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CONTENIDOSABER + ES TU DERECHO ABRIL - JUNIO 2015

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ENTÉRATE

Gobernabilidad DemocráticaJascara Jiménez Espinal

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La Transparencia como herramienta de control políticoAgustín Ramírez Ramírez

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PARTICIPA

CULTURA

Sexto Concurso “Caminos de la Libertad para jóvenes”Julio Beli Ruvalcaba

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COMITÉ EDITORIALEsperanza Salvá TrujilloDirectorVíctor Ernesto López AguileraEditorLuisa Fernanda Viveros VidalEditor AdjuntoJulio Beli RuvalcabaDiseño

Saber + es tu derecho, año 2, núm. 14, Abril - Junio de 2015 es una publica-ción trimestral editada por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Ac-ceso a la Información Pública, calle José Martí, núm. 102, Col. Lidia Esther, Municipio del Centro, CP 86040. Te-léfono (993) 1313999, www.itaip.org.mx. Editor responsable: Esperanza Yolanda Salvá Trujillo. Reserva de de-rechos al uso exclusivo núm 04-2012-011213054000-102, ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Na-cional del Derecho de Autor. Impresa por IDEO GRÁFICO S.A. de C.V., Ré-gimen General de Personas Morales. RFC IGR-020518952, calle Juan Álvarez núm. 505 Col. Centro C.P. 86000, Vi-llahermosa, Tabasco, con un tiraje de 1000 ejemplares.Las opiniones expresadas por los auto-res no necesariamente reflejan la pos-tura del editor de la pubicación.Queda estrictamente prohibida la re-producción total o parcial de los con-tenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto Ta-basqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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Gobernabilidad DemocráticaJuan de Dios Villareal González

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La información como concepto y fundamento democráticoBenjamín Fernandez Bogado

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CARTA EDITORIAL

Los retos de convivencia humana día a día se dificultan, sobre todo, por la gran desigualdad que impera en el mundo actual y por la falta de consensos que debilitan posibles acuerdos, dañando beneficios comunes que a la vez se ven reflejados en retrocesos del desarrollo de una comunidad. Así en la función del orden público, pocos han comprendido que su objetivo principal es servir explorando todas las herramientas al alcance para cumplir con el mandato que los obliga, inclusive de los acuerdos para mejorar la convivencia de los gobernados.

Los gobiernos democráticos con el discurso de sus líderes, parten del principio de haber sido elegidos por mayoría, pero esa mayoría tiene implícito un costo sobre las economías que regularmente son con cargo al presupuesto del Estado pocas veces transparentados, en ese sentido en el ejercicio de la función pública, estos enfocan su servicio hacia las masas como pago de las cuotas corporativas, pero olvidan las minorías, que dicho sea de paso son los que más contribuyen al desarrollo sustentado y permanente de una nación, y como consecuencia profesionistas, comerciantes, agricultores, ganaderos, escritores, artistas, etcétera, sopesan la carga de malas administraciones.

En Estados Democráticos quienes ostentan el poder, en teoría, es servir con pulcritud, honestidad, responsabilidad, eficiencia y equidad, pero en la práctica, resulta diferente. La gobernabilidad democrática por tanto, significa igualdad y proporcionalidad, y así la transparencia como herramienta de control y focalización ciudadana, se impulsa para mejorar y distribuir de manera equitativa y eficiente los recursos de la nación para una mejor convivencia.

Transparencia en los gobiernos democráticos, representan una herramienta de rendición de cuentas ciudadana, de vigilancia permanente del uso correcto de los recursos y de la función pública, y en esta revista con la colaboración y opinión de diversos especialistas en materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, lo confirman.

Somos parte de la transformación nacional, y el uso de un derecho humano universal en gobiernos democráticos como la transparencia y la rendición de cuentas, permitirán con tu ayuda frenar la corrupción y dirigir hacia un mejor equilibrio y equidad, los recursos y la función pública. El ojo focalizador somos todos; es tomarse el tiempo y ejercer el derecho a la información, para salvaguardar el patrimonio nacional, pero sobre todo, es también tu responsabilidad ciudadana en gobiernos democráticos.

Isidro Rodríguez Reyes

CONSEJERO PROPIETARIO

4 SABER + ES TU DERECHO ABRIL / JUNIO 2015

PARTICIPAENTÉRATE

5SABER + ES TU DERECHOABRIL / JUNIO 2015

ENTÉRATE

POR JASCARA JIMÉNEZ ESPINALPROYECTISTA DEL ITAIP

Hace unos días, el presidente de la República Mexicana presentó su tercer informe presidencial, inmediatamente los

de ecos de reacción no se hicieron esperar; por una parte, los que afirman que nos encaminamos hacia un nuevo rumbo y por otra, los que aseguran que estamos frente a una crisis de gobernabilidad democrática.

Pero, ¿A qué nos referimos con Gobernabilidad Democrática?

Cuando hablamos de Gobernabilidad Democrática, la primera idea que nos viene a la mente es la estabilidad del gobierno; sin embargo, éste concepto es tan complejo, que conviene entenderlo de forma disgregada.

Norberto Bobbio y Nicola Matteucci definen la Gobernabilidad como la relación de gobierno, relación de gobernante y gobernado; por su parte Jorge Carpizo, señala que Democracia es el sistema en el cual los gobernantes son electos periódicamente por los electores; el poder se encuentra distribuido entre varios órganos con competencias propios y con equilibrios y controles entre ellos, así como responsabilidades señaladas en la Constitución con el objeto de asegurar los derechos fundamentales que la propia Constitución reconoce directa o indirectamente.

Entonces, si la democracia es un “sistema de gobierno”, la gobernabilidad sería entonces, una cualidad que nos indica el “grado de gobierno” que se ejerce en una sociedad.

Así, en un contexto más amplio podemos decir, que Gobernabilidad Democrática es el estado o grado de equilibrio entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental. Técnicamente, la gobernabilidad democrática demanda la atención constante de entidades gubernamentales e instituciones políticas y sociales.

Considero que, para consolidar la estabilidad de la gobernabilidad democrática deben de conjugarse dos factores: el primero, sería el mejoramiento de las instituciones políticas lo que daría pie al sano equilibrio entre los Poderes de la Unión y los poderes estatales y municipales. Esto, porque constantemente los medios de comunicación nos dejan ver, que la falta de acuerdos y conflictos de intereses entre nuestros altos servidores públicos.

La gobernabilidad democrática requiere también la disponibilidad de los ciudadanos, el segundo factor entonces, sería la participación ciudadana responsable, nuestra sociedad debe tomar mayor conciencia e iniciativa de acción de los retos que enfrenta tanto nuestra entidad, nuestro país y de


PARTICIPAENTÉRATE

UNA SOCIEDAD CON PARTICIPACIÓN ACTIVA

RESPONSABLE, PONE LÍMITES A LOS PROBABLES

ABUSOS DE PODER


ENTÉRATE

las posibles soluciones que proponen nuestros gobernantes.

Una sociedad con participación activa responsable, pone límites a los probables abusos de poder pero sobre todo, garantiza que el correcto cumplimiento de la funciones de la administración pública.

La sociedad debe ser más partícipe no sólo en cuestiones de políticas públicas de desarrollo social, sino en la totalidad de los asuntos públicos, aun y cuando se piense que no le competen o afectan directamente. Debe contribuir al manejo y al éxito de las instituciones públicas que le sirven.

En ese sentido, un sistema social es gobernable cuando está estructurado de tal forma que todos los actores estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver sus conflictos conforme a un sistema de reglas y de procedimientos formales o informales.

Solo la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, es capaz de formular y reformular cuantas veces sea necesario las normas y las prácticas que garanticen una gobernabilidad democrática.

El Dr. José R. Castelazo, ex presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, en su participación en el panel “Evolución de la Institucionalidad Democrática” , señaló que la mejor distribución del poder toma lugar cuando existen políticas públicas que se gestan como efecto de la dinámica social, se definen y estructuran con la participación activa, en una o varias tareas de grupos y personas comprometidas y preparadas, poseedoras de una cultura cívica. La dificultad

estriba en gestionarlas adecuadamente, es decir lograr que el objetivo y la sociedad clarifiquen sus respectivas responsabilidades erijan sus fronteras y actúen responsablemente, asumiendo que ambos son justamente corresponsables; no sólo de la ejecución de la política pública y del logro de sus objetivos, sino de la actuación propia y la del otro apegadas a la legalidad.

Efectivamente, los actores políticos deben procurar un gobierno que sea eficiente y coherente en el ejercicio del poder y la gestión gubernamental, para incorporar el consenso público como insumo del proceso de toma de decisiones e implementación de políticas, con el fin de alcanzar objetivos prefijados al menor costo posible. Además, establecer un contexto de gobierno en donde se destaque la conexión entre legitimidad y ejercicio del poder, concentrando la atención en el problema de la calidad de la acción gubernamental.

La situación actual de nuestro país, demanda el fortalecimiento de una gobernabilidad democrática, y su consolidación dependerá no sólo de la eficiencia del gobierno, sino de la activa cooperación de todos los ciudadanos. Lo ideal, es que exista un equilibrio dinámico entre demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental.

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POR AGUSTÍN RAMÍREZ RAMÍREZPRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE DERECHO A LA INFORMACIÓN

Un nuevo paradigma para transparentar la función pública.Una de las novedades legislativas de la reforma constitucional en materia de transparencia gubernamental del 7 de febrero de 2014, que se recogió posteriormente en la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo la nueva Ley), promulgada el 4 de mayo de presente año, se refiere a la obligación de transparentar el gasto de los partidos políticos, los que habiéndose constituido en su origen como la vía idónea para que los ciudadanos ejerciten sus derechos en esta materia, han visto minar su legitimidad por los actos de corrupción de los servidores públicos que han surgido de sus filas, particularmente aquellos que alcanzan un cargo de elección popular en las cámaras legislativas -tanto del Congreso de la Unión como de los congresos estatales-, aunque a este deterioro en su imagen también han contribuido quienes ocupan un puesto en las administraciones públicas en los tres niveles de gobierno.

Como lo señala María Amparo Casar, “en el caso de México los niveles de percepción de corrupción en las instituciones consideradas como los pilares de una democracia representativa -partidos políticos y poder legislativo- son extraordinariamente elevados y esto torna más complicada la gobernabilidad pues resta legitimidad a las decisiones de gobierno”, de ahí que una mirada

acuciosa y vigilante de la sociedad sobre el presupuesto público que se destina a la operación de los partidos políticos, constituye, al menos en su aspecto formal, un muy importante avance para restituir los bajos índices de credibilidad que actualmente caracteriza a la llamada clase política, siempre y cuando, por supuesto, esa clase política esté dispuesta a transparentar sus actos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son “entidades de interés público”, cuya finalidad consiste en “promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo […]”, es decir, el derecho a votar y ser votados.

Abatir la corrupción mediante la fiscalización ciudadana.Con las reformas anotadas -tanto en su vertiente constitucional como en la legislación secundaria-, la transparencia gubernamental, como herramienta de la llamada Rendición de cuentas, fortalecerá su capacidad para promover mejores estándares de gobernabilidad democrática en la medida en

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que pueda dotar al ciudadano de elementos de convicción suficientes para evaluar de manera objetiva la correlación entre el gasto público asignado a las diversas fracciones parlamentarias en las cámaras legislativas y su desempeño, así como para que las dirigencias de los partidos políticos rindan cuentas de los gastos operativos que también son sufragados con dinero público.

Este cambio normativo implica la posibilidad de que a través del mecanismo de transparencia -mediante solicitud directa a las unidades responsables de las cámaras del H. Congreso de la Unión y de los congresos estatales- se puedan analizar con mayor detalle los resultados del trabajo legislativo, tanto de cada uno de nuestros representantes populares como por parte de las diversas fracciones parlamentarias, pero también hará factible la revisión ciudadana sobre los recursos públicos otorgados a los partidos políticos para sus actividades regulares, cuyos montos no son nada despreciables y de cuyo uso los ciudadanos poco hemos sido informados.

