periodico humanidad 35 web

Septiembre 2014 EDICIÓN No. 35 ISSN: 22563413 [email protected] www.bogota.gov.co @humanidadya Bogotá D.C.

Publicación Gratuita

ASEO

Superindustria ordenadesmonte de Basura Cero

cOntrOvErSiA

Se mantiene el rechazoa las corridas de toros

ciudAd

Alistan cambio institucionalpara reforzar política social

La Superintendencia de Industria y Comercio multó al Alcalde Petro y a un grupo de funcionarios distritales por la puesta en marcha de un modelo de recolección de basuras que protege lo público y que ha tenido éxito. Se argumenta que hubo violación del principio de libre com-petencia. La decisión está siendo revisada por instancias judiciales. Página 7

La Corte Constitucional restableció “la fiesta brava” en Bogotá al señalar que existe un componente cultural de tradición. Así se contradicen otras sentencias en las que se prohíbe este tipo de prácticas. Amplios sectores de la ciudadanía han propuesto la convocatoria a una consul-ta popular para evitar actos de crueldad con los animales. Páginas 8 y 9

El Distrito alista un profundo cambio institucional y una voluminosa asignación de recursos para profundizar las políticas sociales de Bogotá Humana. En tal propósito se cambiará la estructura de la Secretaría Distrital de In-tegración Social (SDIS), y se dará más fuerza a los progra-mas de infancia, juventud, mujeres y atención al adulto. Páginas 14 y 15

Ya van más de cinco proyectos fundamentales para el desarrollo de la capital, que se hunden por la sinrazón de unos opositores que redujeron los debates a manifestar su odio contra todo aquello que provenga del Alcalde Gustavo Petro. Páginas 2, 3, 4 y 5

PARA Bogotá

CONCEJO NIEGAPROYECTOS

HEcHO

Hacker: rastro y evidencias de una conspiraciónDesde diversas investigaciones como la que se sigue al llamado "hacker Sepúlveda" se ha develado toda una trama que apunta al desprestigio del Alcalde de Bogotá y a desestabilizar su Administración. Cada día surge una evidencia que confirma actos de conspiración contra el gobierno de Bogotá Humana. Páginas 10, 11, 12 y 13

ESTRATéGICOS

2 humanidad SEPTIEMBRE 2014 Edición No. 35

En la edición anterior destacábamos el papel pre-ponderante que ha jugado un ente coadministrador como es el Concejo de Medellín, en el progreso y de-sarrollo de su ciudad. En medio de una diversidad de fuerzas políticas, con argumentos que vienen y van en el control político, finalmente toman decisiones pensando en sus gentes y en el desarrollo de la capi-tal antioqueña. Ahí están el metro, sus escenarios deportivos, los parques in-teractivos, los metrocables, la calidad y cobertura en educación pública y mu-cho más.

Y hacíamos un llamado a todas las fuerzas vivas de Bogotá, en especial al Concejo, para dejar atrás la animadver-sión a un mandatario, que por muchas razones no les puede caer bien, para que leyeran juiciosamente los proyec-tos presentados por la Administración y dieran la dis-cusión de los proyectos con argumentos, con ideas, con propuestas y, porqué no, llegando a consensos.

Pues bien, en las dos últimas semanas sucedió todo lo contrario. Varios cabildantes encabezados por los más férreos opositores al Alcalde lograron enterrar proyectos estratégicos para la ciudad (ver

páginas 2, 3, 4 y 5). Y no como dicen y repiten algunos medios de comunicación, que “Petro fue derrotado en el Concejo”. Qué equivocados y qué mezquinos. La de-rrotada fue y es la ciudad de Bogotá.

Primero enterraron el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), que adaptaba la ciudad al cambio climá-tico, considerado por expertos internacionales como

uno de los más avanzados de América Latina.

Ahora cuando el metro para Bogo-tá es una realidad y están listos los es-tudios para abrir la importante licita-ción, niegan la creación de la empresa Metro, encargada del trámite.

"Para algunos somos ´peligrosos´ porque combatimos la desigualdad y la violencia, porque llevamos equidad y educación”, según lo ha expresado

el Alcalde Petro. Y tiene razón cuando dice sin vaci-laciones que este gobierno y, pese a estas adversida-des, no se arrodilla y no va a dar mermelada para que le aprueben los proyectos. “No habrá una segunda historia del cartel de la contratación. El cartel empe-zó a trabajar en Bogotá cuando le dieron mermelada a los concejales”.

Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro Urrego

Secretaria General Martha Lucía Zamora

Director Augusto Cubides Cuadrado

Editor Vespasiano Jaramillo Barón

Redacción José María Baldoví

Editorial

Directora Agencia en Casa María Fernanda Cárdenas

Diseño e Ilustraciones Pamela Herrera Gómez

y Gian Carlo Pirilli

Fotos Diego Bautista, IDU

Impresión El Tiempo

El CONCEJO

No va a haber una segunda historia del cartel de la contratación

Una oposición irreflexiva, asociada al sectarismo político, es la causa por la que seis trascendentales proyectos de acuerdo, presentados por la Administración Petro, fueron hundidos en el Concejo de Bogotá en las últimas semanas.

La ciudadanía ha visto la manera como la Corporación ha rechazado, sin argumentos de fondo, una serie de propuestas que buscan modernizar la ciudad. Son estos palos en la rueda del progreso lo que ha propiciado que los habitantes de Bogotá, en recientes encuestas y sondeos de opinión, hayan rajado la gestión del Concejo.

Iniciativas sobre la modernización tributaria, la creación de la Empresa Gestora de Transporte Integrado de Bogotá S.A., las vigencias futuras para financiar los contratos con 17 colegios distritales por concesión, la eliminación de la promoción de las corridas de toros como parte de las funciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), y la urgente creación de una auditoría fiscal independiente a la Contraloría distrital, terminaron bochornosamente enterradas. Esto se ha sumado a la anterior votación contra el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que dejó en la incertidumbre una histórica estrategia de desarrollo de la capital. También, el proyecto que buscaba llevar a cabo las obras de la Troncal de la Caracas, referente a los deprimidos, fue archivado después de un malogrado debate en el Cabildo.

El poder de la mezquindad

Tenemos unos concejales que han hundido el proyecTo del Tranvía, dos veces la reparación de la caracas, el poT y Tres veces la

modernización TribuTaria.GusTavo peTro.

Concejo niega proyectos clave

3humanidad

Los bogotanos continuarán con los mismos impedimentos que no hacen claro el pago de sus impuestos.

Una zancadillaa la modernización tributaria

Por tercera vez el Concejo de Bogotá hunde una iniciativa que pretende moder-nizar un ineficiente e inequitativo sistema tributario Distrital para establecer incenti-vos tributarios, adoptar un cobro de tasa por uso de áreas de alta congestión y sim-plificar la liquidación del impuesto de in-dustria y comercio. El proyecto proponía, por ejemplo, que en los predios con avalúo catastral inferior a 135 salarios mínimos (83.160.000 pesos) se mantenga el estrato y la tarifa actual, o que se reduzca, acogién-dose a la ley nacional. De haber sido así, la tarifa del estrato 3 habría bajado su tasa actual de 6 por mil a 5 por mil.

Así se resolvía un grave problema de iniquidad. Esta iniciativa apuntaba a op-timizar el cobro con un ajuste para que los estratos más altos (5 y 6) paguen lo co-rrespondiente, mientras que los estratos 2, 3 y 4 reciban un mejor tratamiento.

Aun así, el proyecto 224 de 2014 no prosperó porque contenía el cobro por congestión, un impuesto que existe en la mayoría de las metrópolis del mundo y

DE LA CIUDAD

SI NO NO VOTÓ

Álvaro Argote Muñoz

Edward Arias Rubio

María Clara Name

Diana Alejandra Rodríguez

María Fernanda Rojas

Darío Fernando Cepeda

Diego García Bejarano

Liliana de Diago

Armando Gutiérrez

Fernando López Gutiérrez

Jorge Lozada Valderrama

Javier Palacio Mejía

Jorge Durán Silva

Jairo Cardozo

Soledad Tamayo Tamayo

SI NO NO VOTÓ

Lucía Bastidas Ubaté

Carlos Vicente de Roux

Yezid Rafael García

William César Moreno

Venus Albeiro Silva

Juan Carlos Flórez Arcila

César Alfonso García

Sandra Jaramillo González

Hosman Martínez Moreno

Ómar Mejía Báez

Marco Fidel Ramírez

Olga Victoria Rubio

Rubén Darío Torrado

Miguel Uribe Turbay

María Victoria Vargas

La votación se realizó el 3 de septiembre de 2014.

