El caso Chavn de Huntar, por Carlos Rivera (IDL)

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El caso de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en los momentos posteriores a la culminacin de la operacin militar Chavn de Huantar es, qu duda cabe, un caso verdaderamente polmico y complejo, al cual la suma de errores casi sistemticos cometidos desde diversas instituciones del Estado y el manoseo poltico de lo que representan los comandos han colocado al caso en una situacin crtica que debera encontrar un desenlace en la prxima sentencia de la Corte Interamericana de Derechos, en la cual es casi seguro que el Estado peruano sumar una derrota ms.

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    EL CASO CHAVN DE HUANTAR Carlos RIVERA PAZ

    El caso de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en los momentos posteriores a la

    culminacin de la operacin militar Chavn de Huantar es, qu duda cabe, un caso

    verdaderamente polmico y complejo, al cual la suma de errores casi sistemticos

    cometidos desde diversas instituciones del Estado y el manoseo poltico de lo que

    representan los comandos han colocado al caso en una situacin crtica que debera

    encontrar un desenlace en la prxima sentencia de la Corte Interamericana de Derechos, en

    la cual es casi seguro que el Estado peruano sumar una derrota ms.

    I. El proceso en la jurisdiccin interna.

    La investigacin del Ministerio Pblico

    El 24 de mayo de 2002 la Fiscala Penal Especializada de Lima present denuncia penal

    contra Nicols Hermosa Ros, Vladimiro Montesinos Torres, Augusto Jaime Patio, Jos

    Williams Zapata, Jos Zamudio Aliaga, Roberto Huamn Ascurra, Luis Alatrista

    Rodrguez, Carlos Tello Aliaga, Hugo Robles del Castillo, Vctor Snchez Morales, Ral

    Huarcaya Lovn, Walter Becerra Noblecilla, Jos Alvarado Daz, Manuel Paz Ramos,

    Jorge Flix Daz, Juan Moral Borja y Toms Rojas Villanueva -elementos integrantes de la

    patrulla Tenaz- por la comisin del delito contra la vida, en agravio de Eduardo Nicols

    Cruz Snchez, Herma Luz Melndez Cueva y Vctor Salomn Peceros Pedraza, en los

    momentos posteriores a la realizacin de la operacin militar de rescate de rehenes en la

    casa del embajador de Japn el 22 de abril de 1997.

    El 11 de Junio de 2002 el Tercer Juzgado Penal Especial de Lima abri proceso penal

    contra los denunciados y con ello se dio inicio a un proceso judicial que solo culminara 11

    aos despus con un fallo harto polmico y con interrogantes que al final ninguna autoridad

    judicial quiso responder. A lo largo de esos aos en ningn momento la justicia ordinaria

    dict decisin alguna para someter a juzgamiento al conjunto de elementos integrantes de la

    patrulla Tenaz.

    El proceso en la justicia militar y la contienda de competencia

    Pocos das despus del inicio del proceso en el Poder Judicial la justicia militar decidi

    abrir proceso penal militar por los mismos hechos. As, el 29 de mayo de 2002 el fuero

    castrense abri proceso por los mismos hechos contra los jefes operativos y todos los

    comandos Chavn de Huantar (patrulla Tenaz). Este es un hecho de suma relevancia para

    el caso que ahora la Corte Interamericana debe resolver, toda vez que resulta evidente que

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    fue la justicia militar la que decidi procesar a todos los comandos con la finalidad de

    impedir su comparecencia ante la justicia ordinaria y para utilizar a la justicia militar como

    un instrumento meramente formal en el que se emitan resoluciones exculpatorias

    previamente definidas y que sirvan para evitar impedir la accin legal del Poder Judicial.

    Como consecuencia de ello el fuero castrense plante contienda de competencia al fuero

    comn. El juzgado penal de Lima determin que el pedido de la justicia militar era

    improcedente y ello determin el establecimiento de una contienda de competencia a nivel

    de la Corte Suprema de Justicia. El 16 de agosto de 2002 la Sala Penal Transitoria de la

    Corte Suprema de Justicia -bajo la presidencia del magistrado Cabala Rosand- de manera

    sui gneris dirimi la contienda de competencia determinando que Hermosa, Montesinos,