En ese sentido, estaremos en posibilidad de contrastar la información proporcionada por dos fuentes distintas aunque vinculadas por su origen partidista, lo que en principio obligará a los partidos a un ejercicio de rendición de cuentas que responda con mayor claridad a los cuestionamientos que día con día nos planteamos los gobernados, pero para ello es necesario afinar ciertas herramientas prácticas que la nueva Ley establece, como es el caso concreto de la operación de los Comités de Información y de las Unidades de Enlace.

Independencia técnica de los comités de transparencia.No cabe duda de que las nuevas reglas de

fiscalización ciudadana a que se refiere este marco normativo son de gran calado, pero su implementación deberá superar varios retos.

Entre los más importantes se encuentra la forma en que habrán de integrarse los Comités de Transparencia en cada uno de los sujetos obligados, pues la confiabilidad en su operación va a depender en gran medida de la independencia de criterio de que gocen sus integrantes y de su funcionalidad como cuerpo colegiado.

La designación de sus miembros no es un asunto menor; está en juego la poca credibilidad que aún mantienen los partidos políticos y así deberán entenderlo sus órganos cupulares, entre los que se cuentan no sólo a sus dirigentes formales sino a los coordinadores parlamentarios en cada una de las cámaras legislativas y a quienes integran, por norma, los órganos de dirección como es el caso de las mesas directivas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, que tienen, entre otras atribuciones, la de analizar y en su caso aprobar la ejecución de sus respectivos presupuestos.

Bien podría decirse que la relevancia de su función, como cuerpos colegiados responsables de instrumentar la transparencia gubernamental, se localiza en las atribuciones señaladas en las fracciones II y III del artículo 44 de la nueva Ley, que otorga a estos Comités facultades para “confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados”, así como para “ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y

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funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones”.

Se trata de atribuciones que necesariamente deben llevarse a cabo con un alto grado de independencia técnica, ya que el ámbito de responsabilidad de los miembros de los Comités de Transparencia, no obstante que forman parte de la estructura burocrática de los sujetos obligados, se fundamenta en disposiciones legales que no derivan de los principios de jerarquía y subordinación -estudiados ampliamente en la doctrina administrativa-, respecto de los titulares que los nombraron para el ejercicio de su función, sino en disposiciones de orden público que tienen por finalidad la satisfacción del derecho fundamental de acceso a la información gubernamental.En efecto, si fuera el caso de que algún servidor público que forme parte de los Comités de Transparencia incumpliera alguna instrucción de

su superior jerárquico, cuando con ello pudiera desatender las obligaciones que en materia de transparencia gubernamental le impone la ley, no podría ser disciplinado por la vía administrativa al amparo de las disposiciones legales que regulan el ámbito de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, pues el solo hecho de sujetar su comportamiento a las prescripciones en materia de acceso a la información serían motivo suficiente para desestimar una conducta irregular.

En poco más de una década de aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, son comunes los comentarios entre los servidores públicos que integran los actuales Comités de Información en la Administración Pública Federal, de casos en los cuales son presionados -de manera indirecta casi siempre- para resolver una petición de acceso a la información conforme a los intereses personales de quienes ocupan la titularidad de los sujetos obligados. La integración de estos cuerpos colegiados abona a lo anterior, pues según dispone el artículo 30

La transparencia gubernamental, como herramienta de la llamada rendición de cuentas, fortalecerá su capacidad para promover mejores estándares de gobernabilidad democrática.

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de la ley en la materia, al menos dos de sus tres integrantes responden jerárquicamente a los mandos superiores de la estructura burocrática, esto es, el Presidente del Comité y el Titular de la Unidad de Enlace y sólo uno de ellos -el Titular del Órgano Interno de Control- mantiene una independencia funcional respecto del Secretario de la Función Pública, situación que se puede erosionar aún más si no se les dota de un andamiaje jurídico que respalde su actuación, en virtud de la transformación de los órganos internos de control en unidades de auditoría preventiva.

Hubiera sido deseable que el nuevo marco normativo estableciera pautas específicas para la integración de los Comités de Transparencia, que sustituirán a los actuales Comités de Información, insertando hipótesis que permitieran desvincular a sus integrantes de los esquemas rígidos de la jerarquía burocrática que derivan de una designación vertical como la referida en el artículo 43 de la nueva Ley, en la que sólo se indica que “en cada sujeto obligado se integrará un Comité

de Transparencia colegiado e integrado por un número impar”.

Habría que llamar la atención sobre este punto, para que el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en ejercicio de la atribución a que se refiere la fracción I, del artículo 31 de la nueva Ley, emitiera Lineamientos tendientes a estandarizar los procesos de designación de los miembros de los Comités de Transparencia, tanto en lo que se refiere al número de sus integrantes como a la necesidad de asegurar independencia de criterio respecto de los titulares de los sujetos obligados.

Fortalecer la puerta del acceso a la información.La utilidad del nuevo marco regulatorio no debe limitarse a su aspecto formal -el de las reformas constitucional y legal- sino que es indispensable fortalecer su dimensión práctica, de tal suerte que el acceso a la información por parte de los ciudadanos se transforme en una realidad cotidiana, lo cual puede ser posible si

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los procedimientos de acceso a la información a cargo de las instancias legalmente facultadas para ello en la nueva Ley se procesan teniendo en mente el interés ciudadano, cerrando las puertas de la opacidad mediante una actuación firme y objetiva de las Unidades de Enlace.

Desde la promulgación de la ley federal en junio de 2002, se determinó que el conjunto de la información que obrara en poder de los entes gubernamentales tendría carácter público, salvo las reservas de ley, para lo cual dentro del concepto “documentos” se enlistaron una serie de medios de resguardo de información entre los cuales destacaban los instrumentos más cotidianos del quehacer público como son las actas, oficios, acuerdos, directivas, directrices, circulares, notas, memorandos, o bien, “cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”.

Lo anterior generó en los servidores públicos, particularmente de aquellos de niveles jerárquicos superiores, la idea de que al hacer públicos cierto tipo de documentos -las notas, que por ejemplo toman los subordinados en reuniones-, se ventilarían indebidamente los términos en que se adoptan ciertas decisiones sobre los asuntos bajo su control. Lo anterior dio lugar a una práctica perniciosa en las oficinas gubernamentales, muchas veces auspiciada por los titulares de los sujetos obligados -aunque no se instruyera de manera explícita-, tendiente a no documentar ciertos hechos de la actividad cotidiana gubernamental. Se trata sin duda de una actitud indebida sustentada en la incapacidad para razonar las reservas de ley conforme a lo dispuesto por el artículo 14, fracción VI, de la Ley Federal que permite reservar la información que “contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada”. Se trata de un espacio de opacidad que aún prevalece en las oficinas públicas.

En no pocos casos, los titulares de las propias Unidades de Enlace son los encargados de advertir a otros servidores públicos -con quienes comparten relaciones horizontales y verticales de supra y subordinación jerárquica y funcional- sobre los términos en que deben dar respuesta a las solicitudes de información con el propósito de “no ventilar” asuntos que dentro de las oficinas públicas se consideraban de “cierto riesgo”. Insisto, no es más que el mal entendimiento de los alcances legales de la figura de reserva de la información a que alude la Ley, pero también de la falta de resguardos jurídicos para los responsables de procesar las solicitudes de

LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN EN LAS INSTITUCIONES

CONSIDERADAS COMO LOS PILARES DE UNA DEMOCRACIA

REPRESENTATIVA SON EXTRAORDINARIAMENTE

ELEVADOS

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información, que les permitan cumplir la ley sin presiones de ninguna naturaleza.

Ante un nuevo escenario normativo de mayor exigencia conforme al principio de máxima publicidad, es indispensable que las llamadas Unidades de Enlace sean capaces de advertir los riesgos de la opacidad en las respuestas de las áreas responsables de satisfacer las peticiones ciudadanas, evitando cualquier tipo de transgresión normativa. Para ello, es recomendable evaluar a los titulares de dichas Unidades de Enlace conforme a ciertos estándares de comportamiento, bajo un principio de integridad y de vocación de servicio, aunque por otra parte se les debe asegurar estabilidad laboral e independencia funcional en lo que corresponde a sus tareas en materia de transparencia respecto de sus superiores jerárquicos.

Lo anterior no significa crear células autárquicas desvinculadas de sus actividades formales, pues debe recordarse que quienes están al frente de las Unidades de Enlace cumplen adicionalmente otras funciones dentro de la estructura burocrática, pero es importante que para atender debidamente los principios constitucionales y legales en la materia se necesita de servidores públicos comprometidos con los principios constitucionales y legales del acceso a la información.

Por lo anterior habría que analizar la posibilidad de que a través del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se pudiera perfilar un servicio profesional que además de garantizar la contratación y permanencia de servidores públicos con conocimientos y experiencia, se propicie su constante profesionalización, pues de otra forma podría perpetuarse un modelo en el

cual la designación de quienes son responsables de abrir las puertas de la transparencia en cada una de las oficinas públicas, respondan indebidamente a los intereses personales de sus superiores jerárquicos en detrimento de los intereses de la ciudadanía.

La tarea pendiente al interior del Poder Legislativo.En las cámaras del H. Congreso de la Unión se forjó el nuevo marco constitucional y legal en materia de acceso a la información y ahora les corresponde satisfacer a plenitud los términos de lo aprobado. Son los partidos políticos y sus legisladores quienes deben poner el ejemplo de lo aprobado.

Al momento de escribir este artículo, aún no fenece el plazo señalado en el artículo décimo tercero del régimen transitorio del Decreto por el cual se promulgó la nueva Ley, cuyo contenido trata de responder diversas inquietudes de los ciudadanos sobre el gasto asignado a las fracciones parlamentarias.

Señala el dispositivo legal en cita que “para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las que se refiere la presente Ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto de 2015, un programa de reorganización administrativa que deberá, comprender, al menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos parlamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asigna a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en

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dinero o especie, que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas a las modalidades de acceso. Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa”.

En breve se integrará la siguiente legislatura en la Cámara de los Diputados y no parece haber certeza del cumplimiento de dicha disposición, como tampoco lo han hecho en el Senado de la República.

Gobernabilidad democrática tiene una asociación indisoluble con la Rendición de Cuentas y la transparencia es una herramienta que además de fortalecer este vínculo puede tener un efecto virtuoso en las relaciones entre el poder político y los ciudadanos. Hagamos votos para que nuestros representantes populares comprendan el alcance de lo que aprobaron en las cámaras legislativas, de tal manera que al actuar cotidianamente en beneficio del derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública, restituyan la credibilidad social que ellos mismos han minado.

1 Además de lo señalado, la autora aporta el siguiente dato: la percepción de la corrupción respecto de los partidos políticos es del 91% y del 83% en el caso del Poder legislativo. Casar, María Amparo. México: Anatomía de la corrupción,

CIDE – IMCO, México, 2015, páginas 22 – 23, visible en: http://www.cide.edu/wp-content/uploads/2015/05/MXAnatomiadelaCorrupcion_MariaAmparoCasar.pdf

2 Señala el artículo 41, párrafo segundo, fracción II, inciso a), de nuestra Carta fundamental, que “el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”.

3 Según dispone el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública “cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal”.

4 En efecto según dispone el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, según reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, “Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad que encabecen, con el apoyo de unidades de auditoría preventiva. Los propios titulares tendrán la obligación de nombrar a los auditores preventivos de su respectiva dependencia y entidad, con base en los perfiles que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público […]”, lo que implica que podrá darse el caso de que desaparezca el actual contrapeso que implica la presencia de los titulares de los órganos internos de control en los Comités de Información.

