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Indicadores de Derechos Humanos en el Ámbito Educativo para los Pueblos Indígenas en México
Dr. Juan Bello Domínguez1
El presente trabajo es producto de la presentación del Proyecto de Investigación
presentado en el CONACYT bajo la Convocatoria de Investigación Básica y el
Observatorio Interdisciplinar de Políticas Públicas de la USP, con el propósito de
vincular el interés académico e institucional de la Facultad de Estudios Superiores
Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Sao
Paulo, Brasil y la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Centro.
Grupo de Trabajo: instituciones participantes e integrantes
Universidad Pedagógica Nacional (UPN): Mtra. Maricruz Guzmán Chiñas, Mtra.
Mariana del Rocío Aguilar Bobadilla, Lic. Alejandra Avilés Juárez, Lic. María Delia
Gallegos Mendoza, Lic. Verónica Jiménez Guzmán, Lic. Julio Rodolfo Grimaldo
Arriaga. Facultad de Estudios Superiores Aragón, (UNAM): Mtra. Mariana del Rocío
Aguilar Bobadilla, Mtra. Maricruz Guzmán Chiñas, Sergio Esteban Rodríguez
Hernández (Egresado de la Carrera de Sociología).
Universidad de Sao Paulo, Brasil (USP): Dra. Vivian Grace Fernandez Dávila
Urquidi, Mtra. Vanesa Corssetti Gonçalves Teixeira
1 Profesor Investigador de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM y la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Centro y Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel I. [email protected] o [email protected]
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Antecedentes El estudio sobre los derechos humanos y sociales de los pueblos indígenas en el
contexto global contemporáneo, deriva de la organización, presión y visibilidad que
éstos han cobrado como actores sociales en el panorama latinoamericano, cuya
importancia, no sólo es numérica, dado su posicionamiento en la agenda política
en las dos décadas anteriores, que derivó, en la elaboración de una profusa
normatividad internacional con relación a sus derechos en todos los ámbitos. Con
base en la legislación e indicadores existentes sobre los derechos de los pueblos
indígenas, es importante explicar cómo las condiciones socioculturales, políticas y
económicas resultan en relaciones entre las sociedades nacionales y los pueblos
indígenas en América Latina; destacando la forma en que las políticas culturales y
educativas, a través de las instituciones, influyen y orientan el conocimiento y vida
cotidiana de estos pueblos.
En el marco social, la educación para los pueblos indígenas, se concibe en dos
perspectivas: la primera, como un factor que contribuye para su inserción
sociocultural y económica; y, la segunda, en la lógica del derecho internacional,
como un avance para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
En los ámbitos nacionales de las legislaciones y políticas públicas de América
Latina, se introducen parámetros educativos de carácter multicultural, y en
consecuencia, el proyecto de educación para los pueblos indígenas queda
acotado como una derivación del proyecto educativo nacional, en el marco de las
políticas multiculturales y, como parte de las medidas compensatorias y
asistenciales hacia los grupos marginales de las últimas décadas, entre los que se
encuentran los pueblos indígenas.
En el marco de los objetivos y las metas del milenio, los derechos de los pueblos
indígenas se “asocian” a la disminución de la brecha entre el desarrollo y la
pobreza, los derechos se “definen” en los ámbitos económico, social, político y
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cultural, con la fuerte tendencia a ser “incluidos” en los programas de política
pública, en particular en las políticas de carácter social (ONU, 2005 y 2008).
En el discurso de la equidad hacia los pueblos indígenas, la educación intercultural
bilingüe queda justificada en sus objetivos, porque plantea: mejorar la calidad de la
educación y los aprendizajes de los niños indígenas; contribuir a superar la
marginalidad y la pobreza estructural en que han vivido, que tiene consecuencias
en su desarrollo; y, acceder a una serie de servicios de la modernización, entre
ellos, a un sistema educacional con un currículo pertinente.
Históricamente, se manifestaron cuatro enfoques de política educativa para la
atención de los pueblos indígenas en la perspectiva de una educación específica
para contextos multiculturales, los cuales, se han convertido en uno de los
mayores desafíos para nuestras sociedad en el contexto actual, pues carece de
una base de integración plural basada en el diálogo, respeto a la diferencia y el
reconocimiento de la diversidad: 1) Asimilacionista; 2) Compensatorio; 3)
Multicultural; e 4) Intercultural (Cfr. Muñoz, 2004; López, 2000; Sagastizabal,
2004).
El desarrollo del Derecho Internacional en materia indígena ocurre de modo
lento y gradual a lo largo del siglo XX, bajo la lógica de superar el carácter
integracionista de las políticas nacionales.
Durante el gobierno de Cárdenas, en México, hubo varios congresos, con el
propósito de integrarlos a la comunidad nacional y ejercer un mayor control
sobre los procesos que se desarrollaban en las comunidades indígenas. Esta
política indigenista, a pesar de su marcado integracionismo, representó un
paso adelante en las concepciones, que sobre los grupos indígenas tuvieron
los gobiernos anteriores.
