y políticas que

se traduzcan en progreso para su país, que se les persiga por realizar esa tarea es un

ataque a sus derechos humanos y a sus derechos constitucionales.

2.1 Ataques legales contra líderes estudiantiles y políticos de la oposición:

El mismo día, lunes 18 de febrero de 2013, en horas de la tarde integrantes del

ovimiento denominado “Patria y Universidad”, afectos al Gobierno y liderado por el

ciudadano Kevin Ávila, anunciaron a través de una rueda de prensa realizada a las

afueras de la Fiscalía General de la República, que realizarían formalmente una

denuncia en contra de varios miembros del partido Voluntad Popular tales como:

Leopoldo López, David Smolansky, Freddy Guevara, Lawrence Castro y en contra de

los estudiantes Pablo Araure, de la Universidad de Carabobo, Gabriela Arellano y Villca

Fernández de la Universidad de los Andes, para que se les inicie un proceso de

investigación porque según Ávila, éstos “Han llamado a la violencia y generan focos de

hostilidad contra países hermanos, como es el caso de Cuba” al apoyar la protesta de

los Estudiantes y jóvenes en la Embajada de Cuba en Caracas.

2.2 Mujer fue detenida por enviar mensaje a través de redes sociales:

El de 14 de febrero, el Ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol informó al país

sobre la detención de la ciudadana Lourdes Alicia Ortega Pérez,una mujer de 53 años,

por enviar “mensajes desestabilizadores” en las redes sociales según el inistro. Se

supo de manera extraoficial, que el mensaje por el cual habrían investigado a Ortega,

fue enviado a través de su usuario de twitter @Ulilou, el pasado 8 de marzo a las 8:20

pm, en respuesta a un comentario hecho por el usuario @douglirodil, quien preguntó de

qué había muerto el presidente Hugo Chávez, a lo que Ortega respondió “No sé pero

convertido en mu eco de cera está”. La mujer fue puesta a la orden del inisterio

Público y el inistro advirtió que “aquellos focos que pretenden desestabilizar al país

que vamos a estar atentos, no vamos a permitir ni un milímetro de desorden”.

2.3 Amenazas telefónicas a periodistas y dirigentes políticos:

Page 9: Proyecto   anexo

9

El 25 de marzo del año en curso, miembros y directivos del Colegio Nacional de

Periodistas ofrecieron rueda de prensa para denunciar las agresiones verbales recibida

durante varios días, incluso en horas de la madrugada, donde fueron amenazados

periodistas, artistas y dirigentes políticos por parte de personas que se identificaban con

ser simpatizantes del Gobierno y de Hugo Chávez. Estas amenazas de muerte e

insultos, se realizaron luego de que publicaron sus números de teléfonos privados, a

través de una lista en el portal web llamado “ ágica 6.3 F – Alternativa

Comunicacional de Amazonas”.10

2.4 Detención Arbitraria de Antonio Rivero, dirigente nacional del partido político

Voluntad Popular.

Antonio Rivero estuvo presente el 15 de abril de 2013 en una de las protestas pacíficas

(En la plaza Altamira, no hubo ningún herido ni hecho que lamentar), que desarrollaron

integrantes de la sociedad civil, pero siempre orientándolos a actuar con tranquilidad en

el marco de la no violencia. En otras palabras, Antonio Rivero se encontraba

ejerciendo sus derechos humanos a la libertad de expresión y a la manifestación

pacífica, reconocido en la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y el en

Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. El 25 de abril de 2013,

durante una rueda de prensa del Ministro del Poder Popular para las Relaciones

Interiores y Justicia, General Miguel Rodríguez Torres, transmitió un video editado, en

el cual Antonio Rivero le indica a un grupo de jóvenes manifestantes que ejerzan su

derecho de manera pacífica, ello en el marco de las referidas protestas frente a los

resultados electorales del 14 de abril de 201311.

