18 de septiembre-15 de noviembre

Principiosy programa

Manifiesto Ideológico de Alianza PaísNuestro juramentoHacia la construcción del Socialismo del Buen Vivir

Preámbulo 6

¡Somos revolucionarios! 10

En la búsqueda del Buen Vivir / Socialismo del Buen Vivir 12

Los ejes de la Revolución 18

Programa, estrategia y táctica del cambio politicoLa Revolución Ciudadana y la transformación social

El programa de acción: ampliar el campo de lo posible 25

Un proceso en marcha 27

La revolución para alcanzar el Socialismo del Buen Vivir 38

Desafíos táctico-programáticos 53

7

23

Nuestro juramentoHacia la construcción del Socialismo del Buen Vivir

Manifiesto Ideológico de Alianza País

6 Principios 7

Alianza País es una organización política de ciudadanas y ciudadanos, de organizaciones, movimientos y colectivos que se proponen luchar por la democracia, la igualdad, la soberanía, la solidaridad, la justicia social, la diversidad, para eliminar la opresión, la dominación, la desigualdad, la injusticia y la miseria, con el objetivo de construir el Socialismo del Buen Vivir.

Alianza País impulsa un proceso revolucionario, cuyo objetivo es la cons-trucción de una sociedad incluyente, solidaria y equitativa.  Alianza País promueve el Sumak Kawsay, el desarrollo equitativo, el bienestar común, la libertad basada en la justicia y la paz.

Alianza País tiene como opción preferencial a los más pobres, los despo-seídos, los subalternos, los dominados, los cholos, indios, chazos, negros y montubios, que han sido excluidos por la república terrateniente y oli-gárquica y el Estado burgués, que cumplieron al pie de la letra con su rol sumiso en la división internacional del trabajo.

Preámbulo

Si algún día quisiera consagrarte algo que nunca tuve para nadie, te daría la sangre de mi música

y el resplandor de mi alma, Patria mía

C é s a r D á v i l a a n D r a D e

8 Principios 9

transformaciones hacia una democracia radical y participativa de finales del siglo XX.

Alianza País se nutre de lo más altivo del pensamiento humanista, cris-tiano y revolucionario, y acude a fuentes históricas como la lucha indepen-dentista contra el colonialismo, el Socialismo, la Revolución Alfarista, la Doctrina Social de la Iglesia y la Teología de la Liberación, los movimientos de Liberación Nacional, los principios de la Constitución Ecuatoriana de Montecristi y los cinco ejes de la Revolución Ciudadana.

La convocatoria que hoy abre Alianza País a ciudadanos y organizaciones, se corresponde con el reavivamiento de estas históricas luchas, y con el comienzo de un nuevo fervor de transformación: la Revolución Ciuda-dana. Tras 30 años de democracia trunca y pactada entre élites entregadas a intereses particulares y foráneos, el pueblo del Ecuador vuelve a levan-tarse para poner fin al dominio político de las elites y para refundar la plena soberanía popular en la toma democrática de las decisiones que conducirán al buen vivir de todas y todos.

Para alcanzar estos objetivos a plenitud, era necesario alcanzar el poder político, para transformarlo en poder popular, el único capaz de cambiar las  estructuras de oprobio que aún prevalecen en nuestra región. El ver-dadero desarrollo solo es posible con un cambio en la relación de fuerzas dentro de la sociedad.

Alianza País retoma la larga trayectoria de lucha de los pueblos mestizos, indígenas y afro que hoy pueblan el territorio llamado Ecuador. Alianza País es la suma de la voluntad histórica de mujeres y hombres, por crear un Ecuador más digno, justo y soberano.

Alianza País asume, con responsabilidad patriótica, el legado de Rumi-ñahui y Espejo, de los patriotas del 10 de agosto de 1809, de Bolívar y Sucre, de Manuela Sáenz, Rosa Campuzano, Daquilema y Eloy Alfaro. Hemos invocado el “ajuste de cuentas con la historia”, porque la lucha por la segunda y definitiva Independencia demanda retomar los sueños y utopías hasta alcanzar una patria unida y soberana, en donde florezcan la verdad y la justicia.

Eloy Alfaro es el alma tutelar de este fecundo y exuberante proceso revo-lucionario y constituyente, que nos convoca a sumar fuerzas para la orga-nización colectiva del pueblo ecuatoriano y latinoamericano en defensa de la Constitución y de los procesos de cambio político que vive el continente. Invocamos, con firmeza, la palabra de Alfaro: “Nada para nosotros, todo para la Patria, para el pueblo que se ha hecho digno de ser libre”.

De las grandes luchas de nuestro tiempo, tomamos el ejemplo de los pueblos que resisten por la igualdad, en contra de la discriminación, contra todas las formas de exclusión, contra los poderes fácticos que han capturado y asfixiado al Estado para beneficiar a las minorías privilegiadas; tomamos el ejemplo  de los pueblos de Artigas, Martí, Sandino, Morazán, Zapata, Allende, y de todos los pueblos del planeta que se han decidido por la vida; que han elegido la paz; que han optado por la solidaridad. Con revoluciones auténticas, con el despertar de nuestros pueblos, los próceres recuperan el don de la palabra, recobran el mando, la calidad fecunda de capitanes libertarios.

Alianza País es fruto de la larga trayectoria de lucha contra los límites impuestos a la ciudadanía en una sociedad altamente polarizada, racista y sexista. Esta lucha se conjugó en el levantamiento del campesinado enro-lado en las milicias de la revolución alfarista, en las luchas ligadas a la formación de los frentes democráticos y el socialismo, en las luchas obre-ras, campesinas e indígenas por la emancipación del trabajo servil, en la recuperación de tierras usurpadas, en establecer una justicia que escape al control gamonal, en las luchas de las mujeres por la igualdad de condi-ciones, oportunidades y derechos, en las luchas de los jóvenes y estudian-tes de la Patria y de los nuevos movimientos que abrieron el camino de las

10 Principios 11

Si Alianza País defiende los intereses de los más pobres e históricamente excluidos, no convoca a un solo actor, sino al conjunto de organizaciones que resisten y resistieron a las estructuras económicas y políticas injustas y a la ciudadanía en general, que ha sido largamente privada de sus derechos sociales y políticos.

Alianza País retoma el objetivo inclaudicable de la soberanía popular y convoca a los distintos colectivos que han luchado por la emancipación, la des-colonización y la justicia contra las desigualdades basadas en razones de clase, etnia o género.

Alianza país no asume defensas anacrónicas, manuales ni retórica del pasado. Debemos provocar la desmitificación de tesis arcaicas, y retomar las posiciones más lúcidas y creativas de la historia, por ello invocamos el pensamiento de Antonio Gramsci: “Debemos trabajar en la crítica política, crí-tica de las costumbres, en la lucha por destruir y superar ciertas corrientes de sentimientos y creencias, ciertas actitudes hacia la vida y el mundo”; la palabra de José Carlos Mariátegui: “No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica”; en el pensamiento de Bolívar Echeverría: “la identidad de la izquierda se define por el Socialismo”.

Alianza País es un movimiento con militantes y adherentes creativos, libres de dogmas y sectarismos que apuestan por la ciencia y la academia y su compatibilidad con las necesidades de nuestro pueblo, y por la práctica de valores humanos, éticos, cívicos y patrióticos.

¡Somos revolucionarios!

Alianza País es el fruto de la reacción ética, política e histórica de los pue-blos del Ecuador contra la larga y triste noche neoliberal. Alianza País es la consecuencia del rechazo al neoliberalismo que impuso intereses privados al Estado ecuatoriano, que destrozó las bases de su economía, que alentó la fuga de capitales a paraísos financieros, que acrecentó las injusticias y desigualdades, que privó a los ecuatorianos de sus modestos ahorros, que profundizó la corrupción y la impunidad, que atendió a las demandas del gran capital extranjero antes que las necesidades apremiantes del pueblo, que entregó territorio y bases militares a ejércitos extranjeros, que expulsó a millones de ecuatorianos al trabajo laboral forzoso en países industria-lizados, y que claudicó su soberanía en foros e instituciones internacio-nales para favorecer los intereses de potencias extranjeras y empresas multinacionales.

Alianza País es el resultado histórico del proceso de concienciación y poli-tización del pueblo ecuatoriano que supo decirle ¡basta! al establecimiento decadente, y ¡sí! al proceso constituyente de refundación del Estado. ¡Sí a la Patria Altiva i Soberana que todos soñamos!

Este es un momento revolucionario, el momento de recuperación de la soberanía del pueblo. Este momento demanda una activa participación en el ejercicio de esta soberanía popular radical. Es el momento de la coalición, de la solidaridad con los no organizados, de la movilización por construir una institucionalidad política que sea capaz de traducir los objetivos priori-tarios de la justicia, la redistribución, la reactivación de las fuerzas produc-tivas nacionales, y el compromiso medioambiental para garantizar la vida a las generaciones futuras.

Alianza País es una organización política democrática, colegiada, descen-tralizada, deliberativa y constituyente. Alianza País es una organización nacional, presente en todo el territorio, que articula un proyecto nacional de cambio profundo y que tiene además representación internacional en los países con presencia de migrantes ecuatorianos.

12 Principios 13

propietario de importantes sectores estratégicos. Pero, uno de los gran-des retos del socialismo del buen vivir es buscar que los trabajadores, las comunidades, y los ciudadanos de a pie, se vuelvan dueños de los medios de producción. El socialismo del buen vivir busca redefinir el modelo de desarrollo y busca propiciar una transición hacia una modernidad entendida en nuestros propios términos ecuatorianos.

– El socialismo del buen vivir que defiende Alianza País nace de las luchas y esperanzas populares por construir un mundo más justo, sostenible y que brinde oportunidades a todas y todos, en el más estricto sentido de equidad.

– El socialismo del buen vivir conlleva la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Para nosotros, el trabajo humano no es un factor más de producción, sino el fin mismo de la producción.

Sociedad incluyente, reflexiva y diversa

Alianza País marca un punto de quiebre histórico en la luchas por con-seguir un Estado incluyente y descolonizado, en el cual el bien común y los derechos universales se coloquen por encima de la ley del más fuerte y de los poderes fácticos que, desde la independencia del Ecuador hasta el siglo XXI, siguen alentando la fragmentación, el regionalismo, la exclusión de las grandes mayorías y su acceso a los derechos, bienes y servicios más elementales.

Alianza País busca el retorno de la autoestima del pueblo ecuatoriano. Se propone revalorizar la cultura popular, la memoria social y política del pue-blo, y la misma geografía y naturaleza que caracterizan a ese Ecuador exu-berante, natural, majestuoso y megadiverso. Nuestro emblema original: “Volver a tener Patria” seguirá vigente hasta alcanzar los objetivos para los cuales nacimos.

Alianza País busca integrar a los habitantes del país entre sí, busca alen-tar su convivencia pacífica y tolerante, procura contribuir a una sociedad donde se respete y reconozca la diversidad en un marco de instituciones y derechos que abran la vía para un Estado descolonizado, plurinacional e intercultural, que no sea estático, sino plural y dinámico, y con gran capa-cidad de crear respuestas innovadoras y consensuadas entre los pueblos que habitan el Ecuador.

En la búsqueda del Buen Vivir / Socialismo del Buen Vivir

Alianza País se identifica en la búsqueda del bienestar común y la felicidad de cada uno, que no se logra mediante la acumulación de grandes rique-zas, ni mediante una capacidad de consumo excesivo, sino a través de la maximización de los talentos y las capacidades personales y colectivas, del esfuerzo por aprender y superarse, del disfrute de la presencia y del acom-pañamiento de los seres queridos, de la existencia en armonía con la natu-raleza y los demás.

La universalización de los derechos, su extensión hacia las poblaciones al margen, suponen nuestro reto fundamental. Ello demanda la urgente e impostergable organización de la acción política para construir un nuevo Estado orientado hacia el interés general. Alianza País cree en la repara-ción de las desigualdades históricas a través de políticas específicas en favor de la igualdad de oportunidades de los más excluidos.

Está visión de la sociedad que queremos, basada en el desarrollo de las capa-cidades individuales y colectivas, la justicia social, la armonía con la natu-raleza, el bienestar, y la felicidad constituye el punto de articulación entre las distintas cosmovisiones y filosofías que sostienen el principio del Buen Vivir. Los principios que guían nuestra lucha cotidiana se expresan en la solidaridad; en la consecuencia entre pensar, decir y hacer, y en el culto y consagración a la verdad.

