las siete audiencias

Las siete audiencias del capítulo México del TPP

1. Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia Problemática de partida.

El símbolo más ominoso y cruel del proceso de descomposición política y social en México reside en los más de 50 mil asesinatos y más de 18 mil desapariciones forzadas ocurridos en los cinco años de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Estos crímenes aumentan rápidamente sin que se realice ninguna investigación real sobre su causa y sin que las autoridades construyan siquiera un registro confiable de las víctimas. El territorio nacional se balcaniza en una guerra sin fin entre las facciones de los grupos criminales y los nuevos grupos paramilitares que participan, tanto en el asesinato masivo de personas como en 22 de los 23 ramos de la economía criminal lo que les permite concentrar alrededor del 40% de la producción bruta del país. Durante las administraciones federales anteriores y la actual han ocurrido numerosas agresiones y hechos cuyas víctimas jamás han recibido justicia de parte de las autoridades locales o federales: desde las víctimas de las masacres de estudiantes del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, hasta los 49 niños calcinados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en junio de 2009, pasando (entre muchos otros casos) por la matanza de Aguas Blancas, en Guerrero (1995), las múltiples masacres y agresiones paramilitares ocurridas como parte de la guerra de contrainsurgencia contra las bases indígenas zapatistas, especialmente la masacre de Acteal, en 1997, o la represión policíaco-‐militar llevada a cabo por el gobierno federal y el gobierno del Estado de México contra el pueblo de San Salvador Atenco, en 2006. Igualmente, el país ha entrado en un proceso acelerado de militarización derivado de los acuerdos establecidos por el gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos (Plan Mérida, ASPAN) para asegurar el control territorial del país frente a las respuestas organizativas de la sociedad.

Quiénes participan.

En esta audiencia participan dentro del Comité Promotor: El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Comité del 68, académicos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y numerosas organizaciones civiles de derechos humanos, entre

los que destacan el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, Servicios y Asesorías para la Paz (SERAPAZ) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Qué problemas se proponen visibilizar.

· La responsabilidad de las políticas publicas y la actuación de las empresas de Estados Unidos y Canadá;

· Visibilizar el modo rn que esta avanzando la intervención militar de Estados Unidos dentro del territorio de México;

· Visibilización de la violencia estructural que el Estado mexicano ha venido practicando en contra del pueblo de México desde la firma del tratado de libre comercio:

o los fraudes electorales presidenciales de 1988 y 2006, así como otros fraudes electorales en elecciones estatales o municipales

o los centenares de asesinatos de militantes perredistas durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-‐1994);

o la masacre de Aguas Blancas, en Guerrero; la masacres de Acteal y el Bosque en Chiapas

o los numerosos asesinatos políticos;

· Visibilización de la presente actuación de los grupos paramilitares en diferentes regiones de México;

· Visibilización de las víctimas de la Guerra Sucia de Felipe Calderón (el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tiene recabados 400 casos en todo el país), atendiendo algunos de los casos particulares más relevantes:

§ el asesinato de Ernestina Ascencio en Zongolica, Veracruz;

§ el asesinato de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey; etc.

Cómo se han organizado los miembros de la audiencia hasta ahora:

En esta audiencia ya se ha avanzado en:

· La conformación de su Comité promotor;

· una Comisión Jurídica y de Documentación de Casos;

· el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad está conformando expedientes de al menos 400 casos en todo el país;

Propuestas organizativas futuras:

· La conformación de una Comisión de comunicación para divulgar las iniciativas de trabajo y organizativas;

· La organización de un concierto masivo con uno o más artistas solidarios;

· Un directorio de individuos y organizaciones interesadas en participar en el Comité Promotor o en la preparación de su caso;

Esta audiencia ha planteado la posibilidad de organizar una pre-‐audiencia cada dos meses, cada una de ellas en distintos lugares del país (por ejemplo, los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Estado de México, Durango, Morelos y el Distrito Federal). La intención es organizar cada una de las pre-‐audiencias en estados en los que puedan concentrarse muchos casos y actores relevantes.

El Comité Promotor de esta audiencia está en proceso de discutir cómo deben integrarse los casos para volverlos verdaderamente contundentes.