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En la búsqueda de otras alternativas por parte del Gobierno Federal y bajo la
convocatoria del Departamento de Asuntos Indígenas, se realizó en el año de
1939 la Primera Asamblea de Filólogos y Lingüistas, y además, se concluyó
recomendando el uso de las lenguas vernáculas en la alfabetización y en el
inicio del proceso de enseñanza de los niños indígenas, así como, el empleo
de personal de extracción indígena.
Con estas experiencias y aún siendo Presidente de la República Lázaro Cárdenas
(1940), se llevó a cabo en la ciudad de Pátzcuaro, Mich., el Primer Congreso
Indigenista Interamericano, donde se establecen criterios y objetivos bien
definidos., cuyo propósito fue comparar y sistematizar los principios jurídicos de
los países participantes hacia programas nacionales tendientes a la asimilación
de los pueblos indígenas.
En el contexto internacional se inició un nuevo proceso en la conformación,
respeto, consolidación y fortalecimiento a las garantías individuales al interior
de los Estados Nacionales.
Tras la segunda guerra mundial, tras el naufragio de la Sociedad de
Naciones, adviene una recomposición del orden interestatal con la
Organización de Naciones Unidas, fundada en 1945 y existente desde
entonces, que podrá traer novedades importantes en nuestro campo, pero
que no las anuncia en un principio. La fundación todavía se produce sobre
unas bases no sólo estatales, sino también coloniales, bajo estas realidades.
Se prevé un disciplinamiento del colonialismo, no su superación. Acabará
llegando y acabará impulsándose la descolonización, la cual, como estamos
en América, con estados ya así constituidos, tampoco afectará directamente
a nuestros casos, pero el orden internacional que se desarrolla al tiempo,
con tal impulso, podrá finalmente hacerlo.
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Esta Organización de Naciones Unidas es, como tal, organización
interestatal, compuesta de estados, pero ya no se reduce a esta constitución.
Ya también se funda sobre unos supuestos jurídicos, sobre unos principios
de derecho sustantivo y no sólo orgánico, los cuales, como tales, como
principios jurídicos, ya no quedan sometidos a determinación estatal. Podrán
trascender y podrán alcanzarnos. Alcanzan de momento no sólo así a los
estados, sino también por encima de sus fronteras, a los individuos.
(Clavero, 1994:61).
Por otro lado, en el ámbito internacional se promovieron acuerdos y tratados
entre otros instrumentos y estudios concretos, realizados con el auspicio de las
Naciones Unidas –entre otros--, sobre los derechos humanos y libertades
fundamentales que atañen -a los pueblos indígenas en diversas partes del
mundo.
La Declaración universal de derechos humanos de 1948, declaración de
derechos sustancialmente de individuos, de los seres humanos
individuales, y no de estados, comienza a concretar tales premisas. Ya
hay un principio de derecho internacional que no es sólo ni
primordialmente interestatal. Tal derecho comienza también de por sí a
conformarse como un orden sustantivamente constitucional, conforme a
los principios de la segunda fase que veíamos, aquella que se
comprometía en la promoción de derechos individuales sin las
discriminaciones primarias, formulándose esto también a este nivel
internacional sobre unas bases estatales (Idem).
Sin embargo, y a pesar de lo antes citado, los pueblos indios de Latinoamérica
manifestaron una lucha permanente contra la tutela, el genocidio y etnocidio, y las
políticas asimilacionistas practicadas por sus respectivos Estados. El campo que
mayor lucha ha registrado, es aquel, que desde nuestro particular punto de vista
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presenta una considerable agresión y falta de reconocimiento: el del respeto a sus
derechos colectivos:
En el artículo 39 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales
(1948), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se fortalece la
política indigenista interamericana al establecerse allí la tutela como relación
fundamental entre el Estado y los pueblos indios: (...) la tutela niega a los
pueblos indígenas uno de sus derechos fundamentales, el de la libre
determinación en el marco de la sociedad nacional. El Estado se apropia del
control del territorio y de los recursos naturales de los pueblos indígenas,
bajo el supuesto de la vulnerabilidad social, económica y política de éstos, en
lugar de establecer las medidas jurídico-políticas necesarias para garantizar
que los pueblos indios ejerzan su autonomía y el control de sus territorios.
Además, el artículo convierte el problema de la explotación y opresión de los
pueblos indígenas en un asunto de educación, y de protección y asistencia
contra la miseria, desligando al Estado o a los gobiernos de las causas y
relaciones de desigualdad que contribuyen a reproducir. (Sánchez, 1996:
97-98.
En 1951, la UNESCO recomendaría el uso del idioma vernáculo para la
alfabetización de los pueblos indios, en cuya proyección, se establecía una manera
mas rápida para enseñar directamente la lengua nacional.
