juicio político gils carbó 2016

7/25/2019 Juicio Poltico Gils Carb 2016

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PROYECTO DE RESOLUCIN

La Cmara de Diputados de la Nacin,

RESUELVE:

Promover juicio poltico contra la Procuradora General de la Nacin, Alejandra Magdalena

Gils Carb, por mal desempeo en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de

la funcin pblica, de conformidad con lo dispuesto por el artculo 76 de la ley Orgnica

del Ministerio Publico N 27.148y los artculos 53 y concordantes de la Constitucin

Nacional.


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FUNDAMENTOS

Seor presidente:

La Sra. Procuradora General de la Nacin ha cometido actos incompatibles con su

funcin primordial y constitucionalmente concebida de promover la actuacin de la justicia

en defensa de la "legalidad" de los intereses generales de la sociedad, en "coordinacin"

con las dems autoridades de la Repblica (conforme al artculo 120 de la Constitucin

Nacional).

En tal sentido, cabe recordar que la Dra. Gils Carb fue propuesta por la ex

Presidenta Cristina Fernndez de Kirchner para ocupar el cargo de Procuradora General de

la Nacin en el ao 2012, en aquella oportunidad la suscriptaElisa Carri - present ante

la comisin de Acuerdos del Senado de la Nacin una impugnacin a su candidatura en la

cual manifest sus sospechosos criterios jurdicos en relacin a un dictamen sobre

anatocismo y su demora injustificada en dictaminar durante el trmite de los autosComisin Nacional de Valores c/Papel Prensa SACIF s/ apelacin directa . Adems, en

dicha impugnacin se hizo referencia a su ruptura institucional con la Cmara Comercial,

en lo que finalmente termin siendo un claro antecedente de su posterior rol como ariete

para lograr la impunidad de la corrupcin del gobierno de Cristina Kirchner y de su rol para

subvertir el orden constitucional en desmedro del sistema republicano de gobierno.

En el caso Comisin Nacional de Valores c/Papel Prensa en su rol como fiscal

de Cmara, los jueces de su fuero advirtieron que a travs de declaraciones que

distintos medios de comunicacin masiva atribuyen a la Sra. Fiscal General o a su entorno

ms prximo se formulan graves manifestaciones e imputaciones que afectan seriamente la

investidura, dignidad, reputacin y el buen nombre y honor de los jueces de esta Cmara,

con apreciaciones sobre causas en trmite que exorbitan el marco que impone el art. 14, 4

prrafo de la ley 24.946 y podra configurar el supuesto previsto en el art. 16 de la misma

ley.

Asimismo, en la referida impugnacin se advirti sobre como la Dra. Gils Carb, a

travs de su hija y de la fundacin Mercado y Transparencia, difunda notas periodsticas

mendaces para presionar jueces de la Cmara Comercial en la que ella actuaba como fiscal.

Ahora bien, ms all de los hechos anteriormente mencionados, lo cierto es que la

Dra. Gils Carb, ya ejerciendo su cargo de Procuradora General, llev a cabo una serie de

conductas irregulares que ameritan el presente pedido de juicio poltico. En efecto,


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actualmente cuenta con varias denuncias penales en su contra por haber entorpecido

investigaciones judiciales que afectaban los intereses del anterior gobierno nacional y,

adems, por haber designado fiscales ilegalmente, es decir, sin haber cumplido el

procedimiento contemplado en la ley Orgnica del Ministerio Pblico. Asimismo, resulta

de pblico conocimiento la accin persecutoria que ha desplegado en contra de un Fiscal

de Instruccin de la Nacin a fin de lograr su remocin, luego de que este ltimo, con sus

investigaciones, haya expuesto negocios ilegales de empresarios ligados directamente con

la ex Presidenta de la Nacin.

Tal es as que la Dra. Gils Carb se encuentra imputada en varias causas judiciales

por la posible comisin de los delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de

funcionario pblico y abuso de autoridad, puesto que, entre otras actuaciones irregulares,

reiteramos habra designado fiscales ilegalmente, esto es, sin haber cumplido con el

procedimiento previsto a tal efecto, y ha sido acusada de realizar maniobras tendientes a

encubrir, a travs del ejercicio de sus funciones, a funcionarios o personas del crculo de

confianza ms cercano de la ex Presidente de la nacin. A nuestro juicio, dicha situacin

obedeci a la necesidad de entorpecer as otras causas en las que funcionarios de aquellaadministracin se encontraban severamente involucrados.

En efecto, el 26 de abril de 2013, como consecuencia de una denuncia presentada

por el senador nacional Mario Cimadevilla, el fiscal federal Guillermo Marijuan imput a la

Procuradora General de la Nacin, Alejandra Gils Carb, por la presunta comisin de un

delito de accin pblica.

Ello as, pues, segn consta en la denuncia que dio origen a la causa y en el

requerimiento de instruccin del fiscal Marijuan, la Procuradora General habra designado

irregularmente a fiscales subrogantes y ad hoc, toda vez que no fueron nombrados por

concurso ni obtuvieron el acuerdo del Senado.1Entre dichas designaciones irregulares, se

encuentra la del seor Carlos Gonella, designado como titular de la Procuradura de

Criminalidad Econmica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Asimismo, cabe destacar que dicha causa recay en el juzgado del Dr. Sebastin

Casanello, quien, sin adoptar ninguna medida de prueba, archiv la causa. Sin embargo, la

sala I de la Cmara Federal revoc la decisin del juez federal Casanello que haba

1Imputaron a Gils Carb por designaciones ilegales de fiscales, publicado en La Nacin el da 27de abril de

2013. Disponible en:http://www.lanacion.com.ar/1576868-imputaron-a-gils-carbo-por-designaciones-ilegales-de-fiscales
http://www.lanacion.com.ar/1576868-imputaron-a-gils-carbo-por-designaciones-ilegales-de-fiscaleshttp://www.lanacion.com.ar/1576868-imputaron-a-gils-carbo-por-designaciones-ilegales-de-fiscaleshttp://www.lanacion.com.ar/1576868-imputaron-a-gils-carbo-por-designaciones-ilegales-de-fiscaleshttp://www.lanacion.com.ar/1576868-imputaron-a-gils-carbo-por-designaciones-ilegales-de-fiscaleshttp://www.lanacion.com.ar/1576868-imputaron-a-gils-carbo-por-designaciones-ilegales-de-fiscaleshttp://www.lanacion.com.ar/1576868-imputaron-a-gils-carbo-por-designaciones-ilegales-de-fiscales


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considerado que los nombramientos de la Procuradora no constituan delito, y orden

reabrir la causa contra Gils Carb.2

As las cosas, en octubre de 2013 el fiscal Marijuan solicit que la procuradora

Alejandra Gils Carb sea citada a prestar declaracin indagatoria por dos delitos: abuso de

autoridad y violacin de deberes de funcionario pblico.3

En efecto, la acus de haber nombrado a Carlos Gonella "fiscal general subrogante"

sin concurso previo ni acuerdo del Senado para ponerlo al frente de una procuracin

especial creada por ella, la Procuradura de Criminalidad Econmica y Lavado de Activos

(Procelac). En el escrito del fiscal puede leerse lo siguiente: "La seora procuradora olvid

los lmites de su labor, invadiendo terrenos propios de otros poderes, y al hacerlo conspir

contra las instituciones de la Repblica"

Cabe destacar que Marijuan present su escrito ante el juez federal Sebastin

Casanello, pero le pidi que "declinara la competencia", es decir, que le remitiera la causa a

otro juez, Marcelo Martnez de Giorgi, que tiene abierta una causa contra Gils Carb yGonella por un supuesto encubrimiento en el expediente que investiga a Lzaro Bez por

lavado de dinero (a continuacin se hace mencin a dicha causa).

Esta situacin evidencia que su actuacin al frente del Ministerio Pblico tuvo como

objeto principal el de garantizarle impunidad al anterior Gobierno Nacional. Lejos de

cumplir con el rol que la Constitucin le asigna; promover la actuacin de la justic ia en

defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, se ha dedicado a someter

su actuacin a los intereses de la ex Presidente de la Nacin, dejando de lado la

independencia que debera tener como cabeza del Ministerio Pblico, un rgano extra

poder al que nuestra Carta Magna le asign autonoma funcional y autarqua financiera.

Por otra parte, en mayo de 2013 el fiscal federal Gerardo Di Massi imput a Gils

Carb, al juez Casanello y a dos fiscales Carlos Gonella y Omar Orsipor el supuesto

encubrimiento del empresario Lzaro Bez en la investigacin por lavado de dinero, en el

marco de una denuncia que hiciera quien suscribe - diputada Carri - quien acus a la jefa

de los fiscales y al magistrado de encubrir a Bez en la investigacin por lavado de dinero.4

2La Cmara Federal revoc la desestimacin de una denuncia contra la procuradora general de la Nacin,

publicado en el Centro de Informacin Judicial (CIJ) el da 28/05/2013. Disponible en:

http://www.cij.gov.ar/nota-11516-La-C-mara-Federal-revoc--la-desestimaci-n-de-una-denuncia-contra-la-

procuradora-general-de-la-Naci-n.html3El fiscal Marijuan pidi la indagatoria de Gils Carb por "abuso de autoridad", publicado en La Nacin el

da 1/11/2013. Disponible en:http://www.lanacion.com.ar/1634431-el-fiscal-marijuan-pidio-la-indagatoria-

de-gils-carbo-por-abuso-de-autoridad

4Expte. N 47.773/2013 en trmite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 8.
http://www.cij.gov.ar/nota-11516-La-C-mara-Federal-revoc--la-desestimaci-n-de-una-denuncia-contra-la-procuradora-general-de-la-Naci-n.htmlhttp://www.cij.gov.ar/nota-11516-La-C-mara-Federal-revoc--la-desestimaci-n-de-una-denuncia-contra-la-procuradora-general-de-la-Naci-n.htmlhttp://www.cij.gov.ar/nota-11516-La-C-mara-Federal-revoc--la-desestimaci-n-de-una-denuncia-contra-la-procuradora-general-de-la-Naci-n.htmlhttp://www.lanacion.com.ar/1634431-el-fiscal-marijuan-pidio-la-indagatoria-de-gils-carbo-por-abuso-de-autoridadhttp://www.lanacion.com.ar/1634431-el-fiscal-marijuan-pidio-la-indagatoria-de-gils-carbo-por-abuso-de-autoridadhttp://www.lanacion.com.ar/1634431-el-fiscal-marijuan-pidio-la-indagatoria-de-gils-carbo-por-abuso-de-autoridadhttp://www.lanacion.com.ar/1634431-el-fiscal-marijuan-pidio-la-indagatoria-de-gils-carbo-por-abuso-de-autoridadhttp://www.lanacion.com.ar/1634431-el-fiscal-marijuan-pidio-la-indagatoria-de-gils-carbo-por-abuso-de-autoridadhttp://www.lanacion.com.ar/1634431-el-fiscal-marijuan-pidio-la-indagatoria-de-gils-carbo-por-abuso-de-autoridadhttp://www.cij.gov.ar/nota-11516-La-C-mara-Federal-revoc--la-desestimaci-n-de-una-denuncia-contra-la-procuradora-general-de-la-Naci-n.htmlhttp://www.cij.gov.ar/nota-11516-La-C-mara-Federal-revoc--la-desestimaci-n-de-una-denuncia-contra-la-procuradora-general-de-la-Naci-n.html


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Posteriormente, Gonella y Orsi fueron procesados por la presunta comisin de los delitos

por los que fueron imputados.