Redistribución y desarrollo en armonía con la naturaleza

– Alianza País no sostiene visiones revolucionarias basadas en el cambio violento, o en nociones arcaicas como la “dictadura del proletariado”.

– Tampoco busca eliminar la propiedad privada. En su lugar, Alianza País apuesta por la democratización de la propiedad y de los medios de producción, sin descartar, por supuesto, que el Estado sea también

14 Principios 15

lucha de los otros, nos orienta a formar un frente diverso, expansivo y uni-versalmente incluyente, nos convoca a la movilización por un objetivo que trasciende nuestras legítimas luchas particulares.

La integración latinoamericana, la cooperación y la solidaridad con las luchas de los oprimidos en todos los lugares del planeta

Alianza País apuesta por la soberanía del Ecuador como proyecto nacional viable y entiende que la sociedad ecuatoriana encierra un gran potencial transformador, cuyo éxito se articula con procesos similares que se están produciendo a escala planetaria y de cuya desarrollo depende en última instancia el éxito y la viabilidad de los procesos de transformación que se están produciendo en nuestro país.

La lucha de Alianza País también trasciende el espacio nacional y se inserta en la lucha de los pueblos del Sur global por la descolonización y democra-tización del sistema internacional. La lucha del Ecuador es la lucha de tan-tos otros países, quienes sucesivamente llamados periferia, tercer mundo o Sur global, han sido las grandes víctimas del sistema capitalista hegemó-nico donde se quiere condenarlos a jugar un rol subalterno y dependiente. Alianza País, por lo tanto, busca contribuir a democratizar un planeta, que hoy clama por nuevas e innovadores propuestas políticas y económicas por parte de los excluidos de este mundo.

La lucha por el buen vivir, por afianzar derechos universales y por lograr la soberanía de los pueblos marcarán la historia del siglo XXI. Alianza País busca estar a la altura de estos grandes retos y de las luchas que buscan, de forma pacífica, un mundo mejor, más justo y más equitativo.

En suma, Alianza País defiende una democracia, una visión de la eco-nomía y una inserción del Ecuador en el mundo que tenga las siguientes características:

★ Democracia y sociedad

– AP se identifica con la Constitución del 2008 y apuesta por su cum-plimiento e implementación y por extraer toda la riqueza legislativa y programática contenida en su articulado.

Alianza País defiende las múltiples identidades nacionales, locales y regio-nales, y realza las expresiones culturales de los pueblos, y rechaza la sumi-sión ante hegemonías culturales globales, que imponen estilos de vida, estándares estéticos y patrones de consumo.

Alianza País defiende los derechos de los ciudadanos cuyos derechos sexua-les o reproductivos han sido prohibidos, reprimidos o invisibilizados por la intolerancia, el prejuicio y el miedo a la diferencia.

Alianza País rescata la participación, el bienestar, los derechos y las necesi-dades de las personas que sufren de discapacidades y que han sido olvidados o ignorados por estructuras individualistas, miopes y excluyentes.

Profundización democrática

Alianza País apunta a la construcción de una democracia profunda. Por democracia profunda se entiende una forma de acción política que redefine las nociones del Estado, la sociedad y la participación social.

La democracia profunda apunta a validar y reforzar los legados a favor de la inclusión, la justicia, la participación y la ampliación de los derechos que resultan de ese acumulado de luchas adelantados por los sectores subalternos.

Alianza País cree que la democracia profunda redefine, además, la noción de los partidos y movimientos de izquierda, en la medida en que obliga a que éstos incorporen la multiplicidad de los legados provenientes de las luchas de los sectores subalternos, a que establezcan relaciones dinámicas con los colectivos sociales, obliga a repensar el papel de los y las intelectuales, de los y las tecnócratas y de los y las especialistas, en la medida en que los obliga a establecer nuevos paradigmas y dinámicas, libres de prejuicios y obse-siones, muchos de ellos fruto de la apatía teórica y la ausencia de relación fraterna y directa con nuestros pueblos.

Alianza País llama a estos actores a organizarse en torno a un objetivo: recuperar la acción política y la movilización social como los principales medios para buscar cambios profundos y democráticos en el Ecuador del siglo XXI.

La política democrática es sobre todo una escuela ética y transformadora, supone un nuevo nivel de existencia que nos permite reconocernos en la

16 Principios 17

★ Inserción en el mundo

– AP defiende la presencia soberana de Ecuador en América Latina y en el mundo sin tutelajes externos, ni servidumbres a potencias y proyec-tos extranjeros ajenos a la realidad y al bienestar de nuestro pueblo.

– AP defiende la integración, solidaridad y cooperación entre los pueblos de América Latina y su compromiso con la creación de alianzas Sur-Sur.

– AP defiende y reafirma los derechos del Sur global, a fin de propiciar la democratización de la división internacional del trabajo y de los meca-nismos de reparto de la riqueza y renta globales.

– AP defiende la necesidad de democratizar las instituciones y organiza-ciones internacionales a fin de que se hallen representados en ellas las realidades, los derechos y los intereses de las naciones del Sur global y de toda la humanidad.

Un movimiento político que quiera estar a la altura del siglo XXI tiene que producir conceptos teóricos y prácticas organizativas que supongan una invención audaz respecto a las tradiciones políticas del siglo XX. Los prin-cipios que defendemos hacen de nuestra organización, Alianza País, un sujeto político de profunda vocación revolucionaria, democrática y trans-formadora. Nuestro proyecto socialista es fruto de las luchas y de la capaci-dad de innovación y creación de las grandes y pequeñas fuerzas revolucio-narias del país. Disputamos pues la vigencia de un socialismo enraizado en nuestras tradiciones y utopías, ajeno de modelos rígidos e inspirado en la diversidad de filosofías que forjan el ideal del buen vivir, del Sumak Kawsay.

Alianza País convoca, por todo ello, a la ciudadanía a sumarse a este proyecto político esperanzador, para que juntos, unidos en nuestra rica diversidad, podamos fundar las bases para un país mejor, más democrático, digno y com-prometido con los valores éticos del cambio y del socialismo del buen vivir.

– AP defiende la consolidación de una democracia representativa y parti-cipativa, que haga posible la consecución de una igualdad radical en los ámbitos fundamentales de la reproducción de la vida social.

– AP defiende que los grandes procesos de toma de decisión del Estado deben ser objeto de procesos democráticos, descentralizados y trans-parentes mediante mecanismos deliberativos y de cogestión desde la ciudadanía, en su forma individual y colectiva, sin que ello de lugar a procesos de corporativización de la vida pública.

– AP defiende una propuesta de Gobierno que apunte a la democratiza-ción de la sociedad, a la inclusión social de toda la ciudadanía y espe-cialmente de los estratos más desfavorecidos y discriminados en la his-toria del Ecuador.

– AP defiende la unidad en la diversidad, la plurinacionalidad, la inter-culturalidad, la descolonización del poder y de la cultura, y el respeto a las diferencias de clase, raza y género, en el marco de un proyecto de país soberano.

★ Economía, naturaleza y desarrollo

– AP defiende el rol regulador del Estado frente a las dinámicas del mer-cado, a fin de desencadenar procesos de transformación radical de la estructura productiva y distributiva de la sociedad ecuatoriana.

– AP defiende el cambio de una economía agro-primario-exportadora a una economía social y solidaria, centrada en el desarrollo endógeno, el respeto de los derechos de la naturaleza, el cuidado de las generaciones por venir, la integración inter-regional y la satisfacción de las necesida-des de la población ecuatoriana.

– AP defiende el cambio de la matriz productiva y del régimen de acumula-ción, a fin de posibilitar procesos productivos atentos a los equilibrios del medio ambiente, adecuadamente situados en la cadena de producción de valor del mercado mundial y en la división internacional del trabajo, mediante una transición hacia una economía más articulada en torno a la producción de conocimiento y capacidades nacionales/locales.

18 Principios 19

hasta la educación y la salud, y la cohesión social, al excluir de los beneficios del progreso a las grandes mayorías. Priorizamos una política digna y sobe-rana que no ha buscado la ingenuidad de liberar mercados, sino liberar al ser humano de las falacias y de los intereses nacionales e internacionales que lo postraron durante décadas.

Lo que encontramos en este sentido fue verdaderamente aterrador: el ser humano convertido en un instrumento más de acumulación del capital. No cabe duda que una de las principales víctimas de la larga y triste noche neo-liberal fue la clase trabajadora. Hoy, entre muchas cosas más, el Ecuador es un país libre de tercerización laboral.

Tanto entre nuestros países como al interior de los mismos, en lugar de tanta competencia, debemos dar más espacio a la acción colectiva, para, por ejemplo, armonizar nuestras políticas laborales y no sacrificar a nues-tros trabajadores en el altar del mercado. Precisamente esa es otra caracte-rística del nuevo sistema económico y del socialismo del siglo XXI: rescatar la relevancia de la acción colectiva para el desarrollo.  Frente a problemas colectivos, debemos dar respuestas colectivas.  Por ello la importancia del rol del Estado, representación institucionalizada de la sociedad, a través del cual la sociedad realiza dicha acción colectiva.  Pretender minimizar el rol del Estado, fue uno de los grandes absurdos de la larga y triste noche neoli-beral, así como pretender maximizarlo, fue uno de los errores garrafales del socialismo estatista. Lo incuestionable es la necesidad de un estado eficiente y en función del bien común, para lo cual hay que liberarlo del secuestro de las clases dominantes.

Alianza País cree firmemente en la fuerza productiva de todas y todos los empresarios, no solo de los que se arrogan su representación en cámaras que usan el discurso del mercado y de la competencia, pero que cada vez que les conviene rompen los principios por ellos mismos invocados.

Creemos en la capacidad de miles de productores asociativos, cooperativos, comunitarios, autónomos, de los que despectivamente el neoliberalismo llama los informales, pero a los que nosotros les llamamos los sujetos de la economía social y solidaria que reconoce nuestra Nueva Constitución, los productores del inmenso y fecundo ámbito de la economía popular. El desarrollo no es un balance financiero de pérdidas y ganancias.  Hay muchas cosas con inmenso valor pero sin precio.  De dignidad también viven los pueblos.

Los ejes de la Revolución

Revolución Constitucional. La institucionalidad política del Ecuador había colapsado, algunas veces por su diseño anacrónico y caduco, otras por las garras de la corrupción y las voracidades políticas. Y por ello impul-samos, desde el primer día, la Asamblea Nacional Constituyente, la misma que, venciendo toda absurda oposición, logró el respaldo casi absoluto de ecuatorianas y ecuatorianos.

Al final, esa Asamblea Nacional Constituyente aprobó la nueva Constitu-ción, ese canto a la vida que hoy ampara y protege los Derechos Civiles y los Derechos Humanos de ecuatorianas y ecuatorianos.

Nuestro país, nuestra gente, no resisten más la oprobiosa desigualdad que hemos heredado del pasado. Por eso, toda la Patria profunda ha empezado a sacudirse, a desenmascarar la discriminación, la exclusión y la violen-cia solapada y cotidiana contra los pobres. Hemos declarado ante el mundo nuestra voluntad inquebrantable de poner fin a la injusticia. Este es un nuevo tiempo, vamos a mantener vivo lo alcanzado, vamos a sostener este despertar gigante, sublime, construyendo palmo a palmo este camino  hacia una vida digna.

El segundo eje de acción, la Lucha contra la Corrupción, ha sido y es una práctica permanente y hasta obsesiva de nuestra práctica política.

Pero, la corrupción no está solamente en el manejo inescrupuloso de los fondos públicos, también está enraizado en el modelo perverso y egoísta que engendró el neoliberalismo, a través de privatizaciones, deshonestos endeu-damientos y saqueos institucionalizados.

