informe anual de impunidad 2013 - ifex · publicación del informe de impunidad 2012 constatar que...

Informe anual deimpunidad 20

13

ALIANZA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE www.ifex.org/alc/es

Rostros y Rastrosde la Libertad de Expresiónen Lationoamérica y el Caribe


13

Rostros y Rastrosde la Libertad de Expresiónen Lationoamérica y el Caribe ALIANZA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE www.ifex.org/alc/es

Grupo de Trabajo del Informe de Impunidad:Luis R. Alarcón Ll. (IPYS), Pedro Vaca (FLIP), Ivan Baez (Articulo 19, México y Centroamérica), Zaynah Khanbai (IFEX)

Coordinación y Edición General: Adriana Blanco Cortés

Videos: Derechos Digitales, Chile y Ignacio Rosselló y Juan Roberto MascardiDiseño y montaje multimedia: Lorena Parra Argentina: ADC - Eleonora Rabinovich y FOPEA- Andrés D’Alessandro Brasil: Abraji - Marina Lemini Atoji y Artículo 19 Suramérica - Laura TrescaBolivia: ANP - Juan León CornejoCaribe: ACM - Wesley Gibbings y Freddie Kissoon y Adriana Blanco CortésColombia: FLIP - Pedro VacaChile: AMARC - Carlos Aparicio y Perla WilsonEcuador: Fundamedios - Paola Aguilar, Veronica Larrea, César RicaurteGuatemala: Cerigua - Luis Ovalle, Melissa VegaHonduras: C-Libre - Héctor Becerra, Carlos MendezMéxico: CENCOS - Itzel Cruz y Artículo 19 México y Centroamérica - Ivan BaezPerú: IPYS Perú - Luis R. Alarcón Ll. y OLA - Juana ValderramaVenezuela: IPYS Venezuela - Marianela Balbi, Luisa Torrealba y Espacio Público – Carlos Correa y Oswaldo Cali

Traducción General: Adriana Blanco Cortés

Agradecimiento especial a Carlos Lauría- CPJ, Adriana Blanco Cortés, Juan León Cornejo y Luis R. Alarcón Ll.

Créditos

1


13


Hace apenas cinco años estábamos trabajando en nuestras oficinas independientes repartidas por 14 países diferentes de América Latina y el Caribe. A través de IFEX nos dimos cuenta que los temas que tratábamos en nuestros propios contextos eran similares, nuestros desafíos eran muchos y nuestros conocimientos combinados formidables. A raíz de esto, nacía una alianza única. IFEX-ALC se ha convertido en una alianza dinámica de organizaciones que hablan con una sola voz sobre las numerosas amenazas al derecho a la libertad de expresión que se producen en toda la región. Ahora cuando tenemos que lidiar con un problema de libertad de expresión en nuestros propios países, sabemos que podemos contar con nuestros amigos a través de las fronteras de la región. Y aún más, tenemos el apoyo de los miembros de IFEX a nivel mundial. Al pasar por situaciones difíciles en nuestros propios países, es bueno saber que nuestros colegas están con nosotros y nos respaldan. Hemos aprendido que trabajando juntos con respeto, y debatiendo animadamente, podemos seguir consolidando nuestra alianza para hacer una diferencia.

IFEX-ALC desarrolla asociaciones y es un referente en el derecho a la libertad de expresión. Construimos la capacidad institucional de nuestras organizaciones para asegurarnos de poder mejorar y sostener el impacto

de nuestro trabajo y aumentar nuestra eficacia. Juntos, hemos realizado el primer análisis regional sobre la impunidad en nuestra región, coincidiendo con el Día Mundial contra la Impunidad (DMCI) el 23 de noviembre de 2013. El objetivo del DMCI es lograr la justicia para los que han sido y son perseguidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión, llamando la atención mundial sobre la cultura perniciosa de impunidad que existe en muchos países. Nuestra expectativa es que este análisis nos servirá en nuestro futuro trabajo en la lucha contra la impunidad en América Latina y el Caribe y que se convertirá en un recurso útil también para los demás.

Oficina de la Red IFEX555 Richmond St. West, Suite 1101, P.O. Box 407 Toronto, ON, Canadá, M5V 3B1 Tel: +1 416 515 9622 Fax: +1 416 515 7879@IFEXALC

¡LOS RESPALDAMOS!

2


13


Sobre Nosotros

3

¿Por qué un Día Mundial contra la Impunidad?

Todos los días, alrededor del mundo, artistas, periodistas, músicos, escritores y defensores de la libertad de expresión son silenciados, muchos de ellos a muerte; y a menudo sin que los agresores sean investigados o enfrenten alguna consecuencia.

El Día Mundial contra la Impunidad, lanzado el 23 de noviembre de 2011, conmemora el aniversario de la masacre de Ampatuan, ocurrida en Filipinas en 2009, cuando 32 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados, en una de las masacres más terribles de la historia.

El objetivo del Día Mundial contra la Impunidad es lograr justicia para los perseguidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión, llamando la atención global sobre el tema. Asimismo, busca no sólo aumentar la conciencia pública acerca de lo que crea y sostiene una cultura de impunidad, sino también urgir a los ciudadanos de todo el mundo a tomar medidas, hacer oír su voz y exigir justicia.

¿Qué es IFEX-ALC?

IFEX es la red global de organizaciones comprometidas con la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión. IFEX-ALC es la alianza regional de IFEX en América Latina y el Caribe.

Su formación comenzó después de una reunión celebrada en Antigua, Guatemala, en 2009, donde algunas de las organizaciones de IFEX en la región decidieron darle a su trabajo conjunto una impronta más estratégica, amparada en una visión más específica de la alianza y confiada en las posibilidades que esta tiene de ser una fuerza de movilización e impacto en el avance por la defensa de la libertad de expresión en la región.

La misión de la IFEX-ALC es promover y defender el derecho a la libertad de expresión a través de la Alianza regional entre organizaciones que promueven este derecho en América Latina y el Caribe. Para cumplir con esa misión, IFEX-ALC trabaja para mejorar el impacto en la promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión y darle visibilidad a este derecho con el fin de repercutir en la ciudadanía, los periodistas, los medios de comunicación y las autoridades.

Los objetivos de IFEX-ALC son:

• Contribuir al fortalecimiento de las herramientas de monitoreo y registro, así como también los mecanismos de alerta, acompañamiento y denuncia de violaciones al derecho a la libertad de expresión de las organizaciones de la región. Lo anterior, mediante la capacitación, la creación de grupos de trabajo y/o el intercambio de información y experiencias.

• Generar mecanismos de interlocución o diálogo institucional con los diferentes poderes del Estado, los organismos internacionales, los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad civil para que se defienda, garantice y promueva el derecho a la libertad de expresión.

El Informe regional sobre impunidad

Juntos, hemos realizado el primer análisis regional sobre impunidad, y presentamos la edición para 2013 coincidiendo con el Día Mundial contra la Impunidad. Nuestra expectativa es que este análisis nos sirva en nuestro futuro trabajo en la lucha contra la impunidad en América Latina y el Caribe y que se convertirá en un recurso útil también para los demás.

El informe busca hacer un análisis de la situación de impunidad de cada uno de los 11 países de Latinoamérica o el Caribe presentes en él, para hacer una reflexión de los hechos más recientes y del contexto actual en materia de impunidad, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.

Editorial


13


El silenciamiento sin castigo

4

El 23 de Noviembre marca el aniversario de la masacre de Ampatuan ocurrida en 2009, cuando 58 personas - incluidos 32 periodistas y trabajadores de los medios - fueron asesinados en Filipinas. La Alianza por la Libertad de Expresión en América Latina y el Caribe (IFEX - ALC) se articula con el Día Mundial contra la Impunidad, celebrado desde 2011 en conmemoración a ese horrendo crimen, para resaltar la importancia de que opere la justicia en las agresiones contra la prensa en nuestra región.

Las agresiones contra la prensa no sólo cuestionan la vigencia de una democracia. También tiene rostros y vidas que se ven afectadas de manera sensible. En Noviembre de 2012, publicamos el primer informe regional sobre impunidad en América Latina y el Caribe. En éste, a partir de la narración de casos emblemáticos por país, se acentuó la necesidad de nuevas y más justas atmósferas para la reconstrucción de las libertades informativas, débiles aun –en distintas y variadas gradaciones- en nuestro continente.

América Latina atraviesa por un momento crucial del debate para garantizar la libertad de expresión. Coexisten situaciones de riesgo extremo derivadas del crimen organizado y la debilidad institucional en no pocos países. De manera simultánea, cursan procesos legislativos, algunos muy controversiales, que rodean a la libertad de prensa. Persisten las persecucionesprovenientes de funcionarios públicos que intimidan periodistas a través de exageradas denuncias por difamación. Y continúan las dificultades para que sectores históricamente vulnerados como los pueblos indígenas participen libremente de la deliberación pública sobre asuntos de interés común.

Vivimos en una región compleja, que sigue experimentando agresiones contra la prensa sin que las autoridades ofrezcan sistemas judiciales sólidos capaces de asignar sanciones ejemplares a los victimarios. Un año después de la publicación del informe de impunidad 2012 constatar que no existen avances judiciales significativos en general, y que varios de los casos emblemáticos siguen sin resolverse, nos muestra un panorama desolador.

Por lo anterior, la Alianza de IFEX - ALC hace un llamado a las autoridades de los países de la región para que impulsen las investigaciones judiciales y garanticen que se llevarán a cabo de manera exhaustiva y diligente, de acuerdo a las obligaciones internacionales que han adquirido ante los organismos de derechos humanos.

De una justicia adecuada dependen las garantías futuras de para una prensa libre en la región.

México


13


Actualización en materia de Impunidad1. ACTUALIZACIÓN DEL CASODE ARMANDO RODRÍGUEZA cuatro años del homicidio de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón, “El Choco”, la Red de Periodistas de Juárez denuncia que aún no hay ningún avance en las investigaciones en manos de las autoridades para saber quién y por qué lo mató.

Así comenzaba el comunicado realizado por la Red de Periodistas de Juárez publicado el 13 de noviembre de 2012, cuando recién se cumplían 4 años del asesinato de su colega y compañero Armando Rodríguez. Hoy día la situación no ha cambiado.

Cinco meses han pasado desde que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) llamó a periodistas de El Diario a declarar como parte de las investigaciones que se siguen en esa instancia respecto al caso, pero no ha habido más avances públicos de las actuaciones de las fiscalías local y federal.

2. ESTADÍSTICA ENERO 2012 – SEPTIEMBRE 2013De enero a diciembre de 2012 en México se registraron 7 asesinatos de periodistas y de un trabajador de medio de comunicación, mismos que fueronvinculados al ejercicio de la libertad de expresión.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos

5

Regina Martínez Pérez Corresponsal Veracruz 28/04/12 Política Proceso 49 F Crimen organizado

Ana Irasema Becerra Jiménez Dpto. de ventas Veracruz 02/05/12 s/f El Dictamen 33 F Crimen organizado

Gabriel Huge Córdova Fotoreportero Veracruz 02/05/12 Policiaca Notiver 37 M Crimen organizado

Guillermo Luna Varela Fotoreportero Veracruz 02/05/12 Policiaca Veracruz News 21 M Crimen organizado

Esteban Rodríguez Rodríguez Fotoreportero Veracruz 02/05/12 Policiaca Diario AZ 30 M Crimen organizado

Marcos Ávila García Reportero Sonora 18/05/12 Seguridad El Regional 39 M Crimen organizado

Víctor Manuel Báez Chino Reportero Veracruz 14/06/12 General ReporterosPoliciacos 46 M Crimen organizado

Adrián Silva Moreno Reportero Puebla 14/11/12 Policiaca Diario Puntual 35 M Crimen organizado

Nombre Labor Entidad Fecha Fuente Medio Edad Género Supuesto Responsable Federativa del Asesinato

México


13


También en este año cuatro periodistas se reportaron como desaparecidos sin que a la fecha se sepa de su paradero.

