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COLECCIÓN TERRITORIO, PODER Y CONFLICTOCOLECCIÓN TERRITORIO, PODER Y CONFLICTO

GÉNESIS, ACTORES Y DINÁMICAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN EL PACÍFICO NARIÑENSE

¿Qué razones hacen que una zona relativamente pacífica y marginal, como el Andén Pacífico nariñense, se haya con-

vertido en una de las regiones más conflictivas de Colombia durante las últimas décadas? Este es el interrogante que pre-tende responder el libro Génesis, actores y dinámicas de la vio-lencia política en el Pacífico nariñense, de José Darío Rodríguez Cuadros, por medio de un complejo acercamiento a esta región. En él combina el trasfondo de las contradicciones estructura-les con las transformaciones recientes de la vida económica y social de esta región, prestando particular atención a su com-plicada geografía, la cual la ubica como corredor estratégico tanto para la salida al Pacífico, el comercio del contrabando y la coca, como para el repliegue de los grupos armados ilegales, golpeados en regiones más integradas al país.

José Darío Rodríguez Cuadros

Jesuita. Licenciado en Filosofía y Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Además de sus pregrados, es Magister en Teo-logía del Centro Sèvres de París y Magister en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales - Ehess de París. Actualmente es doctorando en Estudios Políticos de la Escue-la de Altos Estudios en Ciencias Sociales, bajo la dirección de Gilles Bataillon. Hace parte, en condición de candidato a doctorado, del Centro de Estudios Sociológicos y Políticos Raymond Aron - Cespra de París.

Ha trabajado como joven investigador del Ci-nep/PPP en dos períodos: 2002-2004 en el equi-po de “Derechos económicos, sociales y cultura-les”, y 2009-2011 en el grupo “Violencia política y formación del Estado” del Cinep-Odecofi.

Autor de los artículos: “Le Processus de Paix en Colombie”, publicado en la Revista Études de Francia y traducido al italiano como “Il Pro-cesso di pace in Colombia”, publicado reciente-mente en La Civiltà Cattolica; “Frente a herejías y sociedades en decadencia: análisis comparativo de los modelos eclesiales en Ireneo de Lyon y Agustín de Hipona” y “El camino de retorno a Galilea: Reflexión teológica a partir del acompa-ñamiento espiritual a personas en situación de desplazamiento en Ciudad Bolívar”, publicados en la revista Reflexiones Teológicas, de la Univer-sidad Javeriana.

Autor del capítulo “Las transformaciones del conflicto en el Magdalena Medio: del control militar al dominio político, 2002-2008”, publi-cado en el libro Conflicto y territorio en el oriente colombiano, de la colección Territorio, Poder y Conflicto, Odecofi-Cinep/PPP.

OdecofiColección Territorio, Poder y Conflicto

• Hacia la reconstrucción del país Territorio, Desarrollo y Política en regiones afectadas por el conflicto armado Fernán E. González G., (Ed.), 2008

• Gobernanza y conflicto en ColombiaInteracción entre gobernantes y gobernados en un contexto violento Claire Launay-Gama y Fernán E. González G., (Eds.), 2010

• Guerra y violencias en Colombia Herramientas e interpretaciones Jorge A. Restrepo y David Aponte (Eds.), 2010

• Geografías de la guerra, el poder y la resistencia Oriente y Urabá antioqueños 1990-2008 Clara Inés García de la Torre y Clara Inés Aramburo Siegert, (Eds.), 2011

• Una vieja guerra en un nuevo contexto Conflicto y territorio en el sur de Colombia Teófilo Vásquez, et al., (Eds.), 2011

• No estamos condenados a la guerra Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el ELN David Aponte y Andrés R. Vargas (Eds.), 2011

• Estado y coca en la frontera colombiana El caso de Putumayo María Clara Torres Bustamante, 2011

• Circuitos, centralidades y estándar de vida Un ensayo de geografía económicaJorge Iván González, et al., 2011

• Conflicto y territorio en el Oriente colombianoFernán E. González G., et al., 2012

• Entre la frontera del desarrollo y el desarrollo de la fronteraEfrén Piña Rivera, 2012

• Poder y violencia en ColombiaFernán E. González G., 2014

• Territorio y conflicto en la costa CaribeFernán E. González G., et al., 2014

• Poderes regionales, clientelismo y EstadoGloria Isabel Ocampo, 2014

Génesis, actores y dinámicas de la violencia política en el Pacífico nariñense

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Génesis, actores y dinámicas dela violencia política en el pacífico nariñense

Génesis, actores y dinámicas dela violencia política en el pacífico nariñense*

José darío rodríguez cuadros

* Memoria presentada para la obtención del Master en Ciencias Sociales, Mención Sociología General, Director de Investigación Gilles Bataillon. Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales - París

Las investigaciones incluidas en esta publicación fueron realizadas con la colaboración financie-ra de Colciencias, entidad pública cuyo objetivo es impulsar el desarrollo científico, tecnológico e innovador de Colombia.

Génesis, actores y dinámicas de la violencia política en el Pacífico nariñense© Odecofi-Cinep Carrera 5ª No. 33B – 02 PBX(57-1)2456181•(57-1)3230715 Bogotá D.C., Colombia www.cinep.org.co www.odecofi.org.co© Pontificia Universidad Javeriana Editorial Pontificia Universidad Javeriana Carrera 7ª No. 37-25, oficina 1301 Edificio Lutaima Teléfono: 3208320 ext. 4205 Bogotá D.C., Colombia www.javeriana.edu.co/editorial© José Darío Rodríguez Cuadros. [email protected]

Editor General Colección Odecofi: Fernán E. González G.Coordinación editorial: Helena Gardeazábal GarzónDiagramación: Alberto SosaDiseño de carátula: Kilka Diseño GráficoImpresión: Javegraf

Primera ediciónISBN: 978-958-644-183-4Marzo de 2015Bogotá D.C., Colombia

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

Agradecimientos ............................................................................................. 9Prólogo .............................................................................................................. 11Introducción .................................................................................................... 17

Capítulo 1El Pacífico nariñense. De la ‘riqueza’ del oro a la ‘miseria’ de la coca .. 21Introducción...................................................................................................... 21El Pacífico nariñense a finales del siglo XIX ................................................. 24 La herencia de Barbacoas y el auge comercial de Tumaco ................... 24El fenómeno del contrabando en la región a finales del siglo XIX ............ 28 La élite económico-política de la región ................................................. 31El Pacífico nariñense durante el siglo XX ..................................................... 33 Tres grandes períodos de economía extractivista .................................. 33 Infraestructura ferroviaria y de carreteras .............................................. 41Llegada de los grupos armados al Pacífico nariñense ................................. 44 Las Farc ....................................................................................................... 45 Los grupos paramilitares .......................................................................... 49Y el Estado también llegó. Envió soldados… ............................................... 53La desmovilización del Bloque Libertadores del Sur .................................. 55

Capítulo 2Dinámica y tendencias de la violencia política en el Pacífico nariñense (1990-2012) ................................................................................... 57Introducción...................................................................................................... 57Utilidad y pertinencia de un análisis cuantitativo ....................................... 59 Puntos fuertes y débiles de las fuentes de información consultadas ... 61 Marco conceptual de la base de datos del Cinep ................................... 63Violencia política en el Pacífico nariñense (1990-2012) ............................. 65

Contenido

6 José darío rodríguez cuadros 6

Descripción geográfica .............................................................................. 65 Violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH .................... 67 Tendencias generales y por municipio .................................................... 67 Tendencia por actores ............................................................................... 77 Acciones bélicas ......................................................................................... 97 Cruce de variables ...................................................................................... 108Interrogantes, hipótesis y pistas de interpretación ....................................... 110

Capítulo 3Violencia vivida en lo cotidiano. Desafíos para el presente ................... 113Introducción...................................................................................................... 113Experiencia vivida en la región y metodología de las entrevistas realizadas ...................................................................... 114¿De qué manera la gente vive, narra y afronta esta violencia? ................... 118 Tres sacerdotes y una religiosa ................................................................. 118 Algunos funcionarios de la Diócesis de Tumaco ................................... 122 Algunos comerciantes ............................................................................... 124 La violencia narrada: un docente, un abogado, una desempleada y un pensionado .................................................... 126 Algunos funcionarios públicos ................................................................ 134Desafíos actuales para la región...................................................................... 137

Conclusión........................................................................................................ 143

Anexos ............................................................................................................... 147

Bibliografía....................................................................................................... 151

Entrevistas ........................................................................................................ 155

contenido 7

MAPAS, GRÁFICOS Y TABLAS

Mapa 1: Número de infracciones al DIH (2000-2003) ................................ 72Mapa 2: Número de infracciones al DIH (2004-2007) ................................ 73Mapa 3: Número de infracciones al DIH (2008-2012) ................................ 74Mapa 4: Número de infracciones al DIH – Farc (2000-2003) .................... 82Mapa 5: Número de infracciones al DIH – Paramilitares (2000-2003) .... 83Mapa 6: Número de infracciones al DIH – Fuerza Pública (2000-2003) .. 84Mapa 7: Número de infracciones al DIH – Farc (2004-2007) .................... 86Mapa 8: Número de infracciones al DIH – Paramilitares (2004-2007) .... 87Mapa 9: Número de infracciones al DIH – Fuerza Pública (2004-2007) .. 88Mapa 10: Número de infracciones al DIH – Farc (2008-2012) .................. 90Mapa 11: Número de infracciones al DIH – Paramilitares (2008-2012) .. 91Mapa 12: Número de infracciones al DIH – FF.AA. (2008-2012) ............. 92Mapa 13: Número de acciones bélicas (2000-2003)..................................... 102Mapa 14: Número de acciones bélicas (2004-2007)..................................... 103Mapa 15: Número de acciones bélicas (2008-2012)..................................... 104Mapa 16: Colombia .......................................................................................... 146Mapa 17: Región Pacífica – Departamento de Nariño ................................ 148Mapa 18: Mapa de carreteras – Departamento de Nariño .......................... 149

Gráfico 1: Violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH (1990-2012) ....................................................................................................... 68Gráfico 2: Número total de víctimas civiles (1990-2012) ....................................................................................................... 70Gráfico 3: Violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH (actores) ............................................................................................................. 78Gráfico 4: Tasa de infracciones al DIH por 10.000 habitantes (1990-2012) ....................................................................................................... 96Gráfico 5: Número de víctimas (combatientes) en acciones bélicas (1990-2012) ....................................................................................................... 99Gráfico 6: Número total de víctimas combatientes (1990-2012) ....................................................................................................... 100Gráfico 7: Número total de víctimas (combatientes), según actor (1990-2012) ...................................................................................................... 106Gráfico 8: Comparativo – víctimas civiles/combatientes (1990-2012) ...................................................................................................... 109

Tabla 1: Número total de víctimas por municipio (1990-2012) ....................................................................................................... 94Tabla 2: Tasa de víctimas por municipio por 10.000 habitantes (1990-2012) ....................................................................................................... 94

Agradecimientos

Quiero agradecer de manera especial a las personas que han hecho posible esta investigación y la presente publicación. A Gilles Bataillon, director de investigación por su acompañamiento constante y cercano, sus comentarios y correcciones de fondo, su apoyo incondicional y sus lúcidas orientaciones. A Bernard Bougon, Hélène Dumas y Benoit de Maintenant por sus comentarios y correcciones de estilo de la versión francesa de esta investigación. A los superiores provinciales de Francia, Jean-Yves Grenet y de Colombia, Francisco de Roux, por la confianza depositada a lo largo de estos años de trabajo. A los miembros de la co-munidad jesuita de Vanves por su apoyo y presencia permanente.

Un agradecimiento infinito a monseñor Gustavo Girón Higuita, Obispo de Tumaco, por su generosa acogida durante el trabajo de cam-po realizado en su diócesis. A este hombre de Dios que camina con su pueblo y entrega su vida por la defensa de los más débiles. Agradezco a todas las personas con quienes pude conversar durante dicho trabajo de campo y cuya contribución fue fundamental para ver más de cerca la realidad actual de la región.

Agradezco igualmente al equipo del Cinep en Bogotá, del cual sigo sintiéndome parte en la distancia. A Luis Guillermo Guerrero por su apoyo incondicional tanto para la realización de la investigación, como para su proceso de publicación. A Alejandro Cadena, a quien agradezco el acceso a las bases de datos de violencia política y al archivo de prensa. De la misma manera, le agradezco su apoyo para el diseño y presenta-ción cartográfica de los datos que se analizan a lo largo de este texto. A Alejandro Angulo por su cercanía y contribución en la lectura de la ver-

10 José darío rodríguez cuadros

sión francesa. A Fernán González por las enseñanzas, acompañamiento y orientaciones, que recibí de su parte desde hace varios años como par-te del equipo Odecofi.

A Luis Alfonso Castellanos y Edwin Murillo por su apoyo decidido y eficaz desde la Universidad Javeriana para la publicación de esta investi-gación, en articulación con el equipo de publicaciones del Cinep.

A mi familia en Colombia por su apoyo cariñoso e incondicional. A mis amigos y amigas en París por su cercanía y acompañamiento fra-terno.

París, 18 de junio de 2014

Prólogo

Por Fernán E. González G.

En los últimos años, la costa del Pacífico nariñense ha aparecido en los medios masivos de comunicación como una de las regiones más vio-lentas del país, en contraste con el descenso de los hechos violentos en otras zonas tradicionalmente violentas, e incluso con el pasado recien-te de esta región, que estuvo bastante al margen de las violencias que han afectado al país desde mediados del siglo pasado. Solo a finales de los años noventa del siglo XX y comienzos del siglo XXI aparecen con fuerza hechos violentos en esta subregión, precisamente en momentos en los que el impacto del conflicto armado disminuye en zonas como el Magdalena Medio. Estos contrastes hacen particularmente relevante la publicación del presente libro, Génesis, actores y dinámicas de la violen-cia política en el Pacífico nariñense, de José Darío Rodríguez Cuadros, que fue presentado como memoria para la obtención de la maestría en Ciencias Sociales en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.

Bajo la dirección del profesor Gilles Bataillon, José Darío Rodríguez prolonga la tradición de los estudios del Cinep/PPP y Odecofi, que in-sisten en la necesidad de enmarcar los hechos violentos en los contextos sociales de las regiones para hacer evidente que la violencia política no ha afectado de manera homogénea a todo el territorio colombiano. En ese sentido, el trabajo de José Darío corrobora las conclusiones de otros de nuestros trabajos, que muestran la manera diferenciada, en el espacio y el tiempo, como los diferentes grupos armados se insertaron en las diversas regiones según las circunstancias particulares de su geografía e historia. De ahí se concluye la necesidad de analizar las condiciones

12 fernán e. González G.

sociales, culturales, económicas y políticas de cada región para hacer evidente cómo ellas hicieron posible la instalación de los actores arma-dos en ellas.

De ahí que el libro de Rodríguez se inicie con un análisis histórico de la subregión desde los tiempos coloniales y el primer siglo de vida republicana, mostrando cómo Barbacoas, que era el centro económico de la región, gracias a la minería y el contrabando, va siendo gradual-mente desplazada por Tumaco, cuyo predominio llega a ser evidente a finales del XIX, gracias a las exportaciones de la tagua y la explotación maderera, que atraen tanto a comerciantes blancos y mestizos como a migrantes negros, liberados desde mediados del siglo.

Por otra parte, el autor señala la importancia de la geografía de la subregión, caracterizada por las desembocaduras de los ríos Patía y Te-lembí, con sus laberínticos esteros y lagunas, como ideal para las acti-vidades ilegales, como el contrabando en los siglos XVIII, XIX y XX, el narcotráfico de los años recientes, junto con las acciones de los grupos armados ilegales. En este contexto geográfico y económico, señala el au-tor, se va consolidando una elite local, que suplía de alguna manera la incapacidad del Estado nacional para hacer presencia eficaz en los terri-torios lejanos del centro.

Como resultado de esta combinación de factores, Rodríguez se acer-ca de nuevo a otra de las hipótesis centrales de los trabajos de Odecofi: el estilo diferenciado de la presencia de las instituciones centrales, que se ven obligadas a negociar continuamente con esas elites locales y delegar en ellas la administración pública. Este dominio indirecto del Estado, típico de las regiones donde resulta demasiado oneroso el esfuerzo del Estado central por establecer el monopolio de la violencia y de la justi-cia, explica el poder político de ciertos clanes familiares en Tumaco, que lograrían imponer su hegemonía sobre la antigua elite de Barbacoas.

Sin embargo, el auge de las diversas economías extractivistas, basa-das en la explotación de la tagua, madera o palma africana, fue produ-ciendo una mayor integración económica de la subregión al conjunto de la nación, lo que se reflejó en la construcción de infraestructura fe-rroviaria y de carreteras y la llegada de migrantes a los centros urbanos de la subregión. Obviamente, este desarrollo estuvo acompañado de conflictos sociales entre comunidades negras y empresarios, que per-sisten hasta hoy. Estos conflictos y los mayores intercambios económi-cos estuvieron acompañados del aumento de los hechos violentos, sea

prólogo 13

como instrumento para dirimir tensiones sociales, sea por el aumento de oportunidades para las acciones de actores armados ilegales.

En este complejo contextos social y geográfico, la apertura de las carreteras fue acompañada por la mayor presencia de actores armados ilegales, la explotación minera a gran escala, el tráfico de droga. Así, José Darío describe la manera como la transición de las Farc de auto-defensas a guerrilla ofensiva va a encontrar en la subregión condiciones favorables para su expansión al presentarse como representantes de la población desposeída en un territorio abandonado por el Estado central y departamental. Sin embargo, sus movilizaciones de protestas y paros terminaron produciendo resultados inesperados: los comerciantes pu-dieron abastecerse por la vía marítima y la guerrilla empezó a recurrir a prácticas extorsivas para su financiación; esto trajo como consecuencia el predominio de los sectores más militaristas de la guerrilla en detri-mento de los sectores más cercanos a la población civil. Esta situación fue empeorando por la expansión de los cultivos y el comercio de la coca en la subregión, que atrajo a cultivadores, raspachines y comerciantes, desplazados por los efectos del Plan Colombia en los departamentos del Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare.

Como resultado de esto, el Pacífico nariñense se convirtió en una zona estratégica para guerrilleros y narcotraficantes, dada su lejanía del centro del país, el menor control de la fuerza pública y el acceso privi-legiado al mar, gracias a los esteros y lagunas de la desembocadura de los ríos. El auge de la economía cocalera trajo consigo, desde finales de 1990 hasta años recientes, un aumento notable del dinero circulante y una disminución del desempleo, acompañados por una mayor actividad de las Farc. La sensación de impotencia y la incapacidad de la Policía para garantizar la seguridad de la población llevaron a los comerciantes a financiar los ejércitos privados de los paramilitares, que había sido precedida por bandas de sicarios, provenientes del norte del Valle y An-tioquia. Sin embargo, el recurso a la privatización de la violencia resultó, según el autor, en un remedio peor que la enfermedad, ya que los para-militares se mostraron más interesados en aprovecharse del negocio del narcotráfico que en defender a los comerciantes de las extorsiones de la guerrilla.

El resultado de estos desarrollos fue la aparición de una ola de vio-lencia sin precedentes entre una guerrilla cada vez menos política y más militarista, un paramilitarismo involucrado en el narcotráfico y unas Fuerzas Militares mejor armadas gracias a los recursos del Plan Colom-


bia, muy concentrada en la carretera entre Pasto y Tumaco. El resultado de estos enfrentamientos y los ataques a la población civil trajo como resultado una profunda crisis humanitaria, que produjo la generalizada indignación moral de la opinión pública nacional e internacional. Pero, incluso la desmovilización del bloque paramilitar, Libertadores del Sur, llevada a cabo bajo el gobierno Uribe, no solo no representó una mejoría de la situación sino que terminó por empeorarla, tanto por la transfor-mación de los antiguos paramilitares en milicias privadas al servicio de los narcotraficantes como por los intentos de las Farc por recuperar el terreno perdido. Por otra parte, la disminución de los recursos prove-nientes de la coca trajo consigo la intensificación indiscriminada de las extorsiones.

Por eso, el autor se dedica, en el segundo capítulo de su libro, a des-cribir, de manera detallada, la manera como el conflicto armado afectó la subregión del sur de la costa del Pacífico colombiano, con base en los datos cuantitativos del Banco de datos de derechos humanos y violencia política del Cinep/PPP. Se hace así evidente el contraste del aumento de la violencia a partir del 2000, en comparación con lo que ocurría antes de 1998, que muestra cómo el 95% de las víctimas de la violencia políti-ca del Pacífico nariñense se concentran en los últimos doce años, entre 2000 y 2012. Sin embargo, la georreferenciación de los hechos muestra una concentración de la violencia en los municipios de Tumaco, Bar-bacoas, Ricaurte, El Charco, Olaya Herrera, Santa Bárbara y Roberto Payán. Y se hace evidente que el conflicto se centra en la lucha por el control de la carretera entre Pasto y Tumaco y el curso del río Patía, dada su importancia estratégica para el acceso al Pacífico de guerrilleros y narcotraficantes

Pero también se destacan las diferencias en la presencia de los dife-rentes actores armados; la actividad de los paramilitares, marcada por asesinatos colectivos y amenazas, tiene mucha importancia a partir del 2000 pero decrece progresivamente hasta el 2003, mientras que en el mismo año 2000 se empiezan a registrar acciones violentas de las Fuer-zas Armadas contra la población civil, como desapariciones, detencio-nes arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, las acciones de las Farc, iniciadas desde 1990, alcanzan en el 2001 su momento más elevado con secuestros, extorsiones y asesinatos colectivos. Sin embar-go, señala el autor, las guerrillas de las Farc y el ELN hacían, desde años atrás, presencia en la región, donde ejercían cierta autoridad para diri-mir conflictos, con pocas acciones violentas. Pero, luego, esas acciones

prólogo 15

van aumentando en el 2009, que coincide con el aumento de las ac-ciones de los paramilitares, que empiezan a disminuir en 2010 y 2011. Para el autor, el aumento de las acciones violentas de las Farc y las de actores armados no identificados parece estar ligado a la intensificación de las actividades del narcotráfico. Para él, esta mayor actividad de las Farc significaba la recuperación progresiva del terreno que este grupo había perdido en los años anteriores en la subregión y los golpes recibi-dos en otras regiones del país, aprovechando la desmovilización de los paramilitares, entre 2005 y 2006, y la reactivación de la minería y del tráfico de drogas en el norte del departamento, usando el río Patía como vía principal. Por esta razón, el aumento de la violencia afecta más a El Charco que a Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, donde tradicionalmente se ubicaba la intensificación del conflicto. Y, a partir de 2008 y 2009, se intensifica más la victimización de la población civil que la de los com-batientes de uno u otro lado.

Después de los análisis de los contextos de la subregión y de la diná-mica de los actores armados, Rodríguez dedica el tercer capítulo de su obra a sugerir una aproximación a la manera como es narrado y vivido el conflicto armado en la vida cotidiana de los habitantes. A partir de una serie de testimonios, el autor logró, luego de vencer la natural re-sistencia de los pobladores a ser entrevistados, acercarse al estado de ánimo de la población afectada por el conflicto. Sacerdotes, religiosas, funcionarios locales y regionales, comerciantes, maestros, abogados y gente del común permitieron al autor acercarse a las subjetividades de la comunidad de la región, contrastando sus percepciones y opiniones sobre el contexto regional, las motivaciones de los actores y de sus pa-trocinadores.

El recorrido que hemos insinuado sobre los principales aspectos de la investigación de José Darío Rodríguez permite entender los desafíos que el autor señala para la subregión en la coyuntura de las negociacio-nes de paz en La Habana. En primer lugar, habría que tener en cuenta la complejidad de los múltiples factores que interactuaron para producir la actual situación. Entre ellas, se destaca la visión macro estratégica de las Farc, que buscaron compensar, en un territorio bastante desprotegido y donde no habían sufrido grandes golpes, sus pérdidas en sus zonas tra-dicionales del Caquetá, Meta, Cauca o Tolima. En ese contexto se mueve el apoyo guerrillero a la movilización campesina de los paros agrarios de la región. Pero, además de estas transformaciones de las Farc, José Darío señala la desconfianza y escepticismo frente a las negociaciones, como

resultado de las evidentes fallas de la desmovilización de los grupos pa-ramilitares, muchos de los cuales continuaron ejerciendo sus mismas prácticas violentas en forma privada y más desinstitucionalizada. Pero este escepticismo contrasta con la esperanza de muchos sobre las pers-pectivas de paz que se vislumbran.

Sin embargo, concluye el autor, esta paz deberá ser construida sobre la base de la propia historia del Pacífico nariñense, teniendo en cuenta su diversidad social y étnica, la manera como sus pobladores han vivido el conflicto de los años recientes. El rescate de los valiosos testimonios recolectados sobre las circunstancias de la inserción de los actores ar-mados ilegales, el papel de las instituciones estatales, la percepción de inseguridad e impotencia de los pobladores por la ineficiencia de la Po-licía y la influencia del narcotráfico, junto con el análisis de la manera como la política regional y nacional interactúa con la coyuntura de la subregión, pueden ofrecernos pistas valiosas para entender situaciones similares dentro y fuera del país.

En ese sentido, el análisis que nos presenta esta obra de José Da-río Rodríguez constituye un aporte importante para la construcción de una paz positivamente entendida como la construcción de una sociedad menos desigual y más incluyente, sin dejar de lado la necesidad del for-talecimiento de la institucionalidad estatal de nivel local y regional y de la creación de condiciones de convivencia ciudadana para la aplicación de las conclusiones de La Habana en el contexto particular del Pacífico nariñense.

Bogotá, 13 de febrero de 2015


Introducción

¿Por qué resulta importante comprender el conflicto armado en la re-gión del Pacífico nariñense1 colombiano? ¿Por qué dedicar esfuerzos a realizar una investigación a propósito de este fenómeno armado? ¿Cómo realizar este trabajo sabiendo que el conflicto está y sigue activo en el presente? Estas preguntas, entre otras, fueron recurrentes a lo largo de este trabajo de investigación del cual presentamos aquí los resulta-dos. El origen de este estudio y la elección de esta región como objeto de análisis tuvieron lugar hace tres años en Bogotá, durante la realización de una investigación acerca de la transformación del conflicto armado en la región del Magdalena Medio2, entre los años 2002-2008 (González G., F.E., et al, 2012: 429-465). Fue precisamente estudiando la dinámi-ca de los actores armados y la intensidad del conflicto en esta región, como comenzamos a observar un lazo entre la violencia política vivida en el Magdalena Medio y en el Pacífico nariñense. El primer indicio fue concretamente el fenómeno de desdoblamiento del bloque paramilitar que en aquel entonces controlaba el Magdalena Medio (Bloque Central Bolívar, BCB), que da origen al bloque paramilitar cuyo objetivo fue asegurar el control del Pacífico nariñense (Bloque Libertadores del Sur, BLS). A comienzos de la década del 2000, el BLS se habría ya instalado

1 Para observar nuestra región de estudio, ver los mapas 16 y 17.2 Región situada en el centro de Colombia, entre los departamentos de Santander, Antioquia,

Cesar y Bolívar. Se trata de una zona rica en hidrocarburos, pesca y recursos agropecuarios. Esta región es lugar de paso obligado entre las ciudades más importantes de la zona andina colombiana y la Costa Caribe. Entre 1990 y 2008, fue una de las zonas más golpeadas por la violencia de los grupos armados del país.


en el suroccidente colombiano bajo las órdenes de Guillermo Pérez Al-zate, alias “Pablo Sevillano”, hermano del entonces jefe del BCB, Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar”.

Debido a esta relación, el interés por descubrir las dinámicas y ten-dencias del conflicto armado en el Pacífico nariñense fue creciendo de manera progresiva. En este sentido, hubo inicialmente dos elementos factuales que llamaron nuestra atención. En primer lugar, la poca canti-dad de estudios sistemáticos acerca de la violencia política en el departa-mento de Nariño, y en segundo lugar, el evidente y dramático aumento de la violencia armada en los municipios que conforman esta región, en contraste con la disminución de este fenómeno en otras regiones del país mucho más golpeadas por él en el pasado reciente. Un ejemplo de ese “apaciguamiento” concierne precisamente el caso del Magdalena Medio, que luego de la desmovilización del aparato militar del parami-litarismo en 2005 no vuelve a conocer cifras de violencia tan elevadas como las que fueron registradas a finales de los años 90 y comienzos del 2000. Al seguir y profundizar este camino, la expansión de la violencia en el Pacífico nariñense, territorio poco explorado y de difícil acceso, se convirtió progresivamente en un tema de investigación que, a nuestro modo de ver, resulta indispensable para comprender las transformacio-nes recientes del conflicto armado colombiano y describir las dinámicas de acción de los diferentes grupos armados ilegales presentes en esta zona del país.

El objetivo general de este trabajo pretende ofrecer un estudio ana-lítico tanto del contexto histórico y las condiciones sociales que hi-cieron posible la instalación de los grupos armados ilegales en esta región como de la dinámica de la violencia ejercida por cada uno de estos actores a lo largo de los últimos 15 años. Tres tipos de fuentes se encuentran en la base de esta investigación. Referencias bibliográficas locales sobre la historia social, económica y política de la región, datos cuantitativos sobre la dinámica del conflicto armado en Colombia y un conjunto de entrevistas realizadas durante el trabajo de campo en Tumaco, Pasto y Bogotá en los meses de julio a septiembre de 2013. Teniendo en cuenta la poca cantidad de trabajos sistemáticos acerca de nuestro tema, resulta importante hacer uso al mismo tiempo de herramientas cuantitativas y cualitativas para poder reconstruir el pa-norama social e histórico de la violencia en nuestra región de estudio. En este sentido, en el plano metodológico, la articulación de métodos estadísticos, fuentes documentales y entrevistas se hace indispensable

introducción 19

para dar cuenta, de manera más completa y ordenada, de un tema complejo como el que aquí concierne. La justificación y la manera pre-cisa de utilización para cada uno de estos métodos serán expuestas en detalle al comienzo de cada capítulo.

Presentamos esta investigación en tres capítulos. El primero mos-trará el contexto histórico de la región a partir del cual pretendemos describir y analizar las condiciones sociales, geográficas, económicas y políticas que estuvieron presentes durante el tiempo de instalación de los diferentes grupos armados ilegales. En este sentido, el interrogante principal de esta primera parte puede formularse de la siguiente ma-nera: ¿Cómo es este tipo de sociedad en el que se instala este tipo de violencia? Para ello trabajaremos sobre la base de estudios históricos realizados por investigadores locales, así como también sobre diversos textos y artículos publicados recientemente a propósito del Pacífico na-riñense. Así, para realizar esta aproximación histórica de esta sociedad, comenzaremos por analizar las condiciones existentes al final del siglo XIX, y luego continuar con el siglo XX para presentar las etapas más re-presentativas del desarrollo económico vividas en la región, describir el proceso de configuración de sus centros urbanos más importantes (Bar-bacoas y Tumaco) y mostrar una experiencia de la relación histórica de algunos miembros de estas sociedades con la ilegalidad como práctica presente desde antaño a través del contrabando. Sobre ese panorama veremos qué tipo de sociedad encuentran los diferentes grupos arma-dos a su llegada e instalación en esta zona del país durante los años 80 y finales de los 90.

El segundo capítulo propone un análisis estadístico de la dinámica del conflicto armado durante el período 1990-2012 en el Pacífico nari-ñense. Este período corresponde a la activación y el desarrollo del fenó-meno de la violencia armada en esta región de Colombia. Será posible ver, gráficamente, los momentos más intensos del conflicto y sus varia-ciones a lo largo del tiempo y del espacio. Examinaremos este período por años, por actores y por municipios, haciendo uso de un soporte técnico constituido por mapas, tablas y gráficas elaborados a partir de la información recogida por el “Banco de Datos de Actores y Dinámica del conflicto armado” del Cinep3. Dicho trabajo estadístico permitirá cuantificar y analizar tanto las numerosas acciones violentas ejercidas por los grupos armados en contra la población civil, como los diversos

3 Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).


enfrentamientos y combates entre dichos grupos (guerrilla, paramilita-res y Fuerzas Armadas).

El último capítulo abordará la manera como los habitantes de la re-gión perciben y han percibido esta situación de violencia a lo largo de estos últimos años. Nos interesaremos en el modo como diversos tipos de personas se expresan en relación con el conflicto armado. De qué manera lo narran, qué tipo de aproximaciones y de análisis realizan des-de sus diversos puntos de vista, cómo lo viven. De este modo, haciendo uso de la información recogida durante las entrevistas realizadas du-rante el trabajo de campo, pondremos los pies en la tierra para leer, a partir de esa realidad cotidiana, los capítulos anteriores dedicados a la historia y a la estadística. ¿De qué manera estos habitantes sobreviven en el contexto actual de violencia? ¿De qué manera narran la historia de su región? ¿De qué modos y con qué hipótesis describen la llegada de los grupos armados ilegales? ¿Cuáles son sus opiniones respecto del contexto actual? ¿Cuáles son, según ellos, los desafíos regionales hacia el futuro? Al tener en cuenta estos interrogantes que guiarán esta tercera parte de la investigación, resultará importante considerar la forma en que estos diversos testimonios hacen o no eco a las informaciones reco-gidas y a las hipótesis formuladas en los capítulos precedentes.

Se ofrecerá así un amplio panorama analítico de la realidad actual en esta región de Colombia, construido a partir de un riguroso trabajo sociológico compuesto por un análisis histórico-económico, por la uti-lización de métodos cuantitativos y por la experiencia vivida sobre el terreno.

Capítulo 1

El Pacífico nariñenseDe la ‘riqueza’ del oro a la ‘miseria’ de la coca

Introducción

La violencia armada en la región del Pacífico nariñense es un fenómeno reciente. A diferencia de otras regiones del país que han sufrido nume-rosos y repetidos actos de violencia armada desde comienzos de los años 80, en nuestra región de estudio los combates entre grupos armados y los ataques contra la población civil por razones de tipo socio-político, sólo han aparecido con fuerza desde finales de los años 90 y comienzos del 20004. En este sentido, el Pacífico nariñense ocupa un lugar singular en cuanto a la temporalidad del conflicto armado colombiano se refiere. Se trata entonces de decodificar y comprender los dinamismos internos de este fenómeno en el ámbito local. Ahora bien, ¿cómo abordar esta problemática sobre la cual no existe aún una literatura sistemática abun-dante, entre otras cosas por la dificultad de acceso al terreno y por la novedad de la situación? ¿Cómo presentar y comprender la dinámica de los grupos armados y las tendencias de la violencia política en esta zona del país? Estos tres interrogantes expresan a la vez el interés general de esta investigación, así como el interés particular del presente capítulo.

