informe sobre el derecho a la alimentación adecuada en cataluña

7/23/2019 Informe sobre el derecho a la alimentacin adecuada en Catalua

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INFORME SOBRE EL

DERECHO A LA ALIMENTACIN

ADECUADA EN CATALUA

IMPACTOS DE LA POBREZA ALIMENTARIA

EN CIUTAT VELLA Y NOU BARRIS BARCELONA

2014


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INFORME SOBRE EL

DERECHO A LA ALIMENTACIN

ADECUADA EN CATALUA

IMPACTOS DE LA POBREZA ALIMENTARIA

EN CIUTAT VELLA Y NOU BARRIS BARCELONA

2014


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INFORME SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACIN ADECUADA EN CATALUA

Impactos de la pobreza alimentaria en Ciutat Vella y Nou Barris (Barcelona)

Fecha de publicacin: diciembre de 2014

Coordinacin: Laia Fargas Fursa (Observatori DESC) / lex Guillamn y Neus Garriga (Entrepobles) /

Ageda Blasco y Arturo Landeros (EDPAC)

Equipo de redaccin:lex Guillamn, Arturo Landeros, Carolina Recio, Irene Escorihuela,

Javier Guzmn, Laia Fargas Fursa y Xavier Montagut.

Colaboracin en la redaccin:Ana Juanatey, Mara Dalli, Marco Aparicio, Montse Benito y Neus Garriga.

Compilacin:Irene Escorihuela.

Realizacin/Transcripcin de entrevistas:Alba Gil, Ageda Blasco, Agustn DOnia, Anna Batet, Beatriz Cuadrillero,Carolina Recio, Eullia Castell, Federico Dureiko, Ico Ruano, Joana Pineda, Jordi Foix, Katy Barajas, Laia EncinasMarqus, Mara Novella, Marc Brugulat, Marina Domnech, Marta Flaqu, Mikel Pau Casado, Montse Benito, NriaComas, Platera, Snia Lpez, Usue Belandia y Xavier lvarez.

Diseo y maquetacin:gueda Ban y Cristina Maas

Diseo de carteles: Mikel Pau Casado, Usue Belandia y Domingo MohedanoImpresin:Reial Color

Licencia creative commons:


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NDICEPRLOGO............................................................................................................................5

PRESENTACIN...................................................................................................................7

1.1 NATURALEZA Y PROPSITO DE LA MISIN

1.2 METODOLOGA

2. SITUACIN DE POBREZA Y MALNUTRICIN EN CATALUA.......................................13

2.1 LOS RECORTES DE LA RENTA MNIMA DE INSERCIN

2.2 LA MALNUTRICIN INFANTIL

2.3 LOS COMEDORES SOCIALES

2.4 EL ENFOQUE DE LA ADMINISTRACIN

3. EL DERECHO A UNA ALIMENTACIN ADECUADA........................................................31

3.1 EL MARCO INTERNACIONAL

3.2 EL MARCO ESTATAL

3.3 RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIN EN CATALUA

4. EL SISTEMA AGOALIMENTARIO EN CATALUA: UN FACTOR ESTRUCTURAL DE

VULNERABILIDAD PARA EL DERECHO A LA ALIMENTACIN..........................................45

5. EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS, LA COMPRA PBLICA

Y PROPUESTAS ALTERNATIVAS.........................................................................................55

5.1 EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS Y EL BANCO DE ALIMENTOS

5.2 LA COMPRA PBLICA PARA CAMBIAR EL SISTEMA ALIMENTARIO

5.3 PROPUESTAS ALTERNATIVAS

6. CASOS PARADIGMTICOS.............................................................................................65

6.1 NOU BARRIS

6.2 CIUTAT VELLA

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....................................................................89

8. AGRADECIMIENTOS.......................................................................................................96

9. GLOSARIO.......................................................................................................................97

10. BIBLIOGRAFA Y OTRAS FUENTES..............................................................................98

11. ANEXOS.........................................................................................................................101


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PRLOGO

El presente trabajo sobre la vulneracin del derecho humano a la alimentacin en Catalunya es uno de

los primeros informes que aborda el impacto de la crisis econmica y nanciera europea en clave de

derechos humanos. La clase poltica y la opinin pblica europeas se acostumbraron a pensar que el

hambre, la malnutricin y las violaciones de los derechos humanos eran problemas de los pases po-

bres. Este estudio cuestiona estas verdades complacientes y demuestra que los factores estructurales

detrs de las violaciones del derecho a la alimentacin adecuada aqu documentadas son similares a

las existentes en los pases del Sur.

El informe es fruto de un trabajo colectivo y solidario de ciudadanas y ciudadanos que no queran se-

guir callados ante la injusticia de miles de familias catalanas sin sucientes ingresos para alimentarse

adecuadamente. Tomarse la molestia de cuestionar rigurosamente percepciones comunes sobre la

pobreza y sus causas no es un trabajo que atraiga la atencin de nanciadores. As, los costes de la in-

vestigacin y recoleccin de datos necesarios para poder elaborar un slido informe fueron sufragados

a travs de una red social de nanciacin colectiva y colaboracin distribuida (Goteo). Desde ella es

posible impulsar el desarrollo autnomo de iniciativas con nes de carcter social, cultural, cientco,

educativo, periodstico, tecnolgico o ecolgico, que generen nuevas oportunidades para la mejora

constante de la sociedad y el enriquecimiento de los bienes y recursos comunes.

Dentro de las contribuciones ms importantes del informe se destaca el haber analizado de manera

conjunta las deciencias de las respuestas asistencialistas y privatizadoras imperantes de cara a la cri-

sis alimentaria en los barrios ms pobres de Barcelona; as como las deciencias del sistema agro-ali-

mentario local que potencian la vulnerabilidad y la dependencia de los colectivos sociales afectados,

como por ejemplo, las nias y los nios desnutridos y malnutridos. Adems de la responsabilidad que

le corresponde al Estado espaol por la situacin actual, queda pendiente analizar en el futuro el rol de

actores externos como Alemania, la Unin Europea y el Fondo Monetario Internacional a la luz de las

obligaciones extra-territoriales de derechos humanos.

En el corazn del informe late pues la dignidad de los miembros de las asociaciones de vecinos que

en barrios como Can Peguera estn construyendo sus propios comedores sociales como espacios

de convivencia, a los que no slo se va a comer, sino a reconstruir los vnculos sociales del vecindario

para reivindicar derechos, para reclamar la gestin propia del barrio y la soberana alimentaria de Cata-

lunya. Sin lugar a dudas, este informe y el proceso organizativo que l trasluce resultan una fuente de

inspiracin.

Sofa Monsalve SurezFIAN InternacionalHeidelberg, octubre 2014


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1.PRESENTACIN


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Informe sobre el derecho a la alimentacin adecuada en Catalua


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1. PRESENTACINEl objetivo de este informe es analizar los impactos de la actual crisis econmica en el acceso a una

alimentacin adecuada en Catalua. En concreto, se estudia en qu medida las polticas de austeridad

impulsadas por el gobierno de la Generalitat de Catalua han supuesto retrocesos en la satisfaccin del

derecho a una alimentacin adecuada de las personas en situacin de vulnerabilidad.

La investigacin est organizada en cuatro captulos. El primero describe el impacto de las reformas

en la Renta Mnima de Insercin y en la poltica de becas comedor en el incremento de la pobreza y la

malnutricin en Catalua. El segundo apartado se reere a la regulacin del derecho a una alimenta-

cin adecuada en el derecho internacional de los derechos humanos, y sus implicaciones en el mbito

estatal y autonmico.

El tercer captulo y cuarto captulo, por su parte, analizan aspectos relevantes para entender el fun-

cionamiento del sistema alimentario en Catalua como la desatencin del campo, y los nocivos im-

pactos de la Poltica Agraria Comn. En concreto, se detallan fallas signicativas del sistema como el

desperdicio de alimentos y el perjuico que suponen para los productos ecolgicos y de proximidad las

polticas de compra pblica.

El quinto apartado ejemplica el funcionamiento de las polticas de atencin a las necesidades ali-

mentarias de la poblacin empobrecida a travs de dos estudios de caso: Nou Barris y Ciutat Vella, en

Barcelona.

El informe cierra con un ltimo bloque de conclusiones y recomendaciones dirigidas a los poderes

pblicos.

1.1 NATURALEZA Y PROPSITO DEL INFORME

El impacto de la crisis econmica en Catalua supone para las personas afectadas enfrentar impor-

tantes dicultades para hacer frente al pago de las necesidades bsicas, entre ellas la vivienda o la

alimentacin. La situacin de emergencia habitacional y de pobreza energtica que se suma

tambin a la de emergencia alimentaria hace que el problema de la pobreza tenga que enten-

derse desde una perspectiva integral y garantista de los derechos humanos.

Con el objetivo de poder analizar la situacin del derecho a la alimentacin en Catalua, diversas

entidades han unido esfuerzos para realizar una investigacin conjunta. El trabajo colectivo estcoordinado por Entrepobles, Observatori DESC, Educacin para la Accin Crtica (EdPAC) y Grupo

de Investigacin en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Ctedra UNESCO de Sostenibilidad.


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Asimismo, han colaborado Espai Social i de Formaci dArquitectura (ESFA), VSF Justicia Alimentaria

Global, Aliana per la Sobirania Alimentria de Catalunya, Xarxa Consum Solidari y Associaci Salut

i Agroecologia (ASiA) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El Observatori DESCdispone de una trayectoria de 15 aos de trabajo en el mbito de la defensa

y promocin de los derechos sociales, muy especialmente en derecho a la vivienda y ms reciente-

mente en derecho a una alimentacin adecuada. Hay que destacar el trabajo de formacin en de-

rechos sociales y de investigacin, con varias publicaciones al respecto. Desde hace ms de cinco

aos brinda apoyo al trabajo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Por su parte el Grupo de Investigacin en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Universitat

Politcnica de Catalunya (GIDHS)y la asociacin Educacin por la Accin Crtica (EdPAC) tiene una

interesante experiencia de investigacin en misiones sobre derechos humanos en diferentes pases

latinoamericanos desde 2008. Ha acompaado en estas misiones a movimientos y organizaciones

campesinas con el respaldo de la Va Campesina en Argentina, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Asi-

mismo han trabajado en informes dentro del Estado espaol, como es el caso de un reciente informe

sobre acaparamiento de tierras en Andaluca.

