Universidad Católica del Maule

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

Escuela de Trabajo Social

Política Pública; Seguridad y Ciudadanía

Módulo: Diseño y Evaluación Políticas Públicas

Profesores: Paulo Hidalgo – Patricio Leiva

Alumna: – Camila Cancino Sandra Flores

Fecha de Entrega: 09 de octubre del 2013

Las políticas Públicas

Las Políticas Públicas, generalmente son conocidas por las personas como la

respuesta que tiene el Estado en cuanto a las demandas de sus ciudadanos. Sin

embargo, para tener una aproximación más certera de lo que esto significa es

imprescindible conocer una definición concreta en cuanto a esta, por lo que

Tamayo (1997) afirma que las Políticas Públicas “son el conjunto de objetivos,

decisiones, y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas

que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran

prioritarios” (p 281). Por otro lado, este concepto también es definido como

"Cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público

definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y,

frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado" (Lahera,

citado en BCN, 2006).

Para entender las Políticas implantadas por los distintos Gobiernos, es necesario

tener concepciones claras y primordiales que nos permitan tener un conocimiento

más optimo de aquello, por lo cual, también se cae en la necesidad de tener en

cuenta a que se refiere cuando se habla de una Política Social, entendiendo esta

como “la actuación de los poderes públicos para mitigar o compensar las

desigualdades provocadas por el mercado, o por situaciones contingentes

(discapacidad, enfermedad, adicciones…) que aleja a los individuos de

mecanismos usuales de integración social y laboral” (Barroso, s/f).

Para llevar a cabo y entender mejor sobre las Políticas Sociales, este contenido se

introducirá en una política específica la cual es la Política de Seguridad,

comprender los diversos puntos que nacen de ella para luego introducirse en el

programa de Rehabilitación.

Las Políticas de Seguridad Pública

Las Políticas de Seguridad Publica buscan controlar la violencia y el delito, estas

además “Engloba al conjunto de factores y condiciones sociales, económicas,

políticas y culturales que favorecen, apuntalan consolidan o determinan los

conflictos, hechos de violencia y delitos producidos en un determinado contexto

social” (PNUD, 2005, p 2). Las políticas de Seguridad Publica se definen como:

Conjunto de intervenciones públicas llevadas a cabo por diferentes

actores estatales y sociales –públicos o privados– a los efectos

específicos de abordar y resolver aquellos riesgos y conflictos

(concretos y previsibles) de carácter violento y/o delictivo que lesionen

los derechos y libertades de las personas en un determinado ámbito

espacio-temporal. Se trata, pues, de una política de control de la

violencia y el delito, mediante prevención, conjuración e investigación

administrativa de los mismos y/o la persecución penal los responsables

de estos últimos, es decir, de los delitos (PNUD, 2005, p 2).

Como ya es visto, estas políticas buscan enfrentar los delitos que cometen

algunas personas y que atenta con el bienestar, integridad y seguridad de las

personas. Según la PNUD (2005), este tipo de políticas se enfatizan bajo 4

acciones básicas, las cuales son:

a- La prevención de los que pudieran resultar delictivos o vulneratorios de la

seguridad pública.

b- La conjuración de los delitos y hechos vulneratorios de la seguridad pública

que estuvieran siendo desarrollados

c- La investigación administrativa de los delitos y hechos vulneratorios de la

seguridad publica en desarrollo o consumados

d- La persecución penal de los delitos consumados por parte de la justicia

criminal

Política de Seguridad en Chile

La Política Social de Seguridad Publica, corresponde a una política que va dirigida

a disminuir los delitos que afectan a los miembros de la sociedad a tener una vida

tranquila y sin temores, se entiende que la seguridad es una “condición esencial

para la realización de las personas y el pleno desarrollo de una sociedad

democrática” (Ministerio de Planificación, 2011, p 237). También cabe destacar

que el ser víctima de un delito puede traer múltiples consecuencias psicológicas,

implicar alteraciones significativas en la vida comunitaria y social e importantes

costos económicos, y, en general, impactar la calidad de vida de las personas

(Ministerio de Planificación, 2011). Por lo cual, el gobierno de Chile para mitigar

esta problemática y crear un país que tenga un fuerte sentido de oportunidades y

seguridad para todos, lanzo el Plan de Seguridad Publica Chile Seguro 2010-

2014, el cual se ha propuesto las siguientes metas:

a- Reducir 15% la proporción de hogares que son víctimas de un delito (p

237).

b- Reducir el 25% la cantidad de delitos en el espacio público (robos por

sorpresa, robos con violencia e intimidación, robos de vehículos o de

accesorios de vehículos) (p 237).