En el mismo periodo 41 amenazas fueron recibidas por comunicadores y medios, y 131 agresiones físicas que se pueden desglosar de la siguiente manera:

Para el año 2013, entre enero y septiembre, se han registrado 7 casos de asesinatos, de los cuales hasta este momento se puede confirmar que dos tienen relación directa con la libertad de expresión.

También en este periodo se han registrado 3 desapariciones, de las que sólo 2 se han confirmado.

En tanto que las amenazas de muerte son 32 y las agresiones físicas 50.

6

Cecilio Rodríguez Domínguez Reportero Veracruz 14/05/12 Política Semanario Proyectos M Crimen organizado

Federico Manuel García Contreras Reportero San Luís Potosí 14/05/12 Seguridad Punto Crítico 57 M Funcionario público

Zane Alejandro Plemmons Rosales Reportero y fotógrafo Tamaulipas 21/05/12 Seguridad El Debate 30 M Crimen organizado

Miguel Morales Estrada Fotógrafo Veracruz 19/07/12 Policiaca Diario de Poza Rica 35 M Desconocido

Sergio Landa Rosado reportero Veracruz 23-ene-13 Policiaca Diario Cardel --- H Crimen Organizado

Colaborador del Blog del Narco Editor Desconocido 05-may-13 Policiaca Blog del Narco --- H Crimen Organizado

Nombre Labor Entidad Fecha Fuente Medio Edad Género Supuesto Responsable Federativa de la Desaparición

Nombre Labor Entidad Fecha Fuente Medio Edad Género Supuesto Responsable Federativa de la Desaparición

Nombre Labor Entidad Fecha Fuente Medio Edad Género Supuesto Responsable Federativa del Asesinato

Agresión física o material 133

Agresión física 103

Balacera / Explosivo / Incendio 11

Obstrucción a la circulación 7

Ataque cibernético 7

Robo 5

Alberto López Bello reportero Oaxaca 17-jul-13 Policiaca El Imparcial 28 H Crimen Organizado

Mario Ricardo Chávez Jorge columnista Tamaulipas 30-may-13 General El Ciudadano --- H Crimen Organizado

Fuente: Por qué tanto silencio, daño reiterado a la libertad de expresión en México 2012.

Fuente: Monitoreo y Registro Cencos

México


13


1 Los porcentajes presentados son una elaboración propia a partir de la recomendación que emitió el 15 de agosto de 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo especializado para atender actos u omisiones violatorios de los derechos humanos en el ámbito administrativo federal, y tienen un corte al 31 de julio de 2013. Se puede consultar en el enlace: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/ documentos/Recomendaciones/Generales/REC_Gral_020.pdf

3. CONTEXTO LEGISLATIVO DEL PAÍS a) Impunidad prevaleciente en el país

De enero de 2010 a julio de 2013 la CNDH documentó 297 agresiones, de las cuales 22 son homicidios, 12 son desapariciones y 35 son atentados a medios de comunicación.

De este universo de agresiones, 85.52% se encuentran en proceso de integración, 7.89% en reserva, 1.31% han sido consignadas sin responsable, y tan solo 5.26% han logrado una sentencia condenatoria ejecutariada. 1

b) Atención del Estado

La capacidad de atracción de los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión por parte de la Procuraduría General de la República a través de la FEADLE, publicada el 25 junio, se aplicó por primera vez en el expediente de Armando Rodríguez Carreón en agosto de 2013. A un mes de que esto sucediera, los avances en esta investigación propiciarán la evaluación de esta herramienta legislativa.

Por su parte el estado de la implementación del Mecanismo de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos se encuentra aún en un periodo de respuesta dilatado para atender de manera oportuna las necesidades que garanticen la seguridad de las y los periodistas que acuden a él, por lo que su efectividad se está poniendo a prueba en un escenario adverso para el ejercicio de la libertad de expresión.

Actualmente las instancias locales de seguridad (procuradurías y fiscalías estatales) no cuentan con una instancia específica especializada para atender delitos relacionados con la libertad de expresión, salvo en los casos de Chiapas, Distrito Federal, Sinaloa y Veracruz.

A nivel estatal tampoco han prosperado las propuestas que buscan contar con una ley específica para proteger el ejercicio periodístico y adecuar las normas penales correspondientes.

7

México


13


1. ESTADÍSTICAS ENTRE ENERO DE 2010 A SEPTIEMBRE DE 2013.

2. ACTUALIZACIÓN DEL CONTEXTO DEL PAÍS.1. Agresiones

De enero a septiembre de 2013, ARTICLE 19 ha documentado en un total de 225 agresiones, esto ya supera al total anual de agresiones del año 2012, en el cual se registraron 207 y al total de 2011 en el que se documentaron 172 agresiones. En nueve meses, 2013 ya es uno de los años más violentos contra la prensa. Resulta preocupante que las agresiones a la prensa continúen siendo en gran porcentaje cometidas por agentes estatales.

Durante el último año, a partir del primero de diciembre de 2012, las protestas han cobrado un nuevo significado y se han tornado más violentas, impactando directamente en la seguridad de periodistas. Así la Ciudad de México se ha vuelto una zona de riesgo para la cobertura al ser el receptáculo de las protestas en México, donde no sólo existe el riesgo de agresiones -evidenciando además la falta de protocolos de actuación de cuerpos de seguridad con la prensa- sino que ha vuelto la criminalización a la prensa.

Un ejemplo es el del periodista Gustavo Ruiz fue detenido cuando documentabauna serie de arrestos y posible actos de abuso del poder (incluyendo uso excesivo de la fuerza pública) realizados por la Policía del DF y que para llevar en libertad el proceso penal inicialmente se le exigía el pago de aproximadamente 10,000 dolares (126,476 pesos) al ser una especie de presunto culpable del delito “ultrajes a la autoridad”. A esto se suman los casos de los Estados de Tlaxcala y Baja California donde también existen claros ejemplos de criminalización tanto por delitos de difamación y calumnias como por el de ultrajes a la autoridad.

En México se fortalecen 2 patrones observados: las autoridades no ofrecen garantías para documentar y agentes del estado han llegado al extremo de la criminalización del ejercicio de un derecho humano. A lo anterior se suma la falta de lineamientos claros en la asignación de publicidad oficial a fin de evitar se actualice una censura sútil.

2. Impunidad prevaleciente

Con base en información solicitada a la FEADLE, de 2010 a 2012 fueron abiertas 294 averiguaciones previas, de las cuales se ejercitó acción penal en 35 casos y en 3 casos se determinó no consignarlas ante un juez. En suma tenemos una efectividad del 11.9% de los casos que tiene como correlato un 88% de “tasa de impunidad”.

Con el objetivo de combatir la impunidad prevaleciente, la sociedad civil inició desde el año 2009 una campaña para lograr las reformas que eliminaran obstáculos en materia de búsqueda de justicia, por lo que en junio de 2012 se logró establecer a nivel constitucional la facultad “para que autoridades federales conozcan de delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos contra periodistas”.

Para que tales reformas comenzaran a operar, correspondía al Congreso de la Unión modificar las leyes secundarias, lo cual ocurrió hasta mayo de 2013 (no obstante la obligación era para diciembre del 2012 según el mandato constitucional). Es así que desde el 5 de mayo de 2013 entró en vigor la

8

Número de periodistas asesinados 7 3

Numero de condenas de la justicia para los autores intelectuales o materiales de asesinados

Número de periodistas amenazados 28 44

Número de denuncias contra periodistas 1 14

Número de agresiones físicas contra periodistas 112 88

Información solicitada de informes de la organización Cifras 2012 Cifras agregados entre enero a septiembre de 2013

México


13


normatividad que faculta a las autoridades federales conocer de los delitos más representativos contra la prensa a fin de abatir la impunidad prevaleciente, tal cual se estableció en los cambios a las leyes ordinarias (Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación, Código Penal Federal, Código). Sin embargo quedan pendientes las adecuaciones reglamentarias en el órgano investigador a fin de brindarle las capacidades financieras, materiales, humanas y técnicas suficientes para lograr el objetivo de las reformas.

3. Protección a periodistas

En junio del 2012 se publicó la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mediante la cual se crea el Mecanismo para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La efectividad del Mecanismo a un año de su implementación se reduce a cifras alegres sobre “solicitudes de incorporación atendidas” (35 periodistas y 52 defensores) y el “número de ocasiones que ha sesionado” la Junta de Gobierno (12) desde noviembre de 2012 a junio de 2013. Sin embargo, aún no se logra que el Mecanismo cumpla en los tiempos marcados por la Ley, situación que se suma a la falta de personal y recursos suficientes que garanticen las capacidades técnicas, humanas y financieras necesarias para operar. Aunque se cuenta con la firma de convenios de colaboración con 26 estados de la República Mexicana, la falta de respuesta inmediata y/o seguimiento se ha vuelto una problemática.

3. Recomendaciones de acciones dirigidas al estado, sobre la base del contexto analizado (y actualizado) de la libertad de expresión en el país y del caso emblemático.

1. Eliminación (derogación) de los delitos contra el honor (difamación, calumnia, injuria) y de otros delitos cuya descripción ambigua envía un mensaje de inhibición o criminalización a periodistas.

2. Desarrollo de investigaciones adecuadas (exhaustivas; rápidas; efectivas; imparciales y objetivas) a fin de lograr la verdad, justicia y reparación en los casos de agresiones a la prensa. Para lo cual es necesario el agotamiento de la línea de investigación derivada del ejercicio periodístico conforme a protocolos de actuación apegados a los estándares más altos.

3. Fortalecimiento de los mecanismos de protección a periodistas dotándoles de las capacidades financieras, materiales, técnicas y humanas suficientes para el cumplimiento de su función.

4. Emisión de la normativa en materia de publicidad oficial acorde a los es-tándares internacionales más altos en la materia.

9

Foto: Reuters

Guatemala


13


Actualización del contexto nacionalLas violaciones a la libertad de expresión se han intensificado en 2013; con resultado de cuatro periodistas asesinados en lo que va del año (en 2012 no se registró ningún asesinato), así como el atentado a uno más; todos ocurridos en los departamentos. Dos de estos hechos se registraron en Jutiapa, el primero el 20 de marzo, en el municipio Moyuta y el segundo el 7 de abril, en Jalpatagua; ambos fronterizos con El Salvador.

El tercer asesinato se dio el 6 de agosto, en la cabecera departamental de Zacapa, también al oriente del país y el cuarto en el departamento de Suchitepéquez, el 19 de agosto; antes, el 12 de este mismo mes y en el mismo departamento, sufrió un atentado otro periodista, del que sobrevivió.

Además de los asesinatos, se suman los hechos violatorios a la libertad de expresión se incrementaron este año, como lo indican las estadísticas, particularmente entre julio y septiembre.

La Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas reporta que trabaja en los casos que conoce y que ha resuelto cinco de ellos este año, algunos de ellos por la vía de la conciliación o del procedimiento abreviado. Sin embargo, los delitos de asesinato aún están en fase de investigación.

