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VI Congreso

“El futuro del desarrollo argentino”

20 y 21 de Mayo de 2015 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Empresas transnacionales: vigencia actual de las visiones

críticas del pasado

Santiago Harriague

Comisión Nacional de Energía Atómica

Este trabajo expresa opiniones personales del autor, y no debe considerarse de carácter institucional.

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1- Introducción

En las décadas del 60, 70 y comienzos de los 80 abundaron las visiones críticas sobre el

accionar de las empresas transnacionales (ETNs), que originaron acciones de la Organización de

Naciones Unidas (ONU) lideradas por el “Grupo de los 77” (G77), enmarcadas en la aspiración de un

llamado “nuevo orden económico internacional” (NOEI), así como diversas opiniones críticas en

varios ámbitos. A partir de mediados de los años 80 cambia radicalmente el contexto internacional y

en paralelo se silencian las posiciones críticas, sin que los efectos negativos sobre el desarrollo debidos

a las ETNs fueran superadas sino que posiblemente se hayan potenciado.

El presente trabajo pretende analizar este proceso y describir la situación actual, con un mayor

detalle en el caso argentino, para concluir con algunas reflexiones al respecto.

2- El contexto internacional de la posguerra: descolonización, movimiento de países no

alineados, grupo de los 77 y el nuevo orden económico internacional

Los 35 años posteriores al fin de la segunda guerra mundial estuvieron marcados por el proceso

de descolonización, que dio lugar al nacimiento de al menos 96 nuevas naciones. Este proceso tuvo su

pico en la década del 60, con la independencia de 42 países. El mismo significó el fin de varios

imperios coloniales, siendo el Reino Unido (53) y Francia (24) quienes más colonias perdieron. En

varios casos la descolonización fue el resultado de largas y sangrientas guerras de liberación nacional

(Argelia, Indochina, Angola, Mozambique, Indonesia, por citar algunos); en otros fueron transiciones

más pacíficas, en ocasiones perpetuando situaciones que se dieron en llamar “neocolonialismo”.

En el contexto de la Guerra Fría, el surgimiento de las nuevas naciones introdujo cambios

significativos. Varias de las nuevas naciones pugnaban por su propio desarrollo libre de las rémoras de

su pasado colonial. Esta posición se manifestó desde los inicios del proceso de descolonización, y tuvo

una expresión elocuente en la Conferencia de Bandung (18 al 24 de abril de 1955) convocada por

Indonesia, Birmania (hoy Myanmar), Ceilán (hoy Sri Lanka), India y Paquistán, quienes invitaron a 24

naciones de Asia y África, incluyendo algunas que aún pugnaban por su independencia. La declaración

final fue un llamado a la paz, la cooperación internacional, la no adhesión a bloque militares, el

rechazo al colonialismo y al neocolonialismo y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

La conferencia de Bandung fue el germen del Movimiento de Países No Alineados (MPNA)

nacido de las ideas y el accionar principalmente de los líderes de Indonesia (Sukarno), India (Nehru),

Egipto (Nasser), Yugoeslavia (Tito) y Ghana (Nkrumah). Este movimiento, que ya no incluyó sólo a

Asia y África, se constituyó en la Conferencia de Belgrado entre el 1 y 6 de septiembre de 1961, con

25 miembros fundadores; Cuba fue la única nación de América Latina y el Caribe en dicho grupo,

aunque Bolivia, Brasil y Ecuador enviaron observadores.

El protagonismo adquirido por el concepto de desarrollo se reflejó el 15 de junio de 1964 en el

nacimiento del G-77, constituido por 77 naciones “en desarrollo” a fin de coordinar acciones en los

foros internacionales, principalmente Naciones Unidas (ONU) y sus diversas agencias. Estas acciones

estuvieron inicialmente encaminadas a establecer un “Nuevo Orden Económico Internacional”

(NOEI), que tuviera en cuenta las realidades y necesidades de estos países y que revirtiera tendencias

vigentes como el deterioro de sus términos de intercambio, el proteccionismo de los países

desarrollados para sus productos primarios y la obtención de tratos comerciales preferenciales. Estos

conceptos se expresaron en la primera conferencia de la UNCTAD (Comisión de Naciones Unidas

sobre Comercio y Desarrollo), presidida por Raúl Prebish y realizada en Ginebra en 1964.

3- Las empresas transnacionales, corrupción e intromisión en la política interna

La existencia de empresas transnacionales es antigua, como muestra la historia de la británica

Compañía de las Indias Orientales (East India Company) y la Compañía Holandesa de las Indias

3

Orientales, fundadas a comienzos del siglo XVII, las cuales contaron con sus propios ejércitos y flotas

que actuaron en la colonización de la India y partes del sudeste asiático. El rey Carlos II en 1670

otorgó a la East India Company el derecho a adquirir territorios, emitir moneda, comandar tropas y

fortalezas, hacer alianzas, declarar la guerra y firmar la paz, y ejercer jurisdicción civil y criminal

sobre sus territorios. Tenía su propia academia militar para formar los oficiales de su ejército, la

Addiscombe Military Seminary, y su ejército contaba en 1857 con 280.000 efectivos.

A partir de fines del siglo XIX crecieron las ETNs, radicándose en numerosos países empresas

de servicios (ferrocarriles, electricidad, gas), financieras e industriales. A partir del fin de la Segunda

Guerra Mundial esta expansión se aceleró, hasta alcanzar posiciones hegemónicas en la economía

mundial, llegando a generar en la actualidad la cuarta parte del PBI mundial y, según el año, entre el

8% y el 20% de la formación bruta de capital fijo en todo el mundo1. Los flujos mundiales de IED eran

alrededor de 200 miles de millones de dólares en 1990, alcanzaron un máximo de cerca de 2200 miles

de millones en 2007, para luego caer siguiendo los vaivenes de la crisis internacional, oscilando

actualmente entre 1200 y 1700 miles de millones. Estos enormes flujos de capital dieron lugar a su

vez a un gran proceso de concentración económica, ya que en las dos últimas décadas entre el 31% y el

56% de los mismos se dedicaron a adquirir empresas existentes y no a crear nuevas capacidades

productivas.

Estas corporaciones no sólo dominan la economía y el comercio, sino también el desarrollo

tecnológico. EEUU realizó en 2011 el 32% de los gastos mundiales en investigación y desarrollo

(I+D), seguido por Japón con el 15%; 10 países concentran el 81% de los gastos mundiales en I+D.

Pero a su vez las empresas de EEUU, en su gran mayoría transnacionales, ejecutan más gastos en

investigación y desarrollo que cualquier país del mundo, sumando en los otros países las

contribuciones de empresas, gobiernos y universidades2.

En la actualidad las ETN no tienen ejércitos ni autorización para declarar la guerra o adquirir

territorios, pero abundan los hechos que muestran su capacidad para lograr que los estados donde

tienen su sede realicen dichas acciones para su conveniencia.

A la búsqueda de un nuevo orden económico internacional, la denuncia de la miseria y del

subdesarrollo por parte del MPNA y el G77 se sumaron en la década del 70 visiones críticas sobre las

ETNs. Esta movilización no se limitó a las naciones en desarrollo sino que alcanzaron a amplios

sectores en todo el mundo, en un contexto signado por las luchas de liberación anticoloniales y los

conflictos sociales en numerosas regiones. Este clima de rebeldía tuvo su expresión también en las

naciones desarrolladas, como mostraron por ejemplo las luchas por los derechos de la población negra

y contra la guerra de Vietnam en EEUU, las campañas por la paz y contra las amenazas de guerra

nuclear en la mayoría de los países centrales, y las movilizaciones obrero-estudiantiles del mayo de

1968 francés.

Las visiones críticas sobre las ETNs se profundizaron al comenzar a tomar estado público a

partir de la década del 50 hechos de corrupción y de intromisión en la política interna de los países en

que se radicaban, en el contexto internacional mencionado signado por el enfrentamiento entre bloques

y el surgimiento de nuevas naciones fruto de la descolonización.

La participación de las ETNs en la política interna, orientada a derribar gobiernos hostiles a su

accionar, se había puesto de manifiesto en varios episodios entre los que se pueden citar el

derrocamiento del premier iraní Mohammad Mossadeq en 1953 por un golpe orquestado por la CIA

estadounidense y el Servicio Secreto británico en defensa de los intereses de la nacionalizada Anglo

Iranian Oil Company, y el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz de Guatemala en 1954 por

parte de la CIA en defensa de los intereses de la United Fruit Co. afectados por la reforma agraria.

1 UNCTAD. “World Investment Report” (WIR), años 2007 al 2013.

2 Harriague S., 2013. ”Observaciones sobre las empresas transnacionales en Argentina: algunas características e impactos

sobre la economía y el desarrollo científico-tecnológico”. V Congreso de AEDA, Bs.As.

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El episodio que alcanzó mayor relieve internacional fue el complot urdido por la ITT

estadounidense y la CIA para impedir la toma del gobierno por parte de Salvador Allende en Chile en

1970, y los planes posteriores que culminaron con su derrocamiento y muerte en 1973, que incluyeron

inicialmente el asesinato del Gral. René Schneider, comandante en jefe del ejército chileno y

convencido constitucionalista. En 1972 el gobierno de Allende publicó extensa documentación

probatoria de las maniobras de la ITT y el gobierno de EEUU3. La publicación en el New York Times

en marzo de 1972 por parte del periodista Jack Anderson de las maniobras de la CIA y la ITT llevó a

una investigación por parte del llamado “Comité Church”4 del Senado de EEUU, que confirmó

básicamente las denuncias del gobierno chileno5 .

Las prácticas de corrupción de ETNs para obtener decisiones favorables por parte de gobiernos

de países donde operaban o en los cuales planeaban realizar ventas también comenzaron a tomar

estado público en la década del 70, al revelarse que estaban involucrados dignatarios de primer nivel

de países centrales y no sólo los de países en desarrollo. Investigaciones del Comité Church del senado

de EEUU, resumidas por Koehler6, y los libros de Anthony Sampson

7,8 revelaron por ejemplo que

Lockheed había realizado pagos al primer ministro japonés Kakuei Tanaka (lo que creó una crisis

política que lo obligó a renunciar), al príncipe Bernardo de Holanda (esposo de la reina Juliana e

Inspector General de las Fuerzas Armadas Holandesas, que no fue enjuiciado ante la amenaza de

abdicación de su esposa) y a partidos políticos italianos; también hubo denuncias de negocios con el

ministro de defensa de Alemania Federal Franz-Josef Strauss. Gulf Oil había realizado contribuciones

a la campaña política del presidente de la República de Corea, Exxon y Mobil Oil a partidos políticos

italianos. También surgió que United Brands había efectuado pagos al presidente de Honduras Osvaldo

López Arellano, y que otro tanto había hecho Ashland Oil con el presidente de Gabón Albert Bernard

Bongo. La revelación pública de que el general Paul Stehlin (ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza

Aérea Francesa) había sido agente de Northrop para vender sus aviones a Francia en lugar de los de

fabricación francesa lo llevó a suicidarse.

4- Críticas al accionar de las ETNs

En América Latina crecían críticas al accionar de las ETNs y voces que aspiraban a un

desarrollo independiente y equitativo. A continuación se dan algunos ejemplos representativos de una

lista que sería muy larga de trascribir, seleccionados por la vigencia que conserva sus análisis.

Celso Furtado, en sus obras más relevantes9,10,11

remarcó el efecto negativo de las

transnacionales sobre las posibilidades de un desarrollo económico-social igualitario e independiente.

En un artículo temprano sobre el impacto de la concentración económica en EEUU sobre América

Latina12

predijo la globalización y sus consecuencias en la región latinoamericana, y sostuvo que se

asiste a un doble proceso de integración, por una parte dentro de la región y por otra, en forma

creciente al impulso de las ETNs, con EEUU y otros países centrales tendiendo a la concentración en

3 Secretaría General de Gobierno, Chile, 1972. "Los documentos secretos de la ITT". Empresa Editora Nacional Quimantu,

Santiago de Chile. 4 Formalmente “US Senate Select Committe to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities”,

luego “Subcommittee on Multinational Corporations”, presidido por el senador Frank Church. 5 “The International Telephone and Telegraph Company and Chile, 1970-71”. Report to the Committee on Foreign

Relations United States Senate, by the Subcommittee on Multinational Corporations, U.S.Government Printing Office,

Washington, DC, 1973. 6 Koehler M., 2012. “The Story of the Foreign Corrupt Practices Act”. Ohio State Law Journal, Vol.73, Nº5.

7 Sampson A., 1975. “The seven sisters”, Vicking Press, Nueva York.

8 Sampson A., 1977. “The arms bazaar”, Vicking Press, Nueva York.

9 Furtado C., 1959. "Formación económica del Brasil". Fondo de Cultura Económica, México.

10 Furtado C., 1974. "Teoría y política del desarrollo independiente". Siglo XXI, México.

11 Furtado C., 1975. "El desarrollo económico: un mito". Siglo XXI, México.

12 Furtado C., 1967 ."La concentración del poder económico en los Estados Unidos y sus proyecciones en América

Latina". Revista Estudios Internacionales, Univ.de Chile, Vol.1, Nº3-4, pp.323-336.

5

las mismas del poder económico. En esta situación cuestiona la existencia de burguesías nacionales

capaces de liderar el desarrollo, ya que las decisiones se desplazaron de éstas hacia las ETNs, y ahora

son tomadas por la nueva clase de gerentes y no por los empresarios locales. Solamente en aquellos

casos en que se presente la posibilidad de ampliar y racionalizar la acción del Estado como centro

autónomo de decisiones, el desarrollo existirá como una opción al alcance de la colectividad nacional.

El alcance, la naturaleza y los riesgos de la llamada política de integración regional deberán ser

considerados bajo esta nueva luz.

Por su carácter premonitorio es también destacable la obra de Osvaldo Sunkel. En uno de sus

primeros trabajos13

advertía que la integración latinoamericana puede ser, dado el peso de las ETNs y

las políticas actuales de integración, un instrumento básico para la "sucursalización " acelerada de la

región. Una integración que lleve a una menor dependencia externa de la región requiere de iniciativas

multinacionales para desarrollar sectores productivos básicos- siderurgia, petroquímica, electrónica,

mecánica, etc. - bajo control latinoamericano. La IED lleva a reproducir las pautas de consumo de los

países centrales, y a balances de pagos negativos por remesas de utilidades, dividendos, intereses,

"royalties", pagos de servicios de administración y asistencia técnica, etc.

En otro trabajo Sunkel analiza la relación entre ETNs y desintegración social14

: aparece una

nueva forma de división internacional del trabajo, con especialización del centro en la generación del

nuevo conocimiento científico y tecnológico, y de la periferia en su consumo y utilización rutinaria.

Advierte que el proceso de integración latinoamericano favorecerá, en este nuevo marco, a las ETNs

extra latinoamericanas; la integración de los mercados y la liberalización del comercio desfavocerá a la

empresa nacional y la incapacitará de obtener protección del Estado nacional. Surge una creciente

polarización interna entre actividades y grupos avanzados y modernos y otros atrasados, primitivos,

marginados y dependientes. Además de la clásica división entre países desarrollados y

subdesarrollados, aparece así otra entre sectores, ubicados geográficamente en estados-naciones

diferentes, que conforman la parte desarrollada del sistema global y están estrechamente ligados entre

sí por intereses, estilos y niveles de vida y afinidades culturales, y por otra parte sectores y regiones

parcial o totalmente excluidos de la parte nacional desarrollada del sistema global y sin ningún lazo

con las actividades de otras naciones. Concluye, en 1971, que el sistema capitalista mundial se

encuentra en un proceso de reorganización que lo ha de convertir en un nuevo sistema industrial

internacional cuyas principales instituciones son las ETNs respaldadas cada vez más por los gobiernos

de los países desarrollados; este proceso de integración transnacional tiende a reforzar el proceso de

subdesarrollo cultural, político, social y económico de los países periféricos, ahondando aún más su

dependencia y su desintegración interna.

