la quiebra en la legislación venezolana y en el derecho

La Quiebra en la Legislación Venezolana y en el Derecho Comparado.

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CAPITULO II.

MARCO TEÓRICO.

LEGAL - DOCTRINAL.

1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.

Los antecedentes de la investigación no se encontraron, aunque se

agotaron todos los medios de información, para conseguir tales

antecedentes.

2.- BASES LEGALES Y DOCTRINALES.

El desarro llo de la investigación requirió de un sustento legal y doctrina l

relacionado con la Quiebra, a fin de conocer las modalidades derivadas del

Código de Comercio Venezolano, e igualmente se estudiaran las Leyes, tales

como: Ley de Concursos Mercantiles de México, la Ley de Concursos y

quiebras de Argentina y la Ley de Quiebras de Chile, ya que el estudio de las

bases legales y doctrinales configuran el marco referencial propiamente

dicho de la investigación, ya que por lo que se pretende en su análisis en

forma detallada, de acuerdo con los objetivos planteados, las categorías y

sub – categorías, así como las unidades de análisis.


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2.1.- LA QUIEBRA EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA.

2.1.1.- NATURALEZA JURÍDICA.

Según Vidari, (1897, p.99) la naturaleza jurídica de la quiebra:

Aparece en nuestro derecho positivo como un conjunto orgánico de normas de carácter material y formal. Por mucho tiempo aquel sustantivo aspecto estuvo colocado en primer plano, aun por los poderes concebidos a los acreedores en orden a la gestión del patrimonio de la quiebra. Pero esta valoración aparece, luego, insostenible, porque las disposiciones que rigen la institución son predominantemente procesales, y se le considero sobre todo como un proceso; llegándose a indagar los efectos de derecho material con ocasión del examen de los actos procesales a los cuales se vinculan. Se trata de un procedimiento judicial, especial y complejo, además, como sui generis, en el cual el tribunal despliega una actividad administrativa y judicial, voluntaria y contenciosa.

El Derecho de Quiebra, es una institución del Derecho Mercantil,

comprendida por un conjunto de normas y reglas legales que regulan las

consecuencias jurídicas del hecho económico que se llama la Quiebra.

La finalidad de dicho procedimiento, es que se señala la verificación de la

par condicio creditorum, entendido no sólo en el sentido negativo de no

alterar la igualdad entre ellos, sino más bien, en el sentido positivo de que el


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pago deba efectuarse respetando tal igualdad, la cual cede solo ante las

causales legales de la prelación para el pago.

Dicha finalidad no podría cumplirse si no se proveyese a la construcción

del patrimonio del fallido y a la sujeción; al procedimiento ejecutivo concursal,

de aquellos bienes eventualmente enajenados, cuando ya el estado de

cesación de pagos se había producido.

La doctrina sostiene, en general, el carácter único e indivisible de la

Quiebra, bien sea culpable o fraudulenta, basada en que esta solución

responde a la intención del legislador, que ha querido castigar la Quiebra

causada por la culpa o fraude del deudor y no de cada uno de los hechos

que los ordinales que establecen los Artículos 916, 917 y 918 del Código de

Comercio.

A parte de lo mencionado, el procedimiento de la Quiebra es un Juicio

ejecutivo, porque pretende el cumplimiento de una situación jurídica

preestablecida, o sea, la satisfacción de la obligación incumplida, mediante la

cancelación de su equivalente; es colectivo, porque todos los acreedores,

cualquiera que sea su clase y la situación de sus créditos, son atraídos al

proceso; y es universal, porque dicho proceso tiende a la realización de todos


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los bienes integrantes del patrimonio del deudor, considerado en virtud de la

máxima norma establecida en el Código Civil en su Artículo 1864, como la

prenda común o garantía de sus acreedores, exceptuando las causas

legitimas de preferencia.

El carácter único e indivisible de las Quiebras culpables y fraudulentas,

trae como consecuencia, que ambos delitos sean perfectamente distintos. Ya

que la declaratoria de Quiebra por uno no impide la declaración de Quiebra

por el otro.

2.1.2.- DEFINICIÓN DE QUIEBRA.

Existen varias maneras de definir a la Quiebra, entre ellas se podrían citar

las siguientes:

§ Etimológicamente: La doctrina mayoritaria coincide en afirmar que el

vocablo “Quiebra”, significa acción y efecto de quebrar, ya que

proviene del latín Fallare, que significa engañar.

Según lo que señala Vidari (1897, p.97) “No es raro que en la quiebra se

anide el fraude; pues quien quiebra menoscaba la fe que los acreedores

habían puesto en él”.


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Sin embrago, algunas versiones del Diccionario Español dan como origen

de dicha expresión la voz Crepare, igualmente latina, cuyo significado es

estallar, que no supone necesariamente el fraude.

§ Definición Legal: El Artículo 914 del Código de Comercio de

Venezuela, define la quiebra de la siguiente manera: “El comerciante

que no estando en estado de atraso, según el Título anterior, cese en

el pago de sus obligaciones mercantiles, se halla en estado de

quiebra.”

El Artículo descrito expresa la noción del mismo, enmarcándolas entre

dos exigencias; una en sentido asertivo, que es cuando el comerciante se

encuentre en cesación de pagos; y otra de carácter negativo, que es cuando

no este en estado de atraso.

De esta definición se derivan las condiciones de fondo de la Quiebra

las cuales son:

1. - Subjetiva, solo se aplica a los comerciantes de profesión.

2. - Objetiva, la institución tiene su fuente en el hecho de la cesación de

pagos.


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3. - Que la situación critica no configure el estado de atraso, de acuerdo

con el procedimiento reglado en el propio Código de Comercio.

El Código de Comercio, lo define de una manera muy general, ya que se

debe tener presente según el Artículo 907 del Código de Comercio, ut –

supra, que un comerciante también puede ser declarado en Quiebra aun

estando en situación de atraso, si durante la liquidación amigable se

descubriere la existencia de deudas no declaradas por él, o la no existencia

de acreencias declaradas por él, o si bien si aparece culpable de dolo o de

mala fe, o que su activo en realidad no ofrece esperanza de pagar la

integridad de sus deudas, o siquiera los dos tercios de la misma.

§ Noción Económica: Según Pisani (1997, p. 21), la Quiebra, desde el

punto de vista económico, caracteriza la función anormal del crédito.

En la situación en que se encuentra el deudor que no dispone de

valores realizables suficientes para satisfacer oportunamente la

contraprestación a que se obligo. Es decir, es un estado de

desequilibrio entre los valores realizables y los créditos por pagar.


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§ Doctrinalmente: Es un término económico recogido por el Derecho.

“Quiebra” una persona bien sea, individual o colectiva, cuando su

patrimonio no puede satisfacer las deudas que pesan sobre él.

Las leyes en interés de la colectividad han intervenido

cuando se produce esa situación. De esta intervención ha surgido el

Derecho de Quiebra. (Villafuerte, 2000, p.89 )

En el Derecho de Quiebra hay:

• Normas sustantivas; cuya finalidad es determinar los extremos legales

que constituyen el concepto de Quiebra en la legislación.

• Normas Adjetivas; cuya finalidad es regular el procedimiento que ha de

seguirse.

Por lo tanto, se podría decir que, la Quiebra, es el estado al que son

llevados mediante la declaración judicial, determinados deudores que han

cesado en sus pagos y que no han logrado o no han estado en condiciones

de lograr una solución preventiva, estado que, si no se resuelve en un

avenimiento o en un concordato, determina una realización forzada de los

bienes, para con el producto de dicha realización satisfacer, en lo posible,

primero los gastos originados y luego las deudas del quebrado.


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Mas aún, se podría destacar, que la Quiebra es una vía de ejecución

colectiva, que permite al conjunto de los acreedores del comerciante que

haya cesado en sus pagos, realizar el activo del deudor para obtener un

pago en debida concurrencia, o tomar las mediadas más apropiadas para

salvaguardar sus intereses sin llegar a la realización inmediata de los bienes

del deudor.

De acuerdo con las Leyes sobre Quiebras, pueden caer en dicho estado

no solo los Comerciantes y las Sociedades Comerciales, sino también

Empresas no Comerciales que realicen sus negocios en forma de

explotación comercial y cumplan, además, con todos los requisitos previstos

por el legislador.

2.1.3.- DEFINICIÓN DE QUEBRADO.

Afirma Ossorio (1986, p. 631),

El Quebrado; es el comerciante que cesa en el pago de sus obligaciones por insolvencia o quiebra, declárese por petición propia o por la de sus acreedores. Declarada la Quiebra, el quebrado queda incapacitado civil y mercantilmente para administrar su patrimonio, y más para disponer de él. De acuerdo con su proceder doloso o no, el quebrado se califica de culpable o fraudulento, este


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último, por autentico estafador de sus acreedores susceptible de proceso y condena penales.

Sobre la base de las ideas expuestas anteriormente, se podría destacar

que el quebrado es aquella persona que se ha declarado en Quiebra.

Los comerciantes fallidos y los deudores no comerciantes, concursados

civilmente, que para defraudar a sus acreedores cometen actos delictuosos,

estos son pasibles de sanción con arreglo a las disposiciones a las Leyes

pertinentes.

2.1.4.- CONCEPTUALIZACIÓN DE SÍNDICO.

2.1.4.1.- DEFINICIÓN DE SÍNDICO.

Según Pisani (1997, p. 163), síndico:

Este proviene del latín Syndicus y éste del griego Síndikos (de Syn= Con y Dike= Justicia). Sujeto encargado en un concurso de acreedores de liquidar la quiebra. De acuerdo con nuestro Derecho Mercantil pudiera decirse que el Síndico es el sujeto designado por el Juez de la Quiebra para que provea a la conservación, administración y liquidación del patrimonio del fallido, de conformidad con la Ley, Art. 972. En tal sentido seria un mandatario de la justicia o un auxiliar de la justicia en subordinación con el Juez.


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Describe Ferri (1965, p. 422), “En el ejercicio de sus funciones, el síndico

tiene la investidura de funcionario público. Su poder excluye al fallido y a los

acreedores.”

Igualmente afirma Calvo Baca (1999, p. 588), que el Síndico es aquella

“Persona que administra y liquida los bienes del fallido y ejerce la

representación de la masa de acreedores”

Por consiguiente se podría decir que, los síndicos solo representan al

fallido como mandatarios de la justicia, ya que este representa principalmente

la masa de los acreedores, y accesoriamente y en cierta medida al fallido.

2.1.4.2.- CLASES DE SÍNDICOS.

Afirma Calvo Baca (1999, p. 588), que las clases de síndicos son las

siguientes:

1.- Síndico Provisorio; es el nombrado en la sentencia declaratoria de

quiebra y es quien ejerce las funciones hasta la primera reunión de

acreedores.


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2.- Síndico Definitivo; es el nombrado en la primera reunión de acreedores

para el caso de que no se acuerde la liquidación por parte de los acreedores.

Este ejercerá las funciones hasta que haya convenio o sobreseimiento o la

rendición de cuentas de la liquidación.

2.1.4.3.- OPORTUNIDAD Y CONDICIONES PARA SU

DESIGNACIÓN.

Según Pierre (1975, p. 285):

La designación del síndico se efectúa por el Juez en la sentencia declaratoria de quiebra como un segundo pedimento legal de su contenido (Art. 937 del Código de Comercio), ya que, con anterioridad se exige el pronunciamiento judicial sobre la cesación de pagos del comerciante en crisis, sea fijando la fecha de su inicio o reservándose hacerlo por auto separado. Puede su nombramiento estar presidido de la designación de un depositario de los bienes y papeles del fallido (que debe llenar las mismas condiciones requeridas para ser sindico); facultad ésta última que la ley acuerda al juez, según sea la urgencia del caso, y que podrá ejecutar al introducirse la demanda de quiebra y en vista de los recaudos que acompañen, como medida preventiva de aseguramiento, anterior a la citación del deudor. (Art. 932, Ult. Ap. del Cod. de Com.).

El síndico designado en la sentencia adquiere la característica de

provisional, el cual conduce el proceso hasta la primera junta de acreedores,


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pero en esa misma oportunidad puede ser sustituido, o se puede nombrar un

síndico más.

En este sentido, el Juez goza de plena libertad para escoger el síndico

provisional y también los acreedores para seleccionar los definitivos. La

selección puede recaer en un sujeto extraño a la quiebra o en acreedor cuyo

crédito no este controvertido, es decir, estos son escogidos fuera de los

acreedores que están en la quiebra en controversia.

En las Quiebras de sociedades sometidas al control de la Comisión

Nacional de Valores, la designación de los Síndicos y los Liquidadores,

deberá contar con la opinión favorable de dicha Comisión Nacional de

Valores. Ya que el Artículo 10 de la Ley de Mercado de Capitales establece

que:

Art. 10: El Director de la Comisión Nacional de Valores deberá supervisar e intervenir en los términos que establezca el Reglamento, los procesos de quiebra de las sociedades sometidas a su control. La designación de los Síndicos y liquidadores deberán contar con la opinión favorable de la Comisión Nacional de Valores. Los Síndicos y Liquidadores deberán suministrar a ese organismo toda la información que sea requerida.


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El Código de Comercio exige ciertas condiciones al Síndico, ya que en el

Artículo 937, Ordinal 1°, menciona que : “El nombramiento de un síndico,

que debe ser Abogado o que sea o haya sido comerciante.”

Es decir, que las condiciones que deben tener los síndicos y los

depositarios son, que deben ser Abogados y que sean o hayan sido

Comerciantes.

2.1.4.4.- PROHIBICIONES.

En el Artículo 970 del Código de Comercio se describen las

inhabilitaciones o incapacidades para el ejercicio de Síndico, a saber:

Art. 970: No pueden ser síndicos: Los Comerciantes, menores de veintiún años. Las mujeres, aun cuando sean comerciantes. Los fallidos, mientras no obtengan rehabilitación. El cónyuge y los parientes del fallido hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, aunque sean comerciantes. Los acreedores cuyos créditos estén controvertidos.

Aunque en el Artículo antes descrito menciona entre sus prohibiciones

que las Mujeres aún y cuando fuesen comerciantes, no podían ser síndicos,

por lo tanto la Corte Suprema de Justicia decidió la nulidad de ese precepto


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jurídico, y, se declaró como inconstitucional, dicha norma en Sentencia de

fecha del 4 de Marzo de 1965, donde se emitió el siguiente pronunciamiento :

En virtud de las consideraciones expuestas, esta Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del Artículo 970 del Código de Comercio, en cuanto prohíbe a las mujeres ser síndicos en los procedimientos de quiebra, o sea, que queda sin ningún valor ni efecto la parte de este artículo que reza “Las mujeres, aun cuando sean comerciantes.”

2.1.4.5.- RENUNCIA.

Si el síndico designado ha aceptado su cargo puede, sin embargo,

renunciarlo por justa causa. Pero la ley impone que el sindico debe

permanecer en el ejercicio de sus funciones hasta tanto sea sustituido.

En consecuencia, el Código de Comercio, establece en su Artículo 987,

que los síndicos podrán ser removidos por impericia, negligencia, fraude en

la administración o colusión con el Fallido. Tal sanción podrá solicitarla el

fallido y los acreedores o igualmente puede ser interpuesta de oficio por el

Juez.

Art. 987: Los síndicos podrán ser removidos a solicitud del fallido, de los acreedores, o de oficio, por impericia, negligencia, fraude en la administración o colusión con el fallido.


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Cuando la remoción fuere solicitada por el fallido o por los acreedores, la solicitud se presentará al Juez de Comercio, quien, oído el informe de los síndicos. resolverá sobre la remoción. En los casos de fraude o colusión, se pasará inmediatamente lo obrado al Tribunal que conoce en lo criminal; en estos casos, además de las indemnizaciones a que haya lugar, los síndicos sufrirán las penas que establece el Código Penal. Decretada la remoción, se procederá al nombramiento de nuevos síndicos, sí fuere necesario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 967 y 986.

En el primer caso, la solicitud se presentará al Juez de Comercio quien,

previo conocimiento del informe de los síndicos, resolverá la remoción. En los

supuestos de colusión o fraude, se pasara inmediatamente lo obrado por el

Tribunal que conoce en lo criminal; en cuyos casos los Síndicos sufrirán las

penas que establece el Código Penal, además de las indemnizaciones a que

haya lugar, una vez decretada la remoción se procederá al nombramiento de

nuevos síndicos, si el Juez lo cree necesario, según lo establecido en la

normativa de los Artículos 967 y 986 del Código de Comercio.

Art. 967: Si en la primera reunión de acreedores de que trata el artículo 937 no quedare acordada legalmente la liquidación por los acreedores, el juez consultará a éstos: Sobre la continuación o no del síndico nombrado, o indicación de que haya de sustituirlo, o bien el nombramiento de otro síndico más e indicación de quien deba ser. Los designados deben ser abogados o comerciantes.


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Sobre la administración que convenga a los bienes compulsados. Sobre si autoriza o no a los síndicos para continuar el giro del fallido. Sobre si se conceden o no alimentos al fallido y su familia y por cuánto tiempo. La exposición de los acreedores se asentará en el expediente, y en seguida el Juez elegirá nuevos síndicos o conservará el existente. Los nombrados en este acto lo serán definitivamente. Si se autorizase a los síndicos para continuar el giro del fallido, se determinarán en el mismo acuerdo los objetos a que se extienda la autorización, su duración y las sumas de que ellos puedan disponer para atender a las operaciones del giro. La autorización no podrá ser conferida sino por el voto de las tres cuartas partes en número y en suma de los acreedores presentes. Si el fallido y algunos acreedores hicieren oposición, la admitirá el Juez de Comercio y determinará sobre ella lo más pronto posible, pudiéndose apelar de su decisión al Tribunal Superior. La oposición no impide que el acuerdo se efectúe provisionalmente. La resolución de la junta obliga a la masa hasta el total de los bienes de la quiebra; pero si los síndicos contrajeren en dichas operaciones empeños que no puedan ser cubiertos con los bienes de la quiebra, los acreedores que los autorizaron responderán personalmente del exceso, dentro de los límites de la autorización, a prorrata de sus créditos entre sí, pero solidariamente para con los terceros. El fallido en tal caso queda exonerado de su deuda hasta concurrencia del activo inventariado de que se hubiere dispuesto. El juez determinará también sobre alimentos para el fallido y su familia; y oídos los síndicos sobre cantidad y tiempo, los fijará si los acordare pudiendo apelarse de su decisión ante el Tribunal Superior.


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Art. 986: En cualquier estado de la quiebra, el Juez podrá reducir el número de los síndicos, si así lo exigieren las necesidades de la administración; pudiendo apelarse de su decisión ante el Tribunal Superior. También podrá aumentarse su número hasta tres; pero cuando haya que aumentarse o subrogarse uno o más síndicos definitivos, se consultará a los acreedores reunidos en junta, procediéndose según lo prescrito en el artículo 967.

2.1.4.6.- DEBERES.

Según Pisani (1997, p. 168), describe que “El nombramiento de síndico

otorga a la persona una cualidad jurídica peculiar que le confiere ciertas

prerrogativas y le impone determinadas obligaciones.”

Por consiguiente se describirán los deberes de los síndicos:

1.- Juramento: En el Artículo 971 del Código de Comercio describe que:

“Los síndicos no pueden entrar en el ejercicio de sus funciones sin haber

prestado ante el Juez, juramento de desempeñarlas bien y fielmente.”

Sobre la base de las ideas expuestas, se puede señalar que los síndicos,

deberán prestar juramento, ante el Juez, en donde juraran que

desempeñaran sus funciones bien y fielmente, ya que sin cuya formalidad no

podrán entrar a ejercer sus funciones.


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Pero según Ramírez y Garay (Tomo LXX, pp. 428 – 80, Juzgado Superior

Décimo), describe en su Jurisprudencia que “Tanto el síndico definitivo como

el provisional deben prestar juramento antes de comenzar a ejercer sus

funciones.”

2.- Redenciones de cuentas: En el Artículo 977 del Código de Comercio,

establece que: “Los síndicos definitivamente nombrados, si fueren otros que

los provisionales, exigirán que estos rindan cuenta de su administración a la

mayor brevedad.”

3.- Datos y Noticias: Con referencia a este punto se puede describir el

Artículo 973 del Código de Comercio, el cual establece que: “Procuraran el

cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 937, y

proporcionaran con tal fin los datos y noticias que suministren los libros y

papeles del fallido”.

Con referencia a lo expuesto, los síndicos deben de cumplir tal deber, el

de proporcionar todos los datos y noticias que el fallido tenga en sus libros,

así como en sus papeles, con la finalidad de identificar dichos instrumentos

en cualquier momento y de hacer útil tal información en el juicio de quiebra.


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4.- Sellos: El Artículo 974 del Código de Comercio, estipula que: “Si la

fijación de los sellos no se hubiere hecho antes de su aceptación, los

síndicos procuraran que se efectué y cuidaran de su conservación.”

Al mismo tiempo se puede decir que, el levantamiento de los sellos, es

uno de los deberes de los síndicos, los cuales lo deben levantar sobre los

bienes en tutela del juicio y deben preservar los mismos.

5.- Ventas de efectos deteriorables: El Artículo 975 del Código de

Comercio describe que: “Venderán los efectos que estén en riesgo de

perderse o deteriorarse, o cuya conservación sea dispendiosa, previa la

autorización del Juez, quien al acordarla, determinara la forma en que deba

hacerse la venta. De la resolución del Juez puede apelarse ante el Tribunal

Superior.”

Los síndicos venderán los efectos que estén en riesgo de perderse o

deteriorarse, o cuya conservación sea valiosa, pero esto solo se puede hacer

con previa autorización del Juez. Estos objetos no se sellaran, sino que serán

inventariados de inmediato, e igualmente serán tasados y entregados a los

síndicos, sí este ya entro a ejercer sus funciones, sino el síndico no ha sido


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nombrado, dichos objetos serán colocados bajo la tutela de un depositario

especial, hasta que el sindico tome posesión.

6.- Socorros alimenticios: Según lo que establece el Artículo 951 del

Código de Comercio, el cual describe:

Art. 951: El fallido podrá obtener provisionalmente para si y para su familia, socorros alimenticios sobre el activo de la quiebra, que serán regulados por el juez como audiencia de los síndicos. De la decisión del juez podrá apelarse ante el tribunal superior. No tendrá derecho al fallido a este beneficio si obrare contra él alguna presunción de culpa o de fraude en la quiebra.

De acuerdo a los requerimientos establecidos en el Artículo descrito

anteriormente, se deduce que se requiere la audiencia de los síndicos en el

acto en que el juez acuerde provisionalmente para el fallido y su familia los

socorros alimenticios.

7.- Inventario: Según lo que indica el Artículo 957 del Código de

Comercio, el cual describe el procedimiento a seguir en el Inventario que

realiza el Síndico, conjuntamente con el Fallido y los Delegados, a saber:

Art. 957: El inventario se hará por el síndico acompañado del fallido o de un delegado suyo y por otro delegado que designen los tres acreedores de mayor suma residentes en la


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localidad. A falta de los delegados el síndico se acompañara de dos empleados de casas de comercio bien reputadas. Los sellos serán gradualmente levantados a medida que se forme el inventario; y cada día que la operación se interrumpa, se hará constar en el expediente la suspensión del acto y se pondrán los sellos en lo no inventariado. El inventario se escribirá por duplicado y contendrá la descripción especificada del dinero, letras de cambio, billetes, mercancías con distinción de marcas, números, peso y medida, de los demás bienes muebles e inmuebles y demás papeles de interés y el justiprecio de los bienes hecho por el síndico, quien al efecto podrá acompañarse de las personas que eligieren, de acuerdo con el juez de comercio y los tres principales acreedores de la localidad. Si no se conocieren estos, la elección se hará de acuerdo con el acreedor o acreedores demandantes de la quiebra. En uno u otro caso el día de la elección se fijara y se notificara previamente a los acreedores. También se ara mención de los objetos no sellados, de conformidad con el Artículo 952. Concluido el inventario y firmado por todos los intervinientes, el juez entregara al síndico todos los bienes inventariados y este pondrá su recibo al pie de cada uno de los dos ejemplares, conservando uno de estos; el otro se agregara al expediente de quiebra.

8.- Balance: En caso de manifestación de quiebra por el propio comerciante

y en todo caso, si el fallido no hubiere presentado el balance, los síndicos

procederán sin prórroga o retraso a realizar dicho balance, el cual resulta de

los libros y papeles del fallido y de los informes que procuraran obtener.


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No obstante, los síndicos harán citar al fallido para examinar los libros y

cerrar; para aclarar las dudas que ocurran en su examen y para la realización

de dicho balance.

Cuando el fallido no pudiere ser hallado o no concurriere a la citación, se

fijarán carteles en la puerta del tribunal y en el domicilio del mismo. El fallido

podrá comparecer por apoderado, si el Juez hallare fundados motivos para

no presentarse en persona.

Si el Fallido estuviera en arresto, el juez podrá autorizar que lo conduzcan

al lugar en donde se hará el examen de los libros. Si por el contrario el

balance hubiere sido presentado, los síndicos lo examinaran, y si hubiere

lugar, lo rectificaran o acondicionaran, dicho balance , bien formado o

rectificado se agregara al expediente de quiebra.

Llama igualmente la atención el caso de que la quiebra sea póstuma o

que se halle declarado después de la muerte del comerciante, en virtud que

se deberán presentar o hacerse representar su cónyuge, sus hijos o demás

herederos, para suplir al difunto en la formación del balance, en el examen

de los libros y en todas las otras operaciones que se deban presentar en un

trámite de quiebra.


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9.- Informe: Los síndicos definitivos, dentro de los quince días después de

ser juramentados, deberán informar al juez por escrito sobre el estado de los

negocios del fallido y de sus libros, expresando a su vez el juicio que formen

acerca de su conducta, de las causas, circunstancias y caracteres de la

quiebra.

10.- Estado de Cuenta: Los síndicos pasarán al juez, cada quince días y

siempre que el juez lo exija o lo crea conveniente, un estado del ingreso,

egreso y existencia de los fondos de la quiebra.

2.1.4.7.- RESPONSABILIDADES.

Según Pierre (1975, p. 315) las responsabilidades de los síndicos son las

siguientes:

1.- Los síndicos deberán entregar al fallido todas las cartas y telegramas que

no tengan ningún interés con el proceso de la quiebra, guardando a su vez

su contenido en el mas riguroso secreto, ya que si se dice el contenido de las

cartas o telegramas se estaría violando lo contenido en el Artículo 48 de la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual describe

que:


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Art. 48: Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso.

2.- Los síndicos pondrán su recibo de los bienes que han sido inventariados

al pie de cada uno de los dos ejemplares del inventario, firmado este, por

todos los intervinientes y conservaran una copia cada uno de ellos. El otro

inventario se agregara al expediente de la quiebra.

3.- Los síndicos depositaran semanalmente en una institución bancaria o en

una casa de comercio responsable, los cuales deben ser previamente

autorizados por el Juez, para depositar todas las cantidades provenientes de

cobranzas y ventas que se realicen, deduciendo a su vez, la suma que el

Juez considere necesaria para los gastos de administración. Los recibos que

certifican los depósitos se agregaran al expediente.

4.- Las reclamaciones que se intenten contra algunos de los síndicos, por sus

operaciones, serán determinadas por el Juez, al haber oído previamente el

informe del interesado. La decisión del Juez se ejecutara; por tanto se oirá

apelación en un solo efecto.


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5.- En todo caso los síndicos salientes rendirán inmediatamente las cuentas

necesarias, en el tiempo de que este tuvo administrando todos los asuntos

relacionados al comerciante fallido.

6.- En el caso de quiebra de una sociedad de capital, los administradores

estarán en la obligación a comparecer ante el Tribunal y ante los síndicos,

siempre que lo crean conveniente.

7.- Los síndicos tendrán igualmente la responsabilidad de administrar todos

los bienes que el fallido adquiera a titulo oneroso.

2.1.5.- CARACTERÍSTICAS DE LA QUIEBRA.

1.- Es un procedimiento colectivo y los acreedores se reúnen en una masa.

2.- Son un conjunto de normas substantivas, estas tienen por finalidad

determinar los extremos legales que constituyen el concepto de Quiebra en

cada legislación.

3.- Son normas procesales, ya que dictan el modus operandi, que es el

procedimiento dirigido a la liquidación y el sucesivo reparto del patrimonio del

fallido entre sus acreedores. La igualdad del tratamiento entre ellos, es el

fundamento de esta figura, cuyos recíprocos intereses están en la tutela y en


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la pluralidad que confirma una sociedad en criterio de algunos autores, o una

asociación de acreedores para otros; como en todo procedimiento concursal,

tiene su justificación en la existencia de una pluralidad de acreedores.

4.- Alcanza todos los bienes del deudor, ya que es una ejecución general. Es

por lo que se conoce con el nombre de desasimiento, desapoderamiento o

desposeción del bien.

5.- Es un procedimiento concursal, en virtud del cual los acreedores,

cualquiera que sea su naturaleza, deben ser todos pagados en proporción

de los bienes escapados al naufragio económico de su común deudor.

6.- A diferencia de las ejecuciones individuales, tiene un carácter infamante y

comporta muchas incapacidades para el comerciante declarado fallido.

7.- La Quiebra presenta un estado de hecho, que es la cesación de los pagos

y también presenta un estado de derecho, que es la declaratoria judicial de la

Quiebra, la cual debe contener los preceptos contenidos en el Artículo 937

del Código de Comercio.

Art. 937: La sentencia declaratoria de la quiebra contendrá además: 1º El nombramiento de un síndico, que debe ser abogado, o que sea o haya sido comerciante. 2º La orden de ocupar judicialmente todos los bienes del fallido, sus libros, correspondencia y documentos. 3º La orden de que las cartas y telegramas dirigidos al fallido sean entregados a los síndicos.


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4º La prohibición de pagar y de entregar mercancías al fallido, so pena de nulidad en los pagos y entregas, y orden a las personas que tengan bienes o papeles pertenecientes al fallido para que los pongan dentro del tercer día a disposición del Tribunal de Comercio, so pena de ser tenidos por ocultores o cómplices de la quiebra. 5º La orden de que se convoque a los acreedores presentes para que concurran con los documentos justificativos de sus créditos, a la primera junta general, que tendrá lugar el día y hora que se designará dentro de los quince días inmediatos. 6º La orden de que se haga saber a los acreedores residentes en la República que dentro del término que se les designará, ocurran con los documentos justificativos de su crédito bajo apercibimiento de continuarse los procedimientos de la quiebra sin volverse a citar ningún ausente. 7º La orden de hacer saber a los acreedores que se hallen fuera de la República la declaración de quiebra y el término dentro del cual deben ocurrir con los documentos justificativos de sus créditos, bajo el apercibimiento dicho en el número anterior. 8º La orden de que se publiquen la declaratoria de quiebra y la prohibición y orden de entrega de que se habla en el número 4º de este artículo. 9º La orden de remitir inmediatamente copia de lo conducente el Juez competente, cuando aparezca alguna circunstancia que amerite procedimiento criminal. Lo mismo se practicará en cualquier estado de la causa en que aparezcan las expresadas circunstancias. Cuando la sentencia declaratoria de quiebra la dictaren los Tribunales superiores, se pasarán inmediatamente los autos al Juez de Comercio o quien haga sus veces, para que lo ejecute.


