la consolidación oligarquica neoliberal en el salvador
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La Consolidación Oligárquica Neoliberal en El Salvador y los Retos para el Gobierno del FMLN
Carlos Velásquez Carrillo
Texto Originalmente publicado en Revista América Latina (Universidad ARCIS, Chile), 10
(2011): 161-202.
La historia de El Salvador en la era republicana ha sido caracterizada por abismales
desigualdades en el engranaje de las relaciones sociales y la estructura del poder. Es notorio el
uso histórico del término “Las 14 Familias” que fue utilizado para denotar a la oligarquía
cafetalera que se cimentó en las reformas liberales del último cuarto del siglo diecinueve y que
dominó al país por un siglo (1880-1979). En el ideario popular “Las 14 Familias” se resumió en
la simple noción de “La Oligarquía” e incluso se sigue utilizando has el día de hoy para
identificar a las contadas familias que siguen controlando el nuevo poder económico en la era
neoliberal. Pero desde el punto de vista conceptual/analítico, nos podemos preguntar: ¿Cómo ha
cambiado la oligarquía en El Salvador? ¿Cuáles son las nuevas dinámicas políticas y
socioeconómicas que caracterizan la composición y comportamiento del nuevo grupo de poder?
Durante 20 años (1989-2009), y de la mano del instrumento partidista de la oligarquía, Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA), El Salvador experimentó la implementación de un
programa neoliberal basado en la privatización, la desregularización, la dolarización y el libre
comercio que al mismo tiempo constituyó la piedra angular para la reconstitución de la estructura
tradicional de poder donde la oligarquía nacional ha logrado consolidarse. El Salvador cambió
aceleradamente durante ese tiempo, de un sistema agropecuario exportador con tintes
semifeudales a una economía basada en las finanzas y los servicios. Del mismo modo, la antigua
oligarquía cafetalera se ha transformado en una clase financiera dentro del marco de esta nueva
economía basada en las finanzas y los servicios, que además se ha convertido en una clase
importadora que utiliza el dólar estadounidense como moneda y sobrevive gracias al consumo
que sostienen las remesas que los salvadoreños en el exterior, principalmente en EE UU, mandan
a sus familias periódicamente.
Por lo tanto, la nueva oligarquía ha cambiado sus viejos fundamentos ideológicos que se basaban
en preceptos terratenientes/feudales y retrógrados por el innovador y “modernizante” mundo de
la doctrina neoliberal, pero el resultado macro social de este quiebre ideológico ha representado
simultáneamente un continuismo del privilegio y la desigualdad en El Salvador, y de hecho la
estructura de poder se ha consolidado e incluso se ha agudizado.
En este contexto, el triunfo electoral del Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional
(FMLN), el ex guerrillero partido de izquierda y frontal enemigo de la oligarquía y del
neoliberalismo, que ganó la presidencia del país por primera vez en marzo del 2009, tuvo como
uno de sus pilares de acción “cambiar” la orientación neoliberal de cuatro gobiernos de ARENA
y encaminar al país en un sendero distinto donde las urgencias socioeconómicas de las grandes
mayorías desplazaran a los intereses oligárquicos como las prioridades estatales. No obstante,
las promesas de cambio no fueron radicales o substanciales, y es aquí donde yace el gran reto
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para el gobierno del FMLN: al prometer medidas cosméticas y superficiales sin abordar la base
fundamental de las desigualdad social y la pobreza, es decir el sistema oligárquico en sí, el
FMLN ha asegurado la continuidad del sistema que implementó ARENA a favor de un puñado
de oligarcas. Nada más que un cambio radical podría desmantelar la consolidación oligárquica
neoliberal, es decir, la raíz de los problemas más básicos que el país enfrenta.
El siguiente artículo intentará facilitar un análisis crítico de esta problemática salvadoreña dentro
del marco de los desafíos que se han venido fraguando en el periodo de la posguerra y que
condicionan la evolución política y socioeconómica del país: el neoliberalismo, la consolidación
oligárquica, y los retos del gobierno del FMLN. La primera sección abordará un análisis
histórico de la conformación de la oligarquía cafetalera entre los años 1880 y 1932, mientras que
en la segunda sección examinaremos la alianza histórica entre la oligarquía cafetalera y los
militares que se pactó para mantener el sistema a flote hasta 1979. La tercera sección presentará
un recuento del giro neoliberal que catapultó a una nueva oligarquía dentro del marco de una
economía terciaria, importadora y orientada al consumo improductivo, a costa de las mayorías
que continúan marginadas y sumidas en enormes desigualdades socioeconómicas. La cuarta
sección buscará presentar un análisis de la creciente identidad transnacional de la nueva
oligarquía salvadoreña, tanto para dejar constancia de su nuevo carácter como de su vertiginoso
poderío. Finalmente, la quinta sección intentará proporcionar un franco análisis sobre los retos
que le esperan al gobierno del FMLN en cuanto a las promesas de cambio y las oportunidades y
riesgos, tanto internos como externos, que se avecinan al tratar de enfrentar el funcionamiento y
orientación del nuevo sistema oligárquico.
Caracterización Histórica de la Oligarquía Cafetalera
Podríamos argumentar que la oligarquía cafetalera fue exitosa en perpetuar por un siglo su
ideología tradicionalista y agraria (de principios de 1880s a 1979) aunque las modalidades hayan
cambiado a través de los años. El fundamento económico de la oligarquía cafetalera se cimentó
durante las reformas liberales a finales del siglo diecinueve, cuando el régimen de Rafael
Zaldívar eliminó por decreto todas las tierras comunales y los ejidos indígenas para abrir paso a
la privatización de la tierra y facilitar la expansión del incipiente sector cafetalero (Colindres
1977; Lindo 1980 & 1990; Menjivar 1980; Bradford Burns 1988; Torres Rivas 2007).
En febrero de 1881 se aprobó la “Ley de Extinción de Comunidades” la cual afectó a más del
15% de la tierra productiva del país y ordenaba a los administradores de las tierras comunales
campesinas a dividir sus propiedades de forma individual ó a vender las tierras a personas que
estuvieran dispuestas a comprarlas (Menjivar, 1980: 100-101). Esta ley dejaba al descubierto la
nueva orientación en el régimen de tenencia de la tierra:
“la indivisión de los terrenos poseídos por comunidades
impide el desarrollo de la agricultura, entorpece la circulación
de la riqueza y debilita los lazos de la familia y la
independencia del individuo...que tal estado debe cesar
cuanto antes como contrario a los principios económicos,
políticos y sociales que la República ha aceptado” (Geoffroy Rivas, 1973: 438)
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Un año más tarde se aprobó la “Ley de Extinción de Ejidos”, que de igual forma descalificó las
tierra comunales “por cuanto anulan los beneficios de la propiedad en la mayor y más importante
parte de los terrenos de la República” (Ibíd.). La visión de Zaldívar se basaba en la construcción
de un país agroexportador que desechaba todas las formas arcaicas de producción y tenencia de
la tierra en favor del dinamismo de la exportación del café que no sólo diversificaría la economía
nacional sino que también proporcionaría una mayor fuente de ingresos para financiar la
eventual expansión del aparato estatal.
Asimismo, y para asegurar la mano de obra en las nuevas plantaciones de café, Zaldívar
introdujo leyes que prohibían “vagancia y trabajo migratorio” y asignaban “jueces agrarios” para
controlar la disponibilidad de jornaleros, mientras se autorizaba la expulsión de “intrusos” en
todas las nuevas tierras privadas por parte de la recién formadas patrullas policiales comunales
(Gordon 1989: 21). El aparato represivo se reforzó progresivamente con la introducción de la
Policía Rural en 1889, asignada primordialmente a las áreas cafetaleras.
Es importante señalar que el crecimiento de los cuerpos represivos obedeció a la modalidad de
privatización de la tierra. A medida que las tierras comunales y los ejidos perdieron apoyo
estatal, la clase dominante, consolidada en el periodo republicano y vinculada con el régimen de
Zaldívar, se convirtió en el gran beneficiario de la reforma liberal. Aprovechando la ambigüedad
de las leyes y las brechas legales que éstas permitían, la clase dominante se sirvió de prácticas
corruptas, tales como la contratación de abogados inescrupulosos y el soborno de
administradores locales, para apropiarse de las mejores tierras del país. A esto se añadió la
eventual expulsión forzada de indígenas y campesinos para “limpiar” las tierras y agilizar la
explotación cafetalera (Geoffrey Rivas, 1973: 439). Es aquí donde los cuerpos represivos
encontraron su mayor punto de acción: despojando las tierras de forma ilegal y violenta y
conteniendo las rebeliones campesinas que se levantaron para combatir los abusos, como sucedió
en 1882, 1885 y 1889 (Menjivar 1980: 89; Trujillo 1981).
Este proceso de despojo no solamente permitió la base de acumulación originaria para
fundamentar el nuevo modelo agroexportador y la base material para establecer la nueva
oligarquía cafetalera, sino que también representó el hito en la formación de un régimen
socioeconómico fundamentalmente injusto y caracterizado por enormes desigualdades que se
reprodujo de forma permanente por casi un siglo. Según Flores Macal, para 1886 unas cuantas
familias, por ejemplo Alfaro, Palomo, Dueñas, Regalado, Escalón y Meléndez, se habían
apoderado de 40% del territorio nacional para expandir el sector agroexportador, la mayoría
antiguas tierras ejidales y comunales (Flores Macal, 1983: 60).
La nueva Constitución de 1886 promulgó oficialmente la privatización de la tierra y el modelo
agroexportador como la estrategia nacional hacia el desarrollo, mientras que la emergente
oligarquía cafetalera se convertía en la nueva clase dominante que controlaría las riendas del
modelo agroexportador y todos los demás sectores económicos del país. Del mismo modo, esta
clase también se constituiría como una élite gobernante ya que miembros de este grupo ocuparon
la silla presidencial hasta la tercera década del siglo veinte (Mariscal, 1979: 143).