5 Conforme a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, forman parte del Sistema Nacional: “I. El Instituto; II. Los Organismos garantes de las Entidades Federativas; III. La Auditoría Superior de la Federación; IV. El Archivo General de la Nación, y V. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía”.

Notas

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POR BENJAMÍN FERNÁNDEZ BOGADODR. EN DERECHO, PERIODISTA Y CONFERENCISTA INTERNACIONAL

Cuando la funcionalidad del edificio social está puesta en entredicho, cuando los paradigmas sobre los cuales fueron

establecidos los conceptos del periodismo y la democracia no alcanzan a explicar los cambios económicos y sociales, hace falta retornar a las fuentes. Entender el concepto de la información y profundizar en la validez de la democracia como sistema político a la que sirve como sustento.

Informar proviene del latín (in- formare) y significa poner en forma piezas sueltas o desprovistas de sentido o fuera de contexto. La información para el derecho no es solo un pretexto circunstancial sino que representa la validez del propio sistema democrático. No es casualidad que todas las constituciones enuncien la importancia de una prensa libre al servicio del sistema político que sostiene en sus enunciados la Carta Magna.

El debate que debiéramos plantear no solo desde la perspectiva jurídica es cuánto en realidad han promovido los mismos medios de comunicación un concepto de información como servicio y no como poder.

La realidad nos muestra que la prensa se ha contentado con ser el “cuarto poder” y ha disfrutado desde esa atalaya de no pocas concesiones que le han significado ventajas económicas a sus propietarios pero que los ha

distanciado notablemente de sus servidores y mandantes: el público lector, oyente o televidente. “La información es poder” repite el refrán popular y esa frase en manos de empresarios inescrupulosos o periodistas sin formación ética ni conocimiento se ha convertido en amenaza de la propia democracia antes que en su instrumento idóneo para construir comunidad. Se reclaman más libertades desde la perspectiva jurídica y la respuesta es menos público o audiencia que confía en su prensa y que reclama mayor responsabilidad en el ejercicio del periodismo .

La cuestión no radica en centrarse en discutir si ella reclama más libertades sino en cómo han sido usadas las otorgadas hasta el momento. Y si se hiciera un arqueo serio y riguroso la conclusión no dejaría dudas en torno a la distancia que separa entre los objetivos propuestos en la Constitución

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y las leyes en torno a lo que la prensa debería ser en realidad.

La prensa le debe a la sociedad un servicio mayor y un poder egoísta menor. Requiere concentrarse en cómo servir al ciudadano para que éste sea poder en democracia. Que decida con conocimiento, que demande con razones, que reclame con argumentos y que vote con conciencia. La prensa que solo sirve a sus propietarios ocasionales por lo general termina reduciendo la estatura ciudadana a mera mercancía. La promoción de un debate más rico y profundo sobre la información en democracia y en especial como argumento de solución de problemas sociales debe ser la constante en la discusión sobre el tema.

La libertad de prensa y de expresión tiene que servir también en democracia con una información cierta y responsable para promover la solución dialogada de los problemas. La democracia es el sistema político donde los conflictos y sus soluciones recaen en los ciudadanos. Eso significa que en la medida que ellos puedan sostener de manera argumentada un debate político sobre ciertos temas, mayor será la capacidad individual de encontrar las soluciones a los conflictos. Por lo general, los regímenes autoritarios retacean la información no solo para privarles de herramientas de poder sino para demostrar con ello la sinrazón de su fortaleza .

La lucha por expresarse y expresar ha sido la lucha del género humano. Las constituciones y las leyes demuestran el grado de inflexión que en distintos momentos la misma sociedad propuso como fórmula de construir consensos pero si ésta es la fase más elevada del diálogo, también es importante que el nivel de discusión cotidiana tenga en cuenta los deberes de la prensa con la

sociedad. No es casualidad la insistencia en los deberes. Un jurista alemán esbozó el concepto del derecho al deber, donde sostiene que la responsabilidad de quienes tienen un derecho es directamente proporcional al ejercicio del deber que poseen.

Eso significa que la prensa que no realice una información que sirva al ciudadano, que no lo habilite a ser más informadamente, a no vivir en la ansiedad, de no saber a pesar de ser bombardeado de información cotidiana, no tiene derecho a ser una prensa con las prerrogativas que ella tiene dentro de la sociedad. La información tiene que ser en democracia un elemento que eleve la condición del habitante a la de ciudadano. Solo aquel que conoce su realidad puede transformarla. Si no damos los insumos al ciudadano que le permitan saber para actuar mejor, la sociedad carecerá del nutriente fundamental que hace rica a la democracia y que le da razón de ser: la participación.

Los agudos niveles de descreimiento en el sistema democrático son harto elocuentes a la hora de demostrar que la prensa se encuentra en deuda con la democracia. Por eso es importante retornar el periodismo hacia una forma de realización primigenia. Volver al ciudadano hacerlo partícipe de la construcción de una sociedad más justa. Juan José García Posada habla de ese compromiso como: “...que la información no es un privilegio del cual somos titulares los periodistas ni una concesión graciosa que les brindamos a los ciudadanos, ni mucho menos un instrumento de lucimiento personal ni un objeto destinado al culto del fetiche. Es un derecho originario de la comunidad que asiste a todos sus integrantes , a todos los habitantes de la ciudad de día y de noche, y que debemos ejercer en virtud de la delegación

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tacita de la cual somos depositarios y en armonía con propósitos y objetivos encauzados al bien común general”.1 El concepto de la información y del derecho a la información tiene que hacer recobrar el vínculo de responsabilidad, de deber con el ciudadano y la tarea de construir una ciudadanía más informada que participe y enriquezca con su participación la democracia.

No habrá mayores niveles de convencimiento en la democracia y en el Estado de Derecho si la prensa no se transforma en un servicio al ciudadano y se aleja del mal usado concepto del poder con el que cuestiona, destruye y critica a los demás poderes con los que compite para ganar figuración y fuerza pero que en realidad a su paso lo único que logra es reproducir los mismos vicios que dice aborrecer.

Se puede volver al criterio de la responsabilidad por el mismo camino que se perdió el rumbo: por el derecho. Es una cuestión de entender la idea del deber de informar con veracidad, responsabilidad y ecuanimidad de la que habla nuestra Constitución. Hacer que el ciudadano retorne a una vivencia de esos conceptos y demande con su activismo judicial una respuesta

acorde a las demandas de vida en democracia. La información no ha sido dada para que la prensa la manipule sino para que la haga cognoscible y por sobre todo eficaz para entender primero la realidad, corregirla o ensancharla o para cambiar los rumbos si fuera necesario. Es preciso volver a pensar la información desde un ángulo no solo filosófico sino también jurídico. No reducido al poder del periodista o informador,sino por sobre todo desde la percepción del ciudadano interesado en la suerte de su democracia de la que la información es un sustento fundamental y básico. No hay nada nuevo ni original en el planteo que no sea el retornar a las fuentes a partir del derecho. A plantear una visión más amplia de participación, a crear en las conciencias la necesidad de hacer de la información un patrimonio activo que funcione en favor del Estado de Derecho.

La crisis del derecho es en cierta medida una crisis de la información. El traslado de los conflictos desde los hechos a las instituciones tiene una velocidad que no se compadece ni con las estructuras vigentes ni con la voluntad de adecuarlas a los nuevos tiempos. La crisis de las instituciones en democracia radica en su incapacidad de adaptarse a la velocidad de esos

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cambios y a la necesidad de comunicar (crear comunidad) de forma eficaz y directa. Vemos también la necesidad de una participación más amplia del ciudadano en la construcción de un Estado de Derecho que corra en paralelo al desarrollo de una comunicación ganada por el desencanto y el oportunismo. La confusión y el descreimiento en el sistema democrático, como lo confirman encuestas anuales publicadas por la organización chilena “Latinobarómetro” (www.latinobarometro.org), son una clara muestra de la necesidad de retornar a la democracia por la vía de una ciudadanía activa e informada y en donde las instituciones transparenten su gestión de forma que aquella la haga suya en su representación y en la posibilidad de auditarla de manera permanente. La frase en inglés “accountability” no solo resalta como necesaria sino vital para comprender y adaptar la democracia a la fuerza y vigor de los cambios en el mundo.

No será posible comprender la gravedad de las transformaciones y la profundidad de las mismas si no elevamos los niveles de adhesión popular de los ciudadanos con sus instituciones. Para

hacer del sistema algo sólido y con capacidad de adaptaciones a las mutaciones existentes es clave la posibilidad de ver que la información tiene que ser demandada en su veracidad, responsabilidad y ecuanimidad y que estos atributos repetidos en la Constitución paraguaya no deben ser solo tarea de los periodistas y el Gobierno sino, por sobre todo, deben ser parte de la tarea cotidiana del individuo-social que refleja sus carencias, necesidades y reclamos a través de su libertad de expresión y de prensa, con lo que enriquece su propia capacidad humana, al tiempo de ahuyentar formas violentas de expresión. Una información oportuna y veraz al tiempo de clara y responsable configura el mejor reaseguro para una democracia. La más positiva valla a los desbordes y la garantía de la construcción de un modelo de convivencia sostenido en la razón.

En una clara enunciación del compromiso colectivo que supone la vida en comunidad comunicada, el autor Juan José García Posada insiste: “el ciudadano común y corriente, el hombre de la calle, está aceptando la postura cómoda e irresponsable de la indolencia. Por eso se han dilatado los vínculos de solidaridad. Por eso el valor civil ha pasado a peor vida. El conjunto de los ciudadanos está abrigando el convencimiento equivocado de que solo los periodistas estamos obligados a actuar en forma ética como si no hubiera distribución de funciones en la sociedad y como si no se ejercieran profesiones distintas del periodismo. Los periodistas hemos pasado a ser tal –tal vez con causa de la ya explicada fetichizacion del oficio a que nosotros mismos hemos contribuido quizás en vista de la prepotencia y la arrogancia en el manejo de la información– los chivos expiatorios de nuestra sociedad”.2 Este argumento que se sostiene en la necesidad de entender la información no solo como argumento

NO HABRÁ MAYORES NIVELES DE CONVENCIMIENTO EN LA

DEMOCRACIA Y EN EL ESTADO DE DERECHO SI LA PRENSA NO SE TRANSFORMA EN UN SERVICIO AL CIUDADANO

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y herramienta a ser usada por los periodistas busca implícitamente la colaboración de la sociedad en la construcción de un edificio social sólido, sostenido por la comprensión del concepto información y, por sobre todo, comprendido en su razón y fundamento democrático.

Se ha visto que la información es a veces mercancía de uso y abuso, de poder en manos de inescrupulosos y cínicos que lucran con ella, de mera enunciación de derechos generales sin basamento real.

Parece ser que lo hoy que conocemos como “buceadores de la verdad, contrapoder, perros guardianes, cuarto poder, vigilantes de la democracia” y otras palabras o frases similares con las que se ha definido el trabajo de los comunicadores, tiene algo que ver con la realidad pero muy lejos de los conceptos románticos que enarbolaba o el tiempo en el que vivimos por mucho tiempo. Vemos que a este oficio confundido a veces por profesión se le han perdido los paradigmas por efectos de unos cambios económicos profundos que podrían alterar, por qué no, su histórica relación con la sociedad y con lo que ella esperaba de estos profesionales de la noticia.

La concentración de los medios en pocas manos les ha sacado el necesario pluralismo a las fuentes de información del ciudadano, sumado a la desconfianza que éste ha adquirido en torno a sus instituciones y, agregado a todo eso, una distancia mayor entre los periodistas y la sociedad a la que sirven han logrado, como consecuencia, una prensa más sectaria, pobre en recursos, urgente en publicaciones y con periodistas plurifuncionales que no le han agregado mucho al fortalecimiento del sistema democrático tradicional sino, por

el contrario, han ayudado a su deterioro y a la confusión que sobre dicho sistema tiene hoy el ciudadano.