En el caso Rolando Santiz, quien fue asesinado en 2008 y que CERIGUA presentó como emblemático en 2012, no hay avances. Se han dado cambios de los fiscales que llevan el caso, lo que implica atrasos, pues quien llega debe informarse de todo el proceso. En este caso, la fiscal a cargo del caso fue removida a otra fiscalía (aproximadamente en agosto) y el fiscal que tomó el caso debe estudiarlo nuevamente, para darle seguimiento a la investigación.

CERIGUA participa desde finales de 2012 en la Instancia de Análisis de Ataques a Defensores de Derechos Humanos, la que coordina el Ministerio de Gobernación y está integrada por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), la Fiscalía de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, así como representación de la sociedad civil.

Con el apoyo de UNESCO Guatemala, CERIGUA realiza una serie de jornadas departamentales de conocimiento y acercamiento del sistema de justicia, para que las y los periodistas tengan acceso a información sobre los escenarios de riesgo que vulneran al gremio, las principales violaciones a la libertad de expresión, la legislación nacional e internacional que protege esos derechos, algunos mecanismos nacionales e internacionales de protección,

los avances en el tema de seguridad para periodistas y la ruta de la denuncia, entre otros.

CERIGUA ha logrado llevar a los periodistas departamentales a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, asesores de derechos humanos del Ministerio de Gobernación, al director ejecutivo de la COPREDEH; también contamos con la presencia del doctor Julio Carranza, nuevo representante de UNESCO en Guatemala.

ESTADÍSTICAS 2010 - 2013

10

Foto: Reuters

Agresiones físicas y verbales 6

Amenazas 4

Intimidación/persecución 4

Difamación 2

Asesinato 1

Herido con arma de fuego 1

Total 19

Violaciones a la libertad de expresión durante el 2010 Total

Guatemala


13


*Difamación; supuesta violación a integridad de trabajadores; periodistas señalados de emitir difamaciones; discusión sobre reformas de Ley de Acceso Público a la Información; robo a negocio de periodista; intento de soborno; asesinato ex conductor de radio; hackeo página web de diario.

*Retención; Hackeo a página web de diario; allanamiento de radio (2); allanamiento de oficinas; supuesto intento de allanamiento de vivienda de comunicador; compra masiva de un diario; robo.

11

Amenazas 13

Restricción a la fuente 8


Intimidación/presión 2

Acoso judicial 1

Detención arbitraria 1

Asesinato 1

Total 33



Otros* 8

Intimidación/presión 6

Amenazas 5

Restricción a la fuente 3

Acoso judicial 3

Detención arbitraria 1

Total 36


Amenazas 8

Otros* 8

Obstrucción a la fuente 6

Asesinato 4


Difamación 2

Acoso judicial 2

Agresión física 2

Intimidación 2

Amenazas y obstrucción a la fuente 2

Agresiones físicas y destrucción material 1

Agresiones verbales y obstrucción a la fuente 1

Amenazas y agresiones materiales 1

Intento de asesinato 1

Total 48

Violaciones a la libertad de expresión hasta ael 30 de septiembre de 2013 Total

Guatemala


13


RECOMENDACIONES AL ESTADOPrograma de Protección a Periodistas: CERIGUA considera trascendental que el Estado de Guatemala adopte con urgencia un programa encaminado a la seguridad y protección de los periodistas, en especial de quienes ejerce la profesión en el área departamental.

Durante el presente año Guatemala ha contabilizado la muerte de cuatro profesionales de la comunicación, sin que hasta la fecha las autoridades hayan notificado públicamente un avance o una hipótesis que ayude a resolver de manera eficiente y pronta cada uno de los homicidios.

Hasta finales de septiembre, CERIGUA ha documentado 42 cometidas contra la prensa y en la mayoría de casos se han visto involucrados agentes del Estado o funcionarios públicos. Vemos con preocupación cómo la situación de riesgo para la prensa ha aumentado, debido a que a tres meses de finalizar el 2013 han ocurrido más violaciones que en 2012 (36 casos) y 2011 (36).

En este año Guatemala ha registrado más muertes violentas de comunicadores que en Honduras (dos muertes) y una menos que en México (cinco muertes), por lo que consideramos vital que el Estado implemente medidas de seguridad para ejercer libremente el periodismo, tal y como lo ha recomendado la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Pese a que el gobierno hizo público su apoyo a esta herramienta de protección el 3 de mayo del 2012, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y ha ratificado su apoyo en más de una ocasión, hasta la fecha el Presidente Otto Pérez Molina no ha firmado el documento que de inicio a la construcción del programa.

Fortalecer Unidad de Delitos contra Periodistas: Uno de los pasos importantes para acabar con la impunidad que rodean los crímenes contra los profesionales de la prensa es fortalecer la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas, del Ministerio Público. Este fue uno de los puntos recomendados a Guatemala durante el pasado Examen Periódico Universal (EPU), sin embargo no ha sido atendido por las autoridades.

Aplaudimos los esfuerzos realizados por los encargados de investigar los hechos contra la prensa, sin embargo el personal a cargo de las investigaciones es insuficiente para atender todos los casos que se presentan.

Actualmente la Unidad únicamente cuenta con un jefe fiscal, tres fiscales auxiliares y un oficial, quienes no se dan abastos para estudiar de manera

eficiente todos los casos y movilizarse a los departamentos, cuando el caso lo requiere.

Esto ha afectado la investigación del “Caso Emblemático” (de Rolando Santiz), debido a que la fiscal a cargo del caso fue removida a otra fiscalía (aproximadamente hace dos meses) y el fiscal que tomó el caso debe estudiarlo nuevamente, para darle seguimiento a la investigación.

Y por su parte, la unidad encargada de dar seguridad a periodistas amenazados o intimidades únicamente cuenta con 7 elementos, que también deben proteger a otros defensores de Derechos Humanos. Ese personal hace lo humanamente posible pero es indispensable fortalecer esa estructura.

Recomendaciones ante EPU en 2012

1. El estado debe adoptar, implementar y ejecutar el programa de protección de periodistas como lo anunció oficialmente el 3 de mayo del 2012.

2. Se debe fortalece la Unidad de delitos contra periodistas del Ministerio Público, confiriéndole los recursos necesarios garantizando investigaciones que conduzcan a la condena de los responsables.

3. El estado debe efectuar una evaluación de la actual ley de telecomunicaciones, que ha sido calificada por la Relatorías de la OEA y la ONU como antidemocrática, excluyente y discriminatoria, y adaptarla a los estándares internacionales vigentes.

4. El estado por intermedio del Ministerio de Gobernación debe impulsar acciones para investigar cuáles son los temas más peligrosos para la prensa, especialmente al nivel departamental, para implementar estrategias y planes de acción para la protección de periodistas, medios y comunicadores y atenuar así los daños.

5. El estado debe realizar los cambios legislativos que garanticen el pluralismo en los medios de comunicación e implementación de acciones preventivas para la protección de periodistas.

12

Honduras


13


Recomendaciones 20131. Adoptar medidas efectivas para proteger a los periodistas, defensores de derechos humanos y comunicadores sociales. Y cuando existan ataques, llevar a cabo investigaciones efectivas para prevenir, investigar y castigar las agresiones que tienen lugar dentro de su jurisdicción.

2. Adoptar todas las medidas necesarias para que la investigación y castigo de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en el marco del Golpe de Estado sean parte esencial del proceso de reconciliación nacional.

3. Derogar los artículos en el Código Penal que castigan la difamación, las injurias y la calumnia.

4. La Ley de Telecomunicaciones debe establecer un órgano independiente que regule las transmisiones públicas. Los criterios de asignación de frecuencias deben de ser procesos justos y transparentes, basados en criterios preestablecidos que consideren el interés público, incluyendo la diversidad.

5. La ley también deberá requerir a los órganos reguladores adoptar un plan para la asignación de frecuencias de telecomunicaciones entre los tres tipos que deberían de estar contemplados –públicas, privadas y comunitarias. Medidas efectivas deberán llevarse a cabo para evitar la concentración de medios, para limitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación.

6. Los medios comunitarios deben ser explícitamente reconocidos y promovidos en la ley. La asignación de procedimientos de otorgamiento de licencias y sus reglas, deben de adaptarse a sus circunstancias particulares para que no compitan en contra de sectores privados por las licencias.

7. Medidas efectivas deben llevarse a cabo, incluyendo el necesario marco legal, para implementar la ley de derecho al acceso a la información. Deberán hacerse las reformas necesarias para que la ley cumpla con todos los estándares internacionales.

13

Foto: Reuters

8. Despenalizar la difamación y otras restricciones a los contenidos sobre libertad de expresión para garantizar su armonización con los estándares internacionales.

9. La asignación de la publicidad oficial debe estar sujeta a regulación para garantizar criterios objetivos y justos, a pesar de la línea editorial de los medios de comunicación.

10. El reglamento del Colegio de Periodista de Honduras debe cumplir con los criterios y estándares internacionales y la colegiación obligatoria debe ser eliminada.

Colombia


13


Jineth Bedoya: la perseverancia en la búsqueda de justicia Para el 25 de mayo del año 2000 la libertad de prensa en Colombia cargaba a cuestas con 100 asesinatos y miles de amenazas contra periodistas. Las autoridades habían creado un grupo especializado de investigadores para éstos crímenes al que denominaron Sub-Unidad de periodistas de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.

Antes del 25 de mayo de 2000, Jineth Bedoya, periodista de la redacción judicial del diario El Espectador, a sus 26 años ya había sido víctima distintos ataques e intimidaciones como consecuencia de su trabajo periodístico.

Las agresiones iban desde la exhibición de un animal muerto (indicándole que así iba a quedar si continuaba informando sobre un tema), pasando por sufragios escritos y mensajes telefónicos, hasta agresiones físicas, cuando fue embestida por una motocicleta mientras caminaba en compañía de su madre, quien resultó, seriamente lesionada, por el atentado. Todo esto conllevó a un primer exilio cuando apenas acumulaba cuatro años de ejercicio como periodista cubriendo temas relacionados con orden público, conflicto armado y situación carcelaria.

Si ha existido en Colombia un sector de la población que haya acudido siempre a las autoridades para que actúen frente a los ataques de los cuales han sido víctimas, es el periodismo, y, las agresiones cometidas contra Jineth Bedoya no fueron la excepción, por ello, a raíz de las agresiones en su contra, el Estado colombiano, en Agosto de 1999, ofreció un esquema de protección, la periodista lo aceptó pero jamás fue entregado, Jineth informó sobre todas las amenazas e intimidaciones, pero jamás fueron investigadas.

Parecía que los esfuerzos del Gobierno se centraban en un largo proceso de Paz con la guerrilla de las FARC al mismo tiempo que la guerra no daba tregua ni siquiera en las cárceles. Allí, guerrilleros y paramilitares, estando presos, tenían acceso a armas de gran poder, se enfrentaban sin control y sus celdas se convirtieron en trincheras.

En abril de 2000 en la cárcel modelo de Bogotá, murieron 25 presos como consecuencia de los enfrentamientos. Jineth Bedoya, a pesar de las amenazas recibidas, decidió investigar sobre la guerra en las cárceles de Colombia. Era importante que la sociedad conociera cómo personas capturadas podían instalar y sostener una guerra, sin que nadie los viera, sin que nadie oyera, sin que nadie actuara.

El día que cambió la historia.

El 25 de mayo de 2000, Jineth Bedoya fue secuestrada en la entrada principal de la Cárcel Nacional Modelo de la Ciudad de Bogotá cuando se disponía a recibir una entrevista en el marco del libre ejercicio de su profesión. Jineth fue torturada física y psicológicamente por los captores, quienes le manifestaron en distintas oportunidades que lo que estaba sucediendo era consecuencia de su trabajo periodístico. En su condición de mujer, fue violentada sexualmente por los mismos sujetos. Finalmente fue abandonada en un paraje rural en cercanías a Villavicencio.