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2.1.6.- DISTINTAS CLASES Y ESPECIES DE QUIEBRA.

El Código de Comercio establece, las diferentes clases y especies de

quiebras, el cual específica que existen dos clases de Quiebras, ya que en el

Titulo II del Libro Tercero especifica a las Quiebras de Mayor Cuantía y en el

Titulo III a las Quiebras de Menor Cuantía.

2.1.6.1.- QUIEBRA DE MAYOR Y MENOR CUANTÍA.

Las Quiebras de Mayor Cuantía, son aquellas en que el monto de

acreencias excede de diez mil bolívares, y las de Menor Cuantía, son

aquellas que en el monto total de las acreencias no excede de diez mil

bolívares, el Artículo 1069 del Código de Comercio, establece que:

Art. 1069: El Juez de Distrito o Departamento es competente para toda quiebra en que el monto de las acreencias no exceda de diez mil Bolívares y podrá, en consecuencia, declararlas y conocer en ellas previas iguales formalidades y con las misas facultades de los jueces de primera instancia en lo mercantil en las de cuantía superior, aplicando las disposiciones de este titulo.

Si del acta de calificación resultare que los créditos exceden de diez mil Bolívares, se pasara el expediente al juez de primera instancia competente.


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De acuerdo a los requerimientos exigidos, en la afirmación anterior, vale

la pena destacar lo establecido en el Artículo 1.080 ejusdem el cual establece

las normas de aplicación de este tipo de quiebra

Art. 1.080: En todo lo demás no previsto en este titulo, se aplicaran las disposiciones sobre la quiebra de mayor cuantía; pero los procedimientos serán los de los juicios verbales amoldándose a ellos los lapsos fijados que el juez reducirá en caso de modo prudencial, designándolo expresamente.

Igualmente, el Código de Comercio, establece en su Artículo 915 las

distintas especies de Quiebras, las cuales son:

Art. 915: Hay tres especies de quiebras: fortuita, culpable y fraudulenta.

Quiebra fortuita es la que proviene de casos fortuitos o de fuerza mayor que conduce al comerciante a la cesación de sus pagos y a la imposibilidad de continuar sus negocios.

Quiebra culpable es la ocasionada por una conducta imprudente o disipada de parte del fallido.

Quiebra fraudulenta es aquella en que ocurren actos fraudulentos del fallido para perjudicar a sus acreedores.

2.1.6.2.- QUIEBRA FORTUITA.

Es cuando no existe ningún elemento que la califique como Quiebra

culpable o fraudulenta.


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Según Ossorio (1986, p. 632), describe a este tipo de quiebra de la

siguiente manera, “es la que resulta de causas o circunstancias ajenas a la

voluntad o propósito del actor de la misma; de quien debe poder decidirse,

además, que ha actuado con mesura y prudencia en la gestión de sus

negocios.”

2.1.6.2.- QUIEBRA CULPABLE.

Afirma Ossorio (1986, p. 632), que:

Se dice que una quiebra es culpable cuando el titular de la misma obra culposamente en relación a sus acreedores y al desenvolvimiento de sus propios negocios; ya sea por incurrir en gastos desmedidos, especulaciones ruinosas, abandono de la atención de sus negocios o por entregarse a los juegos de azar o incurrir en cualquier otro tipo de imprudencia o negligencia manifiesta.

Existen causales relacionadas con la Quiebra antes mencionada las

cuales se encuentran enumeradas en el Artículo 916 del Código de

Comercio, que constituyen la presunción de que el comerciante ha incurrido

en estado de Quiebra culpable. El mismo obligaal tribunal penal a declarar

que existe tal presunción, al establecer cuando es la quiebra culpable, de

esta manera:


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Art. 916: Será declarada culpable la quiebra:

1° Si los gastos personales y domésticos del fallido, hubiesen sido excesivos.

2° Si el fallido hubiere perdido sumas considerables al juego, en operaciones ficticias de bolsa u otras de puro azar.

3° Si hubiere hecho compras para vender a menor precio del corriente o contraído obligaciones exorbitantes, u ocurrido a otros medios ruinosos para procurarse fondos, cuando por el estado de sus negocios debía conocer que tales operaciones sólo podían retardar la declaración de quiebra.

4° Si después de haber cesado en sus pagos hubiere pagado a algún acreedor con perjuicio de los demás.

En las generalizaciones anteriores, se describen las causales de la

Quiebra Culpable, las cuales se pueden describir de la siguiente manera:

1.- Que los gastos personales y domésticos del quebrado, hubiesen

sido excesivos, esto significa que el comerciante haya abusado de la

estabilidad económica que le ofrecía el comercio, así como el haber

realizado un mal uso de las ganancias, y no invirtiera en la compañía que se

declara en Quiebra, es decir, por su mala administración fue declarado como

tal.

La determinación de estos gastos no es difícil de comparar, por cuanto , los

gastos personales y de hogar, que el mismo haya realizado, debía hacerlo


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llevando un control día a día en los libros respectivos, ya que los mismos son

de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a los requerimientos establecidos

en los Artículos 32, 34, 35 del Código de Comercio, los cuales establecen:

Art. 32: Todo comerciante debe llevar en idioma castellano su contabilidad, la cual comprenderá obligatoriamente, el Libro Diario, el Libro Mayor y el de Inventarios. Podrá llevar, además, todos los libros auxiliares que estimare conveniente para el mayor orden y claridad de sus operaciones. Art. 34: En el libro Diario se asentaran, día por día, las operaciones que haga el comerciante, de modo que cada partida exprese claramente quien es el acreedor y quien el deudor, en la negociación a que se refiere o se resumirán mensualmente, por lo menos, los totales de esas operaciones siempre que, en este caso, se conserven todos los documentos que permitan comprobar tales operaciones, día por día. No obstante, los comerciantes por menor, es decir, los que habitualmente solo vendan al detal, directamente al consumidor, cumplirán con la obligación que impone este artículo con solo asentar diariamente un resumen de las compras y ventas hechas al contado; y detalladamente las que hicieren a crédito, y los pagos y cobros con motivo de éstas. Art. 35: Todo comerciante al comenzar su giro y al fin de cada año, hará en el libro de Inventarios una descripción estimatoria de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles y de todos sus créditos, activos y pasivos, vinculados o no a su comercio. El inventario debe cerrase con el balance y la cuenta de ganancias y perdidas; ésta debe demostrar con evidencia y verdad los beneficios obtenidos y las perdidas sufridas. Se hará mención expresa de las fianzas otorgadas, así como de cualesquiera otras


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obligaciones contraídas bajo condición suspensiva con anotación de la respectiva contrapartida. Los inventarios serán firmados por todos los interesados en el establecimiento de comercio que se hallen presentes en su formación.

De acuerdo a los requerimientos establecidos en los artículos antes

nombrados, se deduce que es necesario que el comerciante lleve la

contabilidad, ya que este es el único medio idóneo, para que el

comerciante se entere de la situación que tiene de acreedor o deudor y los

que tengan los terceros con relación a su empresa; permitiéndole así mismo,

detallar y comprobar los valores que integran su acervo patrimonial, e

igualmente le permite determinar el resultado de las operaciones en cada

uno de los ejercicios económicos, indicándole así mismo, las ganancias

obtenidas o las pérdidas sufridas en la compañía o empresa.

Afirma Goldschmidt (1979, p. 101) que “La Contabilidad es necesaria para

que el comerciante conozca en cada instante la situación activa y pasiva de

su comercio en relación a sus proveedores, clientes, banqueros, etc.”

Igualmente el Autor Goldschmidt (1979, p. 101), describe que:

En algunos Países, verbigracia, Alemania, Suiza e Inglaterra, se requieren los Libros necesarios para tener una idea clara de las operaciones del comerciante, sin que el Legislador los enumere. En los Países Latinos,


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por el contrario, se señalan algunos libros obligatorios dejando al comerciante la facultad de llevar otros si lo cree conveniente; estos últimos libros son el de caja; vencimiento, ventas, comisiones, etc., estos Libros se llaman auxiliares. Son obligatorios en Venezuela el Libro Diario, el Libro Mayor y el de Inventario, mientras que en la reforma de 1955 ha desaparecido el Libro de Copiador de Cartas que en la práctica muy pocos comerciantes poseían.

Desde la perspectiva más general, los Libros que el comerciante debe

llevar en su contabilidad son, el Libro Diario, Libro Mayor y el Libro de

Inventarios, el primero y el último libro deben ser presentados al Registro

Mercantil, donde el Registro le estampa una nota en la que se le indica el

número de hojas de los libros.

En las generalizaciones anteriores, se habla del Libro Diario y de

Inventarios, para la primera afirmación Barboza (1998, p. 125) lo define de la

siguiente manera: “Es aquel en el cual el comerciante asienta

cronológicamente todas las operaciones, activas y pasivas, al contado o a

crédito que diariamente realiza, vinculados o no con su comercio.” (Artículo

34 del Código de Comercio); y para la segunda, afirma igualmente Barboza

(1998, p. 127):

El Libro de Inventarios, constituye otro documento más de los que integran o constituyen la contabilidad, y


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en él se insertan los inventarios que forme el comerciante, bien el ordinario como lo extraordinario. El inventario es una estimación económica de todos los bienes que tenga el comerciante al comenzar su giro y al fin de cada año. Refleja lo más exacto posible, el valor de todos los bienes, muebles o inmuebles, materiales o inmateriales, vinculados o no al comerciante.

2.- Que el fallido o quebrado, haya perdido sumas considerables en

juegos, en operaciones ficticias de la bolsa y en otras operaciones que

sean de puro azar, es difícil determinar la suma de dinero que el

comerciante haya gastado, pero en esta causal también esta implicado el

mal uso que este realizó con el dinero o las ganancias que su empresa le da.

3.- Si este hubiere realizado compras para venderla después a un menor

precio del corriente o contraído obligaciones exorbitantes, u ocurrido a

otros medios ruinosos para procurarse fondos, cuando por el estado de

sus negocios debía conocer que tales operaciones solo podían retardar la

declaración de la Quiebra. Estas operaciones a que se refiere este ordinal

deben presentarse antes de la declaración judicial de la Quiebra, sin que

importe si han sido realizadas antes o después de la cesación de los pagos.

Los diferentes hechos previstos en el mismo solo son punibles cuando dañan

o perjudican a la masa de acreedores.


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4.- Si después de haber cesado en sus pagos hubiere pagado a algún

acreedor con perjuicio de los demás. Los elementos constitutivos del delito

previsto en este ordinal son, que se haya realizado un pago a un acreedor;

que el pago se haya hecho después de la cesación de los pagos y que el

pago cause algún perjuicio a la masa de acreedores. Cuando todos estos

elementos concurran ante el Juez, el mismo debe declarar la Quiebra

culpable, y no puede absolver al procesado, o sea, al quebrado culpable,

bajo ningún pretexto.

En cuanto a la procedencia de la declaración de la quiebra culpable, se

debe hacer mención al Artículo 917 del Código de Comercio, el cual describe

los casos que facultan al Juez a declarar la Quiebra culpable y así mismo, se

observa que el mismo solo expresa que podrá ser declarada culpable la

Quiebra si resultaren demostradas algunas de las circunstancias

contempladas en sus seis ordinales.

Art. 917: Podrá ser declarada culpable la quiebra: 1° Si el fallido hubiere prestado fianza, o contraído por cuenta ajena obligaciones excesivas, atendida su situación, sin tomar valores equivalentes en garantía de su responsabilidad. 2° Si hubiere incurrido en nueva quiebra sin haber cumplido el convenio de la anterior. 3° Si no hubiere hecho asentar en el registro de comercio los documentos de que trata el artículo 19.


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4° Si no se hiciere al tribunal de Comercio la declaración de su quiebra, según lo prescrito en el artículo 925. 5° Si no se presentare al síndico o al Juez, en los casos en que la ley lo dispone. 6° Si no hubiere llevado libros de contabilidad o de correspondencia o no conservare la correspondencia, que se le hubiere dirigido, o no hubiere hecho inventario, o si sus libros y correspondencia estuvieren incompletos o defectuosos, o no aparecieren de ellos el verdadero estado de sus negocios, sin que haya fraude.

2.1.6.3.- QUIEBRA FRAUDULENTA.

Según Ossorio (1986, p.633), “Se dice que una quiebra presenta el

carácter de fraudulenta cuando el titular de la misma, actuando en fraude de

sus acreedores, simule deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas.”

En este tipo de quiebra esta presente la mala fe y la falta de probidad en

la conducta del comerciante, son evidentes. La intención se manifiesta en

hechos que tienden a modificar los supuestos de la liquidación. Estos hechos

se concretan en una situación del pasivo, o en un ocultamiento del activo.

El resultado de estos hechos, es la disminución de las cuotas de reparto

de los acreedores. La ley señala taxativamente los actos en los que se

manifiesta la intención de defraudar a la masa de acreedores.


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En el Artículo 918 del Código de Comercio describe los casos para

declarar la quiebra fraudulenta, los cuales son:

Art. 918: Será declarada fraudulenta la quiebra, si el quebrado ha ocultado, falsificado o mutilado sus libros, o sustraído u ocultado el todo o parte de sus bienes, o si por sus libros o apuntes, o por documentos públicos o privados, se ha reconocido fraudulentamente deudor de cantidades que no debe.

Dentro de esta perspectiva , el Código de Comercio enumera ciertas

condiciones de hecho, en forma de presunciones absolutas. Igualmente

establece sanciones para determinadas personas.

La condena por este tipo de Quiebra es siempre obligatoria cuando

concurren los elementos constitutivos del delito, ya que se presume el

dolo, por lo que tendrá una pena de prisión de 3 a 5 años según sea la

gravedad de las circunstancias que hayan originado la quiebra.

2.1.7.- REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS LEYES VENEZOLANAS

PARA QUE EXISTA LA QUIEBRA.

En el Artículo 914 del Código de Comercio establece que : “El

Comerciante que no estando en Estado de Atraso, según el titulo anterior,


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cese en el pago de sus obligaciones mercantiles , se halla en estado de

Quiebra…..”

Por consiguiente, los requisitos exigidos en las Leyes Venezolanas son:

1.- Cualidad de comerciante; la misma exige que para que se aplique a un

comerciante el Derecho de Quiebra, este debe ser comerciante. Por lo tanto ,

el procedimiento de la cesación de bienes; en ella la persona abandona

todos los bienes a favor de sus acreedores, aun y cuando este solo sea un

solo acreedor, la cesación de bienes presupone que el deudor no ha tenido

mala fe y en consecuencia no habrán sanciones penales para el deudor o

fallido; e igualmente se plantea el procedimiento del concurso necesario, que

es cuando dos o mas acreedores demandan el pago de un deudor que ya ha

sido demandado y proceden a calificar y seguir el mismo procedimiento de la

cesación de bienes.

Esto puede tener utilidad práctica, puesto que en el procedimiento de

cesación de bienes, el Juez ordena la acumulación de los autos sobre los

Juicios particulares contra el deudor.


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La Legislación contempla que no es necesario que el comerciante ejerza

actualmente el comercio, ya que se puede declarar en quiebra a un

comerciante retirado del comercio, si la cesación de pagos ocurrió durante el

tiempo que ejerció el comercio o durante el año siguiente a la fecha en que

dejo de ser comerciante y por deudas referentes al ejercicio del comercio.

Tampoco es necesario que el comerciante este actualmente vivo, pero al

declararse la quiebra, los bienes del difunto quedan separados de los bienes

de sus herederos. En consecuencia el Artículo 930 del Código de Comercio,

establece el lapso en que se puede declarar la quiebra de un ex –

comerciante, el cual describe:

Art. 930: La quiebra de un comerciante retirado del comercio puede ser declarada; pero sólo dentro de los cinco años posteriores al retiro, con tal que la cesación de pagos haya tenido lugar durante el tiempo en que ejerció el comercio, o bien durante el año siguiente, a causa de deudas relativas al mismo ejercicio. Puede también ser declarada después de la muerte del comerciante retirado; pero sólo dentro del año siguiente a la muerte.

2.- Que el Comerciante no este en estado de atraso, esto significa que no

haya obtenido el beneficio de atraso y la consiguiente liquidación sea

amigable.


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3.- Que el Comerciante haya cesado en el pago de sus obligaciones

Mercantiles, la necesidad que exista tal cesación de pagos, por parte del

deudor, es la consecuencia del fin mismo del procedimiento de Quiebra. El

deudor comerciante que cesa en sus pagos causa un perjuicio individual y

social a la vez, ya que al no pagar a sus acreedores los pone en dificultades,

por lo que los arriesga a que los mismos no puedan pagar sus deudas.

Todo pago no efectuado no involucrará necesariamente la cesación de los

pagos, para que exista tal cesación, la deuda debe cumplir ciertas

circunstancias cualitativas, estas se presentan en la necesidad de que la

deuda no pagada sea cierta, liquida, exigible y mercantil.

Y la condición cuantitativa, que se presenta en el caso de los pagos

rehusados, es necesaria y suficiente que exista tal negatividad en los pagos,

ya que esta indica la imposibilidad que tiene el comerciante de hacer frente a

sus compromisos que este obtuvo con los acreedores.

4.- El Comerciante debe obrar en su nombre y por cuenta propia , esto

significa que el mismo debe ejercer el comercio con el fin de adquirir para si

mismo, y no para un tercero, el beneficio producto de los actos de comercio

que el realiza.


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5.- La necesidad de que la Quiebra haya sido provocada, esta puede ser

provocada por la simple manifestación del quebrado o por una demanda

interpuesta por cualquiera de los acreedores.

2.1.8.- PROCEDIMIENTO DE LA QUIEBRA.

La facultad de demandar la Quiebra es un Derecho esencialmente

pecuniario, y también puede ser ejercido por el síndico de una quiebra en

representación del fallido contra un deudor de este último.

Es una iniciativa que la puede tener el fallido o quebrado como también

sus acreedores.

2.1.8.1.- INTRODUCCIÓN DE LA DEMANDA. TRIBUNAL

COMPETENTE.

Según la normativa contenida en el Artículo 925 del Código de Comercio,

la introducción de la demanda se realiza de la siguiente manera:

Art. 925: Todo comerciante que se halle en estado de quiebra debe hacer por escrito la manifestación de ella ante el Juez de Comercio de su domicilio mercantil, dentro de los tres días siguientes a cesación de sus pagos.


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En caso de quiebra de una sociedad en nombre colectivo, o en comandita, la manifestación contendrá el nombre y domicilio de cada uno de los socios solidarios y los de los comanditarios que no hayan entregado todo su capital. En caso de quiebra de una sociedad anónima o de una sociedad de responsabilidad limitada, la solicitaran sus administradores, los cuales estarán obligados a comparecer ante el Tribunal y ante el síndico, siempre que sean requeridos. El secretario anotara en el escrito la fecha de su presentación.

Los acreedores, al momento de introducir la demanda en contra de su

deudor, pasan a ser el sujeto activo del Juicio.

Los mismos, no están sujetos a lapso alguno, para provocar la quiebra de

su deudor comerciante cuando éste esta vivo. Pero si están sometidos a un

lapso para demandar la quiebra cuando el comerciante ha fallecido en estado

de cesación de pagos, o en el caso que éste sea un comerciante retirado, o

después de la muerte del comerciante retirado.

Por otra parte la Quiebra de un comerciante fallecido puede ser

provocada por cualquiera de los acreedores, pero dentro de los tres meses

siguientes a su muerte. En el Artículo 929 Código de Comercio, se

encuentra establecido este tipo de quiebra de la siguiente manera:


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Art. 929: Puede declarase la quiebra de un comerciante que hubiere fallecido en estado de cesación de sus pagos; pero no puede ser pedida ni pronunciada de oficio sino dentro de los tres meses siguientes a su muerte. Solicitada dentro de este tiempo, puede ser declarado aun después de el. Por la declaración de quiebra, los bienes del difunto quedan separados de los de sus herederos.

Al mismos tiempo, la Quiebra de un comerciante retirado puede ser

provocada por cualquiera de sus acreedores, pero solo dentro de los cinco

años posteriores al retiro, con tal que la cesación de los pagos haya tenido

lugar durante el tiempo en que el comerciante ejerció el comercio, o bien

durante el año siguiente, a causa de deudas relativas al mismo ejercicio.

Esta a su vez, también puede ser declarada, después de la muerte del

comerciante retirado, dentro del año siguiente a la muerte del mismo.

De hecho, los acreedores pueden provocar la Quiebra aún cuando sus

créditos no sean exigibles, es decir, aunque estén sometidas a un

plazo se hacen legalmente exigibles, ya que la solicitud de la quiebra puede

realizarla cualquier acreedor mercantil o acreedor civil, si se demuestra que

el deudor a cesado en el pago de sus obligaciones mercantiles.


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Nada impide que varios acreedores puedan demandar simultáneamente,

cada uno por su lado, la declaración de quiebra contra un mismo

comerciante, conllevaría a un gran inconveniente, ya que se acumularían

demasiados gastos que absorbería la mayor parte del activo.

Pero también se puede dar el caso de que varios acreedores pueden

renunciar para hacer una sola demanda de quiebra, es decir, se unirían todas

las demandas en una sola. Y el lapso que estos acreedores tienen para

interponer la solicitud es muy breve; ya que debe presentarse dentro de los

tres días siguientes a la cesación de los pagos del comerciante. A los efectos

de constatar el cumplimiento de este imperativo legal.

El lugar para realizar dicha manifestación de Quiebra, es aquel en donde

tiene el asiento principal de sus negocios o intereses, en caso de que este

sea Comerciante individual, y por consiguiente el lugar de su establecimiento

mercantil.

Según lo pautado en el Artículo 203 del Código de Comercio, el cual

establece que: “El domicilio de la Compañía esta en el lugar que determina el

contrato constitutivo de la sociedad; y, a falta de esta designación en el lugar

de su establecimiento principal.”


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Por consiguiente se entiende, que el domicilio de la compañía que es la

sede de las autoridades directivas y de la administración suprema

constitutivas de la sociedad.

La solicitud deberá hacerse con sujeción al Artículo 340 del Código de

Procedimiento Civil, el cual describe que:

Art. 340: El libelo de la demanda deberá expresar: 1°) La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda. 2°) El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tienen. 3°) Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. 4°) El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos, si fuere semoviente; los signos, señales y particulares que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales. 5°) La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones. 6°) Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo. 7°) Si se demandaren la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de estos y sus causas. 8°) El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder.


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9°) La sede o dirección del demandante a que se refiere el Artículo 174.

El comerciante expondrá en ella, los motivos de la cesación de sus pagos

y cumpliendo lo estipulado en la norma citada, pedirá al Juez que se le

declare en estado de Quiebra.

Si se trata de una compañía de varios comerciantes la manifestación

contendrá el nombre y el domicilio de cada uno de los socios solidarios,

igualmente los nombres de los socios comanditarios, que no hayan

entregado todo su aporte, el Juez requiere todos esos datos a los fines

expresados en el Artículo 954 del Código de Comercio, el cual hace

referencia a la colocación de sellos en los bienes de los socios solidarios, al

describir lo siguiente:

Art. 954: Cuando la quiebra fuere de compañía, en haya socios solidariamente responsables, se pondrán los sellos no solamente en los establecimientos mercantiles sino también en el domicilio de cada uno de ellos, pero sin incluir los vestidos y el mensaje necesario para el uso del socio y su familia.

Es decir, que no se le colocaran los sellos a los bienes que son de

primera necesidad para el comerciante y su familia.


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Pero si la Quiebra es de una sociedad, la solicitaran sus administradores,

los cuales estarán obligados a comparecer ante el Tribunal y ante el Síndico,

siempre que sean requeridos. De modo que si los administradores piden la

quiebra al Tribunal competente, estos comprometen su responsabilidad

personal, debido a que si los motivos no fuesen suficientes para que la

quiebra fuese declarada con lugar, responden personalmente por los daños y

perjuicios que le hayan causado a la compañía demandada.

Asimismo se prohíbe que la demanda sea introducida por Familiares o por

el Cónyuge, ya que este sólo puede introducir la demanda en el caso de la

Quiebra Póstuma.

2.1.8.2.- REQUISITOS QUE SE DEBEN ACOMPAÑAR CON

LA SOLICITUD.

La solicitud de quiebra deberá acompañarse de los recaudos

contemplados en el Artículo 926 del Código de Comercio, el cual describe

que:

Art. 926: Al hacerse la manifestación de quiebra se deberá acompañar: 1.- El balance general o una exposición de las causas que impidan al fallido presentarlo. 2.- Una memoria razonada de las causas de la quiebra.


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El escrito, el balance y la memoria serán fechados y firmados por el fallido bajo juramento de ser verdaderos. Si la quiebra fuere de una sociedad en nombre colectivo o en comandita, deberán firmar todos los socios solidarios presentes en el lugar, y si fuere de una sociedad anónima, los administradores presentes.

En virtud de lo anterior, afirma Pisani (1997, p. 68) que la Solicitud de

Quiebra deberá acompañarse de los siguientes recaudos, los cuales son:

1.- El balance general o una exposición de las causas que impidan al

fallido presentar tal balance. El balance debe contener la relación y valores

de todos los bienes, muebles e inmuebles, y estados demostrativos, con la

debida separación de todos los débitos y créditos, gastos y de ganancias y

pérdidas. Los estados de gastos, ganancias y pérdidas deben hacerse

hasta los diez años anteriores a la Quiebra. Este periodo obedece a que

durante el mismo lapso esta obligado el comerciante a conservar sus libros y

comprobantes, ya que estos le facilitaran sus operaciones. Si el fallido o

quebrado razona sus excusas para presentar el balance, este será levantado

por el síndico. En todo caso este debe ser sincero, al momento de realizar el

balance.


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2.- Memoria razonada de las causas de la quiebra. Tanto este requisito

como el escrito de la solicitud, deberán ser fechados y firmados por el fallido

bajo juramento, en virtud de que los mismos son vá lidos y contienen todos

los requisitos que la ley establece.

Ambos recaudos tienen la importancia de permitir comprobar la marcha

de los negocios y la conducta del fallido o quebrado y sobre todo si sus

gastos personales y domésticos no han sido excesivos.

La memoria debe circunscribirse a los hechos y circunstancias

constitutivas de la cesación de pagos, conocido por el deudor. Estos

permitirán apreciar las causas de la Quiebra.

Si la quiebra fuere de una Sociedad de personas tanto el escrito de la

solicitud, el balance y la memoria deberán ser firmadas por todos los Socios

Solidarios presentes en el lugar; y si fuere de una Sociedad de capital, por

los administradores presentes.


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2.1.8.3.- SUJETOS DE LA DEMANDA DE QUIEBRA.

Afirma Pisani (1997, p. 72) Los sujetos de la demanda “Son aquellos

sujetos que intervienen en Juicio de Quiebra, es decir, aquellos sujetos que

tienen la potestad de introducir la demanda y la potestad de decidir tal

proceso.”

§ SUJETO ACTIVO.

Afirma Pisani (1997, p. 72) Este puede ser cualquier acreedor, en el Juicio

de Quiebra se supone, ciertamente, un concurso de acreedores, cualquiera

de los cuales están facultados para demandar la Quiebra de su deudor.

Sin embargo, en la doctrina corriente puede ser declarado en quiebra el

comerciante que tiene un solo acreedor, como igualmente aquel que tiene

más acreedores. (Domici 1891, p. 581)

Respecto de los acreedores condicionales la doctrina es contradictoria,

para unos Autores tal acreedor tiene igualmente el derecho de demandar la

quiebra, y otros se pronuncian por la negativa.

En este último sentido, se deduce que, contrariamente a lo que ocurre con

el acreedor a plazo, cuyo derecho existe desde la asunción de la obligación y


66

solo se retarda su cumplimiento, por lo que el acreedor condicional, no es

ciertamente acreedor sino después que se cumpla la condición suspensiva

de la obligación.

§ SUJETO PASIVO.

Afirma Pisani (1997, p. 73) Tanto la manifestación del estado de quiebra

formulada por el comerciante, como la demanda por los acreedores, resulta

del Juez, cuya competencia se determina por razón de:

- COMPETENCIA POR LA MATERIA.

El Artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, describe que dicha

competencia es: “La competencia por la materia se determina por la

naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que

la regulan.” Por lo que se puede deducir, que es competente en todo caso, el

Juez Mercantil o quien tenga a su vez la jurisdicción. La competencia por la

materia se determina por las leyes mismas relativas a la materia.

- COMPETENCIA POR LA CUANTIA.

El Artículo 928 del Código de Comercio habla de la referida competencia,

el cual la establece lo siguiente :


67

Art. 928: La declaración formal del estado de quiebra, cuando el pasivo excediere de diez mil bolívares se hará por el Juez de Comercio, si ha lugar, en virtud de la manifestación del fallido, a solicitud de alguno de sus acreedores o de oficio. Si no excediere de diez mil bolívares, la hará el Juez de Distrito competente, conforme al artículo 907.

La competencia por la cuantía esta regida por el Código de Procedimiento

Civil y en su defecto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues, el Artículo

29 del Código de Procedimiento Civil, establece que: “La competencia por

el valor de la demanda se rige por las disposiciones de este Código, y por la

Ley Orgánica del Poder Judicial”

El valor de la demanda determina la competencia del Tribunal, ante el

cual se debe intentar el juicio, para conocer dicho valor, el cual hay que

tomar en cuenta si se demanda el total de la obligación o solo una parte de

ella y si la obligación es discutida.

En los casos normales la cuantía se obtiene por la suma del capital, más

los intereses vencidos, los gastos de cobranza y la estimación de los daños y

perjuicios, pero no entran en este valor, los intereses por vencerse;

igualmente , vale la pena aclarar que no todos los interese vencidos deben


68

sumarse al capital, sino aquellos gastos que estén impagos y formen parte

del reclamo o de la demanda.

- COMPETENCIA POR EL TERRITORIO.

Es competente el Juez del domicilio mercantil del fallido, aun cuando este

tenga domicilio personal distinto. Cuando se trate de quiebras de deudores

solidarios, la demanda podrá ser instaurada ante el Juez del domicilio

mercantil de alguno de ellos.

El Artículo 925 del Código de Comercio, estable la competencia que tiene

el Juez en razón de su territorio, pues no distingue la norma si el fallido es

comercial o social, pero en cambio, si se refiere expresamente al caso de

la manifestación al estado de quiebra por el deudor, supuesto que la doctrina

en forma pacífica, así establecía la demanda por los acreedores.

Ahora bien, se podría decir que en el caso del comerciante individual, el

Juez competente es aquel del lugar donde se halle el domicilio mercantil del

quebrado, aun y cuando este tenga domicilio personal distinto. El Artículo

27 del Código Civil, dispone que: “El domicilio de una persona se halla en

el lugar donde tiene el asiento principal de sus negocios e intereses” y el


69

Código de Procedimiento Civil establece la competencia de la autoridad

donde el demandado tiene su domicilio.

2.1.8.4.- EXCEPCIONES QUE PUEDE OPONER EL

DEMANDADO.