Entrepobleses una asociacin independiente y laica, impulsada en 1988 por los Comits de Soli-

daridad con Amrica Latina que, a travs de la Cooperacin Internacional Solidaria, la sensibiliza-

cin social, la educacin emancipadora, la incidencia poltica y el apoyo a los movimientos sociales

emancipatorios, trabaja en la bsqueda de una justicia que permita la satisfaccin para cualquier

persona, tanto mujeres como hombres, y en cualquier lugar del mundo, de los derechos humanos,

polticos, econmicos, sociales y culturales.

A travs de la investigacin participativa con las organizaciones sociales de los barrios del

rea metropolitana de Barcelonahemos podido detectar una problemtica en cierta medida invi-

sibilizada: las especiales carencias alimentarias de las personas en riesgo de exclusin. A pesar del

despliegue de comedores y bancos de alimentos, lo cierto es que continan siendo insucientes y su

uso estigmatiza a las personas usuarias y difcilmente otorgan los niveles nutricionales adecuados.

Siguiendo en la misma lnea, el propsito del presente informe es el de recabar la informacin nece-

saria para verifcar el grado de implicacin del Estado espaol y el gobierno cataln en el cum-

plimiento de sus obligaciones adquiridas en materia de derecho internacionalde los derechos

humanos.


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1.2 METODOLOGA

En el periodo comprendido entre los meses de octubre de 2013 a junio de 2014 se recab informacin

acerca de la situacin de empobrecimiento de la sociedad catalana y del derecho a una alimentacinadecuada.

La elaboracin del informe prev las siguientes etapas:

Recogida previa de informacin general sobre el contexto histrico, poltico y social de Cata-

lua.Trabajo de campo y realizacin de entrevistas.

Anlisis e investigacin de la informacin recabada y redaccin del informe.

Presentacin del informe en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y entrega del mismo

para su inclusin de cara al EPU del Estado espaol.

Presentacin de este informe en Catalua.

Previamente al inicio de las entrevistas se recogieron diversos informes elaborados por otras organiza-

ciones internacionales y estatales relacionados con la situacin social y poltica del pas.

Durante el trabajo de campo, el equipo realiz ms de 50 entrevistas. De ellas, 11 fueron con actores

que consideramos institucionales: diferentes niveles de gobierno,ombudsmen, tcnicos de servicios

sociales, mdicos y organizaciones polticas. Las restantes se hicieron a personas pertenecientes a

organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y acadmicos. En stas se incluyen los

testimonios de las personas afectadas1. Para acceder a las entrevistas, el equipo cont con la colabo-

racin de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, organizacin que tiene amplia presencia a nivel

territorial.

Las entrevistas institucionales2contaron con la colaboracin de personas del Govern de la Generalitat

de Catalunya como el Conseller de Salut, representantes de diversos departamentos y secretaras, as

como de la Ocina del Sndic de Greuges. Estas entrevistas nos facilitaron datos del contexto poltico

actual y el posicionamiento del Gobierno frente a la actual conictividad social.

Las entrevistas realizadas a organizaciones sociales o relacionadas con los derechos humanos, como

Critas, AVV Casc Antic, Fundaci Casc Antic, Obra Social Sta Llusa de Marillach, Universitat de

1 Para recoger informacin de testimonios de casos individuales de vulneracin de derechos humanos se elaboraron dos modelos deentrevista, uno con el objetivo de recabar la informacin imprescindible para presentar el caso ante los Relatores Especiales de las Naciones

Unidas y otro para la divulgacin en este informe.

2 Las entrevistas a actores institucionales se escogieron por su relacin en mayor o menor medida con los temas del informe, en funcin de

los avances de la investigacin. Se solicitaron las audiencias va telefnica y en general y se tuvo acceso a todas las personas solicitadas, aexcepcin de algunos pocos casos que por diversos motivos no nos pudieron atender.


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Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autnoma de Barcelona, Fundaci FUTUR, Nutrici

sense Fronteras, A.VV Ciutat Meridiana, A.VV Guinaueta, Banc dAliments, DISA, A.VV Porta, Associa-

ci 500x20, Projecte Portam a lhort, A.VV Can Peguera - Projecte Menjador Social, Comedor social

Fundaci Futur Ciutat Vella, Comedor social Fundaci Roure Ciutat Vella, Fundaci la Caixa, Creu Roja,

Cooperativa Userda, entre otras, nos aportaron informacin general respecto al contexto social del pas

y a la situacin de la poblacin, as como algunos casos de vulneraciones en particular. A partir de las

entrevistas testimoniales obtuvimos la informacin necesaria para el conocimiento y la reconstruccin

de los casos que se presentan en el informe. En todas las entrevistas se fue recabando la documenta-

cin complementaria para la investigacin: noticias de prensa, documentos institucionales, boletines

informativos, etc. Se grabaron la totalidad de las entrevistas3, en formato audio o audiovisual, para

transcribirse posteriormente en formato digital, gracias a la colaboracin de un equipo de ms de 40

voluntarios/as.

3 Se consult a todas las personas entrevistadas si autorizaban el uso pblico de su nombre y si era posible realizar la grabacin de la entre-vista y en la casi totalidad de los casos, la respuesta fue armativa.


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02. Situacin de pobreza y malnutricin en Catalua

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2.SITUACIN DEPOBREZA Y

MALNUTRICIN EN

CATALUA


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2. SITUACIN DE POBREZA

Y MALNUTRICIN ENCATALUALa explosin de la burbuja inmobiliaria y el colapso del sistema bancario a nivel mundial dieron lugar a

una grave crisis econmica en el Estado espaol y en Catalua. Adems, la paralizacin del sector de

la construccin provoc un fuerte aumento del desempleo, empobreciendo a las familias e imposibili-

tando el pago de hipotecas y deudas.

Grfico 1. Tasa de desempleo de la poblacin a partir de 16 aos en Espaa y Catalua en 2002-2014*Fuente: EPA-INE

La aplicacin de medidas de austeridad profundiz la recesin econmica y empeor la situacin de la

gran mayora de la poblacin, especialmente de las personas y familias empobrecidas.

As, en 2011 haba 760.000 personas desempleadas en Catalua, lo que supone una tasa de paro del

19,16%1. Adems, desde el estallido de la crisis en 2008 gran parte de los contratos de trabajo que

se realizan son temporales y/o a tiempo parcial. De esta forma, disponer de trabajo no es garanta su-

ciente para no situarse bajo el umbral de la pobreza2. La incidencia de la pobreza laboral es un

1 Encuesta de Poblacin Activa - Instituto Nacional de Estadstica (INE).2 El umbral de pobreza es el 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo (escala OCDE modicada), tomando la dis-tribucin de personas. Los ingresos por unidad de consumo se obtienen dividiendo los ingresos totales del hogar entre el nmero de unidadesde consumo. La pobreza extrema hace referencia a quienes se encuentran por debajo del 30% de la renta mediana. Fuente: INE.

15

0

5

10

15

20

25

30

Catalua

Espaa

2014201320122011201020092008200720062005200320032002

9,5

11,2 11,3 11,1

9,3

8,47,9

10,4

17,8

19,920,6

24,4

26,1

24,5

10,59,8

7,16,3 6,1

7,5

15,9

17,617,9

21,8

23,5

20,2


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importante problema en la actualidad: en Catalua representa el 11,7% de la poblacin trabajadora,

mientras que en 2005 era del 8,6%3. Tambin aumenta la pobreza sobrevenida o nueva pobreza de

quienes teniendo un estatus socioeconmico medio han perdido en poco tiempo su capacidad eco-

nmica. As, la falta de empleo y la precarizacin del mismo hacen que, aun pudiendo disponer de

empleo, muchas familias padezcan dicultades para acceder a una alimentacin adecuada.

El encarecimiento de los alimentos, la insuciencia del salario para cubrir las necesidades bsicas y el

desborde de los servicios de atencin social hacen que las familias se vean a menudo afectadas a nivel

psico-social, con estados de depresin y ansiedad, tal y como se ha documentado en las entrevistas

realizadas.

Grfico 2. Comparativa del ndice de paro en Europa, Espaa y Catalua en 2013Fuente: EUROSTAT y IDESCAT

En efecto, entre 2010 y 2011 la poblacin en situacin de pobreza en Catalunya4era de 1.994.300

personas, de las cuales 623.200 en situacin de pobreza extrema.5Otros datos sealan que el riesgo

de pobreza extrema en Catalua ha aumentado ms del doble con la crisis, pasando de afectar a un

3,5% en 2006 a un 7,3% en 2011, un incremento del 120%. Este incremento de la pobreza se debe a

que, entre los aos 2006 y 2011, en el nivel ms bajo de rentas (decil 1) los ingresos anuales pasaron

3 Centre dEstudis i Recerca Sindicals (CERES) (2014): Informe sobre levoluci de les desigualtats socials a Catalunya. Barcelona: CERES-CCOO.4 Personas por debajo del 60% de la mediana de la distribucin total de la renta personal disponible equivalente. Fuente: Trullen, J. (2013):Limpacte social de la crisi a lrea Metropolitana de Barcelona i a Catalunya. Barcelona: IERMB, disponible en: http://www.iermb.uab.es/htm/revistapapers_numeros.asp?id=61.5 Personas en situacin de mediana de la distribucin total de la renta personal disponible equivalente,ibid.