Así como existe una Auditoría Gene-ral de la República que se encarga del debido control fiscal a la Contraloría Ge-neral, la Administración presentó el pro-yecto de acuerdo 226 de 2014 mediante el cual se propone crear una verdadera Auditoría Distrital que adelante el con-trol fiscal a la Contraloría de la ciudad. La iniciativa se basa en que actualmen-te dicha entidad existe, pero funciona como una dependencia más de la mis-ma Contraloría, pues aunque al Auditor lo nombra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, todos sus subalternos son escogidos por el Contralor. Incluso

Contraloría, sin quien la ronde...

La votación se llevó a cabo el 4 de septiembre de 2014.

las oficinas de la Auditoría son propor-cionadas por la misma entidad.

En consecuencia, el balance de po-deres y la independencia de los mismos es imposible. Por eso la Administración, por primera vez en la historia del Distri-to, propuso, de acuerdo con la exigencia de la ley, la creación de una Auditoría Fis-cal Distrital, totalmente independiente y con capacidad para ejercer sus funcio-nes de fiscalización. Sin embargo, este proyecto fue negado.

La votación en la Comisión de Go-bierno quedó así,en torno a una ponen-cia del concejal Carlos Vicente de Roux:

que busca beneficiar a las comunidades afectadas por la congestión de vehículos particulares, que se presentan en distintas zonas de la ciudad. Además, este cobro hu-biera comenzado a regir en 2017.

Entonces en el Concejo se dijo, para distorsionar el contenido, que el Alcalde Gustavo Petro quería privatizar el centro de Bogotá, lo cual es una falacia puesto que estos cobros responden a una direc-triz del Ministerio del Transporte, que me-diante el Decreto 2883 de 2013 señaló que las áreas deben ser definidas con base en estudios de viabilidad económica y social que indiquen costos y beneficios.

Por otro lado, según la Cámara de Co-mercio de Bogotá, hay registrados 400.000 negocios en la ciudad, de los cuales, ape-nas 160.000 aparecen como contribuyen-tes del ICA (régimen común), y 20.000 (ré-gimen simplificado) en Hacienda. Lo que significa que en este frente es preciso am-pliar la base de los contribuyentes.

La votación en la Comisión de Hacien-da del Concejo fue así:

SEPTIEMBRE 2014 Edición No.35

4 humanidad

Negaron las vigencias futuras para colegios en concesión

Con el fin de mantener el modelo de concesión que ha demostrado ser una alternativa efectiva para mejorar la calidad de la educación en zonas vulnerables de la ciudad, la Adminis-tración presentó el proyecto de acuer-do 235 de 2014.

Se quería garantizar 170 mil millo-nes de pesos sobre vigencias futuras para financiar 17 de los 25 colegios en concesión, para el período 2015-2017.

La votación se realizó el 7 de septiembre de 2014.

Por un nombre tumban la gran empresa rectoradel transporte

El Concejo hundió el pasado 8 de septiembre el proyecto de acuerdo 236 por el cual se creaba la Empresa Ges-tora del Transporte Integrado de Bogo-tá S.A. Una de las consecuencias es que los tiempos de entrega de estudios y licitación de la primera línea del metro, inaplazable y urgente, se ponen de nue-vo en aprietos, porque durante las dis-cusiones en la Comisión de Gobierno los concejales que se opusieron a la forma-ción de la nueva entidad de movilidad, se olvidaron de sus alcances y redujeron el asunto a una cuestión de vigencia de la marca Transmilenio.

Su afán por negar y justificar el hun-dimiento del proyecto llevó a algunos cabildantes a “vender” la idea de que di-

La posición intransigente de la mayoría del Concejo está a punto de dejar en el lim-bo la construcción del metro, la obra más revolucionaria para Bogotá en 60 años.

Frente a las críticas, la Administra-ción fue clara al subrayar que al man-tener el modelo de los colegios por concesión no significaba que se fuera a privatizar la educación, puesto que las instituciones distritales seguirán existiendo, solo que se verían obligadas a competir para seguir elevando la cali-dad de sus servicios.

La votación en la Comisión de Ha-cienda fue de la siguiente manera:

El CONCEJO

La votación se hizo el 8 de septiembre de 2014.

SI NO NO VOTÓ

Diego García Bejarano

María Fernanda Rojas


Álvaro Argote Muñoz

Darío Fernando Cepeda

Jorge Durán Silva

Liliana de Diago

Fernando López Gutiérrez

Diana Alejandra Rodríguez

Edward Arias Rubio

Jairo Cardozo

Jorge Lozada Valderrama

María Clara Name

Javier Palacio Mejía

Armando Gutiérrez

SI NO NO VOTÓ



Olga Victoria Rubio

Venus Albeiro Silva








Miguel Uribe Turbay


Ómar Mejía Báez


Rechazar la financiación de los colegios por concesión es prohibirles a los niños, niñas y adolescentes de las clases populares su derecho a una educación de máxima calidad.

cho proyecto solo tenía como finalidad el cambio de nombre de Transmilenio.

La verdad es que para que la Nación aporte 70 por ciento de la construcción del metro, cerca de nueve billones de pesos de hoy, es imprescindible que el Distrito conforme una empresa institu-cionalmente fuerte, técnicamente capaz y transparente para que reciba y admi-nistre los aportes del gobierno central. Esa es la mínima garantía que Bogotá debe proporcionar .

No se trata de un simple cambio de nombre, es cuestión de integrar todos los modos de transporte alrededor del eje fun-damental que es el metro pesado.

La votación en la Comisión de Gobierno sobre la ponencia positiva fue así:

SEPTIEMBRE 2014 Edición No. 35

5humanidad

Muletazo equivocadoUn proyecto (el 237 de 2014) que mo-

dificaba las funciones del IDRD para de esta manera cumplir y acatar una de las providencias de la Corte Cons-titucional en el sentido de que, si bien reconoce "la fiesta brava" como una tradición cultural, igualmente le prohí-be a las entidades del Estado fomentar, publicitar y financiar espectáculos don-de haya crueldad, maltrato y muerte de los animales. Esto fue negado en la Comisión de Gobierno del Concejo.

La iniciativa fue aprovechada por opositores para presentarla ante la opi-nión pública como un nuevo intento del Alcalde Petro para no permitir las corri-das de toros en Bogotá.

En realidad, el proyecto presenta-do por la Administración no pretendía prohibir las corridas de toros, sino mo-dificar las funciones del Instituto Dis-trital de Recreación y Deporte (IDRD),

La votación tuvo lugar el 8 de septiembre de 2014.

DE LA CIUDAD

El traspiés del POTEl Plan de Ordenamiento Territo-

rial (POT), presentado a considera-ción del Concejo, se hundió en una accidentada sesión de la Comisión Primera Permanente del Plan de De-sarrollo, el siete de junio de 2013, pre-sidida por el concejal Javier Manuel Palacio Mejía.

Este es el proyecto estratégico más importante de la ciudad por-que, entre otros, propone todo lo necesario para adaptarla al cambio climático. El POT capitalino en esos términos ha sido objeto de estudio y elogios por parte de organismos in-ternacionales, que lo han calificado

En consecuencia, la ponencia negativa del POT es aprobada por nueve votos contra seis, con lo que se deja en la incertidumbre buena parte de las estrategias que son imprescindibles para la modernización y el desarrollo de la ciudad.La votación fue el 7 de junio de 2013.

SI NO NO VOTÓ




Venus Albeiro Silva





Olga Victoria Rubio


Miguel Uribe Turbay



Ómar Mejía Baez


SI NO NO VOTÓDarío Fernando Cepeda

Peña


César Alfonso García Vargas

Javier Manuel Palacio Mejía

Orlando Parada Díaz

Marco Fidel Ramírez Antonio


Miguel Uribe Turbay

María Victoria Vargas Silva

Álvaro José Argote

Diego Ramiro García Bejarano

Felipe Mancera Estupiñán

Hosman Yaith Martínez Moreno

William César Moreno Romero

Diana Alejandra Rodríguez Cortés

A pesar de su posición en contra de la tortura animal, la Administración habilitará La Santamaría, pero solo cuando garantice la seguridad de los aficionados.

en el sentido de suprimir de sus compe-tencias el fomento de esos espectácu-los, en atención a los fallos de la Corte Constitucional, que si bien reconocen que la fiesta brava es una tradición cul-tural, prohíbe que el Estado participe. Entonces, lo menos que podía hacer el Distrito era acatar las sentencias de alta instancia jurídica. Pero los conce-jales, en vez de ceñirse a lo propuesto por el Distrito, se dedicaron a discutir el reciente fallo de la Corte que pone fin a la terminación unilateral del con-trato, por parte de la Administración, con la Corporación Taurina. Dicho fallo ordena al Distrito que vuelva a licitar la Plaza de La Santamaría y refuerce su estructura física para que los asisten-tes no corran peligro.

Así fue la votación en la Comisión de Gobierno. El resultado es que se mantie-ne el artículo del IDRD:

como uno de los más avanzados del mundo.

