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Junio 2012

LA ORALIDAD COMO FACILITADORA DE LOS PRINCIPIOS DEL

PROCESO PENAL.

Yoruanys Suñez Tejera

Daimarelys González Moreno

ysunez@ucf.edu.cu

Universidad de Cienfuegos

Resumen: La oralidad constituye el más importante de los principios que

informan el proceso penal. A través de ella se ponen en práctica los demás

principios que orientan el proceso en todas sus etapas, entre ellos se encuentran

el de contradicción, igualdad, inmediación, entre otros. En la actualidad es un

principio prevaleciente en la mayoría de los ordenamientos procesales modernos.

A pesar de que es esencialmente técnico, es necesario tener en cuenta su

incidencia en el cumplimiento de las garantías y derechos de los acusados. Su

exigencia está recogida en los principales instrumentos internacionales que

protegen los derechos humanos, como medio de garantía de los mismos, por lo

que se incardina con principios esencialmente políticos. El proceso penal cubano

está marcado por el signo de la oralidad, la cual se logra mediante la práctica de

las pruebas en el juicio oral ante los ojos del juzgador.

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Palabras Claves: oralidad, proceso, penal, facilitadora y principios.

1. Introducción.

Algunos autores como BETTIOL definen el proceso penal como el conjunto de

actos originados por varios sujetos: juez, fiscal e imputado, con el fin de fijar las

condiciones de hecho, de las cuales se deriva el ius puniendi1 a favor del Estado y

deber de sujetarse a la pena por parte del reo. En ese sentido PRIETO CASTRO

señala que el proceso penal es la actividad por medio de la cual el Estado protege

el orden jurídico público, y castiga los actos definidos como punibles por el

Derecho Penal.2

Mientras, Miguel FENECH3 señala que el proceso penal es aquella serie o

sucesión de actos que se llevan a cabo y se desarrollan en el tiempo, con

sujeción a una norma de procedimiento. A través de la cual se realiza la actividad

jurisdiccional, mediante el ejercicio por el órgano jurisdiccional penal de sus

diversas potestades y la realización de las partes y terceros de la actividad

cooperadora que aquella requiere. Según Carlos VIADA,4 el proceso penal debe

entenderse como un conflicto de intereses entre partes, la sociedad de un lado y

el imputado del otro, el cual se protege legítimamente frente al poder del Estado

por resultar, en ocasiones injusto y desmedido. La colectividad tiene interés en

que se castigue al culpable de un delito y el imputado tiene interés en evitar el

castigo. El problema planteado debe ser comprendido sobre la base de que el

proceso es un mecanismo e instrumento ideado para resolver no tan sólo el

conflicto entre partes, sino que el conflicto está dentro y en la misma sociedad.

Por una parte se encuentra la urgencia de evitar grandes daños a los ciudadanos

y el dolor de las víctimas y de otra, nada indica que se deba disminuir la histórica

sospecha ante el posible abuso de poder o bajar la guardia en la defensa de las

1 El ius puniendi puede concebirse desde dos puntos de vista: como poder del Estado para instituir delitos y penas, y como derecho del Estado para aplicar las sanciones penales a quienes cometan delito. QUIRÓS PÍREZ, Renén. Manual de Derecho Penal/.-- La Habana: Editorial Félix Varela, 2007.-- t. 1.-- p. 31. y Vázquez Rossi, Jorge. E. Derecho Procesal Penal. Conceptos Generales/.-- Argentina: Rubinzal- Culzoni. Editores. Primera Parte.-- p. 303. 2 Tomado de: http:/www.articuloz.com/leyes-articulos/apuntes-teoricos-para-una-definición-logico-juridica-de-proceso-penal-1543159.html, consultado el 11 de noviembre de 2011. 3 FENECH, Miguel citado por DÍAZ PINILLO, Marcelino. Temas para el estudio del Derecho Procesal Penal. Parte III, Editorial Félix Varela, 2004. p. 138. 4 VIADA, Carlos citado por Díaz Pinillo, Marcelino. Idem. p. 139.

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libertades públicas. Al contrario, en la última década se evidencian nuevos y

variados mecanismos de violencia sin control y con argumentaciones renovadas a

favor de las limitaciones al derecho de defensa o el secreto de la actuación

pública.5 El mejor proceso penal será aquel que da satisfacción eficiente a ambas

finalidades sociales. Por ello, el sistema cubano, debe basarse en uno que

garantice igualmente los dos intereses en conflicto y busque un equilibrio exacto,

donde no se menoscaben los derechos y garantías, ni de la sociedad ni del

individuo.

El proceso penal se inicia a causa de un acontecimiento o suceso, o de un

conjunto de hechos que dan un juicio previo de probabilidad acerca de la comisión

de al menos una infracción criminal, independientemente de que el proceso pueda

comenzar de oficio. Al llegar la notitia criminis por medio de la denuncia o

cualquier otra vía de conocimiento, no se logra alcanzar un determinado

desarrollo en el proceso. Solo podrá adentrarse en la decisiva fase del juicio oral,

si alguien ejercita la acción penal.6

Según los conceptos anteriormente expuestos y de acuerdo con Marcelino DÍAZ7

se entiende que proceso es una secuencia o sucesión de actos tendentes a un fin

superior y último al de cada uno de ellos, considerados independientemente. Los

actos que se suceden en el tiempo obedecen a un orden preestablecido. En

derecho se comprende que el proceso está integrado por el conjunto de todos los

actos necesarios y con una secuencia temporal que con el objetivo de resolver

una litis o asunto se desarrolla. En el ámbito del derecho procesal es el conjunto y

la totalidad de los actos que conforman una unidad en interés de conseguir la

cosa juzgada.

Ese conjunto de actos que conforman el proceso penal están en correspondencia

con el objeto del proceso, con respecto al cual Ernest BELING señala: “el objeto

procesal es el asunto de la vida en torno del cual gira el proceso y cuya

resolución, mediante decisión sobre el fondo constituye la tarea propia del

proceso.” Emilio GÓMEZ ORBANEJA expresa: “para que haya proceso ha de tratarse

5 M. BINDER, Alberto. Tensiones político-criminales en el proceso penal/ Universidad de Buenos Aires: Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.--[s.l], [s.n]. 6 En el proceso penal cubano, el Ministerio Fiscal es quien ejerce la acción penal con el objetivo de provocar la función jurisdiccional para que en la sentencia se realice en forma concreta el poder punitivo, imponiéndole al delincuente las sanciones merecidas, las medidas de seguridad apropiadas y la condena a la reparación del daño, según proceda. 7 DÍAZ PINILLO, Marcelino. op. cit. p. 139.

