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Los procesos electorales en el Perú:1978-1986.

Problemas y lecciones

Los procesos electorales en el Perú: 1978-1986. Problemas y lecciones. Lima: ONPE-CIE, 2005,100 p.Esta publicación comprende el análisis de los aspectos vinculados a los temas propiamentepolíticos y organizativos de los siguientes comicios: las elecciones para la Asamblea Constitu-yente de 1978, las elecciones generales de 1980, las elecciones municipales de 1980, las elec-ciones municipales de 1983, las elecciones generales de 1985 y las elecciones municipales de1986.

PERÚ –HISTORIA POLÍTICA DEL SIGLO XX / HISTORIA ELECTORAL / ORGANIZA-CIÓN DE ELECCIONES / GESTIÓN ELECTORAL / PROCESOS ELECTORALES / ELEC-CIONES GENERALES / ELECCIONES PARA ASAMBLEA CONSTITUYENTE / ELEC-CIONES MUNICIPALES

© Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPEJr. Nazca 598 – Lima 11, PerúCentral telefónica: (51-1) 315-8080Correo electrónico: [email protected]: <www.onpe.gob.pe>

Edición: Centro de Investigación ElectoralCorrección de estilo: Odín Del Pozo OmisteDiagramación: Jorge Kajatt MeraImpresión: Industria Gráfica CIMAGRAF S.R.L.ISBN de la serie: 9972-695-11-5ISBN de este número: 9972-695-30-1Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2005-3445

Serie: Documento de Trabajo Nº 11Primera ediciónLima, octubre de 2005

Esta investigación ha sido ejecutada en el marco del Plan Operativo 2004 del Centro de InvestigaciónElectoral y ha estado a cargo de un equipo interdisciplinario. Carlos Reyna Izaguirre dirigió y supervisóel proyecto. Roisida Aguilar Gil realizó la investigación y presentó los informes correspondientes a cadacapítulo. Carlota Casalino Sen asumió la coordinación de la investigación, participó en la redacción finaly en la edición. Rubén Durand revisó la versión final de este trabajo. Apoyaron en el acopio de informa-ción Norka Andía Romero, Yolanda Collatón Cantalicio y Yesenia del Pilar Lazo Mendívil.

Aunque la ONPE auspicia esta publicación, el contenido es de responsabilidad exclusiva del equipo que laprodujo.

Lista de siglas utilizadas 5

Introducción 7

Capítulo 1EL PROCESO ELECTORAL PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE 1978:INICIO DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 9

Introducción 91. Convocatoria a elecciones y contexto electoral 92. La reforma del sistema electoral 113. La ampliación del cuerpo electoral 134. Equidad electoral: acceso gratuito a publicidad de partidos

en medios de comunicación 145. La gestión electoral: mayores dificultades en la inscripción de los partidos

políticos y en la depuración de las listas de adherentes 166. Jornada y resultados electorales 21Conclusiones 24

Capítulo 2EL PROCESO DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 1980:COMPETENCIA PARTIDARIA 25

Introducción 251. Contexto electoral: prensa confiscada e inicio de la violencia

terrorista 252. El sistema electoral y el sufragio universal 283. ¿Gratuidad en el acceso a los medios de comunicación? 304. Gestión electoral: dificultades en la cédula de sufragio y en el voto

de los ciudadanos transeúntes 325. Jornada y resultados electorales 36Conclusiones 40

Capítulo 3EL PROCESO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1980:INICIO DE LA VIOLENCIA 41

Introducción 411. Contexto electoral y violencia terrorista 422. El sistema electoral 443. El acceso a espacios gratuitos para la propaganda electoral 45

Índice

4. Gestión electoral: cambios en las cédulas de sufragio, de símbolosa números 47

5. La campaña electoral en Lima 506. Jornada y resultados electorales 52Conclusiones 54

Capítulo 4EL PROCESO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1983:ENTRE LA DEMOCRACIA Y LA VIOLENCIA 55

Introducción 551. Contexto electoral: endureciendo la estrategia contra la subversión 552. Sistema electoral 573. Equidad electoral: ampliación del acceso gratuito a los partidos políticos

en los medios de comunicación social de propiedad del Estado 584. Gestión electoral: cédula de sufragio, de números a símbolos 605. La campaña electoral en elecciones municipales:

el caso de Lima Metropolitana 626. Jornada y resultados electorales: tensión entre la democracia y la violencia 65Conclusiones 68

Capítulo 5EL PROCESO DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 1985:LOS «VOTOS VÁLIDAMENTE EMITIDOS» 69

Introducción 691. Contexto electoral: movilización social y violencia terrorista 702. El sistema electoral: ¿cambiando las reglas de juego? 713. Igualdad electoral: buscando una efectiva equidad 744. Gestión electoral y la huelga de los trabajadores del JNE 745. Campaña electoral 796. Jornada y resultados electorales 80Conclusiones 85

Capítulo 6EL PROCESO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1986:COMPETENCIA PARTIDARIA 87

Introducción 871. Contexto electoral y violencia terrorista 872. Sistema electoral 883. Equidad electoral cuestionada por algunos grupos partidarios 894. Gestión electoral 905. La campaña electoral en Lima 926. Jornada y resultados electorales 94Conclusiones 97

Conclusiones generales 98

Bibliografía 100

AP Acción PopularAPRA Alianza Popular Revolucionaria AmericanaAPS Acción Política SocialistaARI Alianza Revolucionaria de IzquierdaARS Acción Revolucionaria SocialistaCEP Comisión Electoral ProvincialCorpac Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S. A.CGTP Central General de Trabajadores del PerúCITE Confederación Intersectorial de Trabajadores EstatalesCNA Confederación Nacional AgrariaCODE Coordinadora DemocráticaDircote Dirección contra el TerrorismoEnatru Empresa Nacional de Transporte UrbanoEnrad Empresa Nacional de Radiodifusión del PerúFDUN Frente Democrático de Unidad NacionalFNTC Frente Nacional de Trabajadores y CampesinosFOCEP Frente Obrero, Campesino y Estudiantil del PerúFrenatraca Frente Nacional de Trabajadores y CampesinosGCP Guardia Civil del PerúGRP Guardia Republicana del PerúIN Izquierda NacionalistaIPAE Instituto Peruano de Administración de EmpresasIU Izquierda UnidaJDE Jurado Departamental de EleccionesJEPL Jurado Electoral Departamental de LimaJNE Jurado Nacional de EleccionesMBH Movimiento de Bases HayistasM7J Movimiento Cívico Nacional 7 de JunioMAO Movimiento Agrícola ObreroMDP Movimiento Democrático PeruanoMRTA Movimiento Revolucionario Túpac AmaruOPRP Organización Política de la Revolución Peruana

Lista de siglas utilizadas

PADIN Partido de Integración NacionalPAIS Movimiento Popular de Acción e Integración SocialPAIT Programa de Apoyo al Ingreso TemporalPAN Partido de Avanzada NacionalPAP Partido Aprista PeruanoPCP Partido Comunista del PerúPCP-SL Partido Comunista del Perú Sendero LuminosoPDC Partido Demócrata CristianoPDR Partido Democrático ReformistaPIP Policía de Investigaciones del PerúPNR Partido Nacional RevolucionarioPOMR Partido Obrero Marxista RevolucionarioPPC Partido Popular CristianoPRT Partido Revolucionario de los TrabajadoresPSP Partido Socialista PeruanoPST Partido Socialista de los TrabajadoresRTP Empresa de Cine, Radio y Televisión PeruanaSinadi Sistema Nacional de InformaciónSUTEP Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del PerúTGC Tribunal de Garantías ConstitucionalesUDE Unidad de Desactivación de ExplosivosUDP Unión Democrática PopularUI Unidad de IzquierdaUN Unión NacionalUNIR Unión de Izquierda RevolucionariaVR Vanguardia Revolucionaria

El Centro de Investigación Electoral (CIE) desarrolló en el año 2004 un estudio sobre losprocesos electorales realizados en el Perú entre 1978 y 1995. Producto de ello, en di-ciembre de dicho año, se puso a disposición del público una parte de esta investigacióntitulada Los procesos electorales entre 1989-1995. Problemas y lecciones. En ese primertexto se analizaron los siguientes procesos electorales: elecciones municipales (1989,1993), elecciones generales (1990, 1995), elecciones al Congreso Constituyente Demo-crático (1992), y el referéndum constitucional de 1993.

Ahora presentamos el segundo producto de dicha investigación que lleva por títuloLos procesos electorales en el Perú: 1978-1986. Problemas y lecciones. Este volumen,por lo tanto, comprende el análisis de las elecciones para la Asamblea Constituyente de1978, las elecciones generales de 1980, los comicios municipales de 1980 y 1983, lasgenerales de 1985 y las municipales de 1986. Cada uno de estos procesos electorales esdesarrollado en un capítulo independiente.

El subtítulo de este documento de trabajo muestra claramente los objetivos que setuvieron en cuenta en el momento del desarrollo de esta investigación aplicada. Así, seidentificaron los problemas que afectaron la calidad de cada uno de los procesos electo-rales; por ello, se distinguieron los orígenes externos al órgano electoral encargado de laselecciones y los problemas derivados de la organización y gestión de la institución elec-toral responsable. Una vez analizado cada proceso electoral, señalamos las lecciones quenos dejan éstos para tomarlas en cuenta en futuros comicios.

En ese sentido, siguiendo las pautas propuestas por Guy S. Goodwin-Gill (1994),la presente investigación busca responder dos preguntas: ¿hasta qué punto las mencio-nadas elecciones fueron libres, justas y auténticas?, y ¿cómo el ente responsable de lasprácticas electorales las gestionó, organizó y ejecutó de acuerdo con las convencionesinternacionales vigentes, relativas a la libertad, justicia y autenticidad de los procesoselectorales?

Cada uno de los seis capítulos que contiene este documento de trabajo ha sidoanalizado sobre algunos referentes comunes, ello con el objetivo de que el lector encuen-tre la posibilidad de comparar cada proceso. Además, esta metodología destaca aquelloselementos regulares y los que son diferentes entre sí. De ahí que el primer punto de loscapítulos aborde el contexto histórico y político de cada proceso electoral. Luego sepresenta el sistema electoral y el marco legal vigente en cada ocasión. A continuación sedesarrolla el tema de equidad electoral, donde se pone énfasis en el acceso de los partidos

Introducción

LOS PROCESOS ELECTORALES EN EL PERÚ: 1978-1986. PROBLEMAS Y LECCIONES8

políticos a los medios de comunicación. Se examina seguidamente la gestión electoral,donde se explica la planificación, organización y ejecución de las elecciones, resaltandopuntos como la elaboración de los materiales electorales, el despliegue y el repliegue delos mismos, la capacitación, la instalación de locales de votación y de mesas electorales,la jornada electoral y sus resultados.

La característica que comparten los primeros tres procesos electorales —AsambleaConstituyente (1978), generales y municipales (1980)— es la de ubicarse dentro de latransición democrática. Los signos principales de ésta, según Rosario Espinal, son tres.El primero consiste en que los líderes autoritarios comienzan a modificar sus propiasreglas de juego; así, inician un proceso de apertura democrática. El segundo, denota quelas reglas de juego no están bien definidas, pues dependen de diversas variables y presio-nes sociales de distinto origen. El tercer signo consiste en que los actores políticos entranen lucha por definir reglas de juego que los beneficien en lo inmediato y en el futuro. Porotro lado, los tres últimos procesos electorales —municipales (1983 y 1986), generales(1985)— comparten las primeras evidencias de una mayor ingerencia del ejecutivo en elproceso electoral.

Finalmente queremos señalar que el desarrollo de esta investigación se sustenta enlas fuentes periodísticas, informes y documentos de primera mano, los que han sidocomplementados con fuentes secundarias. Sin embargo, al igual que en el caso anterior,este segundo volumen también presenta una visión panorámica y exploratoria, invitandoa realizar nuevos estudios que profundicen el tema, tan importante para la construccióndemocrática de nuestro país.

EL PROCESO ELECTORAL PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE 1978 9

Introducción

Esta sección analiza el proceso electoral para la Asamblea Constituyente en 1978. Éstefue convocado con el objetivo de redactar una nueva Constitución Política como pasoprevio e indispensable para la transferencia del poder militar a la civilidad. Las eleccionesa la Asamblea Constituyente se desarrollaron con una prensa confiscada por el gobiernomilitar del general E. P. Francisco Morales Bermúdez y en un ambiente limitado de parti-cipación política.

Las elecciones a la Asamblea Constituyente fueron percibidas por la población y porlos partidos políticos como carentes de libertad, justicia y autenticidad. Ello básicamente sedebió a la influencia de dos factores. El primero de éstos fue el límite que el gobierno delgeneral E. P. Francisco Morales Bermúdez puso a la libertad de prensa y a la libertad deexpresión de los partidos políticos durante la campaña electoral. El segundo factor lo cons-tituyó la deficiente administración del proceso electoral por parte de la institución encarga-da de la organización de las elecciones: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

1. Convocatoria a elecciones y contexto electoral

1.1. El inicio de la transferencia del poder

En el Perú, luego de diez años de gobierno militar, se convocó a la población para elegiruna Asamblea Constituyente que daría una nueva Carta Magna. El anuncio de la convo-catoria a elecciones por el Presidente, general E. P. Francisco Morales Bermúdez Cerrutti,fue hecho a fines de julio de 1977 y el decreto de la convocatoria se promulgó el 4 deoctubre del mismo año. El ejecutivo informó que se había convocado a dicho procesoelectoral al considerarse que era necesario «institucionalizar las transformaciones estruc-turales» que se venían llevando a cabo desde el 3 de octubre de 1968, así como para«definir la estructura del Estado, el ejercicio del pluralismo político y económico y losmecanismos de participación de la población y asegurar la plena vigencia de los Dere-chos Humanos, a través de una nueva Constitución Política, como paso previo e indis-pensable a la transferencia del Poder» (decreto ley 21949). Sin embargo, para muchosanalistas políticos, dicha convocatoria a elecciones fue una salida del gobierno militar auna situación insostenible (PEASE 1988: 20-4).

Capítulo 1El proceso electoral para la

Asamblea Constituyente de 1978:inicio de la transición democrática


1.2. Contexto electoral

El contexto electoral del año 1978 estuvo marcado por una profunda crisis económica, socialy política. Entre algunos aspectos de esta crisis podemos señalar los siguientes: devaluaciónmonetaria, quiebre de las empresas, aumento de la desocupación, desconfianza del sectorprivado para invertir en el país y constante alza del costo de vida. Todos estos factoresalentaron el incremento de las protestas populares.

En lo social, la población organizada en sindicatos de obreros y empleados, organi-zaciones campesinas y de barrio, en frentes de defensa regionales y locales, en sectoresmedios como maestros y empleados públicos, manifestaba su descontento con el régi-men económico y la persecución política implementados por el gobierno militar. Ello através de huelgas y paros nacionales, movilizaciones que fueron encabezadas en su ma-yoría por líderes izquierdistas (PEASE 1988: 22).

Cronología de las movilizaciones

Fecha Tipo de movilización Motivo y participantes

19 de julio de 1977 Paro nacional. Por incremento de aproximadamente un 45% en elprecio de los alimentos básicos y contra las tácticasrepresivas del gobierno. Según el Centro de Estudiosy Publicaciones, al menos 16 personas fallecieron,unas veinte quedaron heridas y aproximadamenteunas 1.500 fueron detenidas.

6 de diciembre de 1977 Huelga de trabajadoresde Sider Perú.

Enero de 1978 La CGTP suspende un paronacional programado.

28 de enero de 1978 Inicio de huelga 60 trabajadores en representación de losde hambre. despedidos por el paro de julio de 1977.

27 y 28 de febrero 1978 Paro nacional de 48 horas. Convocado por la CGTP.

Mayo El SUTEP inicia una Convocado por la CGTP, CNA y por casi todashuelga nacional las demás organizaciones sindicales y laborales.indefinida que durará Contra las nuevas medidas económicas quehasta julio. incrementaron el costo de vida en casi 50%.

23 y 24 de mayo de 1978 Paro nacional.

En el aspecto político, el concurso de los partidos en las elecciones fue restringidomediante la limitación de la libertad de participación política y de la libertad de expresiónde los medios de comunicación. Ello se produjo de la siguiente manera:

a. Persecución a los líderes de los partidos políticos y de los sindicatos de tendenciaizquierdista. El gobierno militar del general E. P. Francisco Morales Bermúdez exilió


a varios líderes políticos. Entre ellos a Hugo Blanco, Víctor Cuadros, Ricardo DíazChávez, José Oña Meoña y Demetrio Valqui, así como a Leonidas Rodríguez, ArturoValdez, Jorge Dellepiani y Rafael Roncagliolo.Como era de esperar, estos hechos provocaron la protesta de los dirigentes del sectorde la izquierda. Por ejemplo, la Unión Democrática Popular (UDP) presentó un recur-so al JNE —firmado por su entonces presidente, Alfonso Barrantes Lingán— «paraque demande del gobierno militar el restablecimiento de las libertades democráticas».Denunciaron que se les pretendía marginar del proceso electoral, pues se habían clau-surado todos sus locales, se perseguía a los miembros del comité ejecutivo y variosdirigentes estaban detenidos o deportados. Asimismo, manifestaban que todo estabadirigido únicamente contra el Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular (FOCEP),el Partido Comunista Peruano-mayoría, el Partido Socialista Revolucionario (PSR) yla UDP (LA PRENSA 7.6.78). Al respecto, el Jurado Nacional de Elecciones se limitósólo a trasladar tales reclamos al Ministerio del Interior (LA PRENSA 30.5.78).Frente a la falta de garantías de limpieza en el proceso electoral y creyendo que laAsamblea Constituyente sería una «farsa», con una prensa manipulada y controla-da, el partido Acción Popular (AP) se retiró de la contienda. Su líder, FernandoBelaunde Terry, sustentaba el retiro de su partido señalando lo siguiente: «El objetivode nuestra actitud es hacer ver que es necesario un gobierno definitivo. La Constitu-yente es la que debe fijar fecha para el nuevo gobierno y no el actual gobierno»(OIGA 21-28.3.78). Esta declaración del dirigente acciopopulista respondía alcronograma planteado por el general E. P. Francisco Morales Bermúdez para latransición democrática del gobierno militar a un gobierno civil.

b. La falta de libertad de expresión en la prensa se dejaba ver en la mayoría de losmedios de comunicación: diarios, televisoras y radios de mayor difusión. Éstosfueron confiscados por el general E. P. Juan Velasco Alvarado en 1974 y continua-ron controlados por el gobierno de Morales Bermúdez. Los pocos órganos indepen-dientes que existían eran continuamente suspendidos, como ocurrió con la interrup-ción de semanarios y otros órganos independientes de publicación no-diaria y even-tuales que fueron cerrados por contribuir, según opinión del gobierno de facto, aalterar el orden. La respuesta a este exceso fue la denuncia realizada por la prensaante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, apoyada por perso-nalidades públicas como José Luis Bustamante y Rivero, Jorge Basadre, Mario VargasLlosa, Fernando de Szyszlo, entre otros (OIGA 20-26.6.78).

2. La reforma del sistema electoral

El sistema electoral, en sentido restringido, según Dieter Nohlen, «se refiere al principiode representación que subyace al procedimiento técnico de la elección, y al procedimien-to mismo, por medio del cual los electores expresan su voluntad política en votos que asu vez se convierten en escaños o poder público» (2000a: 1158).

Establecido este concepto, a continuación vamos a explicar cuál fue el sistema electo-ral a partir del cual se organizaron las elecciones a la Asamblea Constituyente de 1978.


2.1. Circunscripción electoral o distrito electoral1

Para la elección de los asambleístas, el territorio peruano se consideró como un distritoelectoral único; es decir, como una sola circunscripción electoral. Eran cien los repre-sentantes que debían elegirse para la Asamblea Constituyente por medio del voto igual,directo, secreto y obligatorio. Esta última condición se exceptuó para los mayores de 60años, el voto de ellos fue facultativo.

2.2. El voto preferencial2

Por primera vez en el Perú se estableció el voto preferencial en las elecciones para laAsamblea Constituyente de 1978. El elector podía votar por una lista partidaria y elegir aun candidato de su preferencia que estuviera ubicado en cualquier lugar de la lista; enotras palabras, el voto fue por lista cerrada y no bloqueada.3

Al respecto, el Partido Aprista Peruano (PAP) se mostró en contra de esta mecánica,argumentando que la dictadura militar quería dividir el voto de dicha agrupación partida-ria y con ello evitar que su líder Víctor Raúl Haya de la Torre obtuviera la mayor vota-ción. Sin embargo, el resultado de las elecciones demostró lo contrario porque su princi-pal líder logró la mayor votación preferencial.

Por otra parte, el presidente del JNE, Ulises Montoya Manfredi, recomendó algobierno dejar en suspenso el sistema del voto preferencial y aplicar sólo la cifrarepartidora para el proceso electoral de 1978; de esa forma se evitaría la excesivadispersión de los votos debido al elevado número de entidades políticas participantes(EL PERUANO 11.2.78) en el momento de su pedido, trece agrupaciones políticashabían solicitado su inscripción para participar en las elecciones. Sin embargo, comose ha demostrado en la práctica, el voto preferencial no induce a la dispersión de ésteni perjudica a los partidos políticos porque el voto está condicionado a la lista parti-daria de preferencia. Asimismo, fomenta la competencia de los candidatos al interiorde la lista.

1 Es el «conjunto de electores que conforma la base para que sus votos se repartan entre un númerodeterminado de escaños» (TUESTA 2002: 7). Actualmente en el Perú la circunscripción electoral estárelacionada con la base territorial: los electores de todo el territorio nacional eligen al Presidente de laRepública y los electores de cada departamento eligen a sus representantes ante el Congreso.

2 El voto preferencial fue una reforma del gobierno militar. Según Fernando Tuesta, con la introducción delvoto preferencial en el Perú ocurrió: 1. Movilidad de puestos entre los candidatos que salieron elegidos,notándose más en los frentes que en los partidos. 2. Una gran cantidad de candidatos ubicados en puestosrezagados logran conquistar un escaño. 3. Descubrir que el último de la lista es tan beneficiado como elprimero. 4. El voto preferencial puede dejar de lado a algunas figuras que, a pesar de su participacióndestacada en ámbitos localizados de la vida nacional, no lo son para recibir el apoyo del voto preferencial(TUESTA 1994: 28).

3 Son listas cerradas porque el elector escoge de una relación de candidatos proporcionada por el partido yno es bloqueada porque el votante opta por los candidatos de su preferencia sin respetar el ordenpropuesto por la organización política.


2.3. La representación proporcional con cifra repartidora4

La conversión de votos en escaños para la Asamblea Constituyente fue producto delsistema electoral de representación proporcional con «cifra repartidora». En el Perú, estesistema fue implementado por primera vez en 1962, por decreto ley 14250. Ésta fue unareforma importante en el sistema electoral peruano, pues si bien ya existía una represen-tación de minoría en el Parlamento desde 1930, la representación política seguía care-ciendo de mayor proporción.

3. La ampliación del cuerpo electoral

3.1. El voto de ciudadanos mayores de 18 años

Por primera vez, de conformidad con las leyes 21994 y 21995, votaron los peruanosmayores de 18 años, previa inscripción en el Registro Electoral del Perú —anteriormentela mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años. En el Perú, para fines de la década del 70,seguir considerando los 21 años como edad adulta no tenía mayor sustento, porque en lapráctica los peruanos de 18 años habían logrado mayores responsabilidades en la socie-dad, determinadas, incluso, por el mismo Estado.

4 La cifra repartidora es un tipo de cociente electoral que se aplica en el procedimiento de cálculo para convertir votosen escaños. En América Latina se conoce como el método D’Hondt (NOHLEN 2000b: 164-5; 2000c: 315-7).

Legislación previa a las leyes 21994 y 21995, las mismas que dieronmayor participación a peruanos mayores de 18 años

1. La Ley de Reforma Agraria N.° 17716, en el inc. b) del artículo 84, admitía comoadjudicatarios de unidades agrícolas familiares a peruanos mayores de 18 años de edad.

2. La Ley N.° 11377, Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, reconocía en su inc. b) delartículo 22°, que los que tenían más de 18 años podían ingresar como empleados perma-nentes a las dependencias estatales.

3. El D. L. N.° 20788 determinaba la obligatoriedad para prestar servicio militar a los varo-nes mayores de 19 años, pero debían inscribirse a los 18, extendiéndose dicha disposicióna las mujeres.

4. Finalmente, el Código de Procedimientos Penales en su artículo 18° consideraba imputa-bles a quienes habían alcanzado los 18 años de edad.

3.2. Ciudadanos residentes en el extranjero

Si bien se amplió el cuerpo electoral con la inclusión de los peruanos mayores de 18 años,éste continuó restringido para los residentes en el extranjero. Al respecto hubo una peti-ción del PAP para que ellos pudieran votar en las elecciones. Sin embargo, este pedido


5 En el artículo 207° de dicha ley, se dispuso que las «estaciones de radiodifusión de propiedad del Estado[pondrían] a disposición de los partidos inscritos o de las alianzas de partidos o de las listas presidencialesindependientes, sin costo alguno, un espacio diario de 30 minutos en sus programas, desde un mes antes»de las elecciones hasta las 24 horas previas. Los espacios para la difusión fueron comprendidos entre las19 y 21 horas. La designación del día y de la hora para la propaganda de las agrupaciones políticas debíaestablecerse por sorteo en la dirección general de Radio Nacional del Perú en presencia de los personerosde las agrupaciones políticas.

fue rechazado por el JNE señalando que sería dificultoso y que en la práctica resultaríaimposible ejecutarlo. Entre otros argumentos indicaron los siguientes:

– Remitir a tiempo todo el material necesario, incluso las publicaciones previas quehabría que hacer en el exterior.

– La organización de un sistema especial de recepción de votos, escrutinio y cóm-puto de los mismos.

– La preparación de padrones especiales en los que conste la emisión del voto.

Según Ulises Montoya Manfredi, presidente del JNE de esa época: «Todo esto sig-nifica que el sistema resultaría no sólo muy caro, sino que se requeriría de un tiempomayor del que se dispone para su implementación» (EL PERUANO 11.2.78).

Asimismo, continuó la restricción del voto a los peruanos no-letrados, a pesar de seruna demanda planteada desde 1930.

4. Equidad electoral: acceso gratuito a publicidad de partidos en mediosde comunicación

En el Perú, la propaganda electoral gratuita fue aplicada por primera vez en las eleccionesmunicipales de 1966 pero estuvo restringida a las radiodifusoras, de conformidad con laley 16152.5 Recién con la elección para la Asamblea Constituyente de 1978 se incluyó ala televisión en la concesión de espacios gratuitos para la propaganda electoral. También,por primera vez se implementó, en todo el ámbito nacional, la propaganda electoral sincosto —por ser elecciones de distrito electoral único. Además, se llegó a otorgar unsistema adicional de tarifas con descuentos del 20% en diarios no-estatales y de 50% enradio y televisión del Estado o en medios asociados a este sector.

La regulación de la propaganda electoral gratuita concedida por el Estado se dio pordecreto supremo 003-77-OCI/OAJ. Una comisión especial fue la encargada de coordinarcon los responsables de los medios de comunicación y con los representantes de lasentidades políticas los aspectos operativos de la propaganda electoral gratuita. La comi-sión estuvo integrada por dos delegados del JNE, uno de ellos la presidía, dos represen-tantes del Ministerio del Interior y dos de la Oficina Central de Información (OCI). Susresoluciones podían ser apeladas ante el JNE, quien debía resolver en última instancia.


La disposición de los espacios gratuitos en los medios de comunicación

1. Los periódicos no-estatales de distribución nacional debían ceder, sin costo alguno, un es-pacio diario de 32 centímetros por dos columnas para que las agrupaciones políticas inscri-tas expongan sus opiniones y planteamientos sobre el proceso electoral y la formulación dela nueva Constitución. Este espacio debía tener un título permanente y una ubicación fija.Cada entidad política podía hacer uso de este espacio, en cada diario, un día a la semana,desde el momento de su inscripción definitiva para participar en las elecciones. El otorga-miento de estos espacios debía ser según orden de recepción del material a publicar.

2. Los diarios de propiedad del Estado estaban exceptuados de la obligación anterior y decelebrar contratos de propaganda electoral, pero sí debían publicar en su integridad las reso-luciones y acuerdos del JNE.

3. Cada radio estatal o estatal-asociada (excepto Radio Nacional del Perú), durante los 60 díascalendario de la propaganda electoral, debía poner a disposición de las listas inscritas, sincosto alguno, un espacio global semanal de tres horas, distribuido en espacios de 20 minu-tos, en horario preferencial. Cada lista no podía hacer uso de más de 20 espacios gratuitos.

4. Asimismo, durante los 60 días calendario de la propaganda electoral, cada televisora estataly estatal-asociada debía poner a disposición de las listas participantes en el proceso electo-ral, sin costo alguno, una hora diaria de televisión, distribuida en tres espacios de 20 minu-tos en cada canal de la capital de la República, entre las 19:00 y 22:00 horas. Sin embargo,de común acuerdo, las agrupaciones políticas podían canjear estos espacios con otros simi-lares en las filiales que cada canal tenía en el interior del país. Cada lista no podía hacer usode más de un espacio por día ni de más de 18 espacios gratuitos en todo el medio televisivo.

5. Los espacios pagados en radios y televisión estatales y estatales-asociadas no podían exce-der en duración total a los espacios globales otorgados gratuitamente. En televisión no po-dían contratar espacios pagados en horas dedicadas a la propaganda gratuita (19:00-22:00horas) (D. S. N.° 003-77-OCI/OAJ).

Las organizaciones políticas, al hacer uso de los espacios gratuitos, no debían incurrir enfaltas de respeto a personas e instituciones. Las entidades participantes que se considera-sen agredidas podían quejarse ante la comisión encargada de la propaganda electoralgratuita. De encontrarse culpabilidad, los agresores podían recibir sanción con multa de10 mil soles y hasta con la pérdida del derecho a la gratuidad o a los descuentos en lastarifas establecidas en los distintos medios de comunicación.

Según la norma, la propaganda electoral, en los distintos medios de comunicación,debía desarrollarse con equidad para todas las agrupaciones políticas en contienda; sinembargo, ello no se cumplió. La denuncia sobre el mal uso de los espacios para propa-ganda electoral gratuita en la prensa escrita la hizo la revista Marka. Marka expuso queen el mes de febrero los diarios La Prensa y El Comercio habían cedido espacios a algu-nas entidades políticas durante 27 días (PAP) mientras que a otras sólo se les concedió 4días (UDP, FOCEP, etc.). Asimismo, en los espacios cedidos hubo muchas irregularida-des; según la misma revista, los diarios de Lima en el mes de abril llegaron a ceder hasta27.052 cm2 para unos partidos (PAP), mientras que a otros concedieron sólo 212 cm2 —Movimiento Democrático Peruano, MDP (REVISTA MARKA 20-27.4.78).


Sin embargo, las sanciones no estuvieron ausentes. Al parecer en una exageradaactitud, la OCI suspendió los derechos de propaganda electoral gratuita de radio y televi-sión del FOCEP y de la UDP por cometer excesos. Desde el Ministerio del Interior, elgeneral Luis Cisneros Vizquerra sostuvo que se estaban usando las tribunas concedidaspor el gobierno para atacar al gobierno (EL PERUANO 28.4.78). Asimismo, se advirtió alas demás agrupaciones políticas que de incurrir en los mismos actos se harían acreedo-ras a igual sanción; entonces los partidos políticos, como era de esperar, se pronunciaronen contra de dicha medida (DESCO RESUMEN SEMANAL 23-30.4.78).

5. La gestión electoral:6 Mayores dificultades en la inscripción de los partidospolíticos y en la depuración de las listas de adherentes

5.1. El Jurado Nacional de Elecciones y las Comisiones Electorales Provinciales

El Jurado Nacional de Elecciones fue el ente responsable del proceso electoral para elegirlos miembros de la Asamblea Constituyente de 1978. El JNE tuvo en cada capital deprovincia una Comisión Electoral Provincial (CEP) como órgano de apoyo. La CEP estu-vo presidida por el agente fiscal más antiguo de las provincias e integrada por un registra-dor electoral provincial y un ciudadano con derecho a sufragio, residente en la capital dela provincia, quien sería designado por sorteo entre una terna simple propuesta por elconcejo municipal provincial.

Las CEP debían realizar el sorteo para elegir al personal que estaría a cargo de lasmesas de sufragio, de la recepción y distribución del material electoral, de resolver ta-chas contra los miembros de la mesa de sufragio, señalar los locales donde éstas debíanfuncionar y controlar su funcionamiento, informar al Jurado Nacional de Eleccionessobre las irregularidades y, finalmente, realizar el cómputo provincial y remitir el actacorrespondiente al JNE.

5.2. Inscripción de las agrupaciones políticas para participar en las elecciones

Podían intervenir en las elecciones a la Asamblea Constituyente: «Los Partidos Políticos,las organizaciones de profesionales y de trabajadores con participación en las diferentesactividades del país y las Agrupaciones Independientes» (art. 25° de la ley 21995). Ade-más, estaba permitido que formen alianzas entre ellos.

Después de un largo período de gobierno militar (1968-1978) se inscribieron treceagrupaciones políticas para participar en el mencionado proceso electoral. Sin embargo,el partido Acción Popular, como lo señalamos líneas arriba, se retiró de la contienda apesar de tener inscrita su lista. Las agrupaciones políticas, para participar, debieron pre-viamente cumplir con los siguientes requisitos:

6 La gestión electoral consiste en planear, organizar y ejecutar los distintos procesos; está a cargo de un órganoelectoral competente que debe garantizar la voluntad de los ciudadanos de manera limpia y transparente.


1. Presentar solicitud indicando: el nombre de la entidad, su domicilio, la nómina delpersonal que constituye su órgano representativo nacional y el nombre del res-pectivo personero ante el JNE.

2. Acompañar una relación no menor de 40 mil adherentes con su respectiva firmay el número de documento de identidad. Tanto la autenticidad de las firmas comoel número de la entonces libreta electoral debían ser verificados por el RegistroElectoral del Perú.

3. Acreditar la instalación y el funcionamiento de comités por lo menos en 12 de-partamentos de la República.

La exigencia para participar en las elecciones era alta. Los 40 mil adherentes y lanecesidad de tener 12 comités políticos abiertos en todo el país fueron requisitos difícilesde cumplir. Sobre todo teniendo en cuenta que durante la dictadura militar la represiónpolítica dificultó la inscripción y la participación activa de la población al interior de lospartidos políticos. Por ello, la mayoría de las agrupaciones tuvieron problemas para ins-cribirse y cumplir con los plazos previstos por la ley.

Una vez salvado el problema de la inscripción, los partidos políticos debían presen-tar e inscribir una lista de cien candidatos, el mismo número de representantes con el cualestaría conformada la Asamblea Constituyente. Los desterrados por la dictadura tambiénpodían participar como candidatos en esas elecciones.

Agrupaciones políticas que participaron

Agrupación política Siglas

Acción Revolucionaria Socialista ARSAlianza Popular Revolucionaria Americana PAPPartido Democrático Reformista PDRFrente Nacional de Trabajadores y Campesinos FNTCFrente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular FOCEPMovimiento Democrático Peruano MDPPartido Comunista Peruano PCPPartido Demócrata Cristiano PDCPartido Popular Cristiano PPCPartido Socialista Revolucionario PSRUnidad Democrático Popular UDPUnión Nacional UN

Fuente: BERNALES 1980: 35 y TUESTA 2001: 673-82.

Como se puede observar en el cuadro anterior, la mayoría de las agrupaciones políticasque participaron en las elecciones fueron de tendencia izquierdista; de un total de doce —recordemos que AP se retiró—, siete fueron de ese sector: PCP, UDP, PSR, FOCEP,FNTC, ARS y PDC (BERNALES 1980: 35).


a. El frustrado deseo de inscripción de la Confederación Nacional Agraria

A pesar de la buena intención de la ley de elecciones 21995, que facilitaba la mayor partici-pación ciudadana y la competencia política, no todas las organizaciones de profesionales yde trabajadores con participación en las diferentes actividades del país pudieron inscribirse.Por ejemplo, la Confederación Nacional Agraria (CNA) vio frustrado su deseo de competiren las elecciones a la Asamblea Constituyente, a pesar de que el artículo 25° de la mencio-nada ley convocaba a la mayor participación no sólo de los partidos políticos sino tambiéna organizaciones de profesionales y de trabajadores. La norma señalaba: «Los partidospolíticos, las organizaciones de profesionales y de trabajadores con participación en lasdiferentes actividades del país y las Agrupaciones Independientes, para intervenir en laselecciones, deberán solicitar su inscripción al Jurado Nacional de Elecciones».

Esta convocatoria aparentemente amplia a las «organizaciones profesionales y de tra-bajadores con participación en las diferentes actividades del país» se cerraba con la dispo-sición del artículo 27° de la misma ley electoral. Allí se decía que dichas organizaciones nopodían participar adoptando «el nombre que corresponde a una persona natural o jurídica».

Así, cuando la Confederación Nacional Agraria hizo la consulta respectiva para ins-cribirse, el JNE dictaminó que la CNA fue creada con fines «estrictamente gremiales» yal ser «persona jurídica» no podía inscribirse con esa razón social. El que no quedaraclara la forma de participación de las organizaciones de profesionales y de trabajadores,como era de esperar, causó malestar en un sector de la población y provocó la protestade diversas agrupaciones políticas.

b. «¿Fraude o viveza criolla?»