Hay una crisis profunda en el periodismo moderno y una tendencia a subestimar los números de esa enfermedad moderna que se llama: angustia informativa. Tenemos más fuentes de información pero sin embargo lo que sabemos a través de ellas nos sirve muy poco para entender el mundo en el que vivimos. Juan Antonio Giner lo dice de una forma tajante: “...nunca tuvimos tanta cantidad de información y tantos medios para informarnos, pero tampoco, nunca como ahora, fue más difícil estar bien informado”.3 Tenemos que retornar a las fuentes, a la investigación, porque no hay derecho de la información sin ella.

No hay que limitar el ámbito de buscar la verdad al espacio de lo público sino que habría que profundizar en las fuentes privadas que tienen impacto en la sociedad, en lo público. En los manuales de antaño lo público era parte indisoluble del concepto de Estado. Pero, ¿dónde ha quedado dicha idea cuando la mayoría de las formas de representación de ese interés ha caído hoy en manos privadas? Dirán algunos que el Estado sigue controlando su funcionamiento a través de sus órganos de regulación pero ya sabemos cómo actúa ese mismo Estado que, por incompetencia o corrupción, se ha visto obligado a vender sus empresas más lucrativas, dejando al ciudadano expuesto a empresas que, a veces en el mismo régimen monopólico que disfrutaban las otrora empresas públicas, no le han favorecido como preconizaban durante el proceso de traspaso. Hay ejemplos claros en la región, como en la Argentina, acaso el mejor referente a la hora de demostrar cómo la prensa alejada de la gente tuvo que sostener su caída en el escándalo o en

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la chabacanería, algo que muchas televisoras latinoamericanas han repetido como fórmula que los “acerque” a esa ciudadanía con la que ha roto sus vínculos de confianza.

El periodismo moderno es hoy parte de un sistema económico que hace que la propiedad de esos medios ampliados en el concepto del holding tengan que necesitar conceder y consentir hechos violatorios a la verdad y al derecho de los ciudadanos simplemente porque sus acciones han pasado a formar parte del mismo sistema que deberían por norma vigilar, auscultar y denunciar. ¿Podrán los medios periodísticos ingresar con las mismas razones que fundamentaron su existencia por tantos años en los despachos de las corporaciones que administran servicios públicos? Y la respuesta es sencilla: no. Acaso podrían hacerlo cuando esas mismas corporaciones son las propietarias de los holding de los medios de comunicación en muchos de los casos.

Herramientas nuevas El periodismo se enfrenta a un reto que perfilara su futuro a muy corto plazo. Los que hemos aprendido este oficio en la trinchera tradicional, teniendo al Estado como centro y referencia de nuestra lucha por la verdad, hoy vemos que esa institución cada vez más pequeña y frágil ha dejado de ser la referencia de la esperanza o la angustia de la gente.

¿Cómo vamos a entender este oficio dentro de un nuevo marco de relación y de propiedad? Solo queda que la tecnología en Internet o la impresión de periódicos regionales o comunitarios vuelvan a estrechar los vínculos que unían al ciudadano con su prensa y que hoy parece, según las encuestas, cada vez más distante y lejana. Las radios comunitarias en coparticipación con el Estado

pueden ser otra alternativa y la comunicación digital en su conjunto podrían lograr quebrar lo que hasta ahora es una peligrosa tendencia en el mundo moderno: medios que no canalizan ni intermedian la relación entre el ciudadano y las instituciones escogidas por él para administrarle. Es difusa la relación entre ciudadanos y corporaciones, como lo es hoy la relación entre su prensa y la ciudadanía.

La comunicación digital que abarató los costos para fundar medios de comunicación y que se constituyó, en el caso de Internet, en el medio de comunicación que más rápido llegó y se propagó en el mundo constituye una de las opciones donde debería fijarse la atención de los nuevos periodistas, en un mundo donde la desconfianza y la ansiedad parecen ser las grandes enfermedades de la ciudadanía en su relación con la prensa. Los periodistas hemos sido formados para controlar al Estado pero no tenemos herramientas ni capacidad de hacerlo con las corporaciones. El colapso en el 2001 de la empresa Enron en los Estados Unidos no es más que un ejemplo de cómo algo de ese tamaño pudo haber caído sin que la prensa “se enterara”, cosa imposible en ese mismo volumen de dinero envuelto con una institución del Estado.

Cuando cada vez más se privatizan desde los servicios públicos hasta las cárceles, desde las carreteras hasta los servicios de inmigración, podemos ver las dificultades que existen para que la prensa cumpla con su papel asignado en los antiguos manuales de periodismo. Eso en cierta manera justifica la crisis de credibilidad que rodea a los medios de comunicación en el mundo entero y la facilidad con que los medios transan con los grupos privados para evitar que los escándalos y las trapisondas salgan a luz hasta

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cuando irremediablemente explotan contra los intereses de la gente. La publicidad de los actos privados de las corporaciones que administran bienes públicos implica todo un desafío nuevo en las cátedras de periodismo y, por qué no, en el ejercicio mismo de este oficio. Valdría la pena observar esta tendencia cada vez más creciente de disminución o desaparición de la figura del Estado en varios tramos de la vida del ciudadano y cómo ingresan las corporaciones que lo sustituyen y, fundamentalmente, observar de qué manera se comportan los medios ante ellos.

También es preciso desde la perspectiva de la información hacer una relación entre los sujetos informados y los intermediarios de la información. Aparte de la soberbia tradicional de varias redacciones, donde a sus reporteros y columnistas poco importaban la opinión de los ciudadanos que lo leían, escuchaban o veían, y más la opinión del propio colega del medio, es preciso entender que ese cambio en los paradigmas de la relación ciudadano-Estado tal como lo conocíamos y la tendencia creciente a la desconfianza hacia los medios no hacen más que probar el largo y tortuoso camino que deben seguir los medios de comunicación para restablecer la relación perdida con su público, al que solo hoy excitan por lo general a través de concursos y de premios.

Cuál es la barrera que separa la información del “infortheiment” como lo denominan en ingles a la relación entre información y entretenimiento.

Cómo se reconoce uno de otro y que capacidad tiene el individuo para poder discernirlos es una cuestión clave sobre lo que el derecho a la información guarda un prudente pero innecesario silencio.

Con todo es claro además el corte transversal que da la educación en relación entre sujeto informado, objeto de la información y medios. Educación e Información: Claves para un desarrollo democráticoUn último informe de PRODAL 2004. (El organismo dedicado a reflexionar sobre la democracia en América Latina) dado a conocer en Lima, da cuenta que nunca América Latina había tenido tantos gobiernos democráticos, pero nunca el nivel de frustración de desencanto con la democracia había sido tan alto. Incluso en países que tienen una larga tradición de experiencia democrática, como en Chile, como el caso de Colombia, más de un 40% de la población Latinoamericana estaría de acuerdo con régimen no democrático, toda vez que le garantizara ciertas cuestiones fundamentales y elementales de su vida cotidiana.

Esto es todavía más grave en algunos países como Paraguay, donde 6 de cada 10 paraguayos estarían de acuerdo con un régimen autoritario que al menos les trajera mayor previsibilidad y mayor seguridad de tipo físico, y también de tipo económico.

Vivimos una etapa de grandes dificultades en América Latina, es muy difícil ser democrático siendo pobre, y fundamentalmente es difícil sostener la democracia con un nivel de educación, y de inversión en educación tan bajo. Ninguno de nuestros países puede hacer que las normas se cumplan, que las instituciones se respeten, que la palabra sea la generadora de la discusión y la búsqueda del consenso, que la libertad de expresión sea entendida en un concepto de responsabilidad, y que la libertad de prensa tenga un valor para ensanchar la democracia mientras los niveles de inversión en educación no pasen de

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un magro 5% del PBI, que es el caso en la mayoría de nuestros países. Ninguna nación ha consolidado democracia, instituciones, y fundamentalmente ha construido ciudadanía, con una inversión tan baja en materia educativa. La dificultad clara que podría darse es que la ley por falta de educación necesaria en la sociedad se convierta en un simple fetiche. Un fetiche al que cada uno le da ciertos poderes que realmente no los tiene, que cree que va a producir grandes cambios a nivel social que no los produce, que realmente demuestra que una ley por estar simplemente escrita no significa nada. El caso mejicano ilustra claramente la distancia entre la ley y el ciudadano. En un informe dado a conocer por la Universidad de Pennsylvania en el 2006 se encontró que la utilización real de la ley no pasó más de 92.000 peticiones que recibieron en casi dos años, pero la frustración es tan grande que eso no alcanza ni al 1% de la población de México, que la mayoría hace la solicitud a través de internet, cuando solamente hay un limitado número de la población mexicana accede a este tipo de comunicación.

Pero algo más grave aún, no se puede pasar una ley de acceso a la información pública si antes no se pasa una ley de archivos. El estado latinoamericano es un estado caótico, desprolijo, con una cantidad de información que no la tiene ordenada. Hay que pasar una ley de archivo antes o conjuntamente con una ley de acceso a la información pública.

Hay que ordenar el caos de nuestro estado latinoamericano. Muchos de los casos en México no pueden ser respondidos porque sencillamente no se encuentran ordenados. La Dirección General de Archivos en México, funciona en la ex-cárcel de Lecunberri, la más famosa prisión que alguna vez tuvo este pais donde el director de archivo dice que “aquí hace falta aproximadamente 370

años para ordenar 58 Km. de documentos que tenemos” y eso habría que agregar sin colocar mas un solo documento producido.

Y aparte de eso hay una fascinación de creer en América Latina que lo archivable es algo que figura dentro de lo histórico, cuando archivable es todo documento que inmediatamente después de ser firmado se convierte en tal. Y ese concepto tiene que ser transformado en la mente de la gran burocracia de nuestros países, debe ser transformado como un instrumento que realmente brinde servicio al ciudadano, y debe el ciudadano comprender que la información significa mejor calidad en la participación. Nuestros ciudadanos cada vez votan menos. Hay un porcentaje altísimo que no cree en el sistema democrático y que no participa del sistema democrático.

Necesidad de rescatar el Vínculo de Confianza CiudadanaY en ese sentido una ley de acceso a la información bien trabajada, discutida y consensuada puede significar la construcción de unos nuevos puentes entre la ciudadanía y el Estado. La experiencia sueca, de finales de 1700 no solo transformó la política de esa nación escandinava y su relación con el ciudadano, transformó la relación entre ciudadanos estableciendo un vínculo de confianza que hace que cada persona pague sus impuestos y cumpla con sus obligaciones porque nadie quiere estar en el Kronodffogen, que es la institución sueca que registra a cada persona que realiza algún tipo de actividad de tipo comercial o económico con el Estado. Eso también ha llevado a que Suecia sea hoy uno de los países donde ser primer ministro cueste más barato que en cualquier parte del mundo. En EEUU cuesta aproximadamente u$s 800.000.000 ser presidente; en México, según algunos datos,

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u$s 1.200.0000.0000; en Suecia una cifra mucho menor. ¿Qué es lo que hace que la economía sueca de 8.000.000 de habitantes, y más productivo que toda América Latina junta (desde México a Tierra del Fuego) sea extraordinariamente barata? La transparencia, la claridad, la cercanía del estado con la ciudadanía. Nosotros nos quejamos que estamos haciendo realmente democracias no sustentables que no pueden ser sostenidas más que con el dinero del narcotráfico, o de las grandes mafias, pero sin embargo no estamos permitiendo que ese estado sea parte de nosotros y que realmente el nivel de transparencia haga recuperar la confianza en su capacidad de gestión, en su capacidad de comprensión del sentido de la libertad, y en la capacidad de entender para que sirve una norma jurídica. Si nosotros no hacemos una transformación de estos recursos y de estos elementos, si no colocamos la educación como un parámetro central, si no acompañamos un ordenamiento administrativo del estado, si no establecemos un vínculo entre ciudadanía y estado que realmente funcione como tal, no vamos a entender ni para que sirve la libertad, ni para que

sirve la norma, ni para que sirve ser ciudadano.-La Información como concepto y fundamento democráticoCasi de manera imperceptible pero machacona, de forma poco convencional pero constante, las dictaduras moldean el carácter de un pueblo y lo someten a simplificaciones gravosas y a repetir sin saberlo los códigos que impiden entender el Estado como pertenencia de todos y no de los ocasionales funcionarios públicos que lo administran.