Por ltimo, en enero de 2015 el fiscal federal Guillermo Marijuan imput

nuevamente a la Procuradora General de la Nacin, Alejandra Gils Carb, por la posible

comisin de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario pblico y abuso de

autoridad por no haber aplicado el procedimiento habitual ante un pedido de remocin que

hizo el juez federal Claudio Bonado contra el titular de la PROCELAC, Carlos Gonella.5

Cabe recordar que el juez Bonado investigaba a Gonella por la supuesta violacin

de secreto de una causa judicial, y luego que ste no se presentara ante reiteradas citaciones

a prestar declaracin indagatoria, el juez lo denunci y pidi su desafuero. 6

Sin embargo, Gils Carb desestim dicha acusacin contra Gonella. Como

consecuencia de ello, el magistrado denunci a la Procuradora por la no aplicacin del

procedimiento habitual que deba realizar previo a rechazarla.

En suma, el fiscal Marijuan, reemplazando a su par Carlos Rvolo, imput

nuevamente a la Procuradora y pidi una serie de medidas ante el juez que lleva la causa,

Sergio Torres.

Otro captulo que por conocido se omite merecera las reiteradas persecuciones a los

fiscales y funcionarios del Ministerio Publico que actan con independencia de sus

arbitrarias rdenes o que investigan hechos de corrupcin de funcionarios o allegados a la

ex Presidenta de la Nacin.

A continuacin expondremos con ms precisin las causales a las que hicimos

referencia ut supra, junto a otras causales que tambin consideramos pertinente desarrollar,

y que, a nuestro entender, ameritan dar inicio a un proceso de juicio poltico contra la

Procuradora General de la Nacin, Alejandra Gils Carb.

1. PRIMERA CAUSAL: LA ILEGAL DESIGNACIN DE FISCALES MEDIANTE

MECANISMOS Y SU FALAZ JUSTIFICACIN.

5Un fiscal imput a la procuradora Gils Carb, publicado en Clarin.com el da 08/01/2015. Disponible en:

http://www.clarin.com/politica/Justicia-Alejandra_Gils_Carbo-Guillermo_Marijuan_0_1281471886.html6El juez Claudio Bonadio declar en rebelda al fiscal Carlos Gonella y pidi que se le inicie juicio poltico,

publicado en el Centro de Informacin Judicial (CIJ) el da 22/12/2014. Disponible en:

http://www.cij.gov.ar/nota-14654-El-juez-Claudio-Bonadio-declar--en-rebeld-a-al-fiscal-Carlos-Gonella-y-pidi--que-se-le-inicie-juicio-pol-tico.html
http://www.clarin.com/politica/Justicia-Alejandra_Gils_Carbo-Guillermo_Marijuan_0_1281471886.htmlhttp://www.clarin.com/politica/Justicia-Alejandra_Gils_Carbo-Guillermo_Marijuan_0_1281471886.htmlhttp://www.cij.gov.ar/nota-14654-El-juez-Claudio-Bonadio-declar--en-rebeld-a-al-fiscal-Carlos-Gonella-y-pidi--que-se-le-inicie-juicio-pol-tico.htmlhttp://www.cij.gov.ar/nota-14654-El-juez-Claudio-Bonadio-declar--en-rebeld-a-al-fiscal-Carlos-Gonella-y-pidi--que-se-le-inicie-juicio-pol-tico.htmlhttp://www.cij.gov.ar/nota-14654-El-juez-Claudio-Bonadio-declar--en-rebeld-a-al-fiscal-Carlos-Gonella-y-pidi--que-se-le-inicie-juicio-pol-tico.htmlhttp://www.cij.gov.ar/nota-14654-El-juez-Claudio-Bonadio-declar--en-rebeld-a-al-fiscal-Carlos-Gonella-y-pidi--que-se-le-inicie-juicio-pol-tico.htmlhttp://www.cij.gov.ar/nota-14654-El-juez-Claudio-Bonadio-declar--en-rebeld-a-al-fiscal-Carlos-Gonella-y-pidi--que-se-le-inicie-juicio-pol-tico.htmlhttp://www.clarin.com/politica/Justicia-Alejandra_Gils_Carbo-Guillermo_Marijuan_0_1281471886.html


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1.1. La Creacin de la PROCELAC. Antecedentes Fcticos.

Mediante la Resolucin PGN Nro. 914/2012 (Artculos 1 y 2) la Procuradora

General de la Nacin resolvi crear la "Procuradura de Criminalidad Econmica y

Lavado de Activos" (PROCELAC), que quedar a cargo de un/una Fiscal General que

coordinar y dirigir la actuacin de seis reas operativas"(punto III prrafo cuarto de los

Considerandos), a saber:

(a) Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo;

(b) Fraude Econmico y Bancario;

(c) Mercado de Capitales;

(d) Delitos Tributarios y Aduaneros

(e) Delitos contra la Administracin Pblica;

(f) Concursos y Quiebras.

Dicha Procuradura se cre so pretexto de que " (...) hasta hoy no se ha logrado

revertir el sesgo selectivo del sistema penal y se verifica un bajo impacto en la persecucin

de los casos complejos de criminalidad econmica (...)" lo cual aconseja "la aplicacin de

una estructura institucional comprehensiva, que facilite el intercambio de informacin y la

adopcin de estrategias convergentes, de modo de centralizar las tareas de intervencin,

asesoramiento de fiscales, coordinacin y seguimiento de casos" (cfr. Punto III prrafos

primero y cuarto).

Adems, "ms all de las competencias sealadas, las distintas reas operativas

podrn comprender tambin la actuacin del Ministerio Pblico en procesos no penales

vinculados con la temtica especfica de cada una de ellas (artculo 41 de la Ley Orgnica

del Ministerio Pblico)"(cfr. Punto III prrafo sexto).

Conforme al punto IV, Apartado A, el Fiscal General a cargo de la Procuradura

tendra las siguientes funciones, entre otras:

(i) Intervenir como fiscal principal o coadyuvante en los casos que versen sobre hechos

de la competencia de las reas operativas de la Procuradura, en todas las instancias.


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(ii) Intervenir cuando la Administracin solicite la realizacin de actos que requieran

autorizacin judicial y as corresponda.

(iii) Recibir denuncias y, cuando el caso lo requiera, realizar - junto con quien coordine

el rea operativa respectiva- las medidas necesarias para determinar los extremos de los

artculos 174 y ccs. CPPN. En caso de considerarlo necesario podr remitir estas denuncias

al/a la fiscal que corresponda.

(iv) Realizar, junto con quien coordine el rea operativa respectiva, investigaciones

preliminares respecto de hechos que revistan trascendencia institucional e impacto

socioeconmico, con el fin de requerir la instruccin del sumario (artculos 181 y ccs.

CPPN).

(v) Establecer la prioridad de las intervenciones de los/las fiscales ad hoc que

componen la Procuradura en los casos que, a raz de su trascendencia institucional e

impacto socioeconmico, resulte conveniente reforzar la representacin del MinisterioPblico.

(vi) Elevar a consideracin de la Procuradora General de la Nacin propuestas

vinculadas con la creacin de estructuras que repliquen la actuacin de las reas operativas

de la Procuradura en las distintas regiones del pas, con las que se coordinarn acciones y

elaborarn estrategias de investigacin ajustadas a las caractersticas del lugar de que se

trate.

A su vez, conforme al punto IV, Apartado B los Coordinadores de las reas

operativas, bajo la direccin y supervisin del/de la Fiscal General a cargo de la

Procuradura, tendran las siguientes funciones, entre otras:

(i) Intervenir como fiscales ad hoc en los casos que versen sobre hechos de la

especialidad de sus reas operativas, en todas las instancias -segn los requisitos exigidos

por la resolucin PGN 104/03-.

(ii) Prestar asesoramiento tcnico y brindar la colaboracin necesaria a las Fiscalas que

intervienen en la investigacin de los hechos de referencia.

(iii) Realizar tareas de coordinacin entre las distintas Fiscalas que intervienen en casos

de su especialidad y efectuar el seguimiento de los procesos que incluyan hechos del

mbito de su incumbencia.


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Luego, mediante Resolucin PGN 915/2012, se destaca "la necesidad de establecer

una estructura fija que permita maximizar los recursos humanos de la nueva estructura e

permita maximizar los recursos humanos de la nueva estructura y verificada que fuera la

disponibilidad material de los recursos necesarios para financiar la medida proyectada, se

asignar un (1) cargo de Fiscal General de la Procuracin General de la Nacin,

destinado al titular de la "Procuradura de Criminalidad Econmica y Lavado de Activos y

un contrato equiparado al cargo de Subsecretario Letrado de la Procuracin General de la

Nacin, destinado al Coordinador del rea operativa "Fraude Econmico y Bancario".

Con el mismo objetivo se dispondr la afectacin de funcionarios que actualmente se

desempean en el rea Operativa de la Procuracin General de la Nacin y en la Fiscala

General ante la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, como Coordinadores de

las restantes reas Operativas de la Procuradura" (punto II prrafo segundo de los

Considerandos).