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de un hecho que se toma hipotéticamente como dado, al que la ley penal atribuye

una pena criminal, cualquiera que ella sea”, y continua: “…objeto del mismo, es,

por tanto, una pretensión punitiva del Estado, del derecho a la imposición de una

pena en virtud de la omisión de un hecho punible.”8

GIMENO SENDRA9 apunta que el objeto del proceso penal está constituido por las

acciones u omisiones delictivas sometidas a juicio, es decir, por los hechos

enjuiciados en cuanto son delictivos y por las consecuencias penales que se

derivan para los sujetos inculpados. Simplificadamente se puede hablar del hecho

penal como objeto del proceso penal, siempre que se advierta que son actos de

las personas enjuiciadas los que se juzgan, actos concretos con trascendencia

antijurídica.

Entre tanto, Miguel FENECH10

precisa dos momentos en cuanto al objeto del

proceso y en relación a ello, manifiesta: “La fijación del objeto concreto se lleva a

cabo por medio de actos de petición que las partes dirigen al tribunal, al exigir la

condena, o la absolución del imputado; aparece pues en el proceso, la pretensión,

que debe fundarse desde el punto de vista facticio en la representación de la

realidad que cada una de las partes pretendientes haya obtenido de su estudio

del sumario y de las pruebas que luego se llevan a cabo en el juicio oral.” El

mismo no se limita solamente a hablar de los hechos como el objeto del proceso

sino que va más allá al señalar la necesidad de la pretensión.

Se considera objeto del proceso, no sólo aquellos hechos constitutivos de delitos,

sino también todas aquellas circunstancias que resulten concomitantes al hecho.

Consecuentemente resultará delimitada su amplitud por la pretensión punitiva del

fiscal, o sea, a los actos u omisiones descritas en el pliego acusatorio del fiscal.

Ese hecho que dio origen al proceso, ya sea a través de la denuncia o cualquier

otra vía de conocimiento, debe ser el mismo de la fase preparatoria o sumario, el

narrado en el pliego acusatorio, el del juicio, de la sentencia e incluso de los

recursos que se establezcan para combatir algún vicio en la sentencia. Las partes

no pueden modificarlo, ni restringirlo, ni variarlo en algún sentido, ya que el mismo

existe con independencia de la voluntad de ellos.

8 BELING, Ernest y ORBANEJA, GÓMEZ citados por DÍAZ PINILLO, Marcelino. Idem. p. 140. 9 GIMENO SENDRA, Vicente citado por Marcelino. Ibídem. 10 FENECH, Miguel citado por DÍAZ PINILLO, Marcelino. Ibídem. p. 141.

5

El verdadero objeto del proceso consiste en restablecer el orden jurídico, y aplicar

la ley a una situación concreta. En el proceso penal es la relación de derecho

sustantivo, es decir, penal, que surge del hecho que se considera delictuoso, y

que tiene lugar entre su autor y el Estado, a fin de que se le aplique a aquél la ley

penal, después de individualizado y de haberse comprobado el hecho delictuoso.

En conclusión, el objeto exacto del proceso penal lo constituye no sólo el hecho

que se considera delito, sino que también van a formar parte de él otras

circunstancias o hechos concomitantes al hecho delictivo, y su delimitación se

concreta en la pretensión.

En cuanto a la finalidad del proceso penal, resulta evidente desde la relación

delito-proceso-pena y el carácter adjetivo del Derecho Procesal penal. De aquí

que el fin del proceso penal siempre será procurar su identificación con el

Derecho Penal mediante la defensa de la sociedad, en sentido amplio. Por otro

lado y con carácter inmediato la finalidad del proceso será, según las distintas

fases en que el mismo se estructurará, la íntegra investigación y comprobación de

la acción u omisión considerada delito, la determinación de los autores y restantes

partícipes en el mismo y la calificación de dicho delito. Además de todas aquellas

circunstancias concomitantes al mismo que permitan valorar la penalidad

correspondiente al encausado, según sus condiciones personales y los fines que

a tenor de la ley sustantiva dicha pena persiga.

El fin del proceso es obtener mediante la sentencia del órgano jurisdiccional la

declaración de certeza respecto a la existencia del acto delictivo que sirve de

fundamento a la pretensión punitiva del Estado, y la aplicación de sus

consecuencias jurídicas. Todo ello se consigue al reprimir realmente al delito que

aparezca cometido, mediante la comprobación de los hechos verdaderamente

ejecutados.11 El fin del proceso penal siempre será práctico y lo es el contribuir a

la realización de la justicia penal. No puede hablarse de proceso sino cuando la

decisión de penar puede ser materializada. La realización de la justicia, que sólo

puede alcanzarse a través del proceso penal, lo es de forma exclusiva, pues a

diferencia del ámbito civil donde es posible alcanzar la paz jurídica a través de

11 RODRÍGUEZ NIETO, Luis Alfonso. La acción penal y el Proceso/ Banco de Conferencias Digitales del STJEM.--[s.l], [s.n].

6

una decisión voluntaria tal como un convenio, un arbitraje o una transacción, en el

ámbito penal sólo se podrá alcanzar mediante el proceso.12

2. Surgimiento y desarrollo de la oralidad en el pr oceso penal cubano.

En Cuba en la década de 1860, la existencia de la esclavitud en la industria

azucarera se convirtió en un freno para el desarrollo del país. Además, la crisis

económica mundial de 1857 y posteriormente la de 1866, fueron un duro golpe

para la economía cubana al provocar la caída de los precios del azúcar. La masa

esclava, que hacia 1868 constituía la tercera parte de la población, soportaba el

mayor rigor de la explotación. La colonia era mantenida como una mera fuente de

ingresos fiscales y los cubanos estaban desprovistos de todo tipo de derechos

políticos. Lo expresado antes provocó que las contradicciones entre la colonia y la

metrópoli se agudizaran cada vez más.13

Iniciada la Guerra de Independencia por Carlos Manuel de Céspedes el 10 de

octubre de 1868, es necesaria la elaboración de normas jurídicas que rigieran en

los territorios liberados por el Ejército Mambí, que reconocieran los intereses del

pueblo cubano. Alega QUIRÓS en ese sentido, que las normativas en esa etapa en

la esfera penal fueron de muy limitadas proporciones.14

Hasta 1889 la justicia penal en Cuba se impartía de forma anárquica pues las

legislaciones imperantes en la metrópoli se hicieron extensivas a Cuba. Según los

estudios de RODRÍGUEZ SOLVEIRA,15 rigieron la Novísima Recopilación, que no derogó,

sino que dejó subsistentes con carácter supletorio el Fuero Juzgo, que le precedió

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También se pudiera hablar de un fin mediato y de un fin inmediato, el fin mediato será la identificación con el Derecho Penal en cuanto está dirigido a su realización y busca la defensa de la sociedad, defendida en un sentido amplio y como fin inmediato la realización concreta de la ley penal al caso en cuestión. Uno de los fines generales del Derecho Penal coincide con el del proceso penal en cuanto uno tiende a la defensa social y a la lucha contra la delincuencia, y el otro busca la aplicación de la ley en el caso concreto, es decir, investigar el hecho que se considera delictuoso y la responsabilidad criminal del acusado. En cuanto a los fines específicos, tienden a la ordenación y desenvolvimiento del proceso y consiste uno de ellos en la investigación de la verdad efectiva, material o histórica, es decir, el castigo de los culpables y la absolución de los inocentes, conforme a la realidad de los hechos, y como consecuencia de una investigación total y libre de prejuicios, ya que el interés público predomina en el esclarecimiento del asunto. En conclusión el fin del proceso penal es saber si ha habido delito y si corresponde una pena para aplicarla al caso en cuestión y tal fin sólo se logra a través de la investigación y búsqueda de la verdad real. 13 DÍAZ MOLINA, Yeslín. El quebrantamiento del Derecho a la Presunción de inocencia durante la fase judicial/ Yoruanis Súñez Tejera, tutor.--Trabajo de Diploma en opción al título de licenciado en Derecho, UCF (Cienfuegos), 2011.-- p.10. 14

QUIRÓS PÍREZ, Renén. op. cit. p. 27. 15

RODRÍGUEZ SOLVEIRA, Mariano, “Cien años de Derecho en Cuba”. Revista Cubana de Derecho. (La Habana): enero, 1972.

