informe de coyuntura legal e institucional segundo semestre de 2012

ISSN 2218-6859Key title: Informe de coyuntura legal e institucionalAbbreviated key title: Inf. coyunt. legal inst.

31 de diciembre de 2012

3INFORME DE COYUNTURA LEGAL E INSTITUCIONAL

LISTADO DE ABREVIATURAS 7

RESUMEN EJECUTIVO 9

INTRODUCCIÓN 12

ESTADO DE DERECHO E INSTITUCIONALIDAD 13

1. INTRODUCCIÓN 14

2. INDICADORES 14

2.1. The Rule of Law Index 2012 14

3. RELACIONES INTERORGÁNICAS 16

3.1. Vetos y observaciones 163.2. Admisión demanda contra creación de Comisión de Investigación Magistrados 2009 16

4. ACTIVIDAD NORMATIVA 17

4.1. La actividad legislativa 174.1.1. Dictámenes con dispensa de trámites y en sesión simultánea 184.1.2. Bonos en la Asamblea Legislativa 194.1.3. Discusión de propuesta de Ley de Procedimientos Constitucionales 19

4.2. Actividad reglamentaria 204.3. Diario Oficial 20

5. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 21

5.1. Nombramiento de funcionarios 215.1.1. Elección del FGR 22

5.2. Aprobación del presupuesto 22

6. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 23 6.1. Nueva elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia 236.2. Sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia 246.3. Visita de Relatora Especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados 256.4. Actividad jurisprudencial de las salas 266.5. Sentencias de inconstitucionalidad 28

6.5.1. Sentencia de inconstitucionalidad sobre los tribunales especializados contra el crimen organizado N. 6-2009 29

ÍNDICE

4 INFORME DE COYUNTURA LEGAL E INSTITUCIONAL

ÍNDICE

6.6. Actividad administrativa: Las sesiones de Corte Plena 306.6.1. Actividad sancionadora de la Corte Plena 306.6.2. Otros temas administrativos 32

6.6.2.1. Bonos 326.6.2.2. Despidos 32

7. MUNICIPALIDADES 33

7.1. Normativa municipal 33

8. SISTEMA ELECTORAL 34

8.1. Revocatoria de la cancelación del PDC y PCN 348.2. Voto por persona 35

9. CONCLUSIONES 35

SEGURIDAD CIUDADANA 37

1. INTRODUCCIÓN 38

2. PREVENCIÓN 38

2.1. Plan de prevención del gabinete de seguridad 382.2. Presupuesto de prevención 2013 38

3. COMBATE A LA CRIMINALIDAD 39

3.1. Evaluación de 6 meses del Asocio para el Crecimiento 393.2. Proyecto regional de seguridad coordinado por el SICA 413.3. Pacto entre pandillas 413.4. Actividad de los actores estatales de seguridad 42

3.4.1. Policía Nacional Civil 423.4.2 Fiscalía General de la República 43

3.5. Combate a las extorsiones 433.6 Aumento de la pena por disparar contra policías o militares 44

4. CUMPLIMIENTO DE LA PENA Y REHABILITACIÓN 45

4.1. Población reclusa hacinada 454.1.1. Infraestructura penitenciaria 464.1.2. Granjas penitenciarias 464.1.3. Modernización del sistema penitenciario 47

4.2. Depuración de custodios 47


ÍNDICE

5. CONCLUSIONES 48

CLIMA DE NEGOCIOS 49

1. INTRODUCCIÓN 50

2. INDICADORES 50

3. LEGISLACIÓN DE NEGOCIOS 54 3.1. Área de negocios e inversiones 54

3.1.1. Propuestas sobre leyes de fomento a la inversión 543.1.2. Arbitraje y Código Procesal Civil y Mercantil 553.1.3. Legislación laboral 573.1.4. Regulación de libre competencia y protección al consumidor 573.1.5. Regulación de medicamentos 59

3.2. Área financiera 593.2.1. Directrices sobre aspectos regulatorios y de supervisión 593.2.2. Regulaciones sobre intermediarios financieros públicos 59

3.3. Área tributaria 603.3.1. Transparencia presupuestaria 603.3.2. Tributos municipales 61

4. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 62

4.1. Regulación sobre la infraestructura pública 624.2. Regulación de energía 62 4.3. Tramitología y burocracia 634.4. Profesionalización de los funcionarios públicos 65

5. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 66

5.1. Acuerdos comerciales e integración centroamericana 665.2. Instrumentos internacionales 66

6. CONCLUSIONES 68


TRANSPARENCIA 69

1. INTRODUCCIÓN 70

2. INDICADORES 71

2.1. Encuesta dinámica empresarial 712.2. Índice de percepción de corrupción 72

3. TRANSPARENCIA A NIVEL REGIONAL 73

3.1. Análisis de cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Corrupción 733.2. Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA 743.3. Alianza para el Gobierno Abierto 75

4. AVANCES EN ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 76

5. TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO POLÍTICO 79

6. DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA,

PROBIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS 79

6.1. Corte de Cuentas de la República 806.2. Fiscalía General de la República 816.3. Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia 816.4. Asamblea Legislativa 826.5. Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción 836.6. Instituto de Acceso a la Información Pública 836.7. Tribunal de Ética Gubernamental 84

7. LIBERTAD DE EXPRESIÓN 86

8. CONCLUSIONES 87

NOTAS FINALES 89

ÍNDICE


LISTADO DE ABREVIATURAS• AGA: Alianza para el Gobierno Abierto

• ARENA: Alianza Republicana Nacionalista, partido político

• CCJ: Corte Centroamericana de Justicia

• CCR: Corte de Cuentas de la República

• CIT: Centro de Intervención de las Telecomunicaciones

• CN: Concertación Nacional, partido político

• CNJ: Consejo Nacional de la Judicatura

• CPCM: Código Procesal Civil y Mercantil

• CSJ: Corte Suprema de Justicia

• FGR: Fiscalía General de la República y Fiscal General de la República

• FMLN: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido político

• FOMILENIO: Fondos del Milenio de El Salvador

• Fusades: Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social

• GANA: Gran Alianza por la Unidad Nacional, partido político

• GOES: Gobierno de El Salvador

• IAIP: Instituto de Acceso a la Información Pública

• IML: Instituto de Medicina Legal

• LAIP: Ley de Acceso a la Información Pública

• MESICIC: Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción

• MINEC: Ministerio de Economía

• OEA: Organización de los Estados Americanos

• ONU: Organización de las Naciones Unidas

• PCN: Partido de Conciliación Nacional, partido político

• PDC: Partido Demócrata Cristiano, partido político


LISTADO DE ABREVIATURAS

• PES: Partido de la Esperanza, partido político

• PNC: Policía Nacional Civil

• PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

• RELAIP: Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública

• RIAL: Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa

• SC: Superintendencia de Competencia

• SIGET: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

• STA: Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción

• TEG: Tribunal de Ética Gubernamental

• TSE: Tribunal Supremo Electoral


El Informe de Coyuntura Legal e Institucional incluye, como uno de sus cuatro ejes, un monitoreo durante los últimos seis meses, de la situación del Estado de derecho en El Salvador. El segundo semestre de 2012 se ha caracterizado por afectaciones al Estado de derecho, pero también por su defensa por sectores activos de la sociedad civil.

Las afectaciones contra el Estado de derecho han sido diversas. Dos son de especial relevancia en el segundo semestre de 2012: a) la elección tardía de los magistrados de la CSJ y del Fiscal General de la República, debida a la desobediencia a fallos de la Sala de lo Constitucional; y b) la emisión de una sentencia de la CCJ sobre derecho constitucional interno, sin tener competencia para ello.

Ante esta situación, importantes sectores del país, especialmente de la sociedad civil y organismos internacionales como la ONU, a través de la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, han tenido una participación fundamental que ha logrado frenar, aunque no desaparecer, algunas amenazas. El indicador internacional “The Rule of Law Index” que mide la situación del Estado de derecho en el ámbito global, ha encontrado que en comparación con 2011, El Salvador ha decaído en la calificación de todos los componentes del índice.

En materia de seguridad, el segundo semestre de 2012 ha tenido importantes acontecimientos jurídicos e institucionales relacionados con la prevención del delito, el combate a la delincuencia y cumplimiento de la pena y rehabilitación. El Informe de Coyuntura Legal e Institucional ha incluido y contextualizado lo más destacado en esta temática, de modo que el lector pueda visualizar una síntesis de lo que ha sucedido en los últimos seis meses.

En materia de prevención del delito, dos temas son relevantes: 1) el 8 de noviembre se lanzó un plan piloto que busca capacitar a los jóvenes en tareas de protección civil durante nueve meses, como parte de los proyectos de prevención del gabinete de seguridad; y 2) que la partida presupuestaria para prevención es de los rubros con menor peso en el presupuesto de seguridad, por lo que no se están haciendo grandes esfuerzos en este aspecto por la seguridad ciudadana.

En el combate a la delincuencia, aunque se incluyen otros temas importantes, lo más destacado ha sido el pacto entre pandillas que se ha mantenido durante 9 meses y ha producido una reducción significativa de los homicidios. El papel del Gobierno en la negociación no es claro y es por ello que la ciudadanía no expresa mucha confianza en este esfuerzo, tal como advierten algunas encuestas de opinión. También se reporta la primera evaluación semestral del Asocio para el Crecimiento, donde se resalta que de 16 metas en materia de seguridad, solo en 2 estamos debajo de lo proyectado: fortalecer la administración pública de El Salvador y promover el uso de la extradición para combatir la delincuencia. Un aspecto positivo en el combate a la delincuencia, es el trabajo realizado en materia de extorsiones donde se han logrado cifras significativas en condenas por este delito.

En materia de cumplimiento de la pena y rehabilitación, la situación en el sistema penitenciario sigue siendo grave pero se vislumbran algunos proyectos importantes. El aumento de la población penitenciaria en 826 reos en 6 meses, ejerce una contundente presión en los recursos y el respeto de los derechos de los reos se hace más dificultoso. Como aspectos positivos se destacan la proyección de invertir en infraestructura y tecnología, siempre que un préstamo por US$ 71 millones sea ratificado y así como la continuidad de las granjas penitenciarias donde se hace énfasis en la reinserción.

RESUMEN EJECUTIVO


RESUMEN EJECUTIVO

El clima de negocios en el país continúa con retos importantes ante los problemas de inseguridad ciudadana, incertidumbre jurídica y bajos niveles de competitividad, lo que se destaca en recientes estudios internacionales. El Informe de Competitividad Global 2012-2013, elaborado por el Foro Económico Mundial, señala que El Salvador retrocedió 19 posiciones en relación con los 2 años anteriores, pasando del escalón 82 al 101 de 144 países, y destaca que los 5 principales problemas para las actividades comerciales son: el crimen, el acceso a financiamiento, la corrupción, la excesiva burocracia y la inestabilidad política.

El reto que tiene el país es generar una política de promoción de la inversión efectiva y de largo plazo, que incorpore a los sectores público y privado, las reformas a leyes existentes y la aprobación de nuevas normativas, entre otras medidas tales como el fortalecimiento de instituciones relacionadas con el clima de negocios y las inversiones, profesionalización de los funcionarios, reducción de trámites y generación de confianza.

El 17 de octubre, el Ministerio de Economía y la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República presentaron a la Asamblea Legislativa las reformas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización y la Ley de Servicios Internacionales y los proyectos de Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones y Ley de Firma Electrónica, como parte del denominado “primer paquete de leyes proinversión”. Estas iniciativas para promover la inversión han recibido el apoyo de distintos sectores, entre ellos el Consejo para el Crecimiento del Asocio para el Crecimiento. Al cierre de este informe no había iniciado su discusión legislativa. Si bien estas iniciativas legales pueden atender la preocupación de la falta de competitividad, es necesario agregar otros esfuerzos para asegurar su aplicación efectiva, por ejemplo, el fortalecimiento de la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones.

Durante este semestre se aprobó en la Asamblea Legislativa, la Ley contra la Usura, la cual establece una fijación de límites de tasas de interés, lo que no constituye el mecanismo más efectivo de protección a los consumidores, y puede afectar el acceso al crédito, especialmente de aquellos grupos con menores ingresos.

Finalmente, un acontecimiento positivo es el inicio de la discusión pública del anteproyecto de Ley de la Función Pública, que pretende una reforma integral al régimen del servicio civil mediante la incorporación de eficiencia, mérito y estabilidad laboral en la gestión pública a partir de una nueva institucionalidad que asegure el cumplimiento de los derechos y deberes laborales.

En el eje de transparencia, se menciona que el presente semestre se ha caracterizado por algunos avances en el acceso a la información en nuestro país, y los mismos se han debido, en buena manera a la presión ejercida por la sociedad civil. Sin embargo, al cierre de este informe el IAIP todavía no ha sido conformado.

En este sentido, cabe recalcar la sentencia de inconstitucionalidad de ciertos artículos del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. La Sala de lo Constitucional dictó una sentencia que sienta un importante precedente que reitera el carácter de derecho fundamental del acceso a la información y que constituye el primer desarrollo jurisprudencial específico sobre este derecho.

El Presidente de la República ha aceptado acatar la sentencia referida, pero también ha expresado que previo a elegir comisionados del IAIP, debe reformar o bien crear un nuevo RELAIP, lo cual no es necesario. La sentencia expresa claramente que los procesos de elección son válidos y que el Presidente no tiene justificación legal para seguir dilatando los nombramientos, por lo que se debe integrar dicho instituto de inmediato. En el presupuesto general de la nación 2013 se incluyó finalmente una partida específica para el IAIP. Sin embargo, la


RESUMEN EJECUTIVO

misma fue incorporada en el presupuesto de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, cuando por mandato de ley debía ser asignada en una partida presupuestaria independiente a nombre del IAIP. Si existe verdadera voluntad de crear el IAIP, este deberá estar funcionando en este año 2013 sin más retrasos.

Luego de una acefalía prolongada y de la falta de nombramiento de 3 de los integrantes del TEG que continuó en los primeros meses de este semestre, finalmente se integró el Tribunal de Ética Gubernamental, entidad dotada de una nueva y más completa ley que, de ser implementada correctamente, podría generar importantes precedentes en materia del actuar ético, por parte de los funcionarios públicos.

En el semestre se constaron pasos positivos, pero queda mucho por hacer para que exista una adecuada implementación de la LAIP. Los retos y amenazas persisten, así por ejemplo, hemos podido evidenciar en el monitoreo periódico cómo algunas instituciones han dejado de producir información oficiosa, algunas otras incluso retiraron información que ya habían publicado. En algunos casos, ha habido separación de sus cargos de los Oficiales de Información. Hemos comprobado la existencia de instituciones que responden con información completa y ágil y si bien el camino por el fortalecimiento de las instituciones a través de mecanismos de rendición de cuentas y auditoría social es largo, las condiciones se están dando, puesto que aun de manera lenta, se ha caminado hacia adelante.


El Informe de Coyuntura Legal e Institucional es un estudio que se elabora semestralmente a partir del monitoreo diario y continuo de los principales eventos que van marcando la vida nacional. Estos acontecimientos son analizados por los investigadores del Departamento de Estudios Legales a efecto de examinar su impacto en la consolidación o deterioro del Estado de derecho en nuestro país.

A nivel metodológico, se recopila información de distintas fuentes, como medios de comunicación, informes de entidades públicas, estudios e informes de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que hayan sido producidos en el mismo periodo o que se refieran al mismo semestre. En los casos de informes periódicos, se hace especial énfasis en los resultados comparativos entre este periodo y los anteriores. También basamos parte del análisis en estudios elaborados por los otros departamentos del Centro de Pensamiento de Fusades: Departamento de Estudios Económicos, Departamento de Estudios Políticos y Departamento de Estudios Sociales, con quienes combinamos esfuerzos para examinar acontecimientos que deban abordarse desde una perspectiva multidisciplinaria. Las encuestas elaboradas por el Centro de Investigación Multidisciplinario para el Desarrollo de Fusades también aportan elementos que permiten medir algunos indicadores para cada semestre.

Este informe se estructura en 4 capítulos elaborados a partir de una visión sistémica de toda la información. Algunos acontecimientos son analizados en más de un eje, por cuanto tienen una dimensión transversal. La separación de los temas en 4 capítulos responde a los grandes ejes estratégicos en los que se enfoca el trabajo del Departamento de Estudios Legales: 1. Estado de Derecho e Institucionalidad; 2. Seguridad Ciudadana; 3. Clima de Negocios; 4. Transparencia.

INTRODUCCIÓN


ESTADO DE DERECHO E INSTITUCIONALIDAD

1. INTRODUCCIÓNEl Estado de derecho es una forma de organización ideal porque constituye un medio para alcanzar la máxima realización de la persona humana y la consecución de ideales como la justicia y la igualdad. Conocer su situación en El Salvador es, entonces, relevante porque ilustra cómo los ciudadanos y funcionarios están cumpliendo con sus deberes y disfrutando de sus derechos, lo que determina la manera en la que la sociedad se está interrelacionando y cómo las instituciones están cumpliendo sus mandatos.

El Informe de Coyuntura Legal e Institucional incluye como uno de sus cuatro ejes una revisión de los últimos seis meses de la situación del Estado de derecho en El Salvador. Acorde con la tendencia de encontrar formas para medir esta situación se ha retomado “The Rule of Law Index” (El Índice de Estado de derecho), realizado por The World Justice Project (El Proyecto de Justicia Mundial). Por otra parte, se contextualizan variados hechos que permiten al lector visualizar lo que ha sucedido con el Estado de derecho en el último semestre de 2012, analizado en grandes temas como las relaciones entre órganos del Estado, la producción normativa de la Asamblea Legislativa, del Órgano Ejecutivo y de las municipalidades; el cumplimiento de la ley por los funcionarios; se hace una amplia cobertura de los asuntos relacionados con la administración de justicia y el Órgano Judicial, para terminar con algunas referencias sobre legislación electoral.

2. INDICADORES2.1. The Rule of Law Index 2012

El nivel de consolidación del Estado de derecho puede medirse. Una de las mediciones reconocidas internacionalmente es el Índice de Estado de derecho 2012 de “The World Justice Project”1, que evalúa los principios fundamentales del Estado de derecho en 97 países del mundo, con base en encuestas realizadas en las tres principales ciudades de cada país y entrevistas a expertos. En la escala evaluativa, cero es la menor nota y uno es la máxima.

De acuerdo con la versión 2012 del informe, El Salvador se ubica en la medianía de los rankings globales para la mayoría de las categorías. Se ubica relativamente bien en las áreas de aplicación de la ley y acceso a la justicia civil, particularmente cuando se compara con los países de similar nivel de desarrollo económico. El país enfrenta serios desafíos en el área de seguridad y justicia penal. En el segundo rubro es el penúltimo en el ámbito mundial, predominantemente por causa de la corrupción entre jueces y oficiales aplicadores de la ley, abusos policiales y pésimas condiciones en los centros penitenciarios2.

En relación con el año anterior, El Salvador ha bajado su calificación en todos los factores del indicador. En separación de poderes bajó 0.06, en ausencia de corrupción bajó 0.12, en orden y seguridad bajó 0.06, en derechos fundamentales bajó 0.05, en gobierno abierto disminuyó 0.06, en aplicación de las regulaciones bajó 0.03, en acceso a la justicia civil decreció 0.06 y en efectividad de la justicia penal perdió 0.15.



El informe también incluye relaciones comparativas. Entre 97 países evaluados, compara a El Salvador con la región de Latinoamérica y con los países de renta media baja alrededor del mundo, tal como se puede ver en el cuadro 1. Sin embargo, tratándose de un hallazgo para el índice 2012, no es correcto comparar la posición con años anteriores, dado que el número de países estudiados ha aumentado en cada edición del documento. Cuadro 1. Calificación agregada por componente de Estado de derecho en El Salvador

Fuente: Elaboración propia con datos de “Rule of Law Index” 2012, World Justice Project.

El Salvador (San Salvador, Soyapango, Santa Ana)Región Latinoamérica y el CaribeRenta Media bajaPoblación 6 millones (2012)Población urbana 65%Población en las 3 mayores ciudades 49% Esta tabla presenta la calificación agregada por factor del índice para cada país, en comparación con sus pares regionales y socioeconómicos. Factor Calificación Posición

mundial Posición regional3

Posición en el grupo de renta media baja4

Separación de poderes 0.50 64/97 10/16 11/23 Ausencia de corrupción 0.45 54/97 7/16 5/23 Orden y seguridad 0.58 83/97 12/16 18/23 Derechos fundamentales 0.58 57/97 10/16 8/23Gobierno abierto 0.37 82/97 15/16 17/23 Aplicación de las regulaciones 0.52 50/97 6/16 4/23 Acceso a la justicia civil 0.49 67/97 9/16 11/23 Efectividad de la justicia penal 0.25 96/97 15/16 23/23

Conteo Plenaria Fecha Observaciones Comentarios1 21, del

11-10-2012 5-10-2012 Observaciones al Decreto

Legislativo N°. 127 del 14 de septiembre de 2012, que contiene reformas a la Ley de Formación Profesional.

Superado en la sesión plenaria N°. del 24-10-2012

2 26, del 14 de noviembre de 2012

13-11-2012 Observaciones al Decreto Legislativo N°. 170 del 1 de noviembre del corriente año, con reformas a la Ley de Telecomunicaciones.

Pendiente

3

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

5

1

0

3

8

1

1

1

Primer semestre 2012 Segundo semestre 2012

50

27

24

21

19

18

11

9

5

5

4

4

4

3

12

21

20

15

8

5

18

3

5

12

3

8

2

0 10 20 30 40 50 60

Presupuestos especiales

Ley de Presupuesto próximo año

Ley de Salarios próximo año

Acuerdos de reforma constitucional

Exoneraciones de cargos de funcionarios

Autorización de antejuicio

Reformas al RIAL

Autoriza. para contratar préstamos

Interpretaciones auténticas

Autorización de inhumaciones

Autorizaciones al Pdte. para salir del país

Reformas a leyes existentes

Exoneraciones de impuestos

Reformas a la Ley de Presupuesto

Leyes transitorias y prórrogas de leyes

Leyes permanentes

Distinciones honoríficas otorgadas

Delimitaciones municipales

Autoriza. para recibir condecoraciones

Autoriza. de transferencia de bienes del …

Ratificación de tratados

Elección de funcionarios

Convenios de préstamo o donación

Reformas a la Ley de Salarios

Funcionario Responsable del nombramiento

Fecha del nombramiento

Incumplimiento del plazo

Magistrados 2012-2021 de la CSJ

Asamblea Legislativa 21-8-2012 1 mes y 21 días


Asamblea Legislativa 21-8-2012 El nombramiento fue requerido por una sentencia de inconstitucionalidad, que permitía continuar a los anteriores magistrados en su cargo. No hubo vacío.

Fiscal General de la República

Asamblea Legislativa 4-12-2012 2 meses y 16 días

Funcionario Sin titular desde:

Responsable del nombramiento

Regulación de suplencia por falta de nombramiento

5 miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública

4 de noviembre de 2011

Presidente de la República

Sin regulación.

752

574

500

600

700

800

Ingresos Egresos Acumulados

178

0

100

200

300

400

156.64%

121 50%120.00%

140.00%

160.00%

180.00%

sos

de c

asos

2° sem. 2012 1° sem. 201

0.00%

76.33%

0.00% 0.00%

121.50%

92.31% 82.55%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Penal Constitucional Contencioso Civil

% e

gres

os/i

ngre

s

Salas

Inicio del proceso

Ref. y fecha de la sentencia

Asunto Fallo Duración del proceso

7-5-2012 29-2012, 10 de julio de 2012

Decreto Legislativo 1075/2012, con el nombramiento del Fiscal General de la República.

Existe la inconstitucionalidad alegada.

2 meses y 5 días

19-10-2007 120-2007/123-2007, 28 de septiembre de 2012

Art. 119, ord. 2° y 3° de la Ley General Tributaria Municipal, por dar un tratamiento diferenciado injustificadamente a la parte demandada por una municipalidad, al limitarle sus medios de prueba y por restringir en el mismo caso, el derecho de recurrir.


4 años y 11 meses

7-11-2006 65-2006 del 28 de septiembre de 2012

Inconstitucionalidad del artículo 257 del Código Tributario.

No existe la inconstitucionalidad alegada.

5 años y 11 meses

22-8-2005/24-1-2006

60-2005/3-2006 del 21 de septiembre de 2012

Inconstitucionalidad de los artículos15 de la Ley Forestal y los artículos 13, 15 y 19, incisos primero y cuarto, 33 y 36, inciso segundo de la Ordenanza para la Protección del Patrimonio Arbóreo del Municipio de San Salvador.


7 años y un mes

10-04-2012 15-2012, 10 de octubre de 2012

Inconstitucionalidad delart. 3 N°. 47 de la Tarifa General de Arbitrios de la Municipalidad de San Miguel.


6 meses

15-11-2006 70-2006 acumulada, 16 de noviembre de 2012

Inconstitucionalidad de los arts. 34 y 71 de la Ley Especial Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.


6 años

1-11-2007 124-2007, del 5 de diciembre de 2012

Inconstitucionalidad del artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles.


5 años y 1 mes

28-3-2012 13-2012, 5 de diciembre de 2012

Inconstitucionalidad de los arts. 2, 29, 73 y 75 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública.


8 meses y 1 semana


Ley Contra el CrimenOrganizado y Delitos de Realización Compleja.

No existe la inconstitucionalidad de toda la ley, sino solo del uso de los términos “alarma y conmoción social” como criterios para fijar el ámbito de competencia de los tribunales especializados.

3 años y 9 meses

Categorización Total acuerdos Agendado pero sin acuerdo

Total puntos agendados

Aprobación y/o modificación de agenda

53 2 55

Decisiones jurisdiccionales 47 13 60 Función disciplinaria 36 16 52 Nombramiento de Jueces 25 21 46 Otras decisiones administrativas 113 45 158 Varios 3 28 31 Total 277 125 402

Sanciones

Funcionario Resolución Número de votos

Fecha del acta

Notario Se acuerda sancionar con multa “conforme a la Ley del Notariado”.

12 27-9-2012

Jueza Se acuerda la remoción de la funcionaria judicial 9 27-9-2012

Notaria Se acuerda suspender del ejercicio de la profesión por un año

12 11-10-2012

Notario Se acuerda suspender del ejercicio de la profesión por un año

12 11-10-2012

Notario Se acuerda que en aquellos casos donde existe sentencia firme de condena, el Pleno únicamente resuelva dar cumplimiento a la misma y publicitar la suspensión o inhabilitación especial impuesta

13 25-10-2012


13 25-10-2012

Notario Se acuerda suspender al referido licenciado por el término de un año

13 25-10-2012

Jueza de Paz de Tejutla

Se declara sin lugar la excepción perentoria de la caducidad alegada por la Jueza, confirmando así su remoción del cargo

11 1-11-2012

Jueza de Paz de Polorós


9 1-11-2012

Notario Se acuerda suspenderle por un año en el ejercicio de la profesión

13 1-11-2012


8 1-11-2012

Juez de Primera Instancia de Tejutla

Se acuerda removerlo de su cargo

12 22-11-2012

Jueza Primero de Paz de Tejutla

Se acuerda amonestarla

11 29-11-2012

Exoneraciones Funcionario Resolución N°. de votos Fecha del acta Notario Se acuerda exonerarlo 9 27-9-2012 Juez Se acuerda exonerarlo 13 11-10-2012 Notario Se acuerda exonerarlo 14 1-11-2012 Juez de lo Laboral de San Miguel

Se acuerda exonerarlo 10 30-10-2012

Jueza Segundo de Paz de Ilobasco

Se acuerda exonerarla 13 22-11-2012

Jueza de Paz de Jocoro Se acuerda exonerarla 13 22-11-2012 Jueza del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla


Abogado Se acuerda exonerarlo 10 29-11-2012



3.1. Vetos y observaciones

Se han revisado las sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa desde la N°. 8 del 5 de julio hasta la N°. 31 del 19 de diciembre, no se han presentado vetos, y solo ha habido dos observaciones. Este es el semestre en el que el Presidente Funes ha vetado y observado menos decretos desde el inicio de su mandato.

Cuadro 2. Observaciones del segundo semestre de 2012

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de las sesiones plenarias N°. 8 del 5 de julio de 2012, a la N°. 31 del 19 de diciembre de 2012, disponibles en el Observatorio Legislativo.

3.2. Admisión de demanda contra creación de Comisión de Investigación Magistrados 2009 La “Comisión Especial de Investigación sobre la Ilegalidad en la Elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el año 2009 y la consecuencia de sus actuaciones” para estudiar los nombramientos de los magistrados José Belarmino Jaime y Rodolfo González Bonilla, fue creada el 21 de junio de 2012 en el marco de la confrontación entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa por el incumplimiento de sentencias de la segunda. El 3 de octubre de 2012, la Sala de lo Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad 41-2012 presentada contra el Acuerdo Legislativo N°. 114 mediante el cual se creó la mencionada comisión, por la supuesta vulneración de los principios de exclusividad jurisdiccional e independencia judicial5. En la admisión, la Sala de lo Constitucional ordenó por primera vez una medida cautelar en un proceso de inconstitucionalidad, al decretar la suspensión provisional de los efectos de dicho acuerdo. Conforme a la sentencia, la Comisión se ha abstenido de continuar realizando diligencias dirigidas a investigar los nombramientos de los magistrados y de emitir dictamen o resolución sobre los actos ya realizados. Sin embargo, al cierre de este informe, la Asamblea Legislativa todavía no ha desarticulado la Comisión y aún está pendiente la sentencia definitiva.

3. RELACIONES INTERORGÁNICAS











Pendiente

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2

1

1

1

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Inicio del proceso



7-5-2012 29-2012, 10 de julio de 2012



2 meses y 5 días

19-10-2007 120-2007/123-2007, 28 de septiembre de 2012



4 años y 11 meses




5 años y 11 meses

22-8-2005/24-1-2006




7 años y un mes

10-04-2012 15-2012, 10 de octubre de 2012



6 meses




6 años




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28-3-2012 13-2012, 5 de diciembre de 2012



8 meses y 1 semana




3 años y 9 meses




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Sanciones


Fecha del acta


12 27-9-2012



12 11-10-2012


12 11-10-2012


13 25-10-2012


13 25-10-2012


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9 1-11-2012


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4.1. La actividad legislativa

Gráfica 1: Producción legislativa, segundo semestre 2012 versus primer semestre de 2012

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de las sesiones plenarias N°. 8 del 5 de julio de 2012, a la N°. 31 del 19 de diciembre de 2012, disponibles en el Observatorio Legislativo.

Entre los decretos aprobados por la Asamblea Legislativa, hay algunos de particular relevancia. Uno de ellos es el acuerdo de reforma constitucional emitido el 9 de agosto, con 50 votos de FMLN, GANA, CN y PES, a través del cual se estaría cambiando el art. 131 de la Constitución, de tal manera que una legislatura no pueda elegir más de 1/3 de los Magistrados de la CSJ6. Para entrar en vigencia, dicha reforma tendría que ser ratificada por la legislatura 2015-2018. La reforma se aprobó en el contexto del incumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, en las que se interpretó que la Constitución ya contiene un principio conforme al cual cada legislatura solo puede nombrar Magistrados de la CSJ en una ocasión. Al respecto, es pertinente aclarar que la reforma pretende recoger expresamente en la Constitución un aspecto que jurisprudencialmente se había interpretado que ya contiene la Ley Suprema. Sin embargo, debe señalarse que la reforma es incompleta, en cuanto los magistrados no son los únicos funcionarios cuyo nombramiento debe hacerse solo en una ocasión por cada periodo legislativo. Por lo tanto, la reforma debió referirse a funcionarios de elección de segundo grado como categoría y no solo a un tipo de estos. En vista de estas consideraciones, esta reforma no debe ser ratificada por la próxima legislatura.