Las reacciones contra el accionar de las transnacionales no fueron un patrimonio de la izquierda

ni de los países en desarrollo. En 1967 el ensayista y político francés Jean Jacques Servan-Schreiber

publicó “El desafío americano”15

, gran éxito editorial traducido a 15 idiomas y del que se vendieron

millones de ejemplares. El libro alertaba sobre el poder de las ETNs estadounidenses y que su

penetración en Europa tendía a suprimir la capacidad de maniobra nacional y a absorber sus recursos;

concluye que “en cierta forma les pagamos para que nos compren”. Schvarzer16

destaca el impacto que

esta obra tuvo no sólo en Europa sino también en Latinoamérica, contribuyendo en Argentina a lo que

denominó “apuesta silenciosa al capital local” a partir de 1968.

La Iglesia Católica también hizo escuchar su voz sobre las ETNs durante el papado de Pablo VI

(1963-1978), no sólo a través del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo y prelados como el

brasileño Helder Cámara, sino del propio Vaticano. En la carta apostólica “Octogesima adveniens” del

13

Sunkel O., 1967. "Política nacional de desarrollo y dependencia externa". Revista Estudios Internacionales, Univ. De

Chile, Vol.1, Nº1, pp. 43-75. 14

Sunkel O., 1971. "Capitalismo transnacional y desintegración social". Revista Estudios Internacionales, Univ. De Chile,

Vol.4, Nº16, pp. 3-61. 15

Servan-Schreiber J.J., 1969. “El desafío americano”. Edit. Sudamericana, Bs.As. 16

Schvarzer J., 1996. “La industria que supimos conseguir”. Ed.Planeta Argentina, Bs.As.

6

14 de mayo de 1971 dijo: “Bajo el impulso de los nuevos sistemas de producción están abriéndose las

fronteras nacionales, y se ven aparecer nuevas potencies económicas, las empresas multinacionales,

que por la concentración y la flexibilidad de sus medios pueden llevar a cabo estrategias autónomas, en

gran parte independientes de los poderes políticos nacionales y, por consiguiente, sin control desde el

punto de vista del bien común. Al extender sus actividades, estos organismos privados pueden

conducir a una nueva forma abusiva de dictadura económica en el campo social, cultural e incluso

político. La concentración excesiva de los medios y de los poderes, que denunciaba ya Pío XI en el 40

aniversario de la Rerum novarum, adquiere nuevas formas concretas”.

A su vez la presentación del representante de la Santa Sede, monseñor Ramón Torrella

Castante, ante la III Conferencia de la UNCTAD, Santiago de Chile, abril de 1972, incluyó una clara

definición sobre la necesidad de modificar las relaciones de poder en el mundo contemporáneo:

“Queremos sobre todo destacar que son las mismas estructuras las que deben ser cambiadas; más aún,

son las relaciones de poder y el sistema de poderes que hay que clarificar y corregir. Al examinar el

actual sistema de poderes, nuestra delegación, como otras varias, llama la atención sobre un fenómeno

más acentuado desde hace algunos años y acerca del cual nuestra orden del día es bastante discreto,

quizá demasiado; se trata del poder invasor de las grandes Sociedades Multinacionales . … Nadie

ignora su poder, son amplios imperios privados que escapan, en gran parte, a los poderes políticos

nacionales e internacionales. Dado que su importancia es evidente para todos, ¿no sería conveniente

examinar con cuidado sus conductas y construir un marco que orientase y controlase sus actividades en

consideración al bien de todos?”

4.1- Las visiones críticas sobre las ETNs en Argentina

La IED fue importante en Argentina: ferrocarriles y frigoríficos en el siglo XIX, en el siglo XX

servicios públicos (electricidad, comunicaciones) y radicación de empresas industriales17

, sin que

existieran regulaciones para la inversión extranjera. Distintos pensadores como el grupo FORJA,

Scalabrini Ortiz y Jauretche denunciaron la extranjerización de sectores claves de la vida nacional.

La llegada del peronismo en 1946 produjo un cambio radical. Se nacionalizaron ferrocarriles y

servicios públicos, y la constitución de 1949, en su artículo 40, definió que “los servicios públicos

pertenecen al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos en explotación; los

minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes

naturales de energía, con excepción de las vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de

la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.

Arceo y De Lucchi18

presentan un amplio análisis de la evolución de la legislación sobre

inversión extranjera hasta la actualidad. La ley 14222 de 1953, sancionada en búsqueda de inversiones

para la extracción de petróleo, limitaba las áreas y tipos de inversión y establecía controles y

limitaciones a la remisión de utilidades y a la repatriación del capital, quedando los capitales

ingresados sujetos a la legislación argentina. La llamada Revolución Libertadora derogó esta ley

liberalizando la IED, derogó la constitución de 1949 e ingresó al FMI y al Banco Mundial.

El desarrollismo sancionó en 1958 la ley 14780 de inversión extranjera, que amplió las áreas y

tipos posibles de inversión y liberó la remisión de utilidades, conduciendo a una ola de inversiones

extranjeras que alcanzaron al 23% de las registradas desde 1912. En 1971 el gobierno de Levingston

impulsó a través de su ministro de Economía Aldo Ferrer una nueva ley, la 19151, que restringió la

remisión de utilidades y repatriación del capital, y exigió un mínimo de 85% de argentinos en las áreas

de dirección, técnica y profesional. El nuevo gobierno peronista, con la conducción económica en

manos de José Ber Gelbard, sancionó en 1973 la ley 20557 de inversiones extranjeras, que limitó aún

más las áreas de radicación, la remisión de utilidades, exigió garantías de incorporar tecnología y

apoyar su desarrollo local, y de generar un saldo positivo de divisas computando repatriación de

17

Dorfman A., 1983. “Historia de la Industria Argentina”. Solar S.A., Bs. As., muestra que en 1937 algo más del 50% del

capital industrial correspondía a filiales de empresas extranjeras. 18

Arceo E. y De Lucchi J.M., 2012. “Estrategias de desarrollo y regímenes legales para la inversión extranjera”.

Documento de Trabajo Nº43, CEFID-AR, Buenos Aires. Obtenible en www.cefid-ar.org.ar

7

capital, utilidades, amortizaciones, intereses, regalías, importaciones incluso indirectas a través de

insumos y otro egresos.

En el ambiente político explosivo de los 70, se brindan a continuación algunos otros ejemplos

del clima respecto de la inversión extranjera.

El juez Salvador María Lozada publicó en 1974 un libro titulado “Dependencia y empresas

multinacionales”19

el cual detalla un par de casos judiciales que muestran la actitud de la justicia

argentina ante las ETNs y la visión existente en esos tiempos. El caso Parke Davis se originó con un

reclamo de impuestos impagos hecho por la Dirección General Impositiva en mayo de 1968 (gobierno

de Onganía), rechazando las deducciones hechas por Parke Davis de Argentina S.A., de la cual la

Parke Davis Co. de Detroit poseía el 99,95 de las acciones, en concepto de pagos a la casa matriz de

regalías pactadas por servicios y uso de fórmulas, argumentando que se trataba de transferencias

dentro de la misma empresa. Las actuaciones judiciales llegaron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ),

que en sentencia del 31 de julio de 1973 dictaminó a favor de la DGI argumentando que en este caso

no existían dos sujetos en sus roles de acreedor y deudor, que sus intereses no eran opuestos sino

concurrentes y paralelos, por lo que el llamado contrato de regalías no era un contrato sino un acto

complejo. La casa matriz, de computarse las regalías como gasto en el balance impositivo, obtendría

una real y evidente exención impositiva que la ley no le otorga ni en su letra ni en su espíritu. La SJN

falló similarmente en los casos Mellor Goodwin, Rheinstahl Hanomag Cura y Ford Argentina.

El denominado caso "Swift-Deltec" se remonta hacia fines de los años 60 cuando la empresa

Swift se presentó en concurso preventivo y allí verificaba un crédito a favor de la multinacional

Deltec, que alcanzaba al 40% de sus deudas. En realidad, Swift era subsidiaria de Deltec, y así Deltec

podía presentarse como acreedora y votar en la junta avalando la propuesta de acuerdo presentada por

"Swift", la cual era perjudicial para los reclamantes minoritarios. El juez Lozada demostró que "Swift"

y "Deltec" eran la misma persona, rechazó el concurso preventivo y declaró la quiebra; el fallo fue

confirmado por la SCJ en septiembre de 1973. El caso Swift-Deltec tuvo características de escándalo,

ya que el ministro de Economía de Onganía, Adalbert Krieger Vassena, pasó a ser director de Deltec al

dejar su cargo en 1969. Las implicancias del fallo de la Corte Suprema fueron trascendentes, ya que

definió- tal como ya surgía del caso Parke Davis- que una filial y su casa matriz no pueden

considerarse personas jurídicas independientes. Cabe destacar que el Colegio Público de Abogados de

la Capital Federal PACF desarrolló la Jornada "Qué Esconden los Velos Societarios" en noviembre de

2012, a 40 años del fallo 'Swift-Deltec', donde se rescató la figura del ex juez Lozada.

Tal como analiza Schvarzer en su estudio de la industria nacional (Ref.16), a fines de los años 60

cristalizó un desencanto en sectores dirigentes sobre los resultados de la apertura a la IED producto de

la ley frondizista. En lo que el autor denominó “apuesta silenciosa” al capital local como consecuencia

de los resultados poco auspiciosos de la IED tanto respecto a balanza de pagos como a adelanto

tecnológico, se concretaron inversiones privadas nacionales en industrias básicas con fuerte estímulo

estatal, lo que se reforzó en 1973-74 bajo la conducción económica de Gelbard. En forma no

planificada esta política se reflejó en casos como los de Laboratorios Bagó en la industria

farmacéutica, Fate en el área electrónica, Aluar en la producción de aluminio primario, Papel Prensa en

la fabricación de papel para diarios, la industria de la celulosa, Petroquímica General Mosconi,

Petroquímica Bahía Blanca, la expansión de SOMISA, el crecimiento de ACINDAR y SIDERCA.

5- Acciones para controlar a las ETNs en los años 70

Los escándalos mencionados dieron lugar a respuestas en distintos ámbitos. A continuación se

resumen las originadas en EEUU y en el ámbito de Naciones Unidas.

19

Lozada S.M., 1974. “Dependencia y empresas multinacionales”. EUDEBA, Buenos Aires.

8

5.1- Investigaciones en EEUU y sanción de la Foreign Corruption Practices Act (FCPA)

En los años 70 la “Office of the Watergate Special Prosecutor”, la Securities and Exchange

Commission (SEC) y el mencionado Comité Church del Senado investigaron el accionar de las ETNs

estadounidenses.

La investigación del Watergate llegó a la conclusión que grandes corporaciones de EEUU

efectuaron contribuciones políticas ilegales dentro de ese país. Por su parte la SEC, dentro de sus

atribuciones en resguardo de los intereses de inversores, descubrió que varias transnacionales no

informaron a sus accionistas sobre pagos en el exterior por millones de dólares que, al descontarse de

las utilidades, perjudicaban a los mismos. El senador Church definió el problema: “No podemos cerrar

los ojos ante este problema. Ya no es suficiente suspirar y decir que esta es la forma en que se hacen

los negocios. Ha llegado el momento de tratar este tema por lo que es: un serio problema de política

exterior”.

En un contexto signado por la derrota en Vietnam y el escándalo del Watergate, estas acciones

se inscribieron en la política de cambiar la imagen internacional de EEUU; varios funcionarios

advirtieron del beneficio que podría brindar a los partidos comunistas la publicidad de las prácticas

corruptas de transnacionales estadounidenses.

Las audiencias del comité Church reflejaron posiciones encontradas. Contra la posición de

Church y varios legisladores de que era necesaria una legislación que condenara penalmente acciones

ilegales de empresas estadounidenses fuera del país, se opusieron el Departamento de Estado (“se

afectarán gobiernos amigos, se perjudicará a nuestras empresas frente a prácticas que son usuales en

sus competidores y nos criticarán por entrometernos en estilos de negocios de otros países”), el

Departamento de Defensa (“estas acciones investigadas se refieren a armamento suministrados a

gobiernos, fechas y montos, que los gobiernos receptores desean mantener en reserva”), el Internal

Revenue Service y la National Association of Manufacturers (“pondría a las empresas

estadounidenses en seria desventaja en el negocio de exportación”).

En 1976 la administración Ford se opuso a criminalizar los pagos ilegales. Con la asunción a la

presidencia de Jimmy Carter en 1977 y su política de limpiar la imagen de EEUU deteriorada por la

guerra de Vietnam y el escándalo Watergate, se reanimó el impulso por una legislación anti-

corrupción, y en noviembre de dicho año fue aprobada la Ley sobre prácticas de corrupción en el

exterior (FCPA- Foreign Corruption Practices Act), primera ley en el mundo que castiga

criminalmente esas prácticas; pena acciones tendientes a favorecer compras por gobiernos extranjeros

y para influenciar legislaciones o regulaciones extranjeras, no así los llamados “pagos de facilitación”

(lograr o acelerar el cumplimiento de su funciones por parte de un funcionario extranjero); también

incluye un rango estrecho de receptores de los sobornos.

5.2- Naciones Unidas: resoluciones sobre el Nuevo Orden Económico Internacional, el Derecho

al Desarrollo, el Grupo de Personas Eminentes y la Comisión sobre Corporaciones

Trasnacionales (UNCTC) El peso creciente de las ETNs en la economía mundial, los resultados al menos ambivalentes de

su desempeño en los países donde se radicaban, hechos de corrupción generados en países

desarrollados e interferencias políticas en los países en vías de desarrollo, hicieron que en la década del

70 las transnacionales ingresaran en la agenda de la ONU de la mano del G-77.

a) El informe del “Grupo de personas eminentes”

El 2 de julio de 1972 el Consejo Económico y Social de la ONU adoptó por unanimidad la

resolución 1721 (LIII), pidiendo al Secretario General que designara un grupo de personas eminentes

para “estudiar el papel de las corporaciones multinacionales y su impacto en el proceso de desarrollo,

especialmente de los países en vías de desarrollo, y también sus implicancias en las relaciones

internacionales, para formular conclusiones que puedan posiblemente ser usadas por los Gobiernos

para tomar decisiones soberanas respecto de la política nacional en este aspecto, y remitir

recomendaciones para una apropiada acción internacional”.

9

El Grupo convocó a testimoniar a unas 50 personas que abarcaron un amplio espectro de

posiciones e intereses: académicos tanto de países desarrollados (capitalistas y socialistas) como de

países en desarrollo, funcionarios gubernamentales y de organismos internacionales, ejecutivos de

ETNs, sindicalistas y representantes de ONGs.

Las opiniones de los convocados fueron significativamente diferentes20

. Los ejecutivos de

ETNs coincidieron en puntos básicos: las ETN se preocupan por mejorar las condiciones sociales

mediante apoyo a la salud, la educación, el desarrollo de las comunidades y las actividades culturales,

no es cierto que su gran poder económico les permita ejercer presión sobre los países en desarrollo,

están sujetas a la legislación y reglamentaciones gubernamentales; el éxito mostrado de operar durante

largos períodos de tiempo en distintos países muestra su capacidad de adaptarse a las regulaciones

locales. Se ha exagerado el efecto de los precios de transferencia. La transferencia de tecnología y

técnicas de management son la contribución más importante de las ETNs al desarrollo económico-

social de los países receptores. No hay que exagerar la importancia de la I+D hecha en cada país

receptor; lo importante es que dichos países reciban los resultados de dicha I+D. Las ETNs

contribuyen positivamente al balance comercial y a la cuenta corriente de los países en desarrollo. No

es cierto que las ETNs se expandan para consolidar posiciones monopólicas; más bien enfrentan a los

monopolios nacionales, contribuyendo a una mayor competencia.

