lecturas de salud comunitariai

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

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UNIVERSIDAD ALAS

PERUANAS

Facultad de Medicina

Humana y Ciencias de la

Salud – Escuela Académico

Profesional de Medicina

Humana

Lecturas de Salud Comunitaria I

LECTURAS DE SALUD COMUNITARIA I


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LA SALUD PÚBLICA, POLÍTICAS Y LEYES

La salud pública está subordinada o depende en gran medida de la política y en

muchos aspectos los actores correspondientes tienes que actuar en función de ella.

La ampliación y profundización de la democracia como marco de referencia y

de realización de la participación ciudadana es el principal condicionante político de la

salud pública y de las prácticas sociales que la forman. Un proceso político e

instituciones políticas socialmente legitimadas son, a su vez, condición y resultado de

una democracia efectiva y de políticas públicas saludables que responden

adecuadamente a las necesidades de salud de las poblaciones. En esencia , esos

aspectos se refieren a las características del proceso del régimen político y a la

democratización del poder a través de la capacitación y participación ciudadanas, un

hecho que conferirá al proceso una legitimidad y una capacidad de actuación pública

socialmente correcta.

Desde esa perspectiva, la salud pública mejora con la democracia y la

participación, y es en ese contexto en el que se hace posible la verdadera integración

social de los valores que orientan a la salud pública y la verdadera capacitación, incluso

política, de la población para corresponsabilizarse de la salud de todos de la

responsabilidad efectiva y socialmente controlada del estado en relación a la salud e la

población.

Esa condición esencial obliga a los sistemas de salud a incorporar el

fortalecimiento del proceso de democratización y participación social como parte de

sus funciones globales, que queda inscrita especialmente en la rectoría y debe ser

asumida, operativamente, por la salud pública.

Una consecuencia de ese hecho es la formulación, aprobación y ejecución de

las políticas públicas más saludables.

A la salud pública le corresponde específicamente promover y propugnar esas

políticas públicas saludables en todos los sectores y evaluar los proyectos relacionados

con las mismas para determinar así el impacto de las políticas aprobadas o ejecutadas

sobre la salud de la población. Le compete, asimismo, promover y preparar los

instrumentos jurídicos necesarios para el ordenamiento de sus funciones y promover

las actuaciones dirigidas a su aprobación y ejecución.

De lo anterior se deduce la importancia de la consideración de la política dentro

de la salud pública. No se trata, evidentemente, de politizar la salud pública en el

sentido de subordinarla a ideologías políticas o a intereses partidistas, aunque debe

reconocerse la importancia de unos y de otros. Lo que es preciso es la actuación


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intencional y desarrollada de forma congruente, con la finalidad de conseguir los

resultados políticos deseados.

Ello requiere al menos:

La comprensión del proceso político y de sus factores y actores relevantes, en

relación con las decisiones deseadas y la capacidad de elaborar estrategias eficaces

para ello.

El análisis de las políticas en la perspectiva de la salud de la población, sus

virtudes y sus defectos y su contribución para alcanzar políticas saludables.

El fomento de los intereses de la salud pública, mediante el uso del poder de la

técnica y de la ciencia y de la capacidad de movilización de la sociedad y de las alianzas

más eficaces según la situación y el momento.

La contribución al desarrollo de la ciudadanía y de la capacidad de

participación social, especialmente a través de la información, la educación en salud y

la organización para la participación comunitaria.

La constitución de alianzas y la movilización de apoyos políticamente

significativos.

Entendiendo la política como el ejercicio del poder, tanto el real con su

capacidad de influir, ejercido por la sociedad, como el formal o institucional,

consustancial a los poderes del estado, la esencia del proceso político consiste en

canalizar las demandas de la sociedad hacia el Estado para que sean examinadas y

atendidas. Ello no deja de lado la importancia de las decisiones privadas de algunos

actores de la sociedad civil; pero esas decisiones tienen carácter voluntario y sus

efectos apenas se manifiestan para los que aceptan pertenecer al ámbito restringido

en que operan y son acatadas, sin olvidar que algunas de ellas afectan indirectamente

a algunos que se encuentran fuera de ese ámbito. Solo el Estado recibe de la sociedad

la facultad la facultad de decidir por todos. El gran problema es la gran concentración

del poder real en la sociedad, que deforma el proceso político haciendo que los

gobiernos tomen, a veces, decisiones socialmente perjudiciales y no saludables.

