estudio exploratorio sobre los efectos del uso …exploratorio... · videovigilancia con cámaras...

Instituto Vasco de Criminologa Kriminologiaren Euskal Institutua

ESTUDIO EXPLORATORIO

SOBRE LOS EFECTOS DEL USO POLICIAL DE LA

VIDEOVIGILANCIA EN LUGARES PBLICOS:

Propuesta criminolgica de un sistema de indicadores sobre su adecuacin y proporcionalidad

en materia de seguridad

GEMA VARONA MARTINEZ (diciembre, 2012)

ISBN: 978-84-9860-820-5L.G./D.L.: BI 648-2013


2

NDICE

I. INTRODUCCIN ............................................................................................................4

1. Delimitacin del objeto de estudio: objetivos e inters..................................................4

2. Metodologa ...................................................................................................................6

3. Transferencia de resultados............................................................................................7

4. Agradecimientos.............................................................................................................8

II. ESTADO DE LA CUESTIN: EL DEBATE SOBRE UNA SEGU RIDAD HUMANA EFICIENTE................................................................................................10

1. Marco jurdico interno sobre las instalaciones de videovigilancia ..............................11

1. 1 Reaccin normativa a la extensin de la videovigilancia en el mbito privado, incluyendo locales de acceso pblico y cmaras que graban espacios pblicos .14

1. 2 Reaccin normativa a la extensin de la videovigilancia en espacios pblicos por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en particular por motivo de seguridad ciudadana .............................................................................................................19

2. La afectacin de los derechos fundamentales por las nuevas tecnologas de la videovigilancia desde una perspectiva sociojurdica comparada ...............................25

3. Efectividad desde el prisma criminolgico ..................................................................30

3. 1 Las imposibilidades metodolgicas ......................................................................30

3. 2 Resultados de algunos estudios .............................................................................38

4. Otros efectos de la videovigilancia ..............................................................................52

III. ESTUDIO DE CASOS ................................................................................................55

1. En relacin con los puntos negros de los municipios ...............................................55

2. Datos relativos a Barakaldo..........................................................................................58

3. Anlisis documental de dos propuestas de autorizacin de la renovacin de cmaras de videovigilancia presentada por las policas municipales de Bilbao e Irun ............65

IV. DATOS EXTRADOS DE ENTREVISTAS A OPERADORES JUR DICOS, DEL TRABAJO DE CAMPO CON LA POLICA LOCAL EN IRUN Y DEL ANLISIS DE NOTICIAS...........................................................................................72

1. Entrevistas a operadores jurdicos................................................................................72

2. Trabajo de campo con la polica local de Irun (julio 2012) .........................................74

2. 1 Opinin sobre la eficacia de la videovigilancia ....................................................74

2. 2 Observacin en la sala de monitoreo.....................................................................75

2. 3 Identificacin de elementos de prevencin que resultan eficaces o prioritarios ...76

3. Anlisis de noticias.......................................................................................................77

3. 1 Sobre la extensin de la videovigilancia en espacios pblicos y privados ...........77

3. 2 Noticias sobre la efectividad de la videovigilancia...............................................88

3. 3 Debate sobre las posibilidades tecnolgicas, al borde de la ciencia ficcin, y la posible afectacin de derechos ............................................................................98

3. 4 Noticias sobre controversias polticas y profesionales........................................104


3

3. 5 Sobre empresas y productos................................................................................108

3. 6 Cuestiones sobre las que apenas se trata pero resultan relevantes en diferentes espacios..............................................................................................................112

V. CONCLUSIONES.......................................................................................................113

VI. PROPUESTA DE INDICADORES .........................................................................120

VII. BIBLIOGRAFA......................................................................................................125

VIII. ANEXOS..................................................................................................................139


4

I. INTRODUCCIN

Ver lo que se tiene delante exige una lucha constante

(George Orwell)

1. Delimitacin del objeto de estudio: objetivos e inters

Nos encontramos ante una realidad compleja y fascinante por sus mltiples

implicaciones: la expansin de la videovigilancia, con sus constantes

innovaciones tecnolgicas, en relacin con la seguridad ciudadana. No se puede

reducir a un debate poltico y tcnico entre videoescpticos y

videoentusiastas, sino que una reflexin ms serena permite considerar

numerosas aristas que abarcan disciplinas y reas del conocimiento muy

diversas (ingeniera de las comunicaciones; seguridad; derechos fundamentales;

estudios sobre la prevencin...), as como aspectos pblicos (la seguridad) y la

provisin de recursos y su gestin por parte de empresas.

La primera cuestin es plantear qu es lo que queremos llegar a saber o sobre lo

que deseamos obtener ms informacin contrastada. La hiptesis de partida es

la sensacin, expresada por algunos miembros de la Comisin Vasca de

Videovigilancia, as como por datos empricos referidos a otros pases, de que la

eficacia de la misma quiz debiera relativizarse, a pesar de la confianza de las

instituciones principalmente municipales- y de la mayor parte de los

ciudadanos, que explican, en parte, la demanda creciente de solicitudes de

autorizacin.


5

Aqu cobra importancia la escala espacial1 y temporal con la que se analicen las

distintas dimensiones de dicha eficacia, as como las distintas perspectivas de las

personas concernidas. En nuestro estudio nos centramos en la utilizacin de la

videovigilancia con cmaras fijas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS),

fundamentalmente la polica local, en espacios pblicos, si bien se realizarn

consideraciones generales sobre los espacios privados en el captulo II.

Responder a la cuestin de la eficacia de la videovigilancia implica resaltar el

inters social, criminolgico y policial sobre esta realidad en sus diferentes

modalidades de uso y en su impacto en las distintas escalas individuales,

relacionales y sociales. Previamente realizaremos unas consideraciones sobre

cmo medir la eficacia y cul ha sido el resultado cuando se ha hecho.

Adems de ese objetivo general, entre los objetivos particulares de la

investigacin se encuentran los tres siguientes:

a) La identificacin de variables explicativas de la relacin entre eficacia y la

demanda o extensin de las cmaras de videovigilancia. En todo caso, en

relacin con otras prcticas y programas en la esfera penal, la prueba de

la eficacia no explica por s misma el grado de extensin social de los

mismos.

b) La identificacin del impacto de esta tecnologa en la convivencia y

viceversa. Aqu incluimos aspectos relativos a los derechos

fundamentales de los diferentes actores implicados, pero tambin

cuestiones econmicas, tcnicas y relativas a la representacin en los

medios de comunicacin de la eficacia e impacto de la videovigilancia.

c) La identificacin de criterios comunes, basados en estudios

criminolgicos, para la valoracin de las solicitudes por parte de la

1 Para estudios empricos especficos debe seleccionarse el conjunto de una ciudad, determinados barrios, calles o lugares concretos.


6

Comisin de Videovigilancia, en relacin con las tasas delictivas, de

esclarecimiento, la percepcin de inseguridad, etc.

2. Metodologa

Si bien la metodologa inicial propuesta era ms ambiciosa como puede verse

en anexo-, finalmente, dadas las limitaciones temporales y de recursos y sin

perjuicio de sentar la base para investigaciones futuras, nuestras fuentes se

concentran en:

a) la revisin bibliogrfica sobre el estado actual de la cuestin en el mbito

interno y comparado.

b) entrevistas semiestructuradas a expertos.

c) anlisis documental de dos propuestas de autorizaciones.

d) anlisis de noticias en la esfera interna y comparada.

e) trabajo etnogrfico de observacin de la sala de monitoreo, en relacin

con el desarrollo de la auditora local de seguridad en el municipio de Irn

(2012).

Toda la informacin recogida mediante esas fuentes se analiza desde la

perspectiva de la Criminologa urbana con una visin crtica2, en relacin con la

cita introductoria de Orwell, a quien tantas veces se recurre en este tipo de

estudios aludiendo a su obra 1984 y al Gran Hermano. En todo caso, para no caer

en la simplificacin tecnofilia/tecnofobia, nos centramos en el anlisis de las

polticas de seguridad con videocmaras como procesos de decisin,

instalacin, funcionamiento efectivo e impacto real sobre los diferentes actores

y campos involucrados (pblico, privado, seguridad, tecnologa...). Para ello

partimos de un anlisis de constelaciones, siguiendo parte de la metodologa

2 Cfr. Stoneman (2011), sobre el concepto de prevencin como inherentemente positivo.


7

empleada en el proyecto DynASS de Berln, para identificar conceptos, actores,

elementos tcnicos..., plasmando la diversidad con puntos de comparabilidad.

Finalmente, tambin resulta interesante incluir la perspectiva de gnero en un

campo en el que la Comunidad Autnoma de Euskadi destaca por sus iniciativas

locales de los mapas del miedo o la ciudad prohibida, como ejemplo de lo que

podran ser mapas de puntos negros, al menos desde la perspectiva de las

percepciones de inseguridad. Con todas sus limitaciones, este tipo de estudios

permiten realizar consideraciones relevantes respecto de distintos segmentos

de la poblacin que pueden vivir la seguridad de forma diversa y que no siempre

demandan la implantacin de cmaras.

3. Transferencia de resultados

Adems de aportar informacin y propuestas que puedan resultar de inters

para la Comisin Vasca de Videovigilancia, la Ertzaintza y las policas locales, este

estudio pretende proporcionar datos para un debate pblico presente en la

sociedad. Sus resultados podrn ser difundidos:

a) en el grado en Criminologa (UPV/EHU) y el Ttulo Propio de Grado en

Gestin de Seguridad y Emergencias (UPV/EHU), de forma que se

incentive la investigacin en esta materia por parte de los alumnos.