Por otro lado, en la Convención No. 107 de la Organización Internacional del
Trabajo adoptada en 1957 y desde entonces ratificada por la mayoría de los
países latinoamericanos, el Convenio señalaba que:
... el énfasis de la Convención era la integración gradual a la “comunidad
nacional”, fue, sin embargo, el primer instrumento de esta índole en
conceptuar la idea de ciertos derechos especiales de los pueblos
indígenas. Esto incluía, entre otros, educación e idioma, instituciones y
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leyes consuetudinarias hasta el punto en que éstos fueran compatibles
con el sistema legal nacional y los objetivos de los programas de
integración (Plant, 1998: 7).
No se entendió, o no se quiso entender, que era precisamente la relación
asimétrica establecida entre los países avanzados y los subdesarrollados la que
hacía posible en forma simultánea, el desarrollo de unos y el subdesarrollo de
los otros. Para darle la vuelta al problema, se prefirió echar mano de teorías
según las cuales era el atraso, el primitivismo, la falta de modernidad (entendida
ésta, por supuesto, en los términos de los países dominantes) y la causa de la
desigualdad de desarrollo.
Muchos proyectos vigentes en países de América, obedecieron ese piadoso
propósito, por ejemplo: el reclutamiento de jóvenes en las comunidades y aldeas
indias, para entrenarlos en tareas de educación, con el fin de que regresaran
después a sus comunidades indias y con la mente blanca, introdujeran e
impulsaran las ideas del progreso, la modernización y el desarrollo que
proclaman las élites dominantes (González, 1965).
En 1989, se toma distancia de esta visión y el Convenio 169 de la OIT establece el
reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas y la necesidad de abrir
espacios, en el marco de las constituciones y los proyectos educativos nacionales,
para: la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones; la
construcción de un proyecto educativo y cultural propio, en el que los contenidos
sean definidos por estos pueblos y considera la educación intercultural en lengua
indígena (Cfr. Bello, 2007).
A lo largo de la década de los noventa, los principios y directrices del Convenio
169 estuvieron en el centro de la discusión en Conferencias internacionales y
Congresos promovidos por los gobiernos de la región, instituciones
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gubernamentales y organismos regionales e internacionales con el objetivo de
ampliar el universo de consenso para instrumentalizar y hacer valer los derechos
de los pueblos indígenas.
El Convenio 169 es la plataforma jurídica de la Declaración Internacional de
Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 2007, la cual, para los ámbitos de la educación y el
conocimiento, afirma el Derecho de los pueblos indios para mantener, controlar,
proteger y desarrollar su propiedad intelectual y su patrimonio cultural, que les
permite reivindicar sus conocimientos tradicionales, ciencia, tecnología y sus
culturas; también, mantener la educación bilingüe y contenidos pertinentes
mediante la participación activa de los pueblos indígenas, con el soporte material
del Estado.
Planteamiento del Problema La mayor parte de la población indígena en México se encuentra en los municipios
y estados más pobres de la República, mismos que acusan los menores índices
de desarrollo humano y social. En estas regiones se mantiene con frecuencia una
agricultura de subsistencia y autoconsumo obligando a la gente a emigrar cada
vez en mayor número. El binomio indígena-pobreza es el resultado de un proceso
histórico complejo en el que fueron vulnerados, durante siglos, los derechos
humanos fundamentales de los pueblos indígenas. (Bello, 2007)
En 1992 se introdujo por primera vez en la Constitución (Artículo 4) una referencia
a los indígenas, con el reconocimiento de que México es una nación pluricultural;
pero esa reforma no tuvo consecuencias prácticas o legislativas. La reforma de
2001 incorporó la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas en el texto
constitucional y los puntos principales que se establecen en el artículo 2º. En 2003
el Congreso aprobó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos
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Indígenas y se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. México ha suscrito
los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos, y en 1990
ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
pueblos indígenas y tribales. El reconocimiento de los derechos humanos de los
pueblos indígenas ha tenido algunos avances en el ámbito legislativo, pero
persisten serios rezagos que no han sido atendidos con suficiente voluntad
política.
El debate nacional en torno a esta problemática adquirió particular relevancia en
1994, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),
el posterior diálogo que condujo a la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre
identidad y cultura indígena entre el gobierno y el EZLN, y la reforma
Constitucional de 2001. (Bello, 2010)
En la actualidad las violaciones a los derechos humanos de los indígenas se
producen por lo general en el marco de un alto grado de conflictividad, que tiene
que ver fundamentalmente con la cuestión agraria y con pugnas en torno al poder
político local y regional. Es innegable la existencia de conflictos en las
comunidades indígenas donde ocurren actos de violencia e intervenciones de las
autoridades públicas, que con frecuencia configuran violaciones a los derechos
humanos, que en su mayoría permanecen impunes y provocan el agravamiento de
los conflictos. En el campo de la procuración y administración de justicia, se
expresa en un mayor grado la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, quienes
denuncian ser víctimas de discriminación, vejaciones y abusos.
La discriminación contra los indígenas se manifiesta también en los recursos que
destina el gobierno a programas de desarrollo en regiones indígenas, los cuales,
han sido insuficientes desde hace muchas décadas, lo que se traduce en bajos
índices de desarrollo económico, social y humano entre los pueblos indígenas.