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Este proceso de acumulación originaria concluyó en el logro de tres objetivos fundamentales
para la consolidación de la nueva oligarquía cafetalera: permitió la despojo de tierras y la
liberalización de la mano de obra para sostener al industria del café; propició la inserción de El
Salvador dentro de los circuitos del mercado internacional como mono-exportador de café; y
eliminó la tradición de gestión de tierras por parte de los gobiernos municipales al centralizar
esta gestión en manos del gobierno nacional, lo que a su vez facilitó la transferencia de tierras a
los intereses oligárquicos que controlaban el estado nacional.
Para finales del siglo diecinueve, la exportación de café se había convertido en la espina dorsal
de la economía nacional, ya que representaba 76% de las exportaciones (esta cifra llegaría a 95%
en 1931) y recaudaba más del 80% de las rentas del estado (Geoffrey Rivas, 1973: 439). Del
mismo modo, la industria del café se convertiría en el negocio exclusivo de unas cuantas familias
oligárquicas que se mantendría hasta 1979, un grupo que se denominó “Las 14 familias” ya que
los más poderosos constituían ese número aunque en realidad era mayor (Colindres 1977; Albiac
1999; Paniagua 2002). En el cuadro 1 se especifican las principales familias que controlaron este
rubro hasta mediados de la década de los 1970s, una producción que representaba más de dos
tercios de la producción nacional cafetalera y que se llevaba a cabo en la mejor tierra del
occidente del país.
Cuadro 1
Principales Familias en la Producción de Café, 1974
(Miles de quintales)
Familia(s) Producción
1. Regalado Dueñas y Mathies
Regalado
85
2. Guirola 72
3. Llach y Schonenberg 50
4. Hill y Llach Hill 49.5
5. Dueñas 45.5
6. Álvarez Lemus 42
7. Meza Ayau 41
8. Sol Millet y Escalante 36.5
9. Daglio 38.5
10.Other Álvarez 33
11. Salaverría 32
12. Deininger 22
13. Alfaro (Castillo- Liévano-
Vilanova)
22
14. Dalton 22
15. Lima 20
16. García Prieto-Miguel
Salaverría
20
17. Ávila Meardi-Meardi
Palomo
19
18. Liebes 18
19.Battle 18
20. Álvarez Drews 16
21. Quiñonez 14.5
22. H. De Sola 13.5
5
23.Kriete 13
24.Cristiani Burkard 12.5
25. Eduardo Salaverría 12
26. Bonilla 10
Fuente: Colindres, 1976: 471
¿Cómo podemos caracterizar a este grupo dominante? Edelberto Torres Rivas argumenta que el
concepto de lo “oligárquico” debe ser concebido como una “categoría descriptiva” que hace
referencia a una forma particular de ejercer dominio político y económico dentro del marco de
las relaciones y conflictos históricos entre las clases (Torres Rivas, 2007: 214). Asimismo, lo
“oligárquico” se refiere a “la conducción política que corresponde al periodo de formación del
estado nacional, momento que corresponde al largo trecho histórico de consolidación de la
economía comercial para la exportación, es decir, cuando se establecen de forma estable,
orgánica, los lazos con el mercado mundial y, al mismo tiempo, cuando internamente las
instituciones del orden colonial quedan redefinidas o superadas en un proyecto de integración y
modernización capitalista” (Ibíd.: 214-215).
Esta caracterización del poder oligárquico se plasmó en El Salvador durante las reformas
liberales y la privatización de la tierra ejidal y comunal, de donde emerge una nueva clase
política-económica que se integra a los mercados internacionales mediante la exportación de café
y termina por dominar el estado nacional y la economía en su conjunto. Torres Rivas continúa
“[en el poder oligárquico] la élite es capaz de hacerse de tierra y capital para sembrar, procesar o
comerciar café, se convierte en una fuerza social dominante, violenta en sus métodos. Sus
intereses son intereses mayores hasta alcanzar dimensión nacional, y por ellos el poder político
se pone directamente a su servicio” (Ibíd.: 215). Es decir, en virtud del poderío económico
acumulado por la oligarquía, el estado pasa a subordinarse ante las necesidades e intereses
multidimensionales de la clase oligárquica.
Finalmente, Torres Rivas añade “en la constitución de esta dominación política se va
conformando una relación profundamente desigual y autoritaria entre un pequeño grupo de
propietarios terratenientes/comerciantes y una masa de campesinos o peones agrícolas…la
subordinación política -paralela a la sobreexplotación económica- se apoya en una extensa y
profunda estructura de privilegios sociales reales, con la base que otorga la propiedad de la tierra,
o la tradición que acompaña el color de la piel o el apellido, la herencia de la posición social, el
origen familiar…” (Ibíd.).
En este sentido, el poder oligárquico encapsula tres aspectos que inciden en la estructura de
poder en formación: el poder político y económico paralelos, el estado como aparato
subordinado a los intereses de clase dentro del marco del desarrollo capitalista y su conexión con
el mercado mundial, y la consolidación de enormes desigualdades de clase claramente
demarcadas. Si tomamos en cuenta estas características de lo “oligárquico” como punto de
referencia para conceptualizar la clase cafetalera que emergió en El Salvador después de las
reformas liberales de finales del siglo diecinueve, podemos resaltar los siguientes rasgos como
constituyentes de este grupo oligárquico:
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1. Una clase política conformada por un limitado grupo de individuos pertenecientes a
pocas familias que ostentan reconocimiento histórico y cuyo prestigio yace en su origen,
raza, posición social dentro de la colonia, apellido, o la alguna combinación de éstos
2. Una clase económica que está fundamentalmente ligada al campo y a la industria
agroexportadora, y que su domino sobre la espina dorsal de la producción nacional le
permite invariablemente controlar todos los demás sectores económicos que se derivan
del sector primario (como la industria, el comercio, las finanzas y los servicios, entre
otros). Es decir, el grupo oligárquico controla en su totalidad el sistema económico del
país y todos los sectores que lo conforman.
3. El estado nacional funciona como un instrumento patrimonialista al servicio de la clase
oligárquica, el cual a su vez es dirigido directamente por parte de la oligarquía.
4. El sistema socioeconómico que sustenta y reproduce al núcleo del poder oligárquico es
fundamentalmente desigual y explotador, donde la riqueza está concentrada en muy
pocas manos, las grandes mayorías son marginadas y explotadas el servicio del sector
agroexportador, y las posibilidades de redistribución de la renta o movilidad social son
esencialmente nulas.
5. La modalidad de ejercer el poder es basado en la imposición, la violencia y la represión,
donde no hay una mediación institucional constituida que negocie y reconozca derechos
democráticos para la población en general.
6. Subordinación a la influencia de los poderes imperialistas y hegemónicos.
Esta conceptualización de la oligarquía cafetalera salvadoreña evolucionó a través de los años de
acuerdo con los cambios políticos y socioeconómicos provocados tanto por factor internos como
externos, siendo el protagonismo adquirido por los militares desde 1932 y los intentos de dar el
salto a la industrialización las variantes más notales antes de 1979. Pero la esencia del poder
oligárquico se mantuvo virtualmente intacta hasta 1979, cuando la crisis interna del sistema
oligárquico, complementada por la disensión dentro del aparato militar y la organización popular
de izquierda, provocó una crisis de poder y el fin del modelo de poder oligárquico agro-
exportador que estuvo vigente por un siglo.
La Alianza Oligárquico-Militar y Desafíos al Modelo
En este contexto es importante analizar los cambios en la correlación de fuerzas que provocó la
Gran Depresión mundial de principios de los años 1930s. La desigualdad, explotación y pobreza
que resultaron de las reformas liberales y la expansión del modelo agroexportador se agudizaron
con la caída vertiginosa de los precios del café durante la crisis mundial, lo que a su vez llevó a
un aumento importante en la actividad y movilización política de las clases explotadas. En enero
de 1932, y con el incipiente Partido Comunista como uno de sus fuerzas dinamizadoras, los
campesinos y trabajadores en las zonas cafetaleras del país se levantaron en armas contra el
modelo oligárquico, un evento histórico que puso en jaque momentáneamente al poder
oligárquico (Anderson 1971, Marroquín 1977; González 1984; Cerdas Cruz 1986; Guido Béjar
1988; Dalton 2000).
Como medida de emergencia, la oligarquía recurrió al ejército para restablecer el orden y sofocar
la insurrección a fuerza de cañón y salvar un statu quo que parecía moribundo. La intervención
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militar cerró “con broche de oro” su nuevo protagonismo al masacrar a 30,000 campesinos, en su
mayoría indígenas, y así inaugurar la dictadura militar que gobernaría el país por más de 60 años
(Anderson 1971; Dalton 2000). Con la masacre también se inició la alianza estratégica
oligárquico-militar mediante la cual la oligarquía cafetalera preservaría su status como clase
económica dominante pero ahora protegida por las armas de los militares que a su vez pasarían a
ocupar su puesto como clase gobernante (Guido Béjar 1988).
En este sentido, es importante destacar que durante este proceso de reacomodo en la estructura
de poder y la recuperación del poder oligárquico ante el desafío de las masas, la ideología de la
oligarquía cafetalera se mantuvo casi intacta a través del siglo veinte, y ésta ideología bloqueó
todo esfuerzo por levantar iniciativas de desarrollo endógeno que diversificaran la base
productiva del país y engendraran una distribución más balanceada de la renta nacional. Los
intentos por industrializar el país dentro del marco de un modelo de sustitución de importaciones
quedaron truncos por una negligencia intencionada. Hasta finales de los años 1970s, el sector
oligárquico agro-exportador todavía constituía la espina dorsal de la economía salvadoreña y su
mayor fuente de divisas y excedente económico (Dada Hirezi 1978; Sevilla 1983).