El tercer eje de acción fue el de la Revolución Económica, para romper, y para siempre, con los mandatos externos, con ese perverso Consenso de Washington, con sistemas económicos que solo generaron más miseria y desigualdad, que torpemente destruyeron los fundamentos de toda socie-dad y toda economía: el talento humano, negándoles a nuestros ciudadanos

20 Principios 21

y las maestras; de los estudiantes que anhelan un futuro y un lugar en la historia; de los campesinos, cholos, chazos y montubios que saben que la tierra es para quien la trabaja; de los alfareros alfaristas de cualquier rin-cón del país; de las trabajadoras remuneradas del hogar, que demandan no salarios mínimos, sino de dignidad; a las amas de casa, por siglos ignoradas pese a su sacrificio y su devoción familiar; de quienes jamás tuvieron pro-tección y seguro social; de los artistas e intelectuales patriotas, de los profe-sionales dedicados con vehemencia a la ciencia y la tecnología; de quienes se han consagrado  a hacer del pensamiento una trinchera de solidaridad que destierre el egoísmo, en definitiva, de quienes son el motor de la histo-ria: los seres humanos, que jamás volverán a ser víctimas de la maquinaria neoliberal y del capitalismo salvaje.

Alianza País hace suya la heredad patriótica y, con la fuerza histórica y revolucionaria de nuestros próceres, convoca al pueblo ecuatoriano a la lucha por la segunda y definitiva independencia.

En la esencia del cambio del sistema económico, se encuentra el supe-rar supuestas teorías que pretendieron incluso ser el fin de la historia.  El colapso de un sistema basado en la codicia no solo es evidente, sino que implica la propia destrucción del ser humano, al haber pretendido elevar el egoísmo como máxima virtud individual y social.

Revolución en las Políticas Sociales. Al contrario de la política cliente-lar de los gobiernos neoliberales, AP opta por políticas de inclusión social que han comprendido, no una legión de espectadores desesperados, prác-tica permanente de los gobiernos de la oligarquía, sino los socios de un país responsable, un país de seres humanos solidarios, y, entre ellos, los herma-nos migrantes.

Los migrantes no son ilegales, lo que existe son prácticas ilegales y aberran-tes, como el racismo, la xenofobia y el coyoterismo; pero, atrás de todo está la irresponsabilidad e insensibilidad de los gobiernos que jamás se preocu-paron por el destino de sus compatriotas, seguramente porque la inmensa mayoría eran pobres y marginados.

Alianza País apuesta por la juventud, no necesariamente en edad cronoló-gica, pero sí en corazón, porque ser joven, como sentenciaba Montalvo, es ser revolucionario y germen de transformaciones. Seguiremos con nuestros jóvenes, porque la Patria requiere de ese talento y esfuerzo nuevo, tantas veces incomprendido, sea en las artes, en la algarabía y en el festejo, porque nuestra revolución es optimista, alegre, y no trágica ni marcial.

El quinto eje de acción de nuestra revolución fue el rescate de la dig-nidad, soberanía y búsqueda de la integración latinoamericana. En este sentido, la Revolución Ciudadana y Alianza País trabajarán en el for-talecimiento del multilateralismo y los espacios de integración latinoame-ricanos, especialmente con los países hermanos de UNASUR y del ALBA. De igual forma, AP asume un papel protagónico contra las ignominias del planeta, con el fin de derogar la vergonzosa resolución 662 que excluyó al hermano pueblo de Cuba de la OEA en 1962.

Los hombres libres de América Latina, venceremos a los agenciosos recade-ros del imperialismo.

AP impulsa la Revolución de los oprimidos. De aquellos que fueron silencia-dos y entristecidos por élites perversas. Es la revolución de los marginados de toda la vida. De los indígenas, de los afro ecuatorianos, de los panaderos

22 Principios 23

La Revolución Ciudadana y la transformación social

Programa, estrategia y táctica del cambio politico

25

El programa de acción: ampliar el campo de lo posible

Este documento tiene como principal objetivo plantear el programa de Alianza País (AP) en el contexto de su doble rol como gobierno y como la principal fuerza política del Ecuador.

Se trata de un programa trazado desde el específico escenario histórico en que se desenvuelve el proceso de cambio político conducido por la Revo-lución Ciudadana. El avance y las tensiones de dicho proceso constituyen, entonces, el telón de fondo sobre el que proponemos el programa de AP para el próximo ciclo político. Desde esta perspectiva, se trata de un documento que contempla una dimensión estratégica y táctica de la acción política para el cambio.

El programa político de las fuerzas del cambio delinea la orientación general de las acciones que le permitirán luchar por la vigencia, en el conjunto de la sociedad, de los principios que defiende. Dichos principios, por su parte, no solo constituyen un conjunto de ideas y valores que definen la identidad y la ética de los militantes revolucionarios sino que permiten evaluar polí-ticamente el sentido de los avances, retrocesos y vicisitudes del programa de acción.

Los principios orientan la acción política y ésta, a su vez, permite a las fuer-zas del cambio (y a la sociedad en su conjunto) acercarse a la realización de dichos principios. El programa político no puede limitarse, por tanto, a enunciar una serie de proyectos, planes y líneas de acción acordes con las ideas y valores que definen la identidad política de AP.

La plena realización de dichas normas y valores escapa a la pura voluntad y a la coherencia ético-ideológica de las fuerzas revolucionarias y depende del lugar que ellas ocupen en el entramado de relaciones de poder que gobier-nan la sociedad y, más aún, de su capacidad para reconfigurar esas rela-ciones de poder en una perspectiva que las sitúe en una posición favorable para sostener y afianzar el proyecto de cambio.

En suma, la construcción del programa político de AP, luego de casi cuatro años de iniciado el proceso de cambio, debe situarse en el marco de una

26 Programa 27

correcta lectura de las relaciones de poder que favorecen y bloquean el des-envolvimiento del proceso abierto por la Revolución Ciudadana.

La capacidad de las fuerzas del cambio para dotarse a sí mismas de un espe-cífico programa, acorde con el contexto histórico-político, abre las opcio-nes para que ganen en fuerza, legitimidad y eficacia en su disputa por la transformación social.

Reconocer que la correlación de fuerzas puede limitar el potencial del pro-grama político no supone afirmar que la política solo es el arte de lo posible. Al contrario, para las fuerzas revolucionarias la política entraña, sobre todo, la posibilidad de ampliar el campo de lo (que es) posible.

Un programa de acción política responsable y coherente con la historia en la que está inserto debe entonces preocuparse, a la vez, de la coheren-cia ideológica y de la viabilidad política de su proyecto de transformación social.

Desde esta perspectiva, y luego de cuatro años de recorrido el proceso de cambio, sostenemos que La Constitución, aprobada por el pueblo ecuatoriano en 2008, contiene las líneas maestras del proyecto colectivo con que la sociedad quiere conducirse a sí misma hacia un nuevo momento histórico.

El programa político que aquí presentamos recoge, entonces, los avances del movimiento y el conjunto de referencias intelectuales, ideológicas, y políticas fundamentales que ya ha sabido forjar el proceso de cambio polí-tico abierto por la Revolución Ciudadana.

El programa de gobierno del Movimiento País (2006), el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional para el Buen Vivir (2007, 2009) y, sobre todo, la Constitución Política del Ecuador se colocan, entre otras, como referen-cias obligadas para la construcción colectiva de este documento elaborado de cara a la primera convención ideológico-organizativa del movimiento.

Si dichos referentes programáticos e ideológicos constituyen, en gran medida, la base de este documento, su aporte fundamental reposa en la voluntad de actualizar dichas definiciones a la luz de las vicisitudes, avan-ces y conflictos políticos que han marcado el desenvolvimiento del proceso de cambio abierto con el acceso al poder del Presidente Rafael Correa y la Revolución Ciudadana en enero 2007.

Un proceso en marcha

La atrofia política y social del neoliberalismo

1. El ciclo 1996-2006 estuvo caracterizado por un alto nivel de conflic-tividad social, inestabilidad institucional, y turbulencia política. En el centro de estas tendencias se situaba la disputa por la vigencia y legiti-midad de un orden social caracterizado por el predominio político del neoliberalismo y de los partidos y clases dominantes en el seno del poder estatal.

2. Durante este período el proyecto neoliberal ecuatoriano avanzó de forma compleja, sinuosa y a tropiezos. Logró, sin embargo, reconfigu-rar la economía nacional en una perspectiva en que se favorecía, sobre todo, al capital bancario, financiero y especulativo, y a los grandes importadores, agro-exportadores y sectores rentistas protegidos por la acción estatal.

3. Los derechos de las grandes mayorías y la construcción de un proyecto de desarrollo nacional fueron relegados a un segundo plano. Como parte de la incapacidad y falta de voluntad política de las elites políticas y económicas, la agenda estatal se estructuraba siguiendo los coman-dos de las grandes instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, FMI, Organización Mundial del Comercio) y los intereses de las transnacionales y potencias del primer mundo. Nada quedaba de la democracia como expresión y realización de la soberanía popular y del interés general.

4. Los sectores ligados a la economía real, sobre todo medianos y peque-ños productores del campo y la ciudad, a la frágil industria nacional y a emergentes ámbitos de la economía popular y solidaria fueron los gran-des perdedores del auge neoliberal. Las clases medias y medias-bajas fueron expoliadas por el feriado bancario de 1999 y sus condiciones de vida se deterioraron de modo contundente. La pobreza y la desigualdad se incrementaron a niveles comparables a inicios de los años ochenta.

5. El descalabro político-institucional del país se originó con los sucesivos enfrentamientos entre los principales grupos económicos, elites polí-ticas y sectores dominantes por la orientación de la agenda neoliberal y la dirección de las intervenciones estatales en función de intereses

28 Programa 29

económicos particulares. El enjuiciamiento político (1996) de León Febres Cordero a su ex ministro, co-ideario y para entonces vice-presi-dente de la República, Alberto Dahik, marcaba el inicio de un período de intensa conflictividad entre los sectores dominantes.

6. Las disputas entre las elites políticas se repitieron a lo largo de los tres derrocamientos presidenciales  (1997, 2000, 2005) y de los diversos entrampamientos institucionales que vivió el país hasta el año 2006. La conflictividad entre los sectores dominantes abrió el marco de opor-tunidades para el protagonismo, “desde abajo”, de diversos grupos, partidos y movimientos sociales opuestos al proceso de modernización neoliberal de la economía. El movimiento indígena se colocó como el eje de la reactivación política de los sectores populares y como uno de los principales vectores para la recomposición de las fuerzas progresistas.

7. El movimiento social había expandido su conciencia de soberanía polí-tica, su influencia política, y su potencia como acción colectiva demo-cratizadora. Jugó un papel preponderante en los derrocamientos pre-sidenciales, en el bloqueo de varias iniciativas regresivas del neolibe-ralismo y en la construcción de nuevos derechos y campos de disputa política.

8. Luego del derrocamiento presidencial de Jamil Mahuad (2000), sin embargo, se observaron los límites del movimiento social. El presi-dente demócrata-cristiano cayó pero su inconsulta decisión de dola-rizar la economía fue ratificada por su sucesor. El protagonismo del campo popular y las dinámicas de la movilización social e indígena no alcanzaron a resquebrajar los resortes de poder de los grupos econó-micos y financieros que, sostenidos en el gobierno de Mahuad, fueron los responsables de la más grave crisis económica del Ecuador en tiem-pos modernos: el congelamiento de los depósitos y el feriado bancario decretado en marzo 1999.

9. El movimiento social tenía capacidad de bloqueo y vocación de contra-poder pero no poseía la consistencia social y la fuerza política para constituirse en real alternativa de poder y para operar como actor social y político con influencia en todo el territorio nacional.

10. La incorporación del movimiento indígena a la política formal y su mismo acceso al poder político en alianza con el gutierrismo (2003) se producen, además, en un momento en que la contundencia de la crisis

del sistema de partidos (2005) llega al punto de deslegitimar a todos los actores que habían operado dentro de la institucionalidad. La pérdida de la centralidad política que el movimiento indígena conquistara a lo largo de los años 90 y el reflujo de la movilización social aparecerían como principales correlatos de este momento.

11. Así, en 2005 se produjo una inmensa movilización ciudadana que abrió la ruta para el tercer derrocamiento presidencial en menos de una década. A diferencia tanto de la destitución de Bucaram en 1997, como del derrocamiento de Mahuad en 2000, este tercer derrocamiento pre-sidencial fue fruto de un conjunto de movilizaciones sin dirección polí-tica estructurada y con escaso protagonismo del movimiento social. Nuevos actores sociales y políticas emergían a la vida pública del país.