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Con base en el panorama descrito, se establece la necesidad elaborar un Cuadro
de referencias conceptuales y de política educativa como nociones para mesurar
las interpretaciones sobre los indicadores y los derechos indígenas en el contexto
histórico en el que se desarrollan, de manera paralela se precisa de la
aproximación al proyecto de educación indígena con la instrumentación
metodológica a los equipos técnicos responsables de dicho proyecto en
Chihuahua, Morelia, San Luis Potosí y Puebla, Oaxaca, Sonora y Yucatán,
estados que corresponden a las tres zonas del país y que tienen una importante
presencia indígena en la conformación de su población, estos estados son una
muestra representativa del total que implementan el proyecto de educación
indígena, ya que representan aproximadamente el 30%. Estas acciones aportarán
la información para la Elaboración del Estado del Arte de los indicadores de los
derechos de los pueblos indígenas en el ámbito educativo en México.
La política educativa para los pueblos indígenas tiene una larga trayectoria, en la
que destaca el énfasis en la lengua, que ha transitado de la castellanización al
biligüismo. En 2003 se legislaron los derechos lingüísticos de los pueblos
indígenas y se creó una nueva institución, la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas, que sustituye al Instituto Nacional Indigenista. La actual
política estatal hacia los indígenas procura soluciones negociadas en los espacios
conflictivos, promueve y apoya actividades productivas, provee servicios sociales
diversos a las comunidades. No se aleja de la orientación que ha caracterizado a
la política indigenista, además de que se encuentra restringida por las limitaciones
y los recortes al presupuesto público, y porque la problemática de los pueblos
indígenas no es de alta prioridad para el Estado mexicano.
La educación indígena bilingüe e intercultural ha sido una de las actividades más
visibles la política destinada a los indígenas, y sin duda constituye un aporte a los
derechos culturales de los pueblos indígenas, pero los indicadores referidos a este
sector educativo se encuentran aún por debajo de la media nacional.
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En materia de salud, la condición de las mujeres, hombres y los niños indígenas
es particularmente preocupante. Un gran porcentaje de los niños padece
desnutrición; la mortalidad infantil es mucho más frecuente en niños indígenas que
en la población infantil promedio del país.
La defensa y debate de los derechos humanos de los pueblos indígenas se da en
el marco de una alta y persistente conflictividad social, acompañada
frecuentemente de violencia, en torno a problemas agrarios, ambientales y
políticos. Estos conflictos giran principalmente en torno a la defensa de las tierras
y recursos de las comunidades, al control del poder político local; a la dotación de
infraestructura y servicios sociales, como la educación y la salud. La cuestión
indígena, es entonces, un problema de orden político y no sólo étnico o
antropológico.
Es precisamente en este marco, que hay que ubicar el estudio de los indicadores
de derechos humanos de la población indígena, no se debaten la pertinencia de
los principios del multiculculturalismo, sino cuestiones prácticas sobre la
distribución de los beneficios y las cargas de las políticas específicas.
Los Estados nacionales son verdaderos espacios de pueblos, con culturas,
lenguas, saberes, cultos, artes, valores y concepciones cosmogónicas diversas,
sometidos a la presión de la llamada cultura nacional, subsidiaria a su vez de la
cultura hegemónica occidental. Sin embargo, esta diferencia y diversidad pocas
veces son asumidas y consideradas en las políticas públicas y en la aplicación y
disfrute de los derechos emanados de estas políticas. Uno de los grupos excluidos
en México, son los pueblos indígenas que se han ido conformando a través de un
proceso histórico social, incorporando elementos culturales que los cambios le han
exigido, pero al mismo tiempo luchando por preservar sus rasgos y características
culturales y sociales a pesar de las agresiones sistemáticas que sufren de
diferentes sectores económicos y políticos.
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México, que se caracteriza por la coexistencia de diversos grupos indígenas,
quienes han sido objeto de diferentes políticas cuya premisa ha sido la integración
sistemática a la sociedad nacional pero en condiciones de desigualdad y sin
mucho reconocimiento a la diferencia; se alude al multiculturalismo, sin embargo,
esta política sólo busca producir y produce sociedades paralelas. De acuerdo a
diversos autores (Canclini, 2004; Tubino 2003; Neu, 2008) debemos transitar a
una sociedad intercultural que implica que los diferentes, son lo que son, en
relaciones de negociación, conflicto y préstamos recíprocos.
Es decir, el multiculturalismo, como política, describe una realidad acabada y
analizable; la interculturalidad, implica el deseo de facilitar espacios para el
intercambio, el enriquecimiento y la comprensión; por tanto, es un proyecto en
realización. La interculturalidad, parte de la necesidad de interdependencia entre
los sujetos de una misma sociedad; no sólo es un discurso, sino también una
práctica, que se realiza día a día en la vida cotidiana; no se construye en abstracto
sino que la practican personas concretas, no es sólo responsabilidad de los
políticos, ni de los administradores, sino de la sociedad civil; no se encierra bajo
las siglas o muros de ninguna institución, sino que está presente en todos los
espacios; fundamenta su acción en una premisa: todos los seres humanos somos
diferentes en existencia.