    Huamn y Zamudio deban continuar siendo juzgados por el Poder Judicial y que los

    elementos integrantes de la patrulla Tenaz deban permanecer siendo juzgados en la

    justicia militar. La sentencia de competencia declar que

    amerita calificar la intervencin de los Comandos Militares como un hecho

    producido en zona declarada en estado de emergencia al que por lo tanto debe

    aplicarse el artculo 10 de la Ley 24150, que dispone que los miembros de las

    Fuerzas Armadas que presten servicios en zonas declaradas en estado de

    excepcin estn sujetos a la aplicacin del Cdigo de Justicia Militar y que las

    infracciones que cometan aquellos en ejercicio de sus funciones tipificadas en

    dicho Cdigo son de competencia del Fuero Privativo Militar

    Es evidente que la Corte Suprema de Justicia desarrolla la lnea central de su

    argumentacin en la llamada Ley de los Comandos Polticos Militares -Ley 24150- la cual

    en el momento que se emiti la sentencia era reconocida como una norma abiertamente

    inconstitucional, tanto as que el Tribunal Constitucional el ao 2004 la declar

    efectivamente como tal (Expediente N 0017-2003-AI/TC, del 16 de marzo de 2004).

    Adems, sin lograr precisar adecuadamente el momento de la comisin de los hechos la

    Corte Suprema de Justicia confunde abiertamente la operacin militar y las ejecuciones

    extrajudiciales considerando que ambos hechos eran lo mismo y por ello declar que,

    los integrantes del cuerpo de Comandos han actuado en una operacin militar

    en cumplimiento de una orden impartida con arreglo a la Constitucin, por

    autoridad con capacidad para hacerlo y que las infracciones de naturaleza

    delictiva en que hubieran incurrido corresponde sean conocidos por el Fuero

    Militar, cosa que no ocurre con los elementos ajenos a dichos comandos

    El 15 de octubre de 2003 la Sala de Guerra del Supremo Tribunal Militar sobresey la

    causa judicial por los delitos de violacin del derecho de gentes, abuso de autoridad y

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    homicidio calificado a favor de todos los militares que estaban siendo procesados y

    posteriormente el 23 de setiembre de 2004 la Sala Revisora del Consejo Supremo de

    Justicia Militar aprob la resolucin que sobresey la causa judicial y dispuso el archivo

    definitivo. Tal resolucin constituy el punto final del proceso penal militar.

    Como podemos apreciar y para todo efecto los comandos solo han estado judicializados por

    un perodo un poco mayor a los dos aos entre mayo de 2002 y julio de 2004-. Posteriormente

    algunos comandos han sido llamados nicamente como testigos en el juicio contra los

    ganillazos seguido ante el Poder Judicial.

    En febrero del ao 2003 la Asociacin pro Derechos Humanos present denuncia contra el

    Estado peruano ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos demandando la

    violacin de los artculos 4, 8 y 25 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos,

    por la comisin de las ejecuciones extrajudiciales de Eduardo Nicols Cruz Snchez,

    Herma Luz Melndez Cueva y Vctor Salomn Peceros Pedraza.

    El inicio del juicio oral, la absolucin y la ejecucin extrajudicial.

    Despus de una larga etapa de investigacin judicial el 18 de mayo de 2007 la Tercera Sala

    Penal Especial dio inicio al juicio oral contra Hermosa, Montesinos, Huamn y Zamudio

    por la comisin del delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Nicols Cruz

    Snchez, Herma Luz Melndez Cueva y Vctor Salomn Peceros Pedraza, pero al ao 2009

    se quebr el proceso debido a que dos magistrados de dicho tribunal fueron cambiados. En

    octubre del ao 2010 se dio inicio al nuevo al juicio oral, pero el ao 2011 nuevamente el

    nuevo tribunal sufri dos cambios de magistrados integrantes y ello determin un segundo

    quiebre del juicio oral. Luego de recomponer el tribunal de juzgamiento el ao 2011 la

    Tercera Sala Penal Especial Liquidadora compuesta por los magistrados Carmen Rojassi,

    Adolfo Farfn y Carolina Lizrraga, dio inicio a un juicio oral, el mismo que culmin el 15

    de octubre de 2012 con la emisin de la sentencia. Unas semanas antes de emitir esta

    resolucin el Consejo Nacional de la Magistratura decidi no ratificar a la jueza Rojassi.