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en doce siglos, y Las Partidas, que le antecedió en seis, y regían con carácter

supletorio las Leyes de Indias, a lo que se unía el ejercicio de la costumbre.16

La primera manifestación de legislación procesal, en Cuba, fue el Fuero Juzgo o

Código Visigotorum, el mismo fue elaborado en épocas de Eurico y seguido por

Alarico, y otros gobernantes visigodos. La misma fue aprobada por el VII Concilio

de Toledo en el año 646, su segundo libro, de los doce con que contaba dicha

legislación, es el dedicado al procedimiento y donde por primera vez se establece

la jurisdicción como una facultad dependiente de la soberanía del Estado. En él se

establecía un procedimiento escrito, no había publicidad; el acusado en

ocasiones era castigado con severidad y sólo podía evitar el tormento por medio

del juramento.17

Durante la Reconquista el procedimiento pasa a ser acusatorio y ése era el

sistema que predominaba en los fueros municipales, en cambio, era inquisitivo en

el Derecho Musulmán. Seis siglos después del Fuero Juzgo, fue dictado el

denominado Fuero Real, el cual, en gran medida fue una copia del anterior sobre

la base de los intereses de los monarcas castellanos e incorpora por primera vez

la Lex loci delicti, o sea, el principio de la competencia de los tribunales del lugar

del hecho para el conocimiento del mismo. Principio que rige en todos los

ordenamientos penales hasta la actualidad.18

Todos los principios establecidos por dichos cuerpos normativos fueron recogidos

posteriormente en la que se ha dado por llamar la obra magna de la legislación

hispana: las Partidas. Cuerpo legislativo de la época del feudalismo español, en

las cuales aparecen por vez primera, las regulaciones sobre el funcionamiento y

competencia de los jueces, las de los abogados y el establecimiento del tormento

como medio para la obtención de la confesión. Se inicia, según LEVENE, en tal

sentido, lo que se pudiera plantear como las bases del sistema inquisitorial,

perfeccionado posteriormente por la Iglesia Católica al establecer el

procedimiento de los tribunales del Santo Oficio, la Inquisición, por el concilio de

Verona en 1183.19

El juzgamiento en materia penal, estuvo caracterizado por un proceder propio del

sistema inquisitivo: justicia delegada, juez activo, acusado como objeto del

16 RIVERO GARCÍA, Danilo, op. cit. p. 15. 17 FERNÁNDEZ PEREIRA, Julio A. op. cit. p. 18. 18 Idem. 19 Ibídem.

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proceso, limitación de la defensa, secreto y escritura, prisión provisional como

regla y prueba tasada. El procedimiento inquisitivo tuvo sus iniquidades y

constituyó un paso de retroceso en el proceso penal, ya que el mismo estableció

el sistema de escritura en el proceso, la secretividad de la fase sumarial, la

investigación para la instrucción de cargos, entre otros caracteres.

La sublevación contra la dominación napoleónica y la puesta en vigor de la

Constitución de 1812: Constitución de Cádiz, la cual proclamaba las ideas del

liberalismo burgués, son las que minan el sistema inquisitivo y reforman el

procedimiento penal. La misma introduce, elementos del sistema acusatorio, el

cual, conjuntamente con una serie de garantías procesales, establece el sistema

mixto, que con algunas variantes mínimas se ha de trasladar al reglamento20 para

la Administración Provincial de Justicia del 1835.21

El 22 de diciembre de mil ochocientos setenta y dos, se dicta la Ley de

Enjuiciamiento Criminal, que regulaba algunas de las garantías procesales de las

leyes anteriores e incorporaba individuales como eran: la inviolabilidad del

domicilio y la correspondencia. Además organizaba de forma sistemática el

sistema mixto, el juicio oral y mantenía el sistema de jurado que se había

establecido por la Constitución de Cádiz. La cual sólo duró hasta que los

Borbones en mil ochocientos setenta y cinco, restablecieron el sistema de las

compilaciones con un procedimiento escrito, se suprime la doble instancia, retorna

la justicia española al sistema inquisitivo, lo cual ha de durar hasta 1882, cuando

ya, definitivamente entra para no volver a desaparecer, la Ley de Enjuiciamiento

Criminal española de 14 de septiembre de 1882.22

Un momento cimero en la historia del Derecho procesal penal en Cuba, según

Danilo RIVERO, lo constituye la etapa en que entra en vigor la Ley de

Enjuiciamiento Criminal española hecha extensiva a la isla, por Real Decreto de

19 de octubre de1888, el primero de enero de 1889, obra fruto del movimiento

codificador del siglo XIX. La misma marcó el término de una evolución legislativa

que se desarrolló, con alternativas y retrocesos, a lo largo del siglo XIX; fue sin

dudas, la culminación de un largo proceso histórico. Significó, el paso de un

20 El Reglamento estableció la publicidad en los juicios criminales, no sin determinadas limitaciones en la participación y una segunda instancia, la cual aparece por primera vez en la Península Ibérica. Ibídem. p. 19. 21 Ibídem. p 20. 22 Ibídem.

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proceso penal inquisitivo al tipo acusatorio formal, o mixto que hoy es reconocido

en diversas legislaciones contemporáneas.23

En la Ley de Enjuiciamiento Criminal española se ve la división del proceso penal

claramente en su parte inquisitiva, fase sumarial y su parte acusatoria, juicio oral o

plenario y se establece la figura de la instrucción, o sea, se establece el juez

instructor, encargado de lo sumarial, característica que posteriormente es

eliminada por la actual ley de procedimiento penal cubana. Ese cuerpo procesal,

con algunas modificaciones no esenciales, rigió en Cuba hasta que fue sustituido

por la Ley 1251 del 26 de junio del 1973, la cual establecía los principios

procesales socialistas y era el trabajo de las Comisiones de Estudios Jurídicos,

creadas en abril de 1968.24

Con el proceso de institucionalización del país, la creación de los Poderes

Populares y la nueva división territorial de la nación, se impuso una modificación

de la Ley de Organización del Sistema Judicial y de la Ley de Procedimiento

Penal, ambas, la 1250 y la 1251, fueron modificadas y sustituidas por las leyes 4 y

5. La última, Ley de Procedimiento Penal, vigente en Cuba desde agosto 18 del

1977, a pesar de las modificaciones sufridas, se ha mantenido esencialmente

hasta la actualidad. La misma establece la oralidad en la fase del juicio oral, no

así en la fase investigativa y en la intermedia.