La alianza estratégica entre la oligarquía y los militares comenzó a manifestar deficiencias
funcionales para la década de los 1970s, alimentadas por factores estructurales. Una fue la crisis
de los precios del café durante esa década, lo que a su vez llevó a una intensificación en los
niveles de explotación, pobreza y desigualdad. Igualmente, el crecimiento de las fuerzas de
izquierda y las organizaciones de masas propició un movimiento popular con un carácter
progresivamente dinámico y convocador que comenzó a desafiar de forma abierta al régimen
dictatorial militar, el cual había perpetuado su poder mediante elecciones fraudulentas en 1972 y
1977. Esta movilización evolucionó eventualmente hacia una orientación político-militar con la
conformación de grupos de guerrilla urbana que chocaban de forma ascendente con las fuerzas
de seguridad del estado. Finalmente, otro factor que influyó a una creciente inestabilidad fue el
paulatino protagonismo de fuerzas paramilitares de ultra-derecha, los llamados escuadrones de la
muerte, patrocinados por la oligarquía para enfrentar de forma clandestina y violenta la
organización popular (North 1985; Montgomery 1995).
La inestabilidad política generalizada desembocó en el golpe de estado de octubre de 1979,
liderado por la “juventud militar” y el ala más progresista de los militares conformada por los
rangos bajos y medianos. El golpe de estado se cristalizó en la creación de una Junta Cívico-
Militar que prometió la introducción de reformas económicas y políticas que llevaran al país a la
construcción de un sistema de corte liberal y con más equidad en la distribución de riqueza. Este
intento apresurado de reformas también fue el último intento para evitar la inminente guerra civil
que se avecinaba (North 1982; Menjívar Ochoa 2006).
Aunque la Junta no pudo desmantelar el modelo oligárquico, las reformas que introdujo tuvieron
un impacto importante en el núcleo de poder económico de la oligarquía cafetalera. La Junta
inició un proceso de reforma agraria que se llevaría a cabo en tres facetas y tendría como
objetivo central la eliminación del latifundio, mientras que a su vez introdujo la nacionalización
de la banca y del comercio exterior, este último considerado la fuente principal de la riqueza de
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la oligarquía ya que la actividad más lucrativa de la agro-exportación es su comercialización en
los mercados internacionales (Menjívar Ochoa 2006).
Mientras la Junta, debilitada por divisiones internas y por la esperada ofensiva política por parte
de la oligarquía, cedía el paso a un reacomodo de poder que se asemejaba al statu quo que
precedió al golpe, y con la guerra civil ya en curso, los demócratas cristianos (DCs) ocupaban el
protagonismo político con la ayuda de la administración Reagan y su plan de contrainsurgencia.
Los DCs eran enemigos históricos de la oligarquía y apoyaron el desarrollo de los tres paquetes
de reformas que la Junta introdujo, mientras que el gobierno de Reagan elegía a los DCs y su
reformismo de centro para librar la guerra contra el socialismo revolucionario representado por
la guerra popular en manos de la izquierda militante y avanzada por el ejército guerrillero del a
FMLN (Lungo 1990)
Entonces, podemos afirmar que el poderío histórico político-económico de la oligarquía
cafetalera fue desarticulado durante la década de los 1980s por la combinación de tres factores:
el ala progresista del militarismo que engendró los proyectos de reformas que dislocaron el poder
económico de la oligarquía; los DCs que apoyaron las reformas y recibieron el visto bueno de la
administración Reagan dentro del marco de la guerra civil; y el proyecto revolucionario anti-
oligárquico avanzado por el FMLN mediante la lucha armada y en aras de tomar el control del
estado.
Esto no significó necesariamente que la oligarquía desapareció del radar del poder nacional, sino
que el poder casi absoluto se desarticuló y requirió de una reconfiguración en la estrategia para
recuperarlo. Es más, la reforma agraria no se implementó en su totalidad, y aunque alrededor de
20% de la tierra fue redistribuida a cooperativas campesinas, la faceta que supuestamente iba a
eliminar los latifundios nunca se llevó a cabo (Zamora, 1998: 54). De igual forma, la banca
nacionalizada siguió favoreciendo al sector oligárquico en cuanto a crédito e inversión, mientras
que la comercialización del café y otros productos en manos del estado sufrió del boicot
sistemático por parte de la oligarquía, lo que provocó un sesgo en la producción y una guerra al
fin contra las agencias estatales a cargo del comercio exterior (Zamora, 1998: 59-65; Gaspar
Tapia, 1989: 19-27).
Es decir, la oligarquía cafetalera sufrió una serie de golpes fuertes que la hicieron tambalear,
pero no lograron hacerla caer del todo. Eventualmente, la tabla de salvación la proporcionó la
doctrina neoliberal, que para finales de la guerra en El Salvador se había convertido en la
ideología hegemónica mundial capitaneada desde El Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
El Giro Estratégico: ARENA y el Ajuste Estructural Neoliberal
Con el triunfo de ARENA en 1989, que convirtió en Presidente al oligarca cafetalero Alfredo
Cristiani, las puertas de abrieron para que El Salvador experimentara con el modelo anunciado
desde Washington como la nueva base de la economía mundial. Y es precisamente aquí cuando
se lleva a cabo el quiebre histórico en la ideología constitutiva y funcional de la oligarquía
salvadoreña: se da el salto de la mentalidad agraria tradicional a la “modernidad” de un modo de
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producción sustentado en el sector financiero e importador vinculado a los circuitos
transnacionales de capital y de servicios. De oligarquía retrógrada se pasa a una supuesta
burguesía “despercudida” concentrada en los servicios y en las importaciones; del café y el
siervo semi-feudal, se pasa al centro comercial y al trabajador asalariado flexible (Segovia, 2002:
53-91).
Invariablemente, el giro en economía política que facilitó la consolidación oligárquica en El
Salvador no se puede concebir sin tomar en cuenta el nuevo patrón ideológico mundial que
emergió de los planteamientos del Consenso de Washington y el “Nuevo Orden Mundial”
concebidos a principios de los años 1990s. La caída del muro de Berlín y la desintegración de la
Unión Soviética dieron la pauta para el inicio de una nueva ofensiva del aparato capitalista
mundial para asegurarse un entorno económico/político a nivel global que propiciase la
acumulación de capital y la multiplicación de las plusvalías. La supremacía del individualismo
sobre lo colectivo, la reducción de la intervención y regulación estatales en la economía, y la
preponderancia del mercado como la fuerza productiva y distribuidora fueron los preceptos
fundamentales del giro neoliberal mundial, primero implementados por Pinochet en Chile,
Reagan en los EEUU y Thatcher en el Reino Unido y luego diseminados por el mundo a través
de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) y los Programas de Estabilización Económica
(PEEs) patrocinados por El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En El Salvador, el giro neoliberal se comenzó a gestar en 1983, cuando intereses oligárquicos,
amparados por la USAID, fundaron La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y
Social (FUSADES). Este tanque de pensamiento se dio a la tarea de empezar a articular los
preceptos neoliberales para su eventual implementación en El Salvador, y en 1985 publicó un
documento titulado “La Necesidad de un Nuevo Modelo Económico para El Salvador” (Gaspar
Tapia, 1989: 55-58; Vaquerano, 2005: 209). Aquí se establecían las directivas de un modelo
basado en la ampliación del libre mercado y la iniciativa privada, mientras que se abogaba por un
estado limitado y atacaba las políticas económicas de los DCs que habían continuado con la
mayoría de las reformas económicas implementadas por la Junta a principios de los años 80s.
Fue mediante este pronunciamiento que una fracción de la oligarquía salvadoreña oficialmente
declaró su giro hacia el neoliberalismo como la estrategia a seguir para restablecer su dominio
clasista y recuperar su poderío económico.
En este contexto, y después de más de diez años de lucha armada y 75,000 muertos, el FMLN y
el gobierno de Cristiani firmaron en enero de 1992 los Acuerdos de Paz que pusieron fin al
conflicto y abrieron un nuevo capítulo en la historia del país (Dunkerley 1994). En esencia, los
Acuerdos de Paz terminaron siendo pactos netamente políticos e institucionales que dejaron
intacto el sistema socioeconómico del país, que paradójicamente había sido una de las causas de
raíz de la guerra civil (Editorial ECA, 2002: 179-182). Los Acuerdos de Paz pactaron la
eliminación del aparato represivo del estado, introdujeron cambios en el sistema judicial y el
sistema electoral, reconocieron oficialmente los derechos humanos, y permitieron la transición
del FMLN hacia un partido político legal. Pero al mismo tiempo, los Acuerdos no abordaron el
sistema desigual de tenencia de la tierra, la concentración de la riqueza que aún se concentraba
en pocas manos, los altos índices de pobreza y exclusión social, y dejaron intacto el programa de
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ajuste estructural neoliberal que estaba en marcha desde que Cristiani había llegado al poder en
1989 (CIDAI, 2002: 212-4, 222-5).
Cuadro 2
Cambios en el empleo rural agropecuario y no agropecuario
Años 1980 y 2004 (En porcentajes)
Empleo 1980 2004
Industria 13% 12%
Construcción 5% 4%
Comercio 11% 21%
Servicios 6% 10%
Otros 4% 10%
Agropecuario 61% 43%
Fuente: PNUD 2005
Cuadro 3
Cambios en las fuentes de divisas 1978 y 2004
Fuentes de divisas 1978 2004
Agro exportaciones tradicionales 81% 5%
Remesas 8% 70%
Maquila 3% 12%
No tradicionales fuera de C.A. 8% 13%
Fuente: PNUD, 2005
Efectivamente, el giro neoliberal que la nueva oligarquía había concebido como su instrumento
de reconfiguración de poder no tendría mayores obstáculos que superar. La primera gran
transformación neoliberal del período de Cristiani fue la reprivatización de la banca, la cual
benefició a un pequeño grupo y cimentó el nuevo poderío financiero que hoy vemos
consolidado. Con la aprobación de la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos
Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo (Noviembre 1990), el estado salvadoreño
asumió la responsabilidad de sanear la cartera morosa de los bancos nacionales mediante la
transferencia de cartera de alto riesgo, un proceso que al finalizar le costó al fisco salvadoreño
alrededor de 3500 millones de colones, aproximadamente US$700 millones (Arias, 2008: 90;
Segovia & Sorto, 1992: 8).