Una prueba de ello es como la información en dictaduras –y luego en democracia- inicia cualquier historia con el “quién” y no con el “qué” o el “para qué”. Las obras públicas que son construidas con el aporte de todos pasan a ser la obra de gobierno de tal o cual presidente, gobernador o intendente. Los hechos públicos se suscitan entre funcionarios y no entre lo que los administran y los intereses de la ciudadanía. La prensa de forma imperceptible en muchos lugares de América Latina repite el formato sin detenerse a pensar en sus efectos en el subconsciente del lector u oyente.

América Latina nunca había tenido tantos gobiernos democráticos.Pero el nivel de frustración y desencanto con la democracia tampoco había sido tan alto.

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Una forma de dominaciónSimplemente como ejemplo, en cualquier diario de un país latinoamericano que haya vivido periodos largos de dictadura o en naciones donde se vive una democracia de baja intensidad verá que los “lead” de las historias están siempre en el protagonista publico del servicio que debe darse o prestarse. Así cuando se trata de una obra pública que costara una cifra determinada y cuyos beneficiados serán más de 10 mil personas, la historia siempre se inicia con que el ministro tal que dispuso la construcción de tal obra y que el mismo ministro entiende que la obra es necesaria y que dicho ministro sabe de las ventajas que ello supone a la población. Esa simplificación de las cosas públicas en la persona de quien administra los bienes de todos no es una cuestión casual. Si uno observa en los manuales de la propaganda nazi o de los gobiernos corporativos de corte fascista como los de Franco y Mussolini en Europa, se puede traslucir con claridad que era esa una forma de catecismo oficial que debería repetirse y buscar que los medios lo cumplieran a través de sus mecanismos de censura. Lo más gravoso sin embargo es que luego del advenimiento democrático en mucho de nuestros piases el “quién” sigue siendo más importante que el “qué”, el “para qué”, y el “con qué”. Nuestros medios repiten quizás sin saberlo o sin evaluar los costos que ello supone en la conciencia de los lectores un formato y un estilo más cercano a las dictaduras que a las democracias.

Esta forma de redacción que es muy fácil determinarla también reduce el debate publico a dos o más actores enfrentados por un tema determinado y así la historia en los medios no pasa de ser una lucha entre sujetos políticos que dominan sobre la razón de los cargos y las responsabilidades que ocupan. La prensa

exacerba esos conflictos de exprofeso a veces o los reproduce porque simplemente dicen que ello “vende”. Pero si analizáramos en verdad cuanto de esa malentendida mercancía sirve para que el ciudadano decida de manera más informada sobre un hecho verá que lo único que consigue es desencantar a muchos de la democracia que es un sistema político basado fundamentalmente en la participación consciente e informada del ciudadano en los asuntos públicos de los que los funcionarios son participantes ocasionales.

Tenemos así muchas veces una democracia basada en el escándalo en la polémica, en los sujetos que impiden profundizar los hechos y cribarlos cuando sea necesario. La discusión sobre el quién le saca sustancia a la democracia y mucho más cuando sólo repite los insultos y los agravios de un sector sobre el otro.

Volver por lo tanto a reescribir el articulo de la democracia debe ser una tarea consciente y constante de todos los medios de prensa.

Desactivar la sobre simplificación del quién que hace que el Estado se personalice en algunos y no en la ciudadanía y en su prensa debe ser una tarea de los periodistas en democracia. Si se profundizara más el “qué” sobre el “quién” y si se pudiera dar los elementos que hacen que eso que es noticia sea importante para el ciudadano el propio funcionario buscaría adaptar su conducta y su función al tema central que importa a todos y sobre el que se le demandara su cumplimiento a futuro. Por el contrario la repetición del debate sobre el “quién” hace que nuestras democracias dependan casi siempre de los lideres predestinados que sólo encuentran razones y argumentos para mantener a la democracia sin ciudadanos informados. No es una cuestión sencilla ni menos simple el

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desprogramar una forma de ver la información en democracia cuando se ha padecido por muchos anos periodos autoritarios. La prensa paraguaya es un buen ejemplo aun de eso, a pesar de los años de democracia vemos aún que los hechos públicos son protagonizados y reducidos al debate de un político que agravia al otro un día para que el siguiente el agraviado responda con los mismos argumentos dejando a un lado la razón que los llevo a la polémica. La prensa encuentra así personajes fáciles de explotar que mantienen una comunicación pobre en calidad y simplista en su concepción. Los personajes públicos sólo se justifican en función de los hechos que administran.

No en relación a los hechos que suscitan sus comentarios o afirmaciones. Los políticos han entendido muy bien este juego y no paran de reproducir en la prensa sus miserias e inquinas para reducir en su camino a la democracia a un juego donde sólo el político gana y la ciudadanía pierde.

Construir ciudadanía en nuestros países pasa por saber cuales son los hechos que importan al ciudadano y muy especialmente hacerle entender que él es el principal beneficiario de una prensa responsable que ausculta más allá de la polémica estéril o del agravio de ocasión. Muchas veces la prensa ha sido cómplice de estas democracias de baja intensidad algunas veces por pereza y otras por desconocimiento. Ella no ha hecho otra cosa que seguirle el juego de los políticos en las galerías y no bajar los temas que fuercen a los mismos a debatir en favor del ciudadano que los voto.

La prensa es en cierta forma culpable por acción u omisión de un debate carente de ideas y en donde la democracia pierde fuerza argumentativa

para reducirse al enfrentamiento estéril entre los políticos.

Una ciudadanía más activaVolver el “qué” de las cosas publicas sobre el “quién” lo administra temporalmente hará que el ciudadano se haga parte de la democracia, se involucre de forma consciente y promueva desde esa posición una mayor riqueza en el análisis y en la corrección de los hechos que se producen en democracia. Las cosas publicas son de la gente y cuando se hace una obra la hacen los ciudadanos pagando sus impuestos y los que los administran sólo responden a los mandatos que recibieron de sus votantes y de aquellos que no lo votaron incluso pero que pudieron colocar el “qué” democrático en la agenda de los políticos. Esa es la democracia que promueve la participación y enriquece al ciudadano. Lo otro, es apenas comadrerío estéril que sólo produce descontento y distancia de los temas democráticos.

Desprogramar a quienes hoy administran noticias en varias partes de nuestra América es una tarea de largo plazo donde deben intervenir de forma más radical las escuelas de comunicación en sus programas de redacción donde se debería insistir en los hechos por sobre los protagonistas. Estos son sólo cabeza de una historia cuando ellos por una acción determinada se convierten en tales pero en la generalidad de los hechos son estos lo que determinan el curso del debate en democracia. Debe ser también el compromiso de las redacciones donde un énfasis en los hechos producirá una mayor riqueza participativa de los ciudadanos con gran beneficio incluso para la propia prensa. Incluso en el estilo podrían combinarse ambas cosas como ha sido la historia de “El País” de Madrid que en los comienzos de su publicación establecía los hechos informativos y

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en recuadro bien apartado daba una descripción de los protagonistas de la historia. Fue un proceso gradual pero claramente didáctico porque permitió separar el “qué” del “quién”.

Tampoco es recomendable el otro extremo en el que caen varios medios de prensa de los Estados Unidos cuando se trata de coberturas en el exterior de hechos complejos y las historias se reducen a la conversación que mantuvo el enviado especial con una persona cuya vida explica todo el “qué” de la cuestión. Esa tendencia recurrente a la simplificación es tan gravosa como la reducción que hacemos en la prensa latinoamericana de los hechos que discutimos a diario. Puede ser un elemento referencial pero no pueden reducirse hechos tan complejos a uno u otro personaje de ocasión encontrado en el taxi de ida al hotel o con el conserje a la salida del mismo. Estos extremos del “quién” le sacan profundidad al análisis de los hechos y vuelven el trabajo periodístico notablemente “light” ante los lectores u oyentes.

No a una prensa paparazziBuscar más allá de los protagonistas de la historia, darle contexto a los hechos, buscar entender porque el mismo es gravitante para el ciudadano e involucrarlo cifras, hechos y elementos que demuestren esa importancia son razones fundamentales para el trabajo de una prensa responsable que huya de la tentación de entender los sucesos a través de las personas que circunstancialmente son sus protagonistas.

Esa prensa paparazzi que sólo toma flashes de los protagonistas y luego huye del lugar de los sucesos no le hace mucho favor a la democracia en el sentido de profundizar la toma de conciencia de hechos y circunstancias que hicieron que algo fuera noticia y otra no. Los políticos por este

medio han acaparado el debate democrático sustituyendo en algunos países a los personajes de la farándula donde su compartimento sobreactuado incluso forma parte del marketing al que les somete la profesión que abrazaron. Pero en algunas de nuestras democracias esta actitud ha vuelto más distante y desconfiado al ciudadano de la política. Ellos ven que eso es patrimonio de los políticos de los que el ciudadano por carencia de información o porque no se resalta su rol como activo partícipe de los sucesos han dejado que el debate democrático estuviera hoy monopolizado por el “quién” al que se le confía la solución de todos los problemas o se lo entroniza en el cargo con similares deseos. Esto hace que la democracia de baja intensidad como la que se vive en buena parte de nuestra América no gane en protagonismo ciudadano.

Hay que hacerlo retomar al votante su rol activo y eso en mucho pasa por una descripción más amplia de los sucesos. El debate ciudadano debe establecer la agenda informativa y no las polémicas de los políticos que sólo sirven para distraer y descreer en la democracia.

Por eso tampoco ninguno hecho publico es siempre debido a tal o cual personaje sino que el mismo es subsirviente del hecho publico determinado como tal por el debate ciudadano. Enriquecer la democracia y elevarla de intensidad por lo tanto es una responsabilidad de la prensa en nuestro continente y para ello debemos de terminar de sacralizar el “quién” para profundizar el “qué”. Las historias de los políticos y sus afirmaciones no deben tener más espacio que aquello que sirva para entender porque discuten y en que contexto y si hace falta separarlos en la redacción seria bueno hacerlo de forma a hacer pedagogía a través de la prensa de que es aquello que forma

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parte de lo curioso o anecdótico y que es la parte sustancial que interesa a todos y que por lo tanto hace más activo al ciudadano en democracia.

Comenzar por escribir historias donde el “quién” sea protagonista del “qué” y no al reves y en donde podamos sentir que los hechos mandan por sobre sus ocasionales articuladores es un buen paso para establecer una agenda democrática más sólida en el continente. De paso se borrara una herencia autoritaria que sólo sirve para simplificar el Estado en unas cuantas personas que en realidad como mandatarios son los sirvientes de sus mandantes en este caso el ciudadano informado.

No es una cuestión solamente de estilo por lo que se puede apreciar es algo todavía más amplio que de replantearse y corregirse se verá con el paso del tiempo una mayor riqueza en el análisis de los hechos, una ciudadanía más informada y activa y, unos políticos más conscientes de su rol en la sociedad.

Enriquecer el debate de los hechos por sobre los protagonistas en también despersonalizar el

rumbo y el destino de nuestras democracias y hacerlas participe de la voluntad de los ciudadanos y de su capacidad de argumentarla a través de la prensa. Una justa reivindicación del “qué” es también como no: una apuesta democrática de los medios.

Desafíos emergentes Lamentablemente muchas de estas cuestiones sencillas han sido desoídas por el congreso que ha dejado solo la vía del amparo para que los ciudadanos reclamen información pública con la complejidad que estos trámites judiciales implican.