El desarrollo del proceso electoral fue cuestionado por falta de claridad en la etapa deinscripción de las agrupaciones políticas, señalándose que había «fraude electoral o vive-za criolla» (OIGA 6-13.3.78). Una denuncia hecha por el secretario general del partidoAcción Popular, Javier Alva Orlandini, manifestó que el JNE había aceptado solicitudesde inscripción a muchos partidos (grupos políticos cobijados bajo el manto de la primerafase del gobierno militar) cuyas listas de adherentes fueron elaboradas en 1974 en lasdependencias públicas, las cuales habían sido recogidas bajo el pretexto de un «Movi-miento de la Revolución Peruana» con la orden proveniente de palacio (OIGA 6-13.3.78).

Por este hecho, Alva Orlandini y otros dirigentes se hicieron presentes en el JuradoNacional de Elecciones para exigir que los dejaran mirar los planillones de los partidos noinscritos o con inscripción provisional, pedido que fue denegado por el JNE. Esta actitudcoadyuvó a poner en duda la limpieza del procedimiento de inscripción de los partidospolíticos.

c. «Depuración de planillones»

La depuración de las listas de adherentes por el JNE generó desconfianza en los partidospolíticos y en la prensa porque el órgano electoral no accedió al pedido de éstos paraexaminar las firmas y observar el método empleado en la verificación de los planillones(OIGA 13-20.2.78).


Un sector de la prensa sostenía que era imposible depurar los planillones en quincedías, como pretendía hacerlo el presidente del JNE, Ulises Montoya Manfredi. Más aúnsi se consideraba que existían, como nunca antes, trece agrupaciones políticas que pos-tulaban con una lista de 40 mil firmas de adherentes cada una;7 ello totalizaba, comomínimo, 520 mil firmas para su verificación y porque el JNE sólo contaba con 30 máqui-nas perforadoras de tarjetas, 4 computadoras y 200 empleados, entre secretarias y técni-cos, que laboraban en turnos de 7 horas (OIGA 13-20.2.78).

Luego de los resultados de la depuración de planillones, los partidos políticos pre-sentaron su disconformidad con la validación de las firmas de sus listas. Por ejemplo, elFOCEP no estuvo de acuerdo con que el JNE validara sólo 20 mil firmas de las 47 mil quehabía presentado (DESCO. RESUMEN SEMANAL 21-28.2.78).

d. Tachas a la inscripción de las agrupaciones políticas

En el proceso electoral de 1978, la primera tacha8 que se presentó fue contra la inscrip-ción del Partido Comunista Peruano. Ésta fue interpuesta por el teniente coronel (r)Hipólito Ferreccio Cuffini, quien le negaba existencia legal por ser un partido político de«organización internacional» (EL COMERCIO 3.3.78). Ferreccio acompañó como pruebainstrumental el artículo 53° de la Constitución del Estado de 1933. Efectivamente, dichoartículo promulgado por el gobierno de José Luis Sánchez Cerro señalaba que: «El Esta-do no reconoce la existencia legal de los partidos políticos de organización internacional.Los que pertenecen a ellos no pueden desempeñar ninguna función pública». Por lotanto, dicho artículo negaba la actividad tanto del PCP como del PAP, partidos que secrearon en 1928 y 1930 respectivamente. Luego de transcurridos cincuenta años, el PCPaún no se libraba de toda persecución.

Finalmente, la tacha al PCP fue declarada improcedente por el JNE. Éste consideró—entre otros argumentos— que la legislación peruana, mediante resolución legislativa13282 dada en 1959, incorpora la Declaración Universal de los Derechos Humanos,documento que determina la igualdad de todos los hombres ante la ley y su derecho sindistinción. Otro argumento de peso fue que, tratándose de elecciones para una AsambleaConstituyente, encargada de aprobar una nueva Carta Constitucional del Estado, debíanparticipar en ella los representantes de todas las ideologías políticas (EL PERUANO 10.3.78).

Otra agrupación que tuvo que pasar por la valla de las tachas fue el Frente Obrero,Campesino, Estudiantil y Popular (FOCEP). El recurso fue interpuesto por el Frente

7 En las elecciones generales de 1962 participaron ocho agrupaciones políticas con un respaldo de 20 miladherentes cada una. En las elecciones de 1963 intervinieron cuatro organizaciones políticas con elmismo número de respaldo de firmas.

8 El proceso de tacha tenía los siguientes pasos: primero, el ciudadano que presentaba la tacha debíaacompañar una prueba instrumental, con un comprobante de abono de 10 mil soles en el Banco de laNación a la orden del JNE; si el recurso se encontraba fundado, esta suma era devuelta al ciudadano. Ensegundo lugar, una vez presentada la tacha, el JNE convocaba al autor de la misma y al representante dela agrupación política cuestionada para que en sesión pública pudieran, cada uno, sustentar sus fundamen-tos en 30 minutos; en caso necesario las intervenciones podían extenderse 10 minutos. Finalmente, elJNE emitía su fallo al respecto.


Nacional de Trabajadores y Campesinos (Frenatraca) «por confusión de los términosFrente y Campesinos» (EL PERUANO 23.3.78).

5.3. Lista de candidatos

Cada lista de candidatos debía ser identificada con una letra asignada por sorteo en sesiónpública. El procedimiento del sorteo era el siguiente:

1. Utilizando dos ánforas, en una se ponían las cédulas con la denominación decada lista inscrita y, en la otra, se colocaba la misma cantidad de cédulas quellevaban una letra del alfabeto, empezando por la «A».

2. El sorteo se iniciaba extrayendo una cédula del ánfora que contenía las denomi-naciones de las listas y, seguidamente, se sacaba de la otra ánfora una cédula queseñalaba una letra del alfabeto; esta letra era la que identificaba a la lista de candi-datos que se había extraído de la primera ánfora y era la que debía escribirse a lahora de votar por dicha agrupación política.

Los candidatos de las listas también debían estar identificados por un número —parafacilitar el voto preferencial— pero su designación quedaba al criterio de las agrupacionespolíticas. Por lo general, los líderes de éstas se ubicaron en los primeros lugares.

5.4. Padrón electoral

Con la ampliación del derecho de sufragio a partir de los 18 años de edad, junto alcrecimiento natural de la de la población, el registro electoral se incrementó en un pocomás del doble de electores con respecto al que se utilizó para las elecciones municipalesde 1966. De 2.316.188 pasó a 4.978.831 electores hábiles para votar en 1978. Por ello,el JNE tuvo problemas en la confección del padrón electoral, y ese fue uno de los argu-mentos para pedir al gobierno la postergación de las elecciones, de lo que trataremos másadelante (EL PERUANO 19.3.78).

Asimismo, la falta de una renovación total del registro de electores, a pesar de losesfuerzos en la depuración del padrón electoral, hizo que en las elecciones de 1978muchos fallecidos aparecieran en los planillones; inclusive salieron sorteados como miem-bros de mesa. Obviamente, ello causó problemas en la instalación de las mesas de vota-ción el día de los comicios.

Además, se incurrió en errores a la hora de difundirse el resultado del sorteo paraelegir miembros de mesa, lo que llevó a rectificar la publicación donde aparecían los núme-ros de los documentos de identidad. Igualmente, hubo correcciones en el número y ubica-ción de las mesas de sufragio, aparte de los agregados producto de las omisiones tanto demesas de sufragio, como de libretas electorales y miembros de mesa (EL PERUANO 2.6.78).

5.5. Postergación de las elecciones

Según ley 21995, la elección para la Asamblea Constituyente debía realizarse el 4 de juniode 1978. Sin embargo, por decreto ley 22191, dado por el gobierno a pedido del JNE, laselecciones se realizaron el 18 de junio. El JNE, mediante oficio N.° 060-78-PJNE de 18


de mayo, pidió una prórroga de catorce días adicionales para cumplir con la organizacióndel proceso electoral dando las siguientes explicaciones:

1. La adopción de un nuevo y más avanzado sistema técnico para la depuracióndel registro electoral, junto a la impresión de los padrones electorales destina-dos a las mesas de sufragio, presentaron ciertas dificultades que han incididoen el retraso de algunas actividades del proceso electoral. Ejemplo de eso es ladilación en el sorteo para elegir el personal de las mesas de sufragio y la publi-cación de los lugares de ubicación de ellas, que deben hacer el diario oficial ElPeruano y otros diarios de la república. Dicha demora impedirá que el electo-rado esté debidamente informado para acudir a los lugares de votación.

2. La referida nueva fecha propuesta para las elecciones no afectará la realizaciónde los actos posteriores, como son los cómputos provinciales, el cómputo na-cional, la instalación de las Juntas Preparatorias y de la Asamblea Constituyenteel 28 de julio de 1978.

3. El JNE acaba de recibir información de algunos lugares de la República comoArequipa y Tingo María donde las Comisiones Electorales Provinciales no pue-den funcionar debidamente; en el primer caso, por estar paralizada la ciudad y, enel segundo, por haberse incendiado el local del registro electoral y haber desapa-recido en el siniestro, totalmente, el archivo del mismo.

4. Dos partidos políticos han pedido formalmente al JNE la postergación de lafecha de las elecciones y los personeros de otros han declarado públicamente, enversiones que recogen los diarios de hoy, que tal prórroga, de ser breve, no lesafectará en forma alguna (EL PERUANO 19.5.78).

Como se evidencia en las razones expuestas por el JNE para la prórroga de laselecciones, los puntos más críticos para este organismo fueron la depuración del registroelectoral y la confección de los padrones electorales. Ello a pesar de que la convocatoriapara elecciones a la Asamblea Constituyente se había realizado a fines de julio de 1977 yel decreto ley de la misma se promulgó el 4 de octubre de dicho año.

6. Jornada y resultados electorales

Las elecciones se realizaron el 18 de junio con la participación de los electores distribui-dos en los 23 departamentos (Ucayali aún no lo era), 151 provincias, más la provinciaconstitucional del Callao, y en 1.681 distritos (EL PERUANO 10.4.78).

Se debían instalar 152 comisiones electorales provinciales en todo el país, comoórganos de apoyo al JNE; allí estaban incluidas las provincias de Huaral y Chanchamayode reciente creación.

Asimismo, se había previsto la instalación de 30 mil mesas de sufragio con 80 milciudadanos seleccionados —titulares y suplentes— sorteados por las comisiones electo-rales provinciales para conformar dichas mesas. En ellas debieron sufragar 4.978.831electores hábiles agrupados en mesas de 200 electores (EL PERUANO 13.4.78).


Como podemos observar, los departamentos con mayor número de electores fueronLima Metropolitana (37,27%), La Libertad (5,58%) y Arequipa (5,20%). Mientras entre losque tuvieron menor población electoral estaban Tumbes (0,58%), Moquegua (0,57%) yMadre de Dios (0,13%). Para el caso de Lima Metropolitana, se registraron 1.850.765 elec-tores distribuidos en 39 distritos electorales. Éstos se concentraron en Lima (367.998), LaVictoria (209.960), Rímac (131.453) y San Martín de Porres (122.529) [EL PERUANO 21.4.78].

El 18 de junio los electores debieron elegir entre 1.179 aspirantes a la AsambleaConstituyente (21 candidatos habían renunciado); de ellos, cien eran mujeres que estu-vieron distribuidas en las doce listas de las agrupaciones políticas de la siguiente manera:

Agrupación política N.º de candidatas

1. PDRP 172. MDP 133. PDC 114. PSR 85. UN 86. PPC 77. PAP 7

Fuente: El Peruano, Lima, 22 de abril de 1978.

Agrupación política N.º de candidatas

8. ARS 79. FOCEP 710. PCP 611. FNTC 512. UDP 4

Total 100

Departamento N.° Inscritos %

1 Lima Metropolitana 1.850.765 37,272 La Libertad 277.532 5,583 Arequipa 258.370 5,204 Junín 249.447 5,025 Piura 243.049 4,896 Lima Provincias 216.752 4,367 Áncash 198.494 3,998 Callao 197.546 3,979 Lambayeque 191.453 3,8510 Ica 176.785 3,5511 Cajamarca 168.202 3,3812 Puno 148.188 2,9813 Cusco 143.934 2,8914 Loreto 139.860 2,81

Departamento N.° Inscritos %

15 Huánuco 84.178 1,6916 Ayacucho 72.998 1,4617 San Martín 63.634 1,2818 Huancavelica 46.,701 0,9419 Pasco 46,627 0,9320 Tacna 45.839 0,9221 Amazonas 44.689 0,8922 Apurímac 36.782 0,7423 Tumbes 28.853 0,5824 Moquegua 28,.750 0,5725 Madre de Dios 6.588 0,13

Total 4.966.016 100,00

Fuente: TUESTA 1979: anexo II.

Distribución de electores en el ámbito nacional según departamento

Sin embargo, sólo dos mujeres fueron elegidas: Mariela Gabriela Porto Cárdenas dePower del PPC, con 3.761 votos, y Magda T. Benavides Morales (POMR) de la lista delFOCEP, con 534 votos (TUESTA 1994: 101-3).


Respecto al material utilizado para la jornada electoral se distribuyeron 5 millones decédulas de sufragio, cien mil actas electorales y 30 mil ánforas (EL PERUANO 25.4.78).Asimismo, las elecciones se llevaron a cabo sin el uso de la tinta indeleble, a pesar de quehabía sido un pedido del PAP como medida para garantizar la transparencia de las eleccio-nes. En esta oportunidad, el presidente del JNE, Ulises Montoya Manfredi, respondió a talpetición señalando que el uso de la tinta indeleble «no se justifica» porque había un registroelectoral depurado, con índices numéricos, alfabético-ortográfico y dactiloscópico, que nopermitía que un elector aparezca más de una vez en los padrones (EL PERUANO 11.2.78).

Luego de una larga jornada electoral, que se inició a las 7:00 a.m. y terminó a las5:00 p.m., los resultados de las elecciones favorecieron al PAP que obtuvo el 35%, alPPC que alcanzó el 24% y al FOCEP que logró el 12% de las preferencias, seguidos porotras agrupaciones políticas con menor porcentaje. Sin embargo, no dejó de sorprendera los políticos la alta preferencia que el electorado había tenido por los candidatos detendencia izquierdista, sobre todo por Hugo Blanco del FOCEP, reconocido como el líderque representaba las luchas del movimiento campesino en la década del 60.

Fuente: TUESTA 1994: 566.

Elecciones Asamblea Constituyente 1978 - Resultado nacional

Lista Resultados absolutos % de constituyentes

PAP 1.240.674 35PPC 835.285 24FOCEP 433.413 12PSR 232.520 7PCP 207.612 6UDP 160.741 4FNTC 135.552 4PDC 83.075 2PUN 74.137 2MDP 68.619 2

Lista Resultados absolutos % de constituyentes

ARS 20.164 1PDR 19.594 1

Votos válidos 3.511.386 84Votos nulos 527.724 13Votos blancos 133.852 3

Votos emitidos 4.172.962 84Ausentismo 805.869 16

Total 4.978.831 100

Por otro lado, cabe resaltar que el ausentismo fue del 16%, porcentaje menor sitomamos en cuenta que desde la última elección general (1963) se habían suspendido lasprácticas electorales para las elecciones de autoridades políticas.

El resultado del escrutinio fue cuestionado sobre todo por los partidos del sector dela izquierda: UDP, FNTC, FOCEP y PCP. Ellos expresaron su descontento a través de uncomunicado conjunto señalando, entre otras, las siguientes razones:

1. El conteo de votos preferenciales dio como resultado un número mayor a losvotos correspondientes a las listas partidarias.

2. Criticaron la forma de realizar el cómputo, calificándola como «sumamente primitiva».3. Exigieron la inmediata dotación de equipos técnicos eficaces que garanticen la

pureza del acto electoral.


4. Denunciaron las detenciones arbitrarias de los candidatos políticos cuando ejercíansu derecho al sufragio. Ese fue el caso de Leonidas Rodríguez (PSR), Hernán Cuen-tas (FOCEP), Julián Sierra (PCP) y Alejandro Apaza (UDP) [REVISTA MARKA VI.78].

Conclusiones

1. En las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978 se extendió la ciudadanía a losperuanos mayores de 18 años. Sin embargo, otros sectores de la población como losperuanos residentes en el extranjero y los iletrados debieron esperar las elecciones genera-les de 1980 para participar.

2. La organización del proceso electoral para la Asamblea Constituyente de 1978 se desarrollósin cumplir los estándares internacionales de justicia, equidad y autenticidad. Fueron doslos factores más importantes que influyeron para su incumplimiento: la intervención delgobierno en el proceso electoral y la deficiente organización de las elecciones por la insti-tución organizadora.

3. Las elecciones para la Asamblea Constituyente se realizaron en un clima de intranquilidadpolítica y de inequidad en la competencia partidaria. Desde el gobierno se dificultó laparticipación de los partidos políticos, sobre todo del sector de la izquierda. Fue evidentela actitud del gobierno del general E. P. Francisco Morales Bermúdez que impidió la partici-pación de las agrupaciones de izquierda mediante las continuas persecuciones y deporta-ciones de sus máximos líderes. Incluso el mismo día de las elecciones se detuvo a dirigentesizquierdistas. La presión del gobierno se dejó ver también en los medios de comunicaciónque seguían bajo control desde 1974, cuando el gobierno del general E. P. Juan VelascoAlvarado los expropió. Así, los diarios controlados por el Estado no registraron informa-ción de irregularidades o denuncias.

4. La propaganda electoral gratuita en los medios de comunicación, concedida por ley a lasagrupaciones políticas, no se distribuyó en forma equitativa. Algunos partidos políticostuvieron considerablemente mayor espacio que otros en la prensa escrita. Lo mismo ocurrióen la radio y la televisión. En este caso, los espacios concedidos a los partidos de izquierda(UDP y FOCEP) se suspendieron por mandato de la comisión encargada de la propagandaelectoral gratuita que argumentó que habían cometido «excesos».

5. La organización de las elecciones de 1978 fue percibida como carente de transparencia. Ladesconfianza de la población, de la reducida prensa independiente y de los partidos políti-cos provino, especialmente, de la actitud del JNE que se negó a autorizar la verificación dela inscripción de los partidos políticos y la depuración de los planillones de adherentes.

6. La realización del padrón electoral fue uno de los puntos críticos en la organización de laselecciones para la Asamblea Constituyente. Al parecer, el JNE no previno un plan adecuadopara atender con eficiencia tal tarea. La gestión de este organismo se complicó aún más conla ampliación del cuerpo electoral causada por la autorización del voto a los peruanosdesde los 18 años, además del crecimiento natural de la población electoral que no se habíaregistrado desde las elecciones de 1963. Por todos estos problemas, el JNE tuvo que pediral gobierno una prórroga de 14 días. A ello se agregaron errores y omisiones en la publica-ción de números de libretas electorales, ubicación y números de las mesas de sufragio, faltade difusión sobre los mecanismos de votación, entre otros.

7. Finalmente, a pesar de los muchos inconvenientes, la población electoral acudió a las urnasen un 84%. Esto garantizó la instalación de la Asamblea Constituyente, una nueva Constitu-ción y la transferencia del poder del gobierno militar a un gobierno civil.

Introducción

Cumpliendo con el cronograma de la transferencia de poder a la civilidad, el gobiernomilitar del general E. P. Francisco Morales Bermúdez convocó a elecciones generales el30 de julio de 1979 (decreto ley 22622). Este proceso electoral se realizó luego de doceaños (1968-1980) de suspensión de la práctica electoral para elegir a las autoridadespolíticas en todos los ámbitos. El marco legal que rigió el proceso electoral de 1980 fue:la Constitución de 1979, el decreto ley 14250, promulgado el 5 de diciembre de 1962 ydel decreto ley 22652, del 24 agosto de 1979, que modificó ampliamente al primero.

Las elecciones generales de 1980 se realizaron en un contexto de transición democráticadel gobierno militar a la civilidad. Ello explica que el proceso careciera de libertad de expre-sión, pues los medios de comunicación incautados desde 1974 seguían controlados por elgobierno. La población se mantuvo incrédula con respecto a la transferencia del poder amanos de civiles. Las agrupaciones políticas, al inicio del proceso electoral, tuvieron quesuperar problemas de discrepancia al interior de la dirigencia partidaria; sin embargo, sumayor preocupación fue alcanzar el 36% de los votos válidos para ganar las elecciones.

Asimismo, este proceso electoral no fue percibido por la población ni por los parti-dos políticos como libre, justo y auténtico. Ello se debió a la influencia de factoresexternos e internos a las elecciones. Los factores externos provenían de la actitud delgobierno militar de seguir controlando los medios de comunicación, junto con el violentodesempeño de las agrupaciones políticas durante la campaña electoral. Los simpatizantesde uno y otro candidato se enfrentaron entorpeciendo la organización de mítines, que-mando locales partidarios, entre otras acciones que limitaban el derecho a realizar lacampaña electoral. Entre los factores internos se ubica la deficiente gestión electoral de lainstitución responsable. Los puntos críticos en la organización electoral fueron la ins-cripción de los partidos políticos, el voto de los ciudadanos transeúntes y el de los perua-nos residentes en el extranjero, la elaboración del registro electoral y la confección demateriales. Finalmente, las comisiones encargadas de administrar los espacios gratuitospara la propaganda de los candidatos al parecer no cumplieron con justicia su labor.

1. Contexto electoral: prensa confiscada e inicio de la violencia terrorista

Las elecciones de 1980 se llevaron a cabo con una prensa confiscada y controlada por elEstado. A pesar de que en algún momento el gobierno del general E. P. Francisco MoralesBermúdez mencionó la posibilidad de devolver los medios de comunicación a sus dueños,

Capítulo 2El proceso de las elecciones generales

de 1980: competencia partidaria


esto no se produjo. Con el fin de evitar que la opinión pública ponga en duda la validez dedichos comicios, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Instituto Internacional dela Prensa (ILIP), a través de sus directores George Beebe y Ronald Macdonald respectiva-mente, pidieron formalmente que se devuelvan los diarios expropiados a sus legítimosdueños antes de que se realicen las elecciones generales de 1980 (OIGA 3-10.3.80).

Así, el ambiente general durante el proceso electoral fue de gran desconfianza. Unagran mayoría de la población no creía que efectivamente se realizaría la transferencia delpoder del gobierno militar a la civilidad. Desde fines del año de 1979 se señalaba que ungrupo del sector castrense estaba trabajando para mantenerse en el poder ante la eventua-lidad del caos que se produciría si ningún candidato alcanzaba el 36% de los votos válidos.9

Una de las mayores preocupaciones de los partidos políticos fue alcanzar la meta del36% de los votos válidos para que su plancha presidencial sea electa. Si ninguna de lasagrupaciones lograba esta exigencia, el Congreso con un quórum no menor de 55% desenadores y diputados decidiría entre los dos candidatos más votados para ocupar laPresidencia y Vicepresidencia de la República. A decir de Luis Alberto Sánchez, esamedida sería en los pasillos del palacio legislativo «la maratón del manipuleo» (CARETAS22.10.79). También, se señalaba que un gobierno elegido por el Parlamento sería débil einestable y que inevitablemente tendría que buscar el apoyo de las Fuerzas Armadas, conlo cual se aseguraría su continuidad en el poder.

Por otro lado, la situación de las agrupaciones políticas, en el contexto electoral, erainestable a consecuencia de las discrepancias al interior de cada una de ellas. Por ejemplo, enel Partido Aprista Peruano existía una pugna entre Armando Villanueva del Campo y AndrésTownsend Escurra; en Acción Popular, Alva Orlandini encontraba mucha resistencia enliderar la campaña electoral del belaundismo; en la Democracia Cristiana se presentaba lapolarización entre Cornejo Chávez y Mario Alzamora Valdez; mientras que los partidos deizquierda hacían el esfuerzo por presentar una única lista sin mayores resultados.10

Igualmente, los partidos políticos con mayores opciones de ganar —AP, PPC y elAPRA— desarrollaron una tensa campaña electoral durante todo el proceso. Estosenfrentamientos se dieron en dos ámbitos. El primero fue el mediático, por medio de latelevisión y la prensa escrita: a AP se le acusó por el caso de la «página once»,11 al PPCse le reclamó haberse mantenido callado durante la dictadura militar y al APRA se le culpóde actuar con mucha violencia (OIGA 21-28.4.80). El segundo ámbito de enfrentamiento

9 CARETAS 24.9.79; Oiga 14-21.1.80. El temor era repetir la experiencia de las elecciones de 1962. Endicha ocasión ningún postulante alcanzó el 36% de los votos válidos y el Congreso tuvo que elegir entrelos tres candidatos más votados: Víctor Raúl Haya de la Torre, Fernando Belaunde Terry y Manuel A.Odría; sin embargo, el golpe militar del 18 de julio de ese año impidió que se concretara el proceso y setuvo nuevas elecciones presidenciales en 1963.

10 Al principio del proceso electoral se formaron dos bloques con el objetivo de participar en las elecciones gene-rales: Unidad de Izquierda (UI), conformada por el PCP, PSP, VR, FOCEP, independientes, entre otros y laAlianza Revolucionaria de Izquierda (ARI) integrada principalmente por UDP, PRT y UNIR. Estas alianzas noduraron mucho y se disolvieron en febrero de 1980 con el resultado al final de cinco candidaturas para lapresidencia: UI, FOCEP, PRT, UNIR y UDP.

11 Conocido como el «escándalo de la página once». Supuestamente la página once desapareció de la versiónfinal de la renovación del contrato petrolero de los yacimientos de La Brea y Pariñas entre la InternationalPetroleum Company y el gobierno de Fernando Belaunde Terry. Al respecto véase COTLER 1986: 380-2.

EL PROCESO DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 1980: COMPETENCIA PARTIDARIA 27

tuvo carácter personal y se llegó hasta la agresión física; su escenario fueron las plazas,calles y locales partidarios. Los choques entre seguidores de uno y otro candidato mos-traron el uso de armas de fuego y bombas caseras para sabotear mítines e incendiarlocales. Basta señalar los sucesos ocurridos entre enero y marzo, como lo muestra elsiguiente cuadro, para comprender el desarrollo de la campaña electoral de 1980:

A fines de marzo se comentaba que la violencia interpartidaria había crecido como«un cáncer» y se levantaba como una «sombra que todo lo amenaza» (OIGA 3-10.3.80),empezando por la vida de los candidatos y terminando por el resultado del proceso detransferencia democrática. A pesar de los pactos y acuerdos de no-agresión entre lasagrupaciones políticas y del llamado a parar la violencia electoral realizado por el presi-dente del Jurado Nacional de Elecciones, Ulises Montoya Manfredi, la violencia partidariacontinuó (EL COMERCIO 14.5.80).

Mientras esta era la situación de los partidos, al otro extremo de la política, un sectorradical de la izquierda, el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) sepreparaba para iniciar sus acciones terroristas en el país.

Crónica de la violencia partidaria durante la campaña electoralpara las elecciones generales de 1980

Fecha Enfrentamientos

Fuente: Caretas, Lima, 31 de marzo de 1980.

24 de enero19 de febrero21 de febrero

28 de febrero12 de marzo13 de marzo14 de marzo

15 de marzo

19 de marzo20 de marzo22 de marzo23 de marzo27-28 de marzo

17 de mayo

38 estudiantes de la Universidad Garcilaso fueron heridos por un grupo de choque del APRA.Populistas inconformes con la elaboración de las listas parlamentarias toman el local de AP en Chiclayo.Juan Enciso, quien había anunciado la formación de «Pan con Libertad», una facción ultraderechista sur-gida del APRA, fue abaleado en la puerta de un restaurante barranquino.Frente al JNE se produjo una batalla campal entre fuerzas del PCP (prosoviético) y el PCR (prochino).Asalto al local de Unidad de Izquierda en Huancayo.Denuncian el asalto e incendio del local del AP en Chosica.El local del FOCEP en Huancayo es asaltado por populistas. También ese día el local del PCR fue ataca-do en Carmen de la Legua (Lima) por un grupo de choque del APRA.El mitin del MIR en la urbanización Santo Dominguito (Trujillo) es hostilizado violentamente porapristas.La manifestación de Unidad de Izquierda en La Oroya termina en reyerta con militantes apristas.El mitin del APRA en La Oroya es atacado con petardos de dinamita y armas de fuego.Enfrentamientos entre apristas y comunistas en la Universidad del Centro de Huancayo.Populistas acosan mitin del APRA en Huancayo.La manifestación del APRA en Comas fue alterada por una bomba casera. Al día siguiente el PRT, UDP yUNIR acusaron al APRA de enviar una turba para destrozar sus locales en Comas.Según Flavio López Solórzano, jefe de difusión de Acción Popular, seis locales de ese partido fueron in-cendiados.


Como es conocido, el PCP-SL empezó su acción terrorista en la localidad de Chucchi,departamento de Ayacucho, el día de las elecciones generales de 1980 con el asalto allocal electoral y la quema de todo el material para los comicios. Esta acción impidió quese llevaran a cabo las elecciones en dicha localidad, y perjudicó la participación de aproxi-madamente dos mil sufragantes (EL DIARIO MARKA 19.5.80). Esta agrupación reclamasu origen en José Carlos Mariátegui quien, en 1928, fundó el Partido Socialista del Perú.En 1965, el PCP de la línea pequinesa se dividió en dos grupos encabezados por Saturni-no Paredes y José Sotomayor. En 1968, la facción de Saturnino Paredes volvió a dividir-se en el PCP-Patria Roja y el PCP-Bandera Roja; de la escisión de esta última agrupaciónpolítica, en 1971, nació el PCP-Sendero Luminoso.12

2. El sistema electoral y el sufragio universal

2.1. Circunscripción electoral o distrito electoral

El territorio de la República se constituyó en distrito electoral único para la elección depresidente, vicepresidente y senadores. En cambio, para la elección de diputados, cadadepartamento del país se consideró un distrito electoral, a excepción de Lima que sedividió en dos distritos electorales (Lima Metropolitana y las restantes provincias deLima) y la provincia constitucional del Callao.

El Congreso debía instalarse con 60 senadores y 180 diputados. El número de repre-sentantes por departamento se definió de acuerdo con la densidad electoral y demográfi-ca, mas ningún distrito electoral podía quedar sin representación. Para evaluar dichadensidad demográfica se utilizó como base el Censo Nacional de 1972, lo que indica quelos cálculos no reflejaron la realidad del país, pues durante ocho años la población habíaaumentado y es posible que en algunos departamentos haya crecido con mayor velocidadque en otros para 1980. Sin embargo, nuevamente, Lima Metropolitana estuvo exenta dela verificación demográfica y se le asignó 40 diputados, mientras que los 140 restantes sedistribuyeron para el resto de los distritos electorales.

12 LA REPÚBLICA 3.10.99. Tomado de CONTRERAS Y CUETO 1999: 284.

Número de diputados por departamento

Fuente: Art. 20° del decreto ley 22652.

Distrito electoral N.° de diputados

Lima Metropolitana 40La Libertad y Piura 11Cajamarca y Junín 10Áncash, Arequipa y provincias de Lima 9Cusco, Lambayeque y Puno 8Provincia Constitucional del Callao y Loreto 7Ica 6

Distrito electoral N.° de diputados

Ayacucho y Huánuco 4Amazonas, Apurímac, Huancavelicay San Martín 3Pasco y Tacna 2Madre de Dios, Moquegua y Tumbes 1

Total 101


2.2. Candidaturas presidenciales y parlamentarias

La candidatura a la presidencia de la República estuvo conformada por un presidente y dosvicepresidentes pero, como señala Fernando Tuesta, la población a la hora de decidir supreferencia se fijaba más en el candidato presidencial que en los vicepresidentes. Entoncestodo el esfuerzo de la campaña electoral recaía en la figura del candidato presidencial(TUESTA 1994: 28); ello posiblemente responda a la costumbre que en el Perú ha existido deidentificación con la figura del caudillo. Al mismo tiempo, los candidatos presidencialespodían ser postulantes a una senaduría o diputación, por eso muchos de ellos que no teníanposibilidades de triunfo postularon al Congreso. Así, en las elecciones de 1980, de quincecandidatos a la presidencia doce postularon al Parlamento (TUESTA 1994: 28).

Las propuestas para senadores y diputados eran a través de lista cerrada y bloquea-da.13 En las elecciones generales de 1980, había la posibilidad de presentar listas decandidatos al Congreso al margen de candidaturas patrocinadas por partidos, agrupacio-nes políticas y alianzas inscritas. Estas listas «independientes» debían estar respaldadaspor una relación de adherentes. Las listas independientes de candidatos a senadores te-nían que estar acreditadas por 30 mil adherentes, mientras que las listas de diputadosdebían estar garantizadas sólo por tres mil. Sin embargo, se exceptuó de la norma aldepartamento de Madre de Dios con la exigencia de únicamente mil adherentes parapostular a la Cámara de Diputados.

2.3. Votación y distribución de escaños

Los electores debían elegir tres veces: para la presidencia, por la lista de senadores y paradiputados; los tres votos se hacían en una sola cédula. El Presidente de la República debíaser elegido, según la tercera disposición transitoria de la Constitución de 1979, por unamayoría relativa que superara el 36% de los votos válidos, de lo contrario sería elegidopor el Parlamento como ya lo señalamos anteriormente.

Para este proceso electoral se suspendió el voto preferencial obedeciendo la quintadisposición general transitoria de la Constitución de 1979. Recordemos que el voto pre-ferencial se había puesto en práctica por primera vez para las elecciones a la AsambleaConstituyente, en las cuales el voto fue por lista cerrada y no bloqueada.14

La distribución de escaños para Senadores y Diputados fue por el sistema propor-cional de «cifra repartidora» siguiendo el orden de cada lista.15

2.4. Ampliación del cuerpo electoral: ciudadanos iletrados y peruanos en el extranjero

La Constitución de 1979 reconoció, por primera vez, la ciudadanía de los iletrados eimplícitamente su derecho a voto. Desde entonces se estableció en el Perú el sufragio

13 Son cerradas porque el elector vota por una lista de candidatos proporcionada por el partido y sonbloqueadas porque quien ejerce el derecho a voto no puede alterar el orden interno de las candidaturas, osea no hay voto preferencial.

14 Ver nota 3.15 Ver nota 4.


universal. El reconocimiento de la ciudadanía a los iletrados amplió, como era de esperar,el cuerpo electoral. Para las elecciones generales de 1980 se inscribieron en el registroelectoral 832.846 ciudadanos que no sabían leer ni escribir (TUESTA 1994: 556, 566).

Se dispuso para los iletrados que los documentos de identificación para ejercer elderecho de sufragio fueran la libreta electoral y la credencial de inscripción del registrode identificación de analfabetos, otorgados por el registro electoral. Asimismo, se instalómesas de sufragio iguales a las mesas de los letrados con tres miembros titulares y tressuplentes que sabían leer y escribir. Tampoco se aplicó ningún tipo de sanción para losiletrados que no ejercieran su derecho de sufragio (arts. 5° y 15° del decreto ley 22652).

También, por la Asamblea Constituyente de 1979, se incorporó al cuerpo electoral porprimera vez a los peruanos residentes en el extranjero. Para las elecciones de 1980, en total seinscribieron 39.450 peruanos en esta condición, pero ellos sólo podían votar por las formulaspresidenciales y listas de senadores. Esto debido a que, para ambas listas, se constituyó elterritorio de la República como una sola circunscripción o distrito electoral único.

3. ¿Gratuidad en el acceso a los medios de comunicación?

Las agrupaciones políticas ejercieron mucha presión para que sin mayor demora se lesconcediese el uso de los espacios gratuitos en los medios de comunicación. El reclamovino sobre todo de los partidos de izquierda, quienes consideraron que eran los másperjudicados ya que no contaban, a diferencia de otros partidos, con el presupuestonecesario para realizar su campaña política por la televisión y demás medios de comuni-cación (EQUIS X 6-12.2.80).

Se dio entonces el decreto ley 22885, del 12 de febrero de 1980, que reglamentó entodo el ámbito nacional la gratuidad en el acceso a los medios de comunicación. Allí seseñalaba que todos los partidos políticos participantes debían acceder gratuitamente a losdiferentes medios de comunicación de propiedad estatal y estatal-asociada con «ponde-ración, justicia, equidad e igualdad de oportunidades». El cronograma propuesto por leypara gozar de este beneficio fue el siguiente: para las agrupaciones políticas entre el 17 demarzo y el 16 de mayo, con excepción de las listas independientes que comenzarían sucampaña mediática gratuita el 28 de abril para Presidente, Vicepresidente y Senadores, ydesde el 2 de mayo para diputados.

Según la norma, los contenidos de la propaganda electoral emitidos por los partidospolíticos no debían agraviar a las personas e instituciones, tenían que evitar actitudes yexpresiones directas o indirectas que inciten a la violencia o la alteración de la paz, asícomo alusiones que pudieran deteriorar las relaciones del país con otros estados.

Los que incumplieran el reglamento debían ser sancionados con multa no menor de50 mil ni mayor de 100 mil soles oro y la suspensión del derecho al acceso a los espaciosasignados en los medios hasta la cancelación de dicha multa. En caso de reincidencia, lasanción era el doble de la multa anterior y la pérdida definitiva del espacio asignado.