Ese día pasó de ser la búsqueda de la verdad, frente a una situación ilógica que despertaba interés en la comunidad, al comienzo de un camino largo, difícil, con muchos obstáculos y retos en la vida de Jineth Bedoya.

El primer reto le correspondía al Estado, que había faltado a la garantía de la libertad de expresión al no prevenir los hechos teniendo todas las herramientas y recursos para hacerlo. Las autoridades estaban llamadas a redimir su culpa iniciando una investigación seria y diligente para sancionar a todos los responsables.

14

Colombia


13


El segundo reto, el más difícil, le correspondió a Jineth. Después de lo ocurrido, la identidad de mujer y encontrar sentido a la labor periodística en un país donde el derecho a informar se traduce sin mayores explicaciones en violencia y traumas, no era una tarea fácil.

Una veintena de países ofrecieron asilo territorial a la periodista, pero Jineth decidió quedarse en Colombia para continuar su labor, profundizando aún más sus investigaciones sobre el conflicto armado colombiano y desplazándose a los lugares más recónditos de la geografía nacional para cubrir de primera mano las consecuencias de ésta guerra. Si el objetivo de sus victimarios era el silencio no lo lograron, hoy día Jineth Bedoya es tal vez la periodista que mejor conoce los vericuetos del conflicto, prueba de ello su trabajo diario como Sub-editora del diario con mayor cobertura a nivel nacional y varios libros que son insumo importante para la reconstrucción de la memoria histórica de un país atravesado por las balas durante décadas.

Pero éste reto personal de Jineth no se redujo a la continuidad de su trabajo como periodista donde tiene una carrera exitosa, se tradujo también en una reivindicación como mujer, reconociendo en ella uno de miles de casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado; visibilizando un cáncer social frente al cual criminales, autoridades y jueces apartan la mirada, normalizan y hasta justifican su ocurrencia.

A Jineth también le insinuaron las autoridades que lo sucedido “se lo había buscado” pero no por ello claudicó en su causa. Hoy Jineth Bedoya es un referente para las mujeres víctimas en Colombia, asume cada causa como propia y promueve ante las autoridades debates para construir un diseño institucional que garantice, que lo que a ella le tocó vivir como víctima, no se repita. Que exista justicia pronta, que el trato de las autoridades sea digno, que no se re victimice, que hayan sanciones ejemplarizantes para los responsables, que existan las garantías para ejercer el periodismo de manera libre, son algunas de sus banderas.

Mientras Jineth con mucho esfuerzo le ganaba a la historia la batalla más difícil (la de reconstruir su vida personal y profesional) el reto de la Justicia no fue una prioridad para el Estado.

Durante once años, poco compromiso demostraron las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos: desconocieron por completo que la periodista es beneficiaria de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se resalta la necesidad internacional de investigar y sancionar a los responsables. Tampoco valoraron adecuadamente decisiones de la Corte Constitucional, donde se emiten órdenes precisas relacionadas con la necesidad de una oportuna investigación de los casos que reporten violencia sexual en el marco del

conflicto armado. No tuvo eco al interior de la investigación el respaldo gremial de los y las periodistas ni del entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia, Anders Kompass, en el sentido de repudiar lo sucedido y considerarlo una afrenta a la libertad de expresión en Colombia. De poco sirvió que haya sido la Unidad Nacional de Derechos Humanos, cuerpo “elite” de la Fiscalía, la dependencia a cargo de la investigación.

La ausencia de Justicia en Colombia fue la razón principal para que Jineth Bedoya, y la FLIP, denunciaran al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington en junio del año 2012. Desde entonces, las autoridades colombianas han tomado decisiones drásticas como el cambio de funcionario a cargo de la investigación. Los avances son notables, en la actualidad hay tres paramilitares vinculados formalmente a la investigación y el caso fue declarado como un crimen de lesa humanidad. A pesar de la prioridad que se le ha asignado al caso, el Estado no ha promovido que los paramilitares vinculados sean llevados a juicio y aún hay un camino muy largo por recorrer para la identificación y sanción de los autores intelectuales.

15

Colombia


13


Colombia. Entre la apropiación estatal de los derechos humanos y la incertidumbre entre la guerra y la paz.

En Colombia se debaten simultáneamente los factores del conflicto para ejercer periodismo y la construcción de ambientes más favorables a la libertad de prensa, como sucede en regímenes con trayectoria democrática consolidada. De esta forma, los periodistas deben soportar las consecuencias de un conflicto de larga data a la vez que se promueven cambios procesos legislativos que tendrían una tendencia a mejorar las condiciones para la labor informativa.

De enero a octubre de 2013 la FLIP ha registrado más de 100 agresiones a la prensa, algunas de ellas arrojan más de un periodista víctima. Esto sucede al tiempo en que el Estado promovió una ley de víctimas, reestructuró la protección de periodistas, promovió la aprobación legislativa de una ley de acceso a la información, delimitó la procedencia de los delitos de difamación para casos excepcionales, e inició una serie de diálogos con un grupo guerrillero para la terminación del conflicto armado.

Una nueva institucionalidad que aún no tiene la trayectoria suficiente para ser evaluada, en la cual existe una gran expectativa pero que también se enfrenta a una realidad muy compleja, sobretodo, en términos de lucha contra la impunidad. A la fecha han prescrito 62 casos de asesinatos a periodistas, es decir, el Estado ha fracasado en su deber de impartir justicia para estos casos.

Las autoridades judiciales han promovido una “nueva” metodología de investigación con el fin de estudiar la macrocriminalidad y asignar responsabilidades a los máximos responsables. Para ello creó la Unidad de Análisis y Contexto que más allá de investigar caso a caso pretende evaluar todas las circunstancias que rodean la violencia en Colombia. Durante el año 2013 la Fiscalía anunció que una de las líneas de investigación que asignó a esta unidad es la relativa a violencia contra la prensa. Son propuestas que, por lo menos, refrescan una esperanza en que búsqueda de justicia pero frente a la cual es claro que aun cuando se estudien macro casos, el Estado no puede obviar o desdibujar su deber de investigar y sancionar ejemplarmente a los responsables de ataques contra la prensa.

RECOMENDACIONES:• Evaluar el trámite judicial de casos de agresiones contra la prensa, especialmente los casos que están ad portas de prescribir.

• Agilizar protocolos para la atención del riesgo de periodistas desde la oferta estatal de protección.

• Promover resultados de garantía a la prensa en la nueva institucionalidad colombiana. Concretamente. Unidad de atención a las víctimas y Fiscalía General de la Nación.

• Dinamizar los espacios de concertación de política pública para la libertad de expresión.

• Implementar la ley de transparencia y acceso a la información pública.

• Capacitar a los funcionarios judiciales que conocen de casos de difamación contra periodistas.

16

Perú


13


Casi nada ha cambiadoLa proximidad de un fallo para reabrir el caso de un periodista muerto en 2004, y la apertura de un proceso judicial para otro acaecido en 2011, son hitos insuficientes para evaluar mejorías en el país. El asesinato de dos periodistas en 2013, y la inanición de una Competencia Especial para tratar casos de periodistas asesinados son el lado negro de una historia que parece la misma.

El 23 de febrero de 2013, Luis Choy Yin Sandoval, reportero gráfico del diario El Comercio, fue asesinado por un presunto sicario en la puerta de su vivienda en Lima. El crimen conmocionó al gremio pues los casos de los años previos correspondían a patrones distintos: eran periodistas del interior del país y conductores de fiscalizadores programas de radio o TV.

Humberto Tasayco Lévano, de la revista Contactos, en Chincha, Ica, abordó una moto taxi para trasladarse a un terminal terrestre. Aparentemente, unos delincuentes que se desviaron del camino lo golpearon brutalmente, lo despojaron de sus pertenencias y lo abandonaron sin más. Luego de unas horas falleció en un hospital a donde fue llevado de emergencia.

Ambos crímenes se investigan sin resultados. En ambos casos la policía cree que no hubo móvil relacionado a la labor periodística de los asesinados pero eso no está claro del todo. En el caso Choy, al autor material de su muerte, Lindomar Hernández Jiménez, (a) ‘Puerto Rico’ y Edgar Eduardo Lucano, quien contactó al primero, han sido eliminados a balazos por la policía en un confuso hecho relacionado con una fuga. Se desconoce el paradero de Giancarlo Zegarra Cuadros, (a) ‘Careca’, y Segundo Vargas Moyano, también implicados en el homicidio. En este caso, tal como ha ocurrido en otros, la investigación está siendo precaria, lenta, obstructiva, no existe la diligencia debida.

Un documento del Consejo de la Prensa Peruana había contado 59 periodistas asesinados por razones de su oficio en el país entre 1982 a 2011. O sea, ahora tenemos 61. Al cruzar los datos de esa triste tabla tenemos un 42% que laboraban en radios, el total fuera de Lima, la capital. Pocos de esos casos como el de otros colegas asesinados han conocido investigaciones policiales determinantes y cuando eso ha pasado el entrampamiento se ha dado en las instancias judiciales.

Un caso es el de Alberto Rivera Fernández, asesinado en abril de 2004. Luego de idas y vueltas y tras una vergonzosa absolución de los dos implicados mayores en mayo de 2012, el ex alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacortay, su gerente municipal, Solio Ramírez Garay, una historia de

verdadera justicia podría escribirse finalmente: el pasado 4 de septiembre la Sala Penal de la Corte Suprema del Perú evaluó la sentencia que absolvía a los mencionados. La Fiscalía pidió se anule la absolución del fallo previo de la Tercera Sala Penal para Reos Libres y se abra nuevo juicio. La SIP ha expresado su confianza en que el crimen no quedará impune.

Periodista del interior aunque de TV, fue Pedro Alonso Flores Silva, quien falleció dos días después de que un encapuchado le disparara a sangre fría el 6 de septiembre de 2011. El asesinato conducía a todas luces y desde un primer momento a otro alcalde a quien el periodista había fiscalizado y criticado, Marco Rivera Huerta, del distrito de Comandante Noel en Casma, Ancash. Para el caso, la policía, presionada por una fuerte indignación colectiva local y de los gremios locales, nacionales e internacionales, armó las piezas de un rompecabezas que en efecto mostraron como figura central al Rivera Huerta. Más de dos años después, el Primer Juzgado Nacional, por intermedio de la jueza Janett Lastra Ramírez, resolvió abrir proceso contra seis denunciados, incluyendo al alcalde, a quienes se les ha embargado preventivamente bienes e impedido salir del país.

Lo cierto es en promedio la lentitud o la inanición. Los otros dos asesinatosde periodistas ocurridos en 2011, los casos de Julio Cesar Narváez y José Oquendo Reyes, no han conocido novedades el último año ni en su investigación policial ni judicial.

17

Perú


13


Roberto Pereira, abogado asesor del IPYS, recuerda que hace ya tres años una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como de la Fiscalía de la Nación creó una Competencia Especial para atender casos de asesinatos de periodistas. A la fecha, de ese mecanismo no se sabe nada, es decir cuántos casos vienen conociendo o han conocido y qué resultados se ha tenido. Quizás estemos ante la prueba fehaciente de un estado al que el tema le es irrelevante.

RECOMENDACIONES 1. El Estado Peruano, en función a lo prescrito por la OEA, la ONU, y demás organismos supranacionales, debe asumir normativa y operativamente su responsabilidad de prevenir e investigar el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

2. El Estado debe de cerciorarse de la implementación de la Competencia Especial para atender asesinatos de periodistas, creada por resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como de la Fiscalía de la Nación en 2010, y de la atención de los casos aún pendientes de investigación, proceso y sanción, muchos de los cuales datan desde hace más de 30 años sin resolver.