Se trataron tres ponencias, dos positivas de la concejala Diana Ale-jandra Rodríguez y del concejal Diego García y otra negativa del concejal Mi-guel Uribe Turbay en torno al proyecto de acuerdo 118 de 2013 que “modifica-ba excepcionalmente las normas ur-banísticas del POT de Bogotá”.

Después de discusiones que comen-zaron a las 9:20 am y que terminaron a las cuatro de la tarde y en las que se ale-gó por parte de algunos concejales que no hubo un debate de fondo, se votó la ponencia negativa del concejal Uribe así:



somos ´peliGrosos´ porque combaTimos la desiGualdad y

la violencia, porque llevamos equidad y educación.

GusTavo peTro.

Control local, inclusión y postconflicto,grandes temas de los alcaldes colombianos

Mayor autonomía territorial, participación directa de los municipios en el Plan Nacional de Desarrollo y posi-bilidad de crear condiciones de inclusión para aclimatar el postconflicto fueron asuntos que se abordaron duran-te la VIII Cumbre de Alcaldes de las Ciudades Capitales, presidida por el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro y rea-lizada en las instalaciones del Jardín Botánico José Celestino Mutis, los días cuatro y cinco de septiembre.

En primer lugar se habló acer-ca de las razones por las cuales las capitales del país no consiguen entablar un diálogo franco, directo, permanente y fluido con los organismos del orden nacional. Si como se sabe, 60 por ciento de la población de Co-lombia está concentrada en las urbes, ¿por qué no prosperan las iniciativas de los alcaldes que no buscan nada distinto a avanzar en caminos concretos de concertación entre las en-tidades territoriales y el Gobierno central?

Esa dificultad en los canales de comunicación ha facilita-do, según el Alcalde Gustavo Petro, que, por ejemplo, “se haya visto como normal que un funcionario administrativo como el Procurador pueda acabar con el mandato otorgado por el voto ciudadano. Es decir, un funcionario no elegido puede acabar con una decisión popular, cualquiera que sea ella. Eso no es democracia. Esto nos muestra una falencia que tiene que ver con la autonomía misma del territorio. ¿Quién toma

las decisiones? ¿Quién es realmen-te el poder: la ciudadanía que lo habita o los poderes ajenos a esa ciudadanía?”.

También se abordó un tema de la mayor trascendencia: ¿cómo serán las ciudades colombianas en el postconflicto? En ese sentido, Bo-

gotá se ha erigido en un modelo que pretende que las víctimas de las violencias sean incluidas de manera humana e integral al desarrollo de la capital de la República. Desde esa perspec-tiva es preciso resolver, según el Alcalde Gustavo Petro, interro-gantes como “¿en qué consistirá el nuevo paradigma urbano que queremos para Colombia? y ¿de qué manera ese paradig-ma ayudará a construir la paz en el país?”.

Subsidio nacional al transporte:única salida para la sostenibilidad

Otro de los puntos de la VIII Cumbre de Alcaldes tuvo que ver con la sostenibilidad del sistema de transporte público porque, como está demostrado en todas partes del mundo, resulta indispensable que el Estado destine recursos para subsidiar este renglón.

El Alcalde Gustavo Petro dijo al respecto que aquí esto se sometió a un principio neoliberal que no existe en nin-guna otra parte: el de la ausostenibilidad, es decir, que el

pasajero pague los costos de la operación.

“Ni siquiera en las ciudades más capita-listas y libre-

cambistas del planeta los pasajeros se ven obligados a pagar los costos del transporte. Y aquí se nos quiere imponer por norma, incluso con amenaza de cárcel, porque si el Alcalde decide cambiar ese paradigma se le viene el mundo encima”. Si no se instaura un subsidio al transporte en Colombia, señaló el funcionario, “no tendremos metro sostenible. Ni un transporte público masivo. Y ese subsidio, para la mayoría de las ciudades, tiene que salir de fuentes nacionales”.

En cualquier caso, anotó el Alcalde Mayor, “si en Bo-gotá no alcanzan los buses ni la infraestructura es por-que necesitamos el metro ya. Por eso me parece esencial que discutamos con el Gobierno Nacional la subvención al transporte público y el desestimulo al carro. Solo así construiremos unas ciudades más humanas”.

La autonomía en los territorios, la superación de la pobreza y el postconflicto fueron las temáticas que se manifestaron durante la VIII reunión de mandatarios de las principales ciudades del país.

Redacción Humanidad

Bogotá no solo fue la anfitriona, también el punto de referencia social para los mandatarios locales invitados.

cumbre de alcaldes

Durante la clausura del Encuentro Internacional de Políticas Públicas de Inclusión Social, ocurrido el pasado cinco de septiembre y que complementó la Cumbre de mandatarios de ciudades capitales, el Alcalde Gustavo Petro afirmó que “Bogotá es la me-jor demostración de cómo se construye la paz por-que para lograrla subimos los presupuestos en el sector educativo. Demostramos que el Estado, en la ciudad, es educador, aquí no hay armas pero sí hay teteros, juguetes, cobertores y libros”.

El otro éxito que resaltó el Acalde Gustavo Petro fue la política social de la Administración. “Abarata-mos los servicios públicos y el transporte. Probamos que se puede bajar el servicio del agua y hoy tene-mos a tres millones de personas con derecho a seis metros cúbicos de agua gratis. También bajamos el pasaje del transporte público y redujimos la tarifa que pagan los ciudadanos por el sistema de aseo”.

La seguridad de Bogotá también fue destacada como una política que se propuso salvar vidas. La capital ha mostrado una sensible disminución de ho-micidios que ha llamado la atención del mundo. “La seguridad, para algunos, dependía de matar y a eso le llamaron ‘seguridad democrática’, y cuántos más muer-tos se registraban más seguridad había. Pero es todo lo contrario, la seguridad consiste en salvar vidas”.

Menos armasy más libros

La concurrencia admitió que el Distrito ha dado pasos sustanciales en cuanto a las políticas de vivienda de inte-rés prioritario para las víctimas del conflicto..

Finalmente, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ocu-pó la atención de los asistentes, pues es preciso aclarar de una vez por todas qué entidad se encarga del asunto: las ciudades capitales o el Gobierno nacional. Si lo asume el Gobierno, se planteó, se corre el riesgo de que no tenga en cuenta las necesi-dades y aspiraciones de la ciudadanía local, razón por la cual, expuso el Alcalde Gustavo Petro, “me parece absolutamente inconveniente que se corten las posibilidades de autonomía de un territorio para hacer su ordenamiento territorial, porque uno de los ejes de la Constitución del 91 fue haber establecido que es una facultad exclusiva del territorio, mientras no haya conflicto con la autoridad ambiental nacional”.

7humanidad

la Superindustria y Comercio ordena desmontar exitoso sistema distrital de aseo

En un acto que resulta contradictorio con decisiones de la Corte Constitucional, la Superindustria multó al Alcalde Petro y a un grupo de funcionarios del Distrito y dijo que hay que suspender el actual modelo de aseo.

¿Para qué acabar conun modelo eficiente?

Nunca antes un sistema de aseo en Bogotá había arrojado tantas utilida-des económicas y beneficios sociales en tan poco tiempo. Que la protección de lo público ha sido la consigna en cuanto a recolección y tratamiento de residuos no lo ponen en duda sino los más re-calcitrantes opositores de las propues-tas políticas progresistas. Por algo es que el Gobierno nacional tomó la determinación de acoger el progra-ma de Basura Cero para implantarlo en todo el país y no por nada Bogotá sobresale en Amé-rica Latina por lo audaz y equitativo del esquema de recolección de residuos. A menos de dos años de operación, los re-sultados están a la vista.

Las cifras así lo demuestran. En el primer semestre de 2014, con corte a 30 de junio, el nuevo modelo de aseo ha recogido y transportado un millón 151 mil toneladas de residuos sólidos, me-diante las actividades de Recolección,

Barrido y Limpieza (RBL) de la ciudad. Esto significa que al terminar el año, el programa distrital Basura Cero re-cogerá, por lo menos, la misma can-tidad de toneladas recolectadas en 2013, que fue 2.405.222.

Por otro lado, los dos millones y medio de usuarios del servicio se han ahorrado 28.447 pesos por tonelada

con relación al viejo sistema de recolección, lo que significa que los habitantes de Bogotá pa-garán, a final de año, cerca de 50 mil millones de

pesos menos.Igualmente, el Plan de Inclusión

de la población recuperadora, mues-tra que en el Registro Único de Reci-cladores de Oficio (RURO), están ins-critas 20.643 personas, de las cuales 13.456 reportan planilla de pesaje. A su labor se debe que 30 por ciento de los residuos haya sido aprovechado por la cadena industrial.

aseo

2.405.222toneladas de residuos

sólidos recogidos y transportados en 2013

La entrada de un operador público de aseo disminuyó los costos y significó bajas impor-tantes en los cobros por el servicio.