Diversas hipótesis, a veces insuficientemente argumentadas o este-reotipadas, influencian las opiniones más comunes a propósito de las causas de la violencia actual en el Pacífico nariñense. Esto no quiere decir que dichas opiniones sean falsas, pero sí que, al recopilarlas y es-

4 Este punto será desarrollado y profundizado en el segundo capítulo.


cucharlas, reflejan numerosas falencias entre las cuales una de las más graves tiene que ver con la ausencia de una base histórica sólida que esté en capacidad de establecer el lazo entre los “estereotipos” y la realidad de la violencia actual. Las hipótesis que se utilizan con más frecuencia atribuyen las causas de la violencia armada en la región a cinco aspectos generales: el olvido histórico al que ha sido sometida esta zona del país y el abandono institucional del Estado, la precariedad del desarrollo eco-nómico a causa de prácticas extractivistas desde el tiempo de la Colonia, la distribución y los problemas de propiedad de tierras, la corrupción de la clase política local y la entrada del narcotráfico. Estos elementos hacen parte, por supuesto, de la realidad actual vivida por los habitantes del suroccidente colombiano y, en general, son los puntos preferidos por los medios de comunicación para hacer el enlace causal directo entre dichos factores y la violencia armada que viene azotando a esta región desde comienzos de la década del 2000.

Sin embargo, este análisis causal ampliamente compartido por la opinión pública, no resulta convincente. Precisamente por ello, este capítulo propone examinar el posible lazo histórico entre los aspec-tos mencionados y la violencia política5 de estos últimos quince años (1998-2012), no mediante una argumentación ingenua centrada en la denuncia de una realidad injusta a partir de una lista de clichés, sino a partir de un estudio histórico y social de la región desde finales del siglo XIX. Queremos saber en qué medida cada uno de estos aspectos es una posible causa, directa o indirecta, de la violencia actual. En síntesis, se propone un ejercicio que pretende inscribir la violencia actual dentro de unas dinámicas sociales y culturales de largo plazo y vieja data.

Junto con esto, aquello que nos mueve con más fuerza a dudar de este cierto lazo “directo” entre violencia política y condiciones socia-les, establecido por la opinión común, tiene que ver con el hecho de que, tal como se verá en las páginas que siguen, estos cinco elementos mencionados, han estado de cierta manera presentes en la región desde hace más de dos siglos. Sin embargo, no es sino a partir del final de la

5 Por “Violencia Política” comprendemos, según el marco conceptual del Banco de Datos del Cinep: ‘aquella ejercida como medio de lucha político-social, ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también con el fin de destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro dela sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado’, que a nuestro modo de ver, es el tipo de violencia que más ha marcado la dinámica social y política de la región durante el período 2000-2012. Cinep, Marco conceptual: Banco de Datos de derechos humanos y violencia política, Cinep, Bogotá, 2008, p. 6.

el pacífico nariñense. de la ‘riqueza’ del oro a la ‘miseria’ de la coca 23

década de 1990 cuando aparece el fenómeno de la violencia armada en la región, y no es sino a partir de la década del 2000 cuando los niveles de esta violencia aumentan de manera dramática. En este sentido, lo que interesa descubrir aquí no sólo es el contexto en el que los grupos armados se instalan progresivamente en el territorio, sino, sobre todo, identificar y nombrar los factores desencadenantes de la violencia en el Pacífico nariñense tal como la conocemos y percibimos en la actualidad. Los estudios hechos por los historiadores locales más representativos del siglo XX en este departamento colombiano, junto con las voces de los habitantes de la región6, son las fuentes documentales principales de este capítulo, organizado analíticamente en tres secciones.

La primera estará centrada en el final del siglo XIX, para describir los procesos sociales y económicos que generan un doble movimiento que evidencia un crecimiento importante de la ciudad de Tumaco, a la vez que Barbacoas (ver mapa 17), ciudad principal de la región desde comienzos del siglo XVIII, experimenta una situación global de declive. Comenzaremos por establecer un paralelo entre estas dos ciudades y nos interesaremos, a la vez, por los desplazamientos de sus respectivas poblaciones dentro del territorio regional y por las prácticas económi-cas legales e ilegales de la época. Entre las actividades económicas ile-gales, haremos énfasis en la manera como el contrabando se desarrolla al final del siglo XIX y a la importancia de las comunicaciones fluviales y marítimas que favorecieron esta práctica. Finalmente evocaremos al-gunos aspectos del ámbito político local, su relación con las autoridades departamentales y la configuración en el tiempo de esta clase política regional.

En la segunda parte, articulada a este panorama histórico, se pro-pondrá un recorrido por el siglo XX. Nos interesaremos en particular por las etapas más representativas de explotación de recursos naturales en la región. Los períodos de explotación de tagua, de madera y de pal-ma de aceite. Mediante esta periodización será posible observar, a la vez, el tipo de concepciones de “progreso” económico asimiladas a lo largo del tiempo y los diversos desplazamientos de la población regio-nal laboralmente activa que se moviliza en función de la evolución de estas olas de extracción. Como parte de estas etapas, será importante

6 Trabajo de campo realizado en Tumaco, Pasto y Bogotá entre el 3 de julio y el 9 de septiembre de 2013. La mayoría de las 18 entrevistas recogidas durante este período, tuvieron lugar en las ciudades de Tumaco y Pasto (departamento de Nariño).


acercarse a la manera como evoluciona la construcción de infraestruc-turas ferroviarias y de carreteras, y a las diversas dificultades de orden político que han obstaculizado la ampliación y mejoramiento de las vías de comunicación durante décadas. Dichas dificultades socio-políticas, junto con aquellas ligadas al lento desarrollo de la infraestructura vial nos darán una idea de los sentimientos de insatisfacción de los habi-tantes de la región en relación con su situación actual, marcada por la pobreza. Por último, en relación directa con el período de la silvicultura, evocaremos la problemática de tierras en su origen histórico, que es en principio el del uso y explotación de reservas forestales y adjudicación de terrenos baldíos para tales fines. Este problema de tierras se encuen-tra, entre otras cosas, en la base de los actuales conflictos de tierras que la Ley 70 de 1993 buscó zanjar mediante el modelo de adjudicación de propiedades colectivas para comunidades negras, pero cuya aplicación ha sido visiblemente obstaculizada por la influencia de diversos factores sociales, políticos y económicos.

La tercera parte estará centrada en el análisis de los procesos de ins-talación de los grupos armados ilegales en la región: guerrillas7 y grupos paramilitares. Ambos involucrados e influenciados por el tráfico de dro-ga. En cada caso se describirá el contexto social y económico que cada uno de esos grupos encuentra en el momento en que llega a la región. A partir de otros estudios y de los testimonios recogidos, se formularán algunas hipótesis que intentan explicar los posibles móviles estratégicos que condujeron a estos grupos armados a desplazarse desde otras regio-nes del país e instalarse en el Pacífico nariñense. En el capítulo siguiente, la reflexión se concentrará en el período 1990-2012 para examinar en detalle, a partir de datos estadísticos, la dinámica de las acciones vio-lentas perpetradas tanto por los grupos armados ilegales como por las Fuerzas Armadas.

El Pacífico nariñense a finales del siglo XIX

La herencia de Barbacoas y el auge comercial de Tumaco

Hablar del Pacífico nariñense a lo largo del siglo XIX implica dirigir pri-mero la mirada, casi de manera obligada, hacia la ciudad de Barbacoas (ver mapas 17 y 18). Sin duda, fue durante muchos años el centro ur-

7 Se incluyen los principales grupos guerrilleros presentes en la región: Farc y ELN.


bano principal del litoral nariñense debido a la explotación minera in-tensiva que allí se desarrolló desde comienzos del siglo XVII. Barbacoas es de manera indiscutible el centro histórico comercial de la región y el paso obligado entre el camino real (Popayán-Pasto-Quito), y el océano Pacífico durante el tiempo de la Colonia. Esta ubicación estratégica y la riqueza de sus recursos minerales la constituyeron por más de dos siglos en lugar privilegiado para establecer relaciones comerciales con los puertos de Panamá y Buenaventura.

Cuatro grandes familias de pueblos originarios –Telembíes, Barba-coas, Sindaguas e Iscuandés– habitaban la región Pacífica del actual de-partamento de Nariño hasta la llegada e instalación violenta y definitiva de colonos españoles a finales del siglo XVI. En el año 1600, el capitán Francisco de Parada y Zúñiga conduce el ataque militar definitivo que le permitiría dominar estos pueblos y fundar una nueva villa que sería llamada Nuestra Señora del Puerto de Nuevo Toledo (Márquez Rivera, M., 1969a: 48-53). Poco tiempo después este mismo poblado sería lla-mado Santa María del Puerto de Barbacoas y finalmente, a partir de 1607, será conocido sólo por el nombre de Barbacoas en honor a los pueblos indígenas que la habitaban (Márquez Rivera, M., 1969b: 53-58). Hacia el norte y en el mismo período de tiempo se fundaba la villa de Iscuandé, que con el tiempo se constituiría en el segundo centro urbano más importante de esta gran zona minera. Poco a poco la población indígena es diezmada a causa de los trabajos forzados en las minas, a tal punto que ya, a principios del siglo XVIII, comienza a ser reemplazada por esclavos negros traídos desde el África (Escobedo, R. y Palacios, M., 2009: 20-21).

Barbacoas conserva esta condición de primacía económica e histó-rica en la región hasta finales del siglo XIX. Según el historiador nari-ñense Marceliano Márquez Rivera, “Barbacoas fue centro minero im-portante, puerto fluvial de tránsito y distribución de mercancías entre el interior y los pueblos de la costa, asiento de una casa de la moneda (…). La abundancia y calidad del oro de Barbacoas permitieron no sólo atenderla sino hacer provisiones para la ciudad de Quito (…). Las vías de comunicación son acuáticas” (Márquez Rivera, M., 1969b: 54). Al respecto de esta abundancia de oro en Barbacoas y del desarrollo del trabajo de orfebrería, el sacerdote jesuita Mario Cicala escribía en sus crónicas, a finales del siglo XVIII: “Hay orfebres bastante hábiles que hacen toda clase de joyas de oro, tales como cadenillas de varias formas, hebillas, tabaqueras, estuchecillos con mondadientes y limpiaoídos, ani-


llos, aretes, puños de bastones, puños y empuñaduras de espadas, etc. Todos trabajados muy delicadamente (Zarama Rincón, R. I., 2004: 191). No obstante, la gran abundancia de oro de sus minas explotada de ma-nera incesante por la ambición española y para beneficio de la metrópo-li, nunca permitió mejores condiciones de vida para los pobladores de estas ciudades y de esta región en general.

En 1852, José Hilario López, presidente de la república de la Nue-va Granada8, sanciona el decreto que declara la libertad definitiva para los esclavos en todo el territorio nacional. A partir de ese momento el panorama regional del Pacífico, principalmente habitado por esclavos, cambia radicalmente. La mayor parte de los mineros comienzan a ins-talarse libremente en las tierras al borde de los ríos principales y en la periferia de los centros urbanos más importantes del momento, Barba-coas e Iscuandé. Poco a poco, estos antiguos esclavos toman posesión de facto de las tierras que cultivaban o en donde seguían explotando mi-nerales en menor escala. Se trata de una población que, luego de siglo y medio de dominación española, se declarará cristiana, hispanoparlante y campesina. Auto-denominación que por cierto permanecerá vigente hasta bien avanzado el siglo XX. Desde entonces, estos nuevos hombres libres van a reclamar casi de inmediato la propiedad de las minas explo-tadas y de las tierras cultivadas en donde se instalan, generalmente por grupos familiares que comparten una cierta ascendencia común (Esco-bedo, R. y Palacios, M., 2009: 32). La extracción minera, sin alcanzar las dimensiones del período precedente, seguirá siendo de todos modos una actividad económica importante para estos grupos de pobladores que la habían aprendido por la fuerza y asimilado como oficio luego de obtener su libertad. Sin embargo, la agricultura y la pesca, como activi-dades de subsistencia, serán en adelante las dos actividades que tendrán la primacía para estas mismas comunidades.

En lo que concierne a la composición de la población, es muy difícil de establecer para esta época la proporción exacta de población “escla-va” en la región. Los datos no son muy precisos. No obstante, según los datos recogidos por Rosa Isabel Zarama Rincón, la población total de la “Provincia de Barbacoas en 1797 ascendía a 7.147 individuos (…). El número de esclavos fue considerable: en 1788, conformaban un poco menos de la tercera parte de la población” (Zarama Rincón, R. I., 2004: 177). Ahora bien, según los datos del censo de 1843 (9 años antes de

8 República de Colombia en el presente.


la abolición de la esclavitud), la población total del cantón de Barba-coas llegaba a 8.994 habitantes (Rodríguez Guerrero, I., 1961b: 39). Se puede estimar, teniendo en cuenta la poca diferencia de la cifra total de habitantes entre 1797 y 1843, que luego de la abolición de la esclavi-tud esta proporción permaneció estable y que la proporción del número de esclavos con respecto al total de habitantes continuó representando poco menos de la tercera parte. Es sólo a partir de las últimas décadas del siglo XIX cuando esta población va a comenzar a desplazarse por el territorio con mayor facilidad, a establecerse con mayor libertad y a aumentar en número, lo cual la llevará a convertirse en la población mayoritaria en el siglo siguiente.

Es importante señalar que durante todo este período y hasta casi el final del siglo XIX, Tumaco no era más que un caserío cuya única fun-ción era servir de punto de aprovisionamiento para Barbacoas. Según Santiago Pérez, miembro de la Comisión Geográfica de 1853: “El pueblo de Tumaco se compone de una calle de tristes ranchos en los que están los almacenes, paralela a la orilla del mar, y de algunas otras barbacoas, todas de aspecto miserable” (Laurent, M., 2009: 76). Sin embargo, 38 años después y en contraste con esta descripción de Pérez, un viajero que pasaba por Tumaco en 1891, la describía de la siguiente manera: “bella población, bastante grande, construida toda de madera y con te-chos de cinc o de paja. (…) Hay bastantes edificios cómodos y elegantes, y los almacenes, que son muchos, están ricamente surtidos de toda clase de mercancías, pues Tumaco es la metrópoli comercial del Sur” (Ibid.). Según Muriel Laurent, esta transformación se explica por el “desarrollo exportador que experimentó Tumaco, que inició en la década de 1860 y se consolidó a partir de 1880” (Ibid.).

Esta transformación de Tumaco comienza precisamente a partir de la liberación de los esclavos y de la disminución de la extracción minera en Barbacoas e Iscuandé. Este nuevo contexto es el origen de un impor-tante proceso migratorio al interior de la región, caracterizado prime-ro por el desplazamiento de algunas familias blancas y mestizas desde Barbacoas hacia Tumaco, y seguido por la migración de habitantes y familias negras, también hacia Tumaco, con el fin de encontrar nuevas fuentes de subsistencia distintas de la minería. La razón principal de este proceso migratorio fue el hallazgo de una nueva fuente de riqueza en los alrededores de Tumaco. Se trata de la tagua o marfil vegetal, la semilla de unas palmas que crecían y se encontraban en abundancia a muy poca distancia del puerto marítimo. “Esta semilla, un poco más pequeña que


el huevo de una gallina, se parece al marfil y fue utilizada entre 1850 y 1940 para hacer botones en Europa y Estados Unidos. El crecimiento de Tumaco fue por tanto impulsado por un fenómeno general de la historia de América Latina: el auge exportador de finales del siglo XIX y comien-zos del XX” (Leal León, C., 2005: 40). Es evidente que la causa principal del crecimiento demográfico y económico de Tumaco desde finales del siglo XIX y comienzos del XX se explica por el auge de exportación de este nuevo producto de origen vegetal. En este contexto, una buena parte de antiguos esclavos y descendientes de esclavos se desplaza desde Barbacoas y sus alrededores hacia Tumaco, con el fin de instalarse cerca de los lugares de recolección de tagua (Ibid.).

De manera simultánea y como consecuencia inmediata de esta nue-va dinámica económica, se evidencia la emergencia de una nueva clase de comerciantes blancos que van a controlar la explotación de tagua en la región. “Importaban algunas mercancías y compraban semillas de ta-gua que luego exportaban” (Ibid. ). Ésta es en síntesis, la razón principal por la cual el crecimiento poblacional y económico de Tumaco alcanza y sobrepasa, a finales del siglo XIX, los niveles antes alcanzados por Bar-bacoas. De esta manera, a partir del siglo XX Tumaco se convierte en el centro urbano más importante del Pacífico nariñense. El más poblado y el más activo en el ámbito económico.

El fenómeno del contrabando en la región a finales del siglo XIX

El contrabando no es una actividad nueva en el Pacífico nariñense a lo largo del siglo XIX. Era ya una práctica desarrollada desde el período colonial y utilizado como estrategia para evadir a los impuestos de la Corona sobre las exportaciones de oro y las importaciones de mercan-cías, incluida la trata de esclavos negros en la ruta entre Panamá y Bar-bacoas. Llama la atención en ese sentido que, siendo una actividad tan expandida en la región y penalizada por las autoridades, sólo existiera un único puesto de aduana en toda la región, ubicado en el puerto de Tumaco durante el período 1860-1870. Esta parte de la investigación está inspirada en el estudio realizado recientemente por la historiadora belga Muriel Laurent, cuyo artículo acerca del contrabando en el Pacífi-co nariñense (Laurent, M., op. cit.: 73-99) enriquece nuestra aproxima-ción histórica de la región en tanto permite abordar y comprender las dinámicas y las rutas del comercio ilegal existentes desde décadas atrás


en esta zona de Colombia. Y esto, porque consideramos que las dinámi-cas y las rutas actuales de la ilegalidad no son nuevas ni desconocidas en este territorio. Muriel lo expone claramente en su investigación de historia económica.

En aquello que concierne a la dinámica del contrabando en el Pacífi-co nariñense, el estudio de M. Laurent pone en evidencia la familiaridad que existía a mediados del siglo XIX entre los habitantes de Tumaco y ciertas actividades económicas ilegales (Ibid.: 74), y esto, incluso desde antes del auge exportador de la tagua. Además, de acuerdo con su inves-tigación acerca de los informes de la aduana de Tumaco, que describen los tipos de mercancías incautadas en las embarcaciones que eran dete-nidas, es evidente que para el período 1860-1870 “las autoridades adua-neras tenían conocimiento del contrabando que se realizaba en la región y consideraban al río Patía y a la costa de Iscuandé como dos puntos estratégicos para la vigilancia. Sabían también que, si bien contaban con algunos recursos, les hacían falta muchos para impedir el contrabando de manera más adecuada” (Ibid.: 86). A ello se sumaba “la corrupción de los empleados subalternos de la aduana: […] no ha habido aquí ningún contrabando que no haya sido hecho en connivencia con el resguardo, que es casi siempre hechura de los defraudadores” (Ibid.: 92). El acuerdo entre guardas y comerciantes dependía generalmente de dos elementos: por una parte del tipo de mercancía, que privilegiaba sobre todo la cir-culación de artículos rentables como la sal, el oro o el tabaco, y por otra parte, del apellido, de la influencia y de la reputación del propietario de la mercancía.

No se puede afirmar con ello que todos los trabajadores de la adua-na estuviesen involucrados en asuntos de corrupción, pero dada la evi-dencia presentada por la autora, es claro que este tipo de hechos eran recurrentes. En este sentido, según M. Laurent, “en 1876 […] la aduana contaba entonces entre sus empleados tanto con individuos interesados en sacar provecho de su cargo para aumentar sus ingresos, hacerse ami-gos con los comerciantes y crear una red de apoyo a los contrabandistas en el resguardo, como con personas en desacuerdo con estos modos de operar y que señalaron los abusos” (Ibid.: 93). De esta manera y tal como se puede percibir a partir de estos testimonios, el contrabando era una práctica cuyo dinamismo, desde la ilegalidad, hacía parte del panorama económico de esta región de difícil control para las autoridades oficiales.

Sin embargo, para comprender mejor el desarrollo del contrabando en el Pacífico nariñense, es importante tener en cuenta, además de los


intereses económicos y sociales de los comerciantes y de los empleados aduaneros, las condiciones geográficas favorables a este tipo de activi-dad. En este sentido, hay que decir que uno de los elementos más ca-racterísticos del paisaje costero del Pacífico Sur de Colombia es la gran abundancia de manglares en la desembocadura de los innumerables ríos que atraviesan la región. Este tipo de ecosistema hace que las aguas de los ríos, al encontrarse con el mar, formen un gran laberinto de esteros y de lagunas paralelas a la costa, muy favorables para la navegación de pequeñas y medianas embarcaciones. Esta particularidad hidrográfica permite desplazarse con mayor tranquilidad “sin exponerse a los riesgos del mar” (Ibid.: 77; Misiones, 1972: 66), (ver mapas 17 y 18).

Teniendo en cuenta este punto, se comprende fácilmente que los puntos críticos para el contrabando, identificados por las autoridades aduaneras desde el siglo XIX, eran precisamente todas estas lagunas y esteros que se localizan exactamente entre la desembocadura del río Guapi en el norte y la frontera internacional con el Ecuador en el sur. A lo largo de este vasto territorio, las desembocaduras de los ríos Patía e Iscuandé correspondían a los dos puntos de vigilancia más importan-tes. Otros puntos secundarios, sobre todo al norte de la región eran “la costa de Iscuandé, San Juan, Amarales y el río Patía hasta el punto de Panga” (Laurent, M., op. cit.: 85). En esta zona, los ríos Iscuandé, Tapaje y Sanquianga permitían la comunicación entre los pequeños poblados alrededor. Estos ríos, en conexión con el Patía y el Telembí por medio de canales y de esteros, permitían a los habitantes de diversos puntos de la región llegar con facilidad a Barbacoas.

Tradicionalmente, el río Patía y el río Telembí (afluente del Patía), constituían la vía de comunicación fluvial más utilizada entre Tuma-co y Barbacoas. Desde los tiempos de la colonia española, eran las vías naturales más importantes de transporte gracias a sus características, favorables a la navegación de canoas y de embarcaciones de mediano calado. Hasta nuestros días, el río Patía sigue siendo el más importan-te y caudaloso del departamento de Nariño, que atraviesa de oriente a occidente (ver mapa 18). Se trata de un río con una longitud de 400 km y cuya cuenca hidrográfica se extiende sobre 25.000 km2 aproxima-damente. Su ancho máximo puede alcanzar los 300 metros (Rodríguez Guerrero, I., 1961a: 210-211). Sin ninguna duda, el río Patía ha sido y continúa siendo el principal corredor de transporte fluvial en la región. Es claro y evidente que este río ha permitido, y permite en la actualidad, el desarrollo tanto del comercio legal como de diversas actividades ile-


gales, tal como lo constatamos con la práctica del contrabando a finales del siglo XIX y como lo constataremos también en la actualidad con el proceso de instalación de los grupos armados ilegales y con el desarrollo del tráfico de droga en la región.

La élite económico-política de la región

El auge económico estimulado por la dinámica exportadora de la tagua, desarrollada en el Pacífico nariñense desde finales del siglo XIX, no tuvo como única consecuencia el crecimiento poblacional y económico de Tumaco9. No fue tampoco la única razón por la cual el nivel y la calidad de vida de sus habitantes pudieron haber mejorado, tal como los testi-monios de algunos viajeros lo constatan. Este desarrollo económico se encuentra también en la base de la formación de una nueva estructura socio-política, propia a esta región, y que permanece casi invariable has-ta nuestros días salvo algunas variaciones y adaptaciones de forma.

Esta dinámica económica impulsó, de manera progresiva, la crea-ción de un grupo de recolectores de tagua al mismo tiempo que otro grupo social constituido por comerciantes exportadores. “En la déca-da de 1870 el puerto ya contaba con un grupo de comerciantes que se unió para evitar la imposición de un impuesto a las exportaciones de tagua. Estos comerciantes operaban creando casas comerciales, que so-lían tener un solo dueño y llevar su nombre. […] La élite comercial era pequeña: en 1911 tan sólo doce casas se encargaban del comercio de exportación. Algunos de sus dueños provenían de Barbacoas, otros eran inmigrantes de España, Italia, Inglaterra, los Estados Unidos y proba-blemente también de Ecuador y otras partes de Colombia. […] La rela-ción entre estos comerciantes y los recolectores estaba mediada por el endeude”10 (Leal León, C., op. cit.: 43-44).

A partir de este sistema de enganche entre comerciantes y recolec-tores, la élite naciente comenzó a establecer lazos de lealtad y de depen-dencia con la población trabajadora, mayoritariamente negra. En este

9 De acuerdo con los datos del censo nacional de 1843, la población total de Tumaco apenas llegaba a 2.557 habitantes, mientras que Barbacoas registraba una cifra de 8994 habitantes. Sesenta y nueve años después, según el censo nacional de 1912, la población total de Barbacoas era de 16.984 habitantes, mientras que la población de Tumaco sobrepasaba ya los 30.000, exactamente 31.685hab. (Rodríguez Guerrero, I., 1961b: 38-41).

10 Según este sistema, “los comerciantes proveían a los recolectores de los bienes necesarios para su manutención a cambio de que estos últimos pagaran la deuda adquirida en tagua”.


contexto, tales relaciones económicas se transforman en relaciones de poder. De esta manera el orden político local comienza a tomar forma a partir de los primeros años del siglo XX (Rosero García, E. A., 2012: 233). Las familias dominantes, que en la época constituían esta pequeña élite, encuentran a comienzos de siglo, un contexto político nacional marcado por un sistema altamente centralizado, que concentraba sus esfuerzos en la unificación política de la república desde Bogotá, pero que se mostraba incapaz de garantizar el control de las zonas geográfi-camente más alejadas de la capital. Este es el caso del departamento de Nariño, creado en 1904 y que se caracteriza por ser hasta nuestros días, uno de los más alejados geográfica y políticamente del centro nacional. El Pacífico nariñense es además la zona más alejada y la más mal comu-nicada (durante la mayor parte del siglo XX) con la capital departamen-tal, San Juan de Pasto (ver mapas 16 y 18).

Esta situación de aislamiento geográfico y político favoreció la con-solidación del poder local de estas familias mediante la creación y asimilación de un sistema paternalista y clientelista. Esta realidad na-cional y local obligaba al Estado central a entrar en negociación con estas nuevas élites y a delegar progresivamente en ellas su poder ad-ministrativo. Los acuerdos producidos por estas negociaciones bene-ficiaban de cierta manera al Estado central que, dada la imposibilidad de controlar y de hacer presencia en las zonas más alejadas del país, veía en este tipo de arreglos con las élites locales, una manera eficaz para mantener y garantizar la estabilidad de su poder. “De esta forma, el Estado entregó facultades a notables locales para que actuaran como representantes de las disposiciones nacionales y fueran mediadores de los problemas locales, concentrando así algunos de los escasos bene-ficios que el Estado otorgaba a la municipalidad como los recursos de educación, salud y sobre todo, de las decisiones públicas. […] Los asuntos locales eran manejados como problemas de redes de relación familiares para satisfacer y servir a un círculo restringido de intereses e individuos” (Ibid.).

De manera progresiva, estas familias, en su mayor parte de origen europeo, van a organizarse internamente y solidificarse por medio de arreglos de matrimonios, compromisos familiares y sociedades comer-ciales, durante las primeras décadas del siglo XX, para poder ejercer también una cierta influencia en el panorama político nacional. Una de las primeras figuras emblemáticas de esta nueva élite económico-polí-tica tumaqueña fue Julio César Delgado Girón, elegido cinco veces al


Congreso Nacional como representante por el departamento de Nariño. Él será el precursor de un linaje político de tendencia liberal que hará un fuerte contrapeso a sus rivales inmediatos, igualmente liberales, de la élite barbacoana y entre los cuales la figura más representativa durante este período fue Efraín Llorente Ortiz.

Ahora bien, a pesar de esta rivalidad, una serie de matrimonios arre-glados, va a unir a estas familias. Tal vez la unión más célebre a co-mienzos del siglo XX en Tumaco, fue aquella entre las familias Delgado y Escrucería. La primera era públicamente reconocida por su gran in-fluencia política mientras que la segunda lo era por su poder económico gracias al comercio y exportación de la tagua (Ibid.: 237). Es precisa-mente de la unión de estas dos familias, que nace el linaje “Escrucería-Delgado-Manzi”, que se convertirá en el más reconocido e influyente de la región hasta nuestros días y que va a detentar fácilmente el mono-polio político y económico de la región hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX.

El Pacífico nariñense durante el siglo XX

Tres grandes períodos de economía extractivista

Según Leal León “las economías extractivas, que dependen de tomar productos de la naturaleza, han sido típicas de las selvas tropicales, donde la gran diversidad de plantas y animales ha facilitado encontrar materiales demandados en otras regiones. […] Estas economías han generado crecimiento urbano, pero sólo ciudades de tercera categoría” (Leal León, C., op. cit.: 53). Esta tercera parte será abordada a partir de esta afirmación histórica. La reflexión se centrará en las etapas más representativas de la historia económica del Pacífico nariñense. Es claro que a lo largo del siglo XX, hubo dinámicas económicas bastante diver-sificadas en esta región. Entre este tipo de actividades se puede incluir la producción agrícola de diversos tipos de productos tropicales, el de-sarrollo de la pesca marítima y el comercio de mercancías de todo tipo. No obstante esta diversidad, las páginas que siguen estarán enfocadas en tres grandes etapas que, a nuestro modo de ver, han sido las que más han marcado social y políticamente a la región. Estas etapas hacen parte además de la memoria colectiva de sus habitantes y se encuentran al origen de la configuración social (urbana-rural) y económica de lo que es y representa en el presente el Pacífico sur colombiano.


La tagua (marfil vegetal)

Para entrar en el detalle de esta primera etapa, ya evocada algunas líneas atrás, se abordará primero la manera como el auge de esta actividad se manifestó de forma concreta en Tumaco, para luego enfocar la reflexión en las causas y en las repercusiones sociales de la entrada en decadencia de este negocio al final de los años 30. A diferencia de otras ciudades colombianas que exportaban la tagua11 desde finales del siglo XIX, el gran impacto de esta actividad en la ciudad de Tumaco se debió particu-larmente a su proximidad geográfica de las zonas de recolección de este producto12. Si bien Tumaco era un centro reconocido de exportación de tagua desde el siglo XIX, su verdadera transformación urbana sólo comienza a evidenciarse luego de 1908, fecha en la que el gobierno na-cional promulga una ley con la cual se confería a las autoridades locales (departamentales y municipales), el derecho de establecer y de recibir un impuesto a la explotación y exportación de la tagua. En poco tiempo, las ganancias municipales de Tumaco se triplicaron y, en consecuencia de ello, la inversión pública comenzó a ser mayor y más visible a los ojos de los habitantes tumaqueños de la época (Leal León, C., op. cit.: 47).

Durante el período 1902-1908, la cantidad de edificios públicos construidos se multiplica y el mejoramiento de la infraestructura gene-ral aumenta la capacidad de la ciudad para acoger a una población más numerosa. “Desde finales del siglo XIX un templo bien localizado en la plaza principal le había dado cierta respetabilidad al puerto. En 1902 Tumaco adquirió un aspecto más inusual cuando se inauguró el teatro municipal. (…) El municipio, además, acondicionó una casa como hos-pital. (…) En 1912 el Concejo convirtió la extensa plaza Cristóbal Colón en un parque con kiosco en el medio, la torre de la iglesia fue ador-nada con un reloj (…). El Concejo también construyó un matadero, tres muelles y dos puentes sobre el estero que partía la isla en dos (…), pavimentó varias calles con piedra, construyó andenes, puso elegantes barandas de hierro alrededor de la escuela de niñas y del cementerio, instaló lámparas en las calles principales y dotó a la ciudad de tres excu-sados públicos. (…) Un aserradero y un astillero permitieron la fabrica-

11 Cartagena, Barranquilla, Panamá.12 “Consideramos este producto como natural, ya que la palma de tagua no fue sembrada o

cultivada, encontrándose extensos bosques naturales a todo lo largo de la provincia [de Tumaco], que contienen millones de estas palmas. Millares de toneladas de tagua fueron exportadas en los últimos 30 años”. (Dávalos, P. M. y Vargas, C., 1940: 246).


ción local de muebles y barcos. (…) El número de artesanos creció con la proliferación de carpinteros, hojalateros, herreros, pintores, joyeros, sastres, fotógrafos y reparadores de zapatos, relojes y sombreros. (…) Habría que añadir a un pequeño grupo de profesionales, principalmen-te abogados, pero también un par de médicos y algún dentista, contador e ingeniero” (Ibid.: 47-49).

Esta larga cita de Leal León permite percibir el panorama global de Tumaco a comienzos del siglo XX. No obstante, este período de prospe-ridad no duró mucho tiempo. Diez años después, al final de la década de 1930, el contexto nacional e internacional da un giro particular que cambia por completo el curso de los acontecimientos. Por una parte, el lanzamiento de la producción de botones de plástico en el mercado internacional, conlleva la disminución de la demanda y del precio de la tagua de manera dramática. A causa de la crisis ocasionada por esta baja de precios, los ingresos de la región Pacífica disminuyen de manera di-rectamente proporcional. En 1940, algunos testimonios de la época dan cuenta de esta nueva situación económica: “En los últimos años el pre-cio de la tagua bajó tanto en el exterior, que sólo se exportan cantidades exiguas y hoy no representa, esta fabulosa riqueza natural, el motivo de progreso y bienestar económico de la provincia [de Tumaco]” (Dávalos, P. M. y Vargas, C., 1940: 246).