    Sobre la base de la prueba testimonial y pericial incorporada y debatida en el proceso la

    Sala Penal Liquidadora establece que el terrorista conocido como Tito fue ejecutado en

    los momentos posteriores a la culminacin de la operacin militar. La sentencia seala que,

    De lo actuado en este proceso penal queda probado la muerte de Eduardo

    Nicols Cruz Snchez quien fue detenido o aprehendido por dos efectivos

    policiales pertenecientes al Servicio de Inteligencia Nacional pues los ambientes

    de la residencia ya haban sido dominados y los rehenes haban sido evacuados

    hacia las casa aledaas de la residencia del embajador japons, luego aparece

    yaciente en una zona comprendida entre la casa 01 y la residencia propiamente o

    dicha, con un impacto de proyectil de bala con ingreso en el lado izquierdo del

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    cuello de necesidad mortal y es visto en esta zona custodiado por persona del

    Servicio de Inteligencia Nacional

    El hecho es que si bien la Fiscala Penal Superior haba incorporado como tesis del caso la

    existencia de una cadena de mando paralela a la cadena de mando la Patrulla Tenaz, la

    misma que se sustentaba en la intervencin del Servicio de Inteligencia Nacional, siendo

    esta cadena de mando paralela la responsable de las ejecuciones extrajudiciales, y muy a

    pesar de que la sentencia corrobora que se ha perpetrado por lo menos una ejecucin

    extrajudicial, la Sala Penal Superior decide no hacer ningn esfuerzo de interpretacin

    sobre la responsabilidad de los acusados Hermosa, Montesinos, Huamn y Zamudio y

    simplemente declarar que,

    no se ha podido establecer que esto haya ocurrido por mandato o disposicin

    de alguno de los procesados presentes dentro de lo que se ha venido llamando

    cadena de mando paralela, es decirla produccin de la comisin del delito como

    devenir de una poltica de Estado

    La sentencia fue apelada tanto por el Ministerio Pblico como por la parte civil, pero, en

    cambio la Procuradura Pblica del Ministerio de Defensa no present ninguna apelacin.

    El 24 de julio de 2013 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia - compuesta

    por los magistrados San Martn Castro, Lecaros Cornejo, Prado Saldarriaga, Rodrguez Tineo y Prncipe

    Trujillo- declar No Haber Nulidad de la sentencia emitida por la Tercera Sala Penal

    Liquidadora de Lima que absolvi a Nicols Hermosa, Vladimiro Montesinos, Roberto

    Huamn de la acusacin fiscal formulada por la comisin del delito de homicidio calificado

    y declar la reserva del juzgamiento de Jess Zamudio Aliaga. Aunque confirma la

    resolucin que haba declarado que Tito result ejecutado extrajudicialmente la Corte

    Suprema desestima tambin la tesis del Ministerio Pblico y la parte civil respecto a la

    existencia de una cadena de mando paralela al comando militar de la patrulla Tenaz y a

    que fue esa cadena de mando la que dispuso las ejecuciones extrajudiciales de los

    emerretistas.

    Sobre este asunto la sentencia de la Suprema es categrica al sealar que esta no existi. El

    Fundamento 51 de la referida sentencia declara que no est probado que se instituy una

    cadena de mando paralela a la propiamente militar en la direccin y ejecucin de la

    operacin militar de rescate a fin de dar muerte a los emerretistas que pudieran resultar

    heridos o ilesos de la operacin de rescate Por ello concluye que los puntos de

    partida de la acusacin se basan en meras conjeturas y las inferencias utilizadas son

    inconsistentes y no concluyentes.

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    Para ello la Suprema argumenta que los comandos quienes solo acudieron al juicio como

    testigos- han negado la existencia de la misma y por otro lado seala que el asesor

    Montesinos Torres se limit a decir que no particip en la operacin de rescate, pues

    era de competencia de las Fuerzas Armadas.

    En el fundamento 70 de la sentencia el tribunal supremo declara, sobre la ejecucin de

    Tito, que solo puede afirmarse que esa ejecucin extrajudicial as considerada por la

    Sala sentenciadora, lo que no ha sido materia de impugnacin- fue un crimen aislado, que

    no form parte de la operacin y de los planes elaborados en las instancias superiores. Nada

    indica, menos est probado, que alguno de los mandos o Huamn Ascurra, solo o por

    disposicin de Montesinos Torres y este motu proprio o por indicacin de otra alta

    autoridad del Estado- dio la orden de matarlo

    Ms all de que el extremo de la sentencia de la ejecucin de Tito no fue apelado lo

    cierto es que siendo un hecho central del caso la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema

    se limita a sealar que se trata de un hecho aislado de la operacin, pero no propone

    ningn nivel de interpretacin sobre tal hecho, ms aun si la propia sentencia determina

    categricamente que los comando de la Patrulla Tenaz no tienen ninguna relacin con el

    crimen.

