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FARC y crimen organizado

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Centro de Análisis y Prospectiva

Gabinete Técnico de la Guardia Civil

*Las ideas contenidas en estos documentos son responsabilidad de sus autores,

sin que reflejen necesariamente la opinión de la Dirección General de la Guardia Civil*

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Efectos de la desmovilización

de las FARC en el crimen organizado

Introducción

Al escuchar hablar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, intuitivamente a un ciudadano común le vienen a la mente las actividades realizadas por el grupo, como secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y armas; estas actividades se realizan actualmente lejos de intereses ideológicos o sociales, que fueron la semilla que dio nacimiento a esa organización armada. Por lo cual, se puede inferir, al realizar un análisis histórico de la situación en Colombia y de toda la nutrida literatura sobre la experiencia colombiana, que el crimen organizado está íntimamente relacionado con los grupos armados insurgentes y contrainsurgentes, como el caso de las FARC que analizamos. Por lo tanto, necesariamente el proceso de la desmovilización va a tener efectos en el crimen organizado, positivos o negativos, dependiendo desde qué perspectiva se examine.

Para comprender lo que implica un proceso de desmovilización, debemos entender el alcance del concepto; en adelante nos referiremos al proceso como DDR, que es la sigla que identifica los procesos de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes. La ONU define el DDR como el proceso de “remoción de armas de las manos de los combatientes, el retiro de los combatientes de estructuras militares, y la asistencia a estos para reintegrarse social y económicamente a la sociedad, mediante formas de vida civiles”, “Glossary: Terms and Definitions” p.6, texto citado en Desarme, Desmovilización y Reintegración, DDR: Una introducción para Colombia” Cuaderno de Análisis N° 01/13 - Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada.

A Colombia no le es ajeno el proceso de desmovilización, ya pasó por este tipo de procesos, pero nunca con la envergadura e importancia pretendida en la actualidad con el proceso iniciado el último año. Pero fundamentalmente, para que el proceso sea efectivo y cumpla con sus objetivos, debe centrarse en las personas, entendidas estas como sujetos de derecho, y concentrar todas las fuerzas en programas que faciliten la reintegración y reinserción, pues si en la última etapa del proceso se fracasa, las opciones probables para el sujeto son volver a alistarse en las organizaciones armadas, como coloquialmente suelen decir “volver al monte”.

Los actores del proceso de DDP varían según la circunstancia y la etapa, y según los Estándares Integrados, existen tres tipos principales de actores: participantes, actores nacionales y actores internacionales.

Participantes: son considerados participantes del proceso de DDR aquellos que pertenecen a los grupos armados, pero que ya no realizan funciones de combate por ejemplo: miembros de fuerzas y grupos armados, secuestrados civiles. También están incluidas en esta categoría las comunidades receptoras, que acogen por ejemplo a personas desplazadas y a refugiados.

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Actores nacionales: son principalmente aquellos que participan en un acuerdo de paz o similar, que contenga un pacto para el inicio del DDR. De manera más amplia, estos actores incluyen: partidos políticos, gobierno, sociedad civil entre otros.

Actores internacionales: los actores internacionales son representantes asignados por la ONU u otras organizaciones o países acompañantes de un acuerdo que implica el inicio de un proceso de DDR.

Crimen organizado

Como ya hemos mencionado, la íntima relación entre las FARC, el narcotráfico y otros delitos conexos con la guerrilla es tan cercana que podríamos decir que se confunden y, como veremos más adelante en algunos casos, cuesta separarla para los efectos de aplicación de las normas relacionadas con la desmovilización. Misha Glenny señaló que “las Farc empezaron como un grupo ideológico y mantuvieron una identidad ideológica, pero como tantos grupos revolucionarios se volvieron dependientes de la actividad criminal para su financiamiento”.

Entendemos como crimen organizado, conforme la definición de La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, “...un grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Entonces, al observar la conducta desarrollada históricamente por las FARC, podemos decir que varias o algunas de las actividades, directas o indirectamente, están enmarcadas en lo que se definiría como actividades del crimen organizado; sin embargo por cuestiones fácticas, políticas y jurídicas, en busca de la paz, surge la necesidad de darle una mirada amplia y ajustar ciertas circunstancias, dando como resultado que se las considere como fuerzas insurgentes para proporcionarles un estatus jurídico necesario para la aplicación de normas de justicia transicional.