0 5 10 15 20 25 30

Alemania

Dinamarca

Reino Unido

Sucia

Finlandia

Estonia

Eslovenia

Francia

Polonia

UE (28 pasess)

Portugal

Italia

Catalua

Espaa

Grecia 27,5

26,1

23,1

17,3

16,4

10,8

10,3

10,3

10,1

8,6

8,2

8

7,6

7,0

5,3

'


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de 4.570 euros en 2006 a 2.519 euros en 2011. Esto supone que las rentas ms bajas tenan en 2011

un 46,6% menos de renta familiar disponible que en 20066.

En Catalua, entre los aos 2008 y 2012, la tasa de riesgo de pobreza creci ms que en el Estado

espaol y estaba 3 puntos por encima de los otros pases de la zona euro.

Grfico 3. Tasa de riesgo de pobreza despus de las transferencias sociales. 2008-2012.Fuente: IDESCAT

En el ao 2012 un 40% de los hogares catalanes no poda hacer frente a gastos imprevis-

tos, mientras que en 2008 el porcentaje era del 24,4%. Asimismo, en 2008 un 4,9% de los

hogares catalanes no poda mantener el hogar a una temperatura adecuada, y en 2010

este porcentaje era del 10,9%1. El encarecimiento de los suministros bsicos, por ejemplo la luz,

que de 2009 a 2010 subi casi un 10%2, junto con el aumento de otros gastos, como las tasas uni-

versitarias o el transporte pblico, implica reducciones sustanciales en el presupuesto que las familias

pueden dedicar a la alimentacin.

En relacin con la infancia, la tasa de riesgo de pobreza infantil (menores de 16 aos) alcanzaba el

27,3%en 2013 segn Idescat. En 2012 la Cruz Roja ayud a 90.000 nios y nias en riesgo de exclu-

sin, el 37% ms que en el 2011.

6 Ibid!

i l i i l

I

0

5

10

15

20

25

2012

2008

Zona EuroEspaaCatalua

16,6

20,120,8

22,2

16,1

17


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En esta situacin de crisis es muy fcil pasar de una

situacin de vulnerabilidad a una situacin de pobre-

za. Por ello la importancia de que las administraciones

pblicas acten con celeridad en casos de especial ur-

gencia y desde una perspectiva de atencin integral.

En cuanto a la desigualdad, el 20% ms rico de Catalua

ganaba 5,7 veces ms que el 20% ms pobre en 2013,

una cifra que en Espaa era de 6,37veces. La media euro-

pea se situaba en el 5,1. En Catalua, segn datos de 2010,

el ndice de Gini8era 0,32, y en la ciudad de Barcelona 0,39,

lo que signica que el 20% de la poblacin con mayoresrecursos econmicos obtena 6,22 veces ms ingresos que

el 20% de la poblacin de nivel econmico ms bajo10.

2.1. LOS RECORTES DE LA RENTA MNIMA

DE INSERCIN

En este contexto, cabe recordar que las prestaciones sociales en Catalua se encuentran en un mo-

mento crtico tras sucesivos recortes y limitaciones. La Renta Mnima de Insercin (RMI) es una

prestacin que vara en funcin del nmero de hijos/as, pero su nivel mximo, junto con ayudas com-

plementarias, no puede superar el importe del salario mnimo interprofesional, 645,30 euros al mes.

En mayo de 2014, la RMI era percibida por 25.209 personas, aunque se contabilizaban unos 352.500

hogares con ingresos inferiores a 9.000 euros anuales y unos 240.000 hogares ms que, aunque son

asalariados, cobraban menos de 650 euros mensuales11

.

Ante esta situacin, el Govern de la Generalitat se propuso abordar una revisin de las condiciones

para el cobro de la RMI con el objetivo de optimizar el sistema y acabar con un supuesto fraude que

se presentaba como generalizado. Miles de personas dejaron de recibir la ayuda sin previo aviso y de

forma sbita. Se calcula que entre 2011 y 2012 unos 7.000 hogares se quedaron sin la ayuda y que

desde 2011 hasta el ao 2013 se negaron 37.000 peticiones.12

7 INE e IDESCAT 2013.8 Medidor de desigualdad, del 0 (igualdad) al 1 (ms desigual).9 Pla per a la Inclusi Social de Barcelona2012-2015, Ayuntamiento de Barcelona, p.28.10 IDESCAT, a partir de Encuesta de Calidad de Vida del INE.11 Gutirrez, E., Nueva pobreza y renta mnima de insercin,Taula dEntitats del Tercer Sector, Dossier Catalunya Social, nm. 35, 2014 !12 Ibid.

Plaza Sant Jaume de Barcelona, marzo de2014. Clases por Comida.


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Entrevista a Albert Sales, socilogo e investigador de la UniversidadPompeu Fabra

La retirada de los servicios sociales o su cambio de rol est afectando, por opciones ideolgicas, a lascapas ms vulnerables de la poblacin. Un ejemplo paradigmtico es el recorte de la renta mnima de

insercin en el caso de Catalua.

En 2011 se pone en cuestin el modelo para identificar los fraudes. Es totalmente legtimo por parte

de los planificadores polticos hacerlo si creen que no funciona, pero los argumentos y el mecanismo

fueron altamente criminalizadores y penalizadores de las formas de pobreza que vivan las personas

afectadas.

En un momento dado se dej de hacer la transferencia mensual de esta RMI y se les dijo a los y las

perceptoras que tenan que ir a buscar un cheque porque las RMIs estaban en proceso de revisin. Los

Consellers Mena (Francesc Xavier Mena i Lpez) y Cleries (Josep Llus Cleries i Gonzlez) tuvieron que

explicar los motivos pblicamente ante las protestas de los trabajadores y trabajadoras sociales que

se encontraron con muchas personas que no haban recibido la transferencia y no podan enfrentar

sus gastos mensuales. Sus argumentos fueron del estilo sabemos que hay mucha gente que est co-

brando de algn lado adems de la renta mnima y eso no es legal. Sin dar datos, sin ningn estudio,

sin ningn tipo de fiabilidad ms que su palabra [...] hablaron de ancdotas que lo que pretendan eracriminalizar. Insistieron mucho en que el 45% de los preceptores eran extranjeros y en la cantidad de

marroques que haban cobrado la RMI, poniendo sobre la mesa la duda sobre si haban vuelto a su

pas y seguan cobrando.

Al final, esto se concreta en una paralizacin del programa y en que un 35% de los perceptores dejan

de percibir esta renta mnima. Y adems, muchos de los que s tenan derecho a seguir recibindola

acumularon retrasos de dos o tres semanas que les hicieron pasar situaciones muy crticas.

A nivel legislativo, en julio de 2011 se modic la ley 10/1997 y a nales de agosto del mismo ao el

Parlament de Catalunya aprob un decreto sobre la RMI tambin destinado a limitar el acceso a esta

prestacin.


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Entrevista a Mara Jess Larios, adjunta para la defensa de los derechosde los nios del Sndic de Greuges

Uno de los principales elementos para combatir la pobreza es la RMI, que ha venido sufriendo mod-ificaciones desde el 2011, en el sentido de reducir la cobertura de estas rentas mnimas. Se amplan

aos de residencia para ciudadanos extranjeros, tambin se reduce el cmputo de meses para el

clculo de la renta de la persona, lo cual dificulta el acceso a las rentas mnimas o bien, se establece

como criterio para acceder a esta renta que las personas que las soliciten, adems de problemas de

insercin laboral, tengan algn problema social aadido, de manera que no basta con la pobreza sin

ms, sin adjetivos, sino que ha de haber situaciones de cierto riesgo social. Con esta modificacin

inicial, 10.000 familias dejan de tener la renta mnima.

Los recortes en la RMI y en general en las polticas de atencin a la dependencia y de becas comedor

afectan a las familias de manera directa y muy especialmente a las mujeres. Las tareas de cuidados no

se reparten con equidad sino que sobrecargan an ms a las mujeres, no tan slo como cuidadoras no

renumeradas sino tambin como gestoras del hogar. Con esta poltica de recortes, las administra-

ciones han decidido prescindir de asumir, gestionar y afrontar la crisis de los cuidados 13(incluidoel derecho a la alimentacin), relegando su responsabilidad al mbito privadoy aumentando la carga

en los hogares y especialmente en las mujeres14.

2.2. LA MALNUTRICIN INFANTILEl debate acerca de la malnutricin infantil cobr protagonismo en agosto de 2013, a raz de un informe

del Sndic de Greuges (defensor del pueblo propio del mbito de Catalunya), donde alertaba que cerca

de 50.000 nios y nias catalanes no se podan permitir comer carne o pescado al menos una vez

cada dos das, o sea, no coman protenas de manera regular. Agregaba que haba 751 nios y nias

menores de 16 aos con cdigos diagnsticos relacionados con la pobreza y la desnutricin infantiles15,

con una edad media de 4 aos (una cuarta parte menores de un ao), mayoritariamente de nacionalidad

extranjera (56%). Por su lado, el gobierno cataln rebaj esta cifra a 650, sealando que se trataba de

casos que se encontraban en riesgo de padecer malnutricin falta o exceso de nutrientes.

13 Por crisis de los cuidados entendemos el complejo proceso de desestabilizacin de un modelo previo de reparto de responsabilidadessobre los cuidados y la sostenibilidad de la vida, que conlleva una redistribucin de las mismas y un reorganizacin de los trabajos decuidados de: Orozco, A.,Amenaza tormenta: La crisis de los cuidados y la reorganizacin del sistema Econmico, Madrid, 200514 Orozco, A. De vidas vivibles y produccin imposible,Cap. 4 en No dejes el Futuro en sus manos. Cooperacin Solidaria ante la crisis delcapitalismo global, Entrepobles, 2012.

