informe plan estratÉgico sectorial

Ministerio de Justicia y del Derecho Derechos exclusivos de publicación y distribución de la obra Calle 53 No. 13-27 Bogotá, D.C. PBX: 4443100 www.minjusticia.gov.co

INFORME PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

CORTE: 30 DE JUNIO DE 2020

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Contenido INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 3

1 SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL (PES) .......................................................... 6

1.1 AVANCE POR OBJETIVO ESTRATÉGICO .............................................................................. 7

1.1.1 FORMULAR Y COORDINAR LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE JUSTICIA TRANSICIONAL, EN EL MARCO DE LA RECONCILIACIÓN NACIONAL ........................................... 8

1.1.2 LIDERAR LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA CRIMINAL Y PENITENCIARIA .................................................................................. 8

1.1.3 CONSOLIDAR LA POLÍTICA INTEGRAL DE DROGAS, SU IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN ............................................................................................................................. 10

1.1.4 FORTALECER EL SISTEMA DE JUSTICIA PARA QUE SEA ACCESIBLE, OPORTUNO Y CERCANO AL CIUDADANO ........................................................................................................ 11

1.1.5 AFIANZAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL INNOVADORA Y ÉTICA, SOPORTADA EN EL DESARROLLO HUMANO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ..................................................... 13

1.1.6 GARANTIZAR LA GUARDA DE LA FE PÚBLICA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL INMOBILIARIO ................................................... 14

1.1.7 FORTALECER LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO PARA GENERAR AHORROS Y CAMBIAR LA TENDENCIA DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA ............................................................. 15

2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................. 16

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SECTOR ADMINISRATIVO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Margarita Leonor Cabello Blanco Ministra de Justicia y del Derecho* Javier Augusto Sarmiento Olarte Director General (E) Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- Norberto Mujica Jaime Director General Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Camilo Gómez Alzate Director General Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Rubén Silva Gómez Superintendente de Notariado y Registro

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INTRODUCCIÓN A partir del artículo 29 de la Ley 152 de 1994, se establece la base legal mediante la cual las entidades públicas del orden nacional realizan su ejercicio de planeación estratégica, el cual debe desarrollarse a partir del Plan Nacional de Desarrollo vigente, y debe incluir el Plan Indicativo Cuatrienal y los Planes de Acción Anuales que permitirán realizar la evaluación respectiva a gestión de la entidad.

El Plan Estratégico Sectorial – PES aprobado por el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño en el mes de enero de 2020, se encuentra formulado para cuatro años que comprende las vigencias de 2019 a 2022. Este plan contempla la ejecución de los objetivos estratégicos del Sector Justicia y del Derecho, y se propone medir las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

Es importante destacar que dentro los indicadores del PES, se incluyen también aquellos que se reportan en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados –SINERGIA (Artículo 2.2.7.1.1.1. del Decreto 1082 de 2015), para su monitoreo permanente por parte de la Presidencia de la República y del Departamento Nacional de Planeación –DNP. Igualmente, se incluyen indicadores adicionales cuya medición resulta importante para el Sector, es el caso de aquellos relacionados con la Superintendencia d Notariado y Registro y el de ejecución presupuestal de todo el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho.

El PES vigente, cuenta con siete Objetivos Estratégicos que agrupan veintitrés (23) indicadores, estos objetivos se describen a continuación:

1. Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano:

En materia de justicia, el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho dedica su esfuerzo a fortalecer mediante propósitos y acciones el sistema de justicia, en procura de cumplir con el postulado que constituye la razón de ser de este objetivo, entendido como la accesibilidad, oportunidad y cercanía al ciudadano.

Para esto, a partir del eje temático de “Acceso de la Justicia en territorio” se busca la caracterización previa de la población y de las necesidades jurídicas desconocidas e insatisfechas, información que permite desarrollar sus actividades fundamentadas en formular e implementar los modelos de justicia local y rural, prevenir y reducir la violencia sexual y demás formas de violencia con alcance local y nacional, fortalecer el servicio de justicia con enfoque diferencial, promover la cultura de legalidad en los territorios y fortalecer la prestación de los servicios de justicia formal y alternativa en el país; propósitos que le permitirán fortalecer la cobertura y la calidad de los servicios de justicia ofrecidos por el ejecutivo y con esto liderar la reducción del problema del delito.

Por otra parte, y partiendo del eje de “reformas legales y reglamentarias” se buscará fortalecer la calidad normativa y coordinar efectivamente la defensa judicial del Ordenamiento Jurídico, lo que le llevarán a incentivar la cultura de resolución pacífica de conflictos, proteger los derechos de niños, niñas, adolescentes y la familia y priorizar la normatividad ambiental; todo con la intención de incrementar la seguridad jurídica y disminuir la congestión judicial.