Aplicación de las normas

Como en toda norma, en particular las penales o las denominadas normas especiales de perdón, existen casos rotundamente excluidos y casos donde la aplicación de la norma es clara, pero la cuestión se puede siempre resolver con métodos tradicionales de interpretación; el problema de esta realidad es que tiene un alto contenido de subjetividad y ciertamente también alto contenido político, que debe tenerse en cuenta para decidir la aplicabilidad o no de las normas de justicia transicional a determinados casos. Esta potestad está depositada en el poder jurisdiccional, generando una condición conflictiva donde uno de los poderes del Estado encargado de impartir justicia debe incorporar en su razonamiento puramente jurídico, un fundamento político que le obliga en sus decisiones a apartarse de su pensamiento tradicional judicial.

Ahora bien, en varias investigaciones de Insight Crime sumadas a las de otros medios, y puntualmente en una publicación de fecha 6 de marzo de 2017, se desvela el vínculo de las FARC con el narcotráfico y organizaciones de crimen organizado directa o indirectamente, por lo tanto, ofrecían protección a cambio de un porcentaje de la producción de coca o

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cobraban dinero de secuestros extorsivos para financiarse y obtener ventajas económicas; por lo que estamos hablando básicamente de actividades de bandas criminales armadas.

A este respecto la conexión con el crimen organizado es latente, remitiéndonos a las pruebas, las investigaciones y a las propias declaraciones de los integrantes de las FARC, que cuentan que cobraban un gramaje por la producción de las tierras controladas, pero expresan que eso no constituye narcotráfico ni vínculo con el mismo. En todo el mundo sin embargo, por tratarse de un delito normalmente transnacional, la actividad relacionada con el narcotráfico en cualquiera de las etapas está penada y la conducta de las guerrillas claramente estaba orientada a asegurar y brindar seguridad fundamental para el negocio de productores de coca y cocaína; sin mencionar que muchos de los líderes o comandantes en los distintos frentes amasaron fortunas a costa de la lucha armada y su vínculo con el narcotráfico.

Efectos sobre el crimen organizado

No basta hablar de paz, la paz es un proceso complejo del cual el acuerdo firmado con las FARC es fundamental para el avance, pero no hay que perder de vista los demás factores involucrados y que son los grupos disidentes de las FARC, los grupos del crimen organizado, los grupos armados que se disputan y/o disputarán los territorios abandonados.

El tiempo es corto aún para determinar con mucha precisión los efectos de la desmovilización de las FARC en el crimen organizado o sobre la economía de estas bandas, principalmente porque se debe observar primero qué fenómenos se sucederán en la etapa posconflicto y especialmente teniendo en cuenta que recién acaba de concluir la primera etapa del proceso. Esto es coincidente con la proyección de varios analistas y, además, cada proceso de desmovilización es diferente y sus consecuencias dependen de varios factores como los sociales, políticos e incluso geográficos.

Según Annette Idler, directora de estudios del programa "Changing Character of War" en la Universidad de Oxford, “la verdadera prueba para la paz en Colombia empieza después del proceso de desmovilización”. ¿Por qué? (2016, Sep 27). Open Democracy “Uno de los peligros es que la desmovilización de este organismo tenga un "efecto globo" en los sitios donde operan otras guerrillas, entre ellos el ELN (Ejército de Liberación Nacional), la segunda más grande de Colombia, asimismo numerosos grupos de derecha y bandas criminales. En este caso, si el Estado no establece su presencia rápidamente, estos pueden trasladarse a las regiones en los que tenía presencia las FARC y asumir el poder”.

Tanto la experiencia internacional como la colombiana en casos anteriores, nos enseña que nunca existe una desmovilización que abarque el cien por ciento de las fuerzas y esto quedó latente ante el anuncio del Frente 1 ‘Armando Ríos’, que anunció que no se pliega a las disposiciones del acuerdo. Este es un frente histórico que permitió la aparición de otros frentes y, además, fue el primero en aplicar el impuesto al gramaje de la producción de coca.

Lo que sucede es que ante la incertidumbre se reaviva la duda entre la población, pues no se sabe el tratamiento que le otorgarán a las guerrillas que no se acoplen a la desmovilización, pues en el pasado y en experiencias anteriores las fuerzas disidentes fueron criminalizadas, es decir fueron consideradas y denominadas BACRIM (bandas

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criminales) y en consecuencia excluidas del conflicto armado con las implicaciones obvias de esta acción, pues solamente eran combatidas por la policía colombiana, sin que el ejército interviniese, además no podían existir conversaciones de paz con criminales y las víctimas tenían un tratamiento distinto a pesar de sufrir los mismos tipos de daños generados por la guerrilla.