509.106

Aguas deBogotá

230.358 Lime

1 Semestre de 2014Fuente: Operadores Aseo-Sub.RBL Uaesp

1 millón 151 mil

Toneladas Toneladas164.129

Aseo Capital

Toneladas247.672

CiudadLimpia

Toneladas

toneladas de residuos sólidos, recolectados mediante las actividades

Barrido y Limpieza de la ciudad.

er.

La Superintendencia de Industria y Comercio ratificó el pasado cuatro de septiembre la decisión de multar al Alcal-de Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y a otros funcionarios, por el nuevo sistema de aseo conocido como Basura Cero, que en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional permitió que la Ad-ministración incorporara a miles de reci-cladores para competir por la recolección de residuos de la capital.

Según el Superintendente ad hoc, Luis Guillermo Vélez, el mandatario de la ciu-dad violó el régimen de libre competencia con el actual esquema público de basuras de Bogotá, que empezó a operar el 18 di-ciembre de 2012, cuando, por otra parte, se vencían los contratos con los operado-res privados. Para evitar que la ciudad se quedara sin el servicio, el Distrito asumió, como le correspondía, 52 por ciento del te-rritorio capitalino con una flota de última tecnología y no contaminante, la mejor en Colombia y una de las más modernas de América Latina.

Lo paradójico y arbitrario de la deci-sión de la Superintendencia es que va en abierta contravía de una sentencia profe-rida por el Juzgado Tercero Administrati-vo del Circuito de Bogotá del 19 de febrero de 2014, en la cual la profesional a cargo, Aura Patricia Lara, manifestó que el régi-men público de basuras fue totalmente ajustado a la ley y a la Constitución, razón por la cual la libre competencia no se vio menoscabada.

La misma sentencia destacó que en la creación de la empresa distrital de re-colección jamás hubo abuso de posición dominante. Además, el juzgado indicó que no existen razones para decretar la nuli-dad del sistema sanitario de la ciudad, y que más bien resultaba indispensable ha-cer un seguimiento al cumplimiento con el fin de medir su eficacia respecto a la trans-ferencia de costos al usuario. Ese mismo despacho resaltó las acciones afirmativas en favor de los recicladores, teniendo en cuenta que había condiciones para efec-tuar licitación pública.

La medida de la Superindustria, además, contempla multas a la Empresa de Acueduc-to y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la Uni-dad Administrativa Especial de Servicios Pú-blicos (Uaesp) y Aguas de Bogotá, las cuales tendrán que pagar 80.000 millones de pesos.

La sanción, que obliga a Petro a pagar cerca de 410 millones de pesos, suma mul-tas también contra el entonces gerente del Acueducto, Diego Bravo, la exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Nelly Mogollón y siete personas naturales más. Las mul-tas ascienden a 1.541 millones de pesos.

Frente a la confirmación de la Superin-tendencia surge un dilema de marca ma-yor: ¿Es posible que la decisión de un ente técnico-administrativo tumbe la senten-cia de una jueza de la República? De ser así, que tiemble todo el sistema jurídico e institucional del país, porque no habrá ley, código ni artículo de la Constitución que pueda prevalecer en Colombia y hacer va-ler el Estado de Derecho.



Vuelve la "fiesta brava"a la Plaza de La SantamaríaEl reciente fallo de la Corte Constitucional echa por tierra una de las políticas más humanas de la Administración: proteger toda manifestación de la vida como instrumento cultural para contrarrestar la violencia.

La Santamaría fue rescatada por el Distrito para llevar allí cultura, lúdica y vida.

Por primera vez en Bogotá, un mandatario se atrevió a cuestionar y a tratar de desmontar una vieja y violenta práctica que lastima y sacrifica a los animales. La paz, para la Administración es un asunto integral.

El cierre de la entonces Plaza de Toros de La Santama-ría, ordenado por el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, no tomó a nadie por sorpresa y antes bien fue ce-lebrado por sectores defensores de animales, ambienta-listas y movimientos sociales y políticos independientes y progresistas.

Y no tomó a nadie por sorpresa porque la defensa de toda forma de vida había sido una bandera de campaña del candidato Gustavo Petro, que como recuerda la opi-nión pública, había declarado su intención de festejar es-pectáculos alrededor de la vida y no alrededor de la muer-te. El compasivo gesto del Alcalde fue visto en Colombia y el exterior como valeroso y sin antecedentes en el país.

Entonces como ahora, las opiniones se dividieron y las pasiones afloraron. Personajes de la vida pública de Bogotá como el columnista Antonio Caballero, tildaron al mandata-rio de autoritario y populista por haber adoptado la medida. Otras figuras del pensamiento y del arte como el novelista, Fernando Vallejo, aplaudieron una disposición que por pri-mera vez en Colombia se preocupaba por evitarle la cruel-dad y el sacrificio a los animales. “Todo ser vivo que tenga un sistema nervioso, escribió el autor antioqueño, es nuestro prójimo”. Así también lo había entendido el Alcalde, para quien 500 años de tortura y muerte taurinas eran suficientes para un país como Colombia que jamás en su historia ha go-zado de una tranquilidad duradera.

El mensaje que intentaba enviar la Administración distrital un 15 de julio de 2012, al revocar, entre otros, el contrato de arrendamiento a la empresa privada que has-ta ese día había administrado La Santamaría, era el de privilegiar la existencia y cerrarle el paso a toda forma de crueldad.

Así, Bogotá se sumaba a ciudades de España y Ecua-dor donde ya se había proscrito la sangrienta "fiesta" del astado. La tendencia mundial de autoridades locales inte-resadas en cuidar los animales, encontraba en la capital del país un eje fundamental de donde emanaba una au-daz política pública que además englobaba la protección de perros y gatos callejeros y de equinos empleados como fuerza de trabajo.

El programa de Bogotá Humana inauguraba su man-dato en función de salvaguardar a los más vulnerables de los seres: los animales, que como se ha venido mani-festando en los últimos tiempos, también son sujetos de derecho y de amparo.

Desde esas fechas las influyentes minorías amantes de la muerte del toro y por generaciones abonadas del coso bogotano, le juraron la guerra al Alcalde Mayor. “Pri-mero se cae Petro que La Santamaría”, se oyó decir en cóc-teles, reuniones sociales, mentideros políticos y corrillos de prensa.

Dos años después de refriegas político-mediático-jurí-dicas, la Corte Constitucional, por cuenta de un fallo pro-ferido el dos de septiembre, revive la “fiesta brava” en La Santamaría. El Distrito acata la sentencia, como también cumplió la que ordenaba la creación de un nuevo modelo de aseo en Bogotá y por el cual el mandatario capitalino resultó destituido por la Procuraduría.

controversia


"El programa de Bogotá Humana inauguraba su manda-to en función de salvaguardar a los más vulnerables de los seres: los animales".

9humanidadSEPTIEMBRE 2014 Edición No.35

Polémico falloEn una sentencia que va en contravía de lo que

la Corte Constitucional ya había declarado, es decir, proteger a la naturaleza y a los animales mediante fallo C-666 de 2010, y que pasará a la historia como progresista, hoy la alta instancia jurídica resucita la muerte del toro y le da al Alcalde Gustavo Petro un plazo de seis meses para reabrir La Santamaría.

Conocido el fallo, la vocera para Colombia de Animanaturalis Internacional, Andrea Padilla, afirmó que “la abolición de las corridas de toros en Bogotá no puede seguir en manos de los jueces ni quedar sujeta a una eterna discusión de interpre-taciones jurídicas”.

Igualmente, de otros sectores ha surgido la po-sibilidad de llamar a una consulta popular como forma de participación ciudadana, de manera tal que el contencioso se dirima por la vía del voto. Según organizaciones defensoras de animales, 92 por ciento de los capitalinos rechaza las corridas por considerarlas espectáculos crueles.

Como sea, La Santamaría, por disposición del Al-calde Gustavo Petro, con base en rigurosos estudios contratados con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, debe ser sometida a minuciosas tareas de reparación, reforzamiento antisísmico y otras activi-dades de mantenimiento, porque como bien advirtió el mandatario: “Primero debo preservar la vida sobre la muerte. Las expresiones de los taurinos son profun-damente irresponsables con la vida de los aficionados a los toros. La estructura de sostén del segundo piso se está abriendo por causa de una falla estructural. La Santamaría fue ordeñada no a punta de leche, sino de sangre. Y a quienes se beneficiaron económicamente de este negocio se les olvidó mantener la plaza”.

“Soldado avisado…”

Dice el adagio popular que “soldado avisado no muere en guerra”. Pues eso fue precisamente lo que hizo el Alcalde Mayor Gustavo Petro antes de tomar la decisión de impedir que se continua-ra con la tortura del toro en La Santamaría. El Al-calde le había pedido a la Corporación Taurina de Bogotá, que administraba la plaza, que en los festejos no se diera muerte al toro, como ocurre en Portugal, pero la entidad rechazó sin discu-sión la proposición.