El sistema adoptado por la legislación procesal cubana es el sistema mixto. La

función principal en la etapa preparatoria en el ordenamiento cubano, la realiza el

órgano de instrucción y la fiscalía, según sus facultades durante los distintos

momentos procesales que establece la ley. La legislación actual recoge la

iniciativa privada a través de la denominada querella en los delitos perseguibles a

instancia de parte, en los sobreseimientos declarados injustificados por los

tribunales, la solicitud de sobreseer formulada por el fiscal y cuando el tribunal, ya

en el juicio oral, ante la retirada de la acusación del fiscal, hace uso de las

facultades que le concede la fórmula del artículo 350 de la Ley de Procedimiento

Penal , o sea, hay un traslado de la facultad de accionar que pasa del fiscal al

tribunal, rasgo que es propio del sistema inquisitivo.25

23 RIVERO GARCÍA, Danilo. La huella de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española en el proceso penal actual. Boletín ONBC. Ediciones ONBC (La Habana) (35): julio- septiembre 2009, p. 2. 24 FERNÁNDEZ PEREIRA, Julio. op. cit. p. 24. 25Ibidem.

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En el proceso penal cubano en las dos primeras etapas: la preparatoria y la

intermedia predomina el sistema inquisitivo. Ejemplo de actos donde predomina la

escritura son: la inspección del lugar de los hechos, realización de diligencias de

instrucción, dictámenes periciales, resoluciones, recursos, escritos de calificación,

escritos de previo y especial pronunciamiento, aplicación de medidas cautelares,

entre otros. Mientras que en el juicio oral predomina la oralidad, a través de la

declaración del acusado, los testigos, los peritos, los informes de las partes, etc.

Lo anterior no quiere decir que no haya parte escrita en el juicio oral, pues el

mismo es recogido en actas que pasan a integrar la causa.

El sistema mixto cubano también se caracteriza por mantener un período de

secretividad, aunque el mismo es parcialmente breve y está normado su tiempo

por la ley. Específicamente a partir de que el acusado es parte del proceso,

cuando se le aplica una medida cautelar de las establecidas en la ley, tiene

derecho a nombrar abogado y a proponer pruebas, y tiene el mismo, acceso al

expediente de fase preparatoria, o en su caso, de no habérsele impuesto medida

alguna, lo tendrá al recibir las conclusiones provisionales acusatorias, momento

en el cual, de igual forma, tendrá acceso al expediente y a la proposición de

pruebas, a través de su defensor. Mientras no se aplique la medida cautelar o se

le entreguen las conclusiones acusatorias, se mantiene la secretividad, momento

en el que se violan los derechos del acusado, ya que el mismo debe ser oído en

todas las etapas del proceso y ser parte desde el inicio, pues se contribuye a un

proceso penal garante de los derechos del procesado y de la justicia penal.

El principio de la libre apreciación de las pruebas rige en el sistema de

administración de justicia cubana, al igual que la pluralidad de actos, heredada del

sistema inquisitivo, habida cuenta de la división en tres fases o momentos del

proceso, preparatoria, intermedia y juicio oral. Pero con la regla que establece que

el juicio oral deberá, salvo excepciones, celebrarse en un sólo acto o en sesiones

consecutivas.

La participación popular en Cuba, también se deriva del sistema acusatorio y se

basa en la impartición democrática de la justicia, donde participan por igual en la

composición del tribunal, jueces legos y profesionales o sistema de jurados, el

cual, sus miembros son ciudadanos que no ostentan la condición de letrados. En

todos los casos, tanto en el de los tribunales colegiados como en el sistema de

jurado, sus integrantes son elegibles y revocables. Ejemplo de ello son los

11

tribunales populares en todos sus niveles, desde los Municipales, provinciales y el

Supremo, donde esa responsabilidad de elección corresponde a las distintas

Asambleas del Poder Popular.

En Cuba, con independencia de la composición de los tribunales, profesionales y

legos, existe el principio de que la impartición de justicia debe ante todo ser un

acto educativo, de ahí que sea público e incluso que se puedan celebrar los

juicios en lugares distintos a la sede de los tribunales, cuando sea necesario a los

intereses populares. De lo expuesto se deduce que el procedimiento penal no es

una cuestión estática, establecido de una vez y por todas, sino que es una ciencia

jurídica, dinámica, cambiante, que irá siempre pareja al desarrollo de la sociedad

y del que aún queda mucho por desarrollar, como ha sido en Cuba a partir del

triunfo revolucionario a través de un constante perfeccionamiento.

3. La oralidad como facilitadora de los principios del proceso penal cubano.

La oralidad constituye el más importante de los principios que informan el proceso

penal. A través de ella se ponen en práctica los demás principios que orientan el

proceso en todas sus etapas, entre ellos se encuentran el de contradicción,

igualdad, inmediación, entre otros. La misma es una de las conquistas arrancadas

por las ideas liberales al pensamiento jurídico medieval, razón que motiva que su

plasmación positiva esté vinculada esencialmente con el advenimiento de las

revoluciones burguesas al poder y con la participación del pueblo en la

administración de justicia.26

En la actualidad es un principio prevaleciente en la mayoría de los ordenamientos

procesales modernos.27 A pesar de que es esencialmente técnico, es necesario

tener en cuenta su incidencia en el cumplimiento de las garantías y derechos de

los acusados. Su exigencia está recogida en los principales instrumentos

internacionales que protegen los derechos humanos,28 como medio de garantía

26 MENDOZA DÍAZ, Juan en Colectivo de autores. Temas para... Idem. 27 La oralidad se encuentra regulada en muchos países, algunos sólo la regulan en el acto del juicio oral, otros ordenamientos aluden a ella en las demás etapas del proceso penal. Vid. Código Procesal Penal de Argentina, Ley 23.984, 21 de Agosto de 1991, Boletín Oficial 9 de Septiembre de 1991; Código Procesal de Procedimientos Penales para el Distrito Federal de México, promulgado en la ciudad de México, el 23 de agosto de 1934, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y Código Procesal Penal de Guatemala, Decreto No. 51-92, de 7 de diciembre de 1992. Vid supra. p. 3. 28 Vid. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, el 10 de diciembre de 1948, en el párrafo segundo del artículo XXVI dispone que toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída

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de los mismos, por lo que se incardina con principios esencialmente políticos. El

proceso penal cubano está marcado por el signo de la oralidad, la cual se logra

mediante la práctica de las pruebas en el juicio oral ante los ojos del juzgador. La

presencia del mismo en el ordenamiento cubano obedece a la herencia española,

que posibilitó que, a diferencia de muchos otros del continente, exista juicio oral y

público desde el siglo XIX.