De ahí que una tarea importante de la salud pública sea contribuir activamente

al desarrollo de la ciudadanía y a la democratización del poder en la sociedad. Se trata

del principio de que una población informada y consciente de sus derechos y

responsabilidades y organizada para la participación democrática es la garantía más

eficaz del ejercicio democrático y socialmente beneficioso, también en materia de la

salud, del poder real y del poder político o formal. Para ello, el principal instrumento

político de la salud publica consiente en disponer de un proyecto de trasformación

que, estratégicamente, movilice a la sociedad y sea apoyada por ella, y que, en el plano


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coyuntural, sirva al desarrollo de alianzas y apoyos políticos que lo hagan viable. Es

indispensable también que se pueda demostrar una capacidad efectiva de realización y

de los beneficios que se obtienen de ello.


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LA SALUD Y LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNDO ACTUAL

El cambio en el marco económico, cultural y político coincide con cambios en

otros condicionantes externos de la salud y en los sistemas específicos de atención a la

salud, y en consecuencia, en los problemas y en el estado de salud de las poblaciones.

A pesar de los progresos espectaculares observados en las últimas décadas, en

los indicadores usuales de la salud, la situación es considerada insatisfactoria en la

mayoría de los países de la región, plantea desafíos antiguos y nuevos e incluso

algunos renovados.

En efecto, en los países de la región hay una brecha alarmante entre lo que se

ha hecho y lo que se puede hacer con los recursos disponibles en los niveles de

desarrollo alcanzados: la mortalidad injustificada y evitable, por ejemplo, excede

todavía al millón de defunciones anuales.

Por otro lado, los sistemas de servicios de salud presentan varias insuficiencias

y deficiencias, reforzadas por un contexto muchas veces más adverso que favorable.

En consecuencia, los desafíos para la salud pública son múltiples y ampl ios,

están en sus factores condicionantes externos del contexto, en los sistemas de

atención a la salud, en los riesgos y daños y en el estado de salud de las poblaciones.

La organización, las políticas y estrategias, la conducción, la financiación, el

aprovisionamiento y la gestión de los sistemas de atención a la salud constituyen

aspectos de interés público y, por lo tanto, son desafíos también para la salud pública

actual.

El carácter público exige que se constituyan sistemas de salud socialmente

eficaces- capaces de producir salud- y que generen satisfacción social, bajo la

orientación de principios estructuralmente básicos, ética, político y racionalmente

establecidos.

Entre esos principios se pueden destacar como consensuales en América Latina

y en el Caribe (y se puede decir que toda la región) la igualdad para la universalidad de

la atención, la participación social, una financiación solidaria, la eficiencia y la

descentralización.

Como consecuencia de los cambios en sus determinantes, la salud de la

población en la región de las Américas se encuentra en diferentes etapas de transición

epidemiológica.


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En muchos países las enfermedades infecciosas y las enfermedades

características de situaciones de pobreza todavía son problemas considerables,

mientras aumenta la importancia de las enfermedades crónicas degenerativas que son

las que predominan en otros países. A ello se agrega problemas más recientes, como el

sida, problemas resurgentes, como la tuberculosis, y los grandes y crecientes riesgos

de la violencia, del abuso de drogas y de la agresión ambiental. Los daños individuales

repetidos adquieren dimensiones colectivas y acaban reduciendo las diferencias entre

la asistencia individual y la colectiva, o mejor dicho, poniendo de manifiesto el

potencial colectivo, por acumulación de la asistencia individual.

Por otro lado el avance de la ciencia y la tecnología más y mejores instrumentos

de intervención y de nuevas formas y posibilidades para su uso; se avanza, desde la

prevención y el diagnóstico, el tratamiento y el control de las enfermedades a

promoción de la salud y la prevención de riesgo y, posteriormente, al

condicionamiento eficaz.