12. Las movilizaciones dejaban pulverizada la legitimidad del sistema polí-tico, y resquebrajados los márgenes de acción del Congreso y de los par-tidos políticos. El ciclo estatal que ellos habían conducido llegaba a su ocaso.

13. No solo los partidos y las elites políticas estaban desgastados. El largo ciclo de lucha social también había dejado bastante fatigado al movi-miento social. Las elecciones de 2006 evidenciaban este debilitamiento. Las candidaturas presidenciales de Pachakutik y del MPD, juntas, solo alcanzaron el 3,5 % del electorado. El representante de las fuerzas oli-gárquicas, Alvaro Noboa, triunfó en la primera vuelta electoral.

La emergencia de un proyecto de cambio radical

Con la caída de Lucio Gutiérrez, el Ecuador empezó a tomar distancia con la agenda del ‘Consenso de Washington’ (que surgió de una Conferencia realizada por el Institute for International Economics, en esa ciudad, en 1989, sin la participación de los países latinoamericanos), es decir del idea-rio del modelo neoliberal, y con el acercamiento del país al Plan Colombia y a la política de cooperación plena con los Estados Unidos. Tales decisiones posicionaron con fuerza en el debate político discursos nacionalistas que reivindicaban la idea de la soberanía nacional e insistían en la crítica a la apertura comercial.

30 Programa 31

1. El gobierno de transición no cumplió, sin embargo, con uno de los principales cometidos que las movilizaciones de abril 2005 le habían demandado: la reforma política y la despartidización de las principales instituciones del Estado por medio de una convocatoria a una Asamblea Constituyente. La candidatura de Rafael Correa tomó dichas banderas.

2. En campaña, Alianza País retomó y amplificó las banderas de cambio y la contestación a la partidocracia. Sus propuestas de convocar a una Asamblea Constituyente, rechazar la firma del Tratado de Libre Comer-cio (TLC), demandar el fin del acuerdo para la concesión de la Base de Manta a los militares estadounidenses, salir del neoliberalismo, y privi-legiar el gasto social al pago de la deuda externa, entre otras, ocuparon el mismo campo discursivo que el levantado por los movimientos socia-les, otras organizaciones populares y pequeñas fuerzas de izquierdas durante las últimas décadas.

3. La estrategia de confrontación abierta al mundo de los partidos, la banca, los grandes medios de comunicación, la oligarquía, y los pode-res fácticos situaron a la Revolución Ciudadana, desde el primer día de su gestión, en las antípodas del poder establecido.

4. La pugna con los tradicionales sectores dominantes ha estado ligada tanto al empeño de la Revolución Ciudadana de tomar distancia y debi-litar a los grupos de poder que tradicionalmente han sabido penetrar las agencias estatales para presionar a los gobiernos de turno en su favor, como con el rechazo de dichas elites políticas a la orientación del retorno estatal al primer plano de la agenda pública.

5. Dicha orientación ha apuntado, en la agenda interna, hacia el intento de re-establecer las capacidades estatales de redistribución de la riqueza, regulación de la economía y las finanzas, y planificación del desarrollo social y, en el marco de la política exterior, hacia el impulso de una efec-tiva integración regional, una nítida defensa de la soberanía nacional y una ampliación del campo de aliados a nivel latinoamericano y global.

6. En medio de una pertinaz confrontación política, y de los efectos de la crisis global del capitalismo desde fines del 2007, dicha agenda ha valido para que el Presidente Rafael Correa mantenga tasas de respaldo a su gestión que superan el 60%. Desde el retorno democrático en 1979, ningún presidente ecuatoriano había logrado retener durante tanto tiempo de ejercicio gubernamental tan altos niveles de aceptación. Ello

resulta aún más sorprendente si se considera que AP llegó a la segunda vuelta, en septiembre 2006, con tan solo el 23% de los votos.

7. Las decisiones políticas del régimen lo han ubicado, así, por fuera de la pugna hegemónica entre los dos sectores de las clases dominantes que se han disputado el poder desde el retorno de la democracia: el polo de intereses económicos articulado en torno al Partido Social Cristiano (PSC) -al que se sumaron en su tiempo la Izquierda Democrática (ID) y la Democracia Popular (DP)- y el polo que inicialmente giró en torno a Abdalá Bucaram y terminó expresándose con Álvaro Noboa, por medio de un Lucio Gutiérrez que hacía de doble comodín -tanto en la articula-ción del bloque-Noboa como en los nexos entre éste y el polo-PSC.

8. La Revolución Ciudadana enfrentó, con éxito, a este amplio bloque de poder. La incautación a casi 200 bienes del poderosísimo grupo Isaías reafirmó la vocación anti-oligárquica de la RC y  retomó, en cierta medida, la tarea inconclusa que dejaron los gobiernos militares de los años 70 –que diezmaron la estructura de poder de los terratenientes serranos- en relación a la democratización de las relaciones económi-cas y políticas en el litoral. En tal opción se delinea una ruptura con la matriz de poder social que sostuvo el ciclo neoliberal y se sientan las bases para una efectiva transición hegemónica en el país.

9. La aplastante derrota electoral, en los comicios convocados para la elección de los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, de los partidos políticos -del centro a la derecha (ID, PSC, DP)- que inauguraron el régimen democrático en 1979, el dete-rioro del espacio de representación de las formaciones derechistas sur-gidos a fines de siglo (PRIAN, PSP) y la afirmación de una nueva fuerza política progresista (AP) –acompañada, no sin tensiones, por otras pequeñas fuerzas de izquierda en el seno de la Asamblea- reflejaron la configuración de una nueva correlación de fuerzas en el Ecuador del siglo XXI.

10. De este escenario surgió un nuevo texto constitucional presentado al país en julio 2008 y aprobado en septiembre con el 63 % de respaldo popular. La Carta Magna innova y contiene, el conjunto de demandas e intereses que emergieron desde la resistencia popular al neolibera-lismo, y desde otras agendas de modernización democrática y trans-formación social del Estado, la política y la economía, represadas en los años 90. Sus principales avances son, entre otros:

32 Programa 33

• El reconocimiento de la participación directa de los ciudadanos como parte de la definición de la soberanía popular.

• La promoción del buen vivir como objetivo fundamental de la sociedad ecuatoriana.

• La ampliación del campo de los derechos ciudadanos.

• La prefiguración de una estrategia de desarrollo distante del canon orto-doxo y basado en la profundización de la economía social y solidaria.

• El reconocimiento de diferentes formas de propiedad y organiza-ción de la economía.

• La reconstitución de las capacidades de acción estatal.

• Las regulaciones ambientales y la consagración de los derechos de la naturaleza.

• El reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado.

• La amplia promoción de la participación social.

• La construcción de un Estado constitucional de derechos.

• La primacía del poder civil sobre el actor militar.

• La determinación del carácter prioritario de la integración regional y del mantenimiento de fuertes relaciones del Ecuador con los paí-ses del SUR del globo.

• La profundización del sufragio universal –que amplía la comuni-dad política al facultar el derecho al voto de jóvenes mayores de 16 años, ecuatorianos en el exterior, extranjeros, reos sin sentencia, policías y militares.

11. La particularidad del proceso político en curso ha sido, entonces, que las líneas de cambio y ruptura con el ‘viejo orden’ han adquirido un estatuto constitucional que, más allá de la agenda gubernamental, las convierten en ejes fundamentales de un nuevo pacto de convivencia de mediano y largo plazo para los ecuatorianos.

12. La Asamblea Constituyente y la Carta Magna ratificada por el pueblo en septiembre de 2008 consiguen delinear así el horizonte de sentido de la dinámica democrática y de las decisiones gubernativas que el Ecua-dor deberá seguir en las décadas que vienen.

13. La Constitución contiene y prefigura las líneas maestras del proyecto colectivo con que la sociedad quiere conducirse a sí misma hacia un nuevo momento de su desarrollo histórico.

14. El programa político de la Revolución Ciudadana debe, entonces, estruc-turarse con los ojos puestos en la Constitución de la República apro-bada en septiembre 2008 por la gran mayoría del pueblo ecuatoriano.

La agenda del cambio

1. Al relanzar la acción del Estado nacional al primer plano de la regula-ción económica y de la reactivación del desarrollo, la agenda de gobierno de la Revolución Ciudadana se diferencia abiertamente del proyecto neoliberal.

2. Desde el punto de vista de la política de desarrollo, la diferencia princi-pal es que, para este último, el concepto de nación no existe mientras que para el nuevo enfoque el agente fundamental es la sociedad y la nación que usan su Estado para promover el desarrollo, la inclusión y la cohesión nacional.

3. Para la ortodoxia convencional, la globalización es una situación en la cual los Estados-nación perdieron relevancia, mientras que para la Revolución Ciudadana es imposible propiciar la generación de una sociedad igualitaria, productiva e incluyente sin la activa implicación del Estado –como acción colectiva que proviene de la sociedad- como

eje de la coordinación de lo social, lo económico y lo político.

4. Desde esta perspectiva, en los 4 años de gobierno la Revolución Ciuda-dana ha construido una agenda post-neoliberal basada en:

a) la puesta en marcha de una estrategia nacional de desarrollo para la innovación productiva, el empleo y la inclusión;

34 Programa 35

b) la idea de que, históricamente, el financiamiento del desarrollo se ha hecho en lo fundamental en base a capitales naciona-les y ahorro interno y no como plantea el discurso ortodoxo, a partir del ahorro externo y la transferencia de capitales de los paí-ses ricos;

c) el convencimiento de que la estabilidad no debe ser solo de precios, sino también un tipo de cambio competitivo y un tipo de interés adecuado, de manera que se procure razonables niveles de empleo y no solo la atracción de capitales;

d) la responsabilidad fiscal a fin de no quebrar al Estado, principal ins-trumento de desarrollo nacional;

e) la búsqueda de ahorro e inversión pública y no superávit pri-mario (que es solo una forma de esconder el pago de intereses a los rentistas);

f) el diseño de un plan nacional de inversiones que recupera la inver-sión pública en la infraestructura material y financiera de sectores estratégicos de la economía nacional, se articula con el intento de restablecer las funciones de redistribución de la riqueza y de regu-lación del mercado y la banca;

g) el imperativo de impulsar políticas distributivas y redistribu-tivas en el marco del doble objetivo de consolidar una sociedad de derechos y de fortalecer el mercado interno.

5. Aunque se trata aún de un proceso en formación, pues los primeros años de gobierno deben ser definidos como un período de transición política y electoral en el marco de una intensa conflictividad en torno a la redefinición de las reglas del juego político, las decisiones gubernati-vas suponen ya un nítido distanciamiento intelectual y político con los defensores del Consenso de Washington.

6. Todo ello ha supuesto avanzar en la restructuración de las bases ins-titucionales y de los modos de funcionamiento del Estado. La transfor-mación democrática del Estado aparece como medio y fin del proceso de relanzamiento de la acción pública al primer plano de la coordina-ción de lo social. Dicha reforma contiene elementos de racionalización, modernización, democratización y descentralización del poder y la

gestión pública en la perspectiva de acercar el Estado a los territorios y de volverlo más eficiente en sus intervenciones públicas. El reconoci-miento constitucional del carácter plurinacional del Estado es un pilar fundamental del proceso de transformación de la política y la sociedad ecuatorianas.

7. El énfasis en tales elementos facilitaría la promoción de la participa-ción ciudadana y el control social en el ciclo de las políticas públicas: se trata de cuestiones a las que tanto el Plan Nacional de Desarrollo como la nueva Constitución, otorgan una particular relevancia. Dicho ele-mento diferencia los actuales modos de concepción y funcionamiento estatal de aquellos que prevalecieron en las décadas anteriores a las políticas de ajuste estructural.

8. En el marco de la crisis que afecta al capitalismo global desde 2008, la viabilidad de esta constelación emergente de políticas post-neoliberales reposa, en buena medida, en la adecuada inserción del país en los pro-cesos de integración regional en curso. La Revolución Ciudadana se ha sumado así activamente al apuntalamiento de tales procesos. Ecuador aparece a la cabeza de la constitución del Banco del Sur y del S.U.C.R.E, es actor fundamental del ALBA y se desenvuelve de modo muy activo en la flamante UNASUR. Se han abierto, además, múltiples líneas de diálogo con otros países y potencias emergentes en el ámbito global (India, China, Rusia, Irán, Sudáfrica, Brasil).