Describe Pisani (1997, p. 92) que luego de incoada o introducido la

demanda por los acreedores el procedimiento continúa, como en los Juicios

Ordinarios, con la citación del deudor fallido o quebrado. La Compulsa

contendrá al efecto, la orden de comparecencia, a la hora que se fije del

quinto día siguiente. El Artículo 933 del Código de Comercio prevé sobre la

demanda que declara en quiebra al deudor, por lo cual se le dará copia

certificada con la orden de comparecer al Tribunal a la hora que se fije

después de los cinco días de admitida la misma.

Art. 933: De la demanda en declaración de quiebra se pasará copia certificada al demandado con la orden de comparecencia a la hora que se fije del quinto día. En la oportunidad fijada se oirá la contestación del demandado, en la cual sólo podrá oponer las siguientes excepciones y defensas: 1º Declinatoria de la jurisdicción del Tribunal ante el cual se haya propuesto la demanda por incompetencia de éste, por alegarse que corresponde a otro Juez el conocimiento de la demanda de quiebra. 2º No tener el demandante el carácter que se atribuye de acreedor del demandado, o no tener el apoderado del demandante la representación que se atribuye, o


70

carecer de las cualidades necesarias para ejercer poderes en juicio. 3º No tener el demandado el carácter de comerciante que se le atribuye. 4º No hallarse el demandado en estado de quiebra porque no haya incurrido en la cesación de pagos que se le atribuye. Aunque el demandado quiera alegar varias de las excepciones o defensas que se dejan indicadas, debe proponerlas todas conjuntamente. Puede también el demandado acogerse en esa oportunidad al beneficio de atraso si sostuviere que debe acordársele.

Llegada la oportunidad, de que el fallido comparezca ante el Tribunal, se

oirá la contestación de la demanda, en la cual el demandado solo podrá

oponer las siguientes excepciones o defensas:

1.- Puede acogerse al beneficio de atraso, si este sostuviese que debe

acordársele. En este caso deberá acompañar la misma con las formalidades

exigidas por el Artículo 899 del Código de Comercio, como son la

presentación de los libros regularmente llevados, el balance comercial, el

inventario correspondiente, practicado a lo más treinta días antes; la patente

de la industria y la opinión favorable de tres de sus acreedores.

Art. 899: La solicitud no será admitida si con ella no presenta el peticionario sus libros de comercio regularmente llevados; su balance comercial, su inventario, practicado a lo más treinta días antes, con las estimaciones prudenciales de su lista de deudores;


71

un estado nominativo de sus acreedores, con indicación de su domicilio y residencia, y del monto y calidad de cada acreencia; su patente de industria, si la hubiere, y la opinión favorable a su solicitud de tres, a lo menos, de sus acreedores.

2.- La declinatoria de jurisdicción del Tribunal de la causa por incompetencia

de este, por alegarse que corresponde a otro Juez el conocimiento de la

demanda de quiebra introducida ante ese Tribunal.

En este sentido el Código de Procedimiento Civil, en su Artículo 346 Ord .

1°, bajo la denominación de Cuestiones Previas, enumera la falta de

jurisdicción del Juez, o la incompetencia de este, la litispendencia, o el

asunto debe acumularse a otro proceso por razones de accesoriedad, de

conexión o de continencia.

En razón de las ideas antes expuestas, se correlaciona que dicha

incompetencia procede en razón de la materia o de la cuantía, estas son de

orden público, por lo cual el Juez puede pronunciarse de oficio, aún y

cuando no se lo haya negado.

También puede existir la incompetencia por el Territorio, dándose el caso

de que no se haya introducido la demanda en e l Tribunal pertinente.


72

3.- No tener el demandante carácter de acreedor del demando. Corresponde

esta excepción de inadmisibilidad conocida como falta de cualidad e interés,

que el Código de Procedimiento Civil en su Artículo 361, la caracteriza como

perentoria.

Art. 361.- En la contestación de la demanda el demandado deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación, y las razones, defensas o excepciones perentorias que creyere conveniente alegar.

Junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación podrá éste hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio, y las cuestiones a que se refieren los ordinales 9°, 10 y 11 del artículo 346, cuando estas últimas no las hubiese propuesto como cuestiones previas.

Si el demandado quisiere proponer la reconvención o mutua petición o llamar a un tercero a la causa, deberá hacerlo en la misma contestación.

4.- No tener el apoderado actor, la representación que se le atribuye, o

carecer de las cualidades necesarias para ejercer poderes en el Juicio. Esta

equivale a la tercera cuestión previa establecida en el Código de

Procedimiento Civil. Las cuales complementan las hipótesis con el defecto de

forma del poder y con el poder insuficiente. Entonces en este caso

correspondería al Juez verificar tal calificación.


73

5.- No tener el demandado el carácter de comerciante que se le atribuye.

En consecuencia el Autor Tinoco (S/F, p. 334), califica de sui generis tal

defensa y dice que corresponde a la vieja excepción de inadmisibilidad,

porque al desvirtuarse la condición de comerciante, no puede haber quiebra,

ya que este es el presupuesto básico del procedimiento, y por consiguiente,

declararse sin lugar la demanda.

6.- No hallarse el demandado en estado de quiebra, porque no ha incurrido

en la cesación de los pagos que se le atribuye. Corresponde al Juez, pedir

que se le presenten las pruebas pertinentes para validar o no la excepción

presentada.

Estas excepciones o defensas, son las únicas que puede oponer el

demandado; sin embrago, de manera reiterada se ha sostenido en la

doctrina, que existen otras excepciones y defensas, lo cual resulta claro,

que fueron omitidas por simple olvido del legislador, ya que seria injusto

privar de las mismas al demandado en un Juicio de quiebra.

Si se trata de las excepciones de ilegitimidad en la persona del

demandado y de prejudicialidad, estas no se encuentran incluidas en el


74

Artículo 933 del Código de Comercio, (antes nombrado) y en su criterio,

deben admitirse en el proceso las excepciones nombradas anteriormente.

2.1.8.5.- PRUEBAS Y PERIODO PROBATORIO.

Describe Pisani (1997, p. 95). Cuando el demandado se acogiere al

beneficio de atraso, de ser procedente, se seguirá el procedimiento ad – hoc,

si en la oportunidad de la contestación de la demanda no presenta las

excepciones pertinentes el comerciante, ya no podrá hacerlo porque el

Artículo 913 de Comercio, dispone que:

Art. 913: Cuando se haya introducido contra el deudor una demanda en declaración de quiebra y él alegare que se halla en estado de atraso, se tramitara el asunto como se dispone en los artículos 933 y 934; pero después de declarad la quiebra no se admitirá la solicitud de atraso.

En los otros casos, los cuales se excluyen de este el beneficio de atraso,

el Juez abrirá una articulación por ocho días sin término de distancia, dentro

de los cuales , las partes promoverán las pruebas que tengan, las

cuales se evacuaran en el mismo término sin prorrogarlo, aunque no

hubiese tiempo para despacharlas todas, pero se deben evacuar las pruebas

pertinentes, en este lapso.


75

El Período Probatorio del Procedimiento de Quiebra, tiene los siguientes

caracteres:

1.- Requiere que el Juez ordene su apertura, por oposición al procedimiento

civil en que se abre de pleno derecho al día siguiente del vencimiento del

lapso de emplazamiento para la contestación de la demanda, sin necesidad

de decreto o providencia del Juez. (Art. 388 del Código de Comercio el cual

describe los siguiente: Se prohibe a los comisionistas representar en un

mismo negocio intereses opuestos, sin consentimiento expreso de los

interesados ).

2.- Es único, tanto para promover como para evacuar las pruebas a

diferencia del Juicio ordinario.

3.- No es prorrogable, ni aún en el caso en que no sea suficiente para

despachar todas las pruebas.

En el Artículo 124 del Código de Comercio, establece con amplitud todos

los medios probatorios de las obligaciones Mercantiles y su liberación.

Art. 124: Las obligaciones mercantiles y su liberación se prueban: Con documentos públicos. Con documentos privados. Con los extractos de los libros de los corredores, firmados por las partes, en la forma prescrita por el artículo 73. Con los libros de los corredores, según lo establecido en el artículo 72.


76

Con facturas aceptadas. Con los libros mercantiles de las partes contratantes, según lo establecido en el artículo 38. Con telegramas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.375 del Código Civil. Con declaraciones de testigos. Con cualquier otro medio de prueba admitido por la ley civil.

Dentro de este orden de ideas, el proceso también puede darse con

Asociados, ya que el aparte primero del Artículo 934 del Código de

Comercio, faculta a cualquiera de las partes a pedir que el asunto se decida

con asociados. Esto pueden hacerlo en el último día de la articulación.

Art. 934: Cuando el demandado se acogiere al beneficio de atraso se seguirá el procedimiento indicado en los artículos 898 y siguientes del Título anterior. En los demás casos del artículo precedente el Juez abrirá una articulación por ocho días sin término de distancia, dentro de la cual las partes promoverán las pruebas que tengan a bien, las cuales se evacuarán en el mismo término sin prorrogarlo, aunque no hubiere tiempo para despacharlas todas. En el último día de la articulación, puede cualquiera de las partes pedir que el asunto se decida con asociados, y el Tribunal fijará una hora de la segunda audiencia para proceder a su elección, absteniéndose mientras tanto de comenzar la relación de la articulación. A la hora fijada concurrirán las partes siguiéndose en lo demás las reglas del Código de Procedimiento Civil sobre nombramiento de asociados, con la diferencia de que los candidatos para asociados pueden ser comerciantes que reúnan las condiciones que pauta el artículo 1.083 del presente Código.


77

En cuyo caso el Tribunal fijará una hora de la segunda audiencia para

proceder a su elección.

Entre tanto, se abstendrá de comenzar la relación de la articulación. Ante

el terminante dispositivo el Juez no tiene la alternativa de negarse a dicha

elección.

A la hora fijada concurrirán las partes, siguiéndose en los demás las

reglas del Código de Procedimiento Civil, sobre nombramiento de asociados,

con la diferencia de que los candidatos pueden ser comerciantes, y estos

deben reunir las condiciones que pauta el Artículo 1083 del Código de

Comercio, el cual prevé:

Art. 1083: Para que un comerciante pueda ser asociado en los tribunales de comercio de todos loa grados, se requiere: Ser o haber sido comerciante es o no comerciante por mayor, con tres años de ejercicio. Tener veinticinco años de edad. Ser vecino del lugar en que reside el Tribunal que conoce de dicha causa o caso.

2.1.8.6.- ACTUACIÓN DEL JUEZ ANTES DE LA SENTENCIA.

En el primer aparte del Artículo 932 del Código de Comercio, establece

que al introducir la demanda y hasta tanto el Juez no decida sobre la


78

procedencia o improcedencia de la quiebra, en vista de los recaudos que le

acompañen, podrá el Juez disponer como medidas preventivas, las

siguientes:

1.- La ocupación judicial de todos los bienes, libros, correspondencia y

documentos del demandado. Este nombrara un depositario de dichos bienes

y papeles que debe llenar las mismas condiciones que para ser síndico.

2.- La prohibición de que se le hagan pagos y se le entreguen mercancías

para el comercio de las mismas.

Estas medidas se publicarán igual que la sentencia declaratoria de la

quiebra, ya que así lo estableció la Máxima del Tribunal Supremo de Justicia,

en Sentencia del 28 de Noviembre de 1940, que hasta la fecha esta vigente

dicha disposición.

En resumidas cuentas, de acuerdo con el Artículo 959 del Código de

Comercio, se hará dicha declaración de quiebra por oficios, dirigidos a

las oficinas de correos y telégrafos, y a las personas a quienes se dirijan las

prohibiciones de pagar y entregar mercancías al fallido, y las ordenes de

consignar en el Tribunal los bienes y papeles que tengan, pertenecientes al

fallido; se hará igualmente por lo dispuesto en el Artículo mencionado, por

edictos, fijados en el despacho del Tribunal y en los sitios mas concurridos,


79

tanto del lugar del Juicio, como de los demás en que el fallido tenga

establecimiento Mercantil; y por la imprenta si fuere posible.

Las medidas preventivas acordadas antes de la citación del deudor, se

dictan con vistas a las pruebas acompañadas en la demanda. El Artículo 932

del Código de Comercio, en su encabezamiento, exige al demandante la

explicación de todos los hechos y circunstancias constitutivas de la cesación

de los pagos.

El principio facultativo para que el Juez dicte las medidas, se realizará de

acuerdo con su libre apreciación de los hechos y según las pruebas

aportadas. Pero su actuación se torna imperativa si apareciere que el

demandado elude la citación. Es decir, que las medidas preventivas se

dictaran necesariamente.

2.1.8.7.- SENTENCIA QUE DECLARA LA QUIEBRA.

Con referencia a este punto, se debe citar al autor Fernández de León

(1972, p. 411, Tomo IV), el cual define el término en cuestión, de la siguiente

manera: “La sentencia es un acto jurídico procesal y el documento en que se

consigna la declaración del juicio y la resolución judicial, que da fin al pleito,


80

decidiendo sobre los derechos de cada litigante; o la causa criminal,

condenando o absolviendo a los procesados.”

§ EFECTOS.

Afirma Domici (1891, p. 529) Que tal sentencia cumple el cometido de

conciliar los intereses en juego, al evidenciar el estado de la cesación de

pagos del comerciante, dicho de otro modo, los acreedores persiguen

ponerle fin a la amenaza que representan para ellos la continuidad en el

ejercicio de comercio por aquel sujeto que se encuentra en un peligroso

desequilibrio patrimonial; y evitar, al mismo tiempo desencadenarse en

diversos conflictos que acarrearía eventualmente la inobservancia del

principio par condicio creditorum .

Por su parte el comerciante preferirá la liquidación colectiva de sus

bienes, que someterse a las acciones particulares de cada acreedor; para él,

la manifestación de su estado de quiebra consagra a expresión de una

excepción que el se faculta a oponerse a la ejecución individual. La sentencia

aparece en tutela de los intereses de los acreedores.


81

La sentencia declaratoria de quiebra produce efectos ex – tunc, ya que

por tener que contactar un hecho preexistente, debe fijar el período, anterior

a ella, en que ocurrió la cesación de pagos.

Precisada tal fecha, esta marca un lapso entre ella y la sentencia,

conocido en la doctrina como el “Período Sospechoso”, este se circunscribe

a los diez días anteriores a aquel que fije el sentenciador como época de

inicio de la cesación de pagos, puesto que al precisarlo el Juez dicha época,

le imprime certeza al lapso retroactivo y solo quedaría como período

sospechoso el comprendido por los diez días antes mencionados, lo cuales

proceden al día del comienzo de la cesación de pagos.

En el caso de que ni en la sentencia, ni por auto separado el Juez fije la

fecha de cesación de pagos, el Código trae una norma supletoria que

resuelva la importancia de la cuestión. Es indispensable establecerla y a falta

de pronunciamiento judicial se formula la presunción legal con efectos ex –

nunc, de que la cesación de pagos que comenzara en la misma fecha de la

declaración de quiebra, y para el caso de quiebra póstuma el día de la

muerte del fallido.


82

Tanto la sentencia como el auto separado de fijación, son apelables de

acuerdo con el Artículo 1059 del Código de Comercio, que describe los

recursos contra las decisiones dadas en los juicios de quiebra, afirma este

que no pueden ser modificados por el mismo Tribunal que los dictó. Su

modificación y eventual revocatoria corresponden al Juez de alzada en caso

de ser la decisión apelada.

Art. 1.059: La apelación contra la sentencia que declare la quiebra se propondrá en el término legal. Lo mismo la apelación que se interpusiere contra el auto que fije la época de la cesación de los pagos, si se declarare por separado. Los acreedores domiciliados fuera del lugar del juicio podrán apelar de la sentencia que declare la quiebra o del auto que fije la época de la cesación de los pagos hasta el día señalado para la calificación de los créditos. Los demás terceros interesados podrán oponerse a los efectos de esta fijación, siempre que se quiera hacerlos valer contra ellos. La apelación contra la sentencia que declara la quiebra, se oye en un solo efecto. La apelación contra la sentencia que niega o revoca la quiebra, se oye libremente.

El Código de Comercio establece de un modo preciso que la resolución

judicial que declara la quiebra es una sentencia, al darle esa denominación

en el Artículo 937 de C. de Com.


83

Pero es también una sentencia, ya que, esa resolución judicial se dicta

para poner fin al incidente de la declaración de quiebra, que se inicia como

ya se ha dicho anteriormente, bien sea por la declaración o manifestación del

deudor comerciante que ha cesado en sus pagos mercantiles y con la

demanda que interpongan los acreedores, que admite prueba y que debe ser

necesariamente concluida con una sentencia interlocutoria; es decir, es una

sentencia porque decide siempre una controversia judicial.

La sentencia declaratoria de la Quiebra esta sometida a las reglas de

forma, prescritas en el Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia de todo lo expuesto; describe Pisani (1997, p. 111) que

existen otros efectos, los cuales son:

A) EN RELACIÓN AL FALLIDO:

La sentencia declinatoria de quiebra es de carácter constitutivo, en razón

de crear para el Comerciante apremiado económicamente, el status de

fallido, dicho estado traduce una limitación de su capacidad de ejercicio

respecto de su patrimonio.


84

Hasta es posible, que con el tiempo, puede acarreársele la pérdida de su

libertad, claro esta que solo podrá suceder en caso de que aparecieren

indicios de que la quiebra fue producida fraudulenta y culposamente; e

igualmente puede hasta perder sus derechos profesionales de comerciante.

Así pues, los efectos de la sentencia van ha producirse tanto en los

bienes como en la persona del quebrado, en el aspecto patrimonial dichos

efectos se proyectan tanto Sustantiva como Procesales.

• SUSTANTIVOS:

1.- El Desapoderamiento: Al momento de que la sentencia ordene la

ocupación judicial de todos los bienes del fallido y el desapoderamiento,

se produce de pleno derecho en virtud de ello. En consecuencia Vidari (1897,

p. 229) expresa que:

“Como todos los bienes del deudor son la común garantía de todos sus acreedores, desde el propio día de la declaración de quiebra dichos bienes deben considerase sometidos a una especie de secuestro judicial, porque mientras éste es decretado por el Juez, el secuestro de los bienes del fallido es declarado y hecho operativo por virtud de la misma ley.”

En consecuencia de lo expuesto, el Artículo 939 del Código de Comercio,

establece que por el hecho de ser declarado un comerciante en estado de


85

quiebra, queda inhabilitado para la administración de todos sus bienes, tanto

para disponer de ellos, como para contraer sobre ellos nuevas obligaciones.

En razón de estas ideas afirma Domici (1891, p. 529) “Que se trata de

inhabilitación pero no de interdicción, puesto que el fallido conserva el

ejercicio de sus derechos personales, ya que puede reconocer un Hijo,

Celebrar Matrimonio, etc.”

Las facultades que se le despojan al deudor, le son transferidas al síndico,

claro esta que este estará en representación de los acreedores, a partir del

momento de la sentencia.

La normativa va referida tanto a los bienes y derechos patrimoniales

existentes para la fecha, como para los futuros, bien sea muebles o

inmuebles, civiles o mercantiles; esto es una aplicación a la quiebra a la cual

se refiere el Artículo 1863 del Código Civil, el cual describe lo

siguiente: “El obligado personalmente esta sujeto a cumplir su obligación con

todos sus bienes habidos y por haber”, el desasimiento significa

indisponibilidad pero no expropiación, por cuanto el fallido conserva la

titularidad sobre su patrimonio, por lo que no existe un nuevo dueño, ya que


86

la masa de la quiebra es a quien se le pasaría la propiedad, y esta no tiene

personería jurídica.

Pero existe una doctrina en contra, la cual expone el Autor Hernández

Bretón (1992, p 545), en su comentario al Artículo 940 del Código de

Comercio enuncia que: “Así la masa de acreedores se conforma como

entidad colectiva con personería propia e independiente, constituida por

todos los acreedores, los cuales pierden luego de citados, la individualidad

para actuar en lo sucesivo colectivamente”.

La finalidad del desapoderamiento es formar el activo de la quiebra

mediante la reunión de bienes y derechos de contenido patrimonial, y

asegurar a los acreedores la conservación de su prenda común.

En materia de los bienes futuros, se podría indicar, que la Ley distingue si

son adquiridos a titulo oneroso o gratuito. El desasimiento de los bienes

futuros adquiridos a título gratuito, no perjudica la responsabilidad que los

afecta por las cargas y condiciones con que hayan sido transmitidos al

fallido, ni tampoco a los acreedores hereditarios (1er Ap. Del Art. 939 del

Código de Comercio).


87

En relación a los bienes futuros adquiridos por el fallido a título oneroso el

aparte 2 del Artículo 939 prevé que su administración podrá ser sometida a la

intervención de los síndicos; pero los acreedores solo tendrán derecho a los

beneficios líquidos, dejando al fallido lo preciso para sus alimentos. Pese a

sus inhabilitaciones el fallido puede realizar algunas actividades, de las

cuales se pueden nombrar, la de auxiliar en el propio procedimiento, la cual

esta autorizada por el Artículo 978 del Código de Comercio.

Art. 939: Por el hecho de ser declarado un comerciante en estado de quiebra, queda inhabilitado para la administración de todos sus bienes, para disponer de ellos, y para contraer sobre ellos nuevas obligaciones. El desasimiento de los bienes futuros adquiridos a título gratuito, no perjudica la responsabilidad que los afecte por las cargas y condiciones con que hayan sido tramitados al fallido, ni tampoco a los acreedores hereditarios. La administración de los bienes que el fallido adquiera a título oneroso podrá ser sometida a la intervención de los síndicos; pero los acreedores sólo tendrán derecho a los beneficios líquidos, dejando al fallido lo preciso para sus alimentos. Respecto de los bienes y derechos de la mujer del fallido, ésta tendrá los que le correspondan, según las disposiciones del Código Civil sobre la sociedad conyugal, y podrá hacer en la quiebra las reclamaciones a que hubiere lugar, como si se tratara de disolución y liquidación de las sociedad conyugal. Sobre estos puntos se tendrán presentes los títulos y las capitulaciones matrimoniales que se exhibieren. Art. 978: Si el fallido estuviera en libertad, podrán los síndicos emplearlo para facilitar y aclarar los negocios de la quiebra, proponiendo al juez el salario moderado que pueda asignársele por su servicio.


88

§ CONTENIDO DE LA SENTENCIA.

En este sentido, el Artículo 935 del Código de Comercio, describe el

contenido de la sentencia de la siguiente manera:

Art. 935: En la sentencia que recaiga se examinarán sucesivamente las diversas excepciones o defensas del demandado, pero si una de ellas fuese la declinatoria de la competencia del Tribunal, conforme al número 1° del artículo 933, se dejará sin decidir las demás para que las resuelva únicamente el Juez competente.

En primer lugar el Juez debe pronunciarse, sobre la fecha de inicio de la

cesación de pagos, estableciendo su fijación por auto separado; pero en

ningún caso podrá retrotraérsela por más de dos años.

Mientras tanto, en el Artículo 937 del C. de Com., prevé lo siguiente:

Art. 937: La sentencia declaratoria de la quiebra contendrá además: 1° El nombramiento de un síndico, que debe ser abogado, o que sea o haya sido comerciante. 2° La orden de ocupar judicialmente todos los bienes del fallido, sus libros, correspondencia y documentos. 3° La orden de que las cartas y telegramas dirigidos al fallido sean entregados a los síndicos. 4° La prohibición de pagar y de entregar mercancías al fallido, so pena de nulidad en los pagos y entregas, y orden a las personas que tengan bienes o papeles pertenecientes al fallido para que los pongan dentro del tercer día a disposición del Tribunal de Comercio, so pena de ser tenidos por ocultores o cómplices de la quiebra.


89

5° La orden de que se convoque a los acreedores presentes para que concurran con los documentos justificativos de sus créditos, a la primera junta genera, que tendrá lugar el día y hora que se designará dentro de los quince días inmediatos. 6° La orden de que se haga saber a los acreedores residentes en la República que dentro del termino que se les designara, ocurran con los documentos justificativos de su crédito bajo apercibimiento de continuarse los procedimientos de la quiebra sin volverse a citar ningún ausente. 7° La orden de hacer saber a los acreedores que se hallen fuera de la República, la declaración de quiebra y el término dentro del cual deben ocurrir con los documentos justificativos de sus créditos, bajo apercibimiento dicho en el numero anterior. 8° La orden de que se publiquen la declaratoria de quiebra y la prohibición y orden de entrega de que se habla en el número 4° de este articulo. 9° La orden de remitir inmediatamente copia de lo conducente al Juez competente, cuando aparezca alguna circunstancia que amerite procedimiento criminal. Lo mismo se practicara en cualquier estado de la causa en que aparezcan las expresadas circunstancias. Cuando la sentencia declaratoria de quiebra la dictaren Juez de Comercio, o quien haga sus veces, para que la ejecute.

En torno a lo expuesto, se podría decir:

Que el contenido de sentencia contiene una serie de órdenes dirigidas, al

aseguramiento de los bienes del fallido, la publicidad de ciertos actos, la

participación de lo conducente al Juez Penal y la convocatoria de todos los

acreedores. Como también contiene algunas prohibiciones tales como:


90

1.- La orden de ocupar judicialmente todos los bienes del fallido, sus libros,

correspondencia y documentos. Y la orden a las personas que tengan bienes

o papeles pertenecientes al fallido para que los pongan, dentro del tercer día,

a disposición del Tribunal de Comercio, son penas para los oculto res o

cómplices de la Quiebra.

2.- La orden de que las cartas y telegramas dirigidos al fallido sean

entregados a los síndicos.

Estos deben enterarse de los negocios del Comerciante declarado en

quiebra para poder conducirlos acertadamente. No obstante, la norma va

parcialmente contra la garantía constitucional, cuya violación la castiga el

Código Penal vigente en su Artículo 186; pues sólo en lo referente a la

correspondencia relativa a los negocios del fallido, operará la excepción.

Art. 186: El que indebidamente abra alguna carta, telegrama o pliego que no se le haya dirigido, o que indebidamente lo tome para conocer su contenido, aunque no esté cerrado, perteneciendo a otro, será castigado con arresto de ocho a veinte días.

En el Artículo 979 del Código de Comercio dispone que los síndicos

recibirán y abrirán las cartas dirigidas al fallido, el cual, si estuviere presente,

será avisado previamente de las mismas y su contenido por los síndicos.


91

Estos entregaran al fallido las cartas y telegramas que no interesen a la

quiebra, guardando su contenido en el más riguroso secreto.

3.- La orden de publicar:

- La sentencia declarativa de quiebra

- La orden de que las personas que tengan bienes o papeles del fallido,

deben ponerlos a disposición del tribunal

- La prohibición de pagar y de entregar mercancías al fallido.

Al respecto, y para facilitar a los interesados el beneficio de sus recursos,

el Artículo 959 del Código de Comercio dispone una triple publicidad, a

saber:

- Por oficios dirigidos a las oficinas de correos y telégrafos y a las personas

a quienes se dirijan las prohibiciones u ordenes.

- Por edictos fijados en el Despacho del Tribunal y en los sitios más

concurridos, tanto del lugar del Juicio como de los demás en que el fallido

tenga establecimiento Mercantil.

- Por la imprenta, si fuere posible.


92

El secretario del Tribunal dejará constancia de las personas a quienes se

dirigen los oficios y agregara al expediente uno de los edictos desfijados y un

ejemplar en los periódicos en que se hallan hecho irrepetidamente las

publicaciones.

Los edictos permanecerán fijados un mes y en el mismo lapso se harán

con intervalos las publicaciones por en la prensa correspondiente.

4.- La orden de remitir inmediatamente copia de lo conducente al Juez

competente, cuando aparezca alguna circunstancia que amerite

procedimiento criminal. Lo mismo se practicara en cualquier estado de la

causa en que aparezcan las expresadas circunstancias.

El secretario del Tribunal dejará constancia en el expediente de la fecha

de remisión de dicha copia.

5.- Las ordenes de convocar a todos los acreedores para que concurran con

los documentos justificativos de sus créditos; los presentes, se deberán llevar

a la Primera Junta General que tendrá lugar el día y hora que se designara

dentro de los quince días inmediatos; los residentes en la República y fuera

de ella dentro del término que se les designará, a percebimiento de


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continuarse los procedimientos de la quiebra sin volverse a citar ningún

ausente.

La forma de la convocatoria y los términos tanto para la comparecencia de

los acreedores, como para efectuar las formalidades, son las citaciones a los

acreedores que se harán solo por edictos y por publicaciones en imprentas

de ser estas posibles

Los términos de comparecencia se distinguen entre acreedores

domiciliados en la República pero fuera del lugar del Juicio, y a los

acreedores domiciliados fuera de la República, a los primeros la ley les

señala quince días más, correspondiente al término de la distancia; y a los

últimos, que se clasifican así; los de las Antillas y Colombia, se le dan

tres meses; a los restantes de América del Sur, Norteamérica y Europa

cinco meses; y a las otras partes del mundo seis meses.

Todas las formalidades establecidas en el Artículo ut-supra son

rigurosamente imperativas y de carácter concurrente.

Además del deber impuesto al Secretario por la norma en referencia, el

Artículo 973 del Código de Comercio dispone que los síndicos procuraran el


94

cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Sentencia y

proporcionaran con tal fin los datos y noticias que suministren los libros y

papeles del fallido.

Las prohibiciones son las de pagar y entregar mercancía al fallido, ya que

son penas de nulidad en los pagos y entregas, estas deben publicarse

igualmente en la sentencia, y son consecuencia de la inhabilitación a que la

ley los somete.

En los casos de la sentencia declarativa de quiebra que la dictaren los

Jueces Superiores, se ordena la entrega inmediata de los autos al Tribunal

de Comercio o a quien haga sus veces para su ejecución.

2.1.9.- ARRESTO PROVISIONAL DEL FALLIDO.

Respecto de la libertad del fallido el Artículo 949 del Código de Comercio,

describe que:

Art. 949: Desde que se declare la quiebra, y en cualquier estado de la causa, el Juez podrá acordar el arresto provisional del fallido, si la quiebra apareciere culpable o fraudulenta. Tomara necesariamente esta providencia en los casos de fuga o ocultación del fallido, o de renuencia a


95

comparecer o a presentar sus libros o de sustracción de bienes. En los casos de fuga u ocultación del fallido, o de sustracción de bienes, en lugar donde no hubiere Juez de Comercio, el de Primera Instancia, y en su defecto el de Distrito o de Parroquia, efectuara el arresto del fallido, dando cuenta al de Comercio con remisión de lo actuado.

En principio es una facultad discrecional del Juez para acordar, desde que

se declare la quiebra en cualquier estado de la causa, el arresto provisional

de aquel, si la quiebra pareciere culpable o fraudulenta.

La quiebra fortuita no tipifi ca delito alguno y por lo tanto, no conlleva

ninguna responsabilidad penal. Por el contrario las quiebras fraudulentas y

culpables, son sancionadas incluso con la pérdida de la libertad; penalidad

esta que cuenta con el apoyo unánime de la doctrina para e l caso doloso.

La quiebra culpable no constituye un delito ni siquiera frente a la Ley

Mercantil, ya que, se válida el convenio celebrado con el fallido culpable (Art.

