kale gorria - ilegalizaciÓn

especialkalegorria

NUEVAS LEYES DE EXCEPCION PARA REFORZAR LA INQUISICION CONTRA LOS ABERTZALES. Ley Orgánica de Partidos Políticos (artículos 9 a 12) — REPRESION “DEMOCRATICA”, treinta

años de historia. Trayectoria del PNV. — ENTREVISTA CON ARNALDO OTEGI. “Vienen a por nosotros porque les hemos obligado a hacerlo”.

PROHIBIDO PENSAR. Acorralamiento y proscripción ideológicos a nivel internacional. — ESTRASBURGO CONDENA LA ILEGALIZACION DE LAS IDEAS. Debate sobre la ilegalización

del partido kurdo HADEP. — CUANDO EL MENSAJE ES LA IMPUNIDAD. 23-F, subvertir el orden constitucional. Dos varas de medir. — LA SOMBRA DE SALAMANCA ES ALARGADA.

Euskal Herria: silencio… ¡se rueda! — OPINIONES. Jon Idigoras, Jabier Salutregi, Annnic Legadec, Didier Rouget

ILEGALIZACION

a ilegalización de Batasu-

na está a la vuelta de la es-

quina. En este nuevo su-

plemento especial de KALE-

GORRIA hemos querido

aportar toda la informaión

posible sobre los nuevos

tiempos que vienen. Es

por eso que en un amplio trabajo se analiza deteni-

damente la Ley de Partidos Políticos y otros instru-

mentos jurídicos adoptados por el Estado español pa-

ra reavivar su inquisición contra Euskal Herria.

De cualquier forma, las nuevas medidas represoras

son un eslabón más dentro de una larga cadena de

agravios sufridos por este pueblo. Después de déca-

das de represión, incluida la etapa de la guerra sucia,

ahora la persecución viene travestida de “medidas

democráticas”. Pero no hay que llamarse a engaños.

Lo dice muy claro Arnaldo Otegi en una amplia en-

trevista: “Vienen porque les hemos obligado”.

La represión contra la izquierda abertzale se produce

en un momento de clara regresión de las libertades y

en que los aires que corren por el mundo son de ile-

galización de las ideas, una constante en los momen-

tos más negros de la historia de la humanidad.

Además, los promotores de esta caza impune del

abertzale son los mismos que desde antaño propug-

naron el angostar los espacios políticos y la elimina-

ción de todo tipo de libertades. Pero, pese a esa im-

punidad, lo que está claro es que este pueblo está

acostumbrado a luchar y, en la calle o en el Tribunal

Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo,

Euskal Herria seguirá peleando por sus derechos.

Además, el mapa político de este país sería absoluta-

mente diferente sin la presencia de la izquierda aber-

tzale. No es sólo la constatación que ofrecemos en un

cuadro comparativo, sino que Batasuna es una reali-

dad profundamente enraizada en la tierra vasca.

sum

ario

Inquisición contralos abertzalespág. 4La Ley de Partídos Políticos que servirá para ilega-lizar Batasuna es sólo uno de los instrumentos jurí-dicos de los que se ha dotado el Estado españolpara su particular inquisición contra Euskal Herria.

ilegalización

“VASCONGADAS Y CATALUÑA SON AUTENTICOSCOMO EXTERMINAR CORTANDO EN LA CARNE VIVA

L

FOTO PORTADA: Oriol CLAVERA

kalegorriaespecial •3

Décadas de represión“democrática”

pág. 12Un repaso a la recientehistoria represiva del Es-tado español contra Eus-kal Herria es suficientepara constatar que, a pe-sar de la muerte de Fran-co, en los últimos treintaaños, los gobiernos “de-mocráticos” han utilizadoy utilizan todas las armasa su disposición para in-tentar silenciar las reivin-dicaciones de un puebloque lucha por su libertad.

Otegi: “Vienen porqueles hemos obligado”

pág. 20En una amplia entrevista,el portavoz de Batasuna,Arnaldo Otegi, desgranalos entresijos de un pro-ceso de ilegalización de laformación abertzale anun-ciado ya en 1998 por elGobierno de José MaríaAznar y que, en aplicaciónde la nueva Ley de Parti-dos, aprobada este mesde junio por las cortes es-pañolas, podría entrar pró-ximamente en vigor.

Ilegalización de lasideas en el mundo

pág. 26La ilegalización de lasideas es una constanteen la historia de las disi-dencias en todo el mun-do. Desde el CNA deMandela, pasando por elperonismo argentino has-ta la reciente prohibicióndel Partido Democráticodel Pueblo de Turquía sonmuchos los proyectos po-líticos que han visto re-cortados sus derechosfundamentales.

Cuando el mensajees la impunidad

pág. 40La justicia es como laserpiente: sólo muerde alos descalzos. De Meli-tón al 23-F, pasando porla guerra sucia y el te-rrorismo de Estado, In-txaurrondo o la torturade seis mil ciudadanosvascos, el manto perma-nente de la impunidad-del Poder va paralelo alcierre de espacios políti-cos y la supresión de de-rechos civiles.

CANCERES EN EL CUERPO DE LA NACION QUE EL FASCISMO, QUE ES EL SANADOR DE ESPAÑA, SABRACOMO UN CIRUJANO LIBRE DE FALSOS SENTIMENTALISMOS” (12-X-1936, Día de la raza, Salamanca)

PSOE, CiU, Coalición Canaria y Partido Andalucista

han sumado sus votos a los del PP para aprobar la ley

de ilegalización de Batasuna. Esta iniciativa se une a

una serie de herramientas jurídicas (entre ellas la ley

que regula el derecho de asociación y la de “preven-

ción y bloqueo de la financiación del terrorismo”) que

el Gobierno español impulsa para reforzar su particu-

lar inquisición contra el independentismo vasco.

Textos: KALEGORRIA • Fotografías: KALEGORRIA/EFE

NUEVAS LEYES DE EXCEPCION PARA REFORZAR LA

INQUISICION

ilegalización

CONTRA LOS ABERTZALES


El Gobierno del Parti-do Popular ha apro-vechado la cruzada“antiterrorista” alen-

tada por Estados Unidos traslos sucesos del 11 de sep-tiembre para reforzar suparticular “caza de brujas”contra el independentismovasco. Además de las ya ha-bituales operaciones poli-ciales, apoyadas en iniciati-vas político-judiciales, con-tra personas y entidades li-gadas a la izquierda abertza-le, el Ejecutivo de Aznar hapromovido en el último añola puesta en marcha de nue-vas herramientas jurídicasque colocan al derecho deasociación en Euskal Herriaen una clara situación de es-tado de excepción.

Ello es más alarmante sitenemos en cuenta que estederecho, expresamente re-conocido en el artículo 22de la Constitución española,ni siquiera puede ser sus-pendido cuando se declaraun estado de excepción ode sitio, y que tampocopuede serlo en relación coninvestigaciones correspon-dientes a delitos de “terro-rismo”, tal y como queda re-flejado en el artículo 55 deltexto constitucional en elque, paradójicamente, seescudan los impulsores delas nuevas normativas parailegalizar y criminalizar aquienes reclaman los dere-chos de Euskal Herria.

En la vía penal existe unapoderosísima herramientacontra el derecho de asocia-ción, el artículo 129.2 delCódigo Penal, que permiteal juez instructor suspenderlas actividades de una aso-ciación hasta el plazo máxi-mo de cinco años. Esta me-

dida ha sido utilizada en losúltimos tres años de manerareiterada e ilegal contra or-ganizaciones como Xaki, Ja-rrai, Haika, Segi, Kas, Ekin,Gestoras Pro-Amnistía y As-katasuna. Ha servido inclusocomo base legal para el cie-rre de una decena de empre-sas y de tres medios de co-municación.

Los nuevos recursosEn su empeño por cercenarla labor política de la izquier-da abertzale y así neutralizaral sector más combativo enla defensa del proyecto deconstrucción nacional deEuskal Herria, planteamien-to alternativo al actual marcojurídico-político que, con ba-se en el ejercicio del derechode autodeterminación, haconseguido calar durante losúltimos años en amplios sec-tores de la población vascay, a su vez, se ha convertidoen referente obligado en eldebate político, el Gobiernodel Partido Popular ha consi-derado que las actuacionesllevadas a cabo en el ámbitopenal resultan insuficientes,demasiado garantistas y ex-cesivamente lentas, frente alpeligro que la socializaciónde iniciativas de cambio po-lítico en Euskal Herria entra-ña para su estrategia de “in-tegración en España”. Porello, se ha dotado de nuevosrecursos legales contra elasociacionismo en EuskalHerria. Por un lado, entró envigor el 26 de mayo pasadola Ley Orgánica 1/2002, de22 de marzo, reguladora delderecho de Asociación, encuyo artículo 4.6 se estable-cen medidas para impedirayudas económicas por par-te de los poderes públicos a

determinadas asociaciones,estando pensada la normapara las que constituyen elamplio movimiento social ypopular de Euskal Herria, ycon base en conductas deuno solo de sus miembros.

Bloqueo de fondos Por otra parte, se encuentraen fase de tramitación elProyecto de Ley de Preven-ción y Bloqueo de la Finan-ciación del Terrorismo queel Gobierno español pre-

sentó en marzo de este añoen el Congreso de los Dipu-tados en aplicación de la re-solución 1373 (del 28 deseptiembre de 2001) delConsejo de Seguridad deNaciones Unidas.

El texto de la ONU insta alos Estados a que “preven-gan y repriman la financia-ción de los actos de terroris-mo” congelando o no permi-tiendo que los fondos y acti-vos financieros estén a dis-posición de “personas que

cometan o intenten cometeractos de terrorismo o facili-ten su comisión o participenen ella, de las entidades depropiedad o bajo el control,directo o indirecto, de esaspersonas y de las personas yentidades que actúen ennombre de esas personas obajo sus órdenes”.

Por contra, la ley que pro-mueve el Gobierno de Aznarextiende la consideración deactuación delictiva a activi-dades de promoción de ob-

(...)CAPITULO SEGUNDODe la organización, funcionamiento y actividades delos partidos políticos(...)Artículo 9. Actividad

1.- Los partidos políticos ejercerán libremente susactividades. Deberán respetar en las mismas los va-lores constitucionales, expresados en los principiosdemocráticos y en los derechos humanos. Desarrolla-rán las funciones que constitucionalmente se les atri-buyen de forma democrática y con pleno respeto alpluralismo.

2.- Un partido político será declarado ilegal cuandosu actividad vulnere los principios democráticos, par-ticularmente cuando con la misma persiga deteriorar

o destruir el régimen de libertades o imposibilitar oeliminar el sistema democrático, mediante alguna delas siguientes conductas, realizadas de forma reite-rada y grave:a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y dere-chos fundamentales, promoviendo, justificando o ex-culpando los atentados contra la vida o la integridadde las personas o la exclusión o persecución de per-sonas por razón de su ideología, religión o creencias,nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia comométodo para la consecución de objetivos políticos opara hacer desaparecer las condiciones precisas pa-ra el ejercicio de la democracia, del pluralismo y delas libertades políticas. c) Complementar y apoyar políticamente la acción deorganizaciones terroristas para la consecución desus fines de subvertir el orden constitucional o alte-

rar gravemente la paz pública tratando de someter aun clima de terror a los poderes públicos, a determi-nadas personas o grupos de la sociedad o a la pobla-ción en general, o contribuir a multiplicar los efectosde la violencia terrorista y del miedo y la intimidacióngenerada por la misma.

3.- Se entenderá que en un partido político concurrenlas circunstancias del apartado anterior cuando seproduzca la repetición o acumulación de alguna delas conductas siguientes: a) Dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo,legitimando las acciones terroristas para la consecu-ción de fines políticos al margen de los cauces pacífi-cos y democráticos o exculpando y minimizando susignificado y la violación de derechos fundamentalesque comporta. b) Acompañar la acción de la violencia con progra-

LEY ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS (arts. 9 a 12) >>>■ ■ ■

RAJOY Y ACEBES. Ministros españoles de Interior y Justicia.

El PP ha promovidopara Euskal Herria herramientas jurídicas que colocan el derechode asociación enuna clara situaciónde excepción

El proyecto de Leysobre “financiacióndel terrorismo”contempla las actividades para lapromoción de finespolíticos como actuación delictiva

ilegalización

jetivos políticos o sociales, alasegurar que serán suscepti-bles de ser bloqueados losfondos que sirvan para “con-tribuir a los fines perseguidospor los grupos u organiza-ciones terroristas”.

Con este tipo de premisas,las facultades que se otorganen el Proyecto de Ley a laComisión de Vigilancia ads-crita al Ministerio del Interiorpara bloquear e investigarlas cuentas corrientes de en-tidades asociativas por unperiodo de seis meses y sinintervención judicial, van asuponer en la práctica la sus-pensión de sus actividades,pues se va a privar de unelemento primordial para sulibre desenvolvimiento, loque supone vulnerar el man-dato de la norma 22.4 de laConstitución española, don-de se establece que “las aso-ciaciones sólo podrán ser di-sueltas o suspendidas en susactividades en virtud de re-solución judicial motivada”.

Ofensiva globalEstamos pues ante una ofen-siva global del Gobierno delPP contra el asociacionismoen Euskal Herria y, en parti-cular, contra los partidos po-líticos, asociaciones y entida-des que reivindican una Eus-kal Herria sin injerencias es-tatales y con capacidad paradecidir su futuro en libertad.Y ahí ha de enmarcarse eltercer nuevo instrumento delque se ha dotado, la Ley Or-gánica de Partidos Políticosrecientemente aprobada.

Lejos de ser una ley quedesarrolla el artículo 6 de laConstitución española, don-de se anuncia que “los parti-dos políticos expresan el plu-ralismo político, concurren a

la formación y manifesta-ción de la voluntad popular yson instrumento fundamen-tal para la participación po-pular”, se trata de una nor-ma claramente sancionado-ra, materialmente antiterro-rista y ajena a la dimensión yenjuiciamiento constitucio-nales. La nueva ley declarailegales actividades que nosuponen infracción de nor-mas constitucionales ni cons-tituyen ilícito penal. Creatambién nuevas obligacioneslegales (al incluir el “apoyotácito” al terrorismo, se obli-ga a condenarlo) y chocafrontalmente con la doctrinadel Tribunal Europeo de De-rechos Humanos de Estras-burgo, que declara que losEstados disponen de un “es-trecho margen de aprecia-ción” en materia de disolu-ción de partidos políticos.

Estamos ante una ley “adhoc”, una norma claramentefinalista, que nace con unasola pretensión: la ilegaliza-ción de Batasuna. La finali-dad de renovar y actualizarla regulación de los partidosexistente en la Ley 54/78,(exposición de motivos queprecede al articulado deltexto normativo) es un meroacompañamiento con el queni siquiera se ha pretendidoocultar su ansiado objetivo.

Hay una decisión políticadel Gobierno del PP, dentrode una estrategia para Eus-kal Herria, y lo que importano es desde luego la calidadtécnica jurídica de la ley, si-no dotarse de un instrumen-to que haga posible esa ile-galización cuanto antes y sinobstáculos. La presunta in-constitucionalidad de la leyno importa, porque no haytribunal en el Estado que se

atreva a proponerla o decla-rarla, y el Tribunal Europeode Derechos Humanos deEstrasburgo dirá su opinónterminada esta década. Setrata de atender a las razonesde Estado y a las oportunida-des políticas hoy existentes.

Ilegalidad vs. ilicitudLa disolución de un partidopolítico ya está prevista envía penal en tanto que aso-ciación ilícita (artículos 515 y520 del Código Penal), a cu-

yo objetivo se viene dedi-cando el juez Baltasar Gar-zón desde hace varios años.Y ya hemos visto que hay ar-senal suficiente.

Tal vía de ilicitud penalde un partido político va aser ahora compatible con lade ilegalidad constitucionalque se regula en la Ley dePartidos Políticos, pues asílo establece en su punto10.6, pudiendo ambas ac-tuar simultáneamente sin in-terferencias.

La diferencia sustantivaentre ambas es que, mien-tras que para la ilicitud pe-nal es necesario que las aso-ciaciones “empleen mediosviolentos” (artículos 515.3º y4º del Código Penal), la víaconstitucional abre la posi-bilidad de establecer unailegalidad no penal parapartidos, en este caso Bata-suna, que no utilicen “me-dios violentos tipificados co-mo delito”, requisito inexcu-sable para la declaración de

RUFI ETXEBERRIA. Detenido y conducido a la Audiencia Nacional.

mas y actuaciones que fomentan una cultura de en-frentamiento y confrontación civil ligada a la activi-dad de los terroristas, o que persiguen intimidar, ha-cer desistir, neutralizar o aislar socialmente a quie-nes se oponen a la misma, haciéndoles vivir cotidia-namente en un ambiente de coacción, miedo, exclu-sión o privación básica de las libertades, y, en parti-cular, de la libertad para opinar y para participar librey democráticamente en los asuntos públicos. c) Incluir regularmente en sus órganos directivos oen sus listas electorales personas condenadas pordelitos de terrorismo que no hayan rechazado públi-camente los fines y los medios terroristas, o mante-ner un número significativo de sus afiliados doble mi-litancia en organizaciones o entidades vinculadas aun grupo terrorista o violento, salvo que hayan adop-tado medidas disciplinarias contra estos conducen-tes a su expulsión.

d) Utilizar como instrumentos de la actividad del par-tido, conjuntamente con los propios, o en sustituciónde los mismos, símbolos, mensajes o elementos querepresenten o se identifiquen con el terrorismo o laviolencia y con las conductas asociadas al mismo. e) Ceder, en favor de los terroristas o de quienes co-laboran con ellos, los derechos y prerrogativas que elordenamiento, y concretamente la legislación electo-ral, conceden a los partidos políticos. f) Colaborar habitualmente con entidades o gruposque actúan de forma sistemática de acuerdo con unaorganización terrorista o violenta o que amparan oapoyan al terrorismo o a los terroristas.g) Apoyar desde las instituciones en las que se go-bierna, con medidas administrativas, económicas ode cualquier otro orden, a las entidades mencionadasen el párrafo anterior. h) Promover, dar cobertura o participar en activida-

des que tengan por objeto recompensar, homenajearo distinguir las acciones terroristas o a quienes lascometen o colaboran con las mismas. i) Dar cobertura a las acciones de desorden, intimida-ción o coacción social vinculadas al terrorismo o laviolencia.

4.- Para apreciar y valorar las actividades a que se re-fiere el presente artículo y la continuidad o repeticiónde las mismas a lo largo de la trayectoria de un parti-do político, aunque el mismo haya cambiado de deno-minación, se tendrán en cuenta las resoluciones, do-cumentos y comunicados del partido, de sus órganosy de sus Grupos parlamentarios y municipales, el de-sarrollo de sus actos públicos y convocatorias ciuda-danas, las manifestaciones, actuaciones y compromi-sos públicos de sus dirigentes y de los miembros desus Grupos parlamentarios y municipales, las pro-

LEY ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS (arts. 9 a 12) >>>>>>

La Ley de Partidoses sancionadora, materialmente antiterrorista yajena a ladimensión y enjuiciamientoconstitucionales

Hay una decisiónpolítica, y lo queimporta no es lacalidad de la ley,sino dotarse de uninstrumento queilegalice cuantoantes y sin trabas


Los sectores oligárquicos y financieros que sos-tenían la “España del caudillo” decidieron, me-diados ya los años 70, abrir un proceso que sedenominó “transición democrática” para favo-recer la homologación del Estado español alselecto club de las democracias occidentales,con la incorporación de la economía –que as-piraba a integrarse en el Mercado Común Euro-peo– al circuito internacional y, en el plano po-lítico, dar un encaje definitivo, o casi definitivo,a las naciones sin Estado den-tro del propio Estado y, en esamedida, derrotar al proceso deliberación nacional y social deEuskal Herria. Desde enton-ces, la llegada del Partido Po-pular al Gobierno de Madrid(junio de 1996), el Estado es-pañol siempre había manteni-do con respecto al movimien-to independentista vasco unaestrategia política que desde lapropia izquierda abertzale seha definido como “el del paloy la zanahoria”. Era una fórmula que, veinteaños más tarde, seguía apli-cándose en toda su extensióny crudeza desde foros como el“Pacto de Ajuria-Enea” –todosmenos HB–. Se desataban bru-tales oleadas represivas, soste-nidas de forma insistente so-bre lo que se denominó MLNVy se acompañaban los ataquesde una oferta permanente de“incorporción” de los resisten-tes al “juego democrático”. Elobjetivo era que ese sectorcombativo de Euskal Herriaacabara por reconocer la legi-timidad del estatus político establecido. El Esta-do estaba convencido de que, con el tiempo, elsistema autonómico y de “libertades democrá-ticas” conseguiría fraccionar a la izquierdaabertzale y, tarde o temprano, la opción rebel-de sería asimilada por el sistema.

Ya no hay zanahoriaLa realidad es que ahora, el Estado, y con él elGobierno, ha perdido toda esperanza en que lavieja formulación de “palo y zanahoria” o, loque es lo mismo, “represión y oferta de inte-gración” pueda enterrar a la izquierda abertza-le. Es por ello que, cuando los “hijos políticos”de aquellos franquistas que creyeron poder ta-

par la boca al independentismo vasco con unaración de “transición democrática” han accedi-do al Ejecutivo español, ha desaparecido la za-nahoria. Ahora, con el PP, no hay zanahoriaposible: sólo queda el palo. Esta nueva posi-ción recibió el aval del PSOE por boca de unode sus nuevos valores en alza, Jesús Caldera,quien refrendó la posición gubernamental de-clarando que “ya se intentó todo” y que el ob-jetivo era “inalcanzable”. No quedaba, por tan-

to, “otro remedio” que quebrar cualquier aspi-ración de ese sector de la población vasca. Esalgo que siempre habían hecho, con mayor omenor énfasis, pero que en adelante intentarí-an con especial interés.Existe, además, otra clave que ayuda a enten-der lo que está sucediendo y es que durantelos años 1992 y 1993 la izquierda abertzale pu-so en marcha una estrategia de construcciónnacional y social que permite generar un con-flicto no sólo a partir de los grandes asuntosmacropolíticos, sino en temas y sectores comoel euskara, la universidad, la ecología, el de-porte y otros, todos ellos fundamentales para laconstrucción de un proyecto nacional, demo-

crático y popular, al igual que instituciones co-mo Udalbiltza, nacidas en la misma clave sobe-ranista y que vienen desarrollándose en los úl-timos años. Es esto lo que, en definitiva, se busca abortaren estos momentos. Se trata de atajar cualquierposibilidad de que se consoliden las bases ma-teriales de un proyecto de nación alternativoque, al final, con el ejercicio del derecho de au-todeterminación, haría saltar por los aires el di-

seño previsto para la “transi-ción española”.

Las alarmas, encendidasDesde que en los años 1997 y1998 se inició el proceso decambio político (tregua deETA, acuerdo de Lizarra-Gara-zi, Udalbiltza...), las cosas yano son iguales para el Estado.Incluso portavoces del PNVhan reconocido que el listóndel debate político se ha si-tuado a otra altura. En aquelmomento, el Estado compro-bó que, lejos de la derrota mi-litar o política que había pre-visto para la izquierda aber-tzale, ésta había sido capaz,habiendo generado condicio-nes sociales suficientes, deponer en marcha un procesoque, junto a otros sectores,colidera el cambio políticohacia la consolidación de unnuevo marco para Euskal He-rria. Y es precisamente esto loque hizo que se encendiesentodas las alarmas rojas en elEstado.“Si no hay zanahoria, sólo haypalo” e incluso, en adelante,

“habrá palo hasta con la zanahoria”, ya que elobjetivo fundamental es destrozar por todoslos medios a la izquierda independentista y nosólo despojándole de sus siglas, sino impidién-dole mantener su actividad política, su capaci-dad de propuesta, de coliderazgo en el proce-so soberanista. La ilegalización de Batasuna,como otros casos precedentes (cierre de“Egin”...), es parte de una estrategia que con-siste en obstáculizar una actividad que preten-de, otra vez, dar el salto hacia un nuevo marcopolítico y, por lo tanto, nada tiene que ver conel enfoque de “lucha contra el terrorismo” conel que machaconamente se presenta lo que de-nominan “problema vasco”.

A PALOSHASTA CON LA ZANAHORIA

ilegalización

ilegalidad, según el artículo22.2 de la propia Constitu-ción española.

Derechos vulneradosPartiendo de la especialprotección que, en un siste-ma que se pretenda demo-crático, deben gozar lospartidos políticos por razónde su trascendental función(como señala el antes citadoartículo 6 de la Constitu-ción), la ley prevista parailegalizar Batasuna atentacontra principios y dere-chos fundamentales.

La norma aprobada vulne-ra los principios de legalidady de seguridad jurídica quegarantiza el artículo 9.3 de laConstitución española. Deambos se deriva una exigen-cia de concreción, precisióny taxatividad a la hora de fi-jar los supuestos que habili-tan la ilegalización, exigen-cia que está claramente au-sente. Términos vagos y am-biguos, cláusulas abiertas,indeterminación jurídica...son las características másrelevantes del artículo 9.3 dela Ley de Partidos Políticos,lo que unido a la prolifera-ción de conductas que se lis-tan lo convierte en un autén-tico “cajón de sastre” y dejaun amplio margen de arbi-trariedad a los tribunales.

Otro de los derechos quequedan en entredicho es elde asociación (artículo 22de la Constitución). Un par-tido político es una formaparticular de asociación,por lo que los artículos 6 y22 del texto constitucionaldeben interpretarse conjun-tamente, con la consecuen-cia de que para la protec-ción efectiva de la libertadde los partidos políticos el

artículo 22 de la Carta Mag-na constituye un estatutomínimo de garantías.

Como ya se ha dicho, elsegundo punto del citadoartículo establece que sonilegales “las asociacionesque persigan fines o utilicenmedios tipificados como de-lito”. Por tanto, sólo son ad-misibles como conductaspara acordar la ilegalizaciónaquellas actuaciones contra-rias a los principios demo-cráticos que consistan enutilizar medios delictivos,porque de otro modo habríapara los partidos políticosun límite legal que no tienefundamento en ese artículo.

Conductas no delictivasSin embargo, el apartado9.3 de la Ley Orgánica dePartidos Políticos recogeconductas que no encajanen ese supuesto de ilegali-dad, como son las de “ex-culpar”, “minimizar” o“dar apoyo tácito al terroris-mo”, “acompañar la acciónde la violencia con progra-mas y actuaciones que fo-mentan una cultura de en-frentamiento y confronta-ción civil...” o “incluir regu-larmente en sus órganos di-rectivos o en sus listas electo-rales personas condenadaspor delitos de terrorismo queno hayan rechazado públi-camente los fines y los me-dios terroristas”, entre otros.

Tales conductas no sondelictivas, pues ni siquierason incardinables comoapología del terrorismo (ar-tículo 547 del Código Penal)o enaltecimiento o justifica-ción del terrorismo (artículo578 del mismo código), apesar de la amplitud y va-guedad con que el legisla-

dor ha diseñado estos ilíci-tos penales. Más bien for-man parte de la libertad dediscurso político al que elTribunal Europeo de Dere-chos Humanos otorga espe-cial protección y estatus,una posición preferente,dentro del ya amplio marcode protección dispensado ala libertad de expresión.

Asociar la libertad de ex-presión –que también am-para las “ideas” que contra-rían, chocan o inquietan–, auna medida de la “severidad

y radicalidad” (Tribunal Eu-ropeo de Derechos Huma-nos) que supone la disolu-ción de un partido, pugnaclaramente con otro princi-pio fundamental, el de pro-porcionalidad.

Otro principio básico quela Ley de Partidos ha que-brantado es el principio deirretroactividad de las dis-posiciones sancionadoras ode las normas restrictivas dederechos (artículo 9.3 de laConstitución) que, en estecaso, afectan a derechos

fundamentales como el deasociación y el de participa-ción política (artículos 22 y23). Por tanto, la norma nopuede ser retroactiva. Sinembargo, el apartado 2 dela Disposición Transitoriade la ley, en relación con elartículo 9.4, permite, a pesarde las modificaciones intro-ducidas tras el debate parla-mentario entre PP y PSOE,la ilegalización de un parti-do por conductas anterioresa la entrada en vigor de lanorma. Las enmiendas in-

PACTO ANTITERRORISTA. Reunión de las cúpulas del PP y del PSOE en la que se puso en marcha la Ley

puestas formuladas en el seno de las instituciones o almargen de las mismas, así como las actitudes signifi-cativamente repetidas de sus afiliados o candidatos. Serán igualmente tomadas en consideración las san-ciones administrativas impuestas al partido políticoo a sus miembros y las condenas penales que hayanrecaído sobre sus dirigentes, candidatos, cargoselectos o afiliados, por delitos tipificados en los Títu-los XXI a XXIV del Código Penal, sin que se hayanadoptado medidas disciplinarias contra éstos, condu-centes a su expulsión.

CAPITULO TERCERODe la disolución o suspensión judicial de los partidospolíticos Artículo 10. Disolución o suspensión judicial

1.- Además de por decisión de sus miembros, acorda-

da por las causas y por los procedimientos previstosen sus Estatutos, sólo procederá la disolución de unpartido político, o, en su caso, su suspensión, por de-cisión de la autoridad judicial competente y en lostérminos previstos en los apartados 2 y 3 del presen-te artículo. La disolución surtirá efectos desde suanotación en el registro de Partidos Políticos, previanotificación del propio partido o del órgano judicialque decrete la disolución.

2.- La disolución judicial de un partido político, o, ensu caso, su suspensión, será acordada por el órganojurisdiccional competente en los casos siguientes: a) Cuando incurra en supuestos tipificados como aso-ciación ilícita en el Código Penal. b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada ygrave la exigencia de una estructura interna y un fun-cionamiento democráticos, conforme a lo previsto en

los artículos 7 y 8 de la presente Ley Orgánica. c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vul-nere los principios democráticos o persiga deterioraro destruir el régimen de libertades o imposibilitar oeliminar el sistema democrático, mediante las con-ductas a que se refiere el artículo 9.

3.- La suspensión judicial de un partido político sóloprocederá si así lo dispone el Código Penal. Podráacordarse también como medida cautelar en virtudde lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal oen los términos del apartado 8 del artículo 11 de lapresente Ley Orgánica.

