marco jurídico del presupuesto participativo en venezuela
DESCRIPTION
Por décadas los países latinoamericanos han mostrado preocupación por sus sistemas de Gestión Pública, razón por la cual en el momento histórico actual se inclinan hacia la redefinición de las funciones del Estado y su forma de actuación, pero esta iniciativa no ha sido suficiente, pues ello requiere de la recuperación de las bases de legitimidad y la eficacia social de la gestión pública a fin de hacerla más efectiva en términos de resultados tangibles en beneficio de los ciudadanos.TRANSCRIPT
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín
Doctorado: Ciencias Gerenciales
Asignatura: Gerencia de la Inversión
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN VENEZUELA
Espina, LorenaC.I: 7.764.363
Maracaibo, Abril 2014
MARCO JURÍDICO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN VENEZUELA
Lcda. Espina, Lorena MSC
Psic. Ramírez, Liliana MSC
Lcdo. Salas, Kevin MSC
RESUMEN
La investigación tuvo como propósito de artículo Analizar el marco jurídico vigente del presupuesto participativo en Venezuela. Para ello se sustentó en las teorías de: Araujo, M. (2001), y el marco legal que parte desde la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Ley de los Consejos Locales de Planificación. En cuanto al marco metodológico, se suscribió, como una investigación analítica, documental. Concluyéndose que la carta magna de la Republica Bolivariana de Venezuela, provee de rango constitucional a la participación protagónica de los ciudadanos y a su vez de corresponsabilidad en las decisiones trascendentales de la nación, partiendo desde la comunidad hacia lo nacional.
Palabras Clave: Presupuesto participativo, participación ciudadana.
Correo Electrónico: [email protected], [email protected]
ABSTRACT
The research was aimed to Article Analyze the existing legal framework of participatory budgeting in Venezuela. This is underpinned by theories: Araujo, M. (2001), and the legal framework that departs from the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, the Organic Law Municipal Public Power and the Law on Local Planning Councils. Regarding the methodological framework was signed as an analytical research documentary. Concluding that the constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, provides constitutional status to the active participation of citizens and turn responsibility in major decisions of the nation, leaving from the community to the national.
Keywords: Participatory budgeting, citizen participation.
Email: [email protected], [email protected]
INTRODUCCIÓN
Por décadas los países latinoamericanos han mostrado preocupación por sus
sistemas de Gestión Pública, razón por la cual en el momento histórico actual se
inclinan hacia la redefinición de las funciones del Estado y su forma de actuación,
pero esta iniciativa no ha sido suficiente, pues ello requiere de la recuperación de
las bases de legitimidad y la eficacia social de la gestión pública a fin de hacerla
más efectiva en términos de resultados tangibles en beneficio de los ciudadanos.
En el interés de hacer más transparente la gestión presupuestaria varios
países sudamericanos ven en la participación comunitaria el fortalecimiento de la
sociedad civil, principalmente en el ámbito municipal, instancia de gobierno más
cercana al ciudadano y responsable de la implementación de políticas públicas
sociales. Cabe destacar, tal como lo refiere Cavalcanti (2000) que determinados
elementos del presupuesto participativo permiten visualizarlo como una figura para
ampliar las condiciones de gobierno y gobernabilidad local, y promover mayor
equidad social en la inversión de prioridades entre otros objetivos.
Araujo (2001) indica que el presupuesto participativo es una innovadora forma
de gestión presupuestaria, a través de la cual se busca mejorar la eficiencia
administrativa de las diferentes organizaciones públicas e incorporar en sus
procesos de gestión la participación activa de los ciudadanos a fin de facilitar las
iniciativas y corresponsabilidades de todos los involucrados, estableciendo
puentes entre el Estado y la sociedad civil.
Esta nueva visión sobre el presupuesto de una organización gubernamental,
visto desde la óptica democrática, coloca en la conciencia de la comunidad su
responsabilidad junto a la del Estado en lo referente a la inversión de estos
recursos en la ejecución de políticas públicas, las cuales están sujetas a las
necesidades reales expresadas por los interesados, que no son otros que los
ciudadanos. Asimismo, el presupuesto participativo desde la perspectiva local,
implica un acercamiento desde el gobierno hacia la comunidad.