    Siendo esto as resulta poco coherente que la Suprema Corte confirme una sentencia que

    comprueba que Cruz Snchez ha sido ejecutado extrajudicialmente pero no dice una

    palabra sobre quin habra dado la orden y quin habra perpetrado ese crimen.

    En el caso de las ejecuciones extrajudiciales de los emerrestistas Vctor Peceros Pedraza y

    Luz Melndez Cueva, la sentencia de la Sala Penal Transitoria concluye que esta fue

    consecuencia directa del enfrentamiento militar.

    Sobre la intervencin de la Justicia Militar la sentencia de la Corte Suprema se limita a

    convalidar, sin cuestionamiento alguno, una intervencin abiertamente inconstitucional de

    la justicia castrense en un caso de violacin de los derechos humanos, bajo el argumento de

    que al momento de los hechos estaba vigente la ley 24150 Ley de Comandos Polticos

    Militares-.

    Como se puede apreciar para todo efecto la justicia nacional ha reconocido que el

    emerretista conocido como camarada Tito fue ejecutado extrajudicialmente, bajo los

    trminos de lo sealado por la sentencia de la Sala Penal Especial de Lima. El asunto es que

    se ha reconocido el crimen, pero no se ha identificado al autor o los autores.

    Este hecho tendr, en el juicio internacional ante la Corte Interamericana, una doble

    consecuencia. Por un lado tendr un carcter decisivo porque desde todo punto de vista

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    corrobora uno de los dos mbitos de la demanda presentada por la CIDH contra el Estado

    peruano y por otro lado, confronta abiertamente y desarticula la tesis que, de manera

    absurda e irresponsable, la defensa del Estado ha insistido presentar ante la instancia

    supranacional.

    La unificacin de criterios

    A inicios del mes agosto de 2013 se hizo de pblico un hecho que puso en tela de juicio la

    actuacin del tribunal de juzgamiento y del entonces Presidente del Poder Judicial, Csar

    San Martn Castro, el entonces primer Ministro Jun Jimenez Mayor, el entonces Agente

    del Estado Pedro Cateriano. Se conoci que algunas semanas antes de la emisin de la

    sentencia de octubre de 2012 el magistrado San Martn Castro haba llamado a una reunin

    en la que todos ellos participaron, y en la que se puede apreciar que el inters de los

    representantes del Ejecutivo era la unificacin de criterios entre la futura decisin judicial

    y la estrategia que Estado peruano pretenda desarrollar a nivel de la Corte Interamericana

    de Derechos Humanos.

    II. El proceso en el sistema interamericano.

    A nivel del sistema interamericano, luego de la audiencia realizada el ao 2014, el caso est

    expedito para la emisin de la sentencia por parte de la Corte.

    El 31 de marzo de 2011 la Comisin Interamericana de Derechos Humanos aprob el

    Informe de Fondo N 66/11 (Caso 12.444, Eduardo Nicols Cruz Snchez y otros) siendo

    presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunciando al Estado

    peruano como responsable de la ejecucin de los emerretistas de Eduardo Nicols Cruz

    Snchez, Herma Luz Melndez Cueva y Vctor Salomn Peceros Pedraza. En dicha

    denuncia la CIDH imputa al Estado peruano la violacin de dos derechos fundamentales: el

    derecho a la vida artculo 4.1 de la CADH- y las garantas judiciales y proteccin judicial

    artculos 8 y 25 de la CADH-. De igual manera denuncia que existe un incumplimiento del

    artculo 2 de la Convencin Americana en relacin con los artculos 8 y 25 de la misma.

    Consideraciones previas de la CIDH

    La CIDH, antes de ingresar a la valoracin del caso, hace dos importantes consideraciones

    previas las mismas que le permiten contextualizar de una mejor manera el presente caso.

    Por un lado la CIDH plantea una calificacin del grupo terrorista MRTA al sostener que

    contribuy a la inseguridad vivida durante varios aos en el Per y la violacin de

    derechos fundamentales de los peruanos y peruanas. Entre las acciones delictivas

    reclamadas o atribuidas a dicho grupo se destacan los asaltos a entidades comerciales,

    ataques a puestos policiales y residencias de integrantes del gobierno, asesinatos

    selectivos de altos funcionarios pblicos, secuestros de empresarios y agentes

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    diplomticos, ejecucin de lderes indgenas y algunas muertes motivadas por la

    orientacin sexual o identidad de gnero de las vctimas. (fundamento 47)