Concordante con lo anterior y desde el eje “Fortalecimiento en la articulación interinstitucional de la justicia” se busca definir acciones que permitan la eficacia, eficiencia y efectividad en el funcionamiento de la administración de justicia en los territorios, concordante con los objetivos de

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la Superintendencia de Notariado y Registro y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; lo que sumado al propósito de coordinar e impulsar la transformación digital del Sistema de Justicia desde el eje de “Hacia una justicia digital”, permitirá que se busque la disminución de sentencias contra el estado (nacional - internacional) y se provea una justicia pronta, eficiente y cercana al ciudadano.

Finalmente, en la gestión para el logro de este objetivo estratégico se buscará modernizar los mecanismos de relacionamiento entre los funcionarios y empleados judiciales y los usuarios, para que sumado a todo lo mencionado anteriormente, se aumente la eficiencia en el relacionamiento con los grupos de interés, para la creación de valor público con Responsabilidad Social Empresarial - RSE.

2. Formular y coordinar la política pública en materia de justicia transicional, en el marco de la reconciliación nacional.

Este objetivo estratégico será conseguido a partir de lo determinado en el eje temático “Justicia para las víctimas del conflicto” que incluye como propósitos el de mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones, fortalecer los escenarios de coordinación en materia de justicia transicional y monitorear constantemente los mecanismos de justicia transicional para fortalecer enfoque diferencial.

También parte de lo determinado en el eje “Formulación y seguimiento a la política pública de justicia transicional” que involucra la intención de lograr un acceso efectivo a los mecanismos de justicia transicional para las víctimas del conflicto armado.

3. Liderar la formulación, implementación y seguimiento de las políticas en materia criminal y penitenciaria.

Objetivo relacionado con la gestión institucional del INPEC y la USPEC y que parte desde el propósito de fortalecer la política criminal y penitenciaria que junto con la intención de disminuir el hacinamiento penitenciario y carcelario, conllevan a focalizar los esfuerzos hacia la prevención, persecución del delito y resocialización del delincuente (prevención, normas de ingreso al sistema penal, investigación y judicialización, tratamiento penitenciario y atención al postpenado), desde el eje de “Humanización y transformación del sistema carcelario y penitenciario”, que tiene como propósito, la reducción del estado de cosas inconstitucional.

Adicionalmente, se articula a través del eje temático “Hacia una política criminal coherente” en el sentido de fortalecer la aplicación del enfoque diferencial, tomando en cuenta las condiciones personales, familiares, propias y particulares de los individuos y las comunidades (incluyendo factores étnicos, de género, etario, capacidad física e intelectual, perfiles socioeconómicos, hábitat y contexto).

4. Consolidar la política integral de drogas, su implementación y evaluación

En el compromiso inherente al Ministerio de Justicia y del Derecho se incluye el concepto de la política integral de drogas, para lo cual es importante en desarrollo del eje “Implementación y seguimiento de Ruta Futuro: Política Integral para enfrentar el problema de las drogas”, tener en

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cuenta como estrategia de logro la intención de mejorar el posicionamiento del Ministerio en la Política Integral de Drogas Ruta Futuro.

A partir de este liderazgo, se debe:

* Fortalecer la fiscalización de sustancias químicas controladas y minimizar su desvío o mal uso; * Asegurar el control administrativo y seguimiento sobre la semilla y cultivo de cannabis y

fundamentalmente, * Posicionar al Consejo Nacional de estupefacientes – CNE, como líder de la política de drogas,

en el que su labor efectiva facilite la toma de decisiones, haga seguimiento efectivo de la política de drogas, genere información y construya conocimiento en la materia.

Estas tres intenciones permitirán liderar la reducción del problema para incrementar el impacto y alcance de la política de drogas

5. Afianzar una gestión institucional innovadora y ética, soportada en el desarrollo humano y la participación ciudadana.

Este objetivo relacionado principalmente con la intención de accionar un modelo de gestión fundamentado en los principios de la gerencia de entidades públicas del siglo XXI, enmarca sus acciones en el eje estratégico transversal de “Justicia para el ciudadano”, en el que inicialmente y bajo la perspectiva de responsabilidad en la gestión de los recursos, debe planearlos adecuadamente a corto, mediano y largo plazo y con ello hacer más eficiente la gestión del Sector de Justicia y del Derecho.

En la importancia que asiste a la gestión de los intangibles como pilar institucional, es imperativo tener en cuenta en los capitales humano, tecnológico y organizacional la observancia de retos para cada uno, de manera que sean soporte a toda la gestión institucional.

