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1 La dictadura cívico-militar argentina: 1976-1983 la implementación del modelo de valorización financiera y el terrorismo de estado. Romina Adamucci/Viviana Viegas “Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia”. (León Gieco) Fundamentación: Han transcurrido 30 años del restablecimiento de la democracia en Argentina. A pesar de este tiempo y del innegable fortalecimiento de las instituciones políticas logrado en estos años, quedan aún varias cuestiones por resolver, por lo que seguimos repensando la complejidad del proceso militar previo y sus consecuencias presentes y futuras en los diferentes órdenes de la vida social. En este sentido, durante los últimos años se han logrado importantes avances en el esclarecimiento de lo sucedido en el marco del genocidio de Estado como consecuencia del aporte de las investigaciones de las diferentes disciplinas científicas, de la lucha de los organismos de derechos humanos y del impulso dado en la última década a los juicios relativos a los crímenes cometidos durante dicha etapa. Prueba de ello resulta, por ejemplo, la determinación de la responsabilidad de los sectores civiles en el diseño del plan de reestructuración de la sociedad que tuvo entre sus objetivos el “golpe”. Pero aún quedan cuestiones por resolverse en la continua búsqueda de memoria, verdad y justicia. El presente trabajo no pretende ahondar en nuevos aportes investigativos, sino que se encuentra centrado en facilitar a los alumnos la comprensión de la complejidad de éstos procesos, compilando las contribuciones conceptuales producidas en el campo científico y político para reflexionar sobre lo sucedido. En todo caso, su humilde aporte será el de socializar parte del capital cultural logrado por la

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Page 1: Fundamentación:  file · Web viewLa dictadura cívico-militar argentina: 1976-1983 la implementación del modelo de valorización financiera y el terrorismo de estado

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La dictadura cívico-militar argentina: 1976-1983 la implementación del modelo de valorización financiera y el terrorismo de estado.

Romina Adamucci/Viviana Viegas

“Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia”. (León Gieco)

Fundamentación:

Han transcurrido 30 años del restablecimiento de la democracia en Argentina. A pesar de este tiempo y

del innegable fortalecimiento de las instituciones políticas logrado en estos años, quedan aún varias

cuestiones por resolver, por lo que seguimos repensando la complejidad del proceso militar previo y sus

consecuencias presentes y futuras en los diferentes órdenes de la vida social.

En este sentido, durante los últimos años se han logrado importantes avances en el esclarecimiento

de lo sucedido en el marco del genocidio de Estado como consecuencia del aporte de las investigaciones

de las diferentes disciplinas científicas, de la lucha de los organismos de derechos humanos y del impulso

dado en la última década a los juicios relativos a los crímenes cometidos durante dicha etapa. Prueba de

ello resulta, por ejemplo, la determinación de la responsabilidad de los sectores civiles en el diseño del

plan de reestructuración de la sociedad que tuvo entre sus objetivos el “golpe”. Pero aún quedan

cuestiones por resolverse en la continua búsqueda de memoria, verdad y justicia.

El presente trabajo no pretende ahondar en nuevos aportes investigativos, sino que se encuentra

centrado en facilitar a los alumnos la comprensión de la complejidad de éstos procesos, compilando las

contribuciones conceptuales producidas en el campo científico y político para reflexionar sobre lo

sucedido. En todo caso, su humilde aporte será el de socializar parte del capital cultural logrado por la

sociedad argentina, alimentando la memoria colectiva. En palabras de Ana Lo Giudice1, abriendo así paso a

la dimensión del saber, a esas huellas que están inscriptas como determinación de los sujetos y también de

la comunidad. Memoria no entendida como añoranza, sino como resorte de vida y como condicionante del

lazo social.

A tales fines, se intentará analizar el período comprendido entre los años 1976-1983 en Argentina en su

complejidad, abordando diferentes aristas para tratar de arribar a una visión más completa de sus

determinantes. Para ello, se partirá de los siguientes ejes:

1Lo Giúdice, Ana; “Una Mirada psicoanalítica De La Memoria”; en El Porvenir de la Memoria; 2°Coloquio Interdisciplinarios de Abuelas de Plaza de Mayo; Ed. Gutten Press; Buenos Aires; septiembre de 2005

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- Los factores externos, es decir, la situación internacional en tanto condicionante geopolítico; y los

fundamentos económicos y político-ideológicos de las transformaciones del capitalismo occidental

iniciadas a mediados de los ´70.

- Los factores internos, definidos por la existencia de una crisis de hegemonía al interior de los

sectores dominantes y un escalada de violencia política en el período previo al “golpe”; y la

consecuente necesidad del rearmado de un nuevo bloque hegemónico en el marco de la dictadura

cívico-militar.

- El campo económico, haciendo especial énfasis en las transformaciones en su estructura, como

consecuencia de las políticas aplicadas durante este período

- El campo político y social, identificando la modalidad de implementación del terrorismo de estado

como herramienta para lograr el disciplinamiento social, condición, a su vez, para llevar adelante las

transformaciones acordes al nuevo patrón de acumulación.

- Las distintas formas que podrían nominarse de “resistencia” que distintos sectores de la sociedad

civil ponen en práctica frente al proyecto dictatorial

- Y por último, los motivos de la finalización de dicha dictadura y el contexto en el que se procede a la

reapertura democrática hacia 1983…

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Los factores externos: la situación internacional y los fundamentos económicos y políticos.

“Hemos construido un sistema que nos persuade a gastar dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para crear impresiones que no duraran en personas que no nos importan”.

Emilie Herni Gauvreay

El miércoles 24 de marzo de 1976 se concreta lo que hasta ese momento era la crónica de una

muerte anunciada para una amplia mayoría de la población: La Presidenta Constitucional Isabel Perón es

destituida y trasladada al sur. Se inicia así una de las etapas más trágicas de nuestra historia, mencionada

popularmente como “El Proceso” o, más exactamente, denominada por la mismísima Junta de

Comandantes que asumió el poder “Proceso de Reorganización Nacional”; dictadura cívico militar que va a

ocupar el sillón presidencial desde 1976 a 1983, arrastrando a la Argentina a un destino común con sus

vecinos del cono sur, en el marco del nuevo liberalismo y al amparo de la “Doctrina de la Seguridad

Nacional” impulsada por EEUU.2

Para poder comprender geopolíticamente esta etapa es necesario profundizar en su cosmovisión

del mundo, la que se acentuará con preeminencia en las décadas subsiguientes, y que no es más que la

mascarada con que vuelven a consolidarse los intereses de las clases dominantes.

A tales efecto, debemos remontarnos a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con los

tratados de Yalta y Potsdam que definen las áreas de influencia para los ganadores de esta contienda:

EEUU, que va a liderar el bloque capitalista en Europa y América Latina; y la URSS y el bloque socialista,

conformado por Europa del Este y áreas de influencia. Ambos antagónicos e irreconciliables.

Este nuevo orden mundial bipolar, al que se denominó Guerra Fría, se extenderá hasta la segunda

mitad del Siglo XX, generando una carrera armamentista con focos de tensión y conflicto que se dirimirán

en países periféricos sin existir una formal declaración de guerra entre ambas naciones. Su finalización

llegará recién con el colapso de la Unión Soviética en 1990, dejando a EEUU como único Imperio mundial.

2 Si bien con procesos específicos, Bolivia (Banzer), Uruguay (Bordaberry), Paraguay (Stroessner), Brasil (Geisel) y Chile (Pinochet) fueron países donde se desarrollaron dictaduras con algunas características comunes.

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En este contexto, EEUU desarrolla una serie de políticas que tienen como objetivo fundamental

controlar el bloque socialista ante los posibles avances del comunismo; con consecuencias para Europa y

América Latina.

Así, en 1945 se firma el Acta de Chapultepec entre EE.UU. y las naciones de Latinoamérica, en

ocasión de la Conferencia celebrada en la Ciudad de México. Dicha Acta retoma los principios de la

“Doctrina Monroe” y es impulsada por los sectores más conservadores de la región, ampliando el pacto de

solidaridad recíproca entre los estados parte. Resulta elocuente el punto 8vo. del tratado, donde plantea la

defensa colectiva del continente contra agresiones extra-continentales y establece una serie de

procedimientos para sancionar a países americanos en determinadas circunstancias.

Posteriormente, la Doctrina Truman (1946) en correspondencia con estas resoluciones, sostendrá

en el aspecto político que « Estados Unidos apoyara a los pueblos libres que están resistiendo los intentos

de subyugación por minorías armadas o por presiones exteriores".

Ambas iniciativas fueron el origen del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en

Río de Janeiro en 1947 y de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948.3

Para el caso de Europa, el modo de prevenir el avance comunista y garantizarse la preminencia sobre ese

mercado será, en lo económico, el Plan Marshall (European Recovery Program), basado en la

reconstrucción de una Europa de pos guerra devastada; en tanto en el aspecto militar y de control civil, la

creación de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y de la CIA(Central Intelligence Agency).

LA CIA, será la agencia reemplazante de la Office of Strategic Services (OSS, Oficina de Servicios

Estratégicos), heredando los mismos procedimientos y agentes de su antecesora. Fue creada durante la

guerra para ejecutar misiones de espionaje y apoyo a la resistencia. Posteriormente será autorizada para

investigar expedientes administrativos y fiscales sin necesidad de intervención judicial, ampliando su área

de influencia más allá de Europa.

Sin embargo, no todas sus acciones fueron de espionaje. La agencia estuvo detrás de múltiples

tareas de entrenamiento de insurgentes y desestabilización de gobiernos contrarios a las políticas de la

Casa Blanca. El Presidente contará así con un segundo punto de vista, elaborado por civiles, frente al

aportado por los militares de la Agencia de Seguridad Nacional.

3Dichos pactos fueron invocados en 1982 por los militares argentinos durante el conflicto de Malvinas entre Argentina e Inglaterra. No obstante, EEUU no respeta el acuerdo, en tanto no lo considera aplicable y termina apoyando a Gran Bretaña.

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En concordancia, se implementará para América Latina la “Doctrina de Seguridad Nacional”,

otorgándoles a las FFAA de estos países un rol protagónico en la lucha contra el comunismo, entrenando a

los distintos ejércitos en la llamada “Escuela de las Américas”4 en Panamá y retomando las experiencias en

métodos y procedimientos de la Escuela Francesa aplicados en las guerras de independencia de Indochina

y Argelia.

Estas fuerzas extenderán su rol de defensa al ámbito interno, al considerar a los propios ciudadanos

como posibles amenazas a la seguridad nacional, contando para ello con el apoyo de la CIA, quien sostuvo

ideológicamente y en los hechos a las dictaduras que asolaron al continente durante los ´60 y ´70.

En este marco y bajo el sustento ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional se desarrolla,

por parte de las dictaduras de América Latina, la Operación Cóndor, creada e impulsada por Washington,

cuyo objetivo era exterminar a opositores a sus políticas.

En Argentina, durante la presidencia de Arturo Frondizi, el Plan Conintes (Conmoción Interna del

Estado) del año 1959 es el precursor en la aplicación de estos lineamientos, poniendo a las FFAA y de

seguridad al servicio de la represión interna.

La Implementación de estas políticas fueron el soporte para la dinamización de las economías de las

potencias hegemónicas entre la finalización de la II Guerra Mundial y mediados de la década del 70.

Tales estrategias de seguridad se combinan en América Latina con la implementación de modelos

de Estado de Bienestar, cuyas políticas económicas resultan fundamentales en la construcción de una

lógica de acumulación centrada en el área industrial a partir de la crisis del 30;en complemento con el

sector privado y de organizaciones sindicales fuertes e influyentes en el ámbito político.

Dichos Estados, bajo una estrategia neocorporativista para mantener “la paz social”, se proponen

entre sus objetivos principal es lograr el pleno empleo y construir un sistema inclusivo de seguridad social;

lo cual, podría decirse, se consigue en los 60, donde se registran niveles prácticamente de pleno empleo.

No obstante, la acumulación continua de capital se encuentra con uno de sus mayores obstáculos: la

escasez de mano de obra, por lo que en el marco de esa década se tornará necesario lograr que ésta fuera

más barata y despolitizada.

4Formalmente llamada “United States Army School of the Americas” Fort Gulick, emplazada en lado Atlántico de la Zona del Canal de Panamá,

se dedicará desde 1963 a dictar cursos o entrenamientos que incluían técnicas de contrainsurgencia, operaciones de comando, tiro franco,

compulsión psicológica, inteligencia militar y tácticas de interrogatorio. También fue responsable de la difusión de manuales militares con

técnicas de tortura. Roberto E. Viola y Fortunato Galtieri figuran entre sus graduados.

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EEUU y Europa favorecen políticas de pro-inmigración para resolver temporalmente dicho problema. Por

su parte, en América Latina será a través de modelos de Estado burocráticos-autoritarios 5 que se intentará

el disciplinamiento social necesario para el logro de tales objetivos.