4. ACTIVIDAD NORMATIVA











Pendiente

3

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

5

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Leyes permanentes
























Sin regulación.

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2° sem. 2012 1° sem. 201

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Inicio del proceso



7-5-2012 29-2012, 10 de julio de 2012



2 meses y 5 días

19-10-2007 120-2007/123-2007, 28 de septiembre de 2012



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7 años y un mes

10-04-2012 15-2012, 10 de octubre de 2012



6 meses




6 años




5 años y 1 mes

28-3-2012 13-2012, 5 de diciembre de 2012



8 meses y 1 semana




3 años y 9 meses




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Sanciones


Fecha del acta


12 27-9-2012



12 11-10-2012


12 11-10-2012


13 25-10-2012


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12 22-11-2012



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Tal como también se menciona en el Eje de Clima de Negocios, otra reforma legal relevante fue la que se realizó el 16 de agosto, a iniciativa del Presidente de la República, a 19 leyes de instituciones autónomas, para modificar el mecanismo de elección del representante del sector privado en los consejos o juntas directivas7; además, también se reformó el Consejo Directivo del Centro Nacional de Registros en el mismo sentido, solo que mediante Decreto Ejecutivo8. Esta actuación, realizada con dispensa de trámites, generó confrontación entre el sector privado y el Órgano Ejecutivo y dio lugar a numerosas demandas de amparo por considerar que se afectó el derecho a la estabilidad en el cargo de las personas que se encontraban nombradas en las juntas directivas de las instituciones reformadas.

Además se aprobaron también la Ley de Presupuesto y la Ley de Salarios; así como una emisión de bonos por US$ 800 millones para pago de eurobonos que vencerán en 2013, la cual contó con el voto de los 84 diputados.

4.1.1. Dictámenes con dispensa de trámites y en sesión simultánea

Las dispensas de trámite son un mecanismo para emitir decretos sin seguir todo el proceso de discusión establecido en el ordenamiento jurídico, y su fundamento es que exista urgencia. Sin embargo, puede suceder que se use indebidamente para dictar leyes sorpresivas, omitiendo el análisis técnico y el debate propio de un órgano legislativo, y siendo, por lo tanto, contrarias al proceso establecido por la Constitución para la formación de la ley.

Durante el último semestre de 2012 hubo 68 dispensas de trámites, de las cuales 50 fueron para decretos (el resto para acuerdos y pronunciamientos). Esto significa que del total de 213 decretos emitidos, el 23% han sido mediante este mecanismo. En comparación con el semestre anterior donde fue 20% de los decretos, el porcentaje ha aumentado levemente9.

Los números, como se ha dicho antes, no lo dicen todo. Observando el detalle, se encuentra que en la sesión plenaria del 20 de agosto, se emitieron 22 decretos con dispensa de trámites, incluso la reforma a 19 leyes de entidades autónomas, mediante las cuales se modificó el mecanismo de elección del representante del sector privado en los consejos o juntas directivas, en perjuicio de la participación del sector privado, lo cual no abona a la confianza y buenas relaciones que debe haber entre sector público y privado.

Un mecanismo similar y siempre sobre la base de la urgencia, es el dictamen mediante sesión simultánea, donde el tema, si bien se discute en una comisión legislativa, puede ser igualmente sorpresivo. Durante este semestre se emitieron 15 dictámenes en sesión simultánea, de los cuales 12 fueron para decretos10. Se destaca la aprobación mediante dictamen en sesión simultánea del acuerdo de reforma constitucional al que hicimos referencia en el apartado anterior, relacionado con las elecciones de Magistrados de la CSJ, por lo que cabe reiterar que en ningún caso las reformas constitucionales deben aprobarse por mecanismos abreviados y apresurados y que sus modificaciones deben responder a discusiones políticas amplias.

También se aprobó mediante dictamen en sesión simultánea el Presupuesto del Órgano Legislativo para el ejercicio fiscal del año 2013, y su correspondiente Ley de Salarios. La discusión pública del presupuesto en la Comisión Política sería beneficiosa para la transparencia del Órgano Legislativo en cuanto permitiría a los ciudadanos formarse una opinión sobre las necesidades de la Asamblea y la coincidencia o no de estas con el destino de los fondos. En la práctica, este es el único presupuesto cuyo contenido no se hace público y no se conoce hasta ser publicado en el Diario Oficial11.



4.1.2. Bonos en la Asamblea Legislativa

La Junta Directiva de la Asamblea aprobó un bono navideño de un salario para todos los empleados y los diputados. De acuerdo con medios de comunicación, ello representó un gasto para el Estado de US$2,306,725.7312. Las instituciones públicas deben tener en cuenta la difícil situación financiera del Estado a la hora de realizar sus gastos. Actualmente, es necesario que el gobierno en general reduzca el excesivo gasto público y sea más austero a efecto de buscar la máxima eficiencia de los fondos del Estado13.

4.1.3. Discusión de propuesta de Ley de Procedimientos Constitucionales

La Asamblea Legislativa ha estado estudiando una propuesta de ley que reformaría la Ley de Procedimientos Constitucionales vigente. Dicho proceso incluyó una invitación para que distintos sectores de la sociedad aportaran sus recomendaciones, entre ellos FUSADES. Se reconoció lo positivo de la consulta, aunque se abogó por un debate más amplio, y se coincidió en que la legislación vigente en esta materia debe actualizarse; pero se pidió eliminar cualquier limitación al control de constitucionalidad y agregar principios procesales modernos, por lo que se sugirió trabajar en un proyecto nuevo que recopilara todas estas propuestas. Debe tenerse en cuenta que la ley vigente data de 1960, previa a la Constitución de 1983, por lo que adecuarla a una nueva realidad institucional y principios procesales que han evolucionado, es un requerimiento para lograr una justicia constitucional más eficiente. El proyecto en discusión se basa en una propuesta de la década anterior, lo que deja fuera principios procesales como la inmediación y la oralidad. En cuanto al fondo, el proyecto contiene varios temas que jurídicamente son discutibles y sobre los que FUSADES expuso su postura en el Boletín de Estudio Legales N°. 142 de octubre de 201214 titulado: “Consideraciones sobre el Proyecto de Ley Procesal Constitucional”; sin embargo, hay un tema sumamente preocupante, que no debe aparecer en una Ley Procesal Constitucional: la limitación al control de constitucionalidad.

Una Ley Procesal Constitucional moderna debe consignar un control pleno de la constitucionalidad de los actos y normas emitidos por los funcionarios públicos, en la medida que ello fortalece la defensa de la Constitución y la democracia en El Salvador. En el documento que la Asamblea Legislativa ha sometido a discusión se advierte la intención de reducir los ámbitos de actuación que la Sala de lo Constitucional podría controlar. En el artículo 1 del proyecto de Ley Pr. Cn. se ha introducido una disposición que limita el control de constitucionalidad exclusivamente a “disposiciones de carácter general”. Es decir, se excluyen los actos de aplicación directa de la Constitución, como por ejemplo, las elecciones de magistrados de la CSJ, del FGR, del TSE, y magistrados de la Corte de Cuentas de la República, entre otros.

La aprobación de una Ley Procesal Constitucional que fomente ámbitos de actividad pública exentos de control, no solo contradice el carácter supremo de la Constitución, sino que constituye una propuesta antidemocrática, además de inconstitucional. Esto, lejos de fortalecer la institucionalidad que tanto nos ha costado construir en los últimos 20 años, constituiría un retroceso que abriría la puerta para la arbitrariedad y los abusos, en la medida que estaría permitiendo que algunas actuaciones públicas no sean controladas en sede constitucional.



4.2. Actividad reglamentaria

Durante el periodo indicado, se emitieron los siguientes decretos clasificados como se muestra en el cuadro 3.

Cuadro 3. Decretos publicados en el Diario Oficial, segundo semestre de 2012

Fuente: Elaboración propia con base en Índice Legislativo de Roberto Vidales.

4.3. Diario Oficial

En este semestre, el Director del Diario Oficial se negó a publicar la sentencia 29-2012 de la Sala de lo Constitucional referente al nombramiento del Fiscal General de la República, de la misma forma que se negó en 2011 a publicar otras sentencias15. Esta situación resulta preocupante, ya que el Director del Diario Oficial no tiene ninguna potestad jurídica para determinar la legalidad de los instrumentos que debe publicar una vez emitidos por las instituciones competentes y su función se reduce a ejecutar la publicación16. El Ministro de Gobernación, cartera de la cual depende la Imprenta Nacional, explicó que se trata de una situación incómoda en la que no sabía exactamente qué hacer17.

Por su parte, la Sala de lo Constitucional, incluyó en su sentencia 20-2012 una enérgica exhortación a los encargados del Diario Oficial para que publiquen sus sentencias en debida forma18. “Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial dentro de los quince días siguientes a esta fecha, debiendo remitirse copia de la misma al Director del Diario Oficial. La no publicación de esta sentencia hará incurrir a los responsables en las sanciones legales correspondientes”19. Esto debe al menos, abrir el debate sobre la posibilidad que exista una gaceta de los tribunales, de modo que la publicación de las resoluciones judiciales no dependa de otro órgano del Estado, a fin de potenciar la independencia judicial.

Institución emisora Cantidad Nuevos reglamentos emitidos por el Presidente

DecretosDecretos con carácter permanente emitidos por el Presidente

transitorios emitidos por el Presidente

Reformas a Reglamentos y decretos existentes

Secretaría de Asuntos Culturales de la Presidencia Reformas al Presupuesto Extraordinario para Reactivación Económica Presupuestos especiales aprobados por el Órgano Ejecutivo Ministerio de Educación Ministerio de Economía Ministerio de la Defensa Nacional Ministerio de Salud Ministerio de Agricultura y Ganadería Ministerio del Medio Ambiente Universidad de El Salvador SIGET Autoridad Marítima Portuaria Autoridad de Aviación Civil Tribunal Supremo Electoral Procuraduría General de la República Corte de Cuentas de la República Total

16

2

26

13

3

50

2

16

3

5

4

2

4

6

1

3

1

1

1

13

172



En otro asunto relacionado con el Diario Oficial, la tardanza en la circulación del rotativo se ha denunciado constantemente en este Informe20. No ha sido la excepción en este semestre, puesto que al 31 de diciembre había un desfase de 21 días entre la fecha del Diario Oficial y su publicación. Un ejemplo de la incidencia de este retraso fue el Decreto 2012, donde se eximió del impuesto sobre la renta, el aguinaldo hasta un monto de dos salarios mínimos. Aunque el decreto se publicó en el Diario Oficial del 6 de diciembre, este se difundió hasta el 13 de diciembre de 2012, a pesar que los empleadores necesitaban conocer la normativa para otorgar el aguinaldo que por ley deben entregar entre el 12 y el 20 de diciembre de cada año (art. 200 Código de Trabajo). De nuevo se hace un llamado a agilizar la circulación del Diario Oficial a fin que su disponibilidad coincida con la fecha de publicación de su contenido y a modernizar su divulgación a través de soportes electrónicos y técnicas informáticas modernas, tal como existen actualmente en muchos países de nuestro continente.

5. CUMPLIMIENTO DE LA LEY5.1. Nombramiento de funcionarios

Cuadro 4. Principales nombramientos de funcionarios en el segundo semestre de 2012

Fuente: Elaboración propia.

A la fecha se han identificado como pendientes los siguientes nombramientos:

Cuadro 5. Cargos identificados como pendientes de nombrar al 31 de diciembre de 2012

Fuente: Elaboración propia.











Pendiente

3

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1

1

1

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4

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6 meses




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8 meses y 1 semana




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Fecha del acta


12 27-9-2012



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12 11-10-2012


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6 meses




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5 años y 1 mes

28-3-2012 13-2012, 5 de diciembre de 2012



8 meses y 1 semana




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Sanciones


Fecha del acta


12 27-9-2012



12 11-10-2012


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13 25-10-2012


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5.1.1. Elección del FGR

El 24 de abril de este año, con prácticamente 5 meses de anticipación, la misma legislatura que había elegido al Fiscal General de la República para 2009-2012 nombró a su sucesor, con el propósito de aprovechar la distribución de escaños que existía en ese momento en el Órgano Legislativo, una situación a la cual se aludió en el Informe de Coyuntura Legal e Institucional del primer semestre de 201221. En los días que siguieron, un grupo de ciudadanos presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de esa elección -y en contra de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombrados también en forma indebida22-; y otro abogado presentó una demanda exclusivamente en contra de la elección del Fiscal General de la República23.

El 10 de julio de 2012, la Sala de lo Constitucional resolvió una de las demandas y estableció que dicha actuación de la Asamblea Legislativa contrariaba la Constitución por razones muy similares a la doble elección de los magistrados de la CSJ y, concretamente, porque se “infringió el principio de legitimidad democrática derivada en la elección del Fiscal General de la República, contenido en el art. 192 incs. 1° y 2° Cn. –en relación con los arts. 80, 83, 85, 86, 124, 125 y 131 ord. 19° Cn., concretado por medio de la regla constitucional de la que se interpreta que una misma legislatura no puede elegir en más de una ocasión al Fiscal General; y consecuentemente, impidió a la siguiente legislatura –2012-2015– realizar sus competencias relacionadas con las elecciones de segundo grado –entre ellas la elección del mencionado funcionario–, por cuanto la anterior anticipó la referida elección, sin estar facultada expresamente para ello”24.

La elección del FGR no se incluyó en los puntos de la mesa de negociación sobre la elección de magistrados de la CSJ, en la que intervino como mediador el Presidente de la República. De este modo, aunque se convocó a reuniones entre los partidos políticos, el 18 de septiembre se venció el periodo del FGR 2009-2012, sin que la Asamblea hubiese elegido a su sucesor. El Comité de Agenda de País, integrado por los líderes de los partidos políticos, redujo a 3 los candidatos entre todos los postulantes25 y finalmente, en una sesión plenaria extraordinaria, el 4 de diciembre de 2012 se designó al Fiscal General de la República.

Este decreto mediante el cual se nombra nuevamente al Fiscal General de la República, implica el cumplimiento de la sentencia dictada en el proceso de inconstitucionalidad 29-201226, que interpretó que cada periodo legislativo solo puede nombrar a este funcionario de segundo grado en una ocasión, en respeto a que la última voluntad popular expresada en las urnas debe influir en la legitimidad de los funcionarios de elección de segundo grado.

5.2. Aprobación del presupuesto

El Presupuesto General de la República es una ley anual en la que, para cada ejercicio fiscal, debe incluirse la estimación de todos los ingresos que se espera percibir de conformidad con las leyes vigentes a la fecha en que sea votado, así como la autorización de todas las erogaciones que se juzguen convenientes para realizar los fines del Estado (art. 227 Cn.). La aprobación se logró este semestre, pero en medio de acusaciones por parte de algunos diputados de violaciones a la ética legislativa y afectando la disposición constitucional antes citada.

Tal como se menciona más adelante en el Eje de Clima de Negocios, el presupuesto 2013 no incluye todos los gastos, ya que no tiene consideradas erogaciones que con toda certeza se producirán, como el costo total de los subsidios y las devoluciones de IVA27, lo que incumple lo dispuesto en el artículo 227 Cn. que manda a incluir todas las erogaciones en el presupuesto.



6.1. Nueva elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia

En el Informe de Coyuntura Legal e Institucional del primer semestre de 2012, analizamos la crisis que se produjo por la elección inconstitucional de los magistrados de la CSJ para los periodos 2006-2015 y 2012-2021, la cual llegó finalmente a una solución en el semestre examinado en este estudio.

El 1 de julio de presente año, los 5 abogados inconstitucionalmente electos, sus suplentes y los magistrados elegidos para el periodo 2006-2015 celebraron una sesión de Corte Plena para dar lugar a la toma de posesión de los primeros, a pesar de la sentencia. Ese fin de semana, los sindicatos judiciales se tomaron ilegalmente las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia para garantizar la toma de posesión de la nueva Corte. Sin embargo, dado que el periodo del magistrado presidente de la CSJ vencía hasta el 16 del mismo mes y año, fue hasta esa fecha, que el Dr. Ovidio Bonilla, tomó posesión como Presidente del Órgano Judicial, de forma ilegítima debido a la sentencia que declaró inconstitucional su nombramiento y el de los otros 4 magistrados 2012-2021.

En ese periodo, en la práctica existieron dos cortes simultáneas: una CSJ legítima, y otra ilegítima. La primera estaba integrada por los magistrados 2009 y algunos suplentes llamados para integrar al tribunal, presidida por el Dr. Florentín Meléndez, en su calidad de primer vocal de la Sala de lo Constitucional y en atención a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Orgánica Judicial; y la otra corte, integrada por los magistrados 2006-2012 y 2012-2021 cuya elección fue declarada inconstitucional.

El 19 de agosto de 2012, luego de una sostenida presión de la sociedad civil y de la comunidad internacional, los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa acordaron cumplir las sentencias, tal como debe ser en todo Estado de derecho. En el acuerdo decidieron elegir a los magistrados 2006 y 2012; respetar el nombramiento del Dr. Belarmino Jaime en la Sala de lo Constitucional hasta el final de todo su periodo; y elegir como presidente de la Sala de lo Constitucional, de la CSJ y del Órgano Judicial al abogado Salomón Padilla. El 21 de agosto del presente año, la Asamblea Legislativa procedió a elegir por votación nominal y pública a los magistrados para el periodo 2012-201528 en cumplimiento parcial de la sentencia de inconstitucionalidad 23-2012 y a los magistrados para el período 2012-2021, en cumplimiento parcial de la sentencia 19-2012, luego de una desgastante crisis institucional que podría haberse evitado desde el inicio, si se hubiese dado cumplimiento inmediato a las sentencias en cuestión29.

Dicha actuación constituyó un cumplimiento solo parcial de las sentencias de la Sala. Se acató la obligación principal que consistía en elegir a los magistrados para los periodos 2006-2015 y 2012-2021; sin embargo, en la práctica la Asamblea Legislativa no realizó el examen de idoneidad de los candidatos, prescrito en las sentencias de inconstitucionalidad 19-2012 y 23-2012. Por otra parte, en el acto de juramentación y en la redacción de los Decretos Legislativos en los que se perfeccionó la elección, la Asamblea Legislativa recurrió a la utilización de vocablos equívocos y de términos ambiguos, así como a la invocación de la sentencia de la CCJ pretendiendo darle cumplimiento, cuando en realidad, después de muchos meses de innecesario desgaste, finalmente dicho órgano del Estado cumplió con las sentencias de la Sala de lo Constitucional30.

6. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



6.2. Sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia

En la sesión plenaria del 14 de junio de 2012, la Asamblea Legislativa decretó31 no cumplir las sentencias de inconstitucionalidad sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Sent. 19-2012 y 23-2012) y demandar al Órgano Judicial por actos de la Sala de lo Constitucional ante la CCJ, un ente creado para conocer de los conflictos en materia de integración centroamericana, no para resolver los temas internos de irrespeto a la Constitución. La CCJ admitió la demanda en menos de 24 horas después de haberla recibido y el 15 de agosto emitió su sentencia sobre el fondo del asunto planteado, a pesar de no tener competencia para ello.

Luego de la admisión de la demanda, algunos interesados pidieron ser escuchados en el proceso que se tramitaba ante la CCJ. Representantes del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Capítulo El Salvador, presentaron un escrito solicitando se les admitiera en calidad de “Amicus curiae”; mientras que el abogado demandante en el proceso de inconstitucionalidad 19-2012, solicitó que se le admitiera en calidad de tercero interesado, con el propósito de aportar elementos adicionales para consideración de la CCJ. El tribunal regional denegó ambas solicitudes sin ofrecer ninguna fundamentación.

Tras denegar la posibilidad de que estos actores dieran su opinión en el caso, y luego de haberse concedido a las partes el plazo de 10 días hábiles para presentar los alegatos, se dio un momento trascendental en el proceso. El 11 de agosto, la CCJ celebró una audiencia oral a la cual comparecieron el apoderado de la Asamblea Legislativa y el abogado Ovidio Bonilla como supuesto presidente de la CSJ, pese a la inconstitucionalidad de su nombramiento.

El Doctor Bonilla se allanó completamente a la pretensión de la Asamblea Legislativa, manifestando como ciertos los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda, al exponer que, a su criterio, “la Sala invadió las atribuciones que privativamente le corresponden a la Asamblea de conformidad con el art. 131 numeral 19 de la Constitución que no le prohíbe elegir dos veces el tercio de magistrados propietarios y suplentes correspondientes que le toca renovar cada tres años”32. De este modo, siendo él parte interesada en que no se cumpliera la sentencia que declaraba inconstitucional su nombramiento, fue a darle la razón a la Asamblea Legislativa, en un claro conflicto de intereses.

El día 15 de agosto, la CCJ emitió un fallo que ha recibido muchos cuestionamientos. No solo declaró “inaplicables” las sentencias de inconstitucionalidad 19-2012 y 23-2012 de la Sala de lo Constitucional de la CSJ de El Salvador, sino que además se autoproclamó tribunal supraconstitucional de Centroamérica, sin que los 3 Estados, actualmente parte de su estatuto, le hubieren cedido tal competencia o atributo en algún momento. La decisión adoptada con 5 votos de los 6 magistrados, constituyó un claro exceso de potestades, puesto que la CCJ resolvió sobre una materia para la cual no tiene competencia y además ni siquiera motivó su decisión.

La sentencia se limitó a enumerar una serie de instrumentos internacionales supuestamente vulnerados con las actuaciones de la Sala de lo Constitucional, sin desarrollar ninguna fundamentación, por lo que recibió fuertes críticas por su falta de competencia y de motivación del fallo33, incluso hubo pronunciamientos de las Salas de lo Constitucional de Centroamérica y República Dominicana rechazando la idea de que la CCJ pudiera conocer de un asunto constitucional interno. El magistrado salvadoreño Alejandro Gómez Vides emitió un voto razonado en contra de la decisión de los otros 5 magistrados de la CCJ, pero por asuntos procedimentales no relacionados con la competencia de la CCJ.



El 17 de agosto, la Sala de lo Constitucional declaró inaplicable dicha resolución por no tener facultades para incidir en temas internos. En la práctica, la decisión de la CCJ no tuvo ninguna incidencia, ya que los diputados procedieron a elegir nuevamente a los magistrados 2006-2015 y 2012-2021, en cumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional.

Este proceso fue desafortunado para el Estado de derecho en El Salvador y para la integración centroamericana. Desde el primer punto de vista, el Presidente de la Asamblea Legislativa recurrió a dicha instancia sin competencia para fundamentar la desobediencia legislativa de una sentencia firme; y desde el segundo, la resolución emitida sin facultad alguna por la CCJ afecta el proceso de integración, porque la confianza en el mismo requiere de instituciones fuertes y creíbles, que se circunscriban a sus ámbitos de actuación. Tan emblemático es el caso, que incluso motivó la visita y el pronunciamiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, lo cual se trata en el siguiente apartado.

6.3. Visita de Relatora Especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados

La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, la Dra. Gabriela Knaul, visitó El Salvador del 19 al 26 de noviembre. El propósito era examinar las medidas adoptadas por el país para garantizar la independencia de los magistrados y abogados, el ejercicio de sus labores libre de influencias indebidas, amenazas o intromisiones. Los resultados iniciales sobre los hallazgos de la visita se presentaron en un informe preliminar34 el 26 de noviembre. El documento definitivo se publicará a mediados de 2013.

La Relatora se reunió con funcionarios de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República, pero también con jueces, abogados, académicos y organizaciones no gubernamentales y redes de la sociedad civil, como Aliados por la Democracia, quienes en su momento presentaron una denuncia formal ante la Relatora por amenazas en contra de la independencia de la Sala de lo Constitucional.

Las observaciones iniciales de la Relatora, presentadas en una conferencia de prensa, se resumen como sigue:

• El país merece una felicitación por haber pasado de un régimen militar a uno democrático donde se consagró en la Constitución la independencia de los jueces.

• En El Salvador, siguen existiendo serias interferencias de otras ramas de los poderes públicos en el Órgano Judicial, tal como sucedió en la reciente crisis institucional entre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa.

• Las interferencias en el proceso judicial son inadmisibles y las sentencias no están sujetas a revisión externa. Las decisiones de las autoridades judiciales no pueden ni deben ser interpretadas por otros órganos del Estado, sino que cumplidas.

• La Asamblea Legislativa debe establecer un proceso de selección de magistrados de la CSJ más riguroso y transparente, basado en los méritos y no en la proximidad real o presunta a un partido político. Igual consideración aplica para el nombramiento de otros funcionarios de la administración de justicia, como el Fiscal y los jueces de instancias inferiores.

• Debe fortalecerse la independencia del Consejo Nacional de la Judicatura y revisarse su conformación para que hayan más jueces en su seno.



• Es preocupante que la falta de acuerdo para nombrar al Fiscal General de la República lleve a una nueva crisis institucional, por lo que se recomienda nombrarlo, teniendo en cuenta su independencia, integridad y competencia. Igualmente, es preocupante la falta de recursos en la Fiscalía, lo que influye en un bajísimo número de condenas.

• Existen deficiencias investigativas en la policía que afectan la calidad de la administración de justicia. • Debe fortalecerse la formación profesional y educación continua de los actores de seguridad. • Se exhorta a la sociedad civil a participar en la construcción de un sistema de justicia más fuerte, con jueces

más independientes. • Es deber de todas las instituciones del Estado y de otra índole, respetar la independencia judicial. Ha

llegado el momento de despolitizar todo el sistema de administración de justicia.

Este informe preliminar señaló algunos de los obstáculos más significativos en contra de la independencia judicial que esta funcionaria internacional pudo comprobar durante su visita a El Salvador. Lamentablemente para la imagen internacional de nuestro país y para la independencia judicial, el informe fue rechazado por algunos diputados y actores políticos35.

6.4. Actividad jurisprudencial de las salas

Las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia tienen la última palabra en sus respectivas materias de competencia, por lo que es importante conocer su trabajo. En aras de su obligación de administrar pronta y cumplida justicia, debieran resolver cada semestre por lo menos tantos expedientes como los que reciben, a fin de no acumulando más casos activos que repercutirían en la celeridad con que las salas dieran solución a los conflictos que se les plantean. En la búsqueda de reflejar lo que al respecto sucede, se presenta en las gráfica 2 los casos ingresados, resueltos y acumulados (ordenados por cantidad de casos recibidos) y en la 3 el porcentaje de los casos que las salas resolvieron en relación con los que recibieron (ordenados de mayor a menor eficacia). Los datos36 cubren entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012. Para efectos metodológicos, el número de casos ingresados es la suma de los que ha recibido cada sala en cualquiera de las materias e instancias de su competencia; y en los egresos, todos aquellos concluidos por sentencia definitiva o por cualquiera de las formas anormales de terminación del proceso.

La nota distintiva de este semestre es el trabajo de la Sala de lo Penal. Esta terminó 744 procesos, equivalente a 320.69% de los ingresados que fueron 232, lo que representó una reducción de 512 expedientes activos. Este resultado es el más alto desde que se empezó a monitorear el tema en el primer semestre de 2011 y supera ampliamente el promedio de casos que había resuelto desde entonces hasta el primer periodo de 2012, el caul es de de 308 casos.

Por su parte, la Sala de lo Constitucional no logró resolver más casos de los que le ingresaron. Recibió 752 expedientes y resolvió 574, acumulando 178 a sus pendientes, lo que equivale a un aeficacia de 76.33%. La media de casos resueltos por la Sala de lo Cosntitucional desde el rpimer seestre de 2011 hasta el primero de 2012, era de 642 este semestre no fue posible sueprarla. Esta es la sala que más casos recibió, lo que incide en el porcentaje de eficacia en el que se mide la relación egresos–ingresos.



La Sala de lo Civil tampoco logró resolver más casos de los que le entraron. Recibió 236 y solo egresó 123, acumulando 113, teniendo una relación egresos–ingresos de 52.12% el más bajo registrado. Su promedio de casos resuelto es de 205 por semestre y en este caso, se alejó bastante de ese resultado.

La Sala de lo Contencioso Administrativo también acumuló expedientes. Recibió 232 y resolvió 205, acumulando 27, lo que significa que su relación egresos-ingresos fue de 88.36%. Casualmente, resolvió exactamente tantos casos como había sido su promedio en los anteriores 3 semestres, es decir, de 205 casos.

Gráfica 2. Casos ingresados, egresados y acumulados por las salas de la CSJ en el segundo semestre 2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos proveídos por las salas de la CSJ.

Gráfica 3. Relación egresos/ingresos de casos, segundo semestre de 2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos proveídos por las salas de la CSJ

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236 232 232

123205178

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6.5. Sentencias de inconstitucionalidad

Cuadro 6. Sentencias definitivas de inconstitucionalidad en el segundo semestre de 2012

Fuente: Elaboración propia











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Reformas al RIAL









Leyes permanentes
























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Inicio del proceso



7-5-2012 29-2012, 10 de julio de 2012



2 meses y 5 días

19-10-2007 120-2007/123-2007, 28 de septiembre de 2012



4 años y 11 meses




5 años y 11 meses

22-8-2005/24-1-2006




7 años y un mes

10-04-2012 15-2012, 10 de octubre de 2012



6 meses




6 años




5 años y 1 mes

28-3-2012 13-2012, 5 de diciembre de 2012



8 meses y 1 semana




3 años y 9 meses




53 2 55


Sanciones


Fecha del acta


12 27-9-2012



12 11-10-2012


12 11-10-2012


13 25-10-2012


13 25-10-2012


13 25-10-2012



11 1-11-2012



9 1-11-2012


13 1-11-2012


8 1-11-2012



12 22-11-2012



11 29-11-2012










6.5.1. Sentencia de inconstitucionalidad sobre los tribunales especializados contra el crimen organizado N. 6-2009

La Sala de lo Constitucional de la CSJ emitió, el 19 de diciembre de 2012, la sentencia en el proceso de inconstitucionalidad 6-2009 que pretendía la expulsión del ordenamiento jurídico de la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja (LECODREC). La Sala falló que la mayor parte de la LECODREC no es contraria a la Constitución, pero que algunos preceptos de esta sí lo son.

El ciudadano demandante argumentó numerosas contradicciones entre disposiciones de la LECODREC y la Constitución, pero no todas fueron admitidas. La Sala de lo Constitucional limitó su conocimiento a: a) la posible contradicción entre la creación de tribunales especializados para los casos de crimen organizado y delitos de realización compleja del art. 1 LECODREC con la prohibición de fuero atractivo del 190 Cn.; b) el amplio margen de apreciación que el art. 4 LECODREC da a la Fiscalía General de la República para determinar la competencia de los tribunales contemplados en dicha ley, contrariando el art. 190 Cn.; c) la incompatibilidad de la prueba testimonial de referencia considerada en el art. 10 LECODREC en relación con los derechos constitucionales de presunción de inocencia y defensa de los arts. 11 y 12 Cn.; y d) los términos legales utilizados en el art. 1 inc. 3° LECODREC para establecer la competencia de los tribunales especializados, en relación con el art. 190 Cn. La Sala se pronunció en el fallo con respecto a cada uno de estos contrastes normativos.