As, la Procuradora General de la Nacin procedi a designar al "Fiscal General" y a

los Coordinadores, del siguiente modo:

(i) Habilit un (1) cargo de Fiscal General de la Procuracin General de la Nacin y un

(1) cargo de Subsecretario Letrado de la Procuracin General de la Nacin (artculo 1);

(ii) Design al doctor Carlos Gonella, Fiscal General Subrogante de la Fiscala N 2

ante los Tribunales Orales Federales de Crdoba, en funcin de la habilitacin dispuesta en

el artculo 1, como Fiscal General Subrogante de la Procuracin General de la Nacin, a

cargo de la "Procuradura de Criminalidad Econmica y Lavado de Activos";

(iii) Design al doctor Omar Gabriel Orsi, Prosecretario Letrado de la Procuracin

General de la Nacin, como Coordinador del rea "Lavado de Activos y Financiamiento del

Terrorismo" y Fiscal Ad-Hoc en los trminos dispuestos en la Resolucin PGN 914/12;

(iv) Autoriz la contratacin bajo la modalidad de relacin de dependencia en un cargo

equiparado al de Subsecretario Letrado de la Procuracin General de la Nacin, en funcin

de la habilitacin dispuesta en el artculo 1, del doctor Pedro Biscay, a partir de la firma del

instrumento respectivo y hasta el 30 de junio de 2013, para que se desempee como

Coordinador del rea "Fraude Econmico y Bancario" y Fiscal Ad-Hoc en los trminos

dispuestos en la Resolucin PGN 914/12;

(v) Design a la doctora Mara Macarena Comas Wells, Prosecretaria Letrada Interina

de la Procuracin General de la Nacin, como Coordinadora del rea "Mercado de


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Capitales" de la "Procuradura de Criminalidad Econmica y Lavado de Activos" y Fiscal

Ad-Hoc en los trminos dispuestos en la Resolucin PGN 914/12;

(vi) Design al doctor Juan Pedro Zoni, Subsecretario Letrado interino de la Procuracin

General de la Nacin, como Coordinador del rea "Delitos Tributarios y Contrabando" y

Fiscal Ad-Hoc en los trminos dispuestos en la Resolucin PGN 914/12;

(vii) Design al doctor Milton Khaski, Subsecretario Letrado interino de la Procuracin

General de la Nacin, como Coordinador del rea "Delitos contra la Administracin

Pblica" y Fiscal Ad-Hoc en los trminos dispuestos en la Resolucin PGN 914/12;

(viii) Design a la doctora Mariel Dermardirossian, Secretaria de la Fiscala General ante

la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, como Coordinadora del rea

"Concursos y Quiebras" y Fiscal Ad-Hoc en los trminos dispuestos en la Resolucin PGN

914/12, sin perjuicio del cargo que actualmente ostenta en la Fiscala General de la Cmara

Nacional de Apelaciones en lo Comercial, conforme el rgimen establecido en la

Resolucin PGN 914/12.

1.2. La Creacin de la Procunar. Antecedentes Fcticos

Con igual mtodo al mencionado en el punto 1.2., mediante Resoluciones PGN Nro.

208/2013 y 209/2013 la Sra. Procuradora General de la Nacin cre la Procuradura de

Narcocriminalidad (PROCUNAR) con las siguientes reas operativas:

(i) Informacin e investigaciones;

(ii) Relaciones con la comunidad e interinstitucional y;

(iii) Anlisis y planificacin.

Ello, supuestamente, en razn de que "existen fiscalas federales en todo el

territorio nacional, de la multiplicidad de actores formales e informales involucrados en la

problemtica y de la pluralidad de jurisdicciones estatales involucradas -propia de nuestro

sistema de organizacin federal del Estado-, resulta aconsejable disear, en principio, una

estructura gil y verstil que permita cumplir con los objetivos encomendados a este

Ministerio Pblico Fiscal por las normas de la ms alta jerarqua" (punto III sexto

prrafo).


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El Fiscal a cargo de la Procuradura de Narcocriminalidad, ser un "Fiscal con

antecedentes, formacin profesional y acadmica, y experiencia en el campo de su

incumbencia" (punto VI) y tendr las siguientes funciones (punto V A), entre otras:

(i) Intervenir como fiscal principal o coadyuvante en los casos que versen sobre los

delitos tipificados por la ley N 23.737 y con aquellos que resulten conexos, en todas las

instancias.

(ii) recibir denuncias y, cuando el caso lo requiera, ordenar la realizacin de las medidas

necesarias para determinar los extremos de los delitos materia de su competencia as como

remitir, en caso de considerarlo necesario, estas denuncias al/a la fiscal que corresponda;

(iii) realizar investigaciones preliminares respecto de hechos que revistan trascendencia

institucional dentro del marco de su competencia especfica, con el fin de requerir la

instruccin del sumario (artculos 181 y ccs. CPPN);

(iv) elevar a consideracin de la Procuradora General de la Nacin propuestasvinculadas con la creacin de estructuras que repliquen la actuacin de la Procuradura en

las distintas regiones del pas, con las que se coordinarn acciones y elaborarn estrategias

de investigacin ajustadas a las caractersticas del lugar de que se trate.

Por su parte, el Coordinador Operativo, bajo la direccin y supervisin del Fiscal a

cargo de la Procuradura, tendr las siguientes funciones, entre otras (punto V B):

(i) coordinar el funcionamiento de las reas operativas de la PROCUNAR;

(ii) otras que el titular de la Procuradura considere oportuno asignar en el marco de sus

competencias especficas.

As, mediante PGN Nro 209/2013, la Sra. Procurador design al Dr. Flix Pablo

Crous como Fiscal a cargo de la PROCUNAR quien es Fiscal de la Procuracin General de

la Nacin debidamente nombrado, para lo cual obtuvo, oportunamente, el acuerdo

senatorial.

Sin perjuicio de ello, debe sealarse que ello no subsana el hecho de que, como se

ver, se est designando a un fiscal para un cargo que no est legalmente creado, y que se

vulneran las jerarquas establecidas, tanto extrnsecamente, al admitirse que el Dr. Crous

reemplace a fiscales de mayor jerarqua como intrnsecamente, al otorgarse al Dr. Crous

una jerarqua "flexible" o "itinerante" (al igual que al resto de los designados) al admitirle


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asumir tareas correspondientes a distintas fiscalas y jerarquas tanto simultneamente como

sucesivamente.

1.3. El anlisis de la ilegalidad manifiesta y el mal desempeo

1.3.1. La Gravedad de las Acusaciones: La Violacin al Artculo 120 de la

Constitucin Nacional. La Violacin a la Razn de Ser y la Naturaleza y Espritu y

Sentido de la Creacin de la Procuracin General de la Nacin

El artculo 120 de la Constitucin Nacional establece, en su parte pertinente, que "El

Ministerio Pblico (...) tiene por funcin promover la actuacin de la justicia en defensa de

la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinacin con las dems

autoridades de la Repblica (...) Sus miembros gozan de inmunidades funcionales (...)".

Del artculo transcripto surge la funcin constitucionalmente concebida del

Ministerio Pblico. Es llevar adelante tal funcin que ello est destinado el "desempeo"

que debe tener quien est llamado a encabezar dicho Ministerio, en este caso, laProcuradora General de la Nacin.

Independientemente de la valoracin subjetiva, en esta instancia introductoria, sobre

la finalidad perseguida con los actos que se denuncian, resulta evidente que la promocin

de la actuacin de la justicia, en defensa de la legalidad de los intereses de la sociedad

(artculo 120 de la Constitucin Nacional) no puede ser buscada mediante mecanismos que

violan la propia legalidad establecida, pues ello constituye un claro contrasentido. La

violacin a la ley, por parte de un funcionario pblico, resulta no slo un acto antitico y

jurdicamente reprochable en general, sino el mal desempeo de sus funciones, tanto ms

en cabeza de quien est llamado a defender, directamente y a travs de la justicia, la

legalidad de los intereses de la sociedad. Ninguna legalidad puede defenderse mediante la

ilegalidad.

Tampoco es admisible que, la pretendida "legalidad de intereses generales de la

sociedad" pretenda perseguirse vulnerndose palmariamente la "coordinacin" con las

dems autoridades de la Repblica, a la que hace expresa referencia el artculo 20 de la

Constitucin Nacional. Ello, particularmente cuando dicha coordinacin no es meramente

ventajosa o voluntaria, sino que est, tambin, constitucional y legalmente establecida.

Pues, si por un lado, dicha coordinacin apunta, por un lado, a la relacin con el Poder

Ejecutivo respecto de la poltica criminal del Estado cuyos intereses representa, y tambin

con el propio Poder Legislativo, en lo que hace al impulso y sancin de normas penales,

tambin se proyecta sobre las dems funciones del Estado constitucionalmente y


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legalmente establecidas. En el caso de la designacin de fiscales, esta coordinacin debe

darse, como se ver, mediante la obligatoria presentacin al Poder Ejecutivo de la Nacin

de las ternas de quienes hubieren ganado los respectivos concursos pblicos de oposicin y

antecedentes, legalmente llevados, y mediante la aprobacin del Senado de quien fuere

seleccionado por el Poder Ejecutivo.

En el caso particular, ambos aspectos (la violacin a la legalidad y a la coordinacin

constitucionalmente establecidas) implican, adems, la violacin al principio constitucional

de divisin de poderes, puesto que, por un lado, corresponde al Congreso dictar las leyes,

entre ellas, la 24.946 (Ley Orgnica del Ministerio Pblico) y su modificacin corresponde

slo a ste, no pudiendo ni debiendo dicha modificacin ser lograda "de facto" por los

funcionarios, so pretexto de encontrar urgentes soluciones a las situaciones fcticas

planteadas; y por el otro, resulta patente que la falta de remisin de los respectivos

candidatos legalmente seleccionados para aprobacin de los dems poderes implica una

sustraccin a las funciones que a stos les competen.

Por ltimo, aun cuando constitucionalmente los miembros gozan de inmunidadesfuncionales, dicha inmunidad se lesiona si se admite que por vas contrarias a las leyes se

otorguen pueda producirse la remocin "de facto" de quienes gozan de dicha inmunidad.

Cabe agregar que, como se ver en el punto 2.3.2. subsiguiente, el artculo 25 inciso

g) de la ley 24.946 establece que corresponde al Ministerio Pblico "Velar por la

observancia de la Constitucin Nacional y las leyes de la Repblica".

En conclusin, estamos frente a un funcionario pblico que ha violentado y

quebrantado las propias normas constitucionales que crean su funcin. Ya no se trata,

nicamente, de valorar subjetivamente si el desempeo ha sido bueno o malo. El

desempeo ha sido contrario a lo que la Constitucin Nacional establece. El desempeo ha

erosionado la propia existencia y finalidad del cargo. Pues, cuando un cargo es creado con

un objetivo especfico determinado, con muy pocos pero inquebrantables principios

constitucionalmente establecidos, la vulneracin a tal objetivo y a tales principios implica

que se ha vaciado de contenido a su razn de ser.