En este contexto se produce la llamada “crisis de mediados de los 70”, la que determina un hito para el

desarrollo de los nuevos patrones de acumulación. Al respecto, las economías capitalistas occidentales

entran en una nueva fase caracterizada por un estancamiento y posteriormente una disminución del peso

relativo de las actividades manufactureras con respecto al conjunto de la economía, y un aumento relativo

del peso del sector servicios.

Dos acontecimientos actúan como disparadores de tales transformaciones: la inconvertibilidad del dólar y

el aumento del precio del petróleo a partir de la creación de la OPEP6, en tanto se genera gran inestabilidad

en los mercados, actuando como contención de la demanda y desatando un importante proceso

inflacionario.

Ello, junto a la incorporación de las nuevas tecnologías7 al proceso productivo, dará como resultado la

transformación de todo el aparato manufacturero y, por ende, del mundo del trabajo; tanto en los países

centrales como en los dependientes; marcando el cierre de un ciclo y el rearmado de una nueva lógica de

acumulación a escala mundial en el capitalismo occidental.

Según Dorfman8, las características principales del nuevo sistema de producción podrían resumirse en

cinco postulados de validez universal: desgigantización, descomposición del proceso productivo en

elementos separables, relocalización, flexibilización y aptitud para la diversificación; habilitando nuevos

recursos para el logro de la competitividad.

Lo concreto es que, como consecuencia de ello, las empresas se tornan mucho más agresivas y

competitivas, aprovechando la crisis para recuperar el poder perdido en la década del ´60,en relación al

movimiento obrero.

Esto dentro del contexto de una reorientación internacional hacia las exportaciones por parte de las

principales empresas trasnacionales (ET), utilizando la demanda mundial como reactivante industrial en

5Ver O´ Donell, Guillermo; “El Estado burocrático-autoritario”; Cap. I; Ed. De Belgrano, Buenos Aires, año1982.

6 La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decide incrementar el valor de este recurso no renovable.

7 Algunos autores sostienen que a mediados de los ´70 se produce la III Revolución Industrial, con asiento en las nuevas fuentes de energía, la utilización de nuevos materiales y el microchip. Al respecto ver: Dorfman, Ariel; “La Industrialización Argentina en una Sociedad de Cambio”; en Realidad Económica N°112; Parte II.

8 Dorfman, Ariel; op.cit.

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los países centrales, lo que produce un alud de productos importados, que hacen peligrar las industrias

nacionales de los países receptores.

Estamos ante la Desindustrialización por un lado y la Reindustrialización como contrapartida, pero ambas

atentan contra el mercado de trabajo, produciendo despidos en masa y/o nuevas contrataciones precarias,

sin ninguna protección legal y actuando automáticamente como disciplinadoras del salario a escala

mundial.

Por su parte, la crisis del petróleo antes aludida, incrementa el flujo monetario en los países miembros de

la OPEP, generando un sobrante financiero que es captado por los países centrales (por medio de los

bancos) y que deberá ser reinvertido para reproducir el ciclo, por lo que nuevamente saldrán a la periferia

como préstamos masivos.

Así, los países dependientes son receptores obligados de estos “petrodólares” por medio de préstamos a

los que responderán con valiosos activos, sobre todo de empresas estatales, consolidándose, de este

modo, una deuda pública sin antecedentes para América Latina.

Específicamente en el caso de Argentina, estas nuevas estrategias económico-financieras entran en

conflicto con el modelo semi-proteccionista de la sustitución de importaciones, marcando su fin.

La crisis del ´70 posibilitará el viraje a la implementación de la ideología neoliberal, un nuevo liberalismo

que aparece como la gran esperanza de resolver viejos y nuevos problemas del conjunto social.9

Sus premisas están dirigidas a desarmar los postulados básicos del Estado de Bienestar para asegurar una

mayor concentración de la riqueza y por lo tanto del poder en manos de los grandes grupos económicos,

perpetuando la desigualdad y peor aún, acrecentándola, al oponerse a la intervención redistributiva.

Sus principios básicos quedan plasmados en lo que se denominó el “Consenso de Washington” 10, el cual

condensará diez principios de política económica11, consensuados por el Banco Mundial, el BID, los altos

ejecutivos del Gobierno de EEUU y sus agencias económicas, el Comité de la Reserva Federal, el Fondo

Monetario Internacional, miembros del Congreso interesados en temas latinoamericanos y los "thinktanks"

dedicados a la formulación de políticas económicas. Dichos principios apuntan a forzar cambios

estructurales en Latinoamérica, proponiendo:

9Es con la Dictadura de Pinochet en Chile donde por primera vez se aplican estas ideas en América Latina.

10 Cassin, Pablo Esteban, Comentarios sobre la sociedad argentina en los noventa: Neoliberalismo y después

11 según su autor, John Williamson, "Washington está de acuerdo”,

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- disciplina presupuestaria y austeridad fiscal;

- cambios en las prioridades del gasto público;

-reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados;

- liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés;

- búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos;

- liberalización comercial;

- apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas;

- privatizaciones;

- desregulaciones;

- garantía de los derechos de propiedad.

Estos consejos económicos repercutirán profundamente en el entramado social ya que será el mercado el

que conducirá los destinos de la humanidad, exigiendo una libertad absoluta. Libertad económica por

sobre el resto de los valores societales. Así, el bien común, la responsabilidad social, entre otros principios,

son sustituidos por el natural desempeño de las leyes de mercado. Se construye de este modo una

ideología más orientada al consumo que a la producción,12 se radicalizan los valores del capitalismo en

cuanto a poseer, acumular, competir y consumir, una cultura que está mucho más orgullosa de “lo que se

tiene “que de lo que “se es”.

Se trata de una cultura que resalta el consumo de determinados bienes y servicios considerados válidos

por el mercado, por lo tanto tendiente a homogeneizar necesidades ficticias y ser poco tolerante con las

diversidades.

Son éstas transformaciones a escala mundial las que van a conformar las condiciones para la aparición de

un nuevo bloque dominante en Argentina, en torno al cual se van a propiciar las adecuaciones internas a

los fines de responder a los nuevos patrones de acumulación. Ello sumado a los condicionantes internos,

decantará en el golpe de Estado del 76, quien será por medio del terrorismo de estado que garantizará

tales readecuaciones.

12Pipitone, Ugo.” El capitalismo que cambia. Industria, trabajo y Estado en medio de la crisis”; Ed., México, 1986.

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Los factores Internos. La crisis de hegemonía al interior de los sectores dominantes y la violencia política

del periodo previo.

Los factores externos antes reseñados, no constituyen el único fundamento del Golpe de Estado del

76. Por el contrario, los mismos deben ser considerados incluyendo determinadas características de la

dinámica política interna de la sociedad argentina, que permiten comprender las particularidades locales

del contexto histórico en el que el mismo se suscitó.

En este sentido, se presentan dos cuestiones fundamentales:

- Por un lado, la presencia constante y naturalizada de las fuerzas armadas en la vida política

nacional. En correspondencia con ello, la constatación histórica de la utilización del recurso del

terrorismo de Estado como herramienta disciplinadora en los períodos previos a la dictadura que

nos ocupa.

- Y por otro, la existencia de una nueva crisis de hegemonía en el período precedente al “Golpe”, la

que se extiende desde el derrocamiento del peronismo en el 55 hasta dicha fecha; caracterizada

por la imposibilidad de los sectores dominantes de construir un proyecto de dirección política y

cultural de la sociedad más o menos estable. Además, como contracara de ello, la presencia de una

clase subalterna activada políticamente como consecuencia de las políticas populistas durante el

peronismo, con capacidad de resistencia política. Así, la manifestación de esta situación va a ser

una escalada de violencia que se extiende durante toda esta etapa; y se agudiza ya en los 70, como

consecuencia de las disputas de los distintos sectores dominantes por imponer su hegemonía en el

marco de las nuevas condiciones del capitalismo internacional, tal como fue planteado

anteriormente.

En relación a la primera cuestión, desde una perspectiva histórica Rouquie13 plantea que en el campo

político de la Argentina, los militares fueron un protagonista permanente y decisivo de las contiendas

existentes. Tomando sus propias palabras, puede decirse que el Golpe de Estado de 1930 abre paso a la

“era militar”, es decir, a un período de aproximadamente 50 años, caracterizado por la constante

inestabilidad y la persistente presencia militar en la vida política nacional. Dicha presencia se constata por

un lado, en las recurrentes interrupciones a los regímenes democráticos14; y por otro, en la participación

militar en gobiernos civiles o aparentemente civiles.

13Rouquie, Alain; “Argentina Hoy”; Ed. Siglo XXI; Buenos Aires, 1985.

14 Cronológicamente 1930, 1943, 1955,1962, 1966 y 1976 fueron años donde se produjeron Golpes de Estado contra gobiernos constitucionales.

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Las razones de dicha situación según el autor reseñado, se encontrarían, en parte, en las reglas del

juego construidas por los distintos actores del campo político, gracias a las cuales los militares fueron vistos

como “actores legítimos del sistema”. Así, lejos de existir la representación de que los militares constituyen

una amenaza al libre juego de la vida política, con anterioridad a la dictadura del 76, el comportamiento de

los distintos partidos políticos estuvo signado por la constante búsqueda de alianzas con los militares para

sus propios fines partidarios; y gracias a esta compleja regla de juego, en la que “nada se hace sin ellos o

contra ellos”15, se construyó un sistema en el que civiles y militares se complementaron; derivándose en

una militarización de la vida política nacional y en una politización de las fuerzas armadas; y con ello, en la

construcción de una representación social que ve a los militares como actores legítimos en dicho campo.

Dicha representación se va a hacer extensiva a la sociedad civil, quienes van a ver en los militares una

especie de “salvación” ante los momentos de agudización de crisis económicas y sociales.

Lo antedicho, permite comprender que el Golpe de Estado del 76 no es un episodio aislado producto

de un grupo impetuoso de militares y civiles, sino que, por el contrario, responde a una característica

histórica del funcionamiento del campo político local.

Complementariamente a ello, aparece el antecedente de la utilización de prácticas terroristas en la historia

nacional, es decir, tampoco éstas prácticas son novedosas del contexto de la dictadura cívico militar del 76,

sino que poseen raíces históricas. Ya durante la etapa de la conquista, las prácticas terroristas fueron parte

del modus operandi de la colonia española quien, del mismo modo que Portugal en otras regiones de

América Latina, impusieron su dominio a base de “sangre y fuego”. El resultado de éste genocidio, se

estima, asciende a 60 millones de seres humanos.16 Asimismo, en la etapa de construcción del Estado

nacional las encontramos en la lucha contra los caudillos, en el desplazamiento del gaucho y el

aniquilamiento de los pueblos originarios sobrevivientes, como por ejemplo, la Campaña al Desierto de

Roca, cuya finalidad era incorporar nuevas tierras al modelo productivo, eliminando de las regiones a las

comunidades locales y sometiendo a sus integrantes a condiciones de servidumbre a favor de las clases

dominantes.17 Posteriormente, las mismas se replican contra los inmigrantes que se incorporan a la clase

trabajadora durante el modelo agroexportador, portando nuevas ideologías que van a ser visualizadas

como una amenaza al status quo. Así, la actividad de la Liga Patriótica, la promulgación de la Leyes de

15 Rouquie, Alain, op. cit; pag. 91

16Bayer, Osvaldo; Borón, Atilio, Gambina, Julio; “El Terrorismo de Estado en Argentina: Apuntes sobre su historia y consecuencias”; Ed. Instituto Espacio para la Memoria, Buenos Aires; año 2010

17 Piña, Felipe; “Mujeres tenían que ser”; Ed. Planeta, Buenos Aires, año 2011

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Residencia de 1902 y de Defensa Social de 1910; y los episodios de la “Semana Trágica” de 1919 y la

“Patagonia Rebelde” de 1922, dan prueba de ello.

Dichos antecedentes muestran, entonces, que el Terrorismo de Estado de los 70 no es una

innovación de la época, ni tampoco una mera imposición geopolítica de los países dominantes, sino que se

asienta sobre rasgos culturales, políticos y económicos de la propia sociedad local. En este sentido, se

puede concluir que la dictadura retoma con mayor virulencia y en forma más organizada, sistemática y

abarcativa este modus operandi.

La otra cuestión, es la relativa a la existencia de una crisis de hegemonía al interior de la clase dominante,

que lleva a un vacío hegemónico manifestado en la inestabilidad política (caracterizada por la alternancia

de gobiernos civiles y militares) y las crisis económicas recurrentes, durante la etapa 55/76.