4.- El supuesto previsto en la letra a) del apartado se-gundo del presente artículo será resuelto por el Juezcompetente en el orden jurisdiccional penal, deacuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Po-



troducidas, lejos de impedirtotalmente la retroactividadde la ley, lo que hacen espuentear la irretroactividad.

El Gobierno español, ensu ofensiva contra la iz-quierda abertzale, está con-virtiendo en habitual estapráctica. Lo mismo ocurriócon la Disposición Adicio-nal 23ª de la Ley 24/2001,del 27 de diciembre, sobre“Pago de subvenciones apartidos políticos”, con cuyaentrada en vigor, y saltándo-se el principio de irretroacti-

vidad, el Estado ha preten-dido eludir el pago de lascantidades que en su díadenegó ilegalmente a HB yque debía abonar, en virtudde sentencias favorablesdictadas por el Tribunal Su-premo, razón por la cualhasta la Audiencia Nacionalse ha visto obligada a plan-tear cuestión de inconstitu-cionalidad.

Penalizar proyectosNos hallamos ante supues-tos en los que se procede a

una penalización de ideas yde proyectos políticos y node las conductas o activida-des; se trata de ilegalizar fi-nes, pues se declaran ilega-les actividades que no supo-nen infracción de normasconstitucionales ni constitu-yen ilícito penal. Parece serque el Gobierno de Aznar yquienes avalan la nueva leycon sus votos tratan de con-fundir intencionadamentelas actividades “contrarias alos principios democráticos”con la persecución de fines

contrarios a los que la Cons-titución española consagra,cuando el hecho de que unproyecto político pase porincompatible con los princi-pios y estructuras actualesde un Estado no lo hacecontrario a las normas de-mocráticas.

La inclusión en la ley dela necesidad de “respetar losvalores constitucionales” re-vela esa pretensión de apli-car la ley a los “enemigos”de la Carta Magna española,lo que de modo alguno esadmisible, al no existir unanorma, como la del artículo21.1 de la Constitución ale-mana, de la que se derive elprincipio de “democraciamilitante”.

A perpetuidadRelacionada con la preten-sión de irretroactividad sesitúa la cuestión de cuándose entiende producida lacontinuidad o sucesión deun partido disuelto, lo quese aborda en el artículo12.3 de la ley, así como enla Disposición AdicionalSegunda que modifica laLey de Régimen ElectoralGeneral en materia deagrupaciones electorales. Yen ellos se dice que paradeterminar la conexión en-tre el partido político di-suelto y el nuevo o unaagrupación electoral, setendrá en cuenta, junto aotros elementos, “la simili-tud sustancial de ambospartidos políticos”, lo queevidencia, una vez más, laclara pretensión guberna-mental de ilegalizar pro-yectos políticos o ideas y,más concretamente, de de-jar sin representación polí-tica el proyecto de una Eus-

kal Herria libre y soberanacon el que está comprome-tido la izquierda abertzale.

A corto plazo, lo que sepretende, tal y como anun-ció el ministro de Justicia es-pañol hace varios meses, esimpedir que Batasuna acu-da a las elecciones munici-pales de 2003, para lo cualincluso han modificado laLey Orgánica de RégimenElectoral General, buscandocerrar el paso a la fórmulade presentación como agru-pación electoral, utilizadaen la década de los 80, an-tes de la legalización de He-rri Batasuna.

Se trata, pues, de clan-destinizar a la izquierdaabertzale para generar de-sestabilización política enEuskal Herria y agitar elmapa electoral, con la ideade que ambos hechos re-dundarán en beneficio delPartido Popular y de las op-ciones constitucionalistas.Con ello dificultarán la víadel diálogo y el acuerdoante la ausencia de interlo-cutores políticos en la iz-quierda abertzale.

Se afirma que se trata determinar con el “santuarioinstitucional” que tiene Ba-tasuna en los ayuntamientosy cámaras legislativas, recu-rriendo a una expresión si-milar a la que sirvió de justi-ficación al nacimiento delos GAL –acabar con el“santuario francés” de ETA–.Entonces, el atajo fue la ac-tuación ilegal y violenta delEstado mediante la prácticadel terrorismo; ahora, el ata-jo tiene además forma deley, pero el Estado sigue ensu idea de dominar a losvascos vulnerando sus dere-chos fundamentales.

de Partidos Políticos que luego refrendaron CiU, Coalición Canaria y Partido Andalucista.

der Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Có-digo Penal.

5.- Los supuestos previstos en las letras b) y c) delapartado segundo de este artículo serán resueltospor la Sala Especial del Tribuna! Supremo regulada enel artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,de acuerdo con el procedimiento establecido en el ar-tículo siguiente de la presente Ley Orgánica, que ten-drá carácter preferente.

6.- La eventual coincidencia en el tiempo de los pro-cedimientos judiciales previstos en los anterioresapartados cuarto y quinto de este artículo respectode un mismo partido político no interferirá la conti-nuación de ambos hasta su finalización, produciendocada uno de ellos los correspondientes efectos. Nopodrá, por el contrario, acordarse la disolución volun-

taria de un partido político cuando se haya iniciadoun proceso de declaración judicial de ilegalidad delmismo por razón de uno u otro apartado o de ambos.

Artículo 11. Procedimiento

1.- Están legitimados para instar la declaración deilegalidad de un partido político y su consecuente di-solución en virtud de lo dispuesto en las letras b) y c)del apartado segundo del artículo anterior de estaLey Orgánica el Gobierno y el Ministerio Fiscal.El Congreso de los Diputados o el Senado podrán ins-tar al Gobierno que solicite la ilegalización de un par-tido político, quedando obligado el Gobierno a forma-lizar la correspondiente solicitud de ilegalización pre-via deliberación del Consejo de Ministros, por las cau-sas recogidas en el artículo 9 de la presente Ley Or-gánica. La tramitación de este acuerdo se ajustará al

procedimiento establecido, respectivamente, por laMesa del Congreso de los Diputados y del Senado.

2.- La acción por la que se pretende la declaración aque se refiere el apartado anterior se iniciará median-te demanda presentada ante la Sala Especial del Tri-bunal Supremo prevista en el artículo 61 de la Ley Or-gánica del Poder Judicial, a la que se adjuntarán losdocumentos que acrediten la concurrencia de los mo-tivos de ilegalidad.

3.- La Sala procederá inmediatamente al emplaza-miento del partido político afectado, dándole trasla-do de la demanda, para que pueda comparecer antela misma en el plazo de ocho días. Una vez compare-cido en debida forma o transcurrido el plazo corres-pondiente sin haberlo realizado, la Sala analizará laadmisión inicial de la demanda pudiendo inadmitir la


Nadie ni nada puedesostener desde elsentido común ydesde el de la justi-cia, fuera de la vo-luntad del Partido

Popular, y del seguidismo servil delPSOE y del pavor de CiU, la nuevaLey de Partidos Políticos que, sinpudor ninguno, va a ser promulga-da por el poder legislativo español,al único objeto de ilegalizar mañanaa la izquierda abertzale (Batasuna),y para hacer, pasado mañana, lopropio con el nacionalismo vasco yotros del Estado que pretendan le-vantar la bandera de su nación. Si ya el simple repaso de los cam-bios sufridos en el Código Penal es-pañol desde el año 1977 sería sufi-ciente para comprobar que todoslos gobiernos españoles de turnohan ido moldeando la ley, con talde taponar cualquier resquicio porel que los vascos pudieran colarse ypoder plantear su reivindicación na-cional, este nuevo intento se con-vierte sin duda en la gran Ley dicta-da ex profeso para llevar a cabo ladomesticación virtual de los vasco-nes. Aznar, como Recaredo o Wam-ba, quiere que en los libros de textode los futuros españolitos se incluyaque, al final de sus días en el poder,dominó al vascón.

Ante todo, es muy importantecomprender que con la nueva Leyde Partidos Políticos a punto de sersancionada por el Senado, el Go-bierno actual de España, algo que es

repetitivo en la Historia, pretendellegar al final del camino represivoemprendido contra todos aquellosque, bajo su dominación, defiendenla existencia y su derecho a vivir co-mo nación diferenciada. Se trata dedar colofón a la idea nacida con Isa-bel y Fernando y que llegó a su cenitbajo los auspicios del más exacerba-do falangismo de José Antonio Pri-mo de Rivera, y que se convirtió yquedó en el acerbo cultural del ciu-dadano español como algo consus-tancial a él: la independencia deEuskal Herria (… y de Catalunya yGaliza) es, hoy por hoy, inasumiblepor los españoles y, por lo tanto,cualquier acción encaminada a im-pedir la desmembración de Españaes para ellos mayoritariamente acep-tada sin medir ni sus antecedentes nisus consecuentes sean democráticoso no. De hecho, esta idea de “uni-dad del destino en lo universal”, for-mulada por el fundador de la Falan-ge, está sacralizada, defendida porlas armas y elevada a categoría cons-titucional al quedar expresada en elartículo octavo de la Carta Magna es-pañola y que preserva para el Ejérci-to la tarea de guardián del territorionacional español.

No deja de ser sintomático en estesentido que el 90 por ciento de losparlamentarios del hemiciclo espa-ñol fuera quien aprobara la impre-sentable Ley de Partidos como si dehecho, pues para ellos así lo es, fue-ra una “cuestión de Estado”. Y aun-que suene descabellado, a la vista

de las tragaderas sociales que se de-tectan en la gran España actual, qui-zás hubiera sido posible, tal y comolo intuía en su tiempo Ricardo Gar-cía Damborenea, que la existenciadel GAL, sin tanto chorizo a la horade repartir la pasta, con un pocomás de tiempo y con un tratamientomás adecuado desde los medios de

comunicación, hubiera sido asumi-da sin problemas como un asuntonormal por “necesario” (razón deEstado). Y ocurre así que hoy, sinchoriceos, con más tiempo y con eltratamiento informativo adecuado,la nueva Ley es por su “utilitarismo”aceptada por la sociedad española, apesar de que quien más y quien me-nos tenga los suficientes conoci-mientos como para poder percibirque la citada Ley es una herramientabélica que, al igual que entonces elGAL, va a ser utilizada contra princi-pios y fundamentos incluidos en elderecho de la humanidad. El GALfue un instrumento inventado porun PSOE que no se atrevió a ilegali-zar a una formación política comoBatasuna (entonces HB) y ello le hi-zo caer en la ilegalidad; mientrasque el PP, que no se atreve a rein-ventar el GAL (aunque algunos ca-sos acaecidos en su mandato susci-tan serias dudas), se ha atrevido ainventar la ilegalidad de sus adversa-rios, con lo que ha caído (“creíanque no nos atreveríamos”) en la dic-tadura. En definitiva, esto va a sercomo le-GALizar la política de elimi-nación.

No es de esperar por otro ladoque la ciudadanía española saquetiempo de sus ocupaciones para in-tentar establecer las muchas vulne-raciones que con la nueva Ley se re-gistran, no ya respecto al derechointernacional, sino con respecto a lamisma Constitución española. Talvez, ni se den cuenta de que el se-

Jabier Salutregi MentxakaDirector de EGIN

LeGALizar la eliminación

Aznar, comoRecaredo oWamba, quiereque en los libros de texto de los futurosespañolitos seincluya que, al final de susdías en el poder,dominó al vascón

misma mediante auto si concurre alguna de las si-guientes causas:

- Que se hubiera interpuesto por persona no legiti-mada o no debidamente representada. - Que manifiestamente no se cumplan los requisi-tos sustantivos o de forma para su admisión. - Que la demanda carezca manifiestamente de fun-damento.

La apreciación de la concurrencia de alguna de lascausas indicadas se pondrá de manifiesto a las par-tes para que puedan formular alegaciones sobre lamisma en el plazo común de diez días.

4.- Una vez admitida la demanda se emplazará al de-mandado, si hubiere comparecido, para la contesta-ción a la demanda por el plazo de veinte días.

5.- Si las partes lo han propuesto en sus escritos dedemanda o de contestación o la Sala lo considera ne-

cesario se abrirá un periodo de prueba que se regiráen cuanto a sus plazos y sustanciación por las reglasque sobre este extremo se contienen en los CapítulosV y VI del Título 1 del Libro II de la Ley de Enjuicia-miento Civil.

6.- Del conjunto de la prueba practicada se dará vistaa las partes que podrán formular alegaciones sobrelas mismas por plazo sucesivo de veinte días, trans-curridos los cuales, se hayan formalizado o no, el pro-ceso quedará concluso para sentencia que deberádictarse en veinte días.

7.- La Sentencia dictada por la Sala Especial del Tri-bunal Supremo, que podrá declarar la disolución delpartido político o desestimar la demanda, no será ob-jeto de recurso alguno, sin perjuicio, en su caso, delrecurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, yserá ejecutiva desde el momento de su notificación.

Si se decreta la disolución, la Sala ordenará la cance-lación de la correspondiente inscripción registral, y elfallo producirá los efectos que se determinan en el ar-tículo siguiente de esta Ley Orgánica. Si se desesti-ma la demanda, ésta sólo podrá volver a reiterarse sise presentan ante el Tribunal Supremo nuevos ele-mentos de hecho, suficientes para realizar valoracio-nes sobre la actividad ilegal de un partido diferentesa las ya contenidas en la sentencia.

8.- La Sala, durante la tramitación del proceso, de ofi-cio o Instancia de parte, podrá adoptar cualquiera delas medidas cautelares previstas en la Ley de Enjui-ciamiento Civil conforme al procedimiento previstoen la misma. En particular, la Sala podrá acordar lasuspensión cautelar de las actividades del partidohasta que se dicte sentencia, con el alcance y losefectos que estime oportunos para salvaguardar elinterés general. En tal caso, la Sala ordenará la co-


opiniónilegalización/


ñor Aznar lo que también pretendecon la nueva legislación es llegar afosilizar la ideología de los partidospolíticos españoles y cortar en secoel recorrido ideológico futuro dePNV, CiU, BNG, ERC, etcétera.

No obstante, todos aquellos queen España acepten esta Ley y diganser “no nacionalistas” (remoqueteque está en la punta de la lengua detodos los que siéndolo quieren dife-renciarse del nacionalismo vasco)tienen desde ahora por escrito lagran prueba de su mentira, pues conun articulado que confunde cons-cientemente fines y medios, y com-plementa ad infinitum el durísimoCódigo Penal español con el únicopropósito de perseguir hasta la eli-minación el nacionalismo vasco, sedemuestra que el suyo es el gran na-cionalismo excluyente español. Di-cho de otro modo, la Ley se revelacomo un arma con la que los gobier-nos de Madrid podrán a su antojodesvertebrar políticamente el nacio-nalismo vasco, impedir que la iz-quierda abertzale pueda organizarsecon vistas al futuro y romper todas ladinámicas encaminadas a cuestionarel Estado como marco jurídico y po-lítico: la Ley, curiosamente, contem-pla la destrucción de ETA desde laperspectiva ideológica. Con ello en-troniza la idea de que la organiza-ción armada no sólo es una mera“banda criminal”, sino que se sus-tenta en una ideología política quees la que con esta ley se va a perse-guir. Cierra así perfectamente el cír-

culo de la estrategia puramente poli-cial del PP para con el conflicto vas-co: se persigue policialmente pensa-mientos y obras.

En este sentido, cabe recordar unbreve escrito del joven dirigente deHB, asesinado el 20 de noviembrede 1989, Josu Muguruza, en el quebajo el título de “Votar a ETA” decíalo siguiente:

“ETA representa a la ciudadaníavasca en mucha mayor medida quelos votos de HB, porque ETA –ade-más de su forma determinante de lu-cha, ciertamente- tiene un programapolítico que en periodos electoraleses asumido, no solamente por HB,que lo defiende en periodos electo-rales y fuera de ellos, sino por la ma-yoría nacionalista de este pueblo.

Cuando alguien está votando alPNV, porque el PNV aboga por la te-rritorialidad vasca, está votando aETA. Cuando alguien está votando aEA, porque el señor Garaikoetxeaestá por la autodeterminación, estávotando a ETA. Y cuando alguienestá votando al PNV (en el original“al señor Retolaza”) cuando diceque hay que retirar las fuerzas poli-ciales españolas de aquí, está votan-do a ETA.

ETA tiene el programa político dela mayoría de este pueblo. Un pro-grama político para cuya realizaciónno hay instrumentos legales… Con-sigamos los resortes legales”.

Y es precisamente ese camino quelleva a conseguir los “resortes lega-les” el que se pretende arrancar decuajo con la aprobación de una Leyque, a tenor de los derechos huma-nos y de la jurisprudencia estableci-da en foros internacionales, inclusocon lo que las propias leyes españo-las establecen, puede colocar a susprecursores en el lado de la prevari-cación, pues con esta Ley de Parti-dos se vulneran los artículos 6, 9.3,22, 22.2, 22.4 y 23 de la Constituciónespañola y colisiona con la doctrinajurídica del Tribunal Europeo deDerechos Humanos de Estrasburgo.A ellos, al PP y al PSOE, por ahora,les importa un bledo: unos quierenlos votos del españolismo y losotros no quieren que se los llevenen exclusiva. Y vendrá la historiaque les juzgará … con el tiempo. Es-ta es la lástima.

rrespondiente anotación preventiva en el Registro dePartidos Políticos

Artículo 12. Efectos de la disolución judicial

1.- La disolución judicial de un partido político produ-cirá los efectos previstos en las leyes y, en particular,los siguientes: a) Tras la notificación de la sentencia en la que seacuerde la disolución, procederá el cese inmediato detoda la actividad del partido político disuelto. El Incum-plimiento de esta disposición dará lugar a responsabili-dad, conforme a lo establecido en el Código Penal. b) Los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso depersonalidad jurídica no impedirán la debida aplicaciónde ésta. Se presumirá fraudulenta y no procederá la cre-ación de un nuevo partido político o la utilización deotro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda laactividad de un partido declarado ilegal y disuelto.

c) La disolución determinará la apertura de un proce-so de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tresliquidadores designados por la Sala sentenciadora. Elpatrimonio neto resultante se destinará por el Tesoroa actividades de interés social o humanitario.

2.- Corresponde a la Sala sentenciadora asegurar, entrámite de ejecución de sentencia, que se respeten yejecuten todos los efectos previstos por las leyes pa-ra el supuesto de disolución de un partido político.

3.- En particular, corresponderá a la Sala sentencia-dora, previa audiencia de los interesados, declarar laimprocedencia de la continuidad o sucesión de unpartido disuelto a la que se refiere la letra b) del apar-tado primero, teniendo en cuenta para determinar laconexión la similitud sustancial de ambos partidospolíticos, de su estructura, organización y funciona-miento, de las personas que las componen, rigen, re-

presentan o administran, de la procedencia de losmedios de financiación o materiales, o de cualesquie-ra otras circunstancias relevantes que, como su dis-posición a apoyar la violencia o el terrorismo, permi-tan considerar dicha continuidad o sucesión en con-traste con los datos y documentos obrantes en el pro-ceso en el que se decretó la ilegalización y disolu-ción. Además de las partes de este proceso, podráninstar el pronunciamiento de la Sala sentenciadora elMinisterio del Interior y el Ministerio Fiscal, en el su-puesto de que se presente para su inscripción confor-me a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de esta LeyOrgánica.

4.- La Sala sentenciadora rechazará fundadamente laspeticiones, incidentes y excepciones que se formulencon manifiesto abuso de derecho o entrañen abuso dela personalidad jurídica, fraude de ley o procesal.(...)

LEY ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS (arts. 9 a 12) ■ ■ ■>>>

La ofensiva del Estado español contra Euskal Herria no es algo nuevo. Tras la muerte de Franco, los

sucesivos gobiernos “democráticos”, con el apoyo de fuerzas políticas españolistas y vascas, han uti-

lizado todas sus armas políticas y represivas con un mismo fin: el aniquilamiento de un pueblo que,

a pesar de los asesinatos, tortura, guerra sucia, cárcel, exilio, ilegalizaciones, cierre de medios de co-

municación... sigue resistiendo. Treinta años de historia marcados por la lucha y la opresión.

REPRESION

30 años de historia

LA SOMBRA DE FRANCO (1975-1982)

Uno de los ejemplos más claros de la violen-cia del régimen contra Euskal Herria loconstituye la masacre de Gasteiz el día 3 de

Marzo de 1976: cinco muertos y más de un cente-nar de heridos, de los cuales 33 lo fueron por im-pacto de bala. La represión policial fue secundadapor grupos de paisano denominados Guerrillerosde Cristo Rey que causaron decenas de heridos ycentenares de detenidos.

Adolfo Suárez (burócrata del Movimiento Nacio-nal, responsable directo de los acontecimientos deGasteiz y el encargado de poner en marcha la re-forma del régimen) sustituyó a Carlos Arias Nava-rro en la presidencia del Gobierno de Madrid, enjunio de 1976. Euskal Herria, aunque de manerano oficial pero sí evidente, vivió los primeros pa-sos de la reforma bajo un estado de excepción.Una constante desde el año anterior, 1975 y duran-te todo 1976 fue el incremento cuantitativo de larepresión parapolicial como complemento a la re-presión de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Elprimer semestre de 1976 se salda con un centenarde acciones parapoliciales en Hegoalde y con unaveintena en Iparralde, donde las actuaciones sevieron acompañadas de decenas de detencionesde refugiados. El primer desaparecido en accionesde estos grupos parapoliciales, que firmaban bajolas siglas de AAA (Alianza Apostólica Anticomunis-ta) o ATE (Antiterrorismo ETA), fue el donostiarraEduardo Moreno Bergaretxe, “Pertur”, miembro dela dirección de ETApm. En torno a ello, EnriqueSanz Martín escribió en “La Voz de España” que seiba a desatar una cacería humana contra los diri-gentes de ambas ramas de la organización promo-vida por gentes “que han puesto precio a las cabe-zas de los jefes etarras y que se cuidarán mucho dedar explicaciones”.

A finales de 1976, se suprimió del Tribunal deOrden Público y se anunció que “los delitos de te-rrorismo pasarán a la jurisdicción ordinaria”. Sin

embargo, la noticia ocultaba otra, producida elmismo día la creación de la Audiencia Nacional,con lo cual el Estado español mantenía los mismoscriterios para intentar ahogar la disidencia vasca yla de quienes no comulgaran con sus objetivos re-formistas.

En octubre de 1977, el Gobierno español comu-nicó su decisión de no legalizar a los partidos in-dependentistas vascos y un mes después denególa legalización de HASI, LAIA y EIA.

Lucha por la amnistíaEl Gobierno español concedió tres veces un indul-to reducido a “quienes no tuvieran delitos de san-gre”, lo que supuso que al final de 1976 y princi-pios de 1977 aún hubiera 158 presos internados ydispersados por las prisiones del Estado. Las am-plias movilizaciones lograron que las cárceles seabrieran para los militantes de ETA. El Régimen re-primió estas luchas causando siete muertos.

Intensificación de la guerra suciaUna bomba colocada en su coche mató a Jose Mi-guel Berañan “Argala” en diciembre de 1978, enuna nueva aparición de grupos parapoliciales enIparralde. La estrategia represiva se dio en las cár-celes, en el exilio (detenciones) y en el plano polí-tico (contra Herri Batasuna). Los partidos firmantesdel Pacto de la Moncloa aprobaron el recrudeci-miento de la represión. Ramón Rubial, históricomilitante del PSOE, abogó por copiar el métodofrancés de la OAS (guerra sucia) para acabar conETA.

Los atentados contra los militantes abertzaleseran reivindicados por AAA, ANE, BVE y ATE. Sinembargo, uno de los integrantes de estos gruposcontaría con claridad qué se escondía tras esas si-glas. “ATE, era un grupo mixto formado por guar-dias civiles y ultras. ATE no existía como organiza-ción; era una de las muchas siglas, inventadas porgrupos que recibían ordenes del Estado Mayor de

la Guardia Civil. Con la Guardia Civil había miem-bros de la OAS y del italiano Orden Nuevo, que di-rigía Andrés Cassinello”.

A partir de 1980 toda persona con tintes abertza-les sería objetivo de los elementos parapoliciales.La represión llegó hasta América, donde fueronasesinados algunos refugiados. Al lado de estas ac-ciones directamente dirigidas contra ciudadanosteóricamente más comprometidos, se dan otras di-rigidas contra la población civil, con un mismo ob-jetivo: aislar a ETA de su base social intentando de-mostrar que la violencia sólo es monopolio del Es-tado y tratando de presentar el conflicto como unenfrentamiento entre bandas rivales. Entre 1975 y1980 se cometieron en Euskal Herria un total de500 atentados, con un balance de 38 muertos y 128heridos.

Frente de cárcelesEl Régimen siempre ha tenido como objetivo lospresos políticos, contra los que aplicó la dispersióny la represión. Rodolfo Martín Villa, Ministro de In-terior, afirmó tras el violento traslado de los presosvascos a la cárcel de Soria, en diciembre de 1978:“La peculiaridad de ETA exige, por razones de Es-tado, una represión constante contra la organiza-ción, represión que debe ejercitarse dentro y fuerade las cárceles”. En la prisión de Soria una compa-ñía de la Policía Armada sustituyó a los funciona-rios y un comandante de las Fuerzas Orden Públi-co, al director; el régimen de los presos era militar,pero la situación más tensa se produjo en 13 de ju-nio de 1980, cuando un grupo especial de la Poli-cía Nacional disparó balas de goma en la prisión.Una treintena de reclusos resultaron heridos.

TorturaEl paso por comisaría y la tortura fue otra estrategiamás del Estado español. En aquellos años detuvie-ron a cientos de personas que denunciaron torturas.El caso más flagrante fue la muerte en comisaría de

“DEMOCRATICA”


❚ 1 9 7 7

[Julio] El Ministro del Interiorcomunica su decisión de no le-galizar a los partidos indepen-dentistas vasos. [Octubre] Denegada la legaliza-ción de EIAA, LAIA y HASI.

❚ 1 9 7 9

[Febrero] 12 de los 18 dirigen-tes de HB a la cárcel por haber-se encerrado en la Diputaciónde Araba • Diez militantes deLKI detenidos. [Agosto] Se-cuestrado el libro “Euskadi: lapaz es posible”• La AudienciaNacional interpone una querellacriminal contra “Egin” y ordenael secuestro de varios ejempla-res. [Septiembre] La Policíaallana la sede de HASI en Bilboy detiene al militante de dichopartido Mikel Zuluaga y al se-cretario general de ANV, JosuAizpurua. [Octubre] El Ministe-rio del Interior español veta aHB en los medios de comunica-ción del Estado • Secuestradoel libro “Los vascos, de la na-ción al Estado”. [Noviembre]Masiva redada policial en Biz-kaia contra miembros de la iz-quierda abertzale e izquierdavasca. [Diciembre] La sala se-gunda del Tribunal Supremoprocesa a los diputados de HBTelesforo Monzón y FranciscoLetamendia.

❚ 1 9 8 1

[Febrero] Intento de Golpe deEstado. [Mayo] Más de 50 per-sonas, entre ellas numeros car-gos electos de HB, detenidas

en Hegoalde. [Octubre] Secues-trado el número 1.248 de“Egin”. La Policía retiene du-rante tres horas las camionetasde reparto [Noviembre] El Juz-gado de Primera Instancia nú-mero 6 de Madrid determina lailegalidad y disolución de LAIA.

❚ 1 9 8 2

[Marzo] Primer registro policiala una sede de HB, en Gasteiz.[Abril] Juicio en la AudienciaNacional contra el alcalde y loscuatro concejales de HB de La-rrabetzu (Bizkaia), acusados deinjurias al Jefe del Estado. [Ma-yo] Encarcelados en Martutenelos parlamentarios de HB Mi-guel Castels y Antton Ibargu-ren, por su presunta participa-ción en la protesta contra la vi-sita de los Reyes de España ala Casa de Juntas de Gernika.[Noviembre] La Policía secues-tra el diario “Egin” por publicaruna reivindicación de ETA.

❚ 1 9 8 3

[Abril] Xabier Sánchez Erauskiningresa en prisión para cumpliruna condena de 18 meses pordos artículos publicados en“Punto y Hora”.

❚ 1 9 8 4

[Noviembre] Asesinato del diri-gente abertzale Santi Brouard.

❚ 1 9 8 5

[Enero] Pacto de legislaturaPNV-PSOE en Gasteiz •Entra envigor la denominada Ley contraBandas Armadas y ElementosTerroristas. [Marzo] El refugia-

do vasco y consejero del diario“Egin” Xabier Galdeano, asesi-nado por disparos del GAL frentea su domicilio, en Donibane Lohi-zune.[Noviembre] El ciudadanonavarro Mikel Zabalza apareciómuerto tras ser torturado encomisaría.

❚ 1 9 8 6

[Junio] El Tribunal Supremoacuerda la inscripción de HBcomo partido político.

❚ 1 9 8 7

[Marzo] La Mesa del Parlamen-to de Gasteiz acuerda retirar lasprestaciones económicas a losparlamentarios de HB. [Abril]Tres concejales de HB en elAyuntamiento de Donostia con-denados a seis meses y un díade prisión menor.

❚ 1 9 8 8

[Enero] Firma del Pacto de Aju-ria Enea • Ratificado en el Par-lamento de Gasteiz el pacto an-ti-ETA. No se permite la asis-tencia del parlamentario de HBJuan Carlos Ioldi. [Febrero] LosReyes de España, en Nafarroa.La Policía detiene a más de se-tenta personas, entre ellas ca-torce cargos electos de HB.[Mayo] El Ministerio del Interiorfrancés prohibe la distribución yventa del libro “Euskadi gu-duan”.• El Congreso de los Di-putados aprueba definitivamen-te la legislación especial “anti-terrorista”. [Agosto] El presi-dente del Gobierno de Nafarroa,Gabriel Urralburu, insiste enque los ciudadanos deben lle-

gar a “insultar” a todos aqué-llos que pertenezcan a HB. [Oc-tubre]• Una resolución de HA-BE, organismo oficial para la re-euskaldunización de adultos delGobierno de Gasteiz, aboca aAEK a su práctica desaparición.[Noviembre] Incontrolados se-cuestran en Hondarribia al con-cejal de HB Fermín Urtizberea.