Por otra parte, el auge de la tagua fue también acompañado por una división social-racial cada vez más marcada. Desde finales del siglo XIX la élite comerciante había comenzado a asociarse entre sí: entre los blancos y mestizos que llegaron del exterior y de otras regiones de Colombia a Tumaco atraídos por el desarrollo comercial de la época, y entre los blan-cos y mestizos de la pequeña élite barbacoana que se había desplazado hacia Tumaco luego de la abolición de la esclavitud. Junto con esta élite, se constituía, de manera simultánea, una gran masa de recolectores de tagua, al mismo tiempo que de artesanos y obreros mayoritariamente negros. Esta división, que marcó una tendencia en la organización del trabajo y del comercio, determinó también en gran medida la configuración de la ciudad, la distribución de estas poblaciones en el paisaje urbano, la distri-bución desigual de las riquezas y el tipo de organización política, marcada por el paternalismo de la pequeña élite económico-política de la región. A finales de los años 40, el panorama social de Tumaco es claramente el de una sociedad dividida. Según Leal León, “la geografía de la ciudad y las relaciones entre sus residentes, vistas en parte a través del desprecio que los blancos sentían por las manifestaciones culturales negras, semejaban


las profundas divisiones de la economía tumaqueña. […] Las divisiones raciales expresaban la estructura de la economía y determinaban el carác-ter de Tumaco” (Leal León, C., op. cit.: 57).

De este modo, a diferencia de las ciudades andinas del departamento de Nariño: Pasto, Ipiales y Túquerres, en donde la población era mayori-tariamente mestiza y en donde la población indígena estaba mucho más integrada al trabajo agrícola, en Tumaco hay un contexto mucho más marcado a la vez, por una economía de extracción-exportación y por una fuerte polarización social, económica y política entre la pequeña élite blanca y la numerosa población negra. Esta dinámica permanecerá y se manifestará de diversas maneras en las etapas históricas siguientes.

La silvicultura

A partir de 1950, como respuesta a la disminución del comercio de la ta-gua, la explotación de la madera, hasta el momento practicada a pequeña escala y de manera artesanal, se convirtió en la alternativa escogida para hacer frente a la crisis económica de la época. Gracias a la abundancia de maderas de primera calidad, el Pacífico nariñense comienza a posi-cionarse en el mercado nacional, especialmente luego de la creación de algunos aserraderos. Sin embargo, el panorama regional será transfor-mado nuevamente, al final de esta década, luego de la promulgación, en el seno del Parlamento de la República, de la Ley 2 de 1959 (Colombia, Congreso de la República, 1958), que declaraba como terrenos baldíos a casi la totalidad del Pacífico nariñense. La idea de la ley consistía en poner estos territorios, cubiertos de árboles maderables, a disposición de empresas privadas que tuvieran la capacidad de explotarlos a gran escala. Ahora bien, si durante el auge de la tagua los impuestos gravados a su explotación y exportación entraban directamente al tesoro regional, en el caso de la silvicultura, estos recursos entrarían en su totalidad, se-gún lo estipulado por la ley, al tesoro nacional.

En este sentido, las explotaciones de madera debían estar sometidas a las condiciones del Ministerio de Agricultura, que a su vez era la insti-tución encargada de otorgar las licencias de explotación. En el papel, es-tas nuevas disposiciones del gobierno nacional parecían ser adecuadas para organizar esta actividad en el país. No obstante, el modo particular como la silvicultura se desarrolló en el Pacífico sur colombiano luego de la promulgación de esta ley tuvo una doble y paradójica repercusión. Si bien esta actividad económica fue por casi 20 años una de las mayores


fuentes de empleo en la región, es también la base de nuevos conflic-tos sociales que buscarán ser resueltos por la violencia armada algunos años más tarde y cuyos efectos aún se sienten en el presente. En lo que concierne a esta puesta en práctica de la silvicultura hay que señalar que durante el período 1960-1970 llegan, por primera vez, las primeras grandes empresas nacionales y extranjeras que se instalan en la región y cuya lógica de funcionamiento comercial es claramente más sofisticada que aquella empleada por los comerciantes y exportadores de tagua a comienzos del siglo XX.

La empresa más recordada y representativa de este período, que mo-nopolizó el comercio de maderas y el mercado laboral en la región duran-te casi 20 años fue Maderas y Chapas de Nariño (Martínez Betancourt, J., 2006: 226). Teniendo su sede principal en Tumaco, esta empresa contro-laba fácilmente la explotación, el transporte y el comercio nacional e in-ternacional de los diversos tipos de maderas existentes en el territorio. Esta empresa, “fundada en 1955 por un grupo de industriales colombia-nos, (…) fue adquirida a finales de 1967 por la Potlatch Forests Inc. (…). Posteriormente los magnates de la Potlatch vendieron las acciones de la compañía a una sociedad colombo-norteamericana conformada por Jack Simplot y Oliverio Phillips Michelsen, pariente cercano del ex presidente Alfonso López Michelsen”13, (Escobar, F., 1980). Maderas y Chapas de Na-riño agrupaba a numerosos aserraderos en Barbacoas, El Charco, Guinul, Salahonda y Rosario (Dávalos, P. M. y Vargas, C., op. cit.: 247).

De acuerdo con el testimonio de un antiguo trabajador de esta em-presa, “lo que sí le dio el impulso [a Tumaco] fue la madera, empezó el boom de la madera, porque aquí había aserríos pequeños como el de los Márquez ahí en la 18 […] Luego vinieron unos gringos Soolivan (sic) a hacer varias empresas grandes de madera, tonces (sic) aquí se acabó totalmente el desempleo, aquí tenían era que salir a buscar gente para trabajar. Eran empresas grandes, unos imperios” (Entrevista Nº14)14. Se puede decir que el auge de la silvicultura permitió el encuentro de nuevas fuentes de trabajo a la población laboralmente activa, que se be-nefició especialmente durante el período 1960-1980. Esta dinámica eco-nómica suscitó también una nueva etapa de migración del mundo rural hacia el mundo urbano, representado primordialmente por Tumaco y

13 Presidente de la República de Colombia durante el período 1974-1978.14 Entrevista efectuada en Tumaco durante el trabajo de campo realizado entre el 3 de julio y

el 9 de septiembre de 2013.


sus alrededores. Como consecuencia inmediata de estos desplazamien-tos sobre el territorio regional, la población de Tumaco aumentó nota-blemente y, durante estas décadas, el número de personas asalariadas alcanzó altos niveles, hasta el momento desconocidos en la historia del mercado laboral de la región.

Los efectos e impactos regionales a largo plazo de la Ley 2 de 1959 fueron paradójicos. Si bien el aumento de la actividad económica y la disminución del desempleo en los sectores urbanos de la región son dos factores que marcaron la memoria colectiva de la sociedad pertenecien-te a esta generación, es claro también que esta misma realidad fue vivida de manera diferente en el mundo rural. La ley sugería y promovía la idea de que las zonas rurales, en cuanto terrenos baldíos, estaban deshabita-das. Este error de principio sumado a la concesión de licencias de ex-plotación a grandes empresas, generó una situación de desplazamiento forzoso de la población rural que fue expulsada de sus tierras, ubicadas y ocupadas desde mediados del siglo XIX, en los bordes de los ríos y cerca de las zonas de explotación maderera. Error que se repitió con las empresas palmeras a finales del siglo, que aún no ha sido resuelto y que sigue siendo fuente de nuevos conflictos sociales y de violencia armada.

Así, entre 1960 y 1980, se desarrolla un doble movimiento migrato-rio. Una migración ‘voluntaria’ de campesinos que salían a buscar traba-jo y se dirigían hacia los centros urbanos de la región, especialmente ha-cia Tumaco y sus alrededores para buscar ser contratados en su mayoría por Maderas y Chapas de Nariño, y una migración ‘forzada’, también ha-cia los centros urbanos más próximos (Barbacoas, Tumaco e Iscuandé), pero motivada por la llegada de las empresas de explotación de madera, que expulsaron de sus territorios a las comunidades campesinas. Este segundo tipo de migración produjo a la vez un aumento significativo de la población urbana –especialmente la de Tumaco– y un fuerte sen-timiento de desarraigo en las personas que habían sido expulsadas de sus tierras. Se trataba de terrenos trabajados de manera colectiva por la reunión de varias familias que constituían una pequeña aldea o poblado, y en donde las ganancias y las cosechas eran enteramente compartidas o intercambiadas entre los miembros de la comunidad. No será sino hasta comienzos de los años 90, con la promulgación de la Ley 70 de 1993 (Colombia, Congreso de la República, 1993), cuando estas comunida-des desarraigadas por empresas madereras en el pasado, o palmeras en el presente, van a movilizarse para recuperar al menos una parte de sus territorios colectivos perdidos. Esto, debido a que dicha ley reglamen-


taba, entre otras cosas, los tipos de propiedades de tierras colectivas, particularmente para las comunidades afro-descendientes colombianas.

Este auge de la madera entrará finalmente en crisis en el momento en que, a causa de los altos niveles de corrupción interna, Maderas y Cha-pas de Nariño no será capaz de mantener la regularidad en los pagos de salarios para sus trabajadores. Esta crisis explotó a finales de los años 70 y se hizo visible por medio de diversas huelgas y paros que, organizados por los trabajadores de la empresa, expresaban su descontento genera-lizado frente a las prácticas de corrupción y de la mala administración. Además de esto, el crecimiento del número de movimientos y grupos ambientalistas locales y nacionales a lo largo de los años 80, que denun-ciaban los efectos negativos de la explotación desmedida de la madera en la región, entre los cuales se encontraba la desaparición de numero-sas hectáreas de bosque nativo, condujeron al gobierno nacional a en-durecer las condiciones de concesión de las licencias de explotación de madera en el territorio nacional. Para Maderas y Chapas de Nariño, los controles ambientales fueron cada vez más estrictos y sus licencias de explotación en ciertas zonas del Pacífico nariñense fueron suspendidas. Así, a lo largo de la década de 1980 el ambiente económico y social de la región se encontraba fuertemente marcado por la crisis de Maderas y Chapas de Nariño, el aumento del desempleo y el consecuente aumento de la pobreza frente a nuevas fuentes de empleo, especialmente entre los habitantes de la ciudad de Tumaco. De esta manera, el período de la silvicultura llegaba a su fin a mediados de los años 80.

La palma de aceite

Las primeras explotaciones de palma de aceite en la región datan de comienzos de los años 60 (Botero Villegas, L. F., 2008: 14). En aque-lla época, la plantación de palma era ya considerada como de “larga duración15, pero de gran rentabilidad” (Rodríguez Guerrero, I., 1961b: 58). Sin embargo, y a causa del auge de la silvicultura durante aquella

15 De ‘larga duración’ debido a que el período que va entre la siembra de la palma y del momento en que ésta comienza a ser productiva es de siete años en promedio. Durante ese tiempo, el campesino no tiene otra alternativa que cuidar la plantación de las diversas plagas que atacan a este tipo de palma. De esta manera, el presupuesto que se debe invertir para el mantenimiento de las plantaciones durante el período ‘improductivo’ resulta ser generalmente oneroso y sin ganancias. No obstante, pasados los primeros siete años, esta palma se vuelve altamente rentable pues a partir de la primera recolección, las producciones son abundantes y las ganancias constantes durante un ciclo de aproximadamente 30 años.


década y la siguiente, la importancia económica de la palma de aceite no será muy significativa. Habrá que esperar a la segunda mitad de la década de 1980, luego de la crisis del negocio de la madera, para que esta palma tropical se convierta en la nueva alternativa de explotación económica en la región. El fortalecimiento de esta nueva actividad coin-cide claramente con el período de crisis de la silvicultura, luego del cual el número de hectáreas destinadas a la palma va a aumentar de manera significativa.

Ya a comienzos de la década de 1990, la economía del municipio de Tumaco estaba principalmente basada en la plantación de palma aceite-ra y en la producción y exportación del aceite vegetal que es extraído de los cogollos de esta planta de origen tropical (Rocha, C., 2014: 8). Según los datos registrados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), “el área total sembrada de palma africana hasta 1986 era de 14.000 hec-táreas, y según Fedepalma, en 1999 existían unas 18.153 hectáreas. (…) Ya entre 2004 y 2006, Tumaco pasó de 27 mil a 32 mil hectáreas de pal-ma cultivadas” (Ibid.: 8). Estas cifras coinciden con las presentadas por Botero Villegas, quien señala la existencia de 35.000 hectáreas de palma de aceite en 2006 (Botero Villegas, L. F., 2008: 14). Según este autor, la segunda mitad de la década de 1980 corresponde al período en el que el número de plantaciones de este tipo de palma aumentó de manera más significativa.

De acuerdo con Catalina Rocha, a lo largo de este mismo período se puede hablar de dos tipos de explotación de este recurso natural. En primer lugar, la explotación de plantaciones en gran escala, mediante la instalación e intervención de grandes empresas como Palmas de Tuma-co, Araqui, Palmeiras, Astorga, Santa Helena, Santa Fe y Salamanca, que siguiendo casi el mismo modelo de las empresas madereras, tuvieron también un doble efecto social en la región. A la vez que fueron fuentes de empleo importantes en el contexto local, fueron causa de nuevos y masivos despojos de tierras campesinas. En segundo lugar, la explota-ción en pequeña y mediana escala de ciertos productores que combinan la plantación de palma con el cultivo de productos agrícolas para su propia subsistencia (Rocha, C., 2014: 8-9).

Sin embargo, y de manera bastante similar a la dinámica generada por la silvicultura, este nuevo período encontró también diversas y se-rias dificultades a causa del modelo de explotación puesto en práctica. La primera y más determinante en la historia reciente del Pacífico nari-ñense tiene que ver con la cuestión del uso, distribución y propiedad de


las tierras. Desde finales de los años 90 estos factores han sido foco de numerosas y variadas tensiones sociales entre las empresas y, especial-mente, las comunidades campesinas afro-descendientes. Un testimonio escrito de estas tensiones sociales se encuentra en las impresiones reco-gidas durante una reunión organizada en 1997 por el entonces vicariato apostólico16 de Tumaco entre empresarios y campesinos: “Debido a la nueva situación de la posesión de las tierras que se está generando por la presencia de palmicultores venidos de otras regiones, se está creando en la costa de Nariño un clima de tensión sobre las comunidades ne-gras y los empresarios terratenientes que puede generar una situación de conflicto en el futuro” (Botero Villegas, L. F., 2008: 24). Algunos me-ses después comienzan a aparecer signos de violencia, esencialmente expresados por el envío de amenazas contra líderes de las comunidades de afro-descendientes que denunciaban los abusos de las empresas pal-micultoras sobre sus territorios.

Una nueva crisis económica y social vendría cuando la diseminación de una enfermedad del cogollo de estas palmas, atacaría cerca del 90% de los cultivos existentes en 2004 (Rocha, C., 2014: 9). Algunas empre-sas palmicultoras se vieron obligadas a cerrar sus puertas y abandonar la región. Como consecuencia de ello, cerca de 7.000 asalariados perdie-ron su trabajo de la noche a la mañana. Esta situación de dificultad fue, a la vez, una crisis ecológica a causa del número elevado de hectáreas perdidas, y una crisis social que aumentó de manera dramática los nive-les de desempleo en la región. En la actualidad, un buen número de las hectáreas atacadas por la plaga se encuentran en período de regenera-ción, y sólo algunas pocas en período de producción.

Infraestructura ferroviaria y de carreteras

El proyecto de conectar la capital del departamento con el océano Pací-fico data de comienzos del siglo XX. La puesta en marcha de este deseo ha acompañado y atravesado todas las etapas y tentativas de desarrollo económico que se han evocado. Cabe recordar que la carretera de 290 km que existe en la actualidad entre Pasto y Tumaco fue terminada y entregada apenas en 1995. Esta carretera, además, es en la actualidad la única vía de comunicación terrestre entre el Pacífico nariñense y la zona andina del departamento de Nariño.

16 Hoy diócesis de Tumaco.


El primer intento efectuado para unir estas dos ciudades tuvo lugar, de manera oficial, el 6 de noviembre de 1912. Aquel día, en Bogotá, el Congreso Nacional promulgaba la Ley 65 que ordenaba la construcción de un ferrocarril entre el litoral Pacífico y el río Putumayo (Ver mapa 18). Este ferrocarril debía pasar necesariamente por Pasto y unir con el tiempo, a lo largo de su trayecto, a la capital nariñense con la ciudad de Popayán (Buendía Narváez, J., 1979: 11). El comienzo de los trabajos estaba previsto para 1914. Sin embargo, “el cambio de gobierno veri-ficado en este año, y ante todo, la guerra europea que se desató entre 1914 y 1918, impidieron la realización de tan magna empresa acabando con las esperanzas de Nariño y alejando el progreso nacional. Tal es la suerte que le cupo a nuestro departamento al frustrarse la Ley 65 de 1912” (Ibid.: 12.). En 1920, dos años después del final de la Primera Guerra Mundial y luego de un nuevo cambio de gobierno en Colombia, el proyecto del ferrocarril fue recomenzado. Para tal efecto, el Ministe-rio de Obras Públicas nombró una comisión de ingenieros y le concedió el presupuesto necesario para comenzar los trabajos. Una línea de 100 km entre Agua Clara (al frente de la ciudad de Tumaco) y El Diviso fue construida entre 1922 y 1930. A partir de este año, el ferrocarril comien-za a circular entre esos dos puntos (Ibid.: 13.).

Sin embargo, un segundo problema aparecería hacia el final de la década de 1930. Un nuevo cambio en la Presidencia de la República y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial transformarían el panorama regional. De entrada, la extensión que se había previsto para unir Pasto con Popayán fue detenida de un momento a otro. Junto con esto, los 100 km que ya se encontraban en servicio, dejaron de recibir mantenimien-to. Esto produjo serias dificultades para el buen funcionamiento del tren, que progresivamente disminuyó sus frecuencias y, con el tiempo, vio disminuir dramáticamente la calidad de su servicio. A comienzos de la década de 1950, el gobierno nacional decidió quitar definitivamente las vías de este ferrocarril, ya entrado en desuso. Según Buendía Nar-váez, “la supresión del ferrocarril de Nariño en la década de 1950 de-fraudó las esperanzas del sur colombiano y además se le engañó con la oferta mentirosa de que se remplazaría el ferrocarril con una magnífica carretera de Tumaco a Pasto; pero ha pasado las décadas de mediados del 50, 60 y 70 sin que la promesa se haya cumplido, lo que hoy mismo la prensa hablada y escrita, los parlamentarios y las autoridades del depar-tamento claman diariamente por el cumplimiento de esta oferta sin que hasta el presente haya seguridad de que se cumpla” (Ibid.: 14.).


La construcción de esta carretera entre Pasto y Tumaco comenzó efectivamente después de la supresión del ferrocarril, pero sólo sería terminada en 1995. Cuarenta y cinco años de disputas políticas y de dificultades presupuestales tuvieron que pasar para trazar y pavi-mentar esta vía, indispensable para la comunicación del Pacífico con el interior del departamento de Nariño (ver mapa 18) y con el resto del país. Según Botero Villegas, “al igual que con la interconexión eléctrica, muchos pensaron que la carretera era la manera concreta como el Estado había reconocido la importancia de esta región del departamento de Nariño. Con ambos proyectos, así lo creía un buen número de habitantes, el desarrollo, el progreso, y las oportunidades antes negadas se iban a dar por fin en abundancia” (Botero Ville-gas, L. F., 2008: 26). Desde comienzos del siglo XX, la comunicación entre el litoral Pacífico y la zona andina del departamento era con-siderada como un elemento estratégico para impulsar el desarrollo social, económico y político del Pacífico sur colombiano. Las expec-tativas confluían en que, con la construcción de esta carretera, la región estaría mejor y más integrada al contexto regional-nacional y, en consecuencia, las oportunidades de trabajo y de progreso au-mentarían de manera significativa para todos sus habitantes. Dicho proyecto y su realización, finalizada en 1995, sólo cumplieron par-cialmente tales expectativas.

Puesta en funcionamiento la carretera, fue evidente que el dinamis-mo económico y los intercambios entre el litoral y la zona andina au-mentaron significativamente. Sin embargo, y de manera paradójica, los niveles de violencia aumentaron notablemente al final de la década de 1990. Las razones pueden ser tal vez las mismas que aquellas que ya mencionábamos a propósito de la utilización del río Patía como vía de transporte y de intercambio comercial (legal e ilegal) a finales del siglo XIX. Es decir, que al abrir una nueva vía de comunicación, tanto la le-galidad como la ilegalidad buscan su provecho particular utilizando las mismas rutas. Del lado de la legalidad, el auge de la explotación de la palma africana se vio claramente favorecido con la apertura de la carre-tera, al igual que la más reciente explotación minera a gran escala. No obstante, del lado de la ilegalidad, la llegada de los grupos armados, el desarrollo del tráfico de droga y el aumento del desplazamiento forzoso de campesinos, fueron prácticas que aumentaron también notablemen-te y que encontraron en esta carretera poco controlada por la fuerza pública, un medio favorable para su desarrollo (Ibid.: 26-27.).


Llegada de los grupos armados al Pacífico nariñense

La violencia política no se ha ejercido de la misma manera ni con la misma intensidad en todas las regiones de Colombia. En ese sentido, cualquier propósito de generalización del desarrollo del conflicto arma-do colombiano es de entrada infructuoso. La razón principal de esta diversidad se encuentra en la pluralidad de contextos regionales, en donde, de manera diferenciada y escalonada, los grupos armados ile-gales se fueron instalando a lo largo del tiempo. Estos grupos tuvieron que conocer a fondo las diferentes realidades regionales para diseñar las estrategias de entrada, identificar las alianzas más eficaces y esta-blecer el provecho concreto que la llegada a una región u otra podría aportar a sus proyectos militares, políticos y criminales. Por tal motivo, la violencia política ejercida y vivida en cada región de Colombia no se puede comprender ni explicar sin antes describir las condiciones socia-les, culturales, económicas y políticas que hicieron posible la llegada e instalación de cada grupo armado. Es claro que describir los orígenes sociales y cronológicos de la violencia política no significa explicar el conflicto armado; sin embargo, identificarlos y presentarlos de manera diferenciada es un paso indispensable para comprender las lógicas de funcionamiento de este conflicto armado, comprendido como fenóme-no social, y sus particularidades más específicas para el caso concreto del Pacífico nariñense.

En este sentido, se ha querido comenzar por subrayar algunas de las características de orden histórico, geográfico, económico, político y so-cial que han estado en la base de la configuración contemporánea de esta sociedad. Es precisamente dentro de este contexto, donde tiene lugar la llegada, durante los años 80, de los primeros grupos armados ilegales al territorio, las Farc y el ELN17. Tal como se ha expuesto, este período corresponde exactamente al entrecruzamiento de dos grandes etapas del desarrollo económico de la región, a saber, la decadencia del auge de la silvicultura y el crecimiento del número de plantaciones de palma africana. Igualmente, es un momento crucial en el que la construcción

17 Cuya presencia fue importante en los municipios ubicados en el piedemonte, especialmente en Barbacoas y Ricaurte. Y cuyas acciones armadas se concentraron en ataques y emboscadas a lo largo de la carretera entre Pasto y Tumaco. Sin embargo, su influencia en el conflicto actual ha sido marginal y no ha llegado a tener los alcances geográficos, estratégicos y militares de las Farc. Por estas razones, nos centraremos con más detalle en la llegada e instalación de este último grupo, dejando el caso del ELN para otro estudio.


de la carretera entre Pasto y Tumaco avanza lentamente, y se acerca a su completa pavimentación. En las páginas que siguen se presentará el pro-ceso de instalación y las evoluciones de cada grupo armado en la región en orden cronológico: las Farc, los paramilitares, las Fuerzas Armadas y los paramilitares de la nueva generación. Los traficantes de droga no constituyen un grupo al margen de éstos. Por el contrario, acompañan el fortalecimiento de todos los grupos armados ilegales. Por esta razón, el narcotráfico será trabajado aquí como un fenómeno transversal y cons-titutivo dentro de la historia de estos grupos ilegales.

Las Farc

Para describir la llegada de esta guerrilla en el Pacífico nariñense hay que tener en cuenta y observar de manera articulada dos planos que clarifican este proceso. En primer lugar el contexto regional durante la década de 1980 y, en segundo lugar, el panorama nacional de la época y el papel que las Farc están jugando allí en dicho momento. En aquello que concierne al plano nacional, cabe señalar la importancia estratégica y militar de la VII Conferencia de las Farc en 1982, que reformula y re-lanza la lucha revolucionaria de este grupo a comienzos de este decenio.

Es precisamente en este momento, cuando las Farc deciden “pasar de ser una guerrilla defensiva a convertirse en una ofensiva, en un contexto endurecido por el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, y en un entorno internacional marcado por el triunfo de los sandinistas en Nicaragua en 1979. Esta redefinición de la estrategia de las Farc significó una expansión hacia nuevas regiones, cercanas a sus zonas históricas” (Grupo de Memo-ria Histórica, 2013: 135). Una de estas zonas históricas de presencia era en aquel momento la región andina del departamento del Cauca, al norte del departamento de Nariño (ver mapas 16 y 18) en donde desde comienzos de los años 70 se hallaba instalado el Frente 8º. de las Farc.

Luego de la VII Conferencia, este Frente 8º. se desdobla y da origen a la creación del Frente 2918, que se instalará primero en el norte del departamento de Nariño a partir de 1983-84 y que se extenderá por la zona del piedemonte hasta alcanzar el litoral Pacífico (Escobedo, R.

18 Entre 1981 y 1986 las Farc aumentaron su número de frentes en el territorio nacional de 10 a 31. La estructura militar de este grupo armado se organiza jerárquicamente por bloques. Cada bloque está constituido por al menos cinco frentes. Cada frente se compone a su vez por al menos dos columnas y cada columna por varias compañías. Finalmente, cada compañía debe estar constituida por 48 combatientes.


y Palacios, M. 2009: 43-44). Este Frente 29 llegó y atravesó el norte de Nariño navegando los ríos Patía y Telembí. Durante su primera fase de instalación, este frente ocupará los municipios de “Leiva, La Llanada, Sotomayor, Policarpa, Cumbitara y Barbacoas. Más adelante se expande hacia el valle del Guaitara, y los municipios de El Rosario, Mallama, Olaya Herrera, Ricaurte, Samaniego, Sandoná, Tumaco y Mercaderes” (Rocha, C., 2014: 14).

A lo largo de esta década, las Farc desarrollan un trabajo de in-fluencia ideológica sobre los habitantes de estos municipios y sobre sus gobernantes locales. Se trata de un período de adoctrinamiento y de organización de masas que busca resaltar y denunciar la situación de abandono institucional y de pobreza extrema en la región. Median-te esta estrategia, la guerrilla buscaba fundamentalmente el apoyo de la población más desposeída para la lucha revolucionaria. Cabe se-ñalar que en este contexto, las acciones armadas de las Farc contra las Fuerzas Armadas o contra la población civil eran prácticamente inexistentes. Al respecto y según el punto de vista de una persona ha-bitante de Tumaco, “todo comenzó por allá en la década de los 80. Es conocido por parte de la gente que la guerrilla ha hecho presencia tra-dicionalmente en el municipio de Ricaurte y a lo largo de la carretera Pasto-Tumaco. A mediados de los años 80, los paros armados anima-dos por la guerrilla eran frecuentes y, por medio de los bloqueos ar-mados a la carretera, querían entre otras cosas, producir una situación de desabastecimiento en Tumaco de tal manera que la ciudad entera se viera obligada a pronunciarse públicamente sobre la situación y se involucrara con las peticiones de la guerrilla para despejar la carrete-ra” (Entrevista Nº 3)19.

Estos bloqueos se hicieron cada vez más frecuentes. Sin embargo, los resultados obtenidos por las Farc no fueron aquellos que esperaban. Una de las causas de este fracaso de la guerrilla, según la misma persona entrevistada, se debió a que “los guerrilleros no calcularon que los co-merciantes de la ciudad aprovecharían el puerto para seguir recibiendo mercancías. Así, cada vez que había paro en la carretera, las mercancías de consumo seguían llegando por mar desde Buenaventura y Ecuador. Nunca hubo desabastecimiento” (Ibid.). Es en este momento, al final de los años 80, cuando la reacción de la guerrilla frente a esta ‘falta de

19 Entrevista efectuada en Tumaco durante el trabajo de campo realizado entre el 3 de julio y el 9 de septiembre de 2013.


cooperación’ de los comerciantes con la causa revolucionaria comenzó a hacerse efectiva mediante la práctica de la extorsión: “la guerrilla co-mienza a extorsionar a esos comerciantes en Tumaco para obligarlos a pagar por su falta de compromiso con la causa. A los otros comer-ciantes, aquellos que dependían de la carretera, la guerrilla comenzó a robarles los camiones en la carretera para repartir las mercancías entre la gente de la zona” (Ibid.).

A comienzos de los años 90 ocurre un proceso de reestructuración al interior de la guerrilla en la región. El elemento más determinante de este momento tuvo que ver con el reemplazo de sus jefes. Aquellos que tenían un perfil más político fueron cambiados por otros con per-fil más militar (Escobedo, R. y Palacios, M. 2009: 44). Estos últimos eran mucho más violentos y menos cercanos a la población civil. En ese contexto, la extorsión a comerciantes y propietarios de tierras se hizo cada vez más intensa, convirtiéndose en una de las fuentes más importantes de financiamiento y control social de este grupo guerri-llero en la región. Poco a poco las Farc comienzan a desarrollar estra-tegias cada vez más agresivas para mantener su presencia y garantizar su poder en la zona. Así, a mediados de la década de 1990 ocurren las primeras acciones bélicas de importancia contra las Fuerzas Armadas, primero en Iscuandé a finales de 1994 y enseguida en Barbacoas en 1995 (Ibid.: 44).

Para finales de esta década, la guerrilla se muestra mucho más fuerte en el plano militar y fortalece aún más su presencia en la región con el envío de más combatientes. Este crecimiento y expansión fueron po-sibles por la confluencia de dos acontecimientos particulares, uno de orden nacional y otro regional. El primero corresponde a la expansión de las plantaciones de coca y al fortalecimiento del tráfico de droga en la región a finales de los años 90. Este fenómeno se explica, en el contexto nacional, por los efectos de la aplicación del ‘Plan Colombia’20, que pro-dujo entre otras cosas, un flujo de migración de productores, raspachi-nes y traficantes de coca y de cocaína hacia el Pacífico nariñense. Esto, porque el Plan Colombia se mostró particularmente eficaz en la lucha

20 El Plan Colombia fue una política diseñada durante el período presidencial de Andrés Pastrana (1998-2002) con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. “Este Plan, iniciado en 1999 por el gobierno de Pastrana, tenía como objetivo desarrollar los siguientes componentes: (a) lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado; (b) reactivación económica y social; (c) fortalecimiento institucional; y (d) avances del proceso de paz en Colombia”. (Rocha, C., 2014: 11).


contra la droga en los departamentos del Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare, que constituían el centro geográfico y estratégico de produc-ción de droga en el país (ver mapa 16).

Esta lucha contra la droga, acompañada de un visible fortaleci-miento de las Fuerzas Armadas en los departamentos mencionados, provocó una migración importante de campesinos y traficantes que vivían de la plantación y procesamiento de la coca. Esta migración los condujo hacia el Pacífico nariñense, como zona comercial estratégica, más alejada del centro del país y menos controlada por la fuerza pú-blica. Estos elementos geográficos y de favorabilidad para la continua-ción de sus actividades ilegales, convirtieron a la costa nariñense en un nuevo foco del narcotráfico colombiano. De esta manera se com-prenden las razones por las cuales el período que va desde finales de los años 90 hasta el año 2004 puede ser considerado como el auge de la coca en la región. Estos años se caracterizaron principalmente por un aumento desmesurado de la cantidad de dinero líquido que comenzó a circular en estos municipios nariñenses y por la disminución general del desempleo como consecuencia de la necesidad de mano de obra abundante para la recolección de hoja de coca en un número de hectá-reas que se multiplicaba de manera vertiginosa.

Luego de la larga serie de fracasos económicos (tagua, silvicultura, palma de aceite), parecía que esta vez sí habría una abundante fuente de riqueza para la región. Incluso si los habitantes tenían la conciencia clara con respecto al carácter ilegal de esta actividad, lo seguían ha-ciendo pues el dinero circulaba en buenas cantidades y la posibilidad de encontrar trabajo era elevada. Además y de todos modos, el comer-cio ilegal no era nuevo en esta región en donde todo puede esconderse por las condiciones del terreno y en donde toda clase de mercancías ya circulaban desde siglos atrás. El ejemplo del contrabando a finales del siglo XIX, si bien alejado del tiempo presente, ofrece un precedente de la relación de esta región con prácticas de comercio ilegal. Para los habitantes, los campesinos y los recién llegados sólo bastaba trabajar sin hacer mucho ruido y obedecer a sus jefes sin querer saber dema-siado. El trabajo, visto desde ese punto de vista, tal vez el de un buen número de raspachines y de otras personas que se vincularon directa o indirectamente en el negocio a lo largo de este período de bonanza, era a la vez sencillo y rentable.

El segundo acontecimiento corresponde a la manera como las Farc sacaron provecho de esta nueva situación en la región, vinculándose


directamente en el tráfico y obteniendo de esa manera una gran can-tidad de recursos que utilizaron fundamentalmente para fortalecer su presencia militar en la zona. Con esos recursos de origen ilegal, las Farc se convierten en un ejército muy fuerte que llegó incluso “entre 2003 y 2004 a tener casi un control absoluto de los corregimientos de La Es-priella, Llorente y La Guayacana (ver mapa 18) e incluso contaban con apoyo popular” (Ibid.: 15). No obstante esta nueva fuente de ingresos, la presión extorsiva sobre los dueños de capital en la región, especialmente sobre los comerciantes, nunca cesó.

Los grupos paramilitares

Según numerosos testimonios en Tumaco, la presión de las Farc me-diante la extorsión provocó, especialmente entre los comerciantes y pequeños propietarios, desde finales de los años 90 e inicios de la dé-cada del 2000 un sentimiento de impotencia frente a estos abusos de la guerrilla y la ineficacia de la Policía para garantizar la seguridad en la ciudad. Por estas razones y de acuerdo con el análisis de una persona habitante de Tumaco, “entre 1998 y 1999 los comerciantes comienzan a cansarse de esta estrategia de la guerrilla para presionar a la sociedad y a este sector en particular. Con el tiempo, varios comerciantes aliados, cansados de los abusos de la guerrilla, hacen lo posible para traer a los paramilitares a la región. Pero con esta estrategia de “autodefensa”, co-metieron un error histórico en la región, porque queriendo acabar un mal, terminaron trayendo otro peor” (Entrevista Nº 3)21. Una parte de la élite económica local también estaba implicada en las actividades ile-gales para mejorar sus ingresos. Para librarse de la presión guerrillera, los comerciantes, en connivencia con una parte de la élite política de Tumaco, llegaron a financiar esos ejércitos privados.