36 Programa 37

La fuerza de la Revolución Ciudadana2007-2010

—Síntesis—

Luego de casi 4 años de gobierno, la RC sigue colocando el ritmo, la iniciativa y la orientación de la política en el Ecuador del siglo XXI. Ello no tiene preceden-tes en el ciclo democrático (1979-2006): los gobiernos se desgastaban (y se vaciaban) durante el primer año de mandato.

Ello ha sido posible, sobre todo, por tres razones:

– la RC tomó distancia respecto de los grupos oligárquicos guayaquileños cercanos al Partidos Social Cristiano (PSC) y Nebot. El poder político (gobierno nacional) ganó en autonomía del poder económico. Ello permi-tió quebrar dominio de los partidos tradicionales y convocar a Asamblea Constituyente (en las elecciones para asambleístas AP obtuvo casi 60% de la votación);

– la existencia de un programa político que, por la vía de los éxitos electo-rales y la redacción de una nueva Carta Magna, se ha ido configurando como un proyecto nacional. Ello ha permitido que AP se coloque como una fuerza política que tiene representatividad en todo el territorio (re-elección presidencial en primera vuelta, 40% de Prefecturas; 30% de los municipios; 45 de las juntas parroquiales). Las históricas divisiones regio-nales se debilitaron;

– la RC logró resquebrajar la matriz de poder social sobre la cual las elites tradicionales, los grupos de poder económico y ciertos gremios habían logrado ser ampliamente dominantes a lo largo de las últimas tres décadas. Cinco ejes influyeron de modo decisivo al respecto:

• mayor presencia estatal en sectores estratégicos (empresas públi-cas, petróleo, minería);

• voluntad política y nuevas líneas de regulación económica (banca, finanzas);

• existencia de medios públicos (menos medios en control de grupos privados por vía de incautación);

• reforma del Estado y avance de ciertas líneas des-corporativizadoras (grandes grupos económicos desalojados de algunas instituciones estatales, evaluación docente y fin del estado como agente recauda-dor de tasas de filiación de UNE golpeó a dicho gremio).

• Mayor cercanía a la gente: democracia directa. Algunos claros ejem-plos de ello son las constantes rendiciones de cuentas del Presidente y de los ministros y funcionarios gubernamentales, así como los gabi-netes itinerantes donde se procesan en forma directa los requeri-mientos de la población.

El punto más alto del proceso político abierto con el acceso de Rafael Correa al poder político ha sido el proceso constituyente. Dicho proceso logró articular a casi todas las fuerzas progresistas del país y alcanzó un apoyo superior al 60 % de la población. Más allá del resultado electoral y de la misma aprobación de la Carta Magna lo más POTENTE fue CÓMO se llegó a ese punto: articulación de un mega-bloque (AP, MPD, PK, ID, otros) dentro de la Asamblea y respaldo de todos los sectores, movimientos y fuerzas, sociales y políticas, progresistas del país.

Así, la Constitución se coloca como el más importante referente político y programático para la construcción de AP, para la defensa de los grandes intereses nacionales y para delinear la hoja de ruta del cambio político en el Ecuador del siglo XXI.

El cumplimiento y vigencia del texto constitucional es nuestro referente

historico y nuestro programa politico.

38 Programa 39

La revolución para alcanzar el Socialismo del Buen Vivir

En consideración a los avances político y conceptuales incorporados tanto en la Constitución como en el Plan Nacional del Buen Vivir y tomando en cuenta los avances y límites del proceso gubernativo, es necesario hacer ajustes a la propuesta inicial de la Revolución Ciudadana con cinco ejes del cambio.

Se proponen, entonces, algunas modificaciones sustantivas de los cinco ejes del cambio definidos en 2006, en el programa de gobierno del Movimiento País, así como la incorporación de otras dimensiones revolucionarias a ser relanzadas con fuerza por AP en los años por venir.

En grandes letras, las 7 revoluciones que proponemos apuntan a una socie-dad basada en el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas, la justicia social, la armonía con la naturaleza, el bienestar, y la felicidad de todos y todas. Tal es el punto de articulación entre las distintas cosmovisio-nes y filosofías que sostienen el principio del Buen Vivir y que defienden la vigencia del socialismo como proyecto político que propicie la transforma-ción del Ecuador.

El Socialismo del Buen Vivir que defiende Alianza País nace de las luchas y esperanzas populares por construir un mundo más justo, igualitario y sostenible, que mitigue al menos, y posteriormente revierta, las dinámicas de estructuración del capitalismo histórico.

El Socialismo del Buen Vivir también conlleva la supremacía del trabajo humano sobre el capital y en armonía con la naturaleza. Para nosotros, el trabajo humano no es un factor más de producción, sino el fin mismo de la producción.

Alianza País apuesta por la democratización de la propiedad y de los medios de producción, sin descartar, por supuesto, que el Estado sea también pro-pietario de importantes sectores estratégicos. Pero, uno de los grandes retos del Socialismo del Buen Vivir es buscar que los trabajadores, las comunidades, y los ciudadanos de a pie, se vuelvan dueños de los medios de producció

El Socialismo del Buen Vivir busca redefinir la estrategia de desa-rrollo y busca propiciar una transición hacia una modernidad entendida en nuestros propios términos ecuatorianos.

Si Alianza País defiende los intereses de los más pobres e históricamente excluidos, no convoca a un solo actor, sino al conjunto de organizaciones que resisten y resistieron a las estructuras económicas y políticas injustas y a la ciudadanía en general, que ha sido largamente privada de sus dere-chos sociales y políticos. Alianza País retoma el objetivo inclaudicable de la soberanía popular y convoca a los distintos colectivos que han luchado por la emancipación, la des-colonización y la justicia contra las desigualdades basadas en razones de clase, etnia o género.

Alianza País llama a estos actores a reorganizarse en torno a un objetivo: PROMOVER EL SOCIALISMO DEL BUEN VIVIR MEDIANTE LA RECUPERACION DE LA ACCION POLITICA DEMOCRATICA Y LA MOVILIZACION SOCIAL.

La política democrática es sobre todo una escuela ética y transformadora; supone un nuevo nivel de existencia que nos permite reconocernos en la lucha de los otros, nos orienta a formar un frente diverso, pluralista, expan-sivo y universalmente incluyente. Nos convoca a la movilización por un objetivo que trasciende nuestras legítimas luchas particulares.

Revolución política: Estado ciudadano y radicalización de la democracia

a) Heredamos un Estado extremadamente débil, secuestrado por inte-reses particulares y desprovistos de los instrumentos para cumplir con sus funciones básicas de promoción del desarrollo, de cohesión social, de redistribución y de formación de una comunidad política y de valores.

b) Es preciso reconstruir el Estado democrático, plurinacional e intercultural, recuperar su carácter público, desprivatizarlo. Esto supone: romper, debilitar o al menos atenuar aquellos espacios, mecanismos, procedimientos y enclaves institucionales que, aun-que formalmente estatales, son bastiones de intereses particula-res y corporativos que secuestran los mecanismos de decisión y los

40 Programa 41

recursos de ejercicio de poder público; y, terminar con el proceso de des privatización del estado, particularmente en ámbitos como la justicia, el sistema financiero y la política agraria entre otros temas relevantes.

c) Es imperativo avanzar en el proceso de construcción de una nueva institucionalidad revolucionaria post constituyente. Esta fase es sin duda un periodo crítico tal como lo han demostrado otros procesos revolucionarios. Se pierde el estímulo y la pujanza de los momen-tos iniciales más confrontativos, y al mismo tiempo se reconfigura el mapa de fuerzas rompiendo una polaridad virtuosa, afloran las tendencias a la dispersión y al burocratismo.

d) Esta nueva institucionalidad implica profundizar en la construc-ción de una agenda legislativa prioritaria acompañada de la trans-formación de las tradicionales prácticas parlamentarias. Se trata de concluir adecuadamente y con los menores traumatismos la conformación de los organismos de control.

e) Para el caso de las instancias ejecutivas (gobierno nacional y gobier-nos locales) es necesario desarrollar una gran operación sobre el aparato estatal: desburocratización, capacitación, lucha implaca-ble contra la corrupción, construcción de una ética pública, moder-nización y rendición de cuentas.

f) Debemos modernizar la capacidad política, administrativa y tec-nológica del Estado. Un Estado torpe, sin ojos, sin masa crítica, sin sistemas de planificación, con presupuestos elaborados de la manera más aberrante, con grandes agujeros de corrupción, con empresas públicas ineficientes, sin capacidad de hacer seguimiento a sus planes es simple y llanamente incompatible con un estado democrático.

g) Debemos fortalecer el papel regulador y promotor del estado en la Constitución de mercados competitivos y socialmente responsa-bles, en la orientación inteligente de la inversión, en suma en la promoción del desarrollo.

h) Es preciso consolidar el Acuerdo territorial que se exprese en un Estatuto nacional de descentralización y autonomías. Se trata de construir un modelo nacional basado en un nuevo ordenamiento

territorial, en la definición precisa de competencias en cada nivel de gobierno; en la distribución de poder político.

i) Es preciso también impulsar la democratización de los gobiernos autónomos y descentralizados y superar el manejo tradicional que históricamente ha caracterizado a gran parte las instituciones de gobierno local. Se debe desterrar de los gobiernos seccionales, el clientelismo, el caciquismo y el patrimonialismo. Al igual que en el nivel nacional, es necesario recuperar para la ciudadanía los gobiernos locales, para que sobre su manejo no predominen los intereses económicos y políticos particulares. Para ello es preciso implementar todos los mecanismos y dinámicas de participación establecidos en la Constitución para los gobiernos autónomos descentralizados.

j) Debemos impulsar la puesta en marcha del Estado Plurinacional e intercultural. Para ello es necesario, entre otras cosas, promo-ver la creación de circunscripciones indígenas, afroecuatorianas y montubias en las que los pueblos y nacionalidades puedan asumir sus propias formas de gobierno, de gestión, de justicia y de organi-zación del poder.

k) Redefinir la democracia significa mejorar, pulir los mecanismos de la democracia representativa, pero ampliar los ámbitos de partici-pación social y ciudadana.

l) Desde la concepción de la democracia radical, no es suficiente con democratizar el Estado, es necesario también convertir las rela-ciones cotidianas en relaciones democráticas: de diálogo, respeto, deliberación, tolerancia, y no violencia. Es necesario luchar contra todas las formas de discriminación por sexo, edad, etnia o preferen-cia sexual. Es una tarea que va desde los mecanismos de protección legal hasta aquellas acciones que terminan por modelar prácticas culturales.

La Revolución del Sistema de Justicia

La Revolución del Sistema de Justicia, se fundamenta en la reforma ins-titucional íntegra de la justicia en el Ecuador. Dicha reforma podrá ser alcanzada cuando se cumplan objetivos como la des mercantilización y

42 Programa 43

despolitización de la Función Judicial, la profesionalización de jueces, jue-zas y funcionarios judiciales, la celeridad procesal inmediata, el fácil acceso a la justicia, entre otros. Para la consecución de estos objetivos es necesario:

a) Hacer realidad la separación entre derecho y política, con el obje-tivo de que el derecho no sea una herramienta de la política, al con-trario, la política estará sometida a los vínculos normativos consti-tucionales del Ecuador.

b) Concretar en el diario desempeño de la Función Judicial el cum-plimiento de los principios de independencia política, autonomía administrativa, económica y financiera, gratuidad de los servicios judiciales en todos sus ámbitos, la oralidad en todos los procedi-mientos y la incorporación de la justicia indígena al sistema de jus-ticia nacional.

c) Impulsar la creación de un estado que “distribuya sus prestaciones de acuerdo a la lógica universalista de las garantías de los derechos sociales en vez de intervenciones discrecionales y selectivas de tipo burocrático”.

d) Hacer del garantismo en la justicia un hecho cierto que influya directamente en la vida cotidiana de los y las ecuatorianas.

e) Generar una política pública de mejoramiento de los servicios que prestan las instituciones del sector justicia e impulsar políti-cas transversales que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos junto con la renovación progresiva del personal de la Función Judicial.

f) Proponemos impulsar propuestas de leyes y reformas legales que garanticen la independencia política de jueces, juezas y funciona-rios de carrera judicial; contemplando la creación de sanciones administrativas y penales contra funcionarios judiciales vincula-dos con cualquier forma de corrupción.

g) Definir estrategias concretas de profesionalización de los emplea-dos judiciales: la creación de la “Escuela de Jueces”, el fomento de la carrera judicial desde las universidades, financiamiento para capa-citación continua de funcionarios, etc.

h) Proponer un cambio sustancial en el pensum de estudios de la carrera de Derecho, tratando de proveer al abogado una visión del ejercicio de la profesión desde el trabajo en lo público, cortes y tribu-nales, mostrando a la carrera judicial como una opción de servicio y responsabilidad con el país.