Bajo la denominación genérica de juicio oral, la Ley de Procedimiento Penal

define las actuaciones que se realizan desde el momento en que presentadas las

conclusiones acusatorias por el fiscal, el tribunal estima que están completas y

emite una manifestación de voluntad, mediante la cual declara abierta la causa a

juicio oral.29 De lo anterior se evidencia que existe un conjunto de actuaciones que

no son necesariamente orales, que se encuentran en las dos primeras etapas del

proceso penal, la etapa investigativa y la etapa intermedia y que abarcan la

notificación de las conclusiones al acusado o a su abogado, la revisión del

expediente por parte del defensor, la presentación de sus conclusiones

provisionales por parte del fiscal al tribunal, entre otras. La fase verdaderamente

oral comienza con lo que con exactitud se denomina como acto del juicio oral, en

la cual prevalece el principio de oralidad, salvo algunas excepciones.30

La oralidad permite la vinculación directa entre el juez y las partes, además de

que la actividad procesal se concentre en una o en muy pocas audiencias. En

ellas se tomarán varias declaraciones, efectuándose pericias en un mismo acto

sin necesidad de detallarlas, ya que inmediatamente se efectúa el

pronunciamiento judicial. El juez recibe una impresión viva y directa de la prueba y

debe presidir la audiencia, sin poder delegar sus funciones, bajo pena de su

nulidad.

La oralidad, entendida como el intercambio verbal de ideas, constituye una

herramienta esencial en la tarea jurisdiccional, como instrumento para facilitar el

debido proceso y respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos en un

Estado de Derecho moderno. La misma permite que la actuación del juzgador se

en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes, y a que no le impongan penas crueles, infamantes o inusitadas. Vid. supra. p. 2. 29 El artículo 281 de la LPP cubana establece que formuladas las conclusiones por el fiscal o, en su caso, por el acusador particular, el tribunal, de estimar completas las diligencias necesarias para proceder, abrirá la causa a juicio oral… se les nombrará defensor de oficio. 30 Dentro de esas excepciones se encuentra cuando por causas justificadas no asiste algún testigo o perito al acto del juicio oral y entonces son leídas sus declaraciones.

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acomode a criterios de inmediación y contradicción realmente efectivos.

Asimismo, a través de un juicio público, sólo posible en el ámbito de la oralidad, la

sociedad ejerce legítimas facultades de conocimiento y control acerca del

verdadero contenido de la actividad de sus jueces y tribunales, con lo que,

simultáneamente, crece su prestigio, y obvia una parte importante de los reparos

que un sistema procesal escrito pudiera suscitar.

La oralidad constituye un instrumento facilitador de los preceptos políticos y de las

garantías que estructuran el propio sistema procesal penal.31 Es importante

tomarla en consideración porque al discutirse acerca de la opción entre un

sistema oral y uno escrito, debe tomarse en cuenta, su eficacia para realizar y

cumplir los principios básicos, las garantías y los fines que constituyen la base del

sistema procesal penal. Según CHIOVENDA,32 es la relación inmediata entre los

jueces y las personas cuyas declaraciones los mismos están llamados a apreciar.

Significa también una racional contemporización de lo escrito y de la palabra, con

medios diversos de manifestación del pensamiento.

Eduardo J. COUTURE,33 al destacar las ventajas que ofrece la oralidad sobre la

escritura, como medio de comunicación en el proceso judicial, afirma que ese

principio en oposición al de escritura, es aquel que surge de un Derecho positivo

en el cual los actos procesales se realizan de viva voz, normalmente en

audiencia, y reduce las piezas escritas a lo estrictamente indispensable. Antes de

implementar la oralidad en la legislación procesal de determinado país, deben

tenerse presente y analizar los principios básicos, con los cuáles se desea juzgar

a las personas acusadas de delito.

4. Los principios que informan el Proceso Penal cub ano.

Los principios no son simplemente conceptos teóricos o doctrinales. Sino

fundamentalmente consideraciones políticas-jurídicas que gobiernan el proceso

penal dentro de una política, estatal y global. Tienen por función controlar el

ejercicio del poder punitivo del Estado a fin de que el imputado enfrente el sistema 31 BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal/.--Buenos Aires: Editorial Ad-hoc, 1993.--p. 96 y CAMPOS, José D. En defensa del nuevo proceso penal salvadoreño/.--El Salvador: Centro de investigación y Capacitación. Proyecto de Reforma Judicial, 1994.--p. 29. 32

CHIOVENDA citado por RAMÍREZ BEJERANO. Los principios del proceso civil/.--En Contribuciones a las Ciencias Sociales, enero 2010. Tomado de: www.eumed.net/rev/cccss/07/eerb2.htm, consultado el 11 de noviembre de 2011. 33 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos de Derecho Procesal Civil/ p. 199.

14

penal con garantías y derechos en un plano de igualdad jurídica y de respeto a su

dignidad como persona humana. Constituyen una guía indispensable para el

desenvolvimiento de un proceso penal, donde la justicia prevalezca con

independencia del sistema adoptado en cada país. Poseen una importancia

política, ya que por definición constituyen las bases fundamentales, marcos y

criterios orientadores indispensables para construir un determinado ordenamiento

jurídico. En ellos se sustentan los legisladores para establecer el procedimiento a

que debe sujetarse el proceso penal.

En primer orden se encuentra el de necesidad u obligatoriedad, el cual significa

que el proceso penal es obligatorio para averiguar la infracción delictiva, encontrar

al autor, juzgarlo e imponerle la pena. Según Ricardo LEVENE,34 se basa en que el

Estado tiene la facultad y al mismo tiempo el deber de facilitar la realización

punitiva que deriva de un delito. El mismo es uno de los que caracteriza al

proceso penal y lo distingue y diferencia esencialmente del proceso civil, pues en

el último, vigente el principio de disponibilidad, las partes, libre y voluntariamente,

pueden llegar a un convenio o transacción extrajudiciales, cuestión no aceptada

en el proceso penal cubano, pero sí en otros sistemas penales como el

Anglosajón. El principio si bien le reconoce al Estado su titularidad del ius

puniendi no lo hace valer directamente sino a través de los órganos

jurisdiccionales y mediante un proceso penal.35

Francisco CARNELUTTI36

plantea: “delito, pena y proceso son tres categorías

indisolublemente vinculadas y la exclusión de una de ellas implica la falta de

sustantividad de los restantes.” Resulta entonces, que el principio de nullum

crimen, nulla poena sine previa lege penale et iudicio,37 es refrendador del

principio de necesidad del proceso. El artículo 1 de la Ley de Procedimiento

Penal38 cubana lo regula y en ese mismo orden lo establece la Constitución en su

34 LEVENE, RICARDO. Manual de Derecho Procesal Penal/.--Buenos Aires, Argentina: Ediciones Depalma. Segunda Edición, 1993.--t. 2.--p. 216. 35 DÍAZ PINILLO, Marcelino. op. cit. p. 142. 36 CARNELUTTI, Francisco citado por DÍAZ PINILLO, Marcelino. Idem. 37 No se puede imponer pena si con anterioridad no existe una norma que regule tales hechos. 38 El artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal plantea: “No puede imponerse sanción o medida de seguridad sino de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en la ley y en virtud de resolución dictada por tribunal competente.”