Giovanni Agnelli, presidente de FIAT y cofundador en dicho año 1973 de la Trilateral

Commission, avanzó con una visión de la globalización en su exposición: “Nos hemos convertido casi

en un único mundo económicamente, pero aún estamos lejos de ser un mundo políticamente. La

ausencia de un gobierno mundial ha dejado a la humanidad con una multiplicidad de problemas

contrastantes y no resueltos que nos presionan diariamente. En un sentido la red de ETNs representa en

forma embrionaria el sistema nervioso central de un orden económico global emergente. Para enfrentar

estos problemas es desesperadamente necesaria una planificación global para asegurar el más eficiente

y equitativo uso de los recursos. Pero es difícil ver cómo esto puede resolverse sin las habilidades de

management, el know how técnico, los recursos financieros y las redes mundiales de cooperación que

poseen las multinacionales”.

Varios académicos convocados expresaron visiones críticas. Jack Behrman, de la universidad

de North Carolina, indicó que las tensiones que provocan las ETNs no pueden resolverse facilitando

sus operaciones; por lo tanto una armonización internacional de las regulaciones nacionales, así como

los “códigos de buena conducta”, son medidas marginales que sólo facilitarán que las corporaciones

sigan su lógica inexorable. Para alcanzar los objetivos gubernamentales, los países deben discriminar y

ser selectivos para alcanzar sus objetivos específicos, antes que confiar en “códigos de conducta”,

reconociendo que no es aplicable la ley de las ventajas comparativas; el NOEI debe conducir al

desarrollo de políticas industriales a los niveles nacional, regional e internacional, a fin de integrar la

economía mundial sobre la base de decisiones tomadas por los gobiernos pero discutidas con las

empresas y las fuerzas del trabajo. “Mi conclusión es que las ETNs deben ser controladas a nivel

nacional, regional e internacional”.

H.M.A.Onitiri, de la universidad de Ibadan, Nigeria, criticó que la operación de las ETNs se

regule internacionalmente por acuerdos similares al GATT, ya que esto sólo agregará nuevos

problemas al dar mayor poder y respetabilidad a las ETNs sin ninguna garantía de beneficios para los

países en desarrollo.

Osvaldo Sunkel, de FLACSO, sostuvo que la aparición de las ETNs no puede entenderse sin

analizar las transformaciones actuales de la economía capitalista, y sin tomar en cuenta no sólo el nivel

económico sino también las implicancias sociales y culturales. En los países coexisten una creciente

economía oligopólica de los gigantes trasnacionales y una economía, por lo general en disminución, de

20

Department of Economic and Social Affairs, 1974: “Summary of the Hearings Before the Group of Eminent Persons to

Study the Impact of Multinational Corporations on Development and on International Relations”. ST/ESA/15, United

Nations, Nueva York.

10

productores locales que deben adaptarse a las reglas del laissez faire impuestas por gobiernos y

trasnacionales. El management de las ETNs posee suficiente poder como para inducir o forzar a los

gobiernos a que adopten las reglas que favorecen su crecimiento y expansión, para cambiar los

gobiernos o para evadir las reglas vigentes; por lo tanto este tipo de comportamiento de las ETNs debe

considerarse normal antes que excepcional. Las ETNs están forzadas a continuamente innovar en

productos y procesos, y a buscar mercados potenciales en todos los países disponibles, y para mantener

vivo este mecanismo de crecimiento los gobiernos tanto de países sede como receptores proveen

subsidios sustanciales al sistema trasnacional; en los países desarrollados investigación básica, I+D,

contratos oficiales, redes de transporte y comunicaciones internacionales, préstamos externos atados,

ayuda y asistencia técnica. En los países en vías de desarrollo protección, créditos a baja tasa,

concesiones impositivas, etc. Las ETNs estimulan una acelerada diversificación, obsolescencia y

reemplazo de los bienes de consumo y de los bienes de producción: han descubierto la técnica de

planificar el consumo acelerado de tanto productores como consumidores. Criticando el informe del

secretariado, dice que dados los fuertes subsidios y su poder sobre el consumo oficial y privado, no

hay base para sostener que las ETNs traen una creciente eficiencia productiva y reducción de riesgos

con resultados positivos en la asignación de recursos. Las ETNs son el mecanismo más eficiente para

extraer recursos de donde son más urgentemente necesitados pero donde no hay posibilidades

comercialmente beneficiosas, para llevarlos a donde son menos necesitados pero donde los beneficios

comerciales, en gran medida creadas por las mismas trasnacionales, son los más altos. En este proceso

resultan expropiadas las empresas locales, se discontinúan actividades económicas tradicionales, se

genera tanto desempleo como subempleo, se erosionan los centros nacionales de decisión, los

problemas de balance de pagos se agravan, y la propiedad y el ingreso resultan crecientemente

concentrados; todo esto ocurre junto a un aumento del PBI per cápita, debido a que el segmento

trasnacional de la economía y sus actividades de apoyo se expanden a expensas del resto de la

economía. El gran cambio en las últimas décadas es la internacionalización de la producción industrial.

La conocida estrategia de sustitución de importaciones coincide con la estrategia de las ETNs para

ingresar en mercados externos, apoyadas por créditos públicos y privados y por asistencia técnica. En

un mundo de mercados protegidos y de consumidores indefensos, aparece una nueva forma de división

internacional del trabajo: en lugar de la de países productores de manufacturas y de otros de productos

primarios, ahora el centro se concentra en la generación de conocimiento científico-tecnológico, y la

periferia en su consumo y utilización rutinaria. Y justamente en el campo de ciencia y tecnología,

donde se supone que las ETNs hacen su mayor contribución, la misma no es transferida a los países en

desarrollo sino que sólo obtienen son productos finales y no la capacidad de combinar los

conocimientos para lograr productos y procesos comercialmente valiosos. Hace notar que hay una

pesca de I+D por la red de tecnólogos de las ETNs en todo el mundo que pasa sin ser detectada por la

comunidad científica y que es enviada a la casa matriz para su desarrollo. Agrega que las ETNs no

están orientadas a satisfacer las necesidades de la periferia, y por lo tanto las demandas de tecnología

necesaria para el desarrollo tienen muy poco que ver con las tecnologías desarrolladas por ellas.

Abderrahman Khene, secretario general de la OPEP, destacó la influencia que tienen las ETNs

en los medios masivos de comunicación, a través de los cuales engañan a la opinión pública jugando

un papel mayor en la esfera política. Destaca que si bien son internacionales en sus operaciones, son en

realidad corporaciones nacionales de los países donde tienen su sede, que sus actividades globales son

dictadas por los intereses de dichos países y que sus beneficios se dirigen hacia sus países de origen.

Constantine Vaitsos, director del Grupo de Política Tecnológica del acuerdo de Cartagena,

señaló que las ETNs se han especializado principalmente en satisfacer las necesidades de

consumidores de altos ingresos: la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población de los

países en desarrollo debe nacer de políticas y esfuerzos de sus gobiernos y otros actores económicos

nacionales; denuncia la “pseudo transferencia” de know how, el sistema actual de patentes,

decididamente negativo para los países en desarrollo y los manejos con los precios de transferencia

11

Sir Ronald Walker, asesor especial del gobierno de Australia sobre corporaciones

multinacionales, dijo que las ETNs se han convertido en el principal vehículo de propiedad y control

extranjero de las industrias nacionales, y detalla las políticas de su país para recuperar el control de sus

recursos naturales.

Nathaniel Goldfinger AFL-CIO denunció que el aumento creciente de las operaciones de las

ETNs están reduciendo los salarios de los trabajadores norteamericanos y están distorsionando el

desarrollo económico y social de los países receptores, con su capacidad de mover precios, dividendos,

divisas, y ventas de productos terminados y componentes, de un país a otro dentro de la estructura de

la empresa y para su beneficio. Agrega que no sólo reclaman leyes y regulaciones internacionales para

regular las actividades de las ETNs, sino también en los EEUU.

Peter Goldman, presidente de la International Organization of Consumer´s Unions (hoy

Consumers International), denunció la venta en la periferia por trasnacionales farmacéuticas de

medicamentos prohibidos en países desarrollados, y la falta de advertencias sobre sus efectos

colaterales y contraindicaciones, los efectos de la publicidad para modificar hábitos de consumo,

llevando a comprar lo que los ricos compran, o bien pagando regalías a empresas extranjeras por el

privilegio de usar sus marcas.

El Grupo de Personas Eminentes presentó en mayo de 1974 su informe al Secretario General de

la ONU21

, resumiendo las preocupaciones de los diversos sectores. Analiza las ETNs y el proceso de

desarrollo, soberanía y poder de los estados nacionales y las ETNs, distribución de beneficios, impacto

sobre el desarrollo, impacto sobre las relaciones internacionales. En cada uno de estos puntos, y en la

búsqueda de consenso entre las opiniones de los miembros del grupo, suele presentar distintos y a

veces opuestos puntos de vista. Sin embargo algunos conceptos merecen ser destacados, como ser que

las ETNs deben tanto ser dirigidas hacia, como restringidas de, ciertos tipos de actividades a fin de

servir a los propósitos sociales del desarrollo. O bien cuando dice que es necesario que los países en

desarrollo formulen claramente sus estrategias de desarrollo a fin de dirigir las inversiones de las ETNs

en forma consistente con sus objetivos y políticas nacionales, incluyendo la distribución del ingreso,

las condiciones laborales, la industrialización y la balanza de pagos. Reconoce además que hay otros

caminos para obtener los beneficios provistos por las ETNs, como pueden ser las iniciativas de los

países socialistas europeos dentro del Consejo de Asistencia Económica Mutua, u otras vías que

puedan tomar países que adopten estilos propios de desarrollo que dejen poco o ningún espacio para

las ETNs.

El informe propuso la creación, en el ámbito del Consejo Económico y Social de la ONU, de

una comisión sobre ETNs y de un centro de información e investigación sobre las ETNs.

Varios integrantes del “Grupo de personas eminentes” agregaron sus observaciones en el

informe, en las cuales marcan sus disidencias que debieron dejar de lado a fin de acordar en un texto

único. Por ejemplo Emerik Blum, de Yugoeslavia, aclaró que para la periferia las ETNs no son

solamente un socio más en la cooperación económica, sino cada vez más un instrumento específico

que agrava su posición en la economía mundial, reduciendo su participación en el comercio mundial,

llevando a una salida desproporcionada de sus recursos financieros, una incesante y real amenaza a su

independencia económica, e incluso un instrumento de groseras intervenciones en sus asuntos internos.

Por su parte Tore Browaldh (Suecia), Jacob Javits (EEUU), Rytaro Komiya (Japón) señalaron que se

ha dado cabida a los temores de los países en desarrollo sin analizar si los mismos tienen una base real.

El responsable de las políticas de desarrollo e inversión es el gobierno de cada país receptor, y no el

gobierno del país sede, las ETNs, o ese oscuro objeto llamado “comunidad internacional”. En cuanto a

las relaciones de poder, el pequeño tamaño de un país no limita su capacidad de establecer las

condiciones para la IED, para limitar sus operaciones o para nacionalizarlas.

21

Department of Economic and Social Affairs, 1974:”The Impact of Multinational Corporations on Development and on

International Relations”. ST/ESA/6, United Nations, Nueva York.

12

b) Las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Nuevo Orden Económico Internacional y

sobre el Derecho al Desarrollo

El concepto de NOEI fue consagrado oficialmente por dos resoluciones adoptadas por la

Asamblea General de la ONU en su sexto período extraordinario de sesiones el 1 de mayo de 1974: la

declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional (resolución 3201-S-

VI) y el programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional

(resolución 3201-S-VI). Dichas resoluciones incluyeron disposiciones sobre el accionar de las ETNs

en los países en desarrollo. Resulta ilustrativo rescatar partes de estas dos declaraciones.

La declaración sobre el NOEI consagra, entre otros, la no injerencia en los asuntos internos de

otros Estados; el derecho de cada país a adoptar el sistema económico y social que considere más

apropiado para su propio desarrollo sin sufrir como consecuencia de ello ninguna discriminación; la

plena soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y todas sus actividades

económicas; el derecho de nacionalización o transferencia de la propiedad a sus nacionales sin que

pueda someterse a ningún Estado a ningún tipo de coerción económica, política o de otra índole para

impedir el libre y pleno ejercicio de este derecho inalienable; la reglamentación y supervisión de las

actividades de las empresas transnacionales mediante la adopción de medidas en beneficio de la

economía nacional de los países donde esas empresas realizan sus actividades,; la facilitación a los

países en desarrollo del acceso a los adelantos de la ciencia y la tecnología modernas, la promoción de

la transmisión de tecnología y la creación de una tecnología autóctona en beneficio de los países en

desarrollo, en la forma y las modalidades que convengan a su economía.

Del programa de acción para establecer el NOEI se destacan algunos puntos: eliminar

progresivamente las medidas de protección y de otra índole aplicadas a las exportaciones de productos

alimenticios de los países en desarrollo; cuando los derechos de aduana, los impuestos y otras medidas

de protección aplicadas a las importaciones de productos de los países en desarrollo constituyen fuente

de ingreso para los países desarrollados importadores, se deberá tomar en consideración la demanda de

los países en desarrollo de que esos ingresos deben ser restituidos en su totalidad a los países en

desarrollo exportadores o consagrados a proporcionar recursos adicionales para satisfacer sus

necesidades de desarrollo; la participación plena y efectiva de los países en desarrollo en todas las

etapas de adopción de decisiones para formular un sistema monetario equitativo y duradero, así como

la participación adecuada de los países en desarrollo en todos los órganos a los que se confíe esa

reforma, especialmente en el propuesto Consejo de Gobernadores del FMI; las instituciones

internacionales de financiación deben funcionar como bancos de financiación del desarrollo, sin

discriminación a causa del sistema político o económico de los países miembros y sin que la asistencia

sea vinculada; adopción de medidas apropiadas urgentes para mitigar las consecuencias negativas para

los países en desarrollo de la deuda externa contraída en condiciones pocos favorables; renegociación

de la deuda, caso por caso, con miras a concertar acuerdos para la anulación, moratoria o reajuste de la

deuda, o la concesión de subsidios para el pago de intereses; formular, adoptar y aplicar un código de

conducta internacional de las empresas transnacionales a fin de impedir su injerencia en los asuntos

internos de los países donde realizan operaciones, eliminar prácticas comerciales restrictivas y que sus

actividades se ajusten a los planes y objetivos nacionales de desarrollo de los países en desarrollo;

anular las tentativas de impedir el ejercicio libre y eficaz de los derechos de todo Estado a la soberanía

plena y permanente sobre sus recursos naturales.

El 4 de diciembre de 1986 la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 41/128

estableciendo el “Derecho al Desarrollo”, por 146 votos a favor, 1 en contra (EEUU) y 8 abstenciones

(Alemania, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Israel, Japón, el Reino Unido y Suecia). La declaración

define al desarrollo como “un proceso abarcativo económico, social, cultural y político cuyo objetivo

es la mejora constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos”. Establece que el

derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual cada persona humana y

todos los pueblos tienen el derecho a participar en, contribuir a, y gozar del desarrollo económico,

social, cultural y político, dentro del cual todos los derechos humanos y libertades fundamentales

13

puedan realizarse en plenitud; este derecho implica la total realización para los pueblos del derecho a

la autodeterminación, el cual incluye el ejercicio de su derecho inalienable a la soberanía total sobre

toda su riqueza y recursos naturales; los estados deben tomar medidas efectivas para asegurar que las

mujeres tengan un papel activo en el proceso de desarrollo y realizar reformas económicas y sociales

adecuadas para erradicar todas las injusticias sociales.

c) La Comisión sobre Corporaciones Trasnacionales de la ONU (UNCTC)

Como consecuencia de las recomendaciones del informe del “Grupo de personas eminentes”, la

resolución 1913 (LVII) del Consejo Económico y Social de la ONU creó en diciembre de 1974 el

UNCTC (United Nations Centre on Transnational Corporations) con sede en Nueva York.