En materia de capital humano, el reto lo constituye el desarrollar una planta adecuada, competente y comprometida, que permita incrementar la productividad y calidad de vida de los servidores del Sector de Justicia y del Derecho, a través de estrategias, programas, acciones y procesos que incrementen el nivel de competencias funcionales y comportamentales, que mejoren su bienestar y que garanticen condiciones seguras y de salud en su entorno laboral, con el propósito cumplir con los objetivos estratégicos.

En cuanto al capital tecnológico debe brindarse un sistema de información interoperable, oportuno y confiable que facilite la toma de decisiones, fundamentado en el fortalecimiento del uso y apropiación de las TIC’s, el acceso a la información oportuna y la facilidad de trámites, la gestión integrada de información y la seguridad informática.

En cuanto al capital organizacional, el reto lo constituye el afianzar una cultura institucional atada al principio de justicia, soportada en un modelo efectivo de gestión de conocimiento, el impulso de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), la aceptación de cambio, la búsqueda de la mejora continua y los principios de gerencia pública del siglo XXI; así como la modernización de los mecanismos de relación entre funcionarios judiciales, empleados del sector y usuarios del servicio de justicia.

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6. Garantizar la guarda de la fe pública, así como la seguridad jurídica y la administración del servicio registral inmobiliario.

Objetivo íntimamente ligado con la Superintendencia de Notariado y Registro, la que constituye a partir del eje de “Fortalecimiento en la articulación interinstitucional de la justicia” el propósito de asegurar el servicio de notariado y registro, en el cual se buscará desde esa entidad fortalecer la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria en el territorio nacional a través de la vigilancia en la actividad notarial, el mantenimiento de la seguridad jurídica en la actividad registral y la vigilancia de la actividad de los curadores urbanos.

Con la disminución de la demanda insatisfecha de formalización de predios y el fortalecimiento del servicio de registro público, se buscará aumentar la legitimidad institucional en la materia, reducir la suplantación de identidad para la adquisición de predios, disminuir los reprocesos en las oficinas de Notariado y Registro, promover el uso adecuado de suelos, disminuir la invasión de predios y coadyuvar en la minimización del deterioro del medio ambiente, todo con el propósito de aumentar la satisfacción del ciudadano con el servicio notarial y registral.

7. Fortalecer la defensa jurídica del estado para generar ahorros y cambiar la tendencia de la actividad litigiosa.

Objetivo de responsabilidad de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, marco en el cual emprenderá las acciones de regulación normativa y adoptará las herramientas para implementar y consolidar el Sistema de Defensa Jurídica y el Plan Estratégico de Defensa Jurídica (PEDJ).

Conforme con lo establecido en el Decreto 1427 de 2017, es función de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio, “Asesorar al Ministro de Justicia y del Derecho, a las demás dependencias y a las entidades adscritas y vinculadas en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales y del Sector”. En este sentido, en el presente documento se presentan los resultados del Sector Justica y del Derecho frente las metas definidas y plasmadas en el Plan estratégico Sectorial para la vigencia 2020. En el primer capítulo se presentan los avances para cada uno de los objetivos estratégicos y en el segundo, se encuentran las conclusiones y recomendaciones.

1 SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL (PES) El nivel de cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho, se calcula a partir del promedio de los indicadores que son objeto de medición dentro del periodo evaluado. Con corte a 30 de Junio de 2020, se reporta un avance del PES de 34,58%. Para la medición del PES se excluye un indicador cuyo reporte se realiza anual con rezago de tres meses y el indicador “Porcentaje de municipios con modelos de oferta de justicia local y rural formulados” cuya meta para 2020 fue recientemente incluida en SINERGIA.

Es importante aclarar que se registra el avance del PES frente al cumplimiento esperado al final de la vigencia, ya que se miden indicadores con metas anuales.

A continuación, se presentan los indicadores que tienen rezago para el reporte de avances en la vigencia 2020:

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Tabla 1. Indicadores del PES con rezago

Indicador Reporte Anual (Rezago tres meses)*

No presenta Meta para 2020

Índice de Desempeño Institucional del Sector de Justicia y del Derecho X

*Rezago: # de dias después de cumplido el periodo de medición que tarda la información para estar disponible y ser reportada. Aplica para todos los indicadores del PEI que dependen de la medición de FURAG cuya medición es anual pero la información esta disponible tres meses después de cumplido el año.

El indicador de Indice de Desempeño Institucional del Sector Justicia y del Derecho se calcula a partir del promedio de los resultados del FURAG reportados para cada una de las entidades que conforman el sector.