1.3.2. La Violacin a la Ley de Ministerio Pblico N 24.946 y a Su Espritu

Conforme a lo descripto anteriormente, resulta evidente que la Sra. Procuradora

General de la Nacin ha quebrantado y/o vulnerado y/o alterado, de manera clara, diversas

normas legales:


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(i) Artculo 3 de la Ley de Ministerio Pblico: "El Ministerio Pblico Fiscal est

integrado por los siguientes magistrados: a) Procurador General de la Nacin; b)

Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacin y Fiscal Nacional de

Investigaciones Administrativas; c) Fiscales Generales ante los tribunales colegiados, de

casacin, de segunda instancia, de instancia nica, los de la Procuracin General de la

Nacin y los de Investigaciones Administrativas; d) Fiscales Generales Adjuntos ante los

tribunales y de los organismos enunciados en el inciso c); e) Fiscales ante los jueces de

primera instancia: los Fiscales de la Procuracin General de la Nacin y los Fiscales de

Investigaciones Administrativas; f) Fiscales Auxiliares de las fiscalas de primera instancia

y de la Procuracin General de la Nacin:

Como puede advertirse, las designaciones efectuadas por la Sra. Procuradora no se

hallan contempladas en los cargos mencionados; porque adems, no puede incurrirse en la

falacia de que porque a travs de las designaciones se otorga el ttulo de "fiscal" ello suple

la falta de cumplimiento de las exigencias legales para ostentar el cargo.

Pues, como dijo nuestro Mximo Tribunal "la naturaleza jurdica de una institucin,conviene recordarlo, debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la

constituyen, con independencia del nombre que el legislador -o los contratantes- le

atribuyan (doctrina de Fallos 303:1812 y su cita) (a lo que agrego, la Sra., Procuradora

Fiscal); cualquier limitacin constitucional que se pretendiese ignorar bajo el ropaje del

nomen iuris sera inconstitucional (Fallos 329:3680)".

Adems, en el caso, se afectan las jerarquas legalmente establecidas. La categora

de fiscal "ad hoc" no slo no existe legalmente, sino que atenta contra el propio concepto

de magistratura, porque es una situacin de hecho no legal, y porque, por un lado conlleva,

per se, la falta de estabilidad de quien es designado y por el otro, genera una falta de

estabilidad en los terceros magistrados debidamente designados.

Adicionalmente, la "creacin" de la Sra. Procuradora autoriza a quienes ha investido

de los distintos cargos a "Intervenir como fiscal principal o coadyuvante" o "como fiscal ad

hoc" (...) en todas las instancias". As, se permite reemplazar, limitar, controlar y

direccionar la labor de quienes fueren fiscales "naturales" principales legalmente

designados. Y cuando, por razn de vacancia u otras cuestiones, no hubiere quien ocupara

el cargo, se permite alterar el mecanismo de designacin y reemplazo que impone la ley.

Asimismo, la participacin "en todas las instancias" establece una suerte de flexibilidad o

"comodn" no concebidos normativamente. Vase que, mientras quienes concursan

legtimamente por un cargo obtienen uno y nicamente un cargo, con funciones especficas,


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y responsabilidades emergentes de ellas, sujetndose a jerarquas y sanciones disciplinarias,

los "fiscales sujetas.

(ii) Artculo 5 de la Ley de Ministerio Pblico: "El Procurador General de la Nacin y

el Defensor General de la Nacin sern designados por el Poder Ejecutivo nacional con

acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Para la designacin del

resto de los magistrados mencionados en los inciso b), c), d), e) y f) de los artculos 3 y 4,

el Procurador General de la Nacin o el Defensor General de la Nacin, en su caso,

presentara una terna de candidatos al Poder Ejecutivo de la cual ste elegir uno, cuyo

nombramiento requerir el acuerdo de la mayora simple de los miembros presentes del

Senado".

Salvo el caso del Dr. Flix Pablo Cours, en ningn caso se cumpli con los

mecanismos de designacin legalmente concebidos, lo cual viola no slo la ley en s

misma, sino el principio de igualdad respecto de los fiscales que s han sido sujetos a los

exigentes mecanismos legales de designacin. A los sujetos designados ilegalmente se les

han atribuido potestades, facultades y derechos que corresponden nicamente a quienes hansido regularmente nombrados. Tanto ms grave es esta violacin por cuanto no slo se

nombran pares o superiores jerrquicos por fuera de la ley, sino que se permite el

desplazamiento "de facto" de los magistrados legalmente designados.

Por su parte, resulta insuficiente sostener que hubo antecedentes de cargos cubiertos

mediante designaciones "ad hoc", designaciones que ya ostentaran algunos de los

nombrados por la Sra. Procuradora. Ello, por cuanto la existencia de irregularidades previas

no convierte en regulares a las nuevas designaciones. Pero, adems, el carcter otorgado a

las nuevas designaciones, por su jerarqua, flexibilidad, atipicidad funcional excede

ampliamente cualquier antecedente existente.

Asimismo, tal como sealara el fallo de la Sala I, Causa N 48.321, "Gils Carb,

Alejandra s/desestimacin" Juzgado N 7, Secretara N 14, Expte. N 3349/13 "No se

tratara aqu de dirigir una imputacin porque la jefa de la Procuracin, por fuera del

procedimiento reglamentario cubri cargos que por diversos motivos quedaron vacos en

distintas reas en las que normativamente se organiza el Ministerio Fiscal. La cuestin

reside en que fue ella la que primero gener esos espacios, sin ninguna contencin legal que

los respalde, y luego los revisti con magistrados que carecen de la debida legitimidad

poniendo en peligro, de este modo, toda investigacin en la que aqullos intervengan

asumiendo ese carcter (...) la gravedad de las imputaciones (...) no poda ser reducida

mediante la simple apelacin a un recurso dialctico (...)


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(iii) Artculo 6 de la Ley de Ministerio Pblico: "La elaboracin de la terna se har

mediante el correspondiente concurso pblico de oposicin y antecedentes, el cual ser

sustanciado ante un tribunal convocado por el Procurador General de la Nacin o el

Defensor General de la Nacin, segn el caso". El tribunal se integrar con cuatro (4)

magistrados del Ministerio Pblico con Jerarqua no inferior a los cargos previstos en el

inciso c) de los artculos 3 y 4, los cuales sern escogidos otorgando preferencia por

quienes se desempeen en el fuero en el que exista la vacante a cubrir. Ser presidido por

un magistrado de los enunciados en el artculo 3 incisos b) y c) o en el artculo 4 incisos

b) y c), segn corresponda; salvo cuando el concurso se realice para cubrir cargos de

Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, Fiscal Nacional de

Investigaciones Administrativas, Fiscal General, Defensor Oficial ante la Corte Suprema de

Justicia de la Nacin o Defensor Pblico ante tribunales colegiados, supuestos en los cuales

deber presidir el tribunal examinador, el Procurador General o el Defensor General de la

Nacin, segn el caso".

No hace falta ahondar demasiado en la violacin a la norma transcripta. Para las

designaciones efectuadas no se han elaborado ni ternas ni concursos. Ello conlleva unaclara ilegalidad, y la violacin al principio de igualdad.

A mayor abundamiento, cabe sealar que en el marco de la propia Procuracin,

previo a la designacin de la Sra. Procuradora fue dictada la Resolucin PGN No.

101/2007, que establece el "Rgimen de Seleccin de Magistrados del Ministerio Pblico

Fiscal de la Nacin, norma que, no obstante, tienen la omisin de no fijar el plazo dentro

del cual el Procurador General de Nacin debe efectuar la convocatoria al concurso para la

cobertura de una vacante.

No obstante, queda claro que para la designacin de magistrados del Ministerio

Pblico Fiscal se requieren tres pasos fundamentales: a) concurso de antecedentes y

oposicin, pblico y abierto; b) elaboracin de una terna de candidatos; c) acuerdo

senatorial, tres pasos violentados mediante la conducta de la Sra. Procuradora.

(iv) Artculo 11 de la Ley de Ministerio Pblico: "En caso de recusacin, excusacin,

impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Pblico se

reemplazarn en la forma que establezcan las leyes o reglamentaciones correspondientes. Si

el impedimento recayere sobre el Procurador General de la Nacin o el Defensor General

de la Nacin, sern reemplazados por el Procurador Fiscal o el Defensor Oficial ante la

Corte Suprema de Justicia de la Nacin, en su caso, con mayor antigedad en el cargo. De

no ser posible la subrogacin entre si, los magistrados del Ministerio Pblico sern

reemplazados por los integrantes de una lista de abogados que renan las condiciones para


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ser miembros del Ministerio Pblico, la cual ser conformada por insaculacin en el mes de

diciembre de cada ao. La designacin constituye una carga pblica para el abogado

seleccionado y el ejercicio de la funcin no dar lugar a retribucin alguna".

Como se aprecia, no resulta justificacin la existencia de vacancias para proceder a

las ilegales designaciones efectuadas. La normativa prev cmo debe procederse en tales

supuestos, asegurando, siempre, ya que quienes sean designados cumplan con los requisitos

legales para ser magistrado, ya la independencia absoluta de quien no cumpliendo con

dicha funcin fuere designado con esta carga pblica.

Por su parte, el "Rgimen de Subrogancias" est expresamente previsto mediante las

Resoluciones PGN N 13/1998, 35/1998 y 128/2002, establecindose especficamente el

orden, y qu fiscales subrogarn a qu fiscales segn el grado, la competencia, la jerarqua

y la especialidad. De ms est aclarar que la modificacin de estas normas de inferior

jerarqua por parte de la Sra. Procuradora no alterara, de cualquier manera, la ilegalidad de

sus actos, por cuanto en todos los casos deber respetarse lo dispuesto en las normas de

superior jerarqua, conforme al artculo 31 de la Constitucin Nacional.

(v) Artculo 12 de la Ley de Ministerio Pblico: "Las remuneraciones de los integrantes

del Ministerio Pblico se determinarn del siguiente modo: (...) b) Los Procuradores

fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacin y los Defensores Oficiales ante la

Corte Suprema de Justicia de la Nacin, percibirn un 20% ms, de las remuneraciones que

correspondan a los Jueces de Cmara (...) c) (...) los magistrados enumerados en el inciso c)

de los artculos 3 y 4 de la presente ley, percibirn una remuneracin equivalente a la de

un juez de Cmara. d) Los magistrados mencionados en los incisos d) y e) de los artculos

3 y 4 de la presente ley, percibirn una retribucin equivalente a la de juez de primera

instancia. e) Los fiscales auxiliares de las fiscalas ante los juzgados de primera instancia y

de la Procuracin General de la Nacin (...) percibirn una retribucin equivalente a la de

un secretario de Cmara (...) Las equiparaciones precedentes se extienden a todos los

efectos patrimoniales, previsionales y tributarios, idntica equivalencia se establece en

cuanto a jerarqua, protocolo y trato".