La ley creó el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI), cuyo objetivo
central era el de asegurar que la cartera de los bancos estuviese solvente a fin de atraer la compra
de acciones por parte de agentes privados (no se permitía la compra de acciones por parte de
entes públicos), así como de proporcionar financiamiento para la adquisición privada de estas
acciones, o sea, financiar a aquellos interesados en comprar acciones (Segovia & Sorto, 1992: 5-
6). El 29 de noviembre de 1990 se aprueba la Ley de Privatización de las Instituciones
Financieras Nacionalizadas, y así se abre un ciclo de compra acelerada por parte de manos
privadas de las acciones “saneadas” con capital público.
11
A pesar de que las leyes de saneamiento y privatización contenían clausulas para impedir la
concentración en la adquisición de acciones (como porcentajes límites y segmentos exclusivos
para pequeños inversionistas), la mayor parte de la cartera bancaria terminó en pocas manos. Un
método utilizado por los oligarcas fue el de pago de testaferros o “prestanombres” que
compraban acciones con nombre propio pero que en realidad eran de otro (o que recibían
acciones por medio de poderes), y así evadir los límites legales establecidos por la ley (Moreno
2009). La falta de trasparencia llevó a que aliados de los oligarcas terminaran como directores
de las instituciones o consiguiendo mayorías en las asambleas generales de accionistas donde los
límites terminaron siendo burlados o simplemente ignorados.
Para mediados de los años 90s, el proceso de privatización de la banca había confluido en la
creación de un oligopolio financiero controlado por familias de apellidos oligarcas con
credenciales históricas y otros que habían ascendido durante el proceso mismo (ver cuadro 3).
Indudablemente, la reprivatización de la banca sirvió como un instrumento fundamental para
catapultar el poder financiero de la nueva oligarquía salvadoreña, la cual ya no cimentaría su
poder en el control de las industrias de agro-exportación (café, azúcar y algodón) ni en la
protección históricamente proporcionada por los militares, sino en la acumulación vertiginosa de
capital y de inversiones que eventualmente llevó a la economía salvadoreña a convertirse en un
rígido oligopolio controlado por un puñado de empresas financieras. Este oligopolio financiero
llegó a acaparar más del 90% de la cartera bancaria salvadoreña, y posteriormente este control de
los bancos sirvió como base financiera para expandir los negocios de estas familias a las ramas
del comercio, bienes y raíces, pensiones, aseguradoras, servicios y turismo (Equipo Maíz 2004).
Cuadro 4
Bancos Privados y Familias Propietarias, 2004
Banco Familia(s)
1. Banco Cuscatlán Cristiani, Llach, Bahaia, De
Sola
2. Banco Agrícola Baldochi, Dueñas, Kriete
Ávila, Palomo Déneke,
Araujo Eserski
3. Banco de Comercio Belismelis, Catani Papini,
Álvarez, Freund, Sol,
Escalante Sol, Palomo
4. Banco Salvadoreño Simán Jacir, Salume, Simán
Siri, Zablah Touche
5. Banco De América
Central y Credomatic
Murray Meza, Meza Ayau,
Sol Meza, Meza Hill,
Palomo, Quiñonez Meza,
Álvarez Meza
6. Scotiabank y
Ahorromet
Poma, Salaverría, Quirós,
Llach Hill, Hill, Meza Hill,
Hill Valiente
Fuente: Equipo Maíz, 2006
Cuando el capital transnacional le echó el ojo a los bancos salvadoreños, y tomando en cuenta la
eliminación de los límites a las adquisiciones de acciones por agentes extranjeros que vino con la
ratificación del tratado de libre comercio con EE UU (CAFTA) en el 2004, la nueva oligarquía
12
salvadoreña no tuvo otro remedio que vender los bancos con una ganancia estupenda: US$4 mil
millones de dólares (Arias 2008: 96-97). A esta venta hay que destacarla como una de las
grandes estafas perpetradas contra el pueblo salvadoreño en los últimos años, ya que a pesar que
los bancos nacionales fueron saneados con dinero público, la venta billonaria al capital
transnacional no dejó un centavo en el fisco salvadoreño, por un lado porque la mayoría de los
activos estaban registrados fuera del país, y por otro porque la evasión tributaria por parte de los
oligarcas fue pan diario durante la gestión de ARENA (Ibíd.: 112).
La nueva política crediticia de los bancos privados, que castigaba al agro y alentaba los servicios,
junto a las políticas de liberalización de precios dieron la pauta para la reversión paulatina de la
reforma agraria de los años 80s, ya que muchas cooperativas entraron en mora por la falta de
apoyo estatal y la baja en competitividad, y de esta forma muchas tierras volvieron a sus dueños
históricos (CONFRAS 2008). Del mismo modo, la comercialización del café y del azúcar volvió
a manos de sus antiguos dueños oligárquicos (Rivera Campos, 2000: 70). La importación del
petróleo también se privatizó, mientras que una liberalización general de precios eliminó los
subsidios y otras formas de apoyo estatal para la producción y consumo de productos de la
canasta básica. Cuando el segundo gobierno de ARENA, liderado por Armando Calderón Sol,
privatizó el sistema de pensiones e introdujo las AFPs (Administradoras de Fondos de Pensión)
los beneficiados fueron los grandes banqueros privados ligados a ARENA quienes terminaron
integrando las AFPs a sus prósperos circuitos financieros (Equipo Maíz 2005).
Cuadro 5
Medidas Neoliberales Durante los Gobiernos de ARENA, 1989-2004
Gobierno de Alfredo Cristiani (1989-
1994)
- Privatización del Comercio exterior
para el café y azúcar
- Privatización del sector bancario
- Privatización del Hotel Presidente
- Privatización de las importaciones de
petróleo
- Liberalización de los precios de la
canasta básica y eliminación de los
subsidios al sector agropecuario
- Cierre del Instituto Regulador de
Abastecimientos (IRA), ente que vendía
los granos básicos a precios subsidiados
- Cierre del Instituto de Vivienda Urbana
(IVU), que estaba a cargo de la
construcción de vivienda pública
- Reducción del impuesto sobre la renta
y los aranceles, y eliminación del
impuesto sobre el patrimonio
- Introducción del Impuesto al Valor
Agregado (IVA)
- Liberalización del tipo de cambio y la
tasa de interés
Gobierno de Armando Calderón Sol
(1994-1999)
- Privatización del sistema de pensiones
- Privatización del sistema de
distribución eléctrica
- Privatización de las telecomunicaciones
13
- Privatización de los ingenios
azucareros
- Privatización del sistema de placas y
licencias viales
- Aumento del IVA de un 10% a un 13%
Gobierno de Francisco Flores (1999-
2004)
- Dolarización de la Economía
- Privatización de algunos servicios
médicos del sector público
- Privatización del aeropuerto y puertos
- Firma de tratados de libre comercio con
México, Chile, República Dominicana y
Panamá
Gobierno de Antonio Saca (2004-2009) - Firma del tratado de libre comercio con
Estados Unidos (CAFTA)
Fuentes: (Equipo Maíz, 2004: 18-25; Moreno, 2004: 21)
Asimismo, la reforma tributaria impulsada por ARENA tuvo claros ganadores y perdedores.
Para empezar, Cristiani eliminó el impuesto al patrimonio (pagado por los dueños de grandes
propiedades), redujo a la mitad el impuesto sobre la renta (lo cual benefició a los que ganaban
más) y comprimió gradualmente los aranceles (lo que facilitó el negocio de la importación al que
muchos empresarios ya le habían apostado). Los huecos fiscales que esta reforma tributaria
acarreó fueron tapados con el IVA, el impuesto más regresivo que se puede concebir, sobre todo
cuando ni los granos básicos ni las medicinas se salvan de él. El economista César Villalona lo
describe de forma simple pero contundente: “El sistema tributario de El Salvador es como un
Robin Hood al revés: le quita a los pobres para darle a los ricos” (Equipo Maíz, 2003: 25).
La dolarización de la economía en el 2001 significó un paso coherente con la naturaleza de la
nueva orientación económica propiciada por ARENA. Al eliminar al colón, la moneda nacional,
no solamente se le dio el tiro de gracia a la moribunda industria exportadora, pero también se
vino a beneficiar a los conglomerados bancarios y los grandes importadores ya que el riesgo de
un colón devaluado, un impedimento para las compras en el exterior y un peligro para las deudas
externas que los bancos habían contraído en dólares, fue cortado de tajo. La dolarización es
generalmente considerada como una medida de último recurso para solucionar problemas de de
cambio y/o hiperinflación, pero en El Salvador, que no tenía problemas inflacionarios o
cambiarios, esta medida se adoptó para acomodar el sistema monetario a las demandas de los
intereses financieros de los grandes bancos (Villalona 2001; Lazo 2004).
Finalmente, los tratados de libre comercio (TLCs) facilitan aún más la industria importadora y
han terminado de rematar a las exportaciones y al sector agropecuario. Sucesivos gobiernos de
ARENA firmaron TLCs con México, Chile, República Dominicana, Panamá y Estado Unidos, y
lo que se ha logrado es el aumento paulatino de las importaciones mientras las exportaciones se
estancan (Equipo Maíz 2008). En el 2008, y de acuerdo al Banco Central de Reserva, el déficit
comercial fue de más de 5 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado en la historia del
país. Las remesas ya no podrán llenar ese vacío, y al no tener un sector exportador que genere
divisas, el camino hacia un continuo endeudamiento parece ser la única opción viable a corto
plazo (pero nefasta al largo plazo).