El UNCTC se abocó al análisis de distintos aspectos vinculados a las actividades de las ETNs,

prestando asistencia y capacitación a los países en vías de desarrollo. Una visión sobre este accionar

puede encontrarse en las publicaciones “The CTC Reporter”, cuyos 29 números publicados entre 1976

y 1990 pueden consultarse en la dirección http://unctc.unctad.org/aspx/ctcTitle.aspx Este boletín

contiene resúmenes de estudios hechos por el UNCTC sobre una variedad de temas, desde las ETNs en

Sud África (tema candente en tiempos del apartheid), prácticas corruptas y pagos ilegales, los

sindicatos y las ETNs, las ETNs y las políticas de propaganda de sus productos, efecto de las ETNs

sobre la balanza de pagos, la industria farmacéutica y los países en desarrollo, hasta el nunca resuelto

problema de establecer un código de conducta. También contienen contribuciones de académicos,

funcionarios gubernamentales y ejecutivos de las ETNs, así como información sobre sus programas de

asistencia técnica y sobre eventos internacionales vinculados a su temática.

En 1976 aparecieron dos informes sobre “accounting and reporting” por parte de las ETNs,

donde surgen temas críticos como los precios de transferencia y la elusión-evasión impositiva; en 1976

se analizaron las políticas publicitarias de las ETNs y su efecto de creación de nuevas pautas de

consumo; en 1980 se publicó un informe sobre “vínculos hacia atrás” de las filiales con empresas

locales en contraposición con importación desde otras filiales, con un enfoque especial en la industria

automotriz y políticas diferenciales adoptadas por distintos países receptores. Todavía en 1985 se

encuentran informes destacando el papel negativo que estaba adquiriendo la IED en la cuenta corriente

de numerosos países.

6- El nuevo contexto a partir de la década del 80 y el silencio de las posiciones críticas

En la década del 80 estalló la crisis de la deuda en numerosos países en desarrollo. Este proceso

se da en paralelo con el auge del neoliberalismo, de la mano de las administraciones de Margaret

Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en EEUU, fenómeno cuyas causas profundas han sido

analizadas exhaustivamente por Enrique Arceo22

.

Los países acuciados por la crisis de la deuda debieron acudir a los organismos financieros

internacionales, FMI y Banco Mundial, los cuales impusieron las conocidas políticas de ajuste,

apertura incondicional al comercio y a la inversión extranjera, reducción del Estado y del gasto

público, y dogmática esperanza en futuros “efectos derrame” que permitirían superar la crisis

económico-social resultante de dichas medidas.

La disolución de la URSS, la desaparición del bloque de países socialistas y la adopción por

parte de dichas naciones de las políticas de mercado y apertura completaron a fines de los 80 el

profundo cambio de contexto internacional. La dirigencia de la mayoría de los partidos populares de

los países en desarrollo terminaron adhiriendo al nuevo dogma, y se acallaron las voces críticas al

orden económico internacional vigente y ahora reforzado, y al accionar de las ETNs. La hegemonía de

EEUU y el “fin de la historia” parecieron ser el futuro de la humanidad.

Estos cambios profundos se reflejaron en las actividades del UNCTC. El contenido del CTC

Reporter reflejó los mismos; por ejemplo en 1988, al analizar la transferencia de tecnología desde las

22

Arceo E.,2011:”El largo camino a la crisis. Centro, periferia y transformaciones de la economía mundial”. Ed.Cara o

Ceca, Buenos Aires.

14

ETNs a países en desarrollo, el eje está puesto en qué medidas tomar para facilitar ese proceso, sin

destacar las razones por las cuales estas empresas serían renuentes a transferir tecnología a eventuales

competidores. El último número, publicado en 1990, se caracterizó por el carácter poco conflictivo, es

decir acrítico respecto del accionar de las ETNs.

A comienzos de 1992, y como sustituto del CTC Reporter, UNCTC editó la revista

“Transnationals”. Se editaron 6 números hasta diciembre de 1993, fecha en que desaparece junto con

el UNCTC. Se trata de una publicación con las características típicas de un “journal”, donde sólo

aparecen artículos firmados y revisiones de libros, pero ninguna noticia sobre las actividades del

UNCTC ni informes producidos por el mismo. Sin negar la calidad de varios de los artículos, de la

temática han desaparecido los temas conflictivos Norte-Sur, y si se analizan conflictos son ahora entre

distintos países centrales, por ejemplo EEUU y Japón.

La elaboración de un Código de Conducta de las ETNs fue uno de los objetivos principales de

UNTCT desde su constitución. Pese a numerosas reuniones que se prolongaron hasta avanzada la

década del 80, fue imposible obtener consenso sobre un borrador debido a las posiciones

irreconciliables de los países desarrollados (liderados por EEUU) y los países en desarrollo. En el

número de la primavera de 1990 del CTC Reporter, John Kline (Georgetown University) explica que

el clima internacional ha “madurado” desde las posiciones radicalizadas de países en desarrollo en los

años 60 y 70, y que por lo tanto deben dejarse de lado los aspectos controversiales para limitar el

alcance del código “eliminando los debates sobre controversias emocionales del pasado”.

En 1993 el secretario general de la ONU Boutros Boutros-Ghali disolvió el UNCTC, y trasladó

parte de su personal y responsabilidades a la UNCTAD con sede en Ginebra, con lo cual murieron

definitivamente los intentos de elaborar un Código de Conducta. Es más, la mayoría de los

funcionarios responsables de las visiones críticas no se incorporaron a la UNCTAD.

Seymour Rubin23

, reconocida autoridad estadounidense en derecho internacional y

corporaciones transnacionales, definió la desaparición de la UNCTC como “una de las pocas entidades

de la ONU cuya absorción en un organismo mayor uno puede racionalmente lamentar”. Agrega que en

un mundo donde las críticas se acallaron y donde los anteriores estados izquierdistas privatizan y

compiten por atraer inversiones extranjeras, parecería obsoleta la razón de ser de un código de

conducta. La realidad es otra: las ETNs y los temas sobre su conducta y tratamiento son aspectos que

merecen una seria consideración internacional. Si en el pasado las ETNs eran menos que solícitas

sobre las aspiraciones de los países en desarrollo de construir economías autosostenidas y

competitivas, no se puede dar por sentado que este nuevo entusiasmo por la privatización será

acompañada por una adhesión universal a normas éticas y mejores prácticas de negocios. En el futuro,

y debido tanto a los menores controles gubernamentales como a los esfuerzos de integración en varias

regiones, las ETNs van a tener aún mayor influencia no sólo en las economías nacionales sino en la

internacional. Analizando las tendencias de pensamiento actuales, agrega que se ha convertido en

convicción la idea de que las regulaciones traerán un orden mejor; pero cuando la corporación es

extranjera con sede en un país desarrollado mientras sus operaciones son principalmente en países en

desarrollo, esa convicción parece más bien un artículo de fe.

Desde 1991 la UNCTAD publica anualmente los “World Investment Reports” (WIR)24

. Los

mismos contienen, entre otras, valiosas estadísticas mundiales, por región y por país sobre los flujos

entrantes y salientes de IED (tanto en valores absolutos como en porcentaje de la formación bruta de

capital fijo), los stocks de IED (valores absolutos y como porcentaje del PBI), IED orientada a

fusiones-adquisiciones y a inversiones “green field”. Los WIR contienen además análisis de temas

específicos y de la evolución de la IED en el período considerado; entre los temas específicos de cada

WIR pueden mencionarse “Cadenas globales de valor: inversión y comercio para el desarrollo” (2013),

23

Rubin S.J., 1995. “Transnational Corporations and International Codes of Conduct: a Study of the Relationship Between

International Legal Cooperation and Economic Development”. American University Law Review, Vol.10, No. 4, pp.1275-

1289. 24

Obtenibles en http://unctad.org/en/pages/DIAE/World%20Investment%20Report/WIR-Series.aspx

15

“Hacia una nueva generación de políticas de inversión” (2012), “Invirtiendo en una economía de bajo

carbón” (2010), “Empresas transnacionales, producción agrícola y desarrollo” (2009), “Corporaciones

transnacionales y el desafío de la infraestructura” (2008), “Corporaciones transnacionales, industrias

extractivas y desarrollo” (2007), “IED de economías en desarrollo y en transición: implicancias para el

desarrollo” (2006), por citar algunos.

Los WIRs no tocan ninguno de los temas “conflictivos” que habían constituido la base de las

discusiones del pasado, con la única excepción del WIR 2013 donde se plantean posibles efectos

negativos de las cadenas globales de valor y de la radicación de filiales en paraísos fiscales, aunque

balanceándolos con aspectos positivos. En general no hay datos ni referencias sobre el efecto de la IED

en la estructura productiva local, sobre la cuenta corriente de los países, sobre su impacto en la balanza

comercial ante la deslocalización de las cadenas productivas, sobre precios de transferencia ni sobre la

persistencia de las prácticas de corrupción. El WIR 2005 tiene un capítulo sobre “Innovación, I+D y

desarrollo” que se centra en los gastos en I+D hechos por las filiales fuera del país de radicación de las

casas centrales, pero no contiene ningún análisis sobre el derrame de dichas actividades de I+D hacia

el país donde están radicadas ni menciona las políticas de las ETNs de protección de su propiedad

intelectual ni la apropiación que hacen de capacidades locales.

Los análisis de los WIRs dan por supuesto que toda IED es beneficiosa para el desarrollo. A

título de ejemplo, el WIR-2011, al referirse a tendencias en políticas de inversión, dice “lograr un

balance entre por un lado construir una capacidad productiva local más fuerte y por el otro evitar

proteccionismo en la inversión y el comercio es clave, así como fortalecer la coordinación y

cooperación internacional”… “Casi un tercio de las medidas de políticas de inversión en 2010 cayeron

en la categoría de regulaciones y restricciones vinculadas con la inversión, continuando una tendencia

creciente desde 2003... La acumulación de medidas restrictivas en los años pasados y su continua

tendencia creciente, así como los procedimientos de revisión más estrictos para el ingreso de IED, han

aumentado el riesgo de proteccionismo en la inversión”.

En 1999, cuando hacía tiempo que los intentos de definir un Código de Conducta para las

ETNs habían desaparecido junto con el UNCTC, el secretario general de la ONU, Kofi Annan,

impulsó la creación de “Global Compact”, una asociación voluntaria entre la ONU, el sector privado y

ONGs. Se definieron 10 principios de buenas prácticas internacionales de las empresas, que abarcan

derechos humanos, estándares de trabajo, ambiente y anti-corrupción. Global Compact tiene alrededor

de 10000 asociados, incluyendo 7000 empresas, y su objetivo es llegar a 20000 para el año 2020. A

abril de 2013 tenía 275 participantes de Argentina, incluyendo varias universidades nacionales.

Más allá de los 10 principios constitutivos, una característica de Global Compact es que no

existen mecanismos para forzar su cumplimiento ni para penalizar los incumplimientos, lo que resulta

evidente por la no participación de los gobiernos. Algunas declaraciones del secretario ejecutivo de

esta organización, Georg Kell (Alemania), permiten identificar el alcance de sus actividades:

En un artículo en el New York Times en junio de 2012, Kell sostuvo: “Las empresas no necesitan que

los gobiernos les digan si tratan a sus trabajadores adecuadamente, ni cuándo invertir en sus

comunidades o contribuir al amplio tejido social del cual surgen tanto sus clientes como sus

empleados. Pueden- y deben- hacer esas cosas por sí mismas”.

En declaraciones hechas durante una reunión sobre Responsabilidad Social Empresaria en Nueva York

en junio de 2010, Kell se refirió a la explosión de la plataforma Horizon de British Petroleum en el

Golfo de México, mayor derrame marítimo de petróleo registrado hasta ese momento: “Los grandes

accidentes ocurren todo el tiempo, es la naturaleza de la vida moderna”.

La Iglesia Católica también abandonó sus posiciones críticas en la década del 80. El papado de

Juan Pablo II (1978-2005) puso su eje en la lucha contra el comunismo. Durante el mismo la

Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida por Joseph Ratzinger, condenó definitivamente la

Teología de la Liberación prohibiendo la enseñanza a teólogos católicos como Leonardo Boff (uno de

sus principales exponentes) y el progresista Hans Küng.

16

Argentina, de la mano de la última dictadura, adhirió tempranamente al cambio de visión

respecto de las ETNs y la IED; la apertura irrestricta a la inversión extranjera se profundizó durante la

administración Menem en la década del 90.

En su trabajo antes citado (ref.18) Arceo y De Lucchi describen la nueva legislación sobre IED

(leyes 21382 de 1976 y 22208 de 1980, emergencia económica 23697 de 1989 y decreto 1853/93) aún

vigentes. Desaparece tanto la necesidad de aprobación previa como el registro de IED, no hay

limitaciones a la remisión de utilidades, la repatriación de la inversión, los sectores donde invertir,

compra de empresas nacionales; la filial local y su casa matriz serán consideradas como partes

independientes (lo que dio por tierra con la doctrina jurídica argentina expuesta en los casos Parke

Davis y Swift-Deltec). Arceo y De Lucchi concluyen que la legislación actualmente vigente es en

realidad, más que una regulación de la inversión externa, una enumeración de derechos del inversor.

Los derechos del inversor se ven incrementados por los tratados bilaterales de inversión (TBI)

firmados entre 1990 y 2000 con 56 países. Los firmados con países centrales son claramente

asimétricos, dada la baja probabilidad de que empresas argentinas realicen inversiones en los mismos.

Este carácter asimétrico es claro en el TBI firmado con EEUU: mientras que EEUU se reserva el

derecho de mantener o establecer excepciones al trato nacional en transporte aéreo, navegación

oceánica y costera, bancos, seguros, producción y generación de energía, brokers de aduana, estaciones

de radio y TV, propiedad inmueble, propiedad de acciones de la Corporación de Comunicación

Satelital, telefonía y telégrafo, servicio de cable submarino, uso de la tierra y los recursos naturales,

programas que incluyen subvenciones gubernamentales, préstamos y seguros, Argentina sólo lo hace

en propiedad inmueble en zona de frontera, transporte aéreo, industria naval, centrales nucleares,

minería del uranio, seguros y pesca. Estos tratados contienen una cláusula de nación más favorecida,

que permite al inversor ampararse en otro TBI firmado por Argentina si éste le resulta más favorable.

Se prohíbe exigir al inversor requisitos de desempeño para aprobar la inversión, se establece la libre

remisión de utilidades y repatriación del capital sin incluir la excepción por graves problemas en la

balanza de pagos (aceptada por el GATT y el FMI), amplían el concepto de expropiación para incluir

modificaciones legales que afecten la rentabilidad del inversor (por ejemplo legislación ambiental,

otorgando derecho al inversor a exigir indemnización, como ya ha ocurrido en otros países25

). El valor

de la indemnización en caso de expropiación se fija "a valor de mercado", criterio opuesto al que fijaba

la ley 21499 de 1977 al decir que "la indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los

daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta

ganancias hipotéticas, no se pagará lucro cesante". Las controversias no serán resueltas por la justicia

argentina; el inversor podrá elegir entre el CIADI o un tribunal "ad hoc" establecido de acuerdo a las

reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Los TBIs tienen una duración de 10 años, luego de los cuales cualquier parte puede terminarlo

mediante notificación con un año de preaviso. Pero para las inversiones realizadas durante su vigencia,

las provisiones del TBI permanecen efectivas por 10 años posteriores a la terminación del tratado.