En esta lógica, la interculturalidad se convierte en un proyecto ético-político
que involucra una manera diferente de entender y practicar la ciudadanía; y en
una sociedad democrática hay muchas formas de ser ciudadanos. Se alude a
una ciudadanía diferenciada, en el sentido que “en muchos países se acepta
cada vez más que algunas formas de diferencia cultural sólo pueden
acomodarse mediante medidas legales o constitucionales especiales, por
encima –y más allá de de – los derechos comunes de la ciudadanía”.
(Kymlicka, 1996. P. 46). Pero, ¿cuál es la posibilidad real de lograr una
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ciudadanía en las sociedades actuales, de tal manera que se ejerzan los
derechos colectivos y humanos de los pueblos indígenas?
En los últimos años, el interés por los derechos humanos de los grupos indígenas
adquiere relevancia en el contexto de las democracias occidentales; una de las
razones de este interés es la movilización política de los pueblos indígenas. El
presente proyecto se inscribe en el debate de la defensa de los derechos de los
grupos minoritarios y en la politización de las cuestiones étnicas.
De acuerdo a Will Kymlicka (2003), en la defensa de los derechos de las minorías
se puede distinguir tres fases:
a) Los derechos de las minorías entendidas desde la perspectiva del
comunitarismo, se ubica todo el debate anterior a 1989, en el que la
controversia se centraba entre liberales y comunitaristas (individualistas vs
colectivista); estos últimos, asumían la defensa de los derechos de los
grupos minoritarios cohesionados y de mentalidad comunal frente al
individualismo liberal.
b) Los derechos de las minorías en el seno de un marco liberal, en el que se
promueve la plena participación de los grupos indígenas en la educación, la
tecnología, literatura, medios de comunicación, dentro de las sociedades
liberales democráticas; en suma, se pretende la inclusión en las fuerzas de
la modernidad asociada al progreso y sustentada en la autonomía
individual. El debate se centra en que si los grupos comparten los principios
liberales básicos, ¿para qué se necesitan los derechos de las minorías? Se
sostiene la “neutralidad” del Estado; no existe una cultura oficial sino que la
es algo a lo que las personas pueden adherirse libremente en su vida
privada. En la toma de decisiones de las políticas públicas esta pretendida
neutralidad se traduce en una cultura centrada en un territorio, en una
lengua, en instituciones comunes.
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c) Los derechos de las minorías como respuesta a la construcción nacional,
en esta fase, se discute la posibilidad de promover más de una cultura por
parte de los gobiernos; el debate se centra en determinar si los esfuerzos
de construcción nacional de la mayoría crea injusticias para las minorías, y
si los derechos de las minorías contribuye a proteger a todos de las
injusticias.
El desarrollo del Derecho en materia indígena ha sido un proceso dirigido en la
superación del carácter integracionista de las políticas y acuerdos
intergubernamentales. Muchos de los movimientos indígenas se han alimentado
de los principios del derecho internacional de los derechos humanos para
fortalecer sus demandas, que además de defender reivindicaciones históricas
como el derecho a la autonomía y la tenencia de la tierra, han incorporado el
reconocimiento de derechos específicos. Lo novedoso de los movimientos
indígenas, es que conjuntan los aspectos de ciudadanía étnica, de interés
inmediato del sector indígena con otras más amplias como la reforma estructural
del Estado o la defensa del proceso democrático popular.
En la investigación se articulan tres ejes que sintetizan los procesos de discusión
de la ciudadanía étnica: a) el derecho internacional en materia indígena, b) las
demandas indígenas y c) los deberes asumidos por el Estado. Estos ejes
sustentarán la valoración de los indicadores que evalúan la situación de los
derechos indígenas sobre diferentes aspectos, en esta investigación interesan los
indicadores referidos al ámbito educativo y aquellos relacionados con la
educación, en la perspectiva de su horizonte histórico. Esta información será
complementada con el procesamiento y análisis de la información recabada en la
investigación de campo para sustentar el Cuadro de Referencias sobre los
Indicadores de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el Balance
preliminar del Proyecto Educativo para los Pueblos Indígenas en siete estados de
la República mexicana. En esta perspectiva, realizar un replanteamiento de la
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relación entre los avances normativos de los derechos humanos y las demandas
específicas de los pueblos indígenas con la realidad concreta –y contradictoria- de
nuestro país en materia de equidad social, para su confrontación con los
Indicadores que el Estado mexicano implementa en la política pública de atención
a los grupos vulnerables y la pobreza.