Cabe mencionar que el plan antes mencionado enfrenta la pobreza desde una

perspectiva integral, cuyos ejes van dirigidos a prevenir, proteger, sancionar,

apoyar y rehabilitar.

El ministerio de Justicia

El ministerio de justicia según la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, en su

artículo 1° , define la institución como “la secretaría del Estado encargada

esencialmente de relacionar al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y de ejecutar

las acciones que la ley y el presidente de la Republica encomienden” (Ministerio

de Justicia, 2013).

Esta institución tiene como misión, las siguientes actividades:

Modernizar el sistema de justicia mediante leyes, políticas, planes y

programas orientados a facilitar el acceso ciudadano a la justicia y

servicios, contribuyendo además a la seguridad y reinserción social.

Realizar el estudio crítico de las normas constitucionales y de la legislación

civil, penal, comercial y de procedimiento, a fin de proponer al presidente

las reformas que estime necesarias.

Asesorar al Presidente de la Republica en los nombramientos de jueces,

funcionarios de la atribución especial de velar por la conducta ministerial de

los jueces.

Controlar el cumplimiento de las políticas planes y programas sectoriales y

evaluar sus resultados.

Dictar normas e impartir instrucciones a que deben sujetarse sus servicios

dependientes y fiscalizar su cumplimiento; Atender a las necesidades de

organización y funcionamiento de los tribunales de justicia; Asesorar a los

tribunales de justicia, en materias técnicas, a través de los organismos de

su dependencia; Programar y proponer la adquisición, construcción,

adecuación y habilitación por el físico de inmuebles por los tribunales de

justicia, el Ministerio y sus servicios dependientes, sin perjuicio de las

atribuciones de la Junta de Servicios Judiciales; Proponer al Presidente de

la Republica las medidas necesarias para solucionar las dificultades y

dudas que le sean formuladas en materia de inteligencia y aplicación de las

leyes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5° del Código Civil y 102

del Código Orgánico de Tribunales; Velar por la presentación de asistencia

jurídica gratuita en conformidad a la ley; proponer medidas para prevenir el

delito por medio de planes de defensa social; crear establecimientos

penales y de tratamiento y rehabilitación penitenciarios: Dictar las

resoluciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias

ejecutoriadas que condenen al Físico; Asesorar al Presidente de la

Republica en materia de amnistía, indultos y al beneficio de la libertad

condicional; Estudiar los antecedentes y proponer, en su caso, la concesión

de los beneficios previstos en el Decreto Ley 409, de 1932; Intervenir en la

concesión y cancelación de personalidad jurídica a las corporaciones y

fundaciones regidas por el título XXXIII del libro I del Código Civil, en la

aprobación y reformas de sus estatutos, en su fiscalización y en el

otorgamiento de certificados sobre vigencia de aquel beneficio. Conforme al

artículo 55 y siguiente del DFL N°2, de 2009 del Ministerio de Educación,

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370

con las normas no derogadas del DFL N°1 de 2005, las universidades se

encuentran sometidas al régimen de concesión, modificación y extinción de

personalidad jurídica y supervigilancia de dicho ministerio; Participar en la

legalización de los Instrumentos otorgados o autorizados por el Poder

Judicial, por el Ministerio, por sus servicios dependientes y por los

organismos que se relaciones con el Gobierno a través del Ministerio;

Otorgar las certificación y testimonios instrumentales que organismos

internacionales o entidades extranjeras soliciten al Supremo Gobierno, en

asuntos que puedan afectar al Físico, y aprobar el texto oficial de los

Códigos y autorizar sus ediciones oficiales; Pronunciarse sobre los

proyectos y ejecución de obras de Gendarmería de Chile, y sus prioridades,

los que se someten a la aprobación del Presidente de la Republica.

Respecto de estas obras, el Ministerio de Justicia tendrá las mismas

atribuciones que la ley señale al Ministerio de Obras Publicas para el resto

de las obras de tal naturaleza.