14
Este recuento de las políticas neoliberales implementadas por ARENA durante casi veinte años
nos ayuda a dilucidar el nuevo engranaje del poder en El Salvador: una economía de servicios e
importaciones que solamente beneficia los intereses de los nuevos grupos financieros e
importadores y que castiga duramente a la minimizada clase media y a los sectores populares.
La economía neoliberal ha servido como el medio perfecto para que los grupos oligárquicos
recuperen y consoliden sus intereses y privilegios en el ámbito nacional. Como vemos en el
cuadro 6, el nuevo poder económico está concentrado en ocho grupos mayormente financieros,
pero que también controlan la industria, el comercio, la construcción, los seguros, las pensiones,
y los servicios, entre otros sectores.
Cuadro 6
Nuevos Grupos de Poder en El Salvador, 2004
Grupo Familias Actividades Capital
1. Grupo Cuscatlán (44
empresas)
Cristiani, Llach, De
Sola, Salaverría, Hill
Inversión financiera; sector bancario;
aseguradoras; pensiones; exportación
y distribución de medicamentos;
ganadería y agricultura; distribución
de fertilizantes; construcción;
corredoras de bolsa de valores;
exportación de café; agencias
inmobiliarias; importación y venta de
electrodomésticos; piscicultura;
industria textil; fumigación; industria
de bebidas; tabaqueras
US$6865
millones
2. Grupo Banagrícola
(36 empresas)
Baldochi Dueñas,
Kriete Ávila, Dueñas,
Palomo Déneke,
Araujo Eserski, Pacas
Díaz, Cohen
Inversión financiera; sector bancario;
aseguradoras; pensiones; transporte
aéreo; industria de cemento; industria
de papel y plástico; comunicaciones;
industria de licores; exportación de
café; agencias inmobiliarias; industria
química; ingenios de azúcar
US$6515
millones
3. Grupo Banco
Salvadoreño (54
empresas)
Simán, Salume,
Zablah, Touché
Inversión financiera; sector bancario;
aseguradoras; agencias inmobiliarias;
industria química; elaboración y
venta de productos alimenticios;
importación y fabricación de
productos industriales; construcción y
servicios de arquitectura e ingeniería;
distribución de cigarrillos; industria
de harina de trigo; almacenaje y
bodegas
US$1835
millones
4. Grupo Banco de
Comercio (27
empresas)
Belismelis, Catani,
Papini, Álvarez,
Freund, Cohen, Sol,
Escalante Sol,
Palomo
Inversión financiera; sector bancario;
aseguradoras; pensiones; industria
siderúrgica; industria de cemento;
industria de aluminio, industria
láctea; exportación y
comercialización de café; industria
química; generación de energía
eléctrica; industria avícola
US$1351
Millones
5. Grupo AGRISAL
(41empresas)
Murray Meza, Meza
Ayau, Sol Meza,
Meza Hill, Palomo,
Inversión financiera; sector bancario;
aseguradoras; pensiones; industria de
cervezas; industria de bebidas y
US$768
millones
15
Álvarez Meza embotelladoras; industria de calzado,
agencias inmobiliarias; exportación
de café; industria de cemento
6. Grupo
Poma/Salaverría
Prieto/Quirós (55
empresas)
Poma, Salaverría
Prieto, Quirós
Inversión financiera; sector bancario;
aseguradoras; exportación de café;
agencias inmobiliarias; construcción
y bienes raíces; centros comerciales;
importación y distribución de
automóviles; industria de aluminio;
industria de cemento
US$ 175
millones
7. Grupo Hill/Llach
Hill (13 empresas)
Hill, Llach Hill,
Meza Hill, Hill
Argüello
Inversión financiera; sector bancario;
aseguradoras; exportación de café;
agencias inmobiliarias; almacenaje y
bodegas
US$51
millones
8. Grupo De Sola
(10 empresas)
De Sola aseguradoras; industria química;
elaboración y venta de productos
alimenticios; exportación de café;
agencias inmobiliarias
US$25
millones
Fuentes: Equipo Maíz 2006; Goitia 2006
Para el año 2004, el capital y los activos de las empresas de estos ocho grupos empresariales
equivalieron a US$17,585 millones, una cifra de dos mil millones de dólares mayor al producto
interno bruto del país, y que es igual a casi seis veces el presupuesto nacional para ese año, más
del doble de la deuda externa y el equivalente a seis años de entrada de remesas familiares. Es
decir, alrededor de 280 empresas en manos de un puñado de familias oligárquicas, la mayoría de
tradición cafetalera, controlan un nivel mucho mayor de riqueza que los 6.5 millones de
salvadoreños y ostentan una superioridad financiera abrumadora comparada a los recursos del
gobierno nacional.
Asimismo, el modelo liberal que facilitó esta reconcentración de riqueza y poder ha despojado al
estado salvadoreño de su roles reguladores y distributivos, porque éstos se han transferido a la
supuesta justicia y eficiencia del libre mercado y la ética empresarial. Es un estado neoliberal,
pero también un estado secuestrado por un pequeño grupo de personas con intereses bien
definidos e intocables. Inevitablemente la concepción de un “libre mercado” en El Salvador no
sólo es errada, ya que la sociedad salvadoreña se maneja con monopolios y oligopolios, sino que
ha llevado a un ciclo perverso de injusticia en la economía política y de corrupción en la
administración del estado.
Después de cuatro gobiernos de ARENA, El Salvador enfrenta una mayor concentración del
ingreso nacional el cual se alimenta de una economía especulativa que se concentra en las
ganancias a corto plazo. La desigualdad en El Salvador ha crecido y que la pobreza se mantiene
a niveles menos alarmantes porque las remesas familiares cumplen un papel vital. Hay un gran
segmento de salvadoreños que sigue marginado y con prospectos desesperanzadores, mientras
unos cuantos crecen sin límites (Editorial ECA, 2006).
Para muestra, un botón: Social Watch reporta que en 1995 el 66% de los frutos de la actividad
económica quedaban en manos de los empresarios en forma de ganancias, mientras que el 34%
16
les quedaba a los trabajadores en forma de salarios; para el 2005, las ganancias eran del 75% y
los salarios del 25% (Hernández & Pérez, 2008: 124). Si esa estadística se simplifica, se puede
decir que “113,000 empresarios se quedan con 75% de lo que producen 2.591.000 personas
trabajadoras” (Ibíd.). El índice Gini sitúa a El Salvador entre el 20% de los países más
desiguales del mundo, con un 0.525 (Ibíd.). En cifras reales, esto significa que en El Salvador el
20% más rico recibe más de 58% del ingreso, mientras que el 20% más pobre recibe apenas el
2.4%, veinticuatro veces menos que los más ricos.
Otras estadísticas hablan por sí solas: entre 500 y 700 salvadoreños salen del país diariamente en
busca de una vida mejor en otras tierras; entre el año 2000 y el 2007, según el Banco Central de
Reserva, el número de hogares que reciben remesas creció casi 13 veces; el 56% de la actividad
económica del país se realiza en la economía informal; el déficit comercial ya pasó los 5 mil
millones de dólares (parte del cual debe ser cubierto con préstamos); y un sector agrario
aniquilado adrede y que apenas ronda el 10% del PIB, lo cual obliga al país a asumir la
vulnerable posición de depender de las importaciones para poder adquirir alimentos (Moreno
2004: 51-78; Arias, 2008: 29)
Cuadro 7
Principales Indicadores Económicos, 2008
(Millones de US$)
Exportaciones US$4549.1
Importaciones US$9754.4
Balanza Comercial - US$5205.3
Deuda Externa US$10691.1
Remesas Familiares US$3787.6
(17.1% de PIB)
Sector Servicios (% de
economía)
51%
Sector Agropecuario
(% de economía)
13%
Sector Industrial
(% de economía)
23%
Fuente: Banco Central de Reserva http://www.bcr.gob.sv
Cuadro 8
Porcentaje de hogares en situación de pobreza con y sin remesas 2004
Condición de
pobreza
Pobreza con Remesas
Total Urbano Rural
Pobreza total 34.5 29.2 43.6
Pobreza extrema 12.6 8.6 19.3
Pobreza relativa 22.0 20.6 24.4
Pobreza sin remesas
Total Urbano Rural
Pobreza total 41.2 34.9 51.9
Pobreza extrema 19.5 14.5 28.1
Pobreza relativa 21.7 20.4 23.8
Fuentes: PNUD, 2005; Goitia 2006
17
Del mismo modo, las remesas familiares que los migrantes salvadoreños que viven en el exterior,
primordialmente en Estados Unidos, mandan a sus familias periódicamente, se han convertido en
el pilar fundamental de la economía. Millones de salvadoreños han emigrado del país porque no
se les ha brindado la oportunidad de un trabajo digno y un futuro mejor, y su ayuda financiera a
sus familias constituye el factor que mantiene a flote a la economía salvadoreña. En el año 2008,
las remesas totales fueron casi US$3,787 millones, una suma que llega casi al 20% del Producto
Interno Bruto (PIB) y cubre aproximadamente dos tercios del déficit en la balanza comercial. Lo
trágico de la situación es que los migrantes que fueron expulsados del país mandan fondos que
sostienen en pie precisamente al sistema que los expulsó, sobre todo porque más del 86% de las
remesas se usan para el consumo, lo que a su vez contribuye a alimentar la base consumerista,
terciaria y de importaciones de la economía neoliberal (Moreno 2009). Es decir que las remesas
terminan por ayudar a la reproducción de un sistema fundamentalmente injusto e insostenible.