Entonces el Alcalde, respaldado por la ley, fini-quitó unilateralmente el convenio entre el Distrito y la Corporación. Alegó que “este es un contrato celebrado entre un mandante, que es el Distrito, para un mandatario (la Corporación Taurina), para hacer un mandado (las corridas de toros). Como el mandante dijo que las corridas dejarán de tener actos de crueldad, incluida la muerte del toro, y la Corporación Taurina no hizo caso, pues habrá un cambio”.

Antes de su posesión, el Alcalde había renun-ciado al palco de honor que la La Santamaría tiene reservado, año tras año, a la máxima autoridad de la capital. Cerrada la plaza para la muerte, el Alcal-de advirtió que La Santamaría era propiedad de los bogotanos y que por consiguiente seguiría al servicio de la ciudad, tal y como ocurre con el Tea-tro Jorge Eliécer Gaitán, la Plaza de Bolívar y la red de museos y bibliotecas del Distrito. En adelante, la edificación, considerada monumento nacional, pasó a ser administrada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), que durante un buen tiempo la empleó para realizar actividades lúdicas, peda-gógicas, culturales y de celebración de la vida.

controversia

Por Natalia Parra Osorio

La Santamaría fue ordeñada no a punta de leche, sino de sangre. Y a quienes se

beneficiaron económicamente de este negocio se les olvidó

mantener la plaza

Pareciera esta una discusión que se debió su-perar hace décadas, como en tantos países. Una sociedad que busca la paz no debería reivindicar la violencia y la crueldad en su legislación y juris-prudencia.

Defender la vida de los toros en Colombia es difícil, no porque falten argumentos o porque el grueso de la población no lo entienda. Es difícil porque el lobby taurino es poderoso económica-mente, ocupa cargos en las tres ramas del poder público y porque los medios de comunicación tradicionales son propiedad de acérrimos tauró-filos.

Sin embargo, las diversas organizaciones ani-malistas y los independientes, no desfallecemos en la lucha contra la tortura. Continuamos desa-rrollando campañas sensibilizadoras, también hemos emprendido la acción para solicitarle al Alcalde Gustavo Petro que presente al Concejo un proyecto de Consulta Antitaurina. Dos ma-gistrados taurinos, que nunca se declararon im-pedidos, condenaron a Bogotá a retroceder en la materia. ¡Qué seamos los ciudadanos quienes finalmente decidamos!

La tauromaquia tiene un ejercicio brutal de fondo, que ha sido uno de los elementos más repe-titivos en la historia de Colombia y sus períodos de violencia. La idea es que existe un dominador y un dominado. En términos educativos es un mal men-saje, sobre todo en tiempos en que se habla de paz.

Bogotásin toreo

La tauromaquia tiene un ejercicio brutal de fondo

*Activista campaña "Bogotá sin toreo".


Según el Diccionario de la Real Academia de la Len-gua Española, complot es “conjuración o conspiración de carácter político o social. Confabulación entre dos o más personas contra otra u otras. Trama, intriga”. Pues bien, no otra situación es lo que las fuerzas opositoras decla-radas y ocultas han urdido desde antes de que el Alcalde Mayor Gustavo Petro asumiese las riendas del gobierno de la ciudad. Con razón los sectores progresistas y demó-cratas de Bogotá y del país han exigido que las más altas instancias judiciales de la Nación interven-gan para que investiguen a fondo el gravísi-mo contenido de las denuncias formuladas por el pirata informático Andrés Sepúlveda.

El mismo Presidente de la República, Juan Manuel Santos, calificó el hecho como “empresa criminal”, lo que significa que el “caso Sepúlveda” atenta contra las institu-ciones republicanas y pone en riesgo la continuidad de mo-delos alternativos al statu quo dominante en Colombia.

En las comprometedoras declaraciones ventiladas por el señalado Sepúlveda, se ha revelado que fue contratado única y exclusivamente para desprestigiar a figuras de pri-mera magnitud de la vida nacional, entre ellas el mandata-rio distrital.

Las inquietantes confesiones a la opinión pública, en-tregadas por el “hacker” en el bunker de la Fiscalía General de la Nación, confirman, sin ningún tipo de duda, que la trama fabricada para tumbar, a como diera lugar, al Alcalde Gustavo Petro, era parte de una maquinación que se había puesto en marcha desde el día en que el candidato pro-gresista ganó las elecciones, el 30 de octubre de 2011. Es decir, dos meses antes de que el manda-tario electo tomara posesión de su cargo, sus enemigos desataron toda clase de versiones en el sentido de advertir que el triunfo de Gustavo Petro suponía una estampida de la inversión privada, un

Las graves revelaciones del “pirata informático”, Andrés Sepúlveda, demuestran que contra el mandatario de Bogotá existía toda una trama para derrocarlo.

Denuncias de “hacker” confirman complot contra Alcalde Petro

obstáculo para el desarrollo de la capital y un atraso en todo aspecto que terminaría por colapsar a la ciudad.

Así se empezó a calentar el ambiente político, jurídico y mediático que terminaría con la destitución e inhabilidad del Alcalde Petro. Claro que cerca de un año antes, la Procu-raduría ya había sacado a sombrerazos al entonces secre-tario de Gobierno, Guillermo Asprilla, uno de los arquitectos del programa social, incluyente y humano que se ha puesto en práctica en la ciudad y que ha arrojado unos resultados

sin antecedentes, reconocidos por el estado central y por toda clase de organismos inter-nacionales. Incluso el reciente elogio que el portal informativo más influyente del mun-do, The Huffington Post, le concedió al man-datario capitalino fue objeto, de parte de medios bogotanos y nacionales, de críticas y descalificaciones. Aun así, el poderoso sitio

en la red, reiteró que la gestión de Gustavo Petro se desta-caba por su marcada política humana y de dignificación de las clases menos favorecidas.

Consignó el portal internacional, tras las agresio-nes mediáticas de medios colombianos, que “agregaba contexto adicional sobre el Alcalde de Bogotá para re-flejar mejor el rango de opiniones sobre su liderazgo”. Añadió el Huffington Post que actualizaba su informa-

ción para recordar que Petro había sido destitui-do por el Procurador General Alejandro Ordó-

ñez.El sabotaje contra la Administración, por

otra parte, según las declaraciones del “ha-cker” Sepúlveda, que podría pagar hasta 10

años de cárcel, demuestra que el Alcalde Gustavo Petro se convirtió, desde el prin-

cipio, en el objetivo a batir de un sector de la inteligencia mi-

litar, de la clase dirigente de la extrema derecha

de Bogotá y del país, y de un amplio gru-

po de industriales y empresarios, que al ver que llegaba un hombre dispuesto a combatir la co-

rrupción y a cuidar hasta el último centavo

del erario del Distrito, optaron por complotar en su contra. Tal como se vio cuando la Ad-ministración puso en marcha el nuevo modelo de aseo en el que prevalece el interés público y general sobre el particular. Ahí fue Troya, y al Alcalde y a la Administración se les vino ese mundo encima.


Despretigiar al Alcalde es otra

estrategia del sabotaje

conspiración

“la extrema derecha está detrás

de todo esto”: Gustavo Petro

Luego de conocerse el montaje cibernético que pretendía desestabilizar la Administración del Alcalde Mayor, Gustavo Petro, el mandatario reaccionó para afirmar que “esas personas detrás de Sepúlveda no son nada diferentes a un Carlos Castaño, a un Mancuso o a un ´Gordo Lindo”.

Así también, el funcionario aseguró que gen-tes como el “pirata informático” son de extrema derecha y siguen empleando los mismos métodos de infiltración, espionaje, acoso y eliminación que usaron cuando exterminaron a la Unión Patriótica.

El del “hacker”, añadió el Alcalde Petro, “es el método de las extremas que no entienden la democracia, son visiones totalitarias del mun-do. Esas son extremas que liquidan la diversidad mediante la destrucción moral de los contrincan-tes”.

Ha dicho el mandatario de la ciudad que “le corresponde a la Fiscalía detectar hasta el final de la cadena quiénes estuvieron detrás de esa campaña de destrucción de la imagen de la Admi-nistración, simplemente por intereses políticos. Eso constituye un delito".

El Alcalde Gustavo Petro se pronunciará más a fondo cuando sean judicializados todos aquellos que quisieron “destruir, con métodos fraudulen-tos e injuriosos la imagen de la Administración del Distrito”.

Hizo hincapié en que hay un movimiento po-lítico que tiene información de Estado, lo cual es un delito que se llama espionaje.

mi Gran pecado ha sido pensar disTinTo, proponer un modelo de ciudad conTrario a los inTereses de los que siempre han discriminado.

GusTavo peTro.