As pues, mediante las ilegales designaciones efectuadas se otorga indebidos

beneficios patrimoniales, previsionales a quienes no han cumplido con los requisitos legales

para ello (incluyendo la comprobacin de su capacidad personal y tcnica para el ejercicio

de los "cargos" respectivos) sino que se violenta el principio de jerarqua y de igualdad, al

equipararlos tambin en cuanto jerarqua, protocolo y trato con quienes han adquirido el

derecho a ello por los mecanismos legalmente establecidos, colocndolos, inclusive, por

encima de ellos. Vase as que, aun con el mximo cargo posible luego de la Sra.


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Procuradora, si cualquiera de los designados puede "sustituir" en cualquier momento a los

Fiscales Generales, estn, fcticamente, no slo equiparados sino por encima de ellos en el

ejercicio de sus funciones,

(vi) Artculo 13 de la Ley de Ministerio Pblico: "Los magistrados del Ministerio

Pblico gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta (...)"

En tanto resulta factible que los "fiscales" o "coordinadores" designados por la Sra.

Procuradora reemplacen en cualquier momento e instancia a los fiscales legalmente

designados, y por cuanto tampoco existen criterios preestablecidos parea ello, se produce

una afectacin de la estabilidad fctica de dichos fiscales. Ya no se trata del supuesto de

vacancia, o suplencia, conforme a la ley, por recusacin, excusacin, impedimento,

ausencia, licencia o vacancia, sino la lisa y llana alteracin de las funciones por causas de

ndole subjetiva. Ello atenta no slo contra el principio de legalidad, sino tambin, contra el

de seguridad jurdica. La mayor gravedad, adems, se da, como se ha dicho, por cuanto la

estabilidad es afectada a travs de sujetos que no cumplen los requisitos legales para

siquiera actuar como fiscales.

(vii) Artculo 18 de la Ley de Ministerio Pblico: El Procurador General de la Nacin y

el Defensor General de la Nacin slo pueden ser removidos por las causales y mediante el

procedimiento establecidos en los artculos 53 y 59 de la Constitucin Nacional. Los

restantes magistrados que componen el Ministerio Pblico slo podrn ser removidos de

sus cargos por el Tribunal de Enjuiciamiento previsto en esta ley, por las causales de mal

desempeo, grave negligencia o por la comisin de delitos dolosos de cualquier especie".

En lnea con el punto anterior, la posibilidad de reemplazar, o "coadyuvar" a un

fiscal legtimamente designado - o de limitarlo y direccionarlo - puede implicar e implica

una remocin de facto de sus funciones mediante formas y por causales no establecidas

legalmente.

(viii) Artculo 74 de la Ley de Ministerio Pblico: que si bien dispone que "El Procurador

General de la Nacin y el Defensor General de la Nacin, en sus respectivos mbitos,

podrn modificar la estructura bsica existente a la fecha de entrada en vigencia de la

presente ley mediante el dictado de reglamentaciones" tambin se establece que ello ser

"en tanto no afecten los derechos emergentes de la relacin de servicio de los magistrados,

funcionarios y empleados actualmente en funciones. Toda alteracin que implique la

afectacin de tales derechos y la creacin de cargos de magistrados, deber ser previamente

aprobada por el Congreso".


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Por ello, para crear los cargos que la Sra. Procuradora cre (pues que "habilitar" un

cargo que no estaba "habilitado" es crearlo) y para afectar los derechos de la relacin de

servicio de los fiscales legalmente designados, como se afectan en el caso particular, debido

a la posibilidad de que stos sean reemplazados, limitados, controlados y direccionados la

Sra. Procuradora debi solicitar la previa aprobacin del Congreso, lo cual omiti hacer

mediante maniobras que tergiversan la verdadera naturaleza de los actos realizados. Una

vez ms, se halla afectado el principio de legalidad y de divisin de poderes.

La gravedad que en el caso particular revisti la creacin de cargos fue destacada

por la Cmara en lo Criminal y Correccional Federal en tanto se destaca que ya no se trat

simplemente de cubrir cargos vacantes, sino de crear los cargos, y con ello las vacancias -

ya en violacin a la ley -, para luego disponer las designaciones para cubrirlas - tambin, en

violacin a la ley -. As, se da una violacin de diversas normas, en distintos niveles, por la

actuacin de la Sra. Procuradora.

(ix) Artculo 25 de la Ley de Ministerio Pblico: "Corresponde al Ministerio Pblico: a)

Promover la actuacin de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generalesde la sociedad; (...) g) Velar por la observancia de la Constitucin Nacional y las leyes de la

Repblica".

No puede considerarse que la legalidad est siendo defendida si ello se hace

mediante un acto claramente ilegal. Por cuanto la obligacin de defender la legalidad, en

cabeza del Ministerio Pblico constituye, adems, un mandato constitucional, conforme al

artculo 130 de dicho ordenamiento, se vulnera tambin este ordenamiento. Existe, as, una

doble violacin normativa, de ndole diversa, por el ilegal acto llevado adelante por la Sra.

Procuradora.

(x) Artculo 33, prrafo primero de la Ley de Ministerio Pblico: "El Procurador

General de la Nacin es el Jefe mximo del Ministerio Pblico Fiscal, Ejercer la accin

penal pblica y las dems facultades que la ley otorga al Ministerio Pblico Fiscal, por s

mismo o por medio de los rganos inferiores que establezcan las leyes".

Como puede apreciarse, el Procurador General de la Nacin tiene una funcin

constitucional y legalmente encomendada. Sin embargo, sus funciones propias no pueden

ser logradas mediante cualquier medio o por cualquier va que a su mejor entender

considere pertinente, sino "por s mismo o por medio de los rganos inferiores que

establezcan las leyes". Pues bien: la ley es clara al establecer y definir cules son los

rganos inferiores que existen. Si la Procuradora pretendiese crear otro rgano, y con ello,


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cargos, debi, concurrir al Congreso, conforme lo dispone el artculo 74 de la Ley de

Ministerio Pblico.

(xi) Artculo 33 inciso g) de la Ley de Ministerio Pblico: "El Procurador General tendr

los siguientes deberes y atribuciones: g) Disponer fundadamente, de oficio o a pedido de un

Fiscal General, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la

actuacin conjunta o alternativa de dos o ms integrantes del Ministerio Pblico Fiscal de

igual o diferente jerarqua, respetando la competencia en razn de la materia y del territorio.

Esta limitacin no regir para los magistrados de la Procuracin General de la Nacin. En

los casos de formacin de equipos de trabajo, la actuacin de los fiscales que se designen

estar sujeta a las directivas del titular".

Como puede advertirse, la actuacin conjunta de fiscales en supuestos de

importancia o dificultad se halla expresamente prevista, con especificacin del modo en

que dicha actuacin deber tener lugar. Por un lado, deber respetarse la competencia en

razn de materia y territorio, circunstancia que se omite considerar en las Resoluciones de

la Procuradora. Por lo dems, la limitacin, en todo caso, no es aplicable a los"magistrados" de la Procuracin, pero no a supuestos funcionarios designados

arbitrariamente sin haber efectuado el concurso pertinente que acredite su competencia, y

haber sido debidamente aprobados por el Congreso de la Nacin. De tal modo, las

designaciones en cuestin no transforman a los designados en magistrados a quienes les

pueda ser aplicable la excepcin a la limitacin legalmente establecida.

(xii) Artculo 36, prrafo segundo de la Ley de Ministerio Pblico: "Cuando el

Procurador General ejerza la competencia establecida en el inciso g) del artculo 33 de la

presente ley, los fiscales del organismo actuarn, salvo disposicin fundada en contrario,

respetando los niveles del Ministerio Pblico Fiscal que se determinan en el artculo 3 de

la presente ley".

En relacin a lo descripto en el punto anterior, donde se permite excepcionalmente

la actuacin conjunta de fiscales, la propia normativa destaca la relevancia de la

observacin de la jerarqua propia de los fiscales. Como se ha dicho, no slo la Sra.

Procuradora ha violado el artculo que dispone cmo y cundo actuarn los fiscales de

manera conjunta, sino tambin el que hace a su jerarqua. No slo porque quienes no son

fiscales legalmente designados podran actuar conjuntamente o supletoriamente con de

fiscales debidamente nombrados, sino que quienes fueran ilegalmente designados tienen

una jerarqua "flexible" que les permite andar y desandar las distintas jerarquas conforme

convenga a la situacin - lo cual no existe en el actual formato organizativo - e incluso


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pueden impartir rdenes a quienes, seran "ficticiamente" inferiores, pero resultan

legalmente los nicos habilitados a actuar en la justicia conforme a la ley.

(xiii) Artculo 33 inciso h) de la Ley de Ministerio Pblico: "El Procurador General tendr

los siguientes deberes y atribuciones: h) Efectuar la propuesta en terna a que se refieren los

artculos 5 y 6 de esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de

superintendencia".

No hace falta ahondar en la norma en cuestin. La misma ha sido flagrantemente

violada. Ninguna propuesta fue efectuada respecto que los designados, que adems, no

podra haberse efectuado al haberse omitido el concurso respectivo.

(xiv) Artculo 33 inciso ll) de la Ley de Ministerio Pblico: "(...) El Procurador General

tendr los siguientes deberes y atribuciones: (...) ll) Ejercer la superintendencia general

sobre los miembros del Ministerio Pblico Fiscal, dictar los reglamentos e instrucciones

generales para establecer una adecuada distribucin del trabajo entre sus integrantes; sus

respectivas atribuciones y deberes; y supervisar su cumplimiento".

En tanto quienes fueran designados por la Procuradora Fiscal no eran integrantes del

Ministerio Pblico en todos los casos, y por cuanto no puede considerarse que los

designados revisten el carcter de magistrados legalmente designados, no puede

considerarse que la supuesta distribucin del trabajo ha sido adecuada, por cuanto, adems,

violenta el principio de legalidad.