Se evitó que la corrupción o la opacidad de los actos del estado continuaran siendo la norma y, por qué no evitó que el periodismo, como intermediador de la información ganara un elemento más que enriquecería su labor profesional. Los casos de corrupción en los procesos de privatización que tuvieron lugar en América Latina en la década de finales del siglo XX han sido acallados por jugosos contratos de publicidad entre la secretaría a cargo de los mismos y los medios, y cuando estallaban los casos casi siempre se daban entre medios cuyos propietarios no habían participado de la repartija de esas mismas empresas que por mucho tiempo justificaron sus criticas y sus denuncias. O, por qué no, incluso denuncias contra comunicadores contratados por la secretaría respectiva para sobornar a sus colegas a fin de dar una opinión favorable al proceso. A veces también esas denuncias se centraban en los funcionarios del Gobierno y poco se profundizaba en el mecanismo empleado para mantener alejada a la prensa de su tarea de auscultar, husmear e investigar a fondo en esos suculentos traspasos hoy referidos como hechos de corrupción monumentales en nuestra América Latina.

LA PRENSA ES EN CIERTA FORMA CULPABLE POR ACCIÓN U OMISIÓN DE

UN DEBATE CARENTE DE IDEAS Y EN DONDE LA

DEMOCRACIA PIERDE FUERZA ARGUMENTATIVA

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La prensa digital será un poderoso instrumento para saber lo que los medios tradicionales callan o consienten. Es también una fórmula capaz de reinventar un periodismo más cercano a la gente y sus necesidades, para convertirse en referencia de una nueva manera de contar historias sin las limitaciones comerciales y financieras que impedían, por mucho tiempo, fundar medios de comunicación y difundir hechos y referencias sobre temas de interés general.

Las escuelas de comunicación deben iniciar un proceso de cambio en sus currícula, poniendo énfasis en estas emergentes herramientas de comunicación cuya tendencia es creciente en usuarios y baratas en su adquisición. Pero debemos enseñar a los futuros comunicadores a ubicar el centro de la preocupación ciudadana y canalizarlos a través de este nuevo medio de comunicación que se llama Internet y que podría promover un nuevo vínculo entre la prensa y la ciudadanía. Algunos dirán que queda mucho por andar aún para que Internet alcance niveles de difusión masivos pero, sin embargo, no hay en la historia moderna una referencia que muestre el crecimiento vertiginoso que ha tenido este medio en su difusión comparado con la prensa escrita, la televisión y la radio.

Trabajos en conjunto con estos medios ya han comenzado a darse y la tendencia será aun mayor a corto plazo, de ahí la urgencia de entrenar a los nuevos comunicadores en el uso de esta plataforma digital que permitirá recobrar el vínculo con los ciudadanos y hacer que la ansiedad hoy no explicada y menos aún entendida a través de los medios, encuentre en la pluralidad de ofertas en la red de redes un camino que recobre la relación entre el ciudadano y su prensa. Será más difícil para las corporaciones controlar este

medio y si lo hicieran surgirán otros que harán lo mismo que han hecho los medios de comunicación desde su nacimiento en su lucha por difundir ideas, hechos y noticias. La censura oficial es hoy muchas veces disfrazada de censura comercial pero la consolidación de Internet, todo un símbolo de los cambios económicos y sociales en el mundo, preanuncia toda una gran revolución en el trato entre los comunicadores y la sociedad a la que sirven.

Los periodistas deben a la gente elementos que le permitan entender mejor el mundo donde vive, saber sobre los nuevos actores emergentes, las instituciones que realmente impactan en su vida, canalizar sus frustraciones haciéndoles entender que los dirigentes tan criticados solo representan su incapacidad de comprender el mundo en que viven en favor de sus mandantes y no son más que frágiles referencias de una representatividad lejana y distante. La frustración hacia la democracia en la mayoría de nuestros pueblos y la disminución de lectores, televidentes y oyentes de radio hacia programas informativos se dan porque estamos hablando con los mismos personajes que reproducen en su discurso y en su acción la incertidumbre que queremos develar.

Los periodistas no hacemos entender a la gente el mundo en que vive. Esa es nuestra carencia y no lo hacemos porque tampoco nosotros comprendemos en realidad cuál es el nuevo rol de un oficio tan antiguo perfilado sobre la idea de controlar a una institución cuasi-inexistente o definitivamente alquilada a las corporaciones que la hicieron suya.

No se debe reducir el análisis a criticar a los representantes del pueblo que no logran vertebrar un discurso y una acción en favor de

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sus mandantes, sino es preciso explicarle a la gente cuál es la nueva relación que emerge, para al mismo tiempo buscar las soluciones que también hoy la ciencia o la tecnología ofrecen a niveles aceptables para la economía de nuestros deteriorados países del continente.

Hay un vínculo tradicional que se ha roto, hay una creciente desconfianza hacia las instituciones democráticas, incluida la prensa, y hay una tecnología digital emergente que puede restituir la relación de confianza rota entre el ciudadano, su prensa y su Estado. Hacer comprender estos vínculos nuevos es ya el comienzo de pensar de manera diferente el mundo que nos toca vivir y la experiencia renovada que implica contar historias que sean comprendidas y sirvan para fortalecer al ciudadano en su relación con sus nuevos paradigmas y con la comunidad en la que vive, suena y crece.

Los periodistas deben ser los nuevos agentes socializadores contándoles las razones de la debilidad de un SISTEMA referenciado ASI en mayúsculas por todos pero incomprendido por la gran mayoría. Cuando sepamos qué es “el sistema” y cómo funciona empezaremos a aprovechar las ventajas que ofrece incluso dentro de sus mismas contradicciones acaso la primera razón de la historia y el nacimiento de nuevas opciones.

Una característica de la democracia es el derecho a disentir que tienen los ciudadanos, su libertad de opinión frente a los hechos que produce la misma sociedad y en consecuencia a emitir juicios y debatir. Por tal razón “Una sociedad bien informada vigoriza el debate, una institución celosa de sus actos se hace digna de ella”4. Por otra parte “La democracia se hace sobre la base del fortalecimiento de sus instituciones... “5. Una de esas instituciones es la prensa, en cuanto representa el manejo de la información, además

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que es “... la libertad de prensa... uno de las firmes sostenedoras de los gobiernos democráticos ...”6.

El poder político y el derecho a la informaciónLa relación entre la prensa y el poder ha estado siempre turbada de áreas blancas, negras, pero más grises. La prensa disfruta de esa metáfora del cuarto poder, y el poder político trata por todos los medios de utilizarse para engañar o mentir. Esta es la apreciación más conocida y hasta simplista de esta relación, pero no lo explica todo y menos aun la agota.

La relación entre el poder político, mirado desde la primera de las perspectivas, parece indicarnos (como aquel estratega chino Sun Tzu muy referenciado por algunos, quien decía que la “guerra se fundamenta en el engaño”), que muchos políticos entienden que la mentira o la manipulación de la prensa constituyen factores fundamentales a la hora de gobernar exitosamente. Estos no tienen en cuenta que, sin embargo, ambos se necesitan para crear una democracia. Thomas Emerson lo decía muy bien cuando afirmaba que la “libertad de expresión es un método que asegura una comunidad estable donde la búsqueda del consenso se transforma en el elemento fundamental de la democracia. Emerson explicaba aún mejor esto diciendo que “suprimir la libertad de expresión implica la imposibilidad de tomar decisiones racionales sustituyéndola por la violencia, y esto porque la supresión promueve la inflexibilidad impidiendo a la sociedad ajustarse a los cambios o al desarrollo de nuevas ideas y, lo que es peor, impide que la sociedad conozca sobre los hechos más trascendentes que hacen a su vida cotidiana”. En cambio una libertad de expresión responsable hace que la sociedad esté incluso más dispuesta a participar en decisiones que vayan en contra de sus intereses, porque

simplemente han tomado parte de ella. Incluso es bueno para el poder político porque retiene los resortes de la administración, promueve la unidad e impide el uso de la fuerza. Por lo tanto la libertad de expresión y de prensa provee el marco dentro del cual los conflictos ocurren sin destruir a la sociedad. Es un mecanismo esencial para mantener el adecuado balance entre la estabilidad y el cambio.

Nada resulta tan actual como ese concepto en nuestra democracia. Cómo usar la libertad para promover los cambios sin caer en la incertidumbre o el resentimiento o sin destruirnos en el intento de crear un país libre y democrático. Y es ahí donde la prensa tiene una gran responsabilidad y donde el poder político debe comprender que la prensa no es una enemiga sino una aliada.

Ambos se necesitan para construir con la verdad espacios de desarrollo y de prosperidad. No son adversarios, sino partes esenciales de un mismo todo. Es la verdad el fundamento de la democracia, no el engaño -como lo sugiere Tzu-, y si en la guerra la primera víctima es la verdad deberíamos hacer que en la paz ella sea la única sostenida en el ejercicio de un gobierno transparente al que la prensa y los ciudadanos puedan acceder de manera fácil y directa. Nada enerva más la reacción popular que una prensa manipulada o al servicio de intereses particulares, o nada vuelve más distante a un gobierno que no se somete con transparencia al conocimiento del pueblo.

Gorvachov creía que podía ser transparente con la glassnot soviética, manteniendo la misma estructura de gobierno. El resultado demostró que la transparencia y la democracia constituyen una misma cosa y que esconder las cosas sólo la

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vuelve distante y poco apreciada, lo que aumenta los niveles de nostalgia hacia los regímenes autoritarios. El valor fundamental de la democracia queda así en entredicho apurando el recuerdo de los tiempos del silencio y su falsa eficiencia, para desgracia de la democracia que se quiere mantener.

Nueva prensa para una nueva ciudadaníaVivimos es cierto tiempos de incertidumbre que requieren ser en cierta forma exégetas de los nuevos tiempos, también a nosotros nos piden desde las tribunas de la democracia un compromiso mayor., no es cuestión contar lo que nos pasa, nos piden explicarlo, plantear opciones y alternativas, demostrar que fase de esta historia nos toca hoy vivir que como decía el director de Le Monde Diplomatique Ignacio Ramonet solo es comparable como “terremoto” político, social y económico a dos periodos anteriores de la humanidad: el renacimiento y la revolución industrial. Este tercer momento nos demanda una nueva visión, entender a internet , comprender el desencanto, plantear ideas nuevas para un mundo viejo que cambia aceleradamente. Surgen hoy nuevos comunicadores que amenazan el monopolio de la información de los periodistas formales. Esto es una realidad en los países de alta conectividad y lo va a ser apenas mejoremos los niveles nuestros. La información es el insumo mas importante hoy para entender las frágiles formas de organización que hemos montado en medio de una caída de la funcionalidad social como no se tenia memoria desde los tiempos de la revolución industrial.

Debemos ser creativos para entender la rapidez de esos cambios, debemos volver a los origenes del periodismo servicio y abjurar del concepto de cuarto poder con cuya comodidad hemos convivido

demasiado tiempo para hacerle mas daño a la institución de la prensa que darle beneficios en realidad. Debemos entender los mercados emergentes, poner un oído al desencanto de la democracia no prestándose al juego de los cínicos que disfrutan de decir que todo esta mal para seguir… estando mal. Debemos escuchar mas a quienes servimos, abandonando esa visión en endogámica, hacia dentro de nuestra profesión, y por sobre todo entender que los tiempos actuales son procesos dinámicos de cambios que solo tendrán sentido y validez en la medida que la gente participe de su nuevo direccionamiento, en la proporción que la prensa haga aquello que se espera que ella promueva, un debate lucido, informado, responsable y lleno de creatividad e imaginación para las cuestiones formales.

