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MAGISTRADO PONENTE:
ADRIÁN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: JUAN JESÚS CALVILLO CORTEZ
Saltillo, Coahuila, 23 de febrero de 2016.
Para resolver el toca 469/2015, relativo al recurso de
apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de
la sentencia condenatoria pronunciada por la Jueza Primero
de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de
Saltillo, con residencia en esta ciudad, de 06 de octubre de
2015, dentro del proceso 170/2014, que por el delito de
LESIONES LEVES COMETIDOS EN FORMA CULPOSA Y
DAÑOS COMETIDOS EN FORMA CULPOSA, se instruyó
en contra de ********** quien por sus generales
manifestó: ********** y
R E S U L T A N D O
PRIMERO.- La resolución impugnada concluyó con los
siguientes puntos resolutivos:
“PRIMERO.- Quedaron debidamente
demostrados en autos los elementos constitutivos del cuerpo del delito de DAÑOS COMETIDOS EN
FORMA CULPOSA, previsto y sancionado por el artículo 435 en relación con los artículos 40, 43 y
44 del ordenamientos sustantivo de la materia 435 en relación con los artículos 40, 43 y 44 del
ordenamientos sustantivo de la materia, así como
de LESIONES LEVES COMETIDAS EN FORMA CULPOSA, previsto y sancionado por el artículo
337 en relación con el 338, segundo supuesto en relación con los artículos 40, 43 y 44 del Código
Penal del Estado, ambos cometidos en perjuicio de **********
Sentencia Penal
número: 049
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SEGUNDO.- Quedó plenamente acreditada en autos la responsabilidad penal de **********
en la comisión de los hechos antisociales referidos en el resolutivo que antecede, en consecuencia:
TERCERO.- Se CONDENA a **********a
sufrir una pena privativa de la libertad de SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, misma que deberá
compurgarse en el lugar que para tal efecto
señale el Ejecutivo del Estado, y que empezará a contar a partir del día SEIS (06) DE AGOSTO
DE DOS MIL QUINCE (2015), fecha de su aprehensión, con abono del tiempo que ha estado
privado de su libertad, que a la fecha es DOS (02) MESES, y continuará una vez que el
sentenciado se acoja al beneficio de condena condicional que le es concedido en la presente; lo
que se determina conforme a lo dispuesto en los artículos 124, 126 y demás relativos del Código
Penal vigente en el Estado y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Ejecución
de sanciones Penales y Reinserción Social para el Estado de Coahuila de Zaragoza; debiendo
comunicarse lo anterior inmediatamente al
sentenciado.
CUARTO.- Se impone a ******, en concepto de MULTA AUTÓNOMA, la cantidad de VEINTE
(20) DÍAS MULTA, equivalente cada día multa a un día de salario mínimo general vigente en esta
ciudad al momento de la comisión de los hechos, a razón de $61.38 (SESENTA Y UN PESOS 38/100
MONEDA NACIONAL) diarios, lo que da un total de $1,227.60 (UN MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL); sanción pecuniaria que deberá
enterar ante este juzgado, EN EFECTIVO, para su remisión y aplicación al FONDO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
QUINTO.- Se condena a**********, al pago de la reparación del daño material y moral causado,
cuyo importe se liquidará en ejecución de sentencia.
SEXTO.- Se concede a ********** el beneficio
de la CONDENA CONDICIONAL, consistente en el RÉGIMEN ESPECIAL DE LIBERTAD
VIGILADA, en los términos precisados en el considerando DÉCIMO PRIMERO del presente
fallo.
SÉPTIMO.- Se condena al sentenciado
********** al a suspensión o inhabilitación por un término igual al de la pena de prisión que se le
impuso que lo es de SEIS (06) MESES, para
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conducir vehículos y obtener licencia de conductor, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto en el numeral 129 del Código Penal vigente en el Estado, debiéndose notificar a la
Secretaría de Obras Públicas y Transportes en el Estado y Tesorería General del Estado la anterior
circunstancia, misma que empezara a surtir efectos a partir de que se aplique al sentenciado
el beneficio de la condena condicional.
OCTAVO.- Hágase saber a las partes el derecho y
término que la ley les concede para interponer el recurso de apelación en caso de no estar
conforme con esta resolución; así mismo, distribúyanse los oficios y copias de ley y háganse
las anotaciones del caso en los libros respectivos.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…”.
SEGUNDO.- El recurso de mérito fue admitido por la a
quo con efecto suspensivo, habiéndose enviado a esta Sala
Colegiada Penal, en la que formado el toca correspondiente
y substanciado legalmente el recurso, quedaron citadas las
partes para oír sentencia, la que hoy se pronuncia; y
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- Con base en la fracción I del numeral 23 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, este tribunal tiene
competencia por materia y grado para conocer y resolver los
recursos de apelación que se interpongan en contra de las
sentencias definitivas pronunciadas por los jueces penales
del Estado.