En cuanto a la creación de los tribunales especializados prevista en el artículo 1 LECODREC, la Sala fundamentó que estos son aceptables dentro de un esquema de política criminal que se enfoque en el combate a la delincuencia. De este modo, los tribunales especiales en materia penal no representan fuero atractivo siempre que se cumplen ciertos parámetros como el establecimiento inequívoco de las reglas de competencia. Por ello, declaró que esta disposición no afecta el art. 190 Cn.

Relacionado con el tema anterior, estaba el amplio margen de apreciación que el art. 4 LECODREC daba a la FGR para determinar la competencia de los tribunales contemplados en dicha ley. La Sala expuso que tal disposición admite una interpretación conforme con la Constitución, en el sentido de que dicha facultad está siempre sujeta a lo que determinen los tribunales sobre su propia competencia, o en su caso, la CSJ. Por lo que el artículo 4, entendido en esos términos, tampoco es contrario al art. 190 Cn.

El tercer tema analizado trata sobre la constitucionalidad del testigo de referencia. La Sala consideró que la utilización del referido medio probatorio es excepcional y susceptible de control por las partes mediante los diferentes tipos de interrogatorio; y tanto su admisión como su valoración quedan sometidas a la intervención judicial, por lo que no existe contradicción a los arts. 11 y 12 Cn.

Finalmente, la Sala sí declaró inconstitucionales los términos “alarma y conmoción social” utilizados para determinar la competencia de los tribunales especializados, puesto que consideró que son vagos e indeterminados, lo que los hace incongruentes con el mandato de certeza contenido en el principio de legalidad y la prohibición de fuero atractivo de art. 190 Cn.



6.6. Actividad administrativa: Las sesiones de Corte Plena

Cuadro 7. Acuerdos tomados en Corte Plena durante el segundo semestre de 2012

Fuente: Elaboración propia con datos de las actas de Corte Plena publicadas por la CSJ y que corresponden a las sesiones entre el 17 de mayo y el 6 de diciembre de 2012

Cabe destacar que la Unidad de Selección de Magistrados y Jueces del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), mantiene publicada una amplia lista de vacantes37, donde se señala la falta de solicitud de ternas por parte de la CSJ para hacer esos nombramientos. Este es otro caso en el que se reflejan la falta de efectividad de la Corte Plena y que incide en el normal desempeño del sistema de justicia.

6.6.1. Actividad sancionadora de la Corte Plena

La facultad disciplinaria de la CSJ continúa siendo un problema sin resolver, pues no se hacen avances significativos que reduzcan la situación de expedientes pendientes. De conformidad con el último reporte del Departamento de Investigación Judicial, al 27 de noviembre de 201238, había 112939 expedientes judiciales pendientes de resolver, cada uno en diferentes etapas.

Resulta destacable que en este semestre, la CSJ ha establecido un cambio de criterio en materia sancionadora. Votaron para que en los casos de abogados o notarios que han sido condenados por delito que llevan como pena también la suspensión en el ejercicio de su profesión, no se abra un informativo para inhabitarlos, sino que se entienda que la sanción ya ha sido dictada por el juez de lo penal, y que la Corte Plena se limite a mandar a publicar la inhabilitación40. Con esto se supera la idea de que en estos casos un proceso administrativo sancionador es necesario, y se evitan posibles casos de contradicción en donde habiendo sido condenado penalmente, no se imponga la inhabilitación, además de que se evita dispendio del trabajo de la Corte Suprema de Justicia.











Pendiente

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Reformas al RIAL









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Inicio del proceso



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2 meses y 5 días

19-10-2007 120-2007/123-2007, 28 de septiembre de 2012



4 años y 11 meses




5 años y 11 meses

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7 años y un mes

10-04-2012 15-2012, 10 de octubre de 2012



6 meses




6 años




5 años y 1 mes

28-3-2012 13-2012, 5 de diciembre de 2012



8 meses y 1 semana




3 años y 9 meses




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Sanciones


Fecha del acta


12 27-9-2012



12 11-10-2012


12 11-10-2012


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13 25-10-2012



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8 1-11-2012



12 22-11-2012



11 29-11-2012










Cuadro 8. Resoluciones disciplinarias de la Corte Plena en el segundo semestre de 2012

Fuente: Elaboración propia con datos de las actas de Corte Plena publicadas por la CSJ y que corresponden a las sesiones entre el 17 de mayo y el 6 de diciembre de 2012











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Reformas al RIAL









Leyes permanentes
























Sin regulación.

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0

100

200

300

400

156.64%

121 50%120.00%

140.00%

160.00%

180.00%

sos

de c

asos

2° sem. 2012 1° sem. 201

0.00%

76.33%

0.00% 0.00%

121.50%

92.31% 82.55%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%


% e

gres

os/i

ngre

s

Salas

Inicio del proceso



7-5-2012 29-2012, 10 de julio de 2012



2 meses y 5 días

19-10-2007 120-2007/123-2007, 28 de septiembre de 2012



4 años y 11 meses




5 años y 11 meses

22-8-2005/24-1-2006




7 años y un mes

10-04-2012 15-2012, 10 de octubre de 2012



6 meses




6 años




5 años y 1 mes

28-3-2012 13-2012, 5 de diciembre de 2012



8 meses y 1 semana




3 años y 9 meses




53 2 55


Sanciones


Fecha del acta


12 27-9-2012



12 11-10-2012


12 11-10-2012


13 25-10-2012


13 25-10-2012


13 25-10-2012



11 1-11-2012



9 1-11-2012


13 1-11-2012


8 1-11-2012



12 22-11-2012



11 29-11-2012










6.6.2. Otros temas administrativos

Los temas administrativos del Órgano Judicial son de suma importancia para el desempeño y modernización institucional. Durante el presente semestre se han reportado disfuncionalidades que deben corregirse. 6.6.2.1. Bonos

Un tema que ha surgido es el otorgamiento de bonos a los empleados. La CSJ presupuestó dos bonos en el rubro “Remuneraciones eventuales”: uno por US$350 y otro por US$750 para un total un total de US$1,10041, pero en la práctica otorgó dos de US$200 y uno de US$900, para un total de US$1,30042. El uso alternativo más eficiente de estos fondos puede ser posible, a pesar de que el bienestar de los empleados judiciales es un tema de gran relevancia. Es necesario que se trabaje en la estructuración de un sistema salarial basado en mérito en la CSJ, donde las remuneraciones atiendan a razones de eficiencia y de incentivos para que los empleados se desempeñen mejor en sus funciones.

La situación financiera del Estado es complicada y todas las instituciones deberían cooperar a solventarla. Se ha vuelto una costumbre que las economías salariales se destinen a financiar el otorgamiento de bonos, cuando en la práctica el verdadero propósito de las economías es contribuir a mejorar las finanzas del Estado43.

6.6.2.2. Despidos

También, se ha denunciado la politización en la asignación de cargos, tanto al entrar en funciones el nuevo presidente de la CSJ como al finalizar el año. Con el cambio de presidente de la CSJ, se asignaron al menos dos plazas a personas afines a un partido político44, situación que atenta en contra de la profesionalización del elemento humano al servicio del Estado.

Al final del año se realizaron algunos despidos –los cuales incluso fueron anunciados oficialmente45– pero los más destacados fueron los relativos a altos funcionarios del Instituto de Medicina Legal (IML), incluido su director y del Oficial de Acceso a la Información de la CSJ. El 14 de diciembre, el gerente de recursos humanos de la CSJ notificó al director del Instituto de Medicina Legal, que por órdenes de la presidencia de la CSJ, su contrato que finalizaría el 31 de diciembre de 2012, no sería renovado46. Esto provocó una demanda de amparo, y la cual fue admitida el 17 de diciembre de 201247 y se dictó una medida cautelar ordenando que se renueve el contrato mientras se tramita el proceso. Junto a él, otros servidores públicos que fueron despedidos también presentaron demandas de amparo48.

En la demanda del director del IML se alegó la vulneración de los derechos de audiencia, defensa, estabilidad laboral y acceso a la información pública, establecidos en los arts. 6, 11, 12 y 219 de la Constitución de la República. Sobre la estabilidad laboral, la Sala de lo Constitucional ha sostenido como criterio jurisprudencial que cuando se trata de empleados por contrato, esa estabilidad se garantiza solo hasta el vencimiento de este49. La Sala de lo Civil ha sostenido lo contrario50, es decir, que la contratación fuera de la Ley de Salarios para tareas de carácter permanente es un fraude de ley y debería entenderse que les corresponden todas las garantías de los empleados por Ley de Salarios. La Sala de lo Constitucional admitió la demanda y habrá que esperar la sentencia definitiva para saber si se mantiene el criterio o hay un cambio jurisprudencial sobre este tema.

Si deseamos transitar hacia una profesionalización del servicio público, debe recordarse que la designación de funcionarios debe basarse en sus aptitudes para los cargos y no exclusivamente con base en consideraciones de otro tipo, tal como ha ocurrido con el Director del IML y el Oficial de Información de la CSJ. Las contrataciones como los despidos arbitrarios van en contra de la profesionalización del servicio público.



7.1. Normativa municipal

Las municipalidades tienen facultades normativas de acuerdo con la Constitución y estas se ejercen a través de las ordenanzas. Como esto influye en la conformación del ordenamiento jurídico que deben cumplir los ciudadanos es necesario monitorear lo que sucede. Para ello se han revisado los diarios oficiales publicados en este periodo que van desde el N° 108, Tomo 395, de 13 de junio de 2012 al N° 231, Tomo 397, de 10 de diciembre de 2012.

En los D.O. aparecidos este semestre, se publicaron 329 ordenanzas, de las cuales 73 son permanentes, 163 son temporales o prórrogas de ordenanzas temporales, y 93 constituyen reformas a ordenanzas permanentes preexistentes. Esto significa un aumento de 126% frente al primer semestre de 2012, cuando en total hubo 145. Este número es mayor al aparecido en semestres pasados, pero es normal un aumento de ordenanzas durante los primeros meses de las nuevas administraciones municipales Estos datos son extraídos de la revisión de los diarios oficiales publicados durante el semestre. En cuanto a su temática, es variada y contiene toda la gama de materias comprendidas dentro de la competencia municipal (ordenamiento territorial, medio ambiente, policía municipal, agua potable, cementerios, convivencia ciudadana, etc.), pero predominan las que tratan de asuntos económicos, especialmente tributarios. De las 329 ordenanzas referidas, 262 tratan de esta materia. Esta prevalencia es normal y se acentúa también en los primeros meses de la administración municipal, cuando las nuevas autoridades están determinando los recursos con que contarán para su gestión, pero continúa una tendencia que se ha hecho notar antes. Sólo 99 de dichas ordenanzas crean nuevas tasas municipales o remplazan a las anteriores; 163 establecen exenciones de multas e intereses por el pago de impuestos o tasas atrasadas. Esto es un reflejo de un mal hábito ciudadano de incumplimiento de obligaciones tributarias y de una injustificada tolerancia de las autoridades; las ordenanzas indicadas pueden lograr la recaudación de algunos recursos para el municipio, pero resultan en un castigo al cumplidor puntual de sus obligaciones legales.

En ocasiones, las municipalidades han emitido ordenanzas que exceden sus facultades legales, ya sea porque la actividad que pretenden regular, como la pinta y pega de propaganda política (Ayutuxtepeque) o el consumo de bebidas alcohólicas (Ayutuxtepeque, Guatajiagua, San Pedro Nonualco, Tepecoyo), debe estar efectivamente en leyes emitidas por la Asamblea Legislativa, como por el hecho de que los concejos municipales exceden con frecuencia sus facultades constitucionales. El ejemplo claro de esto es la creación de impuestos municipales (reservado a la Asamblea Legislativa en la Constitución) por medio de ordenanzas. En el semestre se han dado dos casos notorios en las municipalidades de San José Villanueva y Metapán, que han establecido impuestos denominándolos erróneamente “contribución especial”.

7. MUNICIPALIDADES



8.1. Revocatoria de la cancelación del PDC y PCN

La cancelación de los partidos PDC y PCN ha pasado por una larga batalla jurídica. El 1 de julio de 2011, el TSE canceló la inscripción del PDC y PCN con 3 de 5 votos. El PDC y el PCN presentaron un recurso de revisión sobre esta resolución, la cual requería 4 votos, conforme con el art. 80 del Código Electoral. El 20 de septiembre de 2011, el TSE resolvió la revisión con solo 3 votos, contrariando la disposición legal que expresamente requería mayoría calificada.

El 23 de noviembre de 2011, la Sala de lo Constitucional resolvió la solicitud presentada por el señor Eugenio Chicas Martínez, en calidad de representante legal del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Aclaró que los partidos políticos PDC (Partido Demócrata Cristiano) y PCN (Partido de Conciliación Nacional) ya estaban legalmente cancelados a raíz de la decisión que dicha Sala emitió y afirmó que estos no estaban habilitados para ejercer ningún derecho inherente a la condición de partido político.

El 24 de septiembre, la Sala de lo Contencioso Administrativo declaró ilegal la resolución proveída en el recurso de revocatoria por el TSE sobre la cancelación del Partido de Conciliación Nacional (PCN)51. El fundamento de la sentencia de esta Sala es que el TSE resolvió los recursos con 3 votos, cuando la ley expresamente manda a que se realice con 4 de 5 votos. De esta manera, la Sala de lo Contencioso Administrativo afirma en su sentencia que deberá pronunciarse nueva decisión conforme al artículo 80, letra “a”, número 5 del Código Electoral.

En su Posición Institucional No. 47, “Ilegalidad en la resolución del Tribunal Supremo Electoral”, FUSADES se pronunció sobre el proceso de cancelación. Afirmó que dicho proceso debía realizarse con estricto respeto a la legalidad, declarando que la forma de resolver el recurso de revisión adoptada por el TSE contrarió expresamente la ley y sentó un precedente negativo para el Estado de derecho y la seguridad jurídica, no obstante que FUSADES consideró, en su momento, que el decreto que “volvió a la vida” jurídica a los partidos PDC y PCN en 2004 , fue contrario a la Constitución y que debieron ser cancelados cuando no alcanzaron el umbral electoral en ese momento52.

El 30 de octubre de 2012, el Presidente del TSE, Eugenio Chicas, presentó un recurso de nulidad ante la Sala de lo Contencioso Administrativo53 el cual está pendiente de resolverse. Mientras tanto, el PES solicitó volver a su nombre original, dado que de acuerdo con el art. 157 del Código Electoral, los partidos pueden recuperar sus nombres y emblemas luego de un año de haber sido cancelados y CN solicitó cambiar su nombre por Partido de Concertación Nacional, con las siglas PCN, anteriormente utilizadas para identificar el Partido de Conciliación Nacional. De este modo, pierden utilidad práctica los procesos judiciales, a efectos de este caso en concreto, ya que ahora el PES es PDC y CN es PCN.

Para concluir este apartado, también es importante recalcar la necesidad de evaluar la creación de una justicia electoral no partidaria, con mayor independencia y capacidad para ser imparcial, tal como FUSADES ha manifestado en reiteradas oportunidades. Parte de la complicación de los procesos que se conocen en el TSE y de las dificultades que hubo en el caso de la cancelación del PDC y PCN se debe al interés que pueden tener en los casos los magistrados que deben resolverlos. Esto los convierte en una suerte de juez y parte en los casos juzgados, que debe ser resuelta para contar con una verdadera jurisdicción electoral apolítica54.

8. SISTEMA ELECTORAL



8.2. Voto por persona

La normativa reguladora del voto por persona que se aprobó para las elecciones de diputados de 2012 solo tuvo carácter transitorio y su vigencia se agotó en ese proceso electoral. A pesar que existe una sentencia de inconstitucionalidad en contra del voto en listas cerradas y bloqueadas, al cierre de este informe, se carecía de regulación.

En la última sesión plenaria de diciembre, se incorporó con modificación de agenda un dictamen con una reforma al Código Electoral para establecer en forma permanente el voto por rostro, pero por acuerdo entre todas las fracciones, con excepción de CN, el expediente regresó a estudio de la Comisión de Reformas Electorales55. De este modo, al cierre del año, quedó pendiente esta regulación que es absolutamente necesaria. La reforma constitucional que existe para prohibir este mecanismo de elección y las candidaturas independientes no fue aprobada en este semestre y no debería ser ratificada.

9. CONCLUSIONES• Fue importante para el Estado de derecho que luego de la sostenida presión de la sociedad

civil a raíz de la grave crisis institucional que vivió el país, se le diera cumplimiento en gran medida a los fallos de la Sala de la Constitucional y se procediera a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República.

• El fallo de la Corte Centroamericana de Justicia en el caso de elección de magistrados de la CSJ, constituye una amenaza para la justicia constitucional salvadoreña, al considerarse, sin fundamento legal alguno, tribunal supra constitucional, lo que afecta el proceso de integración centroamericana, dejando pendiente una situación irregular que resolver.

• Persisten amenazas para la justicia constitucional: la Comisión Investigadora de la elección de magistrados 2009-2018 no ha sido desarticulada y la propuesta de Ley Procesal Constitucional impulsada a finales del 2012, contiene disposiciones cuyo objeto es limitar el control de constitucionalidad.

• La presencia de la Relatora de ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados y el informe preliminar sobre el conflicto institucional fue positivo en el sentido de que reforzó la posición de la sociedad civil de defensa del Estado de derecho, planteando retos importantes para fortalecer la independencia judicial.

• La sociedad civil debe seguir vigilante del respeto al Estado de derecho y de la independencia de poderes. El rol que desempeñó la sociedad civil fue determinante para solucionar de momento la crisis institucional que vivió el país.


SEGURIDAD CIUDADANA

La inseguridad ciudadana es una preocupación constante en El Salvador, en cuanto históricamente se han tenido indicadores elevados de homicidios y de otros delitos. La seguridad ciudadana implica la garantía de que se respetarán los derechos fundamentales de las personas como la vida, la libertad, el patrimonio etc. y diseñar las políticas y ejecutar las acciones para garantizarlo es una de las funciones principales del Estado.

Los eventos que exigen la creación de planes y las acciones del Estado para buscar la convivencia pacífica son, por lo tanto, de suma relevancia. El informe de Coyuntura Legal e Institucional pone en contexto los eventos jurídicos e institucionales, dentro de un lapso de 6 meses y establece algunas perspectivas sobre los temas de prevención, combate de la delincuencia, y cumplimiento de la pena y reinserción.

El presupuesto estatal para prevención en 2013, los avances en el pacto entre pandillas y la reducción de homicidios, el desarrollo del Asocio para el Crecimiento con Estados Unidos, el quehacer de los actores de seguridad en materia de extorsiones y la situación del proyecto de las granjas penitenciarias son los temas que han marcado la agenda de seguridad en el último semestre. Su análisis y el de otros asuntos relacionados con la seguridad ciudadana se presentan en este informe.

1. INTRODUCCIÓN

2.1. Plan de prevención del gabinete de seguridad

En el semestre anterior se reportó que entre los planes de prevención del gabinete de seguridad se encuentran dos proyectos: un programa de oportunidades de empleo para jóvenes en riesgo, conforme con el cual el gobierno los contrataría para realizar ciertas tareas en prevención de desastres; y la creación de un centro de capacitación laboral56.

El plan inició el 8 de noviembre con su lanzamiento en Ilopango por el Presidente de la República, con lo cual se busca capacitar a los jóvenes en tareas de protección civil durante nueve meses57. Se estará a la expectativa de la rendición de cuentas sobre los resultados de este proyecto.

2.2. Presupuesto de prevención 2013

La prevención de la violencia en particular y de la delincuencia en general es trascendental para la sana convivencia de la sociedad, por lo que deben orientarse esfuerzos a este rubro. Un indicador de que el Estado prioriza un tema es la asignación de recursos presupuestarios.

La asignación para el rubro “Prevención, Participación y Reinserción Social” dentro del presupuesto del Ramo de Justicia y Seguridad para el año 2013 es de US$3,527,095. El cuadro 1 muestra el desglose.

2. PREVENCIÓN


SEGURIDAD CIUDADANA

Cuadro 1. Composición del presupuesto para prevención en el año 2013

Fuente: Ley de Presupuesto votada para el año 2013.

El presupuesto para prevención representa el 0.99% del presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad y no ha variado en los últimos años (en 2012 fue de 0.89%, en 2011 de 0.92%, en 2010 de 0.94%, y en 2009 de 1.05%). Con esto se observa que el esfuerzo financiero en materia de prevención es mínimo.

Rubro Finalidad Monto en US$Prevención y Participación Ciudadana

Fortalecer la organización municipal comunitaria y redes relacionadas con la prevención de la violencia, para generar acciones y programas que contribuyan a la misma.

1,650,320

Centros Intermedios

Aplicar la Ley Penal Juvenil, a efecto de facilitar condiciones para la rehabilitación de los menores infractores de la misma.

1,422,610

Instituto Toxicológico

Contribuir a la seguridad ciudadana mediante la realización de dopajes, prevención y consejería contra el consumo de drogas.

162,475

Comisión Nacional Antidrogas

Coordinar esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la prevención contra el consumo de drogas y el desarrollo de programas contra la demanda ilegal de la misma.

291,690

Prevención, Participación y Reinserción Social 3,527,095

Información general Restricción 1: El crimen y la inseguridad

Puntuación Noviembre 2012

Principales logros o problemas

1. Fortalecer las instituciones del sector de justicia

En la meta - Equipamiento de una escuela de defensores públicos. - Se capacitaron instructores en litigación oral, policías, jueces y fiscales. - Se midió la satisfacción de los ciudadanos con el sector justicia. En una escala de 0 a 100 el resultado fue 40.4

2. Mejorar los procedimientos de justicia penal

En la meta - Evaluación del Instituto de Medicina Legal y recomendaciones para promover el uso de la evidencia científica. - Un aumento de 10% en los casos que terminaron en condena donde se utilizó evidencia científica.

3. Reducir el impacto del crimen en las empresas

En la meta - Se ha trabajado en la conformación de una fuerza de tarea para combatir la delincuencia organizada contra la pequeña y mediana empresa. -Se midió la percepción de la comunidad de empresas pequeñas y medianas sobre el efecto que tiene la policía y las acciones judiciales sobre crímenes contra sus negocios. En una escala de 0 a 100 el resultado fue 31.5

4. Reducir el impacto del crimen en los pasajeros / transporte público

En la meta - Se está trabajando para establecer una fuerza de tarea que combata los delitos relacionados con el transporte público. -Se está trabajando en un plan de transparencia del sector transporte. - Se midió la percepción de seguridad en las rutas de transporte público. En una escala de 0 a 100 el resultado fue 36.1

5. Eliminar los activos de las organizaciones criminales

En la meta -Se prepararon propuestas de leyes para el decomiso de activos y la administración de activos incautados. -El Anteproyecto de Ley Especial de Pérdida de Dominio sobre Bienes de Origen o Destinación Ilícita ya ha sido presentada al Congreso.

6. Fortalecer la administración pública de El Salvador

Bajo la meta -La Ley de Acceso a la Información Pública entró en vigor, pero no se ha nombrado a los miembros del ente rector. -Se ha realizado una consulta pública sobre el proyecto de Ley de la Función Pública.

7. Promover un diálogo nacional para mejorar la seguridad

En la meta - Se desarrolló una estrategia de comunicaciones para promover la discusión de los esfuerzos del Asocio para mejorar la seguridad ciudadana en El Salvador. - Un consenso nacional sobre prevención del delito y seguridad pública. - Se midió la percepción pública sobre un consenso nacional sobre seguridad pública. En una escala del 0 a 100, el nivel de satisfacción fue de 62.1.

8. Ayudar a jóvenes en riesgo por medio de oportunidades económicas

En la meta - Se proporcionó capacitación vocacional a jóvenes en riesgo. -Se adelanta un programa de capacitación de protección civil, en una fase inicial, para desarrollar habilidades de trabajo para 500 jóvenes en riesgo. - Se lanzó el Programa Parques Especiales para la Reinserción Social y Cultura de Paz para lo cual se están gestionando fondos.

9. Fortalecer la PNC En la meta - Ha iniciado el ensayo de un proyecto piloto de delegación policial que pretende ayudar a identificar patrones delincuenciales y permitir un patrullaje más eficaz. - Se han establecido procedimientos operativos estándar y se ha comenzado una evaluación de necesidades tecnológicas. -Alrededor de 3,500 policías fueron entrenados en patrullaje de policía comunitaria y en la aplicación de técnicas de interacción con la comunidad.

10. Mejorar las oportunidades educativas para los jóvenes en municipios de alto riesgo

En la meta -Se implementó el Enfoque Inclusivo de Tiempo Pleno en 84 escuelas y llegó a más de 25,000 estudiantes. -Como parte del programa de asociación público-privada "Adoptar la Escuela", más de 700 maestros y 70 directores fueron capacitados en metodologías de enseñanza para mejorar la calidad de la educación.

11. Prevenir la delincuencia y la violencia en los municipios claves y apoyar reformas

En la meta -Se sigue trabajando para prevenir la delincuencia en municipios seleccionados a través de los consejos de prevención municipales. - Se publicó la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia.

12. Reducir el hacinamiento en las prisiones

En la meta -La tasa de hacinamiento se mantiene elevada. -Las granjas penitenciarias y el programa de clasificación de reos de Mariona contribuirán a reducir el hacinamiento.

13. Mejorar la seguridad de las prisiones

En la meta - Equipar una Unidad Especial de Inteligencia en la Oficina Central de Prisiones que tendrá como empleados a policías penitenciarios e investigadores y analistas antipandillas de la PNC. -El USG proporcionó 29 escáneres de huella digital con función de capturar la información biométrica en los prisioneros y visitantes en todos los centros penitenciarios salvadoreñas.

14. Promover el uso de la extradición para combatir la delincuencia

Bajo la meta - Ningún ciudadano salvadoreño ha sido extraditado a Estados Unidos desde 2010. - Ningún funcionario de alto rango ha hecho declaraciones sobre la importancia de la extradición para el combate a la delincuencia.

2,696 2,349

2 163 2 195

2,932

3,812 3,928

3,497 3,179

4,367 4,004

4,366

2,641

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

cid

ios

2,163 2,195

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ho

mic

año

19,940

7,093

Sentenciados Detención provisional

25,174 26,151

27,033

2 2 25,800 26,400 27,000 27,600

23,465

24,449 25,019

21,600 22,200 22,800 23,400 24,000 24,600

5, 00

29-06-2010 10-12-2010 30-06-2011 19-12-2011 02-07-2012 31-12-2012

3. COMBATE A LA CRIMINALIDAD

3.1. Evaluación de 6 meses del Asocio para el Crecimiento

La Embajadora de Estados Unidos y el Secretario Técnico de la Presidencia, presentaron la evaluación semestral del Asocio para el Crecimiento, que corresponde al periodo de mayo a noviembre de 201258. En ese informe se presentan los progresos realizados en cada uno de los 14 objetivos propuestos en materia de seguridad y en los 6 relativos a la baja productividad del sector transable. Este eje trata solo del primer tema, y deja el segundo para el Eje de Clima de Negocios y Legislación Comercial.

De los 14 objetivos, 2 fueron clasificados con atraso con respecto a lo programado y 12 conforme con lo planeado. Los dos casos en los que se señala un desfase se refieren a fortalecer la administración pública de El Salvador (objetivo 6) y promover el uso de la extradición para combatir la delincuencia (objetivo 14). El cuadro 1 presenta los elementos más destacados de cada meta.

El informe caracteriza los dos temas atrasados. En el objetivo 6, se hace notar que los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública no han sido seleccionados y se señala como positivo una consulta realizada sobre el proyecto de Ley de la Función Pública. En cuanto al objetivo 14 que trata sobre la extradición, se señaló que ningún ciudadano salvadoreño ha sido extraditado a Estados Unidos desde 2010, ningún funcionario de alto rango ha hecho declaración alguna sobre la importancia de la extradición para el combate a la delincuencia y no se han tomado acciones sobre dos órdenes de arresto provisional enviadas a la CSJ en 2012 sobre casos de extradición pendientes.


SEGURIDAD CIUDADANA

Cuadro 2. Evaluación de mayo a noviembre de 2012 del Asocio para el Crecimiento

Fuente: Elaboración propia con datos del Segundo Informe Semestral del Asocio para el Crecimiento, mayo-nov 2012.



1,650,320

Centros Intermedios


1,422,610



162,475



291,690
































2,696 2,349

2 163 2 195

2,932

3,812 3,928

3,497 3,179

4,367 4,004

4,366

2,641

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

cid

ios

2,163 2,195

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ho

mic

año

19,940

7,093


25,174 26,151

27,033

2 2 25,800 26,400 27,000 27,600

23,465

24,449 25,019

21,600 22,200 22,800 23,400 24,000 24,600

5, 00

29-06-2010 10-12-2010 30-06-2011 19-12-2011 02-07-2012 31-12-2012


SEGURIDAD CIUDADANA

3.2. Proyecto regional de seguridad coordinado por el SICA

Algunos eventos han sucedido en este importante proyecto. En julio de 2012, la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) puso en marcha en El Salvador la Reunión Regional de Sociabilización de la Estrategia de Seguridad.

Se inició con el planteamiento del proyecto denominado “Profesionalización y tecnificación de las policías e instancias vinculadas a la seguridad y la justicia en el nivel nacional y regional”. Este tiene como principal objetivo identificar las necesidades de los cuerpos de seguridad de la región en materia de combate a la inseguridad, a manera de poder responder a las necesidades de seguridad de los ciudadanos en Centroamérica. Este es uno de los cuatro proyectos que pretende fortalecer a los cuerpos de seguridad, el cual comprende, al menos, 120 acciones de fortalecimiento, 35 pasantías y 15 cursos de formación para jueces, policías y fiscales de la región con un presupuesto de cerca de US$ 7 millones donados por el Gobierno de España, a través de su Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En el foro participan jefes de seguridad de la región centroamericana, quienes serán los encargados de detectar las necesidades y deficiencias actuales a fin de identificar soluciones conjuntas, consensuadas y eficientes para combatir, de manera más técnica y profesional, el fenómeno de la creciente inseguridad ciudadana que afecta a los países centroamericanos59.

3.3. Pacto entre pandillas

En marzo de 2012 se hizo público un pacto entre las principales pandillas o maras de El Salvador60, el cual implicó un compromiso para detener los homicidios producto de la rivalidad entre estas organizaciones, lo que generó dudas sobre la participación del Gobierno, la viabilidad del pacto y la legalidad de las acciones tomadas en aquel momento, como el traslado de reos de la prisión de máxima seguridad a cárceles regulares. En el segundo semestre de 2012, se ha manifestado que el pacto entre pandillas forma parte de la estrategia de seguridad61 del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y se ha anunciado una segunda etapa de este proceso62.