Fundamentación de la elección de la Política de Seguridad

La elección de esta política, se debe a la falta de seguridad ciudadana en que el

país y las personas que viven en él se encuentran sometidos. Actualmente, Chile

se encuentra con un gran índice delictual, según las estadísticas, estas apuntan a

que el 28,2 de las victimas que denuncian pertenecen al nivel socioeconómico

medio y el 71,8% pertenecen a los grupos bajos (Ministerio de Planificación, 2013,

248). Por otro lado, las víctimas de delitos violentos graves mayoritariamente son

hombres con un 60,8 % (p 248). Estos son algunos de los datos en cuanto a

estadísticas sobre temas delictuales, teniendo en cuenta que la sociedad completa

está en riesgo de sufrir un o ser víctima de alguna situación de riesgo que

involucre a la seguridad e integridad misma. También, es necesario considerar

que el tema de seguridad pública, es un tema que se encuentra en la palestra y

que está incluido en la agenda publica, e incluso este es mencionado en los

programas de los candidatos presidenciales, los que en su discurso prometen

disminuir la delincuencia. Por lo cual se hace necesario tener un conocimiento

más próximo a esta política, y no solo verla de un nivel macro y en el cual no solo

se estime en cierta parte buscar la sanción hacia las personas que cometen estas

conductas delictuales, sino que se incluya en el ideario social el tema de

rehabilitación para que estas personas puedan tener más oportunidades y no sean

renegados por la sociedad.

Gasto de conlleva la Política Social

Para implantar y llevar a cabo las Políticas Públicas y Sociales, se necesita de

ciertos recursos financieros, por lo que la Política Social de Seguridad, para poder

ser ejecutada requiere de una inversión pública. Según el Ministerio de Desarrollo

Social (2012), el gasto social total de esta política fue debido a la metodología

utilizada para definir el gasto social, esta cifra representa sólo una parte del monto

total que destina el Estado a prevención, protección y atención de víctimas de

delitos. 

Representada en millones la suma asciende a $171.826 millones, dividida en tres

segmentos diferentes; Servicio Nacional de Menores (SENAME) $157.820 con

(91,8%), Programas de Rehabilitación y Reinserción Social $ 9.534 (5,5%),

Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas $4.472 (2,6%).

Origen Política Social

La seguridad ciudadana es unos de los problemas transcendentales que inquieta

la calidad de vida de los chilenos, es así como lo reflejan las tres últimas

encuestas del Centro de Estudio Público (CEP), Fundación Paz Ciudadana y el

Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Si se pone atención a las noticias de los

medios de comunicación que se transmiten diariamente, es posible notar el

aumento en la tasa de victimización, cantidad de robos, de crimines y lo

relacionado con alcohol y drogas.

En nuestro país la seguridad ciudadana se relaciona con las drogas y la

criminalidad, existe una diferencia entre la Seguridad Pública y la Seguridad

Ciudadana. En la primera se reconoce la función del Estado, cuyo fin está

relacionado con los Derechos de las Personas considerando su libertad y la

protección de su integridad desde un enfoque jurídico. Por otro lado, se encuentra

la Seguridad Ciudadana la cual visualiza las necesidades de la población y

responsabilidad del Estado para sustentar el desarrollo con una perspectiva

sociopolítica.

Según Patricio Tutela en su documento Conceptos y Orientaciones para Políticas

(s/f), esta concepción ya emergente en los años 80 y particularmente en los 90

alcanzó varios avances en materia de Derechos Humanos en el debate de la

agenda pública desde una forma y visión reduccionista de la seguridad. En el

término seguridad y ciudadanía existen diferentes contextos, este nace por varias

razones que explicaremos a continuación:

a- Como oposición dominante sobre la seguridad, aferrada en la noción de

seguridad nacional y pública que ubica como eje central u objeto de ella a

la seguridad del estado y del interior.

b- Sentimiento o percepción de las personas de que sus derechos son sólo

parcialmente garantizados y vulnerados tanto por el Estado (negligencia e

insuficiencia) y como por la conducta de terceras personas (delincuencia y

violencia)

c- Noción de cambio a partir de situaciones que vienen de la sociedad

latinoamericana como en el resto del mundo, fuertemente asociado a los

Derechos Humanos, seguridad del individuo y convivencia social.

d- Consolidación de esfuerzos para reformar instituciones y Políticas de

Seguridad Pública, buscando un modelo de seguridad ciudadana

democrática.

e- Y por último, un acuerdo entre los gobiernos y los Estados de que la

seguridad ciudadana es un fenómeno dinámico y global, que requiere de la

intervención de aquellas situaciones sociales, culturales, políticas y

económicas, para mejorar la convivencia y calidad de vida de las personas,

cooperando a través de una red de organizaciones gubernamentales e

intergubernamental para favorecer el empleo y atención en materia de

prevención del delito.