“El objetivo era hacer una campaña de desprestigio contra la Administración”: Sepúlveda

Institucionalidad, bajo fuego: advertencia de los concejales

Conocidas las grabaciones en las que el “hacker” Andrés Sepúlveda corrobora los indicios que en su mo-mento el propio Alcalde Gustavo Petro había ventilado públicamente sobre un complot que se había creado en redes sociales para atacarlo a él y a su Administración, personajes de la vida pública de la ciudad y miembros del gabinete distrital, en un gesto de solidaridad, manifesta-ron su apoyo a la gestión progresista que le ha cambiado el curso a Bogotá, al igual que se pronunciaron a favor de una pronta investigación que vaya hasta las últimas consecuencias, pues la institucionalidad, afirman, está bajo fuego de los enemigos de la inclusión y del respeto al más débil.

En ese sentido, el concejal de Alianza Verde, Yezid Gar-cía, sostuvo que “la investigación de la Fiscalía sobre las declaraciones del ‘hacker’ debe ir hasta el fondo porque eso es lo que exige la democracia y es la garantía a que tienen derecho todos los ciudadanos, incluso el ciudada-no Gustavo Petro”.

A su turno, el cabildante Jairo Cardozo, del Movimien-to Mira, adujo que “las acusaciones son gravísimas. Cada

El “hacker” Andrés Sepúlveda afirmó, en entrevista concedida a la revista Semana, que equipos del Procurador Alejandro Or-

dóñez y del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, coordinaron una operación de guerra sucia y de mala prensa para empañar la imagen de la Administración.

Como en otras épocas, la eliminación física y moral del oponente sigue siendo el expediente predilecto de la extrema derecha colombiana.

Estos son los apartes de las declaraciones del “pi-rata informático” acerca de las maniobras de despres-tigio.

SEMANA: Usted había mencionado a la Procuraduría

y al Procurador como parte del respaldo, es decir, ¿qué papel juega el Procurador en todo esto?Andrés Sepúlveda: Yo no sé si usted recuerda la parte de la destitución de Petro. Cuando destituye-ron a Petro estaban hablando de hacer la revocato-ria. Yo creo una estrategia, apoyada por el Centro Democrático y por el equipo del Procurador, o la gente cercana al Procurador, en la que el objetivo era hacer una campaña de desprestigio en contra de Petro. Yo el documento lo redacté, eso está in-cautado incluso. La parte, el documento se distri-buyó entre los participantes, yo ahí pongo sobre la mesa a Carlos Escobar. Cuando vi que no pasó nada con esa estrategia, y un día cualquiera estoy

navegando en Twitter y veo que se hizo parte de lo que yo había propuesto y que están editadas algunas cosas, pero pues el concepto es el mismo, es liderado por Carlos Escobar.

Volviendo al tema sobre lo que le estaba diciendo, yo tenía el respaldo de la gente de la Procuraduría porque había sido, entre comillas, cercano a la Procuraduría por haber hecho esa estrategia. La manera de amarrarme con eso fue que me dijeron, si usted hace una muy buena estrategia le podemos dar algo de las elecciones. Pues yo era asesor político en medios, en redes sociales y me ser-vía. No es que yo me dedicara todo el día a pensar a quién jodía. No, nada. Cuando se entrega eso, yo le hago saber al Procurador que yo había sido el que había hecho esa estrategia. Me manda felicitaciones, me manda abrazos. Recuerdo muy bien que me manda un abrazo muy gran-de, que me van a ayudar.

SEMANA: ¿Y por intermedio de quién se comunica? ¿Quién

era parte del equipo del Procurador?A. S.: Habitualmente eso son correos muertos. Yo no puedo dar ese tipo de detalles hasta que aquí no se aclare. Pero así lo nieguen yo tengo la presentación, y eso se puede comprobar. Que lo que yo planteé, eso sí se hizo público.

SEMANA: ¿Y la estrategia concretamente en qué consistía?

A. S.: El objetivo era desprestigiar a Petro sacándole temas de corrupción, sacándole temas de alcoholismo. La idea, mire, en esto ellos mismos eran los que se inventaban las cosas,

decían mire diga que Petro es un borracho, mire diga que Petro le pega a la mujer, mire, o sea, cualquier cosa que usted se pueda imaginar. A nosotros nos daban las ideas, lo que debíamos era estructurarlo en redes socia-les, en cómo se publicaba, cómo se hacía. Y Petro debió haber tenido un ataque muy fuerte entre febrero y mar-zo, entre enero y febrero también, y una parte de diciem-bre. Creo que fue el ataque más fuerte que se le hizo en redes. No es que yo lo haya orquestado. No pues yo tenía un documento y se iba a presentar, pero había más gen-te que estaba trabajando en eso.

día que pasa nos sorprendemos más de la manera como se desarrolla la política en Bogotá y en Colombia”.

No menos indignada se mostró la concejala Nelly Mosquera, del Partido de la U, pues a su juicio “el país y la ciudadanía han llegado al tope del desestimulo institu-cional. Esto es lamentable y desborda cualquier límite. Le pido al Presidente de la República que asuma este asunto para que el país conozca toda la verdad”.

Por su parte, el concejal del Partido Verde, Antonio Sanguino, señaló que las denuncias de Sepúlveda “reve-lan situaciones preocupantes. Aquí hay una imperiosa necesidad de que las autoridades investiguen hasta la última instancia, para que el país conozca la verdad de todo esto”.

Jorge Lozada, de Cambio Radical, por otro lado, afir-mó que “el caso del hacker Sepúlveda es un atentado con-tra la democracia y contra las instituciones".

La concejala María Victoria Vargas, del Partido Libe-ral, dijo que “la Fiscalía tiene que investigar la veracidad de las declaraciones del ‘hacker’ y de otras versiones que han salido a propósito del caso”.

conspiración

"La investigación de la Fiscalía sobre las declaraciones

del ‘hacker’ debe ir hasta el fondo":

Concejal Yezid García.

"El caso del hacker Sepúlveda es un atentado

contra la democracia y contra las instituciones": Concejal Jorge Lozada.


El otro “cartel”del retroceso tecnológico

Otro eslabón que conforma la larga y poderosa cadena de sabotaje es el que bien podría denominarse como el “cartel” del rezago tecnológico, del atraso en materia de innovación, de la permanente postergación de cambios indispensables para que la ciudad pueda avanzar y superar sus brechas téc-nicas, científicas y de sistematización.

La modernización de Bogotá, en los últimos dos años, ha sido posible porque la Administración se ha empeñado, como nunca antes, en que la ciudad experimente un salto tecnológico al que se resisten grandes intereses burocráticos y privados que por déca-das han sacado enormes dividendos al mantener a la capital lejos de las transformaciones que se imponen en el mundo.

Basta mirar lo que venía ocurriendo en cuanto a la imple-mentación de vídeo cámaras de vigilancia en la ciudad. Bo-gotá había quedado atrasada en este desarrollo y solo hasta ahora, mediante la intervención decidida del Distrito, cinco mil cámaras de vigilancia privada quedarán incorporadas al sistema central de la Policía Metropolitana.

Gabinete Distrital,en alerta máxima

Luego de las revelaciones hechas por el especialista en infiltración informática, Andrés Sepúlveda, que invo-lucrarían al Procurador Alejandro Ordóñez en un posible espionaje al proceso de paz y una campaña de despres-tigio contra el Alcalde Gustavo Petro, el Secretario de Gobierno, Hugo Zárrate, asumió la vocería del gabinete distrital para decir que “sería grave para la democracia que el Procurador esté involucrado en ese tipo de con-ductas”.

Zárrate pidió que todos los temas a los que hizo refe-rencia Andrés Sepúlveda, entre ellos los “posibles intere-ses de afectar el proceso de paz y el desprestigio contra Petro”, sean investigados para que el país conozca quié-nes están detrás del complot contra las negociaciones y contra el Alcalde.

El Secretario de Gobierno también dijo que de com-probarse la veracidad de los hechos revelados por Sepúl-veda, se afectarían en gran medida las garantías demo-cráticas de los colombianos.

Igualmente, funcionarios del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (Idpac), han denuncia-do en distintos organismos de control e investigación, que cada vez que acompañan al Alcalde Mayor en mo-vilizaciones, visitas a localidades u otras actividades institucionales, de rendición de cuentas y de contacto con las comunidades, han detectado la presencia de su-jetos sospechosos, provocadores y que parecen seguir los pasos del mandatario sin razón aparente. Es más, miembros del Distrito han sido el blanco de amenazas de muerte, de rastreos, de interceptaciones y de otras actividades ilícitas.

El Secretario de Gobierno, Hugo Zárrate, ha dicho que sería grave que el Procurador Ordóñez se viera envuelto en la trama contra el Alcalde Gustavo Petro.


conspiración

Al integrar el sistema privado de vídeo vigilancia, la ciu-dad se ahorra cien mil millones de pesos en la compra de equipos, consolida métodos policivos y judiciales y, sobre todo, verá disminuido el robo callejero y el atraco a estable-cimientos, pues la información visual de la comisión de un delito, en cualquier parte de la urbe, llegará de inmediato a la central de la Policía.