Algunos de los cuales trabajan o trabajarn en este campo, por lo que es

necesario fomentar una adecuada formacin, segn se concluye en

distintos informes internos y comparados, para lo cual pueden ser

precisos cursos ms especficos destinados a diferentes profesionales.

b) en la transferencia de los resultados de la auditoria local desarrollada, en

2011, en Barakaldo y, en 2012, en Irn, donde se ha incidido de forma

concreta en las cuestiones relacionadas con la videovigilancia.


8

c) en el Curso de Verano previsto en 2013 (UPV/EHU)3, sobre Anlisis y

planificacin de la seguridad en espacios urbanos, donde habr una mesa

de debate especfica sobre esta cuestin que ser difundida a escala

internacional.

d) en el Congreso Internacional Gender Violence: Intersectionalities, dirigido

por el Instituto Internacional de Sociologa Jurdica (IISJ) y el Centro de

Criminologa y Justicia penal de la Universidad de Manchester (Oati, 10-

12 de julio 2013), donde se presentar la comunicacin Cartographies of

Womens Fear of Crime: Urban Vulnerability and Resilience.

4. Agradecimientos

Con el presente trabajo se da continuacin a la lnea de investigacin iniciada en

2010, con el convenio entre el Departamento de Interior del Gobierno

Vasco/Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila y el Instituto Vasco de

Criminologa/Kriminologiaren Euskal Institutua (programa de investigacin sobre

percepcin de inseguridad y mapas de criminalidad). Esa lnea de investigacin ha

dado lugar a dos publicaciones (Varona 2011; 2012), bsicamente centradas en

las posibilidades de los diagnsticos o auditoras locales de seguridad, como

herramientas de anlisis criminolgico, siguiendo los modelos establecidos por

instituciones y organismos internacionales4. Agradecemos al Departamento de

Interior, actualmente Departamento de Seguridad, del Gobierno Vasco la

confianza depositada en el IVAC/KREI.

3 Dirigido por el Prof. Csar San Juan. 4 En 2012, adems de la auditora en Irun y del presente trabajo, se ha desarrollado dentro de dicho convenio la primera fase del convenio especfico (2012-2014) Anlisis espacial de datos georreferenciables de inters criminolgico en la Comunidad Autnoma de Euskadi. Propuesta de estudio e investigacin para el desarrollo de una infraestructura estable. Para el conjunto de los tres proyectos se cuenta con la contratacin de una investigadora al 90% de la jornada.


9

Todas los posibles errores que el lector encuentre a lo largo de este texto son

responsabilidad de la autora, quien desea agradecer muy sinceramente la

amable colaboracin de Francisco Etxeberria, Catedrtico de Derecho Procesal

(UPV/EHU), Ignacio Pariente, Director de la Agencia Vasca de Proteccin de

Datos, de la polica local de Irn, y de Karin Tillich, investigadora de la

Universidad de Bochum (Alemania)5. Gracias tambin por su supervisin al

Director del IVAC/KREI, Prof. Jos Luis de la Cuesta, y a su Subdirector, Csar

San Juan.

5 El ttulo de su estudio es Polizeiliche Videoberwachung ffentlicher Pltze in Deutschland und Spanien (La Videovigilancia policial en lugares pblicos en Alemania y Espaa), centrndose en la prctica de Mnich y Barcelona.


10

II. ESTADO DE LA CUESTIN: EL DEBATE SOBRE UNA

SEGURIDAD HUMANA EFICIENTE

La gente viva bien, la vida era fcil y despreocupada en aquella vieja Viena, y los alemanes del norte miraban con cierto enojo y desdn a sus vecinos del Danubio, que, en vez de ser eficientes y mantener un riguroso orden, disfrutbamos de la vida, comamos bien, nos deleitbamos con el teatro y las fiestas y, adems, hacamos una msica excelente. En vez de la eficiencia alemana que, al fin y al cabo, ha amargado y trastornado la existencia de todos los dems pueblos, en vez de ese cido querer-ir-delante-de-todos-los-dems y de progresar a toda velocidad, a las gentes de Viena les gustaba conversar plcidamente, cultivar una convivencia agradable y dejar que todo el mundo fuera a lo suyo, sin envidia y en un ambiente de tolerancia afable y quizs un poco laxa. Vivir y dejar vivir era la famosa mxima vienesa, una mxima que todava hoy me parece ms humana que todos los imperativos categricos y que impregnaba todos los estratos de la sociedad (Stefan Zweig, El mundo de ayer. Memorias de un europeo)6.

Antes de aludir al marco jurdico interno, como punto de partida bsico pero

insuficiente si no estudiamos la prctica, es preciso considerar el contexto

global de la extensin del uso privado y policial de la videovigilancia y la reaccin

normativa al respecto, particularmente en el mbito europeo.

En el prefacio de su obra sobre esta cuestin, citando a Kammerer (2008, 67),

Arzoz hace referencia a la lgica expansiva de la videovigilancia, ms all de que

se haya probado su eficacia, en un contexto de inseguridad general y de

polticas preventivas ante el miedo de ataques terroristas o de otro tipo (2010).

Las videocmaras comenzaron a utilizarse en los aos cincuenta en Alemania en

relacin con el control del trfico y en los aos sesenta y setenta en los Estados

Unidos y en el Reino Unido en manifestaciones y desrdenes pblicos. No

obstante, su extensin ha sido protagonizada por las empresas de seguridad,

primero, en centros comerciales, y luego ofreciendo sus servicios en los edificios

pblicos y en el transporte urbano. Fue en una ciudad del sur de Inglaterra,

6 En la primera edicin en Acantilado, en 2001 (p. 45).


11

Bournemouth, donde se instal por primera vez de forma permanente una

videocmara, en 1984, y es precisamente en el Reino Unido donde ms cmaras,

pblicas y privadas, funcionan. En el caso de Espaa, fueron las policas locales,

y en menor grado las autonmicas, las que comenzaron a hacer un uso de las

cmaras en determinadas zonas, das y pocas festivos, a partir de la dcada de

los noventa (Arzoz 2010).

1. Marco jurdico interno sobre las instalaciones d e

videovigilancia

Dentro de los estudios jurdicos, destacan las consideraciones constitucionales7.

Se trata principalmente de una perspectiva crtica ante el impacto de la

videovigilancia en los derechos fundamentales.

La imagen es un dato personal que debe protegerse. Si bien el derecho a la

intimidad y a la propia imagen (art. 18. 1 CE), afectado por la videovigilancia8, no

7 Si bien Arzoz apunta que tambin deben considerarse las parcelas del ordenamiento (en gran parte administrativas) referentes a la proteccin de datos y a la actividad policial (2010, 28). Dentro de esta perspectiva, conviene llamar la atencin, de cara a futuros estudios, sobre la falta de garantas para el control adecuado de las videocmaras mviles. Un rgimen de garantas adecuadas frente a eventuales vulneraciones de los derechos fundamentales pertenece al contenido esencial de esos derechos. De la ubicuidad de las videocmaras mviles, que las hace menos controlables por naturaleza y del propio rgimen de autorizacin ms flexible que les dispensa la propia Ley Orgnica se deduce la necesidad de establecer garantas apropiadas suficientes para el control efectivo de las videocmaras mviles, que eviten o permitan corregir eventuales vulneraciones de los derechos fundamentales (Arzoz 2010, 247). Destaca la falta de conocimiento ciudadano, previo y posterior, a la instalacin en lugares pblicos de cmaras mviles, ya que no existe un registro especfico ni una identificacin precisa de cada cmara. Asimismo subraya la inseguridad jurdica respecto de la posibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realicen un tratamiento automatizado de las imgenes y sonidos captados (art. 2. 2 LOV) hasta el punto de que pueda constituir un motivo de inconstitucionalidad en cuanto afecte a los derechos fundamentales (Arzoz 2010, 248). Arzoz adopta una perspectiva crtica desde el Derecho constitucional, pero tambin cita obras criminolgicas sobre la videovigilancia. Concretamente cita a Lyon (1995), Mller y von Zezschwitz (2000), Norris y McCahill (2006), Kammerer (2008), Klauser (2006), Hempel (2007), y Hempel y Tpfer (2009). 8 Segn se concluye en el estudio especfico de Arzoz (2010, 195) trasladable a la regulacin en el mbito deportivo-, el uso de videovigilancia en lugares pblicos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad supone una injerencia en el derecho a la intimidad y a la propia imagen (art. 18. 1 CE) y a la proteccin de datos personales frente a la informtica (art. 18. 4 CE) y podra serlo tambin, segn las circunstancias en que se utilicen las cmaras, respecto de los derechos fundamentales a la libertad ideolgica (art. 16. 1


12

es un derecho absoluto, hay lmites infranqueables, segn la STC 186/2000, de 10

de julio: "el derecho a la intimidad no es absoluto, como no lo es ninguno de los

derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente

relevantes, siempre que el recorte que aqul haya de experimentar se revele

como necesario para lograr el fin legtimo previsto, proporcionado para

alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del

derecho (SSTC 57/1994, y 143/1994, por todas)".

Ante la determinacin de una posible injerencia en los derechos fundamentales

segn se reconoce en el art. 2 de la LO 4/1997, de 4 de agosto, por la que se

regula la utilizacin de videocmaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

lugares pblicos 9, la siguiente cuestin jurdica y social reside en establecer la

legitimidad, adecuacin y proporcionalidad en el uso de la videovigilancia,

respetando el contenido esencial de los derechos fundamentales afectados.