1.017 del Código de Comercio), este puede ser declarado excusable, ya que

según lo que establece el Artículo 1.057 del C. de Com .

Art. 1057: El Juez, con asociados si así se pidiere y con vista del expediente, decidirá si el fallido es o no excusable. No pueden ser declarados excusables: los quebrados fraudulentos, los condenados por hurto,


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estafa o aprobación indebida; ni los tutores, curadores o administradores de bienes ajenos, que no rindieren su cuenta con pago del saldo.

E igualmente como tal tienen derecho al beneficio de competencia

Artículo 1.058 del C. de Com., el cual establece que : “El fallido que fuere

declarado excusable tiene derecho de competencia.” Y también a su

rehabilitación Artículo 1.067 C. de Com., describe que: “El quebrado

simplemente culpable podrá se rehabilitado, con arreglo a las disposiciones

anteriores, después que haya cumplido su condena.” Se distingue además,

el arresto provisional de prisión, por deudas que no provengan de fraudes y

del auto de detención resultante de una medida preventiva.

En esta perspectiva, el Tribunal esta facultado para acordar el arresto

provisional del quebrado, con mayor razón podrá prohibirle la salida del País,

ya que, esta resulta de las garantías de la libertad individual que se derivan

del arresto provisional del fallido.

Establece el Artículo 950 del C. de Com., que el fallido podrá obtener su

libertad condicional mediante fianza, por una cantidad que fijará el Juez que

conoce de la causa, aplicable al beneficio de la masa, siempre que el fiador

no lo presentare cuando se le prevenga.


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No obstante, el quebrado que fuere dejado en libertad no podrá

ausentarse del lugar del Juicio sin permiso del Juez.

El Artículo 1.061 del C. de Com., dispone que son apelables ante el

Tribunal Superior en el efecto devolutivo solamente, el auto que acuerde el

arresto del fallido, el que niega su libertad y el que acuerde la libertad bajo

fianza. Estas se tratan de medidas precautelativas cuya eficacia no se

lograría de permitirse el recurso en el efecto suspensivo.

2.1.10.- RECURSOS CONTRA LA DECISION.

Afirma (Pisani 1997, p. 257) Dichos recursos son de dos tipos; el de

Apelación y Oposición. Con anterioridad a esta normativa especial, y dentro

de las diferentes secciones del Código de Comercio relativas a la materia de

quiebra, se encuentran varios dispositivos y expresaciones alusivas al punto

en cuestión.

Por lo que en la norma descrita en la Sección XIII del Código de

Comercio, contiene varios recursos que amparan las decisiones

trascendentes en el procedimiento universal, así como también, la máxima

relación con las determinaciones que el Juez de Comercio dictare en la


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administración de la quiebra, en cuyo supuesto no se concede apelación sino

en los casos expresamente señalados por la ley; cuando se establezca este

recurso sólo se oirá en efecto devolutivo .

Finalmente la disposición supletoria con remisión a las reglas generales

esta establecida en el Código de Comercio, sobre apelación y demás

recursos contra las sentencias interlocutorias y definitivas.

2.1.10.1- APELACIÓN.

El Artículo 936 del Código de Comercio impone que si se decidiere que no

hay lugar a la declaratoria de quiebra, la sentencia es apelable; pero la

norma distingue, que si se decidiese que no hay lugar a tal declaratoria se

oirá apelación en ambos efectos, tanto en el suspensivo como en el

devolutivo, al acreedor o acreedores demandante.

Art. 936: Si se decidiese que no hay lugar a la declaratoria de quiebra, se oirá apelación en ambos efectos al acreedor demandante. Si se declara la quiebra , sólo se oirá apelación en un solo efecto al fallido. En este caso, la sentencia fijará la época en que principió la cesación de los pagos, o se reservará fijarla por auto separado; pero en ningún caso podrá retrotraerla por más de dos años. A falta de fijación especial se entenderá que la cesación de los pagos principió en la misma fecha de la


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declaración de quiebra, o en el día de la muerte del deudor en el caso del artículo 929.

Si, por el contrario, es declarada la quiebra con lugar, se oirá apelación en

un solo efecto, el devolutivo al fallido. La revisión que se hace al término

legal, impone relacionarla con los Artículos 1.059 y 1.114 del C. de Com ., los

cuales establecen que:

Art. 1.059: La apelación contra la sentencia que declare la quiebra se propondrá en el término legal. Lo mismo la apelación que se interpusiere contra el auto que fije la época de la cesación de los pagos, si se declarare por separado. Los acreedores domiciliados fuera del lugar del juicio podrán apelar de la sentencia que declare la quiebra o del auto que fije la época de la cesación de los pagos hasta el día señalado para la calificación de los créditos. Los demás terceros interesados podrán oponerse a los efectos de esta fijación, siempre que se quiera hacerlos valer contra ellos. La apelación contra la sentencia que declara la quiebra, se oye en un solo efecto. La apelación contra la sentencia que niega o revoca la quiebra, se oye libremente. Art. 1.114: El término para apelar de las sentencias interlocutorias en que sea admitido el recurso será de tres días. Para apelar de las sentencias definitivas será de cinco días. Y para ocurrir de hecho al superior será de cinco días, más el de la distancia.

A lo concerniente a los acreedores domiciliados fuera del lugar del Juicio,

el Código de Comercio establece que podrán apelar la sentencia que declara


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la quiebra o del auto que fije la fecha de la cesación de pagos hasta el día

señalado para la cancelación de los créditos (Art. 1.059 primer aparte del C.

de Com., el cual establece que: “Los acreedores domiciliados fuera del lugar

del juicio podrán apelar de la sentencia que declare la quiebra o del auto que

fije la época de la cesación de los pagos hasta el día señalado para la

calificación de los créditos.”).

Es decir, que cuando la ley habla de acreedores domiciliados fuera del

lugar del Juicio, incluye tanto los domiciliados en Venezuela, los domiciliados

en sitios distintos del lugar del Juicio, como los domiciliados en el exterior, a

unos y otros se le señalan diversos términos de comparecencia en las

situaciones respectivas (Art. 959 del C. de Com.), para que concurran con los

documentos justificativos de sus créditos, según la orden contenida en la

sentencia declaratoria. (Art. 937 del C. de Com.).

Art. 959: La publicación de la quiebra, la, prohibición de hacer al fallido pagos y entregas de cartas, telegramas y bienes, y la orden de que los que tengan bienes y papeles del fallido los consignen en el Juzgado de Comercio, se hará por oficios dirigidos a las oficinas de correos y telégrafos y a las personas a quienes se dirijan las prohibiciones u órdenes, por edictos fijados en el despacho del Tribunal y en los sitios más concurridos, tanto del lugar del juicio como de los demás en que el fallido tenga establecimientos mercantiles y por la imprenta, si fuere posible. Las citaciones a los acreedores se harán sólo por los edictos y publicaciones expresados.


101

A los acreedores domiciliados en la República, pero fuera del lugar del juicio, se les señalará el término de quince días, más el de distancia, calculada a tres miriámetros por día, para que concurran con los documentos justificativos de sus créditos. A los acreedores domiciliados fuera de la República se señalarán con el mismo fin los siguientes plazos: A los de las Antillas y de la República de Colombia, tres meses. A los del resto de la América del Sur y de la América del Norte y de Europa, cinco meses. A los de otras partes del mundo, seis meses. Los edictos permanecerán fijados y las publicaciones por la prensa se harán con intervalos por el término de un mes. Si la época de la cesación de los pagos se determinare por auto separado, éste se fijará y publicará en los términos expresados. El Secretario del Tribunal agregará al expediente uno de los edictos desfijados y un ejemplar de los periódicos en que se hayan hecho y repetido las publicaciones; pondrá constancia de las personas a quienes se dirige el oficio y de la fecha en que remite al Tribunal competente la copia a que se refiere el número 9º del artículo 937. Art. 937: La sentencia declaratoria de la quiebra contendrá además: 1º El nombramiento de un síndico, que debe ser abogado, o que sea o haya sido comerciante. 2º La orden de ocupar judicialmente todos los bienes del fallido, sus libros, correspondencia y documentos. 3º La orden de que las cartas y telegramas dirigidos al fallido sean entregados a los síndicos. 4º La prohibición de pagar y de entregar mercancías al fallido, so pena de nulidad en los pagos y entregas, y orden a las personas que tengan bienes o papeles pertenecientes al fallido para que los pongan dentro del tercer día a disposición del Tribunal de Comercio, so pena de ser tenidos por ocultores o cómplices de la quiebra.


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5º La orden de que se convoque a los acreedores presentes para que concurran con los documentos justificativos de sus créditos, a la primera junta general, que tendrá lugar el día y hora que se designará dentro de los quince días inmediatos. 6º La orden de que se haga saber a los acreedores residentes en la República que dentro del término que se les designará, ocurran con los documentos justificativos de su crédito bajo apercibimiento de continuarse los procedimientos de la quiebra sin volverse a citar ningún ausente. 7º La orden de hacer saber a los acreedores que se hallen fuera de la República la declaración de quiebra y el término dentro del cual deben ocurrir con los documentos justificativos de sus créditos, bajo el apercibimiento dicho en el número anterior. 8º La orden de que se publiquen la declaratoria de quiebra y la prohibición y orden de entrega de que se habla en el número 4º de este artículo. 9º La orden de remitir inmediatamente copia de lo conducente el Juez competente, cuando aparezca alguna circunstancia que amerite procedimiento criminal. Lo mismo se practicará en cualquier estado de la causa en que aparezcan las expresadas circunstancias. Cuando la sentencia declaratoria de quiebra la dictaren los Tribunales superiores, se pasarán inmediatamente los autos al Juez de Comercio o quien haga sus veces, para que lo ejecute.

En el Artículo 1.061 del Código de Comercio, dispone que son apelables

ante el Tribunal Superior, en el efecto devolutivo solamente; el auto que

acuerde el arresto del fallido, el que niegue su libertad y el que acuerde bajo

fianza. Esto se da con la finalidad de no restar eficacia a la medida,


103

caracterizada de urgente por lo que se niega la apelación en el efecto

suspensivo.

Para el caso de la decisión del Juez que acuerde los socorros alimenticios

al fallido y a su familia podrán apelar ante el Superior, conforme la regla

general y será oído solo en el efecto devolutivo. (Art. 951 C. de Com.).

Art. 951: El fallido podrá obtener provisionalmente para sí y para su familia, socorros alimenticios sobre el activo de la quiebra, que serán regulados por el Juez con audiencia de los síndicos. De la decisión del Juez podrá apelarse ante el Tribunal Superior. No tendrá derecho el fallido a este beneficio si obrare contra él alguna presunción de culpa o de fraude en la quiebra.

En el procedimiento de liquidación por los acreedores, el liquidador

avisará al Tribunal cuando crea conveniente repartir los dividendos. El Juez

formulará la graduación u orden de los pagos y ordenará las distribuciones y

reservas. Las reclamaciones sobre estos puntos se resolverán en Juicio

verbal, con apelación en un solo efecto. (Articulo 963 último aparte del C.

de Com. “El tribunal formulará la graduación u orden de los pagos, y

ordenará las distribuciones y reservas; y a ello se atendrán el liquidador y la

comisión. Las reclamaciones sobre estos puntos se resolverán en juicio

verbal, con apelación en un solo efecto” ).


104

Los síndicos venderán los objetos que estén en riesgos de perderse o

deteriorarse, o cuya conservación sea dispendiosa, esta se hará con previa

autorización del Juez. De la resolución del Juez puede apelarse ante el

Tribunal Superior.

Los síndicos podrán, con aprobación del Juez, comprometer en árbitros y

cuestionar las cuestiones que interesen al concurso. De la resolución del

Juez puede apelarse ante el Juez Superior.

El Juez podrá reducir el número de los síndicos en cualquier estado de la

quiebra, cuando este lo declare necesario. Pudiéndose apelar su decisión

ante el Tribunal Superior. (Art. 986 del C. de Com.).

Art. 986: En cualquier estado de la quiebra, el Juez podrá reducir el número de los síndicos, si así lo exigieren las necesidades de la administración; pudiendo apelarse de su decisión ante el Tribunal Superior. También podrá aumentarse su número hasta tres; pero cuando haya que aumentarse o subrogarse uno o más síndicos definitivos, se consultará a los acreedores reunidos en junta, procediéndose según lo prescrito en el artículo 967.

Al ordenar las reparticiones, el Juez acordara, reservar para los

acreedores domiciliados fuera de Venezuela y aún para aquellos cuyos


105

créditos estén controvertidos, y en otros casos de fijación de cantidades para

el reparto, se podrá apelar ante el Tribunal Superior.

Se podría resumir, que todos estos pasos y cualquier otro, son los que

expresa el Código de Comercio en materia de quiebra, que pueden en su

efecto tener apelación. El Juez determinara cuales pueden calificarse de

actuaciones solamente administrativas para aplicar el Artículo 1.060 del C.

de Com. El cual describe que: “De las determinaciones que el Juez de

Comercio dictare en la administración de la quiebra no se concede apelación

sino en los casos expresamente determinados por la Ley. La apelación sólo

se oirá en el efecto devolutivo.”, sólo una decisión del Juez admite de forma

expresa la apelación en dos efectos; la sentencia que declara sin lugar la

quiebra, (Art. 936 del C. de Com.); ya que la inminencia del procedimiento

concursal reclama que esta debe ser rápida y efectiva y el efecto suspensivo,

suspendería las medidas dictadas con carácter urgente, dadas las

circunstancias y consecuencialmente tardaría inconvenientemente el

proceso.

Art. 936: Si se decidiese que no hay lugar a la declaratoria de quiebra, se oirá apelación en ambos efectos al acreedor demandante. Si se declara la quiebra, sólo se oirá apelación en un solo efecto al fallido. En este caso, la sentencia fijará la época en que principió la cesación de los pagos, o se


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reservará fijarla por auto separado; pero en ningún caso podrá retrotraerla por más de dos años. A falta de fijación especial se entenderá que la cesación de los pagos principió en la misma fecha de la declaración de quiebra, o en el día de la muerte del deudor en el caso del artículo 929.

2.1.10.2- OPOSICIÓN.

Afirma Bolaffio (1935, p. 432) Existen en el Código de Comercio, dentro

de la normativa concursal, casos de oposición expresamente previstos en el

mismo, como la facultad otorgada al fallido, a los acreedores, al síndico y a

los terceros, de impedir determinadas actuaciones durante el Juicio de

Quiebra.

La oposición que debe tramitarse ante el Juez de la misma, se hará de la

siguiente manera:

El Artículo 983 del C. de Com . dispone que los síndicos pueden, en

determinadas condiciones, comprometer en árbitros y transigir las cuestiones

que interesen al concurso. Pero cuando estas cuestiones versen sobre

inmuebles y estuviere pendiente la celebración del convenio, la oposición del

fallido impedirá el arbitramiento o la transacción.


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Art. 983: Los síndicos podrán, con citación del fallido y aprobación del Juez, comprometer en árbitros y transigir las cuestiones que interesen al concurso. De la resolución del juez puede apelarse ante el Tribunal Superior. Cuando las cuestiones versaren sobre bienes inmuebles y estuvieren pendientes de la celebración del convenio, la oposición del fallido impedirá el arbitramento o la transacción.

El Artículo 1.019 del C. de Com. consagra el derecho de los acreedores y

de lo síndicos de oponerse al convenio, de la siguiente manera:

Art. 1.019: Dentro de los seis días siguientes a la celebración del convenio podrá oponerse a éste cualquiera de los acreedores, reconocidos o admitidos provisionalmente, y los síndicos, aunque no fueren acreedores, expresando los fundamentos de la oposición. Cuando no hubiere más que un síndico y éste fuere opuesto al convenio, se nombrará otro provisional para la secuela de la oposición. Hecha la oposición, se dará sin demora copia de ella a los síndicos y el fallido, los que contestarán en el término de seis días. Caso de contradicción o de falta de comparecencia, el Juez admitirá las pruebas necesarias y decidirá el punto con asociados si así se pidiere.

En el Artículo 1.059 del C. de Com. concede a los demás terceros

interesados la facultad de oponerse a los efectos de fijación de la época de la

cesación de pagos, siempre que se quiera hacerlo valer contra ellos.


108

La oposición al estado de acreedores la establece el Artículo 1.040 del

C. de Com. en su aparte único el cual prevé que: ”Los síndicos y acreedores

podrán oponerse al predicho estado, dentro de los ocho días siguientes a su

formación; y si el Juez no pudiere conciliar las diferencias, sentenciara con

las formalidades legales.”

2.1.11.- CONVENIO. FORMAS DE CONVOCAR.

2.1.11.1.- CONCEPTO.

Según Pisani (1997, p. 200), el Convenio:

Es el acuerdo celebrado entre el fallido y la masa de acreedores encaminado a lograr la satisfacción de estos mediante una mas fácil y segura liquidación de sus derechos sobre el patrimonio de aquel. No obstante regirse dicho acuerdo por el derecho común, precisa para su validez, en todo caso, de la homologación del Tribunal. El presupuesto esencial que esta debe tener es que la quiebra no parezca fraudulenta.

En el Derecho positivo le toca al Juez promover el convenio, este tiene

dos formas, de convocarlo los cuales se desprenden de la siguiente manera;

si hubiere controversia pendiente sobre la calificación de los créditos, es

facultativo para el Juez convocar o no la junta para deliberar sobre el

convenio. (Art. 1.008 del Código de Comercio).


109

Art. 1.008: Si hubiere controversia pendiente sobre la legitimidad de alguno o de algunos créditos, el Juez resolverá, según las circunstancias, si se procede o no a la convocación de la junta para deliberar sobre convenio. Pero no se acordará la convocación, cuando supuesta la prueba de los hecho, en que se funda la tacha, la quiebra aparezca fraudulenta. Si el Juez ordenare la convocación, podrá acordarse la admisión provisional, en las deliberaciones que ocurran y por la cantidad que determinará, de los acreedores cuyos créditos estén controvertidos. No podrá ser admitido provisionalmente un acreedor cuyo crédito sea materia de un procedimiento criminal. La resolución del Juez en los casos de este artículo es apelable ante el Tribunal Superior.

Y cuando subsiste controversia alguna sobre la legitimidad de los créditos,

resulta obligante para el Juez, de acuerdo con el Artículo 1.010 del C. de

Com., proceder a la convocatoria de la junta a tal fin. (“Art. 1.010: Concluida

la calificación de los créditos reclamados, o acordada la convocación para

deliberar sobre convenio, en el caso del artículo 1.008, el Juez señalará día y

hora con tal objeto, designando un corto plazo. La fijación se publicará por

edictos y por la prensa, si fuere posible.”)

2.1.11.- OPORTUNIDAD.

Afirma Burgos (1985, p. 98) El convenio por unanimidad puede celebrarse

en cualquier estado del procedimiento de la quiebra. De manera que, para


110

lograrlo, no necesariamente tienen que llegarse a la etapa final de la

calificación de los créditos. Pero si antes no fuere posible su celebración, en

la que el Juez convoca tal oportunidad, con tal objeto, luego de la calificación

de los créditos, ya no resultara necesaria la unanimidad, aunque en muchos

casos pudiera darse.

En el convenio por unanimidad podrá estipularse la cesación o

suspensión del procedimiento de quiebra, pero no detenerse la continuación

del enjuiciamiento penal. En todo caso deberá celebrarse en junta de

acreedores y con ciertas formalidades.

2.1.11.3.- TRÁMITE.

Dentro de este marco, afirma Burgos (1985, p. 99) que: Instalada la junta,

los síndicos presentaran un informe escrito acerca de las causas, carácter y

estado de la quiebra, de las formalidades cumplidas y de las operaciones

realizadas, el resultado de su administración y de la relación en que

aparezcan el activo y el pasivo de la quiebra. Los acreedores y el fallido

podrán hacer sobre el contenido del informe las observaciones que crean

oportunas.


111

Luego se oirán las proposiciones de convenio que se hicieren; la junta

deliberara y el Juez hará constar en el acta el resultado de las

deliberaciones. (Art. 1.013 del Código de Comercio).

Art. 1.013: Los síndicos presentarán a la junta un informe escrito acerca de las causas, carácter y estado de la quiebra, de las formalidades cumplidas y de las operaciones realizadas, del resultado de su administración y de la relación en que aparezcan el activo y el pasivo de la quiebra. Los acreedores y el fallido podrán hacer sobre el contenido del informe las observaciones que crean oportunas. Se oirán luego las proposiciones que se hicieren; la Junta deliberará y el Juez hará constar en el acta el resultado de la deliberación.

El convenio no puede tener lugar sino es aprobado por la mayoría de las

dos terceras partes de la totalidad de los acreedores que tienen derecho

a votar en la junta, que reúna las tres cuartas partes de los créditos

representados por dicha totalidad de acreedores. O al contrario, por la

mayoría de las tres cuartas partes de la totalidad de dichos acreedores, que

reúna las dos terceras partes de la totalidad de los créditos. El convenio

deberá ser firmado, en la misma sección en que se celebre. (Art. 1.014 del C.

de Com.).

Art. 1.014: No puede celebrarse convenio con el fallido sino en junta de acreedores y después de haberse llenado las formalidades que quedan prescriptas. El convenio no puede tener lugar si no es aprobado por una mayoría de las dos terceras partes de la


112

totalidad de los acreedores que tienen derecho a votar en la junta, que reúna las tres cuartas partes de los créditos representados por dicha totalidad de acreedores; o por la mayoría de las tres cuartas partes de la totalidad de dichos acreedores, que reúna las dos terceras partes de la totalidad de los créditos. También deberá ser firmado, so pena de nulidad, en la misma sesión en que se celebre.

Si en los escrutinios realizados o si a favor del convenio, sólo se obtuviere

la mayoría absoluta de acreedores, lo que representa la mayoría absoluta de

los créditos, la deliberación se dará por ocho días; y en esta segunda junta

no tienen valor las votaciones dadas en la anterior. (Art. 1.015 del C. de

Com.).

Art. 1.015: Si a favor del convenio sólo hubiere la mayoría absoluta de acreedores que represente la mayoría absoluta de créditos, la deliberación se diferirá por ocho días, y en esta segunda junta no tienen valor las votaciones dadas en la anterior.

2.1.12.- LA REHABILITACIÓN.

Según Calvo Baca (1999, p. 633), la rehabilitación “Es el acto por el cual

se suspende al fallido de las interdicciones que sobre él pesaban con ocasión

de la sentencia de declaratoria de Quiebra.”


113

En consecuencia la Rehabilitación ayuda a que el fallido sea nuevamente

comerciante, ya que sus acreedores lo favorecerán ante el Juez que dictó la

sentencia, el cual decidirá decretar o no la rehabilitación del mismo.

Así mismo el Artículo 1063 del Código de Comercio, indica el derecho del

fallido que tiene de rehabilitarse y las causas de su procedencia las cuales

son:

Art. 1063: El fallido que haya satisfecho sus deudas íntegramente o por lo menos en la proporción a que pueden reducidas por el convenio, con los intereses y gastos que sean de su cargo, tiene derecho a ser rehabilitado. Si la quiebra hubiere sido de una compañía de comercio, ninguno de los socios podrá ser rehabilitado sino después de extinguidas todas las deudas sociales, con arreglo a este artículo. Pero esta disposición no comprende al socio con quien la junta de acreedores haya hecho convenio por separado.

2.1.12.1.- CARACTERES DE LA REHABILITACIÓN.

Según Morales (1954, p. 362), los caracteres de la rehabilitación son los

siguientes:

1.- Es irrevocable; sancionada la rehabilitación se presume que todos los

acreedores han sido íntegramente pagados.

2.- Los pagos no necesariamente deben ser hechos en efectivo.


114

3.- Las deudas a que el Artículo 1.063 del Código de Comercio (antes

descrito) hace referencia, son aquellas deudas anteriores a la sentencia

declaratoria de la quiebra. Las eventualmente adquiridas por el fallido con

posterioridad a dicha sentencia, nada tiene que ver con el pedimento legal de

la cancelación.

4.- Si el fallido es codeudor solidario debe justificar el pago de la deuda total,

ya hecho por el o por sus codeudores.

5.- La sentencia declaratoria de quiebra hace cesar los intereses, pero

respecto de la masa, sobre todo a creencia quirografaria. El fallido, en

cambio, debe intereses a sus acreedores. El principio general esta recogido

en esta materia y al efecto se establece que además de las deudas, el fallido

debe los intereses a su cargo, esto no quiere decir que el fallido debe pagar

intereses sobre intereses, porque ninguna disposición del procedimiento de

quiebra permite el cobro de intereses descapitalizados, porque colocarían al

acreedor en posición mas ventajosa frente al fallido, ya que esto violaría el

Artículo 1.277 del Código Civil.

Art. 1.277: A falta de convenio en las obligaciones que tienen por objeto una cantidad de dinero, los daños y perjuicios resultantes del retardo en el cumplimiento consisten siempre en el pago del interés legal, salvo disposiciones especiales. Se deben estos daños desde el día de la mora sin que el acreedor esté obligado a comprobar ninguna pérdida.


115

6.- Los gastos que debe abonar el fallido, no solo aquellos que cada

acreedor halla hecho legítimamente ante del estado de quiebras, sino todos

aquellos que la quiebra ha acarreado y los que las masas han estado

obligados a pagar.

7.- El fallido también debe demostrar la lista de sus acreedores acompañada

de los comprobantes de solvencia, para que el Juez a tales efectos pueda

conocer si todo el pasivo ha sido pagado.

2.1.12.2.- REQUISITOS.

En el Artículo 1.065 del Código de Comercio, ordena que la rehabilitación

se debe pedir al Tribunal de Comercio de la jurisdicción en que se siguió el

Juicio de Quiebra.

Art. 1.065: La rehabilitación se pedirá al Tribunal de Comercio de la jurisdicción en que se siguió el juicio de quiebra. El solicitante presentará los comprobantes de su solvencia. El Juez hará publicar la solicitud por edictos y por la prensa, si fuere posible, y practicará las diligencias de reconocimiento y demás necesarias para acreditar la verdad de los hechos. Vencidos dos meses desde la fijación de los edictos, hará relación y decidirá lo conducente, constituyendo el Tribunal con asociados si así se pidiere.


116

La resolución que acuerde la rehabilitación se publicará en los periódicos oficiales que señale el interesado.

El solicitante presentara los comprobantes de su solvencia; es decir, de

que ha pagado íntegramente sus deudas anteriores a la declaratoria de la

quiebra, con todos sus accesorios y gastos.

En el caso del fallido culpable se acreditará, además el cumplimiento de

su condena. Y para el supuesto del quebrado doloso, se comprobará

fehacientemente estos otros extremos:

a) Que ha cumplido su condena.

b) Que han transcurridos cinco años después de haberla cumplido.

c) Que durante ese tiempo el solicitante halla observado una

conducta irreprensible.

Es por ello que Calvo Baca (1999, p. 633) afirma que:

“El criterio de la Ley Francesa es menos rígido. No se necesita para la rehabilitación haber pagado todas las deudas, basta que en la quiebra no se haya incurrido en actos dolosos; y en la Ley Italiana, la rehabilitación opera con el solo hecho de que la quiebra fuera fortuita.”


117

En consecuencia en el Derecho Francés, se prohíbe la rehabilitación a las

personas condenadas por crimen o delito, siempre que la condena tuviere

como consecuencia la inhabilitación del ejercicio de una profesión comercial,

industrial u artesanal.

2.1.12.3.- PUBLICACIÓN.

Afirma Morles (1986, p. 120) El Juez publicará la solicitud por edictos y

por la prensa si fuere posible, y practicara las diligencias de reconocimiento

de los pagos y demás que se necesiten para acreditar la verdad de los

hechos.

Vencidos dos meses desde las publicaciones, hará relación y decidirá lo

conducente, constituyendo el Tribunal con asociados si así se le pidiera.

Todo esto de conformidad con el Artículo 1.065 del Código de Comercio.

Cumplidas las condiciones exigidas por la ley, la rehabilitación debe ser

acordada por el Juez, ya que a ello tiene derecho el fallido. Por lo tanto el

Tribunal no tiene poder alguno de apreciación, sino de la verificación de los

extremos legales.


118

2.1.12.4.- EFECTOS DE LA REHABILITACIÓN.

El Artículo 1.064 del Código de Comercio, establece que la rehabilitación

cesa en todas las interdicciones legales a que, por la quiebra, estaba

sometido el fallido. De manera que la amplitud del precepto incluye las

inhabilitaciones tanto personales como reales, que pesaban sobre este, que

están sometidas al Código de Comercio o a otras leyes.

Principalmente cesan en la inhabilitación para la administración de los

bienes, ya que según lo que establece el Artículo 939 del Código de

Comercio;

Art. 939: Por el hecho de ser declarado un comerciante en estado de quiebra, queda inhabilitado para la administración de todos sus bienes, para disponer de ellos, y para contraer sobre ellos nuevas obligaciones. El desasimiento de los bienes futuros adquiridos a titulo gratuito, no perjudica la responsabilidad que los afecte por las cargas y condiciones con que hayan sido transmitidos al fallido ni tampoco a los acreedores hereditarios. La administración de los bienes que el fallido adquiere a titulo oneroso, podrá ser sometida a la intención de los síndicos; pero los acreedores solo tendrán derecho a los beneficios, líquidos, dejando al fallido lo preciso para sus alimentos. Respecto de los bienes y derechos de la mujer del fallido, esta tendrá los que les correspondan, según las disposiciones del Código Civil, sobre la sociedad conyugal, y podrá hacer en la quiebra las reclamaciones a que hubiere lugar, como si se tratara de disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Sobre estos puntos se tendrán presentes los títulos y las capitulaciones matrimoniales que se exhibieren.


119

Afirma Pisani (1997, p. 270) que igualmente se les prohíbe a los fallidos

no rehabilitado reasumir la profesión de comerciante; ejercer ciertos cargos,

como es el caso de:

1. El corredor, (Art. 67 del Código de Comercio: “No pueden ejercer la

correduría: 1º Los que no tienen capacidad para comerciar. 2º Los

deudores fallidos no rehabilitados. 3º Los que hayan sido destituidos

de este cargo o del de venduteros. No se podrá conceder habilitación

de edad para ser corredor”),

2. El de vendutero, (Art. 83 del C. de Com.), el de síndico, (Art. 970 del

C. de Com. “No pueden ser síndicos: Los comerciantes menores de

veintiún años. Las mujeres, aun cuando sean comerciantes.