Por otro lado, la forma tradicional de la reparación de la malla vial también ha representado un retraso y una erogación considerables para Bogotá. “¿Cómo es posible –cuestionaba hace poco el Alcalde Gustavo Petro- que to-davía tapemos huecos con volquetas, palas, azadones, as-faltos calientes y uso intensivo de mano de obra? El simple intento de cambiar estas tecnologías, de principios del siglo XX, tienen procesados a funcionarios”. Esto, en alusión a la tempestad desatada por la importación de una maquina-ria de última tecnología para reparar las calzadas de la ciudad.

La modernización que lleva a cabo la Administración es objeto de ataques por intereses creados que han vivido del atraso.

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

13humanidad

Es mucho másque un cambio de nombre

Una prueba de los más recien-tes ataques mediáticos en contra de la Administración es la postura que los conglomerados de prensa han adoptado con relación al proyecto de acuerdo para la creación de una enti-dad que rija la integración de todos los modos de transporte público de Bogo-tá: la Empresa Gestora del Transporte Integrado de Bogotá S.A. Un asunto sustancial para el desarrollo definiti-vo del SITP.

Semejante trans-formación en benefi-cio de la movilidad, que en pocos años contará con metro pe-sado, metros ligeros y metro cables, se ha reducido a un debate sobre el nombre de Transmilenio.

Además, los gran-des medios, desen-tendidos del avance de la ciudad o quizás interesados en torpedear el acuerdo en el Concejo, ya sugieren que con la creación de la Empresa Gestora, el Dis-trito se precipita hacia el desorden y la corrupción. Cuando de lo que se trata es de anticiparse a los desafíos que en

movilidad planteará una metrópoli que ronda los 10 millones de habitan-tes.

Lo que no cuentan los periódicos y los noticieros de radio y televisión es que esa empresa distrital responderá por el transporte de la ciudad durante 100 años. Callan que el objeto de esa entidad se multiplicará y por tanto su finalidad será la planeación, gestión y organización del servicio público urbano regional de transporte de pa-

sajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo los modos de transporte terrestre automotor, férreo y cualquier otro sistema alternativo de movilidad, en las con-diciones que señalen las normas vigentes, las autoridades com-petentes y sus propios estatutos.

Omiten que la Em-presa Gestora conservará la misma composición accionaria de Transmi-lenio y que la marca comercial será propiedad del nuevo organismo rec-tor. En fin, que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

conspiración

La propuesta sobre las nuevas empresas encargadas de la movilidad ha sido pre-sentada en medios informativos como una intención superficial de la Administra-ción, cuando en realidad se trata de un cambio profundo que requiere la capital.

Lo que no se cuenta es que

la empresa distrital responderá por

el transporte durante los próximos

100 años.

Como parte de la trama que pretende desestabilizar el Gobierno progresista que preside la ciudad y fomentar el caos alrededor del programa Bogotá Huma-na, medios masivos de comunicación locales no han escatimado energías para desacreditar las políticas públicas de la Administración y difamar el buen nom-bre del Alcalde Mayor, Gustavo Petro.

A este tipo de desinformación or-questada por los “cacaos” mediáticos responde la tarea del pirata cibernético Andrés Sepúlveda. No solo los titulares tendenciosos, las noticias de verdades a medias y los comentarios ofensivos de la prensa, todo esto obedece a la doctrina de Joseph Goebbels, jefe de propaganda de la Alemania nazi, de “repetir una men-tira hasta que se vuelva una certeza”.

Pero el del “hacker” no es un caso ais-lado. Es una clave más de la estrategia co-municacional que hace dos años los opo-sitores furibundos (de una u otra manera entroncados con los medios), del cambio en Bogotá vienen orquestando para crear una sensación de desgobierno, improvi-sación y corrupción, entre la población capitalina. Esta maniobra de menoscabo sistemático se conoce como guerra de cuarta generación, guerra psicológica o guerra sin fusiles, porque pretende el con-trol mental, social y político de una comu-nidad mediante el empleo planificado de la propaganda y la acción psicológica.

De esta manera, una fotografía malintencionada, una información calculadamente inexacta o una frase destemplada buscan, por ejemplo, des-conocer los indudables éxitos sociales y tarifarios que la Administración ha conseguido con la implantación de un

Distorsión mediática: soporte en la intriga antiprogresista

nuevo modelo de aseo en Bogotá, mo-delo que el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha decidido adop-tar para replicarlo en todo el país.

Así también se ignora olímpicamente el hecho de que la política de Territorios Saludables ha atendido a un millón de ciudadanos de los sectores más vulnera-bles de la ciudad, lo que ha permitido que las condiciones sanitarias de personas no afiliadas al Sisben, hayan mejorado como nunca antes. Lo que molesta es que un novedoso sistema público de salud sea una alternativa frente a la Ley 100.

Esa misma guerra mediática pro-pició que aquellos indicadores del último estudio de “Bogotá Cómo Va-mos”, que abiertamente favorecían a la Administración, se tergiversaran, malinterpretaran u omitieran. Que 222 mil personas hubiesen abandonado la condición de pobreza en un año o que 105 casos menos de muertes violentas se presentaran en 2013 o que el presu-puesto para educación fuera el más alto de la historia, con lo cual se logró reducir la brecha entre colegios públi-cos y privados, no llamaron la atención de los dueños y directores de los con-glomerados informativos de la capital.

¿Qué pretende la guerra sin fusiles? Como en la guerra militar: aniquilar, controlar o cooptar al enemigo. Porque desde el principio se ha visto a esta Ad-ministración como la enemiga ideológi-ca de un pequeño sector social que ad-vierte que sus antiguas prerrogativas y amañadas formas de ejercer presión no prosperan en este Gobierno en el que no se vacían las arcas públicas y el ser hu-mano es lo primordial.

Guerra de desinformación, la que vienen realizando los conglomerados comunicacionales adversos a las políticas de la Administración Distrital. La táctica se suma al complot.


14 humanidad

Como eje de la política pública de eli-minación de la pobreza en la capital, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), atiende 700 mil personas (desde primera infancia hasta vejez), con un pre-supuesto de 800 mil millones de pesos y so-bre el que se aspira a elevarlo a 1,2 billones de pesos para la vigencia de 2015.

“Nuestras políticas tienen enfoques diferenciales por etnia, género, condición de discapacidad y orientación sexual, lo cual nos permite proyectar el trabajo en la población hacia el cumplimiento del primer mandato del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, es decir, la superación de todas las formas de segregación para hacer de Bogotá una ciudad equitativa”,

Política social del Distrito:es posible erradicar la pobreza extremaCon un importante proyecto de reforma institucional, la Administración distrital le pondrá todo el acelerador a los programas sociales. Además se aumentarán los recursos.

Atención a la infanciaLa Secretaría Distrital de Integra-

ción Social debe cubrir 202 mil niños (cero a tres años), y para lograr este ob-jetivo ha venido ampliando la atención con más jardines infantiles convencio-nales y modulares y ha comenzado un programa de jardines nocturnos (serán 14 en diciembre), que es novedoso y que presta servicios a población altamente vulnerable.

A diciembre, la meta general en el fren-te de la infancia es atender 170 mil niños y niñas y alcanzar 84 por ciento de cum-plimiento según lo indicado en el Plan de Desarrollo.

Gran encuestade juventud

En la ciudad hay 500 mil jóvenes que no estudian ni trabajan y 200 mil son re-gistrados en las cifras de desempleo. Por tanto, este es un problema complejo que se vuelve dramático en los barrios, donde se persigue a la juventud con amenazas y batidas de todo tipo, que les impiden ejer-cer su ciudadanía y llevar a cabo activida-des propias de la edad.

Para precisar aspectos de las necesi-dades de este sector poblacional, se ha programado la Gran Encuesta Distrital de la Juventud mediante la que se consulta-rá a las personas para saber qué piensan y cómo observan desde su imaginario los derechos y lo que esperarían de la socie-dad y del Estado. Para hablar de política de juventud es necesario tener en cuenta a los jóvenes. Por esto la encuesta que a final del año ofrecerá información para saber cómo actuar desde lo público.

En la capital funcionan Casas de la Ju-ventud (en diciembre serán 10), donde se atienden problemas de las personas con un esfuerzo interinstitucional que cubre áreas como la cultura y el deporte.

señala el secretario distrital de Integra-ción Social, Jorge Rojas, al destacar las reformas sociales que la Administración ha puesto en marcha.

“Estamos a punto de terminar una investigación sobre pobreza extrema por localidad y por Unidades de Planeamien-to Zonal (UPZ), también por barrios, que se convertirá en una herramienta de carac-terización de ese fenómeno para apuntar-le a su eliminación total”.