    Por otro lado la CIDH se permite proponer una calificacin de la operacin militar Chavn

    de Huantar sobre la cual reconoce que tal operacin llevada a cabo durante los aos del

    conflicto armado interno, tena como objetivo legtimo el proteger la vida de los rehenes,

    quienes llevaban ms de cuatro meses dentro de la residencia del Embajador de Japn,

    bajo control de catorce miembros del grupo insurgente MRTA, pero as mismo la

    Comisin reafirma su papel de rgano convencional de proteccin de los derechos humanos

    y por ello declara que sin perjuicio de la obligacin de los Estados de proteger y

    garantizar la seguridad de sus poblaciones, la Comisin considera importante recordar

    que al adoptar dichas medidas los Estados deben cumplir con sus obligaciones

    internacionales, incluyendo las del derecho internacional de los derechos humanos

    (120), lo cual le exige destacar que bajo el Derecho Internacional de los Derechos

    Humanos ciertas obligaciones, tales como la prohibicin de la privacin arbitraria del

    derecho a la vida, son inderogables, inclusive en situaciones extremas de inseguridad

    como las provocadas por el terrorismo (fundamento 121).

    1. La violacin al derecho a la vida

    En la parte correspondiente a la violacin al derecho a la vida artculo 4.1 de la

    Convencin Americana, hecho que involucra las ejecuciones extrajudiciales en contra de

    los tres emerretistas -Eduardo Nicols Cruz Snchez, Herma Luz Melndez Cueva y Vctor Salomn

    Peceros Pedraza-, la Comisin sostiene que

    el Estado no ha brindado una explicacin sobre por qu el seor Cruz

    Snchez, luego de ser detenido y trasladado al interior de la residencia del

    embajador , apareci muerto, con un tiro en la nuca y con una granada en la

    mano, ms aun tomando en cuenta que los testimonios son contestes en afirmar

    que este se encontraba con las manos amarradas y desarmado, por lo que no

    representaba un peligro ni para los rehenes ni para los agentes estatales

    (fundamento 143),

    La CIDH considera que existe prueba suficiente que determina, bajo los estndares del

    sistema interamericano, la existencia de un crimen. Por ello seala que, la prueba

    pericial es clara en determinar que, contrario a lo sugerido en el Acta del Levantamiento

    de Cadveres, el seor Cruz Snchez fue ejecutado extrajudicialmente a travs de un tiro

    de gracia por agentes estatales en la nuca mientras se encontraba inmovilizado.

    (fundamento 144)

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    De igual modo la CIDH considera que el Estado peruano ha incumplido sus deberes

    internacionales frente a casos de graves violaciones a los derechos humanos en cuanto al

    tiempo y la forma en que ha desarrollado la investigacin de los hechos y por ello seala

    que,

    no abri una investigacin inmediata de oficio respecto de la ejecucin de

    Eduardo Nicols Cruz Snchez y la investigacin abierta aos despus dentro del

    fuero ordinario solo ha imputado a autores intelectuales y a ninguno material

    (fundamento 152)

    Si bien el mismo Informe contiene una mayor referencia al caso Cruz Snchez al momento

    de pronunciarse sobre las otras dos personas ejecutadas la CIDH concluye

    que el Estado no ha brindado una explicacin consistente de la forma en que

    fueron muertos Peceros Pedraza y Melndez Cueva, ni tampoco sobre la

    necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza (fundamento 163).

    Sobre la base de esas consideraciones la Comisin Interamericana determina que el

    Estado peruano es responsable de haber ejecutado extrajudicialmente a Eduardo Nicols

    Cruz Snchez, Vctor Salomn Peceros Pedraza y Herma Luz Melndez Cueva

    (fundamento 165).

    2. La violacin de las garantas judiciales

    En cuanto a la denuncia por la violacin a las garantas judiciales la CIDH imputa al Estado

    cinco hechos que considera violatorios del debido proceso y las garantas judiciales. 1) El

    no haber llevado a cabo una investigacin efectiva, imparcial y seria, 2) el haber permitido

    la indebida intervencin del fuero militar, 3) el no abrir de oficio una investigacin por los

    hechos, 4) el no haber asegurado el material probatorio y, 5) no cumplir con el plazo

    razonable.

    Ya en la fundamentacin de los agravios es evidente que la CIDH ha tenido una mayscula

    preocupacin por la intervencin de la justicia militar, la que con mucha solvencia califica

    como indebida, como una de las principales afectaciones a las garantas judiciales en las

    que ha incurrido el Estado peruano.