En todo caso, conviene advertir que el principio de seguridad jurdica quedara

mejor garantizado con una normativa coherente y uniforme respecto del grado

de proteccin de los derechos en la utilizacin de la videovigilancia, cuya

regulacin ha sido aludida en ocasiones como puzzle normativo. En el cuadro

siguiente indicamos algunas de las normas clave en esta materia.

CE), el derecho de reunin y manifestacin (art. 21 CE) y la libertad sindical y el derecho de huelga (art. 28 CE). 9 Respecto de la afectacin de otros derechos relativos tanto a la vida privada como a la libertad, ms all del derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad de las personas, el derecho de reunin y a la proteccin de los datos personales frente al tratamiento informtico, vid. Arzoz (2010, 31).


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NORMATIVA ESPAOLA Y VASCA (PARTICULARMENTE RESPECTO DE LA VIDEOVIGILANCIA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD)

-Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre de Proteccin de Datos de

Carcter Personal y Reglamento de Desarrollo de la LO (RDLOPD), aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre

-LO 1/1992, de 21 de febrero, de Proteccin de la Seguridad Ciudadana -Ley 23/1992 de Seguridad Privada -RD 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprueba el Reglamento de

Seguridad Privada -LO 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilizacin de

videocmaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares pblicos (LOV)

-Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento

de desarrollo y ejecucin de la Ley 4/1997, de 4 de agosto, que regula la utilizacin de videocmaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares pblicos

-Instruccin 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Espaola de

Proteccin de Datos (AEPD), sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a travs de sistemas de cmaras o videocmaras.

-Ley 4/1992, de 17 de julio, de Polica del Pas Vasco -Decreto 309/1996, de 24 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de

las competencias de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco en materia de seguridad privada

-Decreto 168/1998, de 21 de julio, por el que se desarrolla el rgimen de

autorizacin y utilizacin de videocmaras por la Polica del Pas Vasco en lugares pblicos regulado en la Ley Orgnica de 4 de agosto de 1997

-Orden de 7 de abril de 2008, del Consejero de Interior, por la que se

procede a crear los ficheros automatizados denominados red de videovigilancia y huellas de calzado


14

1. 1 Reaccin normativa a la extensin de la videov igilancia en el

mbito privado, incluyendo locales de acceso pblic o y cmaras que

graban espacios pblicos

Cuestiones jurdicas y ticas se entrecruzan con otras operativas, tcnicas o

criminolgicas. As, se haya probado o no la eficacia en trminos criminolgicos,

puede existir una normativa estatal y/o autonmica requiriendo que

determinados establecimientos, como joyeras, entidades bancarias, oficinas,

instalaciones industriales, comerciales, de servicios, etc., dispongan, dentro de

sus medidas de seguridad, de dispositivos de videovigilancia. El objetivo es

prevenir la comisin de actos delictivos que se puedan cometer contra ellos

cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente

vulnerables10. Se alude especficamente a la obligacin de las entidades de

crdito, donde se custodien fondos, de instalar videocmaras con capacidad

de obtener las imgenes de los autores de delitos contra las personas y contra la

propiedad, cometidos en los establecimientos y oficinas, que permitan la

posterior identificacin de aqullos. Esta cuestin se encuentra regulada en el

art. 120 del Real Decreto 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de

Seguridad Privada, segn el cual slo pueden acceder a las imgenes la

autoridad judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo cual no puede

obstruir el derecho de acceso de los ciudadanos.

Desde hace ms de una dcada, en la doctrina jurdica especializada se seala la

falta de regulacin en el mbito de la seguridad privada que establezca en qu

supuestos y bajo qu condiciones se considerar legtimo el uso de

videocmaras y cules deben ser las garantas adecuadas para que la

10 En referencia general a la instalacin de medidas de seguridad, vid. el art. 13. 1 LO 1/1992, de 21 de febrero, de Proteccin de la Seguridad Ciudadana y el Decreto vasco 309/1996, de 24 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco en materia de seguridad privada.


15

videovigilancia privada sea utilizada de conformidad con el sistema

constitucional de derechos fundamentales (Arzoz 2010, 282).

A diferencia de Francia, no se ha optado por un tratamiento uniforme de la

videovigilancia policial y privada. Ahora bien, en la disposicin adicional novena

de la LOV se daba el plazo de un ao para que el Gobierno adaptase los

principios inspiradores de la LOV a la seguridad privada. Dicha adaptacin an

no se ha producido y, como seala Arzoz (2010, 260), la nica garanta de

proteccin jurdica se realiza a travs de las instrucciones de las agencias de

proteccin de datos11.

En todo sistema de videovigilancia privada debe cumplirse el deber de

informacin a los ciudadanos y los afectados pueden ejercer los derechos de

acceso, rectificacin y cancelacin. Tambin pueden solicitar la tutela del

Director de la AEPD (art. 5 LOPD). Adems, debe notificarse a la AEPD la

creacin de ficheros de videovigilancia para su inscripcin en la misma, no

considerndose como tales los que reproduzcan o emitan imgenes en tiempo

real. Los responsables de los sistemas de videovigilancia deben garantizar la

seguridad y el secreto de los datos. No obstante, la propia AEPD ha reconocido

que no es competente para autorizar o denegar un sistema de videovigilancia

privada (Informe 00246/2008), por lo que difcilmente podr controlar el

cumplimiento de los principios de calidad, proporcionalidad y finalidad del

tratamiento a los que se alude en el art. 4 de su Instruccin 1/2006.

Estas cuestiones resultan preocupantes si se considera que la extensin de la

videovigilancia privada se produce de una forma ms acelerada que la

videovigilancia pblica, segn indicaba el Director de la Agencia Espaola de

Proteccin de Datos en 2007, refirindose al nmero creciente de ficheros

inscritos con fines de videovigilancia. Adems, en una tendencia claramente

11 Destaca la Instruccin 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos.


16

creciente, en Espaa la videovigilancia es el tercer motivo de reclamacin ante la

AEPD12, con una media anual de 750 quejas, casi dos al da13.

Arzoz destaca acertadamente la dificultad de diferenciar entre seguridad

ciudadana y seguridad privada, por cuanto la segunda tiene un carcter

complementario, aunque subordinado, respecto de la primera (art. 1 de la Ley

23/1992 de Seguridad Privada)14 y, adems, muchas instalaciones pblicas

recurren a la seguridad privada (Arzoz 2010, 249).

Sobre el significado e impacto de dicha extensin creciente existen diversas

interpretaciones criminolgicas y jurdicas, siendo quiz dominante la

perspectiva crtica hacia la privatizacin de la seguridad pblica, segn veremos

ms adelante.

El problema aadido de la videovigilancia privada es que en muchos casos se

produce en lugares de acceso pblico (colegios, taxis, comunidades de vecinos,

lugares de trabajo, iglesias, polideportivos de titularidad privada, hospitales...) y,

adems, pueden llegar a enfocar espacios pblicos. Segn la Gua de la AEPD, a

veces un sistema de videovigilancia privada puede captar parcialmente

imgenes de la va pblica. Estos casos deben ser una excepcin y respetar la

proporcionalidad en el tratamiento. En primer lugar, no deber existir una

posibilidad de instalacin alternativa. Por otra parte, las videocmaras debern

orientarse de modo tal que su objeto de vigilancia principal sea el entorno

privado y la captacin de imgenes de la va pblica sea la mnima

imprescindible. Por ejemplo, la grabacin de la entrada de un garaje puede

captar imgenes de personas que pasen por delante del mismo pero nunca el

conjunto de la calle o de la acera ni los edificios contiguos.

12 Vanse en su pgina web sus instrucciones, informes jurdicos y referencias a resoluciones sancionadoras. 13 Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=Ps-9TqJmVPE. 14 Pinsese en el acceso de las FCS a la informacin de sistemas de videovigilancia privada. Cfr. los art. 282. 1 y 770 LECrim y la disposicin adicional segunda del Decreto vasco 168/1998.


17

El artculo 4.3 de la Instruccin 1/2006 de la AEPD dispone: 3. Las cmaras y

videocmaras instaladas en espacios privados no podrn obtener imgenes de

espacios pblicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia

que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razn de la ubicacin de aqullas.

En todo caso deber evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la

finalidad perseguida.

Al resultar la videovigilancia un medio particularmente invasivo deben concurrir

las condiciones que legitimen los tratamientos, como la definicin de los

principios y garantas que deben aplicarse. Siguiendo la informacin de la

Agencia Espaola de Proteccin de Datos15, sobre el respeto de la Ley Orgnica

15/1999, reiteramos que todo sistema de videovigilancia debe cumplir los

siguientes cuatro requisitos legales:

1. Notificar la existencia de un fichero de datos a la Agencia de Proteccin

de Datos, siendo necesaria la inscripcin del fichero de videovigilancia en

el Registro General de la Agencia de Proteccin de Datos si existe

grabacin de imgenes.

2. Colocar al menos un cartel oficial de aviso de zona videovigilada para

cumplir con el derecho de informacin. En el cartel se debe indicar que se

trata de una zona sometida a videovigilancia, as como identificarse

claramente al responsable del fichero16.

3. Tener a disposicin del pblico la Clusula informativa de la AGPD.

4. Si para la instalacin y gestin del sistema de videovigilancia se contrata a

una empresa externa, es obligatorio la firma de un contrato de

Encargado de Tratamiento, tal como determina el artculo 12 de la LOPD,

15 Vid. en http://www.agpd.es, especficamente sobre ley mnibus. Cfr. las recomendaciones de la AEPD (s. f. Gua de Videovigilancia. Madrid: AEPD, accesible en lnea). 16 La instruccin 1/2006 indica un distintivo de uso obligatorio.