Es cada vez manifiesta la preocupación de los pueblos, organizaciones, líderes e
intelectuales indígenas, por disponer de indicadores que reflejen con fidelidad y
certeza la situación del desarrollo económico y social, las condiciones de bienestar
y el respeto de los derechos humanos de los indígenas. La necesidad de contar
con indicadores adecuados es, en primer lugar, una expresión de la lucha contra
la invisibilidad, y que ésta no es sino el reflejo estadístico de la marginación y la
exclusión que han pesado históricamente sobre los pueblos originarios, y es por
otro lado, una forma de pugnar por el reconocimiento de la diversidad cultural y el
respeto a sus derechos individuales y colectivos.
Aún cuando la cuestión de los indicadores se asocia con elementos técnicos,
instrumentales y estadísticos, es necesario considerar procesos políticos,
económicos, demográficos, ambientales, culturales y jurídicos, políticas públicas y
conocimientos que se vinculan con ellos. Los indicadores son medidas
objetivamente verificables que presentan la información de una manera
desagregada, facilitado la identificación de áreas/variables críticas en el contexto
que se trabaja” (Calderón, 2003). La construcción de indicadores debe asumirse
como un compromiso que refleje la participación de los sectores sociales y de
instituciones del sistema y organizaciones que trabajan en la materia. Esto implica
que al momento de construir los indicadores es necesario realizar estudios que
profundicen en las problemáticas prioritarias de los pueblos indígenas
latinoamericanos, analicen los indicadores producidos y los confronten con la
información cualitativa sobre la realidad indígena.
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Los indicadores sobre los derechos de los indígenas tienden a arrojar información
sobre el grado de implementación de las políticas sobre pueblos indígenas. Esta
información contribuye a poner de manifiesto el estado de las relaciones con
estos grupos. El reto es salvar las distancias entre el carácter general y abstracto
de las normas y la naturaleza particular y concreta de las prácticas sociales.
Los indicadores trabajados son los datos demográficos de la población indígena
para saber quiénes son, cuántos son y dónde están, en la medida que son
fundamentales para las políticas y los programas de gobiernos. La Educación
Intercultural Bilingüe (EIB), es el sustento de la educación destinada a la población
indígena, hace referencia a “programas educativos escolares en el marco de las
reformas educativas fomentando conocimiento en ambas lenguas […] (Neu, 2008.
p. 224). La educación intercultural designa la formación sistemática de todo
educando: en la comprensión de la diversidad cultural de la sociedad actual; en el
aumento de la capacidad de comunicación entre personas de diversas culturas; en
creación de actitudes favorables a la diversidad de culturas; en incremento de
interacción social entre personas y grupos culturalmente distintos. Con esta
concepción la educación intercultural podrá dejar de ser percibida como una
necesidad marginal de las escuelas que atienden inmigrantes y minorías, y
adquirirá la relevancia de ser considerada una de las dimensiones básicas de la
educación general de los individuos, los grupos y las comunidades
El concepto de Interculturalidad tiene en la educación su más posible e inmediata
realización puesto que es aquí donde se pueden establecer los constructos
teóricos y prácticos para el desarrollo de personas más justas y solidarias, agentes
sociales que sean capaces de dejar de lado los estereotipos en los que se insertan
a aquellas personas que son diferentes culturalmente.
La información estadística es confrontada con los documentos normativos, los
objetivos de la legislación nacional e internacional y con las metas propuestas por
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los diferentes programas sociales, económicos, educativos y culturales, para
realizar el análisis cualitativo, en el marco de la conceptualización de los
Indicadores de Derechos Humanos para los Pueblos Indios en la legislación
internacional en el contexto de las políticas sociales y educativas de última
generación y de los objetivos del milenio. Asimismo, este análisis se confronta
con el procesamiento de la instrumentación metodológica de la información
recabada con los Profesores responsables de la concreción del Proyecto de
Educación Indígena en la práctica educativa para sustentar y elaborar la
Prospectiva de los Indicadores de Derechos de los Pueblos Indígenas en el ámbito
educativo en México.
En el país, los pueblos indígenas han sido excluidos política y culturalmente asi
como, marginados económicamente. Los indicadores de desarrollo humano
evidencian las condiciones en que viven estos pueblos; además de enfrentarse a
situaciones de discriminación racial y étnica cotidiana, son manifiestas las
actitudes de deprecio hacia sus particularidades culturales, y resultan evidentes
las desventajas que tienen para acceder a los beneficios del desarrollo y de
participación social y política. En el ámbito educativo, a pesar de los esfuerzos
realizados, el índice de analfabetismo es muy alto. La educación bilingüe
intercultural se convierte en un adjetivo vacío de sentido y contenido, ante la falta
de maestros formados para trabajar bajo este enfoque, a la carencia de recursos
didácticos y libros de textos que promuevan la comunicación e intercambio
cultural.
Los diferentes indicadores, revelan las constantes vejaciones a los derechos de
los pueblos indígenas, que propicia que la condición de pobreza y exclusión se
perpetúen, en la medida en que los indígenas no son diferentes sólo por su
condición étnica, sino también por la reestructuración de los mercados que agrava
la desigualdad y exclusión. Por tanto, es necesario la aplicación políticas
tendientes a constituir un ciudadano capaz de participar y decidir sus propias
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formas de inclusión a la sociedad nacional, que enfatice más que los derechos de
sobrevivencia o registro de indicadores de pobreza e incida en el campo de la
ciudadanía.