Los fallidos mientras no obtengan rehabilitación. El cónyuge y los

parientes del fallido hasta el cuarto grado de consanguinidad y

segundo de afinidad, aunque sean comerciantes. Los acreedores

cuyos créditos estén controvertidos”),

3. El de depositario (Art. 932 del C. de Com.: “Los acreedores que pidan

la declara toria de quiebra lo harán mediante demanda en que

expliquen todos los hechos y circunstancias constitutivas de la

cesación de los pagos. Al introducirse la demanda y en vista de los


120

recaudos que la acompañen, podrá el Juez disponer como medida

preventiva, la ocupación judicial de todos los bienes del demandado,

sus libros, correspondencia y documentos, nombrando un depositario

de dichos bienes y papeles. También podrá prohibir que se le hagan

pagos y se le entreguen mercancías. Estas medidas se publicarán de

igual manera que el auto declaratorio de la quiebra. Contra ellas no se

oirá apelación sino en un solo efecto. Las mismas medidas se dictarán

necesariamente si apareciere que el demandado elude la citación. El

depositario debe reunir iguales condiciones que para ser síndico. ),

4. El de Juez de Comercio y la prohibición de entrar en el local de la

bolsa (Art. 51 del C. de Com.: “No tienen entrada en el local de la

Bolsa: 1º Los comerciantes fallidos no rehabilitados. 2º Los corredores

y venduteros suspensos o destituidos. 3º Los comerciantes que hayan

faltado notoriamente al cumplimiento de sus obligaciones mercantiles,

aunque no hayan sido declarados fallidos. 4º Los que sin justa causa

se hayan negado a la ejecución de alguna operación pactada en la

Bolsa. Pueden ser expulsados del local de la Bolsa por tiempo

determinado los que violen el Reglamento o turben el orden de ella”),

5. Entre otras.


121

2.1.13.- LEGISLACIÓN VENEZOLANA.

Afirma Ontiveros (1994, p. 336) En la Legislación Venezolana, existe una

igualdad entre Nacionales y Extranjeros, ya que el Código de Comercio

Venezolano, siguiendo el Principio contemplado en la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela, de que existe una igualdad entre los

Venezolanos (as) y Extranjeros (as) y la normativa establecida en el Artículo

26 del Código Civil la cual describe lo siguiente:

Art. 26: Las personas extranjeras gozan en Venezuela de los mismos derechos civiles que los venezolanos con las excepciones establecidas o que se establezcan. Esto no impide la aplicación de las leyes extranjeras relativas al estado y capacidad de las personas en los casos autorizados por el Derecho Internacional Privado.

En consecuencia de lo antes expuesto , el Artículo 2 de la Ley de

Extranjeros, establece que; “Los extranjeros gozan en Venezuela de los

mismos derechos civiles que los venezolanos, salvo las excepciones

establecidas o que se establezcan.”, todas estas normas prevén una

absoluta variedad de preceptos, para los Extranjeros en Venezuela, sin

ningún tipo de distinción en cuanto al procedimiento, como tampoco en las

sanciones que acarrearía la falta cometida.

La sentencia declaratoria de quiebra dictada en los Tribunales

Venezolanos, produce en el extranjero los efectos que la Ley del lugar de


122

ejecución le reconozca (lex loci execugionis), pues los Tribunales

Venezolanos, no tienen medios para imponerse de manera diferente a lo

establecido en la Legislación extranjera, al menos, en caso de que exista un

Tratado pautado entre los Países actuantes.

La sentencia declaratoria que se haya dictado en el Extranjero, sólo

puede producir los efectos admitidos en la Legislación Venezolana, los

cuales están contemplados en los Artículos 850 y siguientes del Código de

Procedimiento Civil de Venezuela, los cuales establecen que:

Art. 850.- Corresponde a la Corte Suprema de Justicia declarar la ejecutoria de las sentencias de autoridades extranjeras, sin lo cual no tendrán ningún efecto, ni como medio de prueba, ni para producir cosa juzgada, ni para ser ejecutadas.

Sólo las sentencias dictadas en países donde se concede ejecución a las sentencias firmes pronunciadas por Tribunales venezolanos, sin previa revisión en el fondo, podrán declararse ejecutorias en la República. Tal circunstancia deberá probarse con instrumento fehaciente.

Art. 851.- Para que a la sentencia extranjera pueda darse fuerza ejecutoria en Venezuela, se requiere que reúna los siguientes requisitos:

1º Que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción que le correspondiere para conocer el negocio, según los principios generales de la competencia procesal internacional previstos en el este Código.


123

2º Que tenga fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual ha sido pronunciada.

3° Que haya sido dictada en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas.

4º Que el demandado haya sido debidamente citado conforme a las disposiciones legales del Estado donde se haya seguido el juicio y de aquel donde se haya efectuado la citación, con tiempo bastante para comparecer y que se le hayan otorgado las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa.

5° Que no choque contra sentencia firme dictada por los Tribunales venezolanos.

6º Que la sentencia no contenga declaraciones ni disposiciones contrarias al orden público o al derecho público interior de la República.

Art. 852.- La solicitud de exequátur se presentará por escrito en el cual se exprese la persona que lo pida, su domicilio o residencia, la persona contra la cual haya de obrar la ejecutoria, y su domicilio o residencia. La solicitud deberá acompañarse con la sentencia de cuya ejecución se trate, con la ejecutoria que se haya librado y la comprobación de los requisitos indicados en el artículo precedente; todo en forma auténtica y legalizado por autoridad competente.

Art. 853.- La persona contra la cual haya de obrar la ejecutoria será citada conforme a las disposiciones del Título IV, Capítulo IV del Libro Primero de este Código, a fin de que conteste la solicitud dentro de los diez días siguientes a su citación, más el término de la distancia si lo hubiere, a cualquier hora de las indicadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192.

Art. 854.- En los casos de citación por carteles, a falta de comparecencia de la parte contra la cual haya de


124

obrar la ejecutoria a darse por citada, la citación se entenderá con el Defensor previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 855.- En el acto de contestación deberán proponerse todas las cuestiones y defensas acumulativamente y el asunto se decidirá como de mero derecho, con vista de los documentos auténticos que produjeren las partes, pero la Corte podrá de oficio, si lo considerare procedente, disponer la evacuación de otras pruebas, en cuyo caso fijará el lapso correspondiente, según las circunstancias.

Art. 856.- El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables.

Art. 857.- Las providencias de Tribunales extranjeros concernientes al examen de testigos, experticias, juramentos, interrogatorios y demás actos de mera instrucción que hayan de practicarse en la República, se ejecutarán con el simple decreto del Juez de Primera Instancia que tenga competencia en el lugar donde hayan de verificarse tales actos siempre que dichas providencias vengan con rogatoria de la autoridad que las haya librado y legalizadas por un funcionario diplomático o consular de la República o por vía diplomática.

Estas mismas disposiciones son aplicables a las citaciones que se hagan a personas residentes de la República, para comparecer ante autoridades extranjeras, y a las notificaciones de actos procedentes de país extranjero.


125

Art. 858.- Para dar curso a las providencias de que trata el artículo anterior, deberá haber persona autorizada para cubrir los gastos.

En algunas legislaciones la sola solicitud de los acreedores, puede

provocar la declaratoria de Quiebra al arbitrio del Juez. El comerciante cuya

quiebra se ha solicitado, es citado a Juicio y este puede oponer todas las

excepciones que podría interponer en un Juicio ordinario.

Este sistema presenta la ventaja de que asegura los Derechos de los

acreedores, quienes incurrían en daños y perjuicios, en caso de declararse

sin lugar la demanda de Quiebra.

A diferencia de otras legislaciones, el comerciante es citado pero sólo

puede oponer un número limitado y taxativo de excepciones. Tal es el

sistema acogido por la legislación Venezolana.

La sentencia extranjera de decla ratoria de la quiebra no tiene en el país la

autoridad de cosa juzgada y sus efectos no pueden extenderse a nuestro

Territorio. El condenado no puede ser privado de sus bienes muebles e

inmuebles, situados en el país , conserva el Derecho de administrarlos y de

disponer de ellos y de los actos que realice sobre ellos, este no puede ser


126

cancelado por los Tribunales Venezolanos. Pero esto no es impedimento

para que los interesados puedan demandar la quiebra por ante los Tribunales

Venezolanos.

El Artículo 851 del Código de Procedimiento Civil, señala los requisitos

necesarios para que la sentencia extranjera de quiebra pueda darse con

fuerza ejecutoria en Venezuela, y señala lo siguiente:

Art. 851: Para que a la sentencia extranjera pueda darse fuerza ejecutoria en Venezuela, se requiere que reúna los siguientes requisitos: 1.- Que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción que le correspondiere para conocer del negocio, según los principios generales de la competencia procesal internacional previstos en este Código. 2.- Que tenga fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la Ley del Estado en el cual ha sido pronunciada. 3.- Que haya sido dictada en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones jurídicas p rivadas. 4.- Que el demandante haya sido debidamente citado conforme a las disposiciones legales del Estado donde se haya seguido el juicio y de aquel donde se haya efectuado la citación, con tiempo bastante para comparecer y que se le hayan otorgado las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa. 5.- Que no choque contra sentencia firme dictada por los Tribunales Venezolanos. 6.- Que la sentencia no contenga declaraciones ni disposiciones contrarias al orden público o al derecho público interior de la República.”


127

Cuando la sentencia extranjera ha obtenido el exequátur, no es posible en

Venezuela, que un Tribunal pronuncie una nueva quiebra. El desasimiento se

produce tomando en cuenta las leyes nacionales en cuanto a su extensión y

sus efectos de la sentencia. La sentencia extranjera de quiebra sólo produce

sus efectos en Venezuela a partir de la fecha de la sentencia del exequátur.

En consecuencia afirma Ontiveros (1994, p. 337) De conformidad con el

Artículo 925 del Código de Comercio, el Juez competente para conocer de

cualquier caso de quiebra, es el Juez del domicilio del quebrado y esta es la

orientación sostenida por muchos autores nacionales. Los doctrinarios

concuerdan con el Código de Bustamante, que desde el Artículo 414 al 433

establece todo lo concerniente a Quiebras o Concursos se refiere, así como

la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que en Sentencia del

01/11/90, declaró lo siguiente:

El juicio concursal de la quiebra no se refiere a los negocios, ni a la ejecución de las obligaciones, ni es una medida cautelar, sino que afecta a la persona misma de los comerciantes, y por tanto, la regla de competencia debe ser la del domicilio del quebrado, para poder garantizar el principio de la unidad, indivisibilidad y universalidad de la quiebra”. (Expediente No. 7486).

El Código de Comercio trata desde su Artículo 354 al 358, todo lo relativo

a las sociedades extranjeras, estableciendo todos los casos en los que se


128

reputan las sociedades nacionales, considerándolas domiciliadas en

Venezuela y los requisitos y formalidades que éstas deben cumplir, los

cuales establecen que:

Art. 354: Las sociedades constituidas en país extranjero, que tengan en la República el objeto principal de su explotación, comercio o industria, se reputarán sociedades nacionales. Las sociedades que constituidas también en país extranjero sólo tuvieren en la República sucursales o explotaciones que no constituyan su objeto principal, conservan su nacionalidad, pero se les considerará domiciliadas en Venezuela. Unas y otras sociedades, si son en nombre colectivo o en comandita simple, deben cumplir con los mismos requisitos establecidos para las sociedades nacionales; y sin son sociedades por acciones, registrarán en el Registro de Comercio del lugar donde está la agencia o explotación, y publicarán en un periódico de la localidad, el contrato social y demás documentos necesarios a la constitución de la compañía, conforme a las leyes de su nacionalidad, y una copia debidamente legalizada de los artículos referentes a esas leyes. Acompañarán, además, para su archivo en el cuaderno de comprobantes, los estatutos de la compañía. Art. 355: Las sociedades a que se refiere el artículo anterior tendrán en Venezuela un representante, el cual se considerará investido de plenas facultades; excepto la de enajenar la empresa o la concesión, si esta facultad no se le hubiere dado expresamente. Art. 356: Las sociedades extranjeras que no tengan en Venezuela sucursales ni explotaciones pueden, sin embargo, hacer negocios en el país y comparecer en juicio ante los Tribunales de la República, como demandantes o como demandadas, quedando sujetas a las disposiciones sobre no domiciliados. Así estas sociedades, como las indicadas en el segundo aparte


129

del artículo 354, pueden adquirir la nacionalidad venezolana mediante manifestación hecha por escrito por el representante de la compañía ante el Juez de Comercio de la jurisdicción donde tenga o decida fijar su domicilio. Este escrito se registrará y publicará junto con los demás documentos indicados en el artículo 354, si no estuvieren ya registrados. Art. 357: Todos los que contraten en nombre de compañías constituidas en el extranjero y no registradas debidamente en Venezuela quedan sujetos a responsabilidad personal y solidaria por todas las obligaciones contraídas en el país, sin perjuicio de que los terceros puedan demandar a la compañía misma, si así les conviniere, y pedir la ejecución de los bienes que figuren en nombre de ella. Art. 358: La jurisdicción que corresponde a los Tribunales de Venezuela, según sus leyes, por contratos de seguros celebrados con compañías extranjeras, es irrenunciable en todo caso.

A lo que respecta a los acreedores domiciliados en Venezuela y no

domiciliados, en relación al procedimiento de quiebra se puede establecer lo

siguiente:

1.- En cuanto al contenido de la sentencia declaratoria de quiebra, la

notificación a los acreedores domiciliados tanto en el Territorio Venezolano

como fuera de el para que concurran al Tribunal pertinente. (Art. 937 del

Código de Comercio).

Art. 937: La sentencia declaratoria de la quiebra contendrá además:


130

1º El nombramiento de un síndico, que debe ser abogado, o que sea o haya sido comerciante. 2º La orden de ocupar judicialmente todos los bienes del fallido, sus libros, correspondencia y documentos. 3º La orden de que las cartas y telegramas dirigidos al fallido sean entregados a los síndicos. 4º La prohibición de pagar y de entregar mercancías al fallido, so pena de nulidad en los pagos y entregas, y orden a las personas que tengan bienes o papeles pertenecientes al fallido para que los pongan dentro del tercer día a disposición del Tribunal de Comercio, so pena de ser tenidos por ocultores o cómplices de la quiebra. 5º La orden de que se convoque a los acreedores presentes para que concurran con los documentos justificativos de sus créditos, a la primera junta general, que tendrá lugar el día y hora que se designará dentro de los quince días inmediatos. 6º La orden de que se haga saber a los acreedores residentes en la República que dentro del término que se les designará, ocurran con los documentos justificativos de su crédito bajo apercibimiento de continuarse los procedimientos de la quiebra sin volverse a citar ningún ausente. 7º La orden de hacer saber a los acreedores que se hallen fuera de la República la declaración de quiebra y el término dentro del cual deben ocurrir con los documentos justificativos de sus créditos, bajo el apercibimiento dicho en el número anterior. 8º La orden de que se publiquen la declaratoria de quiebra y la prohibición y orden de entrega de que se habla en el número 4º de este artículo. 9º La orden de remitir inmediatamente copia de lo conducente el Juez competente, cuando aparezca alguna circunstancia que amerite procedimiento criminal. Lo mismo se practicará en cualquier estado de la causa en que aparezcan las expresadas circunstancias. Cuando la sentencia declaratoria de quiebra la dictaren los Tribunales superiores, se pasarán


131

inmediatamente los autos al Juez de Comercio o quien haga sus veces, para que lo ejecute.

2.- Sobre la citación a los acreedores, se establece un término de distancia

y un término de comparencia, igualmente para los domiciliados o no en el

país, con distinciones de término para cada País del Mundo, de acuerdo a la

distancia se dará el tiempo que considere prudente las Leyes Venezolanas y

de estas depende su aplicación y tiempo del proceso (Art. 959 del C. de

Com.).

Art. 959: La publicación de la quiebra, la, prohibición de hacer al fallido pagos y entregas de cartas, telegramas y bienes, y la orden de que los que tengan bienes y papeles del fallido los consignen en el Juzgado de Comercio, se hará por oficios dirigidos a las oficinas de correos y telégrafos y a las personas a quienes se dirijan las prohibiciones u órdenes, por edictos fijados en el despacho del Tribunal y en los sitios más concurridos, tanto del lugar del juicio como de los demás en que el fallido tenga establecimientos mercantiles y por la imprenta, si fuere posible. Las citaciones a los acreedores se harán sólo por los edictos y publicaciones expresados. A los acreedores domiciliados en la República, pero fuera del lugar del juicio, se les señalará el té rmino de quince días, más el de distancia, calculada a tres miriámetros por día, para que concurran con los documentos justificativos de sus créditos. A los acreedores domiciliados fuera de la República se señalarán con el mismo fin los siguientes plazos: A los de las Antillas y de la República de Colombia, tres meses. A los del resto de la América del Sur y de la América del Norte y de Europa, cinco meses.


132

A los de otras partes del mundo, seis meses. Los edictos permanecerán fijados y las publicaciones por la prensa se harán con intervalos por el término de un mes. Si la época de la cesación de los pagos se determinare por auto separado, éste se fijará y publicará en los términos expresados. El Secretario del Tribunal agregará al expediente uno de los edictos desfijados y un ejemplar de los periódicos en que se hayan hecho y repetido las publicaciones; pondrá constancia de las personas a quienes se dirige el oficio y de la fecha en que remite al Tribunal competente la copia a que se refiere el número 9º del artículo 937.

3.- Cuadro de la calificación y del término para las observaciones.

Calificación de créditos de titulares domiciliados o no en Venezuela (Art. 962

del C. de Com.).

Art. 962: El Tribunal convocará a los acreedores por la prensa y por carteles, donde no hubiere periódicos, para que se impongan del cuadro de calificación y hagan sus observaciones en pro o en contra, dentro de los términos fijados en el artículo 959. Vencidos los lapsos para los acreedores domiciliados en la República, quedará firme respecto de ellos la calificación que les concierne, si no hubiere habido objeción. Si la hubiere habido respecto de algunos créditos, el tribunal convocará a los respectivos interesados para conciliación, el tercer día, a la hora que señale. Si no hubiere conciliación se sustanciarán y decidirán las controversias en juicio verbal, al cual se dará el curso legal. Lo mismo se irá practicando al vencimiento de los lapsos respectivos para los acreedores de fuera de Venezuela, respecto de los créditos que estuvieren en tales casos.


133

El liquidador representará los intereses de la masa en todo el procedimiento que señala este artículo, y podrá hacerse representar por un apoderado que elija de acuerdo con la comisión de acreedores.

4.- Lo relativo al procedimiento y término par la calificación de créditos,

a los acreedores domiciliados y los que estuvieren representados en el

territorio de la República, en el Artículo 998, 3 Aparte del C. de Com.,

establece que:

Art. 998: Los acreedores domiciliados y los que estuvieren representados en el territorio de la República deberán hacer su solicitud con ocho días, por lo menos de anticipación al que se señalare para la junta de calificación; y los demás acreedores dentro de los términos que respectivamente se les fijan en el Artículo 959.

5.- Procedimiento ante la no comparencia de los acreedores

domiciliados fuera de Venezuela , esta causal se encuentra en el Artículo

1007 del C. de Com., el cual describe que:

Art. 1007: La falta de comparecencia de los acreedores morosos y las de los domiciliados fuere de Venezuela, no será obstáculo para las deliberaciones y convenios y prosecución del juicio de quiebra, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.052, respecto de los acreedores domiciliados fuera de Venezuela.


134

6.- Obligatoriedad de la aprobación del convenio para los acreedores

domiciliados fuera de Venezuela, con referencia a este punto, el Artículo

1022 del C. de Com., establece que:

Art. 1022: La aprobación del convenio lo hace obligatorio para todos los acreedores conocidos o desconocidos, estén o no comprendidos en el balance, estén o no calificados; para los que residan fuera del territorio de Venezuela, cuyos términos para la celebración no están vencidos; y para los que hayan sido admitidos provisionalmente en las deliberaciones de la quiebra, cualquiera que sea la suma que la sentencia les declare ulteriormente. Sin embargo, los acreedores privilegiados e hipotecarios que no hubieren renunciado sus derechos pueden hacerlos efectivos sobre los bienes afectos al privilegio o hipoteca.

7.- Procedimiento en caso de anulación de convenio para los

domiciliados en Venezuela, tenemos pues que en el Primer párrafo del

Artículo 1033 del C. de Com., establece que:

Artículo 1033: Anulado el convenio, se establecerá el juicio de quiebra; los síndicos volverán al ejercicio de sus funciones o se nombraran otros; y si fuere necesario, se renovaran las diligencias de embargo, inventario y balance, continuándose el procedimiento según las reglas establecidas. Se publicará el restablecimiento del juicio de quiebra; y si hubiere nuevos acreedores serán citados para la calificación de sus créditos en junta general. Los créditos reconocidos anteriormente no serán sometidos a nueva calificación, sin perjuicio de la extinción o reducción de los que hayan sido pagados en todo o en parte.


135

La publicación y citación aquí ordenadas se harán según lo dispuesto en los artículos 959 y 1.001.

8.- Oportunidad de apelación de la sentencia que declare la quiebra o

del auto que fije la época de la cesación de los pagos, para los acreedores

domiciliados fuera del lugar del juicio, en el Artículo 1059 del C. de Com., se

encuentra la base de este, el cual describe:

Art. 1059: La apelación contra la sentencia que declare la quiebra, se propondrá en el término legal. Lo mismo la apelación que se interpusiere contra el auto que fije la época de la cesación de los pagos, si se declare por separado. Los acreedores domiciliados fuera del lugar del juicio podrán apelar de la sentencia que declare la quiebra o del auto que fije la época de la cesación de l os pagos hasta el día señalado para la calificación de los créditos. Los demás terceros interesados podrán oponerse a los efectos de esta fijación, siempre que se quiera hacerlos valer contra ellos. La apelación contra la sentencia que declare la quiebra, se oye apelación en un solo efecto. La apelación contra la sentencia que niega o revoca la quiebra, se oye libremente.

9.- La no obligación para afianzar el pago de que fuere juzgado y

sentenciado para el demandante no domiciliado en Venezuela, el Artículo

1102 del C. de Com., describe que: “En materia comercial no esta obligado el

demandante no domiciliado en Venezuela a afianzar el pago de lo que fuere

juzgado y sentenciado.” La institución de la Quiebra esta contemplada en el


136

Titulo II del Libro Tercero del Código de Comercio, a partir del Artículo 914 al

1081.

2.2.- LA QUIEBRA EN EL DERECHO COMPARADO.

2.2.1.- LOS CONCURSOS Y LAS QUIEBRAS EN EL

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. DERECHO COMPARADO.

2.2.1.1.- GENERALIDADES.

Afirma Fierro (Referencia Electrónica, 2002) que el estudio y análisis de

los Concursos y Quiebras en el Derecho Internacional Privado, debe partir de

ciertas connotaciones o premisas generales, al análisis de la doctrina es

sumamente escasa, la complejidad de la materia es obvia y el tratamiento de

la Codificación Internacional, se inicio desde hace más de un Siglo,

específicamente desde 1894 y 1904, con las Conferencias de la Haya, para

el primero; y el Tratado de Derecho Comercial Internacional de Montevideo,

para el Segundo.


137

Cuando se inicia el análisis de las Quiebras y los Concursos, se debe

partir de ciertas normas o principios generales que enmarcan o delimitan la

figura de los mismos, se comenzará con introducir la contabilidad de los

bienes del deudor, ya que los acreedores tienen este como prenda común.

Dentro de este orden de ideas, a firma Caicedo Castilla (1967, p. 463) Este

es un principio generalmente aceptado, que viene desde los tiempos del

Derecho Romano y que el Código Civil de Colombia lo consagra en su

Artículo 2.488 y el Código Civil de Costa Rica en su Artículo 981.

La máxima que señala que el patrimonio es prenda común de acreedores,

es aplicable a los comerciantes que actúen tanto como personas físicas o

jurídicas, para cada caso concreto, se utilizará el Concurso o la Quiebra.

Describe Caicedo (1967, p. 431) Existen ciertas discusiones acerca de

que si la quiebra debe ser aplicable a los comerciantes y no comerciantes, en

Costa Rica la quiebra únicamente se aplica a los sujetos que reúnen los

requisitos contemplados en el Artículo 5 del Código de Comercio de ese

País, también este sistema lo aplica; “Francia, Bélgica, España, Suecia,

Italia, Rumania, Brasil y Argentina. Otros lo aplican a comerciantes y no


138

comerciantes. Este es el sistema vigente en Inglaterra, Alemania, Holanda,

Hungría, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Suecia, Perú, los Estados Unidos de

América y Canadá. Se dice que el deudor civil, como el comerciante, es una

fuerza económica que es preciso dirigir, y que por lo mismo, el deber del

estado es el de invertir para evitar la ruina de todos.” (Caicedo Castillo 1967,

p. 464).

La quiebra es un proceso de carácter fundamentalmente económico. La

sección de bienes, produce el concurso de acreedores y es la liquidación de

la actividad económica de una persona, esta ha sido llamada la Quiebra Civil.

La Quiebra Liquida, es la actividad económica de un comerciante

individual o de una sociedad de comercio.

El Código de Bustamante regula la competencia en estos casos en los

Artículos 328, el cual establece: “En los concursos de acreedores y en las

quiebras, cuando fuere voluntaria la presentación del deudor en ese estado,

será juez competente el de su domicilio” y el Artículo 329, que establece:

Art. 329: En los concursos o quiebras promovidos por los acreedores, será juez competente el de cualquiera de los lugares que este conociendo de la reclamación que los motiva, prefiriéndole, caso de estar entre ellos,


139

el del domicilio del deudor, si este o la mayoría de los acreedores lo reclamen.

Para Villafuerte (2000, p. 1), la Quiebra significa, “La insolvencia o

banca rota de un comerciante. Dado que esta se da cuando existe más

pasivo que activo, por superar las deudas a los bienes y por ende a los

créditos.”

La quiebra se caracteriza por los siguientes aspectos:

a) El sujeto pasivo debe ser comerciante.

b) Debe originarse un desequilibrio económico entre el patrimonio y los

créditos ajenos.

c) Debe existir una pluralidad de acreedores.

d) Debe existir la intervención judicial, tanto en la tramitación como en la

declaración.

e) Debe abarcar la totalidad del patrimonio del quebrado, tanto en su fase

declarativa como en la ejecutiva.

Es fácil pensar que el estado de quiebra, determina un agotamiento de los

recursos del quebrado y arruina su economía, sin permitirle el puntual

cumplimiento de sus obligaciones crediticias, tanto en el caso del

comerciante individual como el del comerciante social.


140

La quiebra desde el punto de vista jurídico, tiene por fin liquidar los bienes

del comerciante y darle una sanción por su negligencia, culpabilidad o incluso

por los actos dolosos que pudiera haber cometido.

En el campo económico, tiene consecuencias aún peores, tanto en la vida

comercial como en el desenvolvimiento del crédito, comprometiendo los

intereses de los acreedores, de los comerciantes e incluso de la economía de

un Estado.

La quiebra constituye una institución perjudicial para el deudor, los

acreedores y la colectividad; se dice que perjudica al deudor, porque

además del desapoderamiento de sus bienes y de la sujeción a diversas

inhabilidades, queda enfrentado a un inevitable proceso penal; lo que

perjudica a los acreedores, porque según la experiencia de la quiebra,

generalmente no cabe que esperen de ella un resultado apreciable o positivo;

y por último perjudica al Estado, ya que aisladamente , ha de confrontar

diversas consecuencias del daño que la quiebra supone para la economía

Nacional y que no se compensa con las sanciones penales impuestas al

fallido.


141

En el ambiente volátil de los negocios de la actualidad, cada vez es más

común que aún las grandes compañías se vean obligadas a recurrir a la

quiebra, este fenómeno es ajeno al ambiente financiero, sin embargo debido

a su importancia en la economía, las insolvencias en el mundo financiero

suelen ser muy distintas a las que se presentan en las demás.

Es por ello, que Fierro (1989, p. 87) afirma lo siguiente:

“En la mayoría de los casos existen variantes complejas diseminadas en varias legislaciones en las cuales cada una la establece de maneras diferentes, y aunque solo algunos tipos de instituciones financieras realmente quiebran, existen procesos equivalentes para su liquidación o reorganización a efecto de salvaguardar los intereses de los mercados financieros y la economía. Algunas de las grandes empresas también presentan variantes en sus procedimientos concúrsaseles derivadas de las legislaciones financieras.”

En las empresas financieras el proceso generalmente empieza por la

intervención de la institución por parte de las autoridades. Con el fin de

sanear las finanzas de la institución y de detener las operaciones que la

pongan en riesgo de insolvencia. Si el procedimiento anterior no es éxitoso

en el caso de una organización auxiliar de crédito o casa de bolsa, se

procede a la quiebra de la institución y su pronta liquidación.


142

En otros Países se piensa que a pesar del crecimiento económico que

celebran los sectores financieros del cada uno de ellos, hay sectores de la

sociedad que no son beneficiarios de este crecimiento, pero existen razones

diversas, ya que personas de todos los niveles sociales tienen serios

problemas que no les permiten cumplir con sus compromisos económicos y

por lo tanto entre los recursos a que pueden acudir, esta el derecho que les

da la ley a radicar una quiebra.

2.2.2.- DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS.

2.2.2.1.- EL CONCURSO.

Según el Diccionario Jurídico Mexicano (1991, p. 577): “Es un juicio

universal que se establece para liquidar el patrimonio de un deudor que

suspende el pago de las deudas vencidas, líquidas y exigibles.”

Su origen se remonta a Roma, la Ley Papirea Paitelia faculta a los

acreedores a vender los bienes totales del deudor para que de ellos se

pueda pagar los créditos, por prestamos en dinero y la missio in bona

debitoris, esta estableció el procedimiento universal con la designación de un

curador bonurum, para la venta de los bienes y el establecimiento de la

clasificación de los acreedores según su privilegio.


143

En algunas reglamentaciones o legislaciones, se requiere que el monto de

las deudas acceda a los bienes.

El concurso tiene efecto sobre la persona del deudor, de sus bienes y

respecto a terceros, las cuales se dan en cada una de las legislaciones por

diferentes, ya que esto dependerá del caso en concreto .

Por ejemplo el Código Procesal Civil de Costa Rica en su Artículo 737

señala:

Art. 737: A solicitud de cualquier acreedor que compruebe que existen dos o más ejecuciones pendientes contra su deudor, originadas en títulos de acreedores diferentes, la exigibilidad de su crédito con titulo ejecutivo y la insuficiencia de bienes de aquel, se decretara la apertura del concurso. Igual declaratoria se hará a solicitud del deudor quien deberá presentar un detalle de su activo y pasivo y expresar las razones que le impidan hacerlo.

2.2.2.2.- EL VOCABLO QUIEBRA EN EL DERECHO

INTERNACIONAL PRIVADO.

Según el Diccionario Jurídico de México, (1991, p. 2654) “Es un juicio

universal para liquidar y calificar la situación del comerciante quebrado.


144

Quebrar, cesar en el comercio por sobreseer en el pago corriente de las

obligaciones contraídas y no alcanzar el activo para cubrir el pasivo.

Desde un punto de vista procesal, la quiebra es un juicio universal que

tienen por objeto la liquidación del patrimonio del deudor común, para

distribuirlos entre los acreedores legítimos, en la proporción que le

corresponda y la rehabilitación del quebrado, en el caso que proceda.”

De esta manera, Sánchez de Bustamante, (1979, p. 432) comenta lo

siguiente:

Cuando un deudor, sea o no comerciante, no puede hacer frente a sus responsabilidades económicas, porque carece de los medios adecuados, al ocurrir uno o varios vencimientos o porque su activo es inferior a su pasivo y no logra llegar con dichos acreedores a una solución extrajudicial, ya que necesita acudir a los Tribunales pertinentes o bien para una simple suspensión temporal de pagos, para obtener de la mayoría una espera o quita, bien para que se proceda a una liquidación general de su haber y al pago en lo posible de sus deudas, utilizando los trámites judiciales que se conocen en todo derecho con los nombres de quiebra o de concurso.