El Golpe del ´55 pone fin a la implementación del proyecto hegemónico de la llamada “nueva burguesía

industrial” resultante del pacto capital-trabajo y de las políticas de protección características del estado

benefactor. Sin embargo, el movimiento de masas propio del populismo deja la impronta de los derechos

sociales y laborales ganados a favor del mundo del trabajo y la conciencia de seguir luchando por ellos.

A partir de ese momento, la imposibilidad de los sectores dominantes de construir un proyecto político

que incluya a los distintos sectores de la sociedad, dará lugar a una escalada de violencia estatal,

destacándose la implementación de distintas políticas represivas al movimiento obrero en su intento por

disciplinar al sector trabajado, dentro de las que se sobresale la proscripción al peronismo.

No obstante, la fuerte organización de los sectores populares, homogeneizados por su gran

componente obrero e identificados mayoritariamente con el movimiento peronista, va a oponer

resistencia a ello; la que se cristaliza en la llamada “resistencia peronista” y el surgimiento de nuevos

grupos militarizados dentro de los sectores subalternos. El resultado es un espiral de violencia política cada

vez mayor.

Así, la crisis de hegemonía del conjunto de la clase dominante “se refleja en la sociedad civil, la que se

verá, desde allí en adelante, acorralada por la supremacía del Estado. La fuerza y la coerción recobran todo

su brío frente a una sociedad civil fuerte, que resiste y se niega a ser disuelta”18

La disolución del sistema hegemónico tras el golpe del ´55 y la incapacidad de reemplazarlo por otro

resta cohesión a la sociedad, y pone en cuestionamiento el status quo de los sectores dominantes.

Ninguno de los gobiernos civiles posteriores a dicha fecha pudo culminar su mandato, ni tampoco los

18Quiroga, Hugo; “Estado, Crisis Económica y Poder Militar (1880-1981)”; Ed. CEAL; Buenos Aires; año 1985; pág. 74.

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regímenes militares que los derrocaron lograron fundar el consenso social suficiente como para estabilizar

el campo político.

Frente a la resistencia de los sectores subalternos, los militares al mando de Onganía llevan adelante el

Golpe del ´66 (autodenominado “Revolución Argentina”), en un intento de disciplinarlos por medio de la

constitución de un estado burocrático fuertemente autoritario, como medio para consolidar la etapa de

industrialización pesada. Sin embargo, el episodio del Cordobazo en el ´69 y de otros estallidos ocurridos

en Mendoza y Rosario, ponen fin a este proyecto.

De este modo, es por medio de la reapertura democrática y el levantamiento de la proscripción del

peronismo en el ´73, que se intentará neutralizar la resistencia de los movimientos guerrilleros y de

aquellos sectores que habían avanzado al cuestionamiento de las bases estructurales del sistema

capitalista; a los fines de la conservación del status quo.

No obstante, el llamado proyecto de pacificación iniciado por el propio Perón en el ´74 queda trunco

ante las modificaciones del contexto internacional y las exigencias de los nuevos patrones de acumulación

mundial.

La muerte de Perón y la conducción del aparato del Estado por parte de la vice-presidente María Estela

Martínez de Perón aceleran las condiciones para el golpe, tanto por la agudización de las contradicciones

internas del peronismo y de las propias organizaciones armadas; como por la urgencia de los sectores

dominantes por adaptarse a las nuevas condiciones económicas.

En este contexto, dentro del marco de la democracia conducida por el tercer peronismo aparecen las

primeras medidas que dan cuenta de un plan de exterminio, no solo contra las organizaciones guerrilleras,

sino también de todos aquellos sectores que pudieran resistir el nuevo proyecto. La formación de la

“Triple A” (Alianza Anticomunista Argentina) por parte del Ministro de Bienestar Social, José López Rega,

en colaboración con referentes de la derecha peronista, es la fiel prueba de ello.

Se trata de una organización para-militar con base operativa en el subsuelo del Ministerio que conducía

su ideólogo, cuyo modus operandi se basó en la violencia y el terror para neutralizar a los grupos

guerrilleros y paralizar a los sectores organizados de la clase trabajadora.

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Según la CONADEP19, entre 1972 y 1975 (fecha de su disolución) la Triple A perpetró alrededor de 1500

asesinatos, encontrando entre sus víctimas a intelectuales, periodistas y militantes de organizaciones

guerrilleras, amén de los exilios provocados frente a sus prácticas de amenazas.20

No obstante, es en el marco del “Operativo Independencia” de 1975, que el gobierno constitucional

convoca de manera directa a las fuerzas armadas en lo que dieron en llamar la “lucha anti-subversiva”.

Por medio de la firma de un decreto presidencial, avalado también por todos los miembros del

gabinete de gobierno, María estela Martínez de Perón dispone el fin a la guerrilla montada en Tucumán

por la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Meses más tarde, el presidente

provisional del Senado, Ítalo Luder, es quien reforzaría esta decisión, decretando la extensión de las

prácticas de aniquilamiento a todo el territorio nacional.

Sin minimizar las consecuencias sobre las víctimas a las que apuntó dicho operativo, tal vez su mayor

significancia radica en que constituyó el “ensayo previo” de las políticas de exterminio que la dictadura iría

a poner en práctica meses más tarde. En su contra-ofensiva, la neutralización del accionar guerrillero del

ERP actuó de excusa para abordar la resistencia civil en la provincia tucumana. Por tal motivo, utilizando

los principios de “la doctrina de la seguridad nacional” las fuerzas armadas se abatieron sobre la provincia

empleando prácticas de terror (consistentes en secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de miles

de ciudadanos). La mayoría de sus víctimas fueron “obreros de la industria azucarera, peladores de caña,

jornaleros, pequeños almaceneros, carniceros y estudiantes. La Universidad de Tucumán registra el mayor

porcentaje de victimas de todo el país. Nueve de cada diez personas fueron secuestradas en sus domicilios,

lugares de trabajo o en la vía pública”.21 Otras tantas fueron asesinadas, luego de ser secuestradas y

torturadas, fraguando combates en la calle contra las fuerzas del orden.

No obstante dicha ofensiva, a nivel nacional, los avatares políticos incesantes y el intento frustrado,

producto de la resistencia popular, de ajustar el modelo económico local a las necesidades de las nuevas

pautas de acumulación, se condensan en el armado del plan para derrocar al gobierno peronista.

Así, la última dictadura se propondrá la más extrema de las contrarrevoluciones conservadoras,

disciplinando a los sectores subalternos a fuerza del terrorismo de Estado, desestructurando socialmente

19La Comisión Nacional Sobre Desaparición de Personas, fue creada en 1983 por el gobierno de Alfonsín a los fines de investigar las violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura cívico-militar del 76. Actualmente continua vigente, dependiendo de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.

20 La triple A es responsable del asesinato del abogado Rodolfo Ortega Peña, del sacerdote tercermundista Carlos Mugica, del ex rector de la Universidad de Buenos Aires Raúl Laguzzi, entre otros.

21Bayer, O. y otros; op.cit; pág. 104

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al movimiento obrero; y promoviendo el rearmado de un nuevo bloque de poder a favor de los intereses

de los sectores dominantes locales e internacionales.

El campo económico: su reestructuración:

Hasta el golpe del ´76 podemos considerar que la economía argentina se desarrolla en función de dos

sectores, el agropecuario, que por medio de la exportación permitía obtener las divisas para sostener el

país; y el industrial, que abastecía el mercado interno, subvencionado por el Estado.

Es importante entender este comportamiento porque es en su dinámica que se conforman las

condiciones que dan lugar a la Dictadura Cívico Militar, en tanto los actores económicos que abogan por

acondicionar la sociedad argentina a los nuevos patrones de acumulación surgidos tras la crisis del ´70, son

preexistentes y de gran peso en la vida económica del país.

Al respecto, si bien tras el período de conformación de la sociedad argentina (1816-1880) se constituye

un sector dominante integrado por la burguesía agraria, a partir de la crisis del ´30 van a cobrar

importancia varios sectores del empresariado industrial, quienes se incorporan como nueva fracción

dominante en el marco de las políticas de industrialización por sustitución de importaciones (ISI).

En ese momento histórico, la mencionada crisis lleva a que las potencias hegemónicas den prioridad al

comercio con sus colonias, a su vez, cae el precio internacional de los productos agropecuarios,

desestabilizando las bases de acumulación del modelo agroexportador y poniendo en peligro la inserción

de Argentina en el mercado mundial.

La respuesta local frente al desequilibrio en la balanza comercial que ello genera va a ser, entre otras

medidas, el cierre de las importaciones, lo que alienta la expansión de las industrias locales. Asimismo,

frente al debilitamiento de los viejos vínculos comerciales, ingresan nuevos capitales extranjeros (sobre

todo norteamericanos) que vienen a competir con los ingleses por el mercado local.22

La oligarquía, quien constituía el núcleo dominante, hace las maniobras necesarias para adaptarse

rápidamente a las nuevas condiciones, recuperando el poder por medio de un golpe de Estado (1930), tras

el que consolida su posición y, aunque en crisis, mantiene su hegemonía.

22Cabe destacar que ya desde la década del ´20 llegan nuevas empresas extranjeras al mercado local, sobre todo de capitales americanos: Colgate, Palmolive, Burroughs, Chrysler, General Motors, IBM, Good Year, Pirelli, Refinerías de Maíz, William Werner, Firestone), quienes tendrán un papel preponderante para enfrentar la crisis reseñada. A éstas se le suman, Michelin y Dunlop; y luego de 1935 la holandesa Philips, la alemana Osram y Eveready.

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Comienza a intervenir en la economía planificándola, orientando la actividad productiva hacia el

mercado interno por medio de la elaboración de un plan de protección y estímulo a la industria local, cuya

expresión más acabada es el Plan Pinedo de 1940.

En realidad esta primera etapa, denominada industrialización por sustitución de importaciones (ISI) no

está considerada como un proyecto de industrialización serio, sino que tuvo más que ver con salvar la

coyuntura con los límites impuestos por el sector dominante, quien no dudaba de las ventajas del modelo

agroexportador. En todo caso, el área industrial era valorada como motor secundario de la economía

nacional.

Así es como la oligarquía venia evaluando el crecimiento industrial desde principios del siglo XX: los

grandes frigoríficos, el ferrocarril, la industria azucarera y del vino, entre otras, fueron sectores de

desarrollo incipiente durante el modelo agroexportador. 23

Pese al menosprecio de la elite, este precedente de desarrollo industrial brinda a la ISI un base

relativamente diversificada y escasamente integrada”24que le da ventajas comparativas respecto de otros

países dependientes, marcando una etapa de intenso crecimiento de la producción y rápida acumulación

de capital.

Esto último resulta posible también por la escasa distribución de los ingresos para las clases

subalternas, cuya capacidad de presión estaba limitada tanto por el disciplinamiento propio de la crisis

antes aludida, como por el incipiente poder de organización sindical.

Sin embargo, el desarrollo del modelo de ISI impacta en lo social, así las migraciones del campo a la

ciudad dan origen a una nueva fracción de clase que rápidamente vira el equilibrio de fuerzas, al

incorporarse a un movimiento obrero que se torna más fuerte y mejora sus posibilidades frente al poder

empresarial, en el reclamo de salarios y condiciones de trabajo.

La industria en este período registra una expansión constante, siendo beneficiadas fundamentalmente

las grandes empresas. Sin embargo, esta tendencia es alterada por la II Guerra Mundial, que agrava

problemas no resueltos, sobre todo energéticos y de abastecimiento de maquinarias y repuestos; aunque

crea las condiciones de protección para la industria argentina.

23Bagley, Molinos Rio de la Plata, Terrabusi, Bodegas Arizu, La Martona, La Vascongada, Canale, La Cantábrica, Siam, entre otras son empresas de principios del siglo pasado.

24Schvartzer, Jorge; Los avatares de la Industria Argentina. Artículo seleccionado de la revista “Todo es Historia Nro. 124 Septiembre de 1977

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Es recién con el populismo, en la década posterior, donde va a empezar una decidida política de

estado para sustituir importaciones, reconociendo las potencialidades del mercado interno y

acomodándolo a la coyuntura. Así, la guerra será aprovechada para exportar bienes primarios, como

también para motorizar la industria vinculada a ella.

El nuevo bloque hegemónico responsable de la II etapa de ISI está integrado por el sector de las FFAA

actores de la revolución del ´43, quien con una ideología nacionalista e industrialista de base, se propone

lograr una industria autónoma terminando con la dependencia; y la nueva burguesía industrial (nacida al

amparo de las políticas proteccionistas previas), quienes adquieren autonomía política con respecto a la

antigua fracción dominante.

Al proyecto industrialista de este muevo bloque también se incorpora el movimiento obrero a través de

los sindicatos, canalizando las demandas de la etapa anterior.