Las declaraciones de Antonio Rivero recogidas por el video en cuestión son las

siguientes “Pueden quitarse las piedras, pueden quitarse las botellas, pueden quitarse

palos de encima, etc, etc… como un escudo, a la usanza antigua, pero eso sí

mantenerse cohesionados, integrados, unidos, no busquen dispersarse, integrados

siempre, ok unidos, fuerza en bloque si se dispersan se desploma… Es importante

mantener todo lo que hagan bajo la direccionalidad con que tiene Capriles.”

El 27 de abril de 2013 Antonio Rivero quien es además de militante del partido político

Voluntad Popular, un connotado General ya en retiro desde hace varios años y ex

Director de Protección Civil durante el gobierno del ex presidente Hugo Chávez, fue

convocado por el mencionado Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores

y Justicia, quien habría sido su amigo y compañero de estudios durante la carrera

militar, para una supuesta reunión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia

Nacional (SEBIN). Sin embargo, tal reunión no fue llevada a cabo, sino que en su lugar

tuvo lugar una emboscada donde Antonio Rivero fue detenido en ese lugar, de manera

totalmente arbitraria.

A esta detención arbitraria de facto se pretendió luego dársele apariencia legal, con una

orden de aprehensión, también arbitraria, la cual se incluyó en el expediente y no

tuvieron acceso a la misma sus abogados sino hasta que se iniciara la audiencia. En el

momento de su detención Antonio Rivero no fue informado de los delitos que se le

imputaban, y la arbitraria orden solo se refería a las declaraciones hechas, de esta

situación no fueron informados ni sus familiares ni abogados.

Sólo fue el 29 de abril de 2013, cuando en horas de la tarde fue celebrada la

correspondiente audiencia de presentación ante el Juzgado 41 en funciones de control

del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del Juez Provisorio Pablo José Fernández

Mora, cuando tuvo noticia de que su detención obedeció a que por sus palabras en el

antes transcrito video, estaba siendo imputado por la presunta -aunque falsa- comisión

10 http://magicaradio.wordpress.com/2013/03/22/contactos-telefonicos-de-la-oposicion-segundo-

listado/, http://www.cnpven.org/contenido.php?link=49&expediente=1740 11 El video en cuestión está disponible en la siguiente dirección web:

http://www.youtube.com/watch?v=ISe08AIVSTk

Page 10: Proyecto   anexo

10

de los delitos de instigación al odio y asociación para delinquir, previstos en los artículos

285 y 286 del Código Penal venezolano y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia

Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Los fiscales encargados del caso, son los

Fiscal Auxiliares 21 Competencia Nacional, Luis Eduardo Trocelis y Rosanna Alvarez

Ramos.

El mencionado video, que no demuestra declaración o hecho alguno que esté tipificado

en la ley como delito, es el único elemento probatorio utilizado por el juez para acordar

la apertura del juicio penal en contra de Antonio Rivero y ordenar su detención y

privación preventiva de libertad.

Es importante resaltar que de conformidad con la legislación venezolana, para que

exista asociación para delinquir deben existir al menos tres (3) personas asociadas y

demostrarse que dolosamente las tres personas estuvieron de acuerdo en asociarse

para cometer delitos. Sin embargo, en este caso, durante la audiencia preliminar, el

Tribunal 41 de Control prescindió de ese requisito legal (3 personas más dolo) e imputó

penalmente a Antonio Rivero con el arbitrario argumento de que la sola pertenencia al

partido político Voluntad Popular implicaba la comisión del referido delito.

Según la normativa penal Venezolana deberá iniciarse el juicio oral, en el cual se

deberá decidir si Antonio Rivero es culpable de los delitos que se le imputan, los cuales

son castigados con una pena de prisión de entre seis (6) y diez (10) años.

Es pertinente señalar que desde el momento de su arbitraria detención Antonio Rivero

en rechazo a la misma, se declaró en huelga de hambre12 y duro 21 días sin ingerir

alimentos.

Antonio Rivero desarrolló una importante carrera en la Fuerza Armada venezolana.