De conformidad con el ordinal 550 del Código de
Procedimientos Penales vigente, el recurso de apelación
tiene por objeto que el tribunal que corresponda modifique o
revoque la sentencia apelada, con base en los agravios que
se hagan valer en su contra, salvo los casos que exceptúe la
ley.
Es aplicable también, lo dispuesto en los artículos 523 y
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574 del mismo ordenamiento legal, para el efecto de que, si
el inculpado o su defensor apelan la sentencia de primera
instancia, pueda suplirse la falta o deficiencia en sus
agravios, no así respecto del representante social, que esta
sala no podrá suplirlos en ningún caso, teniendo en cuenta
que no se puede empeorar la situación del acusado si
solamente apeló él o su defensor.
SEGUNDO.- Reseña de agravios.
El Director General de Control de Procesos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante
pedimento número 022/2016, de 15 de enero de 2016,
expresa que la resolución impugnada le causa como
agravios de su intención los siguientes:
1).- En lo que toca al delito de daños culposos.
a).- El representante social señala que la juez de la
causa fue omisa en determinar si el conocimiento de la
situación de riesgo, que originaba su deber de cuidado, el
conocimiento común o especial requerido y la experiencia,
tiempo disponible y de duración de la conducta violenta
fueron conducentes para determinar la mayor o menor
gravedad de la culpabilidad. Por otro lado, soslayó
justipreciar el móvil y las condiciones de equipo, de vía y de
funcionamiento, número de infracciones y posibilidad de
provisión, en actividades o situaciones reguladas.
b).- Por su parte, el imputado y defensor no
interpusieron el recurso de apelación.
2).- En lo que atañe al delito de lesiones culposas, el
apelante manifestó como motivos de agravio:
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a).- El Ministerio Publico refiere que la juez de la causa
fue omisa en determinar si el conocimiento de la situación
de riesgo que originaba su deber de cuidado; el
conocimiento común o especial requerido y la experiencia,
tiempo disponible y de duración de la conducta violenta,
fueron conducentes para determinar la mayor o menor
gravedad de la culpabilidad. Por otro lado, soslayó
justipreciar el móvil y las condiciones de equipo, de vía y de
funcionamiento, número de infracciones y posibilidad de
provisión, en actividades o situaciones reguladas.
b).- Por otra parte, el imputado y su defensor no
interpusieron el recurso de apelación, por consiguiente no
opera en favor del activo la suplencia de la queja.
TERCERO.- La jueza tuvo por acreditado el cuerpo del
delito de DAÑOS y LESIONES CULPOSAS, previstos y
sancionados por los artículos 435, 337 en relación con el
338, segundo supuesto en relación con los artículos 40, 43
y 44 del ordenamientos sustantivo de la materia, así como
la responsabilidad penal de ********** en su comisión; lo
que resulta lógico dado que tales extremos se encuentran
satisfechos por los motivos, razones y fundamentos hechos
valer por la juzgadora en el fallo impugnado, a lo que nos
remitimos íntegramente en obvio de repeticiones
innecesarias.
Esto es, **********
CUARTO.- Antes de dar contestación a los motivos de
agravio expuestos por el Ministerio Público, conviene señalar
que, la juez del conocimiento no aplicó las reglas del
concurso ideal, al mencionar que a pesar de que el mismo
se actualizaba en la especie (puesto que con una acción se
causaron dos resultados daño y lesiones), sin embargo,
estas reglas del concurso ideal no fueron solicitadas por el
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Ministerio Público en su pedimento de ejercicio de acción
penal, razón por la cual en el fallo que se revisa, la juez del
conocimiento solo tomó en cuenta para imponer la sanción
corporal al imputado, la pena del delito más grave que en el
caso concreto fue el injusto de daños cometidos en forma
culposa.
Por consiguiente, al no haber motivos de inconformidad
con relación a la no aplicación de las reglas del concurso
ideal por parte de la juez de la causa, este cuerpo colegiado
solo dará contestación a los agravios del Ministerio Público
en todo lo relativo a la pena que corresponde al delito de
daños por culpa, pues esta fue la sanción que aplicó la juez
del conocimiento en contra del imputado, mas no así en lo
que toca a la pena por el delito de lesiones cometidas en
forma culposa, dado que la misma no fue considerada por la
de primera instancia.