3. El Estado debe precisar la orientación de la Autoridad Nacional de Transparencia y sus funciones que será creada conforme lo anunció el presidente del Consejo de Ministros el 23 de julio del 2012, y que debe seguir la propuesta de la Defensoría del Pueblo y garantizar su independencia, especialización y autonomía.

4. El Estado debe promover la reforma de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento y establecer un régimen de sanción para los funcionarios que incumplan con esta obligación, así como implementar indicadores que midan el cumplimiento de atención a las solicitudes de acceso a la información pública.

5. El Estado debe realizar campañas masivas sobre la existencia y ejercicio del derecho de acceso a la información pública como parte de la lucha en contra de la corrupción.

18

Ecuador


13


Actualización del contexto de ImpunidadCONTEXTO Un clima hostil en contra de los medios de comunicación y periodistas, agravado por la aprobación de una Ley Orgánica de Comunicación, restrictiva para el ejercicio del periodismo, ha marcado este 2013.

Agresiones físicas, amenazas a periodistas, cierre de medios de comunicación, uso de cadenas nacionales para descalificar a medios y periodistas, y un discurso estigmatizante desde las más altas esferas, forman parte de los 739 ataques contra la prensa que han sido reportados por la Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión y de Prensa de Fundamedios, desde el año 2008. Sin embargo, uno de los casos más graves ocurrió el 11 de abril de 2013 en Guayaquil, con el asesinato del periodista Fausto Valdiviezo, que aun no ha sido esclarecido.

Pocos casos son los que han tenido pronunciamientos oficiales o investigaciones ante instancias judiciales. Los demás no han sido investigados ni indagados, mucho menos condenados por las autoridades oficiales, porque a su juicio, varios de los hechos reportados son “falacias”.

Ecuador incumple con las recomendaciones planteadas en el EPU

El 21 de mayo de 2013, se cumplió un año desde que el Ecuador se sometió al Examen Periódico Universal (EPU), en Ginebra. Transcurrido este tiempo, se puede concluir que existe incumplimiento de las recomendaciones relativas a las libertades de pensamiento y expresión, así como los derechos de asociación y protesta pacífica.

Ecuador recibió 24 recomendaciones sobre libertad de expresión de un total de 134 sobre derechos humanos. Durante el EPU, 18 estados del sistema de Naciones Unidas mostraron su preocupación por la situación de este derecho fundamental en Ecuador. En septiembre de 2012, durante la sesión de adopción del informe, Ecuador rechazó tres de las recomendaciones recibidas mencionando que ya estaban siendo implementadas.

Dichas recomendaciones han sido agrupadas en 5 grandes temáticas: 1) el trabajo de los órganos internacionales de protección del derecho a la libre expresión; 2) garantías generales al ejercicio de este derecho; 3) la adecuación de la normativa penal en materia de libertad de expresión; y 4) la protección para la prensa y, 5) los defensores de derechos humanos.

Actualmente, las 24 recomendaciones son incumplidas por el Estado. A esta conclusión se llegó luego de evaluar un informe de “avance” de la aplicación de dichas recomendaciones por el Ministerio de Justicia.

El Presidente y las agresiones

Quienes están llamados a dar protección y garantizar la integridad de los profesionales de la comunicación, son precisamente quienes han iniciado una campaña de descrédito en su contra. 1

Se ha evidenciado el incremento de ataques y utilización de discurso estigmatizante contra periodistas y medios de comunicación por parte de diferentes actores, entre los que sobresalen funcionarios públicos encabezados por el Presidente 2 . Los calificativos más frecuentes para referirse a la prensa son: “manipuladores, mediocres, conspiradores, sicarios de tinta, golpistas, etc.”. Estos calificativos también son adoptados por quienes se

19

1 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado al respecto “en materia de libertad de expresión y protección a derechos de terceros, el respeto se materializa mediante la debida diligencia que el funcionario público debe tener al momento de difundir ideas y pensamientos, con el fin de que su discurso no se convierta en un mecanismo estigmatizador, de hostigamiento, señalamiento, criminalización e intimidación”.2 Estigmatizar: ¿una estrategia para aplastar a la crítica? Disponible en http://www.fundamedios. org/monitoreo/Estigmatizar.pdf

Ecuador


13


identifican como seguidores de la llamada “Revolución Ciudadana”, quienes manifiestan términos iguales a través de las redes sociales.

MÁS EVIDENCIAS Otros indicadores que muestran el nivel de impunidad en el país son las amenazas, detenciones ilegales e impedimentos a la labor periodística, al igual que en 2012. Resaltamos los siguientes casos:

• El 1 y 2 de octubre, el periodista David Castillo, corresponsal de diario La Hora en la localidad de Huaquillas –en la frontera sur del país-, y el reconocido periodista de investigación Juan Carlos Calderón fueron amenazados de muerte tras la publicación de notas periodísticas. En el primer caso, se trató de una noticia relacionada a la detención de un presunto sicario, mientras que en el segundo caso, por la difusión de una investigación relacionada con el supuesto mal manejo en los reaseguros del Estado, en la revista digital Plan V.

• El 12 de mayo de 2013, el periodista y director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, Diego Cornejo, fue amenazado por un desconocido, mientras caminaba por un parque en el norte de la ciudad de Quito.

• El 11 de marzo el caricaturista Xavier Bonilla, conocido como Bonil, denunció que ha sido víctima de amenazas a través de las redes sociales. Los hechos ocurrieron tras descalificaciones proferidas por el Presidente Rafael Correa durante su Enlace Ciudadano No 310.

• El 20 de mayo de 2013, el equipo periodístico de la estación televisiva Ecuavisa fue agredido físicamente mientras intentaba tomar testimonios de usuarios inconformes con la entrega de medicinas en el hospital público Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito.

• El18 de abril de 2013 el periodista Christian Zurita del diario El Universo, fue agredido físicamente por el fiscal provincial Simón Lara Grueso, en la localidad fronteriza de Esmeraldas -ubicada a 318 Km al norte de Quito- cuando cubría la audiencia de juzgamiento de uno de los involucrados en el caso de narcotráfico denominado “Resurgir”.

Al igual que en años anteriores, y pese a que han existido denuncias por parte de las víctimas ante la Fiscalía, las investigaciones no han prosperado y nada se ha hecho para identificar o castigar a los agresores.

El caso de Martín Pallares y los estigmas de ser periodista

Las agresiones verbales y epítetos proferidos por el Presidente en contra de Martín Pallares, editor de contenidos digitales del diario El Comercio, no son novedad. Por lo menos en diez ocasiones distintas, el presidente Correa ha utilizado adjetivos como “enfermo, sicario de tinta, chiflado, etc.”, para referirse al periodista. 3

Este discurso peyorativo ha provocado que ciudadanos afines al gobierno lo insulten y amenacen a través de las redes sociales y rechacen la opinión del periodista –quien mantiene una columna semanal de opinión-.

El rostro del asesinato

Entre 2012 y 2013 se registraron cuatro asesinatos, de los cuales tres continúan en la impunidad. El único asesinato esclarecido a la fecha ha sido el del fotoperiodista Juan Antonio Serrano, hermano del Ministro del Interior, José Serrano, asesinado la madrugada del 2 de septiembre de 2012.

Ángel Aguilar, el autor de este crimen, fue condenado en enero de 2013 a 20 años de prisión, aunque las autoridades confirmaron que el crimen no tenía relación alguna con su profesión, pues ocurrió en una gresca en una fiesta privada, por lo que Fundamedios lo retiró de sus estadísticas anuales.

A continuación, presentamos un breve resumen de los asesinatos, aún sin resolver, o cuyo móvil y circunstancias no han sido aclaradas por la justicia:

• El jueves 11 de abril de 2013, el periodista Fausto Valdiviezo fue asesinado por desconocidos en la ciudad porteña de Guayaquil. Testigos revelaron a la prensa que el periodista de 53 años de edad habría sido abaleado por tres sujetos encapuchados.

• El 01 de julio de 2012, Byron Baldeón, periodista de diario Extra fue asesinado por desconocidos cerca de su domicilio, ubicado en la localidad de El Triunfo, a 61 Km de la ciudad costera de Guayaquil.

• El lunes 3 de septiembre de 2012, la Policía halló el cuerpo del periodista Luis Arnoldo Ruiz, conocido como “Noro”, asesinado con un balazo en la cabeza. El comunicador era corresponsal de los diarios Extra y Expreso en la localidad de Playas, ubicada a 97 Km de Guayaquil.

20

3 Informe Fundamedios. Abril 2013.

Ecuador


13


De los ataques citados, solo el de Fausto Valdiviezo y el de Byron Baldeón merecieron el pronunciamiento de las más altas autoridades y el inicio de un proceso penal.

El 15 de abril de 2013, el Ministro del Interior, José Serrano descartó que el crimen contra el periodista Valdiviezo tuviera relación con su actividad profesional. El Ministro informó sobre la detención de siete sospechosos ligados a una banda vinculada al tráfico de drogas, usura y trata de personas. El ministro Serrano afirmó que esa evidencia establecía una relación “inusual” entre el periodista y los sospechosos del crimen.

Esto generó el rechazo de los familiares del periodista, quienes enviaron una carta al Ministro para que esclareciera su declaración y limpiara la memoria del periodista. El Ministro contestó que serán los jueces los que determinen con precisión los hechos. Aun se desconoce la relación que podrían tener los presuntos culpables con el fallecido. Sin embargo, allegados al periodista han apuntado a Carlos Coello, gerente del medio estatal TC Televisión como sospechoso de un atentado días antes contra el periodista.

Fundamedios solicitó al Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, que se conduzcan las investigaciones con celeridad, efectividad y transparencia. El Fiscal respondió que todas las actuaciones en el proceso se han realizado con diligencia.

Concluida la instrucción fiscal, el 25 de septiembre de 2013, la Fiscalía del Guayas acusó a cinco de los seis involucrados en el asesinato del periodista. Sin embargo, para el abogado Julio César Cueva, defensor de la familia del comunicador, “no se ha investigado a todos los involucrados”.

Durante la audiencia del dictamen fiscal, la Fiscalía no tomó en cuenta el testimonio de la familia de Valdiviezo afirmando que la noche del crimen desaparecieron seis cajas que contenían “todo” lo que el comunicador investigaba desde hace más de dos años.

Por su parte, en el caso de Baldeón, el Ministro del Interior, José Serrano, en rueda de prensa, aseguró que conformará un cuerpo policial de “élite” que investigará el homicidio del fotoperiodista. A una semana del asesinato el presidente Correa señaló que no permitirá que este delito quede en la impunidad. Empero, no se conocen avances en las investigaciones.

FUNDAMEDIOS SIGUE SIENDO ATACADOA la par de las descalificaciones públicas, agresiones y amenazas contra la integridad física de Cesar Ricaurte y miembros de Fundamedios se hicieron presentes a través de correos electrónicos y redes sociales. Éstas fueron denunciadas a las autoridades, ante lo cual el Ministerio del Interior decidió proporcionar seguridad policial a Ricaurte, mientras se realizaban investigaciones sobre las amenazas. Ricaurte decidió no continuar con la protección pues la información de sus actividades estaba siendo transmitida a autoridades públicas.

Por este caso, a pedido de una Asambleísta, la Fiscalía General inició una indagación previa (N° 170101811122078-SS) por el delito de impedimento de libre expresión. Hasta el momento, pese a los requerimientos para conocer sobre el estado de las investigaciones, no se conoce resultado alguno.