La palabra seguridad ciudadana es un concepto de construcción, en la mesa

convocada por el Ministerio del Interior entre los años 2003 y 2004, se toma como

plataforma lo señalado en 1995 por el entonces Ministro del Interior Carlos

Figueroa Serrano :

Existen diversas definiciones del término seguridad ciudadana. Las

más amplias la relacionan con el conjunto de sistemas de protección de

la vida y los bienes de los ciudadanos ante los riesgos o amenazas

provocadas por diversos factores y la vinculan tanto a valores sociales

de respeto a la vida, la integridad física y patrimonio de los otros, como

al libre ejercicio de las libertades económicas, políticas y sociales

necesarias para el adecuado y normal funcionamiento de la comunidad

y la sociedad en su conjunto. La seguridad, entendida como sinónimo

de certeza, por una parte, y como ausencia de riesgo o amenaza, por

otra, nos señala que este concepto no se restringe a la dimensión

biológica del ser humano, motivada exclusivamente por necesidades de

protección y subsistencia, sino que se extiende a todos aquellos planos

de la naturaleza humana que resultan de su cohabitación y convivencia

con otros semejantes (Tutela, s/f, p.9).

En términos de origen e historicidad y sentido de seguridad Ciudadana, seria lo

siguiente:

La seguridad ciudadana es aquel estado o condición socio-institucional que

objetiva y subjetivamente (percepción) puede calificarse como óptima para

el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos y que depende del

conjunto de condiciones sociales y culturales, jurídicas, institucionales y

políticas que, entre otras, posibilitan el adecuado y normal funcionamiento

de las instituciones públicas y los organismos del Estado, así como la

convivencia pacífica y el desarrollo de la comunidad y la persona (Tudela,

s.f, p.10)

En el año 2011, la Ley del ministerio del Interior y Seguridad Pública, crea y

establece la nueva Subsecretaria de Prevención del Delito y el actual CONACE.

Este proyecto de ley ingresa al senado el 16 de junio del 2006 como mensaje

ejecutivo planteando al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Entonces la nueva subsecretaria de prevención de riegos evaluará y controlará el

cumplimiento de programas planes que se desarrollen los servicios públicos en

materia de prevención control de delincuencia, Infractores de ley y reinserción

social (BCN, 2011).

Caracterización de la institución que se alberga la política social.

La Política Pública de Seguridad y Ciudanía, es comprendida por dos tipos de

instituciones pero presentada de diversas maneras, desde el Ministerio del Interior

y Seguridad Publica y el Ministerio de Justicia, las cuales se enfocan en temas de

intervención, prevención, rehabilitación e inserción social.

Por consiguiente, nace el Artículo Número 1 º de la ley 20502 el cual afirma que

crease el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual será el

colaborador directo e inmediato del presidente en asuntos relativos al

orden público y seguridad pública del interior para cuyos efectos

concentrará la decisión política en estas materias y coordinará, evaluará

y controlará de planes y programas que desarrollen los demás

ministerios y servicios públicos en materia de prevención y control de

la delincuencia, rehabilitación de infractores de ley y su reinserción

social en la forma que establezca la ley dentro del marco de la política

nacional de seguridad pública interior (BCN, 2011).

Gracias a la nueva ley impulsada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública

la subsecretaria será la sucesora en cuanto a efectos legales y reglamentarios de

las subsecretarías de carabineros e investigaciones, por lo cual, le corresponderá

hacerse cargo de los derechos y obligaciones de lo que éstas fueren titulares y

que existieren o se encontraran pendiente a la fecha de su supresión (Ministerio

del Interior y Seguridad Pública, 2013).

En la Página web del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se encuentran las

siguientes funciones de este, las cuales son:

- Coordinar y controlar la realización de planes y programas que se desarrollen en

materia de prevención y control de delincuencia, dentro del marco de política

nacional de Seguridad Pública interior.

- Gestión de asuntos de Seguridad Pública para el cumplimiento de funciones.

- Coordinar y encargar las acciones y programas de ministerios y servicios

públicos.

- Mantener y desarrollar un sistema actualizado de procesamiento de datos y

eficacia de políticas públicas en materia de nivel nacional.

- Promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la

delincuencia, la violencia y reincidencia delictual.

- Aclamar acuerdos o convenios con organizaciones privadas o públicas en la

evaluación de las políticas y programas de seguridad del interior y orden público.