15 Segn datos de junio de 2013 de la historia clnica informatizada de la atencin primaria del Instituto Cataln de Salud (ICS)#


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El informe gener cierta polmica sobre las cifras y abri la discusin acerca de la situacin de la alimen-

tacin infantil. El Govern, por su parte, neg que existiera desnutricin argumentando una mala inter-

pretacin de los cdigos que relacionaban los casos con esta problemtica 16. En una de las entrevistas

realizadas, el Conseller de Salut, Boi Ruiz, indic que los casos no estaban vinculados con la escasez derecursos de sus familias a raz de la crisis, sino que se trataba de sintomatologas de otras enfermedades

que causan malnutricin pero que no estn relacionadas con la pobreza.

Sin embargo, el debate generado con el informe del Sndic de Greuges cerr en falso con un desacuerdo

sobre la terminologa. As, el trmino desnutricin desapareci de los titulares y se habl de malnutri-

cin17. El mismo Sndic seal que no se puede decir que los nios en Catalua pasen hambre, pero s

hemos constatado decenas de miles de casos de malnutricin infantil. De hecho, como se aprecia en

las entrevistas, la mala alimentacin es un rasgo particular de la pobreza, ya que la bollera industrial, la

pasta, el arroz y otros preparados son la base de las entregas de canastas alimentarias en los diferentes

bancos de alimentos18.


Estamos hablando de malnutricin por razones econmicas en base a nuestra informacin a partir

de la realidad que el Sndic conoce, as como de los anlisis de los datos pblicos de encuestas de

vida elaborada por Eurostat. Estamos poniendo de manifiesto que a partir de unas encuestas y dems

estudios de la propia Sociedad Espaola de Pediatra se incida en las condiciones de malnutricin

y por tanto, estamos hablando de temas sociales. Despus ha habido declaraciones de la Sociedad

Espaola de Pediatra y del Consejo asesor del Gobierno de la Generalitat de polticas sociales que

han reconocido la existencia de malnutricin infantil. Si en algo ha contribuido el informe es en crear

cierto consenso en que tenemos un problema de malnutricin infantil y que por lo tanto las adminis-

traciones pblicas debern hacer frente a este problema considerarlo en la agenda pblica.

16 Cul es la diferencia entre malnutricin y desnutricin? Segn la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura(FAO), la malnutricin puede deberse a una alimentacin insuciente, excesiva o desequilibrada cuya cantidad y calidad de nutrientesnecesarios para la nutricin correcta no son las adecuadas. La ingestin alimentaria inadecuada y las enfermedades y las infecciones quealteran las necesidades dietticas y la capacidad de organismo de absorber y utilizar los nutrientes de forma ecaz son causas inmediatasde malnutricin. Existe desnutricin cuando el aporte calrico es inferior a las necesidades mnimas de energa alimentaria, resultado de unadieta deciente en uno o varios nutrientes esenciales o de una mala asimilacin de los alimentos.17 A raz del Programa la Obesidad Infantil en Barcelona (POIBA), promovido por la ASPB, se realiz una encuesta en centros de educacinde primaria de la ciudad sobre hbitos alimentarios y ejercicio fsico que responden nios y nias y sus familias. Entre los resultados destaca:que un 20,2% de nios y nias tienen sobrepeso y un 15,8% obesidad, la suma es del 36%. Tambin se detecta la relacin entre el nivel

socio-econmico y el sobrepeso. De esta forma, en el nivel socio-econmico bajo se detecta que el ndice de sobrepeso es del 26%, mientrasque en el nivel socioeconmico medio es del 15,9% y en nivel socioenmico alto es del 14,4%. (Fuente: Programa la Obesidad Infantil enBarcelona (POIBA)-Agncia Salut Pblica ao 2012).18 Encuesta de Salud de la Agencia de Salud Pblica de Catalunya, 2013.


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Entrevista a Carlos Losana, pediatra CAP Ciutat Vella

Hay dos tipos de desnutricin, una que es primaria porque no se ingieren alimentos suficientes,

y otra secundaria, porque hay una enfermedad de base que hace que la absorcin de los nutrien-tes no sea correcta. La respuesta de los polticos y de la Societat Catalana de Pediatra fue decir

que estos casos eran secundarios a otras enfermedades y no eran primarios, es decir, que no se

deban a la situacin econmica.

Los diagnsticos de pobreza, malnutricin y desnutricin los utilizamos poco en los hospitales y

CAPs, se utiliza ms el de bajo peso, estancamiento ponderal o anemia ferropnica o raquitismo,

que seran formas de presentarse la desnutricin [...]. Cuando vemos que un nio no crece o que

sigue una nutricin inadecuada lo derivamos a servicios sociales para que examinen qu sucedey ah s que ya aparecen diagnsticos de pobreza. A travs de los trabajadores sociales de los

centros de atencin primaria o de los hospitales y travs de los servicios sociales de los barrios,

se podra intentar hacer este listado de qu personas tienen pocos recursos, pero en las historias

clnicas del Institut Catal de la Salut no suele aparecer.

[...] Posteriormente, la Societat Catalana de Pediatra ha reconocido que hay sntomas de malnu-

tricin en Catalua, nios tal vez afectados por la malnutricin por causas econmicas, tanto por

defecto como por exceso. [...] Porque una mala nutricin tambin puede generar obesidad,est demostrado que la incidencia de la obesidad en Catalua est aumentando, las personas con

bajos recursos tienen una mala calidad alimentaria. No tienen un dficit de protenas y de caloras

pero la calidad nutricional de sus alimentos no es correcta.

Por un lado, en algunas entrevistas con pediatras se armaba que la informacin de los cdigos no es

completa, que no existen protocolosque puedan vincular certeramente situaciones de malnutricin

o desnutricin con la situacin socioeconmica familiar. En consecuencia, depende de la voluntad

del pediatraexplorar esta circunstancia que va ms all de la elaboracin de un diagnstico. As, es

probable que detrs de un nio o nia malnutrido exista una persona adulta en una situacin se-

mejante19. La presidenta de la Asociacin Catalana de Enfermera Peditrica, Anna Pedraza, alert de

que cada vez son ms las madres malnutridas que no pueden dar el pecho a sus bebs y que se ven

forzadas a pedir leches articiales adaptadas a las entidades sociales.

19 Tambin siete millones de personas adultas en el Estado espaol (el 16% de la poblacin) sufren malnutricin. Esa fue la conclusin delprimer encuentro sobre el hambre y la malnutricin, celebrado en Oviedo en octubre de 2013.


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Entrevista a Carlos Losana, pediatra CAP Ciutat Vella

Varias personas han venido a pedir leches especiales para nios enfermos que pueden ir con receta,

ya que no tienen recursos para comprar la leche de bote. Incluso tambin hemos tenido que hacervarios informes diciendo que el menor necesita tomar leche artificial para que con ese papel, firmado

por un mdico o una enfermera, vayan a alguna entidad como puede ser Critas y les den leche.

Por otro lado, tambin tuvo gran trascendencia el informe del Sndic por la deteccin en colegios de

aproximadamente 2.800 nios/as con posibles dfcits en el mbito de la alimentacin . Nios y

nias con situaciones de subnutricin infantil, con ingesta insuciente de alimentos en determinadosmomentos del da o pocas del ao para satisfacer las necesidades alimenticias propias de su edad u

otras manifestaciones de malnutricin infantil. Infantes que no tienen una alimentacin sucientemente

equilibrada, con dieta pobre, sin ingerir la diversidad de nutrientes necesarios.

Entrevista a Lina Poyatos, usuaria de servicio de ayuda alimentaria,miembro de la PAH

No hay cereales ni fruta en los paquetes de alimentos que te ofrecen. Cuando llegas a casa la nia

muerta de hambre te dice: qu te han dado? Otra vez macarrones? No te han dado galletas?. Mi

hijo ha pasado meses sin tomar leche, no toma leche sola y no hay Cola Cao. Eso a la larga son caren-

cias. Ellos estn padeciendo lo que las televisiones tratan de ocultar: hay hambre infantil.

Tuvimos que ir a Critas. Te lo dan cada mes y medio, y descansas mes y medio. En ese tiempo vives

del aire. 6 semanas de recogidas y 6 sin pasar por Critas, para que las monjas no te regaaran. Eso te

llega para 4 das como mucho. La gente deca qu necesitas? harina. Con eso lo arreglaba todo.

Mi hija me deca mam, mis amigas llevan pan... yo tambin quiero; es crudo que te pida eso. As

que pan con mantequilla y azcar, y para el cole. No haba para chorizo, mortadela ni pat siquiera.

2.2.1. Las becas del comedor escolar

Al igual que con la RMI, el Govern de la Generalitat redujo el importe destinado a las becas comedor.En consecuencia, muchas de las familias que pasan por dicultades econmicas no reciben becas

comedor, siendo slo accesibles para el 61% de los alumnos que padecen una situacin de privacin


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material severa20. Algunas familias no acuden a las ayudas para el comedor por vergenza o miedo.

Incluso personas entrevistadas expresaron el temor de que sus hijos les sean retirados a un centro de

menores tutelados.


Las becas comedor son un instrumento de conciliacin de la vida familiar, para inicialmente garan-

tizar el acceso al comedor escolar o ayuda al acceso al comedor escolar, pero se han convertido en un

instrumento para combatir la malnutricin infantil.

Hasta ahora en Catalua no se cubra el 100% de las becas comedor, y esta era una de las insuficien-

cias: haba familias que no podan asumir el 50% o 25% que no quedaba cubierto y renunciaban a la

beca. Por lo tanto, este era un indicio claro de que poda haber situaciones de malnutricin. Por eso,

en el informe planteamos recomendaciones en relacin a las becas comedor que deben estar condi-

cionadas a las necesidades y no a la partida presupuestaria; adems, en el diseo de estas becas que

se prime la renta por encima de otros criterios.