18

donde se especifique el mbito de la colaboracin y se determinen las

responsabilidades de cada una de las partes.

En particular, la instalacin de dispositivos de videovigilancia en los taxis

requiere que la cmara sea instalada por una empresa de seguridad,

previamente autorizada por el Ministerio del Interior y, si la cmara graba

imgenes, deber de notificarlo previamente a la Agencia Espaola de

Proteccin de Datos, para su inscripcin en el Registro General de la misma,

cumplindose con la Instruccin 1/2006.

En el caso de una instalacin de cmaras por una comunidad de vecinos o por

los propietarios de viviendas de una urbanizacin, la instalacin tambin ha de

hacerse a travs de una empresa de seguridad, debidamente autorizada para la

prestacin de este tipo de servicio, conforme exige la Ley de Seguridad Privada,

con la obligacin de inscribir el fichero. Adems debe informarse a las personas

que pueden ser grabadas mediante la ubicacin de una seal que identifique la

existencia de la zona vigilada y al responsable del fichero, ante quien se

ejercern los derechos de acceso y cancelacin. Una vez ms, si no se graban las

imgenes, al emitirse en circuito cerrado bajo control de un empleado de

seguridad, no existir un fichero ni la obligacin de inscripcin, pero s un

tratamiento y el deber de cumplir con todas las restantes obligaciones, como la

del cartel informativo, aunque esto no suponga identificar la ubicacin concreta

de cada cmara.

Finalmente, segn se indica en la Gua de la AEPD al respecto, se est

extendiendo el uso de videocmaras IP y Webcams capaces de transmitir datos

en formato digital a travs de Internet, permitiendo el ahorro de costes frente a

los sistemas analgicos. La AEPD advierte de que deben evitarse los riesgos del

sistema digital, con procedimientos de identificacin y autenticacin de los

usuarios y la contratacin de una empresa de seguridad, en su caso.


19

1. 2 Reaccin normativa a la extensin de la videov igilancia en

espacios pblicos por Fuerzas y Cuerpos de Segurida d, en particular

por motivo de seguridad ciudadana

En el caso de instalarse cmaras de seguridad en la va pblica, slo pueden

hacerlo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de acuerdo con la Ley

Orgnica 4/1997, de inspiracin francesa17. En materia de disciplina de trfico,

debe acudirse a la disposicin adicional nica del Real Decreto 596/1999, de 16

de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecucin de la Ley

Orgnica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilizacin de

videocmaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares pblicos18. Con

ocasin de espectculos deportivos, para el empleo de cmaras fijas y mviles,

rige el artculo 8 de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y

la intolerancia en el deporte (art. 8) y el Reglamento de desarrollo de esta Ley

(art. 66).

El Reglamento de desarrollo de la Ley Orgnica 4/1997 excluye de su aplicacin a

las instalaciones fijas de videocmaras que realicen las Fuerzas Armadas y las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus inmuebles, siempre que stas se

dediquen exclusivamente a garantizar la seguridad y la proteccin interior o

exterior de los mismos. Asimismo, las unidades de Polica Judicial reguladas en

la legislacin de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando, en el desempeo de

funciones de polica judicial en sentido estricto, realicen captaciones de

17 Esta ley fue desarrollada por el Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecucin de la Ley 4/1997. Por su parte, el Decreto 168/1998, de 21 de julio, desarrolla el rgimen de autorizacin y utilizacin de videocmaras por la Polica del Pas Vasco en lugares pblicos. 18 En este caso, tambin las cmaras debern utilizarse siempre con respeto al principio de proporcionalidad en su doble versin de idoneidad y de intervencin mnima. Corresponder a las Administraciones pblicas con competencia para la regulacin del trfico, autorizar la instalacin y el uso de estos dispositivos. Entre otras cuestiones, se regulan los supuestos de hecho donde es preceptiva la utilizacin de la videovigilancia, cuestin no contemplada en la normativa internacional aludida en la Exposicin de Motivos de la Ley (Arzoz 2010, 61). Vase particularmente el Convenio del Consejo de Europa sobre la violencia en el deporte. Vid. tambin la publicacin del Foro Europeo para la Seguridad Urbana, GOAL: Preventing Violence in Sport - A Guidebook for Cities (2012).


20

imgenes y sonidos mediante videocmaras, se regirn por la Ley de

Enjuiciamiento Criminal y por su normativa especfica19.

Sobre la videovigilancia como medida de investigacin utilizada en las

diligencias sumariales, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se especifica sus

lmites y alcance y debe acudirse a la jurisprudencia20. En general, se entiende

que resulta legtimo filmar escenas presuntamente delictivas que sucedan en

vas o espacios pblicos, pero es precisa la autorizacin judicial para la captacin

clandestina de imgenes o de sonidos en domicilios o lugares privados. En todo

caso, para que una grabacin sea vlida como prueba de cargo es necesario que

se cumplan con determinados requisitos procedimentales.

Por otra parte, respecto de la regulacin de la videovigilancia por motivos de

seguridad pblica por las FCS, los criterios garantistas legales chocan con el art.

9. 2 LOV en cuanto que se permite la denegacin de los derechos de acceso y

cancelacin de las grabaciones en funcin de los peligros que pudieran

derivarse para la defensa del Estado, la seguridad pblica, la proteccin de los

derechos y libertades de terceros o las necesidades de las intervenciones que se

estn realizando. Aparece as una excesiva discrecionalidad en la

determinacin de estos supuestos.

Centrndonos en la LOV, de acuerdo con el art. 1. 1, la finalidad de la regulacin

sera contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicacin de la

violencia y la utilizacin pacfica de las vas y espacios pblicos, as como de

19 El artculo 11.2.d) de la LOPD faculta al Ministerio Fiscal y a los jueces y tribunales para requerir datos personales incluidos en cualquier sistema de informacin, y por tanto las imgenes tomadas por un sistema de videovigilancia. 20 Vid. la STS 354/2003, de 13 de marzo. Sobre la grabacin en el lugar de trabajo, vid., por ejemplo, la STSJ de Asturias, de 20 de julio de 2000; y la STSJ de Catalunya, de 14 de noviembre de 2000. Vase la web de la AEPD: instalacin de sistemas por seguridad y control laboral. El uso de cmaras para el control empresarial, estar permitido siempre y cuando este uso est limitado a las funciones previstas en el Estatuto de los Trabajadores y sus finalidades sean legtimas. El uso de las cmaras respetar el derecho a la propia imagen de los trabajadores y ser vetado en zonas como aseos, taquillas y zonas de descanso.


21

prevenir la comisin de delitos, faltas e infracciones relacionados con la

seguridad pblica21. Segn Arzoz (2010, 196-197), la prevencin (no la

represin22) de infracciones penales y administrativas sera un instrumento para

conseguir la seguridad ciudadana como bien jurdico.

En todo caso, la utilizacin de videovigilancia por las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad por motivos de seguridad, debe respetar el principio de

proporcionalidad en su doble versin de idoneidad y de intervencin mnima23.

La idoneidad determina que slo podr emplearse la videocmara cuando

resulte adecuado, en una situacin concreta, para el mantenimiento de la

seguridad ciudadana, segn la Ley. La intervencin mnima exige la

ponderacin, en cada caso, entre la finalidad pretendida y la posible afectacin

por la utilizacin de la videocmara al derecho al honor, a la propia imagen y a la

intimidad de las personas.

La utilizacin de videocmaras exigir la existencia de un riesgo razonable para

la seguridad ciudadana, en el caso de las fijas, o de un peligro concreto, en el

caso de las mviles. En ningn caso pueden tomarse imgenes ni sonidos del

interior de las viviendas, ni de sus vestbulos, salvo consentimiento del titular o

autorizacin judicial, ni en lugares pblicos, abiertos o cerrados, cuando se

afecte de forma directa y grave a la intimidad de las personas, as como

tampoco para grabar conversaciones de naturaleza estrictamente privada.

Adems, deben respetarse las normas relativas a la puesta de las imgenes

captadas a disposicin de la autoridad administrativa o judicial competente; al 21 Vid. el art. 2 de la LO 1/1992 de Proteccin de la Seguridad Ciudadana. Sobre la distincin doctrinal entre seguridad pblica y ciudadana, vid. Arzoz (2010, 200-203). Cfr. los debates sobre el concepto de seguridad humana o integral en Varona (2011; 2012). 22 La regulacin de la utilizacin de videocmaras por la polica judicial queda inscrita dentro de la LECrim ya que el art. 2. 3 del Reglamento de desarrollo 596/1999 la deja fuera del mbito de aplicacin de la LOV. 23 Arzoz se refiere al principio de proporcionalidad en sentido amplio (que incluira el criterio de idoneidad, indispensabilidad y proporcionalidad en sentido estricto).


22

periodo para la conservacin de las imgenes y destruccin de las mismas; a la

sealizacin de las zonas vigiladas; y al ejercicio de los derechos de acceso y

cancelacin.

Debe tenerse en cuenta que la Ley Orgnica 4/1997 habilita a las Comunidades

Autnomas con competencia para la proteccin de las personas y los bienes y

para el mantenimiento del orden pblico, para regular y autorizar la utilizacin

de videocmaras por sus fuerzas policiales y por las dependientes de las

Corporaciones locales radicadas en su territorio, la custodia de las grabaciones

obtenidas, la responsabilidad sobre su ulterior destino y las peticiones de acceso

y cancelacin de las mismas.