QUINTO.- Enseguida, se procederá a dar contestación
a los agravios expuestos por el Ministerio Público en lo que
toca al delito de daños culposos.
a).- En lo que concierne al móvil de la conducta
culposa, el representante social manifestó que la juez fue
omiso en ponderar dicho indicador legal, al precisar:
[…]que de los medios de prueba que fueron allegados
al sumario, se advierte que aun cuando conscientemente el sentenciado no tenía el ánimo de
causar daños al vehículo del ofendido, se advierte que éste resolvió voluntariamente no respetar el
señalamiento metálico que le marcaba el ALTO, así
como tampoco cedió el paso al vehículo del pasivo que circulaba por la vía de preferencia; acción que el propio
acusado llevó a cabo de manera voluntaria, como se desprende de la querella presentada por**********
(fojas 91 a 94) en donde manifestó:[…]
[…]al llegar a la calle Mariano Matamoros di vuelta hacia la derecha y me incorporé a esta calle circulando
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con dirección norte a sur, circulando por el carril de la derecha y al encontrarme a unos dos metros antes de
llegar a la calle Guillermo Prieto de pronto vi que un carro marca Nissan, línea Tsuru, color amarillo, que
circulaba con dirección al poniente sobre la calle de Guillermo Prieto no hace alto antes de cruzar la calle de
Matamoros y se cruza en el carril por el que yo circulaba y como era muy poca la distancia que había
entre este carro y la camioneta en la que yo circulaba,
yo pise el freno para detener mi camioneta pero no pude detenerla y mi camioneta se impactó con la parte
delantera en la polvera delantera derecha de este carro Nissan, al momento del impacto se activaron las bolsas
de aire y como yo iba agarrando el volante con la mano derecha me golpeo esta mano con el volante de mi
camioneta lo que ocasionó que me fracturara el pulgar derecho, y los dos carros se quedaron pegados en el
lugar del choque, una vez que revisé que mis familiares estaban ya que solo mi esposa estaba un poco
lastimada[…]
En contestación al anterior motivo de agravio, este
cuerpo colegiado lo considera infundado, en vista de que no
se acredita con la motivación que realizó el Ministerio
Público y el medio de prueba que cita, cual fue la causa o
razón que impulsó al activo a realizar la conducta culposa
que produjo el resultado material previsto en la figura típica.
b).- En lo que atañe al conocimiento de la situación de
riesgo que originó el deber de cuidado.
La juez precisó:
[…]“…Así mismo, se advierte que el acusado obró con
conocimiento de la situación de riesgo que originaba su deber de cuidado, ya que el lugar en que se ejecutó el
ilícito, corresponde a una zona urbana, en donde
existen señales de tránsito y es del conocimiento común que se debe manejar con precaución,
respetando los señalamientos, amén de que su edad que corresponde a una persona madura y las
circunstancias en que se ejecutó el ilícito le facilitaron el conocimiento del deber de cuidado que debió observar,
pues pudo advertir la existencia de los señalamientos que debía respetar […]
A su vez, el representante social manifestó:
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[…]Consideraciones con las cuales comulga esta Institución, sin embargo, se desprende que la Juez de
la Causa es omisa en indicar la forma en que influye dicho factor en la gravedad de la culpabilidad del
agente, siendo que en la especie el mismo es conducente para determinar la mayor gravedad de la
culpabilidad del agente, tal como se desprende de los razonamientos establecido por la A-quo, además de
que el agente contaba con facilidad de conducir con la
mayor precaución, pues por el horario en que se llevó a cabo la conducta (aproximadamente a la 01 :00 hora)
hay poco tráfico de vehículos por las calles, además tuvo la posibilidad de evitar el resultado, si hubiera
conducido con precaución y respetando los señalamientos de tránsito.
Además, se advierte que el acusado obró con
conocimiento de la situación de riesgo que originaba su deber de cuidado, ya que el lugar en que se ejecutó el
ilícito, corresponde a una zona urbana, en donde existen señales de tránsito y es del conocimiento
común que se debe manejar con precaución, respetando los señalamientos y en pleno uso de sus
facultades mentales; amén de que su edad que corresponde a una persona madura y las circunstancias
en que se ejecutó el ilícito, le facilitaron el conocimiento del deber de cuidado que debió observar, pues debía
manejar con la debida prudencia, lo que debe considerarse para determinar la mayor gravedad de
la culpabilidad del agente. […]
Ahora, analizados los conceptos de violación antes
mencionados, se advierte que el órgano técnico realiza
varios planteamientos para mencionar que el aludido
indicador revela una mayor gravedad de la conducta
culpable.
En primer lugar, señala que la juez fue omisa en
determinar la incidencia de dicho factor en la gravedad de la
culpabilidad del agente.