❚ 1 9 8 9

[Enero] El Gobierno españolconfirma la formación de unamesa de conversaciones en Ar-gel. [Marzo] El PSOE anunciasu intención de relanzar la polí-tica de pactos en los ayunta-mientos guipuzcoanos paraarrebatar las alcaldías a HB.[Abril] El Gobierno españolanuncia oficialmente la rupturade conversaciones con ETA •Nueva y definitiva etapa en elproceso de dispersión de lospresos políticos vascos. [Mayo]El parlamentario de HB, PatxiErdozain, sale ileso de un aten-tado por medio de carta-bomba• Policías y funcionarios de pri-siones apedrean un autobús defamiliares de presos políticosvascos. [Septiembre] Un vecinode Errenteria muere al hacerexplosión un paquete dirigido aun militante de HB de la locali-da. [Octubre] Por primera vez,los partidos del Pacto de AjuriaEnea, excepto EA, se niegan aacudir a un debate televisivocon HB. [Noviembre] Atentadomortal contra el diputado deHB, Josu Muguruza. El tambiéndiputado Iñaki Esnaola resulta

Joxe Arregi en febrero de 1981. La complicidad delos partidos políticos tuvo su mayor exponente enTxiki Benegas, militante del PSOE, quien con la re-ciente muerte de Arregi dijo: “Hay que lograr el de-finitivo aplastamiento social de los terroristas, altiempo que se debe dar un nuevo paso en la luchacontra la violencia, que no puede ser otro que elapoyo de la población a las acciones de la Policía”.

LA ERA PSOE (1982-1996)

La entrada del PSOE en La Moncloa en diciem-bre de 1982 supuso una nueva fase represivacontra la izquierda abertzale y organismos po-

pulares, ya que el Gobierno González reconvirtió ysofisticó la vieja estructura represiva del franquis-mo. La inmediata puesta en marcha del plan ZEN(Zona Especial Norte) pocos meses después de lle-gar el PSOE al Gobierno evidenció que ese partidoquería imponer el proyecto político español enEuskal Herria sin negociación. El PSOE deseabaacabar con el “problema vasco” para acceder a laOTAN y la CEE. Para ello, además del plan ZEN,puso en marcha toda la maquinaria a su alcance(GAL, acciones contra la cultura y lengua vasca, cri-minalización de HB…). Estas medidas no frenaronal MLNV.

Plan ZENEn el diseño del plan ZEN participaron policíasfranquistas, actuando a partir de manuales de laCIA. Este plan de contrainsurgencia, puesto enmarcha en 1983, hacía hincapié en la “guerra psi-cológica” y la manipulación de la información, pa-ra acabar con ETA. El plan daba gran importanciaal control de los medios de comunicación. El PNVintentó tomar la iniciaciativa en materia contrain-surgente y presentó otro informe, en 1986 (“El In-forme de los Expertos”), diseñado por cinco ele-mentos ligados a la CIA, que resultó ser la versión

GOLPES a Euskal Herria>

1/Las manifestaciones por la amnistía eran brutalmente reprimidas. 2/La masacre en Gasteiz se saldó con cinco muertos (1976). 3/Pertur, primera víctima de la guerra sucia (1976). 4/Las torturas mataron a Arregi

y los torturadores fueron puestos en libertad un mes más tarde (1981). 5/Plan ZEN: la militarización de Euskal Herria se hizo irrespirable. 6/Galindo fraguó la guerra sucia desde el cuartel de Intxaurrondo.

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30 años de kistoria

moderna del ZEN. Aunque no llegó a aplicarse, suobjetivo principal era restar legitimidad y frenar alMLNV a través del enfrentamiento entre la clasetrabajadora vasca.

Pacto de legislatura PNV-PSOELa era González sintonizó al PSOE con el PNV. Am-bos partidos firmaron diversos pactos de legislaturapara el Congreso y el Parlamento Gasteiz. El pactode legislatura de enero 1985 en Gasteiz se realizó,sobre todo, para frenar el previsible crecimiento dela HB y conseguir así una acción sostenida de legiti-mación del Estado en Euskal Herria, por lo que losdos socios añadirían elementos para la colaboracióninternacional y la represión policial.

La caza de brujasEl partido jeltzale también colaboró en el acoso delMLNV, mientras el Estado puso en marcha una com-pleja maquinaria para acabar con HB. La coaliciónhizo frente a un sinfín de demandas judiciales,anunciadas por los medios a bombo y platillo, queen las muchas ocasiones los tribunales acababan fi-nalmente dando la razón a HB. En 1985 el TribunalConstitucional anuló la sentencia que condenaba alos junteros de HB que en 1983 protestaron en Ger-nika por la visita del rey español. La legalización dela coalición también estuvo rodeada de obstáculos,aunque finalmente el tribunal Supremo ordenó lainscripción de HB en el Registro de AsociacionesPolíticas (1986). Sin embargo, también existieronsentencias condenatorias de miembros abertzales.

Todos los partidos políticos del arco parlamentarioarremetieron contra el MLNV, gracias a la sataniza-ción mediática. Así, instituciones como Congreso,Senado y parlamentos de Gasteiz e Iruñea retiraronlas prestaciones económicas que correspondían a lacoalición y sus electos. En 1987, los parlamentos deIruñea y Gasteiz obstaculizaban que los candidatos alas dos presidencias autonómicas de HB Guillermo

Arbeloa y Juan Carlos Ioldi, presos preventivos, par-ticiparan en ambas Cámaras.

Aparatos, militantes y electos de HB sufrieronagresiones físicas por parte de incontrolados, deten-ciones policiales, calumnias mediáticas e, incluso,asesinatos. En 1988, Gabriel Urralburu, presidentede la Comunidad Foral de Nafarroa, instó a insultara los miembros HB. Ese mismo año un grupo dedesconocidos secuestró en Hondarribia al concejalabertzale Fermín Urtizberea. Las oscuras tramas dela guerra asesinaron al lider de HASI Santi Brouard(20-11-84) y al diputado electo de HB Josu Muguru-za (20-11-89).

Guerra sucia, extradición y arrepentimientoLa guerra sucia jugó un papel fundamental para pre-tender acabar con la disidencia vasca. La actividadde los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL),que se dio sobre todo en Iparralde, comenzó con laera PSOE y terminó cuando el Estado francés co-menzó a extraditar a refugiados vascos de manerasistemática, con el saldo de 28 muertes. La primeraacción del GAL fue el secuestro, tortura, muerte ydesaparición de José Antonio Lasa y José Ignacio Za-bala en octubre de 1983.

El Gobierno español, varios de cuyos responsa-bles estaban directamente implicados en la creacióny financiación del GAL, pretendía forzar la colabora-ción del Estado francés en la lucha anti-ETA –consi-guiéndolo, aunque no sin contrapartidas, como lacompra de armas e infraestructuras francesas, entreotras–. Entre julio de 1986 y septiembre de 1989, elEstado francés expulsó a unos doscientos vascos.Junto a ello, París deportó a un grupo de militantesa lugares remotos.

Paralelamente, la política carcelaria del EjecutivoGonzález dio un giro hacia la política de “reinser-ción”, que pretendía que los presos abandonasen in-dividualmente la organización a cambio del arrepen-timiento. En este sentido, la campaña mediática fuemuy fuerte. La política de arrepentimiento no dio los

frutos esperados por el Gobierno, ya que el colecti-vo de presos se mantuvo firme.

La disolución de ETApm y la peregrinación delos cuadros de Euskadiko Ezkerra hacia las filasconstitucionalistas y estatutarias del PSOE es elejemplo más destacado de la política “integracio-nista” del Gobierno español, paralelamente a laguerra sucia. Quedó claro que el abandono de lasarmas iría de la mano con la aceptación del marcoconstitucional y autonómico.

Argel y dispersiónAunque las conversaciones entre representantes delGobierno español y ETA en Argel ilusionaron a lasociedad vasca, finalmente no se dio la negociación,porque, según la organización independentista, elGobierno no cumplió el compromiso dado. La rup-tura originó una mayor represión contra la izquierdaabertzale. Así, el Gobierno activó enérgicamente lapolítica de dispersión emprendida un año antes porel ministro Enrique Múgica, medida que aún siguevigente y vulnera la propia legislación.

Pacto de Ajuria EneaAnte la imposibilidad de poner fin al MLNV, el PSOEpactó con el resto de partidos marginar social y polí-ticamente a la izquierda abertzale con los pactos deMadrid (1987) y Ajuria Enea(1988). Como conse-cuencia de ello, se acentuó la represión policial ymediática.

Ataques a la cultura y libertad de expresiónDurante el mandato de González también se suce-dieron ataques contra algunos medios de comuni-cación y múltiples censuras. El GAL asesinó en Do-nibane Lohizune (Lapurdi) a Xabier Galdeano Ara-na, fundador y miembro del consejo de administra-ción de “Egin”. Ocho años después, el consejero deInterior del Gobierno de Gasteiz, Juan Maria Atu-

1/ Mikel Zabalza apareció muerto en el río Bidasoa en noviembre de 1985. Su cuerpo estaba atado de pies y manos, pero apesar de ello la Policía declaró que se había ahogado al intentar huir.

Sus famliares declararón posteriormente que su cuerpo mostraba signos de haber sido torturado. Su muerte nunca fue aclarada ni por la policía ni por los jueces.

2/Marcha a Herrera de la Mancha. La dispersión de los presos políticos vascos no impidió que los familiares y amigos organizaran marchas a las prisiones para manifestar su apoyo y solidaridad.

3/Tras la muerte del concejal del PP Miguel Angel Blanco los fascistas tuvieron carta blanca para atacar herriko tabernas y sedes de HB (1997) .

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Txiki Benegas, militante del PSOE (1981): “Hay aplastar socialmente a los terroristas y dar un nuevo paso en la lucha contra la violencia conel apoyo de la población a las acciones de la Policía”

REPRESIÓN“DEMOCRATICA”


gravemente herido. [Diciembre]Los diputados de HB expulsa-dos del Congreso • El TribunalSupremo español decreta la de-tención del diputado electo deHB Angel Alcalde.

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[Enero] Coincidiendo con la vi-sita de la Reina de España a Na-farroa, la Policía asalta la sedede HB en Iruñea y detiene a losocho militantes de la formaciónabertzale. [Mayo] El PNV orde-na a sus cargos públicos con-gelar las posibles aportacionesdestinadas al Ibilaldia.

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[Enero] Los partidos firmantesdel Pacto de Ajuria Enea acuer-dan marginar a HB de las insti-tuciones. [Junio] El Parlamentode Gasteiz acuerda suspenderlas subvenciones a HB, así co-mo los sueldos y dietas de susrepresentantes.

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[Febrero] El consejero del Inte-rior del Gobierno de Gasteiz,Juan María Atutxa, abre una fu-ribunda caza de brujas contra el“mundo de HB”. [Mayo] Irrup-ción policial en el V Congresode Jarrai: identificados uno auno los 315 asistentes y dete-nidos dos responsables de la or-ganización juvenil • La GuardiaCivil irrumpe en la sede gipuz-coana de LAB y en el domiciliodel dirigente del sindicato aber-tzale Rafa Díez.

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[Diciembre] La Ertzaintza irrum-pe en “Egin” con una orden deregistro del juez Carlos Bueren.

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[Noviembre] El parlamentario deHB Mikel Zubimendi es expul-sado del Parlamento de Gasteizpor portar una camiseta con ellema “zipaioak hiltzaileak”.

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[Febrero] UPN margina a LABdel Consejo Económico Socialpor motivos políticos • Concen-tración de la plataforma “Bastaya” ante la sede de HB en Do-nostia: enfrentamientos provo-cados por dos ertzainas infiltra-dos. [Marzo] Atutxa afirma que“mientras no se apague la lla-ma de Jarrai nunca apagaremosla de ETA”. [Abril] El Gobiernode Lakua anuncia que agotarátodas las vías legales antes deinsertar propaganda de “Egin”• Un atentado destruye la He-rriko Taberna del Casco viejo deBilbo • Los partidos PNV, PSE,PP, EA, IU y UA acuerdan ex-cluir a HB de los consejos deEITB, Emakunde, UPV y la Jun-ta Electoral. [Mayo] Bellochacusa a los votantes de HB decolaboración en el secuestro deAldaia. [Junio] El electo navarrode HB Sotero Etxandi es desa-lojado del Pleno del Parlamentode Gasteiz • Prohíben a HB lle-var invitados al Parlamento •La ciudadana Rosa Zarra mueretras una carga de la Ertzaintzaen Donostia contra una concen-tración de “Euskal Herria Aska-tu”• Los cargos electos de HBson desalojados de sus esca-

ños en las Juntas Generales deGipuzkoa por ertzainas. [Agos-to] Pepe Rei recibe una amena-za de muerte con remite de laGuardia Civil • La Guardia Civildetiene a cinco miembros deJarrai. [Octubre] Ertzainas re-tienen un autobus de Senideak.[Diciembre] Atutxa proponeque los presos estén “dispersa-dos pero cerca”.

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[Enero] PNV, PSE y PP se nie-gan a un debate televisivo conHB. [Febrero] Jon Idigoras, en-carcelado en Alcalá-Meco pordifundir el vídeo de ETA. Garzónextiende la acusación a toda laMesa Nacional. [Marzo] Pasqui-nes de EGI contra “Egin”. [Ma-yo] Actuación fiscal contra HBen base a fragmentos de textospresuntamente suyos publica-dos en la prensa. [Junio] La Co-misión de DDHH de Gasteiz norecibirá a Senideak • Falso pa-quete bomba al concejal de HBen Donostia Joseba Permach.[Julio] El Tribunal Supremo impu-ta a toda la Mesa Nacional deHB por el vídeo de ETA. Atutxapresenta el proyecto de la ley devídeovigilancia callejera. [Sep-tiembre] Sonadas declaracionesdel consejero Atutxa en “El País”acusando a los anunciantes de“Egin” de pagar así “el impuestorevolucionario”. [Diciembre] Elministro Mayor Oreja equiparaGestoras pro-amnistía a ETA.

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[Enero] El ex ministro Bellochpide un pacto de Estado contraHB • CCOO mantiene su acosointernacional contra LAB. [Fe-brero] Comienzan las detencio-nes de miembros de la MesaNacional de HB al no compare-cer voluntariamente ante el Tri-bunal Supremo. Se suicida elmiembro de la mesa nacionalEugenio Aranburu “Txo” en sucasa de Mallabia (Bizkaia) •Antidisturbios de la Ertzaintzadispararon contra manifestan-tes en un masivo acto de HB enBilbo, dos personas resultaronheridas de bala. [Marzo] Juicioa Pepe Rei, redactor-jefe de In-vestigación de “Egin”, acusadode “colaboración con banda ar-mada”. [Abril] Salen de prisión,tras abonar las fianzas, losmiembros de la Mesa Nacionalde HB • Multados los familiaresde presos que protestaron enETB. [Julio] Tras la muerte deMiguel Angel Blanco se produ-jeron ataques, amenazas e in-cendios a locales y herriko ta-bernas. Atutxa renovó su apoyoa la dispersión, porque los pre-sos políticos “no deben ser rea-grupados”. [Agosto] Entró envigor la ley de Vieovigilancia. Elfiscal Fungairiño afirma que“HB dirige a ETA”. El Pleno deIruñea cesó a HB en 16 puestosde representación. [Octubre]Comenzó el juicio a los 23 ma-haikides de HB en el TribunalSupremo. Karmelo Landa y elconcejal de HB de Elgoibar (Gi-puzkoa) Juan Carlos Marcos re-ciben balas y amenazas por co-rreo. [Diciembre] Encarcelan ala Mesa Nacional de HB.

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[Marzo] HB descubre que espí-as del CESID están intervinien-do la línea telefónica de su se-de en Gasteiz. [Mayo] Inicia elsumario 18/98, encarcelan a11 militantes de la izquierdaabertzale y los relacionan conel entramado financiero de ETA.Garzón relaciona a empresasde distinta índole y a AEK conETA. [Julio] La Policía cierra lassedes de “Egin” y Egin Irratia,detienen a once personas vin-culadas a Orain SA y al de po-cos día a Javier Salutregi, di-rector de “Egin”. [Septiembre]Nace la agrupación electoralEuskal Herritarrok (EH) ante laofensiva del Gobierno de Ma-drid para ilegalizar HB. Se firmael pacto de Lizarra Garazi • ETAdeclará una tregua.

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[Marzo] La Guardia Civil regis-tra las dos sedes de HB en Do-nostia. [Julio] Queda en libertadla Mesa Nacional de HB al anu-larse la sentencia de la Audien-cia Superior.[Diciembre] ETA re-toma la actividad armada.

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[Enero] Bajo el sumario 18/98Garzón detiene a ocho militan-tes de acusados de pertenecera Xaki, asociación internacio-nal de solidaridad de Euskal He-rria. [Julio] El PNV rompe elpacto de gobierno con EH enlos ayuntamientos de Bergara yBeasain. EA deja sin cargos alos concejales de Euskal Herri-tarrok en Legazpia, Zumarragay Urretxu. [Agosto] El juez Juande Olmo acusa al periodista JonAbril de colaboración con bandaarmada por grabar las imáge-nes de un coche saliendo de laAudiencia Nacional [Septiem-bre] “El Mundo” filtra que Aznartiene intención de cambiar laley para ir contra “el entorno deETA” • Ibarretxe da por finaliza-das las “conversaciones norma-lizadas” con EH. Dentro del su-mario 18/98 Garzón encarcelaa veinte personas relacionadascon Ekin y movimientos popula-res. [Octubre] Redada contra lafundación Josemi Zumalabe,ABK y Bai Euskal Herriari. De-tienen a nueve personas. [No-viembre] Garzón detiene a Mi-kel Zuluaga, autor del informe“Piztu” que hace un llamamien-to a la desobediencia civil •Garzón, a través del 18/98, se-cuestra los bienes de AEK e im-puta a 19 personas relaciona-das con este organismo • PNVy EA crean la comisión de dire-acción de Udalbiltza y dejanfuera de juego a EH. [Diciem-bre] Firma del Pacto Antiterro-rista entre PP y PNV.

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[Enero] Detienen al periodista ydirector de “Ardi Beltza” PepeRei tras un linchamiento media-tico contra la revista • Garzónordena registrar la distribuidoraZabaltzen dentro del 18/98.[Marzo] Dieciséis detencionesde jóvenes vinculados a la or-ganización Haika. [Abril] Gar-zón ilegaliza Ekin, aunque pocodespués la Sala cuarta pone enlibertad provisional a varios desus miembros. Garzón comuni-

ca la orden del cierre de la re-vista “Ardi Beltza”. [Mayo] Gar-zón declara oficialmente ilegalla organización juvenil Haika •AEK denuncia al juez Garzón deser el causante de su ahogoeconómico. [Junio] Los directo-res de “Gara” y “Egunkaria”acusados tras una entrevista amiembros de ETA, de cometersubsidiariamente los mismosdelitos de los entrevistados.[Julio] Aznar: “El entorno deETA es lo que es, encuentrenpruebas o no lo jueces” • Nacela organización juvenil Segi.[Agosto] Prohíben la manifesta-ción de Segi • Prohíben la ma-nifestación de Batasuna contrala oleada represiva, media horaantes de convocarse • La ciu-dadana Maritxu Eraunzetamur-gil muere al explotarle a su nie-to –gravemente herido– un ju-guete-bomba encontrado en unbar de Donostia. Batasuna y elPNV hacen referencias a la gue-rra sucia para explicar el hecho.[Septiembre] La Guardia Civilentra en la sede de Gestoras enGasteiz • Mueren dos vecinosde Soraluze cuando iban a visi-tar a una presa política vasca ala carcel de Avila. [Octubre] Seconstituye Batasuna • Detienena 13 militantes del movimientopro-amnistia. El Ejercito españolse “ofrece a luchar contra el“terrorismo”• Filtración en losmedios de comunicación queMadrid estudia formulas para in-cluir a Batasuna y Segi en la lis-ta de internacional de grupos te-rroristas elaborada por la UniónEuropea [Noviembre] El TribunalSuperior de Nafarroa niega laconsulta popular impulsada por“Utzi Pakean Sakana” para ale-jar a la Guardia Civil de ese te-rritorio • El consejo de minis-tros del Estado español apruebaun anteproyecto de ley paraacabar con la “red de financia-ción de ETA”. [Diciembre] LaPolicía francesa detiene al por-tavoz de Gestoras pro-amnistíaJuan Mari Olano • Garzón ilega-liza Gestoras Pro- Amnistia. • ElConsejo de la Unión Europea in-cluye en la lista de organizacio-nes terroristas a Xaki, Ekin,KAS, Jarrai-Haika-Segi y Gesto-ras Pro-Amnistia.

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[Enero] El tribunal de Baionacastiga a la revista “Ekaitza”por apología al terrorismo • Lospartidos del Gobierno de Gas-teiz se niegan a reunirse conBatasuna • El Consejo Generalde Poder Judicial aprueba el in-forme para bloquear las cuen-tas relacionadas con la finan-ciación de ETA • Garzón ilegali-za Askatasuna por considerarlasucesora de Gestoras Pro-Am-nistía. [Marzo] 12 personas sondetenidas acusadas de perte-necer a Segi • En las detencio-nes se registran varias herrikoTabernas. [Abril] Detienen aonce militantes de Batasunapor orden del juez Garzón almismo tiempo que registran se-des sociales abertzales y em-presas. [Junio] El congreso deDiputados de Madrid aprueba laley de partidos. ■

txa, ordenó el registró de “Egin”. Al año siguientefue encarcelado el periodista Pepe Rei en el marcoun montaje policial.

En Nafarroa quedó patente la agresión al euskera,sobre todo con la Ley del Vascuence. En la CAV elPNV se propuso abocar a AEK a la desaparición, através de la creación de HABE.

LA AZNARQUIA (1996-2002)

ETA hizo pública a la sociedad vasca, en abrilde 1995, la Alternativa Democrática, la únicapropuesta de paz para Euskal Herria presen-

tada hasta la fecha. A pesar de haber sido expuestay debatida durante casi un año en diversos foros, araíz de la presentación de dicha propuesta en unespacio electoral público de HB, se inició la mayorcampaña criminalizadora contra HB, al mismotiempo que se dio el pistoletazo de salida al PP pa-ra poner en práctica su tesis de que “HB-KAS-ETA,todo es lo mismo”.

El juicio a la Mesa Nacional de HB promovidopor el juez Baltasar Garzón en octubre de 1997 araíz de la difusión de la Alternativa Democráticafue la primera arma política que utilizó el PP paraatacar la izquierda abertzale. Se abrió así una nue-va era en la que las resoluciones del juez tuvieronun patente carácter político y escaso valor judicial,según lo demostraron los observadores internacio-nales en el juicio contra los 23 mahaikides : “El tri-bunal ha recibido presiones inaceptables, se haviolado la libertad de expresión y el castigo ha sidopolítico y discriminador.”

“¡A por ellos”Con la muerte de Miguel Angel Blanco en julio de1997, el PP consigue enrolar definitivamente a la so-ciedad civil española en su cruzada contra el aber-tzalismo. Los ataques fascistas que sufrieron diversas

3 >GOLPES a Euskal Herria

herriko tabernas y la caza a militantes de Hego Eus-kal Herria ante la pasividad de la Ertzaintza fueronlas consecuencias más gráficas de aquel “¡A porellos!” que la periodista Victoria Prego proclamó enuna manifestación contra la muerte de Miguel AngelBlanco. A partir de entonces se creó el Foro de Er-mua y los “orangistas” tienen una inigualable opor-tunidad para difundir en la sociedad vasca sus fo-bias hacia “lo vasco”. Conjuntamente, aprovechan-do esta “puesta en escena” las leyes se recrudecie-ron (Ley de Vídeo Vigilancia, propuestas para las re-

formas legales y más tarde ley del menor y la refor-ma del código penal…). El aislamiento de HB sematerializó cuando el PNV, EA y PSOE arrebataronen agosto de1997 a la coalición abertzale la alcaldíade Arrasate.

Sumario 18/98En mayo de 1998 el juez Garzón inició el macro su-mario 18/98. Dirigido contra lo que él llamó “el en-tramado financiero de ETA”, continuó en junio de

ese mismo año con el cierre del diario “Egin” y EginIrratia. A partir de 2000, el 18/98, todavía hoy abier-to, se convirtió en la principal arma que el PP ha usa-do para arremeter contra todos los organismos de laizquierda abertzale, otros organismos populares(AEK, Fundación Josemi Zumalabe…) y medios decomunicación incómodos como “Ardi Beltza”. 198personas encausadas, numerosas empresas privadasintervenidas, ilegalizaciones de Jarrai, Haika, Segi,Ekin, Xaki, Gestoras y Askatasuna. Son consecuen-cias de unas sentencias políticas que en numerosas

REPRESIÓN“DEMOCRÁTICA”

30 años de kistoria

1/ La libertad de expresión sufrió un grave atentado con el cierre de “Egin” en junio de 1998. 2/El juez Baltasar Garzón, la mano ejecutora de todos los designios del Estado español.

3/La Ertzaintza siempre ha tenido un papel destacado en la represión de las reivindicaciones populares de Euskal Herria.

Gabriel Urralburu, presidente del Gobierno de Nafarroa, insiste en losmicrófonos de Radio Nacional de España (1988): “Los ciudadanos debenllegar a insultar a todos aquellos que pertenezcan a HB”

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El papel del PNV ha sido y es claveen la estrategia represiva contra laizquierda abertzale. No sólo por

mantenerse fiel a los postulados de Ma-drid, sino por ser sujeto activo en la lu-cha contra el Movimiento de LiberaciónNacional Vasco (MLNV). Desde que elpartido jeltzale aceptó la reforma delfranquismo como vía política despuésde la muerte del dictador –la única con-dición que puso al Gobierno de AdolfoSuárez fue la de su propia legaliza-ción–, pasó a legitimar todas las imposi-ciones de la Administración española.La primera barrikada del PNV para ce-rrar el camino hacia la soberanía deEuskal Herria fue el Estatuto de Gerni-ka, aprobado en 1979 y supeditado a laConsitución española. Los dirigentes deAlianza Popular afirmaron entoncesque su apoyo al Estatuto era incondi-cional “ya que es la manera más efecti-va de defender la unidad de los espa-ñoles”. No es casualidad que ahora elPP esté haciendo de él la piedra angular

de la defensa de España contra el pue-blo vasco.

A partir de ahí, la apuesta del PNVpor los pactos antiterroristas y por de-clarar la guerra al MLNV en todos losfrentes ha sido clara. En enero de 1985,se alió con el PSOE y firmó un pacto delegislatura en el Gobierno de Gasteiz.De esta manera, el PNV ofreció su apo-yo incondicional a la estrategia del Go-bierno español, con quien participó enel diseño de la política de dispersión depresos políticos vascos. El entonces le-hendakari Jose Antonio Ardanza decla-raba en relación a esta estrategia que “sise lleva bien, las consecuencias puedenser importantes porque uno de los so-portes de la organización terrorista loconstituyen los presos”. La sintonía en-tre el PNV y el PSOE quedo más quepatente cuando el presidente jeltzale,Xabier Arzallus, presentó en 1986 un in-forme, realizado por cinco expertos li-gados a la CIA, sobre “La Violencia enel País Vasco”, que fue la concreción de

muchos de los aspectos del plan ZEN(Zona Especial Norte), primera medidarepresiva de alcance que aprobó elPSOE nada más llegar al poder paracombatir a ETA, y en general, a toda laizquierda abertzale.

El manual de contrainsurgencia bus-caba restar legitimidad al MLNV. El PNVdio un paso decisivo en este sentidocuando en 1988 firmó el Pacto de AjuriaEnea, en el que todos los partidos “de-mocráticos” –vascos y españoles– apro-baron una resolución que establecía nocolaborar con HB. El acuerdo de aisla-miento fue ratificado punto por puntopor el Pacto de Madrid y llevó a margi-nar a la coalición abertzale y a su “en-torno” de las instituciones y del marcopolítico y social de Euskal Herria.

En octubre de ese mismo año, porprimera vez los partidos de Ajuria Enea,excepto EA, se negaron a acudir a undebate televisivo con HB. En enero de1991, las Juntas Generales de Gipuzkoaacordaron marginar a la coalición aber-

tzale de las instituciones municipales yforales y en 1995, de los consejos deEITB, Emakunde, UPV y Junta Electo-ral.

Exlusión al abertzaleOtros entes y colectivos también se venafectados por esta política de exclusión. En 1989, una resolución de HABE –or-ganismo oficial del Gobierno de Gas-teiz para la reeuskaldunicación de adul-tos– abocó a AEK a su práctica despari-ción y Lakua inició un boicot contra“Egin” negándose a insertar publicidadinstitucional. El Consejero de Interior,Juan Mari Atutxa, acusó a los anuncian-tes del periódico abertzale de pagar elimpuesto revolucionario. En mayo de1990 el PNV ordenó a sus cargos públi-cos congelar las posibles aportacionesdestinadas al Ibilaldia (fiesta por lasikastolas de Bizkaia), alegando que laedición de ese año fue “manipulada porgrupos afines a HB). En 1995 familiares

TRAYECTORIA DEL PNV: UN FRAUDE POLITICO

ocasiones la sala cuarta de la Audiencia Nacional re-vocó por falta de pruebas.

La ilegalización anunciadaLos antecedentes de la ilegalización de Batasunaen la primera legislatura del PP se encuentran enestos tres acontecimientos: intento de actuacionesfiscales contra HB en diciembre de 1996; exigen-cia de modificación de leyes para que perjudi-quen a la izquierda abertzale por parte de MayorOreja, Aznar y Atutxa tras la muerte de Miguel An-

gel Blanco; y en los rumores sobre la ilegalizaciónde HB en septiembre de 1998. Tras la mayoría ab-soluta del PP en las elecciones legislativas en mar-zo de 2000, Aznar no escatimó amenazas contra elmovimiento independentista vasco: el 30 de juliodeclaró que “el entorno de ETA tiene que tenermotivos para estar preocupado y pronto sabráporqué”; en junio de 2001 tras la excarcelación dePepe Rei, Aznar sostuvo que “el entorno de ETAes lo que es, encuentren pruebas o no los jueces”.Al día siguiente, Rajoy insistió en que “Haika, ETA,Ekin y Herriko Taberna, es lo mismo”. En diciem-

bre de 2001 el Consejo de la Unión Europea, a pe-sar de la petición del PP, no incluyó en la lista deorganizaciones terroristas a Batasuna, pero sí aXaki, Ekin, KAS, Jarrai-Haika-Segi y Gestoras Pro-Amnistia, ya ilegalizadas anteriormente por el juezGarzón. El mismo día que ETA atentó contra elconcejal del PSOE Juan Priede en Orio, miembrosdel PP (Rajoy, Arenas, Acebes y Zarzalejos) preci-pitaron con el PSOE la firma del borrador del an-teproyecto de la nueva Ley de Partidos que el Par-lamento aprobó por mayoría absoluta en junio,para ilegalizar a Batasuna.