15

artículo 59.39 En ambas se refrenda la necesidad de actuar conforme a las leyes

procesales siempre que se está en presencia de un delito.

El principio de legalidad, es en esencia, una continuación, consecuencia y

complemento del principio de necesidad u obligatoriedad. En el mismo la

autoridad encargada de la acusación debe mantenerla en todo momento, siempre

que la ley sancione un hecho como delito, sin que el Ministerio Fiscal pueda

solicitar el sobreseimiento en tanto subsistan elementos indicativos de

culpabilidad. La Ley de Procedimiento Penal no regula explícitamente el principio

de legalidad, pero en los artículos 109, 110 y 273 establece que conocido un

hecho que revista caracteres de delito el aparato estatal represivo, policía,

instructores y fiscalía, mueven todas sus fuerzas a fin de esclarecerlo y

seguidamente, la fiscalía asume la acusación de forma obligada. Frente al

principio de legalidad se alza el de oportunidad, consistente en que los titulares de

la acción penal están autorizados a hacer uso de ella o no, siempre ateniéndose a

los presupuestos de las normas. Puede ser que se trate de una finalización total y

absoluta o bajo condiciones impuestas al imputado.40

Para MENDOZA, en un ordenamiento informado por el principio de oportunidad, la

autoridad estatal a cargo de la persecución penal tiene facultades para disponer o

no el inicio de investigaciones ante el conocimiento de un hecho que esté

tipificado en la Ley penal como delito. Igualmente puede decidir sobre el destino

de las investigaciones que se encuentren en curso. En correspondencia con la

amplitud de sus facultades discrecionales es que puede hablarse de oportunidad

en sentido estricto o de oportunidad reglada.41

Otro de los principios que informan el proceso penal y que se encuentra

estrechamente unido al de obligatoriedad, es el de la investigación oficial, su fin

es la intervención del poder estatal en la persecución de los delitos. Si el Estado

posee el ius pluniendi se hace necesario entonces su intervención en la

investigación del hecho delictivo, en la acusación formal y solución final del caso.

Pero la cuestión estriba en que al seguir consecuentemente la historia del

39 El artículo 59 de la Constitución establece que nadie puede ser encausado ni condenado sino por el tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen. Constitución de la República de Cuba, aprobada por el Acuerdo No. 74 adoptada en sesión extraordinaria en la quinta legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ciudad de La Habana: 26 de junio de 2002. 40 DÍAZ PINILLO, Marcelino. op. cit. p. 144. 41 MENDOZA DÍAZ, Juan en Colectivo de Autores. op. cit. p. 74.

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proceso, hay que convenir que no puede ni debe ser el mismo órgano estatal

quien investigue, acuse y sancione o absuelva al imputado.42 Característica que

resulta propia del sistema inquisitivo; se impone entonces que un órgano

independiente sea quien realice las investigaciones y acuse y otro distinto quien

juzgue y resuelva el asunto. El órgano que resuelva el caso debe limitarse

solamente a conocer del mismo en el acto del juicio oral a partir de las pruebas

presentadas por cada una de la partes y de esa forma actuará conforme a justicia

y con imparcialidad. De lo anterior se desprende que la intervención estatal en

todas las etapas del proceso es imprescindible, según la índole de la cuestión

que se ventila, es decir, la culpabilidad o inocencia de una persona.

La verdad material, es otro de los principios que orientan el proceso penal, al cual

se llega de conformidad con las pruebas practicadas en el acto del juicio oral. El

mismo consiste en que el tribunal de lo penal debe ajustar su pensamiento con los

hechos tales como fueron o como son históricamente, es decir, tratar de fundar

sus resoluciones en la fidelidad histórica de lo acontecido.43

La finalidad básica del proceso penal, planteado en términos tradicionales, ha sido

siempre la búsqueda de la verdad real o material. Todavía hoy tiene vital

importancia como delimitadora de la actividad probatoria en el proceso penal,

complementada por principios básicos como el de la libertad probatoria. Desde

ese punto de vista el proceso tiene por objeto averiguar la verdad respecto del

hecho acusado, ya sea para confirmar la autoría del imputado o para

descartarla.44

Entendido el proceso como ese conjunto de actuaciones dirigidas a reconstruir el

hecho hasta donde los elementos probatorios lo permitan, se debe concluir que la

oralidad se presenta como el mejor instrumento para lograrlo. Los atributos

propios de la oralidad, desde su sencillez hasta la exigencia de la concentración,

continuación, inmediación, publicidad, y transparencia, hacen que el sistema sea

más eficiente para aproximarse en un mayor grado a la verdad. Por el contrario en

un sistema donde esa investigación se delega en auxiliares, se prolonga en el

tiempo, y por tanto se complica con formalismos estériles.

42 DÍAZ PINILLO, Marcelino. Idem. p. 143. 43 Ibídem. p. 145. 44 GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Daniel. op. cit. p. 99.

17

Con la oralidad es posible reducir al máximo los márgenes de duda, pues los

elementos de prueba se reciben en forma directa y personal por todos los sujetos

del proceso. Por esa razón ellos estarán en mayor posibilidad de valorarlos y de

apreciar una serie de circunstancias que no podrían percibir con la lectura de un

acta levantada por un auxiliar del juez. Además tienen la posibilidad de intervenir

en la recepción de la misma, interrogando a los testigos y peritos, aclarando y

ampliando circunstancias de interés para la decisión, que quizás no habría visto

nunca el auxiliar del tribunal.45

La inmediación, estrechamente unida a la oralidad permite al juez ponerse en

contacto directo con las pruebas, las partes, captar aspectos y declaraciones

imposibles de conseguir de otra manera. A través de ella se obtienen las pruebas

de las fuentes originarias. Según Ricardo LEVENE se facilita de ese modo el mutuo

control entre el juez y las partes, y se asegura la comprensión, evitándose que se

altere o deforme la realidad, lo cual ocurre cuando llega a conocimiento del

tribunal en forma mediata o indirecta por el procedimiento escrito, que de por sí

incita a la delegación de funciones.46 En el principio de inmediación el juez debe

estar en contacto personal y directo con las partes y recibir las pruebas en la

misma forma, con los beneficios consiguientes y sólo se consigue en un proceso

donde la oralidad se imponga como facilitadora de la justicia penal.