(xv) Artculo 33 inciso p) de la Ley de Ministerio Pblico: "(...) El Procurador General

tendr los siguientes deberes y atribuciones: (...) p) Disponer el gasto del organismo de

acuerdo con el presupuesto asignado, al Ministerio Pblico Fiscal, pudiendo delegar esta

atribucin en el funcionario que designe y en la cuanta que estime conveniente".

As, la Sra. Procuradora hace referencia a "maximizar los recursos humanos de la

nueva estructura" y a "verificada que fuera la disponibilidad material de los recursos

necesarios para financiar la medida proyectada", (punto II prrafo 2do de la Resolucin

PGN N 915/2012).

Sin embargo, el presupuesto "asignado" es claramente a los fines de su propia

funcin constitucionalmente y legalmente concebida. Precisamente, la asignacin de

recursos a solventar actos o hechos que violan la dicha funcin, atribuyndola a cargos y

jerarquas no creadas legalmente, y a remuneraciones que no se corresponden con el


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escalafn tambin legalmente logrado implica un desvo de fondos, disponiendo

ilegtimamente del gasto de acuerdo con el presupuesto asignado.

(xvi) Artculo 37 de la Ley de Ministerio Pblico: "Los Fiscales Generales ante los

tribunales colegiados de casacin, segunda instancia y de instancia nica, tienen los

siguientes deberes y atribuciones: adems de sus diversas funciones, conforme a los incisos

i) y j) podrn ejercer la superintendencia sobre los fiscales ante las instancias inferiores e

impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentacin pertinente

que dicte el Procurador Genera e imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados,

funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta

ley y su reglamentacin" .

El hecho de haber creado cargos y vacancias y luego "completarlas" con

designaciones ilegales, hacindolo, adems, con una jerarqua "flexible" implica, por un

lado, que se violan las normas que disponen que son ciertos funcionarios especficamente

que tienen determinadas funciones. Pero es de suma gravedad que, por las funciones y

jerarquas, que incluyen la superintendencia y facultad disciplinaria de sus dependientes, sepermita que sujetos ajenos a las funciones legalmente designadas puedan ejercer no slo las

operativas sino tambin las ltimas funciones, de ndole de superintendencia y disciplinaria.

Ello atenta contra la estabilidad de los fiscales legalmente designados, su seguridad

jurdica, adems de la ya mencionada violacin al principio de legalidad.

(xvii) Artculo 38 de la Ley de Ministerio Pblico: "Los Fiscales Generales Adjuntos ante

los tribunales colegiados de casacin, segunda instancia o instancia nica, actuarn en

relacin inmediata con los Fiscales Generales ante dichos tribunales y tendrn los

siguientes deberes y atribuciones: a) Sustituir o reemplazar al Fiscal General titular en el

ejercicio de la accin cuando por necesidades funcionales ste as lo resuelva y en caso de

licencia, excusacin, recusacin. impedimento o vacancia; b) Informar al Fiscal General

titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones,

en la medida de las necesidades del servicio".

Como puede apreciarse, la propia Ley de Ministerio Pblico dispone no slo

quines deben sustituir o reemplazar a los Fiscales Generales titulares, sino tambin,

quines lo "asistirn" (o "coadyuvarn) en la medida de las necesidades del servicio. Esta es

la tarea que es inherente a los Fiscales Generales Adjuntos, y cuyas funciones son

soslayadas e invadidas por la Procuradora General, sin perjuicio de la violacin normativa

correspondiente en cuanto a la forma de designacin que sta a efectuado.


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(xviii) Artculos 39 y 40 de la Ley de Ministerio Pblico: estos artculos establecen las

facultades y deberes de los Fiscales ante los jueces de primera instancia, incluyendo las de

actuar "en el mbito de su competencia por razn del grado" (artculo 39, prrafo 1ero; las

de "imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios y empleados que de ellos dependan,

en los casos y formas establecidos por esta ley y su reglamentacin (artculo 39 prrafo

2do) y las de: "Promover la averiguacin y enjuiciamiento de los delitos y contravenciones

que se cometieren y que llegaren a su conocimiento por cualquier medio, velando para que

en las causas se respete el debido proceso legal, requiriendo para ello las medidas

necesarias ante los jueces o ante cualquier otra autoridad administrativa, salvo aquellos

casos en que por las leyes penales no est permitido obrar de oficio" (artculo 40 inciso a).

Se advierte que mientras se exige el respeto a la competencia en razn del grado,

esta exigencia ni se traslada ni se cumple en el caso de los "designados" por la Procuradora

General. Adems, de igual modo que en el punto anterior, la ilegal asignacin de cargos y

funciones, por sobre las designaciones legalmente efectuadas, incluyendo el poder

disciplinario, violenta el principio de jerarqua, estabilidad, legalidad y seguridad jurdica.

Por lo dems, se evidencia la invasin de las funciones legalmente otorgadasespecficamente a los fiscales ante jueces de primera instancia.

(xix) Artculo 41 de la Ley de Ministerio Pblico: este artculo hace referencia a los

fiscales ante la justicia de Primera Instancia Federal y Nacional de la Capital Federal, en lo

civil y comercial, Contencioso Administrativo, Laboral y de Seguridad Social, y sus

deberes y atribuciones, incluyendo la de "Hacerse parte en todas las causas o trmites

judiciales en que el inters pblico lo requiera de acuerdo con el artculo 120 de la

Constitucin Nacional, a fin de asegurar el respeto al debido proceso, la defensa del inters

pblico y el efectivo cumplimiento de la legislacin (...)" (inciso a) y las de "Intervenir en

las cuestiones de competencia y en todos los casos en que se hallaren en juego normas o

principios de orden pblico" (inciso c).

Vase que, adems de la invasin de funciones que generan las designaciones

efectuadas por la Sra. Procuradora, esta norma debidamente entendida obliga a los propios

fiscales a oponerse a la intervencin de los sujetos ilegalmente designados, por cuanto se

halla comprometido el respeto al debido proceso, la defensa del inters pblico y el efectivo

cumplimiento de la legislacin.

As, se atenta no slo contra el proceso, su eficiencia y su eficacia, sino contra la

propia convivencia en el mbito de la Procuracin General de la Nacin.


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(xx) Artculo 42 de la Ley de Ministerio Pblico: "Los Fiscales Auxiliares ante los

tribunales de primera instancia actuarn en relacin inmediata con los fiscales ante dichos

tribunales y tendrn las siguientes facultades y deberes: a) Sustituir o reemplazar al Fiscal

titular en el ejercicio de la accin cuando por necesidades funcionales este as lo resuelva y

en caso de licencia, excusacin, recusacin, impedimento o vacancia. b) Informar al Fiscal

titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones,

en la medida de las necesidades del servicio".

Como puede apreciarse, al igual que en el caso del artculo 38, la propia Ley de

Ministerio Pblico dispone no slo quines deben sustituir o reemplazar a los fiscales ante

los respectivos tribunales, sino tambin, quines lo "asistirn" (o "coadyuvarn) en la

medida de las necesidades del servicio. Esta es la tarea que es inherente a los Fiscales

auxiliares y cuyas funciones son soslayadas e invadidas por la Procuradora General, sin

perjuicio de la violacin normativa correspondiente en cuanto a la forma de designacin

que sta ha efectuado.

(xxi) Artculo 65 inciso g) de la Ley de Ministerio Pblico: "Los funcionarios y elpersonal auxiliar del Ministerio Pblico se regirn por la presente ley (...) En particular se

establece: e) La designacin y promocin de los funcionarios y del personal del Ministerio

Pblico se efectuara por el Procurador General (...) segn corresponda, a propuesta del

titular de la dependencia donde exista la vacante y de acuerdo a lo que establezca la

pertinente reglamentacin. Los magistrados mencionados podrn delegar esta

competencia".

La Sra. Procuradora pretende sustentar su accionar en el inciso g) del artculo 65.

Sin embargo, resulta evidente que esto es una maniobra para violar las disposiciones

legales. En primer lugar, los artculos 5 y 6 de la Ley de Ministerio Pblico

("designaciones" y "Concursos") establecen claramente cmo sern designados los

magistrados. Ningn sentido tendran estas normas si luego, con la sola voluntad del

Procurador pudiesen violentarse las jerarquas, las designaciones y los cargos. En segundo

lugar, la ley en todo momento distingue el supuesto del "magistrado" y el del "funcionario"

o "empleado". Mientras los artculos 5 y 6 se refieren a los "magistrados", el artculo 65

inciso g) se refiere a funcionarios y empleados.

As, pues "al respecto cabe recobrar la inveterada jurisprudencia del Tribunal

(CSJN) en el sentido de que, en materia interpretativa, "la primera regla consiste en respetar

la voluntad del legislador y, en tal sentido, cabe estar a las palabras que ha utilizado. Si la

ley emplea determinados trminos la regla de interpretacin ms segura es la que esos

trminos no son superfluos, sino que han sido empleados con algn propsito, por cuanto,


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en definitiva, la misin de los jueces es dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir

al legislador ni juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por

aqul en el ejercicio de facultades propias" (Fallos: 318:1012, considerando 3 y sus citas)"

, situacin que, adems, la Sra. Procuradora, por ser abogada, conoce, y violenta sino

intencionalmente, s negligentemente.

(xxii) Artculo 70 de la Ley de Ministerio Pblico: Todos los actuales integrantes del

Ministerio Pblico que se desempeen en los cargos previstos en los incisos b), c), d), e) y

f) de los artculos 3 y 4 de esta ley gozan de la estabilidad que prev el artculo 120 de la

Constitucin Nacional. El Procurador General y el Defensor General debern obtener el

acuerdo previsto en el artculo 5. A tal efecto el Poder Ejecutivo remitir los pliegos

correspondientes dentro de los treinta das corridos contados a partir de la sancin de la

presente ley.

