“Que bien que retome fuerza el tema, aunque me gustaría más que perdurará en el tiempo, que deje de ser un tema de moda usado en momento críticos y espero que se convierta en la constante de nuestra nación.” (S.L.Y)

Recomendaciones para una Política Regional de Prevención de la Violencia y la Criminalidad

Consideramos que un buen marco de referencia lo constituye la construcción del Estado social de derecho, esbozado en la Constitución de 1991. Bajo esas circunstancias y como se ha afirmado en varios foros internacionales, la consecuencia más espectacular del agotamiento del Estado benefactor es, en todos los países industriales, la disminución de la protección social y el aumento de la precariedad, en lo que algunos analistas ven el signo de la ruptura del contrato social sobre el cual se edificaba el desarrollo contemporáneo de las sociedades europeas.

Es bueno aclarar que en nuestros países el Estado benefactor, en la práctica es más una entelequia que una realidad, pues realmente ni el Estado colombiano ni la instancia de gobierno departamental en Risaralda, disponen de estructuras ni de recursos que le permitan ser un Estado protector, siendo así que la falta o la insuficiencia de políticas sociales se explica, en buena parte, por el incipiente, embrionario puede decirse, carácter de la construcción estatal que se ve seriamente o afectado por la privatización de las funciones públicas, traducible en e! remozamiento de las prácticas clientelistas.

Pensamos que, dado el carácter social y político de la criminalidad y en el marco referencia que venimos aplicando, se trataría de motivar y lograr la participación todos los colombianos y de los risaraldenses en particular, para la "refundación un contrato social sobre bases nuevas", definidas en la Constitución de 1991

La propuesta de líneas de prevención derivada de lo consignado en este escrito resume en poner en práctica acciones de pedagogía social (instrucción política constitucional y ética) y mecanismos e incentivos de participación comunitaria; social, en general.

Mediante esos lineamientos podrían desarrollarse nuevas formas de asociación entre los agentes sociales, que puedan paliar las carencias del Estado y dar finalmente un contenido concreto a la democracia municipal.

Conclusiones

ConclusionesNo existe en el departamento un registro confiable (una cultura de la información sobre desarrollos de la criminalidad y la violencia en los diferentes municipios.Existen circunstancias históricas, particularmente de carácter demográfico y étnico que impiden cualquier juicio generalizador sobre las violencias y la criminalidad la región.No existen fuentes de información precisas sobre las diferentes modalidades de hechoscriminales

(culposos, intencionales, preterintencionales, afectados por ti1 modificadores y/o excluyentes de responsabilidad: legítima defensa personal, estados especiales de emotividad, etc.) que permitan un tratamiento diferenciado de cifras contenidas en los informes de la Policía y del CTI.Las diferencias de desarrollo económico-social son claramente perceptibles en distintos municipios de Risaralda. En este contexto la influencia de fenómenos con el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo, así como las diferentes formas intervención estatal, difieren sustancialmente entre un municipio y otro.Circunstancias como la remisión de heridos y cadáveres (por ausencia de adecuados servicios hospitalarios y de morgue en algunosmunicipios) de una localidad a otra, interfieren el registro adecuado de lo que corresponde a muertes de y lesiones.Elementos de cultura propios de cada municipio propician percepciones y sentimientos diferentes y opuestos frente a la seguridad y a los hechos de violencia y criminalidad, los cuales ameritan ser estudiados en forma diferenciada y puntual, desde una perspectiva sociocultural y antropológica.Es conveniente que los esfuerzos de revisión, mejoramiento y ampliación de los sistemas de registro de datos que se han iniciado en la capital del departamento se amplíen a toda la región, estableciendo una red institucional confiable para el registro y suministro de información.Estudios como el realizado por María del Pilar Valencia G. y Luis Eduardo Agudelo S., auspiciado por la Defensoría del Pueblo, sobre la Criminalidad entre los Embera en el Departamento de Risaralda, deben continuarse y proyectarse también al entendimiento de los fenómenos delincuenciales y las formas de control social entre los pueblos negro, mestizo, etc.Una comprensión holística de la problemática de la criminalidad en el departamento no se logra sin hacer el examen de la situación de Derechos Humanos y su evolución en la región.El entendimiento del objeto de investigación será siempre incompleto o insatisfactorio hasta tanto puedan recaudarse, sistematizarse y evaluarse los datos que confirmen o nieguen los entrecruzamientos e interferencias perceptibles en las esferas del narcotráfico (en todas sus fases), las de la insurgencia armada (violencia subversiva, estatal y paramilitar) y los fenómenos de corrupción que hasta el momento son algo así como tabú, cuando no tierra incógnita.Para el delineamiento de una política de prevención que no parta del prejuicio y la de conjetura, se hace indispensable desarrollar proyectos investigativos multi, trans e interdisciplinarios, que superen visiones limitadas ya corrientes y que, con apariencia de objetividad, dados sus ‘sustentos cuantitativos’, ofuscan el entendimiento y propician actitudes y acciones derivadas de la emoción que pueden una arrojar resultados contrarios a los buscados.En los capítulos precedentes no se presenta la explicación de] fenómeno observado y descrito sino una propuesta sobre algunas posibilidades para su mejor entendimiento.