Con el objetivo de sistematizar la valoracin de la poltica de becas comedor se exponen las siguientes

consideraciones:

En primer lugar, el Consorcio de Educacin de Barcelona -formado por la Generalitat y el Ayuntamien-

to- inigi un recorte presupuestario de dos millones de eurosa las becas comedor escolar en el

curso 2011-2012. Tras la polmica del informe del Sndic, sin embargo, la Consellera de Educacin

anunci ayudas a comedores escolares reconociendo la situacin de malnutricin asociada a pobreza

que el Conseller de Salut haba negado.

Para el curso 2013-2014, han sido 67.000 los y las escolares de Catalua que se han beneciado de

becas comedor, de los cuales 3.000 perciben una beca del 100%. En el curso 2009-2010, antes de los

recortes, haba 75.460 beneciarios/as21.

En segundo lugar, con las becas comedor emerge el problema de la estructura de la propia Administra-

20 Sndic, el Defensor de les Persones,Informe sobre la malnutricin infantil a Catalunya, agost 2013, p. 12 y 23.21 Bonal, X. y Verger, A., La agenda de la poltica educativa en Catalua: un anlisis de las opciones de gobierno(2011-13), Fundaci Boll,2014.


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cin para gestionar ayudas de carcter social. Por un lado se depende del Consorci dEducaci, que

beca un 50%, y por otro lado de servicios sociales, que es quien la concede. Se produce por tanto un

circuito lento, a menudo inefcaz, y poco comprensible para muchas personas que solicitan la

ayudapara sus hijos/as. Adems, se hacen evidentes los problemas de coordinacin dentro de la

propia administracin, dada la inexistencia de un protocolo de actuacin conjunta entre departamen-

tos y entre responsables de servicios sociales, educacin y sanidad.

En tercer lugar, ante la falta de cobertura por parte de la Administracin, entidades como Educo, Fun-

desplai o la Cruz Roja han actuado de forma subsidiaria, supliendo en gran medida las responsabilida-

des de las administraciones pblicas22.

Entrevista a Mara Jess Larios, adjunta per a la defensa dels drets delsnens del Sndic de Greuges

No hi ha poltiques pbliques per combatre la pobresa infantil, com existeixen a d'altres pasos, pasos

nrdics o del centre d'Europa. Combatre la pobresa infantil significa combatre la pobresa de famlies

amb nens, perqu els nens no actuen sols. Les poltiques d'ajuda a famlies als pasos europeus, tant

rendes especfiques com ajudes directes, sn les que permeten reduir la pobresa. Per exemple, unaaltra dada: la poltica social a Catalunya i a l'Estat espanyol s de les menys eficients a Europa per

combatre la pobresa infantil. s a dir, la inversi en poltica social s ms reduda que a Europa, per

a ms, el percentatge destinat a les famlies s encara inferior. Hi ha poltica social per no es dirigeix

especialment a les famlies amb nens.

En cuarto lugar, debe alertarse que en la franja de 0-3 aos no existe cobertura de becas comedor. Distintos

movimientos sociales denuncian los impactos de los recortes en los jardines de infancia23.

En quinto lugar, la compactacin del horario en centros de educacin secundaria supone la eliminacin de

becas comedor. Por ejemplo, en el distrito de Ciutat Vella en Barcelona, en el curso 2013-2014 se han compac-

tado los horarios en todos los centros del distrito, con los consiguientes impactos en la falta de garanta de acce-

so a la alimentacin para aquellos nios y nias cuyas familias estn en una situacin de necesidad econmica24.

22 Gutirrez, M.,Las becas comedor no llegan a las familias de la nueva pobreza, en la Vanguardia de 20/05/2014 consultar en: http://www.lavanguardia.com/vida/20140520/54407088273/becas-comedor-familias-pobreza.html23 https://escolesbressolindignades.wordpress.com/manifest/24 Se profundiza en este tema en el captulo 6, que analiza las entrevistas en los barrios!


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Entrevista a Blanca Raid Quintana y Carlota Basols Mas, Cruz Roja

Iniciamos un proyecto en institutos porque la franja de adolescencia queda muy descubierta por parte

de la Administracin. Al compactar horarios, se han eliminado las becas comedor y eso fomenta queestn en la calle. Se ha hecho una prueba piloto en zonas de especial vulnerabilidad o de extrema po-

breza. La idea es abrir el proyecto al resto del instituto, y as si un nio o nia no est becado pero se

quiere quedar puede hacerlo y de este modo, el comedor es un espacio normalizado, se intenta repli-

car el modelo de primaria. Si no tienen cantina, se ha resuelto la opcin de unas bolsas con la comida

preparada que las recogen y se las llevan a casa. Si tienen esto garantizado ellos tambin estn ms

tranquilos y rinden ms en la clase, hay menos conflictividad..

Finalmente, todas las instituciones y organizaciones sociales coinciden en queel verano es la poca

ms crtica para los infantes ya que es cuando el colegio cierra y no hay comedor escolar.Mu-

chas iniciativas apuntan en el sentido de mantener los comedores abiertos y buscar alternativas, pero

a menudo se han encontrado con negativas o impedimentos por parte de los ayuntamientos. An as,

experiencias de comedores gestionados por distintas organizaciones sociales se han multiplicado en

los ltimos veranos, por ejemplo en los casals destiu.

2.3. LOS COMEDORES SOCIALESCada vez ms personas adultas recurren en Catalua a los comedores sociales pblicos, concertados o

de las entidades sociales. Si bien el perfl de estas personasest cambiando,en entrevistas con tc-

nicos y trabajadores/as, se constata que los que ms usan este servicio son personas con pobreza

crnica. Sealan que las personas afectadas por la crisis tardan mucho en aceptar su situacin y acudir

a este tipo de ayudas.

Entrevista a Paula, tcnica comedor social de Ciutat Vella

.El ejemplo de nuevos pobres, como les llama el Ayuntamiento, es el comedor de lEixample. Son

gente que lleva trabajando toda su vida, y que de repente, se quedan sin trabajo. Suelen ser ms

hombres, se desvinculan ms de la familia y vienen ms al comedor. Pero hay muchos que llegan con

mucha indignacin de lo que est pasando a nivel social, y con una vergenza brutal. A las mujeres

les cuesta ms, y las que llegan suelen estar desesperadas, destrozadas...


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Mi comedor es muy tranquilo, hay muy buen ambiente, la gente siempre canta, baila. Pero una perso-

na que se ha pasado toda la vida comiendo en su casa y de repente tiene que ir a un comedor como el

de Parallel, que ya slo en la cola te da mucha impresin...

Los comedores sociales no estn, desde mi punto de vista, abasteciendo las necesidades reales,

porque las necesidades reales se ven en movimientos sociales como la PAH, por ejemplo. De la Plata-

forma, hay una sola persona que yo s que va a un comedor social. El resto no van porque el estigma

social de lo que es un comedor social es muy fuerte, y todos lo necesitan, estn comiendo mal, sopas

de sobre, bocadillos, lo que encuentren. Toda esa poblacin no est contabilizada en las estadsticas

del Ayuntamiento. Se dice: 17 comedores, 200 personas o 100 en cada comedor; estamos dando de

comer a tantas personas al ao. Pero no son cifras reales, porque la gente que realmente lo necesita

-que no digo que ellos [los comensales tradicionales] no lo necesiten- no est dentro de estos come-

dores, sino que est fuera, en el limbo.

Entrevista a Abdenaji Elmoukhi, usuario de servicio de ayuda alimentaria

Hay gente que no va a Critas por vergenza. De verte bien a verte abajo del todo... S de gente que

lo ha pasado muy mal y le da vergenza ir. Mucha gente de mi pas se ha vuelto a Marruecos por eso.

Gente que antes tena una nmina, coche, vacaciones... Me voy a dormir y me levanto pobre. .

Entrevista a Jordi C., usuario de comedor social

La verdad es que yo en los comedores sociales he tenido mucha vergenza, la gente te ve que entras y

hablan de ti si te conocen un poco, y piensas cmo has sido capaz de llegar a este momento? y sien-

tes an ms vergenza o miedo. Muchas veces paso por delante y pienso: Dios, yo no puedo volver a

entrar aqu, prefiero reciclar la comida, de las fruteras o lo que sea, me lo guardan mejor. Pero volvera los servicios sociales de la manera que est ahora, pues la verdad es que no.


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Entrevista Emilio, usuario de comedor social

Con los servicios sociales bien, dentro de sus limitaciones pero bien. Por ejemplo, a este comedor al

que voy, una comida por da y con eso vivo. Hay que esperar a que haya plaza para poder acceder, yen mi caso tard un mes para que pudiera conseguir plaza. Y hay de todo, la mayora son catalanes

y un alto porcentaje de gente perturbada, probablemente pacientes psiquitricos que vienen como

autmatas, comen y se van. Sirven verdura hervida, muy pocas veces lechuga, poqusimas veces fruta.

Siempre son platos y un yogurt. Fruta muy poco, verdura cruda muy poca. Si hay legumbres, el otro

plato seguramente tiene carne o pescado. Y solamente en el verano, en los das muy trridos, hay

un poco de ensalada. S que hay otros lugares donde uno puede buscar comida. Pero en general es

comida para cocinar y yo no tengo posibilidades de cocinar

2.4. EL ENFOQUE DE LA ADMINISTRACINPese a la profundizacin de la crisis econmica las respuestas de la administracin han insistido en

polticas propias de otras pocas.

Por un lado, desde el punto de vista econmico, el gasto social es inferior al de otros pases euro-peos. Este dato es especialmente grave dada la situacin de pobreza y vulnerabilidad. Adems, las

ayudas que dotaban de cierta autonoma a los y las beneciarias, como las becas comedor y la RMI,

han sufrido recortes y restricciones.

Por otro lado, a la insuciencia presupuestaria se leaade el enfoque asistencialista y los intentos

de externalizar en organizaciones sociales y del tercer sector las medidas alimentarias. En lugar de

disear propuestas globales y coordinadas entre los distintos mbitos de la Administracin, la Genera-

litat ha apostado por externalizar el reparto de alimentos a travs de entidades privadas muchas deellas directamente vinculadas con la Iglesia Catlica.