4/ Mesa de Ajuria Enea. El Pacto, firmado en enero de 1988, buscaba la exclusión de Herri Batasuna del ámbito político y social. 5/Cartel de AEK. El Gobierno de Gasteiz boicoteó

sistemáticamente en la década de los ochenta a la organización dedicada a la enseñanza del euskera.

Jose Antonio Ardanza, lehendakari del Gobierno vascongado (1990):“Si se lleva bien la política de dispersión, las consecuencias pueden serimportantes porque los presos son soportes de la organización terrorista”

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de represaliados políticos vascos fueronagredidos por simpatizantes jeltzales ypolicías de paisano, entre los que se en-contraba el ex berroci Ander Susaeta,posteriormente la Comisión de Dere-chos Humanos de Gasteiz se negó a re-cibir en junio de 1996 a representantesde Senideak. Los familiares también sondesalojados de la televisión pública vas-ca.

La política represiva no habría sidoposible sin una policía fiel a las directri-ces del partido –la junta municipal delPNV fue quien decidió, basándose enlos informes de los batzokis de los pue-blos de los aspirantes, quienes eran ono aptos para entrar– que a mediadosde los ochenta asumía competenciasplenas y ya se había desplegado en to-do el territorio de la Comunidad Autó-noma Vasca. La actividad represiva dela Ertzaintza se intensificó con Juan Ma-ría Atutxa a la cabeza de la consejeríade Interior y especialmente en 1992,

cuando Atutxa abrió una caza de brujascontra “el mundo de HB”: prohibiciónde manifestaciones, detenciones y mul-tas a quienes se concentraban pacifica-mente, represión de actos públicos....Subeligerancia contra la izquierda aber-tzale mereció el aplauso de los partidosconstitucionalistas del Estado español. .

Ofensiva de la ErtzaintzaEn diciembre de 1993, la Ertzaintzairrumpió en “Egin” con una orden deljuez Bueren y requisó cientos de docu-mentos. Cuatro años después, duranteel juicio contra el redactor-jefe del Equi-po de Investigación del periódico aber-tzale, varios ertzainas reconocieron queel registro había sido indiscriminado.En junio de 1995, la vecina de DonostiaRosa Zarra muere tras haber recibidoun pelotazo de la Ertzaintza por partici-par en una concentración pacífica bajoel lema “Euskal Herria askatu”. En octu-

bre de ese mismo año, efectivos de laPolicía autonómica irrumpen en un au-tobús de familiares de presos políticosvascos que se dirigía a cárceles de An-dalucía y detienen a dos personas. Enfebrero de 1997, antidisturbios de la Er-tzaintza dispararon contra manifestan-tes que participaban en un masivo actode HB bajo el lema “Democracia paraEuskal Herria” y dos personas resulta-ron heridas de bala.

En septiembre de 1998 se produjo uncambio fundamental en el escenariopolítico vasco, tras la tregua de ETA y lafirma del acuerdo Lizarra Garazi, en laque participaron un total de 23 parti-dos, sindicatos y organismos sociales.Pero los intereses partidistas del PNV yEA y la presión ejercida por el Estadoespañol y francés cambió la naturalezade la propia iniciativa. PNV y EA echa-ron marcha atrás y el 3 de diciembre de1999, ETA decidió romper la tregua,mientras denunciaba la “falta de volun-

tad para llevar a la masa crítica que hayen Euskal Herria a una situación demo-crática”. Desde entonces, el PNV se haido definiendo en posiciones cada vezmás plegadas a las presiones españolas.Su reubicación en coordenadas estatu-tarias y los constantes guiños a sus an-tiguos “colegas” de Gobierno son unabuena prueba de ello.

Por eso, cuando el PP y PSOE hablande eficacia policial, la Ertzaintza endu-rece sus medidas y supera en la prácti-ca represiva a las demás policías del Es-tado. Por eso, cuando el PP y PSOE ha-blan de colaboración internacional yeuro-leyes, desde el Gobierno de Gas-teiz responden que es imprescindible elespacio legal y judicial europeo único.Por eso, cuando hablan de aislamientoe ilegalización de Batasuna, el PNV pro-pone textos de Eudel, pactos de Arkau-te y reuniones que excluyen a Batasu-na, volviendo así a los mismos paráme-tros de la mesa de Ajuria Enea.

O QUE DURA MAS DE DOS DECADAS

REPRESIÓN“DEMOCRATICA”

Los últimos 30 años de la vida políticaen Euskal Herria han tenido unaconstante bien definida por parte delos distintos regímenes centralistasespañoles: su obsesión patológicapor hacer desaparecer a la “izquierda

abertzale” como expresión estratégica del inde-pendentismo vasco y el cambio social. Es a par-tir del Juicio de Burgos, donde la movilizaciónpopular y la contundente huelga general, dejanal franquismo en una posición de debilidad ydemuestra la capacidad de respuesta de la iz-quierda abertzale. Esto enciende las luces dealarma en Madrid y su respuesta se materializaen una oleada de represión que abarca a todoslos sectores sociales para tratar de contener elavance y liderazgo del independentismo vasco.El franquismo ha tenido siempre muy claro, tan-to en esta época y de cara a una “transición con-trolada”, con quienes podía contar como cola-boradores a “bajo precio” y a quienes había quedestruir por no renunciar a sus objetivos políti-cos. Entre los primeros: el PSOE, PC y PNV eranlos candidatos a la zanahoria de una monarquíaparlamentaria, pactada con el franquismo, y unEstatuto de Autonomía, hecho a la medida deuna constitución española bajo la tutela del ejér-cito y que cerraría la puertas a cualquier proyec-to de soberanía para Euskal Herria. Entre los se-gundos: la izquierda abertzale y todas sus expre-siones políticas, sociales e institucionales. Por-que ello suponía un grave peligro para la unidadde España y un mal ejemplo de firmeza y cohe-rencia política, que podía remover la mala con-ciencia del PNV y demás acólitos.

Han sido 30 años de represión y sufrimiento,

pero también de sa-tisfacción y orgullo,por haber manteni-do con firmezanuestros principiosde soberanía y justi-cia social.

A los “estados deexcepción” con queel franquismo trata-ba de controlar lasmovilizaciones po-pulares y las huelgasde los trabajadoresse respondía connuevas movilizacio-nes. A la contunden-

te huelga general del 11 de diciembre de 1974,el franquismo respondió con un estado de ex-cepción con un saldo de 4.000 detenidos, cente-nares de torturados encarcelados o exiliados. Sinembargo, no nos hizo retroceder, sino que im-pulsamos nuevas movilizaciones. Se nos conde-nó a un bloqueo informativo para impedir quese conociese la realidad de Euskal Herria. Sinembargo, no consiguieron su objetivo, pues unboletín informativo clandestino informaba alresto del estado y al mundo de lo que ocurría.Esto sucedía ya en el año 1975 en que el fran-quismo se sentía acosado y sus reacciones erancada vez más brutales. Parecía que tuviera mu-cha prisa en liquidar a la izquierda abertzale an-te la inminente desaparición del dictador. Así su-cedió el ametrallamiento de los trabajadores enGasteiz en la Iglesia de San Francisco y el asesi-nato de 5 de ellos, así como un centenar de he-ridos por orden de Fraga Iribarne, ministro de

Gobernación. Las bandas para policiales deGuerrilleros de Cristo Rey, campaban a sus an-chas tratando de sembrar el terror entre la po-blación mediante atentados. Hubo que crear“comités de autodefensa” para defender a losciudadanos y el 27 de Setiembre la venganza desu impotencia les llevó al fusilamiento de 5 lu-chadores antifascistas, entre ellos Txiki y Otaegi.Este hecho desencadenó una oleada de movili-zaciones y una nueva huelga general, natural-mente sin el concurso del PSOE, PC y PNV. Elanálisis que el régimen hacía, era la necesidadde corear un estado de terror generalizado yproducir con ello la desbandada de los cuadrospolíticos de la izquierda abertzale, y con ello, laparalización de las movilizaciones populares.Era para ellos muy importante llegar a la transi-ción con una oposición domesticada y con loscontestatarios destruidos.

Con este trágico balance llegamos a lo que losespañoles llamaron pomposamente “La transi-ción democrática” que no era otra cosa que elrecambio del franquismo por un régimen de mo-narquía parlamentaria a la medida de las estruc-turas franquistas, lo que se llama “una democra-cia vigilada” en que las fuerzas armadas cumplí-an el papel de censor, pactado ya con la llamadaoposición de PC, PSOE y PNV. Sólo la izquierdaabertzale y otras fuerzas de la izquierda radical alas que no habían conseguido derrotar, estába-mos dispuestos a hacer frente a esta farsa.

A partir de aquí, se inicia una nueva etapa enla que la represión contra la izquierda abertzaley contra HB, que acababa de nacer, implicará nosólo al régimen sino a todos los “aliados” de la“transición” y esto cobra el carácter de un pactode Estado contra los que no aceptamos el nuevo

1/Ikurriña. La lucha por su legalización se saldó con numerosos muertos.

2/Visita del rey de España a las Juntas de Gernika (1982). Varios electos de Herri Batasuna fueron encarcelados por dar la “bienvenida” al monarca español.

3/Homenaje a Josu Muguruza. El pueblo vasco denunció el asesinato de uno de los mensajeros de la paz para Euskal Herria (1989).

“A los “estados de excepción”, con los que el franquismotrataba de controlar las movilizaciones populares y las huelgas de lostrabajadores, se respondía con nuevas movilizaciones”

30 años de kistoria/

“No conseguirán silenciarnos”

Jon IdigorasMilitante histórico de HB

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opinión


orden constitucional y lo más curioso es con-templar a la oposición de ayer en compadreocon quienes como Fraga, Martín Villa… tienenlas manos manchadas de sangre.

El estatuto de Gernika, principio y fin de lasaspiraciones del PNV, se iba a convertir en ma-nos del Gobierno español, en un arma, primerode chantaje, después de división y en tercer lu-gar de justificación hacia la represión contraquienes no aceptábamos estas limosnas.

La prepotencia y arrogancia del Gobierno ainstancias del PNV les lleva a convocar un refe-réndum pro estatuto en octubre del 79, segurosde su apabullante superioridad, e iniciaron unacampaña de descalificaciones e insultos, acom-pañado de agresiones, prohibición de manifes-taciones y la actuación impune de bandas parapoliciales con el asesinato de Tomás Kejera y elconcejal de HB, Tomás Alba al mismo tiempo,Fraga Iribarne llamaba a la intervención delejército en Euskal Herria y Ramón Rubial delPSOE aconsejaba el exterminio físico de losmiembros de HB, al igual que en Argelia.

Su victoria fue pírrica, todo éste montaje sóloles reportó un escaso 53% de apoyo al raquíticoestatuto. Esta fue sin duda la derrota para el es-pañolismo y una vergüenza para el PNV. Estereferéndum iba a marcar sin duda, unas reglasde juego comunes para españoles y el PNV; ais-lar a HB que significaba el peligro más inminen-te para su farsa. Comienza una nueva etapa de“todos contra HB”. Cientos de querellas, suma-rios por expresiones políticas, encarcelamientosy asesinatos de miembros de HB. Va a ser a par-tir de aquí una constante trágica, en la que jun-to a las fuerzas españolistas, el PNV y el Gobier-no vascongado van a asumir una responsabili-dad de la que algún día deberán responder antenuestro pueblo, pues sin duda alguna, todos es-tos crímenes no pueden quedar impunes.

Así pues, la Reforma y el nuevo marco consti-tucional marcan nuevas pautas en la persecu-ción contra HB, especialmente por ser la figura

institucional pública de la izquierda abertzale.En 1980 son encarcelados en Nanclares electosy miembros de la Mesa Nacional. En 1981 por laprotesta en Gernika, por la presencia del Rey,se abre un sumario contra los electos. Este mis-mo mes es torturado hasta la muerte JosebaArregi y para culminar la represión, el 23-F hayun Golpe de Estado, que no es más que la pun-ta del iceberg del verdadero Golpe de Estadoplaneado desde la Jefatura de Estado con objetode eliminar físicamente incluso a los disidentesvascos. También en 1982 son encarcelados elec-tos de HB por la protesta de Gernika.

La entrada del PSOE en el Gobierno, significóuna continuidad represiva con métodos más so-fisticados. Se habían dado cuenta de que habíanminusvalorado la capacidad de respuesta deHB, y era urgente su derrota, combinando el lla-mado Plan ZEN que contenía un manual com-pleto de contrainsurgencia, escuchas ilegales,secuestros, asesinatos de líderes y personas sig-nificativas utilizando bandas para policiales co-mo el GAL, cierre de periódicos, ilegalizaciónde partidos… con pactos entre los partidosconstitucionalistas; así nacieron el pacto de Ma-drid, de Ajuria Enea y de Iruñea cuya misiónera, por una parte el silencio ante los asesina-tos, las torturas y las canalladas contra HB y porotro lado, su aislamiento político.

A pesar de todo no consiguieron su objetivo yHB, comienza una campaña para llevar adelan-te una salida negociada al conflicto que porcierto crea confusión en el Gobierno, su res-puesta: la detención de Txomin Ziluaga y JonIdígoras por ofrecer un diálogo y poco después,el asesinato de Santi Brouard por su clara posi-ción hacia la negociación. De esta forma, todaslas iniciativas de HB, son contestadas con repre-sión, lo cual deja al descubierto la falta de vo-luntad del Gobierno hacia la búsqueda de solu-ciones. En 1989 después del fracaso de las con-versaciones de Argel entre ETA y el Gobierno,por falta de interés de los españoles, de nuevo

la respuesta del Gobierno es el atentado del Ho-tel Alcalá con el asesinato de Josu Muguruza es-ta respuesta hay que buscarla de nuevo en im-pedir que HB llevara al Parlamento español unapropuesta de paz. Aún así continuamos abiertosal diálogo e iniciamos conversaciones con elPNV, que no conducen a nada pues el PNV estáhipotecado por el pacto de Ajuria Enea. En 1996HB muestra su apoyo a la alternativa democráti-ca de ETA por entender ser un buen camino pa-ra la paz. Ello conduce al encarcelamiento de laMesa Nacional. En 1998 y al calor del acuerdode paz en Irlanda, HB promueve una serie dereuniones que conducen a los Acuerdos de Li-zarra-Garazi, que agrupo a todas las fuerzas po-líticas y sociales a excepción de PP y PSOE. Sefirma también el acuerdo entre ayuntamientosque da forma a Udalbiltza. Esto pone al bordede la locura al Gobierno del PP, que inicia unacampaña global de satanizar todo lo vasco: cul-tura, ikastolas, el nacionalismo en su conjunto,pues no puede soportar que éstos acuerdos ha-yan conducido a la creación de una mayoría po-lítica y social, que ha llevado a ETA a proclamarun alto el fuego sin condiciones. El PNV y EAno pueden soportar ésta presión y se van des-moronando de los acuerdos, de la misma formaque ETA rompe su alto el fuego por no ver con-tinuidad en los acuerdos.

Aquí comienza el proceso de ilegalizaciones:Jarrai, Segi, Gestoras, cierre de “Egin”, que essustituido por “Gara”, campañas contra Ikasto-las, presión hacia el PNV, para mantenerle aleja-do y por último la ilegalización de HB: el embar-go de sus cuentas, Herrikos, mediante una es-candalosa campaña judicial y mediática que ter-mina en un vergonzoso consenso con CIU, PP yPSOE.

Hagan lo que hagan, no van a conseguir silen-ciarnos ni ilegalizar a 250.000 vascos, ni llevar-nos a la desesperación. Continuaremos adelan-te, no importa con que siglas pero sí con el mis-mo proyecto político. ■

4/Stop al fascismo. Una multitudinaria manifestación recorrió las calles de Bilbo en mayo de 2002 para denunciar los

ataques que sufre la izquierda abertzale.

“El PNV y el Gobierno vascongado van a asumir una responsabilidad de la que algún día deberán responder ante nuestro pueblo, pues sin duda alguna, todos estos crímenes no pueden quedar impunes”

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• ¿Cómo enfoca Batasuna su anunciada ilegalización?Otegi: Ante la ilegalización se puede hacer un debate políti-co o desvirtuarlo con una disputa jurídica. Hay gentes quehan dicho, por ejemplo, que no hay que preocuparse dema-siado porque la izquierda abertzale es suficientemente imagi-nativa y creativa para buscar resquicios y presentarse a laspróximas elecciones.

Ni la izquierda abertzale ni Batasuna van a ceder en abso-luto ni van a regalar a nadie su espacio institucional ni su es-pacio electoral. Entre otras cosas, porque nos ha costadomuchos años de esfuerzo consolidarlos. Buscaremos todaslas posibilidades de concurrencia en los comicios. Ese esnuestro reto, pero no es el debate fundamental.

La cuestión no es si hay oportunidades o no para presen-tarse, ese es un debate jurídico. El debate principal, que no-sotros pondremos sobre la mesa en los próximos meses, searticula en torno a una respuesta, que debe ser colectiva, auna pregunta de carácter político. Y la cuestión es saber si,más o menos mayoritariamente, todos los sectores del paísestán dispuestos a avanzar en sus posiciones políticas y afir-mar que este es un marco que hay que superar, aunque seacon matices por parte de cada uno.

Si estamos en un marco que no satisface las necesidades enel terreno económico, sociocultural, institucional... que divi-de al país, que además secuestra la voluntad democrática po-pular de los vascos y en el que que encima la izquierda inde-pendentista no va a poder jugar, la pregunta no es si hay quebuscar resquicios o no, sino saber si estamos los vascos deAraba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa dispuestos a seguir ju-gando en ese marco de permanente injerencia de los Esta-dos. Sí o no.

Evidentemente, nuestra respuesta es que no. Por tanto, lo queplanteamos al PNV, a EA, a IU, a los sectores populares… es quehagamos un diseño que permita un proceso democrático decambio y construcción de nuestras propias leyes de juego.

PORTAVOZ de BATASUNA

entrevista

La ilegalización de Batasuna parece inminente. Eso es, al me-nos, lo que se deduce de la nueva ley aprobada en las cáma-ras legislativas españolas y de las manifestaciones de los diri-gentes del Partido Popular. Arnaldo Otegi, portavoz de la for-mación abertzale, desgrana en esta entrevista los entresijos deuna decisión que el Gobierno de José María Aznar ya veníaanunciando desde 1998.

“Vienen a por nosotros porque les hemos obligado a hacerlo”

“Quieren ilegalizarBatasuna porque la izquierda abertzale ha puesto el listón donde lo puso en el 75, en el derecho de autodeterminación”

“La cuestión es saber si todos lossectores del país están dispuestos a avanzar en sus posiciones políticas ydecir que este es unmarco a superar”

Arnaldo Otegi

• ¿Por qué se produce ahora este intento de ilegalización? Otegi: A la hora de hacer la lectura de la situación, a nivelpopular está extendida la sensación de que el Estado vieneporque está fuerte. Y no es así. El Estado viene a por nosotrosporque le hemos obligado.

Hace diez años pusimos en marcha una estrategia para queel Estado estuviese obligado a afrontar un conflicto políticode gran envergadura. En aquel entonces la lectura que elloshacían era que el único problema que el Estado español teníaen Euskal Herria es el que le podía producir la actividad ar-mada de ETA. Se esté de acuerdo o no con ella, ese es unproblema técnico, militar, policial… que se gana con un ejer-cito poderoso, mejor equipado y más en forma.

La estrategia del Estado ha sido siempre, a nivel internacio-nal, el de decir que aquí no hay un problema político, queaquí hay un problema de violencia terrorista. Frente a esto,nosotros tomamos la decisión de que, si desde el terrenoeducativo, desde el euskara, desde la articulación territorial,desde las instituciones nacionales… no les generábamos unproblema político del mismo grado, no conseguiríamos ga-nar esta batalla. Y lo que ha ocurrido es precisamente eso.Por eso decimos que vienen, porque están, no voy a decirdébiles, pero sí porque les hemos obligado.

• ¿En qué se concretan esos avances que han hecho reaccio-nar así al Estado?Otegi: En Euskal Herria hemos conseguido grandes objeti-vos. Hace muy pocas semanas hemos tenido ocasión decomprobar cómo cuatrocientos sacerdotes ponían el listóndel debate político en el derecho a la libre determinación delconjunto de Euskal Herria. La territorialidad, el mapa denuestro país, está hoy muchísimo más claro que hace cinco

años. No hay ninguna duda de ello y para nosotros eso esuna conquista importante. Y hoy, todas las formaciones sin-dicales, sociales, abertzales, cuando hablan de dar una solu-ción al país, hablan de todo el país. Otra cosa son las termi-nologías o formulaciones que se emplean, pero a lo que he-mos obligado a todo el mundo es a hacer ese esfuerzo y a de-cir que hay que resolverlo en clave de pueblo, de país, denación, y ofrecer una salida democrática para el conjunto delos siete territorios. Se trata de una conquista importante,aunque también hay que decir que todavía no es irreversible.

Hoy, la izquierda abertzale ha puesto el listón donde lo pu-so en el 75, en el derecho a la libre determinación. Y, tambiénhoy, el riesgo que existe es que el PNV intente, como haceveinticinco años, un pacto para tres territorios por debajo delderecho de autodeterminación. Eso es lo que hay que evitar.Y si lo hacemos, vamos a ganar.

• Si se produce la ilegalización, ¿hay alguna proyección de cuálserá la situación?, ¿cómo incidirá en la actividad política diaria?Otegi: Al igual que ocurrió en 1997, se va a abrir un periodo,una época llena de dificultades y llena de oportunidades. An-tes decía que existe transversalmente la intención de desvirtuarel debate en términos jurídicos. Existe otro intento de desvir-tuar la atención política. Si se ilegaliza Batasuna y se le impideconcurrir a las elecciones, el problema no va a ser de Batasuna,sino del país. Evidentemente, nosotros tenemos hechos nues-tros planes, pero eso no es lo fundamental.

Lo que haremos es un emplazamiento al pueblo vasco y alconjunto de los agentes sociales, sindicales y políticos. Si hayuna formación política que no se puede presentar a las elec-ciones, nos imaginamos que todos aquellos sectores que sellenan la boca hablando de democracia tendrán algo que de-


“Hay en Aralar quienreclama la herencia,pero para ello tieneque haber muerto. Y si creen que la izquierda abertzaleestá muerta, seequivocan de plano”

“Es curioso lo quedecían PSOE y PP en el Parlamentoeuropeo sobre las ilegalizaciones y latortura en Turquía,cuando ellos hacenlo mismo aquí”

entrevista

cir y algo que hacer. Ahí es donde volveremos a conectar conlas preguntas que nos hacemos: ¿Seguiremos dispuestos a ju-gar en este marco? ¿para qué? ¿con qué? O nos lanzamos auna contraofensiva popular generalizada en el país por el de-recho a la libre determinación.

Por eso, cuando se nos pregunta por nuestros planes si seilegaliza Batasuna, no queremos contestar. Lo que podemosasegurar es que vamos a seguir funcionando, aunque decir esosea decir poco. Tenemos claro que la izquierda abertzale esmucho más que unas siglas y seguirá estando presente en la vi-da política, social, cultural e institucional de este país. Pero elu-dimos ese debate, porque tiene un efecto narcotizante.

Una vez que hemos conseguido que el Estado se quite to-das las máscaras y vemos cómo va a asesinar su propio mar-co, lo va a quitar de en medio o, por lo menos, va a dejarbien claro cual es el marco, objetivos fundamentales de la iz-quierda abertzale desde 1975, el problema no va a ser si Ba-tasuna puede funcionar o no, el problema es si el país estádispuesto a seguir jugando en este marco. Si no lo está, pue-de habilitar otra vez una dinámica de encuentro que permitadar el salto político.

• ¿Pensáis que, mientras esto se produce, el Estado incre-mentará la represión y tomará nuevas medidas contra la iz-quierda abertzale?Otegi: El Estado está manteniendo una ofensiva general con-tra Euskal Herria y no solamente contra la izquierda abertza-le. Es más, estamos convencidos de que, antes de la ilegaliza-ción, se van a dar nuevas operaciones policiales. Aunque enesta ocasión no podemos asegurarlo como en la anterior, cre-emos que el juez Garzón está preparando otra ofensiva queconcluirá probablemente en el intento de suspensión de acti-vidades de Batasuna, cuyas sedes serían clausuradas. Esa esla previsión que hacemos y probablemente para antes del ve-rano. Nosotros ya estamos viviendo esta situación y planteán-donos una actividad política llena de riesgos jurídicos. No te-nemos seguridad jurídica ni política para hacer lo que esta-mos haciendo.

• Yendo más allá. ¿Hay algún indicador que os haga pensaren un recrudecimiento de la “guerra sucia”?Otegi: Nunca lo hemos descartado. Otra cosa es lo que seentienda por “guerra sucia”. Si ese término se refiere sólo a

los asesinatos de Estado o, por el contrario, engloba lo quenos vienen haciendo día a día, ya que, en ese caso nunca haestado desactivada. Se siguen dando las amenazas, pintadas,ataques, torturas, seguimientos, escuchas, acosos y otras milfórmulas. Lo que ocurre es que cuando el PP accede al Go-bierno, lo que hace es decir que la etapa anterior de “guerrasucia” como la que planteó el PSOE, a través de los GAL, de-be de apartarse para que los instrumentos del Estado de De-recho permitan hacer lo mismo con más eficacia. Por eso, laLey de Partidos y todas estas actuaciones. Ahora, nosotros notenemos ninguna duda de que, si el proceso continua y el Es-tado es incapaz de frenarlo, no tendrá ningún inconveniente,como no lo tuvo en otras fases históricas, de llegar incluso alasesinato. Ninguna duda.

• Ante la iniciativa del Estado, portavoces de partidos de ám-bito vasco (PNV, EA, EB-IU) se han descolgado diciendo quea Batasuna hay que ilegalizarla en las urnas. Otegi: Lo que percibimos es que, ahora mismo, en Euskal He-rria, lo que se está intentando es eludir el debate principal y, deforma transversal, intentar hacer otro tipo de debates. Frente ala ilegalización, plantear la derrota electoral de la izquierdaabertzale nos parece absolutamente escandaloso. A nosotros,buscar la derrota electoral del PNV para que ganase Batasunanos parecería natural en condiciones de normalidad política. Siaquí algún día se alcanza un marco democrático nacional, esevidente que nosotros buscaremos la derrota electoral de todaslas fuerzas políticas, salvo la de la izquierda abertzale. Pero ha-cerlo en el contexto actual, es impresentable.

El problema hoy no es acabar con nosotros, sino derrotar alos Estados y conseguir el derecho de autodeterminación. Elotro planteamiento, hecho además por el portavoz del Go-bierno de las tres provincias, nos parece un fiel retrato de loque en realidad algunos tienen en la cabeza.

• Cabe suponer, entonces, que esa reflexión es extensible a diri-gentes de otros grupos, como Patxi Zabaleta, de Aralar, cuandodeclaran que tienen como misión vaciar de votos a Batasuna. Otegi: Nosotros lo hemos denominado “carroñerismo políti-

L A P E R S P E C T I V A

“Hemos sido capaces de mantener la ini-ciativa política, de hacer planteamientosen todos los frentes, de ofrecer una salidademocrática, de proponer un acuerdo na-cional... y todo esto le pone nervioso al Go-bierno del PP. Y si cree que por encarcelar-nos o por plantear otras medidas de esecorte va a hacer variar la apuesta de la iz-quierda abertzale, se equivoca de plano... Amayor represión, mayor iniciativa política.Esa es nuestra filosofía”.

“No nos asusta la ilegalización”El 1 de agosto de 1998, en el diario “Euskadi Información” –sustituto de“Egin”, clausurado quince días antes por Garzón– se publicó una entrevistacon Arnaldo Otegi, portavoz en aquel tiempo de Herri Batasuna. Ante los ru-mores sobre una inminente ilegalización de HB, el entrevistado no se mos-traba preocupado ni nervioso. Decía como hoy que los abertzales estabanen una encrucijada histórica que les podía llevar a recuperar la libertad sisuperaban el pulso lanzado a la desesperada por el Estado.

co”, además de oportunismo. Porque no llegamos a entendercómo, cuando se han generado las condiciones sociales ne-cesarias para el cambio político, la mentalidad de ciertos diri-gentes de Aralar o del PNV sea la de arañar votos de la iz-quierda abertzale.

Luego, también hay sectores de Aralar, sobre todo en el en-torno de Iñaki Aldekoa, donde hay gente que cree que vienea cobrar la herencia. Pero para cobrar la herencia, tiene quehaber muerto. Y si alguien cree que la izquierda abertzale es-tá muerta, se equivoca de plano. Que sepan que defendere-mos nuestro patrimonio con uñas y dientes.

• ¿Por que vía se decantará el PNV? ¿Aceptará la apuesta so-beranista?Otegi: Es una cuestión que estamos intentando aclarar desdeel 97. Cuando en ocasiones se escuchan lemas como “PNV,traidor”, yo me pregunto: ¿traidor a qué?, ¿a la independenciade Euskal Herria? Nunca la ha buscado. En el PNV convivenfamilias de intereses muy diversos y, salvo honrosísimas ex-cepciones, su aparato es equiparable al PRI mexicano, unclub de intereses.

El PNV no tiene estrategia, sino táctica, que consiste engestionar la situación con quien coyunturalmente le ofrezcamayor interés o le garantice mayores cotas a su capacidad degestión. Pero, en cualquier caso, se decantará en una u otradirección, dependiendo de cómo perciba, entre otras cosas,la pujanza de un movimiento amplio por la soberanía y la au-todeterminación. Es decir, el PNV hace los cálculos a corto, apresente y a gestión. El problema con el PNV no es que trai-cione nada, es que no tiene proyecto.

Lo que sabemos es que en el proceso de cambio, transicióny búsqueda de la recuperación de la autodeterminación paraEuskal Herria que se inició en 1997, y que ahora continúa,hay dos agentes que serán los últimos en mover ficha: el pe-núltimo será el PNV y el último, el Estado.