El Estado se torna más intervencionista y regulador, expandiendo sus funciones, nacionalizando

servicios públicos (ferrocarriles, gas, agua, electricidad, y el grupo alemán DINIE). Da nuevo impulso a

empresas estatales como YPF, YCF, SOMISA (creada por ley en el ´47 como S.A. mixta entre el Estado y los

principales grupos siderúrgicos del país), IAME(productora de tractores, motocicletas y autos). 25 Crea

asimismo, la Flota Mercante y controla el comercio exterior a través del IAPI. Esto último constituye la

política central del proyecto económico en esta etapa, en tanto ello provee los recursos necesarios al

Estado para su financiamiento, transfiriendo divisas del sector primario al secundario.

Estos cambios en la estructura productiva desarrollan un sector industrial estatal de considerables

dimensiones.

El desafío consistía en poner a la industria local en condiciones de poder competir con la extranjera en

el mercado interno. Al respecto, si bien hubo avances en fabricación de heladeras, radios y productos

químicos, existían serias carencias en la mayoría de los sectores de infraestructura, sobre todo en

transporte y energía eléctrica, que dificultaron el desarrollo. Asimismo, el sector primario en el marco de

esta crisis muestra sus falencias, cristalizando su estancamiento.

En ese contexto, la Confederación General Económica (CGE) declara entonces que no es posible

atender las demandas de inversión sin la ayuda del capital extranjero. Frente a ello, y evidenciados los

signos de agotamiento de la etapa fácil de industrialización, es que Perón promueve la ley de radicación de

capitales (Ley 14.222). Así, la tendencia del capital internacional de afianzarse en Latinoamérica, ya sea

25que sería la base del poderoso polo industrial cordobés.

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para aprovechar los mercados existentes a través de inversiones directas o para controlar su potencial

crecimiento, muestra claros indicios a partir de 1950.

No obstante, el proyecto de ISI bajo la conducción del movimiento peronismo queda trunco con el

golpe del ´55, abriéndose paso un periodo de inestabilidad política y económica, pero sobre todo política,

ya que la alternativa es gobernar con el peronismo proscripto o perder las elecciones.

Recién a partir del proyecto desarrollista, implementado por el gobierno de Arturo Frondizi a fines de

1958, es que se intenta concretar políticamente continuar la ISI, incentivando el desarrollo de las

industrias básicas con énfasis en el autoabastecimiento de combustibles. Para ello, el proyecto de

industrialización compleja se llevará a cabo en asociación con capitales extranjeros (para lo cual se

promulga una nueva ley de radicación de capitales de corte menos proteccionista que la elaborada por el

peronismo).

Las nuevas empresas que se incorporan son filiales de las grandes ET las que, conjuntamente con las

existentes, se adaptaran a las nuevas circunstancias, generando cambios en los sectores productivos y en

sus relaciones. Así, comenzaran a ejercen control sobre capitales de empresas industriales y no

industriales, cuyas actividades están integradas y/o diversificadas.

Ello implica un fuerte crecimiento de las actividades automotrices y petroquímicas, así como también

de ciertos sectores siderúrgicos ferrosos y no ferrosos.

Se configuran como industrias capital-intensivas, provocando un fenómeno similar al del ´20 con

respecto al surgimiento de empresarios en actividades relacionadas, si bien cabe destacar que las

heterogeneidades estructurales y de perfomance aumentaron significativamente.

Estas diferencias se expresan en la concentración y tendencia al oligopolio en fijación de precios, en su

productividad y, por lo tanto, en la diferenciación de salarios.

Así, el bloque de poder durante el desarrollismo quedará conformado por algunas empresas que se

habían instalado en el país en la década del ´30 (Philips, Warnet Lambert.) y otras que se radican y

expanden en la segunda etapa de sustitución de importaciones (como la Renault).

Por otra parte, también participan algunas empresas nacionales, procedentes de la cúspide agraria o

industrial, en muchos casos, habiendo diversificado sus inversiones con finanzas, seguros, servicios y

comercialización. Ejemplos de ello son algunos industrialistas de la primera etapa de sustitución de

importaciones (como por ejemplo Molinos Rio de La Plata), las fracciones más moderna del bloque

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agroexportador (Bunge y Born) y también las tradicionales, sobre todo del interior del país (como

Ledesma, Garovaglio y Zorroaquin; y Celulosa Argentina).

De este modo, se termina de consolidar el eje de la acumulación en la industria. En este contexto, las

exportaciones industriales llegan a representar el 20 % de las totales. Pero también se expanden las

agropecuarias, que registran una tasa de crecimiento del 7.1% anual acumulativo, lo que denota la fuerte

influencia del sector agrario en la economía argentina.

El PBI crece entre 1956/1964 el 4,2% anual y acumulativo, aunque sin utilizar toda su capacidad

productiva y con ciclos de “stop and go”, determinando periodos de crecimiento de corto plazo, debido a

los vaivenes del comercio internacional y la modalidad de acumulación de los sectores dominantes.

La década de 1964/1974 es la que registra un mayor crecimiento sostenido, con un PBI del 5,1% anual y

un aumento significativo de la productividad, como consecuencia de las actividades capital intensivas y del

aumento de la regresividad social.

La expansión de las exportaciones se asocia, en las manufacturas, a firmas extranjeras sobre la

declinación de las nacionales (sobre todo la industria textil); y en las agropecuarias, a la diversificación de

las inversiones de las oligarquías.

Se trata de una etapa que combina crecimiento económico con fuerte regresividad social, la que se

expresa, entre otras cosas, en el estancamiento salarial de los sectores populares. Ello va a importar, en lo

social, una fuerte reacción de éstos sectores, cuya resistencia demuestra la capacidad de oponerse a los

proyectos de los grupos dominantes, tal como lo demuestra el Cordobazo.

Por otra parte, esta matriz del ISI articuladora de las relaciones políticas, económicas y sociales se

caracteriza por una fuerte dependencia con el Estado de las clases que crecen a su amparo y que lo

legitiman, es decir, aquellas ligadas a la industrialización: obreros, burocracia estatal, sectores medios

urbanos y clases propietarias

El golpe del ´76 arremete contra este modelo. Las FFAA, al amparo del neoliberalismo, bajo el enfoque

“monetarista”, intentan refundar estructuralmente la sociedad argentina, aplicando el terrorismo de

estado. Videla y Martínez de Hoz reformulan la “Doctrina de la Seguridad Nacional” para acallar reclamos

sociales, desmantelar las estructuras gremiales y evitar su organización, destruyendo físicamente las bases

de apoyo y resistencia de los sectores progresistas, sindicatos y organizaciones de izquierda.

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Al mismo tiempo idean un redimensionamiento industrial o “desindustrialización relativa”, a fin de

desguazar lo que consideraban malformaciones industriales, y ciertas instituciones características del

Estado de bienestar keynesiano; removiendo las bases económicas y sociales del ISI, de tal manera que el

nuevo patrón de acumulación se tornara irreversible.

Se cumple así, el reclamo de los grupos económicos, es decir, los llamados “capitanes de la industria”

en los años 80 (conformados por el capital financiero internacional y las industrias multinacionales

establecidas en Argentina), cuyo objetivo de largo plazo no era retroceder y abandonar un terreno que no

podían dominar, sino imponerse y crecer en su interior.

A tales fines, el nuevo plan económico debía revertir los objetivos del Plan del tercer peronismo,

basados en un pacto social que incluía la “justicia social” y la expansión de la industria con preeminencia en

las zonas rezagadas26. En otras palabras, debía anular la alianza propia del peronismo entre clase obrera y

pequeña y mediana burguesía.

El resultado se tradujo en una sistemática caída de la producción, que disciplinó automáticamente a

los sectores populares y concentró el ingreso a favor del sector empresarial.

Por otra parte, el mercado financiero adapta su estructura para poder captar los fondos excedentes de

las potencias hegemónicas, caracterizándose por sus estrechas conexiones con el exterior, su elevada

liquidez y su facilidad de entrada y salida.

A tales fines, ocupan puestos claves en el área económica durante la dictadura, figuradas vinculadas a

sedes de empresas del primer mundo27. Tal es el caso José Alfredo Martínez de Hoz.

El nuevo patrón de acumulación va a situar la especulación financiera como eje central, ordenador de

la economía y de la sociedad. El nuevo bloque de poder es asumido por la fracción diversificada de la

oligarquía pampeana, quien a través de la conducción del estado se ubica en puestos claves de la

estructura de gobierno. Así, la fracción del capital integrado (como los Pérez Compang, Bridas, Acindar,

Techint, Arcor, Loma Negra, Macri, Bunge y Born y Clarín, entre otros), son quienes sostienen este nuevo

estadio del capitalismo local, en el período 1976-2001.

26Los mismos quedaron expresados en el “Acta de Compromiso Nacional” entre la Confederación General del Trabajo, La Confederación General Económica y el Estado, así como también en concertación de acuerdos sectoriales para el crecimiento e inversión

27 José A. Martínez de Hoz previamente se desempeñó como Director del Deutche Manhattan Bank y formó parte del directorio de ACINDAR. Su apellido aparece históricamente con su bisabuelo, quien fue fundador de la Sociedad Rural Argentina y desempeñó importantes funciones públicas y privadas. Fue titular del Consejo Empresario Argentino donde convergían lo más concentrado de la burguesía rural e industrial, tanto nacional como extranjera.

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La nueva dictadura cívico- militar ejecutara medidas de corte estrictamente neoliberal, las que pueden

agruparse fundamentalmente en: el redimensionamiento del Estado, es decir, su achicamiento y la pérdida

de control de sus funciones; las modificaciones en relación capital/trabajo y la apertura de la economía.

Cabe destacar que la continua ofensiva del capital sobre el trabajo ya se manifiesta en el gobierno

constitucional previo, luego del fallecimiento de Perón, con un brutal ajuste conocido como “El

Rodrigazo”.28Estas medidas disparan una inflación que van a reducir el poder de compra de los

trabajadores y licua gran parte de las deudas de las empresas privadas. A partir de entonces, pese a la

movilización de los trabajadores a través de la CGT que logra revertir parte de las medidas, la estructura

del salario queda rezagada.

Ya en ese momento se comienza a sostener que había que "sincerar" la economía, reduciendo el

enorme déficit público existente y aumentando la productividad de las empresas por medio del devalúo

del peso. Pero, en realidad, a lo que se apuntaba era más a frenar el poder de movilización de los sectores

populares, que incidían en las decisiones en pos de políticas laborales favorables (sobre todo con el

derecho a huelga y la gran politización y consenso existente en la calle).

“La Junta” va mucho más allá en el objetivo de redistribución del ingreso en favor de los empleadores,

utilizando el terrorismo para que avance el capital, dirigiendo su ofensiva hacia el mundo del trabajo.

Uno de los instrumentos para ello es el establecimiento de un “ancla salarial”: los precios y las tarifas

seguirían subiendo y los salarios no; siendo la excusa para ello el freno a la inflación. Como resultado se

produce una devaluación del 40% en los salarios, comparados con el quinquenio anterior.

A partir del golpe de estado los trabajadores pierden prácticamente todos sus derechos: se reforma la

Ley de Contrato de Trabajo, se eliminan las convenciones colectivas, se interviene la CGT, las “62

organizaciones” y todas las asociaciones gremiales; y se prohíbe el derecho de huelga. Asimismo, se

suspenden por tiempo indeterminado las actividades políticas y gremiales de todo orden; y se promulga la

Ley de Prescindibilidad, para depurar la administración pública de “agitadores y subversivos”.

Es importante destacar que este disciplinamiento se da en el marco de la desindustrialización,

llevándose a cabo un redimensionamiento sistemático de la actividad manufacturera, funcional a ello.

Así, se reduce la ocupación obrera y aumenta la jornada media de trabajo. Se incrementa la

productividad debido a una mayor intensidad del uso de la fuerza de trabajo y a la racionalización de los

28 Al respecto, En junio del 1975, el entonces Ministro de Economía Celestino Rodrigo, dispone una devaluar más de un 150% el peso en relación al dólar comercial, aumentar en promedio un 100% en todos los servicios públicos y transporte, un 180% en los combustibles y un 80% los salarios.

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procesos productivos. La expulsión de la mano de obra del mercado formal, principalmente del área

industrial, da origen al surgimiento de un mercado paralelo (mercado informal o “negro”), cuya principal

característica es la precarización.

De este modo, el desempleo opera como un disciplinador “natural” de los sectores trabajadores; éste,

junto a las políticas represivas del estado, servirá para garantizar la implementación de las nuevas

condiciones a favor del capital.

A su vez, el costo salarial pasa a ser reducido a su mínima expresión para garantizar más ganancias a los

sectores empresariales. Así, tal como lo sostiene García, A. “la magnitud del excedente captado por el

empresariado industrial en su conjunto se incrementó en un 69 %. 29

De este modo, la “Junta” promueve cambios sustanciales en la sociedad argentina: su redefinición

principalmente anti-estatista dentro de la doctrina neoliberal apunta directamente a la reorientación

distributiva, es decir, el ingreso va de los sectores populares hacia los sectores más concentrados de la

economía.