Sobre este punto, este tribunal de alzada lo considera
infundados, pues la juez del conocimiento para determinar
la mayor o menor gravedad de la culpabilidad, la cual fijó
entre el mínimo y medio en su punto equidistante, ponderó
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el indicador legal en estudio de manera conjunta con otros
factores.
Es decir, la de primer grado si determinó la incidencia
del anterior indicador legal en la gravedad de la
culpabilidad, con base en la apreciación conjunta con otros
factores, como se puede observar del fallo que se revisa, sin
que esto implique una trasgresión a lo establecido en el
numeral 104 del Código Penal del Estado, pues el penúltimo
párrafo del numeral antes mencionado, faculta al juez a
realizar de manera individual o conjunta la valoración de los
diversos factores que sirven para graduar la mayor o menor
gravedad de la culpabilidad del agente.
Por otro lado, dentro del factor en estudio, el órgano
técnico también manifestó como motivo de inconformidad
que dado la hora en que se llevó acabo la conducta como
fue la 01:00 hora, había poco tráfico de vehículos por las
calles y que esa circunstancia le dio mayor facilidad de
conducir con precaución. Sin embargo, este tribunal de
alzada lo considera infundado, ya que la circunstancia que
aduce el inconforme, no fue referida por los testigos que cita
el apelante en su escrito de expresión de agravios.
Por tanto, al solo contar con los razonamientos
expuestos por la juez de la causa, para tener por acreditado
este indicador legal, resulta infundado el agravio expuesto
por el órgano técnico cuando solicita una mayor gravedad
de la culpabilidad del agente, tomando en cuenta los
mismos razonamientos que tuvo por la juez del
conocimiento, ya que no resulta factible que las
circunstancias ponderadas por la juez de primera instancia
sean consideradas en forma distinta, al no existir motivo o
fundamento para sustituir la valoración efectuada por el
resolutor y aplicar en su lugar la requerida por el apelante.
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c).- En lo que respecta al conocimiento común o
especial requerido y la experiencia, tiempo disponible y de
duración de la conducta violatoria.
La juez precisó:
[…]En cuanto al conocimiento común o especial
requerido y la experiencia en la actividad, ocupación o profesión que motivó el hecho y demás datos
pertinentes a la conciencia de la ilicitud, es preciso señalar que para conducir un vehículo automotor es
necesario un conocimiento especial, sin que en el caso sea factible determinar la experiencia con que contaba
el acusado en esta actividad, pues no obra en autos dato o prueba al respecto; por ende, solo como
conductor de un vehículo automotor, sin que en el caso, se requiera algún otro conocimiento especial, más que
el debido para cualquier conductor de vehículo, conocía que inobservar algún deber jurídico de cuidado podía
producir un resultado, como en el caso aconteció; sin que se advierta circunstancia alguna que le hiciera
menos fácil ajustarse al cuidado debido […]
A su vez, el representante social manifestó:
[…] Argumentos con los cuales es conforme esta
Representación Social, sin embargo, se desprende que
la de Primera Instancia, con violación a lo establecido
en el artículo 104, fracción III, del Código Penal vigente
en el Estado, es omisa en establecer la forma en que
influye en la gravedad de la culpabilidad del agente, por
lo cual deviene conducente precisar, que el mismo es
pertinente para determinar la mayor gravedad de la
culpabilidad del agente, pues resulta un hecho
conocido que para conducir un vehículo implica tener
cierto conocimiento para ello, ya que los mismos
cuentan con diversos mecanismos que dificultan su
manejo y más el tránsito a bordo de éstos.
Por lo tanto, aquellos que no poseen dicho
conocimiento se ven imposibilitados para la conducción de automotores y en el caso en particular se acredita
que el hoy sentenciado conducía el vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 2001, color amarillo, con
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placas de circulación 4498CTY del servicio público local de Taxi, con el cual provocó el accidente, en
consecuencia, es un hecho notorio que el activo cuenta con tal conocimiento, máxime que al ser chofer de un
taxi, evidentemente tenía mayor conocimiento para conducir un vehículo y sobre todo para respetar los
señalamientos de tránsito, situación que en el caso en estudio refleja la mayor facilidad que tuvo de
conocer el deber de cuidado que violó y de prever
el daño que resultó.