En la Republica Bolivariana de Venezuela las entidades municipales, al igual
que las demás instituciones adscritas al estado venezolano, todos años
consignan una propuesta sobre los requerimientos necesarios y como pretenden
administrarlos, tomando en cuenta los indicadores económicos pertinentes. En
respuesta, el gobierno nacional transfiere a las alcaldías recursos por medio del
situado constitucional, más créditos adicionales. Sin embargo, las experiencia
indica que los recursos generalmente son insuficientes ante las múltiples
demandas de las comunidades por lo que éstas exigen más eficiencia en la
distribución de los recursos, demostrando con ello que la cultura de los
ciudadanos ha cambiado en los últimos años; la sociedad exige y requiere un
nuevo tipo de descentralización y nuevos procesos de democratización.
Las iniciativas de presupuestos participativos en Venezuela nacen desde la
década de los noventa y agarran mayor fuerza luego de la aprobación de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, dentro de la cual
se le da rango constitucional a la participación ciudadana, así como en el ejercicio
de ésta en la “formación, ejecución y control de la gestión pública” como medio
para lograr el protagonismo. Aseverando, como lo cita el Art. 62 Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela “Es obligación del Estado y deber de la
sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su
práctica”.
De acuerdo a este mandato de la constitución se ha creado todo un tinglado
legal que propicia la creación de instrumentos como el presupuesto participativo y
es preocupación para las investigadoras sociales del presente artículo Analizar el
marco jurídico vigente del presupuesto participativo en Venezuela y la eficiencia
de éste en el cumplimiento constitucional de alcanzar un manejo idóneo, real y
transparente de los dineros públicos.
FUNDAMENTO TEÓRICO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMO VÍA PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA SOCIEDAD CIVIL
El presupuesto participativo es una figura resultante del empleo de los
procesos mediante los cuales los ciudadanos proponen, deliberan y deciden en la
formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto de inversión anual de
la comunidad donde habitan, todo ello con el propósito de materializarlo en
proyectos que permitan el desarrollo de la localidad, atendiendo a las necesidades
y propuestas de las comunidades ante el Consejo Local de Planificación Pública.
Del tal manera, el Presupuesto Participativo es un instrumento de
participación a través del cual la población puede dar a conocer sus necesidades y
demandas a las autoridades municipales. Permite a la población consensuar con
las autoridades locales en qué y cómo se van a utilizar los fondos públicos
municipales durante un año, con el objeto de poder evaluar la utilización de los
mismos, según lo señalado por Hinojosa y otros (2003).
Por otro lado, El Troudi (2005) manifiesta que el presupuesto participativo
“Es el proceso a través del cual la población participa en la definición de los
valores de los ingresos y gastos del presupuesto público municipal a invertir en las
localidades, e indica en qué áreas deberán hacerse las inversiones y cuáles
deben ser las obras priorizadas. A su vez, establece las prioridades de inversión
del presupuesto público que manejen las Gobernaciones de Estado, los
Ministerios y los órganos descentralizados de la Administración Pública”.
Finalmente, otra definición a considerar, la establece el Artículo 35 de la Ley
de los Consejos Locales de Planificación Pública (2006) “El presupuesto
participativo es el mecanismo que permite a los ciudadanos y las ciudadanas del
municipio proponer, deliberar y decidir en la formulación, ejecución, control y
evaluación del Plan y el Presupuesto de Inversión Municipal anual. El presupuesto
participativo deberá contar con mecanismos amplios de discusión, debates
democráticos, sin exclusión de ningún tipo, a fin de recoger el mayor número de
opiniones y propuestas posibles”.
De modo que, no son únicamente los gobernantes los que toman las
decisiones sobre cómo se deben invertir los recursos obtenidos, sino que ahora
juntos a ellos participan en la toma de decisiones los representantes elegidos
directamente por las comunidades, que son ciudadanos pertenecientes a las
mismas, toda vez que al momento de formular el diagnóstico, los integrantes de la
población junto con las autoridades correspondientes determinarán las acciones,
medidas y proyectos que deben ser implementadas en sus localidades.
MARCO JURÍDICO VIGENTE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN
VENEZUELA
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Como se menciono anteriormente, es por medio de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela del año 1999, toma mayor fuerza el
presupuesto participativo, como una forma innovadora para la gestión de las
entidades municipales, por ende la carta magna del país le da un rango
superlativo a la participación ciudadana, ofreciendo oportunidad de protagonismo
a la sociedad civil.