Dicho principio antiestatista cobra materialidad en distintas medidas tales como: la reducción de los

mecanismos reguladores, la racionalización del gasto público, la descentralización de funciones del estado

nacional hacia las provincias y municipios, la transferencia de empresas estatales o sus funciones al sector

privado, la liberalización del sistema de precios y el descenso de las barreras aduaneras (con la progresiva

reducción de los aranceles a la importación). A ello se le suma, la Igualdad en el trato al capital nacional

que al extranjero y la reducción de los plazos de entrada y salida de dichos capitales. En este sentido, la ley

de reforma financiera resulta clave.

La reforma financiera de junio del 1977, ortodoxamente monetarista, va a beneficiar directamente a

los sectores más concentrados del capital financiero externo e interno ya que:

- libera las tasas de interés, que en lo sucesivo serían reguladas por la oferta y la demanda de

créditos;

- disminuye las exigencias estatales a las entidades financieras, lo que llevó a una multiplicación de

las mismas;

- Otorga mayor permisividad a la entrada y salida de capitales de Argentina.

29García, Américo, Apuntes de Cátedra

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El equipo económico sostiene que así terminaría de configurarse un circuito lo suficientemente fluido

para atraer a la liquidez mundial facilitando el crédito, mediante el cual la industria local se equiparía, con

el fin de afrontar la competencia de productos importados.

Esta reforma anula el control que ejercía el Banco Central y se orienta hacia una estrategia de intereses

libres y de signo positivo con respecto a la inflación. Es decir, el Estado como tomador masivo de crédito

levanta las tasas de interés, haciéndolas superiores a los niveles de inflación y a las ofrecidas por los Bancos

internacionales, lo cual favorece la especulación y la fuga de capitales.

Dicha política es alentada por el establecimiento de la llamada “tablita financiera”, consistente en

anunciar los valores anticipados de la cotización del dólar respecto del peso argentino. A los fines de

sostener esta política, en marzo del ´80, ante el temor de nuevas corridas bancarias, el estado determina

garantizar el 100% de los depósitos, en el caso que quebraran las entidades financieras.

Estas medidas dan lugar a un comportamiento especulativo denominado “bicicleta financiera”: las

empresas se endeudaban a través de créditos procedentes del exterior, depositando los fondos en moneda

local, aprovechando los intereses ofrecidos por la banca local, superiores a la inflación y a los de los

créditos contraídos en el extranjero. El mecanismo utilizado tanto empresarios argentinos como

extranjeros especulativos era por lo demás seguro, ya que la tablita les anticipaba que no serían

perjudicados por la inflación y, a su vez, la garantía sobre los depósitos les aseguraba el pago total de lo

colocado. Es así que la especulación se convierte en el motor central de la economía Argentina,

sobredimensionando el sector financiero.

Es la tristemente célebre época de “la plata dulce”: ciertos sectores de la sociedad argentina quedan

deslumbrados por la posibilidad de acceder al turismo internacional y a electrodomésticos baratos,

creándose una especie de espejismo exitoso que pronto mostró una realidad ficticia y de corta duración.

En este contexto de préstamos y plazos fijos, los créditos hipotecarios fueron reglamentados por la

recordada Circular 1.050 del Banco Central, que liberó las tasas de los créditos hipotecarios a la fluctuación

del mercado, permitiendo a las entidades bancarias otorgar préstamos a particulares sin fijar de antemano

los intereses. El resultado fue que los mismos se tornaron impagables, por lo cual muchísimas familias

perdieron su vivienda.

La contracara de esta política de endeudamiento será, a mediano plazo, el empeoramiento de la situación

de muchas industrias nacionales (sobre todo pequeñas y medianas) quienes, al abrirse la importación y

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disminuir el consumo local, recurren a préstamos en el exterior (debido a las altas tasa locales) en un

intento por hacer inversiones que aumenten su competitividad.

La situación se complica aún más cuando EEUU eleva las tasas de interés, lo que provoca que los capitales

especulativos que estaban en el país se fuguen y no resulte viable la posibilidad de conseguir

financiamiento externo.

Dicha política norteamericana hace que muchas empresas que no se encuentran amparadas por el estado

dictatorial quiebren, al no poder afrontar la deuda en dólares.

Por el contrario, el estado se hace cargo de la deuda de los grupos empresarios afines a su proyecto,

aumentando ostensiblemente la deuda externa. La cristalización de ello es la firma del decreto de

estatización de la deuda privada en el año 1982 por el entonces director del Banco Central, Domingo

Cavallo.

El resultado será el condicionamiento de las generaciones futuras al pago de la deuda,

constituyéndose ésta situación en una amenaza a la democracia venidera, en tanto Argentina (del mismo

modo que otros países latinoamericanos) redobla su dependencia con respecto a los países centrales. 30

Dicha política financiera en el marco de la apertura económica, junto con el disciplinamiento obrero fue la

disposición de corte más neoliberal aplicada por Martínez de Hoz. Sostenía que la reducción de aranceles

proteccionistas junto con la quita de subvenciones a ciertas industrias estimularía la competencia con los

productos extranjeros, depurando a la industria sustitutiva sencilla. Sin embargo, esta apertura usada

como política anti-inflacionaria, provocó la desintegración de gran parte de la producción local.

Tal desindustrialización disminuye las dimensiones de la estructura secundaria, desaparecen ciertas

fracciones de capital, sobre todo aquellos estratos mediana y escasamente concentrados, siendo el área de

bienes de consumo durable la más afectada. Como contrapartida, los beneficiados son los sectores más

concentrados, que aumentan su participación en la producción industria: en primer lugar, los grandes

grupos económicos locales y, en segundo lugar, las ET diversificadas y/o integradas (ETDI).31

En forma complementaria, la conducción estratégica de la Dictadura por medio de su gabinete

económico, impuso una restructuración de las empresas estatales en función de los intereses de los grupos 30 Así, los principales acreedores externos, como el FMI y el banco Mundial condicionarán la política económica, por medio de recomendaciones que el estado debe aceptar en el marco de los acuerdos de pago. Asimismo, el cumplimiento de los compromisos asumidos impedirán el desarrollo de la economía local.

31Las ETDI nacionales o extranjeras, mediante la propiedad de múltiples empresas, aumentaron su poder económico y el control que ejercían sobre distintos mercados. García, Américo, apuntes de cátedra.

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económicos locales. Es la denominada privatización periférica,32 es decir, “un mecanismo de infiltración

selectiva del capital privado en las empresas estatales a través de concesiones y terciarización de

actividades selectas. Esto permitió que esos grupos se apoderaran de una parte significativa de los ingresos

de las firmas estatales”.

Esta política compatibiliza la aplicación ideológica del liberalismo con los intereses nacionalistas de las

FFAA, en tanto a la vez que se liquidaron o vendieron las empresas de pequeñas dimensiones, se

estatizaron otras de grandes dimensiones, como la Ítalo Argentina de Electricidad y Austral (aviación).

Este tipo de privatización aseguraba una gran rentabilidad a los adjudicatarios y se inspiró en el

modus operandi instaurado por Krieger Vasena, que originó a la patria contratista durante la dictadura de

Onganía, (la que implicaba otorgar a empresas privadas las explotaciones rentables mediante contratos).

Según Pucciarelli,33 se habría concretado de este modo un primer “desempate” entre burguesías rivales,

mediante la obtención de “cuasi rentas de privilegio”. Entre las beneficiadas, se pueden mencionar: Pérez

Compang, Bridas, Astra, Soldati y Macri (SOCMA).

Volviendo al área financiera, ya desde fines del ´79 el gabinete económico sospecha que algunos de los

nuevos bancos no operan según la normativa vigente, por lo que en marzo del ´80 deciden cerrar el mayor

de los bancos locales, el BIR; y continuar en los meses subsiguientes con otros como el Banco de Los

Andes, el Banco Oddone y el Banco Internacional-

Como era de esperarse, estas medidas desencadenan el retiro de los depósitos y la salida del país de

cuantiosas divisas. Dado que existía garantía oficial, gran parte de las reservas fueron utilizadas para

responder las demandas de los clientes y entidades intervenidas. Esta situación se prolonga hasta el 81,

donde la fuerte crisis económica no deja otra alternativa que anunciar una nueva devaluación. La reacción

de los sectores opositores y de la sociedad civil se lleva puesto al ministro de economía Martínez de Hoz,

quien será reemplazado por Lorenzo Sigaut. En el marco de esta crisis también deja el cargo el por

entonces presidente de facto de la junta militar Jorge. R Videla, siendo reemplazado por Roberto Viola.

Al tomar el cargo el nuevo Ministro la economía, Argentina mostraba serios desequilibrios, destacándose

una inflación de 131% anual y una deuda externa de 40.000millones de dólares.

32Verbitsky, Horacio; Bohoslavsky, Juan Pablo; “Cuentas Pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura”; Ed. Siglo XXI Editores S.A.; Buenos Aires, año 2013; pag. 94. Eduardo M. Basualdo “El legado Dictatorial”

33Pucciarelli, Alfredo; “La patria contratista. El nuevo discurso liberal de la dictadura encubre una vieja práctica corporativa”, en Alfredo Pucciarelli compilador, op. cit., p. 116.

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Esta situación fue el resultado de las políticas implementadas a lo largo de la gestión de Martínez de Hoz,

que favoreció las importaciones y las operaciones financieras a través de la subvaluación del dólar, la

reforma financiera y la reducción de los aranceles de importación; con consecuencias tales como: un

importante crecimiento de la deuda externa, la fuga de capitales, la desaparición de sectores enteros de la

industria, el aumento de la desocupación, la caída del salario real, etc.

La intención de Sigout fue poner fin a la subvaluación del dólar para desalentar las maniobras

especulativas, por lo que dispone una revaluación del mismo del orden del 30% y deja sin efecto la

famosa tablita que en1979 había impuesto su predecesor. Asimismo, desdobla el mercado cambiario,

mediante la creación de un "dólar financiero" libre y un "dólar comercial" regulado, con diferentes valores.

No obstante, durante su gestión la deuda externa se incrementa en un 31%, acentuándose la tendencia

recesiva de la economía, tal como lo demuestra la caída del 9% del PBI.

En este contexto recesivo, se produce la intervención y posterior quiebra de importantes empresas como Sasetru,

Greco y Oddone, siendo ello la manifestación previa al colapso del sistema, en marzo de 1981. También

tiene lugar una devaluación que a lo largo de la presidencia de Viola llegaría al 500 por ciento.

La crisis económica y social desatada decanta en un golpe interno comandado por el entonces

general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien desplaza a Viola y con él a Sigaut, el que es reemplazado

por Roberto Alemann.

Su política más significativa será la destinada a aumentar los ingresos del Estado mediante un ajuste en

las tarifas públicas y el incremento de los impuestos indirectos. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado

de alimentos y medicamentos, con una suba en la tasa entre el 10 y 12 %. Medidas todas éstas de fuerte

impacto negativo en los sectores asalariados.

El constante deterioro de la situación económica da lugar a las primeras reacciones populares, como la

manifestación convocada por la CGT a Plaza de Mayo el 30 de marzo de 1982. Dos días después, Argentina

invade las Islas Malvinas. En esta coyuntura, los días del Régimen estaban contados.

Características del Plano político-social. La adecuación del campo político y social a los requerimientos

de los nuevos patrones de acumulación: el restablecimiento del “orden”

Tras la asunción por parte de las “Juntas Militares”34 de la conducción del Estado Nacional, se comienzan a

implementar acciones que, en el campo político-social, van a tener por objetivo principal el

34Durante el proceso de reorganización nacional se suceden tres “Juntas Militares”. A saber:

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restablecimiento del “orden” a favor del mantenimiento del status-quo. Para ello, se va a promover una

profunda transformación de las relaciones de fuerza, a favor del rearmado del bloque hegemónico y la

desestructuración de los sectores subalternos.