Así nuevamente surge la duda, el debate y seguramente existirán posiciones encontradas sobre qué calificación darle a los disidentes de las FARC; ¿se les considerará un grupo armado nuevo? Esto nos coloca en una posición paradójica, teniendo en cuenta que el acuerdo de paz fue negociado y firmado por los máximos representantes de la guerrilla y jurídicamente afecta a la totalidad de los miembros de las FARC, por lo tanto no puede hablarse de continuar un conflicto con parte de un grupo con el que se tiene firmado un acuerdo de paz. En estas condiciones la alternativa más simple es optar por criminalizar a los disidentes, al margen de su antigua agrupación.

Si analizamos la historia y la experiencia de acontecimientos anteriores y pensamos en los territorios que dejarán de ser controlados por las FARC, podemos observar lo que sucedió hace una década con los territorios de Autodefensas Unidas de Colombia AUD y con su desmovilización, y como esto favoreció que grupos conformados con disidentes de su agrupación no depusieran las armas y continúen con los negocios dejados por la agrupación, negocios vinculados con el narcotráfico, constituyéndose fundamentalmente en grupos criminales armados.

El narcotráfico siempre formó parte a lo largo de la historia y de forma transversal con las guerrillas y, en muchos casos, resulta difícil distinguir una de otra. En suma, haciendo un análisis de la experiencia pasada, podemos decir que existen altas posibilidades de que algunos grupos criminales se fortalezcan en las zonas abandonadas por las FARC, pues en algunos de estos lugares se encuentra la mayor cantidad de cultivos de coca y serán el objetivo principal del crimen organizado, por lo que deberán hacer una reestructuración del sistema productivo y de defensa que utilizaron en las últimas décadas las FARC.

También hay que tener en cuenta que el crimen organizado, por su configuración misma, tienen una capacidad excepcional para adaptarse al cambio y a nuevas circunstancias, por lo que no existe ninguna expectativa histórica o de experiencia previa que indique que al desaparecer uno de los factores o sujetos del proceso los demás sujetos abandonen sus negocios a la sazón de los acuerdos con las FARC.

También consideremos que existe la posibilidad de rearme de disidentes en nuevas guerrillas o formación de nuevos grupos criminales para mantener el control de las zonas productoras de coca. No olvidemos que cuando desaparece una estructura de poder existen siempre liderazgos dormidos dentro de la misma estructura que podrán aprovechar la oportunidad para formar y fortalecer sus grupos y ocupar el espacio abandonado por las FARC. La diferencia con las otras situaciones radica fundamentalmente en que estos grupos pueden constituirse con desprendimientos de los grupos armados con una nueva formación o incluso con nuevas incorporaciones de la población civil.

Otro efecto probable es el enfrentamiento de grupos criminales por el control de la producción de las zonas abandonadas por las FARC, reclutamiento de ex miembros y por parte de bandas criminales transnacionales que operan en la frontera, pasando así a ser controlado el territorio por criminales, dejando ya de lado las ideologías que servían de fundamento o justificación para la lucha de las FARC. En este sentido en junio, a siete meses

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del inicio de las desmovilización, se desmontó en la zona de Putumayo, frontera con Ecuador, un megalaboratorio plenamente operativo, con 14 edificios y con capacidad de procesar 500 kilos de cocaína por semana y conforme lo indican en el análisis de Insight crime, escrito por Tristan Clavel (20 junio 2017) “la continuación de actividades de narcotráfico por parte de elementos disidentes del frente 48 de las FARC”.

Esta situación, además de ratificar el vínculo existente entra las FARC y las organizaciones criminales de tráfico de drogas, apoya la tesis del fortalecimiento de bandas transnacionales que operan en la frontera, como por ejemplo en la zona de Putumayo, donde la frontera con Ecuador es permeable para el movimiento de los narcóticos y ofrece refugio seguro para los delincuentes, pues dificulta su captura o seguimiento al moverse entre las dos zonas.