En los periódicos, los partidos políticos inscritos tenían derecho a un espacio sema-nal en cada uno de los diarios de circulación nacional o regional, específicamente en lossiguientes: La Crónica, El Comercio, La Prensa, Correo, Expreso, Ojo, Última Hora y


Extra. El espacio dispuesto para ello fue de 32 centímetros por dos columnas; pero en lasfiliales del diario Correo de las ciudades de Tacna, Arequipa, Huancayo y Piura, los espacioscedidos se establecieron con una medida de quince centímetros por dos columnas.

En los medios televisivos, los partidos políticos debían tener un espacio de 20 minu-tos entre las 19:30 y 23:00 horas, una vez por semana por cada organización. En Lima,los tres últimos espacios asignados a las entidades con fórmulas inscritas definitivamentepara Presidente, Vicepresidentes y Senadores debían ser difundidos en cadena y a todo elpaís a través de las estaciones de provincias.

La propaganda electoral gratuita por radio estatal y estatal-asociada16 debía efec-tuarse mediante el uso de espacios de 15 minutos de duración por cada entidad política,una vez por semana. El decreto no especificó el horario, dejándose indicado que sería enhorario preferencial.

Fueron las comisiones departamentales las encargadas de la administración de losespacios gratuitos. Estas comisiones estuvieron integradas por un representante del Ju-rado Nacional de Elecciones, quien debía presidirla, un delegado del Ministerio del Inte-rior y uno del Sistema Nacional de Información. La excepción se dio para la ComisiónDepartamental de Lima que estuvo integrada por dos representantes del organismo elec-toral, además de otorgársele jurisdicción sobre los distritos electorales del departamentode Lima y también de la provincia constitucional del Callao.

A lo largo del período de la campaña electoral gratuita, algunos partidos políticos fueronsancionados con multas y con suspensión de propaganda en diarios y televisión, según laComisión Departamental de Lima, por no cumplir con las normas del decreto ley 22885. Lasentidades sancionadas en su mayoría fueron del sector de la izquierda, tales como POMR,PRT, PST, UDP, UNIR, entre otros (CORREO 1.4.80; EL PERUANO 11, 14.4.80).

Sin embargo, esta comisión no sólo se limitó a sancionar a los partidos políticos poracciones previamente establecidas como infracción, por ejemplo, ofender a personas einstituciones, por el uso de expresiones agresivas u ofensivas o por emplear términos ofrases que atentaban contra la moral y las buenas costumbres; sino, fue más allá de lalegislación disponiendo que se suspenda la publicación de los símbolos y fotografías delos periódicos, aspectos que no estaban contemplados en la norma (EQUIS X 9-15.4.80).Esta medida, al parecer, fue inapropiada porque no se consideró la condición de losiletrados que solamente podían reconocer el símbolo y el candidato de su preferencia através de este medio.

De igual forma, la misma Comisión suspendió programas políticos independientescomo «Contacto Directo», «60 minutos», «Pulso» y «Foro 80» argumentando que entor-pecían los espacios gratuitos cedidos a los partidos políticos (CARETAS 24.3.80; EQUIS X26.3-1.4.80). Sin embargo, el trasfondo de la medida era impedir el espacio que estabancediendo a los candidatos en competencia. Este hecho llevó a todos los partidos políticos aprotestar y rechazar unánimemente esas medidas, señalando que las elecciones serían unafarsa. Además, cuestionaron la composición de la Comisión Departamental de Lima aldenunciar que estaba integrada por una mayoría gobiernista (EQUIS X 2-8.4.80).

16 A excepción de Radio Nacional del Perú, sus filiales y Radio Reloj.


4. Gestión electoral: mayores dificultades en la cédula de sufragio y en el votode los ciudadanos transeúntes

4.1. Inscripción de partidos políticos. «La danza de las firmas»

Las elecciones generales de 1980 despertaron mucha expectativa entre los dirigentes polí-ticos. Alrededor de 81 entidades adquirieron planillones del Jurado Nacional de Eleccionespara recoger las firmas de adherentes. La presencia de esta cantidad de agrupaciones polí-ticas interesadas en participar en el proceso electoral respondía a las subdivisiones partida-rias, especialmente de orientación izquierdista que, antes de lograr la unidad sobre la basede un programa, se dividieron en torno a candidaturas. En total intervinieron 3.329 candi-datos en este proceso electoral. 15 compitieron para la presidencia: AP, APRA, APS, FNTC,FOCEP, MDP, OPRP, PAIS, PPC, PRT, PS, UI, UN, UNIR y UDP. 894 candidatos dispu-taron los 60 escaños de la Cámara de Senadores y 2.390 aspirantes lucharon por ocuparuna curul de las 180 vacantes en la Cámara de Diputados.

Las organizaciones que se encontraban inscritas en el registro de partidos políticosdel JNE y las que habían alcanzado representación en la Asamblea Constituyente, mante-nían validez de su inscripción para participar en los comicios electorales (art. 33° deldecreto ley 22652). Los candidatos de las fórmulas independientes, para lograr su ins-cripción, debían presentar como requisito una lista de cuarenta mil adherentes.

La depuración de las firmas de adherentes para estas elecciones resultó un escánda-lo. El JNE, a través de su oficina de informática, informó que al momento de revisar lasfirmas se encontraron muchas irregularidades. Entre ellas mencionaron firmas trazadaspor una misma mano, falsos números de libretas electorales o que no correspondían a losnombres que se les atribuía y firmas de adherentes para las elecciones de 1978. Lasanción prevista para este tipo de anomalías consistía, según el art. 91° del título VIII dela ley electoral 14027, en una pena no menor de uno ni mayor de tres años de cárcel; sinembargo, al parecer, no se logró sancionar a nadie.

Los partidos políticos que estuvieron involucrados en estas irregularidades, según elJNE, fueron el PST, OPRP, POMR, PRT y el PNR; incluso de éste último se dijo que habíapresentado nombres y libretas electorales de parroquianos que habían acudido a hoteles de«pocas estrellas» (CARETAS 21.1.80). Por su parte, los partidos políticos observados en suinscripción por la firma de sus adherentes pusieron en duda la observación del órganoelectoral y tomaron medidas de rechazo como la huelga de hambre de Hugo Blanco (PRT)realizada en el propio local del JNE. Frente a las protestas, el ente electoral amplió el plazode inscripción de candidatos en seis días para que las organizaciones pudieran cumplir conpresentar las cuarenta mil firmas de adherentes. Sin embargo, no todos los partidos logra-ron inscribirse, por uno u otro motivo quedaron fuera de la contienda electoral.

4.2. El caso del Partido Demócrata Cristiano

El PDC, liderado por Mario Alzamora Valdez, no logró inscribirse a pesar de los esfuerzospor presentar un solo candidato a la presidencia, pues su dirigencia se dividió. Tampocopudo inscribir listas de candidatos a senadores y diputados porque el JNE, señalando yamparándose en un artículo que no estaba vigente, denegó la inscripción. El artículo enque se sustentó el ente electoral fue el número 94 del estatuto electoral 14250, dado el 5


de diciembre de 1962, que señalaba que los «partidos políticos o alianzas de partidos sólopodrán inscribir en cada departamento una lista de candidatos a senadores y una lista decandidatos a diputados». Sin embargo, dicho artículo había sido modificado por el artí-culo 54° del decreto ley 22652, dado el 27 de agosto de 1979, que indicaba: «Los Parti-dos Políticos, Agrupaciones Independientes o Alianzas sólo podrán inscribir, en cadaDepartamento, una lista de candidatos a Diputados». Pero no sólo denegó con dichoartículo 94° la inscripción de listas de candidatos al Congreso (senadores y diputados),sino también la lista presidencial, a pesar de que las prerrogativas del artículo 94°, inclusode la modificatoria, no alcanzaban este ámbito (EL PERUANO 5.5.80; CORREO 6.3.80).

Según la resolución del JNE, del 5 de mayo de 1980, quedó claro que el órganoelectoral sustentó la negativa de la inscripción del PDC amparándose en un artículo quehabía sido modificado y que no era el indicado.

Este hecho, una vez más, reforzó las dudas con respecto a la imparcialidad del enteencargado del proceso electoral. Se cuestionó mucho a algunos de los miembros dedicha institución por tener vinculación con el gobierno. Por ejemplo, el secretario OswaldoCorpancho se desempeñaba además como jefe titular de la Oficina Nacional de AsuntosJurídicos del Primer Ministro.17

4.3. La cédula de sufragio y el descontento de los partidos políticos

El elector sufragó en una sola cédula donde por primera vez aparecieron los símbolos de lospartidos políticos debido a que el cuerpo electoral fue ampliado a los iletrados. Los símbo-los fueron proporcionados por las agrupaciones en competencia electoral. Para las eleccio-nes generales de 1980 se imprimieron 10 millones de cédulas (EL COMERCIO 13.4.80).

La elaboración de la cédula de sufragio fue otro punto crítico en aquella gestiónelectoral. La decisión del ente electoral de ubicar a las agrupaciones políticas según lafecha de inscripción de las listas, ocasionó divergencias entre los partidos políticos y elJNE. Según el partido AP, dicha disposición no se sustentaba en ningún precepto legal ycarecía de toda lógica, pues si con ese criterio se colocaban las listas para el Congreso nohabría coincidencia de orden con las listas presidenciales, siendo lo más pertinente elsorteo. El JNE tuvo que dar marcha atrás en su disposición y aplicar el mecanismo delsorteo para determinar el orden de aparición de los partidos políticos en las cédulas (LAPRENSA 13.3.80; CARETAS 17-23.3.80).

Sin embargo, la propuesta de cédula electoral del JNE fue observada por los partidospolíticos. El APRA, por ejemplo, presentó un reclamo solicitando la rectificación de los«errores cometidos» y pidió la elaboración de la cédula de sufragio donde «se dé a todoslos partidos políticos el derecho que tienen a que sus símbolos aparezcan en la cédula,con la misma dimensión e igual notoriedad en el trazado de sus líneas y también se utiliceel mismo tipo de letra, en los nombres y siglas de partidos» (EL COMERCIO 12.4.80). Ladiferencia en el tamaño de los símbolos presentados en la cédula provocó nuevas suspi-cacias respecto a la imparcialidad del órgano electoral. El APRA señaló que había una«manifiesta parcialidad hacia AP» por la mayor dimensión de su símbolo (EL COMERCIO12.4.80). Una vez más el organismo electoral tuvo que ceder al pedido señalando que «el

17 «Partido Demócrata Cristiano denuncia fraude electoral», en CORREO 6.3.80.


JNE no tendrá más que acceder» frente a los pedidos de las agrupaciones políticas (ELCOMERCIO 13.4.80).

No obstante, la rectificación de la cédula de sufragio no acabó con los reclamos.Fue AP quién protestó porque, en la modificatoria de la cédula, el símbolo de su partidohabía quedado en menor dimensión que el del APRA y ya no representaba una lampa sinouna cuchara. Asimismo, otros partidos presentaron su inconformidad con la confecciónde sus símbolos, fueron los casos del UNIR, FOCEP, entre otros. El malestar de lasorganizaciones políticas, con respecto a la cédula, se sintió hasta pocos días previos a lajornada electoral. Por ejemplo el FOCEP, dos días antes de las elecciones, presentó unrecurso al JNE donde protestaba por el diseño de su símbolo en la cédula, incluso llegó aamenazar a dicho órgano electoral con denunciarle ante la justicia penal por el delito dedaños en agravio de su partido (EL COMERCIO 14.5.80).

4.4. El voto de los ciudadanos transeúntes

Una de las labores de los organismos electorales consiste en facilitar a la mayoría de losciudadanos el ejercicio del voto para elegir a sus autoridades políticas. Para ello se debenaplicar mecanismos efectivos permitidos por la legislación electoral, pero cuando no setoman las decisiones correctas en vez de brindar facilidades dichas entidades crean males-tar, confusión y desorden. Este fue el caso del proceso electoral que estamos analizando.

En las elecciones de 1980, el JNE decretó el 16 de abril la instalación de mesas detranseúntes. Éstas se destinaron a los siguientes electores: 1.- ciudadanos residentes enlos centros mineros, petroleros, agrícolas o industriales; 2.- trabajadores del sector pú-blico que fueron cambiados de un lugar a otro y sus familiares; además, para los familia-res de los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales trasladados a bases opuestos fronterizos; y, 3.- ciudadanos que de modo transitorio y eventual se puedanencontrar fuera del lugar de su domicilio el día de las elecciones (EL PERUANO 3.5.80).En este último caso, los ciudadanos transeúntes podían votar en cualquier mesa de sufra-gio con sólo presentar su documento de identidad sin haber realizado el cambio domici-liario (LA PRENSA 18.4.80).

La medida del órgano electoral provocó reacciones de los partidos políticos a favory en contra de este tipo de voto. Mientras el APRA estuvo de acuerdo con ella, losdirigentes de AP demandaron la rectificación de la disposición señalando que ponía enpeligro la autenticidad del resultado electoral porque se habían expedido miles de docu-mentos de identidad y porque dicha medida violaba la ley electoral; asimismo, responsabilizóal JNE de cualquier irregularidad en los comicios por tal disposición (CORREO 25.4.80).En efecto, se habían expedido 300 mil duplicados de libretas electorales y la legislaciónelectoral no contemplaba el voto de los ciudadanos en cualquier lugar y mesa de sufragioque no correspondiese al registrado en el padrón electoral correspondiente.

La disposición sobre el voto de los transeúntes creó el rumor de que se estabaorganizando un fraude electoral. Por los medios de comunicación se especulaba que elgobierno militar habría inducido al JNE para adoptar dicha medida con el fin de crear elsentimiento de fraude electoral en la población y en los partidos políticos perdedores conla finalidad de generar caos para que los militares puedan dar un nuevo golpe de Estado yasí continuar en el poder (EQUIS X 23-29.4.80).


Esta situación obligó al JNE a rectificar la medida anulando el voto de los ciudada-nos transeúntes en cualquier lugar y mesa donde se encontrasen. Sin embargo, creómesas de sufragio especiales para los trabajadores de los centros mineros, del sectorpúblico y familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas con la finalidad de quepuedan votar previo empadronamiento en cada centro de trabajo o provincia.18 Frente ala anulación del voto de los transeúntes, el APRA solicitó al órgano electoral reconsideraciónpara mantener el dispositivo para las fórmulas presidenciales y listas de senadores sinlograr mayor éxito (CORREO 8.5.80; EL COMERCIO 10.5.80; LA PRENSA 10.5.80).

El caso del voto de los ciudadanos transeúntes fue un problema que perduró hasta eldía de las elecciones. Así, en la jornada electoral centenares de transeúntes asistieron avotar al Estadio Nacional «por un extraño rumor esparcido por todo Lima de que se habíaninstalado mesas para transeúntes». Ello provocó aglomeraciones en las filas de electores,enfrentamientos y protestas que desencadenaron en movilizaciones (CORREO 19.5.80).

4.5. El voto de los peruanos en el extranjero

La administración del voto de los peruanos residentes en el extranjero provocó igualdescontento entre los partidos políticos. El JNE, también con fecha 16 de abril, dispusoque los peruanos residentes en el extranjero y los que se encontraban en tránsito encualquier país el día de las elecciones podían sufragar con sólo presentar su libretaelectoral, aun cuando no se hubieren anotado previamente en el registro de nacionales delrespectivo Consulado. Como en el caso del voto de los transeúntes en el interior del país,esta medida fue observada por la dirigencia de AP pidiendo reconsideración al JNE por la«absurda y demencial medida» y evitar así un «descomunal fraude electoral» en el ex-tranjero (EL COMERCIO 4.5.80).

En esta oportunidad, nuevamente el órgano electoral tuvo que hacer otra rectifica-ción, con fecha 3 de mayo, en el sentido, de que sólo sufragarían los que tuvieran libretaelectoral y los registrados en las listas depuradas de electores enviadas por el JNE, pormedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, a las oficinas consulares del Perú.

Estos desaciertos contribuyeron a alterar aún más el rumor de fraude electoral. Laprensa se preguntaba: «¿A quién habría favorecido el fraude?» Según especulación de lamisma, se creía que podía favorecer al sector continuista del gobierno porque una situa-ción fraudulenta viciaría el proceso electoral permaneciendo de esta manera el sectorcastrense en el poder. También se pensó que podía convenir a determinado partido polí-tico por la facilidad del voto otorgado a los ciudadanos transeúntes.

4.6. Carencia de difusión sobre los mecanismos de votación

La gestión electoral implicaba decidir el despliegue de una gran campaña de difusión delsistema de votación en toda de la República. Varias razones sustentaron ello. Por ejemplo:1.- La población electoral había dejado de votar para elecciones presidenciales y congresalesdurante 17 años. 2.- Porque hubo modificaciones en la legislación electoral como laanulación del voto preferencial —que se había puesto en práctica para las elecciones a la

18 Esta rectificación se llevó a cabo el 2 de mayo y fue publicada en EL PERUANO 3.5.80.


Asamblea Constituyente de 1978— por el voto cerrado y bloqueado; sin embargo, elelector podía votar por un candidato a la Presidencia y Vicepresidencias de su preferen-cia y elegir otra lista de un partido distinto para senadores y otra para diputados. 3.-Porque se había ampliado el cuerpo electoral con la incorporación de los iletrados, a losque se tenía que dar mayor información sobre las elecciones y mecanismos de votación.

A pesar de ello, en la elecciones generales de 1980 no hubo suficiente difusión sobrelos mecanismos de votación. Esta falta de educación electoral llevó a los líderes de losdistintos partidos políticos—AP, UI, PPC y el APRA— a solicitar al JNE que de inmediatoinicie la difusión del sistema de votación. Por ejemplo, Elías Mendoza H. (AP) señaló: « [...]corresponde al Poder Electoral dedicar con mayor intensidad sus mejores esfuerzos a ladivulgación de los mecanismos de votación y escrutinio». Enrique Bernales (UI) sostuvo:«Resulta en verdad lamentable que a catorce días de las elecciones, el JNE, que ha formu-lado una cédula llena de complicaciones, no se haya tomado la molestia de utilizar todos losmedios de comunicación a su alcance para ilustrar sobre el voto» (EL COMERCIO 6.5.80).

A casi una semana del día de las elecciones se advertía en los diarios de la capital quela ciudadanía estaba desorientada con respecto a los comicios electorales. GuillermoCarrillo Marchand (DC) declaraba que nunca antes hubo tantos candidatos y «nuncahubo en los electores tanta insatisfacción e incertidumbre» (EL COMERCIO 12.5.80).


El 18 de mayo, día de las elecciones, 6.431.621 electores —cifra jamás registrada en lahistoria republicana del país— estaban obligados a votar. De ellos 5.598.775 eran letra-dos, 832.846 iletrados y 39.450 residían en el extranjero. El JNE instaló cuarenta milmesas de sufragio para facilitar el voto a los electores (EL COMERCIO 16.5.80).

Como en años anteriores, en el día de la jornada electoral hubo demoras en la insta-lación de las mesas de sufragio. Por ejemplo, en Lima en el local de la Facultad deFarmacia y Bioquímica de la UNMSM y en el Estadio Nacional las mesas de sufragio seinstalaron después de las 11:30 de la mañana. En Iquitos, las mesas de los iletrados seinstalaron luego del medio día. En otros lugares las mesas no se instalaron porque nollegaron los materiales electorales; ese fue el caso de las localidades selváticas deCaballococha, Rindina, Pevas y Orán.

5.1. Irregularidades el día de las elecciones

En Chimbote hubo graves denuncias. Según El Diario Marka, cerca de ocho mil electo-res no pudieron votar porque no llegaron las cédulas correspondientes, sin embargo, laslibretas de esos ciudadanos fueron selladas y firmadas.

En el departamento de Áncash, delegados de la UDP denunciaron que en las cédulasenviadas no estaba incluido el símbolo de esa agrupación, en la sección de diputados.

En Pucallpa, capital del departamento de Ucayali, de las 12 mesas especiales para traba-jadores de los centros laborales ubicados en lugares apartados, sólo dos habían funcionado.En la misma localidad cerca de 1.500 personas protestaron por el impedimento de sufragar.

En el distrito de Tarapoto, departamento de San Martín, según el personero de la UDP,Baltazar Caravedo, aparecieron en numerosas mesas listas de electores pertenecientes a la


localidad del departamento de Junín, encontrándose en ésta las listas de los electores deTarapoto, por lo que alrededor de cinco mil electores no pudieron votar.

5.2. El caso de Lima Metropolitana

En Lima Metropolitana se presentaron diversos incidentes, desde la demora en la instala-ción de las mesas de sufragio hasta la distribución de cédulas sin el símbolo de algunospartidos políticos. El secretario general del Jurado Departamental de Elecciones (JDE),Francisco Tudela, admitió las siguientes irregularidades en su distrito electoral:– En diversos lugares «desaparecieron» mesas íntegras, con sus votantes, de los registros

del JDE. En algunas mesas, muchas personas no figuraban en la relación de votantes.– Se distribuyeron cédulas que carecían del símbolo de algunos partidos políticos. Por

ejemplo, al local del Ministerio de Trabajo fueron remitidas cédulas que no tenían elsímbolo del APRA.

– La mayoría de las mesas de sufragio comenzaron a funcionar pasadas las diez de lamañana porque sus miembros llegaron tarde o no se presentaron, como fue en el casode la Facultad de Medicina de San Fernando. Las mesas de los iletrados ubicadas enel Estadio Nacional fueron las que más se demoraron, por lo que se tuvo que prolon-gar la votación hasta las seis de la tarde.

– Aproximadamente cinco mil transeúntes protestaron porque no se les facilitó el actode sufragio. Los transeúntes fueron informados por el APRA de que en el EstadioNacional habían puesto mesas especiales habilitadas para ellos, lo cual no era verdad(EL COMERCIO 19.5.80; EL DIARIO MARKA 19.5.80).

Las diversas irregularidades en el proceso electoral, en todo el ámbito nacional,evidenciaron las deficiencias en la organización de las elecciones generales de 1980.Estas deficiencias no pudieron ser negadas por el presidente del JNE, Ulises MontoyaManfredi ni por el secretario general, Oswaldo Corpancho O’Donell (EL COMERCIO 19.5.80;EL DIARIO MARKA 19.5.80).

Las anomalías de la organización electoral provocaron que las distintas agrupacio-nes políticas sostuvieran que hubo fraude en el proceso electoral; incluso se quiso pro-mover un paro nacional para exigir la realización de nuevas elecciones.

5. 3. Demora en el escrutinio

El lento proceso del escrutinio provocó en la población nuevamente la percepción defraude. El presidente del JNE, Ulises Montoya Manfredi, con fecha 21 de mayo, señalóque el resultado oficial de las elecciones se daría a mediados de junio. Sin embargo, hastael 23 de mayo, dicho organismo no había recibido acta alguna de los jurados departamen-tales. Una de las causas de la demora fue la cantidad de impugnaciones y recursos denulidad que se habían interpuesto ante los diferentes jurados departamentales.19

19 Según la legislación electoral el JNE debía empezar con el escrutinio al día siguiente de las elecciones; siéste hecho se demoraba hasta el quinto día, el órgano electoral debía empezar el escrutinio con lascomunicaciones telegráficas de los jurados departamentales o con las copias certificadas de las actas decómputo que presentaren los personeros de los partidos políticos.


Hubo muchos pedidos para anular las elecciones en varios departamentos del país.En Huancavelica, el UNIR interpuso este recurso argumentando que, en dicho departa-mento, 70 mil votos fueron impugnados contra cuarenta mil votos válidos. EnHuancabamba (Piura), la UPD pidió la anulación de las elecciones señalando que hubocambio de actas; en las audiencias ante el JNE la UPD mostró las actas de las FF. AA enlas cuales se consignaban cifras distintas a las que poseía el JNE departamental. Estoscasos contenciosos fueron declarados infundados por el JNE (DESCO. RESUMEN SEMA-NAL 28.5-4.6.80; CORREO 1.6.80).

El resultado total de las elecciones se hizo público recién el 1 de julio de 1980, luegode 43 días de realizada la jornada electoral. Esta demora aumentó también la desconfianzasobre el resultado electoral en un sector de la población y en los partidos políticos.

5.4. Resultado electoral: triunfo de Fernando Belaunde Terry

El resultado de las elecciones mostró una holgada victoria de AP, partido que alcanzó el46% de los votos, frente a los pronósticos apocalípticos de que ninguna agrupaciónpolítica alcanzaría el 36%, lo que llevaría a consecuencias caóticas. En el caso del APRAse tradujo en un 28% frente al 35% que había logrado en las elecciones para la AsambleaConstituyente. Por otro lado, al PPC le dieron el 10% de los votos. Los resultados obte-nidos por la izquierda del 4%, fue consecuencia de la división partidaria y de la indiferen-cia de la civilidad frente a las agrupaciones políticas menores (OIGA 21-26.5.80).

Candidatos Lista Absolutos %

462810 4 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0

7814 8

1002179

100

Fernando Belaunde TerryArmando Villanueva del CampoLuis Bedoya ReyesHugo Blanco GaldósHoracio Zeballos GámezLeonidas Rodríguez FigueroaCarlos Malpica Silva-SantistebanRóger Cáceres VelásquezGenaro Ledesma IzquietaCarlos Carrillo SmithJavier Tantaleán VaniniGustavo Mohme LlonaAlejandro Tudela GarlandWaldo Fernández DuránLuciano Castillo ColomaVotos válidosVotos nulosVotos blancosVotos emitidosAusentismoVotantesTotal inscritos

APAPRAPPCPRT

UNIRIU

UDPFNTC

FOCEPUN

OPRPAPSMDPPAISPSP

1.793.1901.087.188

382.547160.713134.321116.89098.45281.64760.85318.17017.73711.6079.8759.3508.714

3.991.254737.947392.127

5.121.3281.346.7735.121.3286.471.101

Resultado nacional de las elecciones generales de 1980

Tomado de: TUESTA 1994: 556.


5.5. Resultado de las elecciones al Congreso

El resultado de las elecciones a la Cámara de Senadores también favoreció al partido AP,quien logró el 40% de las curules, seguido del APRA con el 28%, el PPC con el 9% y asísucesivamente. De igual forma, en la Cámara de Diputados, AP obtuvo la mayoría con el39%, seguido del APRA con el 26%, el PPC con el 10%, el UNIR con el 5%, etc.

Resultado nacional para la Cámara de Diputados de 1980Lista Absolutos %

Acción Popular 1.413.233 39APRA 962.801 26Partido Popular Cristiano 348.578 10Unión de Izquierda Revolucionaria 172.430 5Unidad Democrático Popular 156.415 4Partido Revolucionario de los Trabajadores 151.447 4Unidad de Izquierda 124.751 3Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos 93.416 2Frente Obrero Campesino , Estudiantil y Popular 61.248 2Unión Nacional 31.443 1Organización Política de la Revolución Peruana 21.609 1Acción Política Socialista 22.708 1Movimiento Democrático Peruano 22.573 1Movimiento Popular de Acción e Integración Social 16.493 0Partido Socialista del Perú 9.786 0Independientes 22.408 1Votos válidos 3.631.339 80Votos nulos 608.315 13Votos Blancos 333.487 7Votos emitidos 4.573.141 100Ausentismo 1.858.510 29Votantes 4.573.141 71Total de inscritos 6.431.651 100


Resultado nacional para la Cámara de Senadores 1980Lista Absolutos %

Acción Popular 1.694.952 40APRA 1.144.203 28Partido Popular Cristiano 385.674 9Unión de Izquierda Revolucionaria 189.080 5Partido Revolucionario de los Trabajadores 165.191 4Unidad Democrático Popular 145.155 4Unidad de Izquierda 146.085 4Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos 92.892 2Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular 69.412 2Unión Nacional 25.551 1Organización Política de la Revolución Peruana 23.339 1Acción Política Socialista 19.102 0Movimiento Democrático Peruano 17.560 0Movimiento Popular de Acción e Integración Social 12.708 0Partido Socialista del Perú 11.299 0Votos válidos 1.142.203 79Votos nulos 712.796 13Votos blancos 403.248 8Votos emitidos 5.258.247 100Ausentismo 1.173.404 18Votantes 5.258.247 82Total de inscritos 6.431.651 100



Conclusiones

1. En las elecciones generales de 1980, por primera vez votaron los iletrados y los ciuda-danos residentes en el extranjero, facultades que fueron otorgadas por la nueva Consti-tución de 1979. Este hecho respondía, como en toda coyuntura democrática, a la aper-tura del cuerpo electoral y la inclusión en él de nuevos sectores de la población.

2. Con respecto al desarrollo del proceso electoral, podemos señalar que fueron muchoslos factores externos e internos que intervinieron para que la población y los partidospolíticos no percibieran elecciones libres, justas y auténticas. Entre los factores ex-ternos están la actitud del gobierno del general E. P. Francisco Morales Bermúdez quesiguió controlando los medios de comunicación confiscados en 1974. Por otro lado,no hubo regulación en el desarrollo de la campaña electoral. A lo largo del país ydurante toda la campaña electoral, se quemaron locales partidarios e interrumpieronmítines de partidarios opositores con mucha violencia.

3. Entre los factores internos, intervinieron las incidencias del ente encargado de laorganización de los comicios. Hubo desaciertos en la inscripción de los partidos po-líticos. Asimismo, la negativa del órgano electoral al pedido de los partidos políticospara la verificación de los planillones y la observación del método de su depuracióncausaron malestar en ellos. También hubo incertidumbres con respecto al voto de losciudadanos transeúntes y de los ciudadanos residentes en el extranjero, así comodificultades en la elaboración del registro electoral y en la confección de materialeselectorales.

4. Como en anteriores elecciones políticas, el día de la jornada electoral se evidenciaronlas deficiencias de la organización electoral. En muchos lugares del país no llegó elmaterial electoral oportunamente. En otros casos se distribuyeron las cédulas de su-fragio sin el símbolo de algunos de los partidos políticos. También hubo confusión enel despliegue de los materiales electorales, enviándose equivocadamente los materia-les a lugares que no les correspondía. Además desaparecieron íntegramente del regis-tro electoral, para el caso de Lima, relaciones de mesas de sufragio y electores. Porúltimo, un alto porcentaje de las mesas de votación se instalaron con mucho retraso.

5. Asimismo, no se desarrolló una amplia campaña de capacitación sobre los mecanis-mos del voto. Tampoco se desplegó una masiva campaña de información como me-recía el proceso electoral de 1980, pues se estaban realizando elecciones políticasluego de doce años de suspensión de los sufragios y se incorporaba al cuerpo electo-ral a los iletrados. Además el JNE, por más intentos que hizo, no logró aplacar laviolencia de la campaña política. El hecho de tener un representante de las agrupacio-nes políticas en las comisiones departamentales, encargadas de la administración delos espacios gratuitos para la campaña electoral, no logró una equitativa participaciónpolítica.

Introducción

Las elecciones municipales que se llevaron a cabo el 23 de noviembre 1980 tuvieroncomo antecedente inmediato el proceso electoral municipal de 1966. Es decir, habíanpasado catorce años desde que fueron organizadas bajo el primer gobierno de FernandoBelaunde Terry. Por su carácter subnacional, este proceso se realizó sin alcanzar el gradode efervescencia política de las elecciones que le precedieron en 1978 para la AsambleaConstituyente y las elecciones generales del 18 de mayo de 1980.

El contexto de estas elecciones municipales sigue marcado dentro del proceso de latransición democrática. Fernando Belaunde Terry, luego de asumir la presidencia porsegunda vez, procedió a devolver los periódicos a sus antiguos directores. Ello significóla recuperación de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. También el contextoelectoral estuvo compuesto por una intensa movilización popular, manifestada en mu-chas huelgas, paros y ayunos organizados por sindicatos. A ello se añadieron las accionesviolentas del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), que desde el 18de mayo de 1980 ingresó a la historia política de nuestro país.

A pesar de que las elecciones municipales se organizaron bajo el gobierno civil, aligual que las anteriores (1978 y 1980) tampoco fueron percibidas por la población y porlos líderes de los partidos políticos como libres, justas y auténticas.

Para poder acercarnos a la comprensión de este proceso electoral, vamos a obser-var esta compleja realidad a través del análisis de aquellos factores externos e internosque influyeron en la organización de las elecciones e hicieron que la población percibierael proceso electoral como carente de libertad, justicia y autenticidad. Los factores exter-nos que mediaron fueron por un lado los conflictos tanto sindicales como populares y,por otro, la violencia subversiva del PCP-SL. En el primer caso, las huelgas y parospusieron en peligro la realización de las elecciones en la fecha indicada. En el segundo, lasacciones terroristas cometidas por el PCP-SL que buscó interferir en la libre participa-ción de los partidos políticos y de los electores en general a través de la destrucción delocales partidarios, concejos municipales y locales del registro electoral. Los factoresinternos provinieron de la administración electoral, responsabilidad que en aquella épocaestuvo a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los puntos más críticos fueronla designación del presidente del órgano electoral, Domingo García Belaunde; la elabora-ción del registro electoral; la confección de la cédula de sufragio; así como la administra-ción de los espacios gratuitos para la campaña electoral.

Capítulo 3El proceso de las elecciones municipales de 1980:

inicio de la violencia


1. Contexto electoral y violencia terrorista

Como ya hemos mencionado, el contexto de las elecciones municipales de 1980 estuvomarcado por la devolución de los periódicos a sus antiguos directores, por la presenciade huelgas y paros y por las acciones terroristas del PCP-SL.

El presidente de la República, Fernando Belaunde Terry, luego de asumir el gobierno el28 de julio de 1980, inició la devolución de los diarios —El Comercio, La Prensa, Expreso,Extra, Correo, Ojo y Última Hora— a sus antiguos dueños (Desco. Resumen Semanal19.7-1.8.80: 6). Esta acción marcó un hito en el restablecimiento de la democracia, ya quese restituyó el derecho fundamental a la libertad de información, expresión y difusión delpensamiento. Sin embargo, recién el 11 de noviembre de ese año, por ley 23226, se facultóal Ejecutivo para resolver definitivamente la restitución de los diarios de circulación nacio-nal, de las estaciones de radiodifusión y de televisión a sus propietarios.

La transferencia de los diarios a sus antiguos directores no favoreció a los partidospolíticos en el uso de los espacios gratuitos para la campaña electoral, pues este accesogratuito sólo se había limitado a los medios de comunicación de propiedad del Estado queeran pocos en comparación con los medios de comunicación privados. Frente a ello, loslíderes de los partidos de izquierda exigieron al gobierno la ampliación de los espaciosgratuitos en los medios de comunicación que aún estaban en proceso de transferencia asus dueños.

El gobierno de transición democrática no estuvo en capacidad de cumplir con laspromesas electorales, ni satisfacer las expectativas de la población.20 Como era de espe-rar, la reacción de los sectores populares organizados en sindicatos fue salir a las calles aprotestar a través de distintas medidas: huelgas, marchas y ayunos. En el mes de agostose realizaron 34 paralizaciones (DESCO. RESUMEN SEMANAL 1-7.11.80: 12), y en septiem-bre se incrementaron al sumarse a las protestas los empleados bancarios y los universi-tarios. En Arequipa se llevó a cabo un paro general de trabajadores. Las principalesexigencias de la población fueron el aumento de sus remuneraciones junto con la reposi-ción de los trabajadores y dirigentes sindicales despedidos durante el gobierno militar.21

Sólo entre los dirigentes sindicalistas el número de despedidos ascendía a 1.846 (DESCO.RESUMEN SEMANAL 1- 7.11.80: 13).

Frente al creciente descontento de la población, el director de la entonces GuardiaCivil, general G. C. Juan Balaguer, hizo declaraciones públicas donde inculpó a la izquier-da de ser la responsable de las movilizaciones sociales y de los atentados terroristas. Esdecir, no distinguió las movilizaciones populares de los actos terroristas, lo que causó laprotesta de la izquierda parlamentaria. Balaguer fue respaldado por la Policía Nacional através de una marcha pacífica. Este enfrentamiento terminó con su destitución.22

20 En su candidatura, Fernando Belaunde Terry prometió reponer a todos los trabajadores despedidos, aumen-tar sueldos y salarios, reivindicar al magisterio, crear un millón de empleos, entre otros compromisos.

21 Durante el primer semestre del año 1980 se realizaron 308 huelgas comprometiendo a 192.654 trabaja-dores y 2.970.682 horas-hombre perdidas. DESCO. RESUMEN SEMANAL 1-7.11.80: 12.

22 Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe final. Cronología, 1980.

EL PROCESO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1980: INICIO DE LA VIOLENCIA 43

1.1. Violencia electoral: las acciones del PCP- SL

El PCP-SL, en su afán de impedir las elecciones en algunas ciudades del país, perpetróvarios atentados contra la población. El departamento de Ayacucho fue el centro de suacción terrorista. Desde el mes de julio los medios de comunicación informaron que ele-mentos desconocidos colocaron petardos de dinamita en el consejo provincial de Huamanga.El atentado destruyó puertas y ventanas; los causantes de dicho acto no fueron identifica-dos. La población estaba alarmada porque en menos de dos semanas se registraron tresactos terroristas —los dos primeros afectaron el local de la dirección zonal de educación ylas oficinas del servicio de agua potable (EL COMERCIO 27.7.80). Igualmente, el 29 deoctubre el municipio de Cangallo, del mismo departamento de Ayacucho sufrió otro atenta-do dinamitero que afectó los locales de la prefectura y del registro electoral; en esta opor-tunidad los padrones electorales se malograron, lo que puso en peligro la organización delas elecciones en esa localidad (EL DIARIO MARKA 29.10.80).