BODES TORRES apunta que, al momento de examinar las pruebas, la inmediación,

en el contexto del juicio oral, propicia que el juez tenga una imagen directa y

completa de la prueba. Además que pueda recibir por conducto de todos sus

sentidos, la reconstrucción del suceso presuntamente delictivo que se ventila, de

manera insustituible, con una mayor percepción del conjunto que examina. De tal

forma que puedan influir en el juez ciertos elementos subjetivos que no le

proporcionan la simple lectura de los registros.47

De igual forma, la oralidad proporciona de manera más eficiente, la obtención del

conocimiento y la convicción que el tribunal precisa, para dar preferencia al medio

probatorio más cercano al hecho que se ventila, entre todos los medios

concurrentes.48 La comparación y el análisis se facilitan mucho más cuando los

elementos de prueba son recibidos por todos los sujetos del proceso, de manera

45 Idem. 46 LEVENE, Ricardo. op. cit. p. 245. 47 BODES TORRES, Jorge. op. cit. p. 168. 48 GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Daniel. op. cit. p. 92.

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concentrada y continua, como se realiza en el juicio oral. En los procesos escritos

se interponen largos períodos entre la recepción de un elemento probatorio y otro,

lo que dificulta apreciar cuáles serán los más directos para probar el hecho.

Desde luego la inmediación no necesariamente debe ser absoluta. En el juicio

oral es posible introducir ciertos elementos de prueba por lectura o exhibiéndolos,

que sin inmediación proporcionan una información exacta y libre de objeciones,

como serían las fotografías, cintas magnetofónicas, las videocintas, y ciertas

actas cuando no son cuestionadas por las partes, como los planos, mapas,

dictámenes periciales, entre otros.49

La concentración constituye otro de los principios, la cual permite efectuar en una

sola audiencia, o a lo sumo en pocas audiencias próximas, los actos procesales

fundamentales. Evitándose, que se borren las impresiones adquiridas por el juez,

que lo engañe la memoria, y que por cualquier circunstancia cambie el juez que

ha comenzado a intervenir en la causa. La concentración de actos procesales

permite que el juicio se desenvuelva ininterrumpidamente. Con ella, el proceso se

desenvuelve continuamente, es decir, que los actos se siguen unos a otros sin

solución de continuidad, permite al juez que en el momento de dictar sentencia

conserve vivo y fresco el recuerdo de todo lo que ha visto y oído.50 El principio de

la concentración reporta una economía de tiempo, pues acelera el proceso,

elimina las diligencias que no son indispensables y permite que el juez supla las

omisiones de las partes.

La concentración está directamente referida a los sujetos del proceso y a la

recepción de la prueba. La continuidad representa a los actos procesales que

deben realizarse en el juicio. La oralidad impone, inexorablemente, la

concentración y la continuidad, porque los debates prolongados conllevan al

peligro de que se olvide lo actuado, al no existir actas que transcriban literalmente

o interpreten lo que han declarado los testigos y los peritos. A diferencia de la

escritura, donde la prueba es recibida en forma discontinua, en diferentes

momentos y a lo largo de varios meses, incluso muchas veces con años de

distancia entre una y otra. Por lo que debe concluirse que la posibilidad de retener

el contenido de la prueba se debilita frente a la cantidad de intermedios e

49 Idem. p. 93. 50 MENDOZA DÍAZ, Juan. op. cit. p. 59.

19

interrupciones, de ahí que deba vincularse al tribunal y a los sujetos del proceso,

en forma continua e ininterrumpida.51

Otro principio que orienta el proceso penal es el de contradicción, según

MENDOZA,52 mediante él se garantiza que el debate se presente como una

verdadera contienda entre partes. En lo que al acusado respecta se presenta

como la obligación constitucionalmente reconocida de que nadie puede ser

condenado si previamente no ha tenido la posibilidad de ser oído y vencido en

juicio, lo cual se conoce como derecho a resistir la imputación. A través del

mismo, los actos de procedimiento deben efectuarse con intervención de la parte

contraria, la cual tiene el derecho y la oportunidad de oponerse a ellos y de

controlarlos, basta que tenga oportunidad de intervenir, pero no es preciso que lo

haga.

El ordenamiento jurídico cubano no emplea en su léxico el término contradicción.

No obstante, su vigencia se advierte desde la misma Constitución con la

proclamación en su artículo 58 del derecho de defensa que tiene todo acusado.

En lo que respecta a la Ley de procedimiento, su función se reduce a la

concreción de dicho derecho y principio,53 al empleo frecuente del término parte, a

la estructuración del proceso a partir del ejercicio cruzado respecto a la

formulación y demostración de sus pretensiones, al reconocimiento expreso del

desarrollo del juicio oral en forma de debate y al establecimiento del derecho de

última palabra del acusado.

La contradicción sobre la que se mueve el proceso penal está identificada por dos

partes encontradas en virtud de pretensiones que resultan contradictorias. En un

extremo se ubica la parte acusadora, que en la mayoría de los países,54 está

constituida por una institución estatal que recibe el nombre de Ministerio Público,

Ministerio Fiscal o Procuraduría. En el otro extremo se encuentra la parte

acusada, la cual forma parte esencial en el proceso y a través de ella se

complementa el principio de contradicción, del cual se deriva el derecho a la

defensa. Tal derecho es clave en el proceso, pues irradia y se incardina con otros

principios del proceso penal y se corporifica en la Ley mediante el diseño de un

51 GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Daniel. op. cit. p. 93. 52 MENDOZA DÍAZ, Juan. op. cit. p. 60. 53 Tal principio lo regula la LPP en los artículos 1, 249 y 250. 54 Entre ellos Cuba, Argentina, México y Venezuela lo reconocen en sus respectivas leyes procesales penales.

20

conjunto de garantías que en la generalidad de los casos han sido elevadas a la

categoría de derechos fundamentales.55

De nuevo la oralidad se presenta como el mejor facilitador de ese principio básico

del sistema procesal penal, al recibirse en forma directa, sin intermediarios, y de

manera continua y concentrada toda la prueba, exigiéndose la presencia de todos

los sujetos del proceso. La escritura, caracterizada por delegar la recopilación de

la prueba en funcionarios auxiliares del juez, así como también caracterizada por

la discontinuidad de esa recepción, no resulta un instrumento idóneo para realizar

el contradictorio. Tampoco exige la presencia de todos los sujetos a ese

momento, sino conforme examinen las actas podrán ir formulando sus

apreciaciones por separado hasta formar gruesos expedientes, de los que deben

extraerse las piezas importantes de otras que no lo son.56

En el proceso penal también se encuentra el principio de igualdad. En lo político

constituye una derivación hacia el proceso penal de la igualdad de los ciudadanos

ante la Ley, lo que se manifiesta en casi todos los ordenamientos constitucionales

como un derecho fundamental. Desde el punto de vista procesal el principio de

igualdad está estrechamente vinculado con el de contradicción, de forma tal que

se debe ver la contradicción como una manifestación de aquel postulado básico.

Pues lo que condiciona que exista la bilateralidad mencionada es precisamente la

previa aceptación de un presupuesto de igualdad entre los que intervienen en el

debate penal.