Es destacable que pese a su carácter discriminatorio y asimétrico, y su contradicción con la

tradición jurídica nacional, habiendo pasado más de 10 años de la entrada en vigencia de estos 56

TBIs, ninguno ha sido denunciado por Argentina.

25

Por ejemplo la empresa Metalclad demandó al estado mexicano por no haberle permitido reacondicionar una planta de

procesamiento de desechos industriales clausurada por graves perjuicios al medio ambiente. El tribunal arbitral sancionó a

México a pagar compensaciones afirmando que “el ejercicio no discriminatorio del poder regulatorio puede dar lugar a

compensación cuando la regulación priva al inversor, total o significativamente, del razonable beneficio esperado del uso

de su inversión”. Una nueva prueba de la asimetría existente es que dicho concepto no es aplicable en EEUU: la

“Bipartisan Trade Promotion Authority Act” de 2002 define que el principal objetivo de las negociaciones sobre inversión

extranjera en EEUU debe ser asegurar que los inversores extranjeros no reciban derechos sustantivos más amplios, respecto

a protección de la inversión, que los inversores norteamericanos en EEUU.

17

7- Los mismos problemas persisten en la actualidad

Melik Özden, director del Programa de Derechos Humanos del CETIM (Centro de Europa y el

Tercer Mundo) y representante permanente de dicha organización ante la ONU en Ginebra, hace un

balance a 20 años de la declaración del Derecho al Desarrollo26

. Dice que pese a que esta declaración

nunca fue implementada, mantiene totalmente su vigencia como muestran los siguientes datos: las 500

personas más ricas del mundo tienen un ingreso superior al de los 416 millones más pobres; el 40% de

la población mundial vive con menos de 2 dólares diarios y dan cuenta del 5% de la riqueza mundial;

el 10% más rico, casi todos de los países desarrollados, dan cuenta del 54% de la riqueza mundial.

El NOEI ha dejado de figurar en las agendas. Pese a las aperturas, liberalizaciones, concesiones

y cambios de política de muchos países en desarrollo, las negociaciones de la Organización Mundial

del Comercio (OMC) siguen estancadas desde el inicio de la fallida ronda de Doha en 2005. En su

ronda del Uruguay, entre 1986 y 2001, la liberalización del comercio a través de la reducción de tarifas

a las importaciones de bienes físicos se amplió para incluir también los servicios y la propiedad

intelectual, intensificando así las asimetrías entre los países centrales y los periféricos. Ante el fracaso

de la ronda de Doha el entonces presidente de Brasil, Lula da Silva, contestó a las críticas de EEUU

sobre la “inflexibilidad” de Brasil e India remarcando que las negociaciones sólo podrían avanzar si

EEUU y la Unión Europea efectuaban cortes más profundos a sus subsidios a la agricultura junto a una

apertura a las importaciones agrícolas del mundo en desarrollo.

7.1- Corrupción y sobornos

Las prácticas corruptas de las ETNs no han desaparecido, pese a que a la ya mencionada

Foreign Corrupt Practices Act de EEUU se sumaron normas similares, como la UK Bribery Act

británica del 2011, con penalizaciones más severas.

En 1999 la OECD sancionó la “OECD Convention on Combating Bribery of Public Officials in

International Business Transactions”, la cual requiere que los países signatarios promulguen leyes que

criminalicen el pago de sobornos a funcionarios de países extranjeros; 38 países adhirieron a esta

convención. Los criterios establecidos para dichas leyes son similares a los de la FCPA.

A continuación se dan algunos datos a simple título indicativo de la persistencia, cuando no

incremento, de los pagos de sobornos por parte de las ETNs.

En EEUU las acciones tomadas por la SEC y el Departamento de Justicia por violaciones a la

FCPA han sido significativas, evidenciando que los pagos de sobornos en el exterior por parte de

ETNs estadounidenses son usuales. Entre 1999 y 201227

77 corporaciones y 62 individuos sufrieron

condenas criminales, y 55 corporaciones y 41 individuos fueron condenados en casos civiles y

administrativos; las multas pagadas por corporaciones por violaciones a la FCPA alcanzaron un pico

de cerca de 1800 millones de dólares en 2010. Un detalle de estas sanciones ha sido publicado28

.

La reciente legislación británica contra corrupción en el exterior ha comenzado a aplicarse. Por

ejemplo Oxford Publishing Ltd., subsidiaria de Oxford University Press, aceptó pagar 1,9 millones de

libras como multa por acciones ilegales en Tanzania y Kenia. La perforadora de petróleo escocesa

Abbot Group Ltd. fue multada en 5,6 millones de libras por sobornos para lograr un contrato entre una

de sus subsidiarias y una compañía de petróleo y gas extranjera. La multinacional de construcción

Mabey&Johnson pagó 6,5 millones de libras por causas similares, y debió devolver dividendos por

130.000 libras originados en contratos de construcción de puentes en Iraq obtenidos vía sobornos.

La OECD ha creado un grupo ad hoc (OECD Working Group on Bribery) para controlar e

informar sobre la aplicación de su convención contra la corrupción por parte de los 38 países

26

Özden M., 2005. “The right to development. Current state of the debates held at the U.N. on the implementation of the

historic Declaration adopted in this regard by the General Assembly of the U.N. on 4 december 1986”. Series of the Human

Rights Programme of CETIM, Ginebra. 27

OECD Working Group on Bribery, 2013. ”2012 Data on Enforcement of the Anti-Bribery Convention”. 28

“FCPA Digest. Recent Trends and Patterns in the Enforcement of the Foreign Corrupt Practices Act”. Shearman&Sterling LLP, Nueva York 2013.

18

signatarios. Su informe sobre aplicación de dicha convención de 2012 (ref.27) contiene un resumen de las

acciones legales tomadas por dichos países desde 1999: EEUU lidera las sanciones por sobornos en el

exterior, con el 39% de las condenas a individuos y el 86% a corporaciones, lo que resulta significativo

aunque también debe considerarse que dicho país es líder mundial en la cantidad de empresas

transnacionales. Por otra parte hay 23 países que, habiendo adherido a la convención de la OECD, no

registran ni condenas ni absoluciones en casos de sobornos en el exterior: Argentina, Australia,

Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Islandia, Irlanda, Israel,

Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rusia (sobre la cual no hay datos),

República Eslovaca, Eslovenia, Sudáfrica y España.

Otros datos sobre las prácticas de corrupción surgen de grupos antiglobalización. Un ejemplo

es el llamado “FCPA Professor”, definido como “foro dedicado a la FCPA”29

. Este sitio trae

informaciones sobre casos que, sin violar la FCPA, son sospechosas de prácticas corruptas, como por

ejemplo el hecho de que McDonald´s eligió como socio principal de su franchising en Vietnam a

Henry Nguyen, yerno del primer ministro vietnamita Nguyen Tan Dung. El sitio también critica la

creciente tendencia tanto de la SEC como del Departamento de Justicia de llegar a arreglos

extrajudiciales como resultado de sus investigaciones de violaciones a la FCPA, resultando tanto en

multas y condenas mucho menores a las que surgirían de la aplicación de la legislación, como a la

exoneración de ejecutivos de las empresas investigadas.

7.2 Los precios de transferencia y la elusión-evasión impositiva

La deslocalización de la producción por parte de las ETNs ha llevado a que un porcentaje muy

importante del comercio internacional sea en realidad un comercio intra-firma. La Organización

Mundial de Comercio30

estima que entre 2000 y 2011 los bienes intermedios han constituido entre el

50% y el 55% de todas las exportaciones mundiales de bienes que no son combustibles; por su parte el

World Investment Report 2013 de UNCTAD estima que el 60% del comercio mundial (20 millones de

millones de dólares) corresponde a bienes y servicios intermedios, y agrega que las cadenas globales

de valor (CGV) típicamente coordinadas por ETNs dan cuenta de alrededor del 80% del comercio

mundial. Otras estimaciones sobre comercio intra-firmas son muy diversas, dada la dificultad de abrir

la contabilidad de las empresas entre sus amplias cadenas de filiales y de determinar los reales dueños

de las sociedades de propósito especial (SPE: special purpose entities); por ejemplo la versión 2012 del

manual sobre precios de transferencia para países en desarrollo del comité de expertos de la ONU

sobre aspectos impositivos considera que el comercio intra-firmas es superior al 30% del comercio

mundial31

; por su parte el grupo Tax Justice Network estima que dicho comercio sería el 60% del

mundial, e incluso el 70% según estimaciones en un seminario de la OECD en 201032

. Es más, el

informe destaca que las CGV generan una cantidad significativa de doble contabilidad en el comercio,

ya que los intermediarios son contados varias veces en las exportaciones mundiales cuando deberían

ser contados una sola vez por su “valor agregado en el comercio”. Estima que unos 5 millones de

millones de dólares de los 19 de exportaciones mundiales de 2010 están contados doblemente,

impidiendo conocer la distribución de reales ganancias económicas para las economías individuales

debidas a exportaciones.

Resulta evidente que esta hegemonía de las ETNs en el comercio internacional de componentes

abre la puerta a elusiones impositivas mediante una oportuna fijación de los precios de transferencia

que permitan cargar los mayores costos- y consecuentemente las menores utilidades y las menores

cargas impositivas- a las filiales radicadas en países de mayores tasas impositivas. En particular la

radicación de filiales, algunas abiertas y otras escondidas como SPE, e incluso de casas matrices en los

29

Ubicable en www.fcpaprofessor.com 30

World Trade Organization, 2013. “International Trade Statistics”. 31

UN Committe of Experts on International Cooperation in Tax Matters, 2012. “UN Transfer Pricing Manual for

Developing Countries”. Obtenible en www.un.org/esa/ffd/tax/documents/bgrd_tp.html 32

Accesible en www.taxjustice.net/topics/corporate-tax/transfer-pricing/ , y en www.

taxresearch.org.uk/Blog/2010/01/28/70-of-world-trade-is-between-multinational-corporations-new-oecd-estimate/

19

llamados “paraísos fiscales” constituye la expresión última de estas maniobras, sirviendo también de

base a dudosas operaciones financieras y de lavado de dinero. Para dar una idea de la magnitud del

problema, cabe mencionar que las Islas Vírgenes Británicas, con una población de cerca de 28.000

personas, tienen registradas 700.000 compañías “offshore”, de las cuales 450.000 permanecen activas.

En Bermuda, con unos 64.000 habitantes, hay registradas 15.000 empresas internacionales, y las Islas

Caimán, con algo más de 56.000 habitantes, son el quinto mayor centro bancario del mundo con 279

bancos, incluyendo 40 de los 50 mayores del mundo.

El WIR 2013 incluye una sección titulada “La creciente IED offshore hace surgir preocupación

sobre evasión impositiva”. Señala que los mecanismos financieros offshore de la IED incluyen tanto

los centros financieros offshore, o paraísos fiscales, como las SPE, usados para canalizar fondos desde

y hacia terceros países. Mientras que los flujos hacia paraísos fiscales eran en promedio de 15.000

millones de dólares antes de la crisis de 2007, en 2012 se elevaron a 80.000 millones, es decir el 6% de

los flujos mundiales de IED. Agrega que las SPE tienen un papel mucho mayor, habiendo canalizado

en 2012 más de 600.000 millones de dólares de flujos de inversión. Señala que los esfuerzos

internacionales se han focalizado en los paraísos fiscales, pese a lo cual los flujos de IED hacia estos se

mantienen elevados, pero las SPE son un fenómeno mucho más importante que no ha sido atacado. A

su vez la ref.31 agrega que a las transacciones de bienes entre filiales deben sumarse las

correspondientes a intangibles, como propiedad intelectual y servicios.

Cobham, Jansky y Prats33

, en base a estadísticas del Banco Nacional de Suiza, señalan que el

comercio internacional a través de Suiza aumentó 15 veces entre 2001 y 2011; el 94% de los productos

comercializados por traders suizos son commodities y es así que el 35% del comercio mundial de

petróleo lo hacen dichas compañías, aprovechando el alto secreto bancario y sus incentivos tributarios;

agregan que más del 90% de las exportaciones de países en desarrollo hacia Suiza (y el 92,4% de las

exportaciones latinoamericanas) no figuran como importaciones en Suiza, aunque figuran como

importaciones en sus países vecinos. Pak34

estimó que 110.000 millones de us$ desaparecieron del

comercio entre EEUU y la Unión Europea por sub y sobrefacturación de petróleo crudo.

El periódico británico “The Guardian”, en su edición del 12 de febrero de 2009, publicó un

artículo titulado “Shifting profits across borders” (desplazando utilidades a través de las fronteras). El

mismo identifica al secreto, las complejas estructuras organizacionales, los paraísos fiscales y las

firmas de contadores hambrientas por ganancias como los principales ingredientes de la evasión

impositiva. Publica estimaciones del “Christian Aid”35

que ubican la pérdida de percepción de

impuestos por parte de países en desarrollo en el orden de 160.000 millones de dólares anuales. Agrega

que si bien hay normas internacionales sobre los precios de transferencia, las mismas se basan en los

llamados “precios normales comerciales de bienes y servicios”, los cuales son muy difíciles de precisar

ya que muchos mercados son pequeños y dominados por las transnacionales. Agrega que para

enfrentar el problema las autoridades impositivas cuentan con pocos recursos: en EEUU las

autoridades impositivas emplean 500 personas para analizar los precios de transferencia, y en Kenia

entre 3 y 5. Frente a esto, la firma contable Ernst&Young tiene más de 900 profesionales para vender

esquemas de precios de transferencia con la siguiente propaganda:”manejar exitosamente los temas de

precios de transferencia es mucho más que cumplir con la documentación…Nuestros profesionales

ayudan a las ETNs a enfrentar la carga impositiva con soluciones de primer nivel. Nuestro equipo

multidisciplinario ayuda a las ETNs a desarrollar estrategias de precios de transferencia, soluciones

impositivas efectivas, y manejo de los conflictos que mejor sirvan a sus objetivos”. El artículo muestra

33

COBHAM, A.; JANS , P.; PRATS, A. , 2014.“Estimating Illicit Flows of Capital via Trade Mispricing: A Forensic

Analysis of Data on Switzerland”. Center for Global Development, Working Paper 350. Disponible en

http://www.cgdev.org/sites/default/files/Cobham-illicit-flows-switzerland_0.pdf. 34

Pak S.J., 2012: Lot billions. Transfer pricing in the Extractive Industries”. Trade Research Institute Inc. Disponible en http://www.eurodad.org/files/pdf/520a3370c0889.pdf 35

Grupo cristiano británico cuyo objetivo declarado es el combate contra la pobreza en el mundo.

20

precios de importaciones a EEUU tomados de un trabajo de Pak36

, profesor de finanzas en la

Pennsylvania State University: fundas de almohada francesas de us$ 909,29 (precio mundial 0,62 us$),

discos magnéticos españoles de us$ 698,16 (precio mundial 0,43 us$), azúcar inglesa de 1407 us$/kg

(precio mundial 0,50 us$), por citar algunos. Las subfacturaciones también son escandalosas: cubiertas

francesas de 7,69 us$ (precio mundial 192,25 us$), ametralladoras francesas de 364,08 us$ (precio

mundial 2022,67 us$), eritromicina iraní de 0,08 us$/g (precio mundial 1,20 us$), y así siguiendo.

Nigeria importó fibra óptica de EEUU a 48014 dólares cuando el precio medio en el mercado mundial

era de 1372 dólares.