Otra posibilidad menos probable por lo expresado, pero que hipotéticamente no puede ser descartada, es que en determinados casos los grupos criminales quedan sin protección en las zonas abandonadas por la guerrilla y terminan debilitándose como consecuencia de incursiones del gobierno que debe hacer sentir su existencia con su presencia y no aparecer en escena como un gobierno etéreo e imperceptible. La importancia es tal que, en caso de que el Estado no controle debidamente los territorios, es cuando las organizaciones criminales o armadas sustituyen al Estado en algunas de sus esferas y el esfuerzo para recuperar la soberanía de hecho de los territorios es mucho más complejo y costoso en todo sentido.

En esta última circunstancia debemos tener en cuenta que los grupos criminales existen porque el narcotráfico y sus delitos conexos son un negocio rentable y, en esta situación, no habría ningún indicio de que asuman una posición pasiva y dejen desaparecer los negocios fácilmente, por lo tanto las proyecciones más sensatas nos alejan de esta posibilidad. Con respecto al crimen organizado resulta importante realizar una proyección realista y elaborar estrategias acordes a la realidad en la que se mueven las bandas criminales y colocar al Estado en una posición ventajosa para poder desarmar la estructura criminal y llevar ante la justicia a la mayoría de sus componentes.

Zona gris de aplicación

Es importante tener especial consideración sobre el efecto que tendrá la desmovilización sobre las relaciones jurídicas entre los actores del DDR fundamentalmente, porque estos efectos pueden quebrantar la sustancia del acuerdo de paz y generar fricciones innecesarias que pueden ser caldo de cultivo para multiplicar los efectos negativos descritos como probables.

Ahora que tenemos claro en qué consiste el proceso y quiénes son los actores y participantes, podemos señalar que si bien existe un documento que estandariza los procesos de DDR, elaborado en base a las experiencias y errores del pasado, también debemos notar que pueden estar surgiendo situaciones complejas que colocan en una amplia zona gris a participantes y actores y, muchas de las veces, cuesta determinar desde cuándo deja de ser considerado sujeto del proceso de desmovilización y cuándo es considerado como un delincuente común a quien debe aplicarse la ley ordinaria.

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Como se recoge de un análisis realizado por Insight Crime, existen soluciones contradictorias en casos similares donde por ejemplo primero deniegan a un narcotraficante el trato de guerrillero y por otro lado benefician con el procedimiento a una persona requerida en extradición por Estados Unidos; en estos casos se puede observar la vulnerabilidad potencial del proceso y deja abierta a subjetividades las decisiones que pueden generar crispación o fricciones entre las partes del proceso.

Como ejemplo tenemos el caso de Julio Enrique Lemos, alias “Náder”, quien es requerido por Estados Unidos por narcotráfico y fue detenido fuera de la zona de desarme. Finalmente, a pesar de la postura de los fiscales quienes consideraban que debía ser extraditado para su juicio, la Corte Suprema, en coincidencia con los reclamos de las FARC, consideró que debía ser beneficiado con el proceso y, en consecuencia, ordenaron su libertad.

Así mismo Gildardo Rodríguez Herrera, alias "El Señor de la Camisa Roja" y narcotraficante convicto, figuraba en la lista como guerrillero de las FARC; intentando someterse al proceso de desmovilización fue excluido de la lista. Este es uno de cuatro casos donde se le niega el tratamiento de guerrillero a quienes intentan someterse al proceso por tener pedidos de extradición, en absoluta contradicción con lo que pasó con el caso mencionado de Julio Enrique Lemos, quien también tenía un pedido de extradición de Estados Unidos.

Sin entrar a estudiar el valor de los fundamentos de cada decisión, no cabe duda que la subjetividad juega un papel en la decisión de cada caso particular, generando hasta cierta inseguridad en los resultados de los procesos judiciales con los efectos mencionados, más aun sabiendo que, conforme las publicaciones de InSight Crime y otros medios de prensa, incluso se llegaron a falsificar antecedentes en la guerrilla a través de funcionarios corruptos, para que delincuentes comunes se beneficiaran del proceso de desmovilización.

Estos pueden ser casos aislados pero con el tiempo irán sumándose situaciones que podrían desembocar en herramientas para que delincuentes comunes, y especialmente miembros de bandas de crimen organizado, evadan la justicia al someterse a procesos de desmovilización, afectando finalmente el proceso de justicia transicional.