En cualquier caso, se aplica plenamente la LOPD y en particular en lo relativo a la

creacin de los ficheros, mediante una disposicin de carcter general publicada

en el diario oficial que corresponda, y a la inscripcin ante el Registro General de

Proteccin de Datos de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos.

De acuerdo con Arzoz (2010, 229), respecto de la idoneidad: La utilizacin de

las videocmaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad constituye una medida

adecuada para la consecucin del fin perseguido, la prevencin de delitos, faltas

e infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana en un lugar determinado

claramente definido. Se entiende, como cualquier otra medida preventiva o

disuasoria, que la prevencin no se refiere a todas las infracciones posibles, sino

a algunas de ellas, pero lo cierto es que el criterio cuantitativo adquiere

relevancia si examinamos las solicitudes de algunos Ayuntamientos.

Sobre el criterio de indispensabilidad, Arzoz concluye que (2010, 233):

puede afirmarse que, satisfechos los requisitos de intervencin indiciaria y de

limitacin espacial y temporal, la utilizacin de videocmaras constituye una


23

medida menos drstica que otras posibles alternativas, como puede ser una

mayor presencia policial.

Finalmente sobre el criterio de proporcionalidad en sentido estricto, habr de

valorarse si se cumple en cada caso concreto una proporcionalidad entre los

derechos afectados y el beneficio pblico, si bien en general puede afirmarse

que existe dicha proporcionalidad, dados los lmites impuestos en la utilizacin

de la videovigilancia y las garantas (legales, procedimentales y jurisdiccionales)

establecidas legalmente para los ciudadanos (Arzoz 2010, 233-234), segn se

han mencionado anteriormente y se especifican ahora de forma ms

pormenorizada:

a) la videovigilancia exige demostrar la existencia de un riesgo razonable

para la seguridad ciudadana (cmaras fijas) o de un peligro concreto

(cmaras mviles) (art. 6. 4 LOV);

b) debe grabarse un lugar pblico concreto, determinado en la autorizacin

(art. 3. 4 LOV) y se prohbe la grabacin en el interior de las viviendas,

salvo consentimiento del titular o autorizacin judicial (art. 6. 5 LOV);

c) se prohbe el uso de videocmaras cuando afecte de forma directa y

grave a la intimidad de las personas, tampoco pueden grabarse

conversaciones estrictamente privadas (art. 6. 5 LOV);

d) se necesita una autorizacin previa (salvo casos excepcionales de

urgencia mxima y videocmaras mviles), con una vigencia mxima de

un ao por una autoridad especial independiente (art. 3, apartados 2, 3 y

4 LOV);

e) existe una restriccin temporal para la conservacin de las grabaciones

(art. 7 y 8. 1 LOV);

f) una prohibicin de la cesin o copia de las imgenes y sonidos, salvo en

los supuestos del art. 8. 1 (art. 8. 3 LOV);


24

g) se exige la informacin a los ciudadanos de la existencia -aunque no del

emplazamiento- y de la identificacin de la autoridad responsable de las

videocmaras (art. 9. 1 LOV). Adems la autoridad competente para

autorizar las videocmaras fijas crear un registro de las mismas (DA 2.);

h) y finalmente, toda persona interesada podr ejercer los derechos de

acceso y cancelacin de las grabaciones en que razonablemente

considere que figura (art. 9. 2).

La Comisin vasca de videovigilancia y libertades es el rgano de control de la

utilizacin de la videovigilancia por las policas en la C. A. de Euskadi. Regulada

en el art. 3 del Decreto 168/1998, fue creada por Orden de 9 de noviembre de

1998 del Consejero de Interior. Est presidida por el presidente del TSJ del Pas

Vasco; un representante del Ministerio Fiscal; un profesional del Derecho de

reconocido prestigio; y tres vocales designados por el Consejero de Interior.

Este rgano tiene carcter consultivo y, entre otras funciones, debe emitir un

informe preceptivo previo a la autorizacin de las instalaciones fijas.

El informe de la Comisin respecto de las cmaras fijas, en consideracin de los

criterios del art. 4 LOV, es vinculante. Cuando se trata de cmaras mviles la

Comisin slo puede realizar un control posterior, salvo que se utilicen

simultneamente en lugares donde se han autorizado cmaras fijas (art. 5. 1

LOV). Ahora bien, dicho control es ms intenso en cuanto que abarca

expresamente los criterios de utilizacin (art. 6 LOV). En todo caso, existen

menos garantas para los ciudadanos que no pueden saber si en un lugar pblico

se han instalado o se han usado cmaras mviles. A ello se aade que no existe

un registro especfico de las videocmaras mviles que utilizan las FCS, siendo

deseable que tuvieran una identificacin precisa cada una de ellas (Arzoz 2010,

244-245).


25

La Direccin del Gabinete de la Viceconsejera de Seguridad, a travs del Centro

de Elaboracin de Datos para el Servicio Policial, es responsable del fichero

Red de videovigilancia, creado por Orden de 7 de abril de 2008, del Consejero

de Interior. Con dicho fichero se pretende identificar las instalaciones de

sistemas de cmaras y videocmaras con fines de vigilancia ubicados en la

Comunidad Autnoma del Pas Vasco, as como sus titulares, gestores o

responsables, tanto en el mbito privado como en el pblico.

2. La afectacin de los derechos fundamentales por las nuevas

tecnologas de la videovigilancia desde una perspec tiva

sociojurdica comparada

En cuanto a la regulacin legal, segn Arzoz (2010, 25): De una forma algo

simplificada puede afirmarse que los Estados europeos se dividen en dos

grandes grupos: por un lado los que consideran que la proteccin de los

ciudadanos frente a la videovigilancia policial requiere una legislacin especfica

porque se trata de una restriccin de sus derechos fundamentales

(videovigilancia como restriccin de sus derechos fundamentales); y, por otro,

los que consideran que una legislacin especfica no es necesaria, bien porque

contemplan la videovigilancia exclusivamente como contribucin a la seguridad

de los ciudadanos (videovigilancia como refuerzo de la seguridad), bien porque

consideran que los principios jurdicos y las normas existentes, y en particular la

legislacin relativa a la proteccin de datos, son suficientes para disciplinar el

uso pblico y privado de la videovigilancia. A falta de regulacin especfica, en

estos Estados la extensin y los lmites del derecho a la vida privada frente a la

videovigilancia suele ser objeto de una jurisprudencia compleja y casustica.


26

Aunque puede hablarse de una extensin creciente a escala global, es posible

diferenciar la diversa intensidad con que se utiliza en distintos pases, a pesar de

la dudosa fiabilidad sobre el nmero real de videocmaras, ante las dificultades

de contabilizarlas. Segn Arzoz existira un conjunto de factores que favorecen

la expansin de la videovigilancia en un Estado (2010, 22-24): el impacto

meditico de algunos delitos en que los culpables pudieron ser identificados

gracias a las cmaras; el apoyo poltico a invertir en estas medidas; los intereses

en privatizar para usos comerciales algunos espacios urbanos En trminos

generales, tambin pueden considerarse cuestiones propias de la cultura

poltica y jurdica de cada pas particularmente la proteccin de determinados

derechos fundamentales frente a la intervencin estatal-. Precisamente dentro

de este entendimiento cultural, debe aadirse la preocupacin por la

inseguridad general (Varona 2011).

En todo caso, por ejemplo para el caso de Espaa, debe distinguirse entre la

normativa existente de carcter garantista, lo cual algunos autores relacionan

con la reaccin a un pasado autoritario, y la opinin pblica claramente

favorable a la extensin de la videovigilancia, al menos en un primer momento,

y con escasa preocupacin por la posible vulneracin de derechos

fundamentales. Esto ltimo debe contemplarse dentro de un contexto global

de la llamada cultura voyeur, donde tambin pueden advertirse interesantes

diferencias entre pases (Kampfner 2011).

Para el caso vasco, cabe aludir a la importancia de la videovigilancia de edificios

en relacin con el terrorismo y, particularmente, de la denominada violencia

callejera. Precisamente, en el Prembulo de la LOV se alude, de forma general, a

la finalidad de atajar la violencia callejera que eventualmente se produce con


27

ocasin del ejercicio de reunin y manifestacin en lugares de trnsito

pblico24.

Puede decirse que la doctrina mayoritaria, jurdica y sociolgica, coincide en la

necesidad de mayores garantas y de reflexionar sobre la expansin de la

videovigilancia. Ello sucede tanto en el plano interno como internacional, a

continuacin citaremos tres ejemplos importantes de este ltimo.

En enero de 2012, la Comisin de la UE present una propuesta de Reglamento

de proteccin de datos para uniformizar las normativas sectoriales en materia

de proteccin de datos en general, donde podra haber referencias a la

videovigilancia. Sin embargo, la elaboracin de este Reglamento, con una

perspectiva muy protectora de los derechos fundamentales, al ser de aplicacin

obligada, choca con las reticencias de varios Estados que consideran que

interfiere con su propia normativa en la materia, quiz menos garantista.

En el Proyecto del Foro Europeo para la Seguridad Urbana, titulado Ciudadanos,

ciudades y videovigilancia. Hacia una utilizacin democrtica y responsable de la

vdeovigilancia (2010) se incluye una Carta para la utilizacin democrtica de la

videovigilancia para permitir a las autoridades locales garantizar el respeto de

los derechos fundamentales. Est abierta a la firma de los diferentes alcaldes en

www.cctvcharter.eu.

El 13 de febrero de 2012, el Supervisor Europeo de Proteccin de Datos public

un informe sobre el nivel de conformidad de las instituciones y rganos

europeos con las lneas directrices en materia de videovigilancia, publicadas por

dicho organismo en marzo de 2010, resaltando las medidas hacia una limitacin

24 Cfr. Arzoz (2010, 197-200).


28

de la videovigilancia intrusiva y un diseo de las mismas que respete la

privacidad (privacy by design)25.