Así es que no tenemos esperanzas en el PNV ni dejamos detenerlas. Estamos convencidos de que adoptará una u otraposición dependiendo de lo que nosotros seamos capaces dehacer. Lo que ese partido va a medir es la fuerza del Estado,como siempre, y, al respecto, todos sabemos que cuando elEstado ha planteado cuestiones nítidas de fuerza, el PNV hareculado. Se ha visto con el Concierto Económico.

Y, por el otro lado, lo que va a calcular es la capacidad quetenga la izquierda abertzale para sostener el proceso. Si percibeque se sigue avanzando en esa línea, que se está articulando unbloque social de izquierda, abertzale, progresista, que busca elderecho a la libre determinación y que, además, genera adhesio-nes sociales, se moverá. Pero se moverá por eso, porque enten-derá que no apuntarse en ese camino es perder. Sólo por eso.

• ¿Cómo ves al PSOE?Otegi: Es un partido atado de pies y manos al PP, sin norte.Personalmente, estoy persuadido de que en su interior estáconvencido de que no hay más salida al conflicto que la de lanegociación, el reconocimiento del sujeto político y la auto-determinación. Pero hoy no puede adelantar más sus posi-ciones porque, entre otras cosas, el PP le tiene atado.

• En el terreno jurídico. ¿Cómo se plantean los recursos?Otegi: Aunque la prioridad está en el debate político, eso noquiere decir que no vayamos a mantener los pleitos que seannecesarios, pero teniendo en cuenta que la justicia españolano nos dará la razón. Lo que sí estamos convencidos es deque sí lo hará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Elpropio Parlamento europeo y ese mismo tribunal han deses-timado la ilegalización de un partido de izquierda, HADEP,en Turquía.

Hay un documento en el que resulta muy interesante ver loque decían el PSOE y el PP en el Parlamento europeo, hacesólo tres meses, sobre la ley de ilegalización de partidos y latortura en Turquía, cuando en el Estado español están ha-ciendo lo mismo.

Estamos convencidos de que en Europa vamos a ganar,pero eso puede ocurrir dentro de ocho años. La propia Co-misión plantea que ilegalizar un partido en el ámbito euro-peo es algo consustancialmente contrario a los principiosdemocráticos.


sin bata

el mapa electoral

Aunque las siglas hayan cambiado, JonIdigoras acertó en el diagnósticocuando afirmó en el libro “Herri Ba-tasuna, 20 años” que “sin Herri Bata-suna nada hubiese sido igual”. KALE-

GORRIA ha efectuado un estudio sobre el mapaelectoral de Euskal Herria Sur, basándose en lamás que probable ilegalización de Batasuna y deaquellas formaciones políticas que pudiesen sur-gir “ad hoc” para sustituirla o que se aproximen asus postulados políticos. Una encuesta de votosería, hoy por hoy, de escasa utilidad, dado quetodavía no se conocen las fuerzas políticas que sepresentarán a próximas elecciones, las coalicio-nes que puedan darse entre ellas, ni, por tanto,posibles desviaciones de voto. Por ello, se hanutilizado los últimos datos disponibles: las elec-ciones del 13 de junio de 1999 para los ayunta-mientos de Euskal Herria Sur, Parlamento de Na-farroa y Juntas Generales de Araba, Bizkaia y Gi-puzkoa y del 13 de mayo de 2001 para el Parla-mento de Gasteiz; y una técnica sencilla: eliminarlos votos de Euskal Herritarrok y, a continuación,

aplicar el sistema electoral proporcional corregi-do por la Ley de D’Hont, vigente en el Estado es-pañol. Es de destacar que Batzarre y Zutik se pre-sentaron integrados en Euskal Herritarrok y quePNV y EA acudieron en coalición, exceptuandoalgunos municipios. Igualmente, UA se presentóal Parlamento de Gasteiz dentro de la candidatu-ra del PP. Aralar no existía como partido político.

Euskal Herria: la desaparición de los 890 edileslogrados por EH en 1999, plantearía serias dudassobre la continuación de Udalbiltza tal como eshoy. La institución que coordina Loren Arkotxacontaría tan sólo con los concejales de AB, algu-nos grupos locales, así como los electos de Bata-suna en Iparralde. La Mancomunidad de Munici-pios Euskaldunes (UEMA) y la Mancomunidadde Municipios Insumisos (EUDIMA), en las cua-les EH tiene un amplio peso, también se veríanafectadas.

CAV: El frente españolista del 13 de mayo se si-tuaría, con 37 escaños, a un solo voto de la ma-

yoría absoluta en la Cámara de Gasteiz, que con-tinuaría en manos del Tripartito. Como es obvio,la presión política y mediática subiría enteros, loque podría producir serios cambios en el com-portamiento político de algunos partidos, espe-cialmente del PNV.

Araba: El frente españolista agrandaría su mayo-ría absoluta en las Juntas Generales y en Gasteiz,colocando al PNV muy lejos de la mayoría y de laCaja Vital. Serían de destacar algunos cambios:mayoría absoluta españolista en Laudio y gobier-no sin oposición de EA-PNV en Aramaio.

Bizkaia: El Tripartito obtendría mayoría absolutaen las Juntas Generales sin necesidad de negociaracuerdos con otros partidos políticos. En Bilbo,PNV-EA mejorarían sus resultados pero seguiríandependiendo de IU e ICV para obtener mayoría,absoluta en este caso. A nivel municipal, PP yPSOE obtendrían mayoría absoluta en Basauri yGetxo. PNV-EA y IU obtendrían en exclusiva, sinla existencia de oposición alguna, Ajangiz, Dima,

asuna


Arratzu y Nabarniz (municipios que hoy cuentancon mayoría absoluta de la izquierda abertzale) yotros como Arratzu, Bakio, Bedia, Busturia, Dima,Forua, Galdames, Gatika, Igorre, Ispaster, Izurtza,Kortezubi, Larrabetzu, Lekeitio, Lezama, Markina-Xemein, Mendexa, Morga, Mundaka, Muxika, Na-barniz, Otxandio, Zeanuri y Zeberio. Tambiénasegurarían la mayoría absoluta en Arrigorriaga,Berriz, Karrantza, Durango, Erandio, Galdakao,Gernika-Lumo, Iurreta, Leioa, Urtuella, Sopuerta,Ugao, Ondarroa y Zaldibar. Aulesti y Muntibar,donde EH era la única fuerza, quedarían sin re-presentantes.

Gipuzkoa: En Juntas Generales, PNV-EA alcan-zarían la mayoría absoluta, por lo que no tendrí-an necesidad de pactos. Por su parte, en Donos-tia, Odón Elorza mejoraría sus resultados, peroseguiría necesitando de los votos de María SanGil o de PNV-EA para gobernar sin problema al-guno. El PSOE obtendría mayoría absoluta enZaldibia y el PP obtendría el control absoluto deItsasondo. Asimismo, el frente españolista obten-

dría la mayoría absoluta en Andoain, Orereta yPasaia. Por su parte, PNV-EA gobernarían sinoposición en quince ayuntamientos de Gipuz-koa, entre ellos los hoy gobernados por Batasu-na, Altzo, Astigarraga y Zestoa. Igualmente, con-taría, en algún caso con ayuda de IU, con mayo-ría absoluta en ayuntamientos donde hoy no laposee: Anoeta, Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate,Beasain, Bergara, Elgoibar, Hernani, Ibarra, Laz-kao, Legazpi, Lezo, Oiartzun, Ordizia, Tolosa,Urretxu, Usurbil, Zizurkil y Zumarraga. Por efec-to de la ilegalización, seis ayuntamientos queda-rían vacantes.

Nafarroa Garaia: Las elecciones al Parlamentode Nafarroa serían un plebiscito para Miguel Sanzya que cinco de los ocho escaños que consiguióEH en 1999 irían a parar al grupo parlamentariode UPN. En Iruñea, Yolanda Barcina, lejos de vol-ver a su Burgos natal, obtendría mayoría absolu-ta. UPN también obtendría mayorías absolutas enIrurtzun, Tafalla y Lizarra y mejoraría su posicióncomo mayoría minoritaria en Atarrabia, Viana y

Burlata. En Deierri UPN sería la única fuerza en elAyuntamiento. El PSOE obtendría mayoría abso-luta en Berriozar y, con la colaboración de IU, enBarañain y Altsasu. PNV-EA sería única fuerza enIturen, Imotz, Arantza, Bera, Doneztebe, Etxarri-Aranatz y Lesaka y tendría mayoría absoluta enLeitza y Baztan. Las alcaldías de EH en Zugarra-murdi, Olazti y Araitz pasarían a manos de listaslocales, mientras Iturmendi, Goizueta, Zubieta,Ergoiena y Bakaiku quedarían sin representación.

Iparralde: no existe base alguna para suponerque la ilegalización en Euskal Herria Sur pudieraconllevar el cierre de la organización en EuskalHerria Norte. Igualmente, tampoco hay datos so-bre el peso electoral de Batasuna en cada ayunta-miento ya que en las pasadas elecciones legislati-vas del Estado francés participó mediante un votode protesta. La única información al respecto sonlas 891 papeletas de “demokrazia” contabilizadaspor Batasuna en los tres territorios. En anterioreselecciones, sus miembros se presentaron dentrode Abertzaleen Batasuna.

NADA SERIA IGUAL

Múltiples son los ejemplos

de que la ilegalización de

un partido político o la

persecución de las ideas

no son privativas de un

solo país o de un proceso

en especial. A nivel inter-

nacional se han produci-

do numerosos casos de

acorralamiento y proscrip-

ción –seguidas de campa-

ñas represivas–, surgidos,

la mayoría, de iniciativas

inquisitoriales a partir de

dictaduras militares o Go-

biernos de facto. Sin em-

bargo, también durante

mandatos pseudo demo-

cráticos se originan medi-

das similares que han ter-

minado temporaria o to-

talmente con la vida legal

de organizaciones políti-

cas. Estos son algunos de

los ejemplos mundiales.

Texto: KALEGORRIA

Fotografía: EFE

SUDAFRICA

En 1912 el Congreso NacionalNativo Sudafricano cambiósu nombre por el de Congre-

so Nacional Africano (ANC) y seconvirtió en el partido que unifica-ría la lucha de la comunidad negrasudafricana contra el apartheid. En1944, los jóvenes dirigentes Nel-son Mandela y Oliver Tambo seconviertieron en elementos indis-pensables en la formación de la Li-ga Juvenil del ANC en Johannes-burgo.

En 1952, el Gobierno aplicó laLey de Represión del Comunismo yMandela fue encarcelado por nue-ve meses. Luego, ya en libertad, sele prohibió salir de Johannesburgoy participar en actos políticos.

En 1958, sectores del ANC quediscrepaban con la política multi-rracial del movimiento crearon elCongreso Pan Africano (PAC). Estaformación convocó una manifesta-ción multitudinaria en Sharpevilleen 1960 para protestar contra lasleyes que limitaban a los trabaja-dores negros pasar a zonas blan-cas. La Policía asesinó a 70 perso-nas. Estos hechos llevaron al Go-bierno racista sudafricano a ilegali-zar al ANC, al PAC y al Partido Co-

munista. La prohibición de su acti-vidad política radicalizó al ANC,que convocó a la lucha armada,creando el Umkhonto we Sizwe(“La Lanza de la Nación”), mien-tras el PAC formó otro grupo gue-rrillero, el Pogo (“Sólo Nosotros”).

Los dirigentes del ANC, ya clan-destinos, salieron al exterior enbusca de ayuda y entrenamientoguerrillero para enfrentar la nuevaetapa de su organización. Partici-paron en 1962 en la ConferenciaPanafricana y luego recalaron enArgelia y Londres, donde NelsonMandela contactó con la comuni-dad de exiliados sudafricanos. Asu vuelta, fue detenido y procesa-do. Las acusaciones eran “sabota-je”, “fomentar el comunismo” y“alta traición”. La pena: cadenaperpetua. Oliver Tambo asumióentonces la jefatura clandestinadel movimiento y prosiguió unaguerra de liberación que duraríamás de dos décadas y en la cualmorirían o serían encarcelados mi-les de militantes del ANC. NelsonMandela se había convertido en elprisionero más popular y famosodel mundo.

Presionado por la lucha popularinterna y acorralado internacional-mente, el Gobierno, presidido porPieter Botha, empezó a ceder po-

siciones. En julio de 1986, Mande-la comenzó a reunirse con repre-sentantes gubernamentales paratratar el tema de una salida políticanegociada al conflicto armado. Elpresidente Botha le ofreció la li-bertad condicional en 1986, peroMandela la rechazó ya que noconllevaba implícita una aperturapolítica del régimen. En 1990,cuando llegó al Gobierno Frede-rick de Klerk, volvió a legalizar alANC y el resto de los partidosproscriptos y Mandela recuperó sulibertad después de 27 años en laprisión.

Las primeras elecciones demo-craticas en Sudáfrica supusieron eltriunfo del Congreso NacionalAfricano en 1994. El 10 de mayo,Nelson Mandela asumió la presi-dencia de la República y a la cabe-za de un gobierno de unidad na-cional emprendió la tarea de forjarla reconciliación en un país dividi-do por tan largo tiempo.

ARGENTINA

En 1955, después de un pe-riodo de abierta desestabili-zación oligárquica contra el

Gobierno popular peronista, lasfuerzas armadas derrocaron a

PROHIBID

acoso a las ideas en el mundo


PENSARJuan Domingo Perón con un golpede Estado. A partir de ese momen-to se instaló en el país una políticarevanchista y represiva que prohi-bió toda actividad política, ensa-ñándose con el Partido Peronista ysus símbolos. Miles de dirigentes yactivistas fueron encarcelados,otros despedidos de sus puestos detrabajo y muchos expulsados de laUniversidad o de las institucionespúblicas.

Pero la actividad proscriptivatendría su aspecto más contunden-te con el dictado del Decreto-Ley4161, del 5 de marzo de 1956, undocumento que para cientos de mi-les de ciudadanos significó el pasecompulsivo a la clandestinidad po-lítica. El documento prohibía nosólo a la organización, sino tam-bién la mención pública de sus di-rigentes, la publicidad de sus sím-bolos y la posibilidad de reempla-zo con otras nomenclaturas simila-res. La situación duró 17 años y enese período miles de militantes fue-ron a parar a la cárcel por violar di-cho decreto pintando en las pare-des o gritando en la calle el nom-bre maldito de Perón. Las penaseran de varios años de prisión.

Tiempo después se agregó unanueva medida ilegalizadora queampliaba la del 4161. Era el decreto

secreto 9880 y se denominó PlanConintes (Plan de Conmoción In-terna) y era la respuesta militar a laresistencia que amplios sectoresdel pueblo planteaban a su pros-cripción política mediante sabota-jes, atentados y lucha armada. ElConintes fue uno de los instrumen-tos represivos más feroces aplica-dos por la dictadura militar.

La dictadura dio paso a una tran-sición “democrática” a cargo de Ar-turo Frondizi, quien autorizó que elperonismo se presentara con unanueva sigla denominada “UniónPopular”. Este partido ganó amplia-mente las elecciones para el Go-bierno de la provincia de BuenosAires, pero otra vez los militaresilegalizaron “Unión Popular” y dosaños después Frondizi fue derroca-do por los mismos uniformadosque lo encumbraron.

También el Partido ComunistaArgentino (PCA) sufrió la proscrip-ción. Primero fue ilegalizado por elpropio peronismo en el poder, de-bido a que desde su alianza consectores golpistas hostilizaba alGobierno. Luego, en 1955, con lacaída de Perón recuperó una legali-dad efímera, ya que muy pronto ladictadura militar volvió a prohibirsus acciones aplicando un decretode “proscripción de actividades co-

munistas”. Con la “democracia” deFrondizi el PC tuvo un par de añosde legalidad, pero fue el mismomandatario quien volvió al partidoa la clandestinidad. Lo mismo ocu-rrió posteriormente con la llegadaal Gobierno en 1966 de la dictadu-ra militar de Juan Carlos Onganía ylos posteriores golpes militares.

El Partido Peronista Auténtico(PPA) fue una organización forma-da por los Montoneros en 1974 pa-ra presentarse a elecciones y en-frentar así la derechización del pe-ronismo encabezada por Isabel Pe-rón y José López Rega, fundador dela Triple A. Decenas de militantesdel PPA fueron asesinados y, final-mente, fue ilegalizado poco antesde la irrupción de la dictadura deVidela y Massera en 1976.

PANAMA

En 1990 se decretó una ley deemergencia tras el asalto delos marines USA y posterior

detención del ex coloborador de laCIA y presidente del país ManuelAntonio Noriega. Durante la leymarcial, los líderes de los sindicatosy la oposición política fueron dete-nidos o expulsados del país. La de-nominada oposición durmiente

quedó reducida a unos pocos disi-dentes sin una organización clara.

SAHARA

Después de que Marruecos seindependizara en 1956, secomplicó aún más la situa-

ción del pueblo saharaui que hastaese momento luchaba contra loscolonizadores franceses y españo-les. A partir de ese instante comen-zó otro proceso de colonización di-rigido fundamentalmente hacia laexplotación de los fosfatos descu-biertos en Bu Craa, en íntima aso-ciación con el Gobierno franquista.

La independencia de los demáspaíses árabes del Maghreb dio unnuevo estímulo a los nacionalistassaharauis que fundaron en 1967 elmovimiento Al Muslim y en 1968, elFrente de Liberación del Sahara.Iniciaron así una intensa actividadpolítica legal exigiendo la indepen-dencia, realizándose multitudina-rias manifestaciones en junio de1970 en El Aiún y en el mercado deZemla, que fueron reprimidas vio-lentamente.

El cerco represivo se fue exten-diendo hacia todos los opositoresindependentistas, produciéndoseallanamientos de viviendas y loca-

les políticos, detenciones y hasta al-gunos asesinatos de militantes po-pulares. De hecho, sin que un de-creto gubernamental planteara lailegalización, las fuerzas opositorastuvieron que empezar a moverse enla semiclandestinidad. Tal situaciónobligó a la dirección nacionalista aemprender el camino de la luchaarmada. Es así que el 10 de mayode 1973 se constituyó el Frente Po-pular de Liberación de Saguia alHamra y Río de Oro (Frente Polisa-rio), bajo la conducción de UaliMustafá Sayid, quien posteriormen-te murió en combate.

El 20 de mayo el Frente Polisarioatacó con éxito un puesto militarespañol, iniciando una guerra de li-beración que se prolonga hastahoy. Posteriormente, presionadopor la guerra y sucesivos traspiesen la ONU, el gobierno de Franco–que seguía considerando al Saharacomo “provincia española de ultra-mar”– aceptó finalmente el princi-pio de autodeterminación. Pero co-mo no podía retirarse de un territo-rio que le brindaba excelentes com-pensaciones económicas a partir desus yacimientos de fosfato, el fran-quismo intentó una nueva farsa,creando el inexistente Partido de laUnión Nacional Saharaui para ase-gurar una transición neocolonialque le favoreciera. A partir de esemomento también entraron en pug-na los colonialistas marroquíes, lide-rados por el rey Hassan, quienes de-cidieron avanzar sobre el terrenoque dejaron los españoles. Para elloorganizaron la “marcha verde”. Lainiciativa, supuestamente pacífica,terminó con una nueva ocupaciónmilitar del territorio saharaui.

Desde ese momento hasta el pre-sente, el Frente Polisario, que en fe-brero del 76 proclamó la RepúblicaArabe Saharaui Democrática, recla-ma primero por la vía de la guerraabierta y ahora, exigiendo un refe-réndum –ya aprobado pero no via-bilizado por la ONU– que se dé unaposibilidad de autodeterminarse alpueblo saharaui.

ARGELIA

En marzo de 1989, el movimien-to islámico argelino creó elFrente Islámico de Salvación

(FIS) para luchar por un cambio po-lítico pacífico, con principios basa-dos en el Islam y con un proyecto desociedad orientada en dicha filoso-fía. En septiembre de 1989, el Frentees oficialmente admitido. En las pri-meras elecciones libres de junio1990, el FIS triunfó como principalpartido de la oposición en Argelia.

Frente a esta victoria de AsambleasLocales –provinciales y municipales–,el partido oficialista –el viejo Frentede Liberación Nacional (FLN) que lo-grara la liberación de Francia, pero

que con el tiempo se burocratizó yadoptó un comportamiento represivoy autoritario– intentó poner obstácu-los al funcionamiento de los Ayunta-mientos y adoptó una nueva ley elec-toral que le favoreciera. Surgieron en-tonces manifestaciones y una granhuelga. La Asamblea Nacional Popu-lar y el FLN, todavía bajo control mili-tar de los generales, pretendió que elFIS no asumiera el Gobierno. Llega-ron entonces las elecciones legislati-vas del 26 de diciembre de 1991. ElFIS ganó otra vez con gran mayoría laprimera vuelta. A cinco días de la se-gunda vuelta electoral, el mando mili-tar de los generales decidió dar ungolpe de Estado e ilegalizar al Frente,acusándole falsamente de promover“actividades anticonstitucionales”.

La interrupción del proceso elec-toral en el que el FIS hubiera obte-nido la mayoría absoluta de los es-caños en la Asamblea Nacional es eldesencadenante del actual conflic-to, donde el Ejército y el partido go-bernante han violado los derechoshumanos y suprimido la democraciaante el silencio de la comunidad in-ternacional y, sobre todo, la abiertacomplicidad de los Gobiernos espa-ñol y francés.

A partir de ese momento se produje-ron grandes masacres en áreas en lasque una gran parte de la población ha-bía votado al hasta hoy ilegalizado FIS,antes de la anulación del proceso elec-toral y de la imposición del estado deexcepción en 1992. Entre las víctimasse cuentan simpatizantes del FIS, per-sonas que habían ofrecido apoyo acti-vo o pasivo a los grupos “islamistas ar-mados”, así como individuos que sehabían negado a incorporarse a las mi-licias armadas por el Estado. Algunasmatanzas las han perpetrado gruposque actuaban bajo las órdenes de cier-tas unidades del Ejército y las fuerzasde seguridad, o que lo hicieron con suconsentimiento. De este modo, el Go-bierno intentó “erradicar” físicamente alos islamistas que había jurado destruirpolíticamente. Además del FIS, tam-bién están ilegalizadas las organizacio-nes Wafa, de tendencia neo-islamista,liderada por Ahmed Taleb Ibrehimi yFront Democratique, encabezada porAhmed Ghozali.

URUGUAY

Al momento de su fundación,en febrero de 1971, el FrenteAmplio (FA) reunió a las dis-

tintas fuerzas de izquierda, tanto parti-dos como organizaciones. Entre losprimeros estaban, entre otros, el Parti-do Demócrata Cristiano, Frente Iz-quierda de Liberación, Partido Comu-nista, Partido Socialista (Izquierda Na-cional), Partido Socialista (MovimientoSocialista) y Movimiento Revoluciona-rio Oriental. Entre los segundos, elMovimiento por el Gobierno del Pue-blo (Lista 99), Movimiento Blanco Po-

pular y Progresista y Movimiento He-rrerista (Lista 58). Asimismo confluye-ron a dicha convocatoria un gran nú-mero de ciudadanos independientes.

Durante los doce años que los mili-tares estuvieron en el Gobierno –des-de 1973 hasta 1985–, el Frente Am-plio se transformó en el principal ene-migo del régimen y fue proscrito, aligual que todas sus estructuras. La per-secución, la detención y el asesinato ola desaparición se ensañó con sus mi-litantes. Todos los locales del FA fue-ron clausurados y comisiones milita-res se adueñaron de la documenta-ción de los mismos. Sin embargo, elFA siguió funcionando a partir del es-fuerzo de sus militantes, que se reuní-an en iglesias, despachos de aboga-dos o cafeterías.

La larga década de la dictadura mili-tar se fue así aproximando a su cierre,primero con la derrota en el plebiscitoconstitucional de 1980, después con eltriunfo de los sectores de los partidostradicionales opositores al Gobiernodictatorial y el alto número de votosen blanco en las elecciones internasde 1982. En tanto, la sociedad se reor-ganizaba y las organizaciones sindica-les y estudiantiles comenzaban a re-surgir, acompañadas de una fuertemovilización social, expresión del re-chazo al Gobierno dictatorial. En estecontexto, el 1 de mayo de 1983 se rea-lizaría uno de los primeros actos pú-blicos multitudinarios, donde por pri-

mera vez desde 1973 reapareceríanpublicamente las banderas del FA. El27 de noviembre del mismo año, fe-cha en que hubiera correspondido larealización de elecciones nacionales,tendría lugar la máxima expresión deeste proceso cuando cientos de milesde uruguayos se dieron cita en el em-blemático Obelisco de los Constitu-yentes, acudiendo a la convocatoriade un conjunto de organizaciones so-ciales y políticas, entre las que estabael Frente Amplio, en reclamo por elrestablecimiento de la democracia, yconformando lo que posteriormentese llamaría “un río de libertad”.

La vuelta a la legalidad del FA seproduce en el año 1984 y desde esemomento hasta ahora, la coalición haexperimentado un ascenso de votosque le permiten desde hace variosaños gobernar en la capital uruguaya,Montevideo, y ser la fuerza que másprobabilidades tiene de hacerse conel Gobierno en las próximas eleccio-nes presidenciales.

MARRUECOS

En Marruecos existen variasfuerzas que o bien están ilega-lizadas a partir de la puesta en

marcha de decretos represivos, o su-fren persecuciones y transitan por elcamino de una “legalidad” muy rela-tiva. Ese es el caso de: “Nahj Demo-

XANANA GUSMAO. El incansable luchador timorense ha sido nombrado presidente de

acoso a las ideas en el mundoPP

crati” (Vía Democrática), que en otromomento utilizó la sigla “Ilai Am-mam”. Está formalmente ilegalizada,pero su actividad partidaria, a pesarde momentos de persecución y re-presión, es consentida por las autori-dades. ANDC (Association Nationa-les des Diplomés Chomeurs) es ile-gal, pero puede moverse utilizandootras denominaciones.

El Movimiento Islamista (Al Adi uaal Ijsqn) “Justicia y Espiritualidad”fue creado en 1988, siendo dirigidopor el jeque Abdeslam Yasin, indul-tado por Mohamed VI del arrestodomiciliario al que lo había someti-do Hassan II. La organización políti-ca está prohibida, pero goza de cier-ta permisibilidad para difundir susideas. Cuenta con un portavoz y de-sarrolla una política de organizaciónsocial muy eficaz.

Otros dos partidos islamistas ile-gales, aunque en trámite de lograralguna flexibilización en su activi-dad (con el actual Gobierno), son AlBadil al Haddari (Alternativa Ciuda-dana), creado en 1995 y lideradopor Mustafá Muhtasim, y Al Harrakamin Ayli al Umma (Movimiento porla Patria), creado en 1998 y dirigidopor Mohamed Maruani.

TIMOR

Indonesia, como país ocupantede Timor, no sólo desarrolló alo largo de decenas de años

una política de proscripción abso-luta de la disidencia política sinoque, para perseguir cualquier ideaque enfrentara su voluntad autori-taria de dominio sobre esas tie-rras, apeló a la represión más san-grienta que se recuerde a escalamundial en el siglo XX. Cerca de300.000 timorenses fueron asesi-nados, desaparecidos y torturadoscomo parte de una política de ex-terminio a gran escala. Se prohi-bió cualquier actividad de oposi-ción pacífica, se violentaron loslocales de agrupaciones estudian-tiles y obreras, se persiguieron lastradiciones y cultura de ese pue-blo, se encarceló a miles de acti-vistas.

Sin embargo, la resistencia ti-morense no dio respiro en todosestos años al Gobierno colonia-lista. En 1974, Xanana Gusmâofue elegido miembro del ComitéCentral del FRETILIN (Frente Re-volucionario de Timor OrientalIndependiente). Junto con suscompañeros, sobrevivió a lascampañas indonesias tendentes aaniquilar a los combatientes ti-morenses. Entre 1979 y 1981 re-organizó a los dispersos supervi-vientes, adoptando tácticas gue-rrilleras. En 1981 fue elegido co-

mandante de la guerrilla y presi-dente del FRETILIN. En 1983mantuvo conversaciones con losindonesios para conseguir unasalida pacífica al conflicto. Aban-donó el FRETILIN para convertir-se, en 1986, en presidente delConsejo Nacional de la Resisten-cia Maubere (CNRM, transforma-do luego en el CNRT), que agluti-naba a los opositores a la integra-ción, desvinculando a los comba-tientes timorenses (FALINTIL) delFRETILIN. Capturado en 1992,Gusmâo fue condenado a cadenaperpetua, pena que fue reducidaposteriormente a 20 años.

En 1998, el Consejo Nacional dela Resistencia Timorense (CNRT),presidido también por Gusmâorechazó la oferta indonesia paraliberarle a cambio de que recono-ciese su soberanía sobre TimorEste. Puesto bajo arresto domici-liario en 1999, continuó siendoclave para conseguir un procesopacífico hacia la autodetermina-ción y la independencia.

A partir de la salida de Indone-sia del territorio de Timor Orien-tal se abrió el camino para la ne-gociación de la independencia, laque finalmente fue reconocidapor Indonesia, culminando elproceso en abril de este año,cuando se realizaron las primeraselecciones libres en el nuevo pa-

ís. Xanana Gusmâo fue elegidopresidente de Timor Orientaldespués de obtener en los comi-cios 301.634 votos frente a los63.156 del otro candidato, Fran-cisco Xavier do Amaral.

VENEZUELA

Venezuela también conocióen “democracia” el acoso ypuesta fuera de la legalidad

de organizaciones políticas. Ocu-rrió durante el mandato de RómuloBetancourt, de Acción Democrática(AD), quien había asumido el po-der tras el derrocamiento en 1958del dictador Marcos Pérez Jiménezy en el marco de la firma del deno-minado “Pacto de Punto Fijo”, quedecretaba la alternancia de los dospartidos sumisos al mandato deWashington, AD y la derecha deCOPEI. El Pacto implicaba, además,dejar fuera de juego a la izquierdamarxista que tanto había bregadoen la calle para voltear a Pérez Ji-ménez. Y no sólo eso, sino que seempezó a perseguir policialmente asus militantes más conocidos.

Esta situación llevó a que duranteel tercer congreso del poderosoPartido Comunista Venezolano(PCV), muchos militantes, indigna-dos con el rumbo que estaba to-mando el proceso, empezaran a

la nueva e independiente Timor Oriental, que ha estado ocupada por Indonesia durante decenas de años. / EFE


PP

plantear otras vías de lucha, comola guerrilla armada. En esa tesituraaparecieron algunos nombres queluego marcarían época: DouglasBravo, Teodoro Petkoff, PompeyoMárquez, Eduardo y Gustavo Ma-chado.