1.1 AVANCE POR OBJETIVO ESTRATÉGICO A partir del seguimiento realizado a los indicadores que conforman el Plan Estratégico Sectorial con corte al 30 de Junio de 2020, es posible establecer el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho, promediando los resultados de los indicadores que componen cada uno de ellos., el ejercicio de seguimiento arrojó los siguientes resultados:

Tabla 2. Avance del PES por Objetivo Estratégico

Objetivo Estratégico Avance en la ejecución

Formular y coordinar la política pública en materia de justicia transicional, en el marco de la reconciliación nacional. 16,22%

Liderar la formulación, implementación y seguimiento de las políticas en materia criminal y penitenciaria 56,44%

Consolidar la política integral de drogas, su implementación y evaluación. 58,10%

Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano. 15,94%

Afianzar una gestión institucional innovadora y ética, soportada en el desarrollo humano y la participación ciudadana. 52,28%

Garantizar la guarda de la fe pública, así como la seguridad jurídica y la administración del servicio registral inmobiliario 38,57%

Fortalecer la defensa jurídica del Estado para generar ahorros y cambiar la tendencia de la actividad litigiosa. 26,50%

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1.1.1 FORMULAR Y COORDINAR LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE JUSTICIA TRANSICIONAL, EN EL MARCO DE LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

En relación con el indicador de “Municipios priorizados por el ministerio en los que se implemente la oferta institucional que garantice el acceso a la justicia para fortalecer la participación de las víctimas en la aplicación de los mecanismos y medidas de justicia transicional”, en el primer trimestre del año, se realizaron 12 jornadas de atención y orientación a víctimas en los siguientes municipios: Zarzal - La Victoria (Valle del Cauca), Dibulla- Albania- Fonseca- San Juan del Cesar (La Guajira), Aracataca - Ciénaga (Magdalena), Mercaderes - El Tambo - Cajibío - Miranda (Cauca), contando con 3.814 participantes delos cuales son 2.504 mujeres, 1.307 hombres y 3 LGBTI; quienes se identificaron como mestizos 3.347, afros 412 e indigenas 268.

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional que restringe el acceso a territorio, esta actividad tuvo que replantearse, diseñando un modelo en la modalidad virtual con atención semipresencial; se concertó con las entidades participantes este modelo de atención para ser avalado por sus representantes.

A continuación, se presentan los resultados generales de avance de este objetivo estratégico:

Tabla 3. Avance del PES, Objetivo estratégico “FORMULAR Y COORDINAR LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE JUSTICIA TRANSICIONAL, EN EL MARCO DE LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

Indicador Meta 2020

Cumplimiento Meta 2020

Cumplimiento Indicador

Periodicidad del reporte

Municipios priorizados por el ministerio en los que se implemente la oferta institucional que garantice el acceso a la justicia para fortalecer la participación de las víctimas en la aplicación de los mecanismos y medidas de justicia transicional

74 12 16,22% Semestral

CUMPLIMIENTO DEL OBTJETIVO ESTRATÉGICO 16,22%

1.1.2 LIDERAR LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA CRIMINAL Y PENITENCIARIA


Tabla 4. Avance del PES, Objetivo estratégico “LIDERAR LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA CRIMINAL Y PENITENCIARIA”

Indicador Meta 2020




Cupos penitenciarios y carcelarios entregados

(nacionales y territoriales)*

88887 80579 6,63% Semestral

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Indicador Meta 2020




Mujeres atendidas con hijos menores de

tres años en Establecimientos de Reclusión de Orden

Nacional (ERON)

100,00% 100,00% 100,00% Trimestral

Porcentaje de establecimientos de

reclusión nacional con programas de

educación formal

22,70% 15,80% 69,60% Anual

Porcentaje de personas atendidas

en programas de atención especial para

pospenados a nivel nacional**

2,00% 1,47% 49,52% Trimestral


*Indicador que tiene como modo de acumulación “capacidad” y para medir su avance debe considerar la línea de base. En la vigencia 2020 el avance del indicador es del 6,63% y en el cuatrienio es de 4,07%.

**Indicador que tiene como modo de acumulación “Personas atendidas” y para medir su avance debe considerar la línea de base. En la vigencia 2020 el avance del indicador es del 49,52% y en el cuatrienio es de 17,05%.