Centrndonos en la crtica desde la Sociologa de las nuevas tecnologas, David

Lyon, Director del Centro de Estudios de Vigilancia (The Surveillance Studies

Center) y profesor de Sociologa y Derecho de la Queen University de Canad,

considera que vivimos cada vez ms en una sociedad vigilada por Gobiernos y

empresas, no por una cuestin conspirativa, sino porque la tecnologa lo

permite y los mismos ciudadanos son proclives a compartir informacin

personal26 en un contexto de polticas de seguridad, tras el 11-S, basadas en el

control27. Todo ello plantea, en su opinin, un gran desafo poltico y tico sobre

cmo manejar esa informacin y quin debe tener acceso, entre otras

preguntas.

Es cierto que el ciberespacio crea o reproduce nuevas vulnerabilidades, pero

polticamente es ms conveniente apuntar a los ciberataques para desviar la

atencin frente a problemas ms graves para resolver. La seguridad nacional es

hoy ms importante para muchos gobiernos de lo que es la seguridad cotidiana

de los ciudadanos comunes, que quieren una vida mejor28.

Por su parte, el Comisionado sobre Privacidad de Canad examin una queja

presentada por Privacy International respecto de los planes de emplear 12.000

cmaras en la red de transporte de Toronto29. El Comisionado emiti un informe

en 2008 indicando que, aunque se respetaba la legislacin en la materia, deben

tomarse medidas que incrementen la proteccin de la privacidad.

25 Vase su pgina en http://www.edps.europa.eu. 26 Sobre la llamada cultura voyeur, en general y en relacin con la regulacin alemana, vid. Nettesheim (2010). 27 Cita la ley Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA). 28 Entrevista a David Lyon en http://america.infobae.com/notas/55686-Redes-sociales-aliadas-del-poder. 29 Cfr. sobre el proyecto en los transportes de Estocolmo, Svenoniuos (2012).


29

En el Reino Unido, despus de centrar sus investigaciones en la observacin del

trabajo policial, Clive Norris, Director del Centro de Investigacin Criminolgica

de la Universidad de Sheffield, se concentr en documentar y analizar el

impacto social de las nuevas tecnologas de la vigilancia30. El resultado ha sido

una revista gratuita en lnea31 y un estudio comparado sobre la cuestin

(proyecto UrbanEye, 2001-2004, de la Universidad Tcnica de Berln)32. En este

estudio se considera el funcionamiento de las cmaras en siete capitales

europeas (Berln, Budapest, Copenhagen, Londres, Madrid, Oslo y Viena),

basndose en observacin etnogrfica, datos cuantitativos, anlisis documental,

as como cuestionarios y entrevistas.

En la actualidad, Norris participa en el proyecto Increasing Resilience in

Surveillance Societies (IRISS) (2012-2015), financiado por la Comisin Europea,

centrndose en la sectores pblicos y privados desde la perspectiva de su

impacto en las sociedades democrticas.

En el Reino Unido, adems de los distintos informes especializados del

Ministerio del Interior, podemos citar el de la Real Academia de Ingeniera,

titulado Dilemas de la privacidad y la vigilancia (2007), en el que se pide al

gobierno que haga uso de las posibilidades tcnicas33 para reducir los riesgos de

las tecnologas de la vigilancia e incrementar el control respecto de las

compaas que utilizan dicha tecnologa.

30 Que incluye la videovigilancia, pero tambin otras cuestiones, como el uso de informantes por la polica. 31 Se trata de Surveillance & Society. 32 Vid. http://www.urbaneye.net. Tambin ha participado en proyectos como For Whom the Bell Curves, 2005-9 (Universidad de Trondheim); The New Transparency, 2008-14 (Kingston University, Ontario); y Living in Surveillance Societies, 2009-2013 (COST Universidad de Edimburgo). El Profesor Norris ha elaborado informes para organismos gubernamentales del Reino Unido (View full report) y EE. UU. Asimismo ha redactado un informe sobre el estado de la cuestin de la videovigilancia y la prevencin de la delincuencia para el Comit de Derechos civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo. 33 Grabaciones encriptadas, restricciones en el acceso a las imgenes, etc.


30

En EE. UU., el Centro de Informacin sobre la Privacidad Electrnica ha

documentado la extensin de las cmaras, desde su uso por empresas para

proteger sus propiedades privadas, a su empleo por las autoridades policiales

para la vigilancia de lugares pblicos, particularmente tras el 11-S respecto de las

amenazas terroristas y la demanda pblica de seguridad34. La extensin parece

mayor en Europa, sobreestimndose sus beneficios, segn este Centro.

Se seala que se deben responder primero a diversas cuestiones, antes de

aceptar acrticamente la extensin y rutinizacin de la videovigilancia en lugares

pblicos. Estas cuestiones incluyen una valoracin de su efectividad preventiva y

su adecuacin en trminos de respeto de los derechos fundamentales. Este

Centro lanz el proyecto Observando la vigilancia (Observing Surveillance)

para documentar el nmero creciente de cmaras en lugares pblicos de la

ciudad de Washington, sin que se aprecie un incremento del la prevencin de la

delincuencia, aunque s de la percepcin general de seguridad por parte de la

poblacin. Se concluye con la necesidad de una mayor investigacin sobre la

eficacia y una mejor regulacin y control que aseguren el respeto de los

derechos.

3. Efectividad desde el prisma criminolgico

3. 1 Las imposibilidades metodolgicas

La base de la extensin de la videovigilancia, desde el punto de vista terico

criminolgico, se relaciona con las teoras de la eleccin racional, con un

enfoque excesivamente centrado en los espacios, sin considerar las relaciones

sociales. Tambin, como veremos ms adelante, en el plano metodolgico tiene

conexiones con la idea de la prevencin basada en la evidencia emprica

34 Vid. en http://epic.org/privacy/surveillance. Esta pgina contiene diversos recursos en lnea de distintos pases.


31

centrada en los experimentos controlados. En todo caso, la videovigilancia

como medida preventiva resulta tan difcil de probar como cualquier otra, como

puede ser por ejemplo la sancin penal, que opera en sociedad junto con

multitud de factores difcilmente aislables, controlables o medibles con

exactitud.

Trabajos interdisciplinares de economistas35 y neurlogos han concluido que en

el mecanismo cerebral de la valoracin de un beneficio no necesariamente

material- entran consideraciones individuales y sociales36. Adems, la

racionalidad es un ideal del que solemos alejarnos habitualmente por diferentes

razones. Una de ellas es, por ejemplo, que nuestras expectativas cambian la

forma en que percibimos y apreciamos nuestras experiencias (Ariely 2008). Las

crticas a la prevencin situacional no proceden slo de su estrecha visin del

problema de la delincuencia y su control, ignorando factores, no slo personales

como puede ser una enfermedad mental-, sino tambin comunitarios y

socioeconmicos, de carcter estructural (Varona 2011).

En todo caso: Demostrar la efectividad de la videovigilancia en la prevencin

de los delitos en el plano emprico plantea diversos problemas metodolgicos

(Arzoz 2010, 230-232). Este autor diferencia entre demostrar la eficacia en

general y en un lugar concreto: Para que la eficacia de los sistemas policiales de

videovigilancia pudiera ser acreditada con carcter general seran necesarios

complejos meta-anlisis, esto es, analizar los resultados de un nmero suficiente

de evaluaciones particulares que pueden ser comparables entre s, sobre

supuestos de lucha contra la criminalidad basados fundamentalmente en la

utilizacin de cmaras que recojan la evolucin de la criminalidad antes y

despus de la instalacin de videocmaras. Alude los estudios britnicos de

35 Dentro de la disciplina que se denomina Economa del comportamiento. 36 En concreto, desde esta perspectiva, desde finales de los setenta se discute la intervencin de los valores morales en el proceso racional de toma de decisiones (Parfit 1991).


32

Welsh y Farrington (2002) y del Scarman Centre National CCTV Evaluation Team

(Gill et al. 2003), que concluyen sobre los resultados modestos y en ocasiones

algo contradictorios- de la videovigilancia. En el mismo sentido, cita el estudio

emprico de Dez-Ripolls y Cerezo en Mlaga (2009)37.

En todo trabajo sobre la eficacia de las cmaras tambin habra que referirse al

nmero y tipo de cmaras o sistemas de videovigilancia empleados. Asimismo,

podemos preguntarnos las siguientes cuestiones: se tiene en cuenta el efecto

de desplazamiento y/o de difusin?, perdura la eficacia en el tiempo?, se

distinguen las franjas horarias y los periodos de fiestas o de celebracin de

cualquier evento social que congregue un nmero considerable de personas?

Respecto de la distincin de espacios en que se puede estudiar dicha eficacia38,

cabe distinguir:

A) Espacios pblicos: edificios pblicos (particularmente comisaras,

incluyendo el uso de las cmaras para evitar malos tratos y denuncias

falsas por malos tratos o prcticas abusivas39, tambin en vehculos;

centros de internamiento de extranjeros, hospitales, juzgados, etc.);

zonas de trfico; colegios; Universidades; calles de bares; transportes;

parques; polideportivos; polgonos industriales; hospitales, etc.

B) Espacios privados estrictamente (viviendas unifamiliares); y espacios

privados de acceso pblico: centros comerciales, pequeos comercios,

parkings, taxis, etc.