En 2013 aumentó la cantidad de casos de evasión fiscal por manejo de precios de transferencia

llevados a la justicia en EEUU, incluyendo a empresas como 3M, Abbott, Amazon, BMC, Caterpillar,

Eaton, KGB y Tyco Electronics entre otras. El subcomité de investigaciones del senado, bajo la

presidencia de Carl Levin, ha realizado numerosas investigaciones al respecto, algunas de las cuales se

citan a continuación.

Apple comparte los costos de su desarrollo innovativo con su filial de Irlanda, lo que le ha

permitido transferir más de 70.000 millones de dólares de ventas desde EEUU a Irlanda, con la

consiguiente elusión impositiva, sin violar las leyes norteamericanas. Los representantes de Apple ante

el subcomité dieron una solución al problema: bajar los impuestos a las corporaciones en EEUU para

convertir a dicho país en un lugar más atractivo para hacer negocios.

El 3 de abril de 2014 el New York Times expuso el caso de Caterpillar en una nota titulada

“Switching names to save on taxes” (cambiando nombres para ahorrar impuestos). Esta empresa,

usando la asesoría de PricewaterhouseCoopers, utilizó el simple expediente de cambiar el nombre de

su casa matriz por el de su filial en Suiza en las facturas de las componentes enviadas desde EEUU a

sus clientes en todo el mundo, sin que dichas componentes nunca hubieran pisado el territorio suizo;

además negoció con Suiza bajar los impuestos sobre las ganancias por estas “ventas” a valores entre 4

y 6%, con lo que ahorró unos 300 millones de dólares en impuestos. El artículo agrega que Levin fue

el único senador que denunció el caso; los miembros republicanos del subcomité no lo hicieron, e

incluso el senador Rand Paul, republicano por Kentucky, pidió disculpas a Caterpillar por haberlos

citado al subcomité. Existe actualmente una controversia sobre si la técnica usada por Caterpillar viola

la legislación impositiva.

“The Economist”, en su edición del 21 de septiembre de 2012, hace un resumen de lo hallazgos

del subcomité Levin. Microsoft transfiere derechos de propiedad intelectual sobre software

desarrollado en EEUU a sus filiales en Puerto Rico, Irlanda y Singapur- donde las tasas impositivas

son en promedio del 4% en lugar de 35% como en EEUU- para luego re-comprarlos a altos precios

con lo que sus utilidades, e impuestos, en EEUU son bajas. Convocado por el subcomité, el profesor

Stephen Shay, de la Harvard School of Law, explicó que esas tres filiales tuvieron en 2011 15.400

millones de dólares de utilidades antes de impuestos, el 55% de las utilidades de Microsoft en todo el

mundo; los 914 empleados de esas filiales generaron 8 millones de utilidad cada uno, comparados con

los 312.000 dólares generados por los otros 88.000 empleados de Microsoft en todo el mundo, siendo

que el núcleo de la actividad económica de la empresa radica en EEUU. El subcomité encontró que

con estas maniobras la matriz vendió a su filial de Puerto Rico derechos de propiedad intelectual que

luego re-compró por sumas muy superiores, lo que le reportó en tres años un ahorro de 4000 millones

de dólares en impuestos.

Otra técnica usada por las ETNs estadounidenses es mantener el grueso de sus utilidades en el

exterior. La legislación impositiva fija que deben pagar impuestos cuando reingresan a EEUU, pero

hace una excepción con los reingresos que vuelven como créditos de corto plazo (menos de 60 días) a

otras partes de la corporación. Es así que las corporaciones norteamericanas tienen el 60% de su

liquidez total en el exterior, alrededor de 1,5 millones de millones de dólares; así Hewlett Packard tuvo

un flujo constante de liquidez para sus operaciones en EEUU mediante créditos de sus filiales en

36

Pak S.J., 2006. “Estimates of capital movements from African countries to the U.S. through trade mispricing”.

Workshop on Tax, Poverty and Finance for Dvelopment, University of Essex, Reino Unido.

21

Bélgica y las islas Caimán, con una alternancia de remisiones y créditos entre 2008 y 2010 de miles de

millones de dólares.

El senador republicano Tom Coburn, miembro senior del subcomité, declaró ante estas

maniobras que “la elusión impositiva es meramente el síntoma de una enfermedad: la enfermedad son

los altos impuestos a las corporaciones en EEUU y unas reglas ridículamente complejas”.

El Sunday Times de Irlanda informó el 25 de diciembre de 2005 que la filial local de NCR

obtuvo una ganancia de 152 millones de dólares con un plantel de 31 empleados, lo que equivale a 5

millones por empleado y una utilidad luego de impuestos de 131 millones; esto debe compararse con

los 285 millones de utilidades que obtuvo NCR en todo el mundo, donde cuenta con 28.000

empleados. Es decir que desplazando sus ventas a esta pequeña filial irlandesa, NCR reportó ganancias

luego de impuestos de 4,2 millones de dólares por empleado irlandés, mientras que a nivel mundial sus

ganancias fueron 10200 dólares por empleado, es decir 412 veces menos. Forest Laboratories Inc. de

EEUU vendió en todo el mundo, donde tiene 5200 empleados, por 3600 millones de dólares; su filial

de Irlanda, con impuestos muy inferiores a los de EEUU y con 250 empleados, concretó con 2500

millones el 70% de esas ventas.

En el año 2006, la británica GlaxoSmithKline llegó a un arreglo por sus evasiones impositivas

en EEUU pagando 3400 millones de dólares.

Jesse Drucker en una nota en Bloomberg del 21 de octubre de 2010 describe las técnicas usadas

por Google. Entre 2007 y 2010, transfiriendo utilidades a sus filiales en Irlanda, Holanda y Bermudas,

ahorró 3100 millones de dólares en impuestos al pagar una tasa media de 2,4% en lugar del 35%

vigente en EEUU y el 28% del Reino Unido, países donde realiza el grueso de sus operaciones. La

nota cita a Kimberly Clausing, profesor de economía en el Reed College de Portland, Oregon, quien

estimó que este tipo de transferencias entre subsidiarias hacen perder una recaudación anual de unos

60.000 millones de dólares al gobierno de EUU, lo que financiaría holgadamente el plan médico del

presidente Obama.

7.3 Impacto sobre la balanza comercial y la cuenta corriente

Por lo general la IED constituye a plazos cortos un tipo de financiación externa con efectos

positivos sobre la cuenta corriente y que abre- en caso de no consistir en la adquisición de empresas

locales ya existentes- nuevas capacidades productivas. En plazos que dependen, por citar algunos, de

la legislación local, de la estrategia de la ETN, de las necesidades de liquidez de su casa matriz, del

balance entre utilidades reinvertidas y remitidas, la cuenta corriente suele convertirse en deficitaria;

ampliaciones en la inversión externa pueden dilatar dicho plazo, pero a costa de aumentar el stock de

inversión y por lo tanto las utilidades a remitir en el futuro.

En lo que respecta al balance comercial, los cambios de estrategia de las ETNs, motivados por

los cambios en el contexto internacional, han tenido un fuerte efecto. Las cadenas globales de valor,

basadas en la deslocalización de la producción de componentes, hacen incierto el balance comercial

del país donde está radicada una planta dado que, incluso cuando partes significativas de la producción

del artículo final sean exportadas, el WIR 2013 señala que las importaciones de las componentes

requeridas pueden superar la exportación. La magnitud alcanzada por el comercio intra-firma,

estimada entre el 30 y el 70% del comercio mundial total, da una clara idea de la magnitud del

fenómeno. Obviamente esta situación suele alcanzar niveles críticos en países donde se radican plantas

de armado (maquilas) y puede potenciarse por las maniobras que la empresa haga con los precios de

transferencia.

A los impactos en la cuenta corriente debidos al comercio de bienes tangibles debe agregarse el

debido a bienes intangibles: pagos de derechos de propiedad intelectual en varios casos de carácter

intra-firma, adquisición de marcas y el cada vez más extendido franchising. Si bien las compras de

tecnología pueden elevar el nivel competitivo local, dependiendo de su derrame en el resto del aparato

productivo, no puede decirse lo mismo de la compra de marcas y el franchising que constituyen por lo

general una concesión al consumismo basado en la imitación de las pautas de los países desarrollados.

Según datos de la Organización Mundial del Comercio (ref.30), en 2012 los ingresos mundiales por venta

22

de royalties y licencias totalizaron 290.000 millones de dólares, de los cuales EEUU concentró el

42,6%, seguido por la Unión Europea con el 36,2%, Japón con el 19,1%, Suiza con el 6,9%, la

República de Corea con el 1,5% y Canadá con el 1%.

Se dan a continuación algunos ejemplos de estos impactos.

La página web del “middle-class political economist”, en una nota del 12 de agosto del 201237

,

compara el déficit comercial total de EEUU en 2011 con la parte del mismo correspondiente al

comercio intra-firmas, a partir de datos del U.S.Census Bureau38,39

. En la tabla I se presentan los

resultados para el comercio con todo el mundo, y para el realizado con Canadá, Irlanda y México,

países donde hay fuertes radicaciones de corporaciones manufactureras estadounidenses.

País Exportaciones desde EEUU Importaciones a EEUU Balance comercial

Totales Intra-firma Totales Intra-firma Totales Intra-firma

Mundial 1480,4 365,0 2207,8 1056,2 -727,4 -691,2

Canadá 280,9 98,1 315,3 162,0 -34,5 -64,1

Irlanda 7,6 1,5 39,4 34,6 -31,7 -33,1

México 196,4 60,5 262,9 155,7 -64,5 -95,2

Tabla I: Balance comercial de EEUU total y debido a comercio intra-firma, miles de millones de dólares.

Fuente: Ref.37.

Los resultados son impactantes. Si bien el comercio total (importaciones más exportaciones)

intra-firma es el 38,5% del comercio estadounidense, es responsable por el 95% de su déficit

comercial. Los resultados son aún más notables en los países con fuerte presencia de filiales

norteamericanas: en los tres casos mostrados el déficit comercial intra-firma supera al déficit comercial

total, indicando que parte del mismo ha sido compensado por saldos positivos en el comercio del resto

de la economía. El informe muestra que el porcentaje del déficit comercial de EEUU proveniente del

comercio intra-firmas ha crecido a partir de la crisis iniciada en 2008 pese a que el déficit comercial

total de EEUU ha disminuido como consecuencia de la misma: era entre el 69% y el 75% entre 2002 y

2007, para superar el 95% a partir de 2009.

Su posesión hegemónica y el hecho de ser el emisor de la moneda de reserva más aceptada

internacionalmente hacen para EEUU relativamente mucho más manejables estos grandes desbalances

comerciales (que son los mayores del mundo, seguidos por India y el Reino Unido con la cuarta parte

del norteamericano). Pero muy diferente es el efecto en países como Argentina.

7.4 La situación en Argentina

La referencia 29 incluye casos de sobornos en Argentina, por lo general no reflejados en

magnitud por los medios locales. Además del conocido caso Siemens sobre el contrato de los DNI, en

una rápida búsqueda se encuentra a la transnacional de indumentaria Ralph Lauren pagando sobornos a

funcionarios de aduana, y a las empresas de material médico Stryker y Biomet pagando sustanciosos

“honorarios” a médicos de hospitales públicos nacionales para la adquisición de sus productos; cabe

mencionar que Biomet ha utilizado esta metodología también en Brasil y China. La práctica es antigua,

basta recordar el caso IBM-Banco Nación por ejemplo.

Las maniobras con precios de transferencia comienzan a hacerse públicas en Argentina. El

titular de la AFIP entrevistado por The Guardian en junio de 2011 manifestó que se han levantado

cargos contra cuatro de las mayores comercializadoras de granos: ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus. El

periódico dice que, por otras fuentes, ha sabido que la AFIP está reclamando por impuestos y derechos

no pagados las sumas de 476 millones de dólares a Bunge, 252 millones a Cargill y 140 millones a

Dreyfus; las empresas han negado los cargos, y el caso está en la justicia. AFIP pone el ejemplo de

Bunge, que comenzó a dirigir sus exportaciones a una oficina abierta en la zona franca de Montevideo,

sin que existieran importaciones ni exportaciones de bienes tangibles desde o hacia la misma; a partir

de iniciar esta maniobra, Bunge declaró utilidades nulas en Argentina.

37

Obtenible en: www.middleclasspoliticaleconomist.com/2012/08/most-us-trade-agreement-improve-trade.html 38

U.S.Census. “Trade in Good with World, Not Seasonally Adjusted”. 39

U.S.Census. “NAICS Related Party, 2011”.

23

Mónica Grondona40

realizó un medular análisis de la problemática de precios de transferencia,

que incluye la evolución del marco normativo nacional e internacional, metodologías para estimarlos,

fallos en Argentina y mecanismos de elusión y evasión fiscal. Los métodos de evaluación propuestos

por la OECD resultan inadecuados para países en desarrollo; señala la influencia que tienen las

mayores consultoras internacionales (las “Big Four”: Deloitte Touche Tohmatsu,

PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young y KPMG) en los criterios adoptados por OECD, el

International Accounting Standards Board y la International Federation of Accountants, lo que permite

adecuar los estándares contables a sus criterios (es decir a la conveniencia de sus clientes). Estos

métodos están basados en el principio “arms length” (transacciones entre partes independientes) y por

lo tanto requieren buscar operaciones similares entre empresas independientes para compararlos con

las operaciones bajo análisis, lo que resulta por lo general casi imposible dado que la mayoría de las

operaciones se efectúan entre filiales de la misma empresa, y a que muchas veces el bien analizado

tiene características diferenciadas únicas. El resultado es una mayoría de fallos judiciales adversos a la

AFIP, debido no sólo a la normativa sino a la dificultad tanto de la AFIP (con 35 empleados en su

Dirección de Fiscalidad Internacional) como de los tribunales de contar con capacidad para enfrentar a

los más de 750.000 empleados de las Big Four. Propone cambios en la normativa vigente, siguiendo el

ejemplo de Brasil, China e India, y tomar conciencia de la trascendencia del problema que, en un

cuadro de restricción externa, implica pérdidas de divisas estimadas por Gaggero et al.41

de entre 8.000

y 9.000 millones de us$ anuales.

En su estudio sobre la industria argentina, Schvarzer(ref.16) hizo un balance sobre los resultados

en divisas de la ola de IED posterior a la ley de inversiones extranjeras del desarrollismo de 1958. En

la pág.255 mostró que a medida que se acumuló desde 1959 el stock de IED, la creciente remisión de

utilidades terminó provocando una salida neta de divisas hacia el exterior a partir de 1967.

En un trabajo anterior(ref.2) se hizo un análisis similar al de Schvarzer para el período 1992-2011,

nueva ola de inversión extranjera motorizada por la apertura, privatizaciones y nueva legislación del

neoliberalismo. La tabla II muestra los resultados.

Período Aportes de

Capital (1)

Cambios de

mano (2)

Remisión

utilidades (3)

Deuda con

matrices (4)

Balance total

(1)+(2)+(4)-(3)

Reinversión

de utilidades

1992-2002 26.920 44.661 17.341 5.918 60.158 1.090

2003-2006 11.730 1026 12.132 296 920 3.528

2007-2011 14.927 748 29.562 10.819 -3.068 12.288

Tabla II: Balance de las componentes de la IED, millones de dólares. Elaboración propia de datos de INDEC.

Se repite el fenómeno expuesto por Schvarzer: fuerte ingreso inicial de divisas, que luego

disminuye hasta convertirse en drenaje. El cuadro se agrava al considerar la fuente y destino de la IED:

en el período neoliberal la mayoría de la IED (57%) se destinó a la adquisición de empresas existentes

(cambios de mano), siendo muy bajo el aporte de la reinversión de utilidades. Pese a la gran inversión

de divisas ingresada en este período la remisión de utilidades equivalió al 22% de la misma.