En la víspera al día de las elecciones, se realizaron atentados terroristas en varioslugares de la ciudad de Huamanga. Por ejemplo, entre las 7:30 y 9:30 de la noche,explosionaron petardos de dinamita en Santa Ana, Belén, en el local de Emadi, en elpuente Mariscal Castilla, en las inmediaciones del aeropuerto, en el puente San Sebastián,en el mercado Magdalena y en la planta eléctrica de la localidad (LA PRENSA 23.11.80).Incluso el mismo día de las elecciones la ciudad de Huamanga sufrió dos grandes atenta-dos, uno de ellos fue en el local de votación del colegio «Los Libertadores» donde sehabían acondicionado mesas para analfabetos (LA PRENSA 24.11.80).

Los actos terroristas no se restringieron solamente al departamento de Ayacucho,sino que se extendieron a la sierra central del país. Por ejemplo, en la provincia de Tarma,del departamento de Junín, el objetivo del atentado fue el local de la municipalidad. En laciudad de Huaraz una explosión de dinamita destruyó el local departamental de AP (ELCOMERCIO 27.8.80; 4.11.80).

En Lima, en el distrito de El Agustino, el local del municipio fue incendiado y el comitédistrital de AP también fue dinamitado (EL COMERCIO 22.11.80). En la ciudad de Huaral, el27 de noviembre del mismo año se destruyó la oficina del Ministerio de Vivienda y Cons-trucción. Era el quinto atentado que sufría dicha ciudad desde el mes de julio. Anterioresatentados tuvieron como objetivo los locales del Banco Agrario, Banco de la Nación, el localpartidario de AP y la oficina de la circunscripción territorial (LA PRENSA 28.11.80).

Las acciones terroristas del PCP-SL fueron incrementándose paulatinamente desdeel inicio de sus atentados en el mes de mayo. Sus actos se extendieron a los departamen-tos de Ayacucho, Huancavelica, Cerro de Pasco, Huánuco, Junín y Lima. A lo largo delaño de 1980 se registraron 219 atentados.23 Los principales blancos de ataques, condinamitas y «bombas motolov», fueron las torres de alta tensión, los locales policiales,bancos, domicilios particulares, locales políticos, municipios y puentes.24 Incluso en elmes de octubre, cinco encapuchados asaltaron la radio «La Voz de Huamanga» (Ayacucho)desde donde hicieron un llamado a los campesinos para sumarse a «la lucha armada»(DESCO. RESUMEN SEMANAL 18-24.10.80: 1- 2).

23 Revista Sí 30.5.88: 9, citado en MAUCERI 1989: 27.24 Revista Sí 30.5.88: 9, citado en MAUCERI 1989: 28.


Si bien los atentados terroristas alarmaron a la población y a los líderes políticos,hasta el segundo semestre de 1980 aún no se identificaba con claridad a los autores deestos actos, culpando en muchos casos a los militantes izquierdistas. Una muestra deesta percepción difusa es el proyecto de ley presentado al legislativo por el entoncessenador y segundo vicepresidente de la República, Javier Alva Orlandini, donde se decla-raba a los autores de los actos terroristas de «traidores a la patria» y se imponía sancio-nes severas para todos aquellos que causaran daño a la economía del país. Esta iniciativaenfrentó a los líderes políticos de la derecha y de la izquierda. La razón era que dichoproyecto de ley no especificaba claramente los alcances de su aplicación, por lo que setemía que las huelgas puedan ser tipificadas como actos terroristas porque «sabotean laproducción» (DESCO. RESUMEN SEMANAL 18-24.10.80: 2).

La tensión provocada fue aminorada luego de que el Presidente de la República,Fernando Belaunde Terry, criticó a los medios de comunicación por magnificar los actosterroristas. El efecto de esas declaraciones también provocó que no prosperara el pro-yecto de ley de Alva Orlandini. Asimismo, el director de la Policía de Investigaciones, traslas declaraciones del Presidente, señaló que los brotes de terrorismo eran incipientes yque no acarreaban mayor peligro en comparación con otros países (OJO 4.11.80). Sinembargo, los atentados terroristas seguirían en aumento y expandiéndose a más territo-rios del país a lo largo de la década de 1980.

2. El sistema electoral

Las elecciones municipales de 1980 se realizaron fundamentalmente bajo el marco legalde la Constitución de 1979, la ley de elecciones municipales 14669 —promulgada el 24de septiembre de 1963 durante el gobierno de Fernando Belaunde Terry25 y modificadapor la ley 16152— y por el estatuto electoral 14250.

Para la elección del Consejo Municipal Provincial cada provincia conformó unacircunscripción o distrito electoral. Asimismo, para la elección del Concejo MunicipalDistrital cada distrito político constituyó una jurisdicción electoral.

Los electores del concejo distrital que no pertenecían al distrito del cercado capital dela provincia debían realizar dos votos, uno para elegir al Concejo Municipal de su distrito yotro para elegir al Concejo Municipal Provincial correspondiente. Mientras que el electordel distrito del cercado debía votar sólo una vez para elegir al Concejo Municipal Provincial.

El Consejo Municipal Provincial de la capital del país debía estar constituido por unalcalde y 39 concejales; los de las capitales de departamento, de la provincia constitucio-nal del Callao y de los distritos de Lima que conformaban el área metropolitana estuvieron

25 Antes de la dación de la ley de elecciones municipales 14669, los concejos municipales eran designadosdirectamente por el Ejecutivo. Dicha ley restableció, luego de muchos años, el nombramiento de lasautoridades ediles por medio de elecciones populares. En 1963, al tomar el poder el general E. P. JuanVelasco Alvarado, por golpe de Estado, nuevamente las elecciones municipales fueron interrumpidas hasta1980. Durante la década de 1970 se nombraron a los alcaldes por resolución suprema. Para el caso de Limalos alcaldes nombrados fueron: Eduardo Dibós Chappuis(70-73), Lizardo Alzamora Porras (74-75), ArturoCavero Calisto (76-77), Enrique Falconí Mejía (77), Roberto Carrión Pollit (79) y Piero Pierantoni.


integrados por un alcalde y 14 concejales; los de las capitales de provincia, que no erande departamento, estaban conformados por un alcalde y nueve concejales; y los de lasdemás capitales de distrito por un alcalde y cinco concejales.

Para ser elegido alcalde o concejal se requería ser mayor de 21 años y estar inscritoen el registro electoral del Perú. Además, ser vecino durante dos años de la capital de laprovincia o distrito, según el caso, pero se exceptuó de este requisito para los que postu-laban al cargo en la capital de la República, las capitales de departamento y la provinciaconstitucional del Callao, para cuyos concejos provinciales podían postular los vecinosde cualquiera de los distritos del área metropolitana. El artículo 253° de la Constituciónde 1979 facultó la participación de los extranjeros residentes por más de dos años conti-nuos en el distrito electoral correspondiente para elegir y ser elegido, pero, no podían sercandidatos en las municipalidades fronterizas.26

Los partidos políticos que participaron en las elecciones generales de 1980 mantuvie-ron su inscripción en el JNE para postular en las elecciones municipales, mientras que lasnuevas listas de candidatos debían inscribirse con una relación de adherentes —acompaña-dos con sus respectivos números de libreta electoral— ante el jurado provincial respectivo.Para la capital de la República se exigió cinco mil adherentes; en las capitales de departa-mento, provincia constitucional del Callao y de los distritos del área metropolitana de Lima,500; para las capitales de provincia que no sean de departamento, 200. Se exceptuó dedicho requisito a los candidatos a alcaldes concejales para municipios distritales y para losconcejos municipales provinciales del departamento de Madre de Dios.

Resultaba elegido alcalde aquel candidato que obtuviera el primer lugar de la vota-ción. Cuando el número de regidores era de cinco o más se debía dar representación a lasminorías27 según el sistema de «cifra repartidora» de acuerdo con los artículos 56° y57° del estatuto electoral 14250.

3. El acceso a espacios gratuitos para la propaganda electoral

El gobierno dispuso, según mandato de la Constitución de 1979 y el decreto supremo 2-80-CI-OAJ, dado el 31 de octubre, espacios gratuitos para la propaganda electoral sólopara los partidos políticos y alianzas partidarias que tuvieran representación en el parla-mento. El espacio cedido debía estar de acuerdo con la «proporcionalidad resultante delas elecciones parlamentarias inmediatamente anteriores».28 Para el caso de las alianzaspartidarias, el espacio cedido debía resultar de la suma de los porcentajes alcanzados porlos partidos que la integraban.29

A diferencia de las elecciones anteriores, en las municipales, los espacios gratuitosfueron otorgados únicamente en los medios de comunicación de propiedad del Estado,puesto que en el caso de las empresas asociadas al Estado, que eran los medios de

26 Los requisitos para la participación de los extranjeros, además, eran saber hablar el idioma castellano. ELCOMERCIO 4.9.80.

27 Art. 253° de la Constitución de 1979.28 Art. 70° de la Constitución de 1979.29 Art. 2° del decreto supremo 2-80-CI-OAJ.


comunicación incautados por el gobierno militar, unas habían sido devueltas a sus due-ños y otras estaban en proceso de devolución. Ello hacía que los espacios gratuitosotorgados a los partidos políticos se vieran reducidos significativamente.

Para la regulación de los espacios gratuitos a favor de los partidos políticos partici-pantes se constituyó una comisión coordinadora de propaganda electoral gratuita conjurisdicción nacional. Esta comisión estuvo integrada por dos representantes del JNE,uno de ellos debía presidirlo, y por dos del Sistema Nacional de Información (Sinadi).30

Sus atribuciones consistían en determinar la proporcionalidad de los referidos espacios alas entidades políticas, coordinar con las comisiones provinciales, sus representantes enel interior del país, y adoptar las medidas complementarias.31 Asimismo se puso enfuncionamiento 16 comisiones provinciales (Lima, Tumbes, Trujillo, Huaraz, Chimbote,Mollendo, Moquegua, Tacna, Huánuco, Huancayo, La Oroya, Ayacucho, Abancay,Andahuaylas, Puno e Iquitos). Éstas estuvieron integradas por un representante del Jura-do Electoral Provincial, que la debía presidir, y un delegado de la Empresa Nacional deRadiodifusión del Perú (Enrad Perú)32 . La comisión provincial de Lima —que abarcabala provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao— estuvo conformada, ade-más, por un miembro representante de Editora Perú. Entre sus principales atribuciones,estas comisiones debían determinar el número de espacios gratuitos para cada entidadpolítica, realizar los sorteos de los días para la asignación de los mismos, dar cumpli-miento a las disposiciones de la comisión coordinadora, entre otras.33

La Empresa Nacional de Radiodifusión del Perú (Enrad Perú) fue la institución en-cargada de poner a disposición de las entidades políticas participantes los espacios gra-tuitos por un total de 10 horas en cada estación de radio y televisión, desde el 7 hasta el21 de noviembre de 1980. El tiempo que correspondía a cada partido político debía estardividido en espacios de 30 minutos, en televisión, y de 15 minutos en las estaciones deradio. Asimismo, se reguló que el horario para la propaganda electoral gratuita debíadisponerse entre las 19:00 y las 23:00 horas, sin que coincida con los noticieros.

El espacio gratuito en periódicos sólo se otorgó para los concejos provinciales deLima y Callao. La empresa Editora Perú, fue la encargada de organizar el espacio gratuitoen el único periódico designado para ello: La Crónica. El espacio otorgado debía ser de32 centímetros por dos columnas en la edición matutina. El período otorgado para lapropaganda gratuita en el diario La Crónica fue, igualmente, del 7 al 21 de noviembre.

Sin embargo, Sinadi y Enrad Perú encargadas de la organización de los espaciosgratuitos para la propaganda electoral tuvieron denuncias por falta de imparcialidad. Así,una investigación de El Diario Marka puso en duda la integridad de dichas empresas porfavorecer al candidato del gobierno (AP). Con fecha 13 de octubre, la gerencia de EnradPerú por memorando extendía, con carácter reservado, la orden del jefe del Sinadi a las

30 El Sistema Nacional de Información (Sinadi) se fundó el 5 de marzo de 1974, con una oficina rectorallamada Oficina Central de Información (OCI) a cargo de un general de división. El Sinadi debía «coor-dinar, integrar, y racionalizar las actividades de información, publicidad y empleo de los medios decomunicación colectiva del Sector Público Nacional». Ver GARGUREVICH 1991: 212.

31 Art. 8° del decreto supremo 2-80-CI-OAJ.32 En 1974 se aprobó el estatuto orgánico de la Empresa Nacional de Radiodifusión del Perú (Enrad Perú).33 Art. 9° del decreto supremo 2-80-CI-OAJ.


radios Nacional, Victoria, Reloj, Excelsior y al diario La Crónica para que apoyen lacampaña de AP en las elecciones municipales, «silenciando de manera estratégica infor-maciones u opiniones referidas a otros partidos políticos».34

De igual forma, la distribución de los espacios gratuitos causó malestar en las agru-paciones políticas porque no estaban de acuerdo con el criterio utilizado para su asigna-ción. Ésta se dio según el porcentaje de representación de cada grupo político en elparlamento, con el siguiente resultado:

Fue por esa razón que los personeros de Izquierda Unida y de otras agrupacionesindependientes expresaron su rechazo y se retiraron del sorteo porque consideraron quecon dicha distribución sólo se beneficiaba Acción Popular al proporcionarle el 51% de lapropaganda. Asimismo, no estaban de acuerdo con que a los independientes no se leshubiera considerado en la distribución. Además, exigieron tener acceso gratuito a losmedios de comunicación que aún jurídicamente se encontraban en manos del gobierno(EL DIARIO MARKA 7.11.80).

4. Gestión electoral: cambios en las cédulas de sufragio, de símbolos a números¿y los iletrados?

4.1. La instalación del JNE

La instalación del JNE fue duramente cuestionada por el nombramiento de DomingoGarcía Rada como presidente del órgano electoral. Los adversarios a dicho nombramien-to presentaron varias razones por las cuales dudaban de su capacidad para dirigir unainstitución de manera independiente y objetiva. Por ejemplo, argumentaron el parentescoexistente con el Presidente de la República, al ser primo político de Fernando BelaundeTerry; asimismo, era militante de AP, formaba parte de la secretaría de la presidencia dela República y finalmente se le criticó porque no reunía los requisitos que se exigían alrepresentante de la Corte Suprema de Justicia ante el JNE para que la presidiera, al no servocal, ni jubilado, ni suplente de aquélla.35 En virtud de todo ello, se pidió a Domingo

34 Memorando múltiple 096-80-GR. En EL DIARIO MARKA 21.11.80. La repuesta del Sinadi rechazando ladenuncia de El Diario Marka no se hizo esperar. EL PERUANO 21.11.80.

35 EL DIARIO MARKA 7, 14.11.80. Según el artículo 287° de la Constitución de 1979, el JNE, con sede en lacapital, debía estar constituido por siete miembros: uno elegido por la Corte Suprema de Justicia entre susmagistrados jubilados o suplentes, quien debía presidir el jurado; otro designado por la Federación Nacio-nal de Colegios de Abogados del Perú; un miembro propuesto por el Colegio de Abogados de Lima; otropor los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades nacionales y tres elegidos por sorteoentre los ciudadanos propuestos por los jurados regionales del Norte, Centro y Sur de la República.

Partidos y alianzas Porcentaje (%)

AP 51APRA 32PPC 7Fuente: EL PERUANO 6.11.80.

Partidos y alianzas Porcentaje (%)

PRT 2Frenatraca 2IU 6


García Rada dejar la presidencia del JNE en «nombre de las leyes, en nombre de ladecencia, en nombre de la armonía electoral, en nombre de la consolidación de la demo-cracia» (EL DIARIO MARKA 14.11.80). Sin embargo, permaneció como presidente delJNE y organizó las elecciones municipales.

4.2. Inscripción de listas de partidos

El restablecimiento de las municipalidades por el voto popular fue otro paso importantepara la construcción de la democracia. Por ello era necesaria la participación de lospartidos y de las agrupaciones políticas independientes para la elección de las autoridadesde los gobiernos locales.

Sin embargo, no en todas las provincias pudieron inscribirse listas de candidatos.Por ejemplo, en la provincia de Nauta, del departamento de Loreto, y en la provincia deAntababamba, del departamento de Apurímac, no pudieron inscribirse listas de candida-tos porque no se habían instalado sus respectivos Jurados Electorales Provinciales.36

4.3. Problemas en la publicación de las listas de candidatos a alcaldes y regidores

La etapa de la inscripción de las listas de los candidatos a alcaldes y regidores no se habíaorganizado eficazmente. Tal vez el hecho más resaltante fue que no se logró resolveroportunamente las tachas y los retiros de los candidatos postulantes. Este incidente pro-vocó que el día de las elecciones aparecieran candidatos tachados y retirados en las listasque se colocaron en las mesas de sufragio (LA PRENSA 23.11.80).

A ello se sumó la demora en publicar las listas de los candidatos. Con fecha 21 denoviembre, faltando dos días para las elecciones municipales, personeros de la lista deIzquierda Unida censuraban al JNE por la demora en la publicación de las listas de candi-datos, así como de la relación de mesas de sufragio (EL DIARIO MARKA 22.11.80).

4.4. El registro electoral del Perú: dificultades para actualizar el padrón electoral

Fueron varios los factores que influyeron en las dificultades presentadas para la actuali-zación del registro electoral. Uno fue el trámite largo —que duraba normalmente ochodías— y los requisitos que se exigían para renovar la libreta electoral por cambio domi-ciliario. Los ciudadanos que se habían trasladado a la capital del país debían presentaruna solicitud a la comisaría de su jurisdicción, acompañando su comprobante de pago de50 soles en el Banco de la Nación. Luego de ser certificados por el comisario debíanpresentarse al registro electoral, quien les otorgaba un nuevo número; el trámite concluíacon la entrega de seis fotografías al registro electoral del distrito (EL COMERCIO 6.8.80).Este trámite no facilitaba al ciudadano la actualización de su documento de identidad,más aún si se considera el tiempo de 10 días otorgado por el JNE para el cambio de lalibreta electoral (EL COMERCIO 28.8.80). A esta dificultad se añadió la huelga de losempleados del Banco de la Nación, durante el proceso electoral, que puso en peligro larealización de las elecciones para el día señalado.

36 En el ámbito nacional hubo mucha demora en la instalación de los Jurados Electorales Provinciales.


Frente a estos incidentes, la dirección general de registro electoral en coordinacióncon el JNE, determinaron, acogiendo la sugerencia de la población, la actualización delregistro electoral con el empadronamiento provisional en cualquiera de las oficinas distritalesdel registro electoral, presentando sólo la libreta electoral para actualizar el cambio domi-ciliario. Mientras que para la inscripción de los ciudadanos por primera vez en el registroelectoral solo se exigió presentar la libreta militar y seis fotos. Además se amplió el plazode inscripción a once días adicionales, para estos dos casos. Asimismo, los duplicadosde las libretas electorales se expedirían hasta la víspera de las elecciones. Estas medidasfueron tomadas con el objetivo de permitir que la mayor cantidad de electores estuvieranhabilitados para votar en ese proceso electoral (EL COMERCIO 3.9.80).

Sin embargo, estas medidas no solucionaron el problema de la actualización delregistro electoral. La falla provino de la «negligencia de algunos registradores electoralesde diferentes puntos del país» porque según el secretario del JNE, Oswaldo CorpanchoO’Donnell, no habían cumplido con remitir al registro electoral del Perú en su debidaoportunidad las boletas de nuevas inscripciones para incluirlas en el padrón. Tampococumplieron con la remisión de la relación de ciudadanos para el sorteo de los miembrosde los Jurados Electorales Provinciales (LA PRENSA 11.10.80).

Según declaraciones de Domingo García Rada, presidente del JNE, estos incidenteshabrían sido algunas de las causas para pensar en una posible prórroga de la fecha de laselecciones municipales (EL COMERCIO 2.9.80).

4.5. Las cédulas de sufragio y el descontento de la IU

Se elaboraron dos cédulas de sufragio. Una con dos secciones no desglosables para loselectores residentes en los distritos (una para sufragar por el Consejo Distrital respectivoy otro para votar por el Consejo Provincial). Otra cédula con una sola sección impresa,para que el elector residente en la capital del distrito del cercado, capital de la provincia,vote sólo por el Consejo Provincial.

La identificación de los partidos políticos en la cédula de sufragio fue cambiada de lossímbolos a los números, argumentándose que en las elecciones generales del 18 de mayo, eluso de los símbolos había causado muchas dificultades (EL COMERCIO 25.8.80). Sin embar-go esta medida, al parecer, no tomó en cuenta a los electores iletrados puesto que para ellosmarcar un aspa o una cruz era más fácil que escribir números hasta de dos dígitos.

La asignación de los números que identificaron a los partidos políticos y alianzaspolíticas se realizó por sorteo. La forma de asignar los números a las entidades políticasfue cuestionada por los partidos que conformaban la alianza Izquierda Unida en vista deque se les había considerado en forma dividida. Los partidos integrantes de la alianza deIU que salieron sorteados con números distintos, además de IU, fueron: FNTC, FOCEP,PCP, PCR, PSR y UDP (EL PERUANO 16.10.80). Este hecho hizo que el comité directivonacional de Izquierda Unida presentara un recurso ante el JNE para que declare improce-dente el sorteo de balotas de identificación.37 Los personeros del PCR y la UDP, Luis

37 EL DIARIO MARKA 16.10.80. El JNE por resolución 1192-80-O declaró improcedente la solicitud deanulación del sorteo de los números de identificación de los partidos políticos para las eleccionesmunicipales presentada por los personeros del PCR, UNIR y UDP. EL PERUANO 17.10.80.


Regalado Mejía y Jorge Béjar respectivamente, calificaron al JNE «como un organismoque pretende presentar dividida a la izquierda» (EL DIARIO MARKA 16.10.80). Otro inci-dente en el sorteo fue que se consideró a entidades políticas que no participaban en laselecciones municipales, como fueron los casos de las agrupaciones: OPRP, PAIS y APS(EL PERUANO 16.10.80). Al respecto, el presidente del JNE explicó que se había sorteadode esa forma porque hasta la fecha del sorteo «no se tenía la totalidad de inscritos en lasdiferentes partes del país» (EL DIARIO MARKA 16.10.80).

5. La campaña electoral en Lima

5.1. Los candidatos: propuestas y campañas

Para las elecciones municipales de 1980, se presentaron cuatro candidatos a la alcaldía delConcejo Provincial de Lima: Richard Amiel Meza, por el PPC; Justo de Barbieri Riojas, porel PAP; Alfonso Barrantes Lingán, por IU y Eduardo Orrego Villacorta por AP.

Richard Amiel Meza, ingeniero de 37 años y profesor de la Universidad NacionalMayor de San Marcos, como ya mencionamos, fue candidato del PPC; planteó que suplan de gobierno estaría sustentado en la doctrina social cristiana que reivindicaba alhombre y a la familia. Señaló, entre otras propuestas, que aplicaría modernas técnicas dealmacenamiento y transporte de productos alimenticios de consumo popular. Dentro desu estrategia electoral estuvo el integrar en su lista a trabajadores del mercado y vendedo-res ambulantes (CARETAS 8.10.80).

Justo de Barbieri Riojas, ex Rector de la Universidad Nacional Federico Villarreal, fuecandidato por el PAP. Su elección partidaria no fue precisamente una de las más deseadas.Se le había cuestionado de ser elegido por la cúpula dirigente del partido. Ello parece ser quemotivó el malestar al interior de la organización, donde se llegó a especular aun con noapoyar su candidatura. De Barbieri continuó su campaña haciendo frente a los más durosescepticismos sobre su triunfo en las elecciones. Hasta en declaraciones de sus compañe-ros de partido, como las de Luis Alberto Sánchez y Carlos Enrique Melgar, se hacía notarque no tenía «chance» en las elecciones (EL DIARIO MARKA 20.11.80). La campaña deJusto de Barbieri fue austera y tuvo como eslogan «Humanismo antes de urbanismo» ybuscó convertirse en amigo defensor de los vendedores ambulantes (CARETAS 8.10.80).

El otro candidato a la alcaldía de Lima fue Alfonso Barrantes Lingán, abogado y líderde la alianza Izquierda Unida (excepto de los trotskistas). La alianza IU agrupó a sieteorganizaciones políticas de izquierda —FNTC, FOCEP, PCP, PCR, PSR, UDP y UNIR—para participar en las elecciones municipales de 1980; el objetivo principal fue subsanarerrores cometidos en el proceso electoral del 18 de mayo del mismo año, cuando nopudieron lograr una candidatura unitaria. Los integrantes de la alianza electoral IU eligie-ron a Alfonso Barrantes como candidato para las elecciones municipales. Entre su pro-grama de gobierno estuvo recuperar la autonomía de los municipios, mejorar la alimenta-ción y la salud de los sectores populares, propiciar el establecimiento de pequeños cen-tros asistenciales, postas médicas y la conversión de las comunas en propietarias debienes muebles e inmuebles que garanticen fuentes de ingreso para financiar sus gastoscorrientes, entre otras acciones (EL COMERCIO 6.10.80).


Finalmente, el cuarto candidato fue Eduardo Orrego Villacorta, militante de AP, quientuvo que renunciar a su cargo de Ministro de Transportes y Comunicaciones para postu-lar a la alcaldía de Lima. La campaña electoral de Orrego prometía a la población limeñarecuperar para los gobiernos locales las funciones y competencias que fueron absorbidaspor el gobierno central; es decir, todo lo relacionado con los servicios públicos de agua,desagüe, transportes, energía, comercialización de alimentos, entre otros. Orrego Villacortafue el candidato que inició la campaña electoral en Lima con mucha anticipación, sor-prendiendo a muchos. La revista Caretas señaló que esta «madrugada» electoral se debíaal temor de Orrego de que Luis Bedoya Reyes fuera candidato de la alianza AP-PPC, locual no sucedió (CARETAS 8.9.80).

La campaña electoral de Orrego fue calificada de «avasalladora». Su propaganda entelevisión fue criticada por un sector de la prensa y por sus competidores; se le acusó derecibir fondos del Estado para ello. El Diario Marka, luego de un seguimiento de lacampaña televisiva a favor de Orrego, había llegado a la conclusión de que la realizaciónde ésta costaba seis millones de soles diarios (EL DIARIO MARKA 17.10.80; 3.11.80). Eldiputado aprista Luis Negreiros Criado acusó «al gobierno de haber desplegado todo elpoder a favor de los candidatos oficialistas» y señaló que la campaña de Orrego fue«avasalladora, millonaria y demoledora» (LA PRENSA 23.11.80). Igualmente, el candidatopor la alianza de Izquierda Unida, Alfonso Barrantes Lingán, dijo que «los grupos de laderecha han hecho un gran despliegue publicitario, mientras que la izquierda no cuentacon los medios económicos necesarios para financiarlos» (LA PRENSA 16.11.80).

El medio de comunicación preferido por los candidatos en las elecciones municipalesde 1980 fue la televisión. Al respecto la revista Caretas señaló que «lo principal de la cam-paña se ha dado en las propias casas de los electores, vía la televisión» (CARETAS 19.11.80).

Por otro lado, la coyuntura electoral, en muchos casos, sirvió de pretexto paradenunciar los delitos de los actores políticos. Así, los candidatos del APRA y de AP,postulantes a la alcaldía del distrito de Surquillo, fueron denunciados por el delito demalversación de fondos públicos. El primero cuando cumplía la función de inspector demercados, por lo cual fue encarcelado durante tres meses, y el segundo estuvo compro-metido en un fraude por varios millones de soles contra la cooperativa San Vicente dePaúl, cuando ejercía el cargo de presidente (EL DIARIO MARKA 15.10.80).

No faltaron denuncias entre familiares como lo demuestra el caso del secretarioejecutivo de AP, Domingo Baltazar Ramírez, candidato al concejo distrital de Antioquía,provincia de Huarochirí, del departamento de Lima. Domingo Baltasar fue denunciadopor su propio hermano, Pablo Baltazar Ramírez, por una deuda pendiente de 10 mil solescon el consejo distrital mencionado y por violación de correspondencia cuando ocupabapor primera vez la receptoría de correos de dicho distrito, por lo cual había sido destitui-do por el Ministerio de Transportes. Pablo Baltazar interpuso una tacha ante el organismoelectoral correspondiente contra su hermano Domingo sin resultado favorable (EL DIA-RIO MARKA 5.11.80).

Parece ser que desde Lima se apoyó a los candidatos del interior con excesivos ofre-cimientos. Por ejemplo, se dijo que AP, para favorecer a sus candidatos en Apurímac, habíainformado desde Lima la construcción de la Universidad de Apurímac, cuando dicho pro-yecto aún se encontraba en el Congreso para su discusión (EL DIARIO MARKA 4.11.80).


El clima electoral, en Lima, subió de temperatura con la muerte de un prontuariado,quien perdió la vida en una refriega con simpatizantes de la lista de IU al tratar de impedirel pegado de afiches en el puerto del Callao (EL DIARIO MARKA 22.11.80). Igualmente, apocos días de las elecciones, militantes apristas y acciopopulistas protagonizaron actosviolentos al enfrentarse con armas de fuego. Los apristas habrían atacado cuando lospartidarios de AP se encontraban pegando propaganda a favor de su candidato. Sobreeste incidente, los medios de comunicación informaron que «Búfalos» y «Coyotes» fue-ron detenidos pero rápidamente liberados por acción de sus líderes partidarios (EL DIA-RIO MARKA 21.11.80).


El 23 de noviembre, los ciudadanos electores, resguardados por 16 mil guardias, debíanelegir a 1.813 alcaldes y 10.726 regidores en toda la República (EL COMERCIO 23.11.80).

Como en ocasiones anteriores, el día de la jornada electoral ponía en evidenciaalgunas fallas en la organización de las elecciones. En las provincias de Loreto y deMariscal Castilla no se realizaron las elecciones debido a que no llegó la documentacióncorrespondiente (LA PRENSA 24.11.80).

En Lima la población estuvo descontenta porque en varias mesas hubo padroneselectorales donde se anulaba a ciudadanos aptos para el voto. Según indicó el presidentedel Jurado Provincial, Manuel Balarezo, dichas anulaciones correspondieron a cambiosde domicilio y de nombre en personas casadas, también por causa de la falta de informa-ción en el registro electoral. En algunas mesas se permitió votar a los «anulados» luegode que un miembro la de Policía de Investigaciones comprobara la identidad de la huelladigital con la existente en la libreta electoral respectiva (LA PRENSA 24.11.80). Por otrolado, un grupo de extranjeros llegó hasta el Jurado Electoral Provincial para reclamar queno se les había considerado en los padrones electorales (LA PRENSA 24.11.80). En eldistrito de La Victoria llegaron cédulas con un solo cuadrilátero —siendo esta céduladiseñada sólo para el Cercado de Lima. En el Callao muchas mesas electorales no sehabían instalado porque no llegaron sus miembros y en otros casos porque no se recibie-ron los materiales electorales respectivos (LA PRENSA 24.11.80).

En Ica hubo casos de errores en el despliegue del material electoral. Por ejemplo, aalgunas mesas de sufragio del Cercado, llegaron las cédulas que correspondían a losconcejos distritales —cédulas con dos casilleros— mientras que a muchas mesas de losdistritos de la campiña llegaron las cédulas del Cercado —cédulas con un casillero. Esteincidente se habría superado para el primer caso suprimiendo un casillero y para el se-gundo, aumentando otro espacio, lo que ocasionó demora en la instalación de las mesasde sufragio (LA PRENSA 24.11.80). En el Cusco tampoco votaron muchos ciudadanosporque los padrones enviados por el JNE estaban incompletos (LA PRENSA 24.11.80).

En general los electores, sobre todo los iletrados, tuvieron dificultades en encontrarel local y la mesa de votación (LA PRENSA 24.11.80). Ello probablemente fue consecuen-cia de la no publicación con anterioridad de los lugares de votación y de las mesas desufragio por parte de los jurados electorales provinciales —la ley señala que debía reali-zarse esta tarea con 10 días de anticipación al día de las elecciones. El incumplimiento de


dicha norma había sido denunciado por el APRA, con fecha 19 de noviembre, ante elJNE, señalando que había «voluntad de fraude» por los funcionarios electorales a causade las simpatías con los candidatos de AP (LA PRENSA 20.11.80).

6.1. Los resultados de las elecciones municipales: mayor ausentismo

Hubo una serie de incidentes y cuestionamientos referentes al conteo de votos. En Tacna,se acusó al Jurado Electoral Provincial de arrebatar el triunfo al candidato Hugo Ordóñez,del Frente Unitario Popular en favor del candidato del gobierno, Guillermo Silva Flor, porel conteo de 22 mesas especiales (EL DIARIO MARKA 29.11.80). En Lima, en el distrito deVitarte, el comité directivo nacional de Izquierda Unida denunció un sorpresivo apagón,ocurrido en el colegio N.° 0024 de dicho distrito, que dejó como resultado la destrucciónde las actas de sufragio de doce mesas por elementos desconocidos. Este hecho seprodujo cuando los resultados generales del distrito favorecían al candidato de IzquierdaUnida (EL DIARIO MARKA 29.11.80). En la provincia de Yanacocha, departamento deHuancayo, se anularon las elecciones debido a que los votos viciados y en blanco supe-raron el tercio de los votos válidos (LA PRENSA 28.11.80).

Finalmente, el resultado de las elecciones municipales favoreció al partido del go-bierno Fernando Belaunde Terry. Acción Popular consiguió el 36% de las preferencias enel ámbito nacional; la alianza de Izquierda Unida alcanzó el 23% —buen resultado, encomparación a las elecciones generales de 1980, que lograron gracias a la candidaturaúnica—; el APRA obtuvo el 22% y el Partido Popular Cristiano, el 11%.

Del resultado general de las elecciones municipales llama la atención el 31% de ausentismoelectoral. En comparación a las elecciones generales del 18 de mayo del mismo año, esa cifrase incrementó en un 10% durante un período de seis meses. Ello a pesar de las sancionesadministrativas que se aplicarían a los ciudadanos que no emitieran su voto, hasta la edad de70 años. La presencia de un alto porcentaje de ausentismo electoral fue advertida por elentonces senador Enrique Bernales. Él señaló que el ausentismo posiblemente se dio pordesconocimiento de la población de la fecha de los comicios, del sistema de votación y por laindiferencia de los ciudadanos hacia los procesos electorales (LA PRENSA 16.11.80).

Resultados de las elecciones municipales en el ámbito nacional 1980

Lista Absolutos %

Acción Popular 1.390.388 3 6APRA 871.972 2 2Izquierda Unida 905.941 2 3Partido Popular Cristiano 429.117 1 1Otros 286.940 8Votos válidos 3.884.358 8 5Votos nulos 440.638 1 0Votos blancos 224.687 5Votos emitidos 4.549.683 1 0 0Ausentismo 2.031.946 3 1Votantes 4.549.683 6 9Total de inscritos 6.581.629 1 0 0



Conclusiones

1. Las elecciones municipales del 23 de noviembre de 1980 no tuvieron la efervescenciapolítica de los comicios anteriores (1978 y 18 de mayo de ese año). Tampoco sedesarrollaron grandes campañas electorales a través de los medios de comunicación,con excepción de la candidatura de Eduardo Orrego Villacorta, del partido gobiernistaAP, a quien se le acusó de haber gastado hasta seis millones de soles diarios.

2. La organización de las elecciones tuvo muchos factores externos e internos que mo-tivaron la percepción negativa de los líderes políticos y de un sector de la población;ellos llegaron a dudar de la legitimidad de los resultados electorales.

3. Los factores externos que limitaron la libertad de participación de electores y candida-tos fueron las movilizaciones sindicales y sobre todo las acciones violentas del PCP-SL.Este último, a partir del 18 de mayo y desde la clandestinidad, desarrolló accionesterroristas a lo largo del país, centrando sus acciones en el departamento de Ayacucho,donde realizó muchos atentados. Por otro lado la población, con sus expectativas demejorar su situación a raíz de la transferencia del poder al gobierno civil, exigió aumentode remuneraciones y la reposición de los trabajadores; al no tener respuesta inmediatasalieron a las calles a protestar y a declararse en huelgas y ayunos.

4. Los factores internos que pusieron en duda la imparcialidad de la organización de laselecciones y la credibilidad en los resultados electorales provinieron de la administra-ción electoral. Los puntos más criticados fueron: la designación del presidente delórgano electoral; la elaboración del registro electoral, que presentó dificultades por lademora en los envíos de las boletas desde los jurados electorales provinciales al regis-tro electoral nacional; el trámite largo en los cambios domiciliarios y en la inscripciónde los nuevos ciudadanos. A esto se añadió la huelga de los empleados del Banco de laNación, que impidió a los ciudadanos realizar el pago respectivo para sus trámitesante el registro electoral nacional. Otra de las causas fue la deficiente confección delas cédulas de sufragio. El cambio de símbolos a números para identificar a los parti-dos políticos fue cuestionado por las organizaciones de izquierda porque perjudicabael voto de los electores iletrados. Además, en el sorteo de los números que identifica-rían a los partidos políticos no se había tomado en cuenta a la alianza Izquierda Unida;el sorteo se había realizado entre todos los partidos políticos que habían participadoen las elecciones del 18 de mayo de 1980. Asimismo, otro hecho polémico fue ladistribución de los espacios gratuitos para la propaganda electoral de las entidadesparticipantes; dicha distribución se hizo de acuerdo con el porcentaje de representa-ción parlamentaria de la última elección, lo que favoreció a los candidatos de AP,partido a quien se le había adjudicado el 51% de los espacios gratuitos en todos losmedios de comunicación, mientras que los candidatos independientes no tenían dere-cho a ello. Además, la imparcialidad de las empresas ejecutoras de la distribución delos espacios gratuitos, Sinadi y Enrad Perú, fue cuestionada a través de denunciaspublicadas en los medios de comunicación.