En efecto, el eje principal de la salud se orienta hacia la promoción, criterio de

progresiva relevancia en la organización y gestión de la atención a la salud y de los

sistemas correspondientes, así como de la salud pública.


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LA SALUD OCUPACIONAL

A nivel mundial es considerada como un pilar fundamental en el desarrollo de

un país, siendo la salud ocupacional una estrategia de lucha contra la pobreza sus

acciones están dirigidas a la promoción y protección de la salud de los trabajadores y la

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales causadas por las

condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales en las diversas actividades económicas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), informa en el año 2002, que

cada año en el mundo 270 millones de asalariados son victimas de accidentes de

trabajo, y 160 millones contraen enfermedades profesionales.

En América Latina y el Perú aun no se conoce bien la magnitud que alcanzan las

enfermedades ocupacionales.

La OIT estima, que en países en vías de desarrollo, el costo anual de los

accidentes y enfermedades ocupacionales esta entre el 2% al 11% del Producto Bruto

Interno (PBI), en el Perú es de aproximadamente $50,000 millones de dólares

americanos, es decir entre $1,000 y $5,500 millones de dólares americanos anuales, es

posible disminuir estos costos con acciones preventivas promocionales de bajo costo e

inversión.

Con frecuencia los trabajadores están expuestos a factores de riesgos físicos,

químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos presentes en las actividades

laborales. Dichos factores pueden conducir a una ruptura del estado de salud, y

pueden causar accidentes, enfermedades profesionales y otras relacionadas con el

ambiente laboral. Si bien ya se ha reconocido la trascendencia del estudio de estos

factores y, considerando que una vez bien definidos se pueden eliminar o controlar,

aun se necesitan incrementar el interés y la responsabilidad social (Empleadores –

Estado – Trabajadores) y la sociedad civil en sus diferentes manifestaciones

organizativas, para desplegar mas esfuerzos en este sentido.

En el Perú, se desconoce la magnitud de la población trabajadora que se

encuentra expuesta a diferentes riesgos ocupacionales y no se cuenta con información

estadística sobre enfermedades y accidentes de trabajo.

En el Sector Salud, de conformidad a lo dispuesto en la Ley del Ministerio de

Salud, Ley N°27657 del año 2002, son dos las instituciones que tienen competencias en

salud ocupacional: El Instituto Nacional de Salud (INS) cuya misión es desarrollar y

difundir la investigación y la tecnología en salud ocupacional; y la Dirección General de

Salud Ambiental (DIGESA) que es el órgano técnico normativo en los aspectos de salud

ocupacional.


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Mediante R.M. 573-2003-S.A/DM con fecha 27 de Mayo de 2003 se asigna

funciones con competencias en salud ocupacional a las Direcciones de Salud y

Direcciones de Redes de Salud, como órganos desconcertados; una de estas funciones

es la de vigilancia y control de riesgos en el trabajo, en las diversas actividades

económicas; la cual requiere que sea estandarizada mediante el uso de instrumentos

de gestión, así como del conocimiento de principios básicos en salud ocupacional, y de

criterios técnicos normativos en los que se enmarca su competencia; por tal razón se

presenta el Manual de Salud Ocupacional a consideración de los sectores académicos,

técnicos, administrativos, gubernamentales, empresariales y de la opinión publica, a

fin de controlar los riesgos ocupacionales en el marco de la descentralización y

desarrollo sostenible.

En los servicios de salud hospitales debería desarrollarse el Plan de Gestión de

Seguridad Hospitalaria que debe basarse en dos pilares:

Una visión integral de la seguridad hospitalaria, que no solo contemple la

bioseguridad, sino también la higiene, la seguridad y su relación con el medio

ambiente;

La urgencia de dar un tratamiento administrativo a esta necesidad, para lo cual

resulta imperioso crear una estructura orgánica respaldada por una normativa

y mecanismos que permitan una participación mas activa de todos los

miembros de la organización (centros asistenciales involucrados) en este

objetivo.