Monseñor Fabio Colindres y Raúl Mijango, mediadores de la tregua, anunciaron63 que se ejecutará una segunda fase de la misma. Esta incluiría diez municipios, y se esperaría que a futuro se añadan otros, en los que se implementaría un mecanismo de territorialización llamado “Municipios Santuarios”, para combatir la violencia. Dicho mecanismo consiste en declarar sucesiva y progresivamente a los municipios del país como “Zonas especiales de Paz”. Para ello, se necesitan de ciertos acuerdos, tales como un pacto local de no agresión entre pandillas residentes en el municipio, un compromiso de las pandillas para erradicar prácticas delictivas, entrega de armas, integración de pandillas a colectivos comunitarios, entre otros. Desde el lado de las maras, una solicitud que se ha hecho al gobierno a través de los mediadores es la derogatoria de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal64.

Ante este pronunciamiento, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, confirmó65 que el gobierno dará “facilidades”; pero expresó que como entidad oficial, no negociarán con las pandillas. Es importante aprovechar la oportunidad para dar claridad al proceso, e implementar un plan integral de combate a la delincuencia, enmarcado en las reglas que rigen el Estado de derecho.


SEGURIDAD CIUDADANA

Como resultado directo de la “tregua o pacto” entre las pandillas, en nuestro país se ha comprobado una disminución en el número de homicidios. De 4,366 con los que cerramos el 2011, pasamos a 2,641 al cierre de 2012. Estas cifras implican una reducción concreta de 1,725 homicidios respecto del año anterior y la cifra más baja en los últimos 9 años, tal como se refleja en el cuadro siguiente. En la última década, 2012 cerró en el tercer lugar de los años con menos homicidios, después de 2002 y 2003.

El promedio de homicidios diarios, de enero a diciembre de 2012, fue de 7.2 según el IML. Este promedio decae a 5.9 entre marzo y diciembre, que son los meses que lleva operando la llamada tregua entre las pandillas MS13 y Barrio 1866. El promedio de homicidas en 2011 fue de 12.0 diarios67.

Tomando como base los homicidios reportados por el IML en 2011 y 2012 y la población proyectada para 2011 y 2012 por la Dirección General de Estadísticas y Censos68, la tasa de homicidios por 100,000 habitantes en 2011 fue de 70.2 y en 2012 de 42.269.

En el combate a la delincuencia, el pacto entre pandillas se ha mantenido durante 9 meses y ha producido una reducción significativa de los homicidios. El papel del Gobierno en la negociación sigue sin mucha claridad, y el reto es su continuidad, sustentabilidad y dotarlo de mayor institucionalidad. Toda medida que se adopte debe estar enmarcada dentro del respeto al Estado de derecho. Es importante que estas acciones formen parte de un plan integral de seguridad ciudadana. Gráfica 1. Homicidios en El Salvador en los últimos 13 años.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto de Medicina Legal70

3.4. Actividad de los actores estatales de seguridad

3.4.1. Policía Nacional Civil

Un tema importante dentro de la Policía Nacional Civil (PNC) es su depuración y la investigación disciplinaria de sus miembros. Hasta la fecha, la Inspectoría General de la PNC es la encargada de hacer la investigación y es una dependencia de la Dirección General de la PNC (Art. 12 y 26 de la Ley Orgánica de la PNC).



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SEGURIDAD CIUDADANA

Durante este semestre se ha solicitado71 que se apruebe una Ley Orgánica de la Inspectoría de la Policía Nacional Civil, según la cual esta ya no sería una dependencia de la Dirección General, sino que del Ministro de Justicia y Seguridad, de tal modo que la Inspectoría goce de mayor independencia para investigar al personal de la PNC, puesto que no resulta lógico que el investigador dependa del director de la entidad que investiga. La pieza de correspondencia se encuentra en estudio, en la Asamblea Legislativa.

3.4.2 Fiscalía General de la República

El Centro de Intervención de las Telecomunicaciones (CIT) es un tema importante dentro de la Fiscalía General de la República, (FGR), al cual se ha dado seguimiento en ediciones anteriores de este informe, principalmente porque debió iniciar a funcionar en septiembre de 2010, de conformidad con la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones. Durante este semestre ha empezado a cumplir con su finalidad y se ha reportado el primer caso de capturas basado en evidencia recabada mediante esta herramienta y se anunció que hay más casos siendo investigados a través de la misma72.

En otro orden de ideas, el CIT fue cuestionado por el Presidente de la República quien manifestó que temía que dicho centro se estuviera usando para propósitos ilícitos73. Esto fue categóricamente rechazado por el Fiscal en funciones74.

Luego de eso, el partido GANA pidió que el pleno autorice a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales a realizar una visita al “Centro de Intervención de las Comunicaciones”, acompañados de peritos, para verificar si se está cumpliendo la Ley Especial para las Intervenciones de las Telecomunicaciones75. Al cierre del informe, esta situación todavía no se ha resuelto.

3.5. Combate a las extorsiones Una de las actividades delictivas que más aqueja a El Salvador son las extorsiones. La encuesta de victimización de La Prensa Gráfica de noviembre de 2012 establece que el 11.3% de los delitos que los encuestados reportan haber sufrido son extorsiones76. Por ello, la organización y la operatividad institucional para el combate de este delito es de gran influencia en la situación de seguridad ciudadana, y para esta tarea existe actualmente un plan entre la PNC y la FGR que ha tenido resultados.

Desde la perspectiva de la organización institucional, tanto la FGR como la PNC han creado sus estructuras especializadas. Por el lado de la FGR, la investigación de las extorsiones depende tanto de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos de Extorsiones (en adelante, unidad antiextorsiones) que tiene competencia nacional, como de la Unidad Fiscal de Delitos de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual, que existen en cada oficina regional y que tienen competencia delimitada a su propio ámbito geográfico. Los casos en los que estas unidades encuentran méritos para ello son asignados a la unidad antiextorsiones. Por el lado de la PNC, esta tuvo una División de Investigación de Extorsiones que trabajaba coordinadamente, e incluso integrada físicamente, con la unidad antiextorsiones de la Fiscalía. En 2011 esta unidad se integró en la División Central de Investigación, lo que dificultó en cierta medida el trabajo con la FGR, de tal modo que uno de los cambios sugeridos por los asesores del Asocio para el Crecimiento fue la creación de una nueva Fuerza de Tarea Antiextorsiones, la cual se encuentra en formación y busca mejorar el trabajo conjunto entre ambas instituciones. Sería eficiente que la coordinación entre la FGR y la PNC en este tema llegara de nuevo a la integración física, a fin de reducir los costos de coordinación, pues se evitarán desplazamientos y se recibirían denuncias conjuntamente77.


SEGURIDAD CIUDADANA

Un tema operativo que ha dificultado el combate a las extorsiones, que se ha conocido a través de los medios de comunicación, es que algunas empresas de telecomunicaciones no siempre brindan oportunamente la información que las autoridades les requieren con urgencia. Esto podría mejorar si se estableciera una obligación legal de que estas empresas tengan una unidad encargada de responder las solicitudes con la velocidad que la situación amerite78.

Desde el punto de vista del trabajo que se ha realizado durante 2012 en el combate a las extorsiones, este ha sido significativo. La unidad antiextorsiones de la FGR trabaja a partir de las denuncias presentadas por la ciudadanía. Hasta el 21 de noviembre de 2012, hubo 10% menos denuncias que en 201179. Se carece de los elementos suficientes para establecer la razón de la disminución. En cuanto a los delitos cometidos pero no denunciados, no se tienen datos oficiales, es decir, se desconoce la cifra negra como indicador de la magnitud del problema80.

El final exitoso de una denuncia es la condena de quien cometió el delito, en una investigación dirigida por las distintas oficinas de la FGR encargadas de ello, con el apoyo de la PNC. Hasta el 21 de noviembre de 2012 hubo 1,334 condenas, superior a las 1,120 de 201181. Al 31 de diciembre, la Dirección General de Centros Penales reportó que entre los delitos de mayor incidencia por los que había privados de libertad, se encontraba en tercer lugar las extorsiones con 13.56%, solo después de los robos (14.66%) y los homicidios (29.35%)82.

A partir de lo antes expuesto, se observa una organización institucional que está trabajando de forma positiva en el combate a las extorsiones, y que ha obtenido resultados importantes, como se nuestra en el número de condenas. A pesar de ello, es preocupante el desconocimiento de los casos de extorsión que no se denuncian, y que no permite identificar cuánto se está haciendo en comparación con la magnitud fáctica del problema. 3.6 Aumento de pena por disparar contra policías o militares

La Asamblea Legislativa aprobó una reforma al art. 147-A del Código Penal, para regular el disparo de arma de fuego contra un policía o un militar en ejercicio de sus funciones. La pena que se estableció es de tres a cuatro años, y que difiere de la sanción para el delito de disparo de arma de fuego en situación ordinaria, cuando es de uno a tres años.

Esta medida responde a la situación de ataques que ha sufrido el personal de los aparatos estatales de seguridad, y sigue la tendencia de pretender disuadir un delito con aumentos de la pena.


SEGURIDAD CIUDADANA

4. CUMPLIMIENTO DE LA PENA Y REHABILITACIÓN

4.1. Población reclusa hacinada

Este tema, al que se le da seguimiento todos los semestres para mantenerlo en la agenda pública dada su importancia para la seguridad, no ha tenido cambios positivos en este periodo. Si bien existen algunos proyectos en progreso, como la ampliación de la infraestructura penitenciaria, en la práctica, los reclusos se siguen acumulando en los mismos espacios. El hacinamiento ha alcanzado desde hace tiempo a las bartolinas de la PNC, que aunque son centros temporales de detención, de facto, se están usando como prisiones. En estos últimos seis meses, incluso algunos reos iniciaron una huelga de hambre en demanda por que se les trasladase a un centro penitenciario ante el congestionamiento de las bartolinas policiales de Sonsonate83.

Al 31 de diciembre, la población reclusa era de 27,033 reos y la sobrepoblación alcanzaba 326%, si se toma como base 8,290 espacios en el sistema penitenciario84. La tendencia de crecimiento acelerado de la población penitenciaria se mantiene a niveles alarmantes, y el hacinamiento sigue constituyendo un riesgo para los reos, para los custodios y para la ciudadanía.

Gráfica 2. Población reclusa al 31 de diciembre de 2012

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Centros Penales.

Gráfica 3. Aumento de la población reclusa: 882 reos (3.37%) en los últimos 6 meses

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Centros Penales.



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SEGURIDAD CIUDADANA

4.1.1. Infraestructura penitenciaria

En informes anteriores se ha sostenido que para afrontar el hacinamiento penitenciario, entre otras medidas, una de las soluciones es la construcción de nuevas cárceles85. En este semestre, el Ministro de Justicia y Seguridad ha anunciado que se retomará la construcción de la ampliación del Centro Penal de Izalco, la cual ha estado suspendida en los últimos años por problemas con la empresa constructora86, así como ampliaciones adicionales de infraestructura. Los fondos provendrían de un préstamo recién aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica87. El préstamo otorgado es de US$71 millones, y su destino, en caso de ratificarse por la Asamblea Legislativa88, es el mejoramiento del sistema penitenciario, lo que implica que proyectos adicionales al del penal de Izalco se desarrollarían en los próximos años, y aumentaría la capacidad instalada en alrededor de 7,000 espacios.

La ampliación de centros penales es una medida necesaria dentro de las líneas de acción en la administración penitenciaria. El control de los reclusos será más manejable en cuanto estén menos hacinados y coadyuva en el futuro a mantener la capacidad del Estado de sancionar por la vía penal, que se ve amenazada sino puede, materialmente, privar de libertad a quien lo merezca, lo cual debe hacer conforme con estándares mínimos de respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad. A pesar de ello, el crecimiento de la población reclusa es tan rápido, que cada seis meses es necesaria una nueva cárcel. Por ello, no debe olvidarse que la mejor solución es que no haya necesidad de encarcelar a las personas, o en otras palabras, debe fortalecerse la prevención, así como implementar medidas para sustituir la pena de prisión para delitos de menor gravedad y otras estrategias para reducir las personas en régimen de encierro.

4.1.2. Granjas penitenciarias

Las granjas penitenciarias son un proyecto que incluye el elemento “rehabilitación” en el cumplimiento de la pena de los privados de libertad. Actualmente ya se encuentran funcionando, pero hay planes de mejorarlas a través de nuevos financiamientos.

Al cierre de 2012, en las granjas penitenciarias se encuentran 180 personas en la fase de semilibertad, 67 en la granja para mujeres, ubicada en Izalco y 113 en la de hombres, ubicada Santa Ana89. La selección de estas personas se hace a través de la creación de un perfil, en el que se toman en cuenta criterios como no pertenecer a organizaciones delictivas, la ausencia de psicopatías, la vocación y la buena conducta. En la granja de Santa Ana se ubican a hombres en fase de semilibertad. En la de Izalco, se ubican a mujeres en esas condiciones, pero también se proyecta enviar allí a las que tienen a sus hijos con ellas en la prisión, aunque todavía estén en la etapa de cumplimiento ordinario de la pena, con el objetivo de reducir el efecto de prisionalización en los menores.

El trabajo es principalmente agrícola y vale para beneficios penitenciarios. Los Jueces de Vigilancia Penitenciaria están validando dos días de pena por un día de trabajo (art. 105-A de la Ley Penitenciaria), además que se otorga a los reos un estipendio de US$ 50 mensuales por su labor, fondos que provienen principalmente de las utilidades de las tiendas institucionales dentro de los centros penales.

De acuerdo con la Dirección General de Centros Penales, el proyecto está dando frutos desde el punto de vista de la rehabilitación. En los 11 meses que llevan funcionando las granjas, ninguna de las 91 personas que han salido libres ha reincidido en cometer nuevos delitos, lo cual es un buen indicador para el programa90.


SEGURIDAD CIUDADANA

En materia de sostenibilidad, las granjas son un proyecto que todavía está en construcción, por lo que requiere de financiamiento, y este provendrá de, al menos, tres fuentes. La primera es una donación por parte del Gobierno de Taiwán, consistente en US$ 2.2 millones, los cuales se están invirtiendo en el fortalecimiento de estas granjas91. Se trata de un proyecto de dos años que concluirá en 2014. Las otras dos fuentes serán algunas asignaciones presupuestarias que se harían en el caso de aprobarse el préstamo relacionado en el apartado anterior y los fondos que resulten de la operación de las granjas.

4.1.3. Modernización del sistema penitenciario

El sistema penitenciario necesita modernizarse. Eso tendría un impacto positivo en la capacidad de cumplir su finalidad, por ejemplo, reduciendo el hacinamiento o mejorando el goce de los derechos de los reclusos. La Dirección General de Centros Penales está estudiando la posibilidad de introducir brazaletes para la localización de reos.

Si se aprueba el préstamo referido en el apartado 4.1.1., la Dirección General de Centros Penales podría adquirir 4,000 brazaletes con localización GPS en los próximos dos años, los cuales se usarían como medida cautelar. Por supuesto, la aplicación de esta medida correspondería a los jueces. El sustento jurídico para su aplicación puede encontrarse en el artículo 332, numeral 2 del Código Procesal Penal, que establece que la aplicación de medidas alternativas o sustitutivas de la detención provisional podrá imponer la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente al juez. Se trata de una opción viable para reducir el hacinamiento.

Otra medida de modernización es un proyecto piloto que se encuentra en las etapas iniciales, que busca clasificar los prisioneros del Centro Penal la Esperanza, ubicado en Mariona. Se ha señalado a un experto en la materia para evaluar todos los archivos de la prisión, e identificar y clasificar a los internos de bajo riesgo que son candidatos para la transferencia a prisiones de baja seguridad/granjas de prisión o libertad anticipada. También se va a categorizar diferentes niveles de delitos para que coincidan con la clasificación y enfoque de los procedimientos y tiempos en los procesos judiciales y administrativos92.

4.2. Depuración de custodios

En informes previos se ha insistido sobre la importancia de depurar el personal penitenciario, una tarea constante que está realizando la Dirección General de Centros Penales.

Entre enero y diciembre de 2012, se han removido de sus cargos 39 agentes de seguridad penitenciaria93. La causa principal de las destituciones es el ingreso de objetos prohibidos a los centros penitenciarios.

En el art. 234, letra b) de la Ley Penitenciaria se establece como falta grave la introducción a los centros penitenciarios de objetos indebidos, cuya sanción administrativa es la destitución, de conformidad con el art. 237 del mismo cuerpo normativo. Además de esta sanción, procede un proceso penal por el delito de Tráfico de Objetos Prohibidos en Centros Penitenciarios de Detención o Reeducativos, según el art. 338-B del Código Penal.


SEGURIDAD CIUDADANA

• En el combate a la delincuencia, el pacto entre pandillas se ha mantenido durante 9 meses y ha producido una reducción significativa de los homicidios. El papel del Gobierno en la negociación sigue sin mucha claridad, y el reto es su continuidad, sustentabilidad y dotarlo de institucionalidad. Todas estas medidas deben estar enmarcadas en el Estado de derecho.

• La disminución de los homicidios brinda la oportunidad para implementar de forma efectiva un plan integral de seguridad ciudadana que incluya elementos de control del crimen, prevención, rehabilitación y reinserción.

• La prevención del delito es uno de los rubros con menor peso en el presupuesto de seguridad. Debe buscarse la manera de fortalecerlo.

• La situación en el sistema penitenciario, especialmente por el hacinamiento sigue siendo grave, pero la posibilidad de una inversión en infraestructura y tecnología, así como la continuidad de las granjas penitenciarias son aspectos positivos.

9. CONCLUSIONES


CLIMA DE NEGOCIOS Y LEGISLACIÓN COMERCIAL

El clima de negocios es el reflejo de una variedad de elementos subjetivos y objetivos relacionados con el desempeño de las instituciones, la calidad de las normas, la facilidad de los trámites, estabilidad y eficiencia de los funcionarios, entre otros, que permitan que las buenas ideas, sin importar su origen, puedan transformarse en negocios y las empresas logren invertir y crecer, generando más empleos y desarrollo en la sociedad94.

1. INTRODUCCIÓN

El 5 de septiembre se publicó el Informe de Competitividad Global 2012-2013, elaborado por el Foro Económico Mundial. Los resultados muestran que El Salvador retrocedió 19 posiciones en relación con los dos años anteriores, pasando del escalón 82 al 101 (de 144 países)95. Actualmente, El Salvador solo supera a Nicaragua (lugar 108) en Centroamérica; en 2005 El Salvador ocupaba el primer lugar de la región. En esta ocasión, Honduras (90), Guatemala (83), Costa Rica (57) y Panamá (40) aventajan a El Salvador, gráfica 1. Otros países de la región han implementado políticas más efectivas para aumentar la competitividad, mientras El Salvador ha ejecutado medidas insuficientes96.

Gráfica 1. Ranking de competitividad global en Centroamérica y países líderes

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013.

Los resultados de El Salvador están afectados por ocupar el último lugar en los subindicadores relacionados al costo económico del crimen organizado (144) y del crimen y la violencia (143); seguido del deterioro de la confianza pública en los políticos (135), de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual (133), del derroche del gasto público (130), protección al inversionista (130), y eficiencia del marco jurídico para solución de conflictos (123); asimismo, persiste un deterioro en los apartados de estabilidad macroeconómica (103) y educación superior (135). Algunos resultados positivos se observan en los subindicadores de infraestructura (72) y eficiencia en el mercado de bienes (74).

El 23 de octubre se publicó el informe Doing Business 2013, elaborado por el Banco Mundial, que contiene 10 indicadores relacionados con el ciclo de vida de una empresa y el clima de negocios. Los resultados muestran que El Salvador retrocedió dos posiciones en relación con el año anterior, pasando del escalón 111 al 113 en comparación con 183 países; es decir, persiste el deterioro desde una posición de 75 entre 178 países en 2006, al

2. INDICADORES

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Posición (144 países)

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11.1

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1.8

0.8

0.4

0.4

Crimen y delincuencia

Acceso a �nanciamiento

Corrupción

Burocracia ine�ciente

Inestabilidad política

In�ación

Inestabilidad gubernamental

Insu�ciente innovación

Capacitación laboral inadecuada

Tasa impositiva

Regulación tributaria

Ética laboral baja

Regulación laboral restrictiva

Salud pública de�ciente

Regulación monetaria

Infraestructura inadecuada

0 5 10 15 20 25 30



número 113 entre 185 países en 201397. Al compararnos con Centroamérica, se advierte que El Salvador fue el único país que desmejoró y se ubica en un punto medio en Centroamerica, superando a Honduras (119) y Nicaragua (125) y debajo de Costa Rica (110), Guatemala (93) y Panamá (61), gráfica 2.

Gráfica 2. Ranking de Centroamérica en Doing Business

Fuente: Informes Doing Business de 2006 a 2013.

En relación con los principales problemas para realizar actividades comerciales, el Informe de Competitividad Global 2012-2013 destaca cinco factores importantes: crimen, acceso a financiamiento, corrupción, excesiva burocracia e inestabilidad política, gráfica 3.

Gráfica 3. Principales problemas para realizar negocios en El Salvador

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013.

Un indicador sobre la percepción de la facilidad de hacer negocios en el país es la Encuesta Dinámica Empresarial de FUSADES, y en su edición del tercer trimestre de 2012 muestra que los problemas institucionales y políticos, además de influir negativamente en el clima de inversión, también influyen en el retroceso que el país ha tenido en los rankings internacionales, aunque no son la única causa de ello98. Así, se advierte la creciente preocupación por la inseguridad jurídica, la delincuencia y falta de inversión, gráfica 4. Por ejemplo, el 17 de agosto de 2012, ante una iniciativa del Órgano Ejecutivo y sin previa consulta, la Asamblea Legislativa reformó, mediante dispensa de trámites, casi veinte leyes con el objeto de modificar el

El proyecto de Ley Especial de Agilización de Trámites para el Fomento de Proyectos de Construcción, una propuesta de vigencia temporal que pretende reducir las 18 gestiones y 880 días que requiere obtener un permiso de construcción mediante el establecimiento de plazos cortos, incorporación del silencio administrativo en sentido positivo y creación de una entidad responsable del cumplimiento de esta normativa.

60

70

80

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100

110

120

130

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

El Salvador

Guatemala

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Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Restricción 2: Baja productividad en el sector transable1. Establecimiento de un Consejo de Crecimiento En la meta 2. Reducir el costo de las compañias para mejorar su competitividad

En la meta

3. Fortalecer la fuerza de trabajo para que coincida la demanda del mercado laboral

En la meta

4. Incrementar los ingresos fiscales (netos) para el año 2015 En la meta 5. Apoyar una estrategia para atraer y promocionar la inversión extranjera directa

Bajo la meta

6. Superar la baja productividad de los bienes transables En la meta

Estado

Referencia Normativa impugnadaInconstitucionalidad 15-2012

Tarifa General de Arbitrios de la Municipalidad de San Miguel

Amparo 512-2010 Ley de Impuestos Municipales de Usulután Amparo 15-2011 Tarifa General de Arbitrios Municipales de Ilopango Amparo 243-2011 Ley de Impuestos Municipales de San Salvador Amparo 1086-2008 Tarifa General de Arbitrios Municipales de Antiguo

Cuscatlán

1. La estrategia del GOES: “Nuevo Ciclo para la Inversión, el Desarrollo y el Empleo”,

contempla la agilización de los trámites burocráticos a través del Sistema Integral

de Atención al Inversionista y nuevas leyes.

2. La Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción y el Consejo de Alcaldes

del Área Metropolitana de San Salvador firmaron una carta de entendimiento a

través de la cual se pretende homologar los trámites de construcción entre las

alcaldías firmantes, lo que facilitará los trámites del área de la construcción,

homologará los trámites entre alcaldías y reducirá los tiempos de resolución de los

permisos de construcción.

3.

4. Implementación de las ventanillas únicas para el comercio internacional, a través del Centro de Importaciones y Exportaciones de El Salvador en el Banco Central de Reserva.

5. Expansión del proyecto Miempresa.gob.sv, una plataforma que agiliza trámites y

servicios para iniciar, operar y cerrar una micro, pequeña y mediana empresa.

6. Ampliación del programa e-regulations y creación de un espacio electrónico dentro del Portal Único de Transparencia, con información de productos, trámites, precio,

calidad y servicios, a través de la iniciativa internacional Alianza de Gobiernos Abiertos.

Ratificación del contrato de préstamo suscrito entre el Estado y Gobierno de la República de El Salvador y el Kreditanstalt für Wiederaufbau, por un monto de US$ 18,433,499.12 destinados a financiar el proyecto “Apoyo al Plan Nacional para el Mejoramiento del Manejo de los Desechos Sólidos de El Salvador”.

Decreto de ratificación del Convenio 149 con la Organización Internacional del Trabajo, sobre el Empleo y Condiciones del Trabajo y de Vida del Personal de Enfermería.

Decreto de ratificación de la Resolución AG-/2009, emitida por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica.

Denominación oficial Publicación en Diario Oficial

Decreto de ratificación del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar 1978 y sus Enmiendas.

5-7-2012

Decreto de ratificación del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica suscrito entre el Gobierno de la República de El Salvador y Save The Children International.

5-7-2012

Ratificación del convenio suscrito entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República Federal de Alemania, para el Proyecto “Plan para el Mejoramiento del Manejo de Desechos Sólidos de El Salvador” hasta por un monto de quince millones de Euros (€ 15,000,000).

5-7-2012

Decreto de ratificación del Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre las Administraciones Tributarias y Aduaneras de Centroamérica.

19-7-2012

30-8-2012

31-10-2012

Ratificación del contrato de préstamo suscrito entre el Estado y Gobierno de la República de El Salvador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por un monto de ochenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US $80, 000,000), destinados a financiar el “Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública”.

28-11-2012

13-12-2012

Nicaragua

El Salvador

Honduras

Guatemala

Costa Rica

Panamá

Chile

Suiza

0 20 40 60 80 100 120

Posición (144 países)

108

101

90

83

57

40

33

1

18.4

14.0

12.6

11.3

11.1

9.5

4.3

4.2

4.0

3.2

2.2

2.0

1.8

0.8

0.4

0.4


Acceso a �nanciamiento

Corrupción

Burocracia ine�ciente


In�ación


Insu�ciente innovación


Tasa impositiva

Regulación tributaria

Ética laboral baja

Regulación laboral restrictiva

Salud pública de�ciente

Regulación monetaria

Infraestructura inadecuada

0 5 10 15 20 25 30



mecanismo de elección y conformación de los representantes elegidos por el sector empleador, otorgando esa facultad al Presidente de la República99, lo cual generó un distanciamiento entre el sector empleador y el Órgano Ejecutivo, y afectó el equilibrio en el proceso de toma de decisiones de las entidades autónomas.

Gráfica 4. Factores que influyen en la percepción desfavorable del clima de inversión

Fuente: Encuesta Dinámica Empresarial de FUSADES, tercer trimestre de 2012.

Fitch Ratings y Standard & Poor’s, agencias evaluadoras de la calidad crediticia de los países, han calificado con perspectiva negativa la situación de El Salvador, debido a que “las perspectivas de crecimiento económico de El Salvador son más débiles que las de la mayoría de sus pares a la luz de la baja competitividad del país y los bajos niveles de inversión, así como elevadas tasas de criminalidad”, y “la polarización política continúa afectando la inversión y el crecimiento del producto interno bruto, lo que resulta en un mayor déficit fiscal y más deuda externa”100.

El Salvador afronta el reto de mejorar las condiciones del clima de negocios y, de esa manera, promover el desarrollo del país y bienestar de sus ciudadanos. Durante este semestre se observan iniciativas privadas y del Gobierno de El Salvador (GOES) relacionadas con este desafío: el Asocio para el Crecimiento, la Iniciativa para la Competitividad y el Convenio del Reto del Milenio segunda parte (conocido como FOMILENIO II).

El 13 de noviembre, los miembros del Consejo para el Crecimiento retomaron sus labores de coordinación de las acciones del Asocio para el Crecimiento, después de suspenderlas por varios meses debido a la crisis institucional del país, explicada en el Eje Estado de Derecho e Institucionalidad de este informe, y se han enfocado en promover el diálogo con diferentes actores de la sociedad para impulsar la pronta aprobación de iniciativas legales destinadas a promover la inversión en el país. Durante noviembre de 2012 se presentó el segundo informe semestral del Plan de Acción del Asocio para el Crecimiento, de mayo a noviembre de 2012, en el cual se señaló atrasos en dos metas de la restricción “crimen e inseguridad”, analizada en el Eje de Seguridad de este informe: fortalecer la administración pública de El Salvador y promover el uso de la extradición para combatir la delincuencia; así como, en una meta de la restricción “baja productividad en el sector transable”: apoyar una estrategia para atraer y promocionar la inversión extranjera directa101, cuadro 1.

57

40

33

1

Costa Rica

Panamá

Chile

Suiza

108

101

90

83

57

0 20 40 60 80 100 120 140

Nicaragua

El Salvador

Honduras

Guatemala

Costa Rica

11.3

12.6

14

18.4

Burocracia ineficiente

Corrupción

Acceso a financiamiento


4

4.2

4.3

9.5

11.1

0 5 10 15 20 25 30


Insuficiente innovación


Inflación


I08 II III IV

I09 II III IV

I10 II III IV

I11 II III IV

I12 II III

Importancia

Delincuencia

Incertidumbre

12

Bajo nivel de actividad

Falta de inversión

345

Inseguridad jurídica67

5 0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

2010

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Alguna institución pública o del gobierno

Otras empresas Personas individuales

2010

2011

2012



Cuadro 1. Segundo informe semestral del Plan de Acción del Asocio para el Crecimiento

Fuente: Plan de Acción del Asocio para el Crecimiento, de mayo a noviembre de 2012.

El 5 de diciembre se realizó el primer foro público de discusión para analizar los avances y retos del Asocio para el Crecimiento, y entre los principales retos se destacó: a) crear una política de seguridad municipal, que contenga indicadores confiables y recopile experiencias exitosas; b) incorporar a los salvadoreños que viven en el extranjero; c) promover una formación profesional que incluya habilidades profesionales; y d) incidir en los indicadores relativos a la competitividad del país102. En este sentido, es importante superar estos retos y “es imprescindible que todos los sectores de la sociedad salvadoreña unan sus esfuerzos, pues sólo así alcanzaremos nuestras metas compartidas y transformaremos a El Salvador en el país que realmente puede ser”103.

El 20 de septiembre finalizó el programa del FOMILENIO I, los fondos no reembolsables otorgados por la Corporación del Reto del Milenio, una agencia de cooperación de los Estados Unidos de América, y las instituciones gubernamentales darán continuidad a las obras mediante actividades de monitoreo de los resultados104.

El 15 de noviembre, el GOES presentó el proyecto para FOMILENIO II, destinado a la zona marítimo costera del país y conformado por tres componentes: fortalecimiento del capital humano, promoción de proyectos específicos de infraestructura y mejora del clima de negocios105. Este último componente es una novedad en este tipo de proyectos, cuyo reto será la institucionalización de los mecanismos que garanticen la mejora continua del clima de negocios para asegurar la sostenibilidad de la iniciativa y la coordinación de los proyectos existentes. Según la Corporación, el proyecto será evaluado con base en los siguientes requisitos de elegibilidad: a) puntuación en los índices de Estado de derecho, promoción de la libertad económica e inversión en la población; b) reducción de la pobreza y promoción del crecimiento económico; y c) evaluación de la ejecución del FOMILENIO I106.