Contactos:

Magdiel Sánchez Quiroz: 045 777 1372 984 / [email protected]

Carlos Fazio: 5604 1832 / [email protected]

2. Migracion, Refugio y Desplazamiento Forzado Problemática de partida.

Las políticas económicas, migratorias y de “seguridad” del Estado mexicano y de las naciones centroamericanas han fomentado condiciones de expulsión, vulnerabilidad y criminalización de los migrantes y transmigrantes al intentar ejercer su derecho a migrar con dignidad a lo largo del territorio mexicano y de los derechos a la asistencia humanitaria, asilo y santuario, pisoteadas por autoridades estatales y federales,

quienes actúan en complicidad con sectores de la delincuencia organizada e invisibles grupos paramilitares, lo que ha producido más de 10 mil secuestros documentados de migrantes durante el último año y un patrón recurrente de asesinatos y violaciones. Las condiciones en las que se genera la migración también son un claro detonante en las altas cifras de trafico de personas y de la explotación infantil del país. Igualmente, las condiciones para la migración y el retorno de los migrantes indocumentados mexicanos en Estados Unidos se deterioran rápidamente, debido a la promulgación acelerada de leyes que no sólo criminalizan a la población migrante, sino que además la exponen de manera creciente a condiciones laborales de superexplotación y vejación, sin que las autoridades mexicanas realicen un esfuerzo real por defender los derechos de los mexicanos en el extranjero. Dentro del territorio nacional, son cada vez más los campesinos e indígenas que deben realizar procesos migratorios internos para emplearse como jornaleros agrícolas en las plantaciones de la agroindustria de exportación (en Baja California, Sinaloa, Sonora, Morelos, etc.) en condiciones de extrema precariedad, donde predominan los bajos salarios, la incorporación de las mujeres e hijos de los jornaleros a las faenas agrícolas (a menudo sin percibir salarios), la exposición de los trabajadores a sustancias tóxicas y su hacinamiento en alojamientos precarios.


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Casos relevantes:

· Masacre de San Fernando, Tamaulipas;

· Masacre de Acteal;

· Montes Azules;

· Leyes anti-‐inmigrantes (Arizona, Alabama);

· La lucha de los exbraceros;

· El problema de las estaciones migratorias


· Se han formado comisiones especializadas con actores y enlaces clave en cada

lugar;

· El Comité Promotor tiene ya una secretaría técnica, una de logística, una de peritajes e investigación y una de cultura.

· El Comité Promotor está en proceso de la organización de tres eventos públicos para los días 3 y 4 de noviembre de 2011.

· El 2 de noviembre se realizará un evento conmemorativo de la Masacre de San Fernando en el Centro Cultural La Pirámide.

· Varios de los miembros del Comité Promotor participaron en el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM).

· La audiencia cuenta ya con un Comité Asesor conformado por Abel Barrera (Tlachinollan), Miguel Concha, Alejandro Solalinde, la Caravana Paso a Paso por la Paz y Miguel Ángel Alcántara (Serapaz)


· El Comité Promotor propone la creación de laboratorios de construcción de derecho alternativo, popular y comunitario para sentar las bases de la documentación y presentación de casos en las distintas pre-‐audiencias.

· Proponen también estados clave para realizar pre-‐audiencias: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Jalisco y algún estado de la frontera norte.

Contactos

Camilo Perez Bustillo: 045 55 2944 7511 / [email protected]

Mercedes Ozuna: 01 (967) 683 4087 / [email protected]

3. Feminicidio y violencia de género Problemática de partida.

Amnistía Internacional ha documentado sesenta agresiones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por parte de las Fuerzas Armadas entre 1994 y 2006, especialmente en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Por otra parte, en Ciudad Juárez, Chihuahua —la “joya” nacional de la industria maquiladora y el trafico de droga hacia Estados Unidos—, durante el periodo de vigencia del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte se convirtió en el emblema mundial de la violencia de género en contra de las mujeres, no sólo por los quinientos asesinatos registrados, sino también por sus cinco mil mujeres desaparecidas. No obstante, los feminicidios ya se han extendido a otros estados del país, al tiempo en que las redes de secuestro, trata y esclavitud sexual de mujeres, muy especialmente de niñas y niños, también crecen aceleradamente en todo el país (por ejemplo, en los estados de Puebla, Tlaxcala, Quintana Roo y Estado de México, entre otros).