    En ese sentido, la CIDH asegura que si bien algunas conductas desarrolladas por los

    comandos durante el operativo Chavn de Huantar podran eventualmente haber sido

    conocidas por la jurisdiccin militar, las ejecuciones extrajudiciales al ser violaciones

    graves a los derechos humanos tal como lo puntualiz la Corte Suprema- debieron haberse

  • 9

    investigado por completo en el fuero comn (fundamento 185) La CIDH recuerda que la

    justicia militar solo debe aplicarse cuando se atente contra bienes jurdicos penales

    castrenses, en ocasin de las particulares funciones de defensa y seguridad del Estado y

    nunca para investigar violaciones de derechos humanos.

    La Comisin hace referencia a que es la naturaleza del delito la que define la competencia

    del fuero militar, valor por la cual,

    las ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales no pueden ser consideradas delito

    de funcin, sino violaciones graves a los derechos humanos y por tanto la

    investigacin de los hechos del presente debi adelantarse en el fuero comn

    (fundamento 192).

    Por ello asegura que la intervencin de la justicia militar constituye un hecho indebido

    porque cuando la Corte Suprema de Justicia decide entregar competencia a la justicia

    militar, esto es en agosto del 2002, ya exista un marco de intervencin enteramente

    restrictivo para la justicia castrense que la limita solo a los llamados delitos de funcin y

    por eso la CIDH considera que,

    el Estado extralimit la esfera de la justicia militar, en contravencin de los

    parmetros de excepcionalidad y restriccin que caracterizan a la jurisdiccin

    penal castrense y extendi la competencia del fuero militar a delitos que no

    tienen relacin directa con la disciplina militar como son las ejecuciones

    extrajudiciales- o con bienes jurdicos de dicho fuero (fundamento 200)

    Como podemos apreciar para la CIDH la intervencin de la justicia militar es un hecho

    grave que no encuentra ninguna circunstancia atenuante, ms an si el sistema

    interamericano tiene una consolidada jurisprudencia que ha determinado desde hace un

    buen tiempo las claras limitaciones de la justicia militar y una absoluta incompetencia para

    investigar y juzgar crmenes contra los derechos humanos, jurisprudencia que segn

    recuerda la CIDH tambin ha sido ratificada a nivel de la Corte Suprema de Justicia del

    Per.

    Sobre el plazo razonable la CIDH sostiene que ..si bien el presente caso puede tener cierta

    complejidad en cuanto al nmero de personas muertas e imputados, es necesario recordar

    que a catorce aos de los hechos y a diez de abierto el proceso, este se encuentra en etapa

    de juicio oral y no se ha emitido sentencia (206) Por ello la Comisin concluye que se

    hubo una violacin del plazo razonable en el proceso penal. (fundamento 209)

  • 10

    Adicionalmente a ello el Informe de la CIDH determina que

    ningn efectivo militar ha sido juzgado como autor material de la ejecucin

    de Eduardo Nicols Cruz Snchez y que todos los comandos integrantes del

    Operativo Chavn de Huntar fueron sobreseidos en el fuero militar en relacin

    con las ejecuciones de Vctor Salomn Cruz Snchez y Herma Luz Melndez

    Cruz, y respecto de quienes no se ha llevado investigacin en el fuero comn.

    (fundamento 210).

    Estando prxima la emisin de la sentencia por la Corte Interamericana resulta importante

    tomar en consideracin no solamente el contenido del Informe de Fondo presentado por la

    CIDH a la Corte, sino tambin la decisin que el Poder Judicial del Per ha dictado en el

    caso Chavn de Huntar. Siendo esto as es altamente probable que el inminente fallo que la

    Corte emita sea uno que determine la existencia de responsabilidad internacional del Estado

    peruano al haber prueba que demuestre la comisin de graves violaciones a los derechos

    humanos en cuanto se refiere a la violacin del derecho a la vida de los ejecutados aunque

    resulta evidente que en el caso Eduardo Nicols Cruz Snchez existira una mayor

    evidencia y en cuanto se refiere a la violacin del derecho a las garantas judiciales es

    altamente probable que la Corte, sobre la base del Informe de la CIDH, se pronuncie

    declarando que en el presente caso la intervencin del Fuero Militar fue indebida y

    consecuentemente ese proceso debera ser anulado.

    La posibilidad de que la prxima sentencia de la Corte Interamericana contenga mandatos

    de esta naturaleza definitivamente generar consecuencias que deben ser administradas y

    manejadas en el sistema judicial interno.

    Lima, 22 de abril de 2015