En su visita a Espaa en junio de 2013,el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de

Europa, Nils Muinieks, comparta su preocupacin ante la situacin de pobreza y malnutricin

25 y denunciaba la ausencia de una poltica pblica que aborde con integralidad la problemtica .

Remarcaba que las administraciones gestionan la asistencia a los colectivos vulnerables muy externa-

lizada a ONG, asociaciones y fundaciones, lo que signica que hay un gobierno que simplemente est

dando dinero a otros para que hagan su trabajo.

25 Elola, J., Rincn, R., Castedo, A., El hambre se cuela en el colegio, El Pas, 15/06/2013, consultar en http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/15/actualidad/1371321305_388456.html


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Finalmente, los servicios sociales, desbordados por la situacin, apenas trabajan de forma coordinada

con otros sectores de la Administracin y en muchas ocasiones acaban derivando a las y los usuarios

a entidades sociales.

En numerosas ocasiones, pues, son las organizaciones sociales las que se ocupan de contener y

dar respuesta a diferentes problemticas. Las formas y los ritmos de estas organizaciones se adap-

tan mejor en muchos casos a la realidad. Las redes de apoyo familiar y comunitario, y las actuaciones

de carcter paliativo de las entidades han hecho posible, por ahora, sobrellevar las crecientes dicul-

tades econmicas que atraviesan muchas familias. Sin embargo, como reclamanan las propias traba-

jadoras sociales, es preciso abordar una reforma estructural de las polticas de atencin a las personas

afectadas por la crisis acorde a la actual situacin de emergencia social.


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03. El derecho a una alimentacin adecuada

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3.EL DERECHO AUNA ALIMENTACIN

ADECUADA


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3. EL DERECHO A UNA

ALIMENTACIN ADECUADAEste captulo profundiza en el enfoque de derechos que reviste el informe, es decir, incide en la partici-pacin de los titulares del derecho a la alimentacin en su exigencia jurdica, administrativa o poltica,

en base a las obligaciones adoptadas por el Estado.

3.1. EL MARCO INTERNACIONAL

El derecho humano a una alimentacin adecuada se encuentra reconocido en distintos instrumentos

a nivel internacional. La propia Declaracin Universal de los Derechos Humanos (1948) ya recoga

en su artculo 25.1 el derecho a la alimentacin:

Artculo 25.1 de la DUDH:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, as como a su fa-

milia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentacin, el vestido, la vivienda, la asistencia

mdica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de prdida de sus medios de

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La interdependencia entre derechos comporta su reconocimiento junto con otros como el derecho al

trabajo y remuneracin justa disponer de recursos sucientes para cubrir las necesidades alimenta-

rias-, el derecho a la salud estrechamente relacionado con la ingesta adecuada de nutrientes- o el

derecho al agua complemento necesario de la alimentacin y bsico para cocinar y producir-.

Existen adems numerosas conferencias y declaraciones la Declaracin Universal sobre la Erradica-

cin del Hambre y la Malnutricin (1974) o la Declaracin de Roma de la Seguridad Alimentaria Mundial

(1996)-, as como organismos como la Organizacin de Naciones Unidas para la Alimentacin y la

Agricultura, que tienen como objetivo la lucha contra el hambre y por el derecho a la alimentacin. En

este sentido, aunque con resultados modestos hasta el momento,1la Declaracin del Milenio (2000) es-

tableci entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas la eliminacin de la pobreza

extrema y el hambre. Ms recientemente, en la Cumbre de Rio+20 (2012), se renov este compromiso

en un llamamiento a todos los asociados para que asuman el Desafo del Hambre Cero.

1 Naciones Unidas,Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2014, 2014, http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2014-spa-nish.pdf


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Asimismo es importante destacar la Declaracin Universal de los Derechos Humanos Emergentes (2007),

elaborada por la sociedad civil organizada con el objetivo de lanzar un mensaje a los gobiernos y fomen-

tar la proteccin de los derechos humanos. En su artculo 1 se recoge el Derecho a la existencia en con-

diciones de dignidad. Todos los seres humanos y los pueblos en que se integran tienen derecho a vivir en

condiciones de dignidad. Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos:

1. El derecho a la seguridad vital, que supone el derecho de todo ser humano, para su supervivencia, a

disponer de agua potable, de energa y de unaalimentacin bsica adecuada, y a no sufrir situaciones

de hambre. Toda persona tiene derecho a un suministro elctrico continuo y suciente para satisfacer sus

necesidades vitales bsicas.

Junto a las Convenciones y Declaraciones existen Pactos Internacionales que garantizan el derecho a

la alimentacin y obligan a los Estados a hacerlo efectivo en su jurisdiccin. El Pacto Internacional de

Derechos Econmicos, Sociales y Culturales(PIDESC) de 1966 raticado por el Estado espaol el 27

de abril de 1977- lo estipula en su artculo 11:

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida ade-

cuado para s y su familia, inclusoalimentacin, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de

las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarn medidas apropiadas para asegurar la efectivi-

dad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperacin internacional

fundada en el libre consentimiento.

a) Mejorar los mtodos deproduccin, conservacin y distribucin de alimentosmediante la

plena utilizacin de los conocimientos tcnicos y cientcos, la divulgacin de principios sobre

nutriciny el perfeccionamiento ola reforma de los regmenes agrariosde modo que se lo-

gren la explotacin y la utilizacin ms ecaces de las riquezas naturales;

b)Asegurar una distribucin equitativa de los alimentos mundialesen relacin con las necesida-

des, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los pases que importan produc-

tos alimenticios como a los que los exportan.

El Protocolo Facultativo al PIDESC, raticado por el Estado espaol en 2010, permite exigir el cumpli-

miento de los derechos reconocidos en el Pacto. De este modo, desde su entrada en vigor el 5 de mayo

de 2013, se ha habilitado la presentacin de quejas, individuales o colectivas, ante el Comit de Derechos

Econmicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas por vulneracin de estos derechos por

parte de las distintas administraciones del Estado.

Este Comit desarroll el contenido del derechoa la alimentacin en la Observacin General2n 12

2 Las Observaciones Generales de Naciones Unidas ayudan a claricar y determinar el contenido mnimo de los derechos reconocidos enlos tratados internacionales.


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(1999). En ella se estableca que todo hombre, mujer o nio, sea slo o en comn con otros, tiene ac-

ceso fsico y econmico, en todo momento, a la alimentacin adecuada o a medios para obtenerla .

De este modo, se presentan cuatro dimensiones del derecho:

La disponibilidadde alimentos en cantidad y calidad sufcientespara satisfacer las necesida-

des alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determi-

nada, puesto que hay valores relacionados con el consumo de alimentos.

La accesibilidad fsica y econmica de esos alimentos en formas que sean sostenibles y no di-

culten el goce de otros derechos. Al respecto, es importante sealar que cuando nos referimos

al acceso fsico est muy vinculado con otros derechos, el acceso a la tierra, al agua o semillas

para poder producir alimentos es imprescindible. En cuanto al acceso econmico o asequibili-

dad, se reere a los salarios o prestaciones sociales en condiciones dignas que puedan garanti-

zar la adquisicin de alimentos en cantidad y calidad sucientes.

La adecuacinhace referencia a las condiciones sociales, econmicas, culturales, climticas,

ecolgicas y de otro tipo que afectan a la alimentacin.

La sostenibilidad,muy vinculada a la seguridad alimentaria, supone que garantizar la alimen-

tacin de todas las personas hoy, no se realice de forma que ponga en riesgo el derecho a la

alimentacin de las generaciones futuras.

Entrevista a Jaume Saura,profesor de derecho internacional de la Universidad de Barcelona

En lo relativo a la accesibilidad econmica, el Estado debe proveerse de herramientas para, en deter-

minados sectores, ser capaz de interferir en el precio a la baja, estableciendo, por ejemplo, un precio

pblico para alimentos de primera necesidad. De hecho, se ha demostrado que la liberalizacin no

ayuda a que bajen los precios, porque como hay pocas empresas de distribucin de alimentos puedencontrolar el precio. El agricultor cobra poco pero el precio al final no lo determina el Estado, sino que lo

determinan las empresas distribuidoras.

En la calidad es donde ms incide el gobierno, hay mltiples leyes europeas, estatales y catalanas so-

bre la calidad de los alimentos y es en cierto modo la demostracin de que es un derecho legislable

y exigible. La adecuacin cultural es otro de los elementos incorporados. En las visitas que realizo

acompaando el Sndic de Greuges a crceles, por ejemplo, he podido comprobar que existen mens

apropiados para las personas musulmanas.



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Tambin otros instrumentos internacionales reconocen explcita o implcitamente el derecho a la ali-

mentacin:

Convencin sobre la eliminacin de todas las formas de discriminacin contra la mujer

de 18 de diciembre de 1979, raticada por el estado espaol en fecha 5 de enero de 1984.

Convencin sobre los Derechos del Nio de 20 de noviembre del 1989, raticada por el es-

tado espaol en fecha 6 de diciembre de 1990.

Convencin sobre los derechos de las personas con discapacidad de 12 de diciembre del

2006, raticada por el estado espaol en fecha 3 de diciembre de 2007.

La raticacin de estos tratados conlleva obligaciones para el Estado, resumidas en las siguientes tres:

La obligacin de respetar,que requiere que los Estados no intervengan, en el sentido que no

adopten medidas que tengan como resultado impedir el acceso existente a una alimen-

tacin adecuada. Se deber valorar la afectacin del derecho, el posible perjuicio y la necesi-

dad de adoptar la medida, en base al principio de proporcionalidad. Por ejemplo, el gobierno

debe abstenerse de disear planes urbansticos que perjudiquen zonas agrcolas o ganaderas

que abastezcan a la ciudadana local siempre y cuando no sea imprescindible.