Objetivo General:
Analizar Indicadores de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas en el
Ámbito Educativo en México, a partir de los derechos reconocidos en el
ordenamiento jurídico nacional e internacional, la aplicación de las políticas
educativas del Estado mexicano y las metas del milenio de la Organización de las
Naciones Unidas.
Objetivos Particulares:
- Elaborar el Estado del Arte de los Indicadores de Derechos Humanos de los
Pueblos Indígenas en México en el ámbito educativo, con base en el
análisis y diagnóstico de fuentes sustentadas en estándares reconocidos en
el contexto de los acuerdos internacionales y estructurar un cuadro de
referencias conceptuales sobre los Indicadores de Derechos Humanos de
los Pueblos Indígenas en el ámbito educativo.
- Instrumentación metodológica para el levantamiento de encuestas y la
aplicación de entrevistas a los equipos técnicos responsables del proyecto
de educación indígena y a los profesores que lo llevan a la práctica en:
Chihuahua, Morelia, San Luis Potosí y Puebla, Oaxaca, Sonora y Yucatán;
para ponderar los Indicadores de Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas en México en el contexto del Proyecto Educativo para estos
pueblos, de la política pública y los aportes teóricos generados al respecto.
- Desarrollar un Cuadro de Referencias sobre los Indicadores de los
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el Balance preliminar de la
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implementación del Proyecto Educativo para los Pueblos Indígenas en siete
estados de la República Mexicana.
- Elaborar la prospectiva de los Indicadores de Derechos de los Pueblos
Indígenas en el ámbito educativo en México en el contexto de los objetivos
y las metas del milenio.
- Constituir una RED sobre Indicadores de Derechos Humanos de los
Pueblos Indígenas en México en el ámbito educativo, para establecer
vínculos con instituciones pares: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad
Centro; la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM; la Universidad
de Sao Paulo, Brasil; y, con los estados de Chihuahua, Morelia, San Luis
Potosí, Puebla, Oaxaca, Sonora y Yucatán, para abrir la discusión y el
debate académico con entidades que desarrollan actividades de
investigación y educativas alrededor del objeto de estudio.
- Diseño de una Página Web para el Proyecto y la RED con el propósito de
realizar Foros de Discusión y un Centro Documental virtual sobre
Indicadores de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el ámbito
educativo.
Hipótesis de Trabajo
La politización de la cuestión indígena, ejerce presión al Estado mexicano para la
incorporación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En la
Constitución, se reconoce el carácter multicultural y pluriétnico de la sociedad,
aspectos que se formalizan en el caso de la política educativa, para generar
impacto en los indicadores educativos en el contexto de los objetivos y las metas
del milenio hacia el Desarrollo Humano.
20
Metas Científicas
- Levantamiento, Revisión y Análisis bibliográfico y documental para crear un
banco de datos sobre el cuadro general de la positivización de los derechos
humanos de los pueblos indígenas en la legislación internacional desde la
década de los ochenta y de las transformaciones constitucionales en
México, a partir de la literatura científica, jurídica y especializada; y, de
documentación primaria oficial que registra las reformas constitucionales, la
legislación secundaria, la creación de instituciones y de políticas dirigidas a
los indígenas, principalmente en el ámbito educativo.
- Estado del Arte y Cuadro de Referencias conceptuales de los Indicadores
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en México en el Ámbito
Educativo.
- Información sobre el proyecto de educación indígena en el contexto de la
política educativa y su concreción en la práctica educativa, con base en
datos estructurales y de contexto respecto a los derechos e indicadores
educativos de los indígenas en México, con base en: informaciones
censales, datos demográficos, y de la investigación de campo, para
sustentar el Balance del Proyecto Educativo para los Pueblos Indígenas en
siete estados de la República Mexicana.
- Valoración y la Proyección de los Indicadores de Derechos de los Pueblos
Indígenas en el ámbito educativo en México, en el contexto de los objetivos
del milenio y establecer los límites institucionales y jurídicos del Estado para
garantizar los derechos indígenas en materia educativa.
21
- Informes sobre: el Estado del Arte, Balance y la Proyección de los
Indicadores de Derechos de los Pueblos Indígenas en el ámbito educativo
en México para su publicación con editoriales de prestigio académico.
- Divulgación de los resultados de la investigación en eventos académicos
nacionales e internacionales.
- Artículos por cada etapa, para someterlos a dictamen en Revistas
Nacionales e Internacionales Especializadas con arbitraje y edición
periódica.
- RED sobre Indicadores de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en
México en el ámbito educativo para establecer vínculos con la Universidad
Pedagógica Nacional, Unidad Centro; la Facultad de Estudios Superiores
Aragón, UNAM; la Universidad de Sao Paulo, Brasil y con los estados de:
Chihuahua, Morelia, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Sonora y Yucatán.