En 2013, Fundamedios y Ricaurte continúan siendo blancos de agresiones por entes estatales. Un ejemplo es la campaña emprendida por medios del gobierno y entes estatales en contra de la ONG, que ocasionaron llamadas telefónicas e intimidaciones a través de redes sociales y correo electrónico.

21

Ecuador


13


Lo anterior se desató a partir de la audiencia del pasado 12 de marzo, ante la CIDH, cuando las agencias y órganos informativos del Gobierno descalificaron el trabajo de la organización acusándola de “desestabilización”.

Adicionalmente, el 19 de marzo de 2013, una cadena ordenada por la Secretaría Nacional de Comunicación interrumpió durante nueve minutos el noticiero de Ecuavisa para aclarar “las tergiversaciones y hasta falsedades en torno a la libertad de expresión en el Ecuador”, supuestamente vertidas por el Director de Fundamedios, en entrevistas sobre la audiencia ante la CIDH.

Caso Hinostroza

El 19 de Septiembre de 2012, la periodista Janet Hinostroza confirmó públicamente que recibió amenazas y anunció como medida “preventiva” su retiro temporal del espacio informativo “La Mañana de 24 horas” de Teleamazonas.Las amenazas surgieron a partir de la difusión de una investigación titulada “Los vínculos del poder”, referentes a irregularidades en el Banco Central del Ecuador, cuyo director es primo del Presidente.

Actualmente, la periodista se mantiene alejada de su antiguo programa y sus apariciones en la pantalla chica son limitadas.

¿Protección efectiva?

En los casos mencionados, si bien las autoridades han manifestado su preocupación ante los hechos, han propiciado una serie de ataques y difamaciones en contra de quienes son blancos de agresiones.

Tanto en los casos de Ricaurte como de Hinostroza, es evidente la actuación de las autoridades en el sentido descrito. La escolta policial otorgada a Ricaurte constituyó un instrumento de averiguación de sus actividades, por lo que tuvo que prescindir de ella. Esto dio lugar a la publicación de varios artículos en medios gubernamentales presentando información personal, exponiendo aún más su integridad.

Hinostroza también rechazó la protección policial al considerarla inviable para ejercer su profesión. El presidente Correa al conocer sobre las referidas amenazas se solidarizó con ella pero a la vez descalificó su trabajo.

Posición de la Relatoría Especialpara la Libertad de Expresión

Por lo casos registrados durante estos años, la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la OEA en sus distintos informes ha exhortado al Estado a investigar y esclarecer “los graves hechos de violencia registrados contra los periodistas”, a la vez que llamó a las autoridades a promover una cultura del “respeto por el pensamiento diverso y se abstengan de hacer declaraciones que, de cualquier manera, puedan fomentar un clima de intolerancia social”. Solicitó además a las autoridades ecuatorianas “contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello”.

A pesar de las observaciones realizadas por la Relatoría especial para la Libertad de Expresión, como por otras organizaciones internacionales, las agresiones contra periodistas van en aumento. Sin embargo es más grave que la mayoría de agresiones han sido originadas por altos funcionarios del Estado.

22

Venezuela


13


Jugar a cansar a las víctimasLa actuación de un Estado agresor, por omisión en sus responsabilidades de justicia, se hace permisible ante la impunidad, mientras aumentan las agresiones contra los periodistas, existe un uso abusivo del poder para criminalizar la actividad mediática y no existen castigos para los victimarios.

En las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela no existen medidas destinadas a evitar que esos hechos sigan ocurriendo. La reparación y la justicia para las víctimas son las grandes ausentes. Existe una cultura de la impunidad con elevados registros de agresiones contra periodistas; ataques contra medios de comunicación privados, públicos y comunitarios; obstrucciones para la cobertura periodística y un uso abusivo del poder del Estado, en detrimento de las libertades informativas. En estas infracciones no existen investigaciones ni determinación de las responsabilidades de los victimarios.

Se ha hecho recurrente la aplicación de normativas que vulneran la libre expresión e información de los periodistas, y se evidencia que desde el Estado -por omisión- se desconocen los principios del derecho a la justicia, en las violaciones de derechos humanos contra periodistas. Persisten mecanismos legales para restringir el trabajo de los periodistas y los medios privados e independientes, mediante acciones judiciales y órdenes provenientes de altos funcionarios del gobierno nacional, principalmente. En algunos casos, el propio Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha pedido cárcel y el castigo más severo para directivos de medios de comunicación. Las acusaciones formuladas por representantes del poder ejecutivo han sido respaldadas con la actuación de los órganos de justicia, de manera que muestran una posiblearticulación entre los poderes públicos para restringir el ejercicio de la libertad de expresión e información, tanto de los trabajadores de medios como de la sociedad en general.

Se han emitido decretos y reglamentos que son restrictivos para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Uno de ellos fue creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), dependencia de la Presidencia de la República. Ésta es una instancia cívico militar, que entre sus funciones establece la facultad para clasificar y declarar como reservada información de interés público, de acuerdo a criterios del poder ejecutivo. Otra de las disposiciones que preocupa, en materia de libertad de expresión, es el Reglamento Especial de Zonas de Seguridad del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional debido a que configura una amenaza para la libre expresión e información de los trabajadores de medios, empresas editoriales y ciudadanos en general, al establecer sanciones civiles, penales y administrativas, por la difusión de información sobre el sistema eléctrico

que pudiera ser considerada “sensible”. Se recurre constantemente a las amenazas de aplicación de las sanciones estipuladas en la Ley Orgánica contra la DelincuenciaOrganizada y Financiamiento al Terrorismo, orientadas a criminalizar cualquier actividad informativa que pueda ser considerada como parte de una acción delictiva, generación de zozobra y como parte de un plan de ataque contra la soberanía y seguridad de la nación.

Aumentan los controles que criminalizan la expresión pero no se evidencian avances en las investigaciones de agresiones contra periodistas. Tal es el caso de Fernando Peñalver (ver caso páginas atrás). A pesar de la denuncia que él y los otros 12 compañeros de trabajo agredidos presentaron ante el Ministerio Público, las audiencias, las pruebas, los testimonios, los exámenes forenses presentados por las víctimas y que dan fe de los hechos, el caso no ha sido resuelto, a pesar de que los responsables están plenamente identificados. “Aquí se está jugando al cansancio de las víctimas y que por efectos de la impunidad se repitan hechos como éste”, manifestó Peñalver al momento que consideró que en el partido de “la impunidad ninguna de las partes sale victoriosa”.

23

Venezuela


13


Todo huele a conspiración. Después de los funestos sucesos de agosto de 2009, el Ministerio Público comenzó una investigación proactiva de los hechos. Logró acumular varias pruebas necesarias para identificar a los responsables. Sin embargo, el expediente desapareció los siguientes tres años. No fue sino hasta finales de 2012 cuando luego de una búsqueda exhaustiva por parte del mismo Fernando Peñalver y Espacio Público apareció el expediente en la oficina del Fiscal 52.

Luego de la presión de las víctimas y los abogados, el Tribunal de Control Penal decidió dar plazo hasta diciembre de 2012 para que la Fiscalía entregara la conclusión de su investigación. Así, finalmente la Fiscalía entregó el escrito acusatorio contra tres presuntos responsables. De los doce periodistas afectados, sólo dos (Fernando Peñalver y Usbaldo Arrieta) tuvieron lesiones graves que no han prescrito en instancias internas; lamentablemente diez trabajadores de Cadena Capriles que sufrieron golpes, cortaduras y ataques no podrán ser juzgados por la prescripción de estos delitos.

Luego se convocó la audiencia preliminar para enero de 2013, la que se postergó en numerosas oportunidades debido a las inasistencias injustificadas de las víctimas o sus defensores. Así las cosas, no fue sino hasta el 8 de julio pasado cuando se llevó a cabo la audiencia preliminar, en la cual el Tribunal decidió que el escrito de acusación de la Fiscalía no detallaba suficientemente los crímenes cometidos por los imputados, y dio un plazo de 14 días para que la Fiscalía hiciera las correcciones. Este nuevo escrito nunca fue presentado. La Fiscalía manifestó su decisión de no hacerlo, con lo cual, probablemente el Tribunal decida regresar el expediente a Fiscalía a la espera de comenzar en un futuro un nuevo proceso judicial desde el principio. Los imputados quedarán en libertad plena.

“Esto no puede volver a pasar”, culmina Fernando Peñalver, como un clamor en su búsqueda de justicia.

Si esto es paradigmático, en realidad en Venezuela es cada vez más difícil el ejercicio global de la libertad de expresión. Cada vez son menos los espacios de los que disponen aquellos que quieren sentar una opinión crítica o disidente. La mayor parte de los medios de comunicación son manejados por el gobierno o han doblegado su línea editorial a éste. La autocensura se ha convertido en el mayor de los problemas, producto del miedo infundido por las autoridades quienes directa e indirectamente amenazan con usar su poder para castigar a quienes se expresen en su contra.

Este panorama es propicio para exhortar al Estado venezolano a investigar las agresiones contra medios de comunicación y periodistas, de manera exhaustiva, diligente e imparcial, para sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Y para exigir que las autoridades públicas rechacen

públicamente los ataques y agresiones contra periodistas y medios de comunicación y que se evalúen y modifiquen o deroguen las leyes y decretos que favorezcan la censura previa, penalicen el desacato o vilipendio; y se establezcan excepciones imprecisas o ambiguas para la libertad de expresión y el acceso a la información.

RECOMENDACIONES1. Que exista una posición pública gubernamental permanente que promueva el derecho a la libertad de expresión y condene los ataques físicos contra medios y periodistas.

2. Que el Estado venezolano coordine con los trabajadores de medios sujetos a medidas de protección por parte de instancias internacionales, la implementación de las mismas.

3. Que el Estado venezolano lleve a cabo las acciones necesarias para investigar las agresiones contra medios y reporteros de manera exhaustiva, diligente, imparcial y orientada a explorar todas las hipótesis posibles.

4. Que el Estado venezolano evalúe y modifique o derogue las leyes y decretos sobre la materia que favorezcan la censura previa, penalicen el desacato o vilipendio; y establezcan excepciones imprecisas o ambiguas para la libertad de expresión y el acceso a la información.

5. Que el Estado venezolano extienda una invitación oficial para que los relatores especiales de Libertad de Expresión de los Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos visiten el país y constaten la situación de ese derecho en Venezuela.