Máxime que es un hecho notorio que el acusado contaba con un mayor margen de facilidad de conocer
el deber de cuidado que violó y el resultado que podía sobrevenir por dicha transgresión, ya que al conducir
un taxi se adquieren las experiencias necesarias para regular su conducta dentro de una esfera de seguridad
personal para así prever algún accidente y evitar cualquier daño tanto en su persona, compañeros y a la
sociedad en general, pues resulta un hecho conocido que la conducción de vehículos implica saber cómo
funciona la unidad automotor y tener conocimiento acerca de los señalamientos de vialidad, ya que al
circular puede presentarse algún percance, además,
gracias a la interacción laboral con sus compañeros taxistas se van adquiriendo las formas correctas de
buen comportamiento que se deben seguir en la comunidad. […]
Ahora, analizados los conceptos de violación antes
mencionados se advierte que el órgano técnico realiza varios
planteamientos para mencionar que el aludido indicador
revela una mayor gravedad de la conducta culpable.
En primer lugar, señala que la juez fue omisa en
determinar la incidencia de dicho factor en la gravedad de la
culpabilidad del agente.
Sobre el particular, esta sala colegida lo considera
infundados, pues el órgano técnico solicita una mayor
gravedad de la culpabilidad del agente, tomando en cuenta
los razonamientos que tuvo por la juez de la causa para
acreditar el indicador en estudio. De igual modo, es
infundado el agravio expuesto por el apelante cuando
manifiesta que la juez no determinó el grado de incidencia
del factor en estudio en la gravedad de la culpabilidad, pues
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en forma contraría a como lo aduce, el juez del
conocimiento para determinar la mayor o menor gravedad
de la culpabilidad, la cual fijó entre el mínimo y medio en su
punto equidistante, ponderó el indicador legal en estudio de
manera conjunta con otros factores.
Es la de primer grado si determinó la incidencia del
anterior indicador legal en la gravedad de la culpabilidad,
con base en la apreciación conjunta con otros factores,
como se puede observar del fallo que se revisa, sin que esto
implique una trasgresión a lo establecido en el numeral 104
del Código Penal del Estado, pues el penúltimo párrafo del
numeral antes mencionado, faculta al juez a realizar de
manera individual o conjunta la valoración de los diversos
factores que sirven para graduar la mayor o menor
gravedad de la culpabilidad del agente.
Por otro lado, el representante social también
manifiesta como concepto de violación que por el hecho de
que el activo era conductor de un taxi, evidentemente
contaba con mayor conocimiento para conducir un vehículo
y sobre todo para respetar los señalamientos de tránsito;
empero, los que resuelven lo consideran improcedente, en
razón de que como fue precisada por la juez de la causa,
para conducir un vehículo automotor, solo se requiera como
conocimiento especial, el debido para cualquier conductor de
vehículo.
De igual modo, en cuanto al concepto de violación que
invoca la representación social, en torno a que por el hecho
de ser un conductor del servicio público, el imputado
contaba con más experiencia, este tribunal de alzada lo
considera infundado, toda vez que como lo mencionó la juez
de primer grado, no se acredita que experiencia tenía el
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imputado para conducir un vehículo, pues no obra en autos
medios de prueba que acrediten esa circunstancia.
Por tanto, al solo contar con los razonamientos
expuestos por la juez de la causa, para tener por acreditado
este indicador legal, resulta infundado el agravio expuesto
por el órgano técnico cuando solicita una mayor gravedad
de la culpabilidad del agente, tomando en cuenta los
mismos razonamientos que tuvo por la juez del
conocimiento, ya que no resulta factible que las
circunstancias ponderadas por la juez de primera instancia
sean consideradas en forma distinta, al no existir motivo o
fundamento para sustituir la valoración efectuada por el
resolutor y aplicar en su lugar la requerida por el apelante.
d).- En cuanto las condiciones de equipo, de vía y de
funcionamiento, número de infracciones y posibilidad de
provisión, en actividades o situaciones reguladas.
La juez precisó:
[…]"...Finalmente, de autos no se obtiene que las condiciones del vehículo o de la vía en que se ejecutó el
delito, hayan influido en éste, contrario a lo alegado por el acusado, pues al respecto no obra medio de prueba
que acredite lo anterior..."
A su vez, el representante social manifestó:
Con lo cual esta Institución manifiesta su conformidad, con dichos argumentos de la Juez, sin embargo, se
advierte que es omisa en establecer la forma en que influye en la gravedad de la culpabilidad del agente, por
lo cual deviene conducente precisar, que el mismo es pertinente para determinar la mayor gravedad de la
culpabilidad del agente, pues en el caso concreto de los diversos medios de prueba que obran en el sumario,
no se desprende que el taxi se encontrara con alguna falla mecánica que haya ocasionado el resultado ya
conocido, consecuentemente, en sana critica se aprecia
que el funcionamiento del vehículo y las condiciones de las vías de circulación eran buenos (dictamen de
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Tránsito Terrestre, fojas 44 a 49) circunstancias estas que ampliaban las posibilidades del inculpado de evitar
el resultado que ocasionó, pues le facilitaban la conducción del vehículo, siendo que contrario a ello y
haciendo caso omiso a las normas de vialidad y tránsito, conducía el vehículo sin la precaución y
cuidados necesarios y sin respetar los señalamientos de tránsito, lo que hizo que perdiera el control del taxi y se
impactara con la camioneta del ofendido a quien
además le ocasionó lesiones, por lo que el factor en comento es conducente para determinar la mayor
gravedad de la culpabilidad del inculpado.