La obligacin de proteger,que requiere que el Estado adopte medidas para evitar que terceras

personas como empresas o particulares priven a las personas del acceso a una alimentacin

adecuada. Por ejemplo, los Estados tienen la obligacin de controlar y adoptar medidas

para evitar los efectos perjudiciales que las actividades de las empresas puedan tener

sobre el disfrute de los derechos econmicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho a

una alimentacin adecuada3. Es necesaria la regulacin, vigilancia y en su caso sancin si

existen actividades perjudiciales.

La obligacin de realizar, que implica que el Estado debe adoptar medidas, hasta el mxi-

mo de recursos disponibles y sin discriminacin4, que permitan una realizacin progresiva

del derecho a la alimentacin. Esto supone una interdiccin de retroceso, de reduccin de los

niveles de proteccin ya alcanzados sin una adecuada justicacin (principio de no-regresi-

vidad). Esta obligacin compele al Estado, por un lado, a promover un desarrollo normativo

de las disposiciones internacionales. Por otro lado, a disear polticas y programas con el n

de fortalecer el acceso y la utilizacin por parte de la poblacin de los recursos y medios

que aseguren su subsistencia. Asimismo, dicha obligacin supone que el Estado debe hacer

3 Consultar en: http://servindi.org/pdf/CDESC_empresas.pdf, E/C.12/2011/1, 2011.

4 Saura, J.,El derecho humano a la alimentacin y su exigibilidad jurdica, Revista Jurdica de los Derechos Sociales LEX Social, Vol. 3, nm.1/2013, 2013, p. 10.


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efectivo este derecho directamente cuando una persona o grupo sea incapaz de disfrutar del

mismo por razones que escapen a su control, debiendo asegurar al menos los niveles mni-

mos esenciales para que las personas estn protegidas contra el hambre.

Entrevista a Jaume Saura,profesor de derecho internacional en la Universidad de Barcelona

Exigir responsabilidades a una empresa a nivel internacional es complicado porque no es sujeto de

derecho internacional, pero internamente son personas jurdicas y s se debera poder. Del mismo

modo que controla a los ciudadanos/as con leyes de seguridad o el sistema impositivo, hay leyes que

hacen referencia al derecho a la alimentacin y a los lmites de la actividad empresarial, por ejemplo,prohibir precios inaccesibles a alimentos bsicos para determinados colectivos.

El Estado es responsable en lo que respecta a sus agentes, a sus funcionarios o tribunales, pero

tambin es responsable de poner sobre la mesa unos instrumentos jurisdiccionales y de otro tipo

que permitan controlar a las empresas.El Estado puede infringir sus obligaciones por esta va, por

permitir que una empresa tome el control de un territorio, que se instale en un lugar, que ponga su

propia seguridad o que haga sus leyes.

De esta forma, el Estado que adopte medidas que empeoren el disfrute del derecho a la alimen-

tacin, por ejemplo, disminuyendo el gasto pblico y afectando de tal modo a las prestaciones

alimentarias con efectos desfavorables para las personas, tendr que justicar que ha utilizado

el mximo de los recursos disponibles y que no haba otra forma de alcanzar el n que se alega

y que afectara en menor medida al derecho a la alimentacin5. Sin embargo, el Estado espaol

y los gobiernos autonmicos han llevado a cabo medidas regresivas para los derechos so-

ciales sin ponderar adecuadamente los intereses en juego ni justifcar la necesidad de las

medidas6. En efecto, en el contexto de crisis econmica y nanciera, la aplicacin de reformas y

medidas de ajuste que afectan a polticas sociales suponen un claro retroceso en la garanta de

estos derechos. Adems de la eliminacin o disminucin de ayudas como la RMI o las becas co-

medor, en los ltimos tres aos tambin se ha suprimido o restringido el acceso a la renta bsica

de emancipacin7, las ayudas a la dependencia8, se han congelado las pensiones y se ha reforma-

5 Observacin General 2, prr. 9., Comit DESC Naciones Unidas, 1999.

6 Informe Conjunto al Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales con motivo del examen del 5 informe peridico de Espaa,48 periodo de sesiones mayo 2012, pg. 6.

7 Derogada el 1 de enero de 2012, consultar en https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/VIVIENDA_JO-

VEN/INFO_INQUILINOS/

8 Sust, T., El Gobierno asesta el hachazo nal a la ley de dependencia, El Peridico, 2/05/2013, consultar en http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/gobierno-asesta-hachazo-nal-ley-dependencia-2379936


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do el sistema9. Todas estas medidas agudizan la precarizacin de las condiciones de vida de una

parte creciente de la poblacin cada vez ms vulnerable y no se ha aportado informacin ni hecho

rendicin de cuentassobre el impacto en los derechos humanosde la poblacin. En esta lnea,

como ha establecido el Relator Especial de la ONU sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos10,

existen varias opciones para expandir el espacio scal de forma equitativa y no discriminatoria con

el n de nanciar programas sociales, aun en el contexto de crisis econmica global.

Por su parte, la FAO aprob en el ao 2004 una gua para la aplicacin de las obligaciones esta-

tales en materia del derecho a la alimentacin, las Directrices voluntarias en apoyo de la rea-

lizacin progresiva del derecho a una alimentacin adecuada en el contexto de la seguridad

alimentaria nacional11. Desde entonces, entes de diversa naturaleza como asociaciones, organi-

zaciones, movimientos sociales12y diferentes pases han emprendido iniciativas con el n de promo-

ver la aplicacin prctica del derecho a la alimentacin a travs, por ejemplo, de la formulacin de

polticas y el fortalecimiento de las instituciones13. A su vez, FIAN (Food First Information and Action

Network) public un informe sobre cmo usar las Directrices Voluntarias sobre el derecho a la ali-

mentacin para monitorear polticas pblicas14. De acuerdo con la FAO, la aplicacin y la promocin

del derecho a la alimentacin a nivel nacional se conciben como un proceso de siete etapas, que en

resumen seran las siguientes15:

1. Identicacin de las personas pobres que padecen hambre

2. Realizacin de una evaluacin exhaustiva de las polticas de seguridad alimentaria actuales

3. Elaboracin de una estrategia de seguridad alimentaria adecuada

4.Asignacin de obligaciones y responsabilidades

5. Creacin de un marco jurdico nacional que establezca obligaciones vinculantes

6. Seguimiento de los procesos de aplicacin de las medidas y programas

7. Garanta de mecanismos de recursos que proporcionen una reparacin por las violaciones

del derecho a la alimentacin

9 Eldiario.es, El Gobierno cifra en 33.000 millones el recorte en pensiones, 16/09/2013, consultar en http://www.eldiario.es/economia/Gobier-

no-millones-reforma-pensiones-anuales_0_176033094.html

10 FAO, Directrices voluntarias en apoyo de la realizacin progresiva del derecho a una alimentacin adecuada en el contexto de la seguridadalimentaria nacional, 2005, consultar en http://www.fao.org/docrep/009/y7937s/y7937s00.HTM

11 La publicacin del Observatorio de Derecho a la alimentacin y nutricin 2014 hace un anlisis de los avances y retos en la implementa-

cin de las Directrices Voluntarias en distintos pases despus de una dcada desde su adopcin:http://www.rtfn-watch.org/leadmin/media/rtfn-watch.org/ENGLISH/pdf/Watch_2014/Watch_2014_PDFs/Observatorio_2014.pdf

12 Estas consideraciones fueron examinadas en el Foro del derecho a la alimentacin, que tuvo lugar del 1 al 2 de octubre de 2008. Un resu-

men de las cuestiones analizadas en el Foro se puede encontrar en el informe de la FAO El derecho a la alimentacin: Cmo hacerlo realidad,2013. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/019/i2250s/i2250s.pdf

13 FIAN, Vigilando la accin estatal contra el hambre, 2007!

14 FAO, El derecho a la alimentacin: Cmo hacerlo realidad, 2013, pp. 12-13!

15 Amnista Internacional, Informe sombra de al Comit DESC en su 48 perodo de sesiones , mayo 2012. Se reere particularmente en el

primer punto: Lagunas en la incorporacin del Pacto a la legislacin nacional y falta de recursos efectivos para las vctimas (Pg. 4-6"


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En este sentido, el anterior Relator especial del derecho a la alimentacin de Naciones Unidas,

Oliver de Schutter, incluy en su informe16de enero de 2014 las siguientes recomendaciones a los

Estados para que las medidas que tomen en este mbito sean efectivas:

a)Basarlas en la ley, a travs de la adopcin del derecho a la alimentacin y nutricin en leyes

marco e idealmente incluir el derecho a la alimentacin en normativas nacionales.

b)Que sean multisectoriales e inclusivas, asegurando la coordinacin entre el gobierno, minis-

terios e instituciones que permitan la participacin de la sociedad civil en su formulacin y

monitoreo.

c) Con nanciacin adecuada.

d) Monitoreadas tambin por tribunales nacionales e instituciones nacionales de derechos huma-

nos, as como por audiencias pblicas y vigilancia comunitaria a nivel local.

En lo que respecta a Europa, la Carta Social Europea (1961) recoge en su artculo 14 que A n de ase-

gurar el ejercicio efectivo del derecho a beneciarse de los servicios sociales, las partes se comprome-

ten a impulsar u organizar servicios que, utilizando mtodos de trabajo social, contribuyan al bienestar

y al desarrollo de las personas y de los grupos en la comunidad, y a su adaptacin al entorno social.

Por su parte, laCarta de los Derechos Fundamentales de la Unin Europea (2000), no realiza ningu-

na mencin expresa en materia de derecho a la alimentacin. Esta ausencia de regulacin en materia

de derecho a la alimentacin en el marco comunitario contrasta con la multiplicidad de normati-

vas en materia de consumidores o seguridad alimentaria para el libre mercado17(denominaciones

de origen de productos agrcolas, etiquetaje).

La Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (2000), nalmente, a

pesar de mencionar a su inicio la garanta de una alimentacin sana, no la recoge posteriormente

como derecho en su articulado.

3.2. EL MARCO ESTATALEl reconocimiento constitucional del derecho a una alimentacin sana es relativamente tardo. En las

nuevas constituciones de Ecuador (2008) o Bolivia (2009) s aparece reconocido de forma explcita. En

el caso del Ecuador, una de las constituciones ms avanzadas en materia de derechos, se reconoce

como deber primordial del Estado, en el artculo 3.1, Garantizar sin discriminacin alguna el efec-

tivo goce de los derechos establecidos en la Constitucin y en los instrumentos internacionales, en

16 De Schutter, O.,Informe nal: el potencial transformador del derecho a la al imentacin,24A/HRC/25/57, enero 2014, pgs. 24 y 25!

17 http://ec.europa.eu/food/index_es.htm


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particular la educacin, la salud,la alimentacin, la seguridad social y el agua para sus habitantes.

Posteriormente, como derechos del buen vivir, se recogen el agua y la alimentacin como derechos

indisociables. El artculo 13 establece de forma muy completa el derecho a la alimentacin: Las perso-

nas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, sufcientes

y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas

identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promover la soberana alimentaria.

Cabe destacar la seguridad en el acceso a la alimentacin, la preferencia por los productos locales o

de proximidad y su adecuacin cultural. Es tambin relevante que se apueste por la soberana alimen-

taria a nivel constitucional, yendo un paso ms all de la seguridad alimentaria y defendiendo la parti-

cipacin de las comunidades e individuos en la produccin y consumo de los alimentos y el acceso a

los recursos productivos, a la tierra y a las semillas.

Lejos de tales reconocimientos, la mayora de constituciones anteriores apenas mencionan el de-

recho a la alimentacin. Es el caso de la Constitucin espaola (CE) de 1978, de corte continental y

en la lnea de las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En ella los derechos eco-

nmicos, sociales y culturales estn reconocidos en la el Captulo III (artculos 39 y siguientes), bajo

el ttulo de Principios rectores de la economa, orientadores de la accin de los poderes pblicos

en el mbito poltico y socioeconmico. Esta ubicacin, separada de los derechos fundamentales,

repercute en su nivel de justiciabilidad.

En cualquier caso, el artculo 96 CEestablece que Los Tratados internacionales vlidamente cele-

brados, una vez publicados ocialmente en Espaa, formarn parte del ordenamiento interno. Este

precepto permite incorporar los estndares internacionales en materia de derechos humanos.

As, aunque en un pas no se reconozca el derecho a la alimentacin de forma explcita en la parte

sustantiva de la constitucin ni en los principios rectores de las polticas del Estado, cabe la posibilidad

de que se entienda implcitamente reconocido a partir de una interpretacin amplia de otros derechos

humanos reconocidos, como podran ser el derecho a la vida, el derecho a un nivel de vida adecuado,

el derecho a un salario mnimo que permita vivir dignamente, el derecho a los medios necesarios para

vivir dignamente, etc.18.

Tambin el Tribunal Constitucional ha considerado19que las normas se deben interpretar a la luz de los

tratados internacionales de derechos humanos en base al artculo 10.2 CE Las normas relativas a los

derechos fundamentales y a las libertades que la Constitucin reconoce se interpretarn de conformi-

dad con la Declaracin Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre

las mismas materias raticados por Espaa. Por lo tanto, este es un mecanismo por el que el derecho

18 FAO, El derecho a la alimentacin en el marco internacional de los derechos humanos y en las constituciones, en Cuadernos de trabajo

sobre el derecho a la alimentacin, n1, pg. 13.

19 STC 53/1985 de 11 de abril.


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a una alimentacin adecuada podra ser exigido en el Estado espaol20, si bien para ello es necesario

una importante predisposicin por parte de la abogaca y los tribunales hacia el derecho internacional

de los derechos humanos.

Otra de las vas que permite la exigencia del derecho a la alimentacin es en conexin con otros dere-

chos establecidos como fundamentales en la CE, y en consecuencia susceptibles de amparo ante

el Tribunal Constitucional. Partiendo del fundamento en la dignidad humana de todos los derechos huma-

nos, esto los convierte en indivisibles e interdependientes, como se ha visto anteriormente.Alegar la

vulneracin del derecho a la alimentacin en conexin, por ejemplo, con la vulneracin del derecho a

la vida21, la integridad fsica o con no ser sometido a tratos inhumanos ni degradantes22(artculo 15) sera

una estrategia jurdica de exigibilidad de este derecho de forma indirecta en los tribunales del pas.

A pesar de estas posibilidades, lo cierto es que los derechos humanos deberan estar lo ms explcita-

mente posible detallados en los textos jurdicos para garantizar su proteccin. El desarrollo legislativo

posterior es por lo tanto una pieza clave. Como bien establece la FAO, Independientemente de que

el derecho a la alimentacin est reconocido por la Constitucin, la existencia de una ley especca

permitir articular este derecho de manera ms precisa, orientar las polticas pblicas y proporcionar

los medios para impulsar su cumplimiento a nivel administrativo, judicial y cuasi judicial23. En este caso

se propone una ley marco que pueda articular la normativa sectorial de forma integral, y garantizar

el derecho a la alimentacin en sus mltiples vertientes (disposiciones respecto las obligaciones del

Estado y su coordinacin, las situaciones de emergencia, la informacin, educacin, sensibilizacin y

participacin de la ciudadana, la vigilancia y sancin, la tutela del derecho).

No obstante, al igual que en el mbito comunitario, la normativa estatal y autonmica apenas ha desa-

rrollado el derecho a la alimentacin. La normativa existente ha apostado por una regulacin mercantil,

dirigida a concebir la pesca, agricultura y ganadera como aspectos relativos a la produccin y comercia-

lizacin de los productos sin un enfoque de derechos humanos. La legislacin en este sector se limita a

la industria agroalimentaria, interprofesionales y contratos agroalimentarios, calidad agroalimentaria, agri-

cultura ecolgica y laboratorios agroalimentarios24. El Ministerio de agricultura, alimentacin y medioam-

biente dirige sus actuaciones hacia la calidad de los alimentos25y la internacionalizacin de los pro-

ductos, elaborando tambin algunas campaas a favor de la agricultura ecolgica y la fruta y verdura de

temporada. Sin embargo, no existe ninguna aproximacin respecto al derecho a la alimentacin ni

la cobertura de esta necesidad bsica.

20 Tafalla, M.,Lalimentaci com a dret hum: les seves implicacions,Coleccin 2a convocatria del Premide Recerca en Drets Humans, n2, pg. 40.

21 As lo hizo Shantistar Builders vs. Narayan Khimalal Totame, Civil Appeal No.2598/1989, consultar en Red Internacional para los DerechosEconmicos, Sociales y Culturales: http://www.escr-net.org/casela

22 STC 140/2007, de 4 de junio.

23 FAO, Desarrollo de leyes especcas sobre el derecho a la alimentacin, en Cuadernos de trabajo sobre el derecho a la alimentacin, n2, pg. 2

24 http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/legislacio

25 http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/default.asp


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3.3. EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO ALA ALIMENTACIN EN CATALUA

Entrevista a Jaume Saura, profesor de derecho internacional de la Uni-versidad de Barcelona

El Estado tiene la obligacin positiva de tomar acciones y por lo tanto, aqu podramos hablar de

vulneracin del derecho aunque fuera por la parte procedimental. Las polticas pblicas sobre la al-

imentacin estn muy segmentadas, son cosas muy sectoriales, no con una perspectiva de derechos

humanos sino econmica, mercantil. El Estado espaol y otros [niveles de gobierno] estn en flagran-

te vulneracin del artculo 11.2 del PIDESC, que obliga explcitamente a tomar acciones de polticapblica para garantizar el derecho humano a la alimentacin.

El Estatuto de Autonomaaprobado en 2006 no recoge entre sus derechos del Captulo I el derecho

a la alimentacin. Sin embargo, s se vincula en su artculo 4.1 a las obligaciones contradas por medio

de tratados internacionales. Tampoco en el proceso participativo para la reforma del Estatuto en 2004,

recogido en LEstatut s de tothom. Objectius, activitats i resultats del procs participatiu, aparece

como prioridad el derecho a la alimentacin26.

Entre sus competencias exclusivas (artculo 116 del Estatuto de Autonoma de Catalua) se encuen-

tran agricultura, ganadera y el sector agroalimentario, siendo tambin exclusiva la competencia

en materia depesca, tal y como se establece en el artculo 119. Como sucede a nivel ministerial, la

Conselleria de agricultura, ganadera, pesca, alimentacin y medio rural relaciona directamente la

alimentacin con la industria agroalimentaria27y se centra en la calidadde los productos alimen-

tarios (etiquetado, distintivos de origen). No obstante, se pueden identicar algunas disposiciones

que suponen un avance en materia de derechos, como lacesin de leche y productos lcteos a las

escuelas28o el fomento de la compra pblica de proximidady la inclusin de criterios de calidad

y proximidad en la contratacin pblica de productos agroalimentarios 29. Esta ltima resolucin se

adopt posteriormente tambin en el parlamento vasco y a nales de septiembre de 2014 en el parla-

mento andaluz30. Esta misma propuesta no de ley fue asimismo presentada el 30 de abril de 2014 en el

26 Solamente mencionado por el Consell de la Gent Gran de Catalunya.

27 Ver la pgina web: http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.7fe52f332a72b63053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=d9ea35f14ca

34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d9ea35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default28 Resolucin AAM/2176/2014, de 18 de septiembre

29 Butllet Ocial del Parlament de Catalunya http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b315.pdf

30 9-14/PNLC-000186, Proposicin no de Ley relativa a contrat

informe sobre el derecho a la alimentación adecuada en cataluña

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