GIMENO SENDRA57 considera que el derecho de las partes a no sufrir

discriminación alguna en el ámbito del proceso y a tener las mismas posibilidades

de alegación, prueba e impugnación, es un derecho fundamental autónomo,

consagrado genéricamente en la Constitución y más explícitamente en el derecho

a un proceso con todas las garantías. No obstante lo anterior, se reconoce que

durante la fase de investigación o sumarial, el principio de igualdad sufre un

desbalance a favor del Estado, pues el imperio del proceder inquisitivo en esa

etapa lo condiciona.

55 Entre estos principios se encuentran: el de oralidad, contradicción, inmediación, entre otros y entre los derechos fundamentales está: El derecho del acusado ha ser oído en juicio y públicamente y el derecho a la defensa 56 GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Daniel. op. cit. p. 94. 57 GIMENO SENDRA citado por LEVENE, Ricardo. op. cit.

21

Dentro de los actos de la etapa investigativa que violan el principio de igualdad se

encuentra, las amplias facultades que se le otorgan al órgano jurisdiccional en

relación con la toma de decisiones, en las cuales no interviene la defensa y por lo

tanto van en detrimento de los derechos del acusado, el cual no es parte en el

proceso hasta que el fiscal formule sus conclusiones provisionales o se le dicte

alguna medida cautelar. Las legislaciones han eliminado progresivamente los

beneficios que se conceden a favor del Estado en la fase sumarial, y tratan de

garantizar que prevalezca cada vez más la igualdad de las partes durante la

primera parte del proceso penal. De tal forma se facilita una presencia cada vez

más temprana del abogado en el desarrollo de las investigaciones, y se concede

la mayor oralidad y publicidad en las actuaciones.

Otro de los principios es el de publicidad, el cual permite de manera eficaz el

control popular sobre la administración de justicia, evita arbitrariedades y

contribuye a asegurar la confianza de la sociedad en la impartición de justicia.

Según refiere BODES TORRES,58 la publicidad hace a todos los concurrentes, en

cierta manera, copartícipes del acto de enjuiciar, pues los presentes conocerán de

lo acontecido, valorarán las pruebas y opinarán sobre la decisión de la pena

dispuesta por los jueces. De nuevo el que mejor contribuye a la realización de

esos ideales es el juicio oral frente al escrito. El último se vincula directamente

con el secreto, pues se acompañan muy bien y se refuerzan el uno al otro,

mientras que la oralidad permite la transparencia que los propios ciudadanos

demandan para la actuación de los jueces.

De acuerdo con GONZÁLEZ ÁLVAREZ59 uno de los aspectos más importantes que

debe buscar cualquier proceso de reforma de la justicia penal en América Latina

lo constituye, sin lugar a dudas, la necesidad de que los jueces asuman un mayor

protagonismo social en relación con la solución del conflicto. Es necesario que se

dejen las delegaciones de las tareas jurisdiccionales más importantes, como

ocurre en el sistema escrito, que los jueces sean percibidos por los ciudadanos

ejerciendo sus funciones, que asuman mayor compromiso con la solución de los

problemas que más afectan a la sociedad en lo que se refiere a la justicia penal y,

58 BODES TORRES, Jorge. op. cit. p. 157. 59 GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Daniel. op. cit. p. 95.

22

en definitiva, que sean agentes del proceso político y social en una determinada

sociedad.

Es necesario que la justicia penal se administre de frente a la comunidad, que los

ciudadanos puedan apreciar cómo los jueces ejercen su función, evitando o al

menos poniendo en evidencia y criticando excesos, abusos o impunidad. La

participación de los ciudadanos en la administración de justicia no se agota con su

incorporación como jueces legos, sino que comprende también la posibilidad de

que puedan presenciar el juzgamiento penal, desde el momento en que se

anuncia la acusación, hasta el momento en que se reciben los elementos de

prueba, se formulan conclusiones y alegaciones y se dicte sentencia.

Otro de los principios básicos referidos a la prueba que se pretende fortalecer en

la justicia penal cubana, es el de libertad en la valoración de la prueba. En el

mismo, el juez es libre de asignarle el valor a los elementos de prueba

reproducidos en el juicio, pues el legislador no señala anticipadamente

presunciones probatorias, ni tampoco tasa su valor según la naturaleza, la clase,

o el origen de la misma. Sin embargo el juez se encuentra en la ineludible tarea

de expresar las razones por las cuales asigna un determinado valor a dichas

pruebas y forma su convicción, deber de fundamentación, que lo separa del

jurado.60

Es la oralidad la que permite cumplir precisamente con ese principio básico, pues

garantiza el cumplimiento de las reglas que rigen la apreciación de las pruebas.

Ya que en forma directa, sin intermediarios, el juez o tribunal debe recibir todos

los elementos de prueba, frente a todas las partes. Tarea que le permite apreciar

la veracidad de las mismas según las reglas de la lógica, la experiencia, la

psicología y el sentido común, con mayor posibilidad que cuando simplemente

valora un documento o transcripción de prueba.61

El proceso oral no se inmuniza contra el falso testimonio. Pero permite detectarlo

con mayor posibilidad de éxito que el sistema escrito, donde los oficiales

receptores de pruebas, por lo general sin preparación adecuada, traducen o

interpretan la versión de los testigos. En muchos casos hasta les facilitan mentir, o

60 Vid. MORA, Luis Paulino, y GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Daniel. La prueba en el Código procesal penal tipo para América Latina/.—Roma, 1991.-- p. 75 y CAFFERATA ÑORES, José I. La prueba en el proceso penal/.-- Buenos Aires: Ediciones Depalma. Segunda edición, 1994.—p. 38. 61 GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Daniel. op. cit. p. 96.

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en el mejor de los supuestos desnaturalizan o mutilan su relato, al transcribir en

actas lo que ellos creyeron que dijo el testigo.

En el sistema escrito, no hay posibilidad de apreciar los rasgos humanos

genéricos de los declarantes o el lenguaje de sus gestos tan importantes para la

valoración. Existe una gran infidelidad o insuficiencia del acta con lo

verdaderamente declarado, por traducción, síntesis, ignorancia o desinterés de

quien recibe la prueba, y no hay un conocimiento del caso en todo su conjunto,

por parte de quien recibe la prueba, lo cual provoca importantes lagunas.

Conforme se ha señalado, la oralidad garantiza diversos principios procesales. La

misma constituye el instrumento más adecuado para facilitar la realización de los

fines, principios y garantías del proceso penal. Por tal motivo un sistema con

predomino de la oralidad, posee más ventajas que inconvenientes frente a

sistemas caracterizados por la escritura y la secretividad, de aquí su importancia y

la necesidad de su implementación en todas las etapas del proceso penal.

CONCLUSIONES

1. La oralidad constituye el más importante de los principios que informan el

proceso penal. A través de ella se ponen en práctica los demás principios

que orientan el proceso en todas sus etapas, entre ellos se encuentran el

de contradicción, igualdad, inmediación, entre otros.

2. El proceso penal cubano está marcado por el signo de la oralidad, la cual

se logra mediante la práctica de las pruebas en el juicio oral ante los ojos

del juzgador.

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