Metas de formación de maestros y doctores
- Dos Seminarios para la formación de carácter metodológico, teórico y
contextual del equipo de investigación, impartido por especialistas
nacionales y extranjeros, para la instrumentalización metodológica de la
investigación de campo y el análisis cuantitativo y cualitativo de la
información.
- En el proyecto participan estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado,
se espera que al concluir el proyecto de hayan cubierto los créditos
académicos de todos los estudiantes y en su caso, el trabajo de tesis de
algunos de ellos.
22
Metodología
El método que sustenta la premisa de este trabajo es de corte cualitativo, en la
perspectiva de no traer nuevas fuentes de datos o la relectura del material ya
existente sobre la temática, sino ponderar la información existente, vinculando
investigaciones cualitativas comúnmente desarrolladas en el campo de las
ciencias humanas, con una lectura cuantitativa de los estudios demográficos y
estadísticos, ordenando y profundizando conocimientos acumulados por ambas
metodologías, pero que normalmente son analizadas en forma separada. En este
proyecto, se contrastarán los resultados obtenidos por ambas metodologías para
dinamizar estos conocimientos y a propiciar su organicidad hacia la proyección de
los Derechos de los pueblos indígenas en el ámbito educativo en México, en el
contexto de los objetivos del milenio de Naciones Unidas.
El carácter cualitativo de esta investigación coloca en el centro, la situación de los
pueblos indígenas a partir de aspectos estructurales de la pobreza y la educación
analizada con base en una recopilación de literatura especializada, documentos
de organismos internacionales, programas propuestos por grupos indígenas y
documentos institucionales de política pública para sustentar el Estado del Arte y
el Cuadro de Referencias, para la definición de los Indicadores de Derechos
Humanos de los Pueblos Indios; y la relación entre los indicadores de Derechos
Humanos de estos Pueblos con la educación indígena.
La investigación de campo en las perspectivas cuantitativa y cualitativa, permite
aproximarse a los responsables de la política pública en los estados, para valorar
el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto de
los indicadores y confrontar los logros al respecto. Los indicadores se conciben
como herramientas empíricas capaces de permitir la comparación y evaluación de
los alcances de las políticas sociales y culturales, además de ser referentes que
permiten inferir la situación de los Derechos de los Pueblos Indígenas en México.
23
Los indicadores se constituyen en la base para analizar y confrontar el desempeño
institucional hacia el desarrollo económico y humano con el ejercicio de los
derechos de los pueblos indígenas. Se documentan varios tipos de indicadores: i)
estructurales, cuyo propósito fundamental es medir el nivel de aceptación de un
Estado de las normas internacionales, se analizan “la ratificación o aprobación de
los instrumentos y existencia de mecanismos institucionales básicos que se
consideran necesarios para facilitar la realización de un derecho humano en
cuestión” (Lues, 2007); ii) institucionales que describen la estructura del poder
público relacionada al soporte que se otorga para los derechos humanos; iii) de
esfuerzo, miden la acción institucional para mejorar los indicadores de Estado y
los indicadores de resultado, iv) de Estado, que miden la situación de los derechos
en diferentes dimensiones: sociales, políticas y económicas (Jannuzzi & Patarra,
2006); v) contextuales, definen la situación global del país en relación a los
derechos humanos (Lues, 2007); incluye el contexto sociopolítico, demográfico y
socioeconómico; vi) indicadores de monitoreo, miden la evolución de los
fenómenos sociales de interés, conjugados con institucionales y contextuales
(Jannuzzi & Patarra, 2006), vii) de Proceso, evalúan la realización progresiva o
proceso de protección de un derecho, es decir, las medidas adoptadas por el
estado para hacer efectiva su intención o aceptación de las normas de derechos
humanos (Lues, 2007), se miden en un espacio de tiempo y envuelve un conjunto
de otros indicadores; viii) de resultado, que reflejan los logros individuales y
colectivos e indican el estado de realización de un determinado derecho (Lues,
2007).
Los datos de la información censal, las estadísticas producidas por instituciones
nacionales e internacionales y los indicadores regionales, permiten la construcción
de un cuadro de referencias cuantitativas para el sistema de indicadores sobre
derechos humanos de poblaciones indígenas en siete estados de la República
Mexicana. Son marcos que orientan el análisis de la situación inclusión/exclusión
social de la población indígena, de los sistemas de salud, de la educación,
24
seguridad social, vivienda, expectativa de vida, la vulnerabilidad social, la
violencia, el ingreso y el bienestar, entre otros. Se pondera la información
existente, se vincula con investigaciones cualitativas desarrolladas en el campo de
las ciencias humanas, con una lectura cuantitativa de los estudios demográficos y
estadísticos, para ordenar y profundizar conocimientos acumulados por ambas
metodologías. Se cruzan los resultados obtenidos a modo de dinamizar estos
conocimientos y propiciar su organicidad en pro de la defensa e implementación
de los derechos de los pueblos indígenas.
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