- Ajustar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas y planes en

Seguridad Pública

También, se considera el Ministerio de Justicia, el cual está encargado de

relacionar el poder ejecutivo y el judicial, según lo que se ha establecido en la Ley

del Ministerio, Art 1. Esta institución tiene como objetivo modernizar el sistema de

justicia de leyes, planes y programas orientados para proporcionar al ciudadano, a

la justicia y servicio, contribuyendo a la seguridad y reinserción social.

En las funciones de Subsecretaria de Justicia, el Ministerio de Justicia establece

las siguientes:

Prestar asesoría y colaboración de planes, programas y decisiones a su

cargo.

La subsecretaria debe traducir las políticas del sector, elaborar técnicas y

de funcionamiento.

Dirigir la administración y servicio interno del Ministerio de comunicar

planes normar y programas.

Certificar documentos que en razón de su naturaleza requieran constancia

de autenticidad por parte del ministerio.

Líneas de acción de la Política Social de Seguridad

En la política de Seguridad, se abordan cuatro ejes específicos o líneas de acción,

que buscan combatir la delincuencia, estas son:

Prevenir:

Tiene como objetivo reducir los factores de riesgo que causan comportamiento

delictivo, también se promueve los factores que protegen a las personas de las

actividades antisociales o delictivas, incluso antes de que estas se manifiesten.

Los programas que se desprenden son los siguientes:

Programa vida Nueva:

Cuyo objetivo es interrumpir las conductas transgresoras y/o la superación de

situación de vulneración en niños, niñas y adolescentes derivados del programa

24 Horas (Ministerio de desarrollo social, 2013). Sus beneficiarios son niños,

niñas, adolescentes menores de 18 años; Personas que han ingresado a

comisarias de las 8 comunas en las que se implanta el programa; aparecer en el

listado del programa de Seguridad Integral 24 Horas, elaborado por Carabineros

de Chile.

Programa Barrio en Paz -. Residencial

Disminuir la victimización por delitos, violencia interpersonal, percepción de

inseguridad y actividades asociadas al tráfico de drogas en barrios con alta

concentración de delitos (Ministerio de Desarrollo, 2013).

La metodología de intervención del programa contempla dos líneas de acción,

siendo la primera realizar acciones de prevención de violencia escolar, reinserción

educativa y de mora en la convivencia vecinal. La segunda línea de acción esta

enfocada a la prevención del delito situacional. Para poder llevar a cabo esto, se

recuperan espacios y equipamientos públicos, creando alarmas comunitarias,

realizando mejoras en el alumbrado peatonal, entre otros.

Prevención de violencia escolar

Su objetivo es prevenir la violencia escolar en los establecimientos educacionales

beneficiarios de la subvención educativa preferencial.

Sus beneficiarios son las escuelas que se incorporan a la Ley de Subvención

Preferencial (SEP).

Rehabilitar

La intervención se realiza con personas que han tenido problemas con la justicia y

que tengan antecedente delictual, se ejecuta la intervención en adolescentes y

adultos con el objetivo de contribuir a la disminución del riesgo de reincidencia en

delito.

De este programa de rehabilitación se desprenden tres programas que avanzan

en el tratamiento de las personas que necesiten una rehabilitación (Ministerio de

Planificación, 2011, p 253). Entre estos programas se encuentran:

Programa de intervención Psicosocial “Hombres por una vida sin violencia”

El objetivo de este plan es “disminuir sustancialmente o eliminar el uso de la

violencia en los hombres intervenidos” (Ministerio de Desarrollo Social, 2013).

Sus beneficiarios son los hombres mayores de 18 años que tengan algún tipo de

responsabilidad frente al tema, que no tengan diagnostico de patologías duras,

que no tengan acusaciones de abuso sexual de menores de edad, por último,

tampoco pueden ingresar hombres con abuso, dependencia y consumo

problemático de alcohol o drogas (Ministerio de Desarrollo Social, 2013).

Programa de Reinserción Social Post- Penitenciario

El objetivo de este programa es disminuir la presencia de factores de riesgo de

reincidencia delictual en personas que han cumplido condena o se encuentran en

libertad condicional y en proceso de reinserción social (Ministerio de Desarrollo

Social, 2013). Sus beneficiarios son personas que hayan cumplido condena o

libertos condicionales, personas que tengan fecha de cumplimiento de condena

dentro del periodo de ejecución del proyecto, y que estas personas se encuentren

en procesos de reinserción social (Ministerio de Desarrollo Social, 2013).