Si consideramos y tenemos presente el bien protegido con el acuerdo entre el Estado Colombiano y las FARC, que es el derecho a la paz del pueblo colombiano, convengamos que la ejecución de esas disposiciones debe estar libre de arbitrariedades, justificando claramente los sujetos que se beneficiarán del proceso y fundamentando coherentemente las excepciones, como los casos considerados como de lesa humanidad y crímenes transnacionales, que deben ser perseguidos, cualquiera sea la circunstancia interna de Colombia. Y considerando que el menor ápice de arbitrariedad o inseguridad en la aplicación del acuerdo puede generar una quiebra del mismo o aumento de los disidentes que se oponen a la paz dentro de las líneas de las FARC o incluso dentro de los desmovilizados.

Abuchaibe, Heidi: La justicia transicional del posacuerdo con las farc-ep OPERA , No 20 • enero -junio 2017 • pp . 129 -153 “El derecho a la paz es considerado por la Corte Constitucional (sentencia C-370 de 2006) como el propósito central del derecho internacional, valor constitucional, derecho y deber de los ciudadanos. Dentro de los instrumentos a los cuales la Corte les reconoce capacidad para facilitar el logro de la paz están los procedimientos de resolución institucional de los conflictos y de protección efectiva de los derechos fundamentales, como la acción de tutela, al igual

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que la posibilidad de que “por graves motivos de conveniencia pública” se concedan amnistías o indultos por delitos políticos”. Los fundamentos del acuerdo ya están altamente discutidos y su fundamento reposa sobre el derecho a la paz de todos los seres humanos.

Conclusiones

En suma, teniendo en cuenta todo lo expuesto y considerando los factores fundamentales que van a influir en los efectos del desarme sobre el crimen organizado, no resulta fácil tener una enumeración enunciativa de los efectos. Sin embargo, tomando razón de análisis históricos realizados, la experiencia reciente de otras desmovilizaciones, además de las noticias ya confirmadas relacionadas con grupos disidentes que no se pliegan al acuerdo de paz y la conducta adoptada en los últimos meses por parte de bandas criminales, es posible realizar una prospección que nos provea algunos de los efectos probables.

Así los efectos de la desmovilización de las FARC en el crimen organizado se concentran en las siguientes posibilidades:

El efecto globo: Primeramente el “efecto globo” por el cual otros grupos armados y criminales crecen proporcionalmente a medida que las FARC abandona sus territorios y crecen dentro las zonas desocupadas, es un efecto de la rotura del balance de fuerzas. Este proceso hasta puede ser pacífico o en una forma se puede considerar transición natural, pues el debilitamiento de un grupo favorece el avance y crecimiento de otro; así los negocios vinculados al crimen organizado que eran manejados por las FARC cambian de sujetos, pero el fenómeno y vínculo con el crimen organizado se mantiene.

Disputa de territorio: Este efecto está vinculado con experiencias anteriores, con la diferencia de que esta ocupación puede ser un poco más violenta, pues pueden darse casos incluso de guerras entre grupos armados o grupos criminales para asegurarse el control de los territorios abandonados. También se debe tener particular atención con el Ejército de Liberación Nacional ELN, que es la segunda guerrilla más grande del país y que podría interesarse en ocupar los territorios dejados por las FARC y aprovechar los nichos de negocio abandonados, que claramente están vinculados con actividades ilegales del crimen organizado.

Grupos disidentes o no desmovilizados: Relacionados con los grupos que no se pliegan al acuerdo de paz; la consecuencia fundamental es que seguirán ocupando los territorios que corresponden a sus frentes, ante la posibilidad de mantener los ingresos generados por las actividades criminales. Sin embargo esta situación tiene una bifurcación que abarca dos posibilidades, pero que ya dependerá del Estado cual elegir. Estos grupos pueden ser considerados grupos armados, con todas sus implicancias, o criminalizados y considerados delincuentes comunes para todos los efectos. Según cual sea la denominación que reciban se definirán las acciones del Estado y la forma de lucha contra esos grupos disidentes, pero según la experiencia previa la posibilidad más alta es que sean criminalizados y pierdan el estatus de guerrillas.

El trabajo combinado de las FARC y el crimen organizado les otorga a ambos unas características muy particulares, la capacidad de adaptación envidiable de cualquier organización formal; por lo tanto, entre los disidentes se abre un mercado de pases importante, mediante el cual los exmiembros de la guerrilla desmovilizada son reclutados

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por bandas criminales, donde aportarían conocimiento del terreno, experiencia y una mano de obra altamente cualificada en actividades ilegales. Esta situación también se puede nutrir a corto plazo de potenciales desertores del proceso de reintegración a la vida civil que no estén satisfechos con la última etapa del proceso de paz.