La Iniciativa para la Competitividad es un esfuerzo por construir sinergias entre gobierno, sector privado y sociedad civil en torno a la competitividad y está conformado por más de 100 profesionales e instituciones. Durante este semestre ha realizado numerosas actividades en el marco de la “Agenda de Competitividad 2012/2013”, a través de sus mesas de trabajo, enfocadas en los siguientes temas: construcción de acuerdos nacionales para aumentar la competitividad, análisis de los principales indicadores internacionales, promoción de la gestión integral del recurso hídrico, análisis de proyectos de infraestructura vial y portuaria, fomento de mejores prácticas en los procesos de simplificación de trámites, entre otros107. Esta iniciativa es el complemento de los proyectos gubernamentales encaminados a incrementar la competitividad del país, promover inversiones, generar empleos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.


60

70

80

90

100

110

120

130

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá


En la meta


En la meta


Bajo la meta


Estado




Cuscatlán










3.











5-7-2012


5-7-2012


5-7-2012


19-7-2012

30-8-2012

31-10-2012


28-11-2012

13-12-2012



Los indicadores reflejan un ambiente poco favorable para la inversión en El Salvador, por tanto, el reto es generar una política de promoción de la inversión, coordinada y de largo plazo, que incorpore a los sectores público y privado, las reformas a leyes existentes y la aprobación de nuevas normativas, ente otras medidas, tales como el fortalecimiento de instituciones relacionadas con el clima de negocios y las inversiones, profesionalización de los funcionarios, reducción de trámites y generación de confianza a través de diálogos permanentes.

3.1. Área de negocios e inversiones

3.1.1. Propuestas sobre leyes de fomento a la inversión

El 17 de octubre, el Ministerio de Economía (MINEC) y la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, presentaron a la Asamblea Legislativa las reformas a la Ley de Zonas Francas Industriales y la Ley de Servicios Internacionales y los proyectos de Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones y Ley de Firma Electrónica, dentro del denominado “primer paquete de leyes proinversión”108, que se analizan a continuación:

• Las reformas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización promueven la modernización de este esquema de inversión, existente desde la década de los noventa, que debe adecuarse para cumplir los compromisos internacionales aceptados con la Organización Mundial del Comercio antes del 31 de diciembre de 2015. Esta iniciativa traslada los incentivos con base en la ubicación geográfica y los montos de inversión, lo cual permitirá conservar y generar mayores empleos y empresas en el sector exportador.

• Las reformas a la Ley de Servicios Internacionales amplían los servicios que pueden utilizar este esquema de inversión y se adecúan a las necesidades del país, tales como reparación de equipos tecnológicos, cinematografía, incorporando los servicios de odontología y medicina general, entre otros; sin embargo, estas modificaciones podrían ampliarse a nuevos servicios sin contravenir los compromisos aceptados en foros internacionales.

• El proyecto de Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones es una iniciativa que retoma experiencias exitosas de Colombia, Perú y Panamá, y crea un esquema de promoción de inversión extranjera y nacional a través del otorgamiento de estabilidad en el régimen migratorio, monetario, tributario nacional y municipal, a cambio de inversiones con un monto mínimo de US$2 millones. No obstante, cabe reiterar que la seguridad jurídica es producto de la suma de varios factores que deben abordarse, tales como políticas, instituciones, trámites, etc.

• El proyecto de Ley de Firma Electrónica establece reglas claras para equiparar la firma autógrafa a la firma electrónica, con el objeto de incrementar el comercio electrónico y facilitar las relaciones virtuales entre los ciudadanos y el GOES, y las instituciones públicas. Esta ley tendrá una aplicación transversal en la Administración Pública, por lo que para facilitar la aplicación de la ley se debe incorporar competencias orientadas a la promoción y capacitación de la firma electrónica, entre otras medidas109.

El proyecto de Ley de Asocios Público Privados también forma parte de este paquete de leyes favorables a la inversión, a pesar de haber sido presentado previamente110. Esta iniciativa legal crea un nuevo esquema de inversión que permitirá la prestación de servicios públicos y construcción o mantenimiento de infraestructura de calidad, a través de la participación del sector privado y la regulación del GOES, quien conservará la propiedad de los bienes públicos utilizados en los proyectos. El proyecto de ley establece

3. LEGISLACIÓN DE NEGOCIOS



mecanismos que aseguran la eficiencia, transparencia y publicidad en las licitaciones, lo cual permitirá mejorar el régimen de concesiones.

El Plan de Acción del Asocio para el Crecimiento incorporó estos proyectos de ley en la meta n° 1 de la restricción n° 2, destinada al mejoramiento institucional111. Sin embargo, para asegurar la aplicación efectiva de algunas de estas leyes se requiere el fortalecimiento de la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones en sus capacidades de gestión, atribuciones, estructura organizacional, e incluso la modificación en su conformación normativa, tal como lo establece la estrategia para atraer y promover la inversión de la meta n° 5 de la restricción n° 2, la cual según el segundo informe semestral se encuentra bajo la meta de cumplimiento.

Otro elemento favorable a la inversión es el proyecto FOMILENIO II, que de ser otorgado a El Salvador, representa una oportunidad para asegurar la mejora continua del clima de negocios mediante la simplificación de trámites constante, a través de instituciones y procedimientos sostenibles.

El GOES ha anunciado otras propuestas normativas que conforman el “segundo paquete de leyes proinversión”, entre las cuales se incluyen: los proyectos de Ley de Garantía Mobiliaria, Ley Especial de Agilización de Trámites para el Fomento de Proyectos de Construcción, y Ley de Fomento y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa112. Respecto a esta última, el Consejo Económico Social emitió una opinión favorable sobre este proyecto, que define a dichas empresas según el número de empleados e ingresos, contempla fondos especiales y facilita la coordinación de las actuaciones gubernamentales. El Consejo valoró positivamente esta iniciativa legal que orientará el apoyo a este sector y recomendó incorporar una regulación de simplificación de trámites, especialmente en el ámbito tributario y seguridad social113.

3.1.2. Arbitraje y Código Procesal Civil y Mercantil

El Club Español del Arbitraje, el Centro de Mediación y Arbitraje, la Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Centro de Estudios Jurídicos y FUSADES, han realizado actividades de fomento de una cultura de utilización del arbitraje como un mecanismo de solución alterna de conflictos. Dentro de estos proyectos, destaca la elaboración de una iniciativa de reformas a la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, con el objetivo de: i) unificar las reglas del arbitraje nacional e internacional, ii) facilitar la participación de la mediana y pequeña empresa, iii) regular las relaciones con el Órgano Judicial, iv) modificar los recursos al laudo arbitral, entre otras114.

La entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM) en julio de 2010 ha marcado un paso importante en la modernización del proceso civil y mercantil incorporando nuevos principios y procedimientos. Desde entonces, se han monitoreado los avances a fin de determinar el éxito y las fallas del mismo.

La evaluación se ha hecho desde la perspectiva de la seguridad jurídica: si es una norma accesible y comprensible, así como si es de cumplimiento efectivo para los operadores jurídicos y ciudadanos en general. Desde esta óptica, durante el mes de noviembre de 2012 se realizaron entrevistas a litigantes para evaluar la publicidad y el conocimiento técnico del CPCM en los operadores jurídicos desde el inicio de la aplicación de la ley, así como el efectivo cumplimiento de la normativa, en forma general y específica115.

Respecto a las actividades de difusión y capacitación realizadas por las autoridades judiciales después de la entrada en vigor del CPCM, el 1 de julio de 2010, los entrevistados consideraron que fueron medianamente efectivos, puesto que no hubo continuidad en la difusión y publicidad de los mismos. Para solventar este



problema de preparación académica, muchos litigantes asistieron a cursos realizados por las universidades o capacitaciones con especialistas, comúnmente redactores del CPCM.

Por otro lado, consideran que las reglas del CPCM sobre las audiencias, derechos y obligaciones de las partes son comprensibles; sin embargo, señalan ciertos inconvenientes como el hecho que el CPCM exige que en los procesos comunes el juez dicte su fallo inmediatamente después de concluidos los argumentos de cierre que se permite a las partes en la audiencia probatoria, aunque la sentencia pueda comunicarse hasta 15 días después de esa fecha. Dicha exigencia provoca que los jueces interrumpan las audiencias probatorias, una vez las partes han cerrado sus argumentaciones, para analizar la prueba que recién es presentada en la audiencia, y se les convoque en posterior fecha para anunciar su fallo. Otra dificultad señalada es que el CPCM no indica si el fallo que se dé en la audiencia debe razonarse o no, lo que ocasiona que los jueces al dar su fallo realicen valoraciones muy superficiales y muchas veces contradictorias con la sentencia dictada posteriormente116.

Respecto al efectivo cumplimiento de las disposiciones seleccionadas, se consultó sobre el cumplimiento de tres nuevas reglas procesales que constituyen modificaciones expresas a las prácticas de la antigua normativa: la aportación de documentos en la etapa inicial, la realización de audiencias dentro de los plazos establecidos y la promoción de la conciliación por parte del juez. Los resultados demuestran el cumplimiento del rol judicial activo en la búsqueda de soluciones mediante la conciliación y el uso de equipos técnicos para grabar las audiencias. Sin embargo existen limitaciones al aporte de prueba documental.

La Encuesta Dinámica Empresarial de FUSADES evalúa la seguridad de los empresarios al exigir el cumplimiento de los contratos ante el sistema judicial. Desde abril de 2010 a la fecha, se advierte pequeños avances desde la entrada en vigencia del CPCM, por lo que, persiste el reto de implementar acciones de mejora del sistema judicial, gráfica 5.

Gráfica 5. Grado de seguridad en el sistema judicial, 2012

Nota: En una escala de 0 al 10, donde 0=Ninguna seguridad y 10= Completa seguridad, ¿Cómo calificaría el grado de seguridad que se tiene para poder exigir ante el sistema judicial, el cumplimiento de un contrato que la empresa haya firmado o pudiera firmar con: ?Fuente: Encuesta Dinámica Empresarial de FUSADES, octubre de 2012.

57

40

33

1

Costa Rica

Panamá

Chile

Suiza

108

101

90

83

57

0 20 40 60 80 100 120 140

Nicaragua

El Salvador

Honduras

Guatemala

Costa Rica

11.3

12.6

14

18.4

Burocracia ineficiente

Corrupción

Acceso a financiamiento


4

4.2

4.3

9.5

11.1

0 5 10 15 20 25 30


Insuficiente innovación


Inflación


I08 II III IV

I09 II III IV

I10 II III IV

I11 II III IV

I12 II III

Importancia

Delincuencia

Incertidumbre

12

Bajo nivel de actividad

Falta de inversión

345

Inseguridad jurídica67

5 0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

2010

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Alguna institución pública o del gobierno

Otras empresas Personas individuales

2010

2011

2012



Para que el sistema de justicia civil se modernice es importante seguir haciendo cambios administrativos y educativos, así como continuar dedicando esfuerzos a la modificación en la gestión del tribunal e incluso en la evaluación judicial. Además, es preciso facilitar la comprensión de este nuevo marco conceptual procesal en los operadores jurídicos, que aplique los principios de esta legislación y superen los señalamientos realizados, especialmente aquellos que causan retrasos y limitaciones a la aplicación de la pronta y cumplida justicia.

3.1.3. Legislación laboral

A iniciativa del Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa reformó la elección de los representantes del sector empleador, otorgó al Presidente de la República la facultad de elección del presidente y vicepresidente, y modificó la conformación del consejo directivo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional117.

Estas reformas han suscitado reclamos en instancias nacionales e internacionales. El 29 de octubre, la Asociación Nacional de la Empresa Privada presentó una queja contra el Estado y Gobierno de El Salvador ante el Comité de Libertad Sindical del Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo, por la violación de los derechos de libertad de asociación de los empleados, en contravención a los Convenios 87, 98, 142 y 144, al dejarlos sin opción para elegir a sus representantes de las juntas directivas de esta entidad autónoma, y de otras más118. Asimismo, el 9 de noviembre, la Sala de lo Constitucional suspendió los efectos de estas reformas legales y admitió amparos de los directivos removidos, debido a una posible violación al derecho a la estabilidad laboral119.

Independientemente de estos procesos legales, es indispensable asegurar la óptima vinculación de los programas de esta institución con las necesidades del mercado laboral, en cuanto a la formación de habilidades profesionales.

3.1.4. Regulación de libre competencia y protección al consumidor

Desde sus inicios, FUSADES, ha considerado indispensable la protección a los consumidores y la promoción de la libre competencia para fortalecer la legitimidad del mercado.

Una adecuada política de competencia incrementa la eficiencia económica y el bienestar del consumidor, y ésta se manifiesta a través del conjunto de normativas, procedimientos y actuaciones de las instituciones públicas, como se advierte en los siguientes tres acontecimientos relativos a la regulación de libre competencia en el país.

Primero, la Superintendencia de Competencia (SC) resolvió denegar solicitud de concentración económica presentada por una empresa de telecomunicaciones para la compra de uno de sus competidores, al considerar que la operación de concentración económica propuesta tiene altas probabilidades de generar efectos adversos sobre la dinámica de la competencia y el bienestar de los consumidores en los mercados de telefonía fija y móvil120.

Segundo, una empresa salvadoreña de harina presentó acciones legales en contra de un competidor hondureño, ante el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Salvador, alegando prácticas de competencia desleal por dicha empresa y solicitando como medidas cautelares el cese de la venta, importación, transporte y comercialización de algunos de los productos de la harinera hondureña, alegatos y solicitud que fueron admitidas. A la vez, interpuso denuncia ante el MINEC, por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones de harina



de trigo, la cual fue denegada con base en el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio y al Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio; y, por último, ante la SC, por prácticas anticompetitivas y ante la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras, las cuales también fueron denegadas por no cumplir los requisitos de admisibilidad. Además, el MINEC presentó una iniciativa de ley para el establecimiento de arancel cero a la importación de harina de trigo, que fue aprobada el 6 de septiembre por la Asamblea Legislativa, con vigencia hasta junio de 2013121.

Tercero, el 5 de octubre, la Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad de la prohibición de importaciones paralelas, regulada en el art. 65 de la Ley de Medicamentos, por supuesta violación a la libertad de contratación, art. 23 Cn. En su oportunidad, la SC y especialistas en derecho de competencia, señalaron que esta prohibición era un obstáculo a la libre competencia en el mercado de medicamentos122.

Un indicador internacional que mide la efectividad de la política antimonopolios es el Informe de Competitividad Global 2012-2013, que otorga el escalón 98 de 144 evaluados, es decir, es preciso asegurar una efectiva intervención del Estado, a través del suficiente soporte legal y técnico a las acciones correctivas, para lo cual la SC advierte la necesidad de nuevas reformas al marco legal123. Al respecto, cabe destacar que estas normas deben establecer un equilibrio entre las libertades económicas de los competidores y la intervención del Estado cuando sea necesaria, para que en la práctica se genere mayor competencia y competitividad.

La otra perspectiva de la legitimidad del mercado es el régimen de protección de los consumidores, y durante este semestre se destaca la discusión de las reformas a la Ley de Protección al Consumidor, orientadas a la incorporación de nuevos derechos a los consumidores, mayores obligaciones a los proveedores y más facultades a las instituciones públicas. Las reformas más relevantes son: la incorporación del derecho de retracto en ciertos contratos; la prohibición de la publicidad ilícita, que incorpora a la regulación actual de publicidad engañosa; la creación de un procedimiento de ejecución forzosa de los requerimientos de la Defensoría; el destino de las multas, dado que pasan a formar parte del patrimonio de la Defensoría; y, la nueva potestad del Tribunal Sancionador de la Defensoría para ordenar la reposición de la situación alterada a su estado original124.

Las asociaciones de consumidores destacaron los aspectos positivos de esta reforma, tales como la ampliación de los derechos de los consumidores, la simplificación de procedimientos y otorgamiento de nuevos derechos a las asociaciones de consumidores. Por otro lado, gremiales empresariales y asociaciones de proveedores expusieron que varias disposiciones requieren una evaluación detallada de sus implicaciones económicas, políticas y jurídicas para evitar afectaciones a la seguridad jurídica y promover el correcto funcionamiento de la economía, entre las cuales destacan las siguientes: modificar los plazos y procedimientos para el derecho de retracto y la garantía legal, definir el contenido de la publicidad ilícita y los alcances de las sanciones accesorias, fortalecer la responsabilidad pecuniaria de los funcionarios, valorar la conveniencia del destino de las multas en cuanto al carácter no recaudatorio de las sanciones y los incentivos a la autoridad administrativa, entre otras125. Finalmente, es preciso fortalecer la protección al consumidor tomando en cuenta el respeto a la Constitución, las condiciones de la economía nacional y la política de atracción de inversiones y mejora del clima de negocios; por tanto, las propuestas de reformas a la ley deben evaluarse para proteger al consumidor a través de la libre competencia de proveedores y evitar posibles actuaciones arbitrarias o abusivas de los funcionarios.



3.1.5. Regulación de medicamentos

El 5 de octubre, la Sala de lo Constitucional, en el proceso 33-2012, admitió una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Medicamentos por posibles violaciones a la Constitución con base en los argumentos siguientes126:

• Incumplimiento de la finalidad de control y supervisión estatal debido a la conformación personal de la Dirección Nacional de Medicamentos, puesto que incluye un delegado de una institución de consumo, comercialización, distribución y suministro de medicamentos.

• Limitación desproporcional al ejercicio del derecho al trabajo mediante la prohibición de contratar médicos para ejercer la profesión al interior de las farmacias.

• Violación a la libertad económica y de empresa por el establecimiento de límites de precios a ciertos medicamentos.

• Vulneración a la libertad de contratación, al establecer que la única manera de importar un medicamento es que este no se encuentre en el mercado nacional.

Los aspectos cuestionados en esta normativa pueden afectar la configuración de otros cuerpos normativos, por lo que se dará seguimiento a este proceso de inconstitucionalidad.

3.2. Área financiera

En este apartado se analiza la situación normativa desde dos áreas: la primera, las normas institucionales donde se establecen directrices relevantes emanadas de las entidades reguladoras y supervisoras del sistema financiero; y la segunda, aquellas que regulan los proveedores públicos y privados de servicios financieros.

3.2.1. Directrices sobre aspectos regulatorios y de supervisión

Uno de los problemas institucionales de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero fue la conformación del Comité de Apelaciones, debido a la omisión de la autoridad que debe presentar la terna para que se nombre al cuarto vocal, ausencia de suplentes y confusión del nombramiento del Secretario. El 12 de julio se reformó la ley para otorgar al MINEC la facultad de nombrar al cuarto vocal, asignar a la terna de la CSJ como Secretario e incorporó dos suplentes, provenientes de las ternas de la CSJ y del Banco Central de Reserva (BCR)127.

Algunos temas pendientes de regulación, dentro de esta área, mencionados por funcionarios del BCR son: los corresponsales financieros, dinero electrónico, sistemas de pago, sociedades de seguros, mercado de valores y factoraje, y potenciar la inclusión financiera a través de normativa de servicios financieros móviles, garantías mobiliarias y la aplicación del sistema de garantías de la micro y pequeña empresa128.

3.2.2. Regulaciones sobre intermediarios financieros públicos

El 6 de diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley contra la Usura, una normativa que cuenta con 15 artículos, cuyo objeto es prohibir, prevenir y sancionar las prácticas usureras, entendida como el otorgamiento de créditos con intereses superiores a los establecidos por el BCR, con base en una metodología específica para distintos tipos de créditos. La Superintendencia del Sistema Financiero y la Defensoría del Consumidor son las responsables de su aplicación, y cualquier incumplimiento acarrea sanciones administrativas129. Este proyecto normativo recibió críticas de proveedores de servicios financieros, dado que este tipo de normas, aun cuando se conciba con el objeto de ayudar al bien común, puede obstaculizar la bancarización, fomentar e



incrementar los niveles de usura. En ese sentido, la fijación de límites de tasa de interés no constituye el mecanismo más efectivo de protección a los consumidores, y puede tener efectos contraproducentes en el acceso al crédito y el bienestar de la población, especialmente a aquellos grupos de menores ingresos; finalmente, se considera que la forma más efectiva de disminuir tasas de interés es fomentar la competencia que obliga a las instituciones a buscar permanentemente mejoras en eficiencia130.

Si es sancionada esta normativa, modificará las legislaciones relativas a las tasas de interés, por ejemplo, el art. 19 de la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito que permite la libre determinación de la tasa en las tarjetas de crédito. Asimismo, es importante enfatizar la aplicación de este marco legal a los proveedores de créditos informales, dado que el resto de proveedores son sujetos regulados por otras leyes de la materia, como la Ley de Bancos, Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, entre otras. Al cierre de este informe sigue pendiente la presentación de las observaciones del Presidente de la República sobre dicha normativa.

3.3. Área tributaria

3.3.1. Transparencia presupuestaria

Desde hace varios años, las finanzas públicas de El Salvador muestran una tendencia negativa: el déficit fiscal ha incrementado, obligando a aumentar significativamente la deuda pública y el riesgo soberano, perjudicando las condiciones crediticias para los salvadoreños y afectando la estabilidad económica y la credibilidad del país131. Asimismo, el indicador Open Budget Index, que mide la transparencia del manejo fiscal, en su edición más reciente de 2010, otorgó a El Salvador la posición 58 de 94 países evaluados, situándolo entre los países que cuentan con información mínima que el gobierno brinda al público sobre las actividades presupuestarias y financieras, dificultando las auditorías sociales sobre el uso de los recursos públicos132.

Estos temas fueron abordados en diversos foros y conversatorios, y el 18 de septiembre, FUSADES presentó una propuesta de la política de responsabilidad fiscal para El Salvador, la cual sugiere generar un diálogo entre actores sociales clave, en el que se discutan las reglas fiscales, es decir, las directrices que los países definen para conducir la política fiscal, y que estos acuerdos se plasmen en una ley133. Durante este semestre, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa inició el estudio de un proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad Social, una iniciativa de 26 artículos que establece reglas numéricas y procedimentales para conducir la política fiscal y presupuestaria134.

El 18 de octubre, el GOES y las fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa concertaron el “Acuerdo para la sostenibilidad fiscal en El Salvador” que contiene las siguientes acciones: implementar una política de ahorro y austeridad; incorporar la totalidad de ingresos y gastos públicos en el Presupuesto General del Estado; promover la disminución en la emisión de deuda de corto plazo; disminuir el déficit fiscal; y promover iniciativas para conformar un ámbito jurídico que propicie la responsabilidad fiscal para la sostenibilidad y el desarrollo social, mediante límites al déficit fiscal y nivel de endeudamiento, así como medidas cualitativas de responsabilidad social135. Sin embargo, el 8 de noviembre, el Órgano Legislativo aprobó las leyes presupuestarias de 2013, sin una completa discusión técnica de su contenido y sin incluir US$452.9 millones en asignaciones de gastos, por lo cual, tal como se mencionó en el Eje de Estado de Derecho e Institucionalidad, se concluye que es un presupuesto incompleto e inconstitucional, al infringir el art. 227 de la Constitución que establece que el “Presupuesto General del Estado contendrá, para cada ejercicio fiscal, la estimación de todos los ingresos…, así como la autorización de todas las erogaciones que se juzgue convenientes para realizar los fines del Estado”136.



Otro componente importante de los tributos es la facilidad para pagar impuestos y simplicidad para recaudar los tributos. El informe Doing Business 2013, analiza la facilidad del pago de impuestos, y ubica a El Salvador en la posición 153 de 183 países evaluados, mostrando un retroceso de cinco posiciones en comparación con el año anterior, debido a las reformas a la Ley de Impuesto sobre la Renta que crearon nuevos procesos a los contribuyentes137.

El Plan de Acción del Asocio para el Crecimiento incorporó estos aspectos en la meta n.° 4 de la restricción n.° 2138, y en su evaluación destaca la creación de la Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes, el uso de pagos electrónicos y la creación de una ventanilla única, lo cual ha permitido simplificar las operaciones para atender a estos contribuyentes; no obstante, sigue pendiente incrementar la transparencia, facilitar la administración de los tributos, ampliar la base tributaria y asegurar el respeto a los derechos de los contribuyentes, en especial aquellos relacionados con la confidencialidad de la información139.

Finalmente, el GOES está preparando una nueva reforma fiscal que pretende incluir mayores impuestos a la propiedad para los bienes de lujo en el litoral y en centros turísticos, la imposición de impuestos a transacciones financieras y el IVA en la venta de periódicos, exenta desde 1960140.

3.3.2. Tributos municipales

En este semestre, al igual que en Informes de Coyuntura anteriores, se observó la tramitación de varios procesos judiciales contra leyes municipales con base en una supuesta violación de la libertad económica, la razonabilidad tributaria, tributación equitativa, e incluso la propiedad, debido a que las leyes utilizan erróneamente a los activos o activos circulantes como determinantes de la capacidad contributiva, cuadro 2.

El 10 de octubre, en el proceso 15-2012, se declaró inconstitucional la utilización del activo circulante como determinante del monto del impuesto o tarifa general, por vulnerar la capacidad económica de los contribuyentes141; de esta manera, la Sala de lo Constitucional siguió la línea jurisprudencial desarrollada en numerosos amparos, al considerar que el activo no es indicador de capacidad tributaria. Estos criterios jurisprudenciales deberán ser incorporados en el proceso de aprobación legislativa de nuevas normas tributarias o reformas a las existentes, en la tramitación de los procesos judiciales y en la actividad administrativa municipal.

Cuadro 2. Actividad jurisprudencial sobre leyes tributarias en el ámbito municipal

Nota: se presentan algunos amparos tramitados durante julio a diciembre de 2012. Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales.


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El entorno mundial debate el grado de intervención estatal en la economía, analizando el rol y tamaño del Estado y la efectividad en el cumplimiento de sus roles como promotor del bienestar. El art. 1 de la Constitución de la República de El Salvador establece a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado; por consiguiente, El Salvador debe asegurar la orientación a tales fines de la estructura, funcionamiento, procedimientos, recursos humanos y económicos del Estado.

4.1. Regulación sobre la infraestructura pública

En relación con la infraestructura en el país, el Informe de Competitividad Global 2012-2013 evalúa la calidad de la misma y otorga a El Salvador el escalón 66 de 144 países analizados; es decir, existen aspectos positivos que deben mantenerse y otros por mejorar. Entre estos últimos, destaca la concesión del Puerto de La Unión Centroamericana, la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador y la aprobación del proyecto de Ley de Asocios Público Privados.

La licitación pública de la concesión del puerto se realizará, con base en estudios técnicos, entre marzo y abril de 2013, con el objetivo de que una empresa extranjera pueda realizar sus operaciones y generar ingresos suficientes para sostener la infraestructura y promover el desarrollo de la zona oriental del país; sin embargo, estas actividades continúan postergándose y empeoran las condiciones materiales del puerto142.

La demora de la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador es un caso ejemplificativo de la necesidad de una ley que promueva los asocios público privados y la ausencia de una estrategia integral de inversión en infraestructura, que contradice los esfuerzos gubernamentales de posicionar a El Salvador como un centro de distribución y logística en Centroamérica143.

4.2. Regulación de energía

La Asamblea Legislativa, a través de una Comisión ad hoc, inició la discusión para cumplir la sentencia de inconstitucionalidad 28-2008, relativa a las concesiones de recursos geotérmicos e hidráulicos para la generación de energía eléctrica. El 9 de noviembre, el Órgano Legislativo realizó un foro para discutir con representantes del sector académico y expertos constitucionalistas para conocer las implicaciones de esta sentencia y posibles reformas a la Ley General de Electricidad.

Uno de los principales desafíos es generar la legitimidad de la regulación a través de acciones encaminadas a fortalecer la credibilidad de las instituciones públicas, y como expresan líderes gremiales “lo importante es que se mande la señal correcta a inversionistas extranjeros, que se respetan las leyes y se garantice la seguridad jurídica”144. En este caso, le corresponde a la Asamblea Legislativa elaborar la normativa que brinde certeza jurídica al sector energético con el apoyo técnico de instituciones relacionadas: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Consejo Nacional de Energía, universidades, centros de investigación, empresas, asociaciones de consumidores, entre otras. En ese sentido, se deben decretar reformas a la dicha ley para la aprobación de las concesiones de generación de energía eléctrica, establecidas con criterios técnicos, transparentes y eficientes, asegurando el respeto de los derechos de los actores interesados y la inversión en este recurso estratégico145.

4. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO



En primer lugar, se considera conveniente hacer una diferenciación por la cantidad de energía generada en cada proyecto y utilizar, por ejemplo, un criterio de pronta aprobación para aquellos proyectos menores de 5 megavatios. Posteriormente, la Comisión ad hoc debe ejecutar las medidas técnicas adecuadas para definir el mecanismo a través del cual se van a revisar las concesiones vigentes y las que están en proceso. Finalmente, para cumplir con la sentencia 28-2008, es necesario crear un esquema legal que defina el proceso de concesión de las futuras concesiones asegurando dos aspectos: 1) la participación técnica de la SIGET en la licitación pública y elaboración del contrato y, 2) la discusión y aprobación legislativa146.

El proyecto de Ley de Asocios Público Privados se vería modificado por esta sentencia, únicamente en cuanto a incluir en los tipos de proyectos que requieren autorización legislativa, aquellas concesiones de generación de energía eléctrica a partir de los recursos geotérmicos e hidráulicos que opten el mecanismo de asocio público privado; es decir, estas concesiones se incluyen a los contratos de asocios de obras materiales de uso público estipulados en este proyecto de ley147.

Además, el 24 de octubre, la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por la SIGET en contra de la Ordenanza sobre Medio Ambiente del Municipio de La Unión, que prohíbe la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctricas a base de carbón mineral, gas natural o cualquier derivación de hidrocarburo o material inflamable148. Cabe señalar que la política nacional de energía debe incorporar a las municipalidades en las estrategias de promoción de inversiones, y promover un equilibrio entre la protección del medio ambiente, promoción del desarrollo local, generación de energía de calidad y producción a costos competitivos.

4.3. Tramitología y burocracia

La protección de diversos valores y bienes a través de los procedimientos administrativos, justifica una actividad vigilante y activa del Estado y la imposición de costos a los particulares. Sin embargo, estos costos no deben exceder lo estrictamente necesario para tutelar dichos intereses, y al excederlos, se convertirían en sobrecostos innecesarios que se manifiestan en trabas burocráticas, procedimientos ilegales o irracionales, etc. La tarea imprescindible es encontrar el justo medio que garantice la protección de los valores que el Estado debe tutelar y que, a su vez, promocione la actividad de los particulares exenta de costos innecesarios; en ese sentido, la simplificación administrativa y sus principios son una herramienta útil y eficaz para el logro de dichos cometidos y estimular una mejora en la calidad de la regulación, así como la eliminación de aquellas normativas que no satisfacen los estándares que debe reunir una buena regulación149.