Programa de reinserción Social Intra-Penitenciario

Su objetivo es facilitar y apoyar el proceso de reinserción social de usuarios

condenados por la Ley penal contribuyendo con ello a reducir el riesgo de

reincidencia delictual (Ministerio de Desarrollo Social, 2013). Sus beneficiarios

corresponden a personas que cumplen condena en los módulos 18 y 11 de CCP

Colina II, Torre A del CCP Colina I y módulos 189 y sección juvenil del CP de

Valparaíso, que las personas privadas de libertad tengan los beneficios de salida

dominical y salida de fin de semana y el de salida controlada al medio libre y que

los usuarios con condenas de un máximo de 4 años y que tengan 3 bimestres

continuados de buena conducta (Ministerio de Desarrollo Social, 2013)

Asistencia a víctimas de delitos

Debido a la amplia evidencia empírica que establece que entregar apoyo o

asistencia a las víctimas de delito tiene consecuencias positivas en cuanto a la

superación de consecuencias de la victimización. Por lo cual, brindar asistencia a

las víctimas de delitos tiene efectos en:

a- La superación de las consecuencias de la victimización.

b- La prevención de la revictimización

c- La reducción de la victimización secundaria

Para lograr esto, se crean los siguientes programas:

Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS):

Su objetivo es prevenir y reparar los efectos psicosociales negativos provocados

por los procesos de victimización primaria y secundaria en víctimas de atentados

sexuales (Ministerio de Desarrollo, 2013). Sus beneficiarios son las víctimas de

Violencia sexual.

Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI):

Su objetivo es prevenir y reparar los efectos psicosociales negativos en las

víctimas de delitos violentos y a sus familiares, entregando a la comunidad

herramientas que le permitan conocer y ejercer sus derechos. Sus beneficiarios

son víctimas de delitos violentos.

Centros de apoyo a víctimas de delitos violentos (CAVD)

Su objetivo es contribuir a la restitución de condiciones de bienestar a aquellas

personas afectadas por hechos constitutivos de delito, mediante la entre de

asistencia contingente, especializada, interdisciplinaria y gratuita. Sus beneficiarios

son víctimas de delitos violentos.

Programas de Atención en Salud:

Su objetivo es entregar acogida, contención emocional, orientación e información

a víctimas de delitos sexuales, facilitando la actuación y coordinación con otras

instituciones (Ministerio de Desarrollo Social, 2013). Sus beneficiarios

corresponden a víctimas de delitos sexuales y mujeres mayores de 15 años

victimas de VIF.

Fono Familia y Fono niños:

Su objetivo es atender a víctimas de delitos relacionados con la familia y la

infancia, entregando orientación, información, derivación y denuncia y facilitando la

implementación de medidas preventivas y proteccionales a favor de las victimas

(Ministerio de Desarrollo, 2011). Sus beneficiarios se concentran en víctimas de

delitos relacionados con la familia y la infancia.

Proteger:

Los delitos se pueden evitar interviniendo las características del entorno o las

situaciones que los facilitan. Un diseño fundamental en el diseño de este tipo de

programas, es disminuir la recompensa de cometer delitos (Ministerio de

Desarrollo, 2011).

Para llevar a cabo esta línea de acción se crean los siguientes programas:

Certificación de Seguridad Residencial:

Su objetivo es desarrollar un sistema de certificación de seguridad de las

viviendas, estableciendo estándares mínimos de prevención en conjuntos

residenciales nuevos y existentes, que aumentan la seguridad de las víctimas y

disminuyan la oportunidad de robo (Ministerio de Desarrollo, 2011).

Diseño Urbano Seguro en Bienes de Uso Público:

Su objetivo es incorporar variables de prevención situacional en los procesos de

diseño de infraestructura pública, mediante orientaciones y transferencia técnica a

instituciones responsables y actores claves del sector de edificación y espacio

público, tanto a nivel central como regional (Ministerio de Desarrollo, 2011).

Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva

Su objetivo es desarrollar servicios policiales orientados e informados, con énfasis

en la función preventiva, en el área territorial de un cuadrante, incorporando

técnicas modernas de gestión operativa, manteniendo con la comunidad una

permanente relación que posibilite un trabajo coordinado, sistematizado y

orientado a la resolución de problemas relacionados con la seguridad de las

personas y sus bienes, El plan tiene el propósito de contribuir a la disminuir la

victimización, reducir el temor y con ello mejorar la calidad de vida de la población.

Sus beneficiarios serán los que la implantación de este para el año 2011 en 15

comunas adicionales permitirá beneficiar a un total de 503.917 habitantes

adicionales, lo que involucra alcanzar un total aproximado de 12.318.595

beneficiarios a nivel nacional.

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