Otro testimonio relativo a la llegada e instalación de los paramilita-res, habla de la existencia de dos bandas delincuenciales en Tumaco a finales de los años 90, ‘Los Aletosos’ y ‘Los Bambam’. Se trataba de gru-pos de sicarios al servicio del narcotráfico venidos del Valle del Cauca

21 Entrevista efectuada en Tumaco durante el trabajo de campo realizado entre el 3 de julio y el 9 de septiembre de 2013. Sobre el rol del sector de comerciantes en la llegada de los paramilitares a la región y con versiones grosso modo similares, coinciden cinco de las personas entrevistadas: un comerciante en Tumaco (Entrevista Nº2); un abogado penalista (Entrevista Nº4); un pensionado en Tumaco (Entrevista Nº14) y dos funcionarios públicos en Pasto (Entrevistas Nº16 y Nº17).


y de Antioquia que se disputaban entre sí, poniendo en riesgo la se-guridad de la ciudad y en particular aquella de los comerciantes. De acuerdo con un abogado penalista en la ciudad, “aquí lo que había antes era delincuencia (…). En ese panorama de lucha de bandas, que ponía en peligro su seguridad, los comerciantes se alían para traer paramilitares con el fin de que éstos, por la fuerza, restable-cieran el orden. Los trajeron en unos barcos cargados de cemento que vinieron desde Buenaventura. Así llegaron los primeros paras a Tumaco” (Entrevista Nº 3).

Un antiguo comerciante del centro de Tumaco que coincide tam-bién con esta versión de la lucha de bandas delincuenciales como pun-to de partida para la llegada de los paramilitares, agrega que el acon-tecimiento decisivo que lleva a este pequeño grupo de comerciantes a establecer una alianza para auto-defenderse, fue el asesinato de un comerciante originario del departamento de Antioquia en pleno cen-tro de la ciudad. Un homicidio que fue atribuido a la banda de ‘Los Bambam’ y según él, esta alianza estuvo constituida en su mayoría por algunos comerciantes paisas, que habían instalado sus negocios en Tu-maco y que sintieron en este acontecimiento, una amenaza directa a su seguridad. Así las cosas, hacen lo posible para traer paramilitares con el fin de defenderse de estas bandas delincuenciales (Entrevista Nº 2). Según esta misma persona, “semanas después de ese asesinato, la ciudad estaba llena de grafitis que anunciaban la llegada del Bloque Libertadores del Sur de las AUC. Fue el inicio del desastre más grande que ha sufrido la región” (Ibid.).

Ahora bien, independientemente de las posibles imprecisiones y de la diversidad de estas versiones, es un punto común el hecho de que los paramilitares llegaron a Tumaco entre 1999 y 2000, con el apoyo de algunas personas pertenecientes a la élite económica y política de la región, que querían poner fin a una fuente de inseguridad que ponía en riesgo sus intereses. Inseguridad que era atribuida tanto a las Farc a causa de sus prácticas de extorsión que ya comenzaban a ahogar a es-tas élites, como a las bandas delincuenciales que operaban en la región desde comienzos de la década del 2000. El aumento de la circulación de dinero líquido a causa de la bonanza cocalera facilitó también la llegada de estos grupos: de entrada porque la élites locales disponían ya de medios financieros suficientes para financiarlos, y junto con ello, porque en este contexto de bonanza los paramilitares, representados


por las ‘Autodefensas Unidas de Colombia, AUC’22, estaban también interesados en instalarse en esta región para sacar provecho del tráfico de la droga.

No obstante, los hechos actuales muestran que estos comerciantes no lograron dimensionar las graves consecuencias de la decisión que to-maron. Creyendo solucionar un problema, que en principio e ingenua-mente creyeron que podrían controlar, trajeron uno peor. No cayeron en cuenta a tiempo que los paramilitares tenían un interés más grande en sacar provecho financiero de la droga que en defender comerciantes, combatir a la guerrilla o controlar a las mencionadas bandas delincuen-ciales que operaban en la ciudad. Y de esta manera las puertas se termi-naron abriendo completamente a la llegada e instalación del aparato mi-litar y criminal de estos grupos que intensificarían en los años siguientes los niveles de violencia armada en la región.

En el Pacífico nariñense, a comienzos de los años 2000 se instaló el Bloque Libertadores del Sur (BLS), bajo las órdenes de Guillermo Pé-rez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’23. Este bloque hacía parte del Bloque Central Bolívar (BCB), que operaba en el Magdalena Medio, que por aquella época era comandado por Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, hermano de alias ‘Pablo Sevillano’. Cabe señalar que en 2004, el Bloque Central Bolívar es considerado, al interior de las AUC, como uno de los bloques menos ‘antisubversivos’ en el sentido político del término, y por el contrario, uno de los más vinculados al narcotráfico dentro de dicha organización. Precisamente a causa de este lazo evi-dente con el tráfico de droga, que el entonces jefe de las AUC, Carlos Castaño, hace pública esta situación ante los medios de comunicación nacionales e impide que estos dos bloques (BCB y BLS) hagan parte

22 A finales de los años 90. Diversos grupos de paramilitares diseminados a lo largo del territorio nacional, fueron reunidos en una sola estructura militar dirigida por Carlos Castaño. Esta organización antisubversiva tomaría el nombre de ‘Autodefensas Unidas de Colombia - AUC’ y se organizaría internamente por bloques, que a su vez eran constituidos por un conjunto de frentes. Estos grupos nacieron y fueron financiados en sus orígenes por las élites locales (comerciantes, terratenientes, políticas) de diversas regiones del país. Con el tiempo el tráfico de droga se convierte en su principal fuente de recursos financieros. El bloque que llega al Pacífico nariñense a comienzos de la década del 2000 fue el “Bloque Libertadores del Sur - BLS”, comandado por Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’.

23 Alias ‘Pablo Sevillano’ se encuentra pagando 17 años de prisión en Tampa, Estados Unidos. Fue condenado en 2009 por delitos relacionados con tráfico de droga. Ver: “Condenan a ‘Pablo Sevillano’ por narcotráfico en EE.UU” (2009), en Verdad Abierta, 19 de agosto. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/extraditados/1523-condenan-a-pablo-sevillano-por-narcotrafico-en-eeuu


de las negociaciones de paz que tuvieron lugar entre 2004 y 2005 con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Es en este contexto local, marcado por la llegada de los paramilitares a finales de los años 90, el fortalecimiento simultáneo de la presencia militar de las Farc, las operaciones violentas de algunas bandas delin-cuenciales en la ciudad de Tumaco y de la intensificación del tráfico de la droga, cuando tiene lugar el aumento y despliegue de la violencia armada en la región a comienzos de la década del 2000. A estos factores pueden agregarse las transformaciones sociales ligadas al desarrollo de la mentalidad del dinero fácil, que permeó en gran medida a esta zona del país y que se desarrolló particularmente durante este período de bo-nanza cocalera entre 1998 y 2004.

Ahora bien, a diferencia de otras regiones colombianas, el Pacífico nariñense no conoció la violencia armada de los años 70 y 80. Esta zona del país no conoció ni vivió las etapas de desarrollo del paramilitarismo que otras regiones como el Magdalena Medio vivieron y sufrieron de manera directa. La violencia armada en esta región sólo aparece a fina-les de los años 90. En este sentido, el tipo de violencia armada que llega y se instala en el Pacífico nariñense corresponde al tipo de violencia que se está ejerciendo en Colombia a comienzos de la década del 2000. Es un conflicto armado que en ese momento de la historia se caracteriza por la existencia de una guerrilla cada vez menos política y más militar y narcotraficante, un paramilitarismo muy involucrado con el tráfico de la droga y unas Fuerzas Armadas que se fortalecían poco a poco con las grandes sumas de dinero invertidas por los Estados Unidos para la puesta en marcha del Plan Colombia.

De esta manera, a partir del año 2000, es posible ver y constatar, como se comprobará en el capítulo siguiente, que la violencia armada aumenta de manera significativa en el conjunto de los municipios que constituyen el litoral Pacífico nariñense. Esta violencia estará claramente caracteri-zada por las disputas territoriales entre paramilitares y guerrilla por el dominio de los cultivos de coca y de las rutas para el tráfico de armas y de estupefacientes. Los paramilitares se van a concentrar a lo largo de la carretera entre Pasto y Tumaco, en donde llevan a cabo una estrategia de fuerte presión militar contra las Farc y contra la población civil que habitaba en las cabeceras municipales, corregimientos y veredas contro-ladas por este grupo guerrillero. La masacre de doce personas en el co-rregimiento de Llorente, a pocos kilómetros de Tumaco, es un ejemplo, entre otros, de las acciones violentas cometidas por los paramilitares en


contra de la población civil. “En noviembre de 2000, 60 paramilitares del Bloque Libertadores del Sur que comandaba ‘Pablo Sevillano’ ingresaron a Llorente guiados por un indígena de la región que señalaba los presun-tos colaboradores de las Farc. (…) Los ‘paras’ entraron a las casas de los habitantes y sacaron a todos los que su informador acusaba de ayudar a la guerrilla. ‘Pablo Sevillano’ contó que uno de los pobladores se resistió y fue golpeado hasta morir delante de todos sus vecinos. Diez hombres más fueron secuestrados y llevados a ‘Buenavista’, una base que tenían en la zona. Luego de dos semanas de interrogatorios, los 10 hombres fueron asesinados porque según ‘Pablo Sevillano’ se negaron a cooperar”24. Con estas primeras acciones violentas y, en este contexto social, económico y geográfico que ha sido descrito, el conflicto armado llegó para quedarse por un largo tiempo en la región.

Y el Estado también llegó. Envió soldados…

¿Cuál fue la respuesta del Estado frente a esta situación de violencia en la región a comienzos de la década del 2000? ¿Cuáles son las nuevas condiciones del conflicto armado en Colombia y en la región a partir del año 2005? Hay que decir de entrada que el período presidencial de Andrés Pastrana (1998-2002) estuvo marcado por las negociaciones de paz con las Farc en el Caguán. Dicho proceso fue utilizado por todos los grupos armados legales e ilegales para fortalecerse militar y econó-micamente, especialmente a través de los ingresos del narcotráfico en el caso de los grupos ilegales, y a través del dinero enviado por los Esta-dos Unidos para el Plan Colombia en el caso de las Fuerzas Armadas. La serie de acciones armadas cometidas por las Farc durante el tiempo de negociación con el gobierno nacional disminuyó notablemente su legitimidad ante los ojos de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional. Su imagen de grupo narcotraficante y criminal comen-zaba a difundirse por todo el territorio nacional. Al mismo tiempo, los grupos paramilitares también se fortalecían y actuaban sin piedad par-ticularmente en las zonas tradicionalmente dominadas por los grupos guerrilleros (Urabá, Montes de María, Magdalena Medio, Oriente An-tioqueño). En el plano nacional, el resultado producido por los enfren-tamientos armados que ocurrieron entre estos tres ejércitos (guerrilla,

24 Ver: “Las masacres y los nexos del Ejército de ‘Pablo Sevillano’” (2009), en Verdad Abierta. Disponible en: www.verdadabierta.com/las-victimas/1806-las-masacres-y-los-nexos-del-ejercito-de-pablo-sevillano


paramilitares, Fuerzas Armadas) y por los ataques sistemáticos a la po-blación civil, fue una situación de profunda crisis humanitaria y de gran indignación por parte de la sociedad civil y la comunidad internacional frente a este contexto exacerbado de violencia vivido en Colombia espe-cialmente entre 1998 y 2004.

En este contexto extremamente complejo, es elegido como presiden-te de la República, Álvaro Uribe Vélez para el período 2002-2006. Fren-te a esta complejidad, su propuesta sencilla y pragmática de combatir frontalmente a las Farc, valorizando el rol de las Fuerzas Armadas ya fortalecidas a causa de la aplicación del Plan Colombia, ganó la can-tidad necesaria de los votos de miles de ciudadanos que confiaban en que estas propuestas le devolverían la seguridad al país. En el año 2003 el nuevo Presidente presenta y pone en marcha su nueva política que llamará de ‘Seguridad Democrática’ (Colombia, Ministerio de Defensa Nacional, 2003), y que se establecía sobre la base de tres grandes pilares que tendrían que funcionar y progresar de manera lógica y escalonada: 1) control del territorio y acción coordinada del Estado, 2) atracción de capitales extranjeros y 3) cohesión social.

De esta manera y en coherencia con esta progresión, el primer pilar implicaba poner en marcha una estrategia de amplio despliegue de las Fuerzas Armadas hasta las zonas más alejadas del país para establecer o retomar el control militar. En el caso del Pacífico nariñense, las Fuerzas Armadas aprovecharon la carretera, ya completamente pavimentada, entre Pasto y Tumaco para transportar sus efectivos, aumentar el pie de fuerza y reforzar su presencia en la zona. Durante tres años (2003-2006) de acciones armadas y de enfrentamientos con la guerrilla, las Fuerzas Armadas lograron tomar el control de la zona atravesada por la carretera. Sin embargo, aquella atravesada por el río Patía al norte, mu-cho más selvática y de difícil acceso, siguió siendo dominada sin mucha dificultad por las Farc. Los paramilitares intentaron tomar el control de esta zona norte, al igual que las Fuerzas Armadas; sin embargo, los casi 25 años de presencia de las Farc en esta parte del litoral pesaron más a causa de su conocimiento de la geografía del terreno y del apoyo social que les quedaba y que pudieron conservar especialmente en las zonas rurales. Así, la presencia del Estado en el Pacífico nariñense, marcada a lo largo del siglo XX por la delegación del control administrativo a los políticos locales, una presencia vestida de camisa y corbata generalmen-te corrupta y paternalista, se transformó de un momento a otro en una presencia vestida de camuflado a causa del aumento significativo del


pie de fuerza en la región. Hay que reconocer que mientras duró, esta estrategia militar fue de cierta manera eficaz para controlar y combatir a la guerrilla, al mismo tiempo que también fue, de cierta manera, cóm-plice y silenciosa frente a las numerosas acciones violentas de los grupos paramilitares.

La desmovilización del Bloque Libertadores del Sur

En el año 2005 el país recibe la noticia, por los medios de comunicación, acerca de la desmovilización de varios bloques paramilitares a lo largo y ancho del territorio nacional. Luego de un corto período de negocia-ciones entre el gobierno de Álvaro Uribe y los jefes de los principales bloques paramilitares, las estructuras militares de estos grupos se des-movilizaron oficialmente. Dentro de ese contexto “el 30 de julio de 2005, en la inspección de Policía El Tablón en el municipio de Taminango (Nariño), 677 miembros del Bloque Libertadores del Sur se desmovi-lizaron e hicieron entrega de sus armas. Sin embargo, ‘Sevillano’ no lo hizo y en cambio, se presentó individualmente con los otros jefes para-militares, en Santa Fe de Ralito. El 13 de mayo de 2008, Pérez Alzate fue extraditado por el Gobierno colombiano a Estados Unidos junto a otros 13 ex jefes paramilitares por delitos relacionados con el narcotráfico” (Rocha, C., 2014: 21).

Esta desmovilización tuvo dos grandes consecuencias en la región y que, de cierta manera, explican el contexto de violencia actual: 1) la constitución de una nueva generación de grupos paramilitares, que no hacen parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (desmovilizadas), pero que comenzaron a actuar como milicias privadas al servicio del tráfico de droga y, 2) a partir del año 2009, el fortalecimiento y la puesta en marcha de una estrategia de reconquista del terreno perdido por las Farc y que éstas denominaron ‘Plan Renacer’25. Curiosamente, a causa de la disminución del número de hectáreas cultivadas de coca, que ge-neró una disminución importante de la cantidad de recursos financieros para los grupos armados ilegales, estos dos grupos (nuevos paramilita-

25 “El Plan Renacer se basa en una estrategia de guerra que consiste en atacar en pequeños grupos, evitar los enfrentamientos con la fuerza pública y realizar acciones armadas que implican medio y bajo esfuerzo militar por parte de los guerrilleros”. (Ibid.: 15). Por otra parte, tal como se verá en el capítulo siguiente, este Plan fue lo suficientemente eficaz en la región en tanto logró convertirla en uno de los últimos bastiones de esta guerrilla en la actualidad.


res y Farc) volvieron a hacer uso de sus viejos métodos para conseguir dinero. Esta es la razón principal del aumento desmedido y extendido de las extorsiones en la región, esta vez sin distinción de clase social, ni de actividad, ni de condición. Es tal vez el flagelo más grave para la mayor parte de la población de la gran mayoría de los municipios que constituyen la región Pacífico de Nariño, y especialmente de la zona ur-bana, Tumaco.

El capítulo que sigue estará centrado en la dinámica del conflicto armado en la región durante el período 1990-2012, gracias a los datos cuantitativos a los cuales pudimos tener acceso durante nuestro trabajo de campo. Este análisis estadístico permitirá hacer una aproximación más detallada de la manera como la violencia de los grupos armados se desplegó según el tiempo, el espacio y los actores a lo largo de estos últimos años.

Capítulo 2

Dinámica y tendencias de la violenciapolítica en el Pacífico nariñense

(1990-2012)

Introducción

¿Qué razones podrían explicar la situación actual en el Pacífico nari-ñense? ¿Cómo abordar esta problemática sobre la cual no hay aún una literatura sistemática, entre otras cosas a causa de la dificultad de acceso al terreno y la novedad del fenómeno? Y, ¿cómo presentar y compren-der la dinámica de los grupos armados y las tendencias de la violencia política en esta zona del país? Estos tres interrogantes, que estuvieron presentes a lo largo del capítulo precedente, fueron abordados mediante una reflexión sociológica articulada a un análisis histórico-económico, geográfico e histórico-político de la región. Este capítulo se centrará es-pecialmente en los últimos dos interrogantes y en el período 1990-2012, que marca el comienzo y presenta la evolución del conflicto armado en el Pacífico nariñense. Para este efecto, una aproximación sociológica cuantitativa se muestra pertinente y útil para intentar responder a estas problemáticas formuladas.

Las respuestas a dichos interrogantes en el presente capítulo son el resultado de un riguroso análisis cuantitativo. Somos conscientes de los límites interpretativos propios a los análisis cuantitativos y esta-mos convencidos además de que las estadísticas no pueden dar cuenta por ellas mismas de la totalidad de una problemática como la nuestra. Sin embargo, ellas son un punto de apoyo esencial para observar y describir con más detalle las dinámicas y tendencias del fenómeno de violencia armada vivido en nuestra región de estudio. Es claro que las


cifras en sí mismas no tienen un valor explicativo intrínseco, pero sí pueden, al observarlas y analizarlas, suscitar nuevas preguntas, pistas de interpretación e hipótesis. En este sentido, este capítulo responde de manera parcial a las preguntas generales planteadas, pero siendo al mismo tiempo un paso metodológico y una aproximación analítica indispensable.

La primera parte del capítulo estará centrada en la pregunta por la utilidad y la pertinencia de hacer una aproximación cuantitativa para comprender mejor el fenómeno de la violencia política en el Pacífico nariñense. Para ello se expondrán las razones por las cuales se escogió la base de datos del Cinep, entre otras, como fuente de información prin-cipal para esta investigación. De la misma manera, se indicarán las ca-racterísticas fundamentales del marco teórico de esta base, sus criterios de inclusión de los datos y la manera como este centro de investigación sistematiza y clasifica la información.

En la segunda parte se presentarán las tendencias que corresponden al desarrollo del conflicto armado en la región del Pacífico nariñense durante el período 1990-201226. Primero, aquellas que dan cuenta de violaciones a los derechos humanos y de infracciones al Derecho Inter-nacional Humanitario (DIH), es decir, ataques contra la población civil. Segundo, aquellas que presentan acciones de guerra (acciones bélicas) entre grupos armados. Este análisis se expone por períodos cronológi-cos, por municipios y por actores. Finalmente, se hará una comparación de variables para ver con mayor claridad las dinámicas de los actores armados a lo largo de estos últimos años y para mostrar la evolución del conflicto y sus huellas particulares en esta zona del país.

La tercera parte reunirá y presentará el conjunto de preguntas, de pistas de interpretación y de hipótesis surgidas a lo largo del análisis del número y la evolución de las acciones armadas vividas a lo largo del período estudiado. Estos elementos cuantitativos serán confrontados, en nuestro tercer capítulo, con los testimonios que narran la manera en que los habitantes de la región han vivido y sufrido en carne propia esta violencia armada.

26 Todos los gráficos y las tablas presentadas fueron elaborados por el autor de esta investigación, a partir de los datos del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep.

dinámica y tendencias de la violencia política en el pacífico nariñense (1990-2012) 59

Utilidad y pertinencia de un análisis cuantitativo

Es claro que el análisis estadístico tiene sus propios límites y que por sí solo no tiene la posibilidad de explicar la totalidad de una pro-blemática tan compleja como la aquí abordada. Sin embargo, es un componente necesario para una investigación como la nuestra, y esto por varias razones. La primera es una razón pragmática y concierne el tipo de terreno sobre el cual trabajamos. Tal como se ha dicho, el Pacífico nariñense es una región geográfica e históricamente aislada, y en términos institucionales, abandonada en comparación con otras regiones del país más cercanas de la capital o de los grandes centros urbanos. Este abandono institucional obstaculizó, entre otras cosas, el desarrollo de una infraestructura vial medianamente aceptable, la construcción de hospitales y colegios y el desarrollo de una industria que funcionara en beneficio de la región. Esto es claramente paradó-jico para una región geográficamente estratégica con frontera inter-nacional y con salida al océano Pacífico. Este abandono, entre otras razones, permitió a los grupos armados ilegales instalarse en la re-gión sin encontrar una resistencia militar significativa por parte de las Fuerzas Armadas, así como también, ocultar en la impunidad sus acciones violentas con una cierta facilidad. En tal contexto, marcado hasta el presente por la violencia armada, es difícil realizar entrevistas, sobre todo en los municipios más alejados de la región en donde los grupos armados están aún presentes y activos. Uno de los indicios de esta dificultad de acceso y de investigación es la poca cantidad de es-tudios realizados en Colombia a propósito de la situación humanitaria y de conflicto armado en esta región.

Por este motivo, los datos y testimonios recogidos desde 1990, pri-mero por personas cercanas a los habitantes de estos municipios, testi-gos o incluso víctimas de las acciones violentas de los grupos armados, luego sistematizados por el Cinep y alimentados por la información recogida sobre el terreno por la diócesis de Tumaco, son una fuente indispensable de información que permite al menos hacerse una idea preliminar de lo sucedido en esta región durante el período 1990-2012. En este sentido, nos servimos de esta base de datos para aproximarnos de esta realidad poco estudiada y cuyas informaciones son de acceso difícil. Esta es la razón principal por la cual nuestro análisis estadísti-co no pretende dar un estatus de ‘cientificidad’ a la investigación. Por el contrario, se presenta como una aproximación indispensable para


abordar esta problemática a partir de la información disponible en la actualidad.

La segunda razón tiene un interés metodológico. En cuanto nues-tro trabajo intenta articular las dos tendencias más utilizadas en cien-cias sociales: los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Consideramos que, para describir y comprender un fenómeno social, el investigador debe estar dispuesto y capacitado para hacer uso de los instrumentos que tiene a su disposición. En nuestro caso, tenemos acceso a datos cuantitativos y cualitativos. Por eso, queremos delibera-damente hacerlos entrar en diálogo para profundizar nuestro análisis. Ahora bien, es claro que, para ciertos temas, la utilización de un méto-do en particular puede ser más adaptado que otro; sin embargo, con-sideramos que para una problemática poco explorada como la nues-tra, estas dos maneras de aproximación son apropiadas y pertinentes. Cada una de ellas tiene sus puntos fuertes y sus límites. Trataremos de centrarnos en los puntos fuertes que nos ofrece este método para describir la situación reciente en el Pacífico nariñense. Los límites me-todológicos nos recordarán que nuestro análisis no se encuentra del todo completado.

La tercera razón tiene que ver con el tipo de base de datos a la cual pudimos tener acceso. Entre las fuentes de información en las cuales intentamos encontrar datos acerca de la violencia política en el Pacífico nariñense, la base de datos del Cinep es, a nuestro modo de ver, la mejor adaptada a nuestro tema de investigación. Lo soste-nemos incluso si la cantidad de datos recogidos sobre esta región es relativamente poca en comparación con aquella que existe para otras regiones del país. No obstante, veremos que, con la cantidad de infor-mación recogida, es, sin embargo, posible llegar a identificar, a par-tir de los datos existentes, ciertas dinámicas, tendencias y momentos significativos del conflicto armado que coinciden con aquello que los habitantes de la región narran espontáneamente al momento de abor-dar este tema. A pesar de que los datos no sean muy abundantes, son bastante bien documentados y siempre acompañados de una descrip-ción suficientemente desarrollada de los acontecimientos registrados. Consideramos esto como una evidencia de la fiabilidad y solidez de esta base de datos en comparación con otras fuentes de información que pudimos consultar.


Puntos fuertes y débiles de las fuentes de información consultadas

Una de las primeras fuentes de datos a las cuales se tuvo acceso durante esta investigación corresponde a las cifras oficiales de homicidios27 en la ciudad de Tumaco para el período 2008-2013. Esta información es recogida y actualizada mensualmente por el ‘Observatorio del Delito’28, que es dirigido por la Policía Nacional y se encuentra articulado a la administración municipal representada por la alcaldía de esta ciudad. Resulta interesante observar la evolución de este tipo de delito en Tuma-co, registrado de manera bastante simple y en cifras absolutas. Sin em-bargo, nuestro interés no se limita únicamente a las cifras de homicidios de esta ciudad, debido a que nuestra problemática comprende una zona más amplia. Además, no hay datos anteriores al año 2008, lo cual hace más difícil una descripción de los acontecimientos cruciales en relación con la intensificación de la violencia armada en la región y vividos a co-mienzos de esta década. Finalmente, las cifras del Observatorio del De-lito, tal como se encuentran presentadas, no hacen ninguna referencia al actor presunto de cada homicidio, como tampoco al contexto en el cual dicho delito fue cometido. Teniendo en cuenta estas limitaciones con-cernientes al período cubierto por esta fuente de datos y a la deficiente documentación de los hechos, consideramos que estos datos no podían ser una base pertinente para la presente investigación.

Otra fuente de información consultada fue el informe nacional del Ministerio de Defensa acerca de los ‘Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad’ (Colombia, Ministerio de Defensa Nacional, 2013). Este documento, bastante detallado en lo que concierne a las acciones de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, la inseguridad, el terrorismo y el secuestro, recoge las ci-fras nacionales y las presenta de manera exhaustiva. Dado el carácter ge-neral de este texto, centrado en cifras globales-nacionales, no es posible encontrar una información detallada por departamentos o por munici-pios. En consecuencia, no permite observar ni analizar las dinámicas re-gionales del conflicto armado. Ahora bien, el período estudiado por este informe (2003-2013), es claramente más amplio que el del Observatorio del Delito de Tumaco. Sin embargo, este estudio no incluye el período

27 Cifras absolutas.28 Observatorio del Delito.


1998-2002 que corresponde a uno de los períodos más violentos de la historia colombiana y un momento clave para comprender los inicios de la violencia armada en nuestra región de estudio. En este sentido, aprovecharemos en lo posible las cifras oficiales ofrecidas por este in-forme, pero teniendo claro que no serán la fuente principal de nuestra investigación.

De lado de las organizaciones no gubernamentales, la base de datos del ‘Sistema de Información Central - OCHA’29, que hace parte de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Nacio-nes Unidas en Colombia, ofrece una información mucho más detallada en el plano regional. Es posible encontrar datos de excelente calidad y confiabilidad a propósito de informaciones demográficas municipales y departamentales como tasas de escolarización y tasas de asistencia mé-dica, entre otras. De la misma manera se encuentra información acerca de acciones violentas tales como secuestros, víctimas por minas anti-personales o combates entre grupos armados. Además de esto, la in-formación puede ser vista y analizada en formato georreferenciado por departamentos y por municipios. Infortunadamente y por el momento, esta base de datos sólo recoge información a partir del año 2007. En consecuencia, a pesar de la calidad de los instrumentos ofrecidos, tam-poco podemos utilizar esta fuente de información como base de nuestra investigación, particularmente en razón de la ausencia de información de un largo período (1998-2006) que a nuestro modo de ver, es esencial para describir y comprender la dinámica de la violencia armada en el Pacífico nariñense.

La base de datos del Cinep permite llenar estas lagunas. De entrada, contiene información concerniente al conflicto armado colombiano a partir de 1990. Además, los datos se encuentran finamente clasificados dentro de un sofisticado marco teórico y presentados desde la escala local-municipal, detallando el tipo de actor implicado en cada acción violenta debidamente reportada, documentada y tipificada. Estos ele-mentos permiten hacerse una idea comparada de la realidad vista no sólo a lo largo del tiempo, sino de la dinámica de los grupos armados en el territorio. La vasta experiencia de este centro de investigación, obte-nida a lo largo de los últimos 40 años, constituye además un elemento que refuerza la fiabilidad y solidez de la información allí contenida. De la misma manera, la posibilidad de obtener información georreferencia-

29 Página web: http://www.colombiassh.org/site/


da a partir de estos datos y para la totalidad del período que concierne a esta investigación, son las razones principales de la elección de esta fuente de datos como base del análisis estadístico que se presenta en el este capítulo.

Marco conceptual de la base de datos del Cinep

Así las cosas, en relación con el tipo de clasificación de los datos, y para comprender mejor el análisis de las cifras, es pertinente exponer breve-mente la estructura del marco conceptual según el cual el Cinep (Cinep, 2008) sistematiza la información recogida acerca de la violencia política en Colombia. A partir de este ejercicio metodológico, se pretende que la presentación de las curvas, las tablas y los mapas sea mucho más clara, precisa y comprensible.

Cabe señalar de entrada que los datos registrados por el Cinep es-tán ligados exclusivamente al tipo de violencia denominado ‘violencia política’. En este sentido, no todo homicidio o acto de violencia es con-siderado necesariamente como parte de este tipo de violencia. Para ello es necesario que la acción posea ciertas características y se evalúe desde ciertos criterios muy precisos. Por este motivo, en comparación con las cifras registradas por otras bases de datos, veremos en las del Cinep son algunas veces menos infladas, pero mejor documentadas. Fuentes de in-formación como aquellas del Ministerio de Defensa o del Observatorio del Delito en Tumaco agrupan un número más alto de casos al hacer uso de una definición mucho más amplia de la categoría ‘homicidio’30. En este sentido, para este Observatorio, un asesinato en un barrio popular ocurrido en el contexto de una riña entre vecinos, es contabilizado de manera igual que el homicidio de un activista social o de un defensor de derechos humanos atribuido a un grupo armado. Es verdad que la consecuencia de los dos hechos es la misma; sin embargo, los móviles

30 De acuerdo con estas cifras, por ejemplo, según el Observatorio del Delito de Tumaco, en el año 2009 se registraron 277 homicidios en la ciudad (esa es toda la información que aparece, sin ningún tipo de descripción de los casos, de las posibles causales del hecho, de los presuntos responsables o del tipo de persones que fueron asesinadas). Por el contrario, la base de datos del Cinep nos dice que en la misma ciudad, en el mismo año, hubo 34 personas asesinadas por motivos políticos relacionados con el conflicto armado en la región: 24 civiles que según los indicios y testimonios fueron asesinados por hombres armados identificados como paramilitares y 10 civiles asesinados por personas armadas cuya pertenencia a un grupo en particular no pudo ser claramente identificada por los testigos. Por medio de esta base de datos es posible decir además que entre estas 34 víctimas había algunos comerciantes, antiguos simpatizantes de las Farc, estudiantes y activistas políticos.


de la acción, la estrategia y el tipo de ejecución de la misma son distintos en cada caso y corresponden a dos dinámicas sociales distinguibles y di-ferenciables. Nuestro estudio se limita y se centra en el tipo de acciones violentas similares a las del segundo ejemplo.

De esta manera, y según el marco conceptual de la base de datos del Cinep, se comprenderá por ‘violencia política’ “aquella ejercida como medio de lucha político-social, ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también con el fin de destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado” (Cinep, 2008: 6). Este tipo de violencia puede ser ejercida: “1) Por agentes del Estado o por particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o aquiescencia de las autoridades del Estado y en este caso se tipifica como Violación de Derechos Humanos; 2) Por grupos insurgentes que combaten contra el Estado o contra el orden social vigente, y en este caso, o esa violencia se ajusta a las leyes o costum-bres de la guerra y entonces se tipifica como Acción Bélica, o se aparta de las normas que regulan los conflictos armados y entonces se tipifica como Infracción al Derecho Internacional Humanitario; 3) Por grupos o perso-nas ajenas al Estado y a la insurgencia, pero impulsados por motivaciones ideológico-políticas que los llevan a actuar en contra de quienes tienen otras posiciones o identidades, o de quienes conforman organizaciones de las antes mencionadas. En ocasiones los autores son identificables como ajenos al Estado y a la insurgencia; en otras, la identidad de los autores no es posible determinarla pero sí hay elementos para identificar los móviles. Dado que el elemento identificable en todos estos casos es la motivación, estos casos se tipifican como Violencia Político-Social” (Ibid.: 6-7).

De acuerdo con estas definiciones, el primer caso es generalmente utilizado para clasificar tanto las acciones violentas cometidas por las Fuerzas Armadas, como aquellas de los grupos de tipo paramilitar. Por su parte, los hechos violentos cometidos por grupos guerrilleros son cla-sificados como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, con excepción del secuestro, que técnicamente no puede ser incluido dentro de esta categoría. La tercera categoría reúne los actos en que no es posible identificar el presunto actor responsable; esto quiere decir que tales hechos son incluidos y registrados en la base de datos como actos de violencia política, pero ‘sin información’ en cuanto concierne al grupo de pertenencia de los presuntos responsables. En esta tercera categoría se incluyen los secuestros con móviles políticos realizados por las guerrillas.


Estos tres tipos de violencia política serán presentados en el presente capítulo como ‘Violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al DIH’. Dentro de esa clasificación se comprenderá que las víctimas de tales hechos fueron civiles. Según el artículo 50 del Protocolo Adicional I a las Convenciones de Ginebra, “es considerada como civil toda persona que no participe directamente en las confrontaciones armadas” (Cinep, 2008: 41), (Protocole additionnel, 1977). La base de datos del Cinep cla-sifica y contabiliza el número de víctimas civiles según nueve categorías: muertos, heridos, secuestrados, desaparecidos, torturados, amenaza-dos, atentados, detenciones arbitrarias y reclutamientos forzados.