Entre los años 2003 a 2008 se desempeño exitosamente como Director de Protección

Civil Nacional. En el 2007 a sus 46 años de edad obtuvo el rango de General de

Brigada. Luego de denunciar la presencia de funcionarios cubanos en la Fuerza

Armada venezolana fue dado de baja por el cuerpo castrense y desde entonces inició

como ciudadano común, actividades en el mundo político. Actualmente es Dirigente

Nacional del partido Voluntad Popular, partido miembro de la Mesa de la Unidad

Democrática (MUD).

No es la primera vez que el Estado venezolano persigue a Antonio Rivero. En el año

2010, fue imputado por la Fiscalía Militar por los presuntos delitos de "ultraje a la Fuerza

Armada" y " revelación de noticias privadas o secretas", ello sucedió luego de que en

esa época denunciara y protestara públicamente porque personal militar de otros

países (Cuba) cumplía tareas de planificación y conformación de la organización militar

venezolana, además de capacitación y amedrentamiento en dicha institución castrense.

Luego de ello a Antonio Rivero le fueron impuestas medidas cautelares que le prohibían

salir del país, presentarse cada 15 días en los Tribunales Militares y prohibición de

hablar públicamente sobre el caso.

En ejercicio de su derecho de libertad de expresión y conciencia y de participación

política, el pasado mes de Febrero, Antonio Rivero volvió a denunciar la presencia de

más de 300 militares cubanos en el país13, y que según sus propias palabras, incidían

en las políticas de defensa y organización de la Fuerza Armada, considerándolo una

violación a la soberanía nacional.

A raíz de estas declaraciones, fue intensificada su persecución, la cual se evidencia con

la transmisión por parte del mencionado Ministro de Interior y Justicia, del mencionado

video editado en el cual Antonio Rivero habla a jóvenes manifestantes indicándoles que

ejerzan su derecho de manera pacífica. Luego de ello los órganos de seguridad del

12 http://www.panorama.com.ve/portal/app/push/noticia64387.php

13 Tal denuncia pública en el ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión se

encuentra recogida en video disponible a través de la siguiente dirección web:

www.youtube.com/embed/IuunWb2ssvM

Page 11: Proyecto   anexo

11

Estado en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e

Información arreciaron con una campaña de desprestigio moral en contra de Antonio

Rivero utilizando todos los medios de comunicación del Estado para difundir el

tergiversado video.14

Todo lo anteriormente expuesto pone en evidencia el carácter arbitrario de la detención

del General Antonio Rivero por violación de los estándares internacionales del derecho

a la libertad personal y al debido proceso contenidos en la Declaración Universal de los

Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual

Venezuela es Estado parte, así como de las disposiciones de derecho interno,

constitucionales y legales, respecto a las demás garantías del justiciable en el proceso

penal.

Conforme a los principios y la doctrina de este Grupo de Trabajo sobre la Detención

Arbitraria de la ONU (“GTDA”), la privación de libertad es arbitraria si el caso está

comprendido en una de las tres categorías siguientes:

a) cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que justifique la

privación de la libertad (como el mantenimiento de una persona en detención tras haber

cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades

proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de

Derechos Humanos y además, respecto de los Estados Partes, en los artículos 12, 18,

19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

(categoría II); ó

c) cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al

derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos

Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados

afectados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter

arbitrario (categoría III).

La detención del General Rivero cumple en el presente caso con los tres estándares

internacionales o categorías determinadas por este Grupo de Trabajo para considerar

que una detención es arbitraria.

3 Persecución Laboral

Entre los hechos más graves de esta coyuntura post-electoral, está el amedrentamiento

realizado en distintas instituciones públicas en contra de los funcionarios por su

supuesta preferencia política opositora. Se han registrado más de cuatro mil doscientas

treinta (4230) denuncias de acoso laboral, despido y desmejoras laborales por razones

políticas a empleados públicos tras el proceso electoral del domingo 14 de abril.

Las cuales tendrían su origen en las sospechas de que tales empleados votaron o

manifestaron su simpatía por el candidato de la oposición Henrique Capriles Radonski.