Como ya se mencionó, los cambios acordes a las nuevas condiciones internacionales se tornaban

imposibles de ser llevados a cabo sin un fuerte “disciplinamiento” de los sectores populares, quienes se

encontraban activados políticamente por las políticas populistas del período anterior, homogeneizados

socialmente por su fuerte componente obrero e identificados mayoritariamente con el peronismo. Como

complemento de ello, se proponen rearmar un bloque hegemónico dentro de una clase dominante que,

desde los períodos anteriores, se encontraba fragmentada por intereses sectoriales (lo que derivó en la

crisis hegemónica posterior al “golpe de Estado del 55¨). En efecto, es durante la etapa previa al “Golpe”

(período 1955-1976) donde dicha clase dominante evidencia su incapacidad para imponer un proyecto

nacional que oriente el nuevo modelo de acumulación.35

De manera concomitante, la adecuación de Argentina a los patrones políticos y económicos del nuevo

orden mundial va a importar, entre otras cosas, el desmantelamiento del Estado populista (en el caso de

nuestro país, en su versión desarrollista), como paso previo a la instauración del estado neoliberal36

Precisamente el aparato del Estado va ser la herramienta para tales readecuaciones. Por eso el “Golpe de

Estado” y tras él, la implementación de lo que los mismos militares llaman “Proceso de Reorganización

Nacional”, basado en una operación planificada, sistemática e integral de genocidio, 37 conforme los

lineamientos ideológicos de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

El diseño institucional planeado a tales fines conlleva una estructura de mando piramidal, típica de las

organizaciones castrenses. En este sentido, la conducción va estar a cargo de una “Junta Militar” tripartita,

compuesta por los altos mandos de las tres armas (Marina, Ejército y Aviación), constituyendo el órgano

- Entre 1976 y 1980, opera la Primera Junta Militar presidida por el Gral. Jorge R. Videla, e integrada por el Alte. Emilio E. Massera y el Br. Orlando Agosti.

- Entre 1980 y 1983 la II Junta Militar, presidida por el Gral. Roberto E. Viola, al que sucede el Gral. Fortunato Galtieri.

- Y en 1983 hasta la reapertura democrática, la última Junta Militar, presidida por el Gral. Reynaldo B. A. Bignone.

35Para mayor ampliación acerca de lo planteado ver: Rouquie, Alain; “Hegemonía Militar, Estado y Dominación Social”; en Argentina Hoy; Ed. SIGLO XXI; Buenos Aires; año 1982

36 Cabe destacar que la panacea de este proceso de transformación del estado argentino al neoliberalismo va a ocurrir con las reformas durante el menemismo, constituyendo el periodo de transición democrática de Alfonsín (´83-´89) una continuidad en la senda hacia dicha concreción. Ver: Cassin, Esteban; “Comentarios sobre la sociedad argentina en los noventa: neoliberalismo y después”

37 Según la Convención, se entiende por genocidio a los actos cuya intención es destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.

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supremo de la Nación. La Junta Militar es quien ejerce la función de Comando en Jefe de las FFAA, con

facultad para designar al Presidente, quien ocupará las funciones Ejecutivas de Estado; quedando todo el

resto de las instituciones bajo su mando. Ello va a incluir la clausura del Poder Legislativo y la posibilidad de

remoción y designación de jueces del Poder Judicial, por parte de dicha “Junta”. Tan es así que, dentro de

las primeras medidas adoptadas por la “I Junta Militar”, se encuentra la destitución de los Jueces de la

Corte Suprema y su reemplazo por magistrados afines al proyecto dictatorial.

No obstante lo dicho, el arco social que participa en la ejecución de la dictadura no va a quedar reducido a

los integrantes de las fuerzas militares, sino que van a actuar de manera directa varios sectores del

empresariado nacional e internacional (entre los que se destacan los estratos pertenecientes a la vieja

burguesía agraria y los sectores concentrados del capital trasnacional), la elite de la iglesia católica, así

como también algunos grupos pertenecientes a los sectores profesionales y técnicos de los estratos

medios. Es decir, los militares van a constituir la cara visible de un nuevo bloque de poder en pos del

mantenimiento del status quo y del armado de un nuevo modelo de acumulación a favor de los intereses

de los sectores dominantes, en concordancia con la nueva lógica de acumulación a nivel internacional. De

modo que lo ocurrido constituyó una dictadura cívico militar.

Así, utilizando sus herramientas coercitivas y con una militarización excepcional de la red de instituciones

estatales38, durante el período ´76-´83 el Estado va a adquirir el carácter de “Estado Gendarme” (guardián

del orden), con un despliegue represivo sin precedentes en la historia nacional.

En este sentido, la faceta más extrema de ello se encuentra constituida por su accionar terrorista. Cabe

aclarar que el estado capitalista, en cualquiera de sus formas, detenta el uso monopólico de la violencia

legítima. No obstante, el rasgo distintivo del “terrorismo de estado” está dado por la implementación de

un conjunto de acciones represivas ilegales e ilegítimas, violatorias de los derechos humanos; que

encuentran sustento material en la estructura institucional estatal39.

Por un lado, este accionar va a incluir la clausura de los canales de participación en el campo político para

la sociedad civil. Así, dentro de las primeras medidas adoptadas por la “I Junta Militar” se encuentran: la

prohibición de toda forma de participación política, la declaración del estado de sitio, el allanamiento y la

intervención de los sindicatos; y la imposición de una fuerte censura sobre distintas formas de expresión

culturales (destacándose la literatura, el teatro, la música y los medios de comunicación).

38“La presencia del personal militar en la administración pública durante el año 1976-1977 llegó al: 40,5 por ciento en la administración central de organismos, 32,4 por ciento en organismos descentralizados, 37,5% en provincias y municipalidades de Buenos Aires, y 44,5 por ciento en empresas del Estado” Marta Castiglione: La militarización del Estado en la Argentina (1976-1981); Ed. CEAL, Buenos Aires, 1992, p. 55.

39 Para mayor profundización acerca de esta línea argumentativa ver Bayer, Osvaldo y otros; op. Cit.

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A lo anterior se le suma una política de control estatal extremo sobre los actos cotidianos de la sociedad

civil: los ámbitos de trabajo, las escuelas, la vía pública, etc., fueron también vigilados y foco de

prohibiciones y censuras (la interrupción de los trayectos de los colectivos por parte de los militares para

controlar la documentación de los pasajeros de modo violento, la prohibición de ciertos contenidos

programáticos en las escuelas y universidades, la prohibición de permanecer en grupos de más de tres

personas en la vía pública, son parte de esos ejemplos). Entre esas medidas pueden destacarse también, la

suspensión del Estatuto Docente y la aplicación, nuevamente, de la Ley de Residencia, contra todo aquel

sospechoso de atentar contra la seguridad nacional.

Así, clausurados los espacios colectivos de participación y expresión, lo que quedó fue “la voz del Estado”,

dirigida a un conjunto atomizado de habitantes, proponiéndose imponer la “cultura del miedo”.

Por otro lado, la faceta más extrema del “modus operandi” del terrorismo de Estado está

compuesta por sus prácticas genocidas, basadas en la premisa del aniquilamiento de quienes ellos

categorizaron como “enemigos internos” y etiquetaron en su jerga bajo la denominación de “terroristas o

subversivos”; incluyendo en tales categorizaciones, no solo a los grupos armados de los sectores

subalternos, sino a todos aquellos que se opusieran, de algún modo, a su proyecto político. Así lo define el

genocida, Gral. Roberto Viola:

“La subversión es toda acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta, que busca la alteración o la destrucción de

los criterios morales y la forma de vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder e imponer desde él una nueva

forma basada en una escala de valores diferentes. Es una forma de reacción de esencia político-ideológica dirigida a

vulnerar el orden político-administrativo existente, que se apoya en la explotación de insatisfacciones reales o

figuradas de orden político, social o económico…”40

La implementación de un plan sistemático de genocidio

Desde el punto de vista jurídico, conforme la definición de la Convención, se entiende por genocidio “a los actos cuya

intención es destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”41.

Partiendo de dicha definición se produce un interesante debate en este campo disciplinar (sobre todo a partir de la

implementación de los llamados “Juicios de lesa humanidad”) acerca de la aplicabilidad de éste concepto al caso

argentino, habiendo quienes sostienen que durante la última dictadura cívico-militar se produjo el aniquilamiento de

un grupo nacional, de ahí la pertinencia del concepto.

40Diario La Nación, Buenos Aires, 20 de abril de 1977; citado por Roffinelli, Gabriela en: “Una periodización del genocidio en Argentina. Tucumán 1975-1983 en http://www2.scielo.org.ve

41 Art. 1 de la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio.

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No obstante, es desde el ámbito sociológico que Daniel Feiersteien42 propone una conceptualización superadora, al

aportar la noción de “prácticas genocidas”. Al respecto, el autor plantea que “la peculiaridad de la figura de

genocidio radica en que se propone la destrucción de un grupo (y no sólo de los individuos que conforman

dicho grupo), más precisamente, en la destrucción de la identidad de un grupo oprimido, logrando imponerle la

“identidad del opresor”.

De este modo, se advierte la complejidad del genocidio del Estado argentino y sus efectos a largo plazo, en

tanto su intencionalidad no es meramente el aniquilamiento físico de los “cuerpos” de un grupo nacional que

se opone ideológicamente al proyecto político neoconservador sino, más precisamente, se trata de exterminar

la posibilidad de un ideario alternativo a él, es decir, de que la sociedad en su conjunto comience a entender

que no hay otro proyecto político viable más allá del neoliberalismo, ni tampoco lugar para el pensamiento

crítico. De allí el efecto a largo plazo del genocidio y su carácter simbólico.

Al respecto, explica dicho autor que la concreción de un genocidio implica una serie de procesos, cuya

secuencia práctica involucra varios momentos. El primero tiene que ver con la construcción imaginaria del

enemigo de manera ambigua, en el caso argentino, asimilado al subversivo. Es dicha ambigüedad la que

permite asemejar ésta figura a cualquier tipo de práctica; instaurando, de este modo, el terror en toda la

sociedad, en tanto cualquier acción podría ser calificada de “subversiva”.

Dicha construcción simbólica se encuentra nutrida de componentes ideológicos y culturales ligados a la

historia nacional y, en el caso de nuestro país, a la influencia de las instituciones católicas y militares en el

campo político local, particularmente, durante el desarrollo del Estado Nacional.

En este sentido, la noción de “otredad” va a quedar cristalizada durante la dictadura en un “enemigo

demonizado”(marxista y ateo), sobre el cual el Estado va a focalizar sus prácticas de exterminio;

constituyendo ello, el resultado de una construcción simbólica histórica, de la que se valió el Estado

nacional en diferentes épocas para el despliegue de sus prácticas de exterminio, tal como se analizó

precedentemente.

El segundo momento consiste en la puesta en acción de la operación genocida, a través de las prácticas de

hostigamiento. Luego siguen el aislamiento de las víctimas, su exterminio y finalmente, la ruptura de la

identidad nacional. Lograda esta última fase se completa la secuencia genocida en tanto, aunque es un

momento simbólico, consigue la transformación de las prácticas sociales, barriendo con la identidad de las

víctimas.

42 Feierstein, Daniel; “El carácter genocida del proceso de reorganización nacional”; en escuela de historia; Revista Digital; Fac. de Humanidades y Arte; Universidad de Rosario.

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Es a partir de estas explicación que podemos afirmar que la dictadura cívico-militar del ´76 implementa un plan de

exterminio sistemático, en tanto incluye acciones deliberadas tendientes a provocar “el exterminio”43 de

un sector de la sociedad, en el marco de un ataque generalizado a la población por medio de la

metodología del terror; creando estructuras organizativas y dispositivos clandestinos para la desaparición

de personas, con un accionar secuenciado que incluye: la persecución, el secuestro, la tortura, la

desaparición y/o el asesinato (de ahí la prevalescencia de la figura del desaparecido)44.

Organizativamente van a dividir el país en cinco zonas geográficamente delimitadas y, dentro de ellas,

varias sub-zonas y áreas; repartidas para su dirección entre los altos mandos de alguna de las tres fuerzas

armadas.

El epicentro de la represión ocurre en los llamados “centros clandestinos de detención y tortura” (CCDyT).

Se trata de verdaderos “campos de concentración” instalados en dependencias militares o policiales,

reacondicionadas para el secuestro de las personas detenidas-desaparecidas45; siendo además, base

operativa de los “grupos de tarea” o “patotas”.

La estructura jerárquica en cada uno de los espacios que forman parte de la red de centros clandestinos

existentes en todo el país46, estaba conformada por un “Jefe de campo” (generalmente militar y, en menor

medida, policía) a cargo de los “grupos de tarea,”47con incumbencia en cada centro clandestino.

Los integrantes de los llamados “grupos de tarea” llevaban adelante tareas de:

- inteligencia, es decir, se encargaban de investigar a las víctimas;

- operatoria, incluyendo la planificación y ejecución de los secuestros, la realización de los interrogatorios y

las torturas; y la determinación y ejecución del destino de las víctimas;

- logística, o sea, todo lo relativo a la administración y mantenimiento del CCDy T.