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El Comité Promotor ya tiene identificados algunos casos relevantes:

· El asesinato de Ernestina Ascencio, en Zongolica, Veracruz (en coincidencia con la audiencia temática 1);

· La crisis de los feminicidios en Ciudad Juárez;

· Trata de personas y violencia de género (que se entrecruza con la audiencia 2, a la cual han propuesto trabajar conjuntamente).


Avances:

En Esta audiencia, el Comité Promotor ya ha elaborado un documento que define cómo se enmarca la violencia de género. Hasta la fecha, ya han extendido la convocatoria a diversos grupos y organizaciones; han avanzado en la definición del trabajo metodológico de la Audiencia, que incluye una ficha sobre cómo presentar los casos con brevedad (asunto, actores involucrados, línea general del proceso). El comité promotor ya tiene designada a una persona responsable de la gestión de recursos para la organización de las pre-‐audiencias y la audiencia temática.


Esta audiencia propone la elaboración de un cuadro general que resuma todos los casos presentados en cada una de las pre-‐audiencias y las audiencias temáticas.

Contactos

Teresa Perez: 045 55 3271 0052 / [email protected] / [email protected]

Márgara Millán: 045 55 5418 3348 / [email protected]

4. Violencia contra los trabajadores Problemática de partida.

El 10 de octubre de 2009, el gobierno mexicano violentó las garantías individuales y laborales de 44 mil 500 trabajadores y sus familias al desaparecer (sin advertencia, aviso previo, proceso debido y mucho menos mediante la consulta con los trabajadores) la empresa paraestatal de energía Luz y Fuerza del Centro, tomando por la vía armada sus instalaciones. La desaparición ilegal de esta empresa violó flagrantemente el contrato colectivo de trabajo de los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuya vigencia debía respetarse hasta el 16 de marzo de 2010. El caso del SME sólo refleja una situación que empeora cada día para todos los trabajadores del país, especialmente desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994. Desde entonces, todas las leyes en México, desde la Constitución hasta las normas individualizadas, pasando por las leyes federales y locales, han sido violentadas junto con los tratados internacionales válidos y vigentes, como el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (referente a la libertad sindical), o el convenio 98 (sobre la contratación colectiva). En México, la gran mayoría de las organizaciones sindicales están controladas por grupos de interés que incluso —como ocurre en el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación— se han nombrado dirigencias vitalicias que trafican con influencias y negocian apoyos económicos y prebendas políticas a cambio de masivos apoyos de las dirigencias sindicales para operar fraudes electorales en todo el país.


Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Sindicato del SITUAM,


El tema general propuesto en esta audiencia es: Violación masiva de la legalidad

laboral, desde la Constitución (artículo 123) hasta la Ley General del Trabajo.

la muerte de 65 mineros por la explosión de la mina en Pasta de Conchos, Coahuila;


El Comité Promotor ha elaborado un temario básico para avanzar en los trabajos preparatorios.


· Establecimiento de la ruta de trabajo del Comité Promotor que incluye la definición de los momentos de realización de las distintas pre-‐audiencias;

· Atención a las violaciones al marco jurídico;

· Criterios para la definición de los casos emblemáticos.

Contactos

Marcos Tello: 045 55 4133 6693 / [email protected]

José Humberto Montes de Oca: 044 55 1353 4372 / [email protected]

5. Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía Problemática de partida.

La contrarreforma agraria de 1992 (la reforma del Artículo 27 de la Constitución) fue la clave de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para que, en cumplimiento de las llamadas “reformas agrarias de mercado” del Banco Mundial, comenzaran de los procesos de certificación agraria individualizada de las tierras ejidales para su eventual despojo y el acaparamiento de tierras para la agroindustria y la expansión urbana descontrolada. La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, conocida ampliamente en México como “Ley Monsanto” y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, han hecho legal el cultivo, almacenamiento y uso de transgénicos, beneficiando descaradamente a las empresas trasnacionales de semillas, agroalimentarias y de