La categoría de ‘Acciones Bélicas’ recoge otro tipo de datos que es conveniente trabajar de manera diferenciada y particular. En tanto se trate de acciones de guerra entre combatientes pertenecientes a los gru-pos armados legales e ilegales, nos centraremos en las tres categorías que contabilizan este tipo de víctimas: actores muertos, actores heridos y actores detenidos. Para cada una de esas categorías se distinguirá el grupo de pertenencia tanto de los actores como de las víctimas de estas acciones de guerra ocurridas entre 1990 y 2012 en el Pacífico nariñense. Los grupos sobre los cuales se encuentran datos en este sentido son las Fuerzas Armadas, las Farc, el ELN y los paramilitares. Luego de este análisis, el entrecruzamiento y contraste entre los datos de acciones bé-licas y acciones violentas contra civiles, permitirá hacer una aproxima-ción más detallada del grado de impacto del conflicto armado sobre los habitantes de nuestra región de estudio.

A partir de estas precisiones conceptuales y sobre la base de esta no-menclatura, se presenta a continuación el análisis de los datos encontra-dos a propósito de la violencia política y el conflicto armado vividos en el Pacífico nariñense durante el período de 1990 a 2012.

Violencia política en el Pacífico nariñense (1990-2012)

Descripción geográfica

La región del Pacífico se encuentra ubicada al occidente de Colombia, entre el andén existente entre océano Pacífico y la cordillera de los An-des. De norte a sur esta zona cubre dicho territorio entre las fronte-ras internacionales con Panamá y con el Ecuador (ver mapa 16). En el plano político-administrativo, está constituida por los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En el plano económico,


sobresalen sus dos centros urbanos más importantes, Buenaventura en el Valle del Cauca y Tumaco en Nariño, a través de los cuales la región dispone de una fuente importante de recursos y beneficios comercia-les fruto del intercambio internacional con los demás países del litoral Pacífico tanto del continente americano como de Asia y Oceanía. Estos dos polos urbanos, constituyen al mismo tiempo el eje de un territorio vasto y rico en recursos naturales (vegetales y mineros), que contrasta con la situación de extrema pobreza de la mayoría de sus habitantes. La vegetación densa y el clima tropical húmedo, debidos a su baja altitud y a una cuenca hídrica abundante, son las dos características principales del paisaje de esta parte del país.

Tal como se ha mencionado en el primer capítulo, desde la llegada de los colonizadores españoles a finales del siglo XVI, esta zona ha sido considerada como lugar privilegiado, especialmente para la extracción de recursos mineros (oro y platino) y vegetales (tagua, madera, palma de aceite). Desde aquella época los españoles, que preveían un gran be-neficio económico a partir de la explotación de recursos en esta región, comenzaron a esclavizar a la población indígena para tal fin. Luego de haberla diezmado a causa de los trabajos forzados y extenuantes en las minas, deciden introducir esclavos negros en el territorio a partir del siglo XVII, con el fin de sostener el proceso de colonización y de explo-tación de los territorios mineros. La población actual en la región es ma-yoritariamente negra y, tal como lo hemos visto a lo largo de la historia, las actividades económicas y sobre todo sus lógicas de explotación son prácticamente las mismas que en el pasado. Sólo con algunas variacio-nes propias de cada época, los ciclos de la tagua, la madera, la palma de aceite e incluso de la coca, guardan similitudes estructurales con lo que significó la instauración de un modelo extractivista desde hace casi cuatro siglos en la región.

El presente análisis está centrado en la parte sur de la costa Pacífi-ca colombiana que corresponde al departamento de Nariño (ver mapa 17) y cuyo centro urbano más importante es la ciudad de Tumaco con su población de 187.084 habitantes (DANE). Se estudiarán los siguien-tes municipios, correspondientes a dicha región: Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Ri-caurte, Roberto Payán y Santa Bárbara. El conjunto de estos once muni-cipios alcanza una población estimada de 398.955 habitantes, dentro del total de la población departamental que registra la suma de 1’680.795 de habitantes (Ibid.) según las estimaciones del DANE para el año 2012.


Violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH

Tendencias generales y por municipio

Tal como se ha dicho, estas categorías recogen los datos concernientes a actos de violencia cometidos por los grupos armados ‘en conflicto’ en contra de civiles ‘fuera del conflicto’. Las subcategorías incluidas para el período 1990-2012 son las siguientes: muertos, heridos, secuestros, desapariciones, torturas, amenazas, atentados y detenciones arbitrarias. Los actores sobre los cuales disponemos de información son las Farc, el ELN, los paramilitares, las Fuerzas Armadas, otras guerrillas y actores armados no identificados (AANI). Haciendo una compilación del con-junto de tendencias generales en el Pacífico nariñense para estas ocho subcategorías, durante el período concerniente, obtenemos el Gráfico 1.

De entrada, es posible caer en cuenta que, antes de 1998, el número de acciones violentas es mínimo en comparación con los picos que co-mienzan a aparecer en los años siguientes. Se ve claramente que, a par-tir del año 2000, las cifras aumentan significativamente, especialmente aquellas que corresponden a las variables de muertes y desapariciones. A partir de ese momento, las tendencias generales de la violencia van a mantenerse activas hasta el año 2007. Este año representa un mo-mento particular en el que todas las variables disminuyen casi a cero. Sin embargo, a partir de 2008 la dinámica se reactiva, con una fuerza mayor que en el período precedente y que va a registrar un aumento notable de todas las cifras hasta el final del período estudiado. Ade-más, durante este período 2008-2012, el número de muertos, heridos, amenazados y secuestrados, alcanza niveles considerablemente eleva-dos. En este sentido, por ejemplo, el número de muertos y el número de heridos en 2012 son los más altos de todo el período 1990-2012. La razón del aumento de estas cifras en este año en particular se debe especialmente a los atentados de las Farc en contra de la Policía en pleno centro de la ciudad de Tumaco que afectaron, de un solo golpe, a una cantidad numerosa de civiles que transitaban en cercanías de la estación de Policía atacada31.

31 “Lugar donde explotó bomba en Tumaco, atribuida a las Farc, quedó como una zona de guerra, según testigos. Hasta anoche los muertos eran 3 civiles y 4 policías (…), además de 65 personas con heridas y traumatismos de las cuales 35 son uniformados”. (“Mucha gente lloraba en medio de los escombros”, en El Tiempo.com, 2 de febrero de 2012: 1-4. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11048501).


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En el gráfico 2 se presentan los mismos datos recogidos en una sola curva que ilustra la suma del número de casos registrados año por año agrupando todas las variables.

Lo que muestra esta línea trazada sobre la base de estas cifras ab-solutas es, a la vez, el número total de víctimas civiles y las variaciones de estas cifras en el transcurso del tiempo. Así, según estos datos, 1.057 personas ‘fuera del conflicto’ fueron victimizadas por los grupos arma-dos presentes en la región a lo largo de los últimos 22 años. No obstante, es importante hacer la precisión que la mayor parte de estas acciones violentas ocurrieron durante los últimos 12 años. Así, entre 2000 y 2012, la suma alcanza el número de 1.007 víctimas civiles. En términos de proporciones, esto significa que el 95% de las víctimas de la violencia política en el Pacífico nariñense se concentran en estos últimos años. Junto con esto, en aquello que concierne a las variaciones, el gráfico 2 permite proponer una sub-periodización de estos últimos 12 años de violencia a partir de los picos de alza que se evidencian.

De entrada, se distingue un período entre 2000 y 2003 con el año 2001 como pico; enseguida, un segundo período que va de 2004 a 2007, que no presenta un pico muy elevado, pero que se mantiene en niveles relativamente constantes e intensos. Finalmente, el período entre 2008 y 2012, tal vez el más preocupante, marca de cierta manera una escisión en relación con la dinámica anterior y muestra los dos picos más eleva-dos de la totalidad del período de estudio, el primero en el año 2009 y el segundo en 2012.

Teniendo en cuenta estos elementos generales y preliminares, vale la pena observar estos mismos datos en formato georreferenciado. Con este ejercicio se pretende ver la distribución geográfica y la evolución, a lo largo de los tres períodos mencionados, de estas acciones violen-tas en los municipios que constituyen el Pacífico nariñense. Para ello será preciso acompañar esta lectura con la observación y consecuente análisis del mapa 1 (2000-2003), del mapa 2 (2004-2007) y del mapa 3 (2008-2012), que permiten apreciar la dinámica de las acciones arma-das en contra de civiles en el plano municipal dentro del cual fueron cometidas32. Vale la pena además acompañar estos tres primeros mapas con el mapa 18: Carreteras del departamento de Nariño, (Colombia,

32 Todos los mapas acerca del conflicto armado en el Pacífico nariñense tienen como fuente la misma base de datos y fueron realizadas gracias al valioso apoyo técnico del personal del Sistema de Información Georreferenciada - SIG del Cinep.


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Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías). La importancia y pertinencia de éste último radica en las pistas de interpretación que ofrece la observación de las vías terrestres y fluviales que allí se pueden apreciar con claridad.

De acuerdo con el mapa 1 es posible ver claramente que, durante el período 2000 y 2003, el municipio de Tumaco fue el más golpeado por este tipo de acciones. Al oriente se encuentran Barbacoas y Ricaurte, que corresponden a los municipios que concentran un número signifi-cativo de actos de violencia política. Hacia el norte, se registraron algu-nas acciones, poco abundantes, pero que comienzan a evidenciar una cierta actividad militar que empieza a victimizar a la población civil. Para el período siguiente, (mapa 2) 2004-2007, se evidencia un aumento importante del número de acciones registradas tanto en los municipios de Barbacoas y Ricaurte, como en el municipio de El Charco, al norte del departamento. No obstante este aumento general, Tumaco perma-nece en el primer lugar de la región en cuanto al número de acciones violentas registradas durante dicho período. En el resto de municipios se puede observar también un aumento del número de acciones, pero que no alcanza los niveles de los municipios mencionados hasta el mo-mento.

El mapa 3, que corresponde al período 2008-2012, evidencia un aumento elevado y generalizado del número de acciones violentas en el conjunto de la región. En este mapa es necesario poner atención a los rangos registrados, mucho más que la intensidad de los colores que muestran las variaciones municipales. Volviendo al mapa 1, el rango máximo correspondiente al número de acciones registradas es de 23-36, mientras que en el segundo mapa, dicho rango es de 23-30 acciones. Llama la atención que en el tercer mapa, el rango máximo alcance las cifras de 64-120. Esto explica, por ejemplo, que en este último mapa, Barbacoas aparezca representada con un color menos oscuro que en los dos mapas anteriores, lo cual no significa, según el análisis de los rangos mencionados para cada mapa, que el número de acciones haya dismi-nuido, sino que, por el contrario, éstas aumentaron en relación con los períodos anteriores. Igual para el caso de Ricaurte. La razón de estas variaciones de colores en el tercer mapa se debe al aumento elevado del número de casos registrados durante este último período en el mu-nicipio de Tumaco, que ocupa siempre el primer lugar de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH en la región. Finalmente, es evidente también el aumento del número de acciones violentas en


Mapa 1Número de infracciones al DIH

Departamento de Nariño (2000-2003)


Mapa 2 Número de infracciones al DIH



Mapa 3Número de infracciones al DIH



el norte de la región, particularmente en los municipios de El Charco y Olaya Herrera. Llama la atención también la aparición y aumento de casos en Santa Bárbara y Roberto Payán, que tal como se evidencia al contrastar los tres mapas, eran municipios relativamente tranquilos an-tes de este último período.

El interés del mapa de carreteras (ver mapa 18), se centra en dos detalles muy sutiles a los ojos de una persona extraña a la región, pero absolutamente evidentes tanto para los habitantes de esta zona del país, como también para los miembros de los grupos armados. Estos dos ele-mentos son la carretera que une a Pasto con Tumaco y el curso del río Patía. En este mapa, tales vías –terrestre y fluvial– aparecen claramente. En lo que concierne a la carretera, se observa que cruza el departamento de Nariño de oriente a occidente. En su recorrido, atraviesa el sur del te-rritorio de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco. Se trata de una carretera de 290 kilómetros, completamente asfaltada desde el año 1995. Entre San Juan de Pasto y Ricaurte la vía es bastante sinuosa mien-tras atraviesa la cordillera de los Andes; sin embargo, una vez llegada a la cabecera municipal de Ricaurte, el viaje se realiza hasta Tumaco sobre largos y amplios trazados en recta. En este sentido, el paso por Ricaurte se constituye a la vez en paso obligado y ‘puerta de entrada’ a la región Pacífica, al mismo tiempo que es utilizado en cierto modo, como punto de ‘peaje’ utilizado por los grupos armados ilegales a lo largo de nues-tro período de estudio. De cierta manera, controlar este paso, significa controlar la entrada y salida al Pacífico nariñense. Los grupos armados comprendieron bien esta situación estratégica y es la razón por la cual gran parte de los atentados, hostigamientos a la fuerza pública en la ca-rretera, combates entre los diversos grupos armados y bloqueos, han tenido lugar, a lo largo de los últimos años, en inmediaciones cercanas a este punto de la carretera.

Algo que llama también la atención, al ver los mapas en cuestión, tiene que ver precisamente con que los municipios más afectados por violencia política a lo largo de estos últimos doce años, son aquellos que atraviesa la carretera. Es evidente que esta situación se aumenta a partir del momento en que dicha vía es completamente pavimentada. A veces este tipo de detalles, que parecen anodinos, resultan ser mucho más explicativos de los fenómenos que grandes teorías sin fundamento empírico. Esto tiene sentido pues, en el contexto del Pacífico nariñense, tal como se puede apreciar geográficamente, el hecho de contar con una carretera en buenas condiciones, permite una mayor fluidez tanto para


el transporte de personas y la circulación de mercancías, como para el paso de tropas, de mercancías ilegales y de armas. En este sentido, y te-niendo en cuenta que ésta es la única conexión terrestre de importancia en la región, se comprende que aquel que controla la carretera, controla todo aquello que pase a través de ella. Este carácter estratégico no es un hecho desconocido, ni para los habitantes de la región ni para los miem-bros de las Fuerzas Armadas. La evidencia de la lucha y la violencia utilizada para hacerse al control de la carretera es, según información de las Fuerzas Armadas33, el registro de 18 acciones militares34 a lo largo del recorrido de esta vía en tan sólo el período que va de 2011 a 2012. La totalidad de esas acciones contra las Fuerzas Armadas tuvieron lugar precisamente en el segmento de la carretera entre Ricaurte y Tumaco.

En segundo lugar, si se dirige la mirada hacia el norte del departa-mento de Nariño, es muy fácil encontrar el curso del río Patía, que lo atraviesa de oriente a occidente. Tal como se señaló en el capítulo pre-cedente, esta vía fluvial fue durante muchos decenios, la ruta de comu-nicación más utilizada para acceder desde el océano Pacífico hasta los diversos enclaves mineros que los españoles habían establecido desde el siglo XVIII, en cercanías de las orillas del río, para la extracción del oro de aluvión. Desde esta época y hasta finales del siglo XIX, el centro ur-bano más importante fue Barbacoas, precisamente a causa de su riqueza minera. Esta ciudad se encuentra localizada en el borde del río Telembí, a pocos kilómetros de su desembocadura sobre el río Patía. Sin embar-go, tal como se constata en la historia de la región, fue la ciudad de Tu-maco la que tomó y ocupó el lugar principal a largo del siglo XX y hasta el presente. Poco a poco, durante las décadas de 1960-1980 asistimos al proceso definitivo de aislamiento progresivo de Barbacoas, entre otras cosas a causa de la disminución del oro de aluvión y sobre todo, por la dramática situación de incomunicación por vía terrestre35 con la capital del departamento y con los demás centros urbanos de importancia de la región como Ipiales, Túquerres y Tumaco.

33 Según información clasificada del Ministerio de Defensa Nacional durante un Consejo de Seguridad Regional en 2012.

34 Emboscadas, artefactos explosivos encontrados y desactivados, y atentados con artefactos explosivos.

35 Hay una vía de 54 km entre el corregimiento de Junín y Barbacoas. Despavimentada y sin ningún tipo de mantenimiento, esta distancia se recorre en un promedio de 5 horas, a una velocidad máxima de 10 km/h. Ha habido diversos intentos por mejorar la carretera. Hasta el momento sin ningún resultado visible y lo que es peor, sin ninguna expectativa de optimización de la vía hacia el futuro próximo.


El río Patía al norte, nos impone una nueva manera de observar esta región. Es verdad que ya se ha evocado una especie de escisión, oriente-occidente, geográfica entre la zona del litoral y la zona andina del departamento, marcada por la barrera natural de la cordillera de los Andes. Dicha separación se hace evidente en el trazado de la carretera entre Pasto y Tumaco, que encuentra en el municipio de Ricaurte, en la zona del piedemonte andino, la puerta de entrada a la gran llanura del Pacífico. Ahora, el río Patía nos obliga a verlo en una perspectiva de sentido sur-norte, en la cual éste funciona como frontera natural entre los municipios que se encuentran por encima o por debajo de esta vía fluvial. En síntesis, tenemos dos “carreteras”: una reciente y terrestre (la carretera) y una antigua y acuática (el río Patía). En articulación directa con nuestro análisis, y de manera particular al observar los tres mapas que muestran las violaciones de derechos humanos e infracciones al De-recho Internacional Humanitario, DIH, durante el período 2000-2012, es posible decir que, progresivamente, a medida en que el conflicto ar-mado se fue desarrollando e intensificando, la vía más antigua, el río Patía, comenzó a ser mucho más frecuentado y utilizado por los grupos armados legales e ilegales. Esto lo constatamos por el evidente aumento en el número de acciones violentas contra civiles en los municipios que se localizan exactamente al norte del río Patía, y de manera especial du-rante el último período, que corresponde a los años 2008-2012.

Tendencias por actores

Hasta el momento se han mencionado las tendencias generales por año y por municipio de las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH en el Pacífico nariñense. Avanzaremos un paso en el análisis para presentar estas mismas tendencias, pero según el punto de vista que puede ofrecer la variable de los ‘actores’ que cometieron dichas ac-ciones violentas. Esta aproximación permitirá formular otras hipótesis en relación con la dinámica y la presencia de los actores armados en la región. Para comenzar con una visión general, proponemos observar el gráfico 3, que presenta las tendencias anuales de las acciones armadas contra civiles registradas según actor.

De acuerdo con el gráfico 3, hay que notar de entrada la actividad más evidente y constante de los paramilitares, de las Fuerzas Armadas y de las Farc. Otros grupos armados guerrilleros como el ELN o el EPL han tenido una presencia y actividad marginal e intermitente en la re-


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gión. En lo que concierne a los casos atribuidos a los actores armados no identificados (AANI), existen otras hipótesis que se presentarán más adelante. En este análisis por actores nos centraremos en los tres prime-ros a causa de su mayor actividad armada e impacto humanitario en la región.

Así, a partir del año 2000 se evidencia una actividad significativa de los grupos paramilitares, que va a disminuir progresivamente hasta el año 2003. De acuerdo con estos datos, la casi totalidad de acciones atri-buidas a los paramilitares durante estos años estuvo marcada por una serie de asesinatos selectivos y por amenazas en contra de civiles por razones políticas36 o intolerancia social37. El año 2001 constituye ade-más un momento en el cual se empiezan a registrar acciones violentas y abusos de las Fuerzas Armadas en contra de la población civil. Este tipo de acciones está caracterizado sobre todo por amenazas, desapa-riciones, detenciones arbitrarias y una ejecución extrajudicial. Para 15 acciones violentas cometidas entre 2000 y 2003 no es posible identificar el presunto actor responsable y se registran, en este sentido, como ‘sin información’. Todas estas acciones corresponden a ‘asesinatos’ por per-secución política. El año 2001 representa también el primer pico signifi-cativo, desde 1990, en cuanto al número de acciones violentas realizadas por las Farc. Estas acciones violentas fueron secuestros, asesinatos selec-tivos y amenazas a civiles.

Las acciones violentas de los paramilitares recuerdan los testimonios antes referidos acerca del modo de instalación de estos grupos en la región, y particularmente en la ciudad de Tumaco. Ahora bien, acerca del tipo de dinámicas sociales frente a las cuales responde esta incursión paramilitar, podemos pensar de nuevo en el rol de las élites económi-cas y políticas de la región hacia finales de los años 90, a la crisis del comercio del aceite de palma y al aumento considerable del número de hectáreas plantadas con coca. Sin embargo, al entrar en el detalle de los datos, es posible constatar que la guerrilla hacía presencia en la región de tiempo atrás y que, de cierta manera, ella representaba para los ha-bitantes del Pacífico nariñense, una fuerza armada ilegal sin duda, pero

36 A causa de la actividad política o económica realizada por estas personas. Generalmente se trata de comerciante o de líderes sociales locales considerados, por los paramilitares, como sospechosos de haber simpatizado o apoyado directa o indirectamente a la guerrilla.

37 Se trata de casos en los cuales la condición de la persona es puesta en cuestión a causa de sus creencias, género, origen étnico, o, sencillamente, porque esta persona es señalada de ser ladrona o drogadicta.


que al mismo tiempo había encuadrado y configurado a esta sociedad, especialmente en los municipios del norte del río Patía. En este sentido, la guerrilla en estos municipios era vista como una ‘autoridad’ relativa-mente estable y poco combatida por las Fuerzas Armadas. Prueba de esta estabilidad es el número reducido de acciones armadas cometidas por las Farc y el ELN a lo largo de los años 90. En este sentido, los para-militares van a enfrentarse a estas estructuras-redes militares, económi-cas y sociales configuradas sobre todo por las Farc desde el momento de su llegada e instalación en la región a comienzos de los años 80.

En cuanto al período 2004-2007, son las Fuerzas Armadas quienes ocupan el primer lugar en número de acciones violentas contra la po-blación civil. La mayor parte de estas acciones fueron ejecuciones ex-trajudiciales, amenazas y detenciones arbitrarias. Por su parte, los para-militares van a continuar con sus acciones, casi todas clasificadas como asesinatos por persecución política e intolerancia social. No obstante, el número de acciones atribuidas a estos grupos disminuye a sus cifras mínimas en comparación con el período anterior y, sobre todo, con el siguiente. Las Farc continúan también con sus acciones violentas, pero a una cantidad menos elevada que la atribuida a la fuerza pública y a los paramilitares. Las acciones cometidas por las Farc corresponden sobre todo a amenazas, ataques contra bienes civiles, secuestros en inmedia-ciones de Ricaurte y heridos civiles como consecuencia de ataques ar-mados contra la fuerza pública. Este período refleja en la escala regional, la aplicación de la política nacional de Seguridad Democrática, puesta en práctica desde el primer período presidencial de Álvaro Uribe Vé-lez, entre 2002 y 2006. En ese sentido, se constata durante este período en la región un refuerzo de las Fuerzas Armadas, que coincide con el fortalecimiento a nivel nacional de la fuerza pública para el combate, especialmente contra los grupos guerrilleros. En este contexto militar y político, tanto el Ejército Nacional, como la Policía y la Armada en la región, estaban obligados a producir resultados positivos para justificar esta lucha en el nivel nacional. Tal vez es una de las principales razones que explican el aumento de acciones militares en el territorio nacional y, en nuestro caso, en el Pacífico nariñense.

Finalmente, el período que va de 2008 a 2012 muestra un panorama de violencia mucho más acentuado en comparación con los períodos que lo preceden. El año 2009 representa el momento de mayor acción paramilitar en toda la historia de la región, de la misma manera que se registra un aumento considerable de las acciones violentas atribui-


das a las Farc. Las Fuerzas Armadas continúan con su acción, pero de una manera menos intensa que durante el período anterior. Para los años 2010 y 2011 se evidencia una disminución del número de acciones violentas cometidas tanto por los paramilitares como por las Fuerzas Armadas. Por el contrario, el aumento significativo del número de víc-timas civiles a causa de las acciones violentas realizadas por las Farc (atentados, heridos, asesinatos y amenazas), sobrepasa todas las cifras anteriores –las propias y aquellas que corresponden a las de los otros grupos armados– y alcanza niveles jamás antes vistos en la región. Hay que notar, finalmente, el aumento progresivo del número de acciones violentas cometidas por actores armados no identificados. Este aumen-to se encuentra especialmente ligado al desarrollo e intensificación del tráfico de droga en la región durante los últimos años. Estos actores ar-mados no identificados actúan generalmente mediante la ejecución de asesinatos selectivos y creación de nuevas redes de extorsión, creando así una situación de inestabilidad social bastante marcada, que es la que vive en la actualidad esta zona del país y que pudimos constatar durante el trabajo de campo.

A continuación, y de la misma manera que con la presentación de las tendencias generales y por municipio, se propone ahora una lectura georreferenciada de los datos concernientes a la dinámica de los acto-res armados. Para este análisis se tendrán en cuenta las acciones de los grupos armados más activos durante el período 2000-2012 en la región: Farc, paramilitares y fuerza pública. Se comenzará por el grupo de ma-pas correspondientes al período 2000-2003 (mapas 4, 5 y 6), se segui-rá con aquellos que exponen estos datos durante el período 2004-2007 (mapas 7, 8 y 9), y se terminará con aquellos concernientes al período más reciente 2008-2012 (mapas 10, 11 y 12).

De acuerdo con estos mapas que corresponden al primer período analizado, es de entrada evidente el contraste existente entre el número de acciones realizadas por los paramilitares y aquellas atribuidas a los demás grupos armados. Se puede observar claramente que los dos mu-nicipios más afectados por la violencia paramilitar entre 2000 y 2003 fueron Tumaco y Barbacoas. Durante este período, la cantidad de accio-nes violentas atribuidas a los paramilitares en contra de la población ci-vil, aumentaba progresivamente en los municipios ubicados al norte del río Patía, particularmente en Olaya Herrera, El Charco y Santa Bárbara. Las Farc, por su parte, concentran sus acciones también en Barbacoas y Tumaco, que se convierten en terrenos de fuerte disputa, muy proba-


Mapa 4Número de infracciones al DIH - FarcDepartamento de Nariño 2000-2003)


Mapa 5Número de infracciones al DIH – Paramilitares



Mapa 6Número de infracciones al DIH - Fuerza Pública



blemente como reacción inmediata para asegurar y mantener su control sobre estos territorios que comenzaban a ser atacados por fuerzas pa-ramilitares. Finalmente, las acciones violentas contra la población civil atribuidas a la fuerza pública van a verse en mayor número, sobre todo en Tumaco y en municipios estratégicos como Ricaurte, al borde de la carretera u Olaya Herrera, al norte del río Patía.

De esta manera, y tal como se había observado anteriormente, los mu-nicipios más afectados por la violencia de los grupos armados durante este primer período, son aquellos que están atravesados por la carretera que comunica a Tumaco con la zona andina del departamento de Nari-ño. Igualmente, es claro y visible geográficamente, que los paramilitares fueron los actores armados que cometieron el mayor número de acciones violentas en contra de la población civil durante los años 2000-2003, re-gistrando un número de casos considerablemente mayor que el del resto de actores armados legales e ilegales, y con el municipio de Tumaco como lugar de concentración de la mayor cantidad de acciones violentas.

A continuación se presentan los mapas, según actor, correspondien-tes al segundo período: 2004-2007.

Durante este período (2004-2007) el panorama regional de violencia política percibe ciertas transformaciones y desplazamientos estratégicos en el territorio. Las Farc, activas en Barbacoas durante el periodo ante-rior, ahora desplazan sus acciones hacia Tumaco y Ricaurte. No obstan-te, en lo que concierne al número de casos en contra de la población civil, cabe decir que éste no es aún muy elevado en comparación al de la fuerza pública durante el mismo período. Por el contrario, luego de la escalada de violencia paramilitar en Tumaco y Barbacoas durante el período anterior, se observa un desplazamiento de estos grupos hacia los municipios al norte del río Patía. Precisamente, el municipio más afectado por las acciones de los paramilitares durante estos años es El Charco. Igualmente se percibe una disminución de la acción paramili-tar en Tumaco, incluso teniendo en cuenta que el municipio vecino de Barbacoas, conserva casi el mismo número de casos atribuidos a pa-ramilitares en comparación con el período inmediatamente anterior. Finalmente, es claro que la fuerza pública aumenta considerablemente sus acciones, que alcanzan a victimizar a la población civil, en práctica-mente toda la región.

En síntesis, durante este período los tres municipios atravesados por la carretera principal –Tumaco, Barbacoas y Ricaurte– fueron los más


Mapa 7 Número de infracciones al DIH – Farc



Mapa 8 Número de infracciones al DIH - Paramilitares



Mapa 9 Número de infracciones al DIH - Fuerza Pública



afectados por la violencia de los grupos armados, particularmente Bar-bacoas, que se convirtió rápidamente en terreno de disputa finalmente ganado por los paramilitares y la fuerza pública, y cuya pérdida en el plano militar obliga al repliegue y desplazamiento de las Farc hacia Tu-maco y Ricaurte. Habiendo ganado el control de Barbacoas, las acciones de los paramilitares, y sobre todo las atribuidas a la fuerza pública se ex-tienden con mayor facilidad hacia los municipios ubicados al norte del río Patía –en donde las Farc mantenían aún el control–, especialmente en El Charco, en donde se registra el mayor número de abusos en contra de la población civil atribuidos a la fuerza pública.

A continuación se presentan los mapas, según actor, correspondien-tes al período más reciente: 2008-2012.

En aquello que concierne a estos últimos años, la dinámica de los acto-res armados en la región registra nuevas y sensibles transformaciones. De entrada llama la atención el aumento generalizado de las acciones arma-das en contra de la población civil, atribuidas a todos los actores armados en cuestión. Sin embargo, el aumento más inquietante es el de las Farc. Es verdad que, a lo largo de los períodos anteriores, se había visto en primer lugar un aumento del número de acciones atribuidas a los paramilitares, y en segundo lugar, de la fuerza pública. Los paramilitares se desplazaron desde Barbacoas hacia El Charco, la fuerza pública por su parte, aseguró el control de la carretera y comenzó a extender sus acciones hacia los mu-nicipios del norte, especialmente a El Charco y Olaya Herrera.

Estos últimos años son visiblemente aquellos en los cuales las Farc registran su mayor actividad, especialmente a partir del año 2008 y con una frecuencia considerable de acciones en Tumaco, Barbacoas, Ricaur-te y El Charco. La hipótesis principal de este fortalecimiento de la gue-rrilla en la región es la puesta en marcha, por parte de las Farc, del ‘Plan Renacer’. Por medio de una serie de acciones de bajo impacto militar, pero de alto riesgo para la población civil circundante, las Farc han ido recuperando progresivamente el terreno que habían perdido en los años anteriores, comenzando por la zona urbana y alrededores de Tumaco, para luego extenderse a Barbacoas, Ricaurte y actualmente en Olaya He-rrera y El Charco. En este movimiento estratégico, las Farc aprovecha-ron una coyuntura histórica en la que confluyeron la desmovilización del aparato armado de los paramilitares entre 2005-2006, y la reactiva-ción tanto de la minería, como del tráfico de droga en la zona norte del departamento, con el río Patía como vía principal.


Mapa 10 Número de infracciones al DIH – Farc



Mapa 11 Número de infracciones al DIH - Paramilitares



Mapa 12 Número de infracciones al DIH - FF.AA.Departamento de Nariño (2008-2012)


Intensidad de acciones violentas contra población civil por municipio

Hasta el momento el análisis aquí presentado se ha elaborado sobre la base de cifras absolutas. Este tipo de trabajo nos ha permitido describir las tendencias generales de las acciones violentas en contra de la pobla-ción civil, observarlas por períodos, diferenciarlas por municipios y par actores, luego observar esta misma información sobre mapas y formular algunas hipótesis y preguntas orientadas hacia una mejor comprensión del fenómeno. A continuación, para profundizar en esta aproximación estadística, avanzaremos dando un nuevo paso. Para ello, se medirá el impacto de las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH por medio del cálculo de tasas por 10.000 habitantes, haciendo uso de las cifras oficiales (censo y estimaciones) de población ofrecidas por el DANE38. Con estas tasas será posible saber con mayor exactitud, no so-lamente cuáles han sido los municipios que han sido más afectados por la violencia política en contra de civiles en la región, sino también en cuáles de ellos esta violencia ha sido más intensa según la relación que se establece con el número de habitantes de cada municipio.

En las tablas 1 y 2 se compara el número total de víctimas civiles durante el período 1990-2012 en los once municipios estudiados, pri-mero en cifras absolutas y enseguida según la relación establecida entre número de casos y número de habitantes por municipio39.

Comparando las tablas 1 y 2 se constata que los tres municipios que concentran la mayoría de casos son en orden, Tumaco (571 casos re-gistrados), Barbacoas (166 casos registrados) y Ricaurte (137 casos re-gistrados). No obstante, la tasa por 10.000 habitantes arroja un orden diferente que ubica a Ricaurte en primer lugar, seguido por Barbacoas y Tumaco, que ocupa el tercer lugar a causa de su número más elevado de habitantes en relación con el resto de municipios. En cuarto lugar, en las dos tablas, se ubica el municipio de El Charco. Consideramos que este cuarto lugar de El Charco es enteramente coherente con el análisis cartográfico expuesto hasta el momento, particularmente en cuanto a la importancia dada recientemente por los grupos armados –especialmen-te las Farc– a la circulación fluvial por el río Patía y al desplazamiento de los diversos grupos armados al interior de la región. Queda claro

38 www.dane.gov.co 39 La cifra utilizada para el número de habitantes equivale a la estimación de población del año

2012 para cada municipio según los datos ofrecidos por el DANE.


Tabla 1 Número total de víctimas por municipio (1990-2012)

Tabla 2 Tasa de víctimas por municipio por 10.000 habitantes (1990-2012)

Municipio No. Víctimas1 TUMACO 5712 BARBACOAS 1663 RICAUTE 1374 EL CHARCO 795 OLAYA HERRERA 396 SANTA BÁRBARA 237 ROB PAYÁN 188 MAGÜÍ 179 MOSQUERA 4

10 FRANCISCO PIZARRO 211 LA TOLA 1

Promedio 96,09

Municipio No. Víctimas

No. de habitantes

Tasa x 10.000 hab.