El Informe de Competitividad Global 2012-2013 evalúa el costo generado por la regulación gubernamental en general, ubica al país en la posición 78 de 144 evaluados, y por el costo de aduanas, en la posición 103. De igual manera, la Encuesta Dinámica Empresarial de FUSADES refleja que la cantidad de trámites es un obstáculo a la realización de negocios. El informe Doing Business incluye indicadores vinculados a la relación de las empresas con el gobierno, con énfasis en los trámites. Los datos precisos de cada trámite reflejan que se ha mejorado en algunos indicadores en tiempos, procedimientos y costos; pero la mayoría no reflejan ninguna mejora. De manera que, no solo es que el resto del mundo haya avanzado más rápido que El Salvador, sino que en la mayoría de casos, El Salvador no ha avanzado150.

Para abordar esta problemática existen varias iniciativas en el país. El Plan de Acción Conjunta del Asocio para el Crecimiento incorpora el tema de la facilitación de trámites, puesto que el Gobierno se compromete a desarrollar e implementar mecanismos institucionales para prestar atención al inversionista, y además, a continuar los esfuerzos para superar las deficiencias observadas en indicadores relacionados con la reducción



de trámites, como el Doing Business, entre otras medidas; sin embargo, el segundo informe semestral señaló atrasos en esta meta. Asimismo, estos aspectos serían retomados por el proyecto de FOMILENIO II, dentro del componente enfocado en crear un sistema para la mejora continua en el clima de negocios del país151.

La Iniciativa para la Competitividad promueve la simplificación y modernización de los procedimientos administrativos, para lo cual se conoció la experiencia peruana y costarricense de legislaciones, orientadas a la estandarización de los procedimientos, otorgamiento de nuevos derechos a los ciudadanos y creación de una institución que asegure el cumplimiento de las leyes152. Otros proyectos gubernamentales discutidos durante este semestre aparecen en el cuadro 3.

Cuadro 3. Iniciativas para la simplificación de trámites promocionados durante 2012

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Iniciativa para la Competitividad, Secretaría Técnica de la Presidencia y la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción.

La existencia de numerosas iniciativas refleja un consenso sobre la relevancia de la temática y es un punto de inicio para la elaboración de una estrategia que debería enfocarse en los siguientes aspectos: a) creación de una entidad coordinadora de naturaleza público y privada; b) aprobación de una legislación sobre procedimientos administrativos; c) creación de una institución con facultades para resolver conflictos


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entre los ciudadanos y la Administración Pública; d) aplicación de mecanismos de seguimientos del impacto de las iniciativas realizadas; y, e) elaboración de una política pública que asegure sostenibilidad financiera, administrativa, institucional y política del proceso de simplificación administrativa153.

4.4. Profesionalización de los funcionarios

Los funcionarios son indispensables en la ejecución efectiva de las políticas públicas, fortalecimiento de la democracia y provisión de servicios públicos a los ciudadanos, así como la correcta utilización de los recursos públicos, como lo reconocen distintos compromisos gubernamentales en tratados internacionales contra la corrupción y otras iniciativas.

La situación de El Salvador es preocupante, dado que diversos estudios internacionales que evalúan la profesionalización de los funcionarios ubican al país con una nota de 3.5, en una escala de 1 a 10154. Esto se reafirma al observar situaciones que distorsionan la gestión del servicio civil, como las bonificaciones excesivas, las contrataciones y despidos arbitrarios, pagos tardíos y huelgas sin cumplir los requisitos legales155.

Para modificar esta situación, se promueve la profesionalización del servicio civil mediante un nuevo marco normativo, como un compromiso del GOES reflejado en dos metas del Plan de Acción del Asocio para el Crecimiento; sin embargo, es preocupante el atraso en el cumplimiento de este tema, según el segundo informe semestral de mayo a noviembre de 2012156.

La Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, con el apoyo de organismos de cooperación internacional, elaboró un “Borrador de Anteproyecto de Ley de la Función Pública”, que reforma el régimen del servicio civil a través de la incorporación de eficiencia, mérito y estabilidad laboral a la gestión pública de los recursos humanos, creación de nuevas instituciones, otorgamiento de nuevos derechos a los funcionarios y promoción de los derechos colectivos, entre otros157. La Subsecretaría realizó un amplio proceso de consulta de la normativa entre septiembre y diciembre de 2012, que incluyó a diversos sectores: 33 sindicatos y asociaciones de trabajadores, 23 instituciones del Órgano Ejecutivo, 32 de otros órganos e instituciones públicas, 6 instituciones académicas y 6 organizaciones no gubernamentales, además de habilitar un sitio web que permitía la recepción de comentarios. Este proceso de consulta continuará durante 2013 e incluirá los comentarios de la Organización Internacional del Trabajo, en lo concerniente a los derechos colectivos de los trabajadores del sector público158.

Esta iniciativa legal es técnicamente acorde con las prácticas de la experiencia regional y se advierte un esfuerzo de adecuación al ordenamiento jurídico salvadoreño; no obstante, la versión sometida a consulta pública requiere de ciertos ajustes de contenido y de una revisión exhaustiva de sus implicaciones jurídicas y operativas, así como de sus consideraciones presupuestarias, organizacionales y administrativas. El anteproyecto de ley es un importante paso, y su discusión pública debería centrar su atención sobre tres temas: a) la construcción de una política pública de modernización de la Administración Pública salvadoreña; b) la identificación y desarrollo de las condiciones que propicien su viabilidad política, jurídica, técnica y financiera; y, c) la revisión y adecuación jurídica de esta iniciativa legal159.



Uno de los principales problemas del país es el bajo desempeño del sector transable de la economía, por ello es indispensable contar con indicadores de la situación actual, y promover regulaciones que faciliten las transacciones comerciales con el mundo. En ese sentido, es imprescindible iniciar la discusión y aprobación de las reformas a la Ley de Servicios Internacionales y Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, así como otros instrumentos internacionales.

5.1. Acuerdos comerciales e integración centroamericana

Durante este semestre entraron en vigencia el Acuerdo de Alcance Parcial entre El Salvador y Cuba, y el TLC Único entre Centroamérica y México, con el cual se abren nuevas oportunidades para las empresas exportadoras160. Además, el GOES inició la discusión de un Acuerdo de Alcance Parcial con Belice, y otro con Ecuador, lo que procura abrir nuevos mercados para productos salvadoreños, proyectos de cooperación mutua y diálogos políticos161.

El 11 de diciembre, el Parlamento Europeo ratificó el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, el primero que firma ese bloque político con otro bloque regional; en El Salvador, el acuerdo sigue en la Presidencia de la República y se espera que durante 2013 sea presentado para su aprobación ante la Asamblea Legislativa162.

En cuanto al proceso de integración centroamericana, uno de sus principales retos es fortalecer la institucionalidad regional; en este sentido, las actuaciones de la CCJ, al pronunciarse en materias fuera de su competencia, como se detalla en el Eje de Estado de Derecho e Institucionalidad, han afectado la legitimidad y confianza en las instituciones regionales y van en detrimento de los avances logrados en el proceso de integración regional. Asimismo, se requiere fortalecer la representatividad democrática y rendición de cuentas entre las instituciones regionales y los Estados163.

5.2. Instrumentos internacionales

Los instrumentos internacionales son compromisos adoptados por El Salvador frente a otros Estados y tienen, para efectos internos, la calidad de ley secundaria; por tanto, los órganos del Estado deben asegurar el respeto de estas normas a las disposiciones constitucionales.

Dentro de esta categoría se encuentran los convenios, tratados, préstamos y donaciones suscritos por el Presidente de la República y ratificados por la Asamblea Legislativa; el cuadro 4 presenta un recuento de los ocho instrumentos internacionales ratificados de julio a diciembre de 2012.

5. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL



Cuadro 4. Instrumentos internacionales ratificados de julio a diciembre de 2012

Fuente: Elaboración propia con base en información publicada en el Diario Oficial.


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• El clima de negocios continúa afectado por la incertidumbre jurídica y política, así como la inseguridad ciudadana. Es necesario que haya mayor diálogo entre el sector público y el sector privado. Es necesario que haya más consenso en el país sobre una política nacional para promoción de inversiones y mejora de la competitividad.

• Hay oportunidades positivas que deben aprovecharse, como la discusión legislativa del paquete de leyes favorables a la inversión, e iniciativas como el Asocio Para el Crecimiento que busca mejorar la competitividad del país y reducir la criminalidad; así como para generar la condiciones en el proceso de otorgamiento del Fomilenio II.

• La Asamblea Legislativa es la autoridad competente para brindar certeza y legitimidad al régimen de concesiones de energía geotérmica e hidroeléctrica, como consecuencia del fallo de la Sala de lo Constitucional en materia de concesiones. El país debe construir un marco legal adecuado para el régimen de concesiones, dentro de lo que se encuentra una normativa que regule los asocios público privados.

6. CONCLUSIONES


TRANSPARENCIA

La transparencia se refiere a la apertura de la gestión pública hacia la ciudadanía, una característica intrínseca de un Estado democrático cuya base es la soberanía popular. Ello implica la promoción del acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la ética pública. La transparencia es antónimo y antídoto de un fenómeno altamente perjudicial para las sociedades: la corrupción.

No hay democracia verdadera sin transparencia, es decir, sin ciudadanos informados y con espacios de participación. Además, el mayor o menor nivel de transparencia afecta la inversión pública, la inversión privada, la productividad, la provisión de servicios públicos y su calidad, la estabilidad del gobierno, entre otros factores de gran relevancia. Es por ello que se considera que la transparencia es una medida de corte transversal en el proceso de democratización del país y que depende para su éxito de una visión sistémica.

El paso de una cultura del secreto e impunidad a una de transparencia y respeto al Estado de derecho implica un proceso complejo, con avances y retrocesos periódicos. En este sentido un editorialista en un periódico de circulación nacional comenta que “la gran ventaja que al respecto traen los tiempos que corren es que ya prácticamente nada pasa inadvertido a los ojos de la contraloría ciudadana”164. Hoy en día la transparencia ha pasado a ser parte de la jerga política aun cuando veamos que una y otra vez se presenten obstáculos para su pleno desarrollo así como se hagan acusaciones de actos de corrupción pero sin que ello llegue a la justicia165.

El presente eje evaluará la percepción de la transparencia y corrupción según la Encuesta Dinámica Empresarial de FUSADES, la agenda internacional en transparencia y sus efectos en el ámbito nacional, el desempeño de las instituciones que tienen por finalidad garantizar la transparencia de la administración pública y el avance de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

Asimismo, se presentarán consideraciones sobre el avance del derecho de libertad de expresión en El Salvador. Este derecho humano según jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una doble dimensión como derecho individual, que consiste en que toda persona puede expresar los propios pensamientos; y como derecho social, que se refiere al derecho de la sociedad de recibir información y opiniones de todo tipo. En este último sentido la transparencia y la democracia están íntimamente ligadas al ejercicio de este derecho.

En este semestre fueron factores de preocupación la falta de presupuesto para el Instituto de Acceso a la Información Pública y el hecho que no hubo avances en su creación. Ambas situaciones constituyeron obstáculos considerables para la vigencia efectiva de la LAIP. Sin embargo, hubo esfuerzos importantes por parte de la Subsecretaría de Transparencia para implementar la LAIP en el Órgano Ejecutivo. En el ámbito municipal se constatan atrasos y desconocimiento en la aplicación de la LAIP.

El año concluyó con un aspecto favorable, ya que la Sala de lo Constitucional pronunció una sentencia en la que declaró que algunas disposiciones del RELAIP que constituían obstáculos concretos para su implementación, quedaban expulsadas del ordenamiento jurídico por contrariar la Constitución y desarrolló jurisprudencialmente el derecho de acceso a la información pública. También cabe mencionar que la integración completa del TEG finalmente ha permitido que dicha institución pueda trabajar adecuadamente, después de haber estado acéfala e incompleta durante más de 10 meses.

En sede legislativa quedaron pendientes reformas importantes a leyes relativas al sistema de transparencia. En materia de probidad, sigue estancado el proceso de discusión del proyecto de Ley de Probidad que debería sustituir la vigente Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos. La reforma al ente

1. INTRODUCCIÓN


TRANSPARENCIA

contralor de los fondos públicos no avanzó y se volvió confusa al recibirse en la Asamblea dos propuestas de reformas por parte de la Corte de Cuentas de la República. Asimismo, a finales del año, la Asamblea decidió volver a crear la comisión ad hoc para estudiar los proyectos de ley para regular el derecho de respuesta.

2. INDICADORES2.1. Encuesta Dinámica Empresarial

En la Encuesta Dinámica Empresarial de FUSADES se solicita a empresarios que valoren 16 obstáculos para la operación y crecimiento de las empresas en una escala de 0 – 10, según su importancia. Dentro de dichos obstáculos se incluye la “corrupción de instituciones públicas”. El tercer trimestre de 2012 mostró un incremento de la percepción de que la corrupción es un obstáculo para la operación y crecimiento de la empresa, obteniendo una valoración de 4.6 y ubicándose como el quinto obstáculo más grave, siendo superada en gravedad por la delincuencia, las ventas bajas, la inflación y la incertidumbre política. Este resultado es una baja del 4.2 y el sexto lugar obtenido en el período anterior y detiene la tendencia a la disminución iniciada a finales del 2011.

Gráfica 1. Corrupción como obstáculo para la operación y crecimiento de la empresa

Valoración de la corrupción como obstáculo para la operación y crecimiento de las empresas en una escala de 0 a 10, donde 0 significa que no es problema y 10, que es un problema muy grave.Fuente: FUSADES, Encuesta Dinámica Empresarial 2012.

También se pide a los empresarios que valoren los procesos de compra del gobierno en un escala de 0 a 10, donde 0 es falta total de transparencia y 10 completa transparencia. Esta pregunta se hace a los empresarios trimestralmente y se viene haciendo desde el segundo semestre de 2010. En el tercer trimestre de 2012 se presenta una pequeña disminución en la percepción de transparencia, la cual había venido mejorando en los últimos tres trimestres, obteniendo un 6.2 frente al 6.4 del segundo trimestre 2012.

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Valoración de la corrupción como obstáculo para la operación y crecimiento de las empresas en una escala de 0 – 10, donde 0 significa que no es un problema y 10 que es un problema muy grave.

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En general, en una escala de 0 a 10, donde 0= falta total de transparencia y 10= completa transparencia, ¿cómo califica la transparencia en los procesos de compra?

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Entidad Comisión que estudió informe

Observaciones del dictamen Fecha de dictamen

Ministerio de Turismo, que contiene memorias del Instituto Salvadoreño de Turismo y de la Corporación Salvadoreña de Turismo

Aprobada. Hace un recuento de los principales logros de la cartera de Turismo: posicionamiento en mercados, sede de congreso de turismo y redacción del proyecto de reglamento de la Ley de Turismo.

24 de agosto de 2012

Procuraduría General de la República

Familia, niñez, adolescencia y adulto mayor

Aprobada. No se hace mayor análisis de sus contenidos.


Ministerio de Gobernación

Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad



Superintendencia del Sistema Financiero

Se dio por recibida la memoria de labores pero no se refiere a si esta se aprueba o no.

19 de septiembre de 2012

Ministerio de Educación

Cultura y Educación



Ministerio de Justicia y Seguridad Pública




Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano

4 de octubre de 2012

Procedimientos sancionadores presentados al TEG 2012

MES DENUNCIAS AVISOS

Enero 11 16 Febrero 14 10 Marzo 12 7 Abril 2 3 Mayo 8 6 Junio 11 6 Julio 9 2

Agosto 7 2 Septiembre 15 8

Octubre 20 8 Noviembre 9 6 Diciembre 11 4

Total 129 78

Histórico servidores públicos denunciados por Institución

INSTITUCIÓN 2007

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MUNICIPALIDADES 16 54 52 75 74 95 366

ASAMBLEA LEGISLATIVA 5 1 84 25 87 1 203

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34 30 16 22 65 30 197

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- ÓRGANO JUDICIAL 28 41 15 18 18 51 171

MINISTERIO DE SALUD 9 26 22 18 17 100

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TRANSPARENCIA

Gráfica 2. Transparencia en los procesos de compra del gobierno

En general, en una escala de 0 10, donde 0 significa la falta total de transparencia, y 10 completa transparencia, ¿cómo califica la transparencia en los procesos de compra?Fuente: FUSADES, Encuesta Dinámica Empresarial 2012.

2.2. Índice de Percepción de Corrupción

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público. Se trata de un índice compuesto y formulado a partir de una combinación de encuestas y evaluaciones de corrupción elaboradas por una serie de instituciones. La metodología del índice, el más utilizado a nivel mundial, ha cambiado para el año 2012 por lo que sus resultados no son comparables con los de años anteriores. Uno de los cambios es que el índice ahora se mide en una escala de 0 a 100, y no de 0 a 10. Desde el próximo año será posible comparar el desempeño del país en el tiempo, por lo que noticias que han mencionado una mejoría en la evaluación no han tomado en cuenta el cambio metodológico. Por lo tanto, para evaluar comparativamente los resultados del país, lo comparamos con otros países de la región.

El Salvador obtiene una puntuación de 38, ubicándolo en la posición 83 de 175 países evaluados, quedando al mismo nivel que Burkina Faso, Jamaica, Panamá y Perú. Como se puede apreciar en la gráfica 3, El Salvador se ubica en la segunda posición en Centroamérica. Su calificación, sin embargo, está muy por debajo del mejor evaluado de Latinoamérica, Chile con 72, o incluso que la calificación de Costa Rica de 54, el primero en el istmo.

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Gráfica 3. Índice de la Percepción de la Corrupción 2012

Fuente: Transparencia Internacional

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3. COMPROMISOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

3.1. Análisis de cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción es el más amplio pacto internacional en materia de lucha contra la corrupción en el cual los Estados signatarios se comprometen a prevenir y a criminalizar la corrupción, promover la cooperación internacional, mejorar la asistencia técnica y el intercambio de informaciones.

Especialistas provenientes de Bolivia y Singapur, acompañados por representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, realizaron la primera visita in situ a El Salvador, del 17 al 20 de julio de 2012, en el marco de la primera ronda del mecanismo de revisión para la implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción166. Esta comitiva buscaba evaluar el cumplimiento de la Convención y recabar información adicional a la incluida en el informe de autoevaluación que el Gobierno de El Salvador presentó en noviembre de 2011. Con ese objetivo sostuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda, el TEG, la Corte de Cuentas, la CSJ, la FGR, la Dirección General de Centros Penales, la Superintendencia del Sistema Financiero y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, así como con representantes de organizaciones de la sociedad civil. Estos últimos presentaron un documento por escrito a la comisión en el cual se complementaba la información oficial; sin embargo, este no es vinculante.


TRANSPARENCIA

3.2. Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA

El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), tiene por objetivo monitorear y apoyar a los Estados parte en la implementación de dicho tratado en cada uno de los 31 Estados parte. La metodología incluye evaluaciones recíprocas de los países, en condiciones de igualdad y permite la participación de la sociedad civil. A finales del 2011 inició la cuarta ronda, la cual se concentrará en el análisis de los órganos de control.

El Salvador fue parte del primer grupo evaluado y su informe fue adoptado en la Vigésima Reunión del Comité de Expertos celebrada entre el 10 y el 14 de septiembre de 2012167. Para elaborar el informe se tomaron en consideración las respuestas del Estado a un cuestionario diseñado por el Mesicic, información proporcionada por la Secretaría Técnica del Mesicic y la información que se recabó durante la visita in situ por representantes de República de Venezuela y San Vicente y las Granadinas, en la cual los expertos evaluadores se reunieron con autoridades, academia, sociedad civil y sector privado.

En el informe se evaluaron las instituciones estudiadas en este mismo capítulo por lo que consiste en una fuente de información importante que citaremos más adelante. A manera de síntesis, comentamos las principales conclusiones168.

Se resaltan dos iniciativas como buenas prácticas. En primer lugar, el TEG ha firmado convenios de cooperación entre universidades para desarrollar su proyecto Agentes Multiplicadores de la Ley de Ética Gubernamental.” Asimismo, la iniciativa de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción de velar por la participación ciudadana en la gestión pública, denominada “Rendición de Cuentas de las Entidades del Órgano Ejecutivo”. Se reconoció que ciertas recomendaciones provenientes de informes previos han sido retomadas, por ejemplo: la emisión de la LAIP; la reforma de la Ley de Ética Gubernamental y el establecimiento del Consejo Económico y Social.

Algunas de las recomendaciones formuladas a El Salvador en la Primera Ronda que quedan vigentes o que fueron reformuladas, apuntan a propósitos tales como, el establecimiento de mecanismos para detectar posibles conflictos de intereses de los servidores públicos a su ingreso en el servicio público; la creación de mecanismos para proteger el interés público cuando surge un conflicto de interés; la implementación de una norma específica que incluya plazos y circunstancias para exigir la presentación periódica y actualizada de declaraciones patrimoniales; el establecimiento de un mecanismo para el registro de activos, ingresos y pasivos de los servidores públicos que se utilice para evitar y detectar actos de corrupción.

Puntualmente se hacen las siguientes recomendaciones:• La eliminación del RELAIP de las categorías de información reservada denominada “seguridad

política”; la designación de los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública; y la implementación de normas y mecanismos que alienten la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en la gestión pública.

• Proveer a la FGR, el TEG y la CSJ, con los recursos financieros y humanos para el buen desarrollo de sus atribuciones y funciones.


TRANSPARENCIA

• Dentro de la FGR, establecer criterios objetivos para la asignación de casos de corrupción y desagregar los resultados sobre las sanciones a prácticas corruptas que generen responsabilidad disciplinaria, administrativa, patrimonial o civil, o penal.

• Con respecto al TEG, establecer lineamientos y plazos para la efectiva designación de los representantes al Tribunal.

• En lo atinente a la CSJ, restaurar a la Sección de Probidad de la Corte la atribución de solicitar directamente de bancos e instituciones financieras información sobre las cuentas de los servidores públicos y establecer un mecanismo para la rendición de cuentas en la Corte.

• En lo relativo a la Corte de Cuentas de la República, nombrar su representante ante el Pleno del TEG, asimismo mantener estadísticas sobre los montos pecuniarios que han ingresado en las arcas públicas como resultado de la imposición de sanciones; mantener estadísticas sobre los resultados finales de las quejas ciudadanas recibidas; y facilitar el acceso al público, a través de su página en internet, a todas las memorias de labores de la Corte.

3.3. Alianza para el Gobierno Abierto

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa multilateral lanzada formalmente en septiembre de 2011, mes en el cual El Salvador envió una carta de intención para incorporarse a la misma. Actualmente aglutina a 58 gobiernos comprometidos con promover la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el uso de tecnologías para la apertura del Estado. Para participar, un país debe cumplir con criterios de elegibilidad (un mínimo de acceso a la información, transparencia de presupuestos, entre otros), enviar una carta de intención, realizar una consulta pública para comprobar qué necesidades de reforma identifica la población, luego se presenta un plan de acción y se suscribe la declaración de principios del AGA. Al término de un año, el Gobierno miembro debe presentar una autoevaluación del cumplimiento del plan y colaborar con un mecanismo independiente de evaluación.

En abril de 2012 se celebró la reunión anual del AGA donde El Salvador presentó un borrador de plan de acción y suscribió la declaración de la alianza, comprometiéndose a consultar el plan con la sociedad civil. Fue hasta diciembre de 2012, 8 meses después que se dio dicha consulta. Pero lo que se consultó no fue el plan de acción publicado y presentado con anterioridad, sino que de manera general se consultaron posibles acciones dirigidas a 5 grandes desafíos que se identificaron como: mejorar los servicios públicos, mejorar la integridad pública, mejorar la gestión de los recursos públicos, crear comunidades más seguras y aumentar la responsabilidad empresarial.

Por otro lado, la institucionalidad del AGA se ha ido fortaleciendo en el último semestre. La presidencia la ha asumido el gobierno británico, siendo el tercer gobierno en ocupar el cargo, tras Estados Unidos y Brasil. Se está en proceso de consultar el mecanismo por medio del cual organizaciones de la sociedad civil tendrán representación en la comisión coordinadora del AGA, al mismo nivel que los representantes estatales. Asimismo, se ha fortalecido la colaboración del AGA con otros organismos internacionales, como por ejemplo el Mesicic, con el fin de propiciar compromisos concretos de los gobiernos, con la participación de la sociedad civil para aumentar la transparencia y el acceso a la información169.


TRANSPARENCIA

La experiencia ha demostrado que la implementación de las leyes de acceso a la información pública presenta un mayor desafío que el de su aprobación. Lograr el cumplimiento de la ley es vital, puesto que tal como señala la experta internacional Laura Neuman, “si existiera una creencia generalizada en una posible inobservancia a las normativas de la ley, el supuesto derecho a la información pierde sentido”170. Con la falta de un instituto, en El Salvador se corre el riesgo de que la ley no se cumpla o que sea aplicada parcialmente justamente por esa creencia de que no habrá consecuencias ante un incumplimiento.

Un importante avance se obtuvo con la sentencia de inconstitucionalidad No. 13-2012 emitida el pasado 5 de diciembre de 2012, que será examinada en detalle más adelante. En este fallo, la Sala de lo Constitucional declaró que 4 artículos del RELAIP contenían disposiciones que constituían un exceso en la potestad reglamentaria otorgada al Presidente de la República.

El art. 29 del RELAIP, limitaba un derecho fundamental sin base en ley formal; el art. 2 se declaró inconstitucional por conexión con este último, ya que incluye las definiciones “Seguridad Nacional” y “Seguridad Política”. Por otra parte, el art. 75 RELAIP remitía a instructivos, la regulación de mecanismos para dar cumplimiento a la ley, lo cual debía ser efectuado por el reglamento. Finalmente, declaró que el art. 73, al incluir la potestad del Presidente de rechazar ternas propuestas por los sectores de la sociedad civil entorpece la finalidad del procedimiento de elección de comisionados al IAIP y disminuye el control ciudadano pretendido por la ley.

Parte importante del desafío se encuentra en la promoción del uso de las leyes de acceso a la información por parte de la ciudadanía. En El Salvador aún existe alto desconocimiento de la ley. En una encuesta de CID-Gallup que contrató la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción (STA) en el semestre anterior, se reportó que 8 de cada 10 encuestados no sabían sobre ella171.

Una iniciativa del PNUD en este semestre que trató de incrementar la conciencia ciudadana sobre la importancia del derecho de acceso a la información se desarrolló el 28 de septiembre, en el Día Internacional del Derecho a Saber, en el cual se invitó a la ciudadanía a participar en un “twittertón”. Utilizando la frase #exijosaber más de 32,000 personas expresaron qué información desearían obtener de las entidades públicas172. Asimismo, el PNUD realizó una serie de actividades para celebrar el día mundial contra la corrupción para divulgar el derecho a saber.

La STA también celebró una “Semana de la Transparencia” en la que se llevaron a cabo múltiples actividades, entre ellas: una consulta sobre el AGA, el lanzamiento de portales de información, una serie de conferencias, así como su propia rendición de cuentas.

Asimismo el Grupo Promotor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del cual FUSADES es parte, se pronunció activamente en este semestre a través de comunicados institucionales y conferencias de prensa, recalcando la importancia de la necesidad de un IAIP fuerte e independiente y destacando la sentencia 13-2012 ya referida, en el contexto de la conmemoración del Día Nacional Contra la Corrupción173.

La STA publicó un informe sobre los avances en el acceso a la información pública en el Órgano Ejecutivo y autónomas de junio a agosto de 2012, es decir, en el primer trimestre de haber sido implementada de forma plena la LAIP. Durante este período el Órgano Ejecutivo recibió 2,314 solicitudes que fueron atendidas y

4. ESTADO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA


TRANSPARENCIA

resueltas. De ellas, la información oficiosa constituye el 32% de lo solicitado, la pública 56%, la confidencial 7%, la reservada 2% y los datos personales 3%174. Las instituciones con más solicitudes son: el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con 392, el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local / FINET con 257 y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer con 201. En cambio 10 instituciones del Ejecutivo no han recibido ni una sola solicitud en el primer trimestre. En total se han tramitado 212 solicitudes de información clasificada como confidencial o reservada, de ellas, 47 han sido entregadas al titular de la información o, cuando hay información reservada, se han preparado versiones públicas, tal y como lo mandata la LAIP.

La LAIP establece que las solicitudes de información deben contestarse en 10 días hábiles o 20 días hábiles si tiene una antigüedad superior a los 5 años. Según el informe de la STA, durante el primer trimestre de vigencia, el promedio de tiempo de respuesta a las solicitudes por parte de las instituciones del Órgano Ejecutivo fue de 2.6 días hábiles. Debe considerarse que en este cálculo la Subsecretaría combina las solicitudes de información oficiosa, por lo que el dato proporcionado no es útil para ver si se está cumpliendo bien la ley en uno y otro caso. Las entidades más rápidas en contestar las solicitudes de información son el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada y el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial con un promedio de respuesta de 0.3 días. En cambio, las más tardadas son: el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador con 8 días y el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral con 8.7 días175.

El informe también cuenta con un reporte de la información en línea. El Portal Gobierno Transparente, vincula con 63 instituciones del Órgano Ejecutivo y Autónomas. Hasta la fecha de cierre de este informe, el portal ha recibido 5,331 visitas y cuenta con un total de 88,031 documentos en versión PDF.

En cuanto al cumplimiento de la información oficiosa, se incluye un ranking de 63 instituciones del Órgano Ejecutivo y autónomas, de las cuales 9 cumplen en un 100% con el estándar medido, 35 tienen resultados mayores al 90% de cumplimiento. Las peores evaluadas son la Corporación Salvadoreña de Inversiones con 61.29%, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral con 55.91% y la Autoridad Marítima Portuaria con 34.41%. En general el promedio del Ejecutivo mejoró en 1%, llegando a 88%.

También se hace una clasificación temática de la información, la más publicada es la información sobre el marco normativa en un 94%, por ejemplo, la ley principal se publica en un 100%. En cuanto al marco de gestión estratégica, este se cumple en un 90.4%, siendo lo más publicado en esta categoría la Memoria de Labores (95%). El marco presupuestario se cumple en un 89.5%. La información sobre la participación ciudadana y la oficina de información son los que tienen menor nivel de cumplimiento con 81.5% y 76% respectivamente. Entre la información oficiosa que menos se publica se encuentran: las listas de información reservada, la guía de organización de archivos, los mecanismos de participación ciudadana y el registro de ofertantes y contratistas.

En los medios de comunicación se ha llamado la atención sobre la reserva que entidades como la Asamblea Legislativa ha tenido en cuanto a sus listas de asesores, incluso cuando se trata de información oficiosa. Un periódico reportó haber presentado dos solicitudes precisas sobre los nombres y salarios de los asesores y sobre el presupuesto para asesores, ambas sin ser respondidas176. Finalmente, la Oficina de Acceso a la Información del parlamento publicó un documento, sin embargo, este solo informa que hay 174 empleados y cuáles son sus funciones principales, pero no se incluye un listado con sus nombres, qué es lo que se indica en la ley177.


TRANSPARENCIA

En este semestre, 18 entidades mejoraron su clasificación en el ranking, sobresaliendo el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial que aumentó 27%. En cambio, 30 instituciones bajaron su calificación, preocupa el caso de la Autoridad de Aviación Civil que bajó 23%. En el 62% de los casos se trata de una falta de actualización de la información.

Gráfica 4. Estándares con mayor nivel de cumplimiento

Fuente: FUSADES con datos de la STA.