37 Cfr. el estudio de Galdon (2011) en Catalunya. 38 Cfr. Caplan (2011). 39 El Departamento vasco de Interior anunci la adquisicin de 75 nuevas cmaras de vdeo para grabar las intervenciones de los agentes antidisturbios, utilizando al menos un dispositivo fijo en cada intervencin de este tipo. El Departamento tambin se plantea ubicar un dispositivo en el casco o escudo de los agentes (El Pas, Pas Vasco, 10.06.12, p. 2). En el Reino Unido, en 2007, se autoriz el gasto de 3 millones de libras para incorporar cmaras en los cascos de policas (http://epic.org/privacy/surveillance/). En todo caso, el uso de cmaras en disturbios y desrdenes pblicos plantea la debida proteccin de los derechos de libre expresin, asociacin, reunin y manifestacin.


33

C) Espacios semipblicos comunitarios: centros de trabajo, etc.

D) Espacios virtuales.

En la medicin de la eficacia debe tenerse en cuenta tambin quin es el

responsable de la ineficacia/eficacia y a quin perjudica o beneficia, en su caso.

Ahora bien, los estudios citados no han medido en general el efecto de ayuda

para el proceso penal en cuanto que posibiliten una pronta intervencin, el

esclarecimiento de los hechos y la identificacin de los culpables,

particularmente en delitos violentos donde el elemento racional de valoracin

de la existencia de una videocmara est menos presente.

Sobre este tema debemos plantearnos una serie de preguntas, sabiendo que

cada opcin de respuesta conlleva ciertas implicaciones. La primera cuestin es

determinar qu significa eficacia y quin la define (de dnde proceden los

estudios y debates sobre la eficacia de las videocmaras?). Debe partirse de la

premisa que no existe medida preventiva eficaz al cien por cien.

En este apartado, siguiendo las acepciones del DRAE, distinguimos entre

efectividad, eficacia y eficiencia. La efectividad se refiere a los efectos que

produce, particularmente en materia de seguridad40. La eficacia presume que

existen unos objetivos que justifican la videovigilancia en materia de

prevencin, segn se ha explicado en el apartado sobre el marco jurdico

interno. Finalmente, la eficiencia se relaciona con la consideracin de los

recursos empleados, no solamente econmicos.

40 Aqu entran efectos deseados o no, positivos o no desde el punto de vista de la convivencia democrtica. Pinsese, por ejemplo, en la afectacin grave de derechos fundamentales, en el incremento de la percepcin de inseguridad particularmente a medio o largo plazo-, de la indiferencia social, en el riesgo de estigmatizacin de determinados lugares y colectivos, o en la imposibilidad de invertir en ms polticas de mediacin policial, que requieren de ms presencia de efectivos, dentro de la polica comunitaria o de proximidad, o en polticas de prevencin social ante la prioridad en el destino de los recursos hacia la videovigilancia.


34

En trminos de eficacia, ms all del marco jurdico interno, podemos referirnos

a los siguientes seis aspectos:

a) reduccin de la delincuencia, distinguiendo tipos delictivos e ndices

de reincidencia, y considerando no slo las tasas delictivas, sino

tambin de esclarecimiento.

b) reduccin de la revictimizacin y/o victimizacin oculta al poderse

identificar los autores y su modus operandi.

c) disminucin de conductas incvicas o molestas.

d) mejora de la gestin policial para destinar efectivos y actuar con

mayor rapidez.

e) incremento de la percepciones de seguridad.

f) reduccin de los costes econmicos en la prevencin e, incluso,

aumento de la recaudacin (pudiendo probar con mayor facilidad la

autora de una conducta que lleva aparejada una multa administrativa,

por ejemplo en infracciones de trfico o contra las ordenanzas

municipales).

Reiteramos que la tendencia actual en Criminologa es, como ya hemos

mencionado, el nfasis en los trabajos experimentales con grupos de control.

As, por ejemplo, mediante la Escala de Mtodos Cientficos de Maryland

(Maryland Scientific Methods Scale, SMS) se quiere llamar la atencin de los

acadmicos, los gestores pblicos y los diferentes profesionales para indicar, de

forma sencilla como se ha desarrollado principalmente en la medicina y ha sido

adoptado por la Cambell Collaboration-, la diferente calidad metodolgica de los

estudios, fundamentalmente estadsticos, que evalan el impacto de las

intervenciones en la poltica criminal41 (Farrington et al. 2002, 13). Se trata de un

41 Supone, por tanto, un desplazamiento del inters cientfico criminolgico desde las causas o factores que llevan a delinquir hacia un estudio de cul es el impacto real de las polticas criminales, es decir, del


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sistema clasificatorio de cinco puntos que permite comparar programas

preventivos. Esta Escala evala de forma muy positiva los experimentos

controlados de seleccin al azar como forma de verificar hiptesis causales,

como puede ser el efecto preventivo de la videovigilancia en una determinada

zona, con el objetivo de determinar si esas intervenciones pblicas funcionan o

no, son prometedoras o necesitan de mayores estudios para extraer

conclusiones. Se tratara de controlar al mximo todas las posibles variables de

influencia. En todo caso, como indican los autores citados, las hiptesis causales

en las ciencias sociales ostentan un carcter probabilstico y no determinante,

ante la variedad de factores intervinientes y sus mltiples efectos (Varona

2012)42.

Respecto del efecto de desplazamiento hacia otras calles adyacentes no

videovigiladas, la persona que quiera cometer el delito buscar otro objeto o

persona contra quien delinquir, otro lugar, tiempo y/u otro mtodo43. Algunos

estudios de Clarke indican que el efecto del desplazamiento es limitado e

incluso se produce una difusin del beneficio, en cuanto que la prevencin

afecta a otras situaciones similares. No sin limitaciones, el Instituto Urban (EE.

control social. De hecho, en el libro citado algunos autores examinan diversas polticas preventivas centradas en la familia, los colegios, la comunidad, el fomento del empleo considerando, por ejemplo, la cercana del lugar de trabajo para poder conciliar la vida laboral, personal y familiar, especficamente en poblaciones inmigrantes-, las prcticas policiales, etc. Segn Sherman y Eck (2002), aunque reconocen la complejidad y que hay polticas an no evaluadas, funcionan con xito las patrullas en hot spots, arrestos proactivos de delincuentes reincidentes de delitos graves, arrestos proactivos de conduccin bajo la influencia de alcohol, y la polica orientada a los problemas. No parecen funcionar la vigilancia vecinal, los arrestos de jvenes por delitos poco graves, los arrestos de sospechosos en paro en violencia domstica si no estn en paro, s funcionan-. Entre otras prcticas y programas, resulta prometedora la polica comunitaria con participacin de la comunidad en la decisin de prioridades, la polica comunitaria enfocada a mejorar la legitimidad de la polica, en general, siendo mejor cuanto ms especfica la accin de la polica, etc. En relacin con el empleo, por ejemplo, se subraya la necesidad simultnea de considerar la reduccin de las oportunidades o atraccin para delinquir, tratar el abuso de sustancias y proporcionar apoyos sociales y educacionales para ayudar a los individuos en situaciones de riesgo a obtener un empleo. 42 Un cientfico competente debe barajar diferentes hiptesis, no slo una. En ocasiones, podr surgir, a lo largo de la investigacin, el llamado momento eureka que supone el descubrimiento de una explicacin sencilla y ms consistente al problema planteado. 43 En principio, el efecto desplazamiento no se producira respecto de zonas tursticas, donde los visitantes van a ver determinados monumentos.


36

UU.) ha desarrollado un mtodo para evaluar el efecto de desplazamiento en

zonas videovigiladas44.

Como ya apuntamos en otros estudios (Varona 2011), quiz, en un futuro, sea

posible integrar en una poltica global de prevencin aspectos situacionales que,

en todo caso, parecen funcionar mejor para ciertos tipos delictivos, como

determinados delitos contra la propiedad. Algunos autores lo han intentado a

travs de la ampliacin del concepto de oportunidad (Ekblom 2000).

Sobre la utilidad de los Sistemas de Informacin Geogrfica (SIG), diversos

estudios concluyen sobre su eficacia en general para, junto con otras

cuestiones, la optimizacin de la videovigilancia. En este sentido resulta muy

grfico superponer capas de mapas con las tasas delictivas, las percepciones de

inseguridad, las tasas de victimizacin, la existencia y nmero de cmaras y los

efectivos policiales. Tambin resultan tiles para cartografiar el posible efecto

de desplazamiento a lo largo del tiempo.

En definitiva ante el conjunto de las dificultades metodolgicas sealadas, y

dadas las claras limitaciones temporales y en trminos de recursos de nuestro

estudio, aqu propondremos un trabajo cualitativo modesto, presentado en los

siguientes captulos, mediante lo que se conoce como el anlisis de

constelaciones45. Esta metodologa de anlisis desarrollada por el Centro de

Ciencia y Tecnologa de la Universidad Tcnica de Berln, junto con el Instituto

Nexus de esta ciudad, permite cartografiar la heterogeneidad de campos,

procesos y lgicas implicados en el conocimiento de un objeto complejo, como

es el caso de la videovigilancia, segn plasmamos en el grfico que se presenta a

44 Vid. Lowry y La Vigne (2011). Recientemente se ha documentado este efecto en algunas zonas de Per donde se instalaron cmaras (http://www.generaccion.com, 12.03.12). Vase sobre la extensin de la videovigilancia con cmaras de alta definicin, http://www.cajamarcaopina.com, 08.03.12. 45 Vid. Meister, Kruse y Schn (2005).


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continuacin. En l distinguimos procesos, actores y conceptos clave en el

estudio de la efectividad de la videovigilancia.