1 RICAUTE 137 17.475 78,402 BARBACOAS 166 35.406 46,883 TUMACO 571 187.084 30,524 EL CHARCO 79 33.085 23,885 SANTA BÁRBARA 23 14.937 15,406 OLAYA HERRERA 39 30.081 12,967 ROB PAYÁN 18 20.725 8,698 MAGÜÍ 17 20.435 8,329 MOSQUERA 4 14.874 2,69

10 FRANCISCO PIZARRO 2 13.723 1,4611 LA TOLA 1 11.130 0,90

Promedio Promedio 20,92


que, de los municipios que configuran la zona norte del litoral Pacífico nariñense, la población de El Charco ha sido la más afectada por este tipo de violencia.

El gráfico 4 muestra la tendencia de la tasa por 10.000 habitantes y los picos más representativos por municipio. Seguido a esto, se analizan las curvas registradas por los cuatro municipios en donde la violencia ejercida contra civiles ha sido más intensa y sobrepasa la cifra del pro-medio regional, calculada en 20,92 víctimas por 10.000 habitantes: Ri-caurte (78,40), Barbacoas (46,88), Tumaco (30,52) y El Charco (23,88).

Es evidente el nivel de intensidad de violencia –en comparación con el resto de municipios– alcanzada por el municipio de Ricaurte, espe-cialmente durante los años 1998, 2005, 2009 y 2012, que registran los pi-cos más elevados. Su condición de ‘puerta de entrada’ del Pacífico es una pista de interpretación para comprender esta intensidad de la violencia en Ricaurte, así como también su proximidad de la carretera principal y la presencia histórica de las Farc y el ELN, cuyo control fue disputado a sangre y fuego por los paramilitares a partir del final de la década de 1990. El pico registrado en 2005 es no solamente el más elevado del municipio en toda su historia, sino también el más elevado de todo el Pacífico nariñense. De nuevo, el número de acciones armadas a lo lar-go de la carretera, la recomposición de los grupos armados luego de la desmovilización del aparato militar oficial de los grupos paramilitares y el nuevo auge del tráfico de droga, son factores que hacen parte de la co-yuntura sobre cuya base, el conflicto armado se intensificó en esta zona del país. Los años 2009 y 2012 corresponden a dos períodos de inten-sificación generalizada del conflicto. En 2009 se evidencia un aumento significativo de esta intensidad en Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, y en 2012 en El Charco, Ricaurte y Tumaco.

Por su parte, en la curva correspondiente a Barbacoas, se pueden ob-servar tres momentos de aumento de la intensidad del conflicto: prime-ro en 2001, luego en 2004 y finalmente –la elevación más alta– en 2009. Igualmente se evidencian dos momentos en los cuales la tasa disminuye hasta alcanzar una cifra cercana a cero en 2003 y 2007. Finalmente, du-rante el período 2009-2012, se constata una tendencia clara de dismi-nución de la intensidad. En cuanto al municipio de Tumaco, las tasas no son las más elevadas de la región, a causa de su número elevado de habitantes en comparación con el del resto de municipios. Sin embargo, y sin hacer a un lado este factor, las tasas calculadas para este municipio alcanzan una cifra de 5 víctimas por 10.000 habitantes en 2001 y 2011.


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Esa cifra va a duplicarse al final del período estudiado, en 2012, con 10 víctimas por cada 10.000 habitantes, con lo cual el impacto de este aumento de intensidad de la violencia para la población y para la vida cotidiana del puerto es claramente percibido por sus habitantes y resulta prácticamente indiscutible en la actualidad.

Finalmente, la situación de El Charco llama la atención a partir del año 2007. En dicho momento, la tasa va a aumentar primera vez en su historia y luego va a disminuir lentamente hasta alcanzar cifras cercanas a cero en 2009. Sin embargo, en 2010 se registra un aumento bastante significativo, que se va a mantener casi constante en 2011 para luego au-mentar de manera dramática hasta el punto de alcanzar el primer lugar de la región, con una cifra cercana a 15 víctimas por 10.000 habitantes en el año 2012. A modo de detalle, es interesante notar que el aumento de la intensidad de la violencia registrada en este municipio durante el año 2007, contrasta con la dinámica generalizada de disminución de este fenómeno en Ricaurte, Barbacoas y Tumaco. Tal como se ha men-cionado, este período corresponde a una coyuntura en la cual los grupos armados se desplazan –cada uno siguiendo su propia estrategia– hacia el norte del río Patía. Para concluir este punto, es conveniente subrayar la intensificación generalizada de la violencia contra la población civil durante los últimos años del período analizado (2008-2012). Es cier-to que las tasas de intensidad correspondientes a estos años no son las más elevadas históricamente en la región, pero sí es la primera vez en la historia que los niveles de intensidad alcanzan niveles similares y de manera simultánea en Tumaco, Ricaurte y El Charco, que ascienden a entre 9 y 13 víctimas por cada 10.000 habitantes. En ese sentido, se trata de un conflicto de mediana intensidad que se extendió en el territorio y que permanece activo y con similar impacto en la población, particular-mente la de Ricaurte, El Charco, Barbacoas y Tumaco.

Acciones bélicas

Por acciones bélicas se comprenden todas aquellas acciones de guerra realizadas entre los combatientes de los diversos grupos armados. Estas acciones registran la información concerniente al número de combates, de emboscadas, de ataques contra objetivos militares, de incursiones de sabotajes y de asaltos. En este sentido y teniendo en cuenta el carácter de este tipo de acciones, comprendidas como actos de violencia entre com-batientes, se hablará aquí de las víctimas de tales acciones como: actores


muertos, actores heridos y actores retenidos. Los grupos sobre los cua-les se cuenta con información son la fuerza pública40, las Farc, el ELN y los paramilitares. Se presentarán estos datos –como ya se hizo para las víctimas civiles– por año, por municipio y por actor. Finalmente se cruzarán estos datos de víctimas combatientes con los correspondientes a víctimas civiles para tener una visión más completa de la situación de violencia política en la región.

Tendencias por año y por municipio

Durante el período 1990-2012 la base de datos del Cinep/PPP registra un total de 445 víctimas combatientes entre muertos, heridos y reteni-dos. De estos 445, 432 fueron víctimas de guerra entre 2001 y 2012, lo cual significa que el 97% del total de la violencia armada entre fuerza pública, guerrilla y paramilitares se concentra en los últimos 12 años. El gráfico 5 muestra esta tendencia general por años y por tipo de caso.

Se puede observar de entrada una cierta irregularidad en este tipo de acciones. En lo que se refiere a muertos en combate, el pico más alto se registra entre los años 2001 y 2002, seguido por una disminución progre-siva que va a disminuir a casi cero en 2008. A partir del año siguiente la situación de violencia se reactiva hasta registrar un nuevo pico en 2011. En cuanto a combatientes heridos en enfrentamientos o acciones milita-res contra otro grupo armado, se evidencian tres momentos de aumento, en 2001, 2005 y 2011. A propósito de las retenciones, el año que registró más casos de este tipo fue el 2009, seguido de una disminución en 2010 y un nuevo aumento a partir de 2011. No obstante la observación de estos picos, llaman la atención dos cosas: en primer lugar, la fuerte confron-tación militar a comienzos de la década del 2000 y, en segundo lugar, la reactivación de esta dinámica –que había disminuido casi a cero en 2008– en la región a partir del año 2009. Es importante caer en cuenta de que el aumento en el número de víctimas combatientes al que llega la región en 2011 es más elevado que aquella que ya se había vivido entre 2003 y 2005. Esta variación general se ve con mayor claridad en el gráfico 6, que pre-senta en una sola curva la totalidad de víctimas por cada año entre 1990 y 2012. Es evidente que el año 2008 marca un punto de quiebre entre dos dinámicas del conflicto armado, y que los niveles más recientes se acercan bastante al pico más alto registrado entre 2001-2002.

40 En la categoría de fuerza pública se incluyen: el Ejército, la Armada y la Policía Nacional.


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Al ver los gráficos 5 y 6 en detalle, se ven con claridad los picos co-rrespondientes a los años 2001, 2005, 2009 y 2011. Por su parte, las dis-minuciones más significativas tuvieron lugar entre 2003-2004 y luego entre 2006-2008, cuando el número total de víctimas combatientes re-gistradas –en 2008– fue 3. No obstante, como se ha observado, el núme-ro de víctimas durante el año 2011 alcanza y sobrepasa los niveles ante-riores, quedando sólo por debajo del año 2001 que registra la cifra más alta de todo el período en estudio. A continuación presentamos estos mismos datos sobre mapas. Con ello pretendemos identificar los muni-cipios que han sido lugar, con más frecuencia, de los enfrentamientos y encuentros violentos entre los grupos armados presentes en la región, para luego comparar esta información con aquella recogida acerca del número y localización geográfica de las acciones violentas en contra de la población civil. Estos datos serán distribuidos en los tres sub-perío-dos trabajados anteriormente, 2000-2003, 2004-2007 y 2008-2012 y se pueden observar en los mapas 13, 14 y 15 respectivamente.

Teniendo en cuenta estos mapas y en relación con los correspon-dientes a las acciones en contra de la población civil, es interesante per-cibir que el panorama entre estos dos planos no es muy diferente. En este sentido, los tres municipios atravesados por la carretera –Tumaco, Barbacoas y Ricaurte– ocupan los primeros lugares en cuanto a número de acciones bélicas se refiere. Durante el período 2000-2003 se constata que los municipios de Barbacoas y Ricaurte registran el mayor número de acciones de guerra. Son los dos municipios en donde el conflicto se acentúa en estos primeros años debido a la disputa del control sobre la carretera, principalmente en Ricaurte y en la parte sur de Barbacoas. Es constatable igualmente un aumento progresivo del número de accio-nes bélicas en los municipios al norte del río Patía, especialmente en El Charco. En Olaya Herrera, La Tola y Roberto Payán, donde se registra-ron algunos casos, pero menos numerosos en comparación con los de los municipios ya mencionados.

Durante el período siguiente (2004-2007) se evidencia un desplaza-miento de los grupos armados, que siguen enfrentándose en Ricaurte y Barbacoas, pero que intensifican mucho más sus acciones en el munici-pio de Tumaco. Es preciso decir que, en cuanto al número de acciones de guerra registradas durante estos años, se evidencia un aumento en comparación con el período inmediatamente anterior. Esta dinámica corresponde a este período de reconfiguración en el espacio de los gru-pos armados luego de la desmovilización de las estructuras militares


Mapa 13 Número de acciones bélicas



de los grupos paramilitares, y a un aumento del número de acciones lideradas por la fuerza pública en ejecución de la política de Seguridad Democrática. Se percibe también un aumento del número de acciones en El Charco y Santa Bárbara, lo cual hace parte también del reaco-modamiento de los grupos armados, especialmente de las Farc, que se repliegan hasta sus zonas tradicionales de retaguardia al norte del río Patía.

Finalmente, es evidente el aumento y expansión territorial de las ac-ciones bélicas en la región durante el período 2008-2012. Este período responde claramente a la estrategia de retoma del control del territorio por parte de las Farc, a partir de la puesta en marcha del ‘Plan Renacer’. Se puede observar que Barbacoas y Ricaurte continúan siendo lugares de fuerte disputa militar entre los grupos armados. Tumaco mantiene el primer lugar en número de acciones, concentrando la mayor parte de éstas durante este último período. Por último, en cuanto a la situación de los municipios al norte del río Patía, se puede apreciar una leve dis-minución de acciones bélicas en El Charco, que contrasta con el aumen-to de éstas en Magüí Payán y Roberto Payán.

Tendencias por actores

A continuación se presenta un análisis de estas acciones bélicas, a partir del registro del número de víctimas combatientes según su grupo de pertenencia.

De entrada, el gráfico 7 llama la atención en tanto muestra las varia-ciones en el tiempo de la relación de fuerzas entre los grupos armados en conflicto. En este sentido, para el año 2001 es posible señalar que la relación de fuerzas –en cuanto al número de bajas, heridos y retenidos se refiere– es casi equivalente entre la fuerza pública, las Farc y los pa-ramilitares. Para este año se registran 29 víctimas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, 28 víctimas paramilitares y 19 víctimas pertenecien-tes a las Farc. Esta situación se transforma en los dos años siguientes –2002-2003– en contra de las Farc, que durante estos dos años suman 45 víctimas, frente a las 26 de los paramilitares y a las 15 de las Fuerzas Armadas para el mismo período. Es claro que las Farc comienzan a ser mucho más atacadas. Es el momento en que van a perder terreno pro-gresivamente, especialmente en Ricaurte y Barbacoas. En contraste con este aumento en el número de bajas de la guerrilla, las Fuerzas Armadas se muestran más fuertes en un contexto nacional de ofensiva militar,


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que se intensifica con la toma de poder de Álvaro Uribe Vélez en 2002 y la puesta en marcha de la política de Seguridad Democrática a partir de 2003. Finalmente, del lado de los paramilitares, se observa una clara disminución del número de víctimas combatientes. Entre 2001 y 2002 los paramilitares se enfrentan militarmente a la guerrilla, recibiendo un total de 54 bajas en los pocos contactos que tuvieron con las Farc. Frente a esta situación de poco éxito en combates, los paramilitares concentran sus acciones en las zonas urbanas por medio de asesinatos selectivos, masacres y amenazas. Además, a partir del 2002 las Fuerzas Armadas comienzan a ser más eficaces en la lucha contrainsurgente, y ello de cier-ta manera, libera a los paramilitares de la lucha frontal contra la gue-rrilla. Para el año 2003 no habrá registro de víctimas paramilitares en la región. Al número de acciones bélicas con iniciativa de estos grupos disminuye igualmente.

Para el período 2004-2007, particularmente en el año 2005 el pa-norama cambia considerablemente, esta vez en contra de las Fuerzas Armadas, que en tal año registran un total de 48 víctimas –muertos y heridos principalmente–. Este golpe a la fuerza pública se debió a una escalada militar de las Farc en tres fuertes combates registrados en los municipios de Santa Bárbara, Ricaurte y Tumaco. El primero, entre las Farc y la Armada Nacional en Santa Bárbara, dejó como saldo 16 muer-tos y 24 heridos del lado de la Armada contra cero bajas de lado de las Farc. El segundo, entre las Farc y la Policía Nacional en Ricaurte, dejó como saldo 1 muerto y 4 heridos del lado de la Policía, contra cero víc-timas de lado de las Farc. El tercero, entre las Farc y la Armada Nacio-nal, registró 3 muertos del lado de la Armada, contra cero víctimas del lado de las Farc. Este año coincide con las negociaciones de paz entre el gobierno de Uribe y las AUC, con su posterior desmovilización. En el Pacífico nariñense esta coyuntura disminuyó aún más el número de ac-ciones bélicas con iniciativa de los paramilitares. Las Farc respondieron, desde sus zonas de repliegue, intentando a la vez recuperar el control perdido y buscando hacer muestra de que su capacidad militar no se encontraba totalmente debilitada.

Entre 2006 y 2008 se registran algunos enfrentamientos, con un nú-mero de víctimas no muy alto para todas las partes. En total, se con-tabilizan 21 del lado de las Farc, 7 del lado de las Fuerzas Armadas, 2 de los paramilitares y 1 del ELN. No obstante, a partir del año 2009 el aumento del número de víctimas combatientes es evidente, y con un saldo negativo para las Fuerzas Armadas. Este período corresponde con


la puesta en marcha del ‘Plan Renacer’ por parte de las Farc, que están decidas a recuperar lo perdido durante los años anteriores y, sobre todo, a mostrar su capacidad militar en esta región, en un contexto nacional en el que se perciben bastante debilitadas militarmente a causa de los duros golpes sufridos en otras regiones del país. En esta ocasión y si-guiendo el principio de no entrar en combate directo con las Fuerzas Armadas, las Farc ponen en marcha una fuerte ofensiva armada que va a privilegiar las emboscadas, los ataques sorpresa y los atentados a ob-jetivos militares precisos. Geográficamente estas acciones comenzaron en el 2009 en Ricaurte, Barbacoas, Magüí y Roberto Payán, con victorias consecutivas de las Farc en contra de las Fuerzas Armadas y de algunos grupos paramilitares de nueva generación que aún se encuentran en es-tos municipios. Poco a poco, estas victorias permitieron que las Farc avanzaran y lograran llegar a rodear el municipio de Tumaco, en donde sus acciones armadas aumentaron considerablemente durante los años 2011 y 2012 (combates, ataques a objetivos militares y atentados contra infraestructuras militares). Durante este período –2009-2012– el regis-tro de número de víctimas por actores es el siguiente: 121 pertenecientes a las Fuerzas Armadas, 26 guerrilleros de las Farc y 20 paramilitares de nueva generación. Indiscutiblemente las Farc, por medio de las repeti-das acciones del Frente 29 y de la Columna Móvil Daniel Aldana, son el grupo armado con mayor fuerza durante este último período estudiado, y frente a las cuales, la fuerza pública se ha mostrado ineficiente e inca-paz de controlar esta reciente escalada de violencia.

Cruce de variables

Para concluir este análisis cuantitativo, es pertinente realizar un último ejercicio de entrecruzamiento de los datos generales presentados –en cifras absolutas y por año– del número total de víctimas civiles en con-traste con el número total de víctimas combatientes. Es importante ob-servar en esta última sección, la relación entre estas dos variables, y pre-sentar la tendencia de impacto de esta violencia armada, ejercida contra la población civil y entre combatientes. Para ello se propone observar el gráfico 8, en el cual se contrastan las dos curvas generales mencionadas.

A simple vista, se puede decir que durante el período 2000-2008 el conflicto armado afectaba, en proporción relativamente similar, tanto a la población civil como a los integrantes de los diversos grupos arma-dos. Esto se evidencia al percibir un cierto paralelismo entre las dos cur-


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vas presentadas. Esto corresponde a la realidad de un conflicto armado activo en la región, con niveles intermedios de victimización tanto de la población civil como de los combatientes en comparación con las cifras alcanzadas en otras regiones de Colombia como el Magdalena Medio, Urabá o el Suroriente Antioqueño.

Sin embargo, este ‘paralelismo’ en el número de víctimas va a tomar un nuevo rumbo a partir de 2008. En ambos casos la violencia se va a intensificar, pero con una victimización dramáticamente en aumento de la población civil. El año 2009 marca un punto récord en este sentido, que es a su vez ampliamente sobrepasado en el 2012. En este contexto la guerra sale del campo de batalla y se traslada al ámbito de la victimiza-ción de la población civil, sobrepasando la frontera entre combatientes y no combatientes, y creando de esta manera una evidente situación de crisis humanitaria en el Pacífico nariñense. Ésta es la situación reflejada en el presente de la región y dentro de la cual se comprenden las nume-rosas manifestaciones de preocupación, de miedo y de impotencia por parte de la mayoría de los habitantes de esta parte del país.

Interrogantes, hipótesis y pistas de interpretación

A modo de conclusión de este segundo capítulo, se presenta una síntesis del conjunto de interrogantes, hipótesis y pistas de interpretación que el análisis cuantitativo ha podido suscitar. Es importante tener presentes estos elementos, que serán contrastados con los testimonios recogidos durante el trabajo de campo y presentados en el siguiente capítulo. Si bien la estadística no permite, ella sola, dar cuenta de la totalidad y com-plejidad de las dinámicas de violencia vividas en la región a lo largo de estos últimos años, sí es clara su utilidad, como punto de apoyo, para enriquecer la documentación del fenómeno y aproximarse a una mejor descripción y comprensión de sus dinámicas más generales. Se presenta una lista de estos elementos.

a) Desde el comienzo de este análisis, la intensificación de la violencia durante el período 2008-2012 ha llamado la atención. Se ha sugerido como hipótesis el reacomodamiento dentro del territorio y el cambio de estrategia de los diversos grupos armados presentes en la región. Otra posibilidad que puede explicar dicha intensificación, tiene que ver con el aumento del tráfico de droga a lo largo de estos últimos


años en la región. Junto con estas dos situaciones, se ha hecho eviden-te también el fortalecimiento de las Farc en la zona, que se ha mani-festado entre otras cosas, por el aumento de la cantidad de acciones armadas realizadas y por el número elevado de víctimas pertenecien-tes a las Fuerzas Armadas.

b) Dos hipótesis permiten dar cuenta de la intensificación de la violen-cia durante el período 2008-2012. La primera tiene que ver con el aumento en el número de las acciones armadas de las Farc en los mu-nicipios de El Charco, Magüí Payán, Santa Bárbara y Roberto Payán, a causa de la puesta en marcha del ‘Plan Renacer’ y de la reutilización de los ríos Patía y Telembí como vías de comunicación y de transporte por parte de los grupos armados –especialmente las Farc– durante el período 2004-2007. La segunda concierne a la consideración de la ubicación del municipio de Ricaurte como ‘puerta de entrada’ del Pacífico, y que en tanto clave de interpretación puede explicar los nu-merosos enfrentamientos armados en esta zona, y particularmente en cercanías de la carretera Pasto-Tumaco, a lo largo de todo el período estudiado 1990-2012.

c) La hipótesis acerca del lazo existente entre los actores armados no identificados (AANI) y el fenómeno del tráfico de droga durante el período 2008-2012 es un tema esencial que debe ser profundizado para poder explicar mejor la violencia actual, especialmente en la zona urbana de Tumaco.

d) Finalmente, ha sido importante ver esta realidad regional articula-da con las dinámicas históricas de la violencia en Colombia. Varios momentos han marcado el curso de los acontecimientos en el país y –tal como se ha mencionado– han influido en el curso del con-flicto armado en la región. Particularmente, los resultados de la VII Conferencia de las Farc a comienzos de los años 80 que influye de manera determinante en la instalación de esta guerrilla en la región, el fracaso de las negociaciones de paz con las Farc durante el período presidencial de Andrés Pastrana (1998-2002) que marca uno de los momentos más violentos de la historia colombiana, la política militar desarrollada durante los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006, 2006-2010), el proceso de desmovilización de las estructuras militares de las AUC entre 2004-2006, y la transformación del fenómeno paramilitar en la región. Por último, el fortalecimiento insospechado de las Farc al final del período estudiado y en el umbral del inicio de las negociaciones de paz en La Habana.

Capítulo 3

Violencia vivida en lo cotidiano. Desafíos para el presente

Introducción

Este tercer capítulo está centrado en los diversos testimonios obtenidos sobre el terreno. Si bien las aproximaciones socio-histórica y estadística son indispensables para exponer y comprender las lógicas del conflicto armado en el contexto dentro del cual se ha desarrollado, es también imprescindible dedicar una sección completa a las entrevistas recogidas durante el trabajo de campo en Colombia. Se trata de escuchar las diver-sas versiones que narran el conflicto armado a partir del testimonio de algunos habitantes de la región, de contar cómo estas personas viven y actúan en lo cotidiano frente a esta realidad de violencia. El capítulo se organiza y distribuye en tres partes.

Para comenzar, se contará brevemente la experiencia vivida durante el trabajo de campo. Es verdad que las condiciones del trabajo no fueron fáciles. La sensación de inseguridad generalizada percibida en la ciudad es un factor que dificulta y complejiza la obtención de entrevistas. La re-currencia de la frase ‘uno aquí no sabe con quién está hablando’, refleja el estado de ánimo de una población civil implícitamente amenazada por los actores armados. No se sabe si la persona frente a la cual se puede estar conversando está vinculada directa o indirectamente con algún grupo armado o con alguna banda delincuencial o extorsiva. Esta es una de las razones principales por las cuales la gente prefiere ser prudente –o sencillamente guardar silencio– en lo que se refiere al tipo de comen-tarios que se hacen a propósito de la situación actual en la región. Esta


primera parte se centrará en esta experiencia vivida, haciendo énfasis en la metodología seguida y en la manera como se logró conversar libre-mente con algunas personas en la región.

Enseguida se presentará la información recogida durante las entre-vistas y según el tipo de personas con las cuales se pudo conversar. Se comenzará por algunos religiosos y religiosas, con el fin de entrever los puntos de vista que algunas autoridades religiosas locales tienen acerca del contexto en que viven y desarrollan su labor pastoral. Luego nos interesaremos en el punto de vista de algunas personas vinculadas con la diócesis de Tumaco, que trabajan con valentía en la defensa de la dig-nidad de las víctimas y de un gran número de personas en situación de vulnerabilidad en los barrios más desfavorecidos de Tumaco. Se presen-tará también el punto de vista de algunos comerciantes de Tumaco, que es muy importante de escuchar, especialmente por su aproximación his-tórica del conflicto armado en la región y por la manera como viven, en carne propia, la presión extorsiva de los grupos armados. Se expondrán también otros testimonios de habitantes de la región, un profesor, un abogado, un pensionado y una habitante de un barrio controlado por grupos armados en Tumaco. Estos relatos nos mostrarán la experiencia de personas del común que viven y sufren esta situación de inseguridad en lo cotidiano. Finalmente, presentaremos el testimonio de algunos funcionarios públicos que nos muestran la versión de los hechos desde el punto de vista de las autoridades políticas de la región.

En la última parte se propondrá una reflexión personal acerca de los desafíos presentes para el Pacífico nariñense, en vista de una posible desmovilización de las Farc en el curso de las negociaciones con el go-bierno nacional en La Habana.

Experiencia vivida en la región y metodología de las entrevistas realizadas

De entrada, hay que subrayar la dificultad inicial para obtener datos y testimonios en un terreno donde la violencia de los grupos armados y de las redes de extorsión se encuentra activa. Con la presencia de miembros de los grupos armados vestidos de civil en pleno centro de la ciudad, el contexto se hace más complejo para la población, que repite fácilmente la frase ‘uno aquí no sabe con quién está hablando’, haciendo referencia de esta manera a la dificultad para identificar a los actores del conflicto. A veces una persona vecina, algún vendedor o un simple tran-

violencia vivida en lo cotidiano. desafíos para el presente 115

seúnte pueden estar colaborando con algún grupo o banda. En este con-texto de incertidumbre es evidente que cualquier investigador que llega a una de las ciudades más alejadas del centro del país es fácilmente per-cibido como un elemento extraño e incluso extranjero, entre otras cosas por no ser afro-descendiente como la mayor parte de sus habitantes. Si, además, el dicho investigador muestra interés por saber más acerca de la situación de violencia política de la región, puede fácilmente encontrar mayores dificultades. De entrada, en un terreno como el nuestro no es fácil llegar y permanecer por un tiempo largo, trabajando sobre este tipo de temáticas, sin el apoyo de una o varias instituciones interesadas en la realización de un tal proyecto de investigación.

Una de estas instituciones, presente en la región y reconocida por su compromiso frente a los más desfavorecidos de esta sociedad es la Igle-sia católica. Con una población mayoritariamente católica en la región, esta institución representa de cierta manera, un modelo de unidad y de autoridad moral que contrasta con la imagen de una institucionalidad estatal fragmentada y moralmente corrupta, que se evidencia mediante los repetidos testimonios que ponen en cuestión la manera de actuar no transparente tanto de los políticos locales como también de la fuer-za pública. Fue en este sentido, gracias a mi condición de sacerdote de la Compañía de Jesús, como tuve la ocasión de estar en la región y de ser acogido –con el acuerdo y apoyo de mis superiores jesuitas– por el obispo de la diócesis quien, estando al tanto de este proyecto de inves-tigación, me permitió ejercer también un trabajo pastoral dentro de su jurisdicción eclesiástica. Fue dentro de ese marco donde la conversación espontánea y libre con diversas personas –que quisieron hablar espontá-neamente sobre el tema conmigo– fue posible a lo largo de seis semanas de trabajo y cercanía con muchas personas que se acercan a la Iglesia buscando acompañamiento y fuerza espiritual en medio de sus luchas cotidianas.

En un contexto así, es muy difícil entrevistar a los actores armados. De entrada porque la mayor parte de ellos se encuentran mezclados en lo cotidiano con la población civil, lo cual hace casi imposible poderlos identificar, y además porque aquellos que pueden ser más fácilmente identificados y que se encuentran en algunos barrios periféricos de Tu-maco, sencillamente no tienen ningún interés de hablar acerca de estos temas. Por el contrario, sí fue posible conversar de manera enteramente espontánea con diversas personas civiles a lo largo y ancho de la ciudad. Por ‘espontánea’ se debe comprender que la mayor parte de las conver-


saciones tuvieron lugar alrededor de un momento en familia, de un café o de un almuerzo en alguna casa, lo cual hace parte del ámbito privado de la vida de los habitantes de la región y que además, es una práctica habitual y muy expandida en América Latina, que da cuenta del tipo de relaciones humanas que se establecen normalmente entre un sacerdote católico y el pueblo creyente.

Además, en un contexto marcado por la frase ‘uno aquí no sabe con quién está hablando’, la gente sí sabe bien con quién hablan en el mo-mento en que se encuentran frente a un sacerdote católico, que fue mi caso en la totalidad de conversaciones que pude tener. También, en la totalidad de estos encuentros privados, las personas entrevistadas sa-bían de mis estudios de sociología en París, de las razones por las cuales me encontraba en la región, de la importancia de mis conversaciones con ellos-ellas y del tipo de investigación que estaba realizando. Al no haber nada oculto ni malintencionado, la desconfianza habitual y coti-diana se transformaba en una confianza sencilla y espontánea dentro de la cual estas personas sentían que podían expresarse libremente. En este sentido no había necesidad de formular muchas preguntas o de tra-tar de orientar la conversación hacia algún tema en particular, porque sencillamente la realidad del conflicto armado está tan presente en el ambiente cotidiano, que el tema surgía fácil y espontáneamente al evo-car cualquier acontecimiento de la semana. Debido a este tipo de con-versaciones y ante todo por respeto a la confianza que todas estas perso-nas me manifestaron, sus identidades permanecerán ocultas. De todas maneras, sus ocupaciones serán mencionadas en tanto sean útiles para identificar y percibir la diversidad de puntos de vista en relación con la vivencia del conflicto armado en la región.

En el plano metodológico, hubo dos o tres intentos de grabar la con-versación, bajo el formato de entrevistas ‘formales’41. No obstante, fue muy fácil y rápido darse cuenta que las conversaciones espontáneas eran mucho más abiertas y ricas en informaciones y datos pertinentes para nuestra investigación. Las entrevistas ‘formales’ no daban la po-sibilidad de la misma libertad de palabra que las conversaciones infor-males, y el formato de la entrevista clásica, con una grabadora y unas

41 Por ‘formales’ comprendemos aquellas que se realizaron dentro de un formato explícito y abierto según el formato ‘tradicional’, caracterizado por la grabación de la conversación, la existencia de una lista de preguntas abiertas y el carácter metodológicamente directivo de la conversación.


preguntas formuladas, generaba más bien un ambiente artificial en el que la persona entrevistada, generalmente de origen sencillo, encon-traba dificultades para expresarse con tranquilidad. En ese sentido, se privilegiaron entonces las conversaciones espontáneas en el ambiente más natural y tranquilo en las casas de las personas contactadas. Sin embargo, la única dificultad práctica de esta modalidad era la evidente imposibilidad de registrar este tipo de conversaciones. Esto supuso un esfuerzo adicional en el trabajo pues al final de cada encuentro, la tarea consistía en tratar de reconstruir por escrito, con la mayor fidelidad posible, aquello sobre lo cual se había conversado. Primero a mano, en un cuaderno de notas al volver a casa y luego en formato electrónico, a más tardar al día siguiente.

Es importante también hacer una precisión en relación con los funcionarios públicos –en actividad– entrevistados. Los tres, de ma-nera explícita, pidieron que sus nombres no fuesen revelados y que las conversaciones no fueran grabadas. Seremos fieles a esta petición, sa-biendo de todas maneras que las informaciones recogidas en nuestros encuentros y conversaciones pueden –y han podido– ser utilizadas en esta investigación. Lo que más interesa de estos datos, al igual que los recogidos en las demás conversaciones, es sobre todo la manera en que estos funcionarios, desde sus puntos de vista particulares, perciben, comprenden, viven y enfrentan la situación de conflicto armado en el Pacífico nariñense.

Hemos querido hacer explícitas estas precisiones metodológicas con el fin de subrayar dos elementos particulares en la base epistemológica de esta investigación: 1) Los resultados y la aproximación de una proble-mática concreta en ciencias sociales, están, siempre y sin duda, ligados a la experiencia vivida por el investigador durante su contacto con el terreno y, especialmente, a las condiciones favorables o desfavorables que éste encuentra a lo largo de dicha experiencia. Esto puede ser com-prendido como un sesgo para la pretendida objetividad de un estudio sociológico, pero, según nuestra propia experiencia, es la única manera para que una investigación compleja, en una región difícil y poco estu-diada como la que hemos escogido, pueda comenzar a construirse, am-pliarse y dar algún resultado. Se hacía necesario, en este sentido, abrir una puerta y es precisamente a partir de haber cruzado el umbral de dicha entrada como realizamos y presentamos nuestro análisis. De esta manera, la objetividad de esta investigación toma forma a partir de la toma de consciencia de los límites propios a nuestra aproximación, que


es de por sí subjetiva. Y 2) A causa de la naturaleza de nuestro objeto y de la realidad de violencia en nuestra región de estudio, nos parece que contar la manera como los diversos testimonios fueron recogidos y la manera como serán utilizados en lo que sigue, corresponde a un ejer-cicio de honestidad con las personas entrevistadas y con los lectores de este estudio. Así, al igual que en el capítulo anterior se explicó y justificó la manera de utilización de los datos cuantitativos, se hace aquí también con los cualitativos.

¿De qué manera la gente vive, narra y afronta esta violencia?

Tres sacerdotes y una religiosa

En aquello que concierne al rol actual de la Iglesia católica en el Pacífico nariñense, hay que decir que esta institución es sin duda la única que ha asegurado una presencia permanente y creíble en los lugares de más difícil acceso para las instituciones civiles. Es, además, una organización con una alta capacidad de adaptación a los diversos contextos en los que realiza su labor, lo cual es constatable, por ejemplo, en la ciudad de Tumaco. La Iglesia católica puede estar presente por medio de sus parroquias, de sus centros culturales o de investigación, sin perder en credibilidad y legitimidad frente a sus fieles. Ella puede estar presente en un barrio controlado por milicias urbanas de la guerrilla, o en el barrio vecino controlado por milicias de tipo paramilitar, o en pleno centro de la ciudad en medio del ambiente urbano de Tumaco. No obstante, a pesar de esta ventaja sobre el plano de su legitimidad social, su presen-cia multiforme en todos estos contextos, ha sido también la ocasión de numerosas tensiones, amenazas e incluso asesinatos de sus miembros.