Pero este proceso de neo-liberalización también tuvo su desgaste interno. La llegada de Cristiani
al poder fue el triunfo del ala más modernizadora de la oligarquía, y muchos de estos nuevos
protagonistas no venían necesariamente del núcleo histórico preponderante de “Las 14 Familias.”
Desde el principio, y empezando con la privatización de la banca y la reforma tributaria, el
gobierno de Cristiani atacó frontalmente al sector agro-exportador. El establecimiento de una
política crediticia anti-agro y pro-servicios, la implementación de incentivos fiscales (el
drawback, o la devolución del 6% sobre el valor de las exportaciones) para las exportaciones no-
tradicionales como la maquila, y la apertura comercial que redujo aranceles a las importaciones,
dieron la pauta para marginar a los agro-exportadores. La introducción de un tipo de cambio
fijo, sustentado por ley, dio el tiro de gracia a este sector moribundo. Los grandes perdedores
fueron los oligarcas cafetaleros que rehusaron a dar el salto al modelo neoliberal, y su decisión
acabó por desplazarlos de las listas de los nuevos privilegiados.
Sin embargo, este quiebre ideológico dentro de la composición oligárquica salvadoreña no se ha
traducido en un salto hacia el progreso para el país. Es decir, el nuevo grupo de poder
salvadoreño difícilmente se puede catalogar como una burguesía en el sentido tradicional de la
palabra, porque los espacios para un reacomodo socioeconómico y político más incluyente y más
orientado a la equidad y la redistribución (sin que esto signifique un fin a las desigualdades del
capitalismo) se han visto cerrados por la mezquindad histórica. En otras palabras, el cambio en
ideología y carácter del poder oligárquico no han significando un cambio en la esencia de la
estructura de poder del país, y de hecho, esa estructura de poder se ha concentrado aún más.
Es indudable que la ideología de los grupos de poder ha cambiando y por la tanto su naturaleza y
orientación funcional son diferentes. El grupo empresarial financiero que se ha logrado imponer
es un grupo neoliberal desligado casi por completo de tendencias agrarias y exportadoras. La
economía que se ha creado, basada en el capital financiero, en lo servicios, en las importaciones
y que sobrevive de las remesas, da fe de ello. Pero las relaciones sociales desiguales y la rígida
jerarquía del poder, ancladas en normas históricas, se han mantenido y se han profundizado.
Asimismo, la nueva oligarquía utilizó al estado nacional como un medio para avanzar sus
intereses, un proceso que se cristalizó en la implementación sistemática del ajuste estructural
neoliberal.
18
Entonces, podemos argumentar que las características históricas del poder oligárquico,
enumeradas en la primera sección de este artículo, se han reconfigurado de forma muy similar
durante la era neoliberal: la reconfiguración de una oligarquía conformada por unas cuantas
familias en su mayoría de tradición histórica, el control casi absoluto por parte de este pequeño
grupo de la economía nacional en todos sus sectores estratégicos, su concepción patrimonialista
del estado, su sostenimiento sobre un sistema fundamentalmente desigual e injusto basado en el
despojo y la violencia solapada detrás de una democracia liberal de fachada, su desprecio por la
redistribución y la justicia social, y su subordinación ante el poder hegemónico transnacional.
Lo que cambió fue la mentalidad instrumentalista de la económica-política que la nueva
oligarquía adoptó para rearticular su poder sobre la sociedad salvadoreña.
Transnacionalización del Nuevo Bloque de Poder
Hay un elemento de suma importancia que hay que añadir cuando se analiza la naturaleza y
composición del nuevo grupo de poder en El Salvador: su creciente transnacionalización. En
primer término, y desde el punto de vista ideológico, es importante señalar que en El Salvador el
modelo neoliberal se adoptó por iniciativa propia de los grupos de poder reemergentes que
vieron al neoliberalismo como el camino a su reconfiguración. Es decir, los agentes
transnacionales no vinieron a imponer los PAEs y PEEs, sino que éstos se “tropicalizaron” de
acuerdo a los cálculos e intereses de la nueva oligarquía. Sin embargo, es importante recordar
que los gobiernos de ARENA siguieron al pie de la letra el esquema ideológico y programático
del FMI y el Banco Mundial (salvo un par de casos, como la tasa de cambio fija) lo cual hizo de
El Salvador un “alumno aplicado” y digno de emulación (Moreno 2009).
El Banco Mundial y el FMI avalaron y apoyaron el giro neoliberal en El Salvador, pero aquí hay
que hacer dos importantes aclaraciones. Los PAEs y PEEs se diseñaron y diseminaron alrededor
del mundo no para beneficiar las pequeñas oligarquías nacionales sino para crear las condiciones
para un nuevo patrón de acumulación que sirviera los intereses del capital transnacional y
derrumbara los obstáculos que impedían las ganancias. Segundo, la nueva oligarquía
salvadoreña se engolosinó con las políticas neoliberales que se implementaron durante los años
90s y que le permitieron consolidar su nuevo poder, pero esto sucedió mientras el capital
transnacional no le había echado el ojo al mercado interno salvadoreño como un espacio
potencializador para las inversiones y las ganancias.
Pero este contexto cambió en el 2001 con dos importantes transacciones que involucraron
importantes agentes transnacionales. Roberto Murray Meza, como el nuevo patriarca del Grupo
AGRISAL, empieza la venta paulatina de la empresa de bebidas alcohólicas La Constancia a la
cervecera transnacional sudafricana South African Breweries (después SABMiller) la cual se
finaliza en el 2005 (Arias, 2008: 114). Asimismo, la empresa de transportes aéreos TACA
(originalmente Transportes Aéreos Centroamericanos), propiedad de la Familia Kriete y uno de
los pilares del Grupo Banagrícola, comienza su transnacionalización al expandirse a Sudamérica
con la integración de TACA Perú y la creación del Grupo TACA, el cual también incluiría a las
principales aerolíneas centroamericanas (adquiridas en los 1990s) y a Volaris en México. TACA
es hoy “Transportes Aéreos del Continente Americano.” Finalmente, en el 2005 la transnacional
19
suiza Holcim pasa a ser el propietario mayoritario de Cementos CESSA, la cual había comprado
con anterioridad la planta estatal Maya (Moreno, 2009).
El Grupo Poma/Salaverría/Quirós, un líder regional en los sectores de construcción e
importación de vehículos, entre otras actividades, se ha venido expandiendo en Centroamérica,
Estados Unidos y México (donde se ha aliado con el imperio de Carlos Slim) desde finales del
los años 90s y se perfila actualmente a seguir su expansión en la región (Villalona 2007).
Estos eventos nos llevan al análisis de varios aspectos importantes. Primero, es claro que el
nuevo bloque de poder oligárquico, luego de haber consolidado su poder económico en el ámbito
nacional, se lanza a la expansión regional porque considera que el mercado interno salvadoreño
es ya limitado. Segundo, finalmente se permite que el capital transnacional se adueñe de los
sectores estratégicos que el nuevo bloque de poder oligárquico salvadoreño se había reservado
desde el inicio del giro neoliberal. Tercero, estos eventos sirvieron como antesala y preámbulo a
la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio con EEUU (CAFTA).
La firma del CAFTA abre las puertas a la venta del sistema bancario que comienza en el 2006-
2007. Los estatutos del TLC eliminaron todas las medidas que protegían al capital nacional
contra las ambiciones acaparadoras del capital transnacional, y el primer sector que cayó presa,
por ser el más lucrativo, fue el bancario. Citigroup compró el Cuscatlán, Bancolombia al Banco
Agrícola, el canadiense Scotiabank al Banco de Comercio, y HSBC adquirió el Banco
Salvadoreño. La venta de estos bancos fue de más de 4 mil millones de dólares, y además de los
bancos el capital transnacional adquirió también las aseguradoras, las administradoras de fondos
de pensiones, y las bolsas de valores incluidas en los portafolios financieros de los bancos
adquiridos (Arias, 2008: 96-97). Una vez los grandes bancos transnacionales se interesaron en el
mercado financiero salvadoreño, los oligarcas nacionales no tuvieron más remedio que someterse
a la única opción disponible: sucumbir a las presiones de venta.
Así vemos que han habido tres niveles de transnacionalización que conciernen al nuevo grupo de
poder oligárquico salvadoreño: primero, con la implementación del modelo neoliberal que lo
alineó con las nuevas tendencias globales; segundo, con la entrada del capital transnacional que
se ha intensificado en los últimos cinco años; y tercero, con la regionalización del capital del
bloque no sólo a Centroamérica y México, sino que también a Sudamérica e incluso Estados
Unidos. En este sentido, el nuevo bloque de poder oligárquico salvadoreño ha adquirido una
nueva e importante dimensión en su carácter funcional: la de su nueva condición
transnacionalizada y su creciente interés en los mercados regionales.
Dentro del marco integral del neoliberalismo transnacional, los nuevos oligarcas salvadoreños
son actores insignificantes, pero éstos se beneficiaron de los esquemas del neoliberalismo
transnacional (en teoría como en práctica) mientras los grandes no entraban. Algunos han pasado
de poseer a administrar en el marco de la economía política nacional (y es probable que otros
sigan este camino), pero al mismo tiempo se perfilan a expandirse como actores dinámicos en los
mercados regionales y transnacionales. Es por eso que la nueva oligarquía salvadoreña debe ser
analizada no sólo dentro de su nuevo papel dominante dentro del país, sino que también de
acuerdo a su expansión regional y transnacional.
