El caso Chavín de Huántar, por Carlos Rivera (IDL)

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El caso de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en los momentos posteriores a la culminacin de la operacin militar Chavn de Huantar es, qu duda cabe, un caso verdaderamente polmico y complejo, al cual la suma de errores casi sistemticos cometidos desde diversas instituciones del Estado y el manoseo poltico de lo que representan los comandos han colocado al caso en una situacin crtica que debera encontrar un desenlace en la prxima sentencia de la Corte Interamericana de Derechos, en la cual es casi seguro que el Estado peruano sumar una derrota ms.

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<ul><li><p>1 </p><p>EL CASO CHAVN DE HUANTAR Carlos RIVERA PAZ </p><p>El caso de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en los momentos posteriores a la </p><p>culminacin de la operacin militar Chavn de Huantar es, qu duda cabe, un caso </p><p>verdaderamente polmico y complejo, al cual la suma de errores casi sistemticos </p><p>cometidos desde diversas instituciones del Estado y el manoseo poltico de lo que </p><p>representan los comandos han colocado al caso en una situacin crtica que debera </p><p>encontrar un desenlace en la prxima sentencia de la Corte Interamericana de Derechos, en </p><p>la cual es casi seguro que el Estado peruano sumar una derrota ms. </p><p>I. El proceso en la jurisdiccin interna. </p><p>La investigacin del Ministerio Pblico </p><p>El 24 de mayo de 2002 la Fiscala Penal Especializada de Lima present denuncia penal </p><p>contra Nicols Hermosa Ros, Vladimiro Montesinos Torres, Augusto Jaime Patio, Jos </p><p>Williams Zapata, Jos Zamudio Aliaga, Roberto Huamn Ascurra, Luis Alatrista </p><p>Rodrguez, Carlos Tello Aliaga, Hugo Robles del Castillo, Vctor Snchez Morales, Ral </p><p>Huarcaya Lovn, Walter Becerra Noblecilla, Jos Alvarado Daz, Manuel Paz Ramos, </p><p>Jorge Flix Daz, Juan Moral Borja y Toms Rojas Villanueva -elementos integrantes de la </p><p>patrulla Tenaz- por la comisin del delito contra la vida, en agravio de Eduardo Nicols </p><p>Cruz Snchez, Herma Luz Melndez Cueva y Vctor Salomn Peceros Pedraza, en los </p><p>momentos posteriores a la realizacin de la operacin militar de rescate de rehenes en la </p><p>casa del embajador de Japn el 22 de abril de 1997. </p><p>El 11 de Junio de 2002 el Tercer Juzgado Penal Especial de Lima abri proceso penal </p><p>contra los denunciados y con ello se dio inicio a un proceso judicial que solo culminara 11 </p><p>aos despus con un fallo harto polmico y con interrogantes que al final ninguna autoridad </p><p>judicial quiso responder. A lo largo de esos aos en ningn momento la justicia ordinaria </p><p>dict decisin alguna para someter a juzgamiento al conjunto de elementos integrantes de la </p><p>patrulla Tenaz. </p><p>El proceso en la justicia militar y la contienda de competencia </p><p>Pocos das despus del inicio del proceso en el Poder Judicial la justicia militar decidi </p><p>abrir proceso penal militar por los mismos hechos. As, el 29 de mayo de 2002 el fuero </p><p>castrense abri proceso por los mismos hechos contra los jefes operativos y todos los </p><p>comandos Chavn de Huantar (patrulla Tenaz). Este es un hecho de suma relevancia para </p><p>el caso que ahora la Corte Interamericana debe resolver, toda vez que resulta evidente que </p></li><li><p>2 </p><p>fue la justicia militar la que decidi procesar a todos los comandos con la finalidad de </p><p>impedir su comparecencia ante la justicia ordinaria y para utilizar a la justicia militar como </p><p>un instrumento meramente formal en el que se emitan resoluciones exculpatorias </p><p>previamente definidas y que sirvan para evitar impedir la accin legal del Poder Judicial. </p><p>Como consecuencia de ello el fuero castrense plante contienda de competencia al fuero </p><p>comn. El juzgado penal de Lima determin que el pedido de la justicia militar era </p><p>improcedente y ello determin el establecimiento de una contienda de competencia a nivel </p><p>de la Corte Suprema de