Sobre este punto, este tribunal de alzada lo considera
infundado, por las siguientes consideraciones:
En primer lugar, es infundado el agravio expuesto por el
apelante cuando manifiesta que la juez no determinó el
grado de incidencia del factor en estudio en la gravedad de
la culpabilidad, pues en forma contaría a como lo aduce el
apelante, la juez del conocimiento para determinar la mayor
o menor gravedad de la culpabilidad, la cual fijó entre el
mínimo y medio en su punto equidistante, ponderó el
indicador legal en estudio de manera conjunta con otros
factores.
Es decir, la de primer grado si determinó la incidencia
del anterior indicador legal en la gravedad de la
culpabilidad, con base en la apreciación conjunta con otros
factores, como se puede observar del fallo que se revisa, sin
que esto implique una trasgresión a lo establecido en el
numeral 104 del Código Penal del Estado, pues el penúltimo
párrafo del numeral antes mencionado, faculta al juez a
realizar de manera individual o conjunta la valoración de los
diversos factores que sirven para graduar la mayor o menor
gravedad de la culpabilidad del agente.
Por tanto, al solo contar con los razonamientos
expuestos por la juez de la causa, para tener por acreditado
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este indicador legal, resulta infundado el agravio expuesto
por el órgano técnico cuando solicita una mayor gravedad
de la culpabilidad del agente, tomando en cuenta los
mismos razonamientos que tuvo por la juez del
conocimiento, ya que no resulta factible que las
circunstancias ponderadas por la juez de primera instancia
sean consideradas en forma distinta, al no existir motivo o
fundamento para sustituir la valoración efectuada por el
resolutor y aplicar en su lugar la requerida por el apelante.
Por consiguiente, se confirma el grado de culpabilidad
entre el mínimo y medio en su punto equidistante
Así, tomando en cuenta que los parámetros legales de
la sanción aplicable oscilan de tres días a dos años de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 435 en relación
con los artículos 40, 43 y 44 del ordenamientos sustantivo
de la materia, ha lugar a confirmar la pena de prisión
impuesta de 06 meses de prisión.
3).- Por otro lado, en cuanto a las reglas del concurso
ideal y al no haber motivo de inconformidad por parte del
apelante, se confirma la decisión de la juez de la causa, en
cuanto a las razones por las cuales no aplicó la regla de
concurso ideal previstas en el artículo 74 y 78 del Código
Penal vigente en el Estado.
Por consiguiente, se confirma de decisión de la juez de
la causa, en lo que toca a pena impuesta que fue 06 seis
meses y que corresponde al delito de daños culposos, pues
la de primera instancia consideró imponer esta sanción, todo
esto tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 71 del
Código Penal en el Estado abrogado, ya que consideró que
la sanción que corresponde al delito de daños culposos,
resultó ser más grave que la de lesiones Leves Culposas.
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4).- Finalmente, el Ministerio Público se inconforma
porque la juez omitió condenar a la suspensión de los
derechos políticos a **********, con lo cual –en concepto
del apelante– se vulnerarían los artículos 128 y 129 del
Código Penal, en relación con el 38-III-VI de la constitución
federal, 20-II de la constitución local y 198 y 199 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda
vez que en su consideración los preceptos constitucionales
en comento “no prevén requisito alguno, y por el sólo hecho
de estar sujeto a una pena de prisión deben suspenderse los
derechos políticos al imputado”.
Los agravios del Ministerio Público resultan
improcedentes en atención a los siguientes razonamientos:
Por otro lado, en la sentencia que nos ocupa se
concedió a**********, el beneficio de la condena
condicional en su modalidad de libertad vigilada, luego, del
contenido del artículo 129 del Código Penal, se desprende
que no cabe decretar la suspensión de los derechos políticos
en cualquier caso por ministerio de ley como afirma el
Ministerio Público, sino solo cuando el sentenciado deba
“extinguir” una pena de prisión, conforme a lo preceptuado
en la fracción III del artículo 38 de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, la fracción III del artículo 38 de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos instituye un
mandato directo, en el sentido de que los derechos y
prerrogativas del ciudadano se suspenden “durante la
extinción de una pena corporal”. Lo cual implica que si la
condena condicional es improcedente y deba privarse de la
libertad al sentenciado para que extinga la pena de prisión,
también deban suspendérsele sus derechos políticos por
imperativo constitucional, durante la extinción de la pena de
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prisión impuesta, con independencia de lo previsto en el
artículo 129 del código penal.