Revolución económica, productiva, y laboral

Un proceso revolucionario debe tener como sustento eliminar el Estado burgués a través del cambio de estrategia de acumulación, re/distribución y regulación. En el capitalismo esta triada es la que ha originado la cons-trucción de una sociedad segmentada, excluyente, polarizada e inmoral.

En este marco, el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, en un contexto de límites biofísicos o naturales es decir tomando en cuenta a la naturaleza, es condición de posibilidad del cambio estructu-ral. Dicha perspectiva tiene que ser compatible con la construcción de otra economía distinta a la del capitalismo de mercado. Esta nueva economía se sustenta en la estrategia del Buen Vivir y de una inserción inteligente en el sistema mundial.

Un proyecto viable desde la izquierda debe ser eficiente y aumentar el tamaño y complejidad de la economía. Para ello, es fundamental el fomento de una industria nacional generadora de empleo y de alto valor agre-gado. El trabajo es una condición sustantiva para transformar la social. Tal dinámica propiciará la ampliación de las fuerzas productivas, la construcción de un empresariado nacional comprometido con el cambio y, sobre todo, una sociedad con trabajo digno para ciudadanos y ciudadanas.

A su vez, la redistribución tiene que estar sustentada en transformacio-nes tributarias progresivas –principalmente de impuestos directos– que se canalicen a la satisfacción de necesidades, el desarrollo de capacidades (individuales y sociales), la construcción de una sociedad cohesionada y la

recuperación de lo público.

La política más equitativa es la política universal y la política de protec-ción social más importante es la política productiva. De la misma forma, la estrategia de redistribución del largo plazo debe venir aparejada de la transformación de la seguridad social. Dicha transformación no sólo

44 Programa 45

apunta a garantizar derechos, sino a construir cohesión nacional. Tal estrategia propicia el ahorro interno del país a largo plazo viabilizando una política de inversión pública activa como parte de la estrategia endógena de desarrollo.

Si bien es fundamental ser eficiente y redistribuir, el reto de la construcción de una nueva economía, social y solidaria, consiste en distribuir mien-tras se genera la riqueza. Para cumplir tal objetivo es necesario diversi-ficar las formas de organización económica. Las relaciones mercantiles monetarias basadas en la propiedad privada y el intercambio a través de precios es una de las formas de relación económica que más ha deshumani-zado a las sociedades. Debemos concretar otras formas de construir econo-mía que ya existen y han sido deliberadamente invisibilizadas como son las no mercantiles y monetarias y las no monetarias y no mercantiles que se basan en la reciprocidad y la solidaridad.

Debemos promover otro tipo de formas de propiedad además de la pri-vada; tales formas alternativas aluden a las propiedades gran nacionales como parte de la estrategia de integración latinoamericana; la propiedad pública en sectores estratégicos; las formas de propiedad mixta, familiar, comunitaria, cooperativa y las gestionadas por los trabajadores como ejem-plo de propiedad social-republicana. La economía social y solidaria es fundamental para la revolución productiva.

Las formas de propiedad están ligadas a su vez a una de las estrategias fun-damentales para la socialización de la economía: la democratización de los principales medios de producción. La redistribución de la tierra, el agua, la capacitación, el crédito, la tecnología, el conocimiento y el auspicio de la asociatividad constituye un eje de dicho proceso de democratización productiva.

Por otra parte, como contraofensiva al “bobo aperturismo”, buscamos una estrategia inteligente y soberana para el Ecuador en donde la diversi-ficación de productos, productores y países de exportación e importa-ción es prioritaria. Debemos tener clara la dirección. La inserción men-cionada depende estrechamente de la estrategia endógena para la satis-facción de necesidades básicas de nuestra población; no al contrario, como históricamente ha ocurrido en el país donde, bajo el esquema neoliberal, las decisiones públicas dependían de las políticas de liberalización del mercado globalizado. En este punto, la integración latinoamericana, a través princi-palmente del ALBA y la UNASUR, resulta imperiosa para nuestro país; así

como, la consolidación de una nueva arquitectura regional financiera que consolide la soberanía de las finanzas para los países de la región.

El horizonte es claro: salir del modelo primario, depredador, exportador y excluyente. Como se ha demostrado a través de la historia mundial, no hacerlo implica postergar ad infinitum las soluciones estructurales y las dis-tancias abismalmente injustas que existen en el Ecuador.

La mencionada estrategia tiene que ser pensada inter-generacionalmente. La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con el resto de especies es un principio fundamental para prefigurar un nuevo esquema económico basado en el buen vivir. Este necesita reconocer la dependencia de la economía respecto de la naturaleza; admitir que la economía forma parte de un sistema mayor, el eco sistema, soporte de la vida como proveedor de recursos y funciones ambientales, y sumidero de desechos.

Para ello tenemos que estar conscientes que la principal ventaja compara-tiva que tenemos es la biodiversidad y que la conservación y el conocimiento de la información contenida en ella pueden constituirse en condición para la satisfacción de las necesidades. Esto es viable a través del conocimiento de la biodiversidad por medio de la investigación, la ciencia y la tecnología y de la inversión en el turismo comunitario ecológico. Tenemos que darnos cuenta que “el no pago de la deuda social hoy es no pago de la deuda ambiental mañana, y el no pago de la deuda ambiental hoy es, a su vez, el no pago de la deuda social del mañana”.

Lo mencionado tiene que estar orientado a las desmercantilización de las relaciones sociales. El proceso de penetración de los valores del capi-talismo en la vida cotidiana ha transformado a la sociedad en un amplio mercado en el que se crean sin cesar nuevas necesidades y en el que más y más productos del trabajo humano son transformados en mercancías. Esta mercantilización de la vida ha destruido relaciones y valores sociales como la reciprocidad, la solidaridad y el espíritu de cooperación que existe en nuestra población.

Empero, hoy la subordinación al capital no se da solo en el mero hecho de la venta de la fuerza de trabajo, sino que está inscrita en otras múltiples relaciones sociales que se dan en el ámbito de la cultura, el tiempo libre, la salud, la educación, el sexo e incluso la muerte. No hay prácticamente ningún dominio de la vida individual y colectiva que escape a las relaciones

46 Programa 47

capitalistas. La búsqueda incesante de la desmercantilización de la vida es la búsqueda incesante por la libertad “emancipada” o “no dominada” de todos y todas.

La revolución ecológica

Ecuador se ha situado en la vanguardia del mundo. Hablamos de las dis-cusiones de economía y medioambiente. Se aprobó la Constitución más ecológica del planeta. Se propuso el impuesto Daly-Correa, para grabar la explotación de petróleo como mecanismo para propiciar un cambio de la matriz energética mundial y se cristalizó la Iniciativa Yasuní-ITT para con-seguir la no extracción del petróleo, en el marco de una corresponsabilidad internacional. Ecuador lidera las causas ecológicas a nivel global.

La Tierra, el medio físico, la Naturaleza, la Pacha Mama, constituyen la base de las disposiciones de la Constitución, y a partir de ellas se propone la construcción del “Sumak Kawsay” o Buen Vivir. La Carta magna ecuato-riana convierte a la Naturaleza en sujeto de derecho: todos sus ciclos vitales han de ser respetados, preservados y regenerados.

La propuesta del Buen Vivir cuestiona el crecimiento económico y las estra-tegias de desarrollo centradas sólo en la extracción creciente de recursos naturales. Por ello, se propone la definición de una Revolución Ecológica, como elemento sustancial de la Revolución Ciudadana. Esto significa una transición socio – ecológica, desde economías dependientes (caracteriza-das por un perfil primario exportador, des-industrialización, exclusión, pobreza, concentración del ingreso, depredación e insostenibilidad ambien-tales), hacia economías sustentables (diversificación de productos y de mer-cados, industrialización con generación de empleo, equidad y evolución

conjunta entre culturas humanas y el medio ambiente). Esto implica:

• Mantener, sin destruir, las partes del territorio que poseen gran cantidad de valores ambientales y sociales, donde se encuentra concentrada la mayor cantidad de biodiversidad.

• Establecer el concepto de sustentabilidad fuerte (el capital econó-mico no puede reemplazar íntegramente al patrimonio natural), como nuevo paradigma del modelo de desarrollo. Esto también implica cambiar la contabilidad macroeconómica convencional

por nuevos indicadores e índices de sustentabilidad.

• Plantear la consecución de un nuevo perfil de especialización pro-ductiva para tener un país con sostenimiento interno, en base al consenso de intereses entre Estado, empresarios, trabajadores, pequeños y medianos productores urbanos y campesinos, y todas las formas de organización económica, privada o colectiva. Un pre-rrequisito para la consecución de estos objetivos es robustecer el mercado interno y el aparato productivo doméstico.

• Generar estrategias de transición productiva que permitan que la actividad extractiva pierda importancia económica (reducción del peso en el valor agregado total).

• Respaldar acciones como la Iniciativa ITT, la cual cambia la mirada ética tradicional de las relaciones del ser humano con la natura-leza, fortaleciendo y haciendo realizable el mandato constitucional de los Derechos de la Naturaleza y los principios del Buen Vivir.

La revolución para la inclusión social, la igualdad y la sociedad de derechos

a. Un Estado democrático, constitucional, plurinacional e intercultural como garante de derecho

El Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, está llamado a proteger, defender, asegurar y salvaguardar, los derechos constitucionales de las personas y de las colectividades; y a re-equilibrar las relaciones sociales a favor de la justicia y la igualdad, con pleno respeto a la diversidad. Es nece-sario consolidar y establecer políticas sociales universales basadas en el fortalecimiento de las potencialidades y capacidades específicas de la ciuda-danía; políticas públicas que permitan el ejercicio efectivo de los derechos, que protejan a la población contra los riesgos y que superen el asistencia-lismo. La universalidad de las políticas sociales debe articularse con el cabal reconocimiento de las particulares identidades y problemáticas de los acto-res sociales. El ejercicio de los derechos implica a su vez el cumplimiento de deberes y la corresponsabilidad de la ciudadanía para con el resto de la sociedad.

48 Programa 49

b. Recuperar lo público en la dotación de servicios sociales básicos

Las prestaciones sociales deben ser asumidas como una responsabilidad estatal y no pueden medirse únicamente por la eficiente prestación de ser-vicios, sino por el aporte, a través de ellos, a la construcción del tejido social y al fortalecimiento de la cohesión de la sociedad. La gestión pública y la prestación de servicios desde el Estado deben servir para poner en primer plano el interés común, para promover la solidaridad, la equidad y el forta-lecimiento de las identidades colectivas. Uno de los principales factores para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la gente es la posibilidad de generar los lugares para el encuentro y la convivencia pacífica.

c. La inversión social debe ser eficiente y eficaz

La eficacia de las inversiones sociales debe medirse no solo por el incremento en la asignación de recursos, sino, fundamentalmente, por el aumento de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de las prestaciones sociales. La universalización de los derechos de la ciudadanía obliga a un uso efi-ciente y eficaz de los fondos públicos. Las autoridades y funcionarios/as son responsables por el uso transparente y efectivo de esos fondos que provie-nen del esfuerzo de la sociedad. La inversión en educación, salud, vivienda, seguridad e inclusión social, debe ser una prioridad del Estado. Las infra-estructuras y servicios de salud y educación deben hacerse principalmente en las zonas más desfavorecidas del país, para desconcentrar estos factores fundamentales que permiten a su vez redistribuir la riqueza a largo plazo.

d. Una principal política social es la inclusión económica

La redistribución de la riqueza y la promoción de la economía popular y solidaria constituyen requisitos fundamentales para lograr el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y para garantizar la potencia-ción de las capacidades individuales y colectivas. Es necesario promover y respaldar todas las iniciativas productivas asociativas que permitan dina-mizar los mercados locales y generar fuentes de empleo; actividades que permitan mayor acceso a la alimentación, a la vivienda, la salud, la edu-cación, entre otros. Asimismo, la política pública debe avanzar al recono-cimiento del trabajo reproductivo y al soporte y promoción de las diversas formas de trabajo autónomo.

e. La universalidad de la seguridad social

Establecer políticas públicas que avancen en el cumplimiento constitucio-nal de la universalización de la seguridad social; incluyendo a las perso-nas que hacen trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentren en situación de desempleo. Para esto una de las prioridades de la política de Gobierno debe ser la reforma integral a la seguridad social.

f. La política social es universal y reconoce la diversidad

En tanto garante de los derechos constitucionales, el Estado debe establecer políticas universales así como alcanzar la universalización y gratuidad de los servicios de educación, salud, protección e inclusión social; sin embargo, esa universalización debe establecerse bajo el simultáneo reconocimiento de la diversidad de identidades individuales y colectivas existentes en la sociedad.