En el primer período post-convertibilidad la mayoría de la IED (71%) corresponde a aportes

netos de capital, siendo también apreciable la reinversión de utilidades (21%); cae fuertemente la

adquisición de empresas locales (6%). La remisión de utilidades crece notablemente, llegando a

equivaler el 93% de la inversión total de divisas en el período, que fue de 13.052 millones us$.

En el último período, signado por la crisis internacional, los aportes netos de capital caen en

peso relativo (38%), aumentando la reinversión de utilidades (32%); a su vez la remisión de utilidades,

40

Grondona M., 2014: Fuga de Capitales IV. Argentina, 2014. La manipulación de los precios de transferencia”. Documento de Trabajo Nº58, CEFID-AR, Buenos Aires. 41

Gaggero J., Rua M. y Gaggero A., 2013: “Fuga de Capitales III. Argentina (2002-2012). Magnitudes, evolución, políticas públicas y cuestiones fiscales relevantes”. Documento de Trabajo Nº52, CEFID-AR, Buenos Aires.

24

en un contexto de necesidades de liquidez de las matrices, llega a superar el 111% de la inversión total

en divisas de 26.494 millones us$.

En este último período adquieren también importancia las inversiones financiadas por toma de

deuda con las casas matrices. Esto implica aumentar la deuda externa argentina, ya que la legislación

vigente considera a las filiales como entes jurídicos independientes de sus casas matrices; no se han

obtenido datos sobre las tasas de interés correspondientes a estos préstamos.

8- Recientes medidas para controlar a las ETNs

Posiblemente como consecuencia de la crisis económica internacional iniciada en 2008, se

pueden percibir algunas medidas que buscan al menos moderar algunos de estos efectos negativos.

En lo que concierne a los paraísos fiscales, puede mencionarse la Foreign Account Tax

Compliance Act (FATCA) sancionada en 2010 en EEUU. Esta ley exige a una amplia gama de

instituciones financieras extranjeras que informen al Internal Revenue Service (IRS- organismo

impositivo norteamericano) todos sus clientes que son estadounidenses. Desde enero de 2014 exige

que estas instituciones financieras entreguen informes anuales al IRS con los nombres y direcciones de

los titulares, el mayor saldo de sus cuentas durante el año, y los débitos y créditos de cualquier cuenta

perteneciente a un estadounidense; de no hacerlo serán penalizadas con fuertes multas. Hay versiones

de que a resultas de FATCA, bancos extranjeros se niegan a tener clientes estadounidenses.

El gobierno de Alemania anunció en febrero de 2008 que había pagado 4,2 millones de euros a

un archivista del banco LGT Treuhand de Luxemburgo para obtener la lista de 1250 clientes del banco

y los detalles de sus cuentas; el gobierno alemán compartió la lista con el IRS de EEUU, y el gobierno

británico pagó 100.000 libras adicionales por la misma información. Las demandas alemanas de que la

Unión Europea adopte estrictas medidas contra los paraísos fiscales no han redundado hasta ahora en

ninguna resolución al respecto.

La OECD, en cooperación con países fuera de este grupo, definió una norma sobre impuestos

que fue adoptada por los ministros de finanzas del G20 en 2004, y por el Comité de Expertos de la

ONU sobre Asuntos Impositivos en su reunión de octubre de 2008. La misma requiere que, bajo

pedido, se intercambie información sobre aspectos impositivos a fin de aplicar las leyes impositivas

locales. La cumbre de Londres del G20 en abril de 2009 decidió definir una “lista negra” de países de

acuerdo a su cumplimiento de la norma impositiva. Entre las 39 jurisdicciones que, habiéndose

comprometido con la norma, no la han implementado sustancialmente figuran Bahamas, las Islas

Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Liechtenstein, Mónaco, las Antillas Holandesas, Andorra, San

Marino, Austria, Bélgica, Chile, Luxemburgo, Singapur y Suiza, mientras que China logró que Hong

Kong y Macao queden excluidos del compromiso. El primer ministro de Luxemburgo criticó esta

“lista negra” diciendo que carece de credibilidad ya que no incluye varios estados de EEUU (caso

notorio Delaware) que se corresponden con la definición de paraíso fiscal.

En lo que respecta a la regulación de la inversión extranjera, un hecho destacable ha sido el

decreto 2014-479 sancionado en Francia en mayo de 2014, que amplía los sectores donde se requiere

aprobación del Ministro de Economía para la IED incluyendo ahora energía, suministro de agua,

operación de redes de transporte y sus servicios, telecomunicaciones, operación de instalaciones y

estructuras de vital importancia dentro de la definición del Código Francés de Defensa, protección de

la salud pública. Para ser aprobada la inversión, el inversor deberá garantizar la sustentabilidad de las

actividades, las capacidades industriales, las capacidades de I+D o conocimiento asociado, la

seguridad del suministro y el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la sede de la compañía

en Francia. “The Economist” en su edición del 15 de mayo de 2014 titula la noticia sobre este decreto

como “Blocking foreign takeovers” (bloqueando la toma por extranjeros), y comenta que se trata de

una muestra de “patriotismo económico” ante la ola de adquisiciones y cambios de mano que recorre

Europa, y específicamente ante la oferta de la General Electric estadounidense de comprar Alstom,

empresa industrial francesa que fabrica desde turbinas hasta los trenes de alta velocidad.

25

En EEUU se creó en 1975 el Committee on Foreign Investment- CFIUS, para estudiar casos de

inversión extranjera que pudieran afectar la seguridad nacional. El CFIUS está integrado por

representantes de numerosas agencias gubernamentales, y eleva sus conclusiones al presidente de

EEUU para su decisión, aunque por lo general esa instancia no es necesaria ya que, ante objeciones,

los proyectos de inversión suelen ser retirados. Entre 2006 y 2012 se presentaron 787 casos al CFIUS,

de los cuales 181 fueron investigados y 104 propuestas de inversión (en muchos casos adquisición de

empresas estadounidenses) fueron retiradas ante las objeciones realizadas. Algunos casos fueron la

adquisición por la holandesa Smartmatic de la Sequoia Voting Systems; la adquisición de la petrolera

Unocal por parte de la china CNOOC (finalmente fue adquirida por Chevron-Texaco); el rechazo a

que Dubai Ports World operara 6 puertos en EEUU.

El World Investment Report 2013 de la UNCTAD, aunque manteniendo la visión positiva

sobre la IED, contiene comentarios y sugerencias que merecen destacarse, por cuanto no eran usuales

en los informes de años anteriores. Muchos países están reforzando las regulaciones de la IED,

haciendo mayor uso de políticas industriales en sectores estratégicos, endureciendo los procedimientos

de monitoreo, y examinando cuidadosamente las adquisiciones y fusiones transfronterizas. El 75% de

las medidas adoptadas en 2012 son para liberalizar la inversión, dirigidas especialmente al sector

servicios, siendo las políticas de privatización una componente importante de estas medidas. El otro

25% de las medidas son de mayor regulación, especialmente en industrias estratégicas como las

extractivas; en general los gobiernos se vuelven más selectivos respecto del grado de IED en diferentes

industrias. Las mayores regulaciones sobre adquisiciones y fusiones hicieron que entre 2008 y 2012

fracasaran operaciones por 265 miles de millones de dólares, debido principalmente a problemas

regulatorios y oposición política especialmente en la industria extractiva.

Respecto de los TBI, dice que hay 2857, de los cuales más de 1300 expirarán a fines de 2013:

hay una tendencia a favorecer tratados regionales en lugar de los tradicionales bilaterales, siendo que

en 2012 se firmaron sólo 20 nuevos TBI, la menor cantidad en 25 años.

Respecto de las cadenas globales de valor (CGV), UNCTAD dice que los países deben hacer

una elección estratégica acerca de promover o no promover la participación en las mismas, sopesando

sus pros y sus contras, costos y beneficios de acuerdo a su situación específica. Si se decide promover

la participación en una CGV, los responsables de la política deben antes determinar cómo se ubican el

perfil comercial y las capacidades industriales de su país, y evaluar en forma realista el desarrollo de la

cadena a fin de posicionarse estratégicamente.

Finalmente el informe dice que, con 58 nuevos casos, en 2012 se alcanzó la mayor cantidad de

disputas entre inversores y estados sometidas a arbitraje. Esto confirma una tendencia creciente de los

inversores extranjeros a apelar a estos arbitrajes, que totalizan actualmente 514 comprendiendo a 95

países. Agrega que ante este crecimiento, y ante las persistentes preocupaciones por las deficiencias

del sistema de arbitraje, está aumentando el debate sobre pros y contras del sistema actual.

Los frustrados intentos en Naciones Unidas durante los 70 y los 80 de definir un código de

conducta de las ETNs han resurgido, esta vez motivados por los daños ambientales y otras violaciones

a los derechos humanos generados por varias de estas empresas. El 24 de junio de 2014 el Consejo de

Derechos Humanos de la ONU aprobó la resolución sobre la “Elaboración de un instrumento

internacional legalmente vinculante sobre las corporaciones transnacionales y otras empresas de

negocios con respecto a los derechos humanos”. La resolución obtuvo 20 votos a favor, 14 en contra y

13 abstenciones (entre ellas Argentina y Brasil). Esta votación ilustra las posiciones actuales respecto

de las ETNs: China, India y Rusia votaron a favor, no llama la atención que EEUU, Japón y los países

de la Unión Europea se hayan opuesto, y se marcó la ruptura del bloque latinoamericano, donde sólo

Cuba y Venezuela votaron a favor.

Si bien resulta probable que esta iniciativa corra una suerte similar a la de los intentos de

concretar un Código de Conducta, sobre todo considerando la oposición de los países centrales, no

deja de ser un indicativo de que los paradigmas de los 90 empiezan a mostrar quiebres, y de que, aún

en forma incipiente, los viejos debates vuelven a la escena.

26

9- Reflexiones finales sobre la situación actual

Al comparar las visiones sobre las ETNs surgidas entre la década del 50 y mediados de los años

80 de Naciones Unidas, gobiernos, academia, sindicatos, con las vigentes en la actualidad, se percibe

la magnitud de los cambios en las relaciones de poder ocurridos en el mundo. No existe el gobierno

mundial anhelado por Giovanni Agnelli, pero organismos internacionales como el FMI, Banco

Mundial, OMC, UNCTAD, World Intellectual Property Organization, cumplen en gran medida esa

función al imponerse sobre la soberanía de las naciones.

Las resoluciones adoptadas por la asamblea general de la ONU sobre el establecimiento de un

NOEI y el derecho al desarrollo se han convertido en letra muerta, y son contradictorias con la

legislación sobre inversión extranjera vigentes en varios países, entre ellos Argentina. Los TBIs y las

disposiciones de la OMC no sólo consolidan el “viejo orden económico internacional” sino que limitan

seriamente la posibilidad de que la periferia encare políticas autónomas de desarrollo. El

proteccionismo a la industria nacional, pieza fundamental de los procesos de industrialización de los

países hoy desarrollados, ha adquirido características de delito contra el derecho internacional.

Tal como se ha intentado mostrar en este trabajo, este cambio de paradigma no es consecuencia

de la superación de los aspectos negativos de la actividad de las ETNs. Corrupción, evasión

impositiva, efectos negativos en el balance comercial y en la cuenta corriente, siguen vigentes y

afectan no sólo a las naciones en desarrollo sino también a varios países centrales.

Es más, las premoniciones de intelectuales latinoamericanos como Celso Furtado y Osvaldo

Sunkel sobre las consecuencias negativas para el desarrollo económico-social de la región de la

apertura irrestricta a la IED se han visto confirmadas por los hechos: ha surgido un sistema industrial

internacional cuyos principales actores son las ETNs respaldadas cada vez más por los gobiernos de

los países desarrollados, reforzando el subdesarrollo cultural- político- social- económico de los

sectores periféricos, ahondando su dependencia y desintegración social.

En Argentina el abandono de las políticas neoliberales a partir de 2003 cortó el proceso de

privatizaciones, y el Estado Nacional volvió a tomar el control de varios sectores estratégicos: Correo

Argentino (recuperado por decreto 1075/2003), el suministro de agua (fin de la privatización y

creación de AYSA en marzo de 2006), Aerolíneas Argentinas (ley 26412 de septiembre de 2008), re-

estatización del sistema jubilatorio (eliminación de las AFJP por ley 26425 de diciembre de 2008), re-

estatización de la fábrica de aviones de Córdoba (creación de Fábrica Argentina de Aviones Brig. San

Martín por ley 26501 de diciembre de 2009), control estatal de YPF (ley 26741 de mayo de 2012).

La IED no se cortó ante este cambio de política, desmintiendo las premoniciones sobre

“aislamiento del mundo”: en 2012 fue de 12.284 millones de us$, sólo superada en los 90 por la

privatización de YPF en 1999. El stock de IED equivalía en 2012 a algo más del 20% del PBI, y el

flujo de IED dicho año respondía por algo más del 10% de la formación bruta de capital fijo.

El proceso de extranjerización de la economía argentina surge de las estadísticas del INDEC

sobre las 500 mayores empresas no financieras: en 1993 había 219 empresas extranjeras en la cúpula

empresaria (44% del total); 18 años después, en 2011 eran 322 (el 64%). En 1993 las empresas

extranjeras aportaban el 59% del valor agregado por la cúpula y en 2011 el 80%. No sólo las filiales

dominan la producción de la cúpula, sino que su producción por empleado es 2,17 veces mayor que el

de las mayores empresas nacionales, evidencia de su mayor contenido tecnológico. En lo referente al

balance comercial, las ETNs mantienen tanto coeficientes de exportación como de importación

sensiblemente superiores a las firmas nacionales. Su participación en las exportaciones (datos de

200942

) es hegemónica en varias actividades: el total de las exportaciones de automotores, mineral de

cobre, oro y piedras preciosas, más del 80% de combustibles, el 75% de pasta de papel y autopartes, y

más del 60% de las exportaciones de trigo, maíz, soja, sus derivados y aceites.

42

Novick M., Palomino H. y Gurrera M.S. (coordinadores), 2011. “Multinacionales en la Argentina. Estrategias de empleo,

relaciones laborales y cadenas globales de valor”. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Bs.As.

27

El proceso de desindustrialización iniciado durante la última dictadura y profundizado durante

la década del 90, se tradujo en una ruptura de cadenas productivas que se vio acelerada por la política

de las ETNs de basarse en CGVs. El caso de la industria automotriz, dominada por las ETNs con sus

cadenas globales de valor, es ilustrativo. Según datos del Plan Estratégico Industrial 2020 del

Ministerio de Industria, la balanza comercial de dicho sector registró en 2010 un déficit comercial de

5.781 millones de dólares. Los años siguientes muestran la misma tendencia43

: en 2011 el sector

autopartes registró un déficit comercial de 8.774 millones de dólares, y en 2012 el déficit en autopartes

alcanzó 8.315 millones con un superávit para vehículos terminados de 1.500 millones y un saldo

negativo para todo el sector de 6.815 millones de dólares, es decir 18% superior al de dos años antes.

Se concluye que como resultado del cambio cualitativo en la estrategia comercial de las ETNs

automotrices, que pasaron de orientarse inicialmente a un mercado interno restringido y protegido para

hacerlo ahora al mercado global (con gran peso del MERCOSUR), y de su integración a CGVs (el

contenido nacional de los automóviles fabricados en Argentina es de alrededor del 35%), se produjo el

reemplazo mayoritario de autopartistas locales por los externos. El resultado de los cambios en el

sector automotriz ha sido, por lo tanto, un nuevo drenaje de divisas para el país así como la

desaparición de buena parte del sector autopartista nacional.

La industria electrónica de Tierra del Fuego es otra aportante significativa al déficit comercial.