Es cierto, vivimos tiempos de crisis, de cambios y de una dinámica que no habíamos percibido antes con la gravedad actual. El conocimiento es la gran riqueza de las naciones y por eso la información que es la base de ese proceso complejo de elaboración de ideas y de conceptos debe ser comprendida como un insumo clave que requiere repensarse desde la visión ciudadana no solo de expresar lo que siente que le hace mal sino construir al mismo tiempo, los escenarios donde cree que puede vivir mejor con su comunidad para darle sentido real a la democracia y valor a la libertad.’

El acceso a la información pública y el rol del periodismoCon frecuencia se suele tachar al periodismo de poco serio y consistente en la presentación de sus historias al público lector, oyente y televidente. Uno de los argumentos que esgrimen los comunicadores es la falta de acceso a las fuentes, lo que les lleva a confiar en gente no creíble o a

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no tener la posibilidad de contrastar los hechos de forma que la verdad emerja. La ley de acceso a la información pública es un poderoso argumento en contra de esta situación que, de hecho, puede contarse entre las razones del descenso de confianza también hacia los medios.

Si la información está disponible para todos, incluidos los miembros de la prensa, el argumento en contra de la presentación de las mismas no podrá ser en el futuro otra que la ausencia de una conciencia profesional, una ética verdadera, un trabajo serio del periodista que deja a un lado la pereza de la investigación y por sobre todo, y más que todo, ayudará a recuperar la confianza perdida en la prensa, cuyos costos a la democracia no son pocos. Es preciso entender que la labor de la prensa no reducirá a la búsqueda de la información por este medio para publicarla ni dejara de lado las filtraciones, intereses y luchas en los lugares donde se genera la información y que constituyen referencias importantes a la hora de convertir un hecho en noticia, pero indudablemente la prensa, haciendo uso de la publicidad de la información pública, cooperará al enriquecimiento de su labor al tiempo de servir como estímulo y acicate para que los ciudadanos impulsen demandas de conocer algo que forma parte de su patrimonio, su derecho y por sobre todo de su calidad de mandante en democracia.

Evitar la polarización en el debateA veces por un malentendido concepto de que la ley de la información pública determina una serie de aspectos que no pueden ser publicados por razones de reserva o confidencialidad, algunas absolutamente razonables y otras sin sentido, la prensa en nuestros países ha atacado con ferocidad inusitada a los proyectos de leyes de acceso a la información pública calificándola de

“mordaza” y otros adjetivos, polarizando el debate en torno al derecho de la prensa antes que al de los individuos e impidiendo en muchos casos que leyes de este tipo sean sancionadas en nuestros países. Para algunos en el periodismo pareciera ser más cómodo y llevadero moverse en un terreno sin limitaciones que un ámbito pactado de normas que pueden y deben ser conocidos no sólo por la prensa y que no constituyen un patrimonio exclusivo de ella sino de la sociedad toda. Es preciso en los debates en torno a esta ley que ganase a la ciudadanía desde el inicio, ya que si el mismo se polariza entre ambos poderes -el político y el de la prensa-, casi siempre es la sociedad la que termina perdiendo.

En la elaboración, implementación y uso de la norma de acceso a la información pública el debate no debe dejarse sólo a los políticos ya a veces la contienda dialéctica final se plantea sólo con la prensa y no con el beneficio a la sociedad toda.

El daño que pueden causar a la ciudadanía es tan grande como dejar de tener una norma ( cosa que ocurrió en el Paraguay) que es considerada hoy no sólo un signo de modernidad democrática, sino fundamentalmente un argumento que refuerza la confianza en las instituciones del sistema, fortalece la ciudadanía, abarata los costos de la democracia, restablece los vínculos entre mandante y mandatario corrigiendo esa relación, y por sobre todo involucra a la prensa en la construcción de una sociedad democrática donde aquella deja de ser un poder y se convierte en un servicio que sí da poder, pero al ciudadano. Si la prensa entiende ese rol y se coloca como sirviente de la sociedad y no como mandante de ella para colocar los temas de su agenda comercial o política, la ley se constituye en un elemento dinámico y reparador

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de nuestras democracias heridas de desconfianza y parchadas de desilusión.

El periodismo debe jugar un rol activo debatiendo aspectos de la ley pero sin sepultarla, dejando a un lado la agenda oculta que un debate en torno a esta ley no es más que un escenario de ejercicio de dos poderes sociales y desnudando en realidad que tanto los políticos como la prensa no quieren servir al ciudadano sino por el contrario desean colocar los temas de su agenda sin límites ni referencias sirviéndose de ella a su paso y evitando que la norma de acceso a la información pública se convierta en un mecanismo que permita el crecimiento de la sociedad en democracia al saber qué hacen sus mandantes públicos y privados que administran servicios que son de todos. en los hechos públicos que sirvan para fortalecer la descreída democracia de nuestros países.

La prensa debe entender su rol de servidora de

la sociedad. La calificación de “cuarto poder” la ha colocado en el centro de la disputa contra los otros tres poderes públicos, notándose una intención de demostrar en esta pulseada un claro interés de sobreponer los intereses particulares de uno sobre el otro, pero perjudicando al mandante natural de ellos, que es la ciudadanía. Si la prensa entiende que una norma de acceso a la información no sólo sirve a sus intereses profesionales sino también hace que la ciudadanía crezca no sólo en participación y en conocimiento de lo quehacer en su nombre, sino en confianza para recuperar su dinamismo económico, habrá logrado participar de forma seria en la construcción de una sociedad democrática donde la información es un capital de todos que sirve para todos.

El simple hecho de entender que la normativa ha sido producto de un debate intenso en la sociedad, que todos entienden que ella es capital para el fortalecimiento y transparencia de las

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instituciones, y que existe detrás de ella el claro interés de volver más sólida a la ciudadanía, hará también que el rol de la prensa sea entendido como un servicio que se otorga a la ciudadanía que hace de la información un poder que le permite conocer, discutir, decidir, presionar y demandar en democracia, dotando al sistema de una vitalidad tan ausente en los tiempos actuales y que por lo general en ausencia de esos mecanismos no encuentra otra salida que las formas violentas de manifestación social que ponen hoy en serias dudas la viabilidad de nuestras democracias.

La información libre y transparente promueve no sólo una participación más responsable, por sobre todo descomprime el interés de algunos sectores de movilizarse por métodos violentos para imponer sus puntos de vistas. El rol de la información es, por lo tanto, no sólo reparador y constructor, es también una manera de prevenir conflictos que han dejado secuelas tan dramáticas como profundas en nuestras democracias.

El caso de Bolivia (octubre 2003) y la venta del gas a EEUU y Chile es un ejemplo donde la ausencia de información seria y creíble desde el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada sobre qué harían

con ese negocio llevó a que grupos radicales interpretaran la decisión desconocida por muchos del gobierno como un acto de traición a la patria, desatándose una manifestación que se cobró más de 70 muertos y que acabó con el presidente en el exilio. Este es un caso dramático pero reciente de cómo en nuestra América Latina la ausencia de una información confiable, oportuna y constante hace que las fuerzas sociales se movilicen de forma violenta, dejando a su paso secuelas que ponen en serio riesgo la gobernabilidad de nuestros países. Una información pública suministrada de forma responsable y constante puede servir para descomprimir conflictos y evitar muertes, como lo sucedido en Bolivia recientemente.

La experiencia de medios de prensa que utilizan y demandan información pública para todos y no sólo para los periodistas lo acerca notablemente a un público que hoy, según las encuestas, tienen tantas desconfianzas y suspicacias como las que tiene en contra de los demás poderes del Estado. La prensa necesita con igual urgencia recuperar la confianza ciudadana, de ahí que impulsar una ley de acceso a la información pública que no polarice el debate entre prensa y poder político establecido es de capital importancia a la ahora de de acercar el sentido y el valor de la norma al ciudadano tan necesitado hoy de entender qué hacen en su nombre y prevenirse de hechos que van en contra de sus intereses y de la propia democracia.

La información es poder, pero esta frase común debe invertirse a favor del ciudadano y no de las instituciones que la administran o que lucran con ella. El mayor capital económico que tienen hoy nuestros países debe ser una ciudadanía vigilante y activa que entienda que cuando más información posea, mayor será su participación y confianza en el sistema democrático de dudosa

EL PERIODISMO DEBE JUGAR UN ROL ACTIVO DEBATIENDO ASPECTOS

DE LA LEY PERO SIN SEPULTARLA

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viabilidad en muchos de nuestros países. El Estado administrador tendrá siempre en una sociedad informada el mayor capital para impulsar sus proyectos y una garantía cierta que las medidas impulsadas serán de comprensión y conocimiento de la mayoría y que su participación informada garantizará legitimidad a su acción.

Hoy los gobiernos en democracia van a un plebiscito diario como la prensa misma, necesitan demostrar que ellos están del lado del ciudadano y la información juega un rol fundamental en esa dialéctica de poder, no para convertir el campo de la democracia en una discusión dominada por la anarquía, sino por el contrario en un espacio donde la toma de decisiones se hace con responsabilidad y con el aval de una ciudadanía informada y consciente.

Fortalecer a la prensa desde la información responsableLa ligereza con que la prensa acomete diariamente la información pública y los rumores con que tanto desde el poder político como desde la prensa atosigan a los ciudadanos, le ha sacado a la democracia de un sustento de participación seria y por el contrario ha potenciado a su paso una visión irresponsable tanto del gobierno como de la propia prensa. A esa afirmación popular, que suena como un imperativo ético de la prensa, que afirma que “los rumores no se publican, sino se investigan”, algunos periodistas le han salido con la referencia que ello resulta imposible en países donde algunos entienden que la información pública debe ser guardada, escondida o muchas veces distorsionada, no dándose cuenta el gobernante ni la prensa que una información apropiada dada en plazos y términos claros permite que la transparencia haga en cualquier gobierno el soporte popular tan esquivo y evanescente de

muchos gobiernos, y, por el lado de la prensa, la recuperación de un trabajo serio que retrata lo público desde la perspectiva de la participación del ciudadano sin coartadas ni escapatorias.

Conviene a la democracia en su conjunto una ley de acceso a la información pública enfocada hacia el ciudadano, no reducida a ver sólo la perspectiva de la prensa ni tampoco la acotada dimensión del capricho del gobernante de turno. Hoy la información es clave para la gobernabilidad de nuestros países. La ciudadanía está inquieta, disconforme con la calidad y la gestión de los gobiernos. La prensa no refleja por lo general esa perspectiva y muchas veces se refugia en su atalaya de poder buscando imponer su punto de vista, pero apartándose de sus mandantes naturales que son sus lectores, oyentes o televidentes. La gran crisis como la acontecida en la Argentina a comienzos de este siglo, hubiera sido posible contenerla a tiempo si no se presentaran en su camino tantas alianzas entre el poder político y el mediático que impidió conocer a fondo las implicaciones que tendrían -en términos sociales, políticos y económicos- los modelos de gestión económica que mostraron estar lejos de las necesidades de la gente y manchadas de corrupción.

La información pública otorgada de manera sistemática hacia los ciudadanos permite que tanto la prensa como los gobiernos disfruten ante ella de confiabilidad y, en consecuencia, puedan actuar basados en hechos concretos y no en rumores ni en medias verdades. Los gobiernos que han apostado a esconder la información que es patrimonio colectivo han terminado en el fracaso político y económico, como lo demuestran varios casos no sólo en América Latina sino en el mundo. Por el contrario, sociedades como la sueca, que

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han entendido hace 200 años que la información pública es un basamento democrático y un sustento de las relaciones comerciales entre las personas, han logrado un crecimiento de calidad que hoy sus números constituyen la envidia de varias naciones. Esos países escandinavos -incluido Dinamarca, Noruega y Finlandia- no son por casualidad las naciones con el estándar de vida más alta o de desarrollo humano, como lo denomina la ONU; lograron ese sitial sobre la base de una gran transparencia en la gestión pública, una notable responsabilidad de su prensa hacia los ciudadanos y con una clara participación de estos últimos en la toma de decisiones, como también en la búsqueda de ajustar sus vidas a los mandamientos legales, especialmente aquellos de orden fiscal y económico.