Describe igualmente Caicedo (1967, p. 93) que en el Derecho

Internacional Privado se ha discutido mucho sobre esas situaciones y sin

perjuicio de hacer referencia a los diversos sistemas de la universalidad de la


145

quiebra y el concurso, ya que se deben afirmar que estas dificultades

económicas, ajenas del todo a cada acreedor, no deben modificar su

situación el orden del derecho, pareciendo necesario que conserve en esta la

misma situación legal, desde el punto de vista de sus garantías posibles,

antes y después de la declaratoria de quiebra o de concurso.

Ambas instituciones han pretendido darle un modo especial desde el

punto de vista del Juicio de Quiebra, en Europa el instituto de Derecho

Internacional y las Conferencias oficiales de La Haya y en América el Tratado

de Derecho Comercial Internacional en Montevideo y los Proyectos de

codificación posteriores.

La afirmación anterior demuestra que estas razones, se encuentra frente

a un Patrimonio Internacional Disperso, esto sucede cuando se encuentra

presente un Derecho Concursal, ya que, los bienes deben existir localizados

en distintos puntos Geográficos, igual que los créditos y pasivos se

encuentran en Países distintos a la casa matriz o sucursal.


146

2.2.3.- PERSONAS DE DERECHO CIVIL DOMICILIADAS EN EL

EXTRANJERO.

Según Boggiano (1993, p. 910) Las personas civiles domiciliadas en el

exterior que posean bienes existentes en cualquier país pueden ser

concursadas en él, respecto de tales bienes, aplicando las leyes de cada

legislación.

Por ejemplo en la Legislación de Costa Rica se aplican, las disposiciones

del Artículo 980 del Código Civil, el cual establece:

Art. 980: Los Bienes que existan en la República pertenecientes a una persona declarada en estado de quiebra o de concurso en otro País, pueden ser ejecutados y concursados por los acreedores residentes en Costa Rica, y únicamente lo que sobrare de los bienes después de concluido el concurso parcial o de satisfecho los ejecutantes corresponderá a la mas del concurso o quiebra pendiente en el extranjero.

2.2.4.- EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE QUIEBRA EN EL

EXTRANJERO.

La Quiebra declarada en País extranjero no debe producir efectos en

otros, porque reconocerlos sería ejecutar el auto extranjero declarativo de la

quiebra, así los acreedores deben ejercitar individual o independientemente

de sus derechos como si no hubiese sido declarada la quiebra.


147

Los síndicos nombrados en el extranjero no son reconocidos como tales,

sin que puedan invocarse contra ellos las reglas del estatuto personal, ni las

que se refieren a la forma de los actos, de lo contrario seria admitir la eficacia

de la Quiebra Extranjera toda.

Según la declaración de concurso en el extranjero esta es causal para la

apertura del proceso en cualquier país, de este modo, una declaración de

concurso oriunda de la jurisdicción del domicilio extranjero es causal de la

apertura del concurso en cualquier legislación.

De allí pues que Boggiano, (1980, p. 353), afirma que: “La declaración de

concurso en el extranjero, solo cabe reconocerle la eficacia causante de la

apertura en cualquier país”; tal es el caso de Argentina , que si tal declaración

no lo es respecto de una sociedad local de Argenti na.

En consecuencia de lo antes expuesto, afirma Romero del Prado (1961, p.

169) “Sabido es que por virtud del auto declarativo de la Quiebra, el fallido

queda separado e inhabilitado de la administración de todos los bienes,

incluso los que por cualquier título adquiriese mientras se halle en estado de

interdicción de la Quiebra, pudiendo solamente ejercer aquellas acciones que


148

tengan por objeto derechos inherentes a su persona o que sean meramente

conservatorias de sus bienes y derechos.

La declaración de quiebra, también suspende el ejercicio de las acciones

contra el fallido, pudiendo sólo intentarse o continuarse con el concurso, y

que hace exigibles todas las deudas del fallido, aunque no se hallen

vencidas, como que suspende el curso de los intereses de todo crédito

que no este garantizado como privilegio, prenda o hipoteca, etcétera.

Tales efectos, que son consecuencia de la declaración de quiebra, no

pueden obedecer sino a la ley del tribunal que la declara, es decir, la ley del

domicilio. En la quiebra plural, abriéndose tales juicios como lugares en que

haya bienes del deudor, los efectos de cada uno de ellos se limitan al país en

que se declara cada quiebra.

En este orden de ideas, la situación legal de esos Juicios y sus efectos

interiores e internacionales parten del auto que declara la quiebra o el

concurso o las otras medidas de índole análogas, como esa resolución

supone la competencia del Juez que la dicta y la petición, citación o

audiencia, el deudor interesado y la posibilidad de estar firme o ser


149

aún objeto del recurso, se comprende la necesidad de someterlo al

exequátur antes de que motive actos de ejecución de un país extranjero.

En consecuencia el Artículo 417 del Código de Derecho Internacional

Privado, establece que:

Art. 417: Que el auto de declaratoria de quiebra, o concurso dictado en uno de los estados contratantes, se ejecutara en los otros en los casos y formas establecidos en este código para las resoluciones judiciales; pero producirá, desde que esta quede firme y para las personas respecto de las cuales lo estuviere, los efectos de la cosa juzgada.

2.2.5.- LA UNIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL DERECHO DE

QUIEBRAS Y EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE QUIEBRAS.

En esta perspectiva afirma Boggiano (1993, p.949) que: “Existen

posibilidades sistemáticas de un futuro régimen Internacional Privado de

Quiebras, una de ellas es la adopción de un Derecho de Quiebras, tanto

procesal como sustancial, que sea uniforme por un grupo de estados

nacionales, mediante un Tratado Internacional unificador; lo difícil sería

caracterizar el supuesto de hecho que reglamenten las normas materiales.”


150

La estructura de estas normas sería directa o material. Por lo que señala

el Autor Kaller de Dorchansky (1984 p. 129) “Hay que reconocer la

insuficiencia del derecho uniforme de quiebra, caracteriza también la norma

que regula la quiebra extranacional como material.”

Pero se debe afirmar que la unificación internacional del derecho de

quiebras, no eliminaría toda eventualidad de conflictos que sólo podrían

ser resueltos por normas indirectas de Derecho Internacional Privado. Otra

manera de solución, radica en la Unificación Internacional del Derecho

Internacional Privado de Quiebras; es la metodología de los Tratados de

Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo de 1989 y 1940.

Para la quiebra internacional, se debe proclamar la unidad de derecho

aplicable, de preferencias y la pluralidad de masas de bienes locales; ya que

aquí es donde se encuentra el camino hacia la justa igualdad de los

acreedores en la quiebra internacional, esto sucede en el caso de que un

comerciante este en la quiebra de un deudor con obligaciones y patrimonio

internacionalmente dispersos.


151

2.3.- LA QUIEBRA EN LA LEGISLACIÓN DE MÉXICO.

Según Rodríguez Rodríguez (1960, p.305) La comunidad internacional

desarrolló en el seno de la Comisión para la Legislación sobre Comercio

Internacional de las Naciones Unidas, una Ley Modelo que busca dar

congruencia a los procedimientos de índole concursal entre los países. Esta

Ley fue negociada entre más de 40 países con los sistemas legales más

variados.

Una de las características más importantes de la Ley Modelo es que tiene

por objetivo propiciar una cooperación efectiva y acotada entre los

procedimientos concúrsales de las naciones. Mediante ordenamientos

comparables con todos los sistemas legales y que, por lo tanto, la hacen

fácilmente adaptable al marco jurídico de cada nación. Concretamente,

facilita la cooperación entre procedimientos legales que se llevan en una

nación y los que ocurren fuera de ella. De esta manera, el país que adopta la

Ley Modelo, además de reconocer la importancia de sus transacciones

transfronterizas, facilita el reconocimiento de un procedimiento extranjero y la

cooperación y coordinación entre los tribunales y los órganos de la quiebra

en distintos países.


152

Con base en las consideraciones anteriores la Comisión redactora

reconoció la necesidad de seguir avanzando en la modernización de

ordenamientos jurídicos que regulan la actividad comercial y financiera de

nuestro país, incorporando a la Iniciativa de Ley de Concursos Mercantiles de

México (Ver anexo No. 1) un capitulo de cooperación internacional de

procedimientos, para lo cual se realizaron las adecuaciones necesarias a la

Ley Modelo de la Comisión para la Legislación sobre Comercio Internacional

de las Naciones Unidas. Con ello, México se colocará a la vanguardia de los

esfuerzos de la comunidad internacional para modernizar su marco jurídico

en materia concursal en respuesta a los retos de la globalización.

Esto se debe a la urgencia de una nueva legislación en la materia, puesto

que la realidad social ha rebasado a la normatividad existente, cuando un

ordenamiento constituye un obstáculo para la solución de los problemas que

presenta la realidad socioeconómica que se pretende regular, la realidad se

impone y busca las soluciones aún al margen del derecho con grave

detrimento de la vida jurídica; se aprovechan y manipulan las disposiciones

que resultan inconvenientes a la solución de los problemas en muchos casos

con predominio del interés particular sobre el colectivo, y se ignoran y

desprecian las normas que impiden las soluciones.


153

La Quiebra en México, esta regulada por la Ley de Concursos

Mercantiles, la cual entró en vigencia el 08 de Mayo de 2001, esta

conformada por trece Títulos, lo cuales a su vez son divididos en Capítulos.

Dicha Legislación dedica el Título Sexto a la Quiebra, el cual esta

compuesto por II Capítulos.

Afirma Rodríguez (1960, p. 305), “La Quiebra no es un hecho, sino un

estado Jurídico, esta no existe hasta que este judicialmente declarada, la

quiebra descansa en un fenómeno jurídico económico que sólo tiene

relevancia jurídica cuando el Juez competente declara su existencia.”

En la Legislación de México, al igual que la legislación Venezolana

contempla, según Ontiveros (1994, p.331), que “Todo comerciante que cese

de hacer sus pagos se halla en estado de quiebra. Se puede declarar la

quiebra del comerciante retirado del comercio, siempre que no halla pasado

5 años de ese acontecimiento, y que la suspensión de pagos halla tenido

lugar mientras ejercía el comercio o en el año próximo siguiente”. El

ordenamiento en vigor, reconoce que la quiebra es un fenómeno económico.


154

El Juez, al admitir una demanda de concurso deberá solicitar al Instituto

Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles el nombramiento de un

visitador y posteriormente ordenar la visita al comerciante. La finalidad de la

visita es doble, por un lado proporciona al juez la evidencia especializada que

necesita para tomar su determinación, acerca de si el comerciante se

encuentra en los supuestos del incumplimiento generalizado de pagos y, en

su caso sugerir al juez la adopción de las medidas provisionales necesarias

para la preservación de la empresa y de los bienes de la masa.

De acuerdo a las afirmaciones de Fierro (1989, p. 910), este es un

procedimiento escrito y rápido, en el cual el comerciante tendrá la

oportunidad de demostrar que tiene la liquidez necesaria para hacer frente a

las obligaciones que este adquirió frente a sus Acreedores.

La sentencia de Quiebra es apelable. De manera semejante a la

legislación vigente, se prevé un proceso completo de conocimiento durante la

apelación y la posibilidad de que se resarza al comerciante de los daños y

perjuicios que se le ocasionen con una declaración de Quiebra, la cual es

producto de una demanda formulada con negligencia o con la mala fe.


155

Uno de los componentes más importantes , es el relativo a las medidas de

prevención de la quiebra. Lo cual de una u otra manera ayuda al País

Mexicano a fortalecer su economía.

La ley vigente contempla dos figuras concúrsales: la suspensión de pagos

y la quiebra. La suspensión de pagos fue concebida como un beneficio para

el comerciante fallido al constituir un medio para prevenir su posible quiebra.

En la práctica, el comerciante cuya declaración de quiebra ha sido

demandada por alguno de sus acreedores, independientemente de que obre

de buena o mala fe o de que se encuentre en los supuestos para la

declaración de quiebra, se acoge al beneficio de la suspensión de pagos,

debiendo los jueces concederla en un breve plazo. Además, aunque el

ordenamiento en vigor también señala claramente los requisitos que debe

satisfacer la declaración de quiebra de un comerciante, ello no lo impide que

pueda gozar de algún beneficio.

Esto explica por qué el número de juicios de suspensión de pagos y de

quiebra es relativamente reducido y también porqué la mayoría de dichos

juicios terminan en su paralización.

Así pues, la suspensión de pagos en ocasiones ha sido utilizada por

comerciantes poco escrupulosos, como un medio de aplazar indefinidamente


156

la declaración de quiebra, y continuar manejando su negociación, aún en

casos de flagrante insolvencia. Más aún en la suspensión de pagos un

comerciante adquiere un excesivo poder de negociación frente a sus

acreedores, pues se suspende el pago de sus créditos y demás obligaciones.

De ahí que algunos comerciantes, incluso aquellos con capacidad de pago y

acreditada solvencia tengan un fuerte incentivo para solicitar su suspensión

de pagos justamente como un mecanismo para evitar el cumplimiento de sus

obligaciones laborales y fiscales, con sus proveedores y de aquél de

cualquier otra índole.

En la Legislación Mexicana existen dos etapas: la conciliación y la

quiebra. La finalidad de la conciliación es maximizar el valor social de la

empresa fallida mediante un convenio entre el Comerciante y sus

acreedores. Por su parte, la finalidad de la quiebra es que, cuando no sea

posible alcanzar un arreglo durante la etapa de conciliación, se preserve el

valor de la empresa mediante su liquidación ordenada para que del producto

de ésta se proceda al reparto correspondiente entre el Comerciante y sus

acreedores.

En consecuencia, debe señalarse que en la etapa de conciliación opera

ipso facto e ipso jure solamente por la voluntad del empresario mercantil,

pero limitada a un plazo fatal de seis meses, y con la posibilidad de una sola


157

aplicación con un máximo de otros tres meses, que podrá concederla el juez

cuando en ello consientan el Comerciante y una mayoría de sus acreedores,

esta primera etapa del concurso mercantil permitirá dilucidar en un plazo

razonable pero perentorio, si la empresa podrá seguir operando en manos de

sus dueños mediante un acuerdo con sus acreedores. De no lograse esto al

vencer el plazo indicado y en su caso, la prórroga que se hubiere concedido,

se procede entonces a la declaración de quiebra del comerciante.

El carácter perentorio que se da a la etapa de conciliación, tiene como

propósito generar un poderoso incentivo para que las partes en conflicto con

la asistencia de un conciliador imparcial que actuará como amigable

componedor entre ellas, procuren por todos los medios a su alcance

subsanar sus diferencias so pena de enfrentar mayores quebrantos de no

poder preservarse la marcha de la empresa en las manos de sus dueños

originales.

Resulta, entonces indispensable el procedimiento, para prevenir la

quiebra termine en un plazo breve y que se estructure de modo que por su

simplicidad pueda marchar con rapidez y economía.

Al proponerse tal conciliación, como otro derecho que le ofrece el País, a

favor de los empresarios mercantiles que enfrentan problemas económicos o


158

financieros, a fin de que dispongan de un período dentro del cual mantendrán

la administración del negocio y ningún crédito les podrá ser exigido. La

presencia de un conciliador profesional e independiente y las disposiciones

que favorecen la generación y difusión de información relevante, propiciarán

mejores condiciones para un acuerdo.

De esta manera, con la etapa de conciliación se instituye obligatoriamente

una nueva figura de suspensión de pagos, pero temporalmente acotada, con

el propósito de proporcionar al comerciante y todos sus acreedores un

espacio para que puedan subsanar sus diferencias mediante la celebración

de un convenio. Con estas características, la etapa de conciliación contribuirá

a dotar de mayor transparencia, certidumbre y predicibilidad al procedimiento

concursal y a adecuar los incentivos entre los propios acreedores, y entre

estos últimos y el comerciante. Se espera, entonces, que la conciliación

sustituya ventajosamente a la actual suspensión de pagos.

Durante la etapa de conciliación, como un beneficio para el comerciante,

se le permite mantener la administración de su empresa. Sin embargo, para

la protección de la empresa y de sus acreedores, se prevé que el conciliador

vigile las operaciones del comerciante y que apruebe todas aquellas que

excedan de la marcha ordinaria de la negociación.


159

En consecuencia el Artículo 145 y 162 de la Ley de Concursos

Mercantiles de México, establece que:

Art. 145.- La etapa de conciliación tendrá una duración de ciento ochenta y cinco días naturales, contados a partir del día en que se haga la última publicación en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia de concurso mercantil.

El conciliador o los Acreedores Reconocidos que representen por lo menos las dos terceras partes del monto total de los créditos reconocidos, podrán solicitar al juez una prórroga de hasta noventa días naturales contados a partir de la fecha en que concluya el plazo señalado en el párrafo anterior, cuando consideren que la celebración de un convenio esté próxima a ocurrir.

El Comerciante y el noventa por ciento de los Acreedores Reconocidos podrán solicitar al Juez una ampliación de hasta por noventa días más de la prórroga a que se refiere el párrafo anterior.

En ningún caso el plazo de la etapa de conciliación y su prórroga podrá exceder de trescientos sesenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese realizado la última publicación de la sentencia de concurso mercantil en el Diario Oficial de la Federación.

Art. 162.- El juez al día siguiente de que le sea presentado el convenio y su resumen para su aprobación, deberá ponerlos a la vista de los Acreedores Reconocidos por el término de cinco días, a fin de que, en su caso:

I. Presenten las objeciones que consideren pertinentes, respecto de la autenticidad de la expresión de su consentimiento, y


160

II. Se ejerza el derecho de veto a que se refiere el artículo siguiente.

A lo largo del período de conciliación, se impide la separación de los

bienes que sean objeto de alguna garantía pero se establece la obligación al

comerciante y al conciliador de vigilar su debida conservación. Terminada la

conciliación, los acreedores con garantía real y con privilegio especial

recuperan la facultad de proceder a la ejecución de sus garantías, salvo que

hubieren convenido en ser partes en el convenio o se le paguen sus créditos

hasta el valor de los bienes objeto de la garantía o privilegio.

Finalmente en caso de que se llegara a la etapa de quiebra el

comerciante será desapoderado de sus bienes y derechos, debiendo el

instituto designar a un síndico quien procederá a la ocupación de los bienes

del quebrado y tendrá como mandato proceder a la enajenación de la masa.

Por consiguiente el Artículo 167 de la Ley de Concursos Mercantiles de

México, establece quienes pueden ser declarados en Quiebra de la siguiente

manera:

Art. 167.- El Comerciante en concurso mercantil será declarado en estado de quiebra cuando:

I. El propio Comerciante así lo solicite;


161

II. Transcurra el término para la conciliación y sus prórrogas si se hubieren concedido, sin que se someta al juez, para su aprobación, un convenio en términos de lo previsto en esta Ley, o;

III. El conciliador solicite la declaración de quiebra y el juez la conceda en los términos previstos en el artículo 150 de esta Ley.

En cuanto al mecanismo de liquidación judicial de los bienes del

quebrado, hipótesis que se dará cuando sólo haya sido materialmente

imposible rehabilitar la empresa, al igual que la conciliación la quiebra tiene

como objetivo preservar el valor de la empresa para repartirlo, conforme a

sus respectivos derechos, entre el comerciante y los diferentes tipos de

acreedores.

El régimen penal de las quiebras se muestra poco eficaz y raras veces

llegan a aplicarse las sanciones previstas para los casos de quiebra culpable

o fraudulenta; sin contar con los casos de los quebrados que se sustraen a la

acción de la justicia mediante la fuga. Ello se debe en gran parte a que los

tribunales han considerado necesario para incoar el proceso penal, el que se

haya agotado los medios de impugnación en contra de la sentencia

declarativa de la quiebra. Se elimina sin embargo, la necesidad de

clasificación, por el juzgador de concurso.


162

Explica Garrigues (1983, p. 448) “Es imposible enumerar

exhaustivamente las múltiples y diversas conductas mediante las cuales el

deudor comerciante puede lograr su finalidad de burlar a sus acreedores. La

Iniciativa busca englobarlas a todas, y no dejar impune a ninguna, mediante

un tipo que se refiere, genéricamente, a toda conducta dolosa que cause o

agrave la situación de incumplimiento generalizado de las obligaciones

líquidas y exigibles. En esa definición quedan comprendidos todas las

ocultaciones, simulaciones, falsificaciones y engaños que pueda realizar el

deudor comerciante.

La Iniciativa instruye al juez para que, al individualizar la pena, entre el

mínimo de un año de prisión y el máximo de cinco años tenga en cuenta la

cuantía del perjuicio inferido a los acreedores y el número de éstos.

La misma iniciativa se preocupa, en primer lugar, por motivar al deudor

para que dé cumplimiento a sus obligaciones, por esta razón, propone que

los delitos en situación de concurso se persigan por querella del acreedor, a

fin de abrir la puerta al perdón del ofendido.

No pesa responsabilidad penal, desde luego, sobre el comerciante a

quien sobrevinieren infortunios que, sin intervención de su voluntad,

reduzcan su capital al extremo de tener que incumplir en sus pagos.


163

Pero si se sanciona al comerciante contra el cual se siga un

procedimiento concursal, en dos hipótesis: cuando haya llevado su

contabilidad en forma que no permita conocer su verdadera situación

financiera o la haya alterado, falsificado o destruido, o cuando requerido por

el juez del procedimiento concursal, no ponga su contabilidad, dentro del

plazo que para ello se le considere, a disposición de la persona que el juez

designe.

Durante las últimas dos décadas, la economía nacional se ha

caracterizado por su inserción creciente a los flujos internacionales de

comercio y de capitales. Las empresas Mexicanas han acrecentado

significativamente su participación en el comercio exterior, se han

beneficiado de las fuentes de financiamiento que les proporciona su acceso a

los mercados internacionales de capitales y cada vez un mayor número de

ellas se aventura a extender sus operaciones a otras latitudes.

Asimismo, ocurre con las empresas extranjeras que han visto en el país

un clima propicio para ampliar sus oportunidades comerciales y de inversión,

no lo hagan. No debe sorprender entonces, que en este contexto de

globalización las dificultades económicas y financieras por la que pudiera

atravesar una negociación tengan una incidencia no sólo sobre aquellos que


164

comparten su ubicación geográfica sino también sobre aquellas que están

localizadas en otras partes del mundo.

En virtud de lo anterior, las diferencias en los procedimientos concúrsales

de las naciones afectan de manera importante a las empresas que tienen

activos y pasivos en varios países. Desde una perspectiva práctica, esa

diversidad propicia una mayor incertidumbre tanto para el empresario en

crisis como para sus acreedores y por lo tanto actúa en detrimento de una

aplicación efectiva de la legislación concursal especialmente en naciones

como la Mexicana, donde es cada vez más frecuente que las operaciones de

las empresas trasciendan las fronteras nacionales.

La sentencia de quiebra de México, debe contener los requisitos

establecidos en los Artículos 169, 170 y 175 de la Ley de Concursos

Mercantiles de México, los cuales contemplan lo siguiente:

Art. 169.- La sentencia de declaración de quiebra deberá contener:

I. La declaración de que se suspende la capacidad de ejercicio del Comerciante sobre los bienes y derechos que integran la Masa, salvo que esta suspensión se haya decretado con anterioridad;

II. La orden al Comerciante, sus administradores, gerentes y dependientes de entregar al síndico la posesión y administración de los bienes y derechos que


165

integran la Masa, con excepción de los inalienables, inembargables e imprescriptibles;

III. La orden a las personas que tengan en su posesión bienes del Comerciante, salvo los que estén afectos a ejecución de una sentencia ejecutoria para el cumplimiento de obligaciones anteriores al concurso mercantil, de entregarlos al síndico;

IV. La prohibición a los deudores del Comerciante de pagarle o entregarle bienes sin autorización del síndico, con apercibimiento de doble pago en caso de desobediencia, y

V. La orden al Instituto para que designe al conciliador como síndico, en un plazo de cinco días, o en caso contrario designe síndico; entre tanto, quien se encuentre a cargo de la administración de la empresa del Comerciante tendrá las obligaciones de los depositarios respecto de los bienes y derechos que integran la Masa.

La sentencia de quiebra deberá contener, además de las menciones a que se refiere este artículo, las señaladas en las fracciones I, II y XV del artículo 43 de esta Ley.

Art. 170.- Al momento de declararse la quiebra el juez ordenará al Instituto que, en un plazo de cinco días ratifique al conciliador como síndico o, en caso contrario y de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita, lo designe, salvo que ya se esté en alguna de las situaciones previstas en el artículo 174.

Al día siguiente de la designación del síndico, el Instituto lo hará del conocimiento del juez. El síndico deberá comunicar al juez, dentro de los cinco días siguientes a su designación, el nombre de las personas de las que se auxiliará para el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de que desde su designación inicie inmediatamente su encargo.


166

Art. 175.- La sentencia de quiebra será apelable por el Comerciante, cualquier Acreedor Reconocido, así como por el conciliador en los mismos términos que la sentencia de concurso mercantil. Cuando el Comerciante apele la sentencia y ésta se haya dictado por los supuestos de las fracciones I y III del artículo 167, se admitirá en ambos efectos; en los demás casos, la apelación se admitirá en el efecto devolutivo.

Por último, es conveniente anotar que dicha sentencia tendrá los

siguientes efectos:

1.- La sentencia que declare la quiebra implicará la remoción de plano, sin

necesidad de mandamiento judicial adicional, del Comerciante en la

administración de su empresa, en la que será sustituido por el síndico.

Para el desempeño de sus funciones y sujeto a lo previsto en la Ley de

Concursos Mercantiles , el síndico contará con las más amplias facultades de

dominio que en derecho procedan.

2.- El Comerciante conservará la disposición y la administración de aquellos

bienes y derechos de su propiedad que sean legalmente inalienables,

inembargables e imprescriptibles.


167

3.- El síndico, al entrar en posesión de los bienes que integran la empresa

del Comerciante, tomará inmediatamente las medidas necesarias para su

seguridad y conservación.

4.- Los pagos realizados al Comerciante con posterioridad a la declaración

de quiebra, con conocimiento de que se había declarado la quiebra, no

producirán efecto liberatorio. Si el pago se hizo con posterioridad a la última

publicación de la declaración de quiebra en el Diario Oficial de la Federación,

o si la persona que pagó se había apersonado en el expediente del concurso

mercantil, se presumirá sin que se admita prueba en contrario, que el pago

se hizo con conocimiento de la declaración de quiebra.

5.- Para efectos de la Ley de Concursos Mercantiles, se presumirá que toda

la correspondencia que llega al domicilio de la empresa del Comerciante es

relativa a las operaciones de la misma por lo que el síndico, o en su caso el

conciliador, una vez que esté a cargo de la administración, podrá recibirla y

abrirla sin que para ello se requiera la presencia o autorización expresa del

Comerciante.

6.- Declarada la quiebra, aún cuando no se hubiere concluido el

reconocimiento de créditos, el síndico procederá a la enajenación de los


168

bienes y derechos que integran la Masa, procurando obtener el mayor

producto posible por su enajenación.

2.4.- LA QUIEBRA EN LA LEGISLACIÓN DE ARGENTINA.

En este sentido afirma Villafuerte (2000, p. 46) que uno de los objetivos de

la reforma concursal estuvo dado por el acontecimiento por el cual dicho País

en la actualidad pasa, (Ver anexo No. 2)debido a la economía critica que la

Ciudad tiene, por lo que se ha sancionado la Ley No. 24.522 del 07 de

Agosto de 1995, la cual se denomina “Ley de Concursos y Quiebras”. (Ver

anexo No. 3)

A fin de conceder a éstos últimos un mayor protagonismo en el proceso

concursal y no quedar circunscrito a votar solamente en la junta de

acreedores, se ha incorporado la figura del Comité de Acreedores.

En consecuencia el órgano del Estado responsable de intervenir o Juez

competente, le corresponde intervenir en los concursos al juez con

competencia ordinaria, de acuerdo a las siguientes reglas (Artículo 3 de la

Ley de Concursos y Quiebras):


169

1) Si se trata de personas de existencia visible, al del lugar de la sede de la

administración de sus negocios; a falta de éste, al del lugar del domicilio.

2) Si el deudor tuviere varias administraciones es competente el juez del

lugar de la sede de la administración del establecimiento principal; si no

pudiere determinarse esta calidad, lo es el juez que hubiere prevenido.

3) En caso de concurso de personas de existencia ideal de carácter privado

regularmente constituidas, y las sociedades en que el Estado Nacional,

Provincial o Municipal sea parte con las exclusiones previstas en el artículo

2º, entiende el juez del lugar del domicilio.

4) En el caso de sociedades no constituidas regularmente, entiende el juez

del lugar de la sede; en su defecto, el del lugar del establecimiento o

explotación principal.

5) Tratándose de deudores domiciliados en el exterior, el juez del lugar de la

administración en el país; a falta de éste, entiende el del lugar del

establecimiento, explotación o actividad principal, según el caso.

Los concursos declarados en el extranjero , se rigen por la disposición del

Artículo 4 de la Ley de Concursos y Quiebras de Argentina, el cual describe

que la declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura del


170

concurso en el país, a pedido del deudor o del acreedor cuyo crédito

debe hacerse efectivo en la República Argentina. Sin perjuicio de lo

dispuesto en los tratados internacionales, el concurso en el extranjero, no

puede ser invocado contra los acreedores cuyos créditos deban ser pagados

en la República Argentina, para disputarles derechos que éstos pretenden

sobre los bienes existentes en el territorio ni para anular los actos que hayan

celebrado con el concursado.

El agrupamiento de los acreedores en clases es exigido para poder

efectuar propuestas de acuerdo preventivo diferentes según dichas clases.

La categorización deberá contener, como mínimo el agrupamiento de los

acreedores en tres categorías: Quirografarios, Quirografarios laborales y

Privilegiados.

La noción de clase (de acreedores), en este contexto legal, no alude a la

graduación de los respectivos créditos solamente. También se pueden

considerar, a los efectos clasificatorios: los montos de verificación o

admisibilidad (créditos inferiores o superiores a tal o cual cifra); la naturaleza

de las prestaciones correspondientes (créditos dinerarios o no dinerarios en

su origen, o también, créditos en moneda de curso legal o en moneda

extranjera, etc.), y cualquier otro elemento razonable de agrupación (créditos

de origen financiero y créditos de origen comercial; créditos corrientes a la


171

fecha de presentación concursal y créditos que a igual fecha hubieran sido

exigibles a largo plazo, etcétera).

La propuesta de clasificación la debe hacer el concursado y tiende a

facilitar la solución preventiva, adecuando el arreglo con los acreedores a las

necesidades y posibilidades de las diferentes clases de éstos.

No pueden mezclarse, dentro de la misma clase, acreedores de diferente

graduación (algunos quirografarios con algunos privilegiados, en una clase, y

otros quirografarios con diferentes privilegiados, en otra). Sí es posible, en

cambio, la agrupación de diferentes quirogra farios conforme a un criterio de

clasificación homogéneo para formar las respectivas -y diferenciadas- clases

de quirografarios.