Por su parte la industria metalúrgica, debido a la debilidad de sus encadenamientos locales, según

surge de los informes trimestrales de comercio exterior que publica su cámara empresaria ADIMRA

registra sistemáticos saldos negativos, que en 2008 fueron de 15.875 millones de dólares para ser en

los años siguientes de 30.162, 17.331, 21.502 y 19.040 millones en 2012.

La minería es otro sector donde las ETNs se han visto beneficiadas en forma extraordinaria por

la legislación vigente. Federico Basualdo ha analizado este sector44

. La ley 24196 de Inversiones

Mineras, abril 1993, garantiza la estabilidad fiscal por 30 años, les permite deducir del impuesto a las

ganancias el 100% de las inversiones en prospección- exploración- estudios especiales- estudios de

factibilidad técnica-económica, gozan del régimen de amortización acelerada del Impuesto a las

Ganancias, exime de dicho impuesto a las utilidades provenientes de los aportes de minas y derechos

mineros, exime del Impuesto sobre los Activos, y exime del pago de derechos de importación sobre

bienes de capital, insumos y equipos utilizados. La ley fija como valor máximo de las regalías

cobradas por las provincias el 3% del “valor boca mina” del mineral extraído, valor que deduce los

costos de transporte, trituración, molienda, comercialización, administración, fundición y refinación.

La ley 24402, diciembre 1994, amplió los beneficios al permitir la devolución anticipada del IVA a las

empresas que hayan realizado inversiones en el marco de la ley 24196. El nuevo Código de Minería,

decreto 456/1997, impone la prohibición de la explotación estatal de las minas metalíferas, y establece

la exención de todo tipo de impuesto o gravamen a la explotación y comercialización de la producción

minera durante los primeros 5 años de concesión, lo que dado que comienza a regir a partir del registro

de la concesión incluye también las tareas de exploración y construcción del establecimiento.

La ley 25561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario de 2002 impuso

retenciones a la exportación de hidrocarburos y “otros recursos” (incluso los mineros) durante 5 años,

y fue prorrogada en 2007 por 5 años más. La ley fue declarada de orden público, por lo que no se

pudieron alegar derechos adquiridos. Las retenciones fueron del 10% para, entre otros, el cobre y la

plata, y del 5% para oro y litio. Pese a la fuerte resistencia del sector minero, esta ley se constituyó en

una de las principales herramientas del Estado Nacional para participar en los beneficios de la minería.

El trabajo de Basualdo toma los casos de dos de los mayores emprendimientos mineros, Minera

Lumbrera establecida en 1997 y Minera Argentina Gold en 2006, para analizar la distribución de la

renta minera entre empresa extranjera y Estado, y las utilidades de dichas empresas. En el caso de

43

Página 12, 2013. “Sector con la balanza en rojo”. Edición 25 abril 2013, pág. 10. 44

Basualdo F., 2012. “Desempeño de la actividad minera metalífera en la Argentina. Renta minera y distribución de

beneficios”. Apuntes para el Cambio, Nº2, pp.1-14, Bs.As. También hallable en Basualdo F., Becerra M., Basualdo E.,

2014. “Las producciones primarias en la Argentina reciente”. Centro Cultural de la Cooperación, Bs.As.

28

Minera Lumbrera, entre 2005 y 2009 la renta cuprífera45

alcanzó 3960 millones de dólares, de los

cuales la empresa se apropió de 2186 millones y el Estado (nacional y provincial) 1774 millones.

Minera Argentina Gold se benefició de las exenciones del nuevo Código de Minería, y es así que de la

renta aurífera de 1500 millones de dólares entre 2006 y 2010, la empresa se apropió de 1235 millones,

el Estado Nacional de 155 millones y la provincia de 110 millones.

Como resultado, las utilidades sobre ventas de Minera Lumbrera fueron un promedio de 46,6%

entre 2005 y 2009, con un mínimo del 37,5% y un máximo de 53,5%. En el caso de Minera Argentina

Gold fueron en promedio de 53,4% entre 2006 y 2010, con un mínimo de 25,8% y un máximo de

70,5%. A fines comparativos cabe mencionar que entre 2005 y 2009 la tasa de ganancia sobre ventas

de las 200 empresas de la cúpula empresaria en el país osciló entre el 6,5% y el 10,2%. Si el Estado se

hubiera apropiado de la totalidad de la renta minera, las utilidades de Minera Lumbrera hubieran

oscilado entre el 9% y el 13,1%, es decir aún superior a las de la cúpula empresaria.

En un panorama de creciente restricción externa está faltando un debate amplio sobre el papel

de las ETNs en Argentina. Encuentran poco eco las tendencias actuales a mayores regulaciones y

recomendaciones como las de UNCTAD de definir estrategias nacionales sobre la participación en

CGVs que apunten hacia un desarrollo sustentable. No sólo no se ha revisado la legislación vigente

sobre inversiones extranjeras, mineras, tratados bilaterales de inversión, sino que el tema no es

mencionado en el discurso de un año electoral. El conflicto en curso con los llamados “fondos buitre”

pone de relieve las consecuencias de haber resignado la soberanía jurídica del país.

A esto se suma la falta de coordinación entre distintas áreas de gobierno. Los ejemplos al

respecto abundan. Las restricciones a las importaciones impuestas por la anterior conducción de la

Secretaría de Comercio a fin de balancear la cuenta corriente tuvieron un efecto negativo en la

producción, en momentos en que la crisis internacional afectaba el nivel de actividad. La ausencia de

una real política industrial es también evidente; no se ha definido el perfil industrial buscado, y pese a

la recuperación del sector posterior a la crisis del 2001-2001, los encadenamientos productivos siguen

siendo débiles y las ramas de alto contenido tecnológico siguen siendo escasas.

El sector Ciencia y Tecnología ha recibido un encomiable impulso en la última década, de lo

cual la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) es un

ejemplo. Sin embargo la coordinación con el sistema productivo y de servicios tiene huecos, que se

manifiestan en los ejemplos que se dan a continuación. La reactivación del transporte ferroviario era

una necesidad clara, pero durante varios años no hubo acciones ni del MINCYT ni del Ministerio de

Industrias tendientes a recuperar las capacidades que el país supo tener tanto en la producción de

material rodante como de rieles. Cuando la necesidad se convirtió en urgente, se debió recurrir a la

importación de dicho material, lo que en un cuadro de restricción externa y de necesidad de reactivar la

actividad productiva no es lo óptimo. Otro tanto puede decirse de la explotación de hidrocarburos no

convencionales; el plan estratégico del MINCYT no menciona el tema. Sin embargo, ante el creciente

déficit en la balanza comercial del sector, se debió recurrir a la tecnología extranjera y a la correcta

pero tardía creación de YPF Tecnología.

Un aspecto que merece atención es quién es el destinatario de la investigación científica del

país. La advertencia mencionada de Sunkel sobre la “pesca” de I+D por parte de la red de tecnólogos

de las ETNs, así como que dicha pesca pasa inadvertida por la comunidad científica, queda confirmada

por varios hechos pese a haber sido hecha hace ya 40 años. Un trabajo de Codner, Becerra y Díaz46

pone en evidencia lo que podríamos llamar “derrame inverso” de conocimiento generados en el país

hacia empresas transnacionales. La publicación muestra que 30 patentes extranjeras de empresas,

organizaciones científicas y oficinas de transferencia de tecnología se apoyan en publicaciones de

45

La renta minera es la diferencia entre el precio de producción (incluyendo costos y ganancia media del capital) en un

yacimiento determinado, y el precio de producción del yacimiento de peor calidad (mayor costo de producción) necesario

para satisfacer la demanda y que, por lo tanto, determina el precio del producto. 46

Codner D., Becerra P. y Díaz A., 2012. “Blind Technology Transfer or Technological Knowledge Leakage: a Case

Study from the South”. J.of Technology Management&Innovation. Vol.7, Nº2 : 184-194.

29

investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes: en 15 para dar evidencia científica, en 11 como

referencia del estado del arte, y en 4 por contribuir al método de producción. Aclaran que en ningún

caso hubo retribución a dicha universidad dado el carácter público de las publicaciones en revistas

científicas, ni transferencia de los resultados de las publicaciones al sistema productivo nacional. Los

autores concluyen: “regalo de cerebros” antes que “drenaje de cerebros”.

La falta de conciencia sobre este problema se evidencia en la ley 26899 de “Creación de

Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos”, sancionada en

diciembre de 2013 y promovida por la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del

MINCYT, que dispone que los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional

de Ciencia, Tecnología e Innovación deberán desarrollar repositorios digitales institucionales de

acceso abierto, propios o compartidos, en los que se depositará la producción científico-tecnológica

resultante del trabajo, formación y/o proyectos, financiados total o parcialmente con fondos públicos,

de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y

doctorado, incluyendo el conjunto de documentos (artículos de revistas, trabajos técnico-científicos,

tesis académicas, entre otros), que sean resultado de la realización de actividades de investigación,

incluyendo sus “datos primarios” (datos en bruto que fundamentan el nuevo conocimiento). Hay

excepciones cuando los conocimientos desarrollados estén protegidos por derechos de propiedad

intelectual, caso en que serán publicados una vez que los mismos se extingan, pero en lo inmediato

deberá hacerse público el acceso a los metadatos de dichas obras intelectuales y/o datos primarios

(“metadato” es toda aquella información descriptiva sobre el contexto, calidad, condición o

características de un recurso, dato u objeto, que tiene la finalidad de facilitar su búsqueda,

recuperación, autentificación, evaluación, preservación y/o interoperabilidad). Las instituciones

deberán justificar debidamente las razones por las cuales ciertos resultados deban mantenerse

confidenciales, aclarando en qué momento la misma podrá hacerse pública. Dicha ley tiene como

objetivo- en palabras de su promotor- “que la producción científica financiada por la sociedad sea

accesible. Es inaceptable que si el Estado Nacional financia la investigación de una persona después no

pueda la sociedad toda acceder a ese conocimiento”. El detalle omitido en esta declaración es que la

accesibilidad comprende no sólo a los argentinos que financiaron las investigaciones, sino a todo el

mundo que recibirá gratuitamente los resultados de dicha producción. No casualmente la revista

Nature en mayo de 2012, citada por la página web del MINCYT, muy sagazmente concluye que esta

apertura de la producción científica argentina podría “beneficiar a la comunidad internacional”.

Resulta difícil imaginar qué utilidad podrán sacar los argentinos de los informes y datos que

ahora les serán accesibles; si el objetivo es que la investigación redunde en resultados para la

población, debería ponerse el énfasis en la aplicación de los conocimientos desarrollados a la

satisfacción de las necesidades y la elevación de las condiciones de vida de los argentinos. Con esta

ley, para concretar la “pesca” anunciada por Sunkel y el “regalo de cerebros” del que hablaran Codner,

Becerra y Díaz sólo será necesaria una conexión de Internet. La obligación de publicar los “datos

primarios” resulta muy difícil de justificar, dado que dichos datos son una valiosa mercancía cuyo

acceso está restringido salvo que, en algunos casos como es el de la industria farmacéutica, se pague

por la obtención de los mismos.

Resulta particularmente grave que no exista conciencia de la preservación de la propiedad

intelectual, tan celosamente protegida en el actual mundo globalizado, y que llevara a un grupo experto

de la Unión Europea47

a definir que “propiedad intelectual es la moneda corriente de la economía del

conocimiento”. Hace 33 años Jorge Sabato48

había definido la tecnología como una mercancía, y había

aclarado que no debía hablarse de “transferencia de tecnología” sino de “comercio de tecnología”.

47

Knowledge Transfer Working Group of the ERA Committee (junio 2012). “European Research Area Guidelines on

Intellectual Property Management in International Research Collaboration Agreements between European and Non-

European Partners”. 48

Sabato J.A. y Mackenzie M., 1982. “La producción de tecnología. Autónoma o transnacional”. Ed.Nueva Imagen, México D.F.

30

La solución a los problemas expuestos en este trabajo no es simple ni inmediata. La necesaria

modificación del régimen legal vigente encuentra límites en las disposiciones de la OMC y en los

derechos ya adquiridos en el marco de la legislación y TBIs. Dicho régimen actual contradice al menos

la tradición jurídica nacional y eventualmente la Constitución Nacional. Considerar a las filiales como

entes jurídicos independientes de sus casas matrices no sólo abandona la doctrina Parke Davis de la

SCJ sino que convierte en “contratos” actos que en realidad son movimientos internos dentro de la

misma empresa; para existir un contrato la doctrina jurídica exige la existencia de dos partes con

intereses diferenciados. Resulta así que tanto los pagos de regalías y patentes por parte de las filiales a

sus casas matrices u otras filiales no serían un costo deducible de las utilidades sino meras operaciones

internas de las ETNs; de la misma forma los pagos de intereses por préstamos de las casas matrices,

préstamos que como muestra la tabla II sumaron 10.819 millones de us$ entre 2007 y 2011, tampoco

serían costos a deducir de las utilidades sino aportes de capital. Más aún: el llamado principio de “arms

length”, base del método propuesto por la OECD y adoptado en nuestro país para evaluar los precios

de transferencia, resultaría inválido.

El segundo aspecto que podría ser objetado es la aceptación de tribunales extranjeros (sea el

CIADI o arbitrajes específicos definidos por la otra parte) establecida por los TBIs y que han dado

lugar a numerosos fallos adversos a Argentina. El art.116 de la Constitución Nacional establece como

atribución de la SCJ y tribunales inferiores “ los asuntos en que la Nación sea parte”, con la reserva de

“tratados con las naciones extranjeras”. El tema a dilucidar es si los TBIs son tratados con naciones

extranjeras, y si han sido ratificados por el Congreso siguiendo el procedimiento correspondiente.

Independientemente de lo que acaba de expresarse, hay hechos que muestran caminos posibles

que se enmarcan en un mayor protagonismo del Estado desmintiendo el slogan neoliberal de que todo

lo que hace el Estado es ineficiente, y que el camino es su fortalecimiento organizativo, humano y

tecnológico. La reversión de la tendencia declinante en la producción de hidrocarburos a partir del

control nacional de YPF es uno de ellos. La finalización de la central nuclear Atucha II, tarea de gran

complejidad técnica concretada por la estatal Nuleoeléctrica Argentina con el apoyo de la Comisión

Nacional de Energía Atómica y el aporte de numerosas empresas locales es otro. El desarrollo de

satélites y radares por parte de INVAP, con el desarrollo de una cadena de proveedores nacionales se

enmarca en esta línea.

Tal vez la más compleja tarea por delante es abrir un debate nacional para captar los aportes de

diversos sectores y disciplinas, y para crear conciencia sobre elementos poco tomados en cuenta que

contribuyen a la restricción externa, a lo cual este trabajo intenta modestamente contribuir.

ACRÓNIMOS AFIP Administración Federal de Ingresos

Públicos

NOEI Nuevo Orden Económico Internacional

CFIUS Committe on Foreign Investments OECD Organization for Economic Co-operation and

Development

CGV Cadena Global de Valor OMC Organización Mundial del Comercio

ETN Empresa Transnacional ONU Organización de las Naciones Unidas

FATCA Foreign Account Tax Compliance Act SCJ Suprema Corte de Justicia

FCPA Foreign Corruption Practices Act SEC Securities and Exchange Commission

FMI Fondo Monetario Internacional SPE Special Purpose Entity

G77 Grupo de los 77 TBI Tratado Bilateral de Inversión

I+D Investigación y Desarrollo UNCTAD Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio

y Desarrollo

IED Inversión Extranjera Directa UNCTC Comisión sobre Corporaciones Transnacionales

de la ONU

MINCYT Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación Productiva

WIR World Investment Report

MPNA Movimiento de Países No Alineados