Por otra parte, el sector más radi-cal de AD, también molesto por lasconsecuencias prácticas del “punto-fijismo” y el clima de histeria anti-comunista que se alentaba descara-damente desde el Gobierno, co-menzó a gestar una ruptura, quetiempo después adoptaría el nom-bre de Movimiento de IzquierdaRevolucionaria (MIR), y que tam-bién optaría por la lucha armada.Uno de los líderes de esta nueva or-ganización era Domingo AlbertoRangel. Paradójicamente, el día enque se firmó la Constitución de1961 se puso en marcha la ofensivaestatal contra la izquierda combati-va. Se suspendieron las garantíasconstitucionales y tanto el PCV co-mo el MIR fueron ilegalizados, suslocales invadidos por tropas poli-ciales y varios de sus militantes fue-ron a parar a la cárcel. El PCV y elMIR decidieron en 1962 conformarun movimiento guerrillero que lue-go derivaría en las Fuerzas Armadasde Liberación Nacional (FALN). A lavez se producen levantamientos de

oficiales militares izquierdistas enBarcelona (el “Barcelonazo”), enCarúpano (el “Carapunazo”) y enPuerto Cabello (el “Porteñazo”).

Las FALN se convirtieron en unade las guerrillas más importantesdel continente e incluso contaroncon apoyo directo cubano, pero apartir de 1964 –producto de desa-venencias ideológicas y serios reve-ses militares- se empieza a producirun imparable declive. A finales de1965, la mayoría de la dirección delPCV planteó el abandono de laguerra, pero Douglas Bravo se ne-gó y se hizo fuerte junto a FabricioOjeda –que tiempo después caeríapreso y sería asesinado- en la zonade Falcón. En diciembre de 1968,llega al Gobierno el copeyano Rafa-el Caldera y la situación de los últi-mos resistentes guerrilleros terminópor agravarse ya que el PCV (el sec-tor contrario a la lucha armada)participa con otra sigla en las elec-ciones y obtiene menos votos quediez años antes. Caldera aprovechala circunstancia y encara un “plande pacificación” decretando la am-nistía para todos los combatientesde las FALN que se avinieran a lavía política. Varios dirigentes comu-nistas que estaban en las cárcelescomienzan a recuperar la libertad y,a la vez, Bravo y sus compañeros

eran apresados y condenados a pri-sión. El PCV, como parte de estapolítica “conciliadora”, vuelve a serlegalizado. Comienza una nuevaépoca, que los sectores que nuncase resignaron a dejar de luchar de-nominaron la de la “izquierda per-mitida”.

SIRIA

Está ilegalizado el Partido Co-munista. Su líder, Riad Turk,de 71 años, cumplió 18 años

de prisión por “intentar cambiar laconstitución por medios ilegales eincitar a la violencia”. Cuatro añosmás tarde de su liberación, en 1998,se enfrenta a otro juicio en el quepuede ser condenado a cadena per-petua. El verano pasado Turk fuedetenido junto a otros activistas po-líticos y de derechos humanos si-rios. Cientos de “integristas islámi-cos e izquierdistas” continúan en-carcelados.

EGIPTO

El partido de los “HermanosMusulmanes” fue fundado en1928 por Hassan El Banna.

Desde el principio, fue apoyado y

utilizado por los Estados Unidos yArabia Saudí con la idea de ponerfreno a la expansión del comunis-mo por el mundo árabe. El 23 de ju-lio de 1952 triunfó el golpe de Esta-do anti-monárquico del movimien-to nacionalista de los “oficiales li-bres”, liderado por el panarabistaGamal Abdennaasser –al que se co-noció como Nasser–. Este joven ofi-cial se declaró antiimperialista y dioun giro radical en la política exte-rior de su país, transformándose enadversario de Occidente y proclivea apoyar a todos los movimientosde liberación nacional. En ese con-texto, los “Hermanos Musulmanes”pasaron a enfrentarse a Nasser,quien les persiguió sistemáticamen-te, retirándoles la legalidad al parti-do en 1956.

Muerto Nasser, asumió el poderAnuar El Sadat, quien se desligó delos “nasseristas”, se volcó de llenoen estrechar lazos con los nortea-mericanos, privatizó la economía yestableció la paz con Israel a travésde los acuerdos de Camp David.Como consecuencia de ello, en1981 Sadat fue abatido a tiros porun oficial de su ejército y miembrode Yihad Islámica. Llegó entoncesal Gobierno el actual mandatario,Hosni Mubarak, quien no sólo de-claró el estado de excepción, sinoque llevó adelante una sistemática ydurísima campaña represiva contrala oposición, en particular contralos “Hermanos Musulmanes”.

Desde mediados de los 70, unatendencia de los “Hermanos Musul-manes” optó, a pesar de seguir enla ilegalidad, por una política mo-derada, uniéndose con el PartidoSocialista Obrero. Esto le permitiópenetrar en los medios estudiantiles–bunkers de la izquierda hasta esemomento–, influenciar amplias ca-pas sociales y obtener el 17 porciento de los votos en las eleccio-nes legislativas de 1987. Y lo hizosin poder utilizar su sigla y apelan-do a candidaturas independientes.

En elecciones posteriores, el gru-po islámico obtuvo, otra vez desdela clandestinidad, 14 diputados,constituyéndose en la segundafuerza, detrás del partido Mubarak.La organización proscripta, cuyoprograma político propone el de-rrocamiento por medios pacíficos,del actual régimen y el estableci-miento de otro de carácter islámico,también ha venido saliendo vence-dor en todos los comicios sindicalesa los que se ha presentado como in-dependiente, tiene mayoría tambiénen los colegios médicos y de inge-nieros, y controla más de la mitaddel consejo directivo del colegio deabogados. Sin embargo, los “Herma-nos Musulmanes” siguen sufriendola represión por parte de las fuerzasde seguridad del Gobierno egipcio.

Peor suerte corren los militantesde la ex Yihad Islamica y luego fun-dadores de otra organización, la Ga-

OCALAN. Líder del Partido de Trabajadores de Kurdistán. / ARCHIVO


Decretazo 4161 (Argentina)

Acontinuación se reproduce íntegramente el decreto 4161 de pros-cripción del Partido Peronista de Argentina por el ínterés que el do-cumento tiene y por lo peculiar de sus contenido. El informe lleva-

ba la firma del general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas–ambos máximos jefes de la asonada militar– y decía textualmente en suparte central:

“Visto el decreto 3855/55 por el cual se disuelve el Partido Peronista ensus dos ramas en virtud de su desempeño y su vocación liberticida, y con-siderando: Que en su existencia política el Partido Peronista, actuando co-mo instrumento del régimen depuesto, se valió de una intensa propagandadestinada a engañar la conciencia ciudadana para lo cual creó imágenes,símbolos, signos y expresiones significativas de doctrina y obras artísticas:

Que dichos objetos, que tuvieron por fin la difusión de una doctrina yuna posición política que ofende el sentimiento democrático del puebloargentino, constituyen para este una afrenta que es imprescindible borrarporque recuerdan una época de escarnio y de dolor para la población delpaís y su utilización es motivo de perturbación de la paz interna de la na-ción y una rémora para la consolidación de la armonía entre los argenti-nos.

Que en el campo internacional, también afecta el prestigio de nuestropaís porque esas doctrinas y denominaciones simbólicas, adoptadas porel régimen depuesto, tuvieron el triste mérito de convertirse en sinónimode las doctrinas y denominaciones similares utilizadas por grandes dicta-duras de este siglo que el régimen depuesto consiguió parangonar. Quetales fundamentos hacen indispensable la radical supresión de esos ins-trumentos o de otros análogos, y esas mismas razones imponen tambiénla prohibición de su uso al ámbito de las marcas y denominaciones co-merciales, donde también fueron registradas con fines publicitarios y don-de su conservación no se justifica, atento al amplio campo que la fantasíabrinda para la elección de insignias mercantiles.

Por ello;El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder

Legislativo, decreta con fuerza de ley:Art. 1º Queda prohibida en todo el territorio de la nacióna) La utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectua-

da públicamente, o propaganda peronista, por cualquier persona, ya setrate de individuos aislados o grupos de individuos, asociaciones, sindica-tos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o privadasde las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas ar-

tículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidaspor alguien como tales pertenecientes o empleados por los individuos re-presentativos u organismos del peronismo. Se considerará especialmenteviolatoria esta disposición, la utilización de la fotografía retrato o esculturade los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera pe-ronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, lasexpresiones “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, “justicialista”, ”terce-ra posición” la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depues-to las composiciones musicales “Marcha de los muchachos peronistas” y“Evita, capitana” o fragmentos de las mismas, y los discursos del presiden-te depuesto o su esposa o fragmentos de los mismos.

b) La utilización por las personas y con los fines establecidos en el inci-so anterior de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas,doctrina artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieranser tenidas por alguien como tales creados o por crearse, que de algunamanera cupieran ser referidos a los individuos representativos, organis-mos o ideología del peronismo.

c) La reproducción por las personas y con los fines establecidos en elinciso a), mediante cualquier procedimiento, de las imágenes símbolos ydemás objetos señalados en los dos incisos anteriores.

Art. 2º - Las disposiciones del presente decreto-ley se declaran de ordenpúblico y, en consecuencia, no podrá alegarse contra ellas la existencia dederechos adquiridos. Caducan las marcas de industria, comercio y agricul-tura y las denominaciones comerciales o anexas que consistan en las imá-genes, símbolos y demás objetos señalados en los incs. a) y b) del art. 1º.Los ministerios respectivos dispondrán las medidas conducentes a la can-celación de tales registros.

Art. 3º - El que infrinja el presente decreto-ley será penado:a) Con prisión de treinta días a seis años y multa de pesos 500 a pesos

1.000.000. (entre 5 mil y 10.000 euros).b) Además, con inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la

condena para desempeñarse como funcionario público o dirigente políti-co o gremial;

c) Además, con clausura por quince días, y en caso de reincidencia,clausura definitiva cuando se trate de empresas comerciales. Cuando la in-fracción sea imputable a una persona colectiva, la condena podrá llevarcomo pena accesoria la disolución.

PP

maá Islamia (Agrupación Islámica).La Gamaá posee una rama política–ilegalizada actualmente– y una mi-litar. El partido ha ido estructurandouna red muy efectiva de asistenciasocial a las capas más pobres y mar-ginadas de la sociedad.

Por otra parte, el brazo armado dela Gamaá ha golpeado duramente enlos últimos años, provocando pérdi-das millonarias en sus campañas dehostigamiento al turismo. En sus ma-nifiestos exigen libertad total parahacer proselitismo político, libertadde los cientos de presos políticos ycese total de la represión en las pri-siones, además de plantear una aper-tura de un diálogo con el Gobiernopara poner fin al conflicto.

La respuesta de Mubarak ha sidosiempre la misma: nada de diálogo ysolución policial y militar. Según laOrganización Egipcia de DerechosHumanos, los islamistas están su-friendo las consecuencias de accio-nes represivas sistemáticas: destruc-ción de las viviendas de los que sonconsiderados culpables; detencio-nes masivas e indiscriminadas (in-cluso a familiares de los militantes),chantajes, torturas y enfermedadesen las prisiones, condenas a muerte(se han producido numerosas eje-cuciones) o abusos policiales contrapobladores de barrios humildes.

TUNEZ

Este es otro país que ha mante-nido en la ilegalidad, duranteaños y hasta el presente, a va-

rias organizaciones partidarias,combinando la exclusión políticacon la represión más violenta con-tra sus seguidores. En ese nivel seencuentra el Partido Comunista delos Obreros Tunecinos (PCOT), cu-yo máximo dirigente, S.G. Hamma-mi, aún permanece encarcelado. Laotra organización que sufre los em-bates del Gobierno tunecino es Al-Nahda (Renacimiento), definida co-mo islámica.

Entre ambos grupos llegaron a te-ner en prisión casi dos millares demilitantes, siendo excarcelados me-diante una amnistía en noviembrede 1999 alrededor de 600 de ellos.Todos, los que salieron libres y losque aún permanecen entre rejas,fueron condenados a penas de 30 a50 años en juicios totalmente ama-ñados y recurriendo a falsos testi-gos que les acusaron de “conspira-ción, terrorismo y asesinato”, segúndenunciara Amnistía Internacional.

El PCOT cuenta con cierto predi-camento en barrios humildes, perono ha podido eludir las medidasrestrictivas de ilegalización, basadasen leyes de excepción que llegan acondenar hasta la mención de la si-gla en cualquier manifestación ca-

llejera o reunión de prensa. Mohamed Aviv Hemisi, familiar

de destacados dirigentes exiliadosdel partido Al-Nahda, fue condena-do en otro momento a diez años decárcel por el cargo de “pertenencia”a la organización y por negarse a“colaborar” con la Policía, que leexigía que delatara a otros afiliados.Cuando salió libre en 1999, denun-ció lo que era “el infierno de las pri-siones” donde, además del hacina-miento natural, recibían palizas ytorturas diversas. Otros grupos polí-ticos ilegalizados por la Administra-ción tunecina son el Consell Natio-nal pour les Libertés en Tunisie(CNLT) y el Forum Democratiquepour le Travail et les Libertés.

RUMANIA

El primer partido comunista deEuropa del Este ilegalizadofue el rumano. En 1990 el

nuevo Gobierno de Salvación Na-cional convocó un referéndum parasu ilegalización tras reconocer quelos nuevos dirigentes se habían pre-cipitado al declarar ilegal al PCR.

NEPAL

Nepal ha adoptado casi siem-pre una postura neutral en-tre sus dos vecinos, India y

China, que frecuentemente rivali-zan. La transición a una democraciaparlamentaria con régimen de mo-narquía constitucional fue procla-mada por un decreto real en 1990.

A mediados de 1989, más de 300presos políticos poblaban las cárce-les nepalesas, dos tercios de loscuales habían sido detenidos al am-paro de la Ley de Seguridad Públicade 1961, conocida como Kalo Ka-noon (La ley negra). El rey Birendraaprobó leyes que contradecían lasdisposiciones sobre derechos hu-manos contenidas en la Constitu-ción de 1962. El 12 de abril de 1991se realizaron en Nepal las primeraselecciones libres. El Partido Comu-nista de Nepal (PCN) y el Congresode Nepal se aliaron para los comi-cios y lograron cuatro de los cincopuestos de la capital, pero a nivelnacional la mayoría fue para el ofi-cialista Partido Nepalés del Congre-so. El nuevo Gobierno designó pri-mer ministro a Girija Prasad Koira-la, del Congreso de Nepal. Este pro-metió implantar un régimen de eco-nomía mixta, destinar el 70 porciento del ingreso nacional a las re-giones rurales y a realizar una refor-ma agraria; declaró gratuita la ense-ñanaza primaria.

Koirala no obtuvo resultados en


FRENTE POLISARIO. Desde que en 1976 proclamara la República Arabe Saharaui Democrática, el Frente reclama el derecho de autodeterminación para el pueblo saharaui. / EFE

“Panteras Negras” (EEUU)

El Partido de los Panteras Negras fue el mayor movimiento políti-co vanguardista por un cambio social en Estados Unidos desde laRevolución de 1776 y la Guerra Civil, y también el más persegui-

do por las fuerzas policiales estatales. Surgido a principios de los años70, representó una gran esperanza para las masas de población negranorteamericana ansiosas de conseguir igualdad, justicia y libertad. Susideales y actividades eran tan radicales que fueron considerados por J.Edgar Hoover, jefe del FBI, “la mayor amenaza a la seguridad internaen EEUU”.

Contra la gran marginación que sufría la comunidad negra, Huey P.Newton comenzó a organizar el partido de los Panteras Negras para laautodefensa. Exigían una abolición total de la opresión y ofrecían co-mo una opción la revolución. A su vez, el partido tomó posición juntoal pueblo vietnamita masacrado por el Gobierno USA, considerándoloellos también “el enemigo de la población negra”. El mensaje se clari-ficó cuando varios grupos de los panteras marcharon en la legislaturahacia California, totalmente armados. Se quejaban así del control ar-mado que sufría la comunidad por la Policía y demandando el derechoa portar armas para defenderse.

En octubre de 1967, Newton fue tiroteado, arrestado y acusado de lamuerte de un policía blanco en un cruce de disparos en las calles deOakland. Esto fue la chispa que prendió la hoguera. Jóvenes blancos,desilusionados por la guerra de Vietnam, y jóvenes negros gritaban ßalunísono: “¡Libertad para Huey!” El partido se expandió desde Oaklanda 48 Estados, y llegó a tener grupos de apoyo internacionales en Japón,China, Francia, Alemania, Inglaterra, Mozambique, Sudáfrica, Zimbab-we, Uruguay y otros lugares, incluyendo Israel.

En los barrios desarrollaron una serie de programas sociales paraayudar a la gente negra pobre, promoviendo un modelo alternativo desolidaridad. Uno de estos programas incluía dar el desayuno a la in-fancia negra. Esto les sirvió para generarse la acusación de comunistaspor el FBI.

J. Edgar Hoover, jefe del FBI, basado en esta definición y con el apo-yo de la maquinaria del Gobierno federal, puso en marcha una campa-ña de destrucción del Partido de los Panteras, ayudado por los depar-tamentos de Policía locales. La idea era “ilegalizar al partido sin apelara las leyes”, como sostuvo el mismo Hoover. En 1968 dijo que “el Par-tido representaba la mayor amenaza interna para EEUU” aseguró que1969 sería el último año de existencia del partido. La persecución re-presiva y paramilitar fue implacable. En enero de 1969, dos dirigentesdel sur de California fueron asesinados por mercenarios del FBI, con lacooperación de un grupo negro colaboracionista. Al final de ese año,la Policía y el FBI asaltaron violentamente la mayoría de oficinas y de-legaciones del partido en todo el país, culminando la represión con el

asalto orquestado de las oficinas de Los Angeles e Illinois, donde fue-ron asesinados el dirigente Fred Hampton y el militante Mark Clark.

Además, asesinaron al joven militante de 17 años Bobby Hutton, enabril de 1968; en Los Angeles mataban a otro joven Pantera de 17 años,Tommy Lewis, además de Robert Lawrence y Steve Bartholomew. Seprodujeron, a la vez, numerosos arrestos, entre los que se encontrabael del presidente del Partido, Bobby Seale, con cargos por conspira-ción debido a las protestas contra la guerra y una serie de imputacio-nes inusitadas: un asalto a una comisaría y el intento del asesinato deNixon, en el que también fue implicada la veterana del Partido, ErickaHuggins.

Hubo una batería de agresiones inimaginables hacia los programassociales del partido y la destrucción de sus propiedades. Desde tirar losdesayunos por el suelo de las iglesias, hasta invadir las clínicas dondeayudaban a la población o destruir los periódicos del partido. Además,se utilizaron todo tipo de tácticas de intimidación y amenazas paramermar sus simpatizantes y grupos de apoyo.

Más siniestro aun fue el plan contrainsurgente dirigido por el FBI co-nocido como COINTELPRO, que consistía en construir una red de in-formantes, provocadores y alborotadores que se dedicaban a destruirtodo tipo de actividades, llegando incluso al asesinato.

A pesar de todo, el Partido de los Panteras siguió construyendo susprogramas de supervivencia y cumpliendo con sus objetivos hasta1973, en que fue brutalmente asesinado en la prisión de San Quintín eldirigente George Jackson. Es también en ese año cuando el partido sepresentó a elecciones municipales con Bobby Seale, como candidato aalcalde y Elaine Brown, como concejala. Aunque esas elecciones nolas ganaron, permitieron al partido solidificar sus apoyos.

En julio de 1977, cuando retorna Huey P. Newton de su exilio en Cu-ba, el partido estaba todavía en pie en Oakland, California, mantenien-do una base fuerte entre las comunidades negras y los trabajadores, ypreparando el lugar para conseguir “la revolución de América”. En esetiempo se había conseguido colocar un alcalde negro, apoyado por elpartido, por primera vez en la historia de esa ciudad. Sin embargo, elacoso continuaría y una mezcla de actividades represoras aún más so-fisticadas por parte del FBI se pondrían en acción. Algunos de los gru-pos de activistas fueron infiltrados de muchas maneras. Una de ellas tu-vo que ver con las drogas, que condujo a la muerte a un buen númerode militantes. Además, el acorralamiento hizo florecer innumerables cri-sis internas que apuraron la decadencia del partido. Una etapa habíaconcluido así de la peor de las formas. Tendrían que pasar casi 25 añospara que la lucha volviera a recomenzar con el Nuevo Partido de losPanteras Negras, que hoy desarrolla actividad política en ciertos Esta-dos, pero sin adquirir la importancia de la vieja organización.

PP

su combate contra la pobreza y elanalfabetismo. La pérdida de apoyoy las disputas internas en el monar-quista Partido del Congreso Nepalés(PCN) aceleraron su renuncia, quese produjo el 10 de julio de 1994. Enlas elecciones de noviembre, el Par-tido Comunista Unido de Nepal(PCUN) consiguió 88 escaños en laCámara de Representantes, superan-do al PCN, que obtuvo 83. Al noconseguir el respaldo político mayo-ritario para su gestión, en septiem-bre de 1995 el primer ministro co-munista dejó su cargo en manos deSher Bahadur Deuba, líder del ofi-cialismo. Días después el Gobiernoilegalizó al Partido Comunista deNepal, que apeló a la lucha armada.El partido se convirtió también enmilicia y en 1996, en grupos de gue-rrilleros. En julio, el primer ministroofreció una amnistía general a losmiembros del PC de Nepal que acep-taran entregar las armas, pero la invi-tación fue respondida con más ata-ques a intereses extranjeros.

Hoy el partido clandestino desa-rrolla una nueva campaña políticaentre el campesinado y, a pesar de larepresión, ocupa grandes franjas delterritorio nepalí y mantiene en vilo alas fuerzas armadas del reino, quecuentan con el concurso de oficialesnorteamericanos.

UZBEKISTAN/KIRGUISTAN

Un mes despúes del los aconte-cimientos del 11-S en EEUU,se producen detenciones ma-

sivas de militantes islámicos. El Parti-do de la Liberación (Hizbut Tahrir) yotras organizaciones islámicas sonprohibidas en estos países.

ALEMANIA

El canciller Adenauer solicitó en1951 la prohibición del PartidoComunista Alemán (KPD). La

prohibición se efectuó el 17 de agos-to de 1956 por sentencia del TC, se-gún artículo 21 de la Constitución.Fueron expropiados los bienes delas empresas cercanas al partido. Asíse prohibieron varios periódicos ymuchos de sus militantes fueron de-tenidos. Algunos miembros que ha-bían salido diez años antes de loscampos de concentración o regresa-do del exilio, fueron detenidos denuevo. En los momentos más duros,se abrieron investigaciones contraunas 50.000 personas y fueron juzga-das unas 3.000. Muchas de ellas nofueron condenadas, pero su vida pri-vada quedó destrozada.

Tiempo atrás fueron prohibidasunas 80 organizaciones cercanas al

KPD, que resistieron contra la remili-tarización de Alemania. La prohibi-ción del KPD puso fin a la izquierdaorganizada en Alemania. En una ma-nifestación contra la prohibición delas organizaciones, fue asesinado atiros el trabajador y miembro delKPD Philipp Müller. En la protestatambién resultaron heridos un jovensocialdemócrata y dos sindicalistas.Sólo en esa manifestación la Policíadetuvo a unas 240 personas. En 1952se prohibió el Partido Socialista delReich (SRP) por considerarlo el TCsustituto del NSDAP de Hitler.

Hasta varias décadas más tardeAlemania no conoció ilegalizaciónalguna. Sin embargo, en los años 80se prohibió en Alemania el partidoturco Devrimci Sol (Izquierda Revo-lucionaria) y en 1998 le tocó al suce-sor de un brazo del partido despuésde una separación: el “Frente y Parti-do Revolucionario para la Libera-ción” (DHKPC), que luchaba por elderecho de autodeterminación delpueblo kurdo y la liberación de Tur-quía.

POLONIA

El general Wojciech Jaruzelskideclaró ilegal al sindicato inde-pendiente Solidaridad, que

posteriormente se presentó como

coalición política de postulados muyconservadores. Tras el movimientoobrero surgido de las huelgas regis-tradas entre 1970 y 1976, Jaruzelskidecretó la ley marcial el 13 de di-ciembre de 1981 y aprovechó parailegalizar el movimiento que liderabaLechWalesa.

ZAMBIA

La ex Rhodesia del Norte tam-bién cuenta con una larga histo-ria de luchas e ilegalización de

las fuerzas opositoras que posterior-mente se erigirían en factor funda-mental de la independencia. A mitaddel siglo XX, surgió el partido nacio-nalista del Congreso Nacional Africa-no de Rhodesia del Norte (NRANC),fundado en 1952. El NRANC estuvodesde sus inicios íntimamente ligadoal ANC sudafricano y luchó firme-mente contra la discriminación racialy por la independencia. En 1953, loscolonialistas británicos organizaronuna federación entre Rhodesia delNorte (Zambia), Rhodesia del Sur(Zimbabwe) y Nyasssalandia (Mala-wi), que sería gobernada por los co-lonos blancos desde la ciudad de Sa-lisbury.

En 1959, la persistente lucha políti-ca antirracial y anticolonial seguidapor el ANCZ culminó con la ilegali-

LECH WALESA. Fundó Solidaridad y llegó a ser presidente de la República en 1990, años depués de que el general Jaruzelski ilegalizara el movimiento que él lideraba. / ARCHIVO


zación de esa formación política y elencarcelamiento de Kaunda. Sus se-guidores no se amilanaron y forma-ron el Partido Unido de la Indepen-dencia Nacional (UNIP).

Meses después, cuando los ingle-ses comprobaron el arraigo popularde las propuestas independentistas,decidieron también ilegalizar alUNIP. Al año siguiente, el Gobiernobritánico se vio obligado a anunciaruna revisión constitucional que satis-fizo algunas de las demandas delUNIP. Fortalecidos por esta victoria,los nacionalistas lograron en 1964 ladisolución de la Federación de am-bas Rhodesias. Ese mismo año, elUNIP triunfó en las elecciones gene-rales y se proclamó la independen-cia, convirtiéndose Kenneth Kaundaen presidente de Zambia y “padre dela liberación del yugo colonial”.

No obstante, el nuevo Gobiernofue hostilizado duramente por loscolonialistas, que aún controlabanparte de la región. Sin embargo, nodejó de apoyar a sus aliados de Zim-babwe, hasta que en 1980 este Esta-do adquirió también su independen-cia

SUDAN

Tras el golpe de Estado del mi-litar Al Bashir varios partidospolíticos de oposición de la

zona norte del país fueron ilegaliza-dos. Estos grupos se aliaron en 1994con el Ejército Popular para la Libe-ración de Sudán (EPLS), que luchacontra Jartum desde 1983 para sepa-rar el sur del país y derrocar al régi-men islamista.

TURQUIA

Los tribunales y el Gobierno tur-co no han parado de ilegalizarpartidos islamistas, pro-kurdos

e izquierdistas en los últimos veinteaños. La carrera de ilegalizacionescomenzó mucho antes, en 1971,cuando el Ejército forzó la dimisióndel primer ministro, Süleyman Demi-rel. Las huelgas fueron prohibidas yel Partido Turco del Trabajo y el Par-tido Nacional del Orden fueron ile-galizados. A partir de aquí la franjamás sangrante para la libertad de ex-presión de las formaciones políticasen Turquía se fraguó entre 1983 y1997. El Estado turco ilegalizó hastatrece partidos políticos, varios sindi-catos, docenas de movimientos so-ciales y asociaciones y clausuró tresmedios de comunicación.

Los activistas pro-kurdos y los pro-pios guerrilleros kurdos no cejabanen su intento de decidir su futuro enlibertad, pese al genocidio al que es-taban siendo objeto por parte del

Ejército turco. A Turquía no le preo-cupa demasiado la opinión públicade los ciudadanos europeos y conta-ba con el aval de impunidad que leotorga ser aliado estratégico deEEUU. A finales de la década de los90 prosiguió con su campaña de ais-lamiento total. Pero poco a poco, ycon la ayuda de varios países miem-bros, como el Estado español, elnuevo Gobierno turco se dispuso arecibir unas cuantas reprimendas detribunales europeos a cambio de“acercar posturas para su integraciónen la UE”. El 30 de enero de 1998, elTribunal de Estrasburgo sentenciabaque la ilegalización del Partido Co-munista unificado de Turquía atenta-ba contra la convención europea dederechos humanos. Cuatro mesesmás tarde, el 25 de mayo de 1998, lostribunales europeos condenaban lailegalización del Partido Socialista.Lo mismo ocurría en el caso del Par-tido de la Libertad y la Democracia(Özdep), en sentencia publicada el 8de diciembre de 1999. El último dic-tamen contra el Gobierno turco seejecutó el pasado 9 de abril de 2002,cuando el Tribunal Europeo de De-rechos Humanos consideró que lailegalización del Partido del Trabajodel Pueblo (HEP) había sido contra-ria al derecho de libertad de asocia-ción protegido por el artículo 11 dela Convención europea.

Pero el caso más sonado sucedióen diciembre de 2000, cuando el Tri-bunal Europeo de Derechos Huma-nos atendió la demanda presentadaen nombre del líder del Partido deTrabajadores de Kurdistan, AbduláOcalan, que se encontraba encarce-lado en la prisión turca de la isla deInrali. Estrasburgo entendió que du-rante su procesamiento ocurrieronnumerosas violaciones de sus dere-chos. Ocalan había sido condenadoa muerte en Ankara en junio de 1999por “separatismo y traición”. Haceapenas tres meses el Parlamento Eu-ropeo criticaba duramente la ilegali-zación por parte del Estado turco delPartido Democrático del Pueblo(HADEP), acusado de afinidad conel Partido de Trabajadores de Kurdis-tan

A los partidos pro–kurdos acusa-dos por las autoridades de fomentarel separatismo e incitar a la violenciales sigue esperando en Turquía la in-minente disolución de su organiza-ción política, congelación y embargode sus bienes y la prohibición a susdirigentes y responsables de fundaro participar en un nuevo partido po-lítico.