La construcción de un Estado plurinacional e intercultural es prioritaria en este aspecto. Ello pasa por articular el reconocimiento de las diferencias como parte sustantiva de la búsqueda de una sociedad de iguales. Dicha apuesta no solo contribuye a la ampliación del campo de los derechos, sino que potencia el desenvolvimiento democrático de la sociedad, alienta el combate la discriminación en todas sus formas, y favorece el acceso a ins-tancias de poder a los grupos históricamente relegados. De particular rele-vancia en este sentido es avanzar hacia la concreción de la equidad (de género) entre hombres y mujeres.

g. La centralidad de la política educativa

Desarrollar una política educativa adecuada para la inserción del país en la “era del conocimiento y la información”: se trata de una educación para todos y todas a lo largo de la vida, garantizando una educación de calidad y gratuita articulada a programas de salud, nutrición y producción, en el marco del respeto a la diversidad y la interculturalidad.

Ello supone una nítida apuesta por el fortalecimiento de la universidad ecuatoriana, no solo en su financiamiento sino en su cualificación, y el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

50 Programa 51

h. Salud universal

Con respecto a la salud es fundamental proseguir en la dotación de servi-cios integrales e implementar una política de gratuidad para todos y todas, priorizando la salud preventiva. Se debe apuntalar la configuración de un verdadero sistema nacional de salud que articule a todos los subsectores de la salud para lograr plena cobertura y calidad en el servicio. Los medi-camentos genéricos serían impulsados tanto a través de su distribución masiva como incluso de su producción local.

Revolución de las relaciones internacionales, la integración y la soberanía

a) Uno de los ejes fundamentales de la Revolución Ciudadana es la recuperación de la soberanía y la integración Latinoamericana, para lo cual Desarrolla tres conceptos revolucionarios de alcance internacional: “la ciudadanía universal”; “la defensa de la libre movili-dad” y “el progresivo fin de la condición de extranjero”.

b) Los conceptos como: el buen vivir, la soberanía alimentaria, los derechos de la Naturaleza, la soberanía económica son conceptos constitucionales transversales y por tanto objetivos estratégicos que se reflejan en las relaciones internacionales que el Estado debe impulsar y promover.

c) El desarrollo interno requiere de una política exterior soberana que ejerza una acción internacional, comercial y de integración orien-tada a la convivencia pacífica y a la construcción de una comuni-dad internacional basada en la equidad. Que apoye al desarrollo armónico del país, que promuevan el multilateralismo y la nego-ciación en bloque para contribuir a la equidad entre los Estados y a la reducción de las asimetrías políticas a nivel de las estructuras fundamentales del poder global.

d) “Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial”.

e) La Constitución recupera para el Estado el derecho soberano de aplicar la legislación nacional en contratos que le conciernen, y

abandonar el sometimiento a instancias arbitrales como corres-ponde a todo Estado independiente y autónomo.

f) La soberanía requiere de una política exterior enmarcada en rela-ciones internacionales de mutuo respeto y cooperación, que rechace la presencia e injerencia en territorio nacional de fuerzas armadas extranjeras y que defienda el principio de autodeterminación.

g) El compromiso con la paulatina desaparición de la condición de extranjero, es una apuesta para el libre desarrollo del concepto de ciudadano universal, que libere a las personas de sus limitacio-nes por su nacionalidad en el ejercicio de derechos y beneficios de prestaciones.

h) El Ecuador abre sus puertas a las personas que requieran de asilo y refugio, garantizando para ellas la asistencia humanitaria y jurí-dica debida. Se refleja así un espíritu y alianza con la paz, con el respeto a la condición humana y el repudio a toda forma de vio-lencia contra las personas vulnerables, independientemente de su ideología, condición social o cultural.

i) La situación de nuestros migrantes y el cumplimiento de princi-pios como el de la libre movilidad humana son determinantes en el mundo actual; en particular, para nuestra relación con España, Estados Unidos e Italia, en donde viven buena parte de ecuato-rianos. Más aún cuando, en pleno siglo XXI, en la “Europa de las luces”, cada vez se colocan mayores restricciones a la movilidad de las personas mediante leyes severas.

La revolución ética y el combate a la corrupción

Combatir la corrupción y fortalecer los mecanismos de control, rendición de cuentas y transparencia. Erradicar la impunidad en los casos de corrup-ción, mediante la transformación del sistema judicial para aplicar una justicia efectiva en todos los hechos de soborno, cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencia, etc., y fortalecer todas las entidades y meca-nismos de control.

La revolución ética demanda transformar el servicio público para trans-parentar y hacer eficiente la gestión pública, y comprende desterrar las

52 Programa 53

prácticas de colusión y contubernio entre funcionarios o entidades públicas y actores privados.

Incorporar la participación ciudadana en los procesos de prevención y transparencia. La revolución ética implica consolidar un pacto social por la tolerancia, el respeto y el pluralismo; y lograr la corresponsabilidad de la ciudadanía en el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes cívicos y políticos.

Construir y anteponer, en toda actividad ciudadana, el interés general por encima del interés particular.

Desafíos táctico-programáticos

El cabal cumplimiento de las 7 revoluciones definidas como el corazón del PROGRAMA POLITICO DE ALIANZA PAIS, requiere de una reflexión y de una estrategia política que visibilice la importancia de consolidar la estruc-tura organizativa del movimiento; la centralidad de definir una adecuada política de alianzas con los actores sociales y políticos democráticos del Ecuador; la necesidad de profundizar en la autonomía del Estado en rela-ción a los grandes grupos de poder; la urgencia de viabilizar una agenda legislativa que permita cumplir con la Constitución; y la construcción de un campo de alianzas geo-políticas con potencial de aumentar los márge-nes de influencia del país a nivel regional y global.

Premisas político-organizativas

Alianza País se ha constituido en el curso de la acción gubernativa abierta con el acceso de Rafael Correa al solio presidencial. No había ni movimiento político ni partido como formas previas a le emergencia de la candidatura. Hemos construido el movimiento político en el curso de la disputa política y mientras encaminamos la gestión del Estado. Ello ha sido, quizás, una de las más grandes debilidades de la Revolución Ciudadana: la carencia de una sólida estructura organizativa plural, democrática, deliberante y de presen-cia nacional en todo el territorio. Sin la consolidación de esta estructura, los

“No queremos conquistar el mundo sino hacerlo distinto”

e Z l n

54 Programa 55

avances del proceso de cambio pueden verse bloqueados desde el interior mismo de la Revolución Ciudadana.

La inexistencia de una forma sólida de organización política implica: a) un alto grado de vulnerabilidad del proyecto de cambio político sometido total-mente a la suerte de la gestión gubernamental; b) ello tiene como efecto un proceso menos reflexivo y más unidireccional; c) discrecionalidad y falta de rendición de cuentas en las autoridades, oportunismo y deslealtad política, estafa ideológica; d) incapacidad de generar alianzas y adhesiones que fijen y solidifiquen la acumulación política.

La garantía de la continuidad política del proyecto e incluso del estableci-miento de una correlación de fuerzas independiente de los resultados elec-torales pasa, entonces, por la constitución de un proyecto político y social con una clara estructura organizativa interna.

En el corto plazo no enfrentamos procesos electorales planificados por lo que deberíamos enfatizar en la construcción del Movimiento como intelec-tual colectivo, actor reflexivo del proceso, productor de ideas, programa, e innovación en las prácticas política. Para el efecto se requiere tener claridad táctica y organizativa en los siguientes niveles:

• No buscamos el poder para dominar, sino el espacio para transfor-mar; no queremos constituir un gremio de políticos profesionales, sino una organización democrática y ciudadana para que la socie-dad se auto-gobierne.

• Pretendemos ser una organización que no sirva solo para participar en las elecciones, sino que actúe cotidianamente en la construcción de alternativas para la sociedad. Un Movimiento que transforme mientras nos transforma, que incida en la cultura, en el mejora-miento de la calidad de vida; un partido político que coadyuve al desarrollo espiritual en el amplio sentido, que promueva una ciu-dadanía participativa y políticamente responsable, que promueva mecanismos colectivos de decisión sobre la base de la igualdad de las personas, que propenda a construir una cultura del diálogo, de respeto a las diferencias de opinión y a las diferencias culturales.

• Queremos construir una fuerza política basada en la asociación libre, individual, voluntaria y generosa de mujeres y hombres del Ecuador que, más allá de sus pertenencias gremiales y de sus

procedencias sociales, se propongan luchar de manera colectiva por la justicia social, la solidaridad, las transformaciones políticas, sociales, institucionales, jurídicas y culturales; es decir por cons-truir una democracia radical y soberana. Reconocemos el derecho de las organizaciones de adscribirse al Proyecto político, pero man-teniendo la responsabilidad de las acciones de cada uno de quiénes participan en el partido.

• Consideramos nuestra responsabilidad desarrollar vínculos éticos y políticos y contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sociales y democráticas del país, de campesinos, de indígenas, de trabajadores, de intelectuales, de empresarios, de pobladores urba-nos y rurales a través un diálogo horizontal permanente. Por eso hemos decidido asumir el reto de construir un partido político y trabajar por la construcción de un gran frente democrático.

• Se trata de estructurar al Movimiento como organizador social. Esto supone un alto grado de unidad política y disciplina

• Planteamos la restitución de la titularidad de los mandatos al colec-tivo y no a los individuos

• La dicotomía de Movimiento de cuadros o de masas es un falso dilema. No es posible sostener un proceso de organización social y política serio (no clientelar) si no es sobre la base de una mínima estructura de cuadros, militantes, simpatizantes y formas de orga-nización masivas.

• Es preciso combinar una estructura de base territorial (coordina-doras provinciales y cantonales o CDR) con estructuras temáticas o sectoriales/sociales. Hay que discutir el modelo de base territorial, se requiere la cohesión suficiente para generar pertenencia, pero a la vez la flexibilidad para no anular o limitar el desarrollo de otras formas autónomas de organización (no podemos competir con la organización social). Unificación de dirección nacional y direccio-nes provinciales y cantonales.

56 Programa 57

Política de alianzas

La construcción del Movimiento va de la mano con la necesidad de fijar con claridad el conjunto de alianzas políticas, sociales y productivas que debe impulsar AP, el Gobierno y el conjunto de la Revolución Ciudadana. Los procesos de cambio político exigen construir líneas de articulación precisas con diversos actores sociales y políticos así como un conjunto de alianzas que den mayor potencia y envergadura política a la voluntad de la transfor-mación social.

★ Relación con los movimientos sociales

Nuestro Movimiento promoverá y participará de los procesos de uni-dad, alianzas, acuerdos y coaliciones, con las fuerzas políticas y sociales democráticas con todos quienes apuestan y contribuyen cotidianamente a la transformación del país. Es una organización convencida de que los cambios profundos solo pueden ser obra de colectivos y acuerdos sociales amplios.

El periodo anterior al triunfo electoral de la RC estuvo marcado por la resis-tencia a las políticas neoliberales. Los movimientos sociales y en particular el movimiento indígena tuvieron un papel decisivo en ese proceso. Es por ello que resulta altamente compleja la relación con dicho movimiento.