agroquímicos sobre el campo y los cultivos, vulnerando los derechos de los pueblos a la vida campesina, a la conservación de sus semillas, a sus intercambios tradicionales y a la protección de su salud. El marco jurídico mexicano y la aplicación de diversos programas que promueven la migración y el despojo de tierras a los pueblos campesinos e indígenas permiten un control monopólico de las empresas sobre las tierras y las semillas, con lo cual se ha destruido aceleradamente la soberanía alimentaria del país, así como se amenaza la autonomía de los pueblos sobre su territorio. La tierras de cultivo de alimentos están amenazadas tanto por la expansión invasora de la urbanización salvaje como por la siembra “experimental” de maíces, soya, tomates, algodón, jatrofa y otras nuevas plantaciones transgénicas, por no mencionar el maíz biorreactor o los opiáceos y marihuana en las sierras. El sistema agroalimentario mundial es responsable de un 45-‐57% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), debido a su integración vertical, el cambio de uso del suelo agrícola para promover los monocultivos de semillas de laboratorio, la deforestación e invasión de los bosques de las comunidades, el transporte, almacenamiento, procesamiento, refrigeración y empaquetado industrial de los alimentos, lo cual constituye un daño integral a la agricultura, al maíz y a la soberanía alimentaria. Y todo esto ocurre —ni más ni menos— que en el Centro de Origen del Maíz que es México, con lo cual se amenaza no sólo a los pueblos indígenas y campesinos mexicanos que basan su economía, su cultura y su autonomía en él, sino la amenaza se extiende a todos los pueblos del mundo porque el maíz es uno de los cuatro principales cultivos alimentarios del planeta. La economía campesina se opone a este sistema agroalimentario trasnacional ofreciendo soluciones verdaderas a la crisis climática y alimentaria en México y el mundo.


La Red en Defensa del Maíz (con organizaciones en 23 estados), el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), el Colectivo Coa (Jalisco), el Grupo ETC, el Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas (Cenami), GRAIN, la Organización de Agricultores Biológicos (Oaxaca), la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, La Vía Campesina (América del Norte), Unión de Campesinos del Norte de Guanajuato, Kaykab Fruto Amargo (Chiapas), Unión Indígena Totonaca Nahua (Puebla), Consultoría Técnica Comunitaria (Chihuahua), CREO, AC (Veracruz), Educe, Sociedad Cooperativa (Yucatán), entre otras organizaciones

Qué problemas se proponen.

· Maíz y trasnacionales

· El TLCAN y la soberanía alimentaria / El autoconsumo como camino a la autonomía

· Maíz, transgénicos y agrotóxicos

· Autonomía de la producción propia de alimentos

· Maíz, agricultura campesina e indígena (tierra y territorios)

· Maíz, vida, cultura y alimentación

· Intercambio en libertad total de las semillas nativas


· Diseño y puesta en operación la página de la Red en Defensa del Maíz (redendefensadelmaiz.org), en la que habrá una sección dedicada al Tribunal

· En las reuniones de la Red en Defensa del Maíz participan tanto comunidades indígenas y campesinas de autoconsumo (fundamentalmente del centro y sur del país) como pequeños y medianos productores del occidente y norte, más orientados hacia el mercado

· Lista y contacto preliminar de jurados para las pre-‐audiencias

· El Comité Promotor ya ha acordado los temas de las pre-‐audiencias

· Propuesta para articular esta audiencia con las audiencias 2 y 6

· Listado de actividades preliminares y complementarias a las pre-‐audiencias para los próximos seis meses

· Registro sistematizado del evento de denuncia de la reunión de la FAO en 2010 (a favor de la biotecnología en detrimento de la agricultura campesina)

· Reunión (en junio de 2011) con el Relator de las Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación (Olivier de Schutter), gracias a la cual éste emitió una recomendación al gobierno mexicano para decretar una moratoria sobre el uso de transgénicos y para promover el uso de las variedades nativas del maíz

· Sistematización del trabajo de 10 años a través de una publicación que estará lista en enero de 2012.