Más no sucede lo mismo cuando al sentenciado se le
aplique un sustitutivo penal mediante la concesión de la
condena condicional, porque en tal caso se le conmuta la
pena de prisión por un sustitutivo penal y lo que se
extinguirá será el sustitutivo (que no constituye pena
corporal) más no así la pena de prisión impuesta. Lo cual
apareja que en el caso referido el juzgador no podrá
suspender automáticamente los derechos políticos del
sentenciado, sino que para ello será preciso que se
satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 129 del
código penal.
Lo expuesto encuentra apoyo en la ejecutoria que
gobierna a la tesis de jurisprudencia P. /J. 86/2010, de
rubro “SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. CONTINÚA
SURTIENDO EFECTOS AUNQUE EL SENTENCIADO SE ACOJA
AL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA
EJECUCIÓN DE LA PENA”, pues a pesar de su rubro y
contenido, en la ejecutoria que gobierna a esa tesis, el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo (en lo
conducente):
“…la suspensión condicional de la pena no implica una modificación de la pena, sino una forma de
cumplimiento de la misma”. “De ahí que, si como ya se dijo, la suspensión de los derechos políticos es una
pena accesoria de la de prisión, debe entenderse que, aunque se conceda el beneficio de la suspensión
condicional de la pena, como la pena privativa de libertad no se modifica, deben permanecer suspendidos
los derechos políticos del sentenciado, hasta en tanto no se extinga aquélla, pues como señala la Constitución
es durante la extinción de la pena que debe permanecer vigente la sanción”. “Cuestión distinta
sucede cuando se concede el beneficio de la sustitución de la pena, pues al optarse por tal beneficio el
sentenciado ya no está condenado a cumplir con una
pena privativa de libertad, sino a cumplir con el sustitutivo (multa o trabajo en beneficio de la víctima o
en favor de la comunidad, tratamiento en libertad o
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semilibertad) por el que hubiere optado. Así, al ser la suspensión de derechos políticos una pena accesoria a
la de prisión, cuando ésta es sustituida, debe entenderse que lo es en su integridad, incluyendo la
suspensión de derechos políticos”. 1
Lo anterior también encuentra sustento en la tesis de
jurisprudencia 1a./J. 74/2006, de la Primera Sala, del rubro
y tenor siguiente:
“SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. AL SER UNA
SANCIÓN ACCESORIA DE LA PENA DE PRISIÓN CUANDO ÉSTA ES SUSTITUIDA INCLUYE TAMBIÉN A LA
PRIMERA. Conforme al artículo 38, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como al numeral 57, fracción I, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, la suspensión de
derechos políticos es una sanción que se produce como consecuencia necesaria de la pena de prisión, por lo
que su naturaleza es accesoria, pues deriva de la imposición de la pena corporal y su duración depende
de la que tenga ésta; de ahí que su aplicación no corresponda al juzgador, como sí sucede tratándose de
penas autónomas, las cuales son impuestas en uso de su arbitrio judicial y de conformidad con el tipo penal
respectivo. En esa virtud, cuando la pena de prisión es
sustituida, la suspensión de derechos políticos como pena accesoria de la primera, sigue la misma suerte
que aquélla, pues debe entenderse que se sustituye la pena en su integridad, incluyendo la suspensión de
derechos políticos que le es accesoria”.2
Asimismo, en el sentido apuntado se pronuncian las tesis I.2o.P.166 P, y XX.2o.56 P, cuyos rubros y fuentes
son los siguientes: “DERECHOS POLÍTICOS. SUSPENSIÓN DE LOS, EN TRATÁNDOSE DE PENA DE
SEMILIBERTAD”,3 y “SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. ES IMPROCEDENTE SI LA SANCIÓN NO
AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)”.4
1 Tesis de jurisprudencia P./J. 86/2010, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXII, septiembre de 2010, p.
23.
2 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 74/2006, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, t. XXIV, diciembre de 2006, p. 154.