Instalación o desplazamiento a zonas fronterizas: Un efecto ya visible en los últimos meses, y del que ya se pudo observar consecuencias, es que las bandas de crimen organizado se instalan en zonas fronterizas, desde donde controlan las operaciones realizadas en territorio colombiano, dificultando así su seguimiento y posterior captura. Esto no es nuevo pero existe una tendencia a ampliar esta forma de operar, especialmente por el hecho de que ahora dejarán de tener protección de las FARC en las zonas de producción y procesamiento de coca y, no menos importante, el hecho de la permeabilidad de las fronteras, especialmente la de Ecuador.

Creación de nuevos grupos armados y liderazgos: Es el efecto relacionado con los grupos disidentes que no se acoplan a la desmovilización. Como ya hemos mencionado depende de la denominación otorgada por el Estado en un futuro, sin embargo no se debe descartar la formación de grupos armados y liderazgos emergentes, que pueden provenir del interior de las líneas de los disidentes. Este fenómeno también es natural, pues al desaparecer una estructura de poder pueden existir liderazgos, que estaban dormidos, dentro de las líneas y ahora tienen libertad para operar de manera holgada e intentan hacerse con la estructura abandonada de la mano de los disidentes o disconformes provenientes de sujetos en quienes falló el proceso de reintegración a la vida civil.

Abandono de los negocios ilícitos: Este es el escenario ideal en un proceso de desmovilización de grupos armados vinculados al crimen organizado, sin embargo no se depositan muchas expectativas en esta posibilidad. Y es que el negocio del narcotráfico y el crimen organizado es en general sumamente lucrativo y cuenta con una capacidad excepcional de adaptación a nuevas situaciones, por lo tanto, salvo en los casos de los desmovilizados que abandonan el vínculo con el narcotráfico y adoptan una nueva vida lejos de los crímenes, esta alternativa es improbable en lo relacionado con las bandas de crimen organizado que operaban en conjunto con las FARC.

Control de zona gris: con el proceso de desmovilización se abrió una ventana donde está expuesto el sistema ante la posibilidad de conceder un escape de la justicia a narcotraficantes. Analizamos unos casos recientes, como el de Julio Enrique Lemos y Gildardo Rodríguez Herrera, el primero fue liberado y beneficiado del proceso de desarme, aun teniendo vigente un pedido de extradición, y el segundo fue excluido de la lista de guerrilleros y extraditado, a pesar de que se suspendieron todas las órdenes de captura de los que se sometieron al proceso. Esto denota la divergencia entre casos muy similares y no se descarta la aparición de nuevos casos de similares condiciones donde la justicia pueda tomar decisiones opuestas o contradictorias, con el evidente riesgo de vulnerar el proceso con las decisiones; cuestión que puede crispar los ánimos en las etapas subyacentes a la desmovilización. No debemos olvidar que también se tuvo constancia de la elaboración de antecedentes falsos creados por funcionarios corruptos para que algunas personas se beneficiasen con el proceso de desmovilización.

La zona gris es amplia y seguirán apareciendo dificultades, el crimen organizado estuvo mucho tiempo involucrado y confundido, en todos los estratos de las FARC y el espectro donde coexisten guerrilleros y traficantes es muy amplio, dejando la decisión muchas veces

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de mano de la justicia que debe ajustar su criterio a cuestiones políticas vinculadas al derecho a la paz de todos los colombianos.

Finalmente la conducta de las bandas y sus acciones en cuanto a su economía será un tema transcendental en esta nueva etapa del proceso de desmovilización, pues marcará el futuro de Colombia. Existen tres frentes de lucha contra el crimen organizado. 1) el Estado debe adoptar medidas, teniendo presente siempre la variable del crimen organizado de acuerdo a los efectos que se vayan manifestando, 2) presencia estatal efectiva en todos los territorios abandonados por las FARC, 3) apoyo continuado y efectivo a los exmiembros de las FARC, dentro del proceso de reintegración a la vida civil.

Armando Nar Alsina

Alumno en prácticas del Máster Gobernanza y Derechos Humanos de la UAM

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Fuentes

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