Justicia. El 16 de agosto de 2002 la Sala Penal Transitoria de la </p><p>Corte Suprema de Justicia -bajo la presidencia del magistrado Cabala Rosand- de manera </p><p>sui gneris dirimi la contienda de competencia determinando que Hermosa, Montesinos, </p><p>Huamn y Zamudio deban continuar siendo juzgados por el Poder Judicial y que los </p><p>elementos integrantes de la patrulla Tenaz deban permanecer siendo juzgados en la </p><p>justicia militar. La sentencia de competencia declar que </p><p>amerita calificar la intervencin de los Comandos Militares como un hecho </p><p>producido en zona declarada en estado de emergencia al que por lo tanto debe </p><p>aplicarse el artculo 10 de la Ley 24150, que dispone que los miembros de las </p><p>Fuerzas Armadas que presten servicios en zonas declaradas en estado de </p><p>excepcin estn sujetos a la aplicacin del Cdigo de Justicia Militar y que las </p><p>infracciones que cometan aquellos en ejercicio de sus funciones tipificadas en </p><p>dicho Cdigo son de competencia del Fuero Privativo Militar </p><p>Es evidente que la Corte Suprema de Justicia desarrolla la lnea central de su </p><p>argumentacin en la llamada Ley de los Comandos Polticos Militares -Ley 24150- la cual </p><p>en el momento que se emiti la sentencia era reconocida como una norma abiertamente </p><p>inconstitucional, tanto as que el Tribunal Constitucional el ao 2004 la declar </p><p>efectivamente como tal (Expediente N 0017-2003-AI/TC, del 16 de marzo de 2004). </p><p>Adems, sin lograr precisar adecuadamente el momento de la comisin de los hechos la </p><p>Corte Suprema de Justicia confunde abiertamente la operacin militar y las ejecuciones </p><p>extrajudiciales considerando que ambos hechos eran lo mismo y por ello declar que, </p><p>los integrantes del cuerpo de Comandos han actuado en una operacin militar </p><p>en cumplimiento de una orden impartida con arreglo a la Constitucin, por </p><p>autoridad con capacidad para hacerlo y que las infracciones de naturaleza </p><p>delictiva en que hubieran incurrido corresponde sean conocidos por el Fuero </p><p>Militar, cosa que no ocurre con los elementos ajenos a dichos comandos </p><p>El 15 de octubre de 2003 la Sala de Guerra del Supremo Tribunal Militar sobresey la </p><p>causa judicial por los delitos de violacin del derecho de gentes, abuso de autoridad y </p></li><li><p>3 </p><p>homicidio calificado a favor de todos los militares que estaban siendo procesados y </p><p>posteriormente el 23 de setiembre de 2004 la Sala Revisora del Consejo Supremo de </p><p>Justicia Militar aprob la resolucin que sobresey la causa judicial y dispuso el archivo </p><p>definitivo. Tal resolucin constituy el punto final del proceso penal militar. </p><p>Como podemos apreciar y para todo efecto los comandos solo han estado judicializados por </p><p>un perodo un poco mayor a los dos aos entre mayo de 2002 y julio de 2004-. Posteriormente </p><p>algunos comandos han sido llamados nicamente como testigos en el juicio contra los </p><p>ganillazos seguido ante el Poder Judicial. </p><p>En febrero del ao 2003 la Asociacin pro Derechos Humanos present denuncia contra el </p><p>Estado peruano ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos demandando la </p><p>violacin de los artculos 4, 8 y 25 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, </p><p>por la comisin de las ejecuciones extrajudiciales de Eduardo Nicols Cruz Snchez, </p><p>Herma Luz Melndez Cueva y Vctor Salomn Peceros Pedraza. </p><p>El inicio del juicio oral, la absolucin y la ejecucin extrajudicial. </p><p>Despus de una larga etapa de investigacin judicial el 18 de mayo de 2007 la Tercera Sala </p><p>Penal Especial dio inicio al juicio oral contra Hermosa, Montesinos, Huamn y Zamudio </p><p>por la comisin del delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Nicols Cruz </p><p>Snchez, Herma Luz Melndez Cueva y Vctor Salomn Peceros Pedraza, pero al ao 2009 </p><p>se quebr el proceso debido a que dos magistrados de dicho tribunal fueron cambiados. En </p><p>octubre del ao 2010 se dio inicio al nuevo al juicio oral, pero el ao 