La ilegal designacin de funcionarios viola la estabilidad de quienes ejercen

legalmente el cargo, por cuanto estos pueden ser reemplazos, o "coadyuvados",

producindose una remocin de facto de sus funciones, Dicha situacin se ve agravada porcuanto las designaciones violentan las formas previstas en la ley, sino tambin las

jerarquas legisladas, no slo extrnsecamente (al colocar por encima de fiscales legalmente

designados a otros ilegalmente designados) y intrnsecamente (al permitir que quienes

fueren designados ilegalmente puedan ejercer funciones atinentes a distintas jerarquas de

modo simultneo o sucesivo)

1.3.3. La Designacin de Fiscales "Subrogantes" y "Ad Hoc"

En lnea con todo lo anterior, resulta evidente que la Ley de Ministerio Pblico

regula especficamente un sistema de jerarquas, designaciones, reemplazos y resguardo del

principio de legalidad. Dicho sistema ha sido violentado mediante la creacin de una

estructura ilegal paralela al Ministerio Pblico Fiscal, designando a sujetos que carecern

de las garantas de independencia y estabilidad que confiere la magistratura, lo cual pone en

riesgo el debido proceso. Ello se ha logrado mediante la violacin de la normativa vigente:

(i) Fiscales "Subrogantes":

(1) Resolucin MP N 1/2012: Dra. Raquel E. Mercante (si bien tiene acuerdo

senatorial, su designacin para "subrogar" el cargo no cumple con la normativa vigente,

conforme surge de los puntos anteriormente analizados);

(2) Resolucin PGN N 30/12: Dra. Mara Alejandra Cordone Rosello;


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(3) Resolucin MP N 282/12: Dra. Nlida Graciela Degrange;

(4) Resolucin MP N 375/12: Dr. Marcelo Luis Colombo (si bien tiene acuerdo



(5) Resolucin MP N 462/12: Dr. Fabin Cliz (si bien tiene acuerdo senatorial, su

designacin para "subrogar" el cargo no cumple con la normativa vigente, conforme surge

de los puntos anteriormente analizados);

(6) Resolucin MP N 513/12: Dr. Sergio Nstor Mola;

(7) Resolucin MP N 682/12: Dr. Juan Patricio Murray;

(8) Resolucin MP N 906/12: Dres. Dante Marcelo Vega y Patricia Nlida Santoni;

(9) Resolucin MP N 39/13: Dr. Carlos Facundo Trotta (si bien tiene acuerdo



(10) Resolucin MP N 40/13: Dra. Mariel Susana Dermardirossian;

(11) Resolucin MP N 265/13: Dr. Diego Guillermo Stehr.

Como puede observarse, slo cuatro de los doce designados tienen acuerdo

senatorial, lo cual no subsana el hecho de que no se ha seguido con la normativa vigente

para subrogar en el cargo a los magistrados correspondientes, conforme al rgimen de

jerarquas, grado, competencia, y especialidad establecidas.

(ii) Fiscales "Ad Hoc":

Segn surge de las normas vigentes, no existe el cargo de "fiscal ad hoc". Sin

embargo, se ha procedido a las siguientes y sucesivas designaciones, de las cuales ninguno

de los designados cuenta con acuerdo senatorial:

(1) Resolucin MP N 19/12: Dr. Santiago Vismara;

(2) Resolucin MP N 184/12: Dr. Juan Martn Garca;


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(3) Resolucin MP N 219/12: Dr. Mariano Hernn Domnguez;

(4) Resolucin MP N 244/12: Dr. Jorge Gustavo Onel;

(5) Resolucin MP N 266/12: Dr. Luis Fernando Fortich;



(8) Resolucin MP N 333/12: Dra. Patricia Quirno Costa;

(9) Resolucin MP N 343/12: Dr. Juan Patricio Murray;

(10) Resolucin MP N 591/12: Dra. Mara Mercedes Moguilansky;

(11) Resolucin MP N 682/12: Dr. Federico Guillermo Reynares Solari;

(12) Resolucin MP N 726/12: Dra. Cecilia A. Kelly;

(13) Resolucin MP N 41/13: Dra. Mara Josefina Vargas;

(14) Resolucin MP N 49/13: Dr. Marcos Rubn Silvagni;

(15) Resolucin MP N73/13: Dr. Juan Martn Jos Garca;

(16) Resolucin MP N 321/13: Dr. Anbal Fabin Martnez;

(17) Resolucin MP N 407/13: Dr. Miguel Angel Palazzani;

(18) Resolucin MP N 407/13: Dr. Jos Alberto Nebbia;

(19) Resolucin PGN N 357/12: Dra. Mercedes Sosa Reilly;

(20) Resolucin PGN N 681/12: Dra. Romina Pzellinsky;

(21) Resolucin PGN N 681/12: Dra. Mara Luisa Piqu;


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(22) Resolucin PGN N 681/12: Dra. Mara Paloma Ochoa;

(23) Resolucin PGN N 915/12: Dr. Omar Gabriel Orsi;

(24) Resolucin PGN N 915/12: Dr. Pedro Biscay;

(25) Resolucin PGN N 915/12: Dra. Mara Macarena Comas Wells;

(26) Resolucin PGN N 915/12: Dr. Juan Pedro Zoni;

(27) Resolucin PGN N 915/12: Dr. Milton Khaski

(28) Resolucin PGN N 915/12: Dra. Mariel Dermardirossian.

Como se advierte, las designaciones resultan ilegales, su actuacin tambin ilegal,

ilegtima y nula, conforme todas las argumentaciones expuestas en los puntos anteriores.

1.3.4. La Puesta en Riesgo del Proceso Penal. Nulidad de los Actos Procesales.

Artculos 166 y 167 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.

Conforme al artculo 166 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin "Los actos

procesales sern nulos slo cuando no se hubieran observado las disposiciones

expresamente prescriptas bajo pena de nulidad". Concordantemente, el artculo 167 del

Cdigo Procesal Penal de la Nacin dispone que "Se entender siempre prescripta bajo

pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes: 1) Al nombramiento,

capacidad y constitucin del juez, tribunal o representante del ministerio fiscal.

Por su parte, el artculo 168 dispone que "(...) debern ser declaradas de oficio, en

cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el artculo anterior que

impliquen violacin de las normas constitucionales, o cuando as se establezca

expresamente".

Se extrae de lo antedicho que el incumplimiento de las normas atinentes al

nombramiento de los representantes del ministerio fiscal, as como a su capacidad y

constitucin pone en serio riesgo a todo proceso penal. Se puede considerar una nulidad

general, y absoluta, al violarse el artculo 120 de la Constitucin Nacional - al poner en

riesgo la "promocin de la actuacin de justicia en defensa de la legalidad e y de los

intereses generales de la sociedad"-, y pudiendo vlidamente alegarse la violacin de los

artculos 16, 18, 19, 28 y 33 del mismo ordenamiento. Por ello, la nulidad puede y debera


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ser declarada de oficio. Pero, si as no fuere, cualquier parte podra solicitarlo comprobando

las violaciones legales y constitucionales pertinentes. "En efecto, la nulidad de un acto,

cuando es declarada hace nulos todos los actos consecutivos que de l dependan porque

cada una de las etapas del proceso penal constituye el presupuesto necesario de la que le

subsigue, en forma tal que no es posible eliminar una de ellas sin afectar la validez de las

que le suceden (Corte Sup., ED 25-206); correspondiendo al tribunal que la declare

disponer qu actos resultaron tambin invlidos por su conexin con aqul" .

Porque, adems "El fundamento de que se sancione la introduccin de un acto al

proceso que no rene todos sus requisitos legales "...debe buscarse en la circunstancia de

que el Estado no puede aprovecharse de un acto irregular, un hecho ilcito o de una

actuacin defectuosa ..."(ALMEYRA, Miguel ngel "Cdigo Procesal Penal de la Nacin.

Comentado y Anotado", Editorial La Ley, Buenos Aires, tomo I, pgs. 708/9). A lo que

agregamos que "...con el instituto de la nulidad el Estado tambin autolimita su poder de

proseguir la investigacin de un ilcito en razn de la ilegitimidad de un acto o de su

incapacidad para producir efectos jurdicos por faltarle algn componente

esencial"(ALMEYRA, Miguel ngel, ob. cit., pg. 709) ".

En el caso concreto existe una clara vulneracin a los procedimientos y a la

observancia de disposiciones expresamente prescriptas para el nombramiento de

representantes del ministerio fiscal, que han sido ilegalmente "capacitados" ilegalmente

para intervenir en los procesos penales como fiscales principales o coadyuvantes o "ad hoc"

sin tener tal capacidad desde la perspectiva sustantiva, capacidad que recin es comprobada

y adquirida formalmente mediante el concurso pblico correspondiente, la seleccin de

entre una terna y la aprobacin senatorial.

Lo dicho resulta tanto ms grave en cabeza de quien est llamado a velar por la

legalidad de los intereses generales de la sociedad, y con ello, de los procedimientos que

tiendan a proteger dichos intereses.

Ya intencionalmente, ya involuntariamente, que un funcionario pblico, y

particularmente el funcionario pblico especialmente designado para velar por la legalidad

de los intereses de la sociedad permita que los procesos penales en general, incluyendo no

slo los de inters particular sino tambin los de mayor inters de la sociedad, puedan verse

viciados de nulidad, y que se dote a quienes fueran imputados de una herramienta

fundamental para sustraerse al proceso penal resulta constitucional, legal y ticamente

reprochable.


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Ello, por cuanto, adems, las designaciones efectuadas contemplan, entre otros,

delitos de grave inters social, como el lavado de dinero y el narcotrfico lo cual hace

suponer que es en estos casos en que mayor intervencin probable exista de quienes fueran

designados ilegalmente.

El hecho de que el acaecimiento de la nulidad misma quede a consideracin del juez

que en definitiva decida la nulidad no priva a este acto en concreto del reproche social,

moral y legal que corresponde hacer a quien permita siquiera que exista el riesgo no slo

potencial sino cierto de hacer peligrar lo que precisamente debe amparar: los intereses de la

sociedad. No puede, adems, perderse de vista que los delitos en cuestin son aqullos

perpetrados por quienes pueden tener mayor poder econmico, poltico o social lo cual les

permite ejercer las respectivas presiones sobre los jueces y actores que estn llamados a

intervenir en los casos correspondientes.

Pues, si como ha sealado la Sra. Procuradora " (...) el refinamiento y sofisticacin

del delito econmico implica, pues, un renovado riesgo para el marco normativo que

regula el sistema econmico y el objetivo social que debe cumplir" y como reconoce "(...)hasta hoy no se ha logrado revertir el sesgo selectivo del sistema penal y se verifica un

bajo impacto en la persecucin de los casos complejos de criminalidad econmica -en

particular, de aquellos estructurales, intra-sistmicos, altamente organizados, con efectos

socio-econmicos relevantes y capacidad para permear el dispositivo de prevencin- con

un notable dficit en la obtencin de respuestas judiciales efectivas en tiempo razonable

(....) - punto 2 prrafo 3 y punto 3 prrafo 1 de la Resolucin PGN 914/2012 - y, en el caso

de la narcocriminalidad constituye "un fenmeno socio-poltico de vasto alcance, que

atraviesa numerosos aspectos de la vida de la sociedad y que acarrea consecuencias

gravemente nocivas a las personas y los bienes"- punto 2 prrafo 1 de la Resolucin PGN

208/2013 - es en tales casos que, particularmente, debe, pues, potenciarse la legalidad y no

flexibilizarse, pues en este ltimo caso se permiten vas de escape, de presin y de

manipulacin a todos los intervinientes en el proceso respectivo.