6. Que el Estado venezolano garantice el acceso a la información mediante la promulgación de una ley sobre la materia.

7. Que el Estado venezolano garantice la pluralidad y diversidad en los medios de comunicación audiovisual.

24

Caribe


13


Resolución aprobada por la reunión de la Asociación de Trabajadores de los Medios del Caribe en su Séptima Asamblea General Bienal en Puerto España, Trinidad, el 26 de octubre 2013Reconociendo la designación del 23 de noviembre como el Día Mundial contra la Impunidad, hecha por el Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), en el año 2011;

Tomando nota de la referencia a la masacre de Ampatuan, Filipinas, del 23 de noviembre de 2009, que reclamó 57 víctimas, incluyendo 32 periodistas y trabajadores de medios de comunicación;

Guiada por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Carta Democrática de la OEA y de la Carta de la Sociedad Civil de la Comunidad del Caribe (CARICOM);

Tomando nota de la Declaración Conjunta de 2006 de la Relatoría Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Relatoría Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y el Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos), que hace un llamado a la acción contra la impunidad en casos de ataques contra periodistas;

Reconociendo el apoyo específico del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, reconociendo este suceso en su informe al Consejo de Derechos Humanos del 4 de junio de 2012;

Reafirmando nuestro deber como una red regional de promover la libertad de prensa y la libertad de expresión, en colaboración con organizaciones internacionales como IFEX del cual el ACM es miembro; convencidos de que existen las condiciones para la impunidad de las violaciones de los derechos humanos en el Caribe y estas han sido demostradas en el pasado;

Recordando nuestra propia referencia de los actos de violencia y la victimización sufrida por el columnista y académico guyanés, Freddie Kissoon , en el Informe de Impunidad de IFEX de 2012. Tomando nota de la imposibilidad de llevar ante la justicia a los responsables del asesinato del comunicador y activista político guyanés, Ronald Waddell, asesinado el 30 de enero de 2006;

Observando el continuo fracaso de las autoridades de Haití de llevar ante la justicia a los responsables del asesinato del locutor de radio haitiano, Jean Leopold Dominique, asesinado el 3 de abril de 2000;

Tomando nota de las continuas falencias de Surinam para asegurar que se haga justicia en nombre de los 15 activistas de la oposición y periodistas ejecutados en diciembre de 1982;

Convencidos que registrar y resaltar las violaciones de los derechos humanos que escapan a la justicia fomentará acciones positivas en los planos nacional e internacional para disuadir futuros actos de impunidad;

1. Hace hincapié en la importancia de celebrar el Día Mundial contra la Impunidad el 23 de noviembre de cada año y se compromete a desempeñar un papel en este tipo de celebraciones,

2. Reconoce que las organizaciones integrantes, los coordinadores nacionales y miembros individuales de la ACM juegan un papel importante en la sensibilización del público sobre la necesidad de detectar, informar y abogar por la acción en todos los casos de impunidad de violaciones de los derechos humanos,

3. Suscribe y apoya el trabajo de IFEX y sus organizaciones integrantes en la búsqueda de un mayor reconocimiento del Día Mundial contra la Impunidad como una observancia global,

4. Insta a los Estados miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) a poner mayor empeño en la búsqueda de la justicia en nombre de las víctimas de violaciones de derechos humanos en todas sus manifestaciones.

Los representantes de :Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guayana, Jamaica, St Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago

25

Bolivia


13


Actualización del contexto del país en materia de impunidadEVO Y LA “DESCOLONIZACIÓN” DE MEDIOSLa amenaza de “descolonizar” a los medios de comunicación privados e independientes anunciada por el presidente Evo Morales, el pasado 15 de octubre en la Universidad de La Plata (Argentina) 1, define la ofensiva política orientada a restringir las libertades ciudadanas de opinión, de expresión y de prensa.

El discurso pronunciado por el mandatario se transformó en una lamentable ironía porque el título obtenido, de Profesor Honorario de Estudios Sudamericanos y Comunicación, reclama un compromiso y defensa de las libertades democráticas.

“Sólo trabajando de manera conjunta, estoy convencido, podemos liberarnos de los medios de comunicación que son para dominación, que generalmente están en manos de los privados”, dijo Morales, según el periódico La Razón de La Paz 2.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), a través de su director ejecutivo Juan León Cornejo, expresó que sería importante evitar generalizaciones de ese tipo al más alto nivel de gobierno. Por el peso específico de quienes las hacen, generalmente inducen a reacciones negativas frente a los medios de comunicación, advirtió el periodista.

La afirmación de León refuerza la tesis de que los ataques verbales y físicos de organizaciones sociales afines al partido gobernante, están alentados por declaraciones y agresiones verbales contra el trabajo de los medios independientes.

La Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia denunció que entre enero y septiembre de 2013, se registraron 18 casos de agresiones físicas, verbales y amenazas contra periodistas y medios de comunicación.

“La Constitución garantiza las libertades de información, expresión y opinión, cuyo ejercicio demanda la existencia de medios de comunicación libres e independientes. La pretensión de subordinar todos los medios a una sola

ideología conculca esas libertades y muestra una característica principal de los gobiernos totalitarios y autoritarios”, opina León.

El representante afirma que en democracia la gente tiene el derecho a elegir el diario, la estación de radio o el canal de televisión para informarse, entretenerse o formar opinión. Obligarla a ver sólo los medios que reflejan la que dice o piensa el gobierno es coartarles ese derecho”, afirma el representante de la ANP.

LA BATALLA POR EL ACCESO A LA INFORMACIÓNEn Bolivia, los periodistas y medios independientes libran una batalla contra el objetivo político del gobierno por restringir el acceso ciudadano a la información pública. Un proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa Plurinacional que, originalmente, tenía por finalidad abrir las herméticas cerraduras de los datos guardados con exceso de celo, invierte ese propósito al aplicar restricciones que terminan por bloquear cualquier interés ciudadano de obtener información de los administradores públicos.

26

Foto: Reuters

1 D’ALENCAR, Ruy. Evo pide cambiar los medios para avanzar en el país. El Deber, 18 de octubre de 2013, p.A152 MEALLA, Luis. Evo habla de ‘descolonizar’ a los medios privados. La Razón, 18 de octubre de 2013, p.A4.

Bolivia


13


El proyecto impulsado por el Ministerio de Transparencia y en debate en una comisión de la Asamblea Legislativa, cambia el sentido al decreto 28168 3 promulgado en mayo de 2005, y que restringe solamente el acceso a datos secretos y de carácter reservado.

Por el contrario, el documento analizado por los legisladores que pertenecen al partido gobernante, incluye 11 restricciones que terminan por eliminar el espíritu de apertura que se reclama de una ley de acceso a la información.

La voz de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), junto a otros líderes de opinión y organizaciones sociales, se identifica con un deseo de garantizar la libertad de los ciudadanos de conocer la forma en que se administran los recursos públicos.

La ANP reiteró que todo periodista tiene por primera tarea hacer prevalecer los derechos de los ciudadanos y rechaza posiciones políticas y doctrinarias que desean marginar a los comunicadores del debate de un tema de interés colectivo.

En apoyo a la aplicación del 28168 y su fortalecimiento a través de una Ley, la ANP propuso que “las excepciones deben referirse a información secreta y reservada o confidencial del Estado Plurinacional, relacionadas exclusivamente a temas de seguridad interior y exterior del Estado y se definirán mediante ley expresa, debidamente justificada.

Un texto de esa naturaleza permitirá satisfacer el requisito fundamental de garantizar la necesaria transparencia informativa con miras al control social de la administración del estado y la lucha contra la corrupción”, anota la sugerencia de la ANP.

LA IMPUNIDAD QUE GOLPEAA pesar de los reclamos de la ANP, la Fiscalía mantiene silencio acerca del proceso de investigación sobre los incidentes violentos que provocaron lesiones serias y posterior muerte del periodista de Radio Municipal de Pucarani, Carlos Quispe, el 29 de marzo de 2008.

A cinco años del trágico suceso y ante la proximidad de la prescripción del asesinato del comunicador, la ANP recordó que la Ley del Ministerio Público obliga a la conclusión de las investigaciones, para establecer las responsabilidades de un hecho que es rasgo elocuente de impunidad. De no mediar actuación alguna, en tres años podría extinguirse la causa que

fue abierta tras la muerte de Quispe, un radialista de 31 años, que en el momento del ataque de una turba permanecía en los estudios de la emisora, instalados en el edificio municipal de Pucarani, una población rural localizada a 50 kilómetros de La Paz.

Otro caso aún inmerso en las interminables investigaciones es el atentado contra el periodista y director de Radio Popular de Yacuiba, Fernando Vidal, y la trabajadora de ese medio, Karen Arce, quienes sufrieron un atentado terrorista cuando desconocidos incendiaron los estudios de la emisora y provocaron heridas a ambos, el pasado 29 de octubre de 2012.

La Fiscalía ordenó la detención de supuestos responsables materiales del hecho, pero las pesquisas permanecen inconclusas y la justicia no llega.

27

3 Decreto Supremo No. 28168. Gaceta Oficial, 17 de mayo de 2005.

Bolivia


13


28

ESTADÍSTICAS CON DATOS ACUMULADOS ENTRE 2010 Y SEPTIEMBRE DE 2013

Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia

Resumen de Alertas por CategoríasPeriodo 2010 a septiembre de 2013

1. Agresiones físicas y atentados 13 19 33 10

2. Agresiones verbales y amenazas 25 27 17 8

3. Agresiones Materiales a equipos de periodistas y de medios 1 4 5 2

4. Restricciones al trabajo periodístico 14 6 2 5

5. Alertas por normas o proyectos que dificultan el acceso a la información pública y el trabajo periodístico 1 4 7 4

6. Incidentes de acoso judicial o administrativo 8 13 10 4

7. Reconocimiento judicial a la vigencia de la Ley de Imprenta - 2 - 1

8. Desplazamiento forzado, refugio o exilio - 1 1 -

9. Detención 1 3 2 -

10. Intimidación/presión/vigilancia - 1 - 2

11. Asesinato - 1 2* 1**

12. Demandas judiciales contra agresores a periodistas - - 4 1

13. Otros

2010 2011 2012 2013

No. Tipo de agresiones Número de agresiones y casos

1. *Tres periodistas asesinados. Los casos continúan en investigación.2. **Fue asesinada por su cónyuge, un oficial de policía.

Chile


13


La voz mapuche se escuchó en GinebraApoyada por IFEX – ALC y AMARC, Mireya Manquepillán Huanquil, la directora de Radio Kimche Mapu, emisora comunitaria mapuche del valle Puquiñe de la Región de Los Ríos, a la cual le fue aplicada la legislación que penaliza la radiodifusión comunitaria sin autorización, expuso este año su caso ante la sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU.

Por su importancia para los derechos de la libre expresión y otros derechos más, la misión fue aprobada por unanimidad en la Reunión Anual de la Alianza Regional de organizaciones de IFEX – ALC en junio de 2013, en Phnom Penh, Camboya. Unos meses después, el 13 de agosto, en Ginebra, Mireya Manquepillán contaba de voz propia ante Comité de expertos independientes del CERD, su caso emblemático, que ilustra y representa la dura situación de los medios indígenas de su Chile.

(Es de aclarar que el caso de Radio Kimche Mapu y de Mireya Manquepillán, retrato de una problemática donde se cruzan libertad de expresión y discriminación racial indígena, es reflejo, en alguna escala, de lo que sucede también en Bolivia, Perú, Brasil, Honduras, Guatemala y México, entre otros países de Latinoamérica. De allí su radical importancia.)

Ya en Ginebra, Mireya Manquepillán tuvo un diálogo con los expertos del CERD, y junto con la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), en representación de IFEX y AMARC, plantearon las dificultades a las que están sometidas las radios comunitarias chilenas y resaltaron la urgencia de una política de discriminación positiva para alentar la creación de radios comunitarias y despejar los obstáculos para las radios indígenas, vía apoyo técnico y financiero, amén de un radical cambio en la legislación.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial obliga al Estado de Chile a remover todos los obstáculos de hecho y derecho, que impiden el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas en condiciones de igualdad (Chile es uno de los países que aplica derecho penal a las transmisiones sin autorización, contrario a estándares mundiales). En mérito a eso y a su propia historia sobre que ella y Radio Kimche Mapu sufrían de precisamente lo contrario, Mireya Manquepillánpudo finalmente recomendar ante el CERD que interceda ante el estado chileno para que:

• Despenalice la radiodifusión comunitaria sin concesión a través de la derogación del artículo 36 letra b a) de la Ley General de Telecomunicaciones 18.168.

• Cree políticas públicas que permitan a los Pueblos Originarios acceder a frecuencias de radio y TV, respetando así las disposiciones del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas.