2011 nuevamente el </p><p>nuevo tribunal sufri dos cambios de magistrados integrantes y ello determin un segundo </p><p>quiebre del juicio oral. Luego de recomponer el tribunal de juzgamiento el ao 2011 la </p><p>Tercera Sala Penal Especial Liquidadora compuesta por los magistrados Carmen Rojassi, </p><p>Adolfo Farfn y Carolina Lizrraga, dio inicio a un juicio oral, el mismo que culmin el 15 </p><p>de octubre de 2012 con la emisin de la sentencia. Unas semanas antes de emitir esta </p><p>resolucin el Consejo Nacional de la Magistratura decidi no ratificar a la jueza Rojassi. </p><p>Sobre la base de la prueba testimonial y pericial incorporada y debatida en el proceso la </p><p>Sala Penal Liquidadora establece que el terrorista conocido como Tito fue ejecutado en </p><p>los momentos posteriores a la culminacin de la operacin militar. La sentencia seala que, </p><p>De lo actuado en este proceso penal queda probado la muerte de Eduardo </p><p>Nicols Cruz Snchez quien fue detenido o aprehendido por dos efectivos </p><p>policiales pertenecientes al Servicio de Inteligencia Nacional pues los ambientes </p><p>de la residencia ya haban sido dominados y los rehenes haban sido evacuados </p><p>hacia las casa aledaas de la residencia del embajador japons, luego aparece </p><p>yaciente en una zona comprendida entre la casa 01 y la residencia propiamente o </p><p>dicha, con un impacto de proyectil de bala con ingreso en el lado izquierdo del </p></li><li><p>4 </p><p>cuello de necesidad mortal y es visto en esta zona custodiado por persona del </p><p>Servicio de Inteligencia Nacional </p><p>El hecho es que si bien la Fiscala Penal Superior haba incorporado como tesis del caso la </p><p>existencia de una cadena de mando paralela a la cadena de mando la Patrulla Tenaz, la </p><p>misma que se sustentaba en la intervencin del Servicio de Inteligencia Nacional, siendo </p><p>esta cadena de mando paralela la responsable de las ejecuciones extrajudiciales, y muy a </p><p>pesar de que la sentencia corrobora que se ha perpetrado por lo menos una ejecucin </p><p>extrajudicial, la Sala Penal Superior decide no hacer ningn esfuerzo de interpretacin </p><p>sobre la responsabilidad de los acusados Hermosa, Montesinos, Huamn y Zamudio y </p><p>simplemente declarar que, </p><p>no se ha podido establecer que esto haya ocurrido por mandato o disposicin </p><p>de alguno de los procesados presentes dentro de lo que se ha venido llamando </p><p>cadena de mando paralela, es decirla produccin de la comisin del delito como </p><p>devenir de una poltica de Estado </p><p>La sentencia fue apelada tanto por el Ministerio Pblico como por la parte civil, pero, en </p><p>cambio la Procuradura Pblica del Ministerio de Defensa no present ninguna apelacin. </p><p>El 24 de julio de 2013 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia - compuesta </p><p>por los magistrados San Martn Castro, Lecaros Cornejo, Prado Saldarriaga, Rodrguez Tineo y Prncipe </p><p>Trujillo- declar No Haber Nulidad de la sentencia emitida por la Tercera Sala Penal </p><p>Liquidadora de Lima que absolvi a Nicols Hermosa, Vladimiro Montesinos, Roberto </p><p>Huamn de la acusacin fiscal formulada por la comisin del delito de homicidio calificado </p><p>y declar la reserva del juzgamiento de Jess Zamudio Aliaga. Aunque confirma la </p><p>resolucin que haba declarado que Tito result ejecutado extrajudicialmente la Corte </p><p>Suprema desestima tambin la tesis del Ministerio Pblico y la parte civil respecto a la </p><p>existencia de una cadena de mando paralela al comando militar de la patrulla Tenaz y a </p><p>que fue esa cadena de mando la que dispuso las ejecuciones extrajudiciales de los </p><p>emerretistas. </p><p>Sobre este asunto la sentencia de la Suprema es categrica al sealar que esta no existi. El </p><p>Fundamento 51 de la referida sentencia declara que no est probado que se instituy una </p><p>cadena de mando paralela a la propiamente militar en la direccin y ejecucin de la </p><p>operacin militar de rescate a fin de dar muerte a los emerretistas que pudieran resultar </p><p>heridos o ilesos