En este sentido, a los funcionarios públicos les han vulnerado su derecho a la intimidad,

le han interceptado sus llamadas, le han revisando sus teléfonos celulares, sus

contactos en redes sociales, además les muestraron fotografías que verifican su

participación en actos proselitistas a favor del candidato Capriles, todo con el fin de

amenazar, amedrentar, y más grave, despedirlos de sus trabajos, por supuestamente

favorecer la mencionada candidatura.

14 En especial el programa La Hojilla, transmitido por la televisora estadal y comúnmente utilizado

para atacar líderes de oposición se ensañó en cintra de Rivero: http://lahojillaentv.com/?p=34426.

Con posterioridad los ataques a Rivero han seguido y ha sido tildado de “agente de la CIA”:

http://www.vtv.gob.ve/articulos/2013/04/25/exgeneral-ej-antonio-rivero-es-agente-encubierto-de-la-cia-en-venezuela-7997.html

Page 12: Proyecto   anexo

12

Así, por ejemplo, el inistro de Vivienda y Habitat, icardo olina, afirmó que “ e

importa en lo absoluto lo que dicen las normas laborales, en esta situación no me

importan; Al personal que forma parte de nuestras instituciones y que políticamente

está en la acera de enfrente, cero beligerancia. Yo no acepto que aquí nadie venga a

hablar mal de la revolución, que nadie venga a criticar a Nicolás ni que venga a hablar

mal del presidente Chávez, no lo acepto. No acepto a militantes de partidos fascistas,

quien quiera ser militante de ese partido Voluntad Popular, de ese partido fascista, que

renuncie, porque si no renuncia yo mismo lo voy a botar”15. Por su parte, el Director de

Deporte de la Gobernación del Estado Zulia, Leonet Cabezas, aseveró que “Las

personas que pasaron el 1 x 10 que pensaron que no los íbamos a llamar, que

llamamos y nos dijeron que iban a votar por Capriles, nosotros los tenemos

identificados y los vamos a sacar”16, hecho que se verificó también en el Ministerio de

Planificación y Finanzas, en las sedes del SENIAT en Valencia y La Guaira, y PDVSA17.

Las represalias por supuestamente haber ejercido su voto a favor del candidato

Henrique Capriles, también se extenderían a los beneficios sociales otorgados por el

Gobierno. La diputada del PSUV Odalys onzón, por ejemplo, aseveró que “comencé a

meter la lupa aquí en Vargas muchos que están en las Misiones Sociales e instituciones

del estado tocando cacerolas no pidan cacao" y en los subsiguientes mensajes aseguró

que se "radicalizaría el proceso y se revisaría la entrega de viviendas"18.

Otras de las instituciones objeto de esta “Operación Limpieza” son el inisterio de

Asuntos Penitenciarios, la Defensoría del Pueblo, la Dirección Ejecutiva de la

Magistratura, CANTV, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Banco

del Pueblo, la Cinemateca Nacional, el Hospital Clínico Universitario, el Metro Cable de

Petare, la Misión Madres del Barrio, entre varios otros19. Denuncias similares fueron

realizadas por la Unión Nacional de Trabajadores, entre otros20.

Esta política de Gobierno es claramente violatoria al derecho a la igualdad y no

discriminación (artículo 21 de la Constitución, artículo 24 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos y artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos), a la libertad de conciencia (artículo 61 de la Constitución, artículo 13 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y artículo 18 del Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos), a las garantías laborales de los funcionarios (artículos

144, 87 y 93 de la Constitución), y a la libertad y secreto del voto (artículo 63

constitucional, artículo 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, artículo 23 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y artículo 25 del Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos), toda vez que es inaceptable, en el marco de un Estado

democrático de Derecho fundamentado en el pluralismo político, la libertad y la igualdad