En el preámbulo de la Carta Magna se establece que: “con el fin supremo de
refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y
protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y
descentralizado”, lo que deja explícitamente claro la competencia participativa de
todos los ciudadanos del país en la construcción del mismo. Continuando con el
mismo orden de ideas, se puntualizará el articulado pertinente al Presupuesto
Participativo vigente en Venezuela:
Artículo 3: El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.
Artículo 5: La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.
Artículo 6: El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.
Artículo 62: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.
Artículo 70: Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante.
Artículo 141: La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad…
Artículo 184 numeral 2. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo… La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción.
De acuerdo a este articulado constitucional se evidencia la creación de toda
una malla legal que favorece y respalda la creación de mecanismos como el
presupuesto participativo, para dar cabida a la concepción de un ciudadano
participativo, responsable, pluralista, protagónico y además preparado y
consciente de las necesidades de su país y mas cercanamente de su comunidad.
LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Como ya se ha puntualizado, el presupuesto participativo ha estimulado la
conciencia social de los ciudadanos y además ha dado carácter legitimo como un
principio a la corresponsabilidad junto al estado, para solventar las necesidades de
la comunidad. Asimismo, el presupuesto participativo desde la perspectiva local,
implica un acercamiento desde el gobierno (las instituciones públicas) hacia la
comunidad y el puente más cercano es el gobierno municipal, el cual tiene vías
legales que reflejan la participación protagónica de los ciudadanos en la
administración de los recursos que estas entidades reciben por parte del gobierno
nacional.
Según como lo contempla la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su
artículo 227: el presupuesto municipal es un instrumento estratégico de
planificación, administración y gobierno local, que exige captar y asignar recursos
conducentes al cumplimiento de las metas de desarrollo económico, social e
institucional del Municipio, y será ejecutado con base en los principios de
eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal
Agrega la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su artículo 268 que el
presupuesto participativo es el resultado de la utilización de los procesos mediante
los cuales los ciudadanos y ciudadanas del Municipio proponen, deliberan y
deciden en la formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto de
inversión anual municipal. Todo ello con el propósito de materializarlo en
proyectos que permitan el desarrollo del Municipio, atendiendo a las necesidades
y propuestas de las comunidades y sus organizaciones en el Consejo Local de
Planificación Pública
Es el mejor modo para avanzar hacia una gestión municipal distinta, que
permita distribuir con equidad el dinero público del municipio, disminuir la pobreza
y elevar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente los que han tenido
menos oportunidades. En tal sentido, el presupuesto participativo es un derecho
constitucional: el derecho a la participación política ciudadana. Es el derecho del
pueblo a decidir el destino y la distribución del dinero público del municipio.
LEY DE LOS CONSEJOS LOCALES DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
Los consejos locales de planificación pública, tal como lo refieres Pérez (2007)
es el órgano encargado de la planificación integral de los municipios, ya que es
quien se ocupa de diseñar el Plan de Desarrollo Municipal y el resto de los planes
municipales, garantizando, la participación ciudadana y protagónica en la formula-
ción, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes municipales, así
como su articulación con el Sistema Nacional de Planificación, asimismo el Conse-
jo Local de Planificación Pública responderá a las características y necesidades
propias de cada municipio.
A propósito de los Consejos Locales de Planificación Pública, este como lo indi-
ca el presente apartado, también tiene su marco legal y posee dentro de él espa-
cio para el presupuesto participativo, específicamente en el Título III De la Partici-
pación Ciudadana en el Plan y el Presupuesto de Inversión Municipal:
Artículo 34. Presupuesto participativo: El presupuesto participativo es el mecanismo que permite a los ciudadanos y ciudadanas del Municipio proponer, deliberar y decidir en la formulación, ejecución, control y evaluación del Plan y el Presupuesto de Inversión Municipal anuales. El presupuesto participativo deberá contar con mecanismos amplios de discusión, debates democráticos, sin exclusión de ningún tipo, a fin de recoger el mayor número de opiniones y propuestas posibles. El proceso de formación del presupuesto participativo consta de tres fases:
1. Diagnóstico participativo.
2. Formulación del Plan y el Presupuesto de Inversión Municipal.
3. Aprobación del Plan y el Presupuesto de Inversión Municipal
Es importante significar, que el marco legal de los Consejos Locales de
Planificación Pública le da un carácter estructural a la participación ciudadana, ya
que establece la forma de organizar dicha participación, lo cual es de relevancia
puesto que se requieren vías efectivas de comunicación para que los ciudadanos
logren manifestarse de manera fluida. Por otro lado, aparte de los aspectos
comunicacionales, este marco legal provee las líneas de acción dirigidas a la
administración adecuada de los recursos y que estos apunten hacia la
necesidades reales e importantes a través del diagnostico y la formulación de los
planes de inversión, que a su vez son sometidos revisión, para su posible
aprobación.
DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA
Este articulo se caracteriza por ser de tipo analítico y documental de acuerdo
al objetivo establecido, ya que se examinó sobre un hecho objeto de estudio, a
partir del comportamiento de la variable, que en este caso es presupuesto
participativo, y en referencia a esto, Hurtado (2007), señala a la investigación
analítica como aquella que reinterpreta lo analizado en función de algunos
criterios, dependientes de los objetivos en estudio.
En cuanto a lo documental, cabe señalar que al realizar este estudio se
emprendió una búsqueda sobre la literatura relacionada a esta variable y su
legislación. Al respecto Arias (2006) indica que la investigación documental es un
proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de
datos secundarios, es decir, lo obtenido y registrado por otros investigadores en
fuentes documentales.
Concerniente a la técnica e instrumento de recolección de datos, por ser este
un artículo analítico, documental, como técnica se empleó el análisis documental y
de contenido. En el caso de los instrumentos, estos fueron las distintas fuentes
bibliográficas consultadas. Continuando con la técnica e instrumento de
recolección de datos, estos según Arias (2006) se refieren a la recolección de
datos bajos las distintas formas disponibles y los medios materiales que se
emplean para recoger y almacenar la información.
CONSIDERACIONES FINALES
La constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, enaltece y le da el
mayor rango legal posible a la participación de la sociedad civil de manera
protagónica y participativa, lo que permite reforzar la relación entre el estado y la
ciudadanía, por lo que la apertura a la participación ciudadana ofrece condiciones
de transparencia, lo que a su vez permite el seguimiento de la inversión pública y
establece la obligación hacia el rendimiento de cuenta por parte del estado.
Igualmente, la consagración del derecho a la participación protagónica del
ciudadano implica el reconocimiento de la necesidad de su intervención en el
proceso de formulación, ejecución y control de la gestión pública.
En este mismo orden de ideas, referente al marco legal del presupuesto
participativo, el cual es el punto de análisis del presente artículo, es importante
reforzar el hecho de que además de la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela, existen otros instrumentos legales que avalan la participación
ciudadana y por consecuencia al presupuesto participativo, es decir la carta
magna es la cúspide del marco legal del presupuesto participativo, de allí se
derivan las leyes que especifican la práctica de dicho modo presupuestario, lo cual
permite reducir los índices de opacidad en las entidades que están al servicio de la
comunidad.
De igual forma, a modo de consideración final, específicamente el marco
jurídico del Consejos Locales de Planificación Pública, ofrece la referencia para la
debida organización de la ciudadanía en el montaje de los presupuestos
participativos y es de interés resaltar que los actores que protagonizan las juntas
para atender las necesidades de la comunidad, son el alcalde, concejales,
presidentes de juntas parroquiales, consejeros de las organizaciones vecinales y
comunitarias, consejeros por las organizaciones sectoriales, y por las
comunidades indígenas, donde las hubiere, estos son los garantes del
presupuesto participativo, tal como lo establece la Ley de los Consejos Locales de
Planificación Pública.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Araujo, M. (2001). La relación entre la ciudadanía activa y administración
municipal en la configuración de una formación político-organizacional: los
casos del Proyecto de Salud Mental de Belo Horizonte y del Presupuesto
Participativo de Porto Alegre. Revista CLAD Reforma y Democracia No. 21.
Buenos Aires. Centro Latinoamericano de administración para el desarrollo
Cavalcanti, E. (2000). Contradicciones en un proceso democrático: La
práctica del presupuesto participativo en las ciudades brasileñas. Revista
CLAD Reforma y Democracia No. 18. Buenos Aires. Centro Latinoamericano de
administración para el desarrollo.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000, diciembre
20) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. (Extraordinario)
5.453 marzo 24, 2000.
El Troudi, H. y otros (2005). Herramientas para la participación. Caracas.
Corporación Venezolana de Guayana.
Hinojosa y otros (2003). Democratizando el Presupuesto Público. CARE.
Lima, Perú.
Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (2006). Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela. No. 38.591 26 de Diciembre de 2006.
Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2006) Gaceta Oficial de la
2006.
Pérez, R. (2007). Consejos Locales de Planificación Pública. Venezuela