Diversas lógicas nos acercan y nos diferencian según los ritmos de la coyun-tura política: 1) por un lado, hay una lógica de resistencia y enfrentamiento -no de construcción- que ha estructurado los discursos de los movimientos sociales; 2) por otro lado, existen prácticas de supervivencia política deter-minadas por la cooptación de cuotas o espacios de poder y recursos públi-cos; 3) el proyecto político e ideológico de los movimientos sociales es ahora disputado por el gobierno central.

Estas razones de orden más estructural han agudizado la conflictividad movimiento social- RC durante los últimos meses. El proceso constituyente, pese a todas las dificultades, demostró que es posible mantener un campo de alianzas con la izquierda y la gran mayoría de movimientos sociales.

Para orientar nuestra actuación en ese sentido es necesario generar una actitud de respeto, e identificar con claridad las contradicciones y los anta-gonismos fundamentales. La lucha política debe ser pedagógica, persuasiva y debe estar acompañada por la profundización de políticas pública en ejes

decisivos de la agenda: plurinacionalidad, participación, política agraria, medio ambiente, especialmente.

★ Relación con los sectores productivos

Establecer política de alianzas clara con sectores empresariales honestos, conectados con la defensa de los intereses nacionales, que incorporen valor agregado, que inviertan en el país y con niveles de responsabilidad social y ambiental.

Esta relación no puede tener un carácter vergonzante y menos constituirse en un factor de diferenciación entre “derecha” e izquierda del gobierno. Debe ser una actitud explícita del proyecto en su conjunto, acorde con la agenda productiva, laboral y económica de la Revolución Ciudadana.

★ Alianzas con organizaciones políticas

No puede dejar de reconocerse la existencia de partidos y organizaciones políticas o tendencias constituidas en los últimos años, pero este es un país con una frágil tradición partidaria y este es un periodo de reconfiguración del imaginario político. Por eso el mayor aliado es la ciudadanía.

Mantener lógicos nexos con el campo progresista, la centroizquierda, la izquierda más radical, pero de ninguna manera caer en la reproducción de los chantajes y el retaceo del poder como ocurría en la partidocracia.

Alianzas claras, públicas, programáticas; ampliar presencia en sectores populares, y ganar la clase media.

El papel del Estado y la reconfiguración de los poderes económico

El planteamiento central es afirmar que el programa de Alianza País bus-car construir el Socialismo para el Buen Vivir en el siglo XXI. Para ello, es necesario construir una transición hacia una sociedad justa, iguali-taria y encaminada hacia una economía sustentable, en donde existan los principios fundamentales de primacía del trabajo sobre el capital, de la soli-daridad colectiva, de un ser humano integrado viviendo en armonía con la naturaleza, y de una nueva integración solidaria.

58 Programa 59

Esto implica cambios sustantivos en el régimen de acumulación. Si bien hay logros evidentes, sigue en la carpeta de la política pública la democratiza-ción de los medios de producción, el cambio de la especialización productiva concentrada en la venta externa de materias primas; es decir, una radical distribución de los recursos y del ingreso, rompiendo con las brechas distri-butivas que separan de manera profunda a pobres y ricos. Para lograrlo la política productiva, y en concreto la agraria y la industrial, son clave. Pre-cisamos conseguir una mayor participación de la sociedad en las decisiones políticas; acelerar los procesos de autonomía y descentralización del Estado para liberarlo de los grupos que lo secuestraron; desprivatizar la justicia y el sistema financiero.

Para lograr estos objetivos es imperativo, profundizar en la autonomía y democratización del Estado; democratizar los medios de producción mediante el uso de herramientas regulatorias que ofrece la Constitución. La formulación y aprobación de distintas leyes implican una radicalización del proceso: el empleo de la política pública, en particular la distributiva y redistributiva, como la tributaria, las reformas agraria y urbana; además de otras leyes complementarias para consolidar el Buen Vivir, entre ellas, la nueva organización territorial del estado, la educación en sus distintos niveles, incluida la superior; la estructura económica y productiva para la superación de monopolios y estructuras de concentración; construc-ción del estado plurinacional e intercultural; el sistema nacional de pla-nificación participativa y descentralizada y nuevos parámetros de manejo de las finanzas públicas; regulaciones para los sectores estratégicos, espe-cialmente en las áreas de hidrocarburos, telecomunicaciones y recursos hídricos.

Relaciones internacionales

★ En el plano bilateral

Nuestro país, como parte de un proceso de ampliación y diversificación de sus relaciones internacionales, tiene que tener apertura y flexibilidad en sus relaciones internacionales. En el mundo global, debemos mantener lazos políticos y comerciales con todos los países del mundo. Esta es nuestra tesis básica.

Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, Irán son actores políticos mundiales. Es necesario fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales con ellos.

El papel del Ecuador como parte de los contrapesos internacionales es fun-damental. Se requiere de una relación digna con los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo. Debemos cultivar intereses compartidos en los asun-tos de movilidad humana, comercio, inversión, cooperación y seguridad.

Respecto a Colombia, requerimos conocer la verdad de lo que aconteció en el oprobioso ataque a Angostura, el primero de marzo de 2008, cuando se violentó nuestra soberanía. Siempre bajo la lógica, inapelable, de que el Ecuador no puede involucrarse, en términos militares, en el conflicto interno de Colombia. Frente al martillo de las fuerzas de seguridad colom-bianas, jamás podemos aceptar convertirnos en el yunque, tal y como lo prevé el Plan Colombia. El Ecuador debe fortalecer su estrategia de paz.

★ En el plano multilateral

América Latina y el Caribe han comprendido que la mejor manera de enfrentar los desafíos actuales es a través de una acción multilateral eficaz. Nuestra región va gestando las más diversas propuestas y acciones orienta-das a construir agendas comunes. Tenemos optimismo de que están emer-giendo acuerdos de integración más consolidados.

a) Organismos multilaterales

UNASURLa UNASUR genera otros espacios de integración que promueven los intereses latinoamericanos y caribeños. Es necesario fortale-cerle y dotarle de una institucionalidad, así como la construcción de su sede, en la mitad del mundo.

AlbaLa integración latinoamericana podría marcar un momento en las relaciones internacionales. Para ello es necesario consolidar la ALBA, pese a la oposición de las élites económicas y políticas empe-ñadas en mantener el orden constituido desde el Norte. Los princi-pios de integración que abre el ALBA son novedosos y contienen un potencial para emprender relaciones Sur-Sur de todo tipo. Se trata de un proceso marcado por la solidaridad y enfocado a promover la igualdad y la complementariedad entre nuestros países.

Comunidad de Estados Latinoamericanos y CaribeñosEl Ecuador ha puesto un énfasis especial en la construcción de una

60 Programa 61

organización de Estados Latinoamericanos, consagrada en Can-cún, México en el año 2010, al margen del agotado panamerica-nismo norteamericano.

b) Nueva Arquitectura Financiera Internacional

El Ecuador ha sido uno de los principales promotores de la Nueva Arquitectura Financiera (NAF) a nivel mundial. En el ámbito regional, esta NAF se sustenta en varios pilares: la interpelación a las instituciones de Bretton Woods, la creación del Banco del Sur, la constitución del Sistema Unificado de Compensación Regional (SUCRE), el planteamiento del fondo único de reservas para Amé-rica del Sur.

El Banco del Sur constituye una entidad financiera multilateral cuya importancia radica en el fortalecimiento de las finanzas y la integración en el continente. Tiene como objetivo la participación de cada nación latinoamericana, desde México hasta Chile, lo que les permitiría un mayor grado de independencia respecto de las instituciones financieras internacionales –FMI, Banco Mundial y BID–.

c) Propuestas ambientales de carácter global

La iniciativa Yasuní- ITTLa iniciativa de no extraer el petróleo –cerca de 850 millones de barriles– del campo ITT ubicado en el Parque Nacional Yasuní, a cambio de una corresponsabilidad económica de los países que más contaminan. Allí existen pueblos indígenas y en aislamiento voluntario, y se concentra una de las mayores riquezas ambienta-les del planeta. Es una región que genera agua y su no explotación ahorraría al planeta la no emisión de 410 millones de toneladas de CO2. Con esta iniciativa se inaugura una nueva forma de relaciona-miento del ser humano con la Naturaleza. Se sientan las bases para otro tipo de vinculaciones entre los países e incluso para repensar la llamada (mal llamada) ayuda para el desarrollo. Esta cuestión, a no dudarlo, representa otro de los pilares de la política exterior de este país andino comprometido con la búsqueda de respuestas efectivas a los grandes retos de la humanidad.

El impuesto Daly- CorreaEn el 2007, cuando el Ecuador se reincorporó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), un eco-impuesto a la exportación de petróleo. Tal tributo sería un gravamen ambiental del 3% del precio barril de petróleo, que podría ser administrado por los países de la OPEP. Ese eco-impuesto debería aplicarse tam-bién a otros combustibles exportados, en proporción a su impacto ambiental. A éste se le ha llamado el impuesto Daly-Correa.

Inserción inteligente en el sistema internacional

Si el comercio es un arma imprescindible de las relaciones internacio-nales, cuya desvinculación de la gestión diplomática es imposible, una nueva forma de inserción estratégica en el sistema internacional sólo será viable si, en forma sincronizada, se cambia la matriz productiva, con-solidando un nuevo tejido social conformado por pequeños y medianos productores-exportadores.

Parte de la estrategia de inserción inteligente en la economía global plan-teada es la diversificación de mercados, para evitar, en el futuro, que más del 80% de nuestros productos (primarios y provenientes de la extracción) sigan dirigiéndose a dos destinos (Estados Unidos y la Unión Europea). El Ecuador debe negociar tratados de comercio para el desarrollo de los pueblos, y no los mal denominados tratados de libre comercio (TLC), que se basan en la competencia y no en la complementariedad. Los TLC son mucho más que tratados de comercio: implican sumisiones geopolíticas y disciplinas sociales que sólo competen a cada país de manera soberana

62 Programa

POR TODO ESTO:

Alianza País convoca a la ciudadanía a sumarse a este proyecto político esperanzador, para que juntos, unidos en nuestra rica diversidad, podamos fundar las bases para un

país mejor, más digno y comprometido con los valores éticos del cambio.

La lucha de Alianza País también trasciende el espacio nacional y se inserta en la lucha de los pueblos del Sur

global por la descolonización y democratización del sistema internacional.

La lucha del Ecuador es la lucha de tantos otros países, quienes sucesivamente llamados periferia, tercer mundo o Sur

global, han sido las grandes víctimas del sistema capitalista hegemónico donde se quiere condenarlos a jugar un rol

subalterno y dependiente. Alianza País, por lo tanto, busca contribuir a democratizar un planeta, que hoy clama por

nuevas e innovadores propuestas políticas y económicas por parte de los excluidos de este mundo.

La lucha por el buen vivir, por afianzar derechos universales y por lograr la soberanía de los pueblos marcarán la historia del siglo XXI. Alianza País busca estar a la altura de estos grandes retos y de las luchas que buscan, de forma pacífica, un mundo

mejor, más justo y más equitativo.

18 de septiembre-15 de noviembre

Principiosy programa

Alianza País convoca a la ciudadanía a sumarse a este proyecto político esperanzador, para que juntos, unidos en

nuestra rica diversidad, podamos fundar las bases para un país mejor, más digno y comprometido con los valores éticos del

cambio.

La lucha de Alianza País también trasciende el espacio nacional y se inserta en la lucha de los pueblos del Sur

global por la descolonización y democratización del sistema internacional.

La lucha del Ecuador es la lucha de tantos otros países, quienes sucesivamente llamados periferia, tercer mundo o Sur

global, han sido las grandes víctimas del sistema capitalista hegemónico donde se quiere condenarlos a jugar un rol

subalterno y dependiente. Alianza País, por lo tanto, busca contribuir a democratizar un planeta, que hoy clama por

nuevas e innovadores propuestas políticas y económicas por parte de los excluidos de este mundo.

La lucha por el buen vivir, por afianzar derechos universales y por lograr la soberanía de los pueblos marcarán la historia del siglo XXI. Alianza País busca estar a la altura de estos grandes retos y de las luchas que buscan, de forma pacífica, un mundo

mejor, más justo y más equitativo.