En efecto, mientras en Colombia 9,8 por ciento de la población vive bajo la lí-nea de pobreza extrema, en Bogotá solo 1,6 por ciento está en tal situación, lo que hace de la ciudad el lugar que en el país puede salir más rápido de ese problema.

“Son 123 mil personas de carne y hue-so que viven en la calle o que padecen la

prostitución, las realidades de comuni-dades y ciudadanías Lgbti, ambulantes, desplazados y víctimas, por lo cual esta-mos trabajando en su cuantificación para incidir luego en las rutas de sus derechos y bajar a menos de uno por ciento la pobre-za extrema, o sea, casi erradicarla”.

Esto se logra, según está previsto en los planes distritales, con la garantía de dere-chos en educación, salud, acceso al agua potable y una renta básica. En consecuen-cia, hoy la Administración impacta cada vez más tanto en número de beneficiados como en sectores poblacionales, abara-tando el consumo en servicios y liberando recursos de las familias y personas para que se eleve la calidad de vida mediante el gasto en otras áreas como la misma educa-ción, la alimentación o el entretenimiento.

Ya hay 6.500 niños incorporados a 65 jardines Acunar que la Administración ha abierto en los últimos nueve meses. Así se espera llegar pronto a los 202 mil niños como un propósito de cobertura total con calidad.

Además, se ha planteado una pro-puesta pedagógica de primera infancia, la que se discutirá con instancias del Gobierno Nacional, pues Bogotá está siendo ejemplo para el resto del país. Un caso, la acogida en centros Amar a niños y niñas bajo maltrato o riesgo laboral, que se ha duplicado en el Gobierno de Bogotá Humana.

administración

La Administración quiere saber qué pien-san y qué esperan los jóvenes de su capital.

BAJA EN MORTALIDAD INFANTIL A 9,6 POR MIL NACIDOS VIVOS

MORTALIDAD INFANTIL POR DESNUTRICIÓN: CERO CASOS

122.243 NIñOS ATENDIDOS POR LA SDIS

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA 274.727 PERSONAS CADA DíA

SUBSIDIO MONETARIO PARA 65.231 PERSONAS MAYORES

ATENCIÓN A 14.722 CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SUMINISTROS Y SERVICIOS A 5.144 HABITANTES DE CALLE

META A DICIEMBRE: 170 MIL NIñOS ATENDIDOS

40 NUEVAS ESTRUCTURAS MODULARES DE JARDINES

INFANTILES

SERVICIOS PARA 3.000 NIñOS, NIñAS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE MALTRATO O TRABAJO INFANTIL

Fuente: SDIS.

Fuente: SDIS.

SECTOR SOCIAL – ALCANCES


SEPTIEMBRE 2014 Edición No. 35


Una Secretaría que dará pasoa tres institutos especializados

Desde el sector de integración social se prepara un proyecto que será presentado el próximo año al Concejo de Bogotá para la creación de tres institutos que ordena-rán las actividades y ejecuciones en lo relacionado con las políticas de niñez, juventud y adulto mayor.

El objeto es hacer más operativa la política pública en estos campos y mantener el enfoque diferencial con el que se asumen los grandes retos de una capital que debe superar en el menor tiempo posible desigualdades e ini-quidades históricas, que han perjudicado a millones de personas. De llegarse a la aprobación de esta iniciativa se fundarían las siguientes entidades:

1. Instituto de la Niñez y la Adolescencia.2. Instituto de la Juventud.3. Instituto de la Vejez.La reestructuración institucional tiene que ver con

Una estructura pública adecuada a las nuevas necesidades de atención a la niñez, la juventud y el adulto mayor.

La CiudadelaHumanidad

Los programas de la Administración Petro en atención social corresponden a una visión que dig-nifica a las personas y que, para los adultos no im-plica, de ninguna manera, encerrar al habitante de la calle, a la persona en condición de discapacidad o al viejo.

Hay que mantener y extender las políticas de inclusión para que se pase de atender los 4.000 ha-bitantes de calle de la actualidad a 9.700 que es la meta próxima. Esto significa adecuaciones para ofrecer una mayor cobertura en alimentación, ves-tuario, mecanismos de autocuidado o salidas efec-tivas a la adicción.

Está en los planes convertir la zona del Bronx en la “Ciudadela Humanidad”, con un esfuerzo de toda la Administración para tener ayudas integrales a los adultos que requieren de recursos del Distrito para su supervivencia y desarrollo humano.

Será un lugar en el que se tratará con dignidad a personas a las que hay que respetarles su libertad y autonomía.

Un “Instituto para la Vejez” se encargará de la ejecución de programas en la atención a personas adultas.

los cambios demográficos y de población que se están presentando en Bogotá, una urbe en la que el grupo de personas mayores de 60 años crece 4,5 por ciento cada año. Hasta hace poco eran 800 mil y ya pueden estar en el millón setenta mil. De este universo, 10 por ciento tiene alguna relación con programas distritales. En cambio, en el grupo de niños y niñas las cifras reflejan una baja de 2,5 por ciento (menores de cinco años), que lleva a una conclu-sión: La ciudad se envejece y, por motivos de sus realida-des sociales, las exigencias de cubrimiento por parte de la Administración aumentan.

Sumando las necesidades de infancia, juventud y ve-jez y confrontándolas con la respuesta que puede dar el Distrito, se ha visto la conveniencia de adaptar la Secre-taría a unas condiciones que no podrá asimilar si no se reorganiza.

administración

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En una visita al Departamento de Salud del Gobierno de Cataluña, el Alcalde Petro suscribió un convenio e intercambió experiencias en materia de salud .

El acuerdo, suscrito el dos de septiembre, destaca la transferencia de software para tener una historia clínica compartida y virtual. También se centra en la experticia del tratamiento social, médico y preventivo de personas que padecen VIH. Una comisión de seguimiento formada por delegados de la Alcaldía de Bogotá y del Ministerio de Salud del Gobierno de Cataluña tendrá como tarea desa-rrollar productos concretos.

El Alcalde Mayor, Gustavo Petro, entregó las obras de remodelación de la Unidad Primaria en Atención de Salud, UPA, de la localidad de Usaquén, que benefi-ciarán a 2.949 personas del sector y a más de 50 mil del resto de la ciudad. Esta UPA prestará servicios ambula-torios en medicina general, medicina alternativa, salud ocupacional, optometría, vacunación y programas de promoción y prevención.

Se adecuaron dos consultorios médicos, uno de enferme-ría con baño privado y un consultorio de medicina alternati-va, entre otros. La inversión fue de 654 millones de pesos.

actualidad

El Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, inauguró, en la Localidad de Suba el pasado 26 de agosto, el colegio Ramón de Zubiría, con capacidad para 2.300 niños, niñas y adolescentes. La inversión para el diseño, construcción y dotación del moderno establecimiento fue de 13 mil millones de pesos. Con esto se reafirma una política educativa mediante la cual se han asignado altos montos de recursos, ejecutados con eficiencia y oportunidad.

Durante la entrega de una Casa de Justicia en la Localidad de San Cristóbal, el Alcalde, Gustavo Petro, dijo que la justicia social tiene que ir acompañada de una mayor presencia institucional. La obra, que estaba frenada por las corruptelas del cartel de la contratación, permitirá tramitar casos sobre conflictos interpersonales, comunitarios, vecinales y familiares. Las Casas de Justicia están funcionando en Usme, Suba, Mártires, Bosa, Kennedy, Fontibón, Ciudad Bolívar y ahora en San Cristóbal. Cifras oficiales indican que el año pasado 300.000 personas hicieron uso de estos servicios.

Gabito llega a San Cristóbal

La Administración entregó el cinco de septiembre el jardín Acunar Gabito, en la Localidad de San Cristóbal, una moderna estructura modular sismorresistente y antiincendios que acogerá a 67 niños. Al igual que los otros jardines del Distrito, dispone de aulas educativas, sala amiga de la familia lactante, comedor, depósito didáctico, zona verde, área de recreación y lavandería, entre otras. La estructura del módulo, además, tiene una vida útil de 20 años. Con “Gabito”, Bogotá Humana completa 71 jardines Acunar puestos en funcionamiento entre 2013 y 2014.

lista la UPAde Usaquén

Tapahuecosa toda marcha

Las tres máquinas tapahuecos contratadas por la Uni-dad de Mantenimiento Vial (UMV) vienen trabajando las 24 horas del día. Y es tal su rendimiento y bajo costo que en Usaquén, al norte de la ciudad, arreglaron en una semana 365 huecos, cantidad que en el sistema tradicional hubie-ran tardado un mes y medio en reparar.

Así, la primera fase de parcheo en vías, que empezó en julio, se concentra en las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Fontibón, Suba, y Engativá. Allí se intervinieron 77 tramos en un área de 11.300 metros cuadrados, equivalen-tes a 3,21 kilómetros por carril.

Bogotá y Cataluñafirman convenio

Moderno colegio para Suba

En operación otra Casa de la Justicia

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