3 Tesis I.2o.P.166 P, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, octubre de 2008, p. 2355.
4 Tesis XX.2o.56 P, Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIII, mayo de 2006, p. 1882.
- 19 -
Sin que sea ocioso señalar que el Código Penal de
Coahuila de Zaragoza regula la condena condicional de
manera diferente al Código Penal para el Distrito Federal,
pues en el primer código citado, es en virtud de la condena
condicional que se aplican los sustitutivos penales, tal como
lo establece el artículo 111 del Código Penal de Coahuila de
Zaragoza. Lo cual implica que la pena de prisión es
cambiada por un sustitutivo penal, y que mientras el
sentenciado cumpla con las condiciones del sustitutivo
penal, es el sustitutivo el que se estará extinguiendo, pero
no se estará cumpliendo la pena de prisión bajo una forma
distinta de su ejecución, tal como se estima en la tesis de
jurisprudencia inicialmente citada respecto al Código Penal
para el Distrito Federal.
En tal contexto, en el caso se condenó al sentenciado
por el delito de daños y lesiones leves por culpa,
concediéndosele la condena condicional y aplicándole por
ello el sustitutivo penal de libertad vigilada.
Ahora bien, del hecho delictuoso por el que se condenó
no se advierten circunstancias de las que se desprenda un
riesgo de lesionar un bien jurídico para el debido desarrollo
de elecciones libres y auténticas, cuya protección amerite
como medida idónea la suspensión de derechos políticos del
sentenciado, por lo que al no satisfacerse este primer
requisito previsto en la fracción I, en relación con el inciso
1) de la fracción II, del artículo 129 del código penal, la juez
en forma correcta no condenó a la suspensión de derechos
políticos y ordenó la restitución en el disfrute de los
derechos políticos del sentenciado y, por tanto, lo rehabilitó
en los mismos.
- 20 -
Por último, en cuanto a la condena al pago de la
reparación del daño, multa impuesta y la concesión de la
condena condicional, suspensión o inhabilitación para
conducir vehículos y obtener licencia de conductor, debemos
estar a lo expuesto por la resolutora en el noveno, décimo,
décimo primero y décimo segundo de los puntos
considerandos de su definitiva, ya que sobre los particulares
no se planteó inconformidad alguna.
Consecuentes con las consideraciones que anteceden,
se confirma la sentencia recurrida.
Por lo expuesto y además con fundamento en los
artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 140, 141 y 154 fracción II inciso 6 de la
Constitución Política del Estado; 4 fracción I y 23 fracción I
de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1, 2, 3, 7, 16, 18, 20,
25, 48, 49, 69, 70, 71, 72 fracción I inciso 4), 410 y 415
fracción II del Código Penal; 2, 3, 14 fracción IV, 15, 17, 19,
32, 169, 274, 487, 523, 570, 574, 572, 575 y 689 del
Código de Procedimientos Penales, se resuelve:
UNICO.- Por los motivos, razonamientos y
fundamentos expuestos en el cuerpo de este fallo, se
confirma la sentencia condenatoria pronunciada por la Jueza
Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Saltillo, con residencia en esta ciudad, de 06 de
octubre de 2015, dentro del proceso 170/2014, que por el
delito de LESIONES LEVES COMETIDOS EN FORMA
CULPOSA Y DAÑOS COMETIDOS EN FORMA CULPOSA,
se instruyó en contra de **********.
Notifíquese personalmente. Con testimonio de esta
sentencia, devuélvanse los autos originales al juzgado del
conocimiento a fin de notificar personalmente al sentenciado
- 21 -
y, en su oportunidad archívese el toca como asunto
concluido.
A S Í, por unanimidad de votos lo resolvieron los
integrantes de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, magistrados, OSCAR AARÓN
NÁJERA DAVIS, ARMÍN JOSÉ VALDÉS TORRES,
ANTONIO BERCHELMANN ARIZPE, JUAN ANTONIO
MARTÍNEZ GÓMEZ y ADRIÁN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,
cuya ponencia fue presentada por el último de los
mencionados.- Doy Fe.-
MAGISTRADO PRESIDENTE:
OSCAR AARÓN NÁJERA DAVIS
MAGISTRADO:
ARMIN JOSÉ VALDÉS TORRES
MAGISTRADO:
ANTONIO BERCHELMANN ARIZPE
MAGISTRADO:
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ
- 22 -
MAGISTRADO:
ADRIÁN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE ACUERDO Y TRÁMITE:
RUBÉN OBREGÓN CALVILLO
El licenciado JUAN JESÚS CALVILLO CORTEZ, Secretario de Estudio y
Cuenta de la Sala Colegiada Penal, hago constar y certifico que, en
términos de lo previsto en los artículos 27, fracción IX, 58, 68 y 75,
Fracción III, de la ley de Acceso a la información y protección de Datos
Personales del Estado de Coahuila de Zaragoza, en esta versión pública
se suprime la información considerada como reservada o confidencial que
encuadra en el ordenamiento mencionado y en las disposiciones
aplicables.
ATENTAMENTE
LICENCIADO JUAN JESÚS CALVILLO CORTEZ