IntroducciónLas elecciones municipales de 1983 se realizaron en un contexto de depresión económica. Lainflación de ese año llegó a 125,1% y la devaluación a 129,5%. Por otro lado, el país asistía aun período de violencia política protagonizada por el Partido Comunista del Perú-SenderoLuminoso (PCP-SL). En 1983 llegó a cometer 1.122 atentados a lo largo del país. El gobiernodemocrático, de Fernando Belaunde Terry, en su interés de controlar las acciones violentasdel PCP-SL, entregó a las Fuerzas Armadas el control del orden con la finalidad de pacificarlas regiones que se encontraban violentadas, sobre todo el departamento de Ayacucho, centrode operaciones de dicha agrupación.

La violencia política generada por el PCP-SL fue el factor fundamental para que laselecciones municipales de 1983 no se realizaran de forma libre y justa. Muchos ciudada-nos se abstuvieron de participar en estos comicios por temor a los atentados senderistas.Lo mismo sucedió con los candidatos a ocupar el sillón municipal. El PCP-SL, en suintento de frustrar este proceso electoral, amenazó y persiguió a los candidatos, llegandoincluso a asesinar a algunos de ellos.

En este proceso electoral, al parecer, se realizaron esfuerzos por parte del gobierno ydel órgano electoral buscando equidad en la participación de las agrupaciones políticas. Ellose reflejó en la mayor apertura que se les dio para el acceso gratuito a los medios decomunicación. Sin embargo, algunas fallas del JNE en la organización del proceso, como laconfección de la cédula de sufragio, continuaron perturbando la autenticidad de los comicios.

1. Contexto electoral: endureciendo la estrategia contra la subversiónPara el año de 1983, el régimen democrático de Fernando Belaunde Terry no consiguiómejorar la situación económica del país. Ésta se mostró más crítica aún, tal como semuestra en la siguiente información de los años que le precedieron:


entre la democracia y la violencia

1980 1981 1982 1983

Fuente: Informe estadístico del INEI. Primer trimestre de 1984, en TUESTA 1983: 52.

Producto Bruto InternoInflaciónDevaluaciónE m p l e oSubempleoDesempleoDeuda Pública Externa / PBI

4 , 56 0 , 83 5 , 84 1 , 85 1 , 2 7,8

3 5 , 1

3 , 27 2 , 74 7 , 74 7 , 24 6 , 0 6,8

3 1 , 0

0 , 77 2 , 99 0 , 74 3 , 14 9 , 9 7,0

3 6 , 6

– 1 1 , 81 2 5 , 11 2 9 , 5 37,3 53,9

8,8 50,0

Índice económico 1980-1983


Como podemos apreciar del cuadro, todas las variables que afectan la economía delpaís se agravaron. Esta situación hizo que la población expresara su descontento a travésde manifestaciones sociales contra las medidas económicas del gobierno. Las protestassindicales y populares ocasionaron continuas marchas por las calles de las ciudades;protestaban los centros mineros, como Centromín, Canarias y Cata-Acarí; Pescaperú;los empleados bancarios organizados en su federación, entre otros sectores. La protestasocial que mayor impacto tuvo en el país fue el paro nacional que se llevó a cabo el 10 demarzo, en rechazo a la política del gobierno de Fernando Belaunde Terry.

El 25 de mayo, cuando el país atravesaba por un clima de intranquilidad política, lasfuerzas policiales se declararon en huelga. La Policía de Investigaciones del Perú (PIP) y laGuardia Republicana (GR) exigieron la homologación de sus haberes, mejor trato de sussuperiores y pena de muerte a quien mataba a un guardia en servicio (TUESTA 1983: 5).

1.1. Violencia política

El otro elemento que caracterizó el contexto de este proceso electoral fue la violenciapolítica. Las acciones del PCP-SL alteraron el orden. Por ejemplo, el 8 de enero de 1983convocó a un paro en Ayacucho que fue acatado por toda la población. Por otro lado, el26 del mismo mes, ocho periodistas fueron asesinados en la comunidad campesina deUchuraccay, provincia de Huanta, del departamento de Ayacucho, tragedia queconmocionó a todo el país; sin embargo, este hecho aún no se ha esclarecido. Comorespuesta a estos acontecimientos, el gobierno de Fernando Belaunde endureció su estra-tegia contrasubversiva, privilegiando únicamente la fuerza militar. Pero esta medida tam-poco dio los resultados esperados. En abril, una columna del PCP-SL ingresó a la comu-nidad Lucanamarca, de la provincia de Víctor Fajardo (Ayacucho) y asesinó a 96 campe-sinos. El mismo mes, en la provincia de Cangallo (Ayacucho) asesinaron nuevamente a18 campesinos. En los meses siguientes siguieron los atentados sangrientos tanto en elinterior como en la capital de la República. Entre las víctimas del PCP-SL se encontrabanprincipalmente personas de modesta condición social y económica. La población se en-contraba entre dos fuegos, al ser víctima de las acciones del PCP-SL y de las represaliasde las Fuerzas Armadas.

En zonas urbanas, los atentados se concentraron en la infraestructura y en localesinstitucionales. Por ejemplo, el 21 de julio, en la ciudad de Lima, se derribaron seis torresde alta tensión, lo que ocasionó el corte de fluido eléctrico más grave que sufrió la ciudaden toda su historia. Como en años anteriores, los principales blancos de los atentadosdurante el año de 1983 fueron las torres de alta tensión, los locales policiales, los bancos,locales políticos, municipios, puentes y domicilios particulares.38

Los atentados y amenazas senderistas contra diferentes dirigentes políticos y loca-les partidarios se intensificaron durante el proceso electoral municipal de 1983. Las ac-ciones terroristas se realizaron a lo largo del país, pero tuvieron como centro principal aldepartamento de Ayacucho. Por ejemplo, en la provincia de Huanta, el candidato de AP,

38 Comisión especial, Senado de la República. Violencia y Pacificación. Anexo 1, julio de 1988. En MAUCERI1989: 28.

EL PROCESO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1983: ENTRE LA DEMOCRACIA Y LA VIOLENCIA 57

Rodolfo C. Rivera, fue acribillado por una célula terrorista; gravemente herido, tuvo queser evacuado de emergencia a Lima (OIGA 7.11.83). En esa misma ciudad, el JNE deci-dió suspender las elecciones municipales por falta de candidatos, pues el único que per-maneció había sido atacado por Sendero Luminoso. Este hecho provocó que Huanta sedeclare en zona de emergencia (LA REPÚBLICA 9.11.83).

En este escenario de atentados, el JNE envió a la zona de Ayacucho una comisión,liderada por el Rómulo Muñoz, para analizar la situación existente en el departamento. Elinforme de dicha comisión señaló que no se había conseguido la «paz y el orden». Ade-más, se descubrió que en algunas provincias de Ayacucho los miembros del JuradoElectoral Provincial se negaron instalar dichas sedes, exponiendo razones personales. Elvacío institucional del órgano electoral, causado por la violencia terrorista, hizo que sesuspendieran las elecciones municipales en las provincias de Víctor Fajardo, Cangallo yHuanta (LA REPÚBLICA 9.8.83).

En Lima, el PCP-SL, a través de atentados terroristas, también pretendió boicotear elproceso electoral atacando los locales partidarios. Por ejemplo, el 12 de julio, atentó contrael local central del partido Acción Popular (ubicado en Paseo Colón), de lo que se registró30 heridos (EL COMERCIO 12.7.83). Meses después, el 22 de octubre, el mismo local fuedinamitado con el saldo de una persona muerta y otras dos heridas (LA REPÚBLICA 23.10.83).El día previo a las elecciones, el 12 de noviembre, otro local central de AP, en el distrito deMiraflores, fue atacado con metralletas y explosivos; allí murió un policía (EL COMERCIO13.11.83). Asimismo, los dirigentes políticos fueron objeto amenazas de muerte; un casofue el de Alfonso Barrantes Lingán, líder de IU, quien recibió sucesivas llamadas telefónicascon esta intimidación (LA REPÚBLICA 27.9.83). Otro caso fue el frustrado atentado contrael líder del PAP, Alan García Pérez, quien salió ileso de un atentado con dos explosiones dedinamita, luego de un mitin que realizara en la plaza de Chaupimarca-Cerro de Pasco, en elmes de octubre (LA REPÚBLICA 24.10.83). Frente a estos atentados el Presidente del JNE,Domingo García Rada, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil pararesguardar el proceso electoral (EL COMERCIO 1.11.83).

El número de atentados terroristas generados por el PCP-SL fue en aumento. En 1980se registraron 219, en 1981 habían ascendido a 715, en 1982 sumaban 890 atentados ypara el año de 1983 se habían incrementado a 1.122.39 Este crecimiento de las accionesterroristas llevó al gobierno, en el mes de mayo, a decretar el Estado de Emergencia paratodo el país, por sesenta días, y suspendió varias de las garantías individuales.

2. Sistema electoral

Las elecciones de noviembre 1983 se realizaron principalmente en el marco de la ley deelecciones municipales 14669, dada el 24 de septiembre de 1963 y la ley 23671, promul-gada el 8 de septiembre de 1983, propuesta por el representante acciopopulista JavierAlva Orlandini, senador y secretario general de AP (EL COMERCIO 3.8.83).

39 Revista Sí 30.5.88: 9, citado en MAUCERI 1989: 28.


El sistema electoral para las elecciones municipales de 1983 fue el mismo que se aplicópara las elecciones municipales de 1980, con algunas modificaciones con respecto a lacifra repartidora. La ley 23671 dispuso que fuera elegido alcalde el candidato que obtuvierala más alta votación. La cifra repartidora se aplicaría a partir del número uno de los inte-grantes40 de todas las listas, excluyéndose al que sea electo alcalde, siempre que alguna delas listas obtenga mayoría absoluta de votos válidos; si no existía tal mayoría se asignaría ala lista que obtenga la mayoría relativa la mitad más uno de los cargos para regidores. Lacifra repartidora se aplicaría, para el resto de los cargos para regidores, a los partidospolíticos que hayan alcanzado más del cinco por ciento de los votos válidos.

Esta reforma en la cifra repartidora generó un largo debate. Los parlamentarios delas distintas bancadas políticas estuvieron indistintamente a favor y en contra de dichareforma. Sus mejores defensores —Javier Alva Orlandini (AP), Ramiro Prialé (PAP),Luis Alberto Sánchez (PAP), Enrique Bernales Ballesteros (IU) y Luis Quintana Quintana(PPC)— sustentaron que no atentaba contra la Constitución y lo que buscaba era otorgaral alcalde elegido una sólida mayoría para ejercer un cargo que era eminentemente admi-nistrativo y no político. Mientras que otros representantes, entre ellos Rolando BreñaPantoja y Carlos Malpica (ambos de izquierda), así como Roberto Ramírez del Villar(PPC) sostuvieron la inconstitucionalidad de la reforma porque ponía límites a la repre-sentación (EL COMERCIO 3.8.83; LA REPÚBLICA 10.8.83).

Otra modificación en el sistema electoral, que rigió para las elecciones municipalesde 1983, fue el incremento en el número de regidores en los concejos distritales y provin-ciales, a consecuencia del crecimiento y desarrollo de la población y de la creación denuevas circunscripciones distritales (EL PERUANO 15.8.83).

3. Equidad electoral: ampliando el acceso gratuito a los partidos políticos en losmedios de comunicación social de propiedad del Estado

La organización de los espacios gratuitos para la propaganda electoral de los partidospolíticos también fue replanteada —en algunos puntos— por el decreto supremo 009-83-COMS, publicado el 4 de octubre de 1983, luego de la experiencia no muy satisfacto-ria de la aplicación del decreto supremo 2-80-CI-OAJ, dado el 31 de octubre de 1980,vigente en las elecciones municipales del mismo año.

Al igual que en las elecciones ediles de 1980, se creó una comisión coordinadora de lapropaganda electoral gratuita para los partidos políticos, con jurisdicción nacional, quemantenía las mismas atribuciones que rigieron en el proceso anterior. La diferencia para laselecciones municipales de 1983 estuvo en que los representantes del Sistema Nacional deInformación (Sinadi) fueron reemplazados por dos del Sistema Nacional de Comunica-ción Social. La representación de Enrad Perú en las comisiones provinciales de propa-ganda electoral gratuita fue sustituida por un representante designado por la Empresa de

40 Sin embargo, la ley 23673 modificó la cifra repartidora que se aplicara a partir del número dos de losintegrantes de todas las listas.


Cine, Radio y Televisión Peruana. S.A. —RTP.41 Las instituciones reemplazadas en laselecciones municipales de 1983 fueron denunciadas por asumir una actitud parcializada afavor del candidato de gobierno. Sin embargo, a la coordinadora de propaganda electoralgratuita se incrementaron dos miembros del JNE y a las coordinadoras de provinciatambién se les sumó dos delegados de los Jurados Electorales Provinciales.42 Por otrolado, se ampliaron las comisiones provinciales en Cusco, Puerto Maldonado, Talara,Piura, Chiclayo, Cajamarca e Ica.

Otra diferencia fue que, si bien los espacios gratuitos se distribuyeron de acuerdocon el porcentaje de representación alcanzado por los partidos políticos en el Congreso,se consideró un espacio gratuito en los diferentes medios de comunicación del Estadopara todas las entidades políticas que no tenían representación parlamentaria.

Además el gobierno, al parecer acogiendo recomendaciones del JNE (EL PERUANO1.10.83), amplió el período en el acceso gratuito de los medios estatales de 15 a 30 días,entre el 11 de octubre y el 11 de noviembre. Igualmente, se amplió el espacio gratuito diariodisponible para la propaganda de los partidos políticos, de media hora a una hora, en cadaestación de radio y televisión. El tiempo que correspondía a cada partido político partici-pante debía ser dividido en espacios de media hora en televisión y quince minutos en radio,programados entre las 21:00 y las 22:00 horas. Mientras que en los periódicos se amplió elespacio gratuito a una página diaria, correspondiendo a cada partido media página.

Los espacios gratuitos para la propaganda electoral de los partidos políticos se de-terminaron por la comisión coordinadora nacional de propaganda electoral gratuita, de lasiguiente manera:

41 La Empresa de Cine, Radio y Televisión Peruana S.A. (RTP), se creó el 12 de junio de 1981 mediante eldecreto legislativo 179.

42 Art. 1° del decreto supremo 009-83-COMS, dado el 17 octubre de 1983.43 Comunicado oficial 003-83-CC de la Comisión Coordinadora Nacional de Propaganda Electoral Gratui-

ta. EL PERUANO 8.10.83.44 Ibíd.

Para la provincia de Lima:

– Televisión: Canal 7 64 espacios de 30 minutos c/u.– Radios: Nacional, La Crónica y la Victoria 64 espacios de 30 minutos c/u.– Diarios: La Crónica y La Tercera 64 espacios de _ página c/u.43

La distribución de los espacios gratuitos en los diarios fue encargada a la EmpresaPeruana de Servicios Editoriales S.A. (Editora Perú), que organizó la entrega de losmismos a los partidos políticos en los dos periódicos del Estado: La Crónica (ediciónmatutina) y La Tercera (edición vespertina). Además, por decreto supremo 009-83-COMSse exigió que la propaganda electoral publicada estuviese firmada. La intención de estaúltima reforma fue identificar rápidamente al autor de la nota para ser sancionado en casode cometer alguna falta.

Para las comisiones provinciales de propaganda electoral gratuita se dispuso que entodas las emisoras de radio y televisión del Estado se habilitaran 64 espacios de 30 minu-tos cada uno.44


Finalmente, se establecieron sanciones no sólo a los infractores que pudieran come-ter irregularidades en el uso gratuito de los medios de comunicación, sino también a lasempresas reguladoras: Editora Perú y RTP.

3.1. Distribución de los espacios gratuitos de propaganda electoral:El caso de la provincia de Lima

En la provincia de Lima se determinó la distribución de los espacios gratuitos a lospartidos políticos y alianzas de partidos según la proporcionalidad de representación en elCongreso y cediendo un espacio a las agrupaciones que no tenían representación en elparlamento, de la siguiente manera:

Estas reformas en el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propie-dad del Estado demostraron una voluntad del gobierno por buscar equidad en la partici-pación de los partidos políticos durante el proceso electoral.

4. Gestión electoral: cédula de sufragio,de números a símbolos

El JNE se instaló con la presidencia de Domingo García Rada, quien también estuvo acargo de la organización de las elecciones municipales de 1980. Sin embargo hubo difi-cultad en la instalación de algunos Jurados Electorales Provinciales como fue el caso dela provincia de Víctor Fajardo y Cangallo en Ayacucho, aduciendo falta de autoridadesjudiciales para presidirlo. Asimismo, en algunas provincias en las que se llegó a nombrar

Espacios gratuitos según representación parlamentaria

Partidos y alianzas de partidos Espacios

Acción Popular 32Partido Aprista Peruano 21Partido Popular Cristiano 5Alianza Electoral Izquierda Unida 4Partido Revolucionario de los Trabajadores 1Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos 1

Fuente: Comunicado oficial 002-83-CPL. EL PERUANO 8.10.83.

Espacio gratuito para partidos sin representación parlamentaria

Partidos y alianzas de partidos Espacios

Partido Demócrata Cristiano 1Movimiento de Bases Hayistas 1Unión Nacional 1Partido Socialista de los Trabajadores 1Partido Socialista del Perú 1Partido de Integración Nacional 1

Fuente: Comunicado oficial 002-83-CPL. EL PERUANO 8.10.83.


las autoridades del Jurado Electoral Provincial, inmediatamente se presentaron renunciasy excusas justificadas por motivo de enfermedad o por cambio de domicilio. Pero eltrasfondo parece ser que fue el temor a la falta de seguridad frente a las acciones deSendero Luminoso (EL COMERCIO 4.8.83; LA REPÚBLICA 9.8.83; 10.11.83).

4.1. Inscripción en el registro electoral nacional

A pesar de que el presidente del JNE convocó a la población no inscrita para que solicitensu inscripción ante el registro electoral y a los ciudadanos que se habían desplazado de unlugar a otro a que oportunamente realicen sus respectivos cambios domiciliarios y conello puedan evitar multas por omisos en la votación, no se logró un resultado positivo alrespecto (EL COMERCIO 20.1.83; 8.7.83). Por otro lado, también hubo problemas con eltrámite de los duplicados de las libretas electorales. Los electores, como en procesosanteriores, esperaron el último momento para gestionar el duplicado de sus documentosde identidad (EL COMERCIO 10, 13.11.83.).

4.2. Inscripción de partidos políticos, tachas y renuncias

Para las elecciones municipales de 1983, según la ley 23671, se amplió la vigencia de lainscripción de los partidos políticos que intervinieron en el proceso electoral de 1980 y de losque posteriormente fueron inscritos ante el JNE. Los partidos políticos con inscripción vigen-te desde las elecciones anteriores a 1983 estaban libres de cualquier tacha, no así los que sehabían inscrito para las elecciones ediles de 1983. Por ejemplo, en la provincia de Lima sepresentaron 44 solicitudes de tachas y 40 de renuncias de los mismos candidatos (EL COMER-CIO 28.8.83). Una de las tachas fue la que presentó el PAP, liderado por su personero Jorge delCastillo Gálvez, contra la inscripción del Movimiento de Bases Apristas (MBA) con esa deno-minación, pues podría ocasionar confusión a la hora de la votación por la similitud del nom-bre. Esta tacha fue resuelta por el JNE a favor del PAP (EL COMERCIO 24.8.83). El fallo hizoque el MBA cambiara de nombre a Movimiento de Bases Hayistas (MBH).

Otra tacha fue presentada por el candidato de la lista independiente «Trabajo y Pro-greso», Carlos Carranza Castillo. Él postulaba a la alcaldía de reciente creación de Villa elSalvador compitiendo con el candidato de Izquierda Unida (IU), Michel Azcueta Corrostiza.El argumento principal del recurso presentado por Carranza ante el Jurado ElectoralProvincial de Lima fue que Azcueta era ciudadano de nacionalidad española y que era «unagitador político», sin embargo había declarado: «no puedo decir que es un terrorista»(LA REPÚBLICA 23.8.83).

4.3. Cambios en la cédula de sufragio, de números a símbolos que identifiquen a lospartidos políticos

En las elecciones municipales de 1983, los partidos políticos o alianzas de partidos fue-ron identificados mediante figuras o símbolos en las cédulas de sufragio, a diferencia delas elecciones ediles de 1980 en que lo fueron por números. Estos símbolos debían serentregados por las agrupaciones políticas ante el órgano electoral para la elaboración delas cédulas de sufragio (EL PERUANO 20, 21.9.83). La ley 23671 también había señalado


que los partidos independientes debían estar identificados por figuras o símbolos, peroéstos serían determinados por el JNE y sorteados por los Jurados Electorales Provincia-les (LA REPÚBLICA 11.11.83).

Sin embargo una nueva norma, la ley 23675, autorizó al JNE a disponer el uso denúmeros, opcional al de figuras o símbolos para la identificación de las listas indepen-dientes.45 El JNE optó definitivamente por los números para diferenciar a estos candida-tos y estableció para ello el uso de números impares a partir del tres. La numeración deestas listas se haría por sorteo en forma independiente y separada para cada distrito, puescada jurisdicción era autónoma en su elección (EL PERUANO 19.9.83).

Al igual que en las elecciones municipales de 1980, la confección de las cédulas desufragio no representó sólo a los partidos políticos en competencia sino que incluyó a losque se habían inscrito para las elecciones anteriores. Obviamente este hecho provocóreacciones de los partidos políticos y confusión en los electores. Por ejemplo, en lascédulas de sufragio para la provincia de Lima se consideró siete partidos políticos que nocompetían: FOCEP, PCP, UDP, UNIR, PST, PADIN y Frenatraca (CARETAS 16.11.83).

Al respecto, la alianza Izquierda Unida, liderada por Alfonso Barrantes Lingán, candidatode dicha agrupación por Lima, planteó la modificación de la cédula de sufragio por haberseincluido los nombres y símbolos de agrupaciones que no presentaban candidatos en todo elpaís, como en los casos del Partido Comunista Peruano (PCP) y de la Unión DemocráticaPopular (UDP), lo que confundiría a los electores. La aparición del PCP y UDP en las cédulasperjudicaba a IU porque ambas agrupaciones formaban parte de dicha alianza. Una alternativaplanteada por los dirigentes de la alianza fue que los votos emitidos a favor de los partidos(PCP y UDP) que integraban la alianza IU se computasen en favor de ésta (LA REPÚBLICA26.10.83; EL COMERCIO 26.10.83). Sin embargo, el JNE no modificó la cédula de sufragiodando explicaciones de que las cédulas habían sido impresas y distribuidas oportunamente ala mayor parte de los jurados electorales provinciales del país. También rechazó la alternativade IU, señalando que la ley no permitía endosar los votos emitidos para un determinadopartido político en favor de otro, además, «el Jurado carecía de aptitud legal para cambiar esavoluntad» (EL COMERCIO 29.10.83; EL PERUANO 28.10.83).

Cabe señalar que en el complicado diseño de la cédula de sufragio también hay respon-sabilidad de las agrupaciones políticas. Por ejemplo, los partidos políticos que conformaronla alianza de IU para las elecciones municipales de 1983, temerosos de una división deúltima hora, prefirieron reservar hasta el último momento sus inscripciones separadas.

5. La campaña electoral para elecciones municipales:el caso de Lima Metropolitana

5.1. Los candidatos, planes de gobierno municipal y campaña electoral

Fueron doce los candidatos que postularon a la alcaldía de Lima Metropolitana, como semuestra el siguiente cuadro:

45 Art. 1° de la ley 23673, del 15 de septiembre de 1983. EL PERUANO 17.9.83.


De ellos sólo cuatro candidatos lograron la mayor preferencia de la población: Al-fonso Grados Bertolini (Independiente pero recibió apoyo de AP), Alfonso BarrantesLingán (IU), Alfredo Barnechea (APRA) y Ricardo Amiel Meza (PPC). Todos ellos naci-dos en provincias, Pisco, Cajamarca, Ica y Moyobamba, respectivamente.

5.2. Planes de gobierno municipal

La propuesta de los cuatro candidatos para el gobierno municipal de Lima estuvo susten-tada en tres ejes problemáticos que la población de Lima atravesaba en ese momento:comercialización, transporte y limpieza pública (EL COMERCIO 28.8.83). Entre algunasde las propuestas sobre los tres temas mencionados, los candidatos plantearon las si-guientes alternativas:

N.° Candidatos Partidos políticos

123456789101112

Alfonso Grados BertoliniRicardo Amiel MezaAlfredo BarnecheaFrancisco Diez CansecoAlfonso Barrantes LingánEnrique León VelardeFernando Noriega CalmetCarlos Blancas BustamanteRaúl Castro VeraClaver Rosas SilvaDany Lombardi LombardiMaría Cabrero Vda. de Castillo

Independiente, apoyado por Acción PopularPartido Popular CristianoPartido Aprista PeruanoMovimiento de Bases HayistasIzquierda UnidaMovimiento NacionalistaUnidad NacionalDemocracia CristianaPartido Revolucionario de los TrabajadoresMovimiento Cívico, Frente Independiente del PerúUnión Popular IndependientePartido Socialista del Perú

Candidato Comercialización Transporte Limpieza pública

Alfonso GradosBertolini(Independiente,apoyado por AP)

Reemplazar los actualesmercados mayoristas por el deSanta Anita. Difundir a diarioel abastecimiento y precios delos productos. Propiciar laorganización cooperativa delos vendedores ambulantespara adquisición de locales yconstrucción de mercados conapoyo del Banco de Materialesy Coopop.

Establecimiento de laAutoridad Metropolitana deTransporte. Mejorar ymantener las vías. Implanta-ción del boleto de transferenciay abonos que permitanconexiones sin pago adicional.Racionalización del sistema detaxis.

Construcción de planta detransferencia y relleno sanitario.Introducción de contenedorespara pueblos jóvenes, mercadosy otras. Reforzamiento de laempresa municipal. Sistema decobranza compensado parafavorecer a los estratos demenores ingresos. Mejoras alos trabajadores a cambio demejor servicio.

Alfonso BarrantesLingán (IU)

Construcción de mercadosmayoristas periféricos, entreellos Santa Anita. Accionespara combatir la especulacióny el acaparamiento. Organiza-ción, reubicación y apoyotécnico, legal y financiero a losvendedores ambulantes.Implementación de feriaspermanentes.

Prioridad del transportecolectivo mediante ómnibussimples. Servicios demicrobuses y autos colectivos.Continuación de la VíaExpresa y la Av. Universitaria.Mantenimiento de las tarifasmediante la concesión desubsidios. Creación de unaautoridad metropolitana detransporte que estudie y regulelas tarifas.

Implementación del rellenosanitario del sur. Reorganiza-ción de la empresa municipalde limpieza pública que estaríaa cargo del transporte de labasura de los distritos desdelas plantas de transferenciahasta los rellenos sanitarios.Reciclaje informal en lasplantas de transferencia.Salarios adecuados a lostrabajadores.


Candidato Comercialización Transporte Limpieza pública

Los cuatro candidatos expusieron y defendieron sus pensamientos políticos y, so-bre todo, sus planes de gobierno municipal en dos debates televisados. Uno de ellos loorganizó la Universidad del Pacífico e Intercampus y el otro estuvo a cargo del Colegiode Arquitectos (LA REPÚBLICA 29.10.83; 11.11.83). De dichos debates el candidato deIU, Alfonso Barrantes Lingán, resultó el gran ganador. Además, dicho debate permitió alcandidato de IU aclarar públicamente que su partido no tenía ningún vínculo con el PCP-SL. En ese sentido dijo lo siguiente: «[...] la realidad ha empezado a destruir también lapatraña que mis contendientes han levantado al querer identificar Sendero Luminoso conIzquierda Unida. A las 7:30 de esta noche, una bomba ha destruido parte del local de laConfederación General de Trabajadores del Perú, CGTP» (LA REPÚBLICA 11.11.83).

5.3. Campaña electoral

La campaña electoral en Lima no fue muy encendida. Los candidatos a la alcaldía deLima Metropolitana, además de exponer sus planes de gobierno en los espacios gratuitoscedidos en los medios de comunicación del Estado y de los debates que fueron muyesperados y sintonizados por la televisión, denunciaron irregularidades con respecto aluso de los fondos públicos en la campaña electoral. Por ejemplo, Luis Bedoya Reyes,líder del PPC, denunció que su aliado en el gobierno AP estaba «utilizando recursos delEstado para promover y financiar en todo el país a los candidatos populistas a las próxi-mas elecciones» (LA REPÚBLICA 21.10.83). La respuesta no se hizo esperar. El diputadoRicardo Burga Velasco, secretario general departamental de AP, denunció que el PPCestaba haciendo campaña a favor de su candidato a la alcaldía de Lima, Richard Amiel,«con recursos de los ministerios a su cargo» (LA REPÚBLICA 12.11.83).

No faltaron casos en que se utilizaron los recursos de los municipios para realizar lacampaña a favor de un candidato o para ir a la reelección. Por ejemplo, en la Av. Sáenz Peña(Callao) se encontró a un grupo de trabajadores en plena campaña de propaganda utilizandocamiones recolectores de basura para el transporte de sus banderolas, las que habían sido

Alfredo Barnechea(APRA)

Construcción del mercado deSanta Anita. Ejecución delproyecto de 40 mercadosminoristas distritales.Organizar ferias populares.Control de calidad, peso yprecio por la policíamunicipal. Reubicación delcomercio ambulatorio yfomentar su cooperativización.

Transporte en buses grandeshasta la llegada del treneléctrico. Racionalización delsistema, definiendo víasexpresas y líneas de alimenta-ción. Programa desemaforización. Boleto único ytransferible para otros hastallegar al destino.

Empresa centralizadamunicipal. Reforzamiento dela empresa municipal delimpieza pública. Descarte dela recolección de basura encada puerta por uso decontenedores. Segunda plantade transferencia en Acho y unanueva en el Cono Sur.

Ricardo Amiel Meza(PPC)

Control de los preciosoficiales. Promover nuevasorganizaciones de distribuciónprivada y vigilar el manteni-miento de la competencia.Construir nuevos mercadosmayoristas y minoristas.Coordinar con el Ministerio deAgricultura.

Mejorar la red vial existente einstalar semáforos. Estableci-miento de nuevas líneas deómnibus a los pueblosjóvenes. Reorganización delrecorrido de las líneasexistentes.

Sectorización de la capital entres áreas para el mejormantenimiento de la limpieza.Reforzamiento de la empresamunicipal de limpieza públicae implementación de la plantade transferencia de AlipioPonce. Nuevo relleno sanitarioen Manchay y Lurín.


colocadas en dicha avenida. El alcalde de la comuna chalaca, en ese entonces, era RicardoMuelle Maturana de AP, quien postulaba a la reelección (LA REPÚBLICA 27.10.83).

La campaña electoral en las elecciones municipales de 1983 sirvió también para«calentar motores» respecto a las elecciones generales de 1985. Los líderes de los parti-dos políticos como el propio Alfonso Barrantes Lingán, Alan García Pérez, secretariogeneral del APRA, entre otros, viajaron a lo largo del país para ponerse en contacto conla población y plantear sus programas de gobierno. Como en anteriores ocasiones, losenfrentamientos no estuvieron ausentes. Por ejemplo, el senador Manuel Ulloa Elías yotros 10 parlamentarios de AP, fueron hostilizados cuando realizaban un mitin en la Rioja(Amazonas); aparentemente los agresores eran simpatizantes del APRA, PPC e IU (ELCOMERCIO 1.11.83). Otro caso fue el de Andrés Townsend Ezcurra, Presidente del Mo-vimiento de Bases Hayistas, quien estando en Huaraz fue impactado con un objeto duroen la nariz cuando marchaba con sus simpatizantes cerca de la plaza de armas. Se acusóde tal hecho a integrantes de fuerza de choque del APRA (EL COMERCIO 2.11.83).

Alfonso Barrantes Lingán desarrolló su campaña invitando al pueblo a hacer de laselecciones un plebiscito al gobierno. En ese sentido, señaló lo siguiente: «plebiscitariamente,todos debemos expresar el repudio más rotundo a la política de este gobierno» (LA REPÚBLI-CA 10.10.83). Además, frente a las acusaciones de sus competidores y de un sector de laprensa sobre la existencia de vínculos entre la IU y el PCP-SL, el candidato de IU en variasoportunidades se vio obligado a aclarar que no existía ninguna relación, indicando: «ConSendero nada nos une, ni lo ideológico, ni lo político, pero reclamamos el retorno de la paz yel requisito para que ello empiece a completarse es la modificación de la política de hambre yde represión de este gobierno» (LA REPÚBLICA 10.10.83). Asimismo hizo un llamado a laIglesia para luchar contra las acciones de Sendero Luminoso (LA REPÚBLICA 21.10.83).

6. Jornada y resultados electorales: lucha entre la democracia y la violencia

El día de la jornada electoral debieron sufragar en todo el país 7.469.944 electores, de loscuales aproximadamente 939.456 eran iletrados. Las elecciones fueron para elegir a 152alcaldes provinciales y alrededor de 1.800 alcaldes distritales en el ámbito nacional (ELCOMERCIO 12.11.83). Para el día de las elecciones se instalaron 40.778 mesas electora-les, distribuidas en 157 provincias y 1.517 distritos en todo el país. Sin embargo, en lasprovincias de Víctor Fajardo, Cangallo y Huanta, del departamento de Ayacucho, no serealizaron las elecciones por motivo de la violencia terrorista (EL COMERCIO 13.11.83).

La jornada electoral del 13 de noviembre de 1983 fue una lucha entre la democraciay la violencia. Por un lado, en un contexto de intimidación, el gobierno hizo lo posiblepara que se llevaran a cabo las elecciones municipales en todo el territorio del país,tratando de dar seguridad a la población. Por otro, el PCP-SL, hacía lo todo lo que estabaa su alcance para impedir dichas elecciones.

Con el fin de lograr que el acto electoral se realizara «sin tropiezo ni interferenciaalguna» el JNE acató las sugerencias del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ymediante un comunicado, del 12 de noviembre, hizo un llamado a la población electoralpara que tome en cuenta las recomendaciones y pueda ejercer su voto sin mayores


complicaciones el día de la jornada electoral. Las recomendaciones alcanzadas a la pobla-ción en general fueron las siguientes:

1. El elector debía evitar portar paquetes, carteras y objetos diversos al acto desufragio, y en caso de portarlos, sería revisado minuciosamente.

2. Tampoco podía asistir con menores de edad al acto de sufragio.3. Ningún vehículo debía detenerse frente a los locales de sufragio.4. Todo elector podía ser revisado con la obligación de identificarse cuando lo

estimara necesario el custodio del orden.5. Después de votar el elector se retiraría del local, evitando permanecer en los

alrededores de éste.6. No se permitirá la presencia de ningún vendedor ambulante en las inmediaciones

del local del sufragio.7. El ingreso a los locales de sufragio sería en forma individual y ordenada, por

ningún motivo en grupo.8. No se permitiría la permanencia de personal ajeno al proceso electoral en los

locales de sufragio (EL PERUANO 13.11.83).

En general, la concurrencia de la población electoral a las urnas fue masiva; sin embargo,muchos se vieron frustrados al no poder sufragar, otros tuvieron que esperar muchas horasen las filas debido a la demora en la distribución de los materiales electorales y de ello lapoblación hizo responsable al JNE (LA REPÚBLICA 14.11.83). Por ejemplo en Comas, en ellocal de votación del colegio Carlos Wiese, de un total de 35 mesas de sufragio previstas, sólose instalaron cerca al mediodía ocho mesas, todas correspondientes al voto de los alfabetos yninguna para los ciudadanos iletrados por lo que muchos se retiraron sin votar (EL COMERCIO14.11.83). En el Cercado de Lima sucedió algo parecido, pasado el mediodía ocho locales desufragio se encontraban a la espera de las ánforas, cédulas y padrones, dándose el caso deque el candidato por IU, Alfonso Barrantes Lingán, luego de una hora de espera tuvo queretirarse porque la mesa de sufragio donde debía votar no se había instalado (EL COMERCIO14.11.83). También Violeta Correa, esposa del Presidente de la República, para poder emitirsu voto tuvo que esperar la instalación de su mesa (LA REPÚBLICA 14.11.83).