Dentro de este objetivo estratégico se destacan los siguientes logros institucionales con corte al 30 de junio de 2020:

• Durante el mes de junio se atendieron un total de 57 niños y 28 madres gestantes y 12 madres lactantes; atención brindada desde el enfoque de género en pabellones de mujeres para la atención a niños menores de tres años en las reclusiones de mujeres de Bogotá, Jamundí, Popayán, Bucaramanga, Cúcuta, Pedregal, Coiba y Pereira, accediendo a servicios de salud, y a los programas de promoción y prevención en la vigencia, ello como resultado de la articulación y coordinación interinstitucional del ICBF y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). /Fuente: Grupo Atención social/Dirección de Atención y Tratamiento.

• Para el mes de junio 2020, se alcanza una cobertura de atención de 41 personas (41 en Casa de Libertad Bogotá, y 0 en Casa Libertad Barranquilla) sobre una relación total de 2631 libertades en el mes, una atención baja como consecuencia del aislamiento preventivo obligatorio producto de las medidas adoptadas por la Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica Según Decreto 637 del 2020. Esta atención se enfoca al acompañamiento a la inserción del liberado mediante la vinculación a redes sociales de apoyo, que le permitan llevar a cabo un proyecto de vida acorde con las normas establecidas

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socialmente. Durante este primer semestre del año y la vigencia 2019 se reporta un total de 988 personas atendidas, sobre un acumulado de 67.423 internos que recobraron su libertad en los establecimientos de reclusión del país, siendo esta la relación para el cálculo de avance cuantitativo. Se culmina con un avance del 1.47%.

• En el primer trimestre de la presente vigencia no se entregaron nuevos cupos penitenciarios y carcelarios, sin embargo:

o En Girón (752 Cupos) se realizaron visitas al establecimiento en donde se hizo recorrido en compañía de la Interventoría el contratista y la USPEC, con el fin de levantar el acta de terminación y recibo físico de la obra, después de este recorrido se dejaron programadas algunas actividades de finalización de obra, cumplido este plazo la USPEC realizará nuevamente visita de verificación y dará inicio al proceso de liquidación.

o En Ipiales (608 Cupos) se está a la espera de la aprobación de los protocolos de bioseguridad por parte de la Alcaldía de Ipiales, dado que estos presentaban algunas observaciones que se están subsanando

o En cuanto a la Infraestructura Modular (2040 cupos) se reactivaron los proyectos de la fase 1 Pre Construcción, de Santa Marta, B/quilla y Cartagena, para Itagüí se encuentra pendiente autorización de la Alcaldía.

o Debido a las medidas sanitarias establecidas con ocasión del COVID-19 los contratos de las consultorías de estudios y diseños de los ERON Medellín Patio 4 (520 cupos), Barrancabermeja (1500 cupos) y Popayán (800 cupos), se encuentran suspendidos, sin embargo se realizó la gestión de los protocolos de bioseguridad con las Alcaldías y se está a la espera de aprobación.

o En Pereira el contrato FONADE 2183503 fue suspendió hasta mayo, por ausencia permisos y licencias ambientales (900 cupos).

o El proyecto de Infraestructura rígida en Nuevo ERON Renacimiento se encuentra en revisión detallada de la documentación allegada por el consorcio dada la magnitud de la obra y así, poder dar inicio a la etapa de preconstrucción para 1500 cupos (contrato 304/2019).

o En Bellavista Patio No. 2 (410 cupos) se encuentra en ejecución. o En el ERON Renacimiento (1.500 cupos) se retomaron las actividades de campo, se

desarrolló la exploración del pozo profundo en una longitud de 240 m y la toma de muestras de suelo para realizar ensayos de expansión, con los resultados y análisis por parte de los geotecnistas se define la cimentación del proyecto.

1.1.3 CONSOLIDAR LA POLÍTICA INTEGRAL DE DROGAS, SU IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN


Tabla 5. Avance del PES, Objetivo estratégico “CONSOLIDAR LA POLÍTICA INTEGRAL DE DROGAS, SU IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN”

Indicador Meta 2020 Cumplimiento Meta



Porcentaje de implementación del 50% 75% 100,00% Semestral

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mecanismo de información para el control del Cannabis

Estudios realizados por el Observatorio de Drogas de

Colombia 5 0 0,00% Semestral

Porcentaje de permisos para precursores tramitados por

medios digitales 70% 52% 74,29% Semestral


Frente al indicador relacionado con los Estudios realizados por el Observatorio de Drogas de Colombia, se cuenta con el informe final de resultados del informe de rendimiento y productividad de la hoja de coca consolidado del país. Actualmente se adelanta la revisión el informe. En junio se presentaron los resultados de este estudio y del censo de cultivos ilícitos en actividad presidida por el Presidente de la República y la Ministra de Justicia. La publicación de este informe, junto con los cuatro estudios adicionales, se realizarán en el segundo semestre del año.