DELINCUENCIA REGISTRADA

*diferentes cuerpos policiales *instancias judiciales y fiscales

*criminlogos cifra negra derechos y principio de legalidad discrecionalidad (labelling) minoras cambios legales prcticas policiales seguridad estadsticas

DELINCUENCIA ESCLARECIDA

*polica * instancias judiciales y fiscales *servicios de cooperacin con la justicia *criminlogos

*instituciones penitenciarias

medios policiales coordinacin garantas jurdicas (presuncin de inocencia) confianza institucional

VICTIMIZACIN OCULTA

*vctimas/familiares/amigos *vecinos

*autoridades *victimarios

*criminlogos contextos de abuso del poder vulnerabilidad y resiliencia revictimizacin

DELINCUENCIA PERCIBIDA *vecinos/sociedad

*asociaciones de vctimas *medios de comunicacin

*autoridades locales (orden pblico, servicios sociales, igualdad,

urbanismo...) *autoridades autonmicas y estatales

*criminlogos revictimizacin reinsercin inseguridad en general condicin social lugar peligroso fractura entre personas amenazadas y peligrosas o delincuentes mundos reales y virtuales

DELINCUENCIA DECLARADA

*vctimas *asociaciones

(particularmente en victimizacin difusa) confianza en las instituciones informacin

Procesos

* Actores Conceptos clave

ANLISIS DE CONSTELACIONES


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En la delincuencia percibida estamos ante la definicin del problema, incluyendo

su ubicacin y responsabilidad. En la victimizacin oculta puede pensarse

concretamente en la dificultad de aplicar la videovigilancia para prevenir la

violencia contra las mujeres en el mbito domstico, escolar, laboral... En la

delincuencia declarada nos referimos a informar del delito tanto a instancias de

control formal como informal.

Por tanto, en la medicin de la eficacia debemos preguntarnos al menos: con

qu parmetros o criterios se mide en cada uno de esos procesos sealados

(delincuencia percibida, oculta, declarada, registrada y esclarecida)?

3. 2 Resultados de algunos estudios

Conviene advertir que, cualquier estudio metodolgicamente riguroso tan slo

aportar conclusiones tentativas y de limitado alcance. Aqu nos referiremos a

algunas investigaciones sobre la eficacia de la videovigilancia en EE. UU. y

Europa (Reino Unido, Espaa, Turqua, Francia, Suiza, Alemania y Blgica).

El inspector jefe de la Oficina de Scotland Yard de Imgenes Visuales,

Identificaciones y Detecciones declar que el sistema londinense de

videocmaras slo ha sido utilizado para resolver un 3% de los robos producidos

en las calles, sin que la disminucin sea significativa respecto de la delincuencia

violenta46.

46 Fuente://epic.org/privacy/surveillance/. Estas declaraciones fueron realizadas en la Conferencia Mundial de Londres Security Document. El inspector jefe, Mick Neville, fue el autor del informe interno de la Polica Metropolitana, hecho pblico en 2009, donde se indica que por cada 1.000 cmaras londinenses, se resuelve menos de un delito al ao. Con 4,2 millones de cmaras de circuito cerrado en todo el pas, en Londres se estima que existe una cmara por cada 14 personas. Se ha criticado que estas estimaciones se basan en una muestra pequea y no reflejan todos los casos resueltos en Londres donde la evidencia aportada por las cmaras fue un factor importante. En 2009, un informe encargado por el Ministerio del Interior, sealaba el efecto preventivo de las cmaras respecto del robo de vehculos o robo en ellos en los parkings, pero sin tener un impacto significativo en la reduccin de las tasas delictivas en general. La National Police Improvement Agency tambin elabor un informe respecto del Reino Unidos. Cfr., ese mismo ao, el estudio de la organizacin Big Brother Watch, titulado Big Brother Is Watching, que denunciaba que la instalacin de cmaras puede suponer una alternativa


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En la revisin sistemtica ya citada, de estudios anglosajones con meta-anlisis,

de Welsh y Farrington se concluy que la videovigilancia produca un efecto

significativo, aunque limitado, en la prevencin del delito. Resultaba

especialmente eficaz respecto de los parkings en el Reino Unido y,

concretamente, en la prevencin del robo en y de vehculos (2007).

Sobre la efectividad de la videovigilancia en Gran Bretaa y Espaa, Medina

Ariza afirma47: Ninguna de las evaluaciones realizadas ha logrado documentar

un impacto sensible en los niveles de delincuencia, si hablamos de

videovigilancia en la calle... Los nicos estudios que demuestran un impacto

positivo es cuando se trata de cmaras de vigilancia en sitios concretos como

aparcamientos o determinados establecimientos comerciales, donde s ha

servido para reducir los hurtos. Tambin han tenido un efecto muy positivo en la

reduccin de accidentes de trfico en carreteras. Pero a nivel general no ha

tenido un impacto en la prevencin de la delincuencia comn en las ciudades y

eso pese a su muy elevado costo econmico48.

El estudio emprico de Cerezo y Dez Ripolls se centr en la eficacia, para la

prevencin de la delincuencia, de la instalacin por la Polica Nacional, en 2007,

de 17 videocmaras49 en el centro histrico de Mlaga. Se confirm un descenso

poco significativo principalmente en delitos contra la propiedad, segn las tasas

barata a la patrulla policial. En 2010 el nmero de delitos en los que se aportaban grabaciones de cmaras en el rea de la polica metropolitana baj un 71% entre 2003/2004 y 2008/2009. Fuente: http://www.telegraph.co.uk, 24.08.09; 25.08.09; 27.08.09; 18.12.09; y 05.01.10. 47 Tambin puede citarse el estudio de Javier Gago en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, quien difundi en el Foro Polica (www.foropolicia.es) un cuestionario para valorar el porcentaje de reduccin de delitos con la instalacin de videocmaras en supermercados o centros comerciales. En dicho Foro difundi una encuesta titulada Eficacia de la videovigilancia en la prevencin del delito, incluyendo dos preguntas propias de estudios de autoinforme. 48 Entrevista en El Pas, 23.06.11, pp.30-31. Vase tambin su monografa sobre prevencin, publicada en 2011. Sobre las implicaciones en los derechos fundamentales, vase el proyecto europeo LISS (Living in Surveillance Societies en www.liss-cost.eu). 49 En el art. 4 de la LO 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilizacin de videocmaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en los lugares pblicos, se dice que, observando el principio de proporcionalidad, uno de los criterios para su instalacin es constatar infracciones a la seguridad ciudadana. Su instalacin se realizar con un proceso de autorizacin establecido en el art. 3. Vid. tambin el Real Decreto 596/1999 que aprueba el reglamento de desarrollo.


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policiales y las encuestas de victimizacin, pero tambin un efecto de

desplazamiento. No apreciaron variaciones positivas respecto de la percepcin

de la delincuencia de los transentes comparando las encuestas realizadas

antes y despus de la instalacin-, si bien en las vctimas encuestadas de noche

pareca haber disminuido la inseguridad50. Tambin se aprecia una opinin

favorable hacia la instalacin de las cmaras por parte de los vecinos y,

particularmente, de los comerciantes, de la zona videovigilada (2010).

Segn un estudio cataln de Gemma Galdn (2011), directora del programa de

Polticas de seguridad de la Universitat Oberta de Catalunya51, las poblaciones

que demandan ms la videovigilancia en espacios pblicos son aquellas con

ndices de ingresos menores, las que tienen polica municipal propia y aquellas

en las que existe una mayor presencia de inmigrantes. Adems se observa una

relacin entre el debate sobre el incivismo y la demanda de cmaras de

seguridad. Se cuestiona si la reflexin sobre estos temas debe centrarse en la

eficacia de estas medidas, ms que en las implicaciones para los derechos

humanos de la vigilancia a travs de diversos medios tecnolgicos52.

En su tesis doctoral, dirigida por Joan Subirats, Per qu la videovigilncia?

Seguretat, tecnologia i poltiques pbliques, Gemma Galdon buscaba entender

por qu en todo el mundo, de forma casi coordinada, la videovigilancia se ha

convertido en una de las grandes apuestas polticas para asegurar los espacios

urbanos, estudiando los procesos tecnolgicos, las dinmicas sociales y las

polticas urbanas que intervienen en la adopcin de las cmaras como

50 Bajo la rbrica de percepcin de la delincuencia y miedo al delito se preguntaba primero por con qu frecuencia piensa que ocurren los siguientes hechos en esta calle? y despus cunto le preocupa ser vctima de los siguientes hechos en esta zona?. Las respuestas oscilaban en una puntuacin de 1 a 5 (muy infrecuentemente/nada o muy frecuente/mucho). 51 Tambin es responsable del proyecto de investigacin europeo IRISS: Increasing resilience in surveillance societies (en espaol, 'Aumentando la resiliencia en sociedades de vigilancia'). La UOC, junto con un consorcio de universidades y centros de investigacin europeos, ha conseguido 2,6 millones de euros de financiacin de la Comisin Europea para este proyecto. 52 Vase el proyecto europeo sobre tica, eficacia y vigilancia en www.sapientproject.eu. Vid. la Carta para el uso democrtico de la videovigilancia del Foro Europeo para la Seguridad Urbana.


41

instrumento de las polticas pblicas. Segn Galdon, el Estado espaol recoge

una serie de condicionantes histricos, legales y sociales que son

significativamente diferentes en la apuesta por las cmaras. En el caso espaol

la iniciativa es local, pero afectada por un m

estudio exploratorio sobre los efectos del uso …exploratorio... · videovigilancia con cámaras...

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