Por su parte, la noche del 12 de noviembre Sendero Luminoso, en su afán de frustrar laselecciones en la ciudad de Lima, atacó los locales de AP y del PPC con el resultado de trespolicías muertos. Esa misma noche se cometían cuatro atentados dinamiteros: en una oficinade Sedapal, en el Jardín Botánico y en las agencias de los bancos de Crédito y Wiese ubicadasen la Av. Grau. En la madrugada del día de las elecciones, «en una acción relámpago ysimultánea», se apoderaron de tres patrulleros, dos camionetas de la Guardia Civil, una de laPIP y 15 automóviles Volkswagen de una compañía de taxis. Lo grave del robo fue que tantolos patrulleros y las camionetas contaban con aparatos transmisores. Entonces, el peligro seencontraba en que estos aparatos podían ser usados por los senderistas para interceptar lascomunicaciones del escuadrón de emergencia de la GC o de la PIP (LA REPÚBLICA 14.11.83).A las 3 de la mañana, aproximadamente, cuando el personal del ejército entregaba el materialelectoral en los centros educativos y en otros locales de votación, en el distrito de San Isidrose inició un ataque para intimidar al personal del JNE. Frente a estos atentados y para garan-tizar el desarrollo normal de las elecciones entró en vigencia el «Plan Reserva» de las FuerzasPoliciales, movilizando a 35 mil guardias civiles, 8 mil efectivos de la PIP y 6 mil guardias


republicanos a vigilar y patrullar la ciudad. Éste fue el desplazamiento más grande registradoen los últimos años. Pese a este esfuerzo, durante el día de las elecciones se cometieronatentados terroristas; por ejemplo, en el local de la Universidad Particular San Martín dePorres, donde se habían instalado varias mesas de sufragio, se produjo un atentado dinamite-ro (EL COMERCIO 14.11.83; LA REPÚBLICA 14.11.83).

En el distrito de Marcavalito, provincia de Sánchez Carrión, del departamento deTrujillo, uno de los locales de votación fue atacado por Sendero Luminoso cuando serealizaba el conteo de votos, dejando muerto a dos soldados que custodiaban el acto. Losterroristas se retiraron luego de quemar los materiales electorales (LA REPÚBLICA 14.11.83).

En Arequipa, cerca del 30% de los electores no votaron porque los miembros demesa cerraron el acto de sufragio a las 3:00 p.m., como mandaba la ley; sin embargo, porcomunicado del JNE, se había ampliado la votación hasta las 5:30 de la tarde. A falta deuna amplia información, este comunicado no fue cumplido (EL COMERCIO 14.11.83).

En la ciudad de Huamanga, Sendero Luminoso declaró paro regional los días 12, 13y 14 de noviembre con el fin de impedir las elecciones. No obstante, la población asistióa los locales de votación a ejercer su derecho de sufragio. Ello a pesar de las amenazassenderistas, de la paralización total de la ciudad por el paro regional y de los atentados yasesinatos perpetrados por el PCP-SL en los días anteriores al día de las elecciones(CARETAS 16.11.83; EL COMERCIO 13.11.83).

En el distrito de Occoro, provincia de Huancavelica, las elecciones se frustraroncomo consecuencia de que elementos senderistas asesinaron a dos miembros de la únicamesa de sufragio que debía instalarse en la localidad (EL COMERCIO 14.11.83).

6.1. Resultado electoral

A pesar de los atentados terroristas, que tenían la finalidad de frustrar las eleccionesmunicipales de 1983, el 64% de la población electoral acudió a emitir su voto el día 13 denoviembre. El resultado de las elecciones municipales en el ámbito nacional favoreció alPAP, quien alcanzó un 33% del total de las preferencias; seguido de la alianza IU, con el29%; y del PPC, que logró el 14%.

Lista Absolutos %

Acción Popular 689.182 17Izquierda Unida 1.143.102 29Partido Popular Cristiano 547.346 14PAP 1.306.345 33Otros 262.792 7

Lista Absolutos %

Votos emitidos 4.799.391 100Ausentismo 2.670.553 36Votantes 4.799.391 64Total de inscritos 7.469.944 100

Resultados generales de las elecciones municipales de 1983


Si bien el PAP sacó mayor votación en el ámbito nacional, fue la alianza de IzquierdaUnida quién ganó la alcaldía de Lima Metropolitana. El candidato de la IU, Alfonso BarrantesLingán, obtuvo el 36,47% de los votos válidos; en segundo lugar quedó el candidato del PAP,Alfredo Barnechea, con el 27,17%; lo siguió Ricardo Amiel Meza del PPC, con el 21,20%; y,en el cuarto lugar, el candidato apoyado por AP, Alfonso Grados Bertolini, con el 11,88%.


Las elecciones municipales de 1983 registran un ausentismo electoral del 36% entodo el país. Dicha cifra demuestra un incremento de esta tendencia en los electores si lacomparamos con los resultados de las elecciones anteriores: en 1978 (elecciones para laAsamblea Constituyente) fue de 16%; en 1980 (elecciones generales) alcanzó el 21%; yen el mismo año para las elecciones municipales fue de 31% (TUESTA 1994: 548, 556,566). Sin embargo, este resultado muestra que no hubo una caída considerable de parti-cipación electoral a pesar de la violencia política en general y de las amenazas del PCP-SLen particular. Ello demuestra finalmente que se impuso la voluntad popular sobre el te-rror, la democracia sobre la violencia.

Conclusiones

1. La violencia política del PCP-SL obstaculizó el desarrollo libre de las elecciones mu-nicipales de 1983. Las acciones terroristas cometidas a lo largo del año fueron motivosuficiente para que la población temiera participar como elector o candidato en laselecciones. Este temor se vio incrementado aún más con el ingreso de las FuerzasArmadas a las zonas de violencia con el fin de pacificar. Según el Informe Final de laComisión de la Verdad y Reconciliación, las Fuerzas Armadas también habían atenta-do contra los derechos humanos de la población.

2. Desde el gobierno se buscó que los partidos políticos compitieran en condicionesjustas y equitativas. La reforma en el acceso gratuito a los medios de comunicaciónpara la campaña de los partidos políticos así lo revela; a diferencia de las eleccionesmunicipales de 1980, los espacios gratuitos no sólo se distribuyeron de acuerdo conel porcentaje de representación alcanzado por los partidos políticos en el Congreso,sino que se consideró un espacio en los diferentes medios de comunicación del Esta-do para todas las entidades políticas que no tenían ninguna representación parlamen-taria. Además se amplió el período para el uso gratuito de los medios de comunicaciónde 15 a 30 días. También se extendió el espacio gratuito diario disponible para lapropaganda de los partidos políticos, de media hora a una hora, en cada estación deradio y televisión, mientras que en los periódicos se lo amplió de media página a una,correspondiendo a cada partido media página.

3. Sin embargo, el órgano electoral siguió cometiendo fallas en la elaboración de los mate-riales de sufragio causando malestar en los partidos políticos. La falta de una estrategiapara la elaboración de las cédulas de sufragio hizo que se imprimieran éstas mantenien-do a partidos políticos que no competían en dichas elecciones.

Resultado de las elecciones municipales de Lima Metropolitana de 1983


Partido político Candidato %

I U Alfonso Barrantes 3 6 , 4 7P A P Alfredo Barnechea 2 7 , 1 7P P C Ricardo Amiel 2 1 , 2 0A P Alfonso Grados 1 1 , 8 8Ot ros 3 , 2 7

Partido político Candidato %

Votos válidos 8 9 , 4 1Voto blancos 3 , 2 7Votos nulos 7 , 3 2Votos emitidos 1 0 0 , 0 0Ausentismo 2 6 , 3 0Votantes 7 3 , 7 0Total de inscritos 2 . 423 . 806

IntroducciónDurante todo el mandato del gobierno de transición democrática de Fernando Belaundeno se logró estabilizar la economía del país ni aliviar la situación económica de la pobla-ción. Continuamente se vio enfrentado a movilizaciones sociales de los diferentes secto-res públicos. Por otro lado, tuvo que afrontar las acciones violentas, en ascenso, delPCP-SL y, desde 1984, del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).46

En este panorama agitado se realizaron las elecciones generales el 14 de abril de 1985.Tanto los candidatos políticos como los ciudadanos no pudieron participar libremente enlas elecciones porque el PCP-SL y el MRTA dirigieron sus acciones terroristas hacia elcampo electoral para hacer fracasar este proceso. Con el fin de lograr dicha meta, los dosgrupos subversivos atentaron contra las oficinas de los registros electorales, locales parti-darios, autoridades, candidatos políticos y contra los ciudadanos, sobre todo de los depar-tamentos declarados en estado de emergencia. Además el PCP-SL, en su intento por impe-dir las elecciones en el departamento de Ayacucho, declaró paro general para los días 13, 14y 15 de abril. Sin embargo, a pesar de las amenazas a la población y de sus accionesterroristas no lograron su propósito porque las elecciones se realizaron en todo el territorionacional, con una participación del 91% de los electores inscritos.

La participación de los partidos políticos tampoco se desarrolló en un ambiente dejusticia electoral. Una maniobra desde del gobierno cambió las reglas de juego. La ley23903, promulgada para las elecciones de 1985, interpretó por «votos válidamente emiti-dos» a la totalidad de los votos computados, incluyéndose los nulos y blancos. Este cambionormativo fue promovido por AP y el PPC con la intención de cerrar el paso al APRA yobligarlo a competir en una segunda vuelta con la esperanza de lograr el triunfo del PPC.

El JNE organizó los comicios con la expectativa de que los resultados no fuerancuestionados por ningún partido político participante ni por la población en general. Pesea ello, se cometieron errores cuyo impacto se reflejó el día de las elecciones y, sobretodo, en la etapa del conteo de votos; la improvisación y el desorden trajeron el escánda-lo, lo que llevó a algunos partidos políticos a pedir la anulación de las elecciones.

Capítulo 5El proceso de las elecciones generales de 1985:

los «votos válidamente emitidos»

46 El MRTA fue fundado por Víctor Polay Campos. Como dice Peter Klarén, estaba inspirado en la revolucióncubana de 1959, particularmente en la estrategia «foquista» del Che Guevara. A pesar de que el MRTArecibió entrenamiento y respaldo de Cuba era fundamentalmente nacionalista. Sus orígenes se remontan apequeños grupos de izquierda que no fueron absorbidos por la IU, organizada en 1980, y que contaban convínculos remotos con el APRA Rebelde de 1960, y el velasquista Partido Socialista Revolucionario (PSR)de la década de 1970. De forma tradicional identificaba al imperialismo como el principal enemigo. ElMRTA inició sus acciones violentas en el Perú a mediados de 1984 (KLARÉN 2004: 455).


1. Contexto electoral: movilización social y violencia terroristaEl año preelectoral de 1984 concluyó con una grave crisis económica, con más de 110%de inflación y más de 150% de devaluación, junto con graves conflictos sociales comoconsecuencia de las demandas por aumentos salariales y mejores condiciones de vida.Asimismo, fue un año de enfrentamientos armados, atentados terroristas, muertes, tam-bién de violaciones de los derechos humanos, desapariciones de ciudadanos en las pro-vincias declaradas en emergencia, hallazgos de tumbas colectivas y clandestinas (DESCO.RESUMEN SEMANAL 28.12-3.1.85: 1).

El panorama no cambió durante 1985. La inflación subió a 158,3%. Las movilizacionessociales continuaron. En marzo, la CITE inició una huelga indefinida, a ella se unieron lostrabajadores de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac),Canal 7, Ministerio de Justicia, SUTEP, Seguro Social, Municipalidad de Lima y JNE.Después de 22 días de paralización, el gobierno aceptó casi todas las demandas de loshuelguistas, entre ellas el aumento de las remuneraciones; entonces los trabajadores delCITE, SUTEP, JNE y de la Municipalidad de Lima levantaron la huelga.47

1.1. Las tácticas sangrientas del PCP-SL y del MRTA para anular las eleccionesEl contexto electoral estuvo marcado también por las acciones violentas del PCP-SL y,desde 1984, del MRTA. Ambos incitaron a la población a sumarse a la lucha armada contra«el hambre, la miseria y la pobreza». Intentaron obstaculizar las elecciones de 1985intimidando a los ciudadanos y a los dirigentes a través del asesinato de autoridades locales.Por ejemplo, en el mes de febrero de 1985 asesinaron al teniente alcalde pepecista deTiclayán, en el departamento de Cerro de Pasco, luego de someterlo a un «juicio popular»(LA REPÚBLICA 9.2.85). En Acro (Mariscal Luzuriaga) mataron al alcalde de AP delante delos pobladores por «ser el culpable del atraso y miseria del pueblo». En la localidad deSutica (Pampa, Cangallo) ajusticiaron al teniente gobernador y a su familia (DESCO. RESU-MEN SEMANAL 30.3-4.4.85: 6). En marzo, ejecutaron en Totos (Huamanga) al alcalde dePampacangallo (DESCO. RESUMEN SEMANAL 19-25.4.85: 7). El mismo día de las eleccio-nes, 14 de abril, en San Juan Salinas (Azángaro) eliminaron a su alcalde (DESCO. RESUMENSEMANAL 7-13.6.85: 6). Esta situación empeoró aún más la vida política del país.

Asimismo, el PCP-SL y el MRTA en su intento de interrumpir las elecciones generalesde 1985 dirigieron sus acciones terroristas contra los candidatos y locales políticos. Porejemplo, en el mes de marzo, en Huancayo, dinamitaron el local de IU mientras se realizabaun mitin. Hasta en dos oportunidades destruyeron los locales políticos del PPC, APRA yUNIR. En Huánuco atentaron contra un candidato de AP. En Arequipa, atacaron el local delAPRA y a militantes apristas con armas de fuego y dinamita (DESCO. RESUMEN SEMANAL19-25.4.85: 7). En el mes de abril, nuevamente en Huancayo, hicieron explotar el local delregistro electoral y el del APRA. En Lima, atentaron con «bomba motolov» contra el localdel APRA en Chorrillos. El día previo a las elecciones, en diversos lugares, atacaron seislocales del PPC y uno de FDUN; el 14 de abril, día de las elecciones, hubo intentos dedinamitar hasta siete colegios donde se habían instalado mesas de sufragio en diversoslugares de la capital (DESCO. RESUMEN SEMANAL 7-13.6.85: 6-7).

47 Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Informe final, Cronología de 1985.

EL PROCESO DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 1985: LOS «VOTOS VÁLIDAMENTE EMITIDOS» 71

Sin embargo, los atentados no sólo fueron selectivos, dirigidos a autoridades locales,candidatos políticos y locales partidarios, sino también fueron generales. En los primerosdías de abril, según información de algunos viajeros, en la carretera a Tingo María bandasterroristas emboscaron a los vehículos y requisaron las libretas electorales de los pasajerospara inutilizarlas con el sello del «símbolo de la hoz y el martillo atravesado con una inscrip-ción que dice “¡Viva el presidente Gonzalo!”. Los viajeros que se resisten a entregar taldocumento son asesinados sin piedad» (OIGA 8.4.85: 10). Según el Prefecto de Pasco,Rafael Suárez Escurra, la célula terrorista «Edith Lagos» asolaba pequeñas comunidades enlas provincias de Oxapampa y Daniel Alcides Carrión destruyendo los documentos deidentidad de los pobladores y dejando en las paredes la inscripción de «¡Viva el presidenteGonzalo!» (OIGA 8.4.85: 10). Al parecer estos actos violentos no garantizaban a los terro-ristas el fracaso de las elecciones y continuaron esparciendo terror en la población demanera más directa. Así, en Huancavelica y Ayacucho un grupo terrorista del PCP-SLmutiló los dedos de campesinos, entre hombres y mujeres, por el hecho de portar suslibretas electorales y afirmar que iban a votar en las elecciones (LA REPÚBLICA 12.4.85).

Además el PCP-SL, en su objetivo de obstaculizar las elecciones, decretó en Ayacuchoun paro general para los días 13, 14 y 15 de abril. Dicha medida debía ser cumplida portodo el pueblo ayacuchano. Pese a ello, las elecciones se realizaron en todo el territoriodel departamento de Ayacucho, incluso en aquellas provincias donde anteriormente sehabían suspendido las elecciones municipales de 1983.

Frente a las amenazas del PCP-SL y del MRTA, el gobierno dispuso que el 14 deabril de 1985 las elecciones fueran protegidas por 60 mil policías provenientes de las tresinstituciones policiales: Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana(LA REPÚBLICA 9.4.85). El resultado de la jornada electoral fue exitoso porque la mayoríade la población acudió a los locales de votación, pese a las amenazas de dichos gruposterroristas. El resultado de las elecciones incluso mostró una baja en la proporción deelectores ausentes con respecto a las elecciones generales pasadas; en 1980 el ausentismotuvo un índice del 21%, el mismo que en 1985 se redujo al 9% (TUESTA 1994: 530, 556).

Luego de 10 días de realizadas las elecciones, el 24 de abril, en pleno proceso deescrutinio, el Presidente del JNE, Domingo García Rada, fue víctima de un atentado terro-rista con metralletas y granada. El atentado dejó muy herido a García Rada y un muerto(CHÁVEZ 2002: 98-105). El mismo día asumió interinamente la presidencia del JNE RómuloMuñoz Arce, quien concluyó el proceso electoral haciéndose cargo del conteo de votos.

Los atentados terroristas se incrementaron de 1.734 en 1984 a 1.960 en 1985. Susprincipales ataques fueron a las torres de alta tensión, locales policiales, agencias banca-rias, domicilios particulares, locales políticos, municipalidades, puentes, entre otros(MAUCERI 1989: 27-8). Asimismo, dentro de sus objetivos políticos, se plantearon anularlas elecciones generales de 1985, pero como veremos más adelante, sin mayor éxito.

2. El sistema electoral: ¿cambiando las reglas de juego?

Las elecciones generales de 1985 se realizaron en el marco de la Constitución de 1979 ynormadas por el estatuto electoral 14250, vigente desde 1962, y la ley 23903, promulga-da el 24 de agosto de 1984 para el proceso electoral de dicho año. La convocatoria fuepor decreto supremo 043-84-PCM, con fecha 6 de julio de 1984. Se elegiría un Presiden-te, dos Vicepresidentes, 60 Senadores por distrito electoral único y 180 Diputados por


distrito electoral múltiple. Para la distribución de éstos en el Congreso se aplicó el métodode la cifra repartidora que garantizaba la representación de las minorías en el parlamento.

2.1. El sistema de la segunda vuelta electoral o balotajeEn las elecciones de 1985 se puso en práctica, por primera vez en la historia peruana, elsistema de la segunda vuelta electoral o balotaje,48 mas sólo para elegir al Presidente y alos Vicepresidentes de la República. Este sistema fue establecido por la Constitución de1979 pero para las elecciones generales de 1980 se dejó en suspenso su aplicación. Elsistema de la segunda vuelta electoral se implementó con el argumento de que era nece-sario formar una presidencia fuerte para hacer frente a cualquier veleidad que atentaracontra el funcionamiento normal de la institución (GARCÍA BELAUNDE 1986: 36).

El artículo 203° de la Constitución de 1979 establecía que el Presidente de la Repú-blica era elegido por sufragio directo y por más de la mitad de los «votos válidamenteemitidos». Si ninguno de los candidatos llegara a obtener la mayoría absoluta se debíaproceder a la segunda elección entre los que consiguieran las dos más altas mayoríasrelativas. La interpretación de esta norma para su aplicación en las elecciones de 1985causó varias opiniones respecto a los «votos válidamente emitidos».

2.2. Interpretando los «votos válidamente emitidos»Hasta 1984 se entendía por «votos válidos» o «votos válidamente emitidos» a aquellos queexpresaban sin error la preferencia por un candidato presidencial. Sin embargo, la ley23903, dada para las elecciones de 1985, interpretó por «votos válidamente emitidos» a «latotalidad de los sufragios computados, incluyendo los que resultaren nulos y en blanco».49

Este hecho provocó la reacción casi inmediata de muchos parlamentarios de oposi-ción al gobierno. El 30 de octubre de 1984, el entonces diputado Javier Valle-Riestra,acompañado de 60 diputados, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante el Tribu-nal de Garantías Constitucionales (TGC) para que declare ilegal el primer párrafo delartículo 6º de la ley en cuestión, sustentando sus argumentos sobre hechos históricos yconstitucionales. Entre otros puntos señaló: que en el proceso electoral de 1980 no sehabía computado los votos nulos y en blanco, lo que permitió que el entonces candidatoFernando Belaunde Terry alcanzara la presidencia de la República y que el artículo 290°de la Constitución de 1979 indicaba que el JNE declararía la nulidad del proceso electoralcuando los sufragios emitidos, en sus dos terceras partes, fueran nulos y en blanco(GARCÍA BELAUNDE 1986: 41-2).

La respuesta no se hizo esperar y estuvo a cargo del apoderado del Congreso,Roberto Ramírez del Villar. El diputado indicó que la Constitución de 1979 buscaba entodo momento el reforzamiento de la autoridad presidencial, motivo por el cual se preten-dió que el Presidente fuese elegido por una mayoría absoluta y no por una mayoríarelativa; la mayoría absoluta debía definirse porque el elegido debe alcanzar por lo menos

48 El sistema de balotaje (del francés ballotage: empate en unas elecciones), o segunda vuelta, fue implan-tado en la III República Francesa durante el siglo XIX. En 1958 fue restituido por el general De Gaullepara la V República con el fin de llegar a los cargos públicos desde la presidencia hasta las alcaldías(GARCÍA BELAUNDE 1986: 33).

49 Art. 6° de la ley 23903 dada el 24 de agosto de 1984.


más de la mitad de votos del total de electores y porque ya había un antecedente que seaplicó para elegir la mesa directiva en la Asamblea Constituyente, contabilizando los vo-tos nulos y en blanco para efectos de alcanzar el 50% (GARCÍA BELAUNDE 1986: 42-3).

Este caso debía ser resuelto por los miembros del TGC; sin embargo, al dividirsesus miembros en posiciones encontradas tanto a favor como en contra y al no alcanzarel quórum, requisito para declarar la inconstitucionalidad de una ley como lo establecía laley orgánica del tribunal, quedó vigente la norma. Para Domingo García Belaunde, laprecisión del concepto «votos válidamente emitidos», que incluía a los votos nulos yblancos, «fue sin lugar a dudas una hábil maniobra política para hacer factible que losgrupos que la propusieron tuviesen un mejor desenlace en la contienda electoral que seavecinaba» porque, según el mismo autor, «Acción Popular había comprendido que sugestión acabaría sin mayor respaldo ciudadano, con el resultado de no llegar ni a lasegunda vuelta» (1986: 51). Todos los sondeos indicaban que el APRA tenía la mayorpreferencia ciudadana y, entonces, «se trató de cerrarle el paso» para que no alcance elmínimo del 50% más uno de los votos. La alianza AP y PPC se había propuesto impedirque el partido del candidato Alan García Pérez alcanzara el mínimo necesario, para obli-garlo a competir en una segunda vuelta porque, según sus cálculos, el APRA competiríacon el PPC y éste tenía posibilidad de ganar las elecciones.

Tanto en el país como en el exterior, la nueva interpretación de los «votos válida-mente emitidos» se percibió como una conjura del gobierno contra el PAP, porque, sibien en algunos países y para algunas elecciones el voto blanco se computaba comoválido, en ningún lugar era considerado válido el voto viciado (CARETAS 22.4.85). Desdeese momento el proceso electoral creó dudas en su transparencia.

2.3. Nuevas circunscripciones: caso Ucayali y Loreto

La creación del departamento de Ucayali, en julio de 1984, que antes había sido parte deldepartamento de Loreto, generó una nueva ley para definir la distribución de representantesante el Congreso. Para reglamentar la representación de los departamentos de Ucayali yLoreto, el Legislativo delegó al poder Ejecutivo sus facultades para que señale el número dediputados que debía corresponderles (EL COMERCIO 28.12.84). Según la ley 24069 de dispu-so que cinco diputados debían representar a Loreto y dos a Ucayali (EL COMERCIO 14.1.85).

2.4. La restitución del voto preferencial: el robo de votos entre correligionarios

Para las elecciones generales de 1985 se restituyó el voto preferencial. El primer antece-dente de este tipo de voto se registró en las elecciones para la Asamblea Constituyente de1978. En el proceso de 1985 tuvo una variación que consistió en el doble voto preferen-cial opcional o voluntario y se aplicó para la elección de senadores y diputados. A diferen-cia de las elecciones de 1978, donde el elector tenía sólo una opción para marcar su votopreferencial, en las elecciones generales de 1985 se podía votar por uno o por dos de loscandidatos de preferencia de una lista partidaria. Sin embargo, la no-emisión del votopreferencial no anulaba el voto de la lista; en caso de ser mal expresado, tampoco seinvalidaba el voto pero sí la preferencia.50

50 Art. 20° de la ley 23903 dada el 24 de agosto de 1984.


La reinstauración del voto preferencial fue apoyado, en el Congreso, por parlamen-tarios de AP y de IU y rechazado por congresistas del PAP y del PPC (CARETAS 20.5.85:24). Al ser aprobado el restablecimiento del voto preferencial fue objeto de una acción deinconstitucionalidad interpuesta por el APRA y el PPC ante el Tribunal de GarantíasConstitucionales. En este caso también los magistrados del tribunal se dividieron a favory en contra al dar sus opiniones, por lo que se puso en práctica el voto preferencial dobley opcional en las elecciones de 1985 (GARCÍA BELAUNDE 1986: 52).

En la práctica, el voto preferencial provocó enfrentamientos al interior de los partidospolíticos entre los candidatos a diputados y senadores. En las elecciones de 1985, los candi-datos que más se enfrentaron fueron los de AP y PPC (LA REPÚBLICA 21.5.85), incluso sehabló de «un robo de votos» entre sus propios compañeros de partido (LA REPÚBLICA 7.5.85).

3. Igualdad electoral: buscando una efectiva equidad

3.1. Espacio gratuito para la campaña electoral de los partidos políticos

La reforma más significativa respecto a la propaganda electoral fue que, para las eleccio-nes generales de 1985, todas las agrupaciones políticas debían tener para su campañaigual número de espacios gratuitos a su disposición (EL PERUANO 4.3.85). Esta reformase realizó a pedido de la mayoría de los candidatos aspirantes a la Presidencia de laRepública, para que exista uniformidad en la propaganda electoral gratuita cedida en losmedios de comunicación del Estado (LA REPÚBLICA 3.12.84).

Según el decreto supremo 003-85-COMS, entre el 14 de marzo y el 12 de abril, laEmpresa de Cine, Radio y Televisión Peruana S.A. (RTP) debía poner a disposición delos partidos políticos un espacio de 30 minutos en cada estación de radio y televisión depropiedad del Estado en los horarios de 19:00 a 19:10, 20:00 a 20:10 y de 21:00 a 21:10.Editora Perú debía brindar a los partidos políticos un espacio gratuito de dos páginas: unaen el diario La Crónica y otra en La Tercera, debiendo publicarse la propaganda de seisentidades políticas en espacios iguales. La adjudicación del espacio debía ser por sorteo,pero ninguna agrupación política podía usar más de un espacio en cada diario.

Al igual que en la elección municipal de 1983, se creó una comisión nacional depropaganda electoral gratuita, con jurisdicción en toda la República, integrada por repre-sentantes del Jurado Nacional de Elecciones y del Instituto Nacional de ComunicaciónSocial. Asimismo se crearon comisiones departamentales de propaganda electoral gratui-ta con las mismas funciones que la comisión nacional para sus respectivas circunscrip-ciones. Un mes antes de la elección debía disponerse los espacios gratuitos de 30 minu-tos en radio, televisión y de dos hojas en los periódicos.

En caso de una segunda vuelta electoral, los medios de comunicación social debíanestar a disposición de los dos partidos políticos que hayan obtenido mayor votación.

4. Gestión electoral y la huelga de los trabajadores del JNE

4.1. Renovando el registro electoral nacional

Para las elecciones de 1985 se renovó en su totalidad el registro electoral nacional. En1984, por ley 23868, se autorizó un crédito suplementario en el presupuesto del sectorpúblico por la suma de 14.429 millones para cubrir los gastos de renovación total del


registro.51 Dicha renovación significaba una reinscripción de todos los ciudadanos, sincosto alguno. El plazo para la reinscripción no debía pasar de los 120 días previos a lafecha de las elecciones. En esa línea, el período estipulado para la reinscripción fue desdeel 20 de julio hasta el 4 de noviembre de 1984.

Los plazos de reinscripción establecidos se prorrogaron varias veces. Del 4 de no-viembre, se prolongó hasta el 14 de diciembre de 1984. Sin embargo, la población noacudió oportunamente a las oficinas del registro de inscripción, a pesar de las advertenciasdel presidente del JNE, Domingo García Rada, en el sentido de que el plazo era improrro-gable y que la nueva libreta electoral, cumplido el tiempo para la reinscripción, sería el únicodocumento válido para realizar trámites administrativos, civiles, comerciales y para partici-par en los comicios electorales. Vencido el segundo plazo se constató que muchos ciudada-nos aún no estaban inscritos, pues habían esperado el último momento para tramitar sudocumento de identificación ocasionando largas filas y aglomeración. Ello obligó a unasegunda prórroga adicional, esta vez el aplazamiento se extendió por dos días y requirió deuna ley aprobada por el Senado en vista de que violaba el mandato legal de cerrar la inscrip-ción 120 días antes del día de las elecciones (EL COMERCIO 16, 17.12.84).

Los motivos de la población para no acudir a las oficinas del registro electoral parareinscribirse, posiblemente se debieron al temor provocado por las acciones terroristasdel PCP-SL. Por ejemplo, en Lima, el 26 de octubre de 1984, el local del registro electoralde El Agustino fue asaltado y dinamitado por un comando subversivo, quemando más decuatro mil fichas de reinscripción. Al día siguiente, en la oficina del registro electoralubicada en Las Flores, del distrito de San Juan de Lurigancho, se produjo otro ataque enmomentos en que había más de un centenar de ciudadanos inscribiéndose. Otro probablemotivo fue la presión ejercida por los trabajadores contratados por el JNE para cumplircon la reinscripción electoral. Por ejemplo, en el distrito de Barranco, cuatro de los cincolocales de reinscripción electoral que existían fueron cerrados en protesta porque no secumplió con el aumento de sueldo a los trabajadores y porque no les había brindado lasgarantías de seguridad prometidas (HOY 31.10.84).

Algunos aprovechados registradores extendieron libretas electorales previo pago.Por ejemplo, en Huaral el jefe del registro electoral, Eduardo Vásquez Peña, había facili-tado varias libretas electorales a algunos ciudadanos previo pago ilícito, incluso estosdocumentos se habían elaborado con diferente numeración (LA REPÚBLICA 2.12.84).

También hubo otros problemas en la reinscripción de los ciudadanos. Por ejemplo,aproximadamente en el 2% de la población reinscrita se había omitido o escrito mal losdatos, por lo que nuevamente los ciudadanos debían regularizar sus fichas (EL COMER-CIO 26.12.8). Asimismo, el JNE tuvo dificultades para estimar la población reinscrita,demoró mucho en dar las cifras totales de la población electoral; luego de casi tresmeses, en el mes de marzo de 1985 se conocía recién sobre los ciudadanos reinscritos enel Perú. La cifra llegaba aproximadamente a 8.290.841 electores; sin embargo, aún no seconocía el número de electores peruanos residentes en el extranjero (EL COMERCIO 3.3.85).

La publicación del total de los electores en el país puso en evidencia que aproximada-mente un 17% de la población electoral no fue tomado en consideración. En efecto, según elcenso de 1981, la población en edad de sufragar llegaba a 9.992.589, pero el JNE sólo había

51 Art. 1° de la ley 23868 publicada el 12 de junio de 1984.


Departamento Inscritos No inscritos Población (%) (%) no inscrita

Cajamarca 6 4 , 4 3 5 , 6 1 9 8 . 3 2 3Apurímac 6 5 , 2 3 4 , 8 6 0 . 8 9 8Ayacucho 6 6 , 1 3 3 , 9 9 3 . 1 7 0Piura 6 8 , 2 3 1 , 8 2 0 1 . 5 9 2Amazonas 6 8 , 6 3 1 , 4 4 3 . 0 5 9Tumbes 7 2 , 4 2 7 , 6 1 6 . 7 0 8L o r e t o 7 2 , 8 2 7 , 2 6 4 . 5 2 1Pasco 7 3 , 1 2 6 , 9 3 0 . 9 4 5Cusco 7 3 , 4 2 6 , 6 1 2 7 . 5 5 5Huancavelica 7 5 , 8 2 4 , 2 4 4 . 9 7 4P u n o 7 5 , 9 2 4 , 1 1 2 2 . 2 1 2Áncash 7 5 , 9 2 4 , 1 1 1 1 . 3 2 4Ta c n a 8 0 , 4 1 9 , 6 1 7 . 5 6 3

llegado a inscribir a un 83% del total. Los departamentos con alto porcentaje de población noinscrita fueron: Cajamarca (35,6%), Apurímac (34,8%), Ayacucho (33,9%) y Piura (31,8%).Sin embargo, en este último departamento estuvo la mayor población no inscrita, con 201.592electores; seguido de Cajamarca, con 198.323; Lima, 161.044; Cusco, 127.555, entre otros.

Población electoral inscrita y no inscrita por departamento

Fuente: Elaborado por Carlos Michelsen sobre el Censo Nacional de 1981 y la reinscripción en el JNE. En CARETAS 8.4.85: 28.

52 Art. 25º de la ley 23903, dada el 24 de agosto de 1984.53 Art. 19º de la ley 23903, dada el 24 de agosto de 1984.

4.2. Inscripción de los partidos políticos ante el JNE

Por disposición transitoria de la ley 23903, dada el 24 de agosto de 1984, se acordómantener en vigencia la inscripción de los partidos políticos en el JNE para las eleccionesgenerales de 1985. La única exigencia fue tener representación parlamentaria.52 Para lasnuevas inscripciones de los partidos políticos y alianzas partidarias se debía cumplir conlos siguientes requisitos:

a) Presentar una solicitud de inscripción en el registro de partidos políticos con identifi-cación del nombre de la agrupación, su domicilio legal, la nómina del personal queconstituye su órgano representativo nacional y el nombre de su personero legal.

b) Presentar una relación de cien mil adherentes con sus respectivas firmas y laindicación del número de sus libretas electorales.

c) Presentar, por duplicado, sus estatutos y su ideario o programa de partido.d) Acreditar la instalación y funcionamiento de comités departamentales en por lo

menos la mitad del número de departamentos de la República.e) Solicitar su inscripción con un mínimo de ciento ochenta días previos a la fecha

señalada para las elecciones.53

La modificatoria en los requisitos para la inscripción de las elecciones generales de1985 fue la exigencia de cien mil adherentes, mientras que para las elecciones generalesde 1980 se solicitaron sólo cuarenta mil firmas.

Departamento Inscritos No inscritos Población (%) (%) no inscrita

Moquegua 8 1 , 8 1 8 , 2 1 1 . 1 4 2Huánuco 8 2 , 6 1 7 , 4 4 5 . 5 6 1La Libertad 8 3 , 9 1 6 , 1 9 1 . 5 3 8Ucayali 8 4 , 3 1 5 , 7 1 6 . 6 6 4Lambayeque 8 4 , 6 1 5 , 4 5 9 . 6 7 8Arequipa 8 6 , 2 1 3 , 8 5 9 . 7 8 3Junín 8 7 , 3 1 2 , 7 6 1 . 4 6 9San Martín 8 7 , 8 1 2 , 2 2 1 . 2 2 4Madre de Dios 9 1 , 5 8 , 5 1 . 7 0 3Ica 9 2 , 4 7 , 6 1 9 . 4 6 0Callao 9 3 , 2 6 , 8 1 9 . 6 3 3L i m a 9 4 , 7 5 , 3 1 6 1 . 0 4 4


En total fueron trece los partidos políticos que llegaron a inscribirse ante el JNE. Sinembargo, cuatro no fueron habilitados por el ente electoral luego de la depuración de lasfirmas: al Partido Revolucionario de los Trabajadores-Combate, liderado por EmeterioTacuri, se le reconocieron sólo 9.627 firmas de los planillones presentados; al PartidoRadical, encabezado por Carlos Enrique Ferreyros, de las 121 mil firmas se le validaron48.230; al Movimiento Velasquista, conducido por Eustaquio Maylle, se le descartó por-que había presentado únicamente 98.184 firmas; finalmente, la Unión Nacional Odriísta,liderada por Dora Narrea Valdivia, quedó invalidada por el JNE para competir en laselecciones (DESCO. RESUMEN SEMANAL 12-18.10.84; 19-25.10.84). Los nueve partidosque finalmente participaron en los comicios generales fueron:

Partido Candidato

Acción Popular Javier Alva OrlandiniConvergencia Democrática Luis Bedoya ReyesFrente Democrático de Unidad Nacional Francisco Morales BermúdezIzquierda Nacionalista Róger Cáceres VelásquezIzquierda Unida Alfonso Barrantes LingánMovimiento Cívico Nacional 7 de junio Peter Uculmana SuárezPartido Aprista Peruano Alan García PérezPartido de Avanzada Nacional Miguel Campos ArredondoPartido Socialista de los Trabajadores Ricardo Napurí

4.3. Cédula de sufragio

La elaboración de la cédula de sufragio tuvo un retraso. Según el presidente del JNE, éste sedebió a la demora del envío de las listas de candidatos a diputados inscritas por los JuradosDepartamentales Electorales, aparentemente por dificultades en el sistema de comunicacio-nes. La prensa informó sobre ello señalando que «en el Jurado las cosas andan a paso detortuga. Todavía no ha diseñado la cédula única» (LA REPÚBLICA 7.2.85). Sin embargo, laconfección de varios modelos de cédulas de sufragio por el JNE, así como las indecisionespara elegir uno de ellos, parecen ser también causas de este atraso (LA REPÚBLICA 14.2.85).

Como en anteriores elecciones, la cédula de sufragio presentada por el JNE fuecuestionada por los partidos políticos. Esta vez debido a que el espacio donde debíanestar colocados los símbolos era de forma rectangular. El personero de la agrupaciónConvergencia Democrática, Jorge Power Manchego Muñoz, indicó que la forma rectan-gular favorecía al partido AP y señaló: «La lampa puede crecer en ese espacio rectangu-lar, mientras que los otros símbolos partidarios no tienen esa posibilidad» (LA REPÚBLICA15.2.85). Mas el JNE desestimó dicha impugnación. Finalmente, con algunas pequeñasmodificaciones luego de las observaciones de las agrupaciones políticas a la confecciónde la cédula electoral, ésta quedó aprobada por todos los partidos.

La cédula tuvo tres cuerpos, uno para la lista presidencial, otro para senadores y eltercero para diputados. El elector debía realizar en total siete votos: una marca sobre elsímbolo para la lista presidencial (primer cuerpo); en la sección de senadores había queseñalar el símbolo y además escribir el número de dos candidatos de su preferencia(segundo cuerpo), repitiendo el procedimiento para elegir a los diputados (tercer cuer-po). Así, el elector podía optar hasta por tres listas distintas al momento de votar: una para


presidenciales, otra distinta para senadores y una para elegir a los diputados. Sin embargo,como el voto preferencial no era obligatorio, se podía dejarlo en blanco sin que se invalideel voto del elector (EL PERUANO 14, 15, 16.3.85); esto facilitaba el sufragio de los iletrados.

La cédula de sufragio, que de alguna manera era complicada por la opción del votopreferencial, necesitó de una mayor difusión sobre las instrucciones del ejercicio desufragar con sus distintas variantes. Al respecto el presidente del JNE, Domingo GarcíaRada, señaló que la campaña de difusión e ilustración sobre cómo debían de emitir suvoto los electores se daría hasta los últimos días previos a los comicios a través de todoslos medios de comunicación. En ello también debían trabajar los jurados departamentalesen sus jurisdicciones.

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, hubo denuncias sobre el desconoci-miento de la población en la forma de votar. Un ejemplo de ello fue la denuncia de ladiputada Mercedes Tejero de Alayza (AP), quien después de su visita a pueblos jóvenesde Ica, Chincha y Palpa informó que muchos no sabían lo que significaba el voto prefe-rencial y tampoco cómo votar en la cedula de sufragio (EL COMERCIO 6.4.85). Ante estafalta de información el gobierno tuvo que disponer el canal del Estado (Canal 7) para queel día 13, un día antes de las elecciones, durante ocho horas brindara información elec-toral educando a la población en el uso correcto de la cédula y facilitando la ubicación delas mesas de sufragio (LA CRÓNICA 11.4.85).

4.4. Publicación de las mesas de sufragio

La publicación de las mesas de sufragio fue otro punto crítico en este proceso electoral.Por ejemplo, en Lima, hubo dos casos que vale la pena mencionar. Uno de ellos seprodujo en el distrito de San Isidro, donde un sector de los pobladores no sabía dóndevotar porque en la publicación de las mesas electorales no se había publicado la relaciónde siete de ellas (EL COMERCIO 2.4.85). El otro caso, más grave cuantitativamente, sepresentó en Bellavista porque estaban desaparecidas 335 mesas (EL COMERCIO 4.4.85).Estos hechos provocaron enfrentamientos entre el presidente del Jurado Departamentalde Lima, Francisco Ayala Noriega, y los funcionarios del diario El Peruano. El primeroaseguraba haber enviado las relaciones completas de las mesas de sufragio y los últimosafirmaban haberlas publicado tal cual las recibieron (EL COMERCIO 5.4.85).

4.5. Huelga de los trabajadores del JNE

Las elecciones generales de 1985 se vieron amenazadas por la huelga de los trabajadores delJNE. El reclamo laboral se resumía en aumento de sueldos y seguridad frente a las accionesterroristas. En febrero de 1985, mil trabajadores del JNE paralizaron sus labores durante 24horas. Esta medida se produjo a pesar de las amenazas del presidente el JNE, DomingoGarcía Rada, quien advirtió a los empleados contratados que si acataban dicha medida seles rescindiría sus contratos y a los nombrados se les sancionaría con «todo el rigor de laley» (EL COMERCIO 13.3.85; EL PERUANO 12.3.85). Esta paralización fue minimizada porel presidente del ente electoral (LA REPÚBLICA 14.2.85). Sin embargo, el JNE intentó for-mar una comisión paritaria para solucionar el problema pero ésta fue rechazada por lostrabajadores en vista de que dicha comisión funcionaría desde el año 1986 y ello no solucio-naría los reclamos del año 1985 (LA REPÚBLICA 14.2.85). Luego de un período de espera,


los trabajadores del JNE volvieron a declararse en huelga desde la quincena de marzo (ELPERUANO 17, 23.3.85). En dicha ocasión, el diálogo se rompió porque el presidente del JNEexigió la suspensión de la huelga e insistió en que las sanciones legales subsistirían para loshuelguistas (EL PERUANO 23.3.85). Finalmente, esta paralización que duró once días fueresuelta luego de una negociación económica (EL PERUANO 26.3.85).

Las dificultades con los trabajadores del JNE no terminaron de resolverse adecuadamen-te y las protestas continuaron hasta después del proceso electoral. Así, faltando cinco díaspara las elecciones, los trabajadores se declararon en huelga indefinida, amenazando que nolevantarían su medida hasta que el presidente del JNE emita una resolución ordenando elaumento de 400 mil soles como habían pactado anteriormente. La secretaria general delsindicato, Haydée Cháverry, había señalado que no levantaría la huelga porque «desconfia-ba de las promesas del Dr. García Rada, quien anteriormente les había hecho levantar lahuelga para dialogar y al final no consiguieron nada concreto» (LA REPÚBLICA 10.4.85; ELPERUANO 9.4.85). Esta paralización estuvo reforzada con huelgas de hambre de 18 traba-jadores de la misma institución en el local de la Federación de Empleados Municipales.

Las elecciones del 14 de abril se realizaron en medio de la huelga de un sector de lostrabajadores del JNE. El ente electoral tuvo que contratar nuevo personal para reemplazara los huelguistas y ello fue posible gracias a un crédito suplementario de 36 mil millonesde soles que se sumó al presupuesto anual del JNE que alcanzaba a 16 mil millones desoles (EL PERUANO 12.3.85). La contratación de un nuevo personal, faltando pocos díaspara las elecciones, fue un error porque éste no estaba capacitado para las tareas electo-rales lo que, como veremos más adelante, se reflejó en el conteo de votos.

5. Campaña electoral

La campaña electoral de los candidatos a la Presidencia de la República se desarrollóentre denuncias y actos violentos entre los seguidores de los partidos políticos. Porejemplo, el candidato Francisco Morales Bermúdez, del Frente Democrático de UnidadNacional, acusó a AP de usar los recursos del Estado para la campaña de su candidato(LA REPÚBLICA 15.12.85). Mientras que al PPC se le culpó de utilizar, en las municipali-dades donde los alcaldes eran pepecistas, los camiones de basura para realizar propagan-da electoral en beneficio de sus candidatos (CARETAS 25.3.85: 24). El PAP fue denuncia-do por una supuesta reunión que realizó su líder, Alan García Pérez, con el director dePOP (empresa encuestadora), Augusto Alegre, en casa de éste. Según la revista Oiga,tres días después de la aparente reunión, la empresa POP publicó una encuesta en la queel candidato Alan García Pérez salía ganador sin necesidad de una segunda vuelta (OIGA25.2.85). Asimismo, el candidato del APRA fue acusado de haber capturado económica-mente a los diversos medios de comunicación; por ello, decían, la prensa estabaparcializada con este partido. El motivo de esta denuncia fue la enorme campaña realiza-da por el PAP en todos los medios de comunicación (OIGA 4.3.85: 8-9).

Igualmente Luis Bedoya Reyes, candidato de Convergencia Democrática, duranteun mitin en Caraz (Áncash) utilizó el nombre de Dios para pedir al pueblo caracino queno vote por la IU, señalando «no sacrificar las enseñanzas de nuestros evangelizadoresante el altar de los predicadores marxistas, que no creen en nada ni en sí mismos» (LAREPÚBLICA 11.2.85). La respuesta no se hizo esperar por parte del candidato AlfonsoBarrantes, de IU, quien desde un mitin desarrollado en Mollendo acusó a la derecha


peruana de antidemocrática, por sostener que si la izquierda ganara las elecciones seproduciría un golpe de Estado (LA REPÚBLICA 12.2.85).

En las elecciones generales de 1985 no faltaron enfrentamientos sangrientos. Porejemplo, el candidato presidencial del Frente Democrático de Unidad Nacional, FranciscoMorales Bermúdez, en pleno mitin en la plaza de armas de Arequipa, fue herido con unapiedra que le rompió la ceja izquierda (LA REPÚBLICA 16.2.85). En la plaza de armas de laciudad de Huaraz, los partidarios populistas, apristas e izquierdistas se enfrentaron violen-tamente; el hecho terminó luego de una intervención de la policía (LA REPÚBLICA 17.2.85).


Para las elecciones generales de 1985 se instalaron 43.018 mesas de sufragio en todo el país(GARCÍA BELAUNDE 1986: 59); en ellas debían votar 8.333.433 electores (TUESTA 1994:532). Durante la jornada electoral, el 14 de abril, se presentaron algunas irregularidades. Lasprincipales incidencias ocurridas el día de las elecciones tuvieron relación con la confeccióndel padrón, el repliegue del material electoral y la instalación de mesas de sufragio.

Por fallas en la confección del padrón electoral muchos ciudadanos no pudieronvotar. En unos casos no estaban registrados el nombre ni la libreta electoral del ciudada-no. En otros, no coincidía el número de la libreta electoral, ni los nombres, ni los apellidoscon los registrados en el padrón (EL COMERCIO 15.4.85). Frente a los reclamos de loselectores que no pudieron votar por esta causa, se propuso que sean dispensados desanción (EL DIARIO MARKA 15.4.85; LA REPÚBLICA 16.4.85).

Otra dificultad la constituyó el despliegue del material electoral, por lo que a muchoslugares del país éste no llegó a tiempo. Por ejemplo, en las provincias de Lucanas, Puquial,Vilcas y Huancasacro no se realizaron las elecciones porque nunca llegaron los materialeselectorales (EL DIARIO MARKA 15.4.85). En seis distritos de la provincia de Cotabambas deldepartamento de Abancay, hacia al medio día, los miembros de mesa y los electores se-guían a la espera del material electoral (EL COMERCIO 15.4.85). Incluso, el mismo presiden-te del JNE, Domingo García Rada, reconoció que en los distritos de Rosaspata, Mañasos,Capachica y Acora, del departamento de Puno, no se realizaron las elecciones porque elmaterial electoral y las credenciales de los personeros no llegaron. Esta carencia provocó laanulación de treinta mesas de sufragio con la consecuencia de que seis mil electores sequedaron sin sufragar (LA REPÚBLICA 15.4.85). Junto a esto, hubo confusión en el envíodel material electoral; así, a Chimbote se mandaron las cédulas de sufragio del departamen-to de San Martín, por lo que el registrador electoral provincial del Santa, Ludovico Montañez,dispuso que se habilitaran cédulas en blanco para 600 votantes (EL COMERCIO 15.4.85).Tampoco llegaron otros materiales como el sello especial para el presidente de mesa, ellosucedió en los departamentos de Cusco, Tumbes y Arequipa.

Como en las elecciones anteriores, muchas mesas de sufragio se abrieron con retra-so; esta vez, en algunos casos, la causa fue la demora en la llegada de los materialeselectorales (LA REPÚBLICA 15.4.85). Para el caso de Lima y sus provincias se dijo que seretrasaron por causas técnicas. La tardanza en la instalación de las mesas se trató desolucionar ampliando en dos horas el cierre de la votación, de 3 a 5 p.m.; pero como laampliación del horario se dispuso tarde, muchos miembros de mesa no llegaron a infor-marse a tiempo e iniciaron el conteo de votos dejando a muchos ciudadanos sin sufragar.


En este contexto, las acciones violentas del PCP-SL quisieron poner en peligro lajornada electoral. En los departamentos de Huancayo, Cusco y Ayacucho se produjeronatentados con dinamita, lo que ocasionó apagones. En Lima también se presentó este tipode atentados, dejando en tinieblas los asentamientos humanos del Cono Norte, mientrasque en el asentamiento humano de Villa Hermoza, en El Agustino, algunos locales electo-rales fueron atacados y destruidos en ellos el material electoral (EL DIARIO MARKA 15.4.85).

Un informe del Ministro del Interior, Oscar Brush Noel, señaló que el día de laselecciones se contabilizaron 26 acciones terroristas con dinamita; además hubo dosapagones y dos puestos policiales fueron atacados (LA REPÚBLICA 16.4.85). A pesar deestos graves incidentes la población electoral asistió a expresar su voto masivamente,superando en asistencia a las elecciones municipales de 1983.

6.1. Computadoras para agilizar el conteo de votos: ¿qué pasó con el sistema de cómputo?

Para las elecciones generales de 1985 se implementó un sistema de cómputo con elobjetivo de dar, en un tiempo breve, los resultados electorales. A diferencia de las eleccio-nes generales de 1980, cuando se efectuó sólo para Lima, para este proceso se instaló elsistema por primera vez en 14 departamentos: Lima, Callao (provincia constitucional),Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho, Huánuco,Áncash, y en otros dos más (EL PERUANO 15.3.85; 10.4.85). El costo de la implementaciónfue de aproximadamente seis mil millones de soles (EL PERUANO 13.3.85). La empresaganadora para dar los servicios de cómputo fue la firma Otecsa, con los equipos de lacompañía Wang. Además, se tomaron los servicios de la empresa Price Waterhouse paraauditar el sistema de computación de la Wang (LA REPÚBLICA 10.4.85 y 14.4.85). Sinembargo, el sistema de cómputo no tuvo el resultado esperado; el JNE se demoró 45 díasen publicar el resultado final, provocando desconfianza en los partidos políticos (LAREPÚBLICA 7.5.85).

6.2. El conteo de votos en Lima

El JNE no había previsto un sitio amplio para el escrutinio de los votos, lo que provocóaglomeración y angustia en ubicar a última hora un nuevo local. Luego de una pérdida decuatro días, se consiguió la instalación del Estadio Nacional sin considerar que no era unlocal adecuado y no brindaba seguridad —por ejemplo, se encontraba en reparación elgrupo electrógeno que no funcionó en un apagón, creando aún más suspicacias de frau-de. A ello se sumó la suspensión del escrutinio por dos días (sábado y domingo) por lospartidos de fútbol programados con anterioridad en dicho lugar (CARETAS 22.4.85).

Después de catorce días de realizadas las elecciones, según la declaración del Presi-dente del Jurado Departamental de Elecciones, Francisco Ayala Noriega, no se tenía losresultados oficiales de ningún distrito de Lima Metropolitana. El retraso se debió, segúnAyala, a la impugnación presentada por IU para reexaminar 77 mesas electorales y a lalentitud con que trabajaba el centro de cómputo (LA REPÚBLICA 29.4.85). El 23 de mayo,después de 39 días de las elecciones, el Presidente interino del JNE, Rómulo MuñozArce, dio un plazo definitivo de 48 horas al jefe del Jurado Departamental de Lima paraque remita las actas con los resultados oficiales de su jurisdicción, con la amenaza deaplicarle las sanciones que la ley ordenaba (LA REPÚBLICA 7.5.85).


El conteo de votos se realizó en medio de un gran desorden. Varios de los personerosde los partidos políticos denunciaron el hecho. Por ejemplo, el personero del frente iz-quierdista UNIR, Rojas Huaroto, detectó la existencia de duplicados de las actas de resu-men de escrutinio en manos de los personeros de AP en un ambiente de confusión ydesorden. Paralelamente, los personeros de Izquierda Unida y Convergencia Democráti-ca se quejaban de que en las actas de resumen de escrutinio no se consignaban losresultados de los totales del voto preferencial (LA REPÚBLICA 19.4.85).

Las constantes denuncias de fraudes en el escrutinio de votos contra el JuradoDepartamental de Lima llevó a que el Ministerio Público investigara las irregularidades enlos sufragios parlamentarios, particularmente en el voto preferencial. La Fiscalía de laNación designó al Fiscal Provincial Decano de Lima, Guillermo Miranda Chavarri (Presi-dente del Jurado Departamental de Lima en 1983), como fiscal ad hoc para que realicelas investigaciones (EL PERUANO 18.5.85). Así se conoció que, para el cercado de Lima,se habían encontrado entre 500 a 600 actas adulteradas que favorecían principalmente acandidatos populistas y del CODE (LA REPÚBLICA 15.5.85).

Las irregularidades, según la investigación de Miranda Chavarri, fueron favorecidaspor la desorganización y caos que imperaba en el proceso. Ello por haber entregado apersonas improvisadas y a último momento la tarea tan seria y compleja del escrutinioelectoral. Según el informe del fiscal provincial, la adulteración de las actas parece serque se realizó en cuatro fases:

1. La misma noche del 14 de abril, en algunos locales municipales donde fueronllevadas las ánforas y las actas. Al parecer no hubo suficiente personal.

2. Durante el traslado del local de la calle Cervantes al Estadio Nacional. La adulte-ración posiblemente se hizo en la camioneta que trasladaba las actas.

3. En las instalaciones del Estadio Nacional. Luego que fueron depositadas las ac-tas, antes de repartirlas a las mesas para el escrutinio, los falsificadores (emplea-dos del jurado y algunos personeros) «se encerraban en el baño y allí se veíancon el mago “Fumanchú” para realizar el “cambiazo”». Según declaracionesobtenidas por la Fiscalía, era conocido el personero de un candidato «que pare-cía narco de Tingo María porque andaba con los bolsillos repletos de dinero enefectivo». Los empleados lo conocían como «el hombre de la plata» o «el hom-bre que nos sacaba de micios» (OIGA 20.5.85: 6).

4. En las mesas de cómputo ubicadas en el Estadio Nacional. Para el procedimientodel voto se tomaba en cuenta el acta del jurado departamental. Si coincidía conlas actas de los personeros, se aprobaba y se iniciaba el cómputo, de lo contrarioera suficiente la coincidencia de dos actas de los personeros para que se «arre-glase» el acta oficial (LA REPÚBLICA 15.5.85; OIGA, 20.5.85: 6-7).

La adulteración de las actas se realizó principalmente en el voto preferencial por perso-nas vinculadas a candidatos al Congreso. La poca campaña de información sobre el votopreferencial provocó que un alto porcentaje de los electores no ejercieran ese derecho,quedando los casilleros en blanco. Fueron estos casilleros en blanco, del voto preferencial,los que fueron llenados ilegalmente para favorecer a uno u otro candidato. En otros casos,adulteraron el voto preferencial cambiando el número (CARETAS 20.5.85: 23; OIGA 20.5.85:6-7). En las elecciones generales de 1985, la lucha por los votos no sólo fue entre partidos


sino entre candidatos de una misma agrupación política. Por ejemplo, según el informe delfiscal Miranda Chavarri «un conocido líder de AP sorprendió a otro correligionario cam-biando sus votos preferenciales por el suyo (el segundo) y estuvo a punto de atacarlo agolpes por esta deslealtad» (LA REPÚBLICA 15.5.85). Similares incidentes también se detec-taron en el departamento de La Libertad, Áncash, Ica, Puno, entre otros (OIGA 20.5.85: 7).

Estos hechos irregulares y la proclamación de diputados electos sin solucionar losrecursos de nulidad presentados ante el Jurado Departamental de Lima llevaron a que IU,mediante su personero nacional, Luis Alberto López Sousa, pidiera la anulación de loscómputos electorales para senadores y diputados correspondientes a las elecciones deLima Metropolitana y Lima Provincias (LA REPÚBLICA 28.5.85).

Sin embargo, se publicó la lista de los candidatos ganadores para las Cámaras deSenadores y Diputados. El APRA obtuvo el mayor porcentaje de votos para senadores, conel 51%; lo seguía IU, con 26%; Convergencia Democrática alcanzó el 11% y AP, 8%. Casiel mismo resultado se dio para la Cámara de Diputados. El APRA consiguió el 50%, IU el25%, Convergencia Democrática el 11% y AP el 9%, entre otros.

Resultado nacional de elecciones de senadores en 198554

Lista Absolutos %

A P R A 3. 099 . 975 5 1Izquierda Unida 1 . 521 . 461 2 6Convergencia Democrática 6 7 5 . 6 2 1 1 1Acción Popular 4 9 2 . 0 5 6 8Izquierda Nacionalista 1 0 3 . 8 7 4 2Frente Democrático de Unidad Nacional 5 6 . 8 5 9 1Partido de Avanzada Nacional 2 5 . 8 4 3 1Frente Agrícola Humanista Femenino 1 7 . 5 4 0 0Partido Socialista de los Trabajadores 1 6 . 1 1 3 0Movimiento Cívico Nacional 7 de Junio 1 5 . 1 2 6 0Partido Socialista del Perú 1 2 . 9 9 1 0Partido Mariateguista de Liberación Nacional 7 . 3 5 9 0Votos válidos 6 . 044 . 638 8 4Votos nulos 6 2 1 . 0 3 5 9Votos blancos 5 4 1 . 2 7 0 7Votos emitidos 7 . 206 . 943 1 0 0Ausentismo 1 . 075 . 602 1 3Votantes 7 . 206 . 943 8 7Total de inscritos 8 . 282 . 545 1 0 0


Resultado nacional de elecciones de diputados de 1985Lista Absolutos %

A P R A 2. 920 . 605 5 0Izquierda Unida 1 . 424 . 981 2 5Convergencia Democrática 6 4 9 . 4 0 4 1 1Acción Popular 4 9 1 . 5 8 1 9Izquierda Nacionalista 1 1 0 . 6 9 5 2

54 Las cifras absolutas de los resultados fueron tomadas de TUESTA 1994: 531


6.3. Derrotando al PCP-SL y al MRTA

En primer lugar, el gobierno no suspendió las elecciones generales de 1985 en ningúnlugar del país declarado en estado de emergencia, situación en que estaban los departa-mentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Huánuco.

Otro punto a favor de la democracia fue el bajo ausentismo que se registró en estoscomicios: 9% del total de electores. Dicho porcentaje fue significativamente menor —12%más bajo— al que se presentó en las elecciones generales de 1980 (21%), y en compara-ción a las elecciones municipales de 1983 se redujo en un 27%, ocasión en la cual el 36%de los electores no asistió a votar. Si observamos el ausentismo en las zonas de emergenciacomprobamos que un alto porcentaje de la población acudió a sufragar a pesar de lasamenazas de los grupos terroristas. El ausentismo en Apurímac fue de 17,9%; en Ayacucho,de 17,13%; en Huancavelica, de 21,69%; en Huánuco, de 14,49%; en Lima provincias, de9,60%; entre otras cifras que podemos observar en el siguiente cuadro. Este resultadoconstituyó un duro golpe a las acciones subversivas del PCP-SL y del MRTA, porque pesea sus represalias y amenazas de paro general en Ayacucho, la población asistió a cumplircon su deber cívico.

Departamento Electores inscritos Ausentismo

Amazonas 9 7 . 8 4 8 10,40Áncash 3 3 9 . 3 4 7 8,90Apurímac 1 1 3 . 9 1 4 17,90Arequipa 3 7 2 . 3 7 7 7,57Ayacucho 1 8 2 . 0 1 9 17,13Cajamarca 3 5 8 . 3 3 3 12,51Callao 2 6 9 5,95Cusco 3 5 2 . 2 1 7 12,86Huancavelica 1 4 0 . 8 6 5 21,69Huánuco 2 1 5 . 7 1 0 14,49Ica 2 3 6 . 4 7 7 5,06Junín 4 2 3 . 0 9 8 9,88La Libertad 4 7 5 . 7 6 0 6,46


Ausentismo electoral en los comicios generales de 1985

Departamento Electores inscritos Ausentismo

Lambayeque 3 2 7 7,71Lima Metropolitana 2 . 581 . 415 7,63Lima Provincia 2 9 6 . 5 2 5 9,60L o r e t o 1 7 3 . 0 2 1 12,83Madre de Dios 1 8 . 4 0 4 16,61Moquegua 5 0 . 2 5 5 7,50Pasco 8 4 . 0 4 8 13,06Piura 4 3 1 . 4 2 9 8,45P u n o 3 8 4 . 9 9 5 9,01San Martín 1 5 2 . 2 9 6 14,52Ta c n a 7 2 . 1 1 5 6,27Tumbes 4 3 . 8 9 1 4,39Ucayali 8 9 . 7 8 3 14,05


Lista Absolutos %

Frente Democrático de Unidad Nacional 5 9 . 4 5 5 1Movimiento Cívico Nacional 7 de Junio 2 4 . 4 6 6 0Partido de Avanzada Nacional 1 9 . 1 3 1 0Partido Socialista de los Trabajadores 1 6 . 4 2 5 0Partido Socialista del Perú 1 4 . 7 7 5 0Independientes 9 9 . 1 9 2 2Votos válidos 5 . 830 . 710 8 8Votos nulos 3 3 1 . 0 7 3 5Votos blancos 4 4 6 . 7 5 7Votos emitidos 6 . 608 . 533 1 0 0Ausentismo 1 . 674 . 012 2 0Votantes 6 . 608 . 533 8 0Total de inscritos 8 . 282 . 545 1 0 0


6.4. No hay segunda vuelva electoral: el candidato de IU renuncia al balotaje

En las elecciones generales del 14 de abril de 1985, ningún candidato a la Presidencia dela República logró la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. Para estoscasos, la Constitución de 1979 contemplaba la realización de una segunda vuelta electoralentre los dos candidatos más votados. En 1985, según resultados extraoficiales, los másvotados fueron Alan García Pérez, del APRA, con un aproximado del 50% de votos, yAlfonso Barrantes Lingán de la IU, con una preferencia de alrededor del 20% de votos.

Este resultado provocó diversas reacciones en las agrupaciones políticas. Los par-tidarios de IU se dividieron entre los que apoyaban la participación en la segunda vuelta ylos que pensaban en una renuncia. El PPC señaló que ante la renuncia del segundo can-didato debía asumir el tercer candidato para participar en la segunda vuelta. En todo casoel candidato Alfonso Barrantes Lingán no podía renunciar porque la segunda vuelta eraun mandato constitucional y sin condiciones. Mientras tanto Acción Popular, según Do-mingo García Belaunde, «no tenía ni idea clara sobre el particular, y sus diversos ydesparramados voceros [...] dejaban oír las más extrañas e inorgánicas opiniones» (GARCÍABELAUNDE 1986: 66).

El 25 de abril, el candidato de IU Alfonso Barrantes Lingán declina a la segundavuelta electoral. Luego de aceptada y oficializada la renuncia por el JNE, Alan GarcíaPérez (del APRA), fue elegido Presidente de la República para el período 1985-1990 porser el candidato más votado.

Resultado general de las elecciones generales de 1985Candidato Lista Absolutos %

Alan García Pérez A P R A 3. 452 . 111 5 3Alfonso Barrantes Lingán I U 1 . 605 . 139 2 5Luis Bedoya Reyes C O D E 7 7 3 . 3 1 3 1 2Javier Alva Orlandini A P 4 7 1 . 1 5 0 7Róger Cáceres Velásquez I N 9 1 . 9 6 8 1Francisco Morales Bermúdez F D U N 5 4 . 8 9 9 1Miguel Campos Arredondo PA N 2 6 . 3 6 6 0Ricardo Napurí Schapiro P S T 1 5 . 6 9 6 0Peter Uculmana M 7 J 1 0 . 1 5 0 0Votos válidos 6 . 500 . 550 8 6Votos nulos 5 5 1 . 5 8 4 7Votos blancos 4 9 2 . 5 9 7 7Votos emitidos 7 . 544 . 836 1 0 0Ausentismo 7 8 8 . 5 9 7 9Votantes 7 . 544 . 836 9 1Total inscritos 8 . 333 . 433 1 0 0


Conclusiones

1. El proceso electoral de 1985 se desarrolló en un contexto de inseguridad políticagenerada sobre todo por las acciones terroristas del PCP-SL y, desde 1984, del MRTA.A pesar de que los actores políticos y la población electoral recibieron amenazas yataques constantes provenientes de estos grupos armados, con la finalidad de anular


las elecciones generales, la participaron en la jornada electoral del 14 de abril fue de91%. El ausentismo del 9% fue más bajo que el de los dos últimos comicios. Esteresultado constituyó un duro golpe a las acciones subversivas del PCP-SL y del MRTA,porque pese a los atentados los actores políticos y los ciudadanos asistieron a cumplircon su deber cívico y eligieron al Presidente de la República y a los Senadores yDiputados que integrarían el Congreso.

2. La promulgación de la ley 23903 cambió las reglas de competencia para las eleccio-nes generales de 1985. Esta norma en su artículo 6º reinterpretó el artículo 203º de laConstitución de 1979 donde se mencionan los «votos válidamente emitidos», inclu-yendo en éstos los votos nulos y blancos. Esta reforma perjudicaba al APRA quienreaccionó poniendo una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal de GarantíasConstitucionales. Sin embargo, la ley llegó a ejecutarse porque los miembros deltribunal se dividieron y no lograron quórum. La reinterpretación del concepto «votosválidos» o «votos válidamente emitidos» fue una clara estrategia política para impediral APRA llegar al gobierno con la esperanza de que en una segunda vuelta ganaría laalianza AP-PPC-CODE.

3. No obstante el esmero del ente organizador durante la organización del proceso electo-ral para que los comicios sean eficientes y no fueran cuestionados por ningún partidopolítico participante ni por la población en general, se evidenciaron algunos errores.Éstos se dieron en la renovación del registro electoral nacional, en la elaboración delpadrón electoral, en la confección de la cédula de sufragio y en el despliegue del materialelectoral. Pero son dos los hechos que más afectaron la organización de las elecciones:la incapacidad de negociar con los trabajadores del JNE y el conteo de votos.

4. El JNE no pudo resolver el problema laboral con sus trabajadores por lo que constante-mente éstos se declararon en huelga poniendo en peligro el cronograma de las eleccio-nes. La solución que dio el jurado al problema laboral fue contratar a un nuevo personalpara las tareas electorales; esto más que una solución fue otro problema porque la faltade experiencia de los nuevos trabajadores contribuyó, en la etapa del conteo de votos, aldesorden y a la adulteración de los votos preferenciales, previo soborno a los responsa-bles de garantizar la veracidad del escrutinio. Estas huelgas laborales también perjudica-ron a los electores en sus intentos de reinscripción y actualización de datos; aquí tam-bién se generaron cobros indebidos por parte de algunos funcionarios.

5. Finalmente, la implementación de un sistema de cómputo para acelerar los resultadoselectorales no cumplió su objetivo. El JNE tardó 45 días en presentar los resultadosfinales; si bien el retraso también fue provocado por otras causas, el sistema decómputo no fue eficiente en las elecciones generales del 14 de abril de 1985.

Introducción

Las elecciones municipales de 1986 estuvieron lejos de ser libres, justas y auténticas, porvarias razones que pasamos a explicar. No fueron libres porque se desarrollaron en uncontexto creciente de violencia política por parte del PCP-SL y del MRTA. Sin embargo,como en los anteriores comicios generales de 1985, no lograron interrumpir las eleccio-nes de las autoridades municipales por las acciones de fuerza que puso tanto el gobiernode Alan García Pérez, del PAP, como los actores políticos y la población en general.

Los comicios tampoco fueron equitativos por la mediación del mencionado presi-dente a favor de sus candidatos. El más claro ejemplo de ello fue el apoyo al candidatopara la alcaldía de Lima, Jorge Del Castillo. No obstante, a pesar de las críticas y denun-cias por su parcialidad, siguió apoyándolo hasta el último momento.

Se puso en duda la autenticidad del proceso porque el ente organizador careció deautoridad tanto para controlar la interferencia del presidente Alan García Pérez a favor desus candidatos, como para vigilar a los medios de comunicación en el cumplimiento delas restricciones de hacer campaña durante el día de la jornada electoral y dar resultadosantes del cierre del sufragio. Asimismo, algunos miembros de su propio organismo estu-vieron involucrados en actos de adulteración de los resultados.

1. Contexto electoral y violencia terrorista

En el contexto electoral del año 1986 la violencia senderista se incrementó en 2.394atentados (MAUCERI 1989: 27); esto llevó al gobierno de Alan García a decretar el estadode emergencia permanente durante el proceso electoral. Las actividades de los senderistasse concentraron principalmente en Lima y Puno. En Lima —incluyendo la ciudad deIca— se registraron 699 atentados, mientras que en Puno éstos se dirigieron contraautoridades civiles, además de haber asolado algunas provincias, como Melgar y Azángaro,donde en el mes de julio mataron a miles de animales, perjudicando a un centenar depequeños propietarios por un costo que llegó a 200 millones de intis (OIGA 4.8.86).

Como era de esperar, el gobierno de Alan García impuso el toque de queda en todoel país. Sin embargo el PCP-SL, en los meses posteriores de impuesta la medida, acentuósu campaña violenta en las zonas urbanas con ataques a comisarías, bombas en torres deelectricidad y asesinatos selectivos a oficiales de las Fuerzas Armadas.

En este contexto violento, a mediados del mes junio se produjo la sublevación de lospresos en los penales de El Frontón y Lurigancho; la situación motivó la incursión de lasFuerzas Armadas y terminó en una matanza. En el mes de julio, tras el motín en los penales,


competencia partidaria


la violencia terrorista se incrementó, pero fue en octubre donde se dio el mayor número deacciones terroristas, presentándose alrededor de 400 atentados (CARETAS 29.12.86). En di-cho mes se registraron atentados contra seis locales apristas y la matanza de seis personas enAyacucho (LA REPÚBLICA 5.10.86), así como la toma de un caserío a cargo de cien senderistasen Tingo María donde tres pobladores fueron asesinados (LA REPÚBLICA 27.10.86). Frente aestos hechos, la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), creada en 1983 durante el gobier-no de Fernando Belaunde Terry, instaló una división antisubversiva de la PIP en Puno, queabarcaría el ámbito de los departamentos del sur (LA REPÚBLICA 7.10.86). En ese mes selogró detener a 32 senderistas en violentas incursiones en los departamentos de Lima y Puno.

En la coyuntura electoral, la represalia senderista se dirigió contra la mayoría delocales y dirigentes del PAP, tanto en Lima como en provincias. Por ejemplo, en agosto,elementos subversivos incursionaron en diversos puntos de la capital de Lima, como fueel caso de algunos ataques con petardos de dinamita a cuatro locales del PAP, donde losdaños fueron considerables a pesar de que no hubo víctimas (LA REPÚBLICA 1.8.86).Asimismo, en Huaycán hubo un sangriento atentado que dejó varias víctimas: dos mili-tantes apristas muertos y siete heridos, entre ellos dos ingenieros del Programa de Apoyoal Ingreso Temporal —PAIT (LA REPÚBLICA 1.8.86). Mientras que en Huánuco, lasprincipales autoridades de ese departamento y más de cien militantes apristas se salvaronde morir por una mortífera carga de dinamita. En Trujillo, una bomba fue detonada muycerca de la candidata a la alcaldía de dicha ciudad, Miriam Pilco de Taboada; la explosióndejó cinco heridos, entre ellos tres niños. Además, en diversas zonas de Lima, se encon-traron pintas senderistas que amenazaban a los candidatos; una de éstas calificaba alcandidato Alfonso Barrantes como «compinche» del aprismo (OIGA 18.8.86).

Las huestes subversivas realizaron en Ayacucho diversas incursiones a pobladosdonde destruyeron locales y libretas electorales con el fin de impedir el proceso electoral.Por el testimonio de una campesina de Huanta se reveló que «cuando menos tres pueblosde las alturas fueron ocupados por subversivos que luego de reunir a los comuneros lesarrebataron sus libretas electorales, después de una arenga contra las elecciones munici-pales» (LA REPÚBLICA 8.11.86).

A 48 horas de la jornada electoral, en distintos lugares de Lima, los subversivos sem-braron artefactos explosivos que no estallaron; esto causó desconcierto entre la población.Al mismo tiempo, en Ayacucho, terroristas derribaron varias torres de electricidad causan-do un apagón. En Huancavelica, luego de las elecciones, seis alcaldes electos del PAPrenunciaron a sus cargos por temor a represalias senderistas; ellos pertenecían a los pue-blos de Tantará, Huachos, Armas, Chupamarca, Capillas y Ticrapo (LA REPÚBLICA 17.11.86).

Por causa del terrorismo, la ciudad de Lima experimentó un proceso de tugurización(OIGA 7.7.86), pues comenzó a recibir a migrantes provincianos que por miedo a lasacciones terroristas se desplazaron a la capital para asentarse en las zonas periféricas.

2. Sistema electoral

Las elecciones municipales de 1986 —como los anteriores comicios ediles que estudia-mos—, estuvieron regidas por las leyes 14250 y 14669, promulgadas en 1962 y 1963respectivamente, durante el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry, así como porsus respectivas modificatorias.

EL PROCESO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1986: COMPETENCIA PARTIDARIA 89

Una de las reformas para las elecciones municipales de 1986 fue la modificación delartículo 22° de la ley 14669,55 dada por resolución 822-A-86-PJNE. Ésta disponía que elConsejo Provincial de Lima sería el único, en todo el país, que contaría con 42 miembrosen el gobierno municipal: un alcalde y 41 concejales; los consejos distritales de la capital:Comas, La Victoria, Rímac, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho debíancontar con un alcalde y 19 regidores (EL COMERCIO 24.8.86).

Para la alcaldía de Lima se presentaron ocho candidatos: Jorge del Castillo Gálvez(PAP); Alfonso Barrantes Lingán (IU); Luis Bedoya Reyes (PPC); Miguel CamposArredondo (PAN); Carlos Cáceres Barrionuevo (Frenatraca); Enrique Fernández Chacón(PST); Víctor Durand Picho (M7J) y Jorge Andreu Montero, de Línea Humanista. Elpartido AP no participó en estos comicios.

3. Equidad electoral cuestionada por algunos grupos partidarios

El JNE estuvo en apuros para otorgar a los partidos políticos espacios gratuitos en mediosde comunicación. La publicidad electoral gratuita estuvo regida, como en anteriores comicios,por la comisión coordinadora de propaganda electoral gratuita. Esta comisión estuvo inte-grada por dos representantes del JNE: Guillermo Quijada Romero (que la presidía) y JoséFelipe Valencia, junto a dos delegados del Instituto Nacional de Comunicación Social.

El retraso en otorgar los espacios gratuitos para la campaña electoral provocó denun-cias por parte de algunos partidos políticos, como fue el caso del PPC. Éste denunció, anteel JNE, que el gobierno no cumplía con la Constitución al no otorgar a los partidos políticoslos espacios gratuitos en la radio, prensa y televisión estatal, como lo dispone la CartaMagna. Según Jorge Power, personero del PPC, se estuvo incumpliendo lo dictado en losarts. 70º y 71º de la Constitución al no otorgar a los partidos políticos el acceso gratuito alos medios de comunicación social de propiedad del Estado (LA REPÚBLICA 10.8.86). Pre-sionado por las denuncias, se declaró que los partidos políticos tendrían derecho al accesogratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado, en forma igualitaria.56

3.1. El presidente en campaña

El presidente Alan García Pérez dio un claro respaldo al candidato de su partido, Jorge delCastillo, a través de sus discursos y declaraciones. Por ejemplo, en el cierre de la campañaaprista, el día jueves 7 de noviembre, se marchó hacia palacio de gobierno donde el presi-dente García desde el balcón (en acto ya conocido como «balconazo») pidió respaldo a lacandidatura aprista porque en los próximos comicios electorales se jugaba «el voto deconfianza» hacia él (LA REPÚBLICA 7.11.86). Como era de esperar, esta actitud provocócríticas como las emitidas por Luis Bedoya Reyes, quien con palabras subidas de tono

55 El artículo 22° de la ley de elecciones municipales 14669 señalaba: «El Concejo Municipal provincial de lacapital de la República, estará constituido por un Alcalde y 39 concejales; los Concejos Municipales de lascapitales de Departamento, de la Provincia Constitucional del Callao y de los Distritos de Lima que conformanel “Área metropolitana” estarán constituidos por un Alcalde y 14 concejales; los de las capitales de Provincia,que no sean de Departamento, estarán constituidos por un Alcalde y 9 Concejales, y los de las demás capitalesde Distrito por un Alcalde y cinco Concejales».

56 Acuerdo 1345-86/JNE, p. 48022, publicado en el EL PERUANO 7.10.86 y en EL COMERCIO 26.9.86.


señaló al presidente como «sectario», por haberse encargado de cerrar la campaña electo-ral del candidato de su partido, Jorge Del Castillo; además, el líder del PPC indicó que «laactitud presidencial podía ser comparada con la que ejercía Hitler, Mussolini o Stalin y queesa sólo podía ser considerada como fascismo puro» (LA REPÚBLICA 8.11.86). Igualmen-te, Óscar Ugarte, concejal de IU, manifestó su protesta contra la actitud asumida por elAPRA al propiciar la intervención del Jefe de Estado en una contienda electoral en la que élestaba obligado, éticamente, a mantener una total imparcialidad (LA REPÚBLICA 8.11.86).Sin embargo, el presidente García justificó su apoyo a Del Castillo señalando que era apristay que había sido elegido presidente por ser aprista (EL COMERCIO 8.11.86).

Asimismo, se acusó al presidente García de destinar fondos públicos para las campa-ñas de los candidatos apristas. Daniel Estrada, candidato a la alcaldía del Cusco, puso enevidencia un vídeo donde se veía al presidente entregando fondos para la campaña electoraldel candidato aprista a la alcaldía del Cusco, Carlos Chacón, señalando lo siguiente: «Aquítienes la plata para la campaña [...] bájatelo a Daniel» (OIGA 24.11.86).

También hubo denuncias a la administración del PAIT. En Lima, el diputado de IUGuillermo Herrera señaló que «el gobierno obligó a los trabajadores del PAIT a realizar cam-paña electoral durante todo el proceso electoral último» (EL COMERCIO 12.11.86); también, elcandidato Alfonso Barrantes Lingán condenó a la dirigencia del PAIT por obligar a los traba-jadores a ser personeros del APRA en las elecciones municipales (LA REPÚBLICA 27.9.86). Enel Cusco, el candidato Daniel Estrada, mostró las cédulas previamente marcadas que lostrabajadores del PAIT llevaban a la cámara secreta para dar su voto y luego devolvían a laspersonas encargadas la cédula en blanco que recibían en mesa (OIGA 24.11.86). Otro casodenunciado fue el concerniente a la empresa de transporte Enatru-Perú. El secretario munici-pal de transporte urbano de Lima, regidor Manuel Cáceda (PPC), denunció que algunasunidades de esta empresa fueron utilizadas para transportar manifestantes apristas a las pre-sentaciones de su candidato Jorge del Castillo; por ejemplo, en Delicias de Villa (Chorrillos)«hoy en la mañana acabo de sorprender a una unidad de Enatru llevando manifestantes; enesta zona los pobladores se sorprendieron [...] porque nunca habían visto uno de dichosvehículos, pues el servicio de la empresa no llega hasta allá».( EL COMERCIO 27.10.86).

Finalmente, también se criticó que el proyecto del tren eléctrico fuera utilizado para lacampaña de Jorge Del Castillo. Esto fue cuestionado por los candidatos opositores a pesar deque el presidente de la comisión autónoma del tren eléctrico, Antonio Biondi Bernales, decla-rara que «no es cierto, no se trata de una campaña para ayudar al candidato del partido delgobierno, porque el proyecto empezó en febrero y no ahora» (LA REPÚBLICA 24.10.86).

Estos incidentes llevaron a los dirigentes políticos de oposición al gobierno a señalarque las elecciones serían un fraude.

4. Gestión electoral

4.1. Inscripción de candidatos: el caso de Lima

De los ocho candidatos inscritos para postular a la alcaldía de Lima, tres eran los quetenían mayor preferencia entre la población: Jorge del Castillo Gálvez, del PAP; AlfonsoBarrantes Lingán, de IU y Luis Bedoya Reyes del PPC.

Como en anteriores procesos electorales, el Jurado Electoral Provincial de Limadeclaró improcedente algunas inscripciones de los partidos políticos; por ejemplo, las


listas del PST, Movimiento Agrícola Obrero (MAO) y Línea Humanista fueron rechaza-das. Las anulaciones se debieron a la falta de regidores en las listas —debían ser 19 paralos distritos y 41 para las provincias— o por no haber presentado el número legalmenteestablecido de adherentes: 5.000 para provincias y 4.900 para distritos.

Para el primer caso, el personero legal de IU, Genaro Ledesma, al igual que muchosrepresentantes de los demás partidos afirmaron que la falta del número de concejales sedebió a que se publicó con retraso de una semana la resolución 822-A-86-PJNE. Éstamodificaba el número de regidores para el Consejo Provincial de Lima que ahora debíacontar con 41 concejales y los consejos distritales de la capital —Comas, La Victoria,Rímac, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho— debían tener 19 regidores.

4.2. Destituciones al interior del Jurado Electoral Provincial de Lima

En pleno proceso de escrutinio, y cuando existía un mar de especulaciones sobre fraudeen las elecciones, el Presidente del JNE, Alejandro Bustamante Ugarte, destituyó a todoslos miembros del Jurado Electoral Provincial de Lima (JEPL), presidido por Luz ÁureaSáenz Arana. La razón dada fue que se estaba haciendo uso ilegal de las actas electoralescorrespondientes al JNE, lo que podía ser calificado como violación de correspondencia,pese a que la utilización de dichas actas era en forma pública, con el fin de verificar loscómputos, práctica que en anteriores procesos electorales también se había realizado (LAREPÚBLICA 22.11.86; CARETAS 24.11.86; EQUIS X 24.11.86). La medida del JNE contrael JEPL se calificó de excesiva porque se consideró que fue una falla administrativamenor que merecía una amonestación mas no una destitución (CARETAS 24.11.86).

Los reemplazos del equipo del JEPL desestabilizaron el proceso de escrutinio porqueno cumplían con los requisitos según mandato de la ley. Luz Áurea Sáenz Arana fuesustituida por Socorro Ponce Dioses, quien inmediatamente fue destituida por no ser elfiscal más antiguo para ocupar el cargo de Presidenta del JEPL; asimismo los miembrosde su pleno fueron cuestionados e inmediatamente cambiados. Finalmente quedó estable-cido el JEPL con la presidencia de Adolfo Méndez Méndez (LA REPÚBLICA 11.12.86).

4.3. Prensa multada: desobedeciendo a la ley y al JNE

Al parecer hubo un desacato a la autoridad del JNE por parte de los medios de comuni-cación en cumplir con los tiempos de propaganda electoral e información de los resulta-dos antes del cierre de la hora de sufragio.

El ente organizador se limitó a aplicar sanciones, multas y hasta denuncias penales alos medios de información que transgredieron disposiciones sobre propaganda electoral,al hacer promoción partidaria más allá de los plazos de ley (EL COMERCIO 10.11.86).Según el diario La República el Presidente del JNE, Alejandro Bustamante, señaló que lassanciones fueron impuestas a diferentes medios de comunicación por «haber infringidodispositivos contemplados en la Ley N.º 14250 (artículo 228 concordado con el 206),que precisa que está prohibido hacer propaganda política desde el día sábado 8 y menospublicar el mismo día de las elecciones». Así, el diario Hoy y América Televisión fueronmultados con 100 mil y 200 mil intis respectivamente, por haber realizado propagandaelectoral y proyección dentro de las 48 horas previas a los comicios, lo mismo sucedió


con los diarios Expreso y La República, sancionados por violar el art. 22º de la ley 23903,que estableció sanciones para los medios que publiquen proyecciones de los comicioselectorales dentro de las 48 horas previas a su realización. Pero a diferencia de estosmedios el JNE denunció penalmente al Canal 4 por haber propalado información electoralcuatro horas antes de concluir las elecciones municipales, en la cual daba como absolutoganador al candidato aprista Jorge Del Castillo (EL COMERCIO 13.11.86).

4.4. Bajo presupuesto

No se previno el costo de las elecciones municipales en diferentes circunscripciones,como fue el caso de Tumbes. Los miembros representantes del JNE en dicha circuns-cripción tuvieron que recurrir, durante la etapa de inscripción de las listas, a créditos endiferentes establecimientos del lugar para poder adquirir materiales de escritorio que serequerían con urgencia para la inscripción de los candidatos (LA REPÚBLICA 10.8.86).

A último momento, en el mes de noviembre, se vio en la necesidad de buscar crédi-tos suplementarios para cubrir los gastos que demandaba el proceso electoral, pues serequería mayor número de empleados para la realización, en forma manual, del escrutinioy llenado de actas electorales (EL COMERCIO 15.10.86).

5. Campaña electoral en Lima

En general, el proceso electoral se desarrolló en un contexto de violencia política provo-cado por las acciones violentas del PCP-SL y del MRTA. En Lima la campaña electoral seinició tardíamente y fue austera. Aunque el candidato del PAP inició en la quincena deseptiembre, el PPC comenzó su campaña en la quincena de octubre, seguido de IU quemostró mayor austeridad en sus actividades.

A inicios de las actividades electorales el director de campaña del PPC, Richard Amiel,propuso a los partidos opositores cancelar los mítines y concentraciones públicas en todo elpaís con el fin de evitar hechos como el que había ocurrido en Trujillo con el atentado contrala candidata aprista Miriam Pilco de Taboada, que ya comentamos. Sin embargo, dicho llama-do no tuvo éxito; por ejemplo, Jorge Del Castillo respondió a la iniciativa de Richard Amielseñalando que «no renunciaría a sus mítines» (CARETAS 29.9.86). Entonces, los dirigentes delPPC decidieron unilateralmente no realizar manifestación pública alguna.

Como en elecciones anteriores, la campaña electoral se desarrolló enfocándose en laimagen de los candidatos. La empresa encuestadora POP reveló que Luis Bedoya Reyes erael mejor candidato para la opinión pública, que lo consideraba inteligente, experimentado,organizado, combativo y de buen verbo. Alfonso Barrantes Lingán fue reconocido como elcandidato con más simpatía y carisma entre la población electoral. Mientras que Jorge DelCastillo estuvo perdido en cuanto a imagen, porque se le consideró que no tenía perfilpropio, sobre todo desde que adoptó el llamado «Alan-look» (CARETAS 29.9.86).

El afianzamiento democrático fue el tema de la campaña. El candidato del PPC,Bedoya Reyes, y el candidato de IU, Alfonso Barrantes, coincidieron en señalar que lamejor opción sería votar por un partido diferente al del gobierno. Luis Bedoya Reyesdeclaró que «para afianzar y asegurar el equilibrio democrático no hay mejor elecciónque la de su partido» (LA REPÚBLICA 27.9.86). Asimismo, Barrantes sostuvo que «siqueremos la democracia en el país, hay que buscar equilibrio de poder y no dejar que seconcentre en un solo lado de la balanza» (LA REPÚBLICA 5.11.86).


5.1 «Alianza antitucán»

Tanto la IU como el PAP centraron su campaña en persuadir a la población a no votar porla derecha, que estaba representada por el PPC. Esta intención se reflejaba en las cons-tantes declaraciones emitidas en contra del candidato pepecista tanto por parte de Barrantescomo de Del Castillo. La presencia de los candidatos de ambos partidos (IU y PAP) enalgunos actos o mítines, incluso con la asistencia del Presidente de la República, AlanGarcía Pérez, hacía notar claramente la alianza contra el PPC. Por ejemplo, en un mitinrealizado por Alfonso Barrantes el 26 de octubre en Villa María del Triunfo, Del Castilloestuvo presente, y ambos condenaron los supuestos afanes derechistas de enfrentar a laIzquierda con el APRA (LA REPÚBLICA 27.10.86). Ello también se vio en el acuerdo tácitoentre los candidatos de la IU y del PAP frente al Presidente, durante la inauguración delprimer tramo del tren eléctrico, para que decline el de menor opción, es decir, BedoyaReyes (EQUIS X 27.10.86; LA REPÚBLICA 18.10.86).

Por un lado, el candidato de IU, Alfonso Barrantes, advertía que «en los próximoscomicios del 9 de noviembre, el pueblo tiene que optar por la derecha o la izquierda» y «quela única opción que el pueblo tiene para vencer en las próximas elecciones municipales esapoyar a la izquierda a fin de evitar la recuperación de la derecha» (LA REPÚBLICA 4.10.86).Mientras que Del Castillo manifestaba «que en las próximas elecciones se votará por dosoposiciones: por el avance o por el retroceso del Perú», y al referirse al candidato pepecistaLuis Bedoya, dijo que «hay quienes utilizando todo tipo de maquillajes pretenden jugar conla memoria del pueblo, olvidando que fueron partícipes de un gobierno que en cinco añosllevó al país a la más grave crisis desde la guerra con Chile» (LA REPÚBLICA 24.10.86).

5.2. Exposiciones de propuesta electorales

Las exposiciones de las propuestas electorales de los candidatos de mayor opción endisputa a la alcaldía de Lima se dieron en dos grandes foros: uno organizado por IPAE yel otro por Intercampus de la Universidad del Pacífico, que fue televisado a todo el país.Las instituciones anfitrionas coordinaron para ello con los personeros de las agrupacio-nes políticas en contienda electoral. En el foro de IPAE la exposición de las propuestas sedio frente a una audiencia moderada; allí los temas principales fueron los ambulantes ylos servicios básicos (CARETAS 6.10.86).

Si bien la campaña de Jorge Del Castillo consistió en un acercamiento personal a lossectores menos favorecidos de la sociedad y en especial al electorado femenino con eltema de abastecimiento, su campaña se centró sobre todo en el proyecto del tren eléctri-co propuesto por el gobierno y reiterado por él en los foros de IPAE y en el debate deIntercampus en la Universidad del Pacífico. En muchas ocasiones insistió en las bonda-des de esta obra para satisfacer la necesidad de movilización de un vasto y marginalsector de la población limeña (LA REPÚBLICA 3.10.86).

Alfonso Barrantes, candidato a la reelección municipal, criticó a su opositor electo-ral Jorge Del Castillo por utilizar la futura construcción del tren eléctrico como parte desu campaña; asimismo señaló que «Del Castillo estuvo haciendo suyas obras de lascuales no es autor» (LA REPÚBLICA 7.9.86).

La esperada polémica realizada en el Intercampus de la Universidad del Pacífico sellevó a cabo pocos días antes de las elecciones. Ésta tuvo un gran auditorio pluralista que


superó la capacidad de sus instalaciones. Algunos medios calificaron a Alfonso Barrantescomo «la mejor opción, con una actitud serena, [quien] desbarató uno a uno los ataquesy cuestionamientos a su gestión, frente a Luis Bedoya, que se centro más en criticar asus opositores que en la exposición de sus propuestas de solución para Lima, y a JorgeDel Castillo, quien reaccionó con exasperación y con escasos recursos» (LA REPÚBLICA31.10.86). Otros señalaron a Alfonso Barrantes, como el que «barrió», es decir, «ratificósu condición de gran figura nacional e hizo que la gente diga: merece ganar las eleccio-nes, puesto que demostró mayor capacidad y peso político». Mientras que de Bedoyacomentaron que «su papel de opositor puro fue desdibujado por sus dos competidores,mostrándolo como es: un representante de la derecha»; asimismo indicaron que JorgeDel Castillo, «a pesar de su pasta polemista, debido a su inexperiencia política, se mostróintransigente con sus propuestas» (EQUIS X 3.11.86).


Como en anteriores comicios electorales, muchas mesas se abrieron pasadas las 10 de lamañana. Por ejemplo, en Lima en el colegio Melitón Carvajal en Lince, hubo protestasporque no se habían instalado las mesas de sufragio «mientras en el exterior del local habíamiles de votantes pugnando por cumplir con sus obligaciones cívicas» (EL COMERCIO10.11.86). Una de las dificultades que enfrentó el JNE fue el incumplimiento de cuarentamil miembros de mesa que no recogieron su credencial por falta de información.

También durante la jornada electoral se debió lidiar contra los actos violentos de losgrupos subversivos, movilizando más personal policial para garantizar el orden. Por ejemplo,en Lima cerca veinte mil efectivos policiales custodiaron los actos electorales, lograndoatrapar a once terroristas, pertenecientes al MRTA, cuando iban a votar con libretaselectorales falsas. Asimismo, infantes de la Marina desactivaron un coche bomba en eldistrito de La Perla en el Callao (EL COMERCIO 10.11.86). Por otro lado, personal de laUnidad de Desactivación de Explosivos (UDE), de la guardia republicana, neutralizó unabomba arrojada por elementos subversivos en un grifo ubicado entre las avenidas El Soly Grau, en Barranco; también se descolgaron, en Comas y en El Agustino, banderas rojascon la hoz y el martillo pertenecientes al PCP-SL.

6.1. Escrutinio lento

Prueba de la lentitud del escrutinio en estos comicios fue que, después un mes de realizadaslas elecciones, sólo se proclamaron 23 alcaldes de Lima. Esto se debió en parte a más de lasdoscientas mil actas impugnadas que tuvo que resolver el JEPL para poder proclamaralcaldes en los distritos faltantes. En las actas se observaron ciertas irregularidades; porejemplo, muchas no estuvieron firmadas por los presidentes de mesa, en otras los votos nocorrespondían con el número de sufragantes. También hubo mesas que fueron cerradasantes de las cuatro de la tarde (hora oficial), entre otros hechos (LA REPÚBLICA 9.12.86).

El diputado de IU, Manuel Dammert, denunció que existió más del 60% de mesasimpugnadas; también precisó que en 308 mesas hubo un 60% de votos nulos, como tambiénnueve mesas cerraron antes de las cuatro de la tarde y 36 fueron objetadas por diversasirregularidades. Todo esto, según Dammert, evidenciaba pruebas suficientes para la anula-ción de los comicios en Lima, según el artículo 182º de la ley electoral (EL COMERCIO 11.11.86).


6.2. ¿El voto del PCP-SL?

El electorado en las zonas de emergencia estuvo dividido en tres partes: PAP, IU y los votosblancos y nulos. Éstos se interpretaron como votos en apoyo al PCP-SL. Si bien el prome-dio nacional de votos nulos y blancos alcanzó sólo el 5%, en algunas zonas de emergenciasllegó al 38%, como sucedió en la provincia de Huamanga. El alto porcentaje de votos enblanco, nulos y el ausentismo, que superó el tercio de la población electoral, hizo que en losdistritos de Vinchos, Soccos y Acrocco (Ayacucho) se anularan las elecciones. En la pro-vincia de Huancavelica, otra zona asolada por el terrorismo, los votos blancos y nulosalcanzaron el 11%; peor aún el ausentismo, que bordeó el 50%. Cabe señalar que en estazona sólo votaron 22.368 de 44.125 electores registrados (CARETAS 17.11.86).

6.3. Algunas incidencias de fraude

Hubo casos, tanto en Lima como en provincias, que mostraron indicios de fraude. Así,entre los distritos de Ate y Chaclacayo se encontraron cédulas de sufragio arrojadas en lavía pública y que favorecían al candidato de IU, Alfonso Barrantes Lingán (LA REPÚBLI-CA 14.11.86). En una mesa de Miraflores se hallaron actas fraguadas, lo que conllevó aque el JEPL ordene una pronta investigación ya que se evidenciaba la transferencia decuarenta votos del PPC al PAP (LA REPÚBLICA 16.11.86); lo mismo pasó en Chorrillos,donde 93 votos del independiente Pablo Gutiérrez se redujeron a 35 (CARETAS 17.11.86).

Además, otro incidente que llamó la atención fue la alteración de las actas por miem-bros del JEPL. Personeros de IU y del PPC sorprendieron a empleados de dicho juradollenando actas de distritos aún no computados. Este hecho fue reconocido por un miem-bro del jurado, Rendón Vásquez, quien acepto su culpa señalando que hubo presión haciaél por parte de cincuenta parlamentarios apristas (LA REPÚBLICA 18.11.86).

Se denunció también que en el interior del país personeros del PAP repartieron cédu-las de sufragio marcadas. Casos de este tipo se presentaron en La Oroya (LA REPÚBLICA13.11.86) y en el Cusco. Mientras que en Huánuco, en la provincia de Humalíes, desapa-recieron 12 ánforas (LA REPÚBLICA 19.11.86).

La exclusión de algunas comunidades nativas fue otro aspecto resaltante de estoscomicios. Ello fue denunciado por el dirigente de la comunidad nativa «7 de junio» deOxapampa, Juan López Bautista, debido a que el Jurado Provincial de Oxapampa seopuso a que se instalaran mesas de sufragio en dicha localidad, impidiendo que ochocien-tos electores cumplan con su derecho ciudadano. Al respecto el dirigente señaló: «Hemosquedado sin votar y ahora existe el peligro de que se nos acuse de terroristas, puesto quenuestras libretas carecen de la constancia del caso» (LA REPÚBLICA 14.11.86).

6.4. Recursos de nulidad indiferentes para el JNE

Tras la jornada electoral, las peticiones de nulidad de los comicios en diversas zonas delpaís no se hicieron esperar. Los casos de recursos de nulidad más sonados se dieron enLima y Huancayo.

El personero de IU, López Souza, planteó la nulidad de las elecciones en Lima porcuatro cargos impugnados: por declaraciones a la prensa demandado el voto por el can-didato aprista Jorge del Castillo, por la transmisión de los resultados por el Canal 4 doshoras antes de que se cumpla el cierre de la votación, por la publicación del diario Hoy


que indicaba cómo votar por el PAP y porque la ampliación del plazo de votación de tresa cuatro de la tarde no fue acatada por algunos miembros de mesa (LA REPÚBLICA11.11.86). Pero el JNE declaró inadmisibles dichos cargos. Posteriormente el personeroizquierdista volvió a interponer recurso de nulidad del proceso electoral en Lima antedicha institución argumentando que se encontró indicios de cientos de sobres violadosdonde se habían colocado actas de otras mesas o sobres sin actas dentro de muchasánforas (EL COMERCIO 26.11.86). Tampoco el JNE aceptó dicho recurso.

Igualmente, el candidato Luis Bedoya Reyes del PPC afirmó que hubo fraude psicoló-gico en la inducción al voto aprista y responsabilizó de ello al Presidente de la República (ELCOMERCIO 26.11.86). También dicho partido pidió declarar nulas las elecciones, pero sóloen las mesas en donde se presentaron las irregularidades (LA REPÚBLICA 22.11.86).

Asimismo, en el distrito de Chorrillos, el alcalde y candidato a la reelección, PabloGutiérrez, demandó ante el JNE la nulidad del proceso electoral en su distrito argumen-tando que las doscientas actas que exhibía fueron suplantadas por otras; las que presen-taba tenían el sello de votación de las mesas de sufragio a la cual correspondían y estabanmarcadas con aspas en los casilleros correspondientes a diversos partidos políticos,incluyendo el suyo (LA REPÚBLICA 14.11.86).

También los personeros de IU en Huancayo impugnaron el proceso electoral, ante sujurado provincial, señalando que hubo un «manifiesto fraude, intimidación e inducción porparte del Partido Aprista», señalaron que el mismo día de las elecciones, el PAP difundiópropagandas políticas a través de diversos medios de comunicación (LA REPÚBLICA 14.11.86).

6.5. Proyecciones prematuras

Las proyecciones prematuras sobre el ganador a la alcaldía de Lima emitidas en plenajornada electoral por los canales de televisión 4 y 5, constituyeron un hecho que casi trajouna tempestad electoral en la oposición. El Canal 4 dio las proyecciones antes del mediodía, señalando como ganador al candidato Del Castillo con 38%, en segundo lugar aBarrantes con 37% y en tercer lugar a Bedoya con 20% (OIGA 17.11.86). De igualforma, el canal 5, a las 4 de la tarde, daba como ganador a Del Castillo.

Estas proyecciones prematuras se basaron en entrevistas «a boca de urna» realiza-das en una selección de mesas en las que había terminado el escrutinio. Sin embargo,según Manuel Torrado de la agencia encuestadora DATUM, eso no era representativo yaque «en Lima, la clase media y la burguesía, que constituyen el electorado más cercanoal PPC, votan después de misa y después del almuerzo» (CARETAS 11.11.86: 2).

6.6. El triunfo del candidato aprista Jorge Del Castillo

Jorge Del Castillo fue proclamado Alcalde de Lima el 30 de diciembre por el JEPL conmás de 60 mil votos. Lo mismo se hizo con 41 regidores en Lima: 22 del PAP, 11 de IUy 8 del PPC. Entre otros alcaldes proclamados estuvieron Franklin Acosta (IU) por AteVitarte, Pedro Alemant Centeno (PAP) en Barranco, Enrique Tomas Ojeda (PAP) porChaclacayo y Enrique Espinosa Bellido (PPC) por Ancón. Más de siete semanas necesitóel JEPL para dar a conocer los resultados; pese a eso, los concejales proclamados para lamunicipalidad de Lima no pudieron asumir sus funciones por las impugnaciones presen-tadas ante el JNE por personeros de IU y del PPC, pues reiteraron una serie de irregula-ridades y «fraudes» en los cómputos (LA REPÚBLICA 31.12.86: 2).


P P C 8 5 8 . 1 4 0I U 1 .790 .886A P R A 2.765 .112Independientes 2 2 6 . 2 5 6Ot ros 2 2 5 . 6 4 0Votos válidos 5 .815 .610Votos nulos 7 5 1 . 6 6 7Votos blancos 2 5 0 . 5 0 8Votos emitidos 6 .803 .868Ausentismo 1 .898 .508Total de inscritos 8 .702 .376

P P C 9,21 %I U 22,42 %A P R A 52,18 %Independientes 16,19 %Otros 0,00%Votos válidos 80,82 %Votos nulos 14,83 %Votos blancos 4,35 %Votos emitidos 81,55 %Ausentismo 18,45 %Total de inscritos 3 1 1 . 2 4 4

Conclusiones1. Las elecciones municipales de 1986, al igual que las anteriores, se desarrollaron en un

contexto marcado por la creciente violencia política provocada por el accionar delPCP-SL y del MRTA. Sin embargo, como en otras ocasiones, ello no interrumpió eldesarrollo de los comicios.

2. La intromisión del gobierno aprista en favor de sus listas puso en desventaja a loscandidatos de oposición e hizo que las elecciones no fueran justas ni tuvieran igualdadde condiciones para todos los competidores. Por ejemplo, el apoyo del gobierno queentregó fondos del Estado para la campaña electoral, como sucedió en el Cusco,utilizando personal del PAIT. Además, en Lima se recurrió a empresas de transportecomo Enatru Perú para movilizar a los simpatizantes hacia los mítines de las campa-ñas electorales del PAP y prometiendo la construcción del tren eléctrico.

3. La autenticidad del resultado electoral de las elecciones municipales se puso en dudasobre todo por las irregularidades cometidas durante la jornada electoral y en el conteode votos. Por ejemplo, en Lima se encontraron actas fraguadas; pero tal vez el casomás crítico fue el reconocido por un miembro del JEPL que dijo haber llenado actasde distritos aún sin computar. Asimismo se denunció que personeros del PAP repar-tieron cedulas de sufragio ya marcadas.

4. Finalmente, el JNE no pudo controlar a los medios de comunicación. Por ejemplo, eldiario Hoy publicó para el día de las elecciones información de cómo votar por el PAP.Asimismo, los canales de televisión 4 y el 5, horas antes del cierre de votación, dieronlos resultados proyectados a favor del candidato aprista Del Castillo. Como era deesperar por estos actos que infringían la ley, los líderes políticos de la oposición nodudaron en pedir la nulidad de las elecciones.

Resultados de las elecciones municipalesen el ámbito nacional: 1986

Resultados de las elecciones municipalesen el departamento de Lima: 1986

Fuente: TUESTA 1994. Fuente: TUESTA 1994.

El contexto en el cual se inscriben los seis procesos electorales presentados en esta investiga-ción estuvo caracterizado por la transición democrática y por el conflicto armado internodesarrollado por los grupos subversivos: PCP-SL y el MRTA.

Sin embargo, este escenario particularmente complejo y difícil no es suficiente para com-prender las razones por las cuales las elecciones nacionales y subnacionales no se ajustaron aparámetros de justas, equitativas y auténticas. Muchas de las causas que contribuyen a perci-bir de esta manera los procesos electorales podrían radicar en la incapacidad organizativa yfalta de previsión del organismo electoral responsable, así como por la presión que ejerció elEjecutivo sobre éste. No obstante, estos problemas no llegaron a anular la labor del enteelectoral, quien finalmente llevó a cabo cada uno de los procesos electorales. Tampoco alcanzóa cuestionar el carácter democrático y legítimo de cada transferencia de poder.

El proceso electoral para la Asamblea Constituyente de 1978 tiene el valor histórico de serel hito a partir del cual se inicia la transferencia del poder militar al civil. Sin embargo, no sepuede sostener que dichas elecciones fueron libres, justas y auténticas. En primer lugar por-que no hubo libertad de prensa ni libertad de expresión. En segundo lugar, porque la participa-ción política fue restringida. En tercer lugar, careció de transparencia porque el órgano electoralimpidió que los partidos políticos pudieran verificar la inscripción de las candidaturas y elproceso de depuración de los planillones de adherentes. Una de las características del sistemaelectoral vigente en esta elección fue la implantación por primera vez del voto preferencial. Conrespecto a la participación ciudadana, ésta se caracterizó por la ampliación del cuerpo electoralcon la inclusión de los ciudadanos mayores de 18 años. En la organización electoral, resaltó ladeficiencia en la confección del padrón electoral.

Las elecciones generales de 1980 también se desarrollaron en un contexto de ausencia delibertad de prensa y de expresión. La violencia partidaria caracterizó el proceso electoral. Asi-mismo, un nuevo actor violento apareció durante la jornada electoral y permanecerá a lo largode casi dos décadas de la historia peruana, el PCP-SL. Nuevamente el cuerpo electoral volvióa expandirse al incluir a los iletrados y a los residentes en el extranjero. En lo que compete a laorganización electoral, ésta fue deficiente; las causas principales de ello fueron las fallas en laconfección de la cédula de sufragio y el caos provocado con las mesas de transeúntes. Asimis-mo, se repitió la falta de transparencia del proceso anterior al impedirse a los partidos el accesoa la verificación de los planillones.

El contexto en el que se llevaron a cabo las elecciones municipales de 1980 estuvo carac-terizado por la devolución de los principales medios de comunicación a sus antiguos dueños.En ese sentido, se inició la recuperación de la libertad de expresión. Sin embargo, lasmovilizaciones y protestas populares fueron intensas. Por otro lado, las acciones del PCP-SLestuvieron concentradas en atemorizar a la población y en boicotear el proceso electoral. La

Conclusiones generales


gestión y organización de los comicios a cargo del JNE no modificó la percepción de la ciuda-danía de un proceso electoral ausente de transparencia; se repitieron también los mismosproblemas anteriores: incorrecciones en la actualización del padrón electoral; deficiencias en laconfección de la cédula sufragio que no tomó en consideración a los electores iletrados; lamala distribución del material electoral originó que en algunas localidades del país no serealizara la votación y en otras se confundieron las cédulas de otras localidades. Finalmente, elproceso electoral no estuvo exento de la influencia del Ejecutivo.

Respecto a las elecciones municipales de 1983 podemos señalar que estuvo marcada —como las elecciones anteriores— por la presencia violenta del PCP-SL. Los actos subversivostambién influenciaron directamente en la gestión electoral, pues algunos Jurados ElectoralesProvinciales no pudieron instalarse por falta de seguridad. Por otro lado, este proceso secaracteriza por una mayor apertura para el ejercicio de la libertad de prensa, e incluso de unamayor distribución de la propaganda política gratuita en los medios de comunicación. Respec-to al sistema electoral, algunos actores políticos no estuvieron de acuerdo con la modificaciónde la cifra repartidora. En cuanto a la gestión electoral podemos notar que los mayores erroresprocedieron, nuevamente, del diseño de la cédula de sufragio, de la distribución del materialelectoral y de la instalación de las mesas de sufragio.

En el proceso de las elecciones generales de 1985 se notó claramente la influencia delEjecutivo en cambiar las reglas de juego. Se reinterpretó la ley sobre los «votos válidamenteemitidos», incluyéndose en éstos los votos blancos y nulos. Asimismo, la violencia políticacontó con un nuevo actor, el MRTA, que se sumó a las acciones terroristas del PCP-SL. Elorganismo responsable de la organización de estas elecciones tampoco logró superar la impro-visación y el desorden mostrados en los procesos anteriores, por lo que no tuvo capacidad deevitar el fraude en el escrutinio de los votos ni impedir las graves irregularidades en el conteodel voto preferencial. Lo característico de este proceso fue el deficiente desempeño del Presi-dente del organismo electoral en resolver las demandas de los trabajadores de su propiainstitución, lo que agravó las dificultades de estos comicios.

Finalmente, el proceso de las elecciones municipales de 1986 se desarrolló en un contextosimilar a las cinco elecciones antes mencionadas: violencia subversiva, la ingerencia del Ejecu-tivo en las campañas electorales para favorecer a los candidatos de su preferencia y la vulne-rabilidad del organismo electoral encargado de organizar y gestionar el proceso; esto últimoincrementado por la actitud de algunos de sus trabajadores quienes alteraron los resultadoselectorales de determinados distritos. Los problemas sobre el material electoral también fueronlos mismos que los presentados en los comicios precedentes. Este proceso se caracterizóigualmente porque se logró sancionar a los medios de comunicación que no cumplieron con lasnormas electorales establecidas y publicaron proyecciones de los resultados antes del cierrede la votación.

El Centro de Investigación Electoral ha llegado a la conclusión de que el análisis sincró-nico y diacrónico utilizado en esta investigación aplicada constituye una herramienta funda-mental para comprender que los problemas también provienen de factores externos a la organi-zación electoral. No obstante, los factores internos en este aspecto son determinantes y mere-cen ser tomadas en consideración. Las lecciones que se derivan de esta investigación exploratoriaponen en evidencia problemas recurrentes de organización, de ausencia de previsión, deficien-cia en la gestión e incapacidad de mantener la autonomía institucional. Este último aspecto esfundamental para garantizar procesos electorales limpios y transparentes.

Libros:

Bibliografía

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