Debe señalarse que algunas iniciativas que se han promovido para “transparentar” a las entidades públicas, a la fecha han sido utilizadas más como herramientas de comunicación oficial que como medios para brindar acceso a la información pública. Por ejemplo, la página web “Transparencia Activa” es un medio de comunicación estatal que incluye noticias nacionales e internacionales, entrevistas e incluso columnas de opinión. Según su propia descripción este es “un medio estatal, dependencia de la STA, que valiéndose de su seriedad pretende fomentar un mejor ejercicio del periodismo, promover una práctica más acuciosa del oficio y en general elevar los estándares de las publicaciones noticiosas de El Salvador178”.

En el semestre también hubo algunos casos de oficiales de información separados de sus cargos, dentro de los cuales se destaca el caso del Oficial de Información de la CSJ179, lo cual lleva a plantearse la necesidad de dotarles de estabilidad laboral para que puedan ejercer sus funciones con mayor independencia frente a la institución respecto de la cual brindan información.

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La Asamblea Legislativa tiene en estudio varias propuestas de ley para regular a los partidos políticos, una formulada en junio de 2010 por la Unidad de Análisis Legislativo, otra propuesta por ARENA en julio de 2011 y otra por el FMLN en agosto de 2012180. Asimismo, de parte de la sociedad civil se han presentado varios proyectos y opiniones sobre las reformas que se requieren para la regulación de los partidos políticos: Aliados por la Democracia presentó uno sobre el financiamiento de los partidos políticos en enero de 2012. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Fundación Doctor Manuel Ungo, la Fundación Nacional para Desarrollo, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y la Universidad Tecnológica también presentaron una propuesta de ley en septiembre de 2012. FUSADES ha presentado el documento “Pautas generales para el consenso de una ley de partidos políticos”181.

Entre los temas a discutir se encuentran el financiamiento de los partidos políticos, normas para la equidad de género, acceso a medios de comunicación, órganos de control, entre otros. También ha sido un tema central en discusión la incorporación de elementos de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información que no se incluyen en la LAIP, incluso reconociendo un derecho al acceso a la información de los partidos políticos”182.

La propuesta de la Unidad de Análisis Legislativo establecía que los partidos tuvieran una página electrónica en donde publicarían, obligatoriamente, “relación de donantes y montos aportados por cada uno”. Sin embargo, la Comisión de Reformas Electorales, ha modificado dicha disposición de manera que los partidos únicamente deban publicar “Informe sobre los montos de financiamiento público”. También la comisión decidió que no sería pública la siguiente información: procesos deliberativos de órganos internos, estrategias políticas y de campaña, así como información que contenga datos personales de miembros, dirigentes, precandidatos y candidatos183. En cuanto a este último punto, es preocupante que los partidos solo estarían obligados a publicar el nombre completo de los candidatos184.

5. TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO POLÍTICO

6. DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y

RENDICIÓN DE CUENTASAsegurar la transparencia, promover la rendición de cuentas, la probidad en la administración pública, prevenir y castigar la corrupción, corresponde a la actuación complementaria de varias instituciones del Estado. Estas tienen funciones en la promoción de la transparencia, en el control, en asegurar el acceso a la información y sancionando las infracciones al régimen. Muchas instituciones participan en varias fases del ciclo, otras solo en determinada función, y su desempeño depende de una actuación coordinada y conjunta. Es por ello que es importante promover la coordinación interinstitucional, de manera que se logre un trabajo armónico en favor del interés público.


TRANSPARENCIA

6.1. Corte de Cuentas de la República

La Corte de Cuentas de la República, CCR, tiene la importante función de fiscalizar la Hacienda Pública en general y de la ejecución del presupuesto en particular. Supervisa las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen bienes públicos, fiscaliza la gestión económica de las instituciones estatales de carácter autónomo y de las personas o entidades privadas que reciban subvención o subsidio. Además de esta función administrativa, tiene la función jurisdiccional de seguir los juicios de cuentas ante anomalías encontradas en los informes de auditoría que año con año realiza la institución. Actualmente nos encontramos a la espera de que la Sala de lo Constitucional resuelva una demanda de inconstitucionalidad del nombramiento de los magistrados de la Corte.

En el informe pasado comentamos la auditoría de la CCR por parte de una firma privada a solicitud de la Asamblea Legislativa. En este semestre, la Asamblea Legislativa autorizó nuevamente la realización de una auditoría externa, la cual ya fue adjudicada a la Firma Valiente y Asociados. Esta segunda fase tiene por finalidad dar seguimiento a los hallazgos detectados en la auditoría practicada para el periodo 2011185.

La reforma de la Ley Orgánica de Corte de Cuentas de la República se viene analizando ya por varios años. Actualmente, la Asamblea Legislativa tiene varios proyectos en estudio. Entre las propuestas estudiadas se encuentra una presentada por el FMLN en 2010 que plantea restar facultades al Presidente de la CCR fortaleciendo la naturaleza colegiada de la entidad y la posibilidad de trasladar a los Jueces de Cuentas al Órgano Judicial. En julio de 2012, el Presidente de la CCR, Gregorio Sánchez Trejo, pidió a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto un plazo para presentar su propuesta de nueva ley para que esta sea tomada en cuenta junto con otras propuestas que están bajo estudio de dicha comisión.

En octubre de 2012 se presentaron 2 proyectos por parte de la CCR a la Asamblea Legislativa186. El primer proyecto pretende otorgar exclusivamente a la Presidencia la potestad de determinar los casos que deberán pasar a la etapa de investigación, mientras que el segundo proyecto favorece el funcionamiento de la CCR como un órgano colegiado.

En materia de transparencia, un medio de información digital informó que la Corte de Cuentas de la República había denegado solicitudes de información con base en la LAIP argumentando que solo estaba obligada a dar la información generada a partir de la entrada en vigencia de dicha ley, ya que la misma no tiene carácter retroactivo187. Dicha interpretación fue duramente criticada por la sociedad en general, por contradecir expresamente el literal c) del artículo 6 de la LAIP que establece que “información pública es aquella en poder de los entes obligados, contenida en documentos, archivo, en cualquier medio… independientemente de su fuente, fecha de elaboración y que no sea confidencial”. La información solicitada a la CCR se trataba de algunos informes finales de auditoría de algunas instituciones públicas relativos con los ejercicios de 2005 y 2010.

El informe del Mesicic hace varias recomendaciones a la CCR, sobre todo en cuanto a la necesidad de llevar más estadísticas sobre las actividades de la CCR que permitan identificar retos y adoptar medidas correctivas. Asimismo, se requiere informar sobre el grado de eficacia de los montos que son recuperados de las sanciones impuestas por la CCR, en coordinación con la FGR.


TRANSPARENCIA

6.2. Fiscalía General de la República

La FGR tiene por finalidad defender los intereses del Estado. En el marco de estas atribuciones le corresponde ejercer las acciones procedentes para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal o administrativa en la que incurran los funcionarios y empleados públicos. Por tanto, dicha institución tiene el poder de determinar los casos que se investigan o se dejan de investigar, en materia penal, incluyendo los actos de corrupción, por lo que constituye un actor clave en el sistema de transparencia del Estado.

Según el análisis de los expertos del Mesicic, la Fiscalía tiene pocos recursos humanos y financieros para realizar óptimamente sus funciones, por lo que recomienda reforzar el presupuesto de esta entidad, en particular en cuanto se refiere a la persecución de actos de corrupción. Asimismo, observan una falta de claridad sobre cómo son asignados los casos de corrupción al interior de la FGR y proponen establecer criterios objetivos para la asignación de los casos de manera que la Unidad de Delitos de Corrupción cumpla con su finalidad. Los expertos recalcaron la falta de coordinación de la FGR con otras entidades del sistema de transparencia como la Corte de Cuentas de la República, la Sección de Probidad y el Tribunal de Ética Gubernamental -una manifestación es que la FGR nunca ha creado la comisión de Ética Gubernamental, según lo exige la Ley de Ética Gubernamental- y recomiendan que se establezcan mecanismos concretos. Finalmente, se recomienda que la FGR lleve mejores estadísticas sobre las sanciones e investigaciones en materia de corrupción.

En el segundo semestre de 2012, la FGR permaneció 76 días sin titular por la declaratoria de inconstitucionalidad de la elección realizada el 24 de abril de 2012, mediante sentencia N. 29-2012 y la subsiguiente dificultad de los diputados de la Asamblea Legislativa para llegar a un acuerdo para elegir al nuevo FGR. En el Eje de Estado de derecho de este informe se desarrolla este tema con mayor detalle. En materia de lucha en contra de la corrupción, el rol histórico de la FGR ha sido poco relevante. No obstante ello, el nuevo FGR nombrado por unanimidad el 4 de diciembre de 2012, el abogado Luis Antonio Martínez González ha manifestado que uno de sus objetivos prioritarios como nuevo titular de dicha institución será combatir la corrupción188.

6.3 Sección de Probidad de la CSJ

Sigue sin discutirse ni aprobarse, el proyecto de Ley de Probidad. Las declaraciones patrimoniales de funcionarios entrantes y salientes, se realizan con mucha irregularidad. Dicha situación podría corregirse a través de la sustitución de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que data de 1959, ya que la misma no sido efectiva en el combate del enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. Durante el semestre, hubo algunos señalamientos concretos en contra de algunos diputados de la legislatura saliente y otros de la legislatura entrante, por no presentar sus declaraciones de probidad189.

El Mesicic también abordó de manera general el rol de la Sección de Probidad como ente de control superior, aunque aclaró que el tema de enriquecimiento ilícito será materia de una ronda específica. Los expertos del mecanismo recomendaron restaurar a la Sección de Probidad la atribución de solicitar directamente información a bancos y financieras sobre las cuentas de los servidores públicos, dados los posibles conflictos de interés. Asimismo, observa que la Sección cuenta únicamente con dos analistas para revisar más de 600 declaraciones anualmente, por lo que recomienda asignarle más recursos a esta unidad. Se recomendó además que la CSJ emita informes estadísticos más completos e instaure mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas que incluyan también información estadística sobre la Sección de Probidad.


TRANSPARENCIA

Un elemento a considerar, y sobre el cual en reiteradas ocasiones nos hemos pronunciado, sería la reforma del artículo 240 de la Constitución, el cual sostiene como confidenciales las declaraciones patrimoniales, documentación cuya naturaleza debe ser pública, en consonancia con la Ley de Acceso a la Información Pública y los principios internacionales de transparencia de los funcionarios públicos.

6.4. Asamblea Legislativa

La Asamblea Legislativa además de su función principal de legislar, tiene una función de control con respecto a otros órganos del Estado que contribuyen a generar mayor transparencia pública. En este sentido, la Constitución manda que la Asamblea debe recibir informes de labores del Ejecutivo (art. 133 Ord. 18) y de la FGR, PGR, PPDH, CCR y BCR (art. 133 Ord. 36). Además, la ley establece que también deban rendirle informe el TEG y el IAIP.

A continuación presentamos un cuadro detallando las instituciones que presentaron sus informes, comisión que estudió los mismos, observaciones elaboradas por la comisión y fechas de dictámenes.

Cuadro 1. Rendición de Informes 2012

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio Legislativo.

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10.0

0.0


100%100%

99%98%

100%

97%

98%

96%96%

95% 95%

94% 94% 94%

93%

94%

90%

92%

88%
































Total 129 78


INSTITUCIÓN 2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTA

L







TRANSPARENCIA

6.5. Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción

La STA ha impulsado algunos de los avances en materia de transparencia: la creación de nuevos portales de información, la ampliación de las actividades de rendición de cuentas, la implementación de la LAIP, actividades de promoción y seguimiento en la materia, entre otras. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la carencia más grande que existe en la actualidad es la falta de creación del Instituto de Acceso a la Información Pública, ente rector y supervisor de las entidades públicas en su cumplimiento de la LAIP.

En cuanto a los ejercicios de rendiciones de cuentas estos se han ampliado tanto a nivel central, con la participación de alrededor de 70 instituciones y a nivel departamental, con los 14 gabinetes de gestión departamental. El Ministerio de Educación adicionalmente lanzó ejercicios de rendición de cuentas en los 5, 172 centros escolares a nivel nacional con la coordinación de la STA190.

Entre los portales de transparencia lanzados en este semestre se encuentran “InfoÚtil” y “Gobierno Abierto”. El primero se trata de la puesta en disposición de bases de datos del Gobierno a la ciudadanía como las listas escuelas y universidades autorizadas, cuotas autorizadas para las escuelas públicas, centros de salud autorizados, entre otros.

La STA ha firmado acuerdos con otras instituciones para promover la LAIP, como la UTE, el ISDEM y el PNUD y otras instituciones están avanzando en una propuesta de Indicadores de Transparencia y Anticorrupción191.

6.6. Instituto de Acceso a la Información Pública Como se ha mencionado en diversas ocasiones, la Ley de Acceso a la Información Pública de nuestro país ha sido evaluada internacionalmente como una de las mejores 5 del mundo, tomando en consideración elementos como entidades obligadas, institucionalidad, procesos y sanciones. Sin embargo, la emisión de su reglamento conteniendo disposiciones inconstitucionales, anula en gran medida su efectividad, aplicación y rigurosidad. En marzo, se presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de algunos de los artículos de dicho reglamento, principalmente por el exceso en la potestad reglamentaria ejercitada por el Presidente de la República al autoatribuirse la facultad de rechazar a su criterio, los candidatos al Instituto de Acceso a la Información Pública y establecer nuevas causales de reserva de información pública192.

El pasado 5 de diciembre de 2012, como se mencionó al inicio de este eje, la Sala de lo Constitucional dictó sentencia definitiva en el proceso de inconstitucionalidad No. 13-2012, declarando que el RELAIP contenía normas que violaban los principios de indelegabilidad de las atribuciones de los órganos del gobierno, de legalidad y división de poderes y que el Presidente había invadido competencias legislativas de la Asamblea, extralimitándose en el ejercicio de su potestad reglamentaria193.

La demanda se basaba en el argumento que los arts. 29 y 73 RELAIP violaban el principio de legalidad y división de poderes, la competencia legislativa de la Asamblea y los límites de la potestad reglamentaria, contenidos en los arts. 86 inc. 1º, 131 ord. 5º y 168 ord. 14º Cn. respectivamente. Ello porque el art. 29 creaba causales para reservar la información pública que no se incluían en la ley; y el art. 73 otorgaba una potestad al Presidente de rechazar las ternas de candidatos al IAIP que tampoco se contemplaba la LAIP. Además, se alegó que los arts. 63 inc. 4º y 75 violaban el principio de indelegabilidad de las atribuciones de los órganos del gobierno contenido en el art. 86 inc. 1º parte final Cn., ya que remitían a instructivos una regulación que debía estar contenida en la ley.


TRANSPARENCIA

La Sala de lo Constitucional manifestó en su fallo que el derecho de acceso a la información tiene una “condición indiscutible de derecho fundamental” derivada de la libertad de expresión y del principio democrático de Estado de derecho. Consiste en la facultad de solicitar información en poder del Estado, con el deber correlativo de este de garantizar su entrega oportuna o fundamentar su imposibilidad de acceso, con base en una causa prevista por la ley y compatible con la Constitución.

También resolvió que hay materias, como la limitación de derechos fundamentales, cuya regulación corresponde únicamente a la Asamblea Legislativa mediante la ley. Un reglamento no se puede emitir más que para facilitar y asegurar la aplicación de la ley; no puede contradecirla, no puede suplirla y sus fines deben adecuársele.

Sí bien se admite la delegación para optimizar el desempeño de la administración pública, esta debe estar prevista en una norma del mismo rango que la que otorga la competencia delegada.

En su fallo, la Sala declara inconstitucionales los arts. 29 y 73 del RELAIP por infringir el principio de legalidad y división de poderes, la competencia legislativa de la Asamblea y los límites de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, por limitar un derecho fundamental sin base en ley formal; art. 2, por conexión con el artículo 29, en sus definiciones: “Seguridad Nacional” y “Seguridad Política”; art. 73, porque la potestad de rechazo entorpece la finalidad del procedimiento de elección de comisionados al IAIP y disminuye el control ciudadano pretendido por la ley; y art. 75 por infringir principio de indelegabilidad de las atribuciones de los órganos del gobierno, ya que porque la regulación de mecanismos para dar cumplimiento a la ley debe ser efectuada por el reglamento.

La Sala explica que el pronunciamiento sobre el art. 75 RELAIP tiene efectos hacia el futuro, no afecta la validez de las elecciones realizadas antes del fallo en base a instructivos declarados inconstitucionales. Además, apunta que la inconstitucionalidad del art. 73 RELAIP significa que el Presidente no tiene fundamento normativo válido para el rechazo de las ternas y que cualquier omisión de cumplimiento del art. 53 inc. 8º LAIP carece de base jurídica. Por tanto, el cumplimiento de la sentencia implica que el Presidente elija cuanto antes a los comisionados del IAIP del listado de 30 personas que resultó del proceso de selección llevado a cabo en enero de 2012. Un análisis exhaustivo y pormenorizado de la sentencia será elaborado en una futura publicación.

6.7 Tribunal de Ética Gubernamental

Este semestre continuó la paralización en el funcionamiento del TEG, por la falta de nombramiento de todos sus miembros propietarios. En agosto de este año existían más de 200 casos pendientes. No obstante ello, durante el semestre presenciamos el nombramiento paulatino de cada uno de los miembros faltantes: En primer lugar, el Ministerio Público nombró a Salvador Menéndez Leal, luego Néstor Castaneda fue nombrado por el Presidente de la República y finalmente, Luis Romeo García Alemán, por la Corte de la Cuentas de la República194. El de 5 septiembre el TEG quedó plenamente integrado195, después de más de 10 meses de estar incompleto.

En septiembre de este año, el Presidente del TEG manifestó que para implementar adecuadamente la nueva Ley de Ética Gubernamental solicitaría a la Asamblea Legislativa un refuerzo presupuestario de US$ 1,600,000.00, ya que los US$ 1,400,000.00 que recibe actualmente no son suficientes196. Al cierre del año, la Asamblea no otorgó dicho refuerzo, sino que únicamente US$ 500,000.00 adicionales197.


TRANSPARENCIA

En una entrevista, el Presidente del TEG informó que en cuanto a las transgresiones a la Ley de Ética Gubernamental más denunciadas, el 56% está relacionado con faltas al deber de cumplimiento de las funciones de los servidores públicos, el 17% lo ocupa el deber de veracidad, el 11% lo representa las denuncias relativas al deber de conocer las normas aplicables en razón del cargo, otro 11% se refiere al deber de excusarse de conocer casos en los cuales hay conflicto de interés y el 5% restante lo conforman las denuncias que conciernen al deber de eficiencia.

En cuanto a las prohibiciones éticas denunciadas, el 38% lo constituye el retardo sin motivo legal de trámites; el 31% a la utilización indebida de los recursos del Estado; el 19% son denuncias sobre la prevalencia del cargo para la obtención de beneficios privados; y el 6% se debe al nombramiento de parientes o nepotismo, e igual porcentaje de denuncias está relacionado con solicitar o aceptar dádivas para apresurar o retardar trámites198.

De acuerdo a la información provista por el TEG, al cierre de 2012, el Pleno del TEG había logrado admitir 15 casos y cerrar un total de 30. En 2012 recibieron un total de 207 casos; 129 denuncias y 78 avisos. Cabe recalcar de acuerdo a esta información, en el mes siguiente a la conformación completa de TEG, es decir octubre de 2012, el número de denuncias fue el más alto de todo el año, llegando a un total de 20, normalizándose en los meses subsiguientes; 9 en noviembre y 11 en diciembre. Asimismo y de acuerdo a la información relacionada, la entidad estatal más denunciada desde 2007 es la Asamblea Legislativa con un total de 203 denuncias. Cabe aclarar que sólo las municipalidades están por encima de este número, sin embargo estas son 284 entidades independientes y no conforman un solo cuerpo como lo es la Asamblea.

Cuadro 2. Procedimientos sancionadores TEG 2012

Fuente: TEG

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orta

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com

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Trimestre


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ncia

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are

5 5

Niv

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5.0



72.070.0

80.0

60.0

54.050.0

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Total 129 78


INSTITUCIÓN 2007

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TRANSPARENCIA

Cuadro 3. Histórico de instituciones con mayor número de denuncias ante el TEG

Fuente: TEG

6.0

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72.070.0

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IPC 2012

28.0 29.0

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INSTITUCIÓN 2007

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2009

2010

2011

2012

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7. LIBERTAD DE EXPRESIÓNEn agosto de 2012, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra de la Ley de Telecomunicaciones por considerar que es discriminatorio que la ley establezca la subasta como único mecanismo de adjudicación de concesiones de frecuencias radiales ya que, siendo el espectro un bien público, ello vulnera la libertad de expresión y favorece la concentración económica y los monopolios199. A la fecha, la demanda no ha sido admitida por la Sala de lo Constitucional.

El Relator de la Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, visitó el país para dar a conocer su informe anual. Destacó que en América Latina los periodistas son vulnerables por el clima de violencia y por el narcotráfico, lo cual constituye una grave amenaza para la libertad de expresión en la región. Asimismo, señaló que es importante contar con garantías institucionales para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

A finales de 2012 se integró nuevamente la Comisión ad hoc para estudiar los anteproyectos de ley reguladora del derecho de respuesta establecido en el artículo 6 de la Constitución. No obstante, ello, no existieron avances y la comisión se comprometió a seguir trabajando en 2013. Los anteproyectos que existen actualmente en la Asamblea Legislativa provienen de distintas fracciones políticas. Antonio Almendáriz, diputado del CN quien fungió como presidente de la comisión ad hoc en la legislatura pasada, informó en noviembre de este año que se había pedido a los medios que enviaran un proyecto para ser tomado en cuenta, pero en vista del cambio de legislatura, ya no se pudo estudiar200. La comisión quedó convocada para el 3 de enero de 2013.


TRANSPARENCIA

• La sentencia que declaró inconstitucionales algunas disposiciones del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, es positivo ya que, además de dar amplio desarrollo jurisprudencial al derecho de acceso a la información pública, ha sentado las bases para la inmediata elección del Instituto de Acceso a la Información Pública.

• Persisten obstáculos importantes para implementar adecuadamente la Ley de Acceso a la Información Pública: en primer lugar la falta de creación del Instituto de Acceso a la Información Pública, ente garante de la ley; la falta de asignación de una partida específica para el Instituto en el presupuesto 2013; la necesidad de fortalecer la estabilidad de los Oficiales de Información; las discrecionalidades al brindar la información, y poca implementación a nivel municipal.

• Hay aspectos positivos como la jurisprudencia en materia de acceso a la información pública, la integración del Tribunal de Ética Gubernamental, el trabajo de implementación de la LAIP impulsado por la Subsecretaría de Transparencia. Sin embargo, existe debilidad institucional en el sistema de transparencia y rendición de cuentas, tal como lo advierte el Informe del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Índice de Percepción de la Corrupción.

8. CONCLUSIONES


NOTAS FINALESEJE ESTADO DE DERECHO

E INSTITUCIONALIDAD1. The World Justice Project. (2012). The Rule of Law Index 2012. Washington. Pág. 85. Consultado el 30 de noviembre

de 2012 en: http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/wjproli2012-web.pdf

2. Ibídem.

3. En Latinoamérica y El Caribe se incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

4. En este grupo se incluyen: Albania, Bolivia, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, El Salvador, Georgia, Guatemala, India, Indonesia, Moldavia, Mongolia, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Senegal, Sri Lanka, Ucrania, Uzbekistán, Vietnam, Zambia.

5. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (3 de octubre de 2012). Resolución de admisión en el proceso de inconstitucionalidad 41-2012. Consultado el 19 de octubre de 2012 en: http://www.observatoriojudicial.org.sv/images/noticias_pdf/admisioninconstitucionalidadcomision.pdf

6. Acuerdo de Reforma Constitucional Nº. 1 del 9 de agosto de 2012. Diario Oficial N°. 147, Tomo 396 del 13 de

agosto de 2012.

7. Para acceder a los decretos consulte: Observatorio Legislativo. (16 de agosto de 2012). Sesión plenaria ordinaria N°. 13 en: http://www.observatoriolegislativo.org.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2101%3Asesion-plenaria-ordinaria-no-13&catid=38%3Alegislatura-2012-2015&Itemid=9&limitstart=3

8. Decreto Ejecutivo N°. 135 del 24 de julio de 2012. Diario Oficial N°. 154, Tomo 396, del 22 de agosto de 2012.

9. Los datos son extraídos de la documentación de las sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa N°. 8 del 5 de julio de 2012 a la N°. 31 del 19 de diciembre de 2012, recopilada en el Observatorio Legislativo. http://www.observatoriolegislativo.org.sv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=9

10. Ibídem.

11. Alas de Franco, Carolina y Oliva Cepeda, José Andrés, “Análisis del Presupuesto General de la Nación 2012: evolución histórica de la ejecución presupuestaria y perspectivas”, Serie de Investigación 1/2012, Departamento de Estudios Económicos, Fusades, Antiguo Cuscatlán, diciembre 2012, Pág. 22.

12. Menjívar, Valeria. (24 de diciembre de 2012). Iglesia lamenta que bono de Asamblea no sea igualitario. La Prensa Gráfica. Consultado el 8 de enero de 2013 en: http://www.laprensagrafica.com/iglesia-lamenta-que-bono-de-asamblea-no-sea-igualitario

13. Serpas de Portillo, Luz María y otros, Política de Responsabilidad Fiscal en El Salvador, Estudios Estratégicos, Departamento de Estudios Económicos y Departamento de Estudios Legales de Fusades, Antiguo Cuscatlán, septiembre 2012, Pág. 2.

14. FUSADES. (Octubre de 2012). Consideraciones sobre el Proyecto de Ley Procesal Constitucional. Boletín de Estudio Legales N°. 142.


NOTAS FINALES

15. FUSADES. (2011). Informe de Coyuntura Legal e Institucional, primer semestre 2011. Departamento de Estudios Legales. Pág. 40

16. Ibídem.

17. Orellana, Liset. (29 de julio de 2012). Zelayandía: Me siento un poco atrapado en esta situación. Diario El Mundo. Consultado el 16 de octubre de 2012 en: http://elmundo.com.sv/zelayandia-me-siento-un-poco-atrapado-en-esta-situacion

18. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 5 de diciembre de 2012 en el proceso de inconstitucionalidad 13-2012.

19. Ibídem.

20. FUSADES. (2012). Informe de Coyuntura Legal e Institucional, primer semestre 2012. Pág. 47.

21. Idem. Pág. 24.

22. Demanda de Inconstitucionalidad con fecha 30 de abril de 2012. Consultado el 28 de diciembre de 2012 en: http://www.observatoriojudicial.org.sv/images/doc/documentosvarios/inc.30abril.pdf

23. Esta demanda se relaciona en la sentencia de Inconstitucionalidad 29-2012 del 9 de julio de 2012. Consultado el 30

de diciembre de 2012 en: http://www.observatoriojudicial.org.sv/images/doc/documentosvarios/fallofgr.pdf

24. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 9 de julio de 2012 en el proceso de inconstitucionalidad 29-2012.

25. Asamblea Legislativa. (26 de septiembre de 2012). Se reduce a tres la lista de candidatos a Fiscal General de la República. Noticias. Consultada el 15 de octubre de 2012 en: http://www.asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-noticias/se-reduce-a-tres-la-lista-de-candidatos-a-fiscal-general-de-la-republica

26. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 9 de julio de 2012 en el proceso de inconstitucionalidad 29-2012.

27. Portillo, Miguel. (8 de noviembre de 2012). FUSADES señala presupuesto desfinanciado. La Prensa Gráfica. Consultado el 29 de noviembre de 2012 en: http://www.laprensagrafica.com/fusades-senala-presupuesto-desfinanciado

28. Decreto Legislativo N°. 101 del 21 de agosto de 2012, publicado en el Diario Oficial N°. 155, Tomo 396 el 23 de agosto de 2012.

29. FUSADES. (Septiembre de 2012). La sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia: Un fallo sin fundamento. Boletín de Estudio Legales N°. 141. Pág. 18.

30. Ibídem.

31. Comisión Política de la Asamblea Legislativa. (14 de junio de 2012). Dictamen N°. 5. Consultado el 15 de junio de 2012 en: http://www.observatoriolegislativo.org.sv/attachments/article/1998/dict5_pol_2012.pdf


NOTAS FINALES

32. Macal, R. (11 de agosto 2012). “Concluye audiencia en CCJ para conocer conflicto entre Asamblea Legislativa y CSJ”. La Prensa Gráfica. Consultado el 20 de agosto de 2012 en: http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/277212-concluye-audiencia-en-ccj-para-conocer-conflicto-entre-asamblea-legislativa-y-corte-suprema-de-justicia.html

33. FUSADES. (Octubre de 2012). La sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia: Un fallo sin fundamentos. Boletín de Estudio Legales N°. 141.

34. Relatoría Especial Sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados. (26 de noviembre de 2012). Observaciones Preliminares sobe la Visita Oficial a El Salvador. Consultado el 12 de diciembre de 2012 en: http://www.observatoriojudicial.org.sv/images/noticias_pdf/opreliminares.pdf

35. Mejía, Amilcar. (29 de noviembre 2012). Reyes cuestiona a relatora de la ONU. La Prensa Gráfica. Consultado el 14 de enero de 2013 en: http://www.laprensagrafica.com/reyes-cuestiona-a-relatora-de-la-onu

36. La información es obtenida de las respuestas de las diferentes salas a solicitudes de información realizadas por el Departamento de Estudio Legales de FUSADES.