Así, una vez realizadas las tareas de “inteligencia” en relación a las víctimas, la “patota” planificaba y

llevaba a cabo los secuestros, los que se efectivizaban en alguno de los espacios donde solían desarrollar su 43En un exhaustivo análisis del derecho internacional, Ricardo Lorenzetti y Alfredo Kraut explican que la diferencia entre asesinato y exterminio radica precisamente en la escala de las acciones u omisiones, siendo este último un asesinato a gran escala, es decir, un asesinato masivo. Para ampliar ver: Lorenzetti, R. y Kraut, Alfredo; “Derechos Humanos, Justicia y Reparación”; Ed. Sudamericana, Buenos Aires, año 2011

44 la permanencia de la figura del “desaparecido” es otro rasgo específico del terrorismo de Estado en Argentina, habiéndose utilizados diversos mecanismos con el fin de asegurar la no aparición e identificación de los cuerpos asesinados. Ver: Procesamiento ABO II - 29/12/2010 en www.cij.gov.ar

45 Según las investigaciones realizadas solamente el CCD conocido como “Olimpo”, fue el único establecimiento creado a tales fines, constituyendo parte del circuito Atlético, Banco, Olimpo, bajo el mando del Primer Cuerpo del Ejército. Ver:

46 Hay contabilizados aproximadamente 340 CCD en el país (aunque los organismos de DDHH estiman que la cifra ascendería a 500); con denominaciones tales como: ESMA; Atlético/Banco/Olimpo, Cacha, Vesubio, Campo de Mayo, Automotores Orletti, La Perla, Pozo de Banfield; Pozo de Quilmes, etc. (para un conocimiento más acabado puede visitarse: www.memoriaabierta.org.ar)

47 Los grupos de tarea fueron clasificados con un orden numérico: GT1, GT2, etc. estando asignados a determinados CTD

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vida cotidiana (su domicilio, su lugar de trabajo o, eventualmente, la vía pública). 48 Capturada la víctima,

era “tabicada” y llevada al CCDy T, donde las alojaban en condiciones de clandestinidad.

“Todo eso fue rapidísimo, me metieron en la parte de atrás de un auto, yo intenté decir mi nombre pero ni siquiera lo

termine, la gente se quedó mirando. Fue como poner pausa, detener una imagen, la gente se quedó quieta, nadie hizo

absolutamente nada”

(Ana María Careaga, sobreviviente del circuito ABO)49

Junto con la supresión física (en tanto las víctimas pierden todo vínculo con el exterior), durante su

estadía, los detenidos-desaparecidos eran sometidos a distintas prácticas de torturas y vejaciones que

tuvieron como objetivo, no solo la búsqueda de información acerca de las actividades político/sociales de

las mismas y de su grupo de pertenencia sino, por sobre todo, la despersonalización de los detenidos, es

decir, la enajenación de su condición de sujetos; siendo ello parte del plan de exterminio antes

mencionado.

Así lo relata un ex detenido desaparecido:

“ En el campo de concentración se apuntaba a la despersonalización de los prisioneros, a la perdida de la identidad. Eso

se expresaba a través de distintas situaciones. El hecho de que a uno no lo llamaran por su nombre, sino que se pasara a ser una

letra y un número – que se aprendía a golpes – (en mi caso era K04), tenía que ver con esa pérdida de identidad”

(Ana María Careaga, sobreviviente del circuito ABO)50

La deshumanización, a la vez, fue la posibilitadora de la concreción del método de compulsión física y

psicológica dentro de los CCDyT (el que, además, va a tener repercusiones fuera de los campos de

exterminio, alcanzando, vía el terror, al conjunto de la sociedad civil).

Al respecto, Norma Slepoy, aporta desde el psicoanálisis a esta noción, partiendo del estudio de

documentos del Ejército que hacen referencia al llamado “método de acción compulsiva” del siguiente

modo:

“el método de acción compulsiva es toda acción tendiente a generar conductas y actitudes por apelaciones instintivas. Actuará

sobre el instinto de conservación y demás tendencias básicas del hombre (lo inconsciente). La presión insta por acción compulsiva

apelando casi siempre al factor miedo. La presión psicológica engendra angustia: la angustia masiva y generalizada podrá

derivar en terror, y eso basta para tener al público (blanco) a merced de cualquier influencia posterior. La fuerza implicará la

coacción y hasta la violencia mental. Por lo general este método será impulsado, acompañado y secundado por esfuerzos físicos

48 Tras solicitar la “zona liberada” a la policía zonal, las patotas solían llegar al lugar donde se encontraba la victima generalmente en automóviles y luego de un operativo extremadamente violento, procedían al secuestro

49 Ana María Careaga fue secuestrada cuando tenía 16 años de edad en J: B: Justo y Corrientes de la Capital Federal, en junio de 1977. Se encontraba cursando un embarazo de tres meses. Testimonio publicado en “Proyecto de Recuperación de la Memoria Centro Clandestino de detención, Tortura y Exterminio Club Atlético”; Revista Ito. Espacio Para la Memoria; Buenos Aires; 2011

50 Testimonio publicado en “Proyecto de Recuperación de la Memoria Centro Clandestino de detención, Tortura y Exterminio Club Atlético”; Revista Ito. Espacio Para la Memoria; Buenos Aires; 2011

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o materiales de la misma tendencia. En él la fuerza y el vigor reemplazarán a los instrumentos de la razón. La técnica de los

hechos físicos y los medios ocultos de acción psicológica transitarán por este método….”51

Lo anterior da cuenta que, por un lado, hubo asesoramiento de profesionales de la psicología para

el diseño del accionar genocida y por otro, que las vejaciones a los derechos humanos dentro de los CCD

no fueron el resultado de conductas sádicas de personalidades perversas (aunque incluyen esta

dimensión), sino parte del plan genocida.

Es de este modo que puede clarificarse el sentido de los sistemáticos tratos aberrantes a los que

eran sometidos los detenidos-desaparecidos durante su secuestro, los que incluyen desde el alojamiento

en condiciones infra-humanas hasta las más siniestras vejaciones (utilización de la picana, golpizas y

maltratos psicológicos y demás métodos de tortura; incluyendo también las violaciones a la integridad

sexual de las víctimas).

“Las condiciones sufridas por todos durante el cautiverio eran vergonzantes, indignas e inhumanas. Permanecíamos

encadenados acostados en el piso o en catres durante todo el día, desnudos o semidesnudos, encapuchados, sin hablar, sin ver, a

merced de los guardias que aburridos se entretenían verdegueando o abusando de alguno de nosotros. Sólo nos levantaban dos

veces al día para hacer nuestras necesidades. Durante las noches permanecía la luz encendida. El baño semanal era a puertas

abiertas y con agua fría, cosa que permitía a los guardias abusar de las mujeres. Algunas noches éramos llevados afuera a

interrogatorios y simulacros de fusilamientos (…) la tortura psíquica era constante, y la física la realizaban por medio de golpes,

picana eléctrica, extracción de uñas y dientes, "submarino" (inmersión de la cabeza en un balde de agua) quemadura, suspensión

en ganchos de las paredes, violaciones y vejámenes de todo tipo. La alimentación era mate cocido y pan de mañana y tarde,

guiso de porotos, polenta o sopa como almuerzo y ocasional cena. Durante todo mi secuestro sólo recibí, a pesar de mi

embarazo, dos o tres frutas y algún trozo de carne hervida. Durante mi permanencia en cautiverio, tomo conocimiento, por

deslices de un guardia del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires que se hallaba en estado de ebriedad, que el

Campo Clandestino de Detención "La Cacha" era la antigua planta transmisora de LS-11 Radio Provincia de Buenos Aires”

(Testimonio de María Laura Bretal – sobreviviente del Ex CCD La Cacha)52

La apropiación de los hijos de las personas desaparecidas en manos de familias afines al proyecto

cívico-militar de la dictadura, constituyen otra arista del plan de exterminio, en tanto el fundamento

ideológico de tales apropiaciones (obviamente, posibles únicamente en el marco de un estado autoritario),

está dado por la necesidad de evitar que esos niños sean criados bajo la “influencia subversiva” de sus

familias de origen.

La determinación del “destino final” de los secuestrados era tomada por los miembros de los

niveles operacionales más altos, quienes, luego de un tiempo de detención variable, decidían dos destinos

posibles: su liberación o su ejecución.

51 Slepoy, Norma; “Torturas de Tercer Grado”; en http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-167123-2011-04-28.html

52 Publicado en http://www.desaparecidos.org/arg/testimonios/bretal.html

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La modalidad de asesinato de las víctimas tiene algunas variantes en la casuística, no obstante, las

metodologías utilizadas poseen rasgos comunes en los distintos CCD, lo que redunda en una prueba más

de que el exterminio fue parte de un plan sistemático, siendo las más utilizadas el fusilamiento y entierro

de los cuerpos en fosas comunes o arrojarlos al río o mar en el marco de los llamados “vuelos de la

muerte”. Otra de las modalidades usadas fue la de asesinar a las víctimas y arrojarlas en la calle,

simulando enfrentamientos o intentos de fuga de sospechosos.

Así, solían aparecer en los periódicos de la época noticias sobre la aparición de “cadáveres no identificados

o de subversivos caídos en combate”; lo que evidencia la estrategia de misterio y semi-ocultamiento que el

régimen cívico-militar montó sobre la clandestinidad del genocidio, como modo de infundir el terror en

toda la sociedad civil; dando pistas de un accionar que oficialmente se negaba. Al respecto, Piglia, R.53

sostiene que “decir todo y no decir nada” se corresponde con la estructura del relato del terror.

Desde el punto de vista cronológico, la mayoría de las desapariciones ocurrieron entre 1976 y 1978,

registrándose el mayor número de asesinatos entre fines del ´77 y mediados del ´78. En palabras de Sirlin:

“era el comienzo de la ¨Fase 4¨ de la represión, consistente en el exterminio de gran parte de los

prisioneros, es decir, en ese período hubo un genocidio dentro del genocidio.”54

Distintas razones, aunque no excluyentes, pueden explicar los motivos de ello. La primera tiene que ver

con el cumplimiento de la fase de exterminio del genocidio, en la que los jefes de cada una de las fuerzas

armadas participan en el pacto de exterminio, poniendo en juego una especie de competencia de poder

que se medía en términos de cantidades de víctimas secuestradas o asesinadas. En efecto, parte del plan

era superar la etapa de conducción del Estado organizada en torno a “la Junta tripartita” para arribar a una

modalidad de conducción presidencial dictatorial, lo que llevó a una competencia de los principales

candidatos (Videla, Massera y Galtieri), potenciadora del genocidio desplegado.

Otra de las razones se vincularía con la necesidad de eliminar a los desaparecidos de los CCD ante la

inminente llegada de los extranjeros al Mundial de Futbol del ´78, asesinándolos.

También debe considerarse la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),

quien, a partir de las numerosas peticiones de los organismos de DDHH argentinos y de las denuncias

formuladas por sobrevivientes de los centros clandestinos, concurre al país en septiembre del ´78. Ante la

imposibilidad de evitar dicha concurrencia por las presiones internacionales recibidas, los militares

desmontan varios centros clandestinos de detención, trasladando a los detenidos a otros sitios similares o

53Piglia, Ricardo; “Crítica y ficción”; Ed. Seix Barral, Buenos Aires, 2000, p. 44, pp. 113-116 y p. 212.

54 Sirlin, Ezequiel; “La última dictadura: genocidio, desindustrialización y el recurso a la guerra (1976-1983)”; En VVAA Pasados Presentes. Política, economía y conflicto social en la historia argentina contemporánea; Ed. Dialektik, año 2006; pág: 9

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asesinándolos. Al respecto, los meses previos registran un incremento de los llamados “vuelos de la

muerte”.55

Se debe tener en cuenta que no todos los detenidos fueron desaparecidos. A la metodología

anterior, la dictadura sumó la detención de los llamados presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo

de la Nación(PEN), los que permanecieron detenidos en pabellones especiales de cárceles comunes y

registrados “legalmente”. Algunos ya se encontraban en esta condición antes del golpe de estado, por lo

que permanecieron allí durante la dictadura, otros fueron detenidos en ese contexto o tuvieron un pasaje

previo por los CCD y luego fueron dispuestos por el PEN. Cabe destacar que las condiciones violatorias de

los derechos humanos propias de las cárceles se agudizaron durante este período, registrándose prácticas

similares a las de los CCD.56

También el saldo del terrorismo de estado incluye el exilio de muchas personas quienes, frente a

recibir amenazas y/o tomar conocimiento o sospechar su inclusión en las “listas negras”, se ven obligadas a

abandonar el país. Entre ellos, destacadas figuras del ámbito intelectual, artístico y político.

Los efectos del terrorismo de Estado en la estructura social

Otra de las aristas que permiten comprender la complejidad de los efectos sociales de las políticas de la

dictadura, la constituyen los cambios producidos en la estructura social.

En línea con ello, Nun57 sostiene que, aunque no son sus únicos determinantes, las configuraciones

de la estructura de clase de una sociedad, son influidas por las modificaciones en el modelo de

acumulación vigente. Por ende, si la dictadura militar tuvo entre sus objetivos la supresión del modelo

industrial mercado internista y su reemplazo por otro, acorde a la nueva lógica de acumulación del

capitalismo occidental inaugurada a mediados de los ´70, con prevalencia del sector servicios, su impacto

sobre la pirámide de clases resulta relevante.