TURQUIA. Manifestación de apoyo al líder del Partido de Trabajadores de Kurdistan (PKK), Abdulá Ocalan, tras su detención en 1999. / ARCHIVO


El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo(TDHE) fue creado conforme a la Convención Eu-ropea sobre Derechos Humanos para garantziarque los estados miembros lo respetaran. El tribu-nal examina quejas y emite juicios que son legal-mente vinculantes, esto significa que se debencumplir sus sentencias. Compuesto por 40 jueces,estos son elegidos para trabajar al servicio del tri-bunal con capacidad independiente. Tiene su sedeen el Estado francés y es un organismo permanen-te desde el 1 de noviembre de 1998. Se reúne todoel año. Aunque está considerado como uno de losmecanismos internacionales más importantes so-bre derechos humanos, está limitado estrictamente

a los tipos de casos que examina y que puedentardar en resolverse hasta siete años. El tribunal in-ternacional de Estrasburgo puede emprender lassiguientes acciones para examinar una queja:

1) Acuerdo amistoso entre el solicitante y el Es-tado en cuestión.

2) Si no puede llegarse a un acuerdo en el puntoprimero, se realizará un juicio. El tribunal puede or-denar al Estado que cambie sus leyes para detener laviolación que se está produciendo o para prevenirotras futuras. También puede ordenar al Estado quepague una compensación a la víctima y tome medi-das para devolver a la víctima a la posición en la quese encontraba antes de que ésta se produjera.

3) Medidas provisionales. Si el tribunal ha sidoinformado de forma fiable de que está a punto deproducirse una violación, pude ordenar al Estadoen cuestión que tome medidas provisionales paraevitar que se produzca. Las medidas son accionestemporales que se deben tomar antes de que sehaya completado el examen formal de un caso. Si una queja llega a Estrasburgo a través de los“tribunales nacionales”, debe de presentarse anteel Tribunal Europeo en un plazo de seis meses apartir de la decisión final emitida sobre el casopor el tribunal competente más elevado del país.No se necesita abogado para dirigirse a Estrasbur-go, pero su procedimiento es muy complicado

ESTRASBURGO CONDENALA ILEGALIZACION DE LAS IDEAS

CORTE EUROPEA. El Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos lo integran cuarenta magistrados, entre los que se encuentra un juez español y otro francés. /EFE

derechos humanos

por lo que se aconseja la ayuda de un abogadocualificado. Puede habilitarse una ayuda para lossolicitantes que no se lo puedan pagar.

A mediados del año pasado, el TEDH teníapendientes de resolver cerca de 20.000 deman-das, a pesar de que un 85% de las que se presen-tan se rechazan por inadmisibles. Un buen núme-ro de las que fueron denegadas se trataban de de-nuncias de ciudadanos rusos contra su Gobierno.La demanda con mayor número de afectados denacionalidad administrativa española es la de laspersonas dañadas por la colza, cerca de un millar.El país con mayor despecho en no tramitar las de-mandas del tribunal internacional es Turquía, quehace caso omiso de las relacionadas con el dere-cho a la vida, torturas o la privación de libertad.

El tribunal está presidido por el juez suizo Lu-zius Wildhaber y sólo Gran Bretaña y Suiza dis-ponen de dos magistrados. El representante de lajudicatura española en Estrasburgo es el juez An-tonio Pastor Ridruejo, que fue reelegido en abrildel año pasado por la Asamblea Parlamentariadel Consejo de Europa para un mandato de seisaños. Era el candidato número uno del PP, perodeberá abandonar su cargo en diciembre del2002 debido a que cumplirá setenta años y el re-glamento obliga a los jueces a abandonar supuesto cuando alcanzan esa edad.

“Caso Castells”, uno para la esperanzaEl tándem Aznar-Oreja puede tener designado susiguiente candidato, el titular del Juzgado de Ins-

trucción número 5 de la Audiencia Nacional, Bal-tasar Garzón, que ahora se perfila como electo alpremio Nobel de la paz y magistrado del que sesospecha está tratando de hacerse con un sitio enalgún tribunal penal internacional.

A los ciudadanos vascos siempre les quedaráconfiar en la demostrada cualificación de algunosabogados preocupados por la libertad y los dere-chos humanos. Como símbolo de la esperanza sepuede destacar el “caso Castells”.

Hace dos meses se han cumplido diez añosdesde que el Tribunal Europeo reconoció que elEstado español violó el Convenio de DerechosHumanos y concedió una indemnización globalde tres millones de pesetas al demandante, elabogado vasco Miguel Castells. Aunque el vere-


UN VIAJE POR EL LABERINTO DE LOS TRIBUNALES

3 . T R I B U N A L D E E S T R A S B U R G O2 . T R I B U N A L C O N S T I T U C I O N A L1 . T R I B U N A L S U P R E M O

1. Máximo órgano judicial español para el control y aplicación de la legalidad or-dinaria. 2. De acuerdo al sistema de control constitucional denominado "con-centrado", órgano encargado del control de constitucionalidad de leyes y actosjurisdiccionales y administrativos en el Estado español. 3. Se encarga del con-

trol sobre los actos internos de cada estado firmante (leyes, actos jurisdiccio-nales y administrativos) en relación al cumplimiento o no de la Convención deRoma de 1950 de protección de Derechos humanos. El Estado español es fir-mante de este acuerdo desde finales de los años 70, pero hace caso omiso.

ESTRASPara la opinión pública francesa, Batasu-

na está solidamente unida a ETA. ¿Có-mo podría ser de otra manera? No haymás que leer los artículos referidos a es-te movimiento político, cualquiera que

sea el contexto. Si bien “Le Monde Diplomatique”–sin duda diplomático– presenta a Batasuna comoun “partido separatista” y “partido independentis-ta” vasco, la fórmula que más se utiliza en la pren-sa francesa es “Batasuna, considerada como elbrazo político de ETA” y, más frecuentemente in-cluso, “Batasuna, el brazo político de ETA” y “lavitrina política de ETA”.

¿El proyecto de ilegalización de la formación polí-tica está entonces justificado? En conjunto, la prensafrancesa se cuida mucho de tomar partido, equipa-rando las acciones violentas de ETA –sistemática-mente calificada de organización “terrorista”–, conel riesgo de ver estas acciones multiplicadas en casode imposibilidad de cualquier intervención política.

“¿Podemos, en democracia, prohibir un partidopolítico si éste “encubre” actividades terroristas,incluso si no es directamente el autor?”, se pre-

gunta el semanario “políticamente correcto” “L’Ex-press”, reflejando más o menos las preguntas desus compañeros periodistas franceses. ¿Qué espe-ranza quedaría entonces de una posibilidad de so-lución política al conflicto vasco-español? Mani-fiestamente, el proyecto español no parece ser lasolución adecuada para una prensa que, sin em-bargo, no deja de fustigar a los “separatistas”, par-ticularmente a los vascos, por todos los frentes.

Si consultamos a los partidos políticos francesesuno a uno, tanto para la derecha como para la iz-quierda, el malestar es evidente. Nadie tiene unaopinión real sobre la cuestión, hay temas más ur-gentes. “Nada sorprendente”, analiza un periodis-ta y observador político. “Esta cuestión toca depleno el malestar francés actual. ¿Podemos, en de-mocracia, prohibir o negar la realidad de un parti-do político que tiene un apoyo electoral real y quepregona ser totalmente distinto de los demás? Pa-ra el Estado español, es Batasuna. Para el Estadofrancés, es el Frente Nacional de Jean-Marie LePen, cuyos inesperados resultados electorales a lapresidencia ponen en cuestión toda la organiza-ción política del Estado francés”.

Todo el mundo se lo pregunta, pero nadie seatreve a dar una respuesta. Sólo la LCR (Liga Comu-nista Revolucionaria, partido trotskista), precisando

que tiene una “apreciación muy crítica sobre la es-trategia y los métodos de acción de Batasuna o delas organizaciones con las que se solidariza” se de-clara francamente “en contra del proyecto de ilega-lización”. Otro tanto, precisa en su nombre FrançoisDuval, que este proyecto va a la par con la negativadel Estado español de una solución política de lacuestión nacional vasca, que no puede sostenersemás que con la consulta del pueblo vasco. “Quienesestamos a favor del principio de autodeterminación,pensamos que es el pueblo vasco y sólo él a quiencorresponde decidir sobre su destino”.

En Bretaña, el partido independentista de iz-quierda Emgann apoya claramente a Batasuna.Para Gwenvael Jequel, secretario de Asuntos In-ternacionales de la formación, “una ilegalizaciónde este tipo es antidemocrática y no haría más queenvenenar más las cosas en el País Vasco. Más quebuscar una solución que pueda llevar al pueblovasco a la autodeterminación, el Estado españolintenta disolver las fuerzas políticas vascas y negarel proyecto independentista. No es ilegalización loque hace falta, sino, sobre todo, intentar encontrarsoluciones. Prohibir Batasuna en el País Vasco se-ría como prohibir el Sinn Fein en Irlanda, lo queconllevaría un desastre político, sabiendo que es-tos dos movimientos están apoyados por una

Estado francés: la molestiaAnnic LagadecPeriodista

derechos humanos

dicto negó una “compensación moral” al intere-sado, Castells logró eludir una condena de “unaño de prisión condicional y la suspensión pordicho periodo del ejercicio de toda profesión ofunción pública” impuesta por la Sala de lo crimi-nal del Tribunal Supremo.

El motivo de la condena era un artículo publi-cado por Castells el 14 de junio de 1979 en el se-manario “Punto y Hora” en el que informaba so-bre asesinatos y agresiones contra militantes in-dependentistas cometidos por grupos que pos-teriormente quedaría demostrado actuaban im-punemente y bajo la tutela del Gobierno espa-ñol. La Fiscalía General del Reino presentó unaquerella en su contra y, tras ser levantada la in-munidad parlamentaria del entonces senador deHerri Batasuna, el Tribunal Supremo le inculpóel 7 de julio de 1989 de injurias al Gobierno con-forme al artículo 161 del Código Penal. La sen-tencia del Tribunal de Estrasburgo indicó que elEstado español había violado el “artículo 10 delConvenio y que las sanciones que le fueron im-puestas constituyen una “injerencia” en su liber-tad de expresión. El texto reiteraba que “la liber-tad de expresión constituye uno de los funda-mentos esenciales de una sociedad democráti-ca” y destacaba su importancia “para un parla-mentario que representa a sus electores”. El Tri-bunal reconoció que “la libertad de dicusión po-lítica no tiene carácter absoluto” y agregaba que“los límites de la crítica admisibles son más am-plios para un gobierno que para un simple ciu-dadano”. La sentencia incluía un dato revelador:“el demandante no pudo invocar en su descargola verdad y buena fe ya que, pese a que propu-so demostrar la exactitud de los hechos relata-dos en su artículo, los tribunales españoles de-sestimaron las pruebas.”.

El tribunal Europeo rechazó las alegaciones de

los representantes del Gobierno español, perotampoco admitió varias solicitudes de Castells,entre las que se encontraba “la publicación de lasentencia en la prensa española y que se eliminetoda referencia de su condena en el Registrocentral de Penados y Rebeldes”. Estrasburgo ale-gó que no tenía competencia para tales directi-vas. Los magistrados europeos accedieron a re-ducir la ayuda financiera para su asistencia jurí-dica, debido a que estaban de acuerdo con elGobierno español en que era “excesivo el nú-mero de abogados que representaban a MiguelCastells”.

Decepciones con EsttrasburgoPese al prestigio internacional que tiene el Tribu-nal Europeo, algunos movimientos sociales y ciu-dadanos han vertido duras críticas contras las re-soluciones de Estrasburgo: de procedenciade lomás dispar.

–La Asociación de Víctimas del Terrorismo dicesentirse decepcionada con Estrasburgo porquedesestimó su recurso contra la excarcelación dela Mesa Nacional de Herri Batasuna decretadapor el Tribunal Constitucional español despuésde que el Supremo condenara los miembros deHB a siete años de prisión “por colaboración conbanda armada”. AVT se había personado comoacusación popular ante el Supremo y el Constitu-cional. Así las cosas, se enfrentaba a una tríplederrota, la excarcelación de HB, el rechazo al re-curso del Tribunal Europeo y los consiguientesgastos en asesoría jurídica de los letrados EmilioMurcia y Jorge Trias. En su comunicado, AVT qui-so subrayar la tremenda soledad en la que mu-chas veces se sentía en su “lucha judicial contra labanda terrorista ETA y su entorno”.

–El 19 de febrero de 1997, el Tribunal Europeode Derechos Humanos falló unánimemente que

los gobiernos de cada estado tienen derecho areglamentar la imposición de daño físico y a de-terminar el nivel de daño en las actividades se-xuales privadas consensuales que se perciban co-mo una amenaza a la salud pública. La ComisiónInternacional de Derechos Humanos para Gays yLesbianas (IGHRC) se mostró consternada por ladecisión. Meses antes, el Reino Unido había con-denado a varias personas por practicar sadoma-soquismo consensuadamente y la IGHRC consi-deraba que esta práctica sexual entre adultos noconstituía ningún acto criminal, sino que es partede la amplia variedad de manifestaciones afecti-vas o sexuales entre adultos conscientes. Añadíanlos gays y las lesbianas que dicha práctica no de-bía regularse por legislación estatal, sino prote-gerse como una activida privada.

Por el contrario, el Tribunal Europeo decidióen 1999 que la prohibición de homosexuales enel Ejército británico era “una violación al derechofundamental de la privacidad”. Un año más tardeinstaba al Ejército alemán a “permitir que las mu-jeres puedan acceder a puestos de trabajo en losque se precise emplear armas”. Además, el pasa-do 27 de febrero Estrasburgo avaló la negativadel Estado francés a que un homosexual adopteun niño, aunque tres jueces discrepantes consi-deraron que el demandante fue discriminado enrazón de su orientación sexual.

–La eutanasia es un tema tan polémico que nose podía evitar en Estrasburgo. Pero un fallo deabril de este año ha sentado un importante prece-dente al negar este derecho a una ciudadana bri-tánica, Diane Pretty, que está paraliazada de cue-llo para abajo y que teme una muerte lenta y do-lorosa, por lo que prefiere morir dignamente. Lasentencia afirmaba que “de su trágica situación nose deriva el derecho a morir, ya sea a manos deuna tercera persona o de la autoridad pública”.

SBURGOEl proyecto de ley español sobre los par-

tidos políticos que intenta prohibir lasorganizaciones independentistas vas-cas es comparable al que ha hechoTurquía con respecto a los partidos

pro-kurdos acusados de fomentar el separatismoe incitar a la violencia: disolución de organiza-ciones políticas, congelación y embargo de susbienes, prohibición a sus dirigentes y responsa-bles de fundar o participar en un nuevo partidopolítico. La Corte constitucional turca argumen-ta que estas organizaciones atentan contra la in-tegridad territorial y la unidad del Estado turco,ya sea mediante las declaraciones de sus diri-gentes y responsables contrarios a la Constitu-ción así como a la ley portadora de las regla-mentaciones de los partidos políticos. Además,los objetivos contenidos en sus programas, cuyanaturaleza incita a una parte de la población asublevarse así como a actividades ilegales, seríancontrarios a los principios constitucionales delEstado turco. En una serie de decisiones tomadasde 1998 a 2002, la Corte europea de DerechosHumanos ha condenado a Turquía por violar losderechos de libertad de asociación, protegidapor el artículo 11 de la Convención europea deDerechos Humanos.

El derecho a la libertad de asociación está pro-tegido por el artículo 11 de la Convención euro-pea de derechos humanos. Para la Corte europea,este derecho tiene el objetivo de asegurar la pro-tección de las opiniones y de la libertad de ex-presión. En este sentido, los partidos políticosjuegan un rol esencial para el mantenimiento delpluralismo y el buen funcionamiento de la demo-cracia y participación del ejercicio colectivo de lalibertad de expresión. La Corte afirma: “No haydemocracia sin pluralismo” y esto vale no sólopara las ideas concebidas como inofensivas o in-diferentes, sino también para aquellas chocanteso inquietantes.

En opinión de la Corte, el hecho de que elproyecto político de un partido sea considera-do como incompatible con los principios y es-tructuras actuales de un Estado no supone quesea contrario a las reglas democráticas. Es lapropia esencia democrática la que permite lapropuesta y discusión de proyectos políticosdiversos, incluso aquellos que ponen en cues-tión la forma de organización actual de un Esta-do, en tanto que no atenten contra la democra-cia en sí misma.

A estos efectos, la Corte ha considerado quelos principios defendidos por un partido, comoel derecho de autodeterminación y el reconoci-miento de los derechos lingüísticos, no son con-trarios a los principios fundamentales de la de-mocracia. Con esta perspectiva remarca que si

los Estados consideran que la única defensa deestos principios se resumiera a plantearlos sola-mente cuando una formación política apoya“actos terroristas”, disminuiría la posibilidad detratar estas cuestiones dentro del marco de undebate democrático y permitiría a los movimien-tos armados monopolizar la defensa de estosprincipios.

La Corte considera que las propuestas inspira-das en estos principios y, sobre todo, en el dere-cho de autodeterminación pueden chocar contralas líneas directrices de la política gubernamental.El buen funcionamiento de la democracia exigeque las formaciones políticas puedan introducirestas reivindicaciones en un debate público, a finde contribuir a encontrar soluciones a cuestionesgenerales que conciernen a todos los actores dela vida política.

En conclusión, para la Corte europea de Dere-chos Humanos, medidas tan radicales como la di-solución del conjunto de un partido político y laconfiscación de sus bienes no pueden ser consi-derados como necesarios en una sociedad demo-crática. Igualmente, la prohibición hecha a los di-rigentes y responsables de un determinado parti-do, de ejercer funciones similares en cualquierotro partido político y de fundar una nueva orga-nización, es también considerada como contrariaal artículo 11 de la Convención europea de Dere-chos Humanos. Tales atentados a la libertad deasociación son más inadmisibles cuando concier-

Disolución de partidos políticosDidier RougetAbogado

Debate en el Parlamento Europeo sobre la ilegalización del Partido kurdo HADEP

La formación abertzale Batasuna ha remitido a varios medios decomunicación la versión literal ofrecida por los servicios de tra-ducción del Parlamento de Bruselas sobre el Debate sobre la Ile-galización de Partidos Políticos celebrado el pasado 27 de febre-

ro. En el citado dossier se expone como el Secretario de Estado español,Ramón de Miguel, expuso el carácter insoslayable del problema y la ne-cesidad de que la Unión Europea adopte una posición conjunta acercadel impacto negativo de tal medida en las libertades. Se refería a la ile-galización por parte del Estado turco del Partido Democrático del Pue-blo (HADEP) por sus afinidades con el Partido de Trabajadores de Kur-distan (PKK). Aún así, De Miguel indicó que “Turquía ha demostradodesde hace muchos años su interés por estrechar lazos con la Unión Eu-ropea”. Sin duda, su mejor canal de acercamiento ha sido la exportacióna nivel europeo del modelo de celdas de aislamiento, tal y como quedareflejado en el vídeo “Muerte silenciosa” editado por KALEGORRIA y dirigi-do por el realizador turco Huseyin Karabey.

Desde 1983 hasta 1997, el Estado turco ilegalizó trece partidos políti-cos, varios sindicatos, movimientos sociales y ascociaciones y clausurótres medios de comunicación.

A mediados de 1994, un influyente empresario kurdo, ex presidentedel ilegalizado Partido Democrático, Yasar Kaya, fue condenado en re-beldía a cuatro años de prisión por “fomentar el separatismo” en Turquíamediante declaraciones realizadas en el extranjero. Turquía acusaba aeste partido de ser el brazo político del PKK.

Este partido logró en diciembre del 2000 que el Tribunal Europeo deDerechos Humanos atendiera la demanda presentada en nombre de su

líder Abdulá Ocalan, que se encontraba encarcelado en la prisión turcade la isla de Inrali. Estrasburgo entendió que durante su procesamientoocurrieron numerosas violaciones de sus derechos. Ocalan había sidocondenado a muerte en Ankara en junio de 1999 por “separatismo y trai-ción”. La presión de la población kurda residente en Europa fue deter-minante para que el Tribunal Europeo atendiera la demanda. Miles dekurdos realizaron manifestaciones en el Estado francés y Alemania y elParlamento kurdo en el exilio realizó un gran esfuerzo comunicativocon diversas nacionalidades europeas para destapar las injusticias turcas.El Estado turco mantiene estrechas relaciones con las mafias del narco-tráfico, de carácter ultraderechista, y que en muchos casos cuentan conla excelente colaboración del Ejército y el Gobierno turco.

Aún así, Europa sigue interesada en acercar posiciones con uno de losmejores aliados de EEUU en la zona. Pero el Tribunal ha tenido que en-frentarse a violaciones de derechos humanos en Turquía en repetidasocasiones. Los casos más conocidos han sido la condena a Turquía porviolar el derecho a la vida, sentencia contra el citado Estado por la muer-te de once desaparecidos durante las razzias del Ejercito turco en suelokurdo entre 1993 y 1994, aunque las desapariciones y ejecuciones delEjército se contaron por varios miles de kurdos. También se pudo de-mostar el asesinato de un detenido kurdo, Mehmet Ertak, que falleció acausa de las torturas sufridas por la Policía. La imagen mostraba la foto-grafía realizada por soldados turcos en los que posaban con cabezascortadas de guerrilleros kurdos. El año pasado, el Gobierno turco fuecondenado por las consecuencias de la invasión de Chipre en 1974. Lainvasión dejó tras de sí 1.500 personas desaparecidas.


La justicia es como la serpiente: sólo muerde a los

descalzos. Monseñor Romero dixit. Y los escua-

drones de la muerte se encargaron de liquidar su

voz molesta. En otras latitudes, otros escuadrones

de la muerte operan a la luz del día, de los taquí-

grafos del Congreso y de los tribunales especiales

y los mariachis periodísticos del pensamiento úni-

co. Son los monólogos represivos del Estado es-

pañol: discursos de parálisis, dobles raseros unidi-

reccionales y clandestinidades legisladas. Es el

mensaje de la losa implacable del Poder. Impuni-

dad. Para todo.

terrorismo de estado

TERRORISMO DE ESTADO. Planificada y diseñada desde las más altas instancias, la guerra sucia contra Euskal Herria goza de absoluta impunidad.

CUANDO EL MENSAJEES LA IMPUNIDAD

Texto: KALEGORRIA • Fotografías: ARCHIVO

Aprobada con la abruma-dora mayoría parlamenta-ria española del 93% (PP,PSOE, CiU y Coalición Ca-naria) frente a ese apoyosocial virtual del 30% enHego Euskal Herria, lanueva Ley Orgánica dePartidos Políticos –tan or-gánica como la democraciaanterior- ya está aquí. Conel corsé estricto del “patrio-tismo constitucional”, lainspiración metafalangistadel “A por ellos!” y el an-gosto margen de la unidadde España y la democraciade mercado. Y a quien sesalga de la foto, palo y ten-tetieso.

Para los objetivos repre-sivos formales que se hanaducido para la nuevavuelta de tuerca represiva(constatémoslo, una mástodavía), serviría sólo conel artículo 515 del CódigoPenal por el que tambiénse ilegalizó EKIN y Jarrai oel artículo 129 por el quenos clausuraron las vocesdisidentes de “Egin”, “EginIrratia” y “Ardi Beltza”. Pe-ro la cuestión es aparentar,agitar, atizar el fuego y se-guir sembrando esa sinies-tra cultura del miedo quepretende paralizar, anular,desestructurar. En los últi-mos años, la mercadotec-nia electoral española haconvertido Euskal Herriaen el campo de batallaelectoral en el que se diri-me la balanza de los votos.Tras años de estigmatiza-ción y satanización y deconvertir a la izquierdaabertzale en el enemigo in-terior que cohesiona, laguerra contra Euskal Herriacotiza al alza. Discursos defirmeza, declaraciones deguerra y leyes de regre-sión.

La reconquista electoralde las Vascongadas falló yMayor Oreja mordió el pol-vo de la derrota. Nueva fa-se: si con sus reglas deljuego no vale, se cambian

las reglas del juego. En estaextraña mezcla de AdamSmith y Benito Mussolini,de autoritarismo y desma-nes, Videla se erige comomáximo inspirador de con-fianza: “Terrorista no es só-lo quien pone bombas, si-no quién opera con ideascontra nuestra civilizaciónoccidental y cristiana”.

Angel Acebes, MarianoRajoy y Pío Cabanillas ejer-cen como verdugos dialéc-ticos. Instruyen, juzgan ysentencian a golpe de into-xicación. “La conexión es

evidente”, pero ni un solodato. 140.000 personas“conectadas”. Si alguién lepreguntara por algún su-mario judicial, sentenciafirme, hechos reiteradosobjetivables… le responde-ría que esas preguntas “fa-vorecen a los terroristas”.Nada de nada: ya no hacenfalta ni pruebas. Con tenermegafonía y a BaltasarGarzón es suficiente. En unsistema cerrado de propa-ganda retroalimentada,quién duda, colabora conel terrorismo ciego. Maldi-tos intelectuales, que diríaMillán Astray.

Sólo hay espacio para ladocilidad. Es el neolibera-lismo judicial: si una ley nofunciona, la suprimen; si unorganismo popular estorbalo ilegalizan; si una sala dela Audiencia Nacional sevuelve díscola, se la arrasa;si un juez disiente, turno delo expedientes. Y es que siel asunto no prospera toda-vía y no se agiliza más es,simplemente, por culpa deesos “jueces cagones”, enpalabras del ultraderechistaCarlos Dávila desde ABC,que no se atreven.

Pocas novedades. En so-ciedades clasistas, jerárqui-cas y autoritarias, la ley esla expresión del dominiode los pocos sobre los mu-chos y de circuitos obliga-dos de obediencia debida:


GAL-BARRIONUEVO.Tresmeses y 9 horas de cárcel.

TEJERO. Cobra del Estado316.000 ptas de pensión.

23-F, subvertir el Orden Constitucional

■ b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución deobjetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para elejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas.

c) Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas parala consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravementela paz pública tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, adeterminadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general, ocontribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y laintimidación generada por la misma.

Artículo 9.2 Ley Orgánica de Partidos Políticos

Para subversión del orden constitucional, el golpe(s) de Estado del 23 de febrero. Fuetanta la subversión acumulada que los jubilados del 23-F están cobrando hoy la máxi-ma pensión que reconoce la dirección general de clases pasivas (Ministerio de Hacien-da).El exgeneral Alfonso Armada, el teniente coronel Antonio Tejero y el coronel JoséIgnacio San Martín reciben la pensión máxima de 316.422 pesetas. Para estar condena-dos por rebelión militar a 30 años que nunca cumplieron, no está nada mal.

Otros oficiales como Ricardo Pardo Zancada –que asaltó el Congreso con 120 solda-dos de la Acorazada Brunete-, Miguel Manchado, José Luis Abad y Jesus Muñecas (queen 1994 organizazó un homenaje a Tejero y a los abogados defensores) perdieron suuniforme al ser condenados a más de cinco años, pero reciben pensiones de entre200.000 y 250.000 pesetas y se les computaron los trienios para incrementarles las can-tidades a percibir. Por su parte, el comandante José Luis Cortina, está en la reserva con250.000 pesetas mensuales remuneradas que son compatibles con la actividad privada.Los ya fallecidos Milans del Bosch, Torres Rojas, Ibañez Ingles y Mas Oliver dejaronpensión a sus viudas y, en alguno de los casos, la vivienda militar que ocupaban.

Guardias civiles, tambiénDe los tenientes de la Guardia Civil que participaron del “golpe contra la democracia”,hoy son tenientes coroneles en activo Jesús Alonso Hernáiz, César Alvarez Fernández yPedro Izquierdo Sánchez. Vicente Carricondo es comandante y Vicente Ramos Rueda–el mismo que zarandeó a Gutiérrez Mellado– se retiró con la graduación de coman-dante. Todos participaron el homenaje a Tejero en 1994. A la reserva también han pa-sado graduados como teniente coronel Francisco Acera y Juan Pérez de la Lastra. Car-los Lázaro Corthay se retiró como coronel y Manel Boza, como capitán. Además, loscondenados del 23-F que no perdieron el uniforme fueron galardonados con la Cruz deSan Hermenegildo, que incrementan en 12.000 pesetas la jubilación mensual. Para ha-ber intentado tumbar la “joven democracia española” mediante golpe de Estado, no es-tá nada mal.

del civil al militar, del ricoal pobre, de la mujer alhombre, del débil al fuerte,del inmigrante al empresa-rio. Un vasto complejo deviolencias, sumisiones y si-lencios donde la ley siem-pre actúa contra los mis-mos. La impunidad del Po-der es la garantía de que laLey no se girará contra losamos del sistema: ni a losGAL, ni a los milikos del23-F, ni a Melitón Manza-nas, ni al general Masa ni aDe la Rosa, les espera lacárcel por delitos muchomás graves que pasar unapapelina de cocaína en unbarrio pobre o dar un tirónde bolso a algún turista eu-ropeo. Humor negro lati-noamericano: “El problema

no es que te cojan roban-do, sino robando poco. Sirobas mucho, te nombranministro”. Se legisla contrala pobreza y contra la disi-dencia y el Estado de Dere-cho entra en el circuito delesperpento de Valle Inclán.

El Sistema de Poder fun-ciona así: la impunidad esla recompensa que se otor-ga al terrorismo de Estado.Si se aplicaran sus propiasleyes, Barrionuevo no pa-garía la factura de los GALcon tres meses y nueve ho-ras de presidio. En esta his-toria, Saturno nunca va adevorar a sus propios hijos.Aunque Galindo desfileahora por los juzgados do-nostiarras acusado de nar-cotráfico, la siniestra “ra-zón de Estado” emerge, re-surge y rescata a sus mer-cenarios. Y entre bastido-res, corren los cheques ylos talonarios por los servi-cios prestados.

“Los señores de la gue-rra” aprenden ahora delbagaje represivo latinoa-mericano y de los años deplomo italianos: suprimirlas conciencias, arrasar lahierba y regar la tierra consal. Y el mensaje ya no es

la factura de detenciones,represiones e ilegalizacio-nes que soporta la disiden-cia. El mensaje es la propiaimpunidad e inmunidad.