1.3.5. La Comisin de Delitos Tipificados en el Cdigo Penal en ocasin o como

consecuencia de la Violacin al artculo 120 de la Constitucin Nacional y la ley 24.946

Sin perjuicio de la ilegalidad intrnseca y el reproche tico y moral que implica la

violacin al artculo 120 de la Constitucin Nacional, y la ley 24.946, lo cual habilita la

destitucin por mal desempeo, dicha violacin trae aparejada, tambin, la comisin de

delitos tipificados en el Cdigo Penal.


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(i) Artculo 248 del Cdigo Penal: "Ser reprimido con prisin de un mes a dos aos e

inhabilitacin especial por doble tiempo, el funcionario pblico que dictare resoluciones u

rdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las

rdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento

le incumbiere".

Ya han sido largamente analizadas las diversas resoluciones que dict la Sra.

Procuradora, y con ellas, la clara contradiccin con la Constitucin y leyes nacionales,

dndole ejecucin; adems de haber omitido la ejecucin de la ley 24.946 en cuanto le

incumba llamar a Concurso Pblico, proponer ternas y aguardar la aprobacin senatorial

respectiva previo a cualquier designacin de magistrados. Ello as, existe una mltiple

comisin de delitos tipificados en el caso particular.

En estos casos, la punibilidad proviene de la sola violacin normativa o de la

omisin de actuar cuando existe una obligacin legal de hacerlo; y dado que en la

administracin la actividad se halla estrictamente reglada, no resulta aplicable el principio

de reserva establecido en el artculo 19 de la Constitucin Nacional. Por regla, todaactividad por fuera del reglamento est prohibida.

La actuacin ilegal es independiente de todo perjuicio.

(ii) Artculo 249 del Cdigo Penal: "Ser reprimido con multa de pesos setecientos

cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitacin especial de un mes a un ao, el

funcionario pblico que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algn acto de su

oficio".

En el caso particular, la omisin de llamamiento a concurso, propuesta de ternas y

espera de acuerdo senatorial, sin haber tomado otras medidas impulsorias implica la

omisin ilegal de realizar un acto propio del oficio de la Sra. Procuradora en su carcter de

funcionario pblico.

No puede argirse que existe una mera omisin, sino que dicha omisin es

claramente ilegal, ya que la misma es retroalimentada, asegurada, extendida y confirmada

mediante actuaciones ilegales.

(iii) Artculo 253 del Cdigo Penal: "Ser reprimido con multa de pesos setecientos

cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitacin especial de seis meses a dos aos, el

funcionario pblico que propusiere o nombrare para cargo pblico, a persona en quien no


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concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrir el que aceptare un cargo

para el cual no tenga los requisitos legales".

Precedentemente ha sido largamente tratado este punto. Las designaciones

efectuadas por la Sra. Procuradora se refirieron a sujetos a cuyo respecto no concurran los

requisitos legales, lo cual no slo fue realizado a sabiendas, sino, incluso, mediante

maniobras fraudulentas, al intentar justificar su accionar en circunstancias y normas que no

slo no las sustentaban sino que, ms bien, las impedan.

(iv) Artculo 260 del Cdigo Penal: "Ser reprimido con inhabilitacin especial de un

mes a tres aos, el funcionario pblico que diere a los caudales o efectos que administrare

una aplicacin diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare dao o

entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondr adems al culpable,

multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distrada".

La Sra. Procuradora desva fondos al asegurar remuneraciones acorde con ciertos

cargos pblicos y jerarquas respecto de funcionarios que claramente no estn habilitados apercibirlos. Por lo dems, su accionar provoca un entorpecimiento del servicio a los que

estn destinados, dada la probabilidad de que se limite, restrinja o entorpezca el accionar de

magistrados debidamente designados; y debido a la posibilidad de que se viole el debido

proceso en causas en que las personas ilegalmente designadas acten.

En conclusin, el accionar de la Sra. Procuradora, y sin perjuicio de los dems

delitos tipificados que se abordarn en puntos siguientes, encuadra en diversos delitos

tipificados por el Cdigo Penal, y por ello corresponde su remocin y juicio penal.

1.3.6. La Violacin al Requisito de Transparencia

Mediante la omisin, reticencia o falencia en el llamado a concurso la Sra.

Procurador violenta el requisito de transparencia que debe existir en la designacin de

cargos de funcionarios pblicos, particularmente de los magistrados que, precisamente para

salvaguardar dicho requisito, estn sujetos a un mecanismo de designacin que pretende

asegurarlo.

La Sra. Procuradora, con su accionar, retrotrae al Ministerio Pblico Fiscal a la

etapa anterior al dictado de la ley 24.946, cuando era el propio titular que designaba los

cargos de relevancia.


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As, la Sra. Procurador dict las Resoluciones PGN N 337/12 y 534/12, por las que

deja sin efecto las Resoluciones N 74/12 y 76/12, que transparentaban el proceso de

designacin de magistrados del Ministerio Pblico Fiscal, disponiendo el sorteo pblico de

los integrantes de los tribunales; ello, so pretexto de que dichas Resoluciones haban sido

dictadas por el doctor Luis Santiago Gonzlez Warcalde que haba asumido el cargo de

Procurador General con carcter transitorio durante el transcurso del proceso de

designacin del titular.

1.3.7 Fallo HUGHES, PATRICIO LUIS c/ PROCURACION GENERAL DE LA

NACION s/ AMPARO LEY 16.986.

El retroceso institucional que implica abandonar el camino trazado a partir de las

resoluciones 74/12 y 76/12en cuanto implicaron un decidido avance en pos de consolidar

un mecanismo objetivo y transparente para el trmite de los concursos de magistrados

fiscales de la nacin, fue confirmado recientemente por la Sala II de la Cmara Contencioso

Administrativo Federal en autos: HUGHES, PATRICIO LUIS c/ PROCURACION

GENERAL DE LA NACION s/ AMPARO LEY 16.986, al declarar el pasado 10 de mayo

de 2016, la invalidez de las Resoluciones PGN 337/12 y PGN 534/12 en tanto dejaron sin

efecto sus similares 74/12 y 76/12, y del artculo 7 del Reglamento para la Seleccin de

Magistrados del Ministerio Pblico Fiscal, aprobado mediante resolucin PGN 751/13, al

resultar ostensiblemente contrarias a los preceptos convencionales y jurisprudenciales,

como as tambin, disponer la consiguiente nulidad de los artculos 4 y 6 de la resolucin

PGN 1957/15 en tanto desestima el planteo formulado por el actor, todo lo cual lo cual

conlleva por natural implicancia y efecto jurdico, la nulidad de todo lo actuado en el

marco del concurso N 110 del Ministerio Pblico Fiscal.

En los autos citados ut supra, el Sr. Patricio Luis Hughes promovi el proceso para

que se declare la nulidad parcial artculo 7 y sus considerandos- del reglamento de

concursos del Ministerio Pblico Fiscal (Res PGN 751/13 y articulado anexo), en razn de

su motivacin meramente aparente y contradictoria, conforme lo dispuesto en los artculos

1ro., inciso f, apartado 3ro, 7mo y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos, por

cuanto establece la designacin de los jurados de manera directa por la Procuradora

General de la Nacin, e incurre en la regresiva y contradictoria derogacin, de las

Res. PGN N 74 y 76 del ao 2012 que haban establecido el rgimen de sorteo pblico

de jurados y juristas invitados.Como consecuencia de lo anterior, solicit que se declare

la nulidad de la designacin de los miembros del Tribunal del concurso 110 y de los juristas

invitados, realizado en los puntos dispositivos 5to a 7mo de la Resolucin de convocatoria

PGN 3284/14.

Asimismo, peticion que se deje sin efecto la Resolucin PGN 1957/15, mediante

la cual la Sra. Procuradora General de la Nacin rechaz las recusaciones formuladas


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en el referido concurso contra los vocales titulares y suplentes del Tribunal.

Finalmente, requiri que se admita el planteo de inconstitucionalidad formulado contra el

procedimiento de designacin de los miembros del jurado de concursos y se ordene a la

Procuracin General de la Nacin que dicte una nueva norma que remedie la regresin que

implica el retorno a la designacin directa y la derogacin del rgimen de designacin por

sorteo pblico establecido por las resoluciones PGN 74 y 76 de 2012.

La cmara concluy que es indiscutible que los procesos de designacin de

magistrados, entre los que se encuentran los Fiscales del Ministerio Pblico Fiscal de la

Nacin, deben guiarse con pautas objetivas y razonables, para evitar la

discrecionalidad del poder de turno.

Desde esa perspectiva, sostuvo que, por haberse dictado las Resoluciones PGN N

74 y 76 del ao 2012 mediante las cuales se estableci que la designacin de los jurados

deba realizarse mediante el sorteo pblico, la Resolucin PGN N 751/13 que las dej sin

efecto, importa una inconstitucional regresin que vulnera las normas y los principios

mencionados. En ese orden, afirm que, no es relevante que la Ley Orgnica del Ministerio

Pblico no haya establecido expresamente el sorteo u otro procedimiento objetivo para la

designacin de jurados y juristas de los concursos para elegir Fiscales Nacionales yFederales. En todo caso, aleg, las atribuciones conferidas por la ley deben ser interpretadas

y ejercidas de acuerdo a las reglas del estado constitucional y convencional de derecho.

Invoc la violacin a los principios de progresividad y no regresividad, como tambin, el

carcter slo aparente de la motivacin de las resoluciones cuestionadas en autos.

El Ministerio Pblico Fiscal de la Nacin, contest los agravios de su contraria y

defendi la legitimidad del sistema de concursos para la seleccin de fiscales del Ministerio

Pblico Fiscal establecido mediante la Resolucin PGN N 751/13, que segn sostuvo,se

destaca por su objetividad y que garantiza la transparenciay robustece la publicidad

del procedimiento asegurando la imparcialidad del tribunal evaluador, a la vez que

promueve la igualdad de oportunidades en los concursos.

A travs de la resolucin 337/12 la actual Procuradora General de la Nacin,

Alejandra Gils Carb, dej sin efecto la resolucin 74/2012 ut supra mencionada. Que

entre los fundamentos vertidos para adoptar tal t

juicio político gils carbó 2016

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