También es posible agrupar diferentes categorías y clases de

privilegiados, conforme a su naturaleza u origen común, ya que esto sería

perfectamente razonable (una clase de acreedores privilegiados especiales

laborales, otra clase de acreedores privilegiados generales fiscales, otra

clase integrada por acreedores con derechos reales de garantía sobre ciertos

bienes del concursado, etcétera).

Las tres categorías como mínimo deben entenderse exigibles sólo en

caso de existencia de propuestas diferenciadas, y cuando hubieran, además,


172

propuestas que comprendan a acreedores privilegiados. No debe olvidarse

que en el sistema legal la propuesta para acreedores privilegiados sigue

siendo opcional, y que la clasificación es un beneficio ofrecido al deudor en

pro de facilitarle la solución preventiva. Nada obstaría, entonces, a que si no

existen créditos quirografarios laborales y el concursado no propone acuerdo

a los acreedores privilegiados, se formule una sola propuesta de acuerdo

preventivo idéntica para todos los acreedores comunes, lo que haría

innecesaria la clasificación de éstos.

Afirma Villafuerte (2000, p. 87) que los integrantes varían según el comité

que se conforme, en función de la oportunidad procesal. Los " tipos " de

comité son:

- EL PROVISORIO: Es de constitución obligatoria - tiene funciones de tipo

informativas y de consejo, el mismo es integrado mínimamente por los tres

acreedores de mayor monto y tiene previsto su reemplazo para el tiempo en

que se constituya el comité definitivo.

- EL DEFINITIVO: Controla el cumplimiento del acuerdo preventivo por parte

del deudor y la liquidación en la quiebra, entendiendo en este caso, que el

control lo ejercerá también sobre el síndico actuante en el proceso.

Evidentemente la nueva ley trata de darle a los acreedores una participación


173

fundamentalmente activa en el proceso concursal, ya que se considera que

son una pieza fundamental en el proceso de crisis empresarial.

Se entiende que tienen un interés especial en el proceso por tratarse del

cobro de sus créditos de manera que todos los acreedores puedan estar

representados de alguna manera, para ejercer el control en la etapa del

cumplimiento de la propuesta de acuerdo preventivo y en la etapa de

liquidación.

De allí pues, la Ley de Concursos y Quiebras de Argentina a lo largo de

su articulado prevé la conformación de distintos tipos de comités según la

oportunidad procesal a saber:

1) COMITÉ PROVISORIO INICIAL: El deudor, al solicitar la apertura del

concurso preventivo, acompaña una nómina de los acreedores

indicando sus domicilios, montos de los créditos, causas,

vencimientos, codeudores, fiadores, o terceros obligados o

responsables o privilegios. Asimismo, debe acompañar un legajo por

cada acreedor, en el cual conste copia de la documentación

sustentatoria de la deuda denunciada, con dictamen de contador

público sobre la correspondencia existente entre la denuncia del

deudor y sus registros contables o documentación existente.


174

El legislador pretende así evitar la aparición de créditos espurios con los

que el deudor inescrupuloso pueda digitar el concurso en desmedro de los

legítimos acreedores insatisfechos. Incluso la Ley determina que el dictamen

del contador no sólo establezca la correspondencia de tales elementos con

los registros contables o documentación disponibles, sino que, además,

determina la existencia o no de otros acreedores que pueden efectuar

reclamos contra el deudor.

En la resolución judicial de apertura de concurso preventivo el Juez

deberá constituir un comité provisorio de acreedores, integrado por los tres

acreedores quirografarios de mayor monto denunciado por el deudor (Art. 14

inc. 11 de la Ley de Concursos y Quiebras de Argentina, el cual describe

que: “La constitución de un comité provisorio de acreedores, integrado por

los tres acreedores quirografarios de mayor monto, denunciados por el

deudor.” )

La creación de este comité debe constituirse en todos los concursos,

salvo en aquellos que puedan reputarse pequeños. La ley escoge a sus tres

integrantes en función a la cuantía de los créditos denunciados por el deudor

en el momento de su presentación, no conociendo aún la legitimidad de cada

uno de ellos.


175

2) COMITÉ PROVISORIO: El comité provisorio es un órgano informativo,

de consejo y de control, que reemplaza al comité provisorio inicial y a

partir de aquí la tramitación del concurso hasta que el deudor logre la

conformidad de su propuesta de acuerdo queda en manos de este

órgano y una vez homologado el acuerdo se designa al comité

definitivo.

Esta conformado por un acreedor - mínimamente - por cada categoría. La

cantidad no se conoce hasta la pronunciación del juez. Necesariamente debe

estar incorporado el acreedor de mayor monto de cada una de dichas

categorías, cuestión que claramente tiene en cuenta la cuantía del crédito.

Este segundo comité tiene una vida efímera, atento a que dura desde el

momento en que asumen los integrantes en sus funciones, hasta la

homologación del concordato preventivo o el inicio del cramdown . (Pospone

la declaración de Quiebra del deudor, vencido el período de exclusividad,

permitiendo que terceros o acreedores obtengan un acuerdo preventivo,

asumiendo los pasivos de la empresa, y comprando la misma en marcha,

tomando a su vez el riesgo empresario.)


176

Los elementos que debe reunir un individuo necesariamente para ejercer

eficazmente el control son: independencia, idoneidad, capacidad, formación y

objetividad.

Dichas características deben tener todos - o al menos algunos de ellos -

los integrantes del comité de acreedores. Sería prudente para cumplir con la

tarea encomendada a los miembros del comité, y el asesoramiento de

profesionales expertos en la materia.

Es de destacar que en ocasiones, el magistrado ha resuelto mantener el

comité provisorio inicial en la etapa en la que debería haberse constituido el

provisorio del Artículo 42 de la Ley de Concursos y Quiebras de Argentina

sin proceder al nombramiento de los nuevos integrantes.

3) COMITÉ DEFINITIVO: Plazo y mayorías para la obtención del

acuerdo para acreedores quirografarios.

Para obtener la aprobación de la propuesta de acuerdo preventivo, el

deudor deberá acompañar al juzgado, hasta el día del vencimiento del

período de exclusividad, el texto de la propuesta con la conformidad

acreditada por declaración escrita con firma certificada por ante escribano


177

público, autoridad judicial, o administrativa en el caso de entes públicos

nacionales, provinciales o municipales, de la mayoría absoluta de los

acreedores, dentro de todas y cada una de las categorías, que representen

las dos terceras partes del capital computable dentro de cada categoría. Sólo

resultarán válidas y computables las conformidades que lleven fecha

posterior a la última propuesta o su última modificación presentada por el

deudor en el expediente.

La mayoría de capital dentro de cada categoría se cómputa teniendo en

consideración la suma total de los siguientes créditos:

a) Quirografarios verificados y declarados admisibles comprendidos en la

categoría;

b) Privilegiados cuyos titulares hayan renunciado al privilegio y que se hayan

incorporado a esa categoría de quirografarios;

c) El acreedor admitido como quirografario, por habérsele rechazado el

privilegio invocado, será excluido de integrar la categoría, a los efectos del

cómputo, si hubiese promovido incidente de revisión.


178

Se excluye del cómputo a los efectos de obtener las dobles mayorías al

cónyuge del deudor, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y

segundo de afinidad y adoptivos.

No obstante no se ha excluido de ningún comité a dichas personas,

cuestión que trae aparejada la pérdida de objetividad para cumplir

eficientemente con la tarea encomendada desvirtuando asimismo el sentido

de la ley.

El deudor deberá acompañar al juzgado el texto de la propuesta - o las

propuestas para cada categoría si existieren - y las conformidades

acreditadas con las formalidades que exige la ley.

Asimismo, deberá acompañar también inexcusablemente como parte

integrante de la propuesta un régimen de administración, de limitación a

actos de disposición y, "la composición de un comité de acreedores que

actuará como vigilador del acuerdo".

Dicho comité es el Comité Definitivo, que actuará como contralor del

acuerdo en la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo, y de la

liquidación en la quiebra. Este deberá estar conformado por acreedores que

representen la mayoría del capital.


179

4) EL COMITÉ DEFINITIVO EN LA QUIEBRA: Para el caso de quiebra

directa e indirecta (1) excepto por nulidad e incumplimiento - no existe

una diversidad de comités sino uno sólo que debe promover el

síndico.

En quiebra indirecta ocasionada por incumplimiento o nulidad del acuerdo

preventivo continúa el comité definitivo del concurso preventivo que vigilaba

el cumplimiento de dicho acuerdo.

En el resto de las quiebras indirectas se crea un comité de acreedores

que actuará como controlador de la etapa liquidatoria. A tal efecto el Síndico

cursará comunicación escrita a los acreedores verificados y declarados

admisibles con el objeto que, por mayoría de capital designen los integrantes

del comité.

Este comité, no tiene límites en cuanto al número de acreedores que

puedan participar del mismo y el único requisito es que esté avalado por los

acreedores que representen la mayoría de capital.

Afortunadamente la ley no exige al síndico que logre la constitución del

mismo sino que la promueva, pues no hay certeza de que se logre entre los

acreedores un acuerdo o que estén dispuestos a integrar el órgano. La

promoción podría consistir - por ejemplo - en el envío de cartas a los


180

acreedores invitando a votar a los miembros que posteriormente controlarán

la liquidación.

El punto básico es que si a nadie le interesa, o nadie quiere integrarlo, no

se los puede obligar, pues no tendría en principio el carácter de carga

pública.

Cabe considerar por otra parte, que en la Legislación de Argentina se

habla de Pequeños concursos y quiebras; por lo que se consideran

pequeños concursos y quiebras aquellos en los cuales se presente, en forma

indistinta, cualquiera de estas circunstancias:

• Que el pasivo denunciado no alcance la suma de cien mil pesos

($100.000)

• Que el proceso no presente más de veinte (20) acreedores

quirografarios.

• Que el deudor no posea más de veinte (20) trabajadores en relación

de dependencia.

Las únicas normas particulares de los pequeños concursos y quiebras,

diferenciadoras del régimen aplicable a los restantes concursos (grandes),

son las siguientes:


181

• La presentación en concurso preventivo es más simple (y más barata),

al no ser obligatorios los dictámenes de contador.

• Los diversos comités de acreedores, tampoco son imperativos; su

constitución se torna optativa.

• No es aplicable el período de salvataje o de propuestas de acuerdo

preventivo por terceros.

• El síndico no cesa al homologarse el acuerdo preventivo continuando

en funciones para vigilar el cumplimiento de dicho acuerdo, salvo que

los acreedores hubiesen designado un comité de controladores a esos

fines.

• Si el síndico continúa como controlador del acuerdo, se contempla la

remuneración de su actuación, por esta etapa, con el 1% de lo que se

hubiese pagado efectivamente a los acreedores incluidos en el

acuerdo vigilado por aquél. Esta regulación se practica al dictarse la

resolución judicial de cumplimiento del acuerdo.

En el caso de pequeños concursos, el Artículo 289 dice que en dichos

procesos no es necesaria la constitución de ninguno de los órganos antes

descritos.


182

Ello implica dejar a los acreedores la libre intervención para participar

controlando el cumplimiento del acuerdo, en caso contrario, asumiría el

síndico tal función.

La misma ley otorga al pequeño concurso la posibilidad de no constituir el

comité y suplantarlo por otro funcionario concursal, en este caso el síndico.

Respecto de lo excede a dicho instituto los procesos concursales,

deberían tener obligatoriamente el órgano de información y/o control, según

el caso.

§ DEBERES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ.

Tanto el comité provisorio (ambos) como el definitivo, tienen amplias

facultades de información y consejo.

§ ESTAS FACULTADES SON:

• Puede requerir información al síndico y al concursado,

• Exigir la exhibición de libros; registros legales y contables;


183

Afirma Satta (1951, p. 87) Se sabe que en materia de libros y registros

contables, se aplican las normas del Código de Comercio Artículos 44 en

adelante, en los cuales se establecen los libros que debe llevar una

sociedad, cómo deben ser llevados; normas que no todo empresario conoce

y/o sabe interpretar. En estas circunstancias sería necesario el

asesoramiento de un Contador Público.

• Proponer planes de custodia y conservación del patrimonio del

concursado;

• Solicitar audiencias ante el Juez interviniente, y cuanta otra medida

considere conveniente en la etapa procesal de su actuación.

En la etapa de liquidación en la quiebra el comité puede:

• Proponer medidas, sugerir a quién debe designarse para efectuar la

enajenación de los activos o parte de ellos, fundando su proposición

en razones de conveniencia para la mejor realización de los bienes;

• Exigir información a los funcionarios del concurso

• Solicitar audiencias al juez interviniente

• Disponer cualquier otra medida que considere conveniente en la etapa

procesal de su actuación.


184

Otras incumbencias del Comité de Acreedores:

• Puede contratar profesionales abogados, contadores, auditores,

evaluadores, estimadores, tasadores y cualquier otro que considere

conveniente, para que lo asista en su tarea con cargo a los gastos del

concurso.

• Informar de su gestión a los acreedores con la periodicidad que se

indique en el acuerdo, la que no deberá ser inferior a los cuatro

meses, y mensualmente en la quiebra.

• Deber de constituir domicilio en el expediente.

• Opinar (comité provisorio) en los casos en que el deudor solicite

autorización para realizar actos que exceden del giro normal. La

autorización del juez al concursado para realizar ciertos actos se

tramita con audiencia del síndico y del comité de acreedores.

• Deber de opinar acerca de la inhibición del concursado.

La ley igualmente impone la determinación definitiva del comité de

acreedores debiendo el mismo expedirse sobre el régimen especifico de

administración y limitaciones que debe soportar el deudor con motivo de la

homologación habida cuenta de la desaparición de las actividades sindicales.


185

• RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ.

No existe norma legal que obligue a los acreedores a aceptar el cargo;

algunos comités no podrían funcionar si sus integrantes no aceptan

desempeñarse en ellos. Resoluciones de primera instancia indica en algunos

casos que los miembros deben aceptar el cargo para comenzar a funcionar

mientras que en otros casos no se exige tal requisito. Fassi y Gebhardt

concluyen que «... en ese caso el juez debe hacer uso de sus facultades y,

como alternativa, dar mayores facultades al síndico, confiándole la tarea que,

en principio, la ley concibió a cargo del comité, supuestamente inoperante».

Los miembros son sometidos a las exigencias del resto del comité y a las

pretensiones de los mismos. Es un órgano del concurso.

La sentencia que declare la quiebra en Argentina debe contener los

requisitos establecidos en los Artículos 88 y 89 de la Ley de Concursos y

Quiebras; los cuales establecen que:

Art. 88: Contenido. La sentencia que declare la quiebra debe contener:

1) Individualización del fallido y, en caso de sociedad, la de los socios ilimitadamente responsables.

2) Orden de anotar la quiebra y la inhibición general de bienes en los registros correspondientes.


186

3) Orden al fallido y a terceros para que entreguen al síndico los bienes de aquél.

4) Intimación al deudor para que cumpla los requisitos a los que se refiere el artículo 86 si no lo hubiera efectuado hasta entonces y para que entregue al síndico dentro de las veinticuatro (24) horas los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad.

5) La prohibición de hacer pagos al fallido, los que serán ineficaces.

6) Orden de interceptar la correspondencia y de entregarla al síndico.

7) Intimación al fallido o administradores de la sociedad concursada, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas constituyan domicilio procesal en el lugar de tramitación del juicio, con apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado.

8) Orden de efectuar las comunicaciones necesarias para asegurar el cumplimiento del artículo 103.

9) Orden de realización de los bienes del deudor y la designación de quien efectuará las enajenaciones.

10) Designación de un funcionario que realice el inventario correspondiente en el término de treinta (30) días, el cual comprenderá sólo rubros generales.

11) La designación de audiencia para el sorteo del síndico.

Supuestos especiales. En caso de quiebra directa o cuando se la declare como consecuencia del incumplimiento del acuerdo o la nulidad, la sentencia debe fijar la fecha hasta la cual se pueden presentar las solicitudes de verificación de los créditos ante el síndico, la que será establecida dentro de los veinte


187

(20) días contados desde la fecha en que se estime concluida la publicación de los edictos, y para la presentación de los informes individual y general, respectivamente.

Art. 89.--Publicidad. Dentro de las veinticuatro (24) horas de dictado el auto, el secretario del juzgado debe proceder a hacer publicar edictos durante cinco (5) días en el diario de publicaciones legales, por los que haga conocer el estado de quiebra y las disposiciones del artículo 88, incisos 1,3,4, 5 y 7, parte final, en su caso, y nombre y domicilio del síndico.

Igual publicación se ordena en cada jurisdicción en la que el fallido tenga establecimiento o en la que se domicilie un socio solidario. Los exhortos pertinentes se deben diligenciar de oficio y ser librados dentro de las veinticuatro (24) horas de la sentencia de quiebra.

La publicación es realizada sin necesidad de previo pago y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando los hubiere.

Si al momento de la quiebra existieren fondos suficientes en el expediente, el juez puede ordenar las publicaciones de edictos similares en otros diarios de amplia circulación que designe, a lo que se debe dar cumplimiento en la forma y términos dispuestos.

Afirma Satta (1951, p. 356) Que a la declaratoria de la Quiebra

(Sentencia) se pueden interponer los Recursos establecidos en los Artículos

94, 95, 96, 97 y 98 los cuales establecen:

Art. 94. -- Reposición. El fallido puede interponer recurso de reposición cuando la quiebra sea declarada como consecuencia de pedido de acreedor.


188

De igual derecho puede hacer uso el socio ilimitadamente responsable, incluso cuando la quiebra de la sociedad de la que forma parte hubiera sido solicitada por ésta sin su conformidad.

El recurso debe deducirse dentro de los cinco (5) días de conocida la sentencia de quiebra o en defecto de ese conocimiento anterior hasta el quinto día posterior a la última publicación de edictos en el diario oficial que corresponda a la jurisdicción del juzgado.

Se entiende conocimiento del fallido el acto de clausura o el de incautación de sus bienes.

Art. 95.--Causal. El recurso sólo puede fundarse en la inexistencia de los presupuestos sustanciales para la formación del concurso.

Partes. Al resolver el juez debe valorar todas las circunstancias de la causa principal y sus incidentes.

Son parte en el trámite de reposición el fallido, el síndico y el acreedor peticionante.

El juez dictará resolución en un plazo máximo de diez (10) días desde que el incidente se encontrare en condiciones de resolver.

Art. 96.--Levantamiento sin trámite. El juez puede revocar la declaración de quiebra sin sustanciar el incidente si el recurso de reposición se interpone por el fallido con depósito en pago, o a embargo, del importe de los créditos con cuyo cumplimiento se acreditó la cesación de pagos y sus accesorios.

Pedidos en trámite. Debe depositar también los importes suficientes para atender a los restantes créditos invocados en pedidos de quiebra en trámite a la fecha de la declaración con sus accesorios salvo que respecto de ellos se demuestre prima facie a criterio del juez la ilegitimidad del reclamo y sin perjuicio de los


189

derechos del acreedor cuyo crédito no fue impedimento para revocar la quiebra.

Depósito de gastos. La resolución se supedita en su ejecución al depósito por el deudor dentro de los cinco (5) días de la suma que se fije para responder a los gastos causídicos.

Apelación. La resolución que deniegue la revocación inmediata es apelable únicamente por el deudor al solo efecto devolutivo y se debe resolver por la alzada sin sustanciación.

Art. 97.--Efectos de la interposición. La Interposición del recurso no impide la prosecución del proceso salvo en cuanto importe disposición de bienes y sin perjuicio de la aplicación del artículo 184.

Art. 98. -- Efecto de la revocación. La revocación de la sentencia de quiebra hace cesar los efectos del concurso.

No obstante los actos legalmente realizados por el síndico y la resolución producida de los contratos en curso de ejecución son oponibles al deudor aún cuando los primeros consistieren en disposiciones de bienes en las condiciones del artículo 184.

En cuanto a los efectos que produce la declaratoria de la Quiebra; según

lo que señala la legislación de Argentina son los siguientes:

§ EFECTOS PERSONALES RESPECTO DEL FALLIDO

1) El fallido y sus representantes y los administradores de la

sociedad en su caso están obligados a prestar toda


190

colaboración que el juez o el síndico le requieran para el

esclarecimiento de la situación patrimonial y la determinación

de los créditos. Estos deben comparecer cada vez que el juez

los cite para dar explicaciones y puede ordenarse su

concurrencia por la fuerza pública si mediare inasistencia.

2) Hasta la presentación del informe general, el fallido y sus

administradores no pueden ausentarse del país sin autorización

judicial concedida en cada caso, la que deberá ser otorgada

cuando su presencia no sea requerida a los efectos del artículo

102 o en casos de necesidad y urgencia evidentes. Esa

autorización no impide la prosecución del juicio y subsisten los

efectos del domicilio procesal. Por resolución fundada el juez

puede extender la interdicción de salida del país respecto de

personas determinadas por un plazo que no puede exceder de

seis (6) meses contados a partir de la fecha fijada para la

presentación del informe. La resolución es apelable en efecto

devolutivo por las personas a quienes afecte.

3) El fallido conserva la facultad de desempeñar tareas

artesanales profesionales o en relación de dependencia, sin

perjuicio de lo dispuesto por los artículos 107 y 108 inciso 2.


191

4) Las deudas contraídas mientras no esté rehabilitado pueden

dar lugar a nuevo concurso, que sólo comprenderá los bienes

remanentes una vez liquidada la quiebra y cumplida la

distribución y los adquiridos luego de la rehabilitación.

5) La muerte del fallido no afecta el trámite ni los efectos del

concurso. Los herederos sustituyen al causante debiendo

unificar personería.

6) En el juicio sucesorio no se realiza trámite alguno sobre los

bienes objeto de desapoderamiento y se decide sobre la

persona que represente a los herederos en la quiebra.

7) La incapacidad o inhabilitación del fallido aun sobreviniente

tampoco afecta el trámite ni los efectos de la quiebra. Su

representante necesario lo sustituye en el concurso.

8) La sentencia de quiebra importa la aplicación inmediata de las

medidas contenidas en esta sección.

9) El fallido queda desapoderado de pleno derecho de sus bienes

existentes a la fecha de la declaración de la quiebra y de los

que adquiriera hasta su rehabilitación.

El desapoderamiento impide que ejercite los derechos de disposición y

administración. Los Bienes excluidos, son los dispuesto en el Artículo 108 de


192

la Ley de Concursos y Quiebras, el cual establece como tales a: los derechos

no patrimoniales, los bienes inembargables, el usufructo de los bienes de los

hijos menores del fallido, pero los frutos que le correspondan caen en

desapoderamiento una vez atendidas las cargas, la administración de los

bienes propios del cónyuge, la facultad de actuar en justicia en defensa de

bienes y derechos que no caen en el desapoderamiento y en cuanto por esta

ley se admite su intervención particular, las indemnizaciones que

correspondan al fallido por daños materiales o morales a su persona, los

demás bienes excluidos por otras leyes.

10) El fallido pierde la legitimación procesal en todo litigio referido a

los bienes desapoderados debiendo actuar en ellos el síndico.

Puede, sin embargo, solicitar medidas conservatorias judiciales

hasta tanto el síndico se apersone, y realizar las extrajudiciales

en omisión del síndico. Puede también formular observaciones

en los términos del artículo 35 respecto de los créditos que

pretendan verificarse, hacerse parte en los incidentes de

revisión y de verificación tardía, y hacer presentaciones

relativas a la actuación de los órganos del concurso.

11) El fallido puede aceptar o repudiar herencia o legados. En caso

de aceptación, los acreedores del causante sólo pueden


193

proceder sobre los bienes desapoderados, después de

pagados los del fallido y los gastos del concurso.

La repudiación sólo produce sus efectos en lo que exceda del

interés de los acreedores y los gastos íntegros del concurso. En

todos los casos actúa el síndico en los trámites del sucesorio en

que esté comprometido el interés del concurso.

12) Los bienes donados al fallido con posterioridad a la declaración

en quiebra y hasta su rehabilitación, ingresan al concurso y

quedan sometidos al desapoderamiento. Si la donación fuera

con cargo, el síndico puede rechazar la donación; si la admite

debe cumplir el cargo por cuenta del concurso. En ambos casos

debe requerir previa autorización judicial. Si el síndico rechaza

la donación, el fallido puede aceptarla para sí mismo, en cuyo

caso el donante no tiene derecho alguno respecto del concurso.

13) La correspondencia y las comunicaciones dirigidas al fallido

deben ser entregadas al síndico.

14) Este debe abrirlas en presencia del concursado o en la del juez

en su defecto, entregándose al interesado la que fuere

estrictamente personal.


194

2.5.- LA QUIEBRA EN LA LEGISLACIÓN DE CHILE.

La Ley de Quiebras de Chile fue publicada en el Diario Oficial de fecha de

28 de Octubre de 1982, (Ver anexo No. 4) la cual describe en su Artículo 1

que: “El juicio de quiebra tiene por objeto realizar en un sólo procedimiento

los bienes de una persona natural o jurídica, a fin de proveer al pago de sus

deudas, en los casos y en la forma determinados por la ley.”

En consecuencia afirma Scarano (1989, p. 352) La quiebra produce para

el fallido y todos sus acreedores un estado indivisible. Comprenderá, en

consecuencia, todos los bienes de aquél y todas sus obligaciones aún

cuando no sean de plazo vencido, salvo aquellos bienes y obligaciones que

la Ley de Quiebra expresamente lo exceptúe de la misma.

Por consiguiente toda cuestión que se suscite en el juicio de quiebra se

tramitará como incidente a menos que la Ley señale un procedimiento

diverso. Salvo las excepciones expresamente contempladas en esta la Ley

de Quiebras de Chile, las apelaciones se concederán en el solo efecto

devolutivo y gozarán de preferencia para su agregación extraordinaria a la

tabla y para su fallo o sentencia.


195

El juicio de quiebra se tramitará en dos ramos principales:

el de quiebra y el de administración. En el primero caso se llevará también a

efecto la verificación de créditos.

De modo que en la Legislación de Quiebra de Chile, se crea según lo que

estable el Artículo 7 una persona jurídica denominada Fiscalía Nacional de

Quiebras, en adelante la Fiscalía, cuyo objeto será supervigilar y

controlar las actuaciones de los síndicos.

La Fiscalía será una institución autónoma, de duración indefinida, que se

relacionará con el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y

se regirá por las disposiciones de la Ley de Quiebras.

Por consiguiente, esta estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría

General de la República de Chile exclusivamente en lo concerniente al

examen de las cuentas de sus entradas y gastos.

Su domicilio procesal es en la ciudad de Santiago. Su patrimonio está

integrado por los fondos que anualmente destine al efecto la Ley de

Presupuesto y por los demás bienes que adquiera a cualquier título.


196

Por lo tanto, para el cumplimiento de sus funciones, la Fiscalía tendrá las

siguientes atribuciones y deberes (Artículo 8 de la Ley de Quiebras de Chile):

1. Fiscalizar las actuaciones de los síndicos en los aspectos

técnico, jurídico y financiero de su administración;

2. Examinar, cuando lo estime necesario, los libros, cuentas,

archivos, documentos, contabilidad y bienes relativos a la

quiebra;

3. Impartir a los síndicos instrucciones generales de carácter

obligatorio sobre las materias sometidas a su control y, en

especial, fijar normas para la presentación de informes, estados

de avance y cuentas provisorias o definitivas que deban

presentar los síndicos;

4. Informar al Ministerio de Justicia de cualquier circunstancia que

inhabilite a una persona para formar parte de la nómina

nacional y solicitar su eliminación de dicha nómina si se hubiere

configurado alguna de las causales señaladas en el artículo 22

de la Ley de Quiebras.;

5. Representar a la junta de acreedores cualquier infracción que

observare en la conducta del respectivo síndico y proponerle su

revocación si lo juzgare necesario;


197

6. Actuar como parte en el proceso originado por la cuenta del

síndico;

7. Actuar como parte en el Juicio criminal iniciado de conformidad

con las disposiciones del Título XIII de la Ley de Quiebras;

8. Interponer la acción penal encaminada a hacer efectiva la

responsabilidad del síndico y de cualquier otra persona que

hubiere tenido injerencia en la administración de la quiebra;

9. Solicitar al juez de la causa la remoción del síndico que hubiere

incurrido en faltas reiteradas o graves, o irregularidades, en

relación con su desempeño, o que se encontrare en notoria

insolvencia. El juez podrá, en este caso, decretar de oficio o a

petición del Fiscal la suspensión del síndico, mientras se tramita

el incidente de remoción;

10. Llevar el registro de quiebras;

11. Asesorar al Ministerio de Justicia en materias de su

competencia y proponer las reformas legales y reglamentarias

que sea aconsejable introducir, y

12. Desempeñar las demás funciones que le encomienden las

otras leyes.

Un funcionario, con el título de Fiscal Nacional de Quiebras,

es el Jefe Superior de la Fiscalía y su representante legal. Tendrá a su cargo


198

el cumplimiento de las funciones y atribuciones que la ley le encomienda y

las que correspondan a este organismo.

El Fiscal Nacional de Quiebras será nombrado por el Presidente de la

República, siendo de su exclusiva confianza. Este será subrogado por el Jefe

de la División Jurídica, y a falta de éste, por el Jefe de la División Financiera

y de Administración.

El Fiscal podrá delegar parte de sus funciones y atribuciones en

funcionarios de su dependencia. La Fiscalía estará integrada por una División

Jurídica y por una División Financiera y de Administración.

Pues bien, es esta Legislación igualmente se ve la figura del Síndico, el

cual se rige por las disposiciones establecidas en la Ley de Quiebras de

Chile a partir del Artículo 14 hasta el 38, en el Ministerio de Justicia de este

País, existirá una nómina nacional de síndicos integrada por

aquellas personas legalmente investidas como tales por la autoridad

competente.

El nombramiento de los síndicos que conformarán la nómina se

hará por decreto expedido a través del Ministerio de Justicia.


199

Para ser nombrado síndico será necesario estar en posesión de

un título profesional o técnico otorgado por alguna universidad del

Estado o reconocida por éste o por algún instituto de enseñanza

profesional o técnica del Estado o cuyos programas de estudios se

hayan aprobado por éste; contar con experiencia calificada en el área

económica, comercial o jurídica no inferior a tres años contados desde

la recepción del título y poseer idoneidad suficiente, calificada por

el Ministerio de Justicia.

En consecuencia de lo expuesto, no podrán ser síndicos ni integrar la

nómina correspondiente, las personas que a continuación se expresan:

1. Las que hubieren sido declaradas en quiebra, aun cuando ésta se

hubiere alzado, y las que, dentro de los dos años anteriores a la

declaración de quiebra de una persona jurídica, hubieren actuado como

sus administradores;

2. Las que hayan sido condenadas o se encuentren procesadas por

crimen o simple delito;

3. Las que desempeñen un cargo o función públicos, sea en

instituciones del Estado, en la Administración Central o en

instituciones o empresas semi fiscales, municipales, autónomas u


200

organismos creados por aquél o dependientes de él, aunque no sean del

nombramiento del Presidente de la República ni reciban remuneración

del Estado. No obstante, no regirá esta incompatibilidad respecto de las

personas que desempeñen un cargo o función en instituciones de educación

superior.