Dentro de este objetivo estratégico se destacan los siguientes logros institucionales con corte al 30 de junio de 2020:

• A 30 de junio de 2020 ya se cumplió con las 4 fases propuestas para el Mecanismo de Información para el Control Cannabis - MICC como son las fases de Diseño, Configuración, puesta en marcha de la prueba piloto e implementación. Por lo anterior, aunque el cumplimiento del indicador estaba previsto para la vigencia 2021, este se encuentra cumplido al 100%.

• Con corte a 30 de junio de 2020, se recibieron 3.009 trámites de solicitudes de permisos para precursores químicos, de los cuales 1.261 corresponden a CCITE (Manual) y 1748 (Digital) de comercio exterior. Se expidieron 1.342 CCITE y 1748 conceptos de comercio exterior así: 1.402 de importación y 346 de exportación, los trámites de comercio exterior se adelantaron de manera digital a través de la plataforma VUCE. Las solicitudes de CCITE a la fecha se realizan de manera manual, sin embargo, se espera adelantar el trámite de manera digital a partir del segundo semestre del año, una vez se realicen las adecuaciones del SICOQ.

1.1.4 FORTALECER EL SISTEMA DE JUSTICIA PARA QUE SEA ACCESIBLE, OPORTUNO Y CERCANO AL CIUDADANO


Tabla 6. Avance del PES, Objetivo estratégico “FORTALECER EL SISTEMA DE JUSTICIA PARA QUE SEA ACCESIBLE, OPORTUNO Y CERCANO AL CIUDADANO”

Indicador Meta Cumplimiento Meta



Jornadas de socialización y/o fortalecimiento de la Kriss

Romaní 7 0 0,00% Anual

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Indicador Meta Cumplimiento Meta



Municipios con conciliación en equidad implementada* 283 0 0,00% Anual

Normas de carácter general y abstracto de alcance

nacional incorporadas al SUIN-Juriscol

81062 81829 100,00% Trimestral

Porcentaje de artículos contenidos en normas con

fuerza de ley vigentes depurados

20% 0% 0,00% Semestral

Porcentaje de los servicios de justicia ofrecidos por el

ejecutivo con expediente digital implementado

20% 0% 0,00% Semestral

Porcentaje de municipios priorizados con modelos de

oferta de justicia local y rural implementado

40% 0% 0,00% Anual

Porcentaje de necesidades jurídicas satisfechas 43% 0% 0,00% Trimestral

Solicitudes de Métodos de Resolución de Conflictos

atendidas 168482 46323 27,49% Trimestral


En cuanto a los indicadores que no presentan avance a la fecha se observa lo siguiente:

• En lo relacionado con el indicador de jornadas de socialización y/o fortalecimiento de la Kriss Romaní, cuyo reporte es anual, no se presenta avance ya que se ejecutará en el segundo semestre del 2020. Sin embargo, en el marco del Convenio Interadministrativo 165 de 2020, el DANE – FONDANE entregó al Ministerio de Justicia y del Derecho los siguientes productos (i) Documento metodológico de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana; (ii) Especificaciones de los cuadros de salida de los principales indicadores del capítulo de problemas, desacuerdos, conflictos y disputas (necesidades jurídicas) y iii) Manual operativo.

• Frente al indicador de municipios con conciliación en equidad implementada, el cual no presenta avance a la fecha, es importante destacar que en consideración del estado de emergencia sanitaria decretada por causa del COVID-19 en todo el territorio nacional, para la presente vigencia se ejecutarán las fases I y II del MICE, ya que éstas pueden desarrollarse mediante el uso de las tecnologías de la comunicación e información (TIC´s), estas se ejecutarán en el segundo semestre de 2020. Por lo anterior, se viene gestionando el proceso precontractual teniendo en cuenta los ajustes mencionados anteriormente. De otro lado, se descarta la ejecución de las fases III y IV del MICE, en la presente vigencia, teniendo en

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cuenta que el desarrollo de éstas requiere de actividades presenciales y de concentración de un gran número de personas, que irían en contra de las medidas establecidas por el Gobierno Nacional.

• El indicador de porcentaje de artículos contenidos en normas con fuerza de ley vigentes depurados, no presenta avance, ya que se viene adelantando por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho el acompañamiento al trámite de las objeciones presidenciales al proyecto de ley de depuración normativa.

• En relación con los servicios de justicia ofrecidos por el ejecutivo con expediente digital implementado, no se presenta avance del indicador debido a las dificultades generadas por la actual emergencia sanitaria y a que aun hay procesos de contratación pendientes para completar el equipo de expediente electrónico que apoya esta actividad. Por lo tanto se reprogramó la fecha para implementar el segundo hito del plan de trabajo para el mes de agosto de 2020.