El retorno a entender la información pública desde una perspectiva ciudadana es la urgencia en leyes de este tipo. Hay que construir ese espacio en nuestros países y dejar a una cuestión secundaria la necesidad que tanto los gobiernos como los medios de prensa entiendan que la Información debe ser pública y transparente porque entre otras cosas asegura a las democracias, gobernabilidad y crecimiento económico.-

BIBLIOGRAFIA

1. GARCíA PEÑA, Juan José Dimensión Ética del periodismo en la cultura urbana. En . Fundación Konrad Adenauer y Cedal, pág. 912. Ibid, obra citada, pág. 93 3. GINER, Juan Antonio. La excelencia Informativa. Editorial Atlántida 1976, Buenos Aires, pág. 454. FERNÁNDEZ BOGADO, Benjamín. La transparencia en la función pública. En “La Pena y la Libertad”, Editoriales del SNT, Editora Libre, 1993, pág. 33.

5. FERNÁNDEZ BOGADO, Benjamín. La institucionalización de la democracia. En “La Pena y la Libertad”, Editoriales del SNT, Editora Libre, 1993, pág. 38.6. FERNÁNDEZ BOGADO, Benjamín. Hablando de la Prensa. En “La Pena y la Libertad”, Editoriales del SNT, Editora Libre, 1993, pág. 17.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

BASTIDA FREIJEDO, Francisco e Ignacio VILLAVERDE MENÉNDEZ. Libertades de expresión e información y medios de comunicación. Prontuario de jurisprudencia constitucional 1981-1998. Aranzadi. Pamplona. 1998.

FERNANDEZ BOGADO ET AL. El instituto Federal de Acceso a la información Pública en México y la cultura de la transparencia. Philadelphia (USA).Universidad de Pennsylvania. 2006

VILLANUEVA, ERNESTO. Libertad informativa. Los artículos 26 y 29 de la Constitución del Paraguay. Una perspectiva comparada. Instituto Prensa y libertad e Intercontinental Editora Asuncion. 2004

FERNANDEZ BOGADO, BENJAMIN. “A sacudirse..claves para la construcción de una nueva república”. Editora Libre. 2007. Asunción- Paraguay


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POR JUAN DE DIOS VILLAREAL GONZÁLEZCOMISIONADO CIUDADANO PROPIETARIO DE LA CTAINL

Desde su Independencia, México ha batallado mucho para conseguir la gobernabilidad democrática. Durante el

siglo XIX, siglo que Enrique Krauze describiera en uno de sus libros como un siglo de caudillos, nuestro país sobrevivió muchas adversidades para conservar su independencia, incluyendo la pérdida de una parte de su territorio. La lucha por el poder desgastó a generaciones, y el progreso económico logrado durante el Porfiriato tuvo un costo social enorme, el cual se reflejó en la sangrienta y heroica Revolución Mexicana. Muy rescatables de esa época las Constituciones de 1857 y 1917, que en el México posrevolucionario sirvieron de marco para basar el funcionamiento del Estado en instituciones y no en personas, aunque el caudillismo siguió presente en el siglo XX a través de funcionarios, líderes y Presidentes que optaron por el autoritarismo y su permanencia en el poder.

La institucionalización del ejercicio del poder a partir de la conclusión de la Revolución empezó a dar frutos, incluso aunque hubiera por décadas prácticamente un solo partido político hegemónico, de manera que nuestro país avanzó en su gobernabilidad pero sin democracia.

Durante el desarrollo estabilizador de México, en las décadas de los cincuentas y sesentas del siglo pasado, el gobierno comenzaba a abrirse más a

través del voto al establecerse el voto femenino, pero ante la falta de efectividad del sufragio los ciudadanos comenzaron a manifestarse por las calles para retroalimentar a sus gobernantes. De esta época, los acontecimientos de 1968 fueron la manifestación más fuerte de la ciudadanía por conseguir la apertura gubernamental. En ese periodo se consolidaron y se formaron liderazgos, que en la parte final del siglo XX, consiguieron que el voto fuera respetado, y de esta forma iniciara a abrirse el gobierno mexicano hacia las diferentes fuerzas políticas.

Las últimas tres décadas del siglo XX estuvieron marcadas por un estancamiento económico así como por el deterioro de la educación básica en nuestro país. Fueron décadas en las que los gobiernos no rendían cuentas al ciudadano, la información pública era escasa, la educación tuvo poco avance en impulsar una cultura de civismo y participación ciudadana, y en las que el principal avance en la apertura gubernamental se dio al respetarse plenamente el voto ciudadano en la década de los noventas. De esta forma, México inició a fines del siglo XX una gobernabilidad democrática basada en el respeto al voto, pero conservando instituciones antidemocráticas en el gobierno, en los partidos políticos y en los sindicatos.

En el inicio del siglo XXI, nuestro país vivió la


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alternancia de las diferentes fuerzas políticas en el ejercicio del poder, con pocos resultados en eficientar y transparentar la función pública, lo cual se evidencía con el consistente descenso de nuestro país en el ‘ranking’ de Transparencia Internacional, en su índice de percepción de la corrupción, al pasar del lugar 51 en el 2001 al lugar 103 en el 2014. Si bien es cierto que la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y la creación del IFAI en el 2002, así como la subsecuente creación de los diferentes institutos y comisiones de transparencia en las 32 entidades federativas marcaron un antes y después en el camino hacia la apertura gubernamental, estas instituciones y los derechos que protegen aún son muy poco conocidos en la mayoría de la población. Por lo tanto, la actual gobernabilidad democrática que vivimos sigue siendo muy incipiente, porque estamos en la etapa de democratizar a las instituciones a través de un mayor involucramiento ciudadano en los asuntos públicos, para lo cual el acceso a la información es fundamental.

Ante el escenario actual, para fortalecer la gobernabilidad democrática es de vital

importancia alejar de las instituciones públicas todas las prácticas autoritarias, e implementar en ellas la colegialidad en su toma de decisiones, entendida ésta como un método de deliberación basado en la participación activa de todos los miembros de los Consejos y Plenos que supervisan a las instituciones, asegurando un ambiente democrático e incluyente, en el que se privilegie el diálogo para llegar a construir acuerdos que ayuden a fortalecer a las instituciones públicas.

Para contribuir a una mayor y mejor gobernabilidad democrática en nuestro país, quienes integraremos el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia debemos participar y aportar desde su inicio para que pongamos la muestra en colegialidad a las demás instituciones públicas, y así con el ejemplo cumplamos nuestro deber de difundir una cultura de transparencia, la cual abonará a una sociedad con mayor civismo, lográndose por consecuencia que con mayor prontitud podamos vivir en México una auténtica gobernabilidad democrática basada no solamente en el voto sino en instituciones fortalecidas por su colegialidad y participación ciudadana.


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CULTURA

POR JULIO BELI RUVALCABAARTE Y DISEÑO DE LA REVISTA SABER + ES TU DERECHO

“La libertad nos permite crecer como seres humanos y sin ella no podemos soñar en hacer las cosas de manera distinta”, aseguró Ricardo B. Salinas Pliego

Con esta firme convicción, Grupo Salinas impulsa por sexto año el concurso Caminos de la Libertad para jóvenes, proyecto dirigido a muchachos de nuestro país y el extranjero para que, a partir de diversas disciplinas artísticas, reflexionen sobre el concepto de la libertad.

Caminos de la Libertad es una iniciativa que promueve la discusión sobre la libertad a través de conferencias, círculos de estudio, presentaciones de libros, exposiciones y mediante la promoción de sus concursos: Caminos de la Libertad y Caminos de la Libertad para jóvenes.

En esta sexta edición del certamen de jóvenes se recibieron 2,262 trabajos, provenientes de Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

De las seis categorías contempladas en este concurso, se recibieron: 710 fotografías, 603 trabajos de narrativa y poesía, 568 ensayos, 228 obras plásticas, 86 PintArte en tenis y 67

composiciones musicales.

“Caminos de la Libertad para Jóvenes” en su sexta edición superó sus récords pasados al recibir más obras en las categorías de fotografía, narrativa y poesía, así como de ensayo. En muchas de ellas los jóvenes abordaron temáticas que les son familiares y cercanas como la sexualidad, el trabajo y la moda.

La noche del miércoles 20 de mayo de 2015, Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas, encabezó la premiación del sexto concurso “Caminos de la Libertad para Jóvenes”, iniciativa que creó para impulsar y fomentar el interés de las nuevas generaciones para expresarse sobre el concepto de la libertad.

Después de una extraordinaria interpretación por parte de Nicole Gatti de la canción “Libre Soy”, Ricardo Salinas acompañado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, y el Presidente de Caminos de la Libertad, Sergio Sarmiento, realizó la entrega de los premios y reconocimientos a los jóvenes ganadores de este sexto concurso.

Al hacer uso de la palabra el Presidente de Grupo Salinas se mostró orgulloso del talento de los participantes y señaló, “la rebeldía de ustedes,


CULTURA

los jóvenes, tiene implícito un entendimiento básico sobre la importancia de la libertad: ella nos permite crecer como seres humanos, mejorar nuestra situación económica, la de nuestras familias.”

Asimismo añadió, “un principio básico de la libertad individual es que tiene un límite, que son los derechos y las libertades de los demás, y eso lamentablemente se nos olvida”. Al finalizar dijo: “En Caminos de la Libertad buscamos transformar a la sociedad a través de difundir la importancia del valor de la libertad”.

En su intervención el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, comentó “me siento muy contento de estar una vez más en este importantísimo certamen. Tenemos aquí muchas tareas, se está apoyando a la Ciudad de México con las orquestas de los niños, de las niñas. Estamos trabajando muy fuerte también para sumarnos a la tarea de

Limpiemos México, que es una manifestación más de esto, de lo que se hablaba acá, de la libertad, de poder tener espacios dignos y de poder estar en una sana convivencia”.

Mientras tanto el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, consideró que la convocatoria de Caminos de la Libertad para jóvenes “es una manifestación de la responsabilidad social de proyectos empresariales que se construyen en nuestro país. Esta inversión es muy importante porque está generando y alimentando en el corazón y en el alma de muchos jóvenes de este país, y de otras partes de América y del mundo, esa semilla de la libertad, ese valor de la libertad. Y yo comparto con Sergio Sarmiento exactamente algo que es fundamental: los jóvenes son aquí y ahora, los jóvenes no son la esperanza para un futuro, si no hay aquí y ahora con los jóvenes no hay futuro para los jóvenes”, enfatizó.


CULTURA

Ricardo Salinas acompañado por Miguel Ángel Mancera, Graco Ramírez, y el Presidente de Caminos de la Libertad, Sergio Sarmiento

Rykardo Hernández y Tabata Jalil se encargaron de conducir la 6ta. edición de Caminos de la Libertad para Jóvenes

“Ecos” de Julio Beli Ruvalcaba y Sofía Rodríguez Fernández, 2do. Lugar en la categoría PintArte en Tenis

“Las flores de mis pies”, de Berenice Díaz Muñoz. Mención Honorífica en la categoría PintArte en Tenis

DIRECTORIOFelícitas del C. Suárez Castro

CONSEJERA PRESIDENTA

Isidro Rodríguez Reyes

CONSEJERO

José Antonio Bojórquez

Pereznieto

CONSEJERO

Víctor Ernesto López Aguilera

SECRETARIO EJECUTIVO

Aldo Antonio Aguilar VidalDIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

María Dolores Luna PosadaENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN y FINANZAS

Gerardo A. Alipi Mena

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Esperanza Salvá TrujilloDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, VINCULACIÓNy DIFUSIÓN

Alma Rocío García GuevaraTITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

María de Lourdes Ruiz PavónTITULAR DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Herlinda Gómez Sánchez

TITULAR DE LAUNIDAD DE ARCHIVOS

Joaquín Pérez Vicens

ENCARGADO DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

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