El homicidio más conocido en la región es precisamente el de la her-mana Yolanda Cerón, en el año 2001. Los paramilitares del Bloque Li-bertadores del Sur la acusaron injustamente de colaboradora de grupos subversivos, a causa de su defensa y apoyo explícito a las personas que en aquella época defendían legítimamente la propiedad de sus tierras frente a la apropiación ilegal de estos terrenos por parte de empresas explotadoras de aceite de palma. En el presente, las amenazas vienen de todos los grupos armados. Para algunas personas de izquierda, la Iglesia es una institución reaccionaria y de derecha. Según algunas personas de derecha, la Iglesia ha perdido su identidad al ubicarse, de acuerdo con sus opiniones, del lado de los grupos guerrilleros. Sin embargo, y de


manera paradójica, su imagen sigue siendo la de una institución unida y menos corrupta que otros tipos de instituciones civiles.

Con este contexto de fondo, se recogieron diversos puntos de vis-ta acerca del conflicto armado en la región junto a algunos sacerdotes y religiosas que trabajan en la región y que han conocido de primera mano la historia y el presente de esta violencia. Según uno de los padres entrevistados, la realidad actual es muy compleja, sobre todo a causa de la extrema pobreza de los habitantes de la región y del bajo nivel de producción agrícola e industrial del conjunto de municipios del lito-ral Pacífico nariñense. Además, “los grupos armados en la región están mezclados unos con otros, sobre todo en la parte del norte y de la selva donde aprovechan el terreno para esconderse y esconder los cultivos. Están las Farc, las Bandas, los narcos. Se sabe que están allí pero la fuer-za pública no los combate. Es como si hubieran hecho acuerdos sobre el dominio de los territorios. Cada cual permanece en el suyo y queda tranquilo mientras no invada el del otro. Generalmente una buena parte de la violencia viene por ajustes de cuentas, que casi siempre son causa-dos por ese tipo de intromisiones territoriales” (Entrevista Nº 7).

Al confrontar este testimonio con los mapas presentados en el capítu-lo anterior que muestran el aumento de la violencia contra la población civil y el número de combates entre grupos armados a partir de 2004, es posible caer en la cuenta que el lazo entre el transporte fluvial, las plan-taciones de coca y la intensificación de la violencia en la región norte del Pacífico nariñense, es percibido y explicado por esta persona por medio de la ineficacia de las Fuerzas Armadas, los arreglos ocultos entre grupos armados y la geografía característica de esta parte del litoral.

Otro sacerdote narra también en detalle su manera de percibir la situación, a partir de su experiencia en algunas parroquias de Tumaco y sus alrededores. Habla de un fenómeno denominado ‘fronteras invisi-bles’. Se trata de una realidad similar a la descrita por el primer clérigo, según la cual, dos o más grupos armados ilegales se ponen de acuerdo para trazar una frontera entre dos o más territorios –generalmente ba-rrios en las zonas urbanas– en disputa. Mediante esta estrategia, tales grupos logran una cierta estabilidad y fortalecen sus posiciones dentro de sus territorios respectivos. Sin embargo, la situación más difícil es la vivida por los habitantes de estos zonas, que no deben, imperativamen-te, atravesar esas ‘fronteras invisibles’. Según este sacerdote, “las fron-teras invisibles no son teoría, ni ideas, ni imaginaciones, ¡son reales! Conozco al menos tres casos de personas que han sido desaparecidas y


asesinadas por pasarse desprevenidamente de esos límites territoriales. Uno que se salvó fue un seminarista comboniano que iba a visitar a una hermana en el barrio. Felizmente él la llamo antes desde un puesto de minutos de celular antes de entrar en el barrio. La señora que atendía, le preguntó que a quién buscaba y le dijo que no entrara sin que alguna persona del barrio lo acompañara. Le dijo que se quedara ahí quieto” (Entrevista Nº 9).

En lo que tiene que ver con el tipo de grupos armados ilegales pre-sentes en Tumaco en la actualidad, esta misma persona señala que, “en Tumaco hay Rastrojos, Águilas Negras (casi eliminadas) y recientemen-te Urabeños (que son muy violentos). Actúan sin estructuras macro (como las de la guerrilla). Pueden ser incluso grupos de 4 o 5 perso-nas nada más, con su jefe y ya. Hay entonces muchos pequeños jefes, antiguos combatientes de algún bloque paramilitar, pero sin ninguna estructura de mando clara. Es difícil descubrir esas estructuras. Se dedi-can a la delincuencia y a mantener zonas para poder realizar actividades de narcotráfico. Andan mezclados entre la población y son bastante vio-lentos. Conocen y utilizan diversas rutas para escapar de los controles militares y para movilizar mercancías y armas. Es difícil controlar todas esas salidas marítimas y terrestres por parte de las autoridades” (Entre-vista Nº 9).

No obstante lo anterior, los dos problemas que afectan más direc-tamente a los habitantes de Tumaco en la actualidad son el aumento-generalización de la extorsión, y el fortalecimiento de la guerrilla en la región. A propósito del primer problema, el clérigo señala que, de he-cho, todos los grupos armados ilegales utilizan esta práctica para finan-ciarse, aunque, según él mismo, “los más grandes extorsionistas son los guerrilleros, que incluso a las personas que compran un carro nuevo les cobran una cuota para apoyar “la causa”. Extorsionan sobre todo a los grandes comerciantes y a todos aquellos que tengan propiedades (casas nuevas, carros, negocios). […] Además, la fuerza pública no hace nada, […] Hay una especie de condescendencia incomprensible de la fuerza pública frente a las Farc” (Entrevista Nº 9). Según el padre, esta ‘condes-cendencia’ se explica por el fortalecimiento evidente de la guerrilla en la región: “la guerrilla domina cada vez más la parte rural y recupera poder en todo sentido” (Entrevista Nº 9).

Mediante este testimonio se constata de entrada el fortalecimiento de las Farc en el Pacífico nariñense, que es la situación que está en el origen de la dificultad de las Fuerzas Armadas para afrontarlas militarmente.


Si se compara esta información con el gráfico 5 concerniente al número total de víctimas combatientes según actor entre 1990-2012 y los tres mapas correspondientes al número de acciones bélicas (mapas 13, 14 y 15), es posible evidenciar el aumento de las acciones militares de la guerrilla durante los últimos cuatro años estudiados, así como también la cantidad de pérdidas y derrotas de la fuerza pública –a manos de las Farc– durante el mismo período. Esto responde a la puesta en marcha y ejecución del ‘Plan Renacer’, evocado al final de nuestro primer capítulo como principal estrategia para el fortalecimiento militar de las Farc en la actualidad.

Las acciones de las bandas criminales, constituidas básicamente por antiguos paramilitares, son también una fuente de violencia para la región, que está claramente asociada a la violencia producida por el aumento del tráfico de droga. Finalmente, la realidad de las ‘fronteras invisibles’ es una evidencia, en plena zona urbana de Tumaco, de una violencia en la que los civiles están siendo mucho más victimizados que los combatientes de los diversos grupos armados presentes en la región. Esta percepción de la violencia y de la supuesta connivencia entre las Fuerzas Armadas y los grupos armados ilegales, es compartida también por otro sacerdote. Un día, dirigiéndose a mí, en el curso de una con-versación informal y caminando por la ciudad, me dice algo que hace parte también de la opinión común de los habitantes de la ciudad: “hay controles invisibles al ingreso de estos barrios –señores jugando cartas o dominó en la esquina de entrada al barrio, que vigilan constantemente a quienes entran o salen de la zona–” (Entrevista Nº 8). Además, según la misma persona, la razón de esta actitud pasiva de la fuerza pública fren-te a los grupos ilegales es, curiosamente, la misma dada por el primer clérigo entrevistado: “los mismos militares saben que los que mandan en la región son los guerrilleros” (Entrevista Nº 9).

La última persona entrevistada fue una religiosa en la ciudad de Tu-maco. Según esta persona, que nos dio su versión a propósito del origen del conflicto armado en la región, hay que remontarse al final de la dé-cada de 1990: “antes del año 98 la situación de la ciudad era mucho más tranquila. No había violencia armada realmente, incluso sabiendo que la guerrilla hacía presencia desde tiempo atrás en Altaquer, Barbacoas y Magüí Payán. En el 97-98 la ciudad comienza a llenarse de grafitis que anunciaban la llegada de las AUC “Libertadores del Sur”. Hay indi-cios serios de la influencia de varios comerciantes de palma y de otros del centro de la ciudad “súper católicos, de esos que van a misa y se


dan golpes de pecho” (sic), para financiar y traer grupos paramilitares a la ciudad. Supuestamente lo hicieron para acabar con el flagelo de la delincuencia y de la guerrilla, que los tenía extorsionados y muy pre-sionados, pero que terminó convirtiéndose en un mal peor. Los paras llegaron a actuar sin piedad. A sembrar el terror para “sembrar el orden”. Se apoderaron de las conciencias de las personas. Llegaron de fuera y se comenzaron a instalar como taxistas. Poco a poco fueron ingresando, conociendo e integrándose al contexto hasta que desataron la peor olea-da de violencia de la región” (Entrevista Nº 5).

Es evidente para esta hermana, que la violencia actual en el Pacífico nariñense se debe a la llegada de los grupos paramilitares con el apoyo de algunas personas pertenecientes a la élite económica de la región. Estos primeros hombres armados, venidos de otras regiones de Colom-bia, utilizan la estrategia particular de asumir el oficio de conductores de taxi. De esta manera fueron conociendo rápidamente la ciudad en detalle, para desencadenar luego una ola insospechada de violencia. Es evidente también el fenómeno de la extorsión, utilizada como método de financiamiento de las Farc a finales de la década de 1990, y que cons-tituye un elemento que se sumó al descontento de los grupos de comer-ciantes que se veían afectados por estos abusos, y que no encontraban la protección necesaria que pedían insistentemente a la fuerza pública. Fi-nalmente, y de la misma manera que los sacerdotes entrevistados y otras personas más –como se verá en lo que sigue–, coincide en la percepción de fortalecimiento militar de las Farc en la región y la situación de de-bilidad e ineficacia de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de los habitantes de este vasto territorio.

Algunos funcionarios de la diócesis de Tumaco42

Incluso si las conversaciones con estas personas no fueron muy largas a causa de sus múltiples ocupaciones, sus testimonios son importantes para percibir las tensiones frente a las cuales estas personas realizan sus labores cotidianas.

42 La diócesis de Tumaco apoya diversos proyectos en la región como el ‘Centro de la Memoria’, el ‘Centro Afro’ que organiza actividades culturales, artísticas y deportivas para jóvenes de barrios desfavorecidos de Tumaco, y la ‘Comisión de Vida, Justicia y Paz’ que funciona como un pequeño centro de investigación, en red con otras organizaciones entre las cuales se encuentra también el Cinep.


Según una de las personas entrevistadas, “la situación está cada vez más difícil en cuestiones de seguridad. El alcalde emitió un comunica-do de prensa luego del consejo de seguridad de hoy en el que se habló acerca de la tasa de homicidios en lo que va corrido del año, 75 muertos, y la situación preocupante de extorsión a los grandes comerciantes. Una empresa grande de atún (colombo-ecuatoriana) salió hoy de la región por causa de extorsiones de grupos armados. También encontraron descuar-tizada a la niña de 14 años que había desaparecido el 1 de julio pasado” (Entrevista Nº 11). Con respecto a la presencia de los grupos armados en la ciudad, señala que “se sabe quiénes son los miembros de los grupos, pero es muy difícil identificarlos abiertamente o identificarlos a un grupo particular pues andan regados y mezclados entre la población” (Entrevis-ta Nº 11). Además, a causa del trabajo de investigación realizado por la Pastoral Social y por su compromiso con las clases menos favorecidas de la ciudad, el número de amenazas venidas de todos los grupos armados ilegales se ha multiplicado durante los últimos años. Esta persona mues-tra un dossier en donde se guarda el registro de todas las amenazas que la Pastoral Social ha recibido por escrito en los últimos meses. Hay cerca de once amenazas individuales y colectivas, cada una acompañada de la respuesta que la Policía ha dado frente a la denuncia de cada una de estas acciones de intimidación. El sentimiento de esta persona frente a estas respuestas de la fuerza pública es el mismo que se percibe entre los ha-bitantes de Tumaco a propósito de la presencia de las Fuerzas Armadas: “pareciera que las autoridades no existieran” (Entrevista Nº 11).

Esta información y esta percepción son confirmadas por otra perso-na perteneciente a esta institución y que conoce desde hace varios años la realidad de algunos de los barrios más desfavorecidos de Tumaco. Según su opinión, hay barrios estigmatizados por la sociedad, a causa de la presencia de uno u otro grupo armado ilegal. Esta estigmatización no hace sino aumentar el desprecio de la población de la ciudad frente a estos barrios periféricos e intensificar a la vez el sentimiento de mie-do de los habitantes de dichos sectores. A menudo ocurren amenazas de los grupos armados ilegales a la población civil de estas zonas de la ciudad. Según testimonios de algunos habitantes de uno de esos barrios, “el martes [julio 23 de 2013], la gente de ‘Familias en Acción’43 recibió amenazas de que esa noche a las 7 p.m. habría un ataque. La gente está

43 ‘Familias en Acción’ es el nombre de uno de los barrios de Tumaco en donde hacen presencia las milicias urbanas de las Farc.


muy asustada y están en su mayoría buscando dónde refugiarse pues temen por sus vidas y las de sus familias. Ya con las balaceras han teni-do que pasar noches enteras tendidas en el suelo debajo de las camas” (Entrevista Nº 6). Esta situación se encontraba así de difícil en el mo-mento de nuestro trabajo de campo porque, según la misma persona, “la situación en el sitio se puso muy complicada desde que mataron a alias ‘Deiby’, que era el jefe guerrillero de la zona. Desde ese momento, hace una semana y media más o menos, ha habido una intensificación de las acciones violentas en el barrio por la vía de amenazas. El Ejército y la Sijín han estado entrando en el barrio y eso ha calmado un poquito la situación. Sin embargo, la balacera que hubo el viernes pasado [julio 19 de 2013] se debe un poco a ese asesinato de Deiby” (Entrevista Nº 6). Frente a esta situación de impotencia y de temor, las únicas personas que reaccionaron inmediatamente en favor de estas personas fueron los padres combonianos, que intentaron reunir y organizar a los vecinos del mencionado sector para denunciar las amenazas y permanecer en sus viviendas. Luego de las denuncias, las autoridades civiles y militares, sólo permanecieron en el silencio y la indiferencia.

Algunos comerciantes

En aquello que concierne a las percepciones de los comerciantes a pro-pósito del conflicto armado en la región, se puede decir que este es uno de los grupos sociales más afectados por las numerosas extorsiones y amenazas de los grupos armados ilegales y de las cuales son víctimas en la actualidad. Ya en el pasado, durante los años 1980 y 1990 habían sufrido una situación similar con la presión financiera realizada sobre ellos por parte de la guerrilla. En la actualidad, esta práctica sigue rea-lizándose igualmente por la guerrilla, pero también por un sinnúmero de bandas delincuenciales, criminales y extorsivas. Es importante pre-sentar en este punto, la manera en que los diversos comerciantes con los cuales pudimos conversar durante nuestra estadía en Tumaco, obser-van, analizan y viven esta violencia en sus vidas cotidianas.

En relación con este fenómeno de la extorsión y la sensación de des-protección frente a la ineficacia de la fuerza pública, este es el testimo-nio de una de las personas entrevistadas: “¡ellos [las autoridades] saben quiénes son, pero no hacen nada! Los comerciantes estamos siendo extorsionados y no nos sentimos protegidos por la Policía […]. Aquí todo el mundo sabe quiénes son los extorsionistas y los de los grupos


armados, pero nadie hace nada, las mamás los protegen en el barrio, los esconden, y la Policía no les hace nada, ¡este pueblo ha cambiado mu-cho! […] Ahora hay mucha inseguridad, mucho miedo” (Entrevista Nº 10). Con este testimonio se constata nuevamente que esta percepción negativa del rol de las autoridades civiles y militares se encuentra expan-dida en la región y hace parte de la opinión común de sus habitantes. Este sentimiento de inseguridad es también compartido por la mayor parte de personas entrevistadas sobre el terreno. La extorsión constituye el problema principal frente al cual los comerciantes se encuentran ha-bitualmente confrontados.

Otra persona dedicada al comercio relata su versión de la historia reciente de la violencia en la región: “los años 1998-2002 fueron los más violento de todos. Después de ese tiempo la situación se mantuvo vio-lenta de todas maneras, pero no como en esos años. Así permaneció más o menos hasta el año 2006. En el 2006 hubo un poco más de calma, de pronto por la desmovilización de los grupos paramilitares en el país. Pero las cosas volvieron a ponerse duras a partir del 2008. Hasta esa época mataban indiscriminadamente, con arma de fuego, a plena luz del día. Poco a poco los de la guerrilla fueron cambiando la estrate-gia y pasaron al ataque con granada y hasta con explosivos más gran-des, como el de la carreta abandonada al frente de la Policía [febrero de 2011]. […] Al comienzo eran gente de fuera los que llegaban a infundir terror. Con el tiempo, las personas de la región fueron aprendiendo las técnicas de estos violentos, pero para ganar dinero por su cuenta, inclu-so haciéndose pasar como miembros de algún grupo reconocido, sin serlo verdaderamente” (Entrevista Nº 3). Comparando este testimonio con los gráficos del capítulo anterior, se hace evidente que lo presentado mediante datos cuantitativos, corresponde con los períodos narrados y sentidos por esta persona. Es claro, además, que uno de los sectores de la población civil más afectada por la violencia de los grupos armados, desde finales de los años 90 y hasta el presente, es el de los comerciantes. La victimización actual de este sector social, especialmente por parte de las Farc, puede explicarse, entre otras cosas, por medio de su pretendido rol en la llegada de los grupos paramilitares. Se trata, en este sentido, de un grupo social que ha vivido el conflicto muy de cerca, y que desde el comienzo, ha estado confrontado directamente a la violencia de los grupos armados.

Según los comerciantes entrevistados, es claro que el problema más importante para ellos es el de la extorsión. Sin embargo, lo que más les


preocupa es el contexto de impunidad que existe en la región. Este senti-miento es ampliamente compartido por estas personas y es vivido como una forma de impotencia frente a los abusos repetidos de los miembros de los grupos armados ilegales. Esta impunidad es sentida desde hace varios años, y más intensamente a partir del proceso de fortalecimiento y retoma del territorio por parte de la guerrilla. Los comerciantes dan cuenta de esta situación y la comprueban por el aumento desmedido de la extorsión por parte de las Farc y por la cantidad innumerable de veces que han ido a denunciar esta situación ante las autoridades policiales, sin recibir ninguna respuesta positiva de su parte. En síntesis, el senti-miento percibido del lado de los comerciantes es de impotencia frente a la falta de autoridad y a la creciente disminución de la credibilidad y confianza en la fuerza pública y en las instancias políticas de la región.

La violencia narrada: un docente, un abogado, una desempleada y un pensionado

A continuación se presentan cuatro testimonios que dan cuenta de la diversidad de percepciones, según el medio social del que hace parte cada una de estas personas, a propósito de la situación actual y de la historia de violencia armada en la región. Un docente tumaqueño, un abogado especialista en derecho penal que conoce de cerca la realidad del conflicto, una mujer desempleada originaria de un pequeño poblado al norte del municipio de Tumaco y que habita en un barrio en el que hacen presencia milicianos de las Farc, y un hombre pensionado que habita en el centro de Tumaco. Mediante esta diversidad de pareceres y opiniones, el objetivo en este punto es presentar y enriquecer con otros puntos de vista, en ocasiones similares y en ocasiones muy diferentes, la descripción y análisis de esta situación regional.

Un docente

Según esta persona, “el conflicto armado comenzó en Amarales. Un pueblo que hace parte del corredor hacia el Pacífico por el norte de Na-riño (de Cumbitara hacia el occidente y se encuentra entre Bocas de Satinga, Iscuandé y El Charco). Allí, desde hace unos 30-40 años existía ya un corredor de narcotráfico que iba hacia la costa. Otro corredor tradicional ha sido el del sur; por los lados de Espriella, una desviación hacia el sur de la carretera entre Pasto y Tumaco que comunica con el


Ecuador. Esa ruta ha sido también tradicional para el contrabando y el narcotráfico. Allí, durante los años 80 la guerrilla se refugiaba luego de sus acciones en el centro del país. También, por la parte sur de la carre-tera ha habido sitios de refugio de los narcos” (Entrevista Nº 13). Es im-portante caer en cuenta aquí, de la manera como esta persona percibe y ubica la geografía de su región. Por una parte, los municipios del norte, atravesados por diversas rutas fluviales entre las cuales la principal es el río Patía, y por otra parte, la zona del sur atravesada por la carretera en-tre Pasto y Tumaco. Esta modelo de comprensión del espacio territorial coincide con nuestro análisis histórico-económico del primer capítulo a propósito en particular de la dinámica del contrabando en la región, así como también coincide con el análisis geográfico de la dinámica de los grupos armados realizado y expuesto en el segundo capítulo.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la percepción de la vio-lencia y de las grandes problemáticas sociales de la actualidad, este docente afirma lo siguiente: “es curioso cómo los grupos armados hi-cieron presencia en el territorio desde hace mucho tiempo, pero la violencia sólo aparece con fuerza en los últimos 15 años. Las razones que se dan van relacionadas con la posesión del territorio para cultivos de uso ilícito, que al ir aumentando para unos grupos, los van enfren-tando luego a sus competidores en el negocio. Ellos van ganando te-rreno, sacando a los campesinos u obligándolos a cultivar coca. Luego se enfrentan a los otros grupos. Anteriormente los grupos utilizaban a la población para que les sirviera de mulas, pero cuando se desata la lucha por la posesión del territorio, los grupos se consolidan, se instalan con mayor fuerza en la región y la violencia se intensifica. En este momento los grupos armados se encuentran mimetizados y pre-sentes en el territorio. Uno no sabe con quién pueda estar hablando. Es mejor escuchar que preguntar. Se mata de día, porque de noche hay riesgo de confundirse de negro, cosa que ha sucedido varias veces. Hay una situación de mucha corrupción administrativa, de vacunas indiscriminadas, incluso a los maestros cuando van a subir de esca-lafón. Situación de disminución de la calidad educativa, de amenazas a profesores, de amenaza a empresarios, comerciantes, que prefieren huir de la región por miedo” (Entrevista Nº 13).

Para esta persona es evidente que lo esencial del contexto de vio-lencia actual se explica comprendiéndolo como consecuencia directa de la disputa de los territorios para el control del narcotráfico entre los grupos armados ilegales, la presencia mezclada de los actores armados


en medio de la población civil, la práctica de la extorsión que afecta a todas las clases y sectores sociales, y el éxodo de la población que puede hacerlo hacia otras zonas del departamento o del país.

Un abogado

La segunda persona entrevistada es alguien que ha tenido contacto directo, por su oficio, con casos que tienen que ver con el conflicto armado en la región. Para él, es en el contexto jurídico y en el siste-ma penal colombiano en donde se encuentran las dificultades más grandes para hacer frente a la violencia en el Pacífico nariñense. Esto aplica para la situación actual y se remonta incluso a comienzos de la década del 2000. Según esta persona, “ahorita la situación de vio-lencia está muy complicada acá en Tumaco. Yo que conozco desde hace años el mundo judicial le digo que en gran parte, los respon-sables de esta violencia son las mismas autoridades. La Policía sobre todo. Imagínese que en Colombia es más fácil meter a alguien a la cárcel por porte ilegal de armas que por homicidio o concierto para delinquir. Al primero le pueden probar inmediatamente el delito. A los otros tienen que hacerles una cantidad de investigaciones para probar que fueron ellos. Si uno va a ver cuál es el delito por el que hay más gente en la cárcel de Tumaco44, uno se da cuenta que es por porte ilegal de armas. Sin embargo, la mayoría son montajes de la Policía para presentar resultados positivos” (Entrevista Nº 4). A pro-pósito de este tipo de casos, agrega: “vea, usted va a la cárcel y se da cuenta que hay bastante gente metida ahí injustamente. Lo que pasa es que defenderlos es muy difícil, porque como los policías son los que les esconden el arma entre la ropa o entre sus pertenencias mien-tras van en la patrulla, es casi imposible probar que no la tenían. […] y siendo inocentes además, mientras los malos siguen libres en las calles. El problema es que esa persona que ha pasado 5 años en la cárcel… ¿qué va a hacer cuando salga? Pues salen a vengarse del que los ‘sapeó’ (sic)” (Entrevista Nº 4).

En lo que concierne a la extorsión, este hombre considera que di-cho fenómeno tiene un lazo directo con la constitución de las nuevas bandas de paramilitares luego de la desmovilización oficial del Bloque

44 Durante nuestra estadía en Tumaco, constatamos efectivamente que esta información es oficialmente cierta.


Libertadores del Sur en 2006. Según su opinión, la lucha del gobier-no contra el narcotráfico ha sido eficaz, pues ha logrado disminuir el número de hectáreas destinadas al cultivo de coca en la región. Ahora bien, esta disminución de hectáreas ha disminuido la cantidad de ingre-sos percibidos por los grupos ilegales que viven de esta actividad ilícita. En consecuencia, estos grupos han inventado, o más bien, han vuelto a poner en práctica otras prácticas de financiamiento, entre las cuales la principal es sin duda la extorsión. En este sentido, afirma: “la cosa es que ahora, esos mismos comerciantes que están siendo extorsionados son víctimas de su propio invento porque fueron ellos los que trajeron aquí a los paramilitares” (Entrevista Nº 4).

Finalmente, a propósito del fortalecimiento militar de la guerrilla en la ciudad y en la región en general: “le digo una cosa, eso que dicen que aquí hay guerrilla no es cierto. Lo que hay es una banda criminal al servicio de la guerrilla, para cobrar extorsiones y vacunas. La guerrilla sí está en las veredas y en la zona rural desde hace mucho tiempo, pero el que esté en Tumaco mismo, es cosa de hace un año y medio más o menos. […] Las Farc están muy interesadas en la cuestión de tierras y de regalías mineras y de petróleo. Están movilizando a mucha gente en el país y por eso les interesa mucho lo de los paros de los campesinos, mineros, caficultores y la tal marcha patriótica. Detrás de todo eso se encuentran ellos como organizadores” (Entrevista Nº 4).

Tal como se puede percibir en el presente testimonio, se percibe claramente un punto de vista desde el ámbito judicial que conoce y describe las irregularidades del funcionamiento de dicho sistema en el plano regional. Para esta persona, la impunidad y la injusticia consti-tuyen la fuente de violencia más importante en Tumaco. Igualmente, el lazo que establece entre el tráfico de droga, la política anti droga del gobierno nacional y la transformación de los grupos paramilitares en la región, llama la atención particularmente por la influencia que esta coyuntura tiene en la dinámica actual de la extorsión, sufrida por todas las clases y sectores sociales de la población, y vivida además en un ambiente de total impunidad, incomprensible para los habitantes de esta zona de Colombia. Por último, su punto de vista acerca del fortalecimiento de las Farc y sobre las estrategias de movilización de masas que están desarrollando a nivel nacional, va en la misma línea estratégica del ‘Plan Renacer’, que fue puesto en marcha en la región a partir del año 2008 con el fin de fortalecer militar y políticamente a esta guerrilla.


Una desempleada

La tercera persona entrevistada es una mujer que habita en un barrio periférico de Tumaco. Tiene aproximadamente 50 años y no tiene traba-jo. Según esta persona, originaria de un poblado al norte del municipio de Tumaco, a partir del momento en que las Farc llegaron allí, muchas personas tuvieron que abandonar la zona a causa de la violencia y la in-seguridad que este grupo armado engendró a través de la proliferación, animada por la guerrilla, del cultivo de la coca.

Presentamos aquí algunos comentarios de esta mujer a propósito de la presencia de la guerrilla en su lugar natal: “yo soy del Patía, o sea mi descendencia es de Barbacoas. Nací en el Patía en una… cómo se le llama a eso, en un pueblito llamado Caimito, más allá de Salahonda y Francisco Pizarro […]. Antes tenía la costumbre de ir o sea, por ejem-plo, se celebra por allá el día del Nazareno, el 6 de enero lo celebran allá y el día de la Virgen del Carmen, pero, a raíz de que, o sea se instalaron allá los “dueños de su pueblo” 45, que allá también hay, entonces yo dije no, no vuelvo. Son de las Farc. Qué pena, pero… Hay una parte donde hay como una loma “la Peña” diga, y así, a lo que baja, pero cerca al río hay una casa y ahí permanecen. […] “A mí me duele yo llegar a mi propia tierra y tener que estar pidiendo permiso a otros, que si voy para allá, que muéstreme la cédula, que no, que para acá no pueden agarrar, que no, que es allá, tonces (sic) a mí eso me duele, y me duele y al mismo tiempo me da como rabia. Eso llevan ya como unos 15 años que están allá” (Entrevista Nº 1). Esta mujer intentó huir de la presencia de los grupos armados al salir de su pueblo hace ya varios años, sin embargo e infortunadamente, llegó a Tumaco a un barrio de periferia en donde miembros de las milicias urbanas de las Farc hacen presencia.

En relación con esta presencia de miembros de las Farc en su barrio, esta mujer continúa con su relato: “yo hasta hoy no he tenido problema. […] Digo yo, que así que no distinga a la gente, yo saludo, a los hombres que veo por aquí, porque lo que más escucho es que me dicen: ¿usted no miró ese que estaba con esa cara ahí mirando mal? ¿Qué estaba todo serio? Ese, ese, vea, póngale… entonces yo ya no, yo paso y digo, buenos días, buenas tardes, hola amigo cómo está… y a mí la gente me contes-ta […]. Para nadie es un secreto que por la falta de oportunidades, por el egoísmo, porque eso es otra cosa, eso es verdad, hay personas aquí que

45 Haciendo referencia a los miembros de las Farc.


tienen un sobrino que si no es ‘Rastrojo’ es guerrillero, o un hermano o un cuñado o un pariente… esas personas no van a ir a denunciarlos, ¿por qué? Por la falta de oportunidades. Con esa plata le llevan sustento a la familia y así ni modo que los vayan a denunciar” (Entrevista Nº 1). Evidentemente este testimonio difiere sensiblemente de aquellos que se han presentado hasta el momento. De este lado de la ciudad, golpeado por la pobreza extrema, el objetivo principal de muchos de sus habitan-tes es sobrevivir. Ante la ausencia de fuentes de trabajo, los jóvenes son fácilmente reclutados por los grupos armados ilegales, que les prometen un salario o una suma de dinero a cambio de la ejecución de acciones violentas. Desde el punto de vista de esta mujer, por ejemplo, la violen-cia actual en Tumaco no se explica sino como consecuencia lógica de la miseria existente y de la falta de oportunidades laborales dentro del marco de la legalidad.

En este sentido y en relación con la que ella considera como la pro-blemática más importante en Tumaco, afirma: “sinceramente aquí en Tumaco la necesidad de trabajo es el problema más grave. […] Para mí la época más difícil es ahora, la que estamos viviendo ahora, en primer lugar el desempleo, la falta de la gente tener en qué trabajar… es que no hay. […] Lo más difícil que yo veo aquí es eso: no hay fuentes de trabajo” (Entrevista Nº 1). Este punto de vista acerca del desempleo fue una de las afirmaciones más repetidas por esta persona durante el transcurso de la conversación. Y es sencillamente, porque es su rea-lidad, su cotidiano, y es a partir de allí que ella comprende, explica y sufre la violencia cuya historia narra desde el momento en que decidió dejar su pueblo y hasta el momento presente en su barrio en Tumaco. Tal vez sus opiniones no expliquen el detalle de la dinámica del con-flicto y los tipos de estrategias de los grupos armados, pero su testi-monio sí da cuenta de uno de los modos en que el conflicto armado puede ser y es percibido por los habitantes de la región, en este caso, por esta mujer en uno de los barrios, considerado como uno de los más violentos de Tumaco.

Un pensionado

Este testimonio resulta bastante interesante a causa de su edad, su ex-periencia de vida y su conocimiento cercano de la realidad de la región. Este hombre nos ofreció su opinión acerca de la presencia de la guerri-lla en la región, el problema del narcotráfico, la llegada de los grupos


paramilitares y la corrupción de los funcionarios públicos, en especial aquellos vinculados a la alcaldía de Tumaco.

En lo que tiene que ver con el primer tema, afirma: “la guerrilla está aquí y estará porque nosotros tenemos un Ejército que sirve un poquito menos que las tetas de los hombres (sic), ¡no sirve pa’nada! (sic), son unos bellacos, unos bandidos, eso es lo que son. A ellos no les interesa perseguir a la guerrilla. Le tienen miedo. Le voy a contar como anécdota esto: nos fuimos a Pasto, llegamos a Junín [jurisdicción de Barbacoas], un retén, ahí nos detuvieron, el Ejército, al rato, llegamos a Altaquer [jurisdicción de Ricaurte], nos pararon. Al que era jefe le dije, este retén es la cosa más estúpida que yo he visto en mi vida. Qué ganan ustedes con parar un poco de carros. Si la guerrilla quiere, sale y coge a uno de tantos carros y los quema si le da la gana. Seguimos ahí porque demoró bastante. Me dice ese señor, cómo le parece que la guerrilla de noche nos hostiga, nos hace disparos, de allá abajo. Mire, y ustedes ¿qué ha-cen?... ¡Qué vamos a hacer! Nosotros allá ni siquiera conocemos, eso es quebrado. Le dije: vea, yo no soy de por aquí, pero este monte me lo caminé… ¿ustedes por qué no pueden hacerlo? Le dije, no, es más, todo el mundo sabe que de aquí a 20 minutos máximo bajando al río hay un caserío que se llama ‘Vegas’ y allí vive la guerrilla. Me dijo: nosotros también sabemos, lo que pasa es que para allá no podemos ir sin orden de mi coronel. ¡Ahí tiene! La guerrilla está al ladito de ellos, y como no tienen orden, no pueden hacer nada…” (Entrevista Nº 14).

Esta intervención llama nuestra atención sobre diversos aspectos: de entrada a propósito de la mirada negativa, compartida también por otras personas, acerca de las Fuerzas Armadas y a causa de su ineficacia. Enseguida, sobre la presencia de la guerrilla en la región desde hace varios años atrás, que controlaba zonas enteras de la región sin ser com-batida por la fuerza pública. Finalmente, a propósito de la descripción geográfica realizada y la identificación de algunos de los lugares exactos en donde la guerrilla se hallaba instalada, que además coinciden con los municipios mencionados en la exposición de los mapas del capítulo anterior. Aparece de nuevo la importancia de la carretera entre Pasto y Tumaco en el conflicto armado regional, en especial la visión estratégi-ca del paso por Ricaurte como puerta de entrada –por vía terrestre– al Pacífico nariñense.