• Frente al indicador de porcentaje de municipios priorizados con modelos de oferta de justicia local y rural implementado, no se presenta avance ya que se está adelantando la fase de alistamiento y planeación, que incluye la suscripción de contratos, la realización de mesas técnicas con la Consejería para la Seguridad Nacional y el ajuste del proyecto presentado al Fondo Multidonante de Naciones Unidas para una Paz Sostenible, con el cual se espera financiar la implementación de los modelos de justicia local.

• Frente al indicador de Porcentaje de necesidades jurídicas satisfechas, es importante señalar que la ficha del mismo para el reporte en Sinergia no ha sido aún validad por el DNP y puede estar sujeta de ajustes.

Dentro de este objetivo estratégico se destacan los siguientes logros institucionales con corte al 30 de Junio de 2020:

• En el primer trimestre del año, se registraron y cargaron 246 normas de carácter general y abstracto y sus respectivas afectaciones, para un total de 81.472. para el segundo trimestres se registraron y cargaron ciento veintinueve (129) normas de carácter general y abstracto para un total de 81.829 normas incorporadas en el Suin- Juriscol. Se hace análisis de vigencia y afectación jurisprudencial, a las disposiciones que lo requieren.

• Del 01 de enero a 30 de junio de 2020, se reportaron 46.323 casos tramitados ante conciliadores en derecho y conciliadores en Equidad. Lo anterior de acuerdo a las cifras generadas por el Sistema de información de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición - SICAAC - y el Sistema de Información de Casas de Justicia SICJ (dado que se encuentra en periodo de prueba el SICEQ). De esta cifra corresponde 38.532 casos (solicitudes) fueron tramitados ante conciliadores en derecho y 7.791 casos (motivos de atención) fueron tramitados ante conciliadores en equidad.

1.1.5 AFIANZAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL INNOVADORA Y ÉTICA, SOPORTADA EN EL DESARROLLO HUMANO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Es importante señalar que este objetivo estratégico en el PES, se mide a través de dos indicadores, uno de ellos, el relacionado con el Índice de Desempeño Institucional del Sector de Justicia y del Derecho, se calcula con base en los resultados del FURAG para cada una de las entidades, el cual se mide anual y su reporte presenta un rezago de tres a seis meses. Para el indicador restante,

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relacionado con la ejecución presupuestal del sector, se destaca lo siguiente con corte al 30 de Junio de 2020:

• La apropiación del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho para la vigencia 2020 es de $3.223.565.458.874 la cual se distribuye de la siguiente manera:

o Funcionamiento: $2.742.043.672.000 o Inversión: $506.953.086.874

Del total de la apropiación, con corte a 30 de junio de 2020 se han comprometido $1.613.805.546.956,61, para un porcentaje de ejecución de 49,67%.


Tabla 7. Avance del PES, Objetivo estratégico “AFIANZAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL INNOVADORA Y ÉTICA, SOPORTADA EN EL DESARROLLO HUMANO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

Indicador Meta 2020

Cumplimiento Meta



Presupuesto Comprometido del Sector Administrativo de Justicia

y del Derecho 95,00% 49,67% 52,28% Trimestral


1.1.6 GARANTIZAR LA GUARDA DE LA FE PÚBLICA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL INMOBILIARIO


Tabla 8. Avance del PES, Objetivo estratégico “GARANTIZAR LA GUARDA DE LA FÉ PÚBLICA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL INMOBILIARIO”

Indicador Meta 2020

Cumplimiento Meta



Predios Formalizados a partir de los libros del antiguo sistema 9000 343 3,81% Trimestral

Oficinas de registro de instrumentos públicos que

ingresan en el año en modo interoperable con el catastro

multipropósito

15 11 73,33% Trimestral



• Para el segundo trimestre del presente año se generó la apertura de 343 folios de matrícula inmobiliaria con base en la información consignada en los libros de antiguo sistema de 15 Oficinas de Registro de Instrumentos públicos (Concepción, El Cocuy, Fredonia, Magangue, Malaga, Neira, Salamina, Sogamoso, Cali, Neiva, Pitalito, Pensilvania, Santa Barbara, Socha,

15

Sonson), que comprenden 7 departamentos (Santander, Boyacá, Antioquia, Bolívar, Caldas, Valle del Cauca y Huila).