‘Troupe’ en la calleComo síntoma permanentey vivo de esta impunidadque campa a sus anchas yde que la inmunidad es eldestino que el Estado seautootorga, está la edulco-rada “transición democráti-ca”: un alarde de impuni-dad que sentenció el olvi-do y decretó la amnesia.En la “reserva espiritual deOccidente”, la Ley de Pun-to Final no fue necesariaporque no fueron necesa-rios ni juicios que dirimie-ran responsabilides ni me-morias que clarificaran larepresión sistémica. Ni untriste juicio –formal–, niuna modesta Comisión dela Verdad para despuésamnistiar. Son así de origi-nales: proceso abreviado.“Olvídense, todo fue unabroma macabra”. Y losmuertos de Atocha, al hoyoy los vivos, al Pryca.

Y así nos va. Borbón ycuenta nueva. Al menosdesde 1978 –ese año de ol-

vidos tragicómicos queotorgó gratuitamente cartade “demócratas” a asesi-nos, represores y tortura-dores– corren por la calle ypor el Poder los que orde-naron liquidar a los obre-ros de Gastéiz, los que in-dujeron los crímenes deAtocha, los ideólogos delBatallón Vasco Español y laTriple A, los que asesina-ron a Grimau, los que dise-ñaron y perfeccionaron lamaquinaria represiva cen-trífuga. Ni tan siquiera unmínimo de formalidad de-mocrática que les hubierahecho pasar por el banqui-llo de los acusados, que leshubiera inhabilitado parael ejercicio del Poder. Sín-tesis de Martín Villa: “Lonuestro son errores, lo su-yo crímenes”. La transiciónpretendió extirparnos elórgano de la memoria. EnEuskal Herria no funcionóla operación quirúrgica yde aquellos polvos, estoslodos.

Quien ejercite el múscu-lo de la memoria está con-denado a la frustación. Nolo duden. Los otros nom-bres de escalofrío en la mé-dula espinal ya no salen,

pero ahí están: Creix, Co-nesa, Ballesteros, MartínezTorres (“el carnicero de Za-ragoza”), siguen cobrandosu sueldo del erario públi-co y les seguimos pagandosu nómina mensual. La im-punidad continúa y conti-nuó como paradigma fun-damental del sistema: antesde 1978 y después. DesdeAmedo y Dominguez, pa-sando por Mariano Rubio,Conde y los que saqueanimpunemente el Estadohasta José Luis Geresta, unmanto de silencios e impu-nidades.

Y es que el modelo tran-sitorio español de la des-memoria ha sido la materiaexportable que otorga –en

Dos varas de medir

Tres meses y nueve horaspor los GAL■ a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y

derechos fundamentales, promoviendo,justificando o exculpando los atentadoscontra la vida o la integridad de las personas,o la exclusión o persecución de personas porrazón de su ideología, religión o creencias,nacionalidad, raza, sexo u orientaciónsexual.

Artículo 9.2 Ley Orgánica de PartidosPolíticos

Apliquemos por un momento la lógica fría delos enunciados judiciales. A riesgo de dema-gogia, exceso de cinismo y simplicidad y, so-bre todo, de la falsa credibilidad transitoria enla existencia de una judicatura neutral. ¿Quévalen los GAL en la justicia española? Tres me-ses y nueve horas de cárcel. José Barrionuevo,el mamporrero del SEU de camisa azul falan-gista reconvertida, pagó con 80 horas de cár-cel cada una de las 27 víctimas de los GAL.Democracia exquisita. Justicia infinita. La redde financiación pública del terrorismo de Esta-do y la malversación de caudales públicos ex-plícita, ¿donde se condena? ¿Lo eufemística-mente “malversado” se devuelve? De los seispresidentes que ha tenido Nafarroa, dos estánacusados de corrupción y uno ha dimitido.

¿Devuelven lo robado?Desde que en 1983, cuando Jesus Gutiérrez

Argüelles, inspector del Cuerpo Superior de Po-licía junto a tres polícias más adscritos a losGrupos Especiales Operativos (GEO) intenta-ron secuestrar al refugiado vasco José María La-rretxea, la lista de impunidades e inmunidadescon protección política y policial española esextensa, dolorosa, tragicómica: José Amedo,George Mendaille, Rosino, Ballesteros, JulenElorriaga, Planchuelo, Jesus Martínez To-rres…La reunión en un local de ICONA deGuadarrama para crear los GAL, ¿en qué sen-tencia queda reflejada? La impunidad vuelve a

funcionar con puntualidad histórica: cuandoFrancisco Paesa es imputado por colaboracióncon los GAL, se reconvierte automáticamenteen representante de Sao Tomé ante la ONU.Cuando el comandante Rafael Masa, condena-do por torturas e incluido en el sumario 14/86de Bayona sobre los GAL resulta salpicado, esdestinado a Bolivia en “misión reservada encar-gada por el Gobierno”. Tres meses después esascendido a teniente coronel. La impunidad, lainmunidad, funciona así.

Apología del terrorismo■ a) Dar apoyo político expreso o tácito al

terrorismo, legitimando las accionesterroristas para la consecución de finespolíticos al margen de los cauces pacíficos ydemocráticos o exculpando y minimizando susignificado y la violación de derechosfundamentales que comporta.


La reiterada negativa a condenar el alzamientofascista del 18 de julio y los 40 años de dictadu-ra franquista (o su defensa implícita) o el rosa-rio de declaraciones a favor de los GAL (“ETAno duraría más de dos o tres años sin unos jue-ces que te metiesen a la prisión por combatir elterrorismo y con unos servicios secretos sin

BALLESTEROS. La estructurafranquista intacta.

M. VILLA. De Gasteiz a Endesa:“Lo nuestro son errores”.

aras de la paz social– cartade senador vitalicio a Au-gusto Pinochet en Chile, oconvierte al general RiosMontt –el mismo de la “tie-rra arrasada”– en presiden-te del Congreso de Guate-mala. Si alguién pasa porlos juzgados es por casuali-dad. Como en Guatemala.Cuando en 1998 asesinarona monseñor Gerardi poratreverse a poner cifras ydatos de la represión esta-tal en el informe “Memoriadel Silencio”, la policíamantuvo detenido a su pe-rro durante dos meses co-mo “principal sospechoso”.El Estado de Derecho fun-ciona así.

Impunidad prolongadaEl relego de la memoria alolvido funciona con rapi-dez amnésica. En diciembrede 2000 se firmaban más de1.400 insultos. Entre ellos,los de Julio Hierro, MaríaJesús Fanegas, Anibal Ma-chín, Juan José Fernández,Abel Alberto Núñez, IsidoroMartínez, Emilio Mariño,Carlos Prieto, Jose Luis Frai-le, Luciano García, PedroLaiz, Paulino Navarro, JoseMaría Rodríguez y Damián

Vinayo. Torturadores. Con-denados en firme por tortu-ras y malos tratos.

Es la otra cara de la im-punidad. Cuando una acu-sación popular o particularconsigue abrir diligenciasjudiciales, se dificulta la in-vestigación, se dilata elproceso y una multitud deprestigiosos abogados debufette y abogados del Esta-do se pone en marcha paraevitar la condena. Si, pordecoro y formalidad, se ru-brica la condena, el Consejode Ministos decreta el indul-to. Los ascensos van parale-los y la impunidad recuperasu prestigio perdido. Sonlas rutinas del Poder.

En el paraíso de la impu-nidad del Poder que es elEstado español, el imperiode la ley y el orden funcio-nan siempre contra los mis-mos. En un Estado dondecuentan más los dividendosde los siete millones de ac-cionistas que las necesida-des de los ocho millones depobres, no hay espacio pa-ra que el Poder se siente enel banquillo de los acusa-dos a pesar de que cada díamaltrate, malverse y malgo-bierne. Por muy retroactiva

que fuera la nueva ley departidos, nadie ilegalizaríaal PSOE por organizar losGAL ni al PP gallego por fi-nanciarse con fondos pro-vinientes del narcotráfico.Ni Garzón va a interesarsepor la acusación de la Aso-ciación de Juristas America-nos contra Javier Solana,como secretario general dela OTAN, por “crímenes deguerra” en la antigua Yu-goslavia y en los Balcanes.Y es que el terrorismo queejerce el Poder es simple-mente garantía de “justiciainfinita” y “libertad durade-ra”. Y aún más, desde el 11de septiembre. Ya lo dijo elportavoz de la Asociaciónde Víctimas del Terrorismo,Paulino Baena, refiriéndose

a los GAL: “Salvo excep-ción, sus víctimas son terro-ristas”. Capítulo cerrado.

Para mantener esta impu-nidad decorada en la esce-nificación de la democraciavirtual española y la ofensi-va final contra Euskal He-rria, es necesaria una ma-quinaria millonaria y engra-sada de propaganda coti-diana que colonize lasmentes e inculque el mie-do. El miedo a pensar, a sa-ber, a hacer. Diseñar la ig-norancia: conocer sólo delconflicto vasco que “ETAnació en un seminario”. Apropósito de la dictaduramilitar en Uruguay, Eduar-do Galeano escribía: “Lamáquina no para, exigecombustible, se enloquece,devora al inventor (…) losanalfabetos han asaltado laUniversidad con el cuchilloentre los dientes. Pensar es-ta prohibido: el régimensospecha, y no le falta ra-zón, que quién piensa,conspira. El Estado es fuer-te solamente para triturar,matar o expulsar a los hom-bres que piensan, se rebe-lan o dudan”. Y poca cosamás. Con la más absolutaimpunidad.

“La máquina no para, exigecombustible, seenloquece, devora al inventor (...) Pensarestá prohibido: el regimen sospechay no le falta razón,que quién piensaconspira”

complejos”, Rodriguez Ibarra dixit) bien podríaconsiderarse apología del terrorismo. CuandoSabino Fernández Campo afirma pletórico que“yo si desfilé en Barcelona cuando se tomó laciudad” en enero de 1939; cuando Juan Carlosde Borbón y Borbón afirma, desde el más pro-fundo alarde de españolismo e ignorancia, que“nunca fue el español una lengua de imposi-ción” o cuando el general Saénz de Santamaríadetermina que “hay cosas que no se hacen, si sehacen no se dicen, si se muestran se desmien-ten”, por qué ningún fiscal abre diligencias pre-vias “por si fueran constituivas de delito”

Cuando Garzón se inventó el delito de “estig-matización y satanización” (inexistente en elCódigo Penal) contra Ardi Beltza y Pepe Rei,¿seria aplicable la misma fórmula represiva por“colaboración” e “inducción” la campaña querealizó el diario ultra “ABC” contra Herri Bata-suna y Josu Muguruza o las viñetas de Gallego& Rey en El Mundo (“ETA va al Parlamento”)previas al atentado del Hotel Alcalà? Dos rase-ros y dos varas de medir.

Pasa lo de siempre: la interveción policial delos Mossos de Esquadra en la Librería Europade Pedro Varela, antigua sede de la disuelta CE-DADE y uno de los puntos neurálgicos del na-zismo europeo e internacional, todavía se diri-me en los juzgados. La librería sigue abierta,pero determinadas instancias judiciales quierenver en su antisemitismo y en la negación siste-mática del holocausto judío un conflicto entreel derecho a la libertad de expresión y el delito

de apología del genocidio incorporado en elCódigo Penal de 1995. La librería sigue abierta.“Egin” cerrado, sin juicio todavía, cínicamentereabierto por el mismo juez que lo cerró. El pe-ligro está en quién denuncia el sistema, no enquién lo reproduce.

Don Melitón y la exaltación delterrorismo■ g) Apoyar desde las instituciones en las que

se gobierna, con medidas administrativas,económicas o de cualquier otro orden, a lasentidades mencionadas en el párrafo ante-rior.

h) Promover, dar cobertura o participar enactividades que tengan por objeto recompen-sar, homenajear o distinguir las accionesterroristas o violentas o a quienes las come-ten o colaboran con las mismas.


¿Si con el Código Penal vigente se prohibieronlos homenajes a los cuatro militantes de ETA fa-llecidos en Bolueta, quién enviará a la policía alParlamento por condecorar a Melitón Manza-nas? ¿Se olvidaron? Don Melitón, ajusticiado trasinfligir torturas y humillaciones a cientos de mi-

litantes vascos de casi todas las opciones políti-cas, combatió con el fascismo, colaboró con elnazifascismo alemán y, en dictadura, se convir-tió en el jefe de la Brigada Político-Social de Gi-puzkoa que tanto torturó y asesinó. ¿Se olvida-ron también?

¿Qué fiscal ordenara disolver la concentra-ción de solidaridad organizada por el PSOEfrente a la cárcel Guadalajara para apoyar a Ve-ra y Barrionuevo en su ingreso en prisión comoconvictos? ¿No es exaltación del terrorismo, delGAL? ¿Homenaje a quienes “las cometen o cola-boran”?

Las permanentes campañas de “ABC” y “LaRazón” a favor del indulto y la excarcelacióndel General Galindo no se engloban en la re-compensa, homenaje y distinción a “accionesterroristas o violentas o a quienes las cometeno colaboran con las mismas”.

Cuando el Consejo de Ministros, una y otravez, indulta o asciende a funcionarios condena-dos por torturas no está “dando cobertura”. ¿Pa-ra cuando el decálogo de no incluir en listaselectorales a quienes hayan promovido y am-parado la tortura? Cuando el politólogo RamónCotarelo escribe en “El Periodico de Catalunya”que los militantes de ETA a la segunda hostia“ya cantan”, ¿no es una “humillación” a las6.000 personas torturadas que ha dejado estaplaga en Euskal Herria en los últimos años? De-masiadas preguntas sin respuesta para juecesque no oyen, forenses que no ven y mediosque no escuchan.

FRAGA. En el poder, en dictadura o en democracia.

El 12 de octubre de 1936 en elParaninfo de la Universidad deSalamanca se celebraba el Díade la Raza, a escasa distanciadel puesto de mando del gene-ral Franco. Asistían al acto elrector, Miguel de Unamuno, lageneralísima Carmen Polo, elgobernador civil, el obispo deSalamanca, Pla i Daniel y el ge-neral Millán Astray. Tras las pri-meras intervenciones, a cargode Jose María Pemán y Francis-co Maldonado, en las que seatacó duramente a Catalunya yEuskal Herria como “auténti-cos cánceres en el cuerpo de lanación que el fascismo, que esel sanador de España, sabrácomo exterminar cortando enla carne viva como un ciruja-no libre de falsos sentimentalis-mos”, alguién gritó el necrófilo“¡Viva la muerte!” seguido porel “¡España! ¡Una! ¡Grande! ¡Li-bre!” lanzado por Astray. A par-tir de ahí, la historia es conoci-da. Unamuno intervino con du-reza inusitada –“venceréis por-que tenéis sobrada fuerza bru-ta, pero no convenceréis”– yMillán Astray le respondió con

el “¡Viva la muerte! ¡Muera lainteligencia!” que lo inmortali-zara. El acto acabó en un climade extrema tensión y Unamunofue destituido como rector.

Por las mismas fechas, Quei-po de Llano solicitaba radiofóni-camente en Andalucía que se

violase y matase a todas las mu-jeres republicanas. Tiempos deCruzada Nacional. Guerra deexterminio planificada contra laRepública y la aniquilación me-diante el terror del movimientoobrero y popular. “FranciscoFranco, primer vencedor del

bolchevismo en el campo de ba-talla”. Y al menos 50.000 “rojos”más fueron ejecutados desde el1 de abril de 1939 hasta 1946.Tiempo de soplones, cunetas,delaciones y ejecuciones suma-rias. De no dejar ni rastro. Ladictadura franquista impusodespués un perfeccionado siste-ma de ignorancia, de premios ycastigos, de desculturización ymiedos permanentes y de obe-diencias debidas y despolitiza-ciones obligadas.

La transición se encargó delresto. Un laboratorio político yrepresivo, repleto de asesoresnorteamericanos y alemanes alas órdenes de los intereses fun-cionales de las clases dominan-tes, sometió y violentó a la resis-tencia antifranquista, aplacó lamovilización social y anuló lapotencialidad de ruptura. Efecti-va tarea de desmemorizacióncolectiva y pérdida del sentidode la historia popular. El “con-senso” pactado en restaurantesde lujo acabó por someter aunas clases trabajadores sobrex-plotadas y transculturadas y pornegar la libre autodeterminación

de los pueblos. Y Juan Carlos I ySuárez se limitaron a repetir loque el monarca de la Corte dePrusia y Camphausen rubrica-ron en 1848. Cambiar casi todopara que nada cambiara. Peroen Euskadi ganó el no. Desdeentonces, en Euskal Herria sehan reproducido 40 años de dic-tadura y 25 años de “Zona Espe-cial Norte”. 65 años de excep-ción. Sin transiciones. Las sacasde detenciones políticas no hanparado en Euskadi Sur, ni aúncon la tregua de la organizaciónarmada ETA en 1998.

Por eso, la sombra del espíritude Salamanca se sigue prolon-gando en el tiempo y hoy se re-producen los discursos quirúrgi-cos. Acebes, Rajoy, Oreja, Gar-zón y séquito cortan “en la car-ne viva como un cirujano librede falsos sentimentalismos”. Yalo dijo Andrés Casinello en 1986:“Prefiero la guerra a la alternati-va KAS”. Aznar desde Turquíatras el cierre de “Egin”: ¿Alguiense pensaba que no nos íbamos aatrever? La dialéctica de los pu-ños y las pistolas.

La derecha española gobierna

la cruzada

TRANSICIÓN. Una dictadura sin juicios ni depuraciones.

“No se necesita matar a todos. Desde 1982, nosotros

dimos desarrollo al 70% de la población, mientras

matamos al 30%”. Lo decía el general Hector Ale-

jandro Gramajo, exministro guatemalteco de Defen-

sa tras licenciarse en 1991 en Harvard en un curso

de Relaciones Internacionales. Antes había liquida-

do a 200.000 personas. El cierre de espacios políti-

cos y la supresión de derechos civiles precedió a la

LA SOMBRADE SALAMANCAES ALARGADA

invisibilización –primero política, después física– de

los sectores más comprometidos . Desde la Ley de

Responsabilidades Políticas de 1939 hasta la Ley Or-

gánica de Partidos Políticos de 2002 ha llovido bas-

tante. Pero, como en Palestina, están de moda las

“salidas quirúrgicas”. A lo Millán Astray. Roque Dal-

ton dejó escrito: “No olviden nunca que hasta el

menos fascista de los fascistas, es un fascista”.


“Tras 40 años de dictadura en Euskadi Sur, ganó el no. Desde entonces se han reproducido enEuskal Herria 25 años de ‘Zona Especial Norte’. 65 años de excepción. Sin transiciones. Con detenciones cada día”

BATASUNA. Para los dueños de un sistema injusto que reprime para perpetuarse, ser de la izquierda abertzale ya se ha tipificado como delito.

por segunda vez –vía eleccio-nes– en toda su historia. Casicon los mismos nombres y losde su saga descendiente –Caba-nillas, Mayor Oreja, FernándezMiranda, Aznar, Valdecasas, Fra-ga–, con nuevas y modernizadasdinámicas represivas (vincula-das a la OTAN) y tras todas lasdrásticas convulsiones políticasy socioeconómicas del preciode la reestructuración del capita-lismo en el Estado español quehan modificado y mutado drásti-camente la estructura social, eltejido productivo y el entornoecológico. Con las cambios drás-ticos del contexto internacional,pero siempre con el mismo fra-caso: España, como proyecto denación incontestable, no cuaja.Tras 25 años, asistimos a un in-tento de “reforma de la reforma”con calzador represivo para fra-guar esa “unidad” que viene fra-casando en los últimos 500 años.Un intento de configuración deese “fascismo democrático” delque advierte Wallerstein comoriesgo evidente de la globaliza-ción en los países enriquecidospor el capitalismo, que terminaráreforzando un capital español–repleto también de apellidosfranquistas– crecido en sus aven-turas coloniales en América Lati-na y la Europa del Este.

Ley de ResponsabilidadesPor eso, la Ley de Responsabili-dades Políticas del 9 de febrerode 1939 que abrió la veda de laliquidación física de los que de-fendieron la libertad y la legiti-midad de la II República, seaparece como referencia histó-rica imprescindible. Salvandotodas las distancias pero man-teniendo su espíritu, la Ley dePartidos y el pensamiento yproyecto uniformizador del PPdestila el olor rancio de los tresescuetos artículos de aquellaLey de Responsabilidades: con-tra las personas que “contribu-yeron a crear o agravar la sub-versión de todo orden de laque se hizo víctima a España” yhasta los que “se hayan opues-to o se opongan al MovimientoNacional con actos concretos opasividad grave”. Ilegalizacióny, como la ley de partidos, sa-queo: “Los partidos, agrupacio-nes y organizaciones declara-das fuera de la Ley, sufrirán lapérdida absoluta de sus dere-chos de toda clase y la pérdida

total de sus bienes”. Y aquel sa-queo de patrimonio populartodavía se dirime hoy y estápendiente de recuperación, co-mo pendiente de recuperaciónestá una memoria maltratada yacosada.

Y es que a la pretensión–más que anunciada– del cie-rre de espacios políticos y su-presión de derechos civiles(también del derecho a huelga,también de las personas inmi-grantes), se añade la aplicaciónpráctica y efectiva – 15 años degobierno del PSOE incluidos–de la ya dilatada política de or-den público del franquismo:tratar la organización como de-lincuencia, el conflicto social co-mo una cuestión de orden pú-blico y la “ciudadanía” comoenemigo interior a controlar ysometer.

Tanto bagaje represivo, fran-quismo sociológico y tradición

derechista se tenía que visuali-zar. Y ha sido el ex-presidentede la república italiana Fran-cesco Cossiga –democratacris-tiano más que implicado en losentresijos represivos tejidos enlos años de plomo italianos ysus 8.000 detenidos y 4.000 en-cerrados– quién ha hecho elejercicio básico de memoria his-tórica. Sin demasiado esfuerzoha tildado a Aznar de “cabo decuartel marroquí de la legión ex-tranjera de Franco”, ha manifes-tado que “por su manera de ha-cer y su vida, no entiendo comono se le considera un falangista”,y ha asegurado que, en su opi-nión, “ni Goebbels ni Hitler seatrevieron nunca a calificar deperversión cultural y ética un ac-to de los obispos”. Aznar es uncuartelero y, como Dios y elCaudillo, no duda de su eterni-dad. Querría ser Blair, pero no pa-sa de Churruca. Y desde enton-

ces, Euskal Herria se parece cadadía más al Estado francés durantela Guerra de Argelia, a Nicaraguadespués de 1971 o a Sudáfricadespués de 1985. La negación delo evidente convertida en arte pa-ra anestesiar las conciencias.

ViolenciasLa sombra de Salamanca se pro-yecta nuevamente en el Estadoespañol, pero para ello es necesa-rio convertir el Estado en un in-meso cuartel que vigila, reprime,castiga, ilegaliza, decreta y con-trola. En el epicentro de la propa-ganda política y mediática, la vio-lencia. Pero solo una: la violenciapolítica en Euskal Herria. Lasotras violencias no existen: ya nolas otras violencias que definen ycaracterizan al conflicto (tortura,ejecuciones extrajudiciales, agre-siones), sino las otras violenciasde las que el Estado es responsa-ble y reproductor: la violencia y

coerción legal contra las migra-ciones pobres (3.000 muertos enel estrecho en una década), lamuerte que exporta la industriamilitar española, las cifras doloro-sas de la siniestralidad laboral, elreguero de muerte que dejananualmente las cárceles españo-las, la violencia sexista...

La sombra de Salamanca es elespíritu de Ermua que vimos enLas Ventas: los gritos acusatoriosde “comunistas” y “catalanes”contra Sacristán y Raimon. Y esque la izquierda cómoda, autistay estéril es como las ovejas dóci-les: piensan que el lobo es vege-tariano. Pero el recorte de liberta-des afecta a cualquiera que pien-se diferente y tenga suficientesanhelos de superar un status quoinjusto y desigual. Alberto Fer-nández Díaz, máximo dirigentedel PP en Catalunya, ya ha mos-trado, solícito, su expreso deseode que se apruebe la ley para quetambién se ilegalizen determina-dos organismos de la izquierdaindependentista catalana. Altiempo. Desde el punto de vistade los dueños de un sistema in-justo que ladra y asusta para per-petuarse, toda reivindicación estildada de provocación terrorista.Gasolina al fuego. Quien dudesobre los bondades del Pactocontra el Terrorismo y por las Li-bertades, ingresa en la lista de losdesafectos. Hasta los pasivos se-rán acusados de complicidad.

La lucha por la independencia yel socialismo está reprimida y judi-cializada desde hace años. Ser dela izquierda abertzale se ha con-vertido en una forma de delin-cuencia y, en toda su historia, laresistencia vasca no ha recibidomayor elogio que la persecuciónferoz a la que está sometida. Lanueva vuelta de tuerca fomenta enel Estado español el odio atávicocontra ella: la teoría del progrom ylos apestados. Ya lo dijo Savater:“Antes, con la cabra de la Legión”.Símbolo universal de la democra-cia, la paz y los derechos huma-nos para todos y todas.

Benedetti escribía en su “Odaa la Pacificación”: “No sé hastadonde irán los pacificadores consu ruido metálico de paz / perociertos corredores de seguros yacolocan pólizas contra la pacifi-cación / y hay quienes reclamanla pena del garrote para los queno quieren ser pacificados /Cuando los pacificadores apun-tan por supuesto tiran a pacificar/ y a veces hasta pacifican dos pá-jaros de un tiro / Es claro que hayalgún necio que se niega a ser pa-cificado por la espalda / o algúnestúpido que resiste la pacifica-ción a fuego lento / en realidadsomos un país tan peculiar/ quequién pacifique al pacificador unbuen pacificador será”.

65 AÑOS DE EXCEPCIÓN. Tras 40 años de dictadura, se acumulan 15.000 detenciones desde 1978.

“Euskal Herria se parece cada vez más al Estado francés durante la guerra de Argelia, a Nicaragua después de 1971 y a Sudáfrica tras 1985. La negación de lo evidente convertido en arte para anestesiar las conciencias”


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El guión está escrito en algún despacho de Interior. Euskal Herria es, ofi-cialmente y en el resto del Estado español, el país de los muros. Una te-laraña infinita de engaños, manipulaciones y tergiversaciones. El paísque no existe. Con su maquinaria de propaganda, el Estado organiza ladesinformación y decreta la ignorancia. Es la primera victoria. Hasta Am-nistia Internacional empieza a ser sospechosa: calificar a ETA –como vie-ne haciendo desde hace años– como “grupo armado vasco” le ha validoun furibundo ataque de la Fundación Víctimas del Terrorismo, que haacusado al organismo internacional de poco menos que de connivenciay desprecio a las víctimas. El asedio mediático a la realidad vasca está al-canzado los límites orwellianos.

Si Chomsky afirma que “la propaganda es a la democracia lo que laporra a la dictadura”, Euskal Herria lo confirma. El dolor y sufrimientoacumulados por importantes sectores de la sociedad vasca, con cargo ala represión y a los presupuestos generales del Estado, no constan enninguna parte. Torturados, deportados, exiliados, encerrados, dispersa-dos. Ejecuciones extrajudiciales y terrorismo de Estado impunes, sin jui-cio ni investigación ni sentencia. Realidades patentes que no aparecennunca en el vocabulario de la opinión publicada española. El secuestrode la realidad provocará, cuando Euskal Herria alcance la libertad, elefecto reflejo del “es que yo no sabía” del postfascismo en Alemania, delpostmilitarismo en Argentina, del postapartheid en Sudáfrica.

Un balance breveSegún datos de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco,las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) han causado la muerte a 78 ci-viles. Otras fuentes cifran en 120 personas las muertes ocasionadas poracciones policiales (la última, la de Iña Ceberio a manos de la Ertzain-tza). Entre 1968 y 1975, las Fuerzas de Orden Público causaron la muer-te de un mínimo de 44 personas en la CAV y Nafarroa. La cifra corres-pondiente a los años posteriores a la transición (1976-1982) asciende aotras 84 muertes –muchas de ellos a tiros en controles policiales o mani-festaciones. Rosa Zarra murió a finales de los noventa como consecuen-

cia de un pelotazo de goma lanzado por la Ertzaintza.Para J. Zulaika (Enemigos, no hay enemigo, Donostia, Erein, 1999),

los grupos parapoliciales y de extrema derecha –incluídas en las dinámi-cas del terrorismo de Estado y la guerra sucia contra Euskal Herria- hanmatado a 67 personas. Pero, según los datos de la Dirección de Dere-chos Humanos, son 79 las muertes atribuibles a la acción de inconrtrola-dos. Otras fuentes cifran en 44 las víctimas mortales por acción parapo-licial en el período 1976-1982 en 44 muertes y 128 heridos. Entre di-ciembre de 1983 y julio de 1987 los GAL causaron 27 víctimas mortales.En 1989, el diputado Josu Muguruza fue asesinado en el Hotel Alcalá.

Desde 1978, se estima que entre 11.000 y 15.000 personas han pasadopor la cárcel por motivos políticos y 10.000 vascos y vascas antes de1978. Globalmente 25.000 detenciones desde 1968. Desde la “transicióndemocrática”, dos ciudadanos vascos han sido detenidos cada día pormotivaciones políticas. Quince cada semana. Sesenta y uno al mes. 736vascos y vascas han pasado cada año por manos de los cuerpos represi-vos. En 1985, de las 1.181 detencciones relacionadas con ETA sólo hubo69 sentencias de cárcel.

Sobre estas detenciones, Amnistia Internacional cifra en 4.870 las de-nuncias por torturas y malos tratos, mientra que Torturaren Aurkako Tal-dea (TAT) estima en 6.000 casos. Entre ellos, el de cinco militantes deETA que murieron como consecuencia de la tortura. Además, hay queañadir las muertes de nueve familiares de presos políticos como conse-cuencia de los impactos de la dispersión penitenciaria y la de los 15 pre-sos políticos vascos que han muertos en cárceles españolas. A los quecabe añadir, el colectivo de refugiados y perseguidos –2.000 personas– ydeportados –43 en 1995.

Para silenciar esta realidad, el Poder ha cerrado, desde la “llegada dela democracia”, un mínimo de cinco medios de comunicación. EuskalHerria. Silencio. Se sigue rodando. En 1968, 1970, 1973, 1975, 1978,1981, 1982, …1996, 2002. El mismo guión, “la via policial”. Carrero Blan-co, Arias, Rosón, Martín Villa, Barrionuevo, Corcuera, Mayor Oreja, Ra-joy: “prácticamente desarticulada”. Un ridículo espantoso.

kale gorria - ilegalizaciÓn

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