En lo que tiene que ver con el narcotráfico y la percepción de esta persona acerca de las consecuencias de esta práctica ilegal, afirma lo siguiente: “la guerrilla eso tiene ya sus 20 años de estar por aquí. Hasta


tanto llegó que la guerrilla antes bajaba a Junín, y el Ejército vivía en El Diviso, y de ahí no se movía. […] Antes estaban ahí [los guerrilleros], pero no había tanta violencia… ellos fueron los que trajeron la coca, ellos trajeron la coca. En Llorente la gente sabía de plátano, sabía de yuca, sabía de borojó. Cuando llegaron, ellos dijeron, hombre ¡a sembrar esto! Ese era un pueblo chiquito. Esto es lo que van a sembrar. Y la gen-te se emocionó cogiendo las primeras platas… ahora sí ya llegaron los traquetos y empezaron el carrusel de la muerte… horrible. Lo cierto fue que sacaron a toda la gente de allá, a los nativos los sacaron, les quitaron las tierras, llegaron acá al extremo de que les compraban en la mañanita y en la noche los mataban para quitarles la plata que les habían dado. Masacres lo que quiera, sálvese quien pueda… tenía que salir a correr la gente. Familias enteras. Eso hace más de 10 años. […] ¿Uno puede decir entonces que el origen de toda esta violencia reciente fue la coca? ¡La coca, claro! Antes de eso nosotros vivíamos tranquilos. Pobreza siempre ha habido, y había, pero había tranquilidad. Ellos trajeron las semillas, que la peruana, que la boliviana, que no sé qué… y al principio se cogía cada tres meses, ya después se esperaba máximo cada dos meses, y ¡arranque hojas y hágale! Así es la cosa…” (Entrevista Nº 14).

A propósito de la llegada e instalación de los grupos paramilitares, agrega: “los paramilitares llegaron… yo diría que a ellos los trajeron de-bido a la violencia. Tocaron muchas veces a comerciantes, entonces ellos [comerciantes] fueron los que los trajeron. Después, nadie los vio, nadie los conoció… y eran de la sociedad los jefes, todos ellos. Ya después ya tocaron juzgados, fiscalía y todo lo tenían… todo estaba en manos de ellos. Y los ‘paras’ también se dedicaron al mismo negocio, partieron territorio con la guerrilla. De Espriella pa’bajo los paramilitares y de Es-priella pa’rriba, la guerrilla. El que se atrevía, de allá, de Llorente a venir a comprar [droga] acá a Chilbí, a Cajapí, a Robles, se moría. Y el de acá tampoco podía pasar a Espriella a comprar. Eso era horrible. Ahí mata-ron a mucha gente” (Entrevista Nº 14). Aparece de nuevo esta versión de los hechos, ampliamente compartida, a propósito de la llegada de los grupos paramilitares y del rol jugado por algunas personas del sector comercial de Tumaco. En lo que tiene que ver con el tráfico de droga, es claro que todos los grupos armados ilegales buscaron sacar provecho esta práctica. En ese sentido, se comprende la estrategia de las fronte-ras invisibles, que busca establecer arreglos en cuanto a la repartición del territorio entre los diversos grupos armados ilegales, para evitar los enfrentamientos armados directos y poder beneficiarse del negocio con


cierta tranquilidad. Sin embargo, tal como lo evidencian este testimonio y las cifras presentadas en el capítulo anterior, estas fronteras produje-ron el efecto contrario al esperado pues terminaron por dar paso a una violencia intensa en la región por el simple hecho de querer a toda costa ‘cuidar y controlar el paso de la frontera’, o sencillamente invadir por la fuerza el territorio del adversario para agrandar el propio.

Finalmente, a propósito de la corrupción de los funcionarios públi-cos locales y de la situación generalizada de desempleo en la ciudad, este hombre continúa: “¿Y ahora cuáles son las fuentes de trabajo? Antes eran las grandes empresas… ¿Cuál es la gran empresa hoy día? Ahora no hay, yo creo que el principal empleador de este momento es el municipio. Y eso, esa politiquería está acabando con el desarrollo de este pueblo… horrible… toda la plata se va en repartirla a los socios de campaña. Eso es grave. Nadie hace nada y como es plata legal, hacen lo que les da la gana” (Entrevista Nº 14). Con este panorama y precisamente con esta última percepción a propósito del papel de los funcionarios públicos municipales y regionales, se presenta a continuación el punto de vista del presente en el Pacífico nariñense, narrado por dos funcionarios pú-blicos de alto rango, actualmente en ejercicio.

Algunos funcionarios públicos

A continuación se presentan dos testimonios, recogidos en el transcur-so de nuestra investigación de terreno. Es importante exponer los pun-tos de vista de estas autoridades civiles locales a propósito de la realidad de violencia que vive en la actualidad la región del Pacífico nariñense.

Según la primera persona entrevistada, es claro que las Farc han puesto en marcha un proceso de fortalecimiento militar y político en esta región y, precisamente, a partir del año 2009. Una prueba del éxito de dicha estrategia de la guerrilla ha sido su gran influencia en la orga-nización del paro de cafeteros durante el mes de marzo de 2013, y en el paro nacional de campesinos, que en la región Pacífica tuvo un impacto muy fuerte, según este funcionario, a causa de la influencia directa de las Farc en su organización. En el momento de la entrevista con este funcio-nario, el paro nacional de campesinos estaba precisamente comenzan-do. Había informaciones de que las Farc ya habían organizado 24 puntos de bloqueo en la red vial departamental para preparar la manifestación. De acuerdo con esta persona, la zona de influencia histórica y actual de las Farc se encuentra en el norte del departamento de Nariño, con-


cretamente en los municipios de Iscuandé (Santa Bárbara), El Charco, La Tola y Olaya Herrera (Bocas de Satinga), en donde esta guerrilla ha ejercido una gran influencia social y política sobre la población desde la década de 1980. “En esos municipios es muy difícil combatirlos porque las Farc están integradas de tal manera a la población, que los habitantes los aceptan incluso más que a los soldados del Ejército o a los miembros de la Policía Nacional. La guerrilla trabaja con los campesinos, hacen proyectos sociales y así se ganan la aceptación de la gente” (Entrevista Nº 16). En el plano militar, las Farc se fortalecieron en esos municipios hasta tal punto que “la fuerza pública encuentra serias dificultades para enfrentarlas en el presente” (Ibid.).

En cuanto a la parte sur del litoral, este funcionario considera que la problemática más compleja en este momento es la extorsión: “se trata de una práctica en la que las víctimas eran sobre todo los comerciantes de la región, entre los años 1990 y 2000. Sin embargo, hoy día, casi todos los sectores sociales están siendo víctimas de esta práctica ilegal, especial-mente en Tumaco” (Entrevista Nº 16). La red más fuerte y la más orga-nizada en el plano de la extorsión, está constituida por la guerrilla de las Farc. Frente a esta problemática, este funcionario público señala y enfatiza de nuevo la dificultad de la fuerza pública para controlar este fenómeno.

Ante la problemática del desempleo, y de la importancia de ofrecer alternativas de trabajo –dentro de la legalidad– sobre todo a los jóvenes de la región, esta persona afirma lo siguiente: “luego de los períodos pre-sidenciales de Álvaro Uribe Vélez, que estuvieron muy marcados por el fortalecimiento militar y la constante actividad de las Fuerzas Armadas para enfrentar a los grupos armados ilegales, nos dimos cuenta que esta vía militarista no era ni fue la más eficaz, ni para garantizar la seguridad de la región, ni para facilitar el desarrollo de los municipios del litoral Pacífico. Lo único que podemos constatar después de Uribe, en este de-partamento, es el fortalecimiento militar de la guerrilla y la intensifica-ción de la violencia. Para nosotros, la paz no puede llegar sino por me-dio de un esfuerzo común de reconciliación, de trabajo mancomunado y de una seria inversión de recursos a favor de los jóvenes y las personas más desfavorecidas de nuestra región. Hay que impedir que los grupos armados ilegales sigan reclutando a nuestros jóvenes en sus filas. Y esto no llegará si nosotros no les ofrecemos otras posibilidades de trabajo y de estudio a estas personas” (Entrevista Nº 16).

En esta perspectiva, el conflicto armado en la región Pacífica nari-ñense es vivido también a la espera de resultados de las actuales nego-


ciaciones entre el gobierno nacional de Santos y las Farc en La Habana. En las últimas afirmaciones de este funcionario se percibe que una posi-ble desmovilización de las Farc al parecer puede ser muy probable y hay que prepararse, institucionalmente, para ello. La idea de reconciliación, la constatación de la ineficacia de la respuesta militar del Estado frente a los grupos armados ilegales y el deseo constante de una respuesta más institucional por parte del Estado ante las problemáticas sociales de la región, hacen pensar que se abre un nuevo contexto, marcado por la espera de la finalización de este proceso de negociación con las Farc.

El segundo funcionario entrevistado centró su mirada, especialmen-te en la problemática de las redes de extorsión en Tumaco. Según él, se trata en la actualidad, del desafío más complejo que enfrenta la sociedad de la costa Pacífica nariñense. Insistió en la importancia de encontrar estrategias eficaces para desmantelar este tipo de redes que operan en la región. De acuerdo con su análisis, esta problemática se acentuó, du-rante los últimos años, a causa de dos factores en particular: la desmo-vilización del aparato armado de los paramilitares en 2006 y la lucha del gobierno contra el tráfico de droga en la región. En lo que concierne al primer aspecto, los antiguos combatientes del Bloque Libertadores del Sur, luego de la desmovilización, siguieron ejerciendo actividades ilegales en la región. Especialmente aquellas actividades que tienen que ver con la obtención de dinero. Con respecto al segundo factor, la dis-minución evidente del número de hectáreas destinadas al cultivo de la coca en la región, obligó a los grupos armados ilegales a buscar nuevas alternativas de financiamiento. La opción escogida fue precisamente la de la extorsión, no solamente a los grandes comerciantes, tal como la guerrilla ya lo había hecho durante los años 1980-1990, sino también a pequeños comerciantes, docentes, asalariados, médicos, gente el co-mún, etc. (Entrevista Nº 17).

Según este funcionario, si el conflicto armado llegara a detenerse lue-go de las negociaciones de paz en La Habana, la realidad más compleja a la cual se va a tener que seguir enfrentando el Pacífico nariñense es precisamente ésta de las redes de extorsión. Por ello, es esencial tratar de identificar las estrategias y, sobre todo, las lógicas de operación por medio de las cuales funcionan estas redes en la región. Una de las si-tuaciones que más influyen en la existencia de estas redes ilegales es la ausencia de fuentes de estudio y de trabajo para los jóvenes. Este funcio-nario comparte aquí la opinión del primer funcionario entrevistado, en-fatizando sobre la necesidad de crear y de promover políticas de educa-


ción y de empleo más eficaces para este sector de la población. “Hay que evitar a toda costa que las redes de extorsión continúen involucrando a los jóvenes para ejercer estas actividades delictivas. Hay que cerrarle la puerta al reclutamiento de jóvenes y niños en las filas de estos grupos de ilegales” (Entrevista Nº 17). En este sentido, estos dos funcionarios comparten el mismo punto de vista a propósito del tráfico de droga, la manera de hacer frente al conflicto armado mediante la ejecución de políticas sociales dirigidas especialmente a los jóvenes y la influencia de las redes de extorsión en la situación actual de violencia en la región.

Desafíos actuales para la región

A modo de conclusión de este capítulo, se propone una breve reflexión a propósito de los desafíos actuales en la región en vista de una posible desmovilización de las Farc, luego de las negociaciones en La Habana con el actual gobierno nacional. ¿Qué consecuencias sociales pueden producir los resultados de estas negociaciones en el Pacífico nariñense y cómo hacerles frente?

De acuerdo con los datos cuantitativos y cualitativos a disposición en esta investigación, es posible afirmar que la situación actual de vio-lencia en la región es el resultante de la combinación de diversas con-diciones estructuralmente contradictorias que se fueron acentuando a lo largo del tiempo: las decisiones y reacciones de las élites econó-micas y políticas de la región, las estrategias nacionales de la guerrilla y su interés por mantener el control en el litoral Pacífico, el beneficio económico obtenido por todos los grupos armados ilegales del tráfico de droga, la llegada y el modo de instalación del paramilitarismo y su posterior transformación luego del proceso nacional de desmovi-lización en el año 2006, la larga historia de ineficacia de las Fuerzas Armadas, la impunidad generalizada, el modelo económico extracti-vista, las condiciones geográficas de transporte y comercio propias de esta zona del país, la historia de una población negra puesta siempre al margen del desarrollo regional y utilizada para los intereses de unos cuantos, el desempleo, la historia del contrabando y las actuales redes de extorsión y los bajos niveles de educación. Todos estos elementos no llegaron ni se instalaron por azar en esta sociedad, sino que son entre otras cosas, el fruto de las numerosas contradicciones históricas vividas en esta región de Colombia desde hace décadas. Estos elemen-tos dan cuenta, en este sentido, de la manera particular como llegó,


se instaló y se desarrolla actualmente el conflicto armado nacional en este contexto regional.

De acuerdo con estas premisas, no sería lógico atribuir la respon-sabilidad del desencadenamiento de la violencia en esta región a uno o dos acontecimientos o factores particulares. No obstante, de acuerdo con esta investigación y a partir de testimonios, documentos históricos regionales, datos cuantitativos y análisis cartográficos, sí se puede re-construir y mostrar al menos la complejidad del panorama sobre el cual esta situación de violencia armada se incubó y evolucionó. A partir de estos hechos, que hacen parte del pasado y del presente de esta región colombiana, vale la pena preguntarse con honestidad sobre la influencia y el impacto en el corto y largo plazo, que los resultados de las nego-ciaciones de paz entre el gobierno nacional y las Farc en Cuba, pueden llegar a tener en esta realidad, tal como ella se presenta en la actualidad en el Pacífico nariñense.

De entrada, es preciso retomar la afirmación según la cual esta zona es una región donde las Farc han estado presentes desde hace ya varios años, y donde han permanecido y gozado de una cierta estabilidad so-cial y legitimidad por parte de algunos habitantes de ciertos municipios ubicados al norte del litoral Pacífico de Nariño. Sin embargo, dentro de la visión macro estratégica de las Farc, esta región no constituyó, sino hasta hace poco tiempo, una zona de fuerte influencia militar e ideoló-gica como sí pudieron serlo otros departamentos del país como Caque-tá, Meta, Cauca o Tolima. No es sino a partir del año 2009, luego del debilitamiento militar que las Farc sufrieron en gran parte del territorio colombiano donde anteriormente tenían mayor influencia, que esta gue-rrilla va a diseñar y a poner en marcha el ‘Plan Renacer’ como estrategia para recuperar el terreno perdido. Mediante este Plan, las Farc dirigen su mirada hacia las zonas en donde aún no se encontraban demasiado debilitadas. Una de estas zonas es precisamente la región Pacífica nari-ñense, tal como se ha evidenciado a lo largo de esta investigación. Por medio de numerosas acciones violentas en contra de las Fuerzas Arma-das y de la población civil –atentados contra infraestructuras públicas como torres de energía, emboscadas, asesinatos selectivos, hostigamien-tos, etc.– las Farc han pretendido mostrar ante la opinión pública que su poder militar permanece intacto. Es precisamente en ese contexto de exacerbación de la violencia guerrillera, donde las negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos comienzan en Oslo durante el mes de octubre de 2012.


Para mantener la presión al gobierno, a las Fuerzas Armadas y a la sociedad, las Farc no han cesado de ejercer diversas acciones violentas en esta región, al mismo tiempo que negocian la paz en La Habana. Sin embargo, luego del período inmediatamente anterior, esta guerrilla también se da cuenta que por la vía militar su lucha no verá fácilmen-te ninguna salida como tampoco ninguna señal de victoria frente a las Fuerzas Armadas en el ámbito nacional. Como consecuencia de esto, su estrategia de fortalecimiento se ha dirigido también, en los últimos meses, a generar una situación de inestabilidad social mediante la infil-tración de grandes movilizaciones sociales de carácter nacional. Paro de caficultores, paro de campesinos, paro de mineros. Estas acciones se convirtieron en medios de presión social al gobierno, mediante la infiltración de esta guerrilla, durante el primer semestre de 2013, en di-versos movimientos sociales de carácter esencialmente civil. En el Pa-cífico nariñense, la puesta en marcha de estas dos estrategias, militar y política, comienza en el año 2009. Se ha podido constatar con cifras y testimonios el aumento de la intensidad de la violencia a partir de este momento y de la infiltración de la guerrilla de los movimientos sociales, sobre todo de origen campesino, en la región.

No obstante, las acciones violentas de las Farc no son la única pro-blemática que se vive y sufre en esta región. Es claro que su reciente fortalecimiento, posiciona a esta guerrilla como el principal actor ar-mado ilegal presente en la zona. Un actor armado, cuyas acciones con-tra la población civil, son además percibidas como una de las causas principales de la crisis humanitaria del Pacífico nariñense en la actua-lidad. Este grupo es percibido por la opinión pública en general, como la organización que dio inicio al cultivo de coca y tráfico de droga en la región, el grupo que instauró desde finales de los años 80 la práctica de la extorsión como medio de financiamiento de sus acciones criminales, el grupo que hoy día hace casi imposible encontrar vías de desarrollo eficaces para la región. Sin embargo, y de manera paradójica, su posible desmovilización tampoco es percibida como un paso que va a mejorar automáticamente la situación de pobreza, de desempleo, de inseguridad y de marginación de esta zona del país.

La región ya vivió un período de terror a partir de la entrada de los grupos paramilitares, de su desmovilización y de su transformación en bandas delincuenciales y criminales. Este ejemplo reciente de desmovi-lización de un actor armado, visto como un fracaso en la región, provo-ca la desconfianza de los habitantes del Pacífico nariñense frente a una


posible desmovilización de las Farc. Precisamente al examinar el caso de la desmovilización del Bloque Libertadores del Sur, se pudo consta-tar que sus combatientes, ya desmovilizados, continuaron ejerciendo las mismas prácticas ilegales y violentas del pasado: extorsión, tráfico de droga, asesinatos selectivos y arreglos con la guerrilla para la distribu-ción del territorio mediante el establecimiento de las llamadas fronteras invisibles. En este sentido, el ambiente de escepticismo social frente al proceso de paz con las Farc es fácilmente perceptible en la actualidad de esta región. Al mismo tiempo, este escepticismo contrasta con los numerosos comentarios de muchas personas que, en lo ordinario de sus ocupaciones, expresan sus deseos esperanzados de que en algún mo-mento este conflicto armado se acabe definitivamente. La paz en este contexto es a la vez el acontecimiento más esperado no solamente en el Pacífico nariñense, sino en toda Colombia, y además, representa tal vez el desafío más grande para esta región y para el país en tanto su consecución definitiva no depende exclusivamente del final de las agre-siones violentas entre grupos armados, ni de la firma de unos acuerdos en Cuba, sino de todo un proceso social de reconciliación y de recons-trucción del tejido social, roto por tantas contradicciones históricas y estructurales. Es esta parte de la historia la que nos corresponde asumir, construir y escribir a la cual los colombianos llamamos, desde hace al-gún tiempo, ‘postconflicto’.

En este sentido, el desafío principal es la paz, ella misma. Una paz que será construida, en el Pacífico nariñense, sobre la base de su propia historia, de su diversidad social y de la manera como esta región ha vivi-do y ha hecho frente ante el conflicto armado en los últimos años. Dicho esto, los desafíos que se pueden declinar de este gran desafío principal que es la apuesta por una paz positiva, se orientan hacia los desafíos estructurales de esta región y que nos parece fundamental que sean asu-midos.

1) ¿Qué tipo de estrategias institucionales para la inserción de los desmovilizados en la vida civil podrán ser puestas en marcha al momen-to de una posible finalización del conflicto armado? Aquí no se trata de repetir la historia de los paramilitares, que, en ausencia de oportuni-dades reales de reinserción a la vida civil, terminaron volviendo a ejer-cer actividades delictivas. 2) Frente a la situación de impunidad de los responsables de tantas violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se hace necesario ejercer una verdadera justicia que aplique los códigos y leyes colombianas vigen-


tes. La impunidad es un detonante de la violencia, de venganzas y de deseos de hacer justicia por mano propia. En la historia reciente del Pacífico nariñense se ha visto cómo la decisión de tomar la justicia por mano propia por parte de un grupo social particular, tuvo como único resultado una intensificación de la violencia y la creación de una situa-ción de crisis humanitaria aún no superada. 3) Las redes de extorsión y de tráfico de droga serán tal vez las dos actividades ilegales que per-manecerán en la región después de una posible desmovilización de las Farc. Estos dos fenómenos, muy complejos, pueden engendrar nuevas situaciones de violencia, sobre todo si este tipo de actividades ilegales es a veces la única fuente posible de trabajo para un número considerable de personas. 4) Finalmente, las políticas agraria y de extracción minera serán dos polos importantes de discusión, en los cuales la participación del Pacífico nariñense será esencial para el país y para el desarrollo del departamento de Nariño.

Conclusión

Esta aproximación histórica, estadística y de terreno presentada, per-mite formular algunas consideraciones conclusivas. En primer lugar y a causa del difícil acceso a este terreno –por encontrarse activo aún el conflicto– y por la novedad del fenómeno, ha sido importante hacer uso de la información disponible en la actualidad: fuentes documenta-les, datos cuantitativos y testimonios recogidos sobre el terreno. A nivel metodológico, la diversidad de los tipos de información obtenidos ha representado un desafío para la adecuada articulación de esta investi-gación. Un desafío metodológico que implicaba poder hacer entrar en diálogo estas aproximaciones variadas y poder articularlas de manera lógica y sistemática en el curso de la argumentación. Al final de este es-tudio, observando las características de nuestro objeto de investigación, consideramos que esta variedad de informaciones y de fuentes constitu-ye sobre todo una riqueza documental que ha hecho posible presentar una visión más amplia de la realidad actual del Pacífico nariñense.

Recorriendo la historia económica y social de la región, es evidente que, a causa de sus condiciones geográficas, de su proximidad al océa-no Pacífico y de su riqueza de recursos naturales, esta zona del país ha atraído y sigue atrayendo a numerosas empresas de explotación y extracción de recursos de materias primas. Se pudo constatar que, a lo largo del siglo XX, este tipo de actividades económicas extractivas estuvo marcado por la explotación y comercialización de la tagua, la madera y la palma de aceite. Se buscó la manera de mostrar como este tipo de dinámicas económicas configuraron, a lo largo del siglo


pasado, la organización política y las prácticas sociales de esta región colombiana. No obstante, el aislamiento geográfico de esta zona del país en relación con sus centros urbanos más importantes, así como también la dificultad encontrada por las autoridades estatales para controlar esta región, hizo posible –desde hace muchas décadas– el desarrollo de diversas actividades ilegales como aquella del contra-bando a finales del siglo XIX o el desarrollo del narcotráfico a finales del XX y comienzos del XXI.

En la mayor parte de los casos, esta ilegalidad buscó justificarse a causa de la situación de pobreza de la población, del abandono institu-cional del Estado y de la falta de autoridad de las Fuerzas Armadas en la región. Estas condiciones hicieron posible, de cierta manera, la instala-ción de los grupos armados ilegales y el desarrollo del tráfico de droga a partir de los años 80. Estos grupos son los actores principales de la violencia actual en el Pacífico nariñense. Durante estos últimos 15 años han sido claramente financiados por los ingresos obtenidos mediante el tráfico de droga. Esta actividad económica ilegal conserva en su esencia, la misma lógica extractiva y de exportación de mercancías –ya conocida en la región desde hace siglos– en donde los únicos que sacan provecho son aquellos quienes, desde fuera de la región, controlan la producción y comercialización de la droga.

Al analizar los datos cuantitativos, enriqueciéndolos desde una mi-rada geográfica e histórica, se constató que la violencia en la región no comienza a hacerse sentir sino a partir de finales de los años 90. Se trata de un fenómeno reciente si se compara con el vivido por otras regio-nes de Colombia en donde el conflicto armado comienza a sentirse con fuerza desde los años 80 e incluso desde finales de 1970. Se constató también que la guerrilla estaba ya instalada de manera más estable en la región desde comienzos de la década de 1980. Igualmente, durante los años 1980-1990, esta región no fue nunca considerada como una zona estratégica de primera importancia para las Farc, que en ese entonces concentraban sus esfuerzos militares y políticos en otras regiones como el Magdalena Medio o el Oriente Antioqueño. Ahora bien, a pesar de esta presencia de las Farc y del ELN en el Pacífico nariñense desde los años 80, la violencia armada no se manifiesta con fuerza sino a partir de 1998. Por este motivo, el análisis estadístico y cartográfico del segundo capítulo se centró en el período 2000-2012 que es el que concentra el mayor número de víctimas civiles y de acciones de guerra entre los di-versos grupos armados en conflicto.

conclusión 145

Mediante este análisis se pudo constatar la fuerte actividad de los pa-ramilitares a comienzos de los años 2000, que se dirigía visiblemente al debilitamiento de las estructuras militares y de financiamiento de la gue-rrilla. Se pudo observar igualmente que la respuesta estatal frente a este fenómeno, fue eminentemente militar, mediante la aplicación de la polí-tica de ‘Seguridad Democrática’ durante los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010). A pesar de la desmovi-lización del Bloque Libertadores del Sur en 2006, la violencia continuó ejerciéndose en la región a nivel constante, hasta que en 2009 se evidencia un claro aumento de acciones armadas de las Farc. Este último período (2009-2012) corresponde al proceso de fortalecimiento militar y político de la guerrilla. El objetivo principal de esta ofensiva en la región es recu-perar el terreno perdido durante el período de control paramilitar y, me-diante esta retoma territorial, recuperar el control del tráfico de la droga y seguirse fortaleciendo para presionar no sólo a las Fuerzas Armadas, sino también a la sociedad y al gobierno nacional. Sin duda las Farc son en la actualidad el actor armado más fuerte en el Pacífico nariñense.

Finalmente, los diversos testimonios recogidos sobre el terreno dan cuenta de la violencia vivida en lo cotidiano por algunos habitantes de la región. Según las diversas opiniones, relatos de vida e historias escu-chadas, se pudo constatar la variedad de miradas existentes a propósito de la situación actual de esta parte del país. Fue posible comparar estos testimonios con los datos históricos y con el trabajo estadístico de los capítulos anteriores. Las convergencias y coincidencias entre lo que los habitantes de la región viven en lo cotidiano y las cifras examinadas en el segundo capítulo llaman la atención y confirman seis elementos esenciales para comprender la situación actual del Pacífico nariñense: 1) el proceso histórico de instalación de los grupos armados ilegales; 2) el desarrollo de la violencia ejercida por los grupos armados; 3) el rol de las instituciones estatales en la región; 4) el sentimiento generalizado de inseguridad de la población a causa de la ineficacia de las Fuerzas Ar-madas; 5) la dinámica del conflicto armado a lo largo de estos últimos 15 años y; 6) la influencia del narcotráfico en la evolución del conflicto armado en la región.

Otras problemáticas permanecen abiertas. La comparación de esta realidad vivida en el Pacífico nariñense con aquella que vive en el pre-sente el Pacífico vallecaucano con Buenaventura como principal centro urbano, que en la actualidad registra los niveles más altos de violencia en Colombia. La comparación entre el conflicto armado vivido en el


Pacífico nariñense con el vivido en otras regiones de Colombia a lo largo de las últimas décadas y en el presente. Un estudio más exhaustivo en lo que concierne a la interrelación multiescalar entre el contexto local de la violencia en Nariño con el contexto nacional del conflicto armado. El rol de ciertas instituciones sociales cuya historia resulta indispensable para comprender mejor las dinámicas locales y nacionales del conflicto armado colombiano. Pensamos, por ejemplo, en el rol socio-político de la Iglesia católica durante estas últimas cinco décadas de conflicto ar-mado en Colombia. Todos estos elementos, que no pudimos abordar en esta investigación, constituyen un conjunto de preguntas que podrían ser profundizadas en estudios posteriores.

Mapa 16 República de Colombia

Anexos


Mapa 17Región Pacífica

Departamento de Nariño

Mapa 18Mapa de carreteras

Departamento de Nariño

anexos 149

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• Entrevista N.º 1: una mujer desempleada en Tumaco, 30 de julio de 2013

• Entrevista N.º 2: un comerciante en Tumaco, 30 de julio de 2013• Entrevista N.º 3: una comerciante en Tumaco, 19, 20 y 30 de julio de

2013• Entrevista N.º 4: un abogado penalista en Tumaco, 28 de julio de

2013• Entrevista N.º 5: una religiosa en Tumaco, 24 de julio de 2013• Entrevista N.º 6: un funcionario de la diócesis de Tumaco, 24 de

julio de 2013• Entrevista N.º 7: un clérigo en Tumaco, 3, 14 y 23 de julio de 2013• Entrevista N.º 8: un clérigo en Tumaco, 22 de julio de 2013• Entrevista N.º 9: un clérigo en Tumaco, 18 de julio de 2013• Entrevista N.º 10: un comerciante en Tumaco, 16 de julio de 2013• Entrevista N.º 11: un funcionario de la diócesis de Tumaco, 16 de

julio de 2013• Entrevista N.º 12: una abogada en Tumaco, 15 de julio de 2013• Entrevista N.º 13: un docente tumaqueño en Pasto, 12 de julio de

2013• Entrevista N.º 14: un pensionado en Tumaco, 8 de agosto de 2013• Entrevista N.º 15: una funcionaria pública en Tumaco, 14 de agosto

de 2013• Entrevista N.º 16: un funcionario público en Pasto, 4 de septiembre

de 2013• Entrevista N.º 17: un funcionario público en Pasto, 6 de septiembre

de 2013• Entrevista N.º 18: una mujer anciana en la periferia en Tumaco, 30

de julio de 2013

entrevistas 155

Entrevistas

COLECCIÓN TERRITORIO, PODER Y CONFLICTOCOLECCIÓN TERRITORIO, PODER Y CONFLICTO

GÉNESIS, ACTORES Y DINÁMICAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN EL PACÍFICO NARIÑENSE

¿Qué razones hacen que una zona relativamente pacífica y marginal, como el Andén Pacífico nariñense, se haya con-

vertido en una de las regiones más conflictivas de Colombia durante las últimas décadas? Este es el interrogante que pre-tende responder el libro Génesis, actores y dinámicas de la vio-lencia política en el Pacífico nariñense, de José Darío Rodríguez Cuadros, por medio de un complejo acercamiento a esta región. En él combina el trasfondo de las contradicciones estructura-les con las transformaciones recientes de la vida económica y social de esta región, prestando particular atención a su com-plicada geografía, la cual la ubica como corredor estratégico tanto para la salida al Pacífico, el comercio del contrabando y la coca, como para el repliegue de los grupos armados ilegales, golpeados en regiones más integradas al país.


Jesuita. Licenciado en Filosofía y Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Además de sus pregrados, es Magister en Teo-logía del Centro Sèvres de París y Magister en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales - Ehess de París. Actualmente es doctorando en Estudios Políticos de la Escue-la de Altos Estudios en Ciencias Sociales, bajo la dirección de Gilles Bataillon. Hace parte, en condición de candidato a doctorado, del Centro de Estudios Sociológicos y Políticos Raymond Aron - Cespra de París.

Ha trabajado como joven investigador del Ci-nep/PPP en dos períodos: 2002-2004 en el equi-po de “Derechos económicos, sociales y cultura-les”, y 2009-2011 en el grupo “Violencia política y formación del Estado” del Cinep-Odecofi.

Autor de los artículos: “Le Processus de Paix en Colombie”, publicado en la Revista Études de Francia y traducido al italiano como “Il Pro-cesso di pace in Colombia”, publicado reciente-mente en La Civiltà Cattolica; “Frente a herejías y sociedades en decadencia: análisis comparativo de los modelos eclesiales en Ireneo de Lyon y Agustín de Hipona” y “El camino de retorno a Galilea: Reflexión teológica a partir del acompa-ñamiento espiritual a personas en situación de desplazamiento en Ciudad Bolívar”, publicados en la revista Reflexiones Teológicas, de la Univer-sidad Javeriana.

Autor del capítulo “Las transformaciones del conflicto en el Magdalena Medio: del control militar al dominio político, 2002-2008”, publi-cado en el libro Conflicto y territorio en el oriente colombiano, de la colección Territorio, Poder y Conflicto, Odecofi-Cinep/PPP.

OdecofiColección Territorio, Poder y Conflicto

• Hacia la reconstrucción del país Territorio, Desarrollo y Política en regiones afectadas por el conflicto armado Fernán E. González G., (Ed.), 2008

• Gobernanza y conflicto en ColombiaInteracción entre gobernantes y gobernados en un contexto violento Claire Launay-Gama y Fernán E. González G., (Eds.), 2010

• Guerra y violencias en Colombia Herramientas e interpretaciones Jorge A. Restrepo y David Aponte (Eds.), 2010

• Geografías de la guerra, el poder y la resistencia Oriente y Urabá antioqueños 1990-2008 Clara Inés García de la Torre y Clara Inés Aramburo Siegert, (Eds.), 2011

• Una vieja guerra en un nuevo contexto Conflicto y territorio en el sur de Colombia Teófilo Vásquez, et al., (Eds.), 2011

• No estamos condenados a la guerra Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el ELN David Aponte y Andrés R. Vargas (Eds.), 2011

• Estado y coca en la frontera colombiana El caso de Putumayo María Clara Torres Bustamante, 2011

• Circuitos, centralidades y estándar de vida Un ensayo de geografía económicaJorge Iván González, et al., 2011

• Conflicto y territorio en el Oriente colombianoFernán E. González G., et al., 2012

• Entre la frontera del desarrollo y el desarrollo de la fronteraEfrén Piña Rivera, 2012

• Poder y violencia en ColombiaFernán E. González G., 2014

• Territorio y conflicto en la costa CaribeFernán E. González G., et al., 2014

• Poderes regionales, clientelismo y EstadoGloria Isabel Ocampo, 2014

Génesis, actores y dinámicas de la violencia política en el Pacífico nariñense

COLECCIÓN TERRITORIO, PODER Y CONFLICTO


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