37. Consejo Nacional de la Judicatura. (8 de octubre de 2012). Vacantes existentes para cargos judiciales. Unidad de Selección de Magistrados y Jueces del Consejo Nacional de la Judicatura. Consultado el 15 de octubre de 2012 en: http://www.cnj.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=371&Itemid=29

38. Departamento de Investigación Judicial, CSJ. (27 de noviembre de 2012). Estadísticas de Investigación Judicial al 27

de noviembre de 2012. Consultado el 27 de diciembre de 2012 en: http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c-20/2822/Estad%C3%ADsticas%20de%20IJ%20al%2027%20de%20noviembre%20de%202012.pdf

39. Si bien los datos son oficiales, puede haber un error. Al restar el total de casos ingresados (3,528), menos los egresados (2,398) desde 1995 hasta 2012, da como diferencia 1,130 y no 1,129 como se expresa en el total publicado. Ver http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c-20/2822/Estad%C3%ADsticas%20de%20IJ%20al%2027%20de%20noviembre%20de%202012.pdf

40. Corte Suprema de Justicia. (25 de octubre de 2012). Acta de Corte Plena. Consultado el 12 de diciembre de 2012 en: http://www.observatoriojudicial.org.sv/images/doc/actas/actas2012/octubre/acta251012.pdf

41. Corte Suprema de Justicia, Dirección Financiera Institucional, Departamento de Presupuesto. (2012). Detalle

resumen presupuesto institucional votado ejercicio financiero fiscal 2012. Pág. 3. Consultado el 12 de diciembre de 2012 en: http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c-16/1872/Composicion%20del%20Presupuesto%20Votado%202012.pdf

42. Ávalos, Jessica y Membreño, Tania. (16 de noviembre de 2012). CSJ gastará 8.5 millones en bono navideño. La Prensa Gráfica. Consultado el 16 de diciembre de 2012 en: http://www.laprensagrafica.com/csj-gastara-8-5-mill-en-bono-navideno

43. Serpas de Portillo, Luz María y otros. Op.Cit., Pág. 2

44. Magaña, Yolanda y Girón, Nemi. (7 de septiembre de 2012). Miembros del FMLN en jefaturas de la CSJ. Diario El Mundo. Consultado el 15 de octubre de 2012 en: http://elmundo.com.sv/miembros-del-fmln-en-jefaturas-de-la-csj


NOTAS FINALES

45. Observatorio Judicial. (18 de diciembre de 2012). CSJ emite comunicado sobre despidos en el Órgano Judicial. Noticias. Consultado el 19 de diciembre de 2012 en: http://www.observatoriojudicial.org.sv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=10

46. González, Xenia. (14 de diciembre de 2012). Despiden al director de Medicina Legal. Diario El Mundo. Consultado el 26 de diciembre de 2012 en: http://elmundo.com.sv/despiden-al-director-de-medicina-legal

47. Sala de lo Constitucional de la CSJ. (17 de diciembre de 2012). Resolución de admisión en el proceso de amparo 781-2002. Consultada el 19 de diciembre de 2012 en: http://www.observatoriojudicial.org.sv/images/noticias_pdf/sentencias/admisionamparo.pdf

48. Ávalos, Jessica. (19 de diciembre de 2012). CSJ acumula 21 demandas contra Padilla por despidos. La Prensa Gráfica. Consultado el 19 de diciembre de 2012 en: http://www.laprensagrafica.com/CSJ-acumula-21-demandas-contra-Padilla-por-despidos

49. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 4 de febrero de 2012 en el proceso de amparo 66-2009. Consultado el 26 de diciembre de 2012 en: http://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/2010-2019/2011/02/91492.PDF

50. Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 15 de agosto de 2007 en el proceso 15-AP-2007. Consultado el 26 de diciembre de 2012 en: http://www.jurisprudencia.gob.sv/VisorMLX/Documento/ Documento.aspx?Data=EGIscXcF6ZKLzE+VS0lpwzq5U6kgrMpy2ZKgV6PR5nBUfYIQuXvhlQ6nwxBKS7o4 iib5U8FHWTECd85yhM9daIL7MkgBqlTu2JeOVkEYzBjYVPw/lvxmapk3P1omvaVUJKqcN4Tl9bxCWWXLD S8lkRswbhiYGifcMo8yqBOl1UtdNHYiajh81Gr9NveJ3kVEzg

51. Observatorio Judicial. (25 de septiembre de 2012). Sala de lo Contencioso Administrativo declara ilegal la cancelación del PCN. Noticias. Consultado el 15 de septiembre de 2012 en http://www.observatoriojudicial.org.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=6413:sala-de-lo-contencioso-administrativo-declara-ilegal-la-cancelacion-del-pcn&catid=9:noticias-revelantes&Itemid=10

52. FUSADES. (Enero de 2005). Recientes sentencias en materia constitucional N°. 49. Boletín de Estudios Legales. Págs. 7 y ss.

53. Velásquez, Eugenia y Cáceres, Mirella. (1 de octubre de 2012). Presidente TSE apela a la Corte Suprema de Justicia por fallo PCN. El Diario de Hoy. Consultado el 15 de octubre de 2012 en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7304865

54. FUSADES (2012), “Modernización del Tribunal Supremo Electoral: Separación de funciones y justicia electoral”, Serie de Investigación, Departamento de Estudios Políticos, septiembre de 2012, Pág. 20 y FUSADES (2012), “Aspectos políticos de la modernización del Tribunal Supremo Electoral”, Boletín N°. 9, Departamento de Estudios Políticos, enero y febrero de 2012, Pág. 19.

55. Observatorio Legislativo. (19 de diciembre de 2012). Sesión plenaria N°. 31. Consultado el 26 de diciembre de 2012 en: http://www.observatoriolegislativo.org.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2251%3Asesion-plenari


NOTAS FINALESEJE SEGURIDAD JURÍDICA

Y CIUDADANA56. FUSADES. (2012). Informe de Coyuntura Legal e Institucional, primer semestre. San Salvador. Pág. 51.

57. Romero, Fernando. (8 de noviembre de 2012). Funes inicia prevención delincuencial en Ilopango. La Prensa Gráfica. Consultado el 8 de noviembre de 2012 en: http://www.laprensagrafica.com/funes-inicia-prevencion-delincuencial-en-ilopango

58. Embajada de los Estados Unidos y Gobierno de El Salvador. (Noviembre de 2012). Segundo Informe Semestral. Consultado el 8 de enero de 2013 en: http://photos.state.gov/libraries/elsavador/92891/DIC2012/Segundo%20Informe%20Semestral%20-%20Noviembre%202012.pdf

59. Aparicio, Milton. (22 de julio de 2012). Secretaría del SICA realiza proyecto para profesionalizar seguridad. Diario Colatino. Consultado el 28 de diciembre de 2012 en: http://www.diariocolatino.com/es/20120702/nacionales/105137/Secretar%C3%ADa-del-SICArealiza-proyecto--para-profesionalizar-seguridad.htm

60. Martínez, Óscar et. al. (14 de marzo de 2012). Gobierno negoció con pandillas la reducción de homicidios. El Faro. Consultado el 2 de diciembre de 2012 en: http://www.elfaro.net/es/201203/noticias/7985/

61. Martínez, Carlos y Sanz, José Luis. (11 de septiembre de 2012). La nueva verdad sobe la tregua entre pandillas. El Faro. Consultado el 2 de diciembre de 2012 en: http://www.salanegra.elfaro.net/es/201209/cronicas/9612/

62. Colindres, Fabio y Mijango, Raúl. (22 de noviembre de 2012). Pronunciamiento a la Nación de los mediadores del pacto entre pandillas. Consultado el 2 de diciembre de 2012 en: http://www.observatoriojudicial.org.sv/images/noticias_pdf/pronunciamiento.pdf

63. Ibídem.

64. Escalante, Diana y Tejada, Rossy. (11 de diciembre de 2012). Mijango y Colindres piden derogación de Ley Antipandillas. El Diario de Hoy. Consultado el 10 de enero de 2013 en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7507939

65. Redacción Diario El Mundo. (22 de noviembre de 2012). “Gobierno apoyará segunda fase de tregua entre pandillas.

Diario El Mundo. Consultado el 22 de noviembre de 2012 en: http://elmundo.com.sv/gobierno-apoyara-segunda-fase-de-tregua-entre-pandillas

66. Redacción Contrapunto. (9 de enero de 2013). Medicina Legal con 1,730 homicidios menos. Consultado el 10 de enero de 2013 en: (http://www.contrapunto.com.sv/violencia/medicina-legal-2012-con-1730-homicidios-menos

67. Resultado de dividir los 4,366 homicidios reportados por el IML entre 365 días.

68. Dirección General de Estadísticas y Censos. (Septiembre de 2009). Estimaciones y proyecciones municipales de población 2005-2020. Pág. 23.


NOTAS FINALES

69. Para el calculo se ha usado la Fórmula proveída por la OEA en http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_observatorio_glosario_crimenyviolencia.asp

La fórmula es: TH = (NTH/TP)*100 MIL Hbtes. TH: tasa de homicidios NTH: número total de homicidios TP: población total

70. De los años 2000 al 2010, las cifras fueron tomados de La Prensa Gráfica Datos, quien los extrajo del Instituto de Medicina Legal. Consultados el 28 de diciembre de 2012 en: http://multimedia.laprensagrafica.com/pdf/2011/03/20110322-PDF-Informe-0311-Homicidios-en-Centroamerica.pdf

Para 2011, la cantidad de homicidios fueron extraídos del documento: “Reconocimiento de Homicidios Enero-Diciembre del Año 2011 por Médicos(as) Forenses y Cotejados por La F.G.R., P.N.C. y El I.M.L.”. Consultado el 28 de diciembre de 2012 en: http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c-40/2602/HOMICIDIOS%202011.pdf

Para 2012, los datos fueron obtenidos de las estadísticas del Instituto de Medicina Legal y fueron extraídos de: Redacción Contrapunto. (9 de enero de 2013). Medicina Legal con 1,730 homicidios menos. Consultado el 10 de enero de 2013 en: http://www.contrapunto.com.sv/violencia/medicina-legal-2012-con-1730-homicidios-menos

Esta cifra es superior en 65 homicidios a la reportada por la PNC que fue de 2,576 y las cuales están pendientes de cotejarse.

71. Observatorio Legislativo. (2 de octubre de 2012). Pieza de correspondencia 5A. Consultada el 8 de noviembre de 2012 en: http://www.observatoriolegislativo.org.sv/attachments/article/2172/5a_20_2012.pdf

72. Vásquez, Juan Carlos. (24 de agosto de 2012). Primer caso de intervención de comunicaciones en el país. Diario El Mundo. Consultado el 8 de noviembre de 2012 en: http://elmundo.com.sv/primer-caso-de-intervencion-de-comunicaciones-en-el-pais

73. Labrador, Gabriel. (20 de octubre de 2012). Funes insinúa que Arena usa centro de escuchas telefónicas con fines políticos. El Faro. Consultado el 5 de noviembre de 2012, en: http://www.elfaro.net/es/201210/noticias/9978/

74. Morán, Otto. (24 de octubre de 2012). Fiscalía desestima cuestionamiento de Funes a Centro de Intervención Telefónica. La Página. Consultado el 5 de noviembre de 2012 en: http://www.lapagina.com.sv/nacionales/72938/2012/10/24/Fiscalia-desestima-cuestionamiento-de-Funes-a-Centro-de-Intervencion-Telefonica

75. Observatorio Legislativo. (30 de octubre de 2012). Junta Directiva analizará propuesta para visitar Centro de Intervención de las Telecomunicaciones. Noticias. Consultado el 9 de enero de 2013 en: http://www.observatoriolegislativo.org.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2195:a-junta-directiva-propuesta-para-visitar-centro-de-intervencion-de-las-telecomunicaciones&catid=12:noticias&Itemid=3

76. Segura, Edwin. (3 de diciembre de 2012). Victimización sigue alta. La Prensa Gráfica. Págs. 16 y 17.

77. Departamento de Estudios Legales. (30 de noviembre de 2012). Allan Hernández, Jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos de Extorsiones. Entrevista personal.

78. Ibídem.

79. Marroquín, David. (25 de noviembre de 2012). Más de 4 mil extorsionistas condenados en los últimos cinco años. El Diario de Hoy. Consultado el 26 de diciembre de 2012 en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7464991


NOTAS FINALES

80. Departamento de Estudios Legales. (30 de noviembre de 2012). Allan Hernández, Jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos de Extorsiones. Entrevista personal.

81. Marroquín, David. (25 de noviembre de 2012). Más de 4 mil extorsionistas condenados en los últimos cinco años. El Diario de Hoy. Consultado el 26 de diciembre de 2012 en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7464991

82. Dirección General de Centros Penales. (7 de enero de 2013). Estadísticas. Consultadas el 16 de enero de 2013 en: http://www.dgcp.gob.sv/index.php/component/content/article/216

83. García, Enrique. (1 de octubre de 2012). Diario El Mundo. Reos en huelga de hambre. Consultado el 10 de enero de 2013 en: http://elmundo.com.sv/reos-en-huelga-de-hambre

84. Para calcularlo, a la capacidad que se había establecido en 8,100 espacios, se agregaron 190, que se habilitaron en las granjas penitenciarias a principios de 2012.

85. FUSADES. (2011). Informe de Coyuntura Legal e Institucional, segundo semestre. San Salvador. Pág. 55.

86. Fuentes, Liliana. (5 de octubre de 2012). Seguridad: se reanudará ampliación penal Izalco. La Prensa Gráfica. Consultado el 17 de octubre de 2012 en: http://www.laprensagrafica.com/seguridad-se-reanudara-ampliacion-penal-izalco

87. Ibídem.

88. García, Enrique. (17 de octubre de 2012). BCIE aprueba $71 millones para construir cárceles. Diario El Mundo. Consultado el 24 de octubre de 2012 en: http://elmundo.com.sv/bcie-aprueba-71-millones-para-construir-carceles

89. Departamento de Estudios Legales. (2012). Solicitud a la Dirección General de Centro Penales.

90. Ibídem.

91. Vaquerano, Miguel. (25 de junio de 2012). Justicia busca apoyo internacional para política de prevención de violencia. Diario Colatino. Consultado el 28 de diciembre de 2012 en: http://www.diariocolatino.com/es/20120625/nacionales/104858/Justicia-busca-apoyointernacional-para-política-de-prevención-de-violencia.htm

92. Dirección General de Centros Penales. (Enero de 2013). Respuesta a información solicitada por el Departamento de Estudios Legales de Fusades.

93. Membreño, Tania. (28 de agosto de 2012). 18 custodios removidos de centros penales en 8 meses. La Prensa Gráfica. Pág. 16.


NOTAS FINALESEJE CLIMA DE NEGOCIOS

Y LEGISLACIÓN COMERCIAL94. Banco Mundial (2011). Doing Business 2012: Haciendo Negocios en un mundo más transparente. Washington D.C.

Pág. 2.

95. Foro Económico Mundial (2012). Informe de Competitividad Global 2012-2013. Ginebra. Pág. 161.

96. FUSADES. (Septiembre de 2012). El Salvador cae diez posiciones en el ranking de competitividad global. Memorándum Ejecutivo 25. Departamento de Estudios Económicos. Antiguo Cuscatlán.

97. Banco Mundial. (23 de octubre de 2012). Doing Business 2013: Regulaciones inteligentes para las pequeñas y medianas empresas. Washington D.C. Pág. 162.

98. FUSADES. (Noviembre de 2012). Informe de Coyuntura Económica 3er. trimestre. Departamento de Estudios Económicos. Pág. iii.

99. Asamblea Legislativa. (18 de agosto de 2012). Pleno Legislativo aprueba reformas para elegir directivos en instituciones autónomas. Noticias. Reformas legislativas publicadas en Diario Oficial N°. 154, Tomo N°. 396 del 22 de agosto de 2012.

100. Fitch Ratings. (5 de diciembre de 2012). Fitch Califica Emisión Internacional de Bonos de El Salvador en ‘BB’. Noticias; Standard & Poor’s. (21 de diciembre de 2012). Republic of El Salvador Outlook Revised To Negative; ‘BB-/B’ Ratings Affirmed. Noticias; Fitch Ratings. (24 de julio de 2012). Fitch Revisa la Perspectiva de la Calificación de El Salvador a Negativa; Afirma Calificaciones en ‘BB’. Noticias.

101. El Salvador y Estados Unidos de América. (Noviembre de 2012). Asocio para el Crecimiento: segundo informe semestral mayo 2012 – noviembre 2012.

102. PNUD (5 de diciembre de 2012). Logros y desafíos que enfrenta el Asocio para el Crecimiento. Foro. San Salvador.

103. Aponte, Mari Carmen. (4 de diciembre de 2012). El primer año del Asocio para el Crecimiento. Opinión. El Diario de Hoy. Pág. 30.

104. FOMILENIO. (17 de octubre de 2012). Finalizó FOMILENIO en El Salvador. Noticias. Consultado el 28 de diciembre de 2012 en: www.fomilenio.gob.sv

105. Los componentes del proyecto del FOMILENIO II han sido presentados en declaraciones y noticias, entre ellas: Secretaría Técnica de la Presidencia de la República (5 de diciembre de 2012) “Gabinete Económico y Social afina implementación de Sistema Nacional de Desarrollo Productivo”.

106. Millennium Challenge Corporation. (Septiembre de 2012). Report on the Criteria and Methodology for Determining the Eligibility of Candidate Countries for Millennium Challenge Account Assistance in Fiscal Year 2013. Consultado el 28 de diciembre de 2012 en: www.mcc.gov/documents/reports/report-2012001114201-fy13-selection-criteria.pdf

107. Más información en: www.competitividadelsalvador.org


NOTAS FINALES

108. Observatorio Legislativo. (18 de octubre de 2012). Órgano Ejecutivo entrega propuestas de ley sobre inversiones. Noticias.

109. Recomendaciones para la elaboración de la ley: implementar un sistema de firma y certificación digital que habilite el intercambio de firmas y documentos en el ámbito internacional; definir el carácter probatorio del documento electrónico; entre otras. Más información en: FUSADES. (2012). Informe de Coyuntura Legal e Institucional, segundo semestre 2011. Departamento de Estudios Legales. Pág. 65.

110. Diario El Mundo. (19 de diciembre de 2012). Presión por leyes para inversiones. Economía.

111. El Salvador y Estados Unidos de América. (2011). Plan de Acción del Asocio para el Crecimiento. Pág. 23. Restricción N°. 2, meta N°. 1: Facilitar el establecimiento de un Consejo para el Crecimiento para promover un ambiente de confianza y mejorar el clima de negocios e inversiones en actividades o sectores considerados como estratégicos.

112. La Prensa Gráfica. (19 de diciembre de 2012). Funes urge al congreso a avalar leyes para inversión. Economía.

113. Consejo Económico Social. (13 de diciembre de 2012). Opinión sobre el anteproyecto de Ley de Fomento y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa. Opinión 1/2012. Sesión Extraordinaria de Comisión Permanente.

114. Reunión con miembros del Club Español del Arbitraje durante octubre de 2012 por el Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Entre las actividades realizadas durante este semestre destaca la II Convención Centroamericana de Centros de Arbitraje, 22 y 23 de noviembre, organizada por el Centro de Conciliación y Arbitraje.

115. Entrevistas a jueces, litigantes y empleados judiciales realizadas durante noviembre de 2012 por el Departamento de Estudios Legales de FUSADES.

116. En el mismo sentido ver: Centro de Estudios Jurídicos. (3 de diciembre de 2012). Revisar el Código Civil y Mercantil. Opinión. La Prensa Gráfica. Pág. 32.

117. Decreto Legislativo N°. 127, del 14 de septiembre de 2012, Diario Oficial N°. 220, Tomo N°. 397, del 23 de noviembre de 2012.

118. Entrevistas a representantes de ANEP realizadas durante noviembre de 2012 por el Departamento de Estudios Legales de FUSADES.

119. Entrevistas a representantes de ANEP realizadas durante noviembre de 2012 por el Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Además, ver: Magaña, Yolanda. (9 de noviembre de 2012). Sala ordena suspender cambios en autónomas. Diario El Mundo. Política.

120. Superintendencia de Competencia. (27 de septiembre de 2012). SC no autoriza la compra de DIGICEL. Comunicado 24-12. Antiguo Cuscatlán.

121. Observatorio Judicial. (agosto de 2012). Boletín N°. 40. Pág. 6 y 7. Consultado el 28 de diciembre de 2012 en http://www.observatoriojudicial.org.sv/images/boletines/bol_0j_40.pdf

122. Observatorio Judicial. (9 de octubre de 2012). Sala de lo Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad de artículos de Ley de Medicamentos. Noticias; Superintendencia de Competencia. (6 de enero de 2012). SC reitera su posición sobre competencia en medicamentos. Comunicado de Prensa C 01-12. Antiguo Cuscatlán.


NOTAS FINALES

123. Díaz, Francisco. (9 de octubre de 2012). La aplicación de las leyes de competencia en pequeñas economías: el caso de El Salvador. Panel de la Semana de la Competencia. Superintendencia de Competencia. Las reformas buscarán: ampliar algunos elementos que no están comprendidos como prácticas anticompetitivas, la regulación a las normas de la Administración Pública, las ayudas públicas, modificar algunos plazos del procedimiento sancionatorio, entre otras.

124. Observatorio Legislativo. (10 de julio de 2012). Comisión de Economía estudiará reformas a la Ley de Protección al Consumidor. Noticias.

125. Observatorio Legislativo. (21 de noviembre de 2012). Inicia estudio y discusión de reformas al articulado de la Ley de Protección al Consumidor. Noticias.

126. Observatorio Judicial. (9 de octubre de 2012). Sala de lo Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad de artículos de Ley de Medicamentos. Noticias.

127. Decreto Legislativo N°. 64, del 12 de julio de 2012, Diario Oficial N°. 152, Tomo N°. 396, del 20 de agosto de 2012.

128. Marta Evelyn de Rivera. (Septiembre de 2012). Retos y Desafíos del Sistema Financiero. Presentación. Banco Central de Reserva. Consultado el 28 de diciembre de 2012 en: http://www.bcr.gob.sv/esp/index.php?option=com_k2&view=item&id=335:retos-desafios-sistema-financiero-vicepresidenta&Itemid=168

129. Observatorio Legislativo. (6 de diciembre de 2012). Con 77 votos se aprueba Ley contra la Usura. Noticias.

130. CREDICOMER, FEDECACES, ASOMI, ASIFBAN, FEDECREDITO y ABANSA. (Julio de 2011). Proyecto de Ley contra la Usura. Consultado el 28 de diciembre de 2012 en http://www.observatoriolegislativo.org.sv/attachments/article/1418/bancario.pdf Más información: Observatorio Legislativo. (23 de mayo de 2012). Establecen fechas para continuar estudio de Ley contra la Usura. Noticias.

131. FUSADES. (Noviembre de 2012). Informe de Coyuntura Económica 3er. trimestre. Departamento de Estudios Económicos. Pág. iv.

132. International Budget Parthnership (2010). The Open Budget Survey 2010: Open Budgets Transform Lives.

133. Portillo, Luz María de; Chorro, Marjorie y Oliva, José. (2012). Política de responsabilidad fiscal en El Salvador: estudios estratégicos. Departamento de Estudios Económicos y Departamento de Estudios Legales. FUSADES. El Salvador.

134. Grupo parlamentario Alianza Repúblicana Nacionalista. (20 de noviembre de 2012). Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad Social. Iniciativa de ley. Consultado el 28 de diciembre de 2012 en www.observatoriolegislativo.org.sv/attachments/article/2214/7a_27_2012.pdf

135. Observatorio Legislativo. (18 de octubre de 2012). Aprueban $800 millones para pago de bonos: acuerdo disponible. Noticias. Más información en: Ministerio de Hacienda. (22 de octubre de 2012). El Ministerio de Hacienda Informa: a la comunidad salvadoreña e internacional, organismos multilaterales, agencias de cooperación y calificadoras de riesgo. Comunicado de Prensa. La Prensa Gráfica. Pág. 27.

136. FUSADES. (Diciembre de 2012). Presupuesto 2013: Incompleto e Inconstitucional. Revista El Economista. Pág. 8.

137. Banco Mundial. (23 de octubre de 2012). Doing Business 2013: Regulaciones inteligentes para las pequeñas y medianas empresas. Washington D.C. Pág. 162.


NOTAS FINALES

138. El Salvador y Estados Unidos de América. (2011). Plan de Acción del Asocio para el Crecimiento. Pág. 23. Restricción N°. 2, meta N°. 4: Elevar los ingresos fiscales (netos) al 16 por ciento del PIB para el 2015 y utilizar los recursos públicos de manera eficiente y transparente. Estos objetivos también se incluyen en la aplicación del pacto fiscal, que es una parte integral de las áreas prioritarias del Plan Quinquenal de Desarrollo.

139. El Salvador y Estados Unidos de América. (Julio de 2012). Asocio para el Crecimiento: segundo informe semestral mayo 2012 – noviembre 2012.

140. Fitch Ratings. (15 de noviembre de 2012). Desafíos Fiscales y de Financiamiento de El Salvador: progreso en marcha aunque podría ser insuficiente. Reporte Especial. Soberanos. Latinoamérica. Consultado el 28 de diciembre de 2012 en: http://www.fitchcentroamerica.com/docs/doc_5579.pdf

141. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 10 de octubre de 2012 en el proceso de inconstitucionalidad 15-2012. Para más información sobre la consideración jurídica relativa a los activos, puede consultar los amparos N°. 512-2010, 785-2008 y 15-2011.

142. Arene, Alberto. (19 de septiembre de 2012). Rendición de Cuentas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Evento.

143. Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones. (6 de diciembre de 2012). Foro de Aeronáutica. Evento.

144. Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de la Industria en: Cáceres, Mirella. (15 de octubre de 2012). Empresarios: ley de concesiones debe garantizar inversión. Nacional. El Diario de Hoy.

145. FUSADES. (Agosto de 2012). Modificación en las concesiones de generación de energía: un paso para atrás. Boletín de Estudios Legales N°. 140. Departamento de Estudios Legales. En cuanto a la importancia de las inversiones en el sector energético, ver: La Prensa Gráfica. (2 de enero de 2013). El Salvador demanda 40 MW anuales más. Economía.

146. FUSADES. (Noviembre de 2012). Seguridad Jurídica en las Concesiones: Elemento para la Competitividad. Posición Institucional N°. 60. Departamento de Estudios Legales.

147. Ibídem.

148. Decreto N°. 02: Ordenanza sobre Medio Ambiente del Municipio de La Unión. D.O. N°. 73, Tomo N°. 391, del 13 de abril de 2011. Más información en: Tobar, Gabriela y Trujillo, Daniel. (14 de agosto de 2012). La Unión prohibirá energía a base de búnker y carbón. Economía. Diario El Mundo; y, La Prensa Gráfica. (25 de octubre de 2012). CSJ admite recurso contra ordenanza. Economía.

149. INDECOPI. (Abril de 2000). Impulsando la simplificación administrativa: un reto pendiente. Área de Estudios Económicos del INDECOPI. Documento de Trabajo N°. 002-2000. Lima, Perú. Pág. 13.

150. FUSADES. (Octubre de 2012). Continúa el deterioro en el clima de negocios de El Salvador en Doing Business. Memorándum Ejecutivo 29.

151. Plan de Acción Conjunta del Asocio para el Crecimiento, suscrito por los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos de América, en noviembre de 2011. Ver las metas N°. 1 y 5 de la restricción N°. 2. Además, los componentes del proyecto del FOMILENIO II han sido descritos en declaraciones y noticias, entre ellas “Gabinete Económico y Social afina implementación de Sistema Nacional de Desarrollo Productivo”, del 5 de diciembre de 2012, Secretaría Técnica de la Presidencia de la República.


NOTAS FINALES

152. Iniciativa para la Competitividad. (mayo de 2012). Agenda de Competitividad 2012-2013: propuesta de acciones. FUSADES e Iniciativa Think Tank. Pág. 17.

153. FUSADES. (Diciembre de 2012). La simplificación administrativa: una oportunidad para la competitividad. Boletín de Estudios Legales N°. 144. Departamento de Estudios Legales.

154. Barómetro de la Profesionalización, Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia. (2012). Rendición de cuentas 2011-2012. Pág. 42.

155. Policía Nacional Civil. (21 de septiembre de 2012). Director PNC confirma pago de salario para empleados de la Corporación. Reporte de prensa. Departamento de Información; Orellana, Liset. (24 de septiembre de 2012). Hacienda deberá cancelar bono de US$1,000. Política. Diario El Mundo; Ávalos, Jessica. (15 de diciembre de 2012). Decenas de despidos en la Corte Suprema de Justicia. La Prensa Gráfica.

156. Plan de Acción Conjunta del Asocio para el Crecimiento suscrito entre los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos de América en noviembre de 2011. La meta N°. 6 de la restricción N°. 1, tiene como acción específica: revisar el borrador del anteproyecto de ley de función pública para que ésta incorpore los siguientes temas: a) la aplicación de normas de contratación y desempeño para empleados públicos; b) el desarrollo de un proceso de selección basado en méritos y c) el establecimiento de regulaciones y procedimientos internos que incluyan las normas de desempeño y revisiones rutinarias de cumplimiento. Además, la meta N°. 1 de la restricción N°. 2, tiene como acción específica: mejorar el servicio civil a través de la reforma de la Administración Pública (…).

157. Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República. (Septiembre de 2012). Anteproyecto de Ley de Función Pública a consulta ciudadana. Consultado el 28 de diciembre de 2012 en: http://funcionpublica.presidencia.gob.sv/

158. Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República. (11 de diciembre de 2012). Comunicado de Prensa.

159. FUSADES. (Noviembre de 2012). Profesionalización de la función pública: elemento de un Estado eficiente. Boletín de Estudios Legales N°. 143. Departamento de Estudios Legales.

160. MINEC. (31 de julio de 2012). Entra en vigencia Acuerdo de Alcance Parcial con Cuba. Noticias; MINEC. (3 de septiembre de 2012). Entra en vigencia TLC único con México. Noticias.

161. MINEC. (23 de agosto de 2012). Ronda de negociación con Belice. Noticias; y, MINEC. (24 de octubre de 2012). Acuerdo de Alcance parcial entre Ecuador y El Salvador. Noticias.

162. MINEC. (12 de diciembre de 2012). UE ratifica Acuerdo de Asociación. Noticias; y, MINEC. (28 de noviembre de 2012). Congreso acuerdo de UE-Centroamérica. Noticias.

163. FUSADES. (Septiembre de 2012). La sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia: Un fallo sin fundamentos. Boletín de Estudios Legales N°. 141. Departamento de Estudios Legales.


NOTAS FINALESEJE DE TRANSPARENCIA

164. La Prensa Gráfica. (21 de septiembre de 2012). La transparencia va ganando espacios por la misma dinámica del proceso. Editorial. Consultado el 29 de septiembre de 2012 en: http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/283513-la-transparencia-va-ganandoespacios-por-la-misma-dinamica-del-proceso.html

165. Velásquez, Eugenia. (18 de octubre de 2012). Diputados acusan a Gana de soborno a cambio de voto por fiscal y dejar Arena. El Diario de Hoy. Consultado el 30 de octubre en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7354133

166. Redacción. (19 de julio de 2012). El Salvador recibe misión internacional que evalúa combate a la corrupción. Voces. Consultado el 7 de diciembre de 2012 en: http://voces.org.sv/2012/07/19/el-salvador-recibe-mision-internacional-que-evalua-combate-a-la-corrupcion/

167. Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos. (Septiembre de 2012). Boletín Anticorrupción N°. 98. Consultado el 14 de diciembre de 2012 en: http://www.oas.org/juridico/newsletter/nl_sp_98.htm

168. Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. (Septiembre 2012). República de El Salvador, Informe Final. Consultado el 6 de diciembre de 2012 en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_slv_sp.pdf

169. Redacción. (16 de septiembre de 2012). OEAS aprueba informes sobre corrupción. Voz de América. Consultado el 4 de diciembre de 2012 en: http://www.voanoticias.com/content/corrupcion-informe-oea-brasil-salvador-mexico-bolivia-paraguay/1508495.html

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200. Velásquez, Edmee. (1 de noviembre de 2012). Reactivan Comisión ad hoc para discutir proyecto de ley de derecho a respuesta. El Diario de Hoy. Consultado el 28 de diciembre de 2012 en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7393140

Luis Nelson Segovia

Pedro Luis ApóstoloMaría Eugenia Brizuela de ÁvilaFidel Chávez MenaFrancisco de SolaAquiles DelgadoÁlvaro Ernesto GuatemalaElena María Lacayo de AlfaroPedro Alejandro Mendoza CalderónMario Enrique SáenzBenjamín ValdezClaudia Beatriz Umaña Araujo

Lilliam Arrieta de Carsana

Carmina Castro de VillamarionaOscar Alfredo Pineda

René A. Abrego Labbé

Gina María UmañaCarlos Alberto Guzmán

Marjorie Chorro

informe de coyuntura legal e institucional segundo semestre de 2012

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