de la operacin de rescate Por ello concluye que los puntos de </p><p>partida de la acusacin se basan en meras conjeturas y las inferencias utilizadas son </p><p>inconsistentes y no concluyentes. </p></li><li><p>5 </p><p>Para ello la Suprema argumenta que los comandos quienes solo acudieron al juicio como </p><p>testigos- han negado la existencia de la misma y por otro lado seala que el asesor </p><p>Montesinos Torres se limit a decir que no particip en la operacin de rescate, pues </p><p>era de competencia de las Fuerzas Armadas. </p><p>En el fundamento 70 de la sentencia el tribunal supremo declara, sobre la ejecucin de </p><p>Tito, que solo puede afirmarse que esa ejecucin extrajudicial as considerada por la </p><p>Sala sentenciadora, lo que no ha sido materia de impugnacin- fue un crimen aislado, que </p><p>no form parte de la operacin y de los planes elaborados en las instancias superiores. Nada </p><p>indica, menos est probado, que alguno de los mandos o Huamn Ascurra, solo o por </p><p>disposicin de Montesinos Torres y este motu proprio o por indicacin de otra alta </p><p>autoridad del Estado- dio la orden de matarlo </p><p>Ms all de que el extremo de la sentencia de la ejecucin de Tito no fue apelado lo </p><p>cierto es que siendo un hecho central del caso la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema </p><p>se limita a sealar que se trata de un hecho aislado de la operacin, pero no propone </p><p>ningn nivel de interpretacin sobre tal hecho, ms aun si la propia sentencia determina </p><p>categricamente que los comando de la Patrulla Tenaz no tienen ninguna relacin con el </p><p>crimen. </p><p>Siendo esto as resulta poco coherente que la Suprema Corte confirme una sentencia que </p><p>comprueba que Cruz Snchez ha sido ejecutado extrajudicialmente pero no dice una </p><p>palabra sobre quin habra dado la orden y quin habra perpetrado ese crimen. </p><p>En el caso de las ejecuciones extrajudiciales de los emerrestistas Vctor Peceros Pedraza y </p><p>Luz Melndez Cueva, la sentencia de la Sala Penal Transitoria concluye que esta fue </p><p>consecuencia directa del enfrentamiento militar. </p><p>Sobre la intervencin de la Justicia Militar la sentencia de la Corte Suprema se limita a </p><p>convalidar, sin cuestionamiento alguno, una intervencin abiertamente inconstitucional de </p><p>la justicia castrense en un caso de violacin de los derechos humanos, bajo el argumento de </p><p>que al momento de los hechos estaba vigente la ley 24150 Ley de Comandos Polticos </p><p>Militares-. </p><p>Como se puede apreciar para todo efecto la justicia nacional ha reconocido que el </p><p>emerretista conocido como camarada Tito fue ejecutado extrajudicialmente, bajo los </p><p>trminos de lo sealado por la sentencia de la Sala Penal Especial de Lima. El asunto es que </p><p>se ha reconocido el crimen, pero no se ha identificado al autor o los autores. </p><p>Este hecho tendr, en el juicio internacional ante la Corte Interamericana, una doble </p><p>consecuencia. Por un lado tendr un carcter decisivo porque desde todo punto de vista </p></li><li><p>6 </p><p>corrobora uno de los dos mbitos de la demanda presentada por la CIDH contra el Estado </p><p>peruano y por otro lado, confronta abiertamente y desarticula la tesis que, de manera </p><p>absurda e irresponsable, la defensa del Estado ha insistido presentar ante la instancia </p><p>supranacional. </p><p>La unificacin de criterios </p><p>A inicios del mes agosto de 2013 se hizo de pblico un hecho que puso en tela de juicio la </p><p>actuacin del tribunal de juzgamiento y del entonces Presidente del Poder Judicial, Csar </p><p>San Martn Castro, el entonces primer Ministro Jun Jimenez Mayor, el entonces Agente </p><p>del Estado Pedro Cateriano. Se conoci que algunas semanas antes de la emisin de la </p><p>sentencia de octubre de 2012 el magistrado San Martn Castro haba llamado a una reunin </p><p>en la que todos ellos participaron, y en la que se puede apreciar que el inters de los </p><p>representantes del Ejecutivo era la unificacin de criterios entre la futura decisin judicial </p><p>y la