· El Comité Promotor elaborará una lista de los individuos y organizaciones a los que se piensa invitar a participar

Bajo qué concepción piensa trabajar la audiencia. La defensa del maíz rebasa los culturalismos. Es la defensa misma de una opción de independencia material y política real de la humanidad entera frente al mercado y su garantía de permanencia. El ataque al maíz y a los pueblos que lo han criado es una agresión contra uno de los principales fundamentos de la civilización humana. Por ello, esta audiencia se basa en la argumentación de que es un crimen atentar contra los pueblos del maíz. Al defender a los pueblos del maíz, se defiende la supervivencia de la humanidad y el intercambio infinito de semillas campesinas. Los pueblos del maíz luchan por la autosubsistencia, una economía que reconstruya el proyecto civilizatorio de los pueblos del maíz. Uno de los ejes de trabajo y organización es que el sistema agroalimentario mundial es causante de aproximadamente la mitad de los gases de efecto invernadero, lo cual tiene impacto sobre la producción de alimentos y la crisis climática global. Otro de los ejes es la defensa de la agricultura campesina y la autonomía de los pueblos.

Contactos:

Contacto general: [email protected]

6. Devastación ambiental y derechos de los pueblos Problemática de partida.

Desde que entró en vigor el TLCAN, la desregulación ambiental ha sido la norma de actuación del gobierno mexicano frente a la inversión extranjera y nacional, que la aprovecha como ventaja competitiva. Como resultado de ello, más del 70% de los ríos del país están severamente contaminados, al punto de ser ya venenosos para numerosas comunidades en varios estados del país; asimismo, en 30 años se ha triplicado el número de acuíferos sobreexplotados por el dispendio industrial y agroindustrial, así como por el saqueo urbano, industrial y minero de las aguas rurales, al tiempo que México es ya el principal consumidor de agua embotellada por empresas trasnacionales en el mundo. Desde 2009 se sabe de la existencia de unas 26 mil concesiones mineras que abarcan casi el 30% del territorio total del país y, además de amenazar la economía, la agricultura y la salud de los pueblos vecinos a los yacimientos (por el almacenamiento de lodos tóxicos en las presas de jales), la Ley minera les ha otorgado derecho preferente sobre las tierras y las aguas de las comunidades, a las que dividen con ingeniería de conflicto planeada de antemano. En la región del golfo de México, las nuevas explotaciones petroleras así como el descuido

estructural y doloso de las infraestructuras petroleras ya existentes (pozos de extracción, redes de ductos, plantas industriales, etc.), ha generado una epidemia de enfermedades raras y degenerativas que no ha sido investigada, frenada ni atendida por las autoridades de salud. La construcción irregular de carreteras y supervías privatizadas, así como de unidades habitacionales innecesarias y de calidad fraudulenta, el emplazamiento de gigantescos malls, hoteles, casinos y basureros, la construcción de todo tipo de megaproyectos (represas, parques eólicos, megagranjas, plantaciones, etc.), o bien la privatización de los servicios urbanos e infraestructuras estratégicas, son todas actividades que avanzan en un contexto de abierta complicidad gubernamental con las empresas privadas por medio de autorizaciones irregulares de Estudios de Impacto Ambiental que no contemplan siquiera la consulta y el consentimiento informado de las comunidades locales o barrios urbanos. De ahí que no sólo la pérdida acelerada de bosques nacionales y de biodiversidad que ocurren en México sean de las más altas del mundo, sino que adicionalmente la salud de los mexicanos haya alcanzado una alarmante situación degenerativa.


En el Comité Promotor participan: la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (que aglutina entre 100 y 130 luchas ambientales comunitarias de 16 estados del país), la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LAVIDA) (Veracruz), la Asamblea Regional de Afectados Ambientales (Jalisco), el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local (Tlaxcala); el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Región Malinche (Puebla-‐Tlaxcala), la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Michoacán), el Movimiento de Liberación Nacional, El Pregón (Morelos y DF), la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (DF/Estado de México), la Agrupación de Productores Ecológicos Tatexco, AC (Veracruz), Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios (Oaxaca), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), el Colectivo Radar, la Coalición Internacional por el Hábitat, el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (San Luis Potosí), Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán (Oaxaca), Pueblos Unidos contra Granjas Carroll (Puebla-‐Veracruz), Maderas del Pueblo (Chiapas), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) (Guerrero), entre otras.