• Se realizó la depuración de secuenciales en las siguientes Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos:

o Arauca (Arauca) con 58.605 secuenciales corregidos o Chaparral (Tolima) con 47.357 secuenciales corregidos o Marinilla (Antioquia) con 242.475 secuenciales o Palmira (Valle de Cauca) con 242.699 secuenciales o 5. Riohacha (Guajira) con 39.725 secuenciales o Santander de Quilichao (Cauca)con 60.542 o Medellín ORIP, Zona Norte (Antioquia) con 377.205, para un total de 962.646

secuenciales que afectan 369.299 Folios de Matrícula Inmobiliaria. • Así mismo, en el segundo trimestre del presente año, se realizó el cruce, para las ORIP

reportadas por el primer trimestre, con la información enviada por los siguientes Gestores Catastrales, así:

o Catastro Distrital de Bogotá (Norte, Centro y Sur), generando de esta manera de actualización de 10.808 folios de matrícula inmobiliaria (ORIP Bogotá Norte: 2795; ORIP Bogotá Centro: 5459; ORIP Bogotá Sur: 2254).

o Catastro Medellín (Norte y Sur), generando de esta manera la actualización de 222.159 folios de matrícula inmobiliaria (ORIP Medellín Sur: 175.563 y ORIP Medellín Norte: 46.596).

1.1.7 FORTALECER LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO PARA GENERAR AHORROS Y CAMBIAR LA TENDENCIA DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA


Tabla 9. Avance del PES, Objetivo estratégico “FORTALECER LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO PARA GENERAR AHORROS Y CAMBIAR LA TENDENCIA DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA”

Indicador Meta 2020

Cumplimiento Meta



Porcentaje de entidades priorizadas que implementan

políticas de prevención del daño antijurídico

15% 0% 0% Trimestral

Ahorros al Estado en procesos en los que interviene la Agencia de Defensa Jurídica del Estado(en

billones de pesos)

$3,00 $1,59 53,00% Trimestral


En cuanto a las entidades priorizadas que implementan políticas de prevención del daño antijurídico, una vez ajustada la metodología para el control y seguimiento en la prestación de la asesoría por parte Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para la implementación de las políticas de prevención del daño antijurídico, se definió un universo de 88 entidades, de las cuales, a corte 30 de junio se ha establecido contacto con 77 quienes designaron enlaces para el proyecto

16

y 51 de estas entidades ya tienen el cronograma de trabajo para la implementación de las políticas a partir del segundo semestre del 2020.


• Se obtuvieron 3 fallos definitivos y un fallo de primera instancia. Los fallos definitivos fueron: i) proceso ejecutivo, con pretensiones por valor de $ 7.525.818.345; ii) La Corte Constitucional declaró exequible el Decreto legislativo 417 de 2020, por el cual se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorial nacional, y iii) Una conciliación en trámite arbitral sobre controversia contractual, con pretensiones de $35.273.827.303. El fallo de primera instancia se dió en una acción de grupo con pretensiones de $ 35.761.635.000.

• En resumen, a la fecha se tienen 15 fallos definitivos con un ahorro total para el Estado por valor de $1.591.238.187.816. En fallos de primera instancia, se tiene a la fecha un ahorro de $ 218.044.325.960, datos que no se suman aún en el valor total de ahorros al Estado, puesto que pueden variar en el año, sobre todo en temas como tutelas, arbitrajes o conciliaciones.

2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES • El nivel de cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial del Sector Administrativo de Justicia

y del Derecho es de 34,58%. • Cabe resaltar que, si bien los indicadores presentados en este informe son de cumplimiento

anual, se debe alertar sobre 8 de ellos que, a corte de 30 de junio de 2020, no presentan ningún tipo de avance. De estos, 7 indicadores son responsabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho y 1 esta a cargo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

• El objetivo estratégico que reporta menor cumplimiento corresponde a la Dirección de Justicia Transicional, y esta relacionado con la implementación de actividades que iniciarán a partir del segundo semestre, aunque se pueden ver retrasadas por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID19. Dado lo anterior y teniendo en cuenta que la planeación estratégica de la entidad se articula con los lineamientos dados por el Plan Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Marco de Implementación y los compromisos de la OCDE, es de suma importancia no solo hacer un seguimiento especial a estos compromisos sino también definir la afectación que la emergencia puede tener sobre el cumplimiento de indicadores del Ministerio de Justicia y del Derecho.

• Es importante destacar que la ejecución de compromisos presupuestales (que incluye los presupuestos asignados en funcionamiento e inversión) se encuentra en un 49,67% lo cual supone un comportamiento positivo, ya que la ejecución programada de la meta con corte a Junio de 2020 se podría proyectar en un 47,5%.

informe plan estratÉgico sectorial

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