20
La Nueva Oligarquía, el FMLN y Los Prospectos de Cambio
En marzo del 2009, el FMLN, el partido de la ex-guerrilla y el bastión anti-neoliberal en el país,
ganó el poder ejecutivo por primera vez en la historia bajo la promesa de “cambio” y la consigna
de cambiar el rumbo del país. El candidato ganador, Mauricio Funes, no es militante del partido
y hasta el día que decidió aceptar la postulación se desempeñaba como un periodista con buena
reputación. Dado que el neoliberalismo está encajado en el funcionamiento del estado después
de veinte años de implementación, los retos que afronta el FMLN en su búsqueda por neutralizar
el neoliberalismo se presentan complejos y hasta cierto punto abrumadores. Las medidas
neoliberales, sobre todo las privatizaciones, la reforma tributaria, la dolarización y los TLCs, han
impuesto de forma categórica una orientación económica virtualmente inmutable, que si se ve
amenazada, podría causar el caos total en la gestión estatal. El sistema funciona para beneficiar
los intereses de la nueva oligarquía, entonces, ¿cómo puede el FMLN enfrentar este reto?
Como punto de partida podemos empezar diciendo que podría haber cierto margen de maniobra,
pero los cambios que se pueden efectuar, desde la perspectiva de repartir riqueza y quitarle poder
económico y político al bloque oligárquico, pueden ser, a lo sumo, meramente cosméticos. Esto
no debe espantar a nadie, ya que dadas las circunstancias nacionales y transnacionales con las
que asume la presidencia Funes, es quizás el camino más juicioso. Pero la estructura de poder
permanecerá intacta, al menos durante un primer periodo del FMLN en el ejecutivo.
El primer factor que hay que tomar en cuenta es la actitud que Funes y el FMLN asumieron
desde el principio de la campaña para con el poder económico: diálogo y concertación en vez de
confrontación. Solamente el hecho de que Funes fuera el candidato enviaba el mensaje de que el
FMLN renunciaba a hacer cambios radicales y a antagonizar al gran capital nacional y
extranjero. Luego, el equipo económico de Funes habla por sí mismo: es conformado por
liberales, “burgueses iluminados”, y a lo mucho social demócratas. No hay revolucionarios en el
combo, y tampoco es pecado, pero no esperemos cambios estructurales en el manejo de la
economía. Y esto le beneficia a la oligarquía, por lo menos a corto y mediano plazo.
Pero el hecho de que el FMLN haya decidido construir su oferta de gobierno sin proponer
enfrentar al sistema que beneficia a la oligarquía es una clara señal de que el neoliberalismo ha
disciplinado al partido de izquierda. En otras palabras, el FMLN ha decidido tolerar al
neoliberalismo por cuanto prometió no tocar las bases centrales que lo sostienen. Mauricio
Funes fue elegido por el pueblo salvadoreño precisamente porque NO prometió tocar los
intereses oligárquicos, ya que aparentemente esta juiciosa orientación mantenía el statu quo,
conservaba la confianza de los inversionistas y no pondría a El Salvador en la lista negra de las
instituciones financieras internacionales. Los 500,000 votos adicionales que consiguió el FMLN
(si los sumamos al “voto duro” de 800,000) se pudieron conseguir porque la promesa de cambio
era esencialmente cosmética y la ofrecía un candidato que contaba con altos niveles de
aceptación. Además, la propuesta de cambio se planteó ante un rival desgastado y desacreditado
en la gestión gubernamental.
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En este sentido y para que haya un verdadero cambio en el país, se debe comenzar por
desmantelar los pilares del poder oligárquico que ARENA construyó durante 20 años al frente
del ejecutivo. Esto implicaría una revisión minuciosa de la economía política neoliberal
implementada desde 1989, en su carácter de instrumento mediante el cual la reconfigurada
oligarquía nacional (ya no cafetalera sino financiera) logró restablecer su dominio sobre la
economía del país. Pero para que se realice el cambio que ahora se espera, debe existir un plan
de acción más certero y radical que toque los nervios del organismo de desigualdad y privilegios
que reina en el país. Y hoy por hoy, eso no se va a dar, tal como se prometió en la campaña
electoral.
Segundo, el FMLN y Funes encuentran un estado debilitado por las reformas neoliberales, por un
lado, y secuestrado por los intereses de los oligarcas, por el otro. La posibilidad de que el estado
se convierta en un jugador clave y eficiente en los quehaceres del desarrollo integral nacional se
presenta remota porque éste no controla ningún medio de producción estratégico, no hay
recursos naturales que generen divisas, el país depende de las importaciones y las remesas, se
carece de política monetaria porque la dolarización la ha minado, la deuda en su conjunto es
significativa, y la corrupción y el patrimonialismo (al servicio del poder oligopólico) están a la
orden del día.
La economía política neoliberal ha echado raíces y no puede ser fácilmente revertida sin
dificultades. Las privatizaciones son virtualmente irreversibles (hasta la posibilidad de revivir
una agencia como la vieja IRA causa estupor en los grupos de poder), la dolarización está para
quedarse, los TLCs se proyectan como escritos en piedra, y se le sigue apostando a las remesas
como fuente de divisas. Pero como ya se ha analizado, el nuevo gobierno no va a tocar ninguna
de estas políticas y dejará que sigan su curso sin interrupciones. Asimismo, es importante
recordar que el FMLN y Funes controlan el ejecutivo, pero no el estado en su conjunto. La
asamblea legislativa, el poder judicial, la Corte de Cuentas, entre otros, siguen en manos de los
partidos afines a la oligarquía. La aprobación de la pírrica reforma fiscal a principios del 2010,
que no tocó el impuesto sobre la renta ni del patrimonio, es una muestra latente de la debilidad
del FMLN y el poderío que ostenta la nueva oligarquía.
Finalmente, hay que tomar en cuenta dos factores internacionales. El primero es la crisis
económica mundial la cual ha maniatado la capacidad de respuesta de los estados dependientes
en la periferia ya que lo que ocurre obedece a factores totalmente fuera del alcance de sus manos.
Cualquier movimiento que pueda parecer antagonista a los intereses empresariales podría
degenerar inestabilidad y hasta un bloqueo económico interno capaz de agudizar el ya
complicado escenario impuesto por la crisis global.
Esto nos lleva al segundo factor: el golpe de estado de Honduras. Es indudable que el bloque
oligárquico hondureño atizó el golpe para deshacerse de lo que ellos percibían como el primer
Chávez centroamericano, y la forma en que se hizo fue rápida y contundente. La experiencia en
Honduras nos dice que los golpes de estado son tolerables otra vez, sobre todo por la actitud de
apoyo tácito de la administración Obama. Si se permite en Honduras, se permitirá en Guatemala,
Nicaragua y El Salvador, y la nueva oligarquía salvadoreña, con sus siervos dentro de ARENA,
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al verse amenazados no dudarán en dar el zarpazo. Que tengan éxito es otra cuestión, pero se
puede inferir que Funes no está dispuesto a darles justificaciones para hacerlo.
Funes y el FMLN no van a tocar el núcleo de intereses económicos de la oligarquía, y por el
momento, solamente podrán mitigar algunos de los problemas más urgentes de los pobres y la
reducida clase media. Disminuir la marginación social, reducir la corrupción y el gasto
patrimonialista, y hacer que el aparato estatal responda con más efectividad y constancia al
pueblo, serían muy buenos resultados para los próximos años. Se han dado los primeros pasos,
pero quizás queda margen para otros proyectos importantes, como una verdadera reforma fiscal y
tributaria, la reactivación de la producción agrícola y la inversión en la educación y salud. No
son tareas fáciles ya que la derecha y la oligarquía las va a combatir a muerte sencillamente
porque tocan sus intereses primordiales. Es aquí donde el FMLN debe saber aglutinar las fuerzas
que lo apoyan y lo llevaron a la victoria electoral, pensando en la radicalización paulatina de sus
políticas para las elecciones legislativas y municipales del 2012 y las presidenciales del 2014.
Conclusión
El objetivo central de este artículo fue plasmar de forma crítica los quiebres y continuidades de la
oligarquía salvadoreña desde sus orígenes en el siglo diecinueve hasta su consolidación como un
reconfigurado grupo de poder durante la época neoliberal de la posguerra. Es claro que la
mentalidad política-económica de la oligarquía salvadoreña experimentó un quiebre importante
al desechar la tradición agraria-cafetalera en favor de un modelo neoliberal basado en las
finanzas y los servicios. Sin embargo, la orientación macro-social de esta “nueva” clase
representa una continuidad oligárquica en cuanto a su visión del desarrollo económico, la
concentración de la riqueza en pocas manos, el rol del estado, la redistribución de la renta y la
justicia social, y la reproducción de un sistema socioeconómico basado en la desigualdad e
injusticias estructurales. Los medios cambiaron, pero las consecuencias del ejercicio del poder
oligárquico se han reproducido e incluso se han exacerbado.
Se necesita un seguimiento en la investigación por tres razones. La primera es histórica-
conceptual. Para reiterar, el nuevo bloque de poder oligárquico se ha levantado de las cenizas de
la vieja oligarquía cafetalera con un carácter económico nuevo (el neoliberal), pero su
mentalidad política permanece presa de las huestes excluyentes y del hambre de poder que la
caracterizaron a lo “oligárquico” históricamente. El Salvador es un país que siempre ha sido
gobernando por atroces tendencias oligárquicas, y la clase dominante ha visto al país como su
inalienable propiedad privada. Esta nueva oligarquía representa la continuidad de esta tendencia,
ahora con un aura de supuesta modernidad, pero que también marca contundentemente las
fronteras que dividen a los ganadores de los perdedores del sistema.
La segunda razón es meramente política. Se ha venido anunciando desde 1992 que
supuestamente el país vive una democracia que goza de libertades y a la que se debe defender,
pero los grandes beneficiarios de ésta son precisamente los mismos de siempre. Una verdadera
democracia no puede crecer mientras un reducido grupo la manipula por conveniencia propia y
se utiliza al estado como instrumento de clase en aras de fortalecer y consolidar sus privilegios.