El Comité Promotor ha propuesto, en principio, 11 temáticas para la organización de las pre-‐audiencias:

· Biodiversidad y pueblos indios

· Cambio climático

· Agua

o Una pre-‐audiencia sobre la contaminación del río Santiago (Jalisco)

o Una pre-‐audiencia sobre la contaminación de las Granjas Carroll en el valle de Perote

· Megaproyectos

o Una pre-‐audiencia sobre los proyectos carreteros de la empresa trasnacional OHL (Supervía Poniente, Arco Sur, Libramiento Norte de Puebla)

o Una pre-‐audiencia sobre la presa de El Zapotillo (Jalisco)

o Una pre-‐audiencia sobre la presa La Parota

· Residuos

· Minería

o Una pre-‐audiencia sobre la minería en Oaxaca

· Energía

o Una pre-‐audiencia sobre los impactos ambientales de la actividad petrolera en el Istmo veracruzano

· Abuso de agroquímicos

o Una pre-‐audiencia en Michoacán

· Valle de México

· Veracruz (pre-‐audiencia multitemática, en articulación con las otras 6 audiencias)


La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales tomó como acuerdo general en su última reunión (julio de 2011) sumarse al trabajo organizativo de la audiencia

Se ha avanzado en la elaboración de una guía metodológica (de carácter indicativo) para la construcción de los casos para las pre-‐audiencias

Se ha avanzado en la elaboración de una guía para orientar la ruta de trabajo de las pre-‐audiencias (desde las actividades preliminares y complementarias hasta la audiencia temática).

La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales realizó un taller jurídico con más de 80 asistentes para preparar su trabajo en torno a la audiencia temática

Elaboración de una ficha básica para la preparación de los casos a ser presentados en las pre-‐audiencias


Elaboración de una guía para presentar propuestas de jurados (nacionales e internacionales) para las pre-‐audiencias

Elaboración de folletos de apoyo jurídico y de difusión de la Audiencia

Calendario de trabajo por pre-‐audiencia

Elaboración de un directorio de abogados solidarios

Elaboración de un directorio de científicos y técnicos solidarios

Página electrónica de la audiencia ambiental

Bajo qué concepción van a trabajar. El trabajo de la audiencia debe considerar, como parte de la dimensión jurídica, que los interlocutores principales no son el Estado ni las empresas trasnacionales, sino los pueblos.

Contacto general: [email protected]

7. Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores Problemática de partida.

En México, las radios comunitarias están sujetas a un alto grado de discrecionalidad de las autoridades competentes para otorgarles permisos, en vez de una legislación adecuada, las radios comunitarias han sufrido la criminalización y sus integrantes han

sido perseguidos a través de vías penales desproporcionadas y abusivas. La falta de respeto a los derechos a la información y a la comunicación se ven agravados por las reiteradas violaciones a los derechos humanos de quienes promueven proyectos de radios comunitarias, además de las constantes persecuciones que padecen. Dos grandes empresas dominan en nuestro país el mercado de la televisión y controlan también los mecanismos de conformación y operación de los órganos reguladores de las comunicaciones, a la vez que numerosas representaciones en el Congreso de la Unión, con lo cual promueven leyes que amplíen sus privilegios (la llamada Ley Televisa) y les permitan un control casi irrestricto del espectro radioeléctrico del país. De este modo, las dos grandes televisoras del país controlan los flujos de información hacia la sociedad y se permiten ocultar o manipular el acceso a los medios para los pueblos y las organizaciones que pretenden denunciar los agravios de que son víctimas. Adicionalmente, México se ha convertido en el país del mundo en que es más peligroso ejercer el oficio de periodista, demostrado por el elevado número de asesinatos y agresiones (amenazas, secuestros, intimidaciones) a los periodistas de medios locales, comunitarios y hasta nacionales.


El Comité Promotor está integrado por: Aleida Calleja, Radio Plantón (Oaxaca), Ignacio Pineda (Alicia), Jenaro Villamil (Proceso), José Carlos Paredes, Red de Periodistas de Ciudad Juárez, Periodistas de Culiacán, Familia Clouthier, Reporteros sin Fronteras, Observatorio Ciudadano de la Universidad Iberoamericana, Radio Zapote (ENAH)


Juicio al monopolio de Televisa

Criminalización de periodistas

Derecho a la información y a la cultura


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Organización de un Taller de diagnóstico (19 de enero de 2011, Casa Galván, de la Universidad Autónoma Metropolitana)

Diseño de la página electrónica general del Capítulo México del TPP (para ser enriquecido con el trabajo de todas las audiencias)

Contactos:

Adriana López Monjardín: 56 55 04 63 / [email protected]

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