• Apoye con fondos y/o capacitación a medios de comunicación mapuche, en especial a aquellos que hacen uso de la lengua mapudungun 1.

A finales de agosto pasado, el CERD planteó sus recomendaciones ante el Estado chileno, a cuyos representantes interrogaron sobre las cuestiones expuestas por Manquepillán, respecto a lo que sufren las radios comunitarias y la falta de acceso a la información de los pueblos indígenas de Chile, ya que el tema no estaba considerado en su informe oficial, seguramente porque que no había sido visualizado por el Estado cuando el país era objeto de un examen del CERD precisamente durante 2013. De hecho, es la primera vez que el CERD se refiere a esta cuestión en el caso de Chile, lo que supone una innovación.1 Se despliegan a exactitud en la parte de recomendaciones.

29

Chile


13


RECOMENDACIONES - CHILE 1. El Estado Chileno debe, de acuerdo al artículo 2.2 de la Convención, realizar, aprobar e implementar medidas especiales tendientes a asegurar que las comunidades indígenas, y otros grupos en condición de vulnerabilidad, accedan y ejerzan realmente el derecho a la libertad de expresión, y preserven su cultura a través de la radiodifusión.

2. El Estado debe de formular urgentes modificaciones a la actual legislación en materia de medios de comunicación y adecuarlas a los estándares internacionales de Derechos Humanos, para garantizar la existencia y desarrollo de las radios comunitarias e indígenas.

3. El Estado debe efectuar la revisión de la Ley N° 20.433 sobre Servicios Comunitarios, con el fin de garantizar la real posibilidad a comunidades indígenas de desarrollar un proyecto de radiodifusión. Específicamente aumentar la potencia y el acceso al dial y permitir el financiamiento del proyecto de radiodifusión a través de servicios de publicidad y facilitar el acceso a internet y otros medios.

4. El Estado debe derogar el artículo 36 B letra a) de la Ley General de Telecomunicaciones que penaliza la radiodifusión comunitaria sin concesión.

5. El Estado debe privilegiar el acceso a frecuencias de radio y TV a las asociaciones y comunidades del pueblo mapuche, en concordancia con las disposiciones del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, respecto al derecho a los medios de comunicación.

6. El Estado debe implementar políticas públicas de fomento con fondos e inversión en campañas públicas dirigidas a los medios de comunicación mapuche, en especial aquellos que hacen uso de la lengua mapundungún, en concordancia con las obligaciones establecidas en la normativa y en las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos.

7. El Estado debe garantizar el ejercicio de la libertad de expresión de comunicadores/as mapuche, con procedimientos ajustados a derecho y asegurando su acceso a la justicia y establecer una política pública que facilite el acceso a internet de las comunidades indígenas.

8. El Estado debe incorporar en sus informes al CERD capítulos especiales dedicados a los medios de comunicación indígenas, así como en otro tipo de informes anuales relacionados con la implementación de los derechos de los pueblos indígenas en el nivel nacional.

30

Argentina


13


Actualización en materia de impunidadEn el último año no se han producido cambios significativos en el contexto del país. En efecto, la libertad de expresión continúa vigente y sometida a presiones e interferencias de todo tipo que --como surge de los informes anteriores-- no llega, por lo general, a situaciones de agresiones físicas sobre comunicadores o periodistas.

Un hecho para destacar es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). En efecto, la mayoría del tribunal resolvió que la norma –que busca desconcentrar la propiedad del mercado audiovisual— no viola la Constitución Nacional ni afecta la libertad de expresión.

Sin embargo, los magistrados realizaron advertencias en relación a la necesidad de resolver los abusos que se cometen con la distribución de la publicidad oficial, con respecto al uso partidario de los medios de comunicaciónestatales y sobre la necesidad de que la LSCA se aplique equitativamente en relación a todas las alcanzadas por la norma.

El clima general de polarización entre el gobierno y la prensa continúa. Los medios públicos son utilizados para cuestionar a periodistas y medios de comunicación, y su uso es manifiestamente partidista. Especialmente, el gobierno ha utilizado un espacio al que accede de manera exclusiva a través de la transmisión de los partidos de fútbol profesional. Ese uso ha sido marcadamente partidista, y en ocasiones fue utilizado para cuestionar a medios de comunicación o periodistas por sus opiniones críticas sobre el gobierno.

RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN PERIÓDICA UNIVERSAL (EPU):1. Promover la aprobación de una ley de acceso a la información pública de acuerdo con los estándares internacionales en la materia.

2. Creación de un órgano independiente y autónomo que garantice el acceso a la información generada por el estado.

3. Promoción de políticas de transparencia y generación proactiva de información que pueda ser procesada por la ciudadanía.

4. El estado debe producir información para facilitar el ejercicio de los derechos (salud, vivienda y educación) de los grupos vulnerables especialmente mujeres, minorías étnicas, indígenas y migrantes.

5. El estado debe garantizar la veracidad de la información oficial, especialmente sobre la situación económica del país, y garantizar la independencia del Instituto Nacional de Estadísticas (INDEC).

31

Foto: Reuters

Brasil


13


Avances a pasos lentos El tiempo transcurrido entre un asesinato y la sentencia de una pena no es la única variable que explica el fenómeno de la impunidad en Brasil, aunque sea absolutamente relevante. Una respuesta del Estado no satisfactoria favorece la impunidad y enmascara la realidad, trayendo una falsa impresión de haber cumplido sus deberes.

El caso de Luiz Carlos Barbon Filho grafica bien eso. Las investigaciones de su asesinato fueron reabiertas aun en 2012, por acusaciones de que otro policía fue el coautor del crimen. Según el juez del caso, solamente 12 de los 17 involucrados con el crimen fueron condenados. Según un periodista local, los policías juzgados en el último año por haber participado del crimen ya están en libertad y trabajando otra vez. Algunos, porque la condena fue pequeña y ya la cumplieron, otros porque tuvieron sus sentencias reducidas. Según el abogado de la viuda de Barbon, las investigaciones descartaron cualquier relación entre la muerte del periodista y políticos locales, o sea, hay solamente policías involucrados. La viuda aún sigue en el programa de protección a los testigos. Por lo tanto, es claro que la situación de amenaza contra ella así como la impunidad por el asesinato a Barbon no se ha superado.

La impunidad no es sólo un resultado de una muerte. Es también una motivación para que otros crímenes ocurran. Una investigación inadecuada constituye un incentivo a todos los violadores de los derechos humanos. En 2012, ARTICLE 19 registró siete asesinatos de periodistas por lo ejercicio de la profesión. La cifra equivale a la suma de las muertes de periodistas de los tres años previos. También ocurrieron seis intentos de asesinato, 21 amenazas de muerte y dos secuestros. En 2013, ARTICLE 19 ya está investigando ocho muertes de periodistas que ocurrieron hasta el mes de octubre y que pueden tener que ver con el ejercicio de la libertad de expresión. Abraji ha confirmado dos asesinatos de periodistas por lo ejercicio de la profesión: en marzo, el reportero Rodrigo Neto fue ejecutado por dos balazos. Poco más de un mes después, en abril, el fotógrafo que trabajaba con Neto fue ejecutado en condiciones parecidas.

Es importante también destacar la situación extraordinaria que Brasil enfrenta desde junio de 2013, con las protestas que se desplegaron por el país. Hasta el 24 de octubre, Abraji contabilizó 98 violaciones contra profesionales de comunicación durante las protestas – un 71% de ellas perpetradas por la Policía. El caso más grave es el del fotógrafo Sergio Silva, quien perdió la visión en uno de los ojos tras un disparo de bala de goma. No es una realidad compatible con la democracia e hiere el derecho de la sociedad a la información.

Las autoridades brasileñas han demostrado preocupación acerca de la situación de vulnerabilidad a la que están expuestos los comunicadores por sus trabajos, ya que han rechazado públicamente los nuevos crímenes de los que tuvieron conocimiento y han creado un Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de los/las profesionales de comunicación en 2012 con el objetivo de:

1. Examinar las quejas relativas a situaciones de violencia contra los profesionales de la comunicación social en ejercicio de esta función; encaminar a los órganos adecuados y seguir las evoluciones de los casos.

2. Proponer acciones que ayuden en la creación de un sistema de monitoreo de las quejas relativas a violaciones de derechos humanos de estas personas, así como las medidas necesarias destinadas a la mejora de las políticas públicas destinadas a este segmento.

3. Proponer directrices para la seguridad efectiva de los/las profesionales de comunicación en situaciones de riesgo derivadas de su ejercicio profesional.

El Grupo de Trabajo sigue formado hasta marzo de 2014, cuando deberá presentar un informe con las proposiciones esbozadas. En diciembre de

32

Foto: Reuters

Brasil


13


2013, durante el Foro Mundial de Derechos Humanos, en Brasilia, deberá ser presentado un informe parcial del Grupo. Destacamos que la intervención del Grupo de Trabajo en el caso de Rodrigo Neto (una audiencia pública en la ciudad donde el asesinato ocurrió y reuniones de la ministra de los Derechos Humanos con las autoridades locales) ha sido importante para que las investigaciones del caso fueran más rápidas. Dos policías acusados de ejecutar el crimen ya están encarcelados desde junio. El mentor intelectual todavía no ha sido determinado.

El Grupo de Trabajo también realizó una audiencia pública en São Paulo con periodistas heridos durante las protestas de junio y autoridades de seguridad pública del Estado. La Secretaría de Derechos Humanos trabajó un reglamento sobre el uso de armas menos letales por fuerzas de seguridad que incluyó un párrafo específico para comunicadores: “Los reporteros, fotógrafos y otros profesionales de la comunicación deben gozar de protección especial en el ejercicio de la profesión, siendo vedado cualquier óbice a la acción de ellos, especialmente mediante el uso de fuerza.”

Sin embargo, es necesario que la preocupación del gobierno se traduzca en políticas más concretas y efectivas de protección. Por lo tanto, pedimos a las autoridades brasileñas que adopten todas las medidas políticas y legales necesarias para proteger a los comunicadores y para defender a la libertad de expresión, en conformidad con las responsabilidades cargadas en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos. Es urgente también que las autoridades estén capacitadas para lidiar con las protestas de cara a preservar el trabajo de la prensa – y no lo contrario, como parecen hacer.

33

RECOMENDACIONES BRASIL1. El Estado Brasileño debe capacitar a las fuerzas de seguridad para lidiar con las protestas de manera que pueda preservar el trabajo de la prensa y castigar ejemplarmente a los responsables por agresiones deliberadas contra periodistas durante estos acontecimientos, sean los agresores agentes de seguridad o manifestantes.

2. El Consejo Nacional de Justicia, la Oficina del Consejo Nacional del Ministerio Público y las oficinas de asuntos internos deben investigar y castigar a todos los miembros del sistema Judicial, del Ministerio Público y de la policía involucrados en crímenes contra los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión.

3. Para mitigar la impunidad, que se cumplan las reglas ya existentes relativas a la protección de derechos humanos:

a. el párrafo 5º del Artículo 109 de la Constitución Federal, que determina que, en casos de grave violación a los derechos humanos, el Procurador General de la Nación podrá designar el proceso o investigación a la Justicia Federal;

b. el inciso III del artículo 1º de la Ley Federal 10.446/2002, que determina que la Policía Federal podrá investigar crímenes contra los derechos humanos.

4. El Estado brasileño debe considerar las propuestas de las Naciones Unidas para la seguridad de los periodistas, como la creación de un observatorio de los crímenes y un indicador de seguridad de los periodistas en el país.

informe anual de impunidad 2013 - ifex · publicación del informe de impunidad 2012 constatar que...

Documents