4. Las que hubieren dejado de integrar la nómina nacional en virtud de

las causales señaladas en los números 3, 4, 5, 7 y 8 del artículo 22.

Por consiguiente la Ley de Quiebras de Chile establece en su Artículo 27

las atribuciones de los síndicos de la siguiente manera:

Art. 27: El síndico representa los intereses generales de los acreedores, en lo concerniente a la quiebra, y representa también los derechos del fallido, en cuanto puedan interesar a la masa, sin perjuicio de las facultades de aquéllos y de éste determinadas por la ley. Le incumbe especialmente: 1. Actuar en resguardo de dichos intereses y derechos,

en juicio y fuera de él, con plena representación del fallido y de los acreedores;

2. Hacer las publicaciones e inscripciones de la declaración de quiebra, y remitir, a los acreedores que residan en el extranjero, las cartas a que se refiere el número 7 del artículo 52;

3. Exigir del fallido que le suministre la información que juzgue necesaria para el mejor desempeño de su cargo, y le entregue sus libros, papeles y documentos;

4. Cerrar los libros de comercio del fallido;


201

5. Abrir la correspondencia del fallido con intervención del tribunal, y retener las cartas y documentos que tengan relación con los negocios de la quiebra;

6. Proponer la fecha de la cesación de pagos; 7. Recibirse bajo inventario de los bienes de la quiebra

y administrarlos en conformidad a la ley; 8. Continuar provisionalmente el giro de los

establecimientos del fallido, con conocimiento de éste;

9. Continuar efectivamente el giro del fallido con autorización del tribunal o con acuerdo de la junta de acreedores, según corresponda;

10. Cobrar los créditos del activo de la quiebra; 11. Celebrar compromisos o transacciones previo

acuerdo de la junta de acreedores; 12. Contratar préstamos para subvenir a los gastos de la

quiebra, debiendo informar de ello en la próxima reunión de la junta de acreedores;

13. Ceder a título oneroso los derechos que el fallido tenga en sociedades, comunidades o asociaciones o pedir su disolución, liquidación o partición, a falta de interesados. Al efecto, representará al fallido en los actos y contratos que deban realizarse u otorgarse, en el nombramiento de árbitros o liquidadores y en los respectivos juicios de liquidación y partición;

14. Exigir rendición de cuentas de cualquiera que haya administrado bienes del fallido;

15. Impugnar los créditos en conformidad a lo dispuesto en el párrafo primero del Título X;

16. Realizar los bienes de la quiebra; 17. Depositar a interés en un banco o institución

financiera, los fondos que perciba, en cuenta separada para cada quiebra y a nombre de ésta, y abrir una cuenta corriente con los fondos indispensables para solventar los gastos que aquélla demande;

18. Hacer repartos de fondos, en la forma dispuesta en el párrafo segundo del Título X;

19. Desempeñar las funciones de interventor o depositario en los casos que esta ley determina;


202

20. Servir de síndico en los concursos de hipotecarios que se abran dentro de la quiebra y llevar cuenta separada de todo lo concerniente a cada uno de ellos;

20. Comunicar, dentro de los diez días siguientes al de su asunción al cargo, la declaratoria de quiebra al Servicio de Tesorerías del domicilio del fallido, y

21. Ejercer las demás facultades y cumplir las demás obligaciones que a ley le asigna.

Pues bien, el Artículo 52 de la Ley de Quiebras establece los requisitos

que debe contener la sentencia definitiva que declare la quiebra los cuales

son:

1. La determinación de si el deudor está o no comprendido en el

artículo 41. En este caso se estará a la actividad que el deudor ejercía a la

fecha en que contrajo la obligación;

2. La designación de un síndico provisional titular y de uno suplente

y la orden de que el síndico se incaute de todos los bienes del

fallido, sus libros y documentos, bajo inventario, y de que se le preste, para

este objeto, el auxilio de la fuerza pública por el jefe más inmediato,

con la exhibición de la copia autorizada de la declaratoria de quiebra;

3. La orden de que las oficinas de correos y telégrafos entreguen al

síndico la correspondencia y despachos telegráficos cuyo destinatario

sea el fallido, para los efectos de lo preceptuado en el número 5 del

artículo 27;


203

4. La orden de acumular al juicio de quiebra todos los juicios contra

el fallido que estuvieren pendientes ante otros tribunales de

cualquiera jurisdicción y que puedan afectar sus bienes, salvo las

excepciones legales;

5. La advertencia al público de que no debe pagar ni entregar

mercaderías al fallido, so pena de nulidad de los pagos y entregas; y

la orden a las personas que tengan bienes o papeles pertenecientes al

fallido, para que los pongan, dentro del tercer día, a disposición del

síndico, bajo pena de ser tenidos por encubridores o cómplices de la

quiebra;

6. La orden de hacer saber a todos los acreedores residentes en el

territorio de la República que tienen el plazo de treinta días,

contado desde la fecha de la publicación de la sentencia para que se

presenten con los documentos justificativos de sus créditos bajo el

apercibimiento de que les afectarán los resultados del juicio sin

nueva citación;

7. La orden de notificar, por carta aérea certificada, la quiebra a

los acreedores que se hallen fuera de la República y mandarles que

dentro del plazo establecido en el número anterior, aumentado con el

de emplazamiento correspondiente que se expresará en cada carta,


204

comparezcan al juicio con los documentos justificativos de sus

créditos, bajo el apercibimiento indicado en el número precedente;

8. La orden de inscribir la declaración de quiebra en el Registro de

Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes

Raíces del departamento en que se hubiere declarado la quiebra y

también en el de los Conservadores correspondientes a cada uno de los

inmuebles pertenecientes al fallido, y

9. La indicación precisa del lugar, día y hora en que se celebrará la

primera junta de acreedores.

Por esto afirma Sánchez de Bustamante (1943, p. 168) que cuando la

quiebra se produzca por desaparecimiento o fuga del deudor, la resolución

que la declare designará un curador especial para que represente al fallido.

La sentencia que declare la quiebra se notificará al fallido,

a los acreedores y a terceros por medio de un aviso.

Inmediatamente de pronunc iada la sentencia que declare la quiebra, el

secretario del tribunal cuidará que se notifique, a la brevedad posible, al

síndico provisional, titular y suplente. El secretario podrá notificar por sí o

encomendando esta diligencia a otro ministro de fé .


205

Contra dicha sentencia que declare la quiebra sólo podrá entablarse el

recurso especial de reposición a que se refieren los artículos 57, 58 y 59 de

la Ley de Quiebras, los cuales establecen que el fallido, los acreedores y los

terceros interesados podrán pedir al tribunal, dentro del plazo fatal de diez

días hábiles, contados desde la notificación a que se refiere el artículo 54,

que reponga la resolución declaratoria de quiebra, dejándola sin efecto o

rectificándola en cuanto a la determinación a que se refiere el

numeral 1 del artículo 52. Esta rectificación podrá también ser pedida por el

síndico.

El recurso especial de reposición se tramitará como incidente. En él

será parte el que lo hubiere interpuesto y podrán también serlo el

fallido, el que hubiere solicitado la quiebra y el síndico. Los demás

acreedores y los terceros interesados podrán intervenir como

coadyuvantes.

Las resoluciones que se dicten durante la tramitación del

incidente especial de reposición serán inapelables. La sentencia que acoja la

reposición será apelable en ambos efectos.


206

Por lo tanto, los efectos de la declaración de la Quiebra, según Romero

del Prado (1961, p. 388), son aquellos que están establecidos en la Ley de

Quiebras en su Título VI, el cual se denomina “De los efectos de la

declaración de Quiebra”, los cuales son:

• EFECTOS INMEDIATOS:

§ Pronunciada la declaración de quiebra, el fallido queda

inhibido de pleno derecho de la administración de todos sus bienes

presentes, salvo aquellos que sean inembargables.

§ El desasimiento no transfiere la propiedad de los bienes del fallido a

sus acreedores, sino sólo la facultad de disponer de ellos y de sus

frutos hasta pagarse de sus créditos.

§ La administración de que es privado el fallido pasa de derecho al

síndico, quien la ejercerá con arreglo a las disposiciones de esta

ley. En consecuencia, no podrá el fallido comparecer en juicio como

demandante ni como demandado, en lo relacionado con los bienes

comprendidos en la quiebra sin perjuicio de tenérsele como

coadyuvante. Pero podrá ejercitar por sí mismo todas las acciones que

exclusivamente se refieran a su persona y que tengan por objeto

derechos inherentes a ella, y ejecutar todos los actos conservatorios

de sus bienes en caso de negligencia del síndico.


207

La administración que conserva el fallido de los bienes personales de la

mujer e hijos, de los que tenga el usufructo legal, quedará sujeta

a la intervención del síndico mientras subsista el derecho del marido,

padre o madre en falencia. El síndico cuidará de que los frutos

líquidos que produzcan estos bienes ingresen a la masa, deducidas las

cargas legales o convencionales que los graven. El tribunal, con

audiencia del síndico y del fallido, determinará la cuota de los

frutos que correspondan al fallido para sus necesidades y las de su

familia, habida consideración a su rango social y a la cuantía de los

bienes bajo intervención.

§ El síndico podrá figurar como parte coadyuvante en los juicios de

separación de bienes y de divorcio en que el fallido sea demandado o

demandante.

§ El desasimiento comprende también los bienes futuros que

adquiera el fallido a título gratuito; pero sin extinguir la

responsabilidad de las cargas con que le hayan sido transferidos o

transmitidos y sin perjuicio de los derechos de los acreedores

hereditarios.


208

§ La administración de los bienes futuros que adquiera el fallido a

título oneroso con posterioridad a la declaración de quiebra, podrá ser

sometida a intervención, y los acreedores sólo tendrán derecho a

los beneficios líquidos que se obtengan, pero se dejará al fallido lo

necesario para sus alimentos, como en el caso del inciso cuarto del

artículo 64 de la Ley de Quiebras de Chile.

§ La sentencia que declara la quiebra fija irrevocablemente los

derechos de todos los acreedores en el estado que tenían el día de su

pronunciamiento, sin perjuicio de los casos especialmente previstos

por la ley.

§ En virtud de la declaración de quiebra, quedan vencidas y

exigibles, respecto del fallido, todas sus deudas pasivas, para el

sólo efecto de que los acreedores puedan intervenir en la quiebra y

percibir los dividendos que correspondan al valor actual de sus

respectivos créditos, con más los reajustes e intereses que les

correspondan, desde la fecha de la declaratoria.

El valor actual de los créditos no reajustables en moneda nacional, no

vencidos a la fecha de la declaración de quiebra y que no devenguen

intereses, se determinará descontando del capital los intereses corrientes

para operaciones de crédito de dinero no reajustables desde el día de la


209

declaratoria hasta el día de los respectivos vencimientos. Si no fuere posible

determinar el índice de reajustabilidad o si éste hubiere perdido su vigencia,

se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto del Artículo 67 de la Ley de

Quiebras de Chile.

No obstante que la exigibilidad de que trata este artículo se refiere

exclusivamente al fallido, si éste fuere aceptante de una letra de cambio,

librador de una letra no aceptada o suscriptor de un pagaré, los demás

obligados pagarán inmediatamente.

§ En virtud de la declaración de quiebra y desde la fecha de

ésta, las deudas del fallido, vencidas y las actualizadas de

conformidad con el artículo 68 de la Ley de Quiebras de Chile:

1.- Se reajustarán y devengarán intereses según lo pactado en la

convención, en el caso del inciso segundo del artículo anterior;

2.- Se reajustarán según lo pactado, en el caso del inciso tercero del

mismo artículo, y

3.- Devengarán intereses corrientes para operaciones de crédito de

dinero no reajustables en el caso de los incisos cuarto y quinto del


210

artículo precedente. El síndico podrá impugnar los intereses pactados en

caso de estimarlos excesivos.

Las obligaciones contraídas en moneda extranjera de acuerdo al Decreto

Número 471, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de

1977, se pagarán en la misma moneda establecida en la convención y

devengarán el interés pactado en ella.

Los reajustes y los intereses, en su caso, gozarán de iguales

preferencias y privilegios que los respectivos capitales.

§ La declaración de quiebra impide toda compensación que no

hubiere operado antes por el ministerio de la ley, entre las

obligaciones recíprocas del fallido y acreedores, salvo que se trate

de obligaciones conexas, derivadas de un mismo contrato o de una

misma negociación y aunque sean exigibles en diferentes plazos.

§ Todos los juicios pendientes contra el fallido ante otros

tribunales de cualquiera jurisdicción y que puedan afectar sus

bienes, se acumularán al juicio de la quiebra. Los nuevos juicios

que se entablen contra la masa se sustanciarán también ante el

tribunal que conozca de la quiebra.


211

§ Sin embargo, los juicios posesorios, los de desahucio, los de

terminación inmediata del arrendamiento, los de que actualmente

estuvieren conociendo jueces árbitros, y los que, según la ley,

deban someterse a compromiso, seguirán sustanciándose o se

promoverán ante el tribunal que conoce o deba conocer de ellos.

Los juicios ordinarios agregados a la quiebra seguirán tramitándose

con arreglo al procedimiento que corresponda según su naturaleza, hasta

que quede ejecutoriada la sentencia definitiva. Condenado el fallido, el

síndico dará cumplimiento a lo resuelto en la forma que corresponda.

Los juicios ejecutivos, cuando haya excepciones opuestas, se seguirán

tramitando con el síndico hasta que se dicte sentencia de términúmero; los

demás se paralizarán en el estado en que se encuentren y los

acreedores usarán de su derecho en la forma que establece esta ley.

Cuando al tiempo de la declaración de quiebra hubiere pendiente algún

juicio ejecutivo por obligaciones de hacer y existieren ya depositados

los fondos para el objeto, continuará la tramitación establecida para

esta clase de juicios, hasta la total inversión de dichos fondos o

hasta la conclusión de la obra que con ellos deba pagarse.


212

En los demás casos, sólo podrá el acreedor continuar o iniciar sus

gestiones para que se considere su crédito por el valor de los perjuicios

declarados o que se declaren.

§ Los embargos y medidas precautorias que estuvieren decretados en

los juicios que se agreguen a la quiebra quedarán sin valor desde que

ella se declare, siempre que se refieran a bienes que, sin aguardar el

resultado de dichos juicios, deban realizarse en la quiebra o ingresar

a ella.

§ La declaración de quiebra suspende el derecho de los

acreedores para ejecutar individualmente al fallido, pero los

acreedores hipotecarios y prendarios podrán iniciar o llevar adelante

sus acciones en los bienes afectos a la seguridad de sus respectivos

créditos. En las ejecuciones que promuevan dichos acreedores servirá

de depositario el síndico.

La formación de concurso especial de hipotecarios, respecto de una

finca gravada, suspende también el derecho de cada uno de ellos para

perseguirla separadamente.


213

Cuando a algún acreedor corresponda el derecho de retención, en los

casos señalados por las leyes, no podrá privársele de la cosa retenida

sin que previamente se le pague o se le asegure el pago de su crédito.

La procedencia del derecho legal de retención podrá ser declarada aun

después de la sentencia de quiebra. Durante los treinta días siguientes a la

declaración de quiebra, el arrendador no podrá perseguir, por los arriendos

vencidos, la realización de los muebles destinados a la explotación de los

negocios del fallido, sin perjuicio de su derecho para solicitar las

providencias conservativas que le convengan.

Si el arrendamiento hubiere expirado por alguna causa legal, el

arrendador podrá exigir la entrega del inmueble arrendado y entablar las

acciones a que haya lugar en derecho.

§ Son inoponibles los actos y contratos que el fallido ejecute

o celebre después de dictada la sentencia que declara la quiebra, con

relación a los bienes de la masa, aun cuando no se hayan practicado

las inscripciones en los registros respectivos del Conservador de

Bienes Raíces.


214

§ La declaración de quiebra no priva al fallido del ejercicio

de sus derechos civiles, ni le impone inhabilidades sino en los casos

expresamente determinados por las leyes.

§ Y también es inoponibles a la masa los actos o contratos a título

gratuito que hubiere ejecutado o celebrado el deudor desde los diez

días anteriores a la fecha de la cesación de pagos y hasta el día de

la declaración de quiebra.

Si el acto o contrato fuere a favor de un descendiente, ascendiente o

colateral dentro del cuarto grado, aunque se proceda por interposición de un

tercero, los diez días señalados en el inciso primero se extenderán hasta los

ciento veinte días anteriores a la fecha de la cesación de pagos.

§ Con respecto a los demás actos o contratos ejecutados o

celebrados por el deudor en cualquier tiempo, con anterioridad a la

fecha de la declaración de quiebra, se observará lo prevenido en el

artículo 2468 del Código Civil de Chile.

Se presume que el deudor conocía el mal estado de sus negocios desde

los diez días anteriores a la fecha de cesación de pagos.


215

• EFECTOS RETROACTIVOS ESPECIALES DE LA DECLARACIÓN DE

QUIEBRA DEL DEUDOR QUE EJERCIERE UNA ACTIVIDAD

COMERCIAL, INDUSTRIAL, MINERA O AGRÍCOLA.

§ Son inoponibles a la masa los siguientes actos o contratos

ejecutados o celebrados por el deudor desde los diez días anteriores a

la fecha de la cesación de pagos y hasta el día de la declaración de

la quiebra:

1. Todo pago anticipado, sea de deuda civil o comercial, y sea cual

fuere la manera en que se verifique. Se entiende que el fallido anticipa

también el pago cuando descuenta efectos de comercio o facturas a

su cargo, y cuando lo verifica renunciando al plazo

estipulado a su favor;

2. Todo pago de deuda vencida que no sea ejecutado en la forma

estipulada en la convención. La dación en pago de efectos de

comercio equivale a pago en dinero, y

3. Toda hipoteca, prenda o anticresis constituida sobre bienes del

fallido para asegurar obligaciones anteriormente contraídas.

Por consiguiente en el Título XIV de la Ley de Quiebra de Chile; establece

la “Rehabilitación del fallido”, la cual hace cesar todas las inhabilidades que


216

las leyes imponen al fallido. La rehabilitación del fallido se produce por el

ministerio de la ley, desde que queda firme la resolución que lo absuelve, o

que sobresee definitivamente en el juicio criminal de que trata el párrafo

3 del Título XIII de la Ley de Quiebras de Chile.

El fallido rehabilitado en las condiciones del artículo anterior, gozará del

beneficio de competencia que acuerda al deudor insolvente el numeral 6 del

artículo 1626 del Código Civil de Chile, mientras no se haya sobreseído

definitivamente en el caso del artículo 165 de la ley de Quiebras.

Igualmente el fallido culpable o fraudulento podrá ser rehabilitado, si

justificare que ha cumplido las penas que se le hubieren impuesto o

que ha sido indultado, y, en todo caso, que ha satisfecho íntegramente

sus deudas.

La demanda de rehabilitación del fallido culpable o fraudulento se

interpondrá ante el tribunal que haya conocido de la quiebra, y se sustanciará

con el Fiscal Nacional.

Asimismo, podrán también apersonarse en el juicio de rehabilitación los

acreedores cuyos créditos no hubieren sido enteramente pagados.


217

E igualmente la demanda de rehabilitación, se notificará en igual forma y

manera que la declaratoria de quiebra y se sustanciará con arreglo a los

trámites del juicio sumario.

Dentro del término de los quince días siguientes a la notificación, podrán

deducirse oposiciones por el Fiscal Nacional o, en el caso del numeral 3, por

los acreedores cuyos créditos no hubieren sido enteramente pagados.

Las oposiciones se tramitarán en juicio sumario entre el fallido, el Fiscal

Nacional y el opositor.

La sentencia que concede la rehabilitación será publicada en los diarios

que designe el fallido. De forma que transcurrido un año desde la notificación

de la declaratoria de quiebra, el fallido no comprendido en el artículo 41 de la

Ley de Quiebra de Chile, podrá solicitar su rehabilitación ante el tribunal que

haya conocido de la quiebra, siempre que se encuentre en alguno de estos

casos:

1. Que no se hayan deducido acciones criminales en su contra dentro de

dicho plazo;


218

2. Que, habiéndose deducido acciones criminales, hubieren recaído en todas

ellas resoluciones ejecutoriadas que absuelvan al fallido o que

sobresean definitivamente, y

3. Que, habiendo sido condenado el fallido en alguno de dichos juicios

criminales, hubiere cumplido las penas y satisfecho íntegramente las deudas.

3.- BASES JURISPRUDENCIALES.

A continuación se presenta un resumen analítico de las Sentencias

emanadas del Tribunal Supremo de Justicia:

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ

En el juicio de quiebra seguido ante el Juzgado Séptimo de Primera

Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del


219

Distrito Federal y Estado Miranda por los ciudadanos: JOSE BARBOZA

MENDEZ, ISIDRO HERNÁNDEZ PADRÓN, GLORENTINA FERREIRA DA

SILVA y EFRAÍN NAREZ, representados por sus apoderados judiciales,

abogados Ismael Quijada Farfan y Carlisa Rojas, contra la sociedad

mercantil TIQUIRE FLORES C.A., representada por los profesionales del

derecho Carlos Landaeta Arizaleta, Cristina Naranjo Ostty y Rafael Landaeta

Arizaleta, con fecha 20 de octubre de 1995, el Juzgado Superior Primero en

lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la preindicada Circunscripción Judicial,

dictó sentencia declarando sin lugar el medio impugnativo de apelación

interpuesto por la demandada, confirmó la publicada el 4 de octubre de 1993,

que declaró la quiebra del ente social citado y por vía de consecuencia,

procedió conforme el contenido y alcance del artículo 281 del Código de

Procedimiento Civil. (Ver anexo No. 5)

En dicho procedimiento de quiebra, la sentencia definitiva será aquélla

que la declara conforme al artículo 937 del Código de Comercio; o por el

contrario, aquélla que decida no haber lugar a la quiebra, pues una u otra se

pronuncian sobre lo principal del asunto y ponen fin a la instancia.

Si la sentencia definitiva en materia de quiebra es la que la declara, ésta

si tiene recurso de casación, porque le pone fin al proceso, por lo tanto, la


220

Sala abandonó la doctrina de la extinguida Corte Federal y de Casación de

fecha 03-04-22, así como la establecida en sentencia de 24-04-94, que

negaban el recurso extraordinario de casación en materia de quiebra.

La sentencia que declara la quiebra es una verdadera sentencia tanto

formal como sustancial, es una de esas sentencia que se suelen llamar

declarativas de constitución, se llama de esta manera, porque determina que

el deudor es un comerciante que cesó en sus pagos, estableciendo la fecha

en que comenzó y que la obligaciones vencidas y exigibles no satisfechas

son de naturaleza mercantil y es Constitutiva porque establece un estado

jurídico al fallido que antes no tenía como tal.

En varias doctrinas se ha discutido si la sentencia declarativa de quiebra

tiene Casación o no.

Una sentencia de vieja data de la Corte Federal y de Casación de fecha

3-4-22, establecía que la sentencia declarativa de quiebra no tiene recurso

de casación, porque había que esperar que tuviera lugar la segunda reunión

de acuerdos para que quedaran constituidas jurídicamente las partes.

En consecuencia, la Sala de Casación Civil, decidió improcedente el

Recurso interpuesto, ya que según lo pautado en el artículo 936 del Código

de Comercio, que:


221

“...si se declara la quiebra, sólo se oirá apelación en un solo efecto al fallido. En este caso, la sentencia fijará la época en que principió la cesación de los pagos, o se reservará fijarla por auto separado; pero en ningún caso podrá retrotraerla por más de dos años.

A falta de fijación especial de entenderá que la cesación de los pagos principió en la misma fecha de la declaración de quiebra, o en el día de la muerte del deudor en el caso del artículo 929.”

Finalmente del análisis de la Jurisprudencia y de la lectura del artículo

antes mencionado, se desprende que la Quiebra no tiene recurso de

casación, sino Recurso de Apelación en un solo efecto, lo cual esta en total

consonancia con la doctrina.

4.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.

• ATRASO O LIQUIDACIÓN AMIGABLE: es la situación jurídica

proveniente de que un comerciante, que por causas que no le son

imputables, se ve obligado a retardar el pago de sus obligaciones.

• COMERCIANTE: Son comerciantes quienes ejercen profesionalmente

en nombre propio y con fines de lucro actos de comercio.

(Goldschmidt , 1979, p. 62 )


222

• CONCURSO: Es un juicio universal que se establece para liquidar el

patrimonio de un deudor que suspende el pago de las deudas

vencidas, liquidas y exigibles. (Diccionario Jurídico Mexicano 1991, p.

577).

• CONVENIO: es el acuerdo de los acreedores con el fallido para poner

término al procedimiento de quiebra. (Calvo, 1999, p. 605).

• LIQUIDACIÓN: Es el conjunto de operaciones realizadas por el

síndico con la finalidad de pagar a los acreedores del fallido sus

respectivas acreencias. (Calvo, 1999, p.622)

• JUEZ: Todo miembro integrante del Poder Judicial, encargado de

juzgar los asuntos sometidos a su jurisdicción. (Ossorio, 1999, p. 543).

• JUICIO DE QUIEBRA: Proceso de ejecución colectiva para

determinar la situación de un comerciante que ha cesado en sus

pagos o cuyo activo es insuficiente para cancelar su pasivo. Tiene por

finalidad liquidar su patrimonio para pagar a los acreedores de

acuerdo con la calidad y preferencia de sus créditos y en proporción al

monto de éstos entre los de igual graduación. (Ossorio, 1999, p. 546).


223

• QUIEBRA: La Quiebra es la situación legal a que puede verse

compelido un comerciante que momentáneamente, temporal o

definitivamente se encuentra imposibilitado del cumplimiento de las

obligaciones contraídas. (Ossorio, 1999, p. 827)

• QUEBRADO: El Quebrado es el comerciante que cesa en el pago de

sus obligaciones por insolvencia o quiebra. (Ossorio, 1999, p. 825).

• REHABILITACIÓN: Es el acto por el cual se suspende al fallido de las

interdicciones que sobre él pesaban con ocasión de la sentencia de

declaratoria de quiebra. (Calvo, 1999, p. 633)

• SENTENCIA: Acto procesal emanado de los órganos jurisdiccionales

que deciden la causa o punto sometidos a su conocimiento. Como

documento, la sentencia es la pieza escrita, emanada del tribunal, que

contiene el texto de la decisión emitida. (Couture, 1997, p. 277)

• SÍNDICO: El sindico es la persona que tiene como misión especifica

ejercer una fiscalización permanente sobre la administración de la

entidad y sobre las gestiones realizadas por su directorio, a fin de

evitar cualquier abuso o falsedad que hubiere cometido o querido


224

cometer, protegiendo de ese modo tanto los intereses de la sociedad

misma cuanto los individuos de los socios o accionistas. (Ossorio

1999, p. 924).

• SÍNDICO DEFINITIVO: es el nombrado en la primera reunión de

acreedores para el caso de que no se acuerde l liquidación por los

acreedores. (Calvo, 1999, p. 588).

• SÍNDICO PROVISORIO: es el normado en la sentencia declaratoria

de quiebra y quien ejerce las funciones hasta la primera reunión de

acreedores.

5.- SISTEMA DE CATEGORÍAS.

5.1.- CATEGORÍA ÚNICA.


5.2.- DEFINICIÓN CONCEPTUAL.

Según De Semo (1989, p. 31) “La Quiebra es un complejo orgánico de

normas, de carácter formal y substancial de los actos jurídicos


225

prevalentemente procesales que tiene por finalidad la liquidación del

patrimonio del comerciante insolvente y la repartición proporcional de lo

recaudado entre todos sus acreedores, organizados unitariamente, salvo

aquellos unidos de causa legitima de preferencia.”

5.3.- DEFINICIÓN OPERACIONAL.

La Quiebra es una vía de ejecución colectiva que permite al conjunto de

acreedores del comerciante realizar el activo del deudor, para obtener un

pago en debida concurrencia o tomar las medidas para salvaguardar sus

intereses sin llagar a la realización inmediata de los bienes del deudor.

Dicha institución, es un proceso de carácter fundamentalmente

económico, ya que esta liquida la actividad económica de un comerciante

individual o de una sociedad de comerciante.

A continuación se presenta el Cuadro de Operacionalización de las

Categorías.

226

OBJETIVO GENERAL: Analizar la Quiebra en la Legislación Venezolana y en el Derecho Comparado. INSTRUMENTO: Cuadro de Operacionalización de la categoría. CATEGORÍA DE ESTUDIO: La Quiebra en la Legislación Venezolana y en el Derecho Comparado.

OBJETIVOS

CATEGORIA

SUB CATEGORIA.

UNIDADES DE ANALISIS.

• Naturaleza Jurídica. • Definición de Quiebra. • Definición de Quebrado. • Definición de síndico.

• Característica de la Quiebra.

• Clases de Quiebras.

1.- Analizar el Código

de Comercio

Venezolano

en materia de Quiebra

determinando el ámbito de aplicación.

La Quiebra en la Legislación

Venezolana y en el Derecho Comparado.

Ámbito de aplicación del

Código de Comercio

Venezolano en materia

de Quiebra.

• Requisitos exigidos en las Leyes Venezolanas para que se pueda declarar la Quiebra de un Comerciante.

Fuente: Ordoñez (2002)

227

OBJETIVOS

CATEGORIA

SUB CATEGORIA.


• Procedimiento de Quiebra en la Legislación Venezolana.

• Procedimiento de Quiebra en la Legislación De Chile.

• Procedimiento de Quiebra en la Legislación de Argentina.

2.- Comparar el procedimiento de

Quiebra en las

Legislaciones de

Chile, Argentina y

México con el Venezolano.



Procedimiento de Quiebra

en las Legislaciones de

Chile, Argentina y México

comparándolo con el procedimiento establecido

en las Leyes Venezolanas.

• Procedimiento de Quiebra en la Legislación de México.

OBJETIVO GENERAL: Analizar la Quiebra en la Legislación Venezolana y en el Derecho Comparado. INSTRUMENTO: Cuadro de Operacionalización de la categoría. CATEGORÍA DE ESTUDIO: La Quiebra en la Legislación Venezolana y en el Derecho Comparado.


228

OBJETIVO GENERAL: Analizar la Quiebra en la Legislación Venezolana y en el Derecho Comparado. INSTRUMENTO: Cuadro de operacionalización de la categoría. CATEGORÍA DE ESTUDIO: La Quiebra en la Legislación Venezolana y en el Derecho Comparado.

OBJETIVOS

CATEGORIA

SUB CATEGORIA.


• Sujetos del Estado Venezolano, responsables en materia de Quiebra.

• Sujetos del Estado Chileno, responsables en materia de Quiebra.

• Sujetos del Estado Argentino, responsables en materia de Quiebra.

3.- Identificar los Sujetos

del Estado responsables

de controlar todo lo

concerniente en materia

de Quiebra en Venezuela

y en el Derecho

Comparado.



Sujetos del estado

responsables de controlar

todo a lo que al procedimiento

de Quiebra se refiere, en

Venezuela y en el Derecho Comparado.

• Sujetos del Estado Mexicano, responsables En materia de Quiebra.


la quiebra en la legislación venezolana y en el derecho

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