15 El Nacional, El Ministro de Vivienda amenazó con despedir a empleados opositores, 22 de abril

del 2013, disponible en: http://www.el-nacional.com/economia/ministro-Vivienda-despedir-empleados-opositores_0_176982302.html 16 El Nacional, Empleados Públicos son despedidos por apoyar a Capriles, 19 de abril de 2013,

disponible en: http://www.el-nacional.com/politica/Empleados-publicos-despedidos-apoyar-Capriles_0_175182554.html 17 El Nacional, Empleados Públicos son despedidos por apoyar a Capriles, 19 de abril de 2013,

disponible en: http://www.el-nacional.com/politica/Empleados-publicos-despedidos-apoyar-Capriles_0_175182554.html 18 El Universal, Denuncian despidos por razones políticas en Vargas, 17 de abril de 2013,

disponible en: http://www.eluniversal.com/caracas/130417/denuncian-despidos-por-razones-politicas-en-vargas

19 El Nacional, 21 de abril de 2013, Más de 1.000 empleados públicos han sido amenazados,

disponible en: http://www.el-nacional.com/politica/empleados-publicos-amenazados_0_176382364.html 20 Véase la reseña del 26 de abril en:

http://globovision.com/articulo/union-nacional-de-trabajadores-denuncia-que-cuerpos-policiales-revisan-credenciales-en-administracion-publica. Ese mismo día, el Diario El

Universal reseñaba lo siguiente: “Denuncian asedio político contra docentes en Barinas”. Cfr.: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130426/denuncian-asedio-politico-contra-docentes-en-barinas

Page 13: Proyecto   anexo

13

(artículo 2 de la Constitución de 1999) realizar despidos (o amenazas de despidos) por

su preferencia política.

4 Golpe al Parlamento Nacional

Posterior a la declaración en la cual se dio victorioso a Nicolás Maduro, se generó una

situación irregular en la Asamblea Nacional, cuando el partido de gobierno disolvió -de

facto- a esta instancia, al impedir de manera sistemática a los diputados opositores

ejercer su derecho de palabra.

El cierre del parlamento no se limitó a prohibir la deliberación; el martes 30 de abril, el

Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, propició que sus

partidarios atacaran físicamente a los diputados de la Unidad Democrática. Los

diputados oficialistas arremetieron con violencia contra sus colegas parlamentarios

causándoles severas lesiones a once de ellos. Los heridos son: Américo De Grazia,

Diputado estado Bolívar; Dinorah Figuera, Diputada Distrito Capital; Edgar Zambrano,

Diputado estado Lara; Eduardo Gómez Sigala, Diputado estado Lara; Homero Ruíz,

Diputado estado Táchira; Ismael García, Diputado estado Aragua; Juan Pablo García,

Diputado estado Monagas; Juan Pablo Patiño, Diputado estado Sucre; Julio Borges

Diputado estado Miranda; María Corina Machado, Diputada estado Miranda y Nora

Bracho, Diputada estado Zulia. En la sesión anterior, el Diputado William Dávila resultó

herido cuando un parlamentario oficialista le arrojó un micrófono de acero al rostro,

ocasionándole una severa contusión craneal.

Esta situación de violencia sistemática y generalizada no se presentaba en Venezuela

desde mediados del siglo XIX, en 1848, cuando el Congreso fue tomado por asalto, por

órdenes del entonces presidente José Tadeo Monagas. Se trata de un retroceso

inaceptable a épocas que Venezuela y la mayoría de los países de la región habían

superado.

Las violentas imágenes de las agresiones en la Asamblea que recogieron los medios

nacionales e internacionales21, constituyen apenas una muestra de la represión

persistente que está ejerciendo el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro en contra de

todo aquél que se atreva a cuestionar el resultado de las pasadas elecciones

presidenciales o que manifieste su desacuerdo con el modelo totalitario que quiere

implantar. El régimen cubano ejerce una especie de cogobierno en Venezuela, y

oficiales de su Ejército y de sus policías participan en el intento de aplastar toda forma

de disidencia en nuestro país.

21 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=e8lMQDppcns,

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=UUKYDNilHSZmHXY7nzYJ8pbg&v=qIPODliikps,

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s6vLp60cymI