Como país que sigue luchando para construir una democracia al menos medianamente decente y
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alcanzar un mejor nivel de desarrollo integral, los salvadoreños y salvadoreñas deben
preguntarse cuál es la clase de sociedad democrática que quieren: si la minimalista, donde votar
es suficiente, o la que empodera al ciudadano común mediante canales participativos y promueve
la acción en los diferentes ámbitos de la vida política. La existencia de esta oligarquía
reconfigurada incide en esta decisión, porque al final la democracia tiene que ver con la
administración y ejecución del poder mismo.
Finalmente, existe una razón tercera razón, la socioeconómica. Este bloque de poder es una
estructura que aglutina un descomunal poder económico y por consiguiente una influencia
política aplastante que ha sido capaz de moldear al estado salvadoreño para usarlo a su antojo.
Los nuevos oligarcas controlan un gran capital (relativamente importante tomando en cuenta el
tamaño del país) que ahora es permeable a las fronteras nacionales y se expande regionalmente
de forma creciente.
El gobierno del FMLN podrá hacer muy poco para revertir el sistema de poder oligárquico-
neoliberal, en primer lugar porque nunca lo propuso como plataforma de gobierno, una decisión
que muestra cómo el neoliberalismo, y por ende la oligarquía, lo ha disciplinado para tolerar lo
que se implementó durante 20 años de gobiernos de ARENA. En segundo lugar, el FMLN
carece de los instrumentos necesarios para llevar a cabo un cambio substancial, sobre todo
porque heredó un estado incapacitado y en bancarrota virtual, tiene que lidiar con una economía
neoliberal institucionalizada y bien cimentada, y no tiene margen de maniobra ante una clase
dominante que no dudará en ponerlo en aprietos económicos si ésta percibe un giro de políticas
en su contra. Para realizar un cambio significativo en El Salvador es necesario desmantelar el
núcleo del poder oligárquico del país, lo cual es la causa matriz de los problemas nacionales,
pero hoy por hoy el FMLN no tiene la voluntad ni los recursos para llevar a cabo una empresa de
tal envergadura.
Referencias
Albiac, M. Dolores (1999) “Los Ricos Más Ricos de El Salvador”, Estudios Centroamericanos
(ECA), 54 (612): 841-864.
Anderson, Thomas (1971) Matanza: El Salvador’s Communist Revolt of 1932 (Lincoln:
University of Nebraska Press).
Arias, Salvador (2008) Derrumbe del Neoliberalismo: Lineamientos de un Modelo Alternativo
(San Salvador: Editorial Universitaria)
Baloyra, Enrique (1989) El Salvador in Transition (Chapel Hill: University of North Carolina
Press).
Bradford Burns, E. (1988) “The Modernization of Underdevelopment: El Salvador, 1858-1931”,
in Charles K. Wilber (ed.) The Political Economy of Development and Underdevelopment (New
York: Random House).
24
Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación, CIDAI (2002) “Los
Acuerdos De Paz, Diez Años Después”, Estudios Centroamericanos (ECA), 57 (641-642): 209-
234.
Cerdas Cruz, Rodolfo (1986) La Hoz y el Machete: La Internacional Comunista, América Latina
y la Revolución en Centroamérica (San José CR: EUNED), 255-305.
Colindres, Eduardo (1977) Fundamentos Económicos de la Burguesía Salvadoreña (San
Salvador: UCA Editores).
Colindres, Eduardo (1976) “La Tenencia de la Tierra en El Salvador”, Estudios
Centroamericanos (ECA), 31 (335-336): 463-472.
Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña CONFRAS (2008)
CONFRAS 2008: A Dos Años del TLC El Salvador-Estados Unidos (San Salvador: Cooperativa
Nueva Vida de R.L.)
Dada Hirezi, Héctor (1978) La Economía de El Salvador y La Integración Centroamericana
1945-1960 (San Salvador: UCA Editores).
Dalton, Roque (2000) Miguel Mármol: Los Sucesos de 1932 en El Salvador (San Salvador: UCA
Editores).
Dunkerley, James (1994) The Pacification of Central America (London: Verso).
Editorial ECA (2006) “Hacia la Dictadura del Gran Capital”, Estudios Centroamericanos (ECA),
61 (687): 3-16.
Editorial ECA (2002) “La Paz Traicionada”, Estudios Centroamericanos (ECA), 57 (641-642):
173-188.
Equipo Maíz (2008) Impactos de los TLC: Balance de los Sucedido del 2001 al 2007 (San
Salvador: Algier’s Impresores)
Equipo Maíz (2006) Los Ricos Más Ricos de El Salvador (San Salvador: Algier’s Impresores).
Equipo Maíz (2005) La Privatización de las Pensiones: Otro Negocio Redondo (San Salvador:
Algier’s Impresores)
Equipo Maíz (2003) Programa (Des)ajuste Estructural: Sus Impactos en El Salvador (San
Salvador: Algier’s Impresores)
Flores Macal, Mario (1983) Origen, Desarrollo y Crisis de las Formas de Dominación en El
Salvador (San José CR: SECASA)
25
Gaspar Tapia, Gabriel (1989) El Salvador: El Ascenso de la Nueva Derecha (San Salvador:
CINAS)
Geoffroy Rivas, Pedro (1973) “El Problema Agrario en El Salvador: Una Visión Histórica”,
Estudios Centroamericanos (ECA), 28 (297-298): 432-442.
Goitia, Alfonso (2006) El Otoño del Neoliberalismo en El Salvador, Mimeo Inédito.
Gordon, Sarah (1989) Crisis Política y Guerra en El Salvador (México DF: Siglo XXI Editores)
Guido Béjar, Rafael (1988) El Ascenso del Militarismo en El Salvador (San Salvador: UCA
Editores).
Hernández, Claudia, y Armando Pérez (2008) “El Salvador-Derechos Económicos y Sociales:
No Hay Voluntad Política”, Informe Social Watch El Salvador, documento consultado en
http://www.opinandoenelsalvador.com/wp-
content/uploads/2009/06/informesocialwatchelsalvador2008.pdf
Lazo, José Francisco (2004) “Dolarización y Liquidez en El Salvador: Crisis en Perspectiva”,
Estudios Centroamericanos (ECA), 59 (663-664): 53-68.
Lindo-Fuentes, Hugo (1990) Weak Foundations: The Economy of El Salvador in the Nineteenth
Century 1821-1898 (Berkeley: University of California Press).
Lindo-Fuentes, Hugo (1980) “La Extinción de Ejidos y La Eficiencia Económica”, Estudios
Centroamericanos (ECA), 35 (386): 1135-1143.
Lungo, Mario (1990) El Salvador en los 80: Contra-insurgencia y Revolución (San José:
Editorial Universitaria Centroamericana).
Mariscal, Nicolás (1979) “Regímenes Políticos en El Salvador”, Estudios Centroamericanos
(ECA), 34 (365): 139-152.
Menjívar, Rafael (1980) Acumulación Originaria y Desarrollo del Capitalismo en El Salvador
(San José: EDUCA).
Menjívar Ochoa, Rafael (2006) Tiempos de Locura: El Salvador 1979-1981 (San Salvador:
Índole Editores & FLACSO-El Salvador)
Montgomery, Sue Tommie (1995) Revolution in El Salvador: From Civil Strife to Civil Peace
(Boulder: Westview Press).
Montoya, Aquiles (1999) “La Concentración de la Actividad Económica en El Salvador,”
Estudios Centroamericanos (ECA), 54 (607-608): 429-457.
26
Moreno, Raúl (2009) Entrevista con el autor, Abril 21, CESPAS, San Salvador.
Moreno, Raúl (2004) La Globalización Neoliberal en El Salvador: Un Análisis de sus Impactos
e Implicaciones (Barcelona: Fundación Món-3).
North, Liisa (1985) Bitter Grounds: Roots of Revolt in El Salvador (Toronto: Between the
Lines).
Paige, Jeffery (1993), “Coffee and Power in El Salvador,” Latin American Research Review, 28
(3): 7-40.
Paniagua, Carlos (2002) “El Bloque Empresarial Hegemónico Salvadoreño”, Estudios
Centroamericanos (ECA), 57 (645-646): 609-693.
Rivera Campos, Roberto (2000) La Economía Salvadoreña al Final de Siglo: Desafíos para el
Futuro (San Salvador: FLACSO).
Segovia, Alexander (2002) Transformación Estructural y Reforma Económica en El Salvador
(Ciudad de Guatemala: F&G Editores).
Segovia, Alexander, y Francisco Sorto (1992) “La Reforma Financiera de ARENA: ¿Hacia
Dónde Se Dirige La Privatización de la Banca?”, Política Económica, (Abril-Mayo): 2-24.
Sevilla, Manuel (1984) “Visión Global Sobre la Concentración Económica en El Salvador”,
Boletín de Ciencias Económicas y Sociales, 3: 43-58.
Torres Rivas, Edelberto (2007) La Piel de Centroamérica: Una Visión Epidérmica de Setenta y
Cinco Años De Su Historia (San Salvador: FLACSO-El Salvador)
Trujillo, Horacio (1981) “La Formación del Estado en El Salvador”, Estudios Sociales
Centroamericanos, 10 (28): 117-131.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2005) Informe Sobre Desarrollo
Humano en El Salvador: Una Mirada al Nuevo “Nosotros”, El Impacto de las Migraciones (San
Salvador: UN Publications).
Vaquerano, Adán (2005) “El Proceso de Desarrollo en América Latina y El Salvador”, Estudios
Centroamericanos (ECA), 60 (677): 195-224.
Villalona, César S (2007). Entrevista con el autor, Marzo 22, Equipo Maíz, San Salvador.
Villalona, César S (2001) “La Dolarización en El Salvador”, documento electrónico consultado
en http://www.rebelion.org/hemeroteca/economia/casencion040602.htm
27
Zamora, Rubén (1998) El Salvador: Heridas que no Cierran: Los Partidos Políticos en la Post-
guerra (San Salvador: FLACSO-El Salvador).