En línea con ello, Villareal argumenta que la dictadura cívico-militar encontró una pirámide social

caracterizada por su heterogeneidad en la cúspide, dada por la variedad de fracciones dentro de la clase

dominante; y homogeneidad en la base, sobre todo, por su alto componente obrero y su mayoritaria

identificación con el peronismo. En términos del autor “el considerable predominio de los asalariados entre

55La comisión estuvo del 7 al 10 de septiembre en Buenos Aires, del 10 al 14 en Córdoba, 14 y 15 en Tucumán, pasó por Rosario y regresó a la Capital Federal. Visitó los campos clandestinos de detención de La Rivera y La Perla, en Córdoba, y El Atlético, el Olimpo y la ESMA. Abrieron tres oficinas en todo el país y recibieron 5580 denuncias de secuestros y desapariciones, aparte de las casi tres mil que habían presentado los organismos. La comisión se fue del país el 20 de septiembre, en diciembre presentó a la dictadura un informe preliminar donde criticaban el “Estado de excepción” que existía en Argentina y denunciaban la existencia de miles de desaparecidos. El informe final se conoció un año después en forma de libro. La dictadura prohibió su difusión y su venta. Ver: http://www.pagina12.com.ar/1999/99-08/99-08-29/pag17.htm

56Ver: Cesaroni, Claudia; “Masacre en el Pabellón Séptimo”; ed. Ten en Movimiento, año 2013

57Nun, José; Cambios en la estructura social de la Argentina: Ensayos sobre la transición democrática. Puntosur, Bs.As., 1987

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los trabajadores y de los obreros entre los asalariados, expresaban el núcleo de una homogeneidad básica.

La articulación política en el peronismo complementaba la imagen y al mismo tiempo reproducía las

condiciones homogeneizantes en el proceso dinámico de formación de clases sociales concretas”58

Esta situación es la que se revertirá durante la dictadura por medio de la aplicación de las políticas

económicas antes explicadas, las que lograrán invertir los términos de la pirámide, por medio de la

homogenización de los sectores dominantes y la heterogenización de las clases subalternas.

En este sentido, la desaparición de gran parte de la pequeña y mediana empresa; y la concentración

y centralización de los grandes grupos económicos responsables de ésta política, permiten la construcción

de un bloque dominante mucho más homogéneo.

Por otro lado, las modificaciones producidas en el mercado de trabajo implican, tanto las

transformaciones en su misma estructura, como el incremento del peso relativo del sector informal, más

vinculado al área de servicios.

Así, el mercado formal registra una pérdida significativa del componente obrero y un incremento

relativo de puestos de trabajo en el sector servicios, con la consecuente fragmentación que ello implica,

dada las características del empleo en este último.

A ello se le suma un incremento de la estratificación salarial entre empleados calificados, con

tendencia al alza de salarios; y no calificados, con tendencia a la baja; y una reducción de las posibilidades

de movilidad social.

Por otro lado, el crecimiento del sector informal de la economía se tradujo en el incremento de

cuentapropistas, trabajadores precarizados y eventuales; que se suman a la pérdida de derechos que

generó el incremento del desempleo y de la marginalidad social.

Así, la terciarización económica ocurrida en el marco de las transformaciones en el modelo productivo de

la dictadura, potenciaron tendencias hacia la “latinoamericanización” que ya venían presentándose en la

sociedad argentina pos ´55.

El resultado de ello es una estructura social cuya base quedará constituida por empleados, obreros,

independientes y marginales; es decir, estructuralmente heterogénea y políticamente fragmentada.

Entre el consenso y la coerción: las formas de resistencia al terrorismo de Estado

Si se retoma la teoría de Weber, la característica principal del estado moderno resulta del ejercicio

monopólico de la violencia legal como modo de garantizar la dominación; condición que se refuerza en el

marco del estado gendarme, como es el caso de la dictadura que nos ocupa, en tanto exacerba su veta

58Villareal, Juan; “Los hilos Sociales del Poder”; Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, año 1985; pág.205

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represiva. Sin embargo, su dominación no podría consolidarse sin la legitimación que otorga el consenso,

por lo que, incluso en el marco del terrorismo de estado, aparecen prácticas tendientes a generarlo.

Esto lleva a preguntarse acerca de cuáles fueron aquellos sectores en torno a los cuales la dictadura

logró construir su base social de apoyo.

Al respecto, como ya se ha mencionado, la dictadura resultó de un proyecto cívico-militar en el que

participaron actores conocidos de la historia argentina: “sectores de la burguesía comercial importadora y

exportadora, la gran banca nacional y los productores de bienes primarios exportables en coalición con las

grandes firmas del capital extranjero, a los que se plegaban, como asociados menores, algunos sectores

medios de profesionales, intermediarios y ejecutivos”59

El proyecto inicial contará asimismo, con el apoyo explícito y duradero de la élite de la iglesia

católica conservadora, algunos partidos políticos provinciales, altos dirigentes de los partidos

tradicionales60 y el sector influyente de los medios masivos de comunicación.

Por otra parte, también la sociedad civil brinda mayoritariamente su apoyo inicial al proyecto

dictatorial, guiada por la representación de que los militares pondrían fin a la crisis política y económica y

su escenario de violencia existente en el país.

No obstante, la implementación de la metodología del terror y la censura generalizada, derivarán

en el quite del apoyo inicial de una parte de la sociedad civil, pese a los discursos legitimantes de estas

prácticas que la dictadura puntillosamente elaboró y difundió para justificar su accionar.

El resultado de esta operatoria oscilará entre el silenciamiento, la justificación (el famoso “por algo

será”), la negación (sustentada en el “no querer saber”) o la resistencia.

Tal como dice Lo Giudice, A. la dictadura utilizando el terror como mecanismo disciplinador llevó a una

parálisis tendiente a fracturar el lazo social. El discurso que sostiene este accionar produce un vacío

simbólico traumático para la comunidad, en tanto los hechos fueron justificados con explicaciones

falseadas que inducen al sinsentido, impidiendo ubicar el origen de la agresión, colocando la

responsabilidad en las víctimas; “manipulación de cuerpos y de discursos que induce a la sumisión”61

Sin embargo, el terrorismo de estado y sus discursos legitimantes no pudieron imponerse de modo

absoluto, produciéndose brechas que permitieron cuestionarlos y resistirlos.

La forma de resistencia más clara fue la ejercida por las organizaciones armadas de los sectores

subalternos, como Montoneros y ERP-PRT, entre otros, quienes enfrentaron directamente el proyecto

dictatorial con una estrategia de combate. Basados en un análisis erróneo de la correlación de fuerzas y de

59 Graciarena, Jorge; “El Estado latinoamericano en Perspectiva”; Ed. Eudeba; Buenos Aires; junio de 2000; pág. 47.

60 Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, Partido Comunista, entre otros.

61 Lo Giudice, Alicia; op.cit; pag. 76.

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la fortaleza de sus sistemas defensivos, según sus propias autocríticas, sus militantes quedaron atados a las

decisiones de los mandos jerárquicos, quienes demoraron el repliegue que los llevó al aniquilamiento

definitivo.

Por otra parte, las denuncias de los organismos de derechos humanos acerca de los crímenes cometidos, y

la organización de los familiares y amigos de personas desaparecidas, cristalizada en la fundación “Madres

de Plaza de Mayo” y “Abuelas de Plaza de Mayo”, en 1977, constituyen una de las primeras formas de

resistencia pública, visibilizando los que estaba ocurriendo y reclamando la “aparición con vida” de los

desaparecidos y la restitución de los niños apropiados.

Otro modo de resistencia se corporiza en torno a los sectores artísticos e intelectuales, quienes se

constituyen en una vía de expresión de una cultura diferente, alternativa a la oficial, que servirá de base de

identificación y protesta encubierta para un sector de la sociedad civil. El llamado movimiento del rock,

integrado por León Gieco, Charly García, Fito Páez, entre otros, es un ejemplo de ello.

Por su parte, los boicots en las fábricas y las movilizaciones sindicales acontecidas durante los años

de terrorismo de estado, dan cuenta de la resistencia de los sectores obreros a las nuevas condiciones del

mercado. Así, en 1980, en el marco de la llamada “primavera sindical”, se registran 188 conflictos obreros

en el que participaron aproximadamente 1.800.000 trabajadores62.

Por último, se debe hacer referencia a las formas de resistencia cotidianas, aquellas que se

presentan en las relaciones más íntimas, como formas de solidaridad entre amigos, familiares, vecinos e

incluso desconocidos; que lograron romper la inmovilidad impuesta por el terror. La ayuda brindada por

los vecinos a los escapados de Mansión Seré, quienes le facilitaron lo necesario para continuar con la huida

del centro clandestino; el asilo de personas perseguidas por los “grupos de tarea”, la contención entre las

víctimas en los propios centros clandestinos, son algunos de los ejemplos de lo antedicho.

La finalización de la dictadura cívico-militar y la reapertura democrática:

Tal como se ha mencionado anteriormente, hacia principios de los 80 la dictadura estaba agotada.

Desde el punto de vista económico, el modelo no lograba controlar la inflación ni el endeudamiento

externo, con las consecuentes secuelas en sectores dinámicos de la economía. A ello se le suma la

profundización de las consecuencias sociales de las políticas económicas implementadas, signadas por el

desempleo, el aumento de la pobreza, la caída del poder adquisitivo del salario, entre otras.

62 Sirlin, Ezequiel; op.cit.

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La pérdida de legitimidad ante la sociedad civil que les genera esta crisis en el campo económico

encuentra su correlato en el campo político, sobre todo frente a la imposibilidad de seguir justificando las

violaciones a los derechos humanos ante la sociedad civil y la comunidad internacional.

El conflicto por el canal de Beagle con Chile y la Guerra de Malvinas en el ´82 fueron los últimos

intentos de lograr consenso, tratando de solapar la “guerra sucia” a nivel interno, con una “guerra limpia”

fundamentada en la lucha por la soberanía.

No obstante, las prácticas corruptas, nuevamente las violaciones a los derechos humanos

cometidas por los militares contra los soldados y el fracaso de la contienda con Inglaterra, lejos de

garantizarle sus objetivos, precipitaron su caída.

Es en este contexto que, en 1983, se dan las posibilidades de la reapertura democrática.

Conclusiones:

En el presente trabajo se intentaron abordar algunas cuestiones centrales para explicar la complejidad de

lo acontecido durante la última dictadura cívico-militar argentina.

Al respecto, se analizaron sus determinantes externos, destacándose la importancia de la intervención

político militar de EEUU, quien utilizó el camino del terrorismo de estado en América Latina para poder

sostener su hegemonía mundial, sobre todo, después del éxito logrado en Chile con Pinochet.

A ello se le suman las nuevas condiciones de acumulación surgidas tras la crisis de mediados de los ´70, por

las cuales la clase dominante Argentina debía acomodar el aparato productivo a la nueva lógica centrada

en la valorización financiera.

No obstante, desde el punto de vista político, las características internas de una clase subalterna

homogeneizada por su gran componente obrero, y a su vez, politizada y con conciencia de derechos

sociales, herencia del populismo; se constituye en uno de los grandes obstáculos para la readecuación del

modelo.

Frente a ello, el recurso del terrorismo de estado posibilitará el disciplinamiento de las clases

trabajadoras a fuerza del aniquilamiento de los sectores contestatarios, imponiendo un modelo económico

y social que los fragmentará a largo plazo y, a la vez, propiciará las condiciones para el rearmado del

bloque hegemónico.

Desde el punto de vista económico el objetivo de destruir el modelo mercado internista con

centralidad estatal, conocido como ISI, será logrado mediante una política económica sostenida en la

apertura del mercado, la liberalización financiera y el retroceso del estado en sus funciones bienestaristas,

a favor de los intereses de los sectores más concentrados de la economía.

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La herencia de tales transformaciones seguirá presente en las décadas subsiguientes, fortaleciéndose en el

marco del neoliberalismo durante los ´90.

Sin embargo, tras tantas décadas de ruptura social y privaciones a los sectores trabajadores, tras la llamada

“crisis del 2001”nuevos actores políticos y sociales han logrado rearmarse cuestionando el modelo

heredado de la dictadura, demandando la presencia del estado en su rol de garante de derechos.

Asimismo, tras muchos años de política de “olvido” impulsada desde los sectores dominantes en el

marco del menemismo, la lucha de viejos y nuevos organismos de derechos humanos, con cada vez más

apoyo de la sociedad civil, muestran avances significativos en la llamada búsqueda de memoria, verdad y

justicia.

Del resultado de estas luchas dependerá, seguramente, nuestra reparación histórica.

- . - . - . –

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