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MORTALIDAD MATERNA EN EL PERU

La muerte materna es un grave problema de salud pública y una violación a los

derechos humanos de las mujeres. Las Naciones Unidas han reconocido que las altas

tasas de morbilidad y mortalidad materna son inaceptables y que su prevención

constituye una cuestión de derechos humanos que afecta el derecho a la vida de

mujeres y niñas, de la salud, la igualdad y a la no discriminación; el derecho a gozar de

los avances del conocimiento científico y al mas alto estándar de salud alcanzable.

La Declaración del Milenio en el año 2000 representó un hito en cuanto a

cooperación internacional, pues inspiro objetivos de desarrollo que han mejorado las

vidas de cientos de millones de personas en todo el mundo, siendo la meta del ODM 5

Reducir en tres cuartas partes la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015; según

estimaciones recientes realizadas, muestran que en el conjunto de las regiones en

desarrollo, la tasa de mortalidad materna cayó un 34% entre 1990 y 2008, ya que pasó

de 440 muertes maternas por 100000 nacidos vivos a 290; pese a ello, la meta de este

ODM todavía esta muy lejos de conseguirse, ya que la reducción de la razón de

mortalidad materna esta por debajo del 5,5% anual.

Según indicadores básicos de OPS-2010, Haití ocupa el primer lugar de los

países de América Latina con una razón de mortalidad materna de 630 muertes

maternas por cada 100000 nacidos vivos (Encuesta ENDES 2010). Si bien es cierto que

a nivel nacional hemos alcanzado un descenso de nuestra razón de muertes maternas,

pero la realidad es aun critica si nos comparamos con los otros países a nivel de

Sudamérica como Chile que se le estima una razón de mortalidad materna de 16,9

muertes maternas por cada 100000 NV y Argentina 39,7 muertes maternas por 100000

NV.

Estos resultados no nos deben hacer perder nuestra perspectiva, considerando

que en el interior de nuestro país aun existen grandes brechas en comparación al

promedio nacional, y para el presente año, el 80% de estas muertes, según

procedencia de las mujeres que fallecieron están concentrados en 12 departamentos

que son: La Libertad, Puno, Loreto, Cuzco, Lima, Cajamarca, Piura, Ayacucho, Huánuco,

San Martin, Ucayali y Amazonas.

La razón de mortalidad materna es un indicador que por su forma de medición,

no nos permite ver la realidad de las regiones, debido a que existe dificultad para su

estimación y la metodología empleada, frente a ello es que el MINSA a través de la

Dirección General de Epidemiología desarrolla el subsistema de vigilancia

epidemiológica de mortalidad materna, a través de los 5 pasos que tiene la vigilancia


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epidemiológica, la cual inicia con la identificación del caso, recolección de la

información, análisis de hallazgos, recomendación y acciones y el ultimo que es la

evaluación con la finalidad de implementar acciones de mejoras, con ello nos permite

tener información fidedigna, oportuna y sobre todo nos orienta en la identificación de

los determinantes sociales de la salud relacionadas con el proceso que ocurre en la

mujer durante su embarazo, parto y puerperio; entre los cuales destaca determinantes

de los servicios de salud, determinantes sociales que nos permiten identificar las

inequidades a las que las mujeres están expuestas.

Según nuestro sistema de vigilancia de la mortalidad materna, implementada

desde el año 2000, en el año 2011 el 51,9% de las muertes maternas proceden de los

quintiles de mayor pobreza; el 48% son de nuestra serranía, y aun continúan

ocurriendo en las zonas rurales; el 69% son con control prenatal y de ellas 43% con un

numero adecuado de controles prenatales (6 a mas), se esta observando que las

muertes maternas están ocurriendo en mayor proporción en los servicios de salud,

debido a factores de accesibilidad e inequidad social de oferta de los servicios a esta

población vulnerable.

Se concluye así que el mayor numero de muertes maternas notificadas a la

fecha se encuentra en el departamento de la Libertad, teniendo en cuenta para los

análisis la procedencia y el lugar de ocurrencia de estas muertes maternas, dado que

en nuestro sistema sanitario tenemos la oferta de las referencias de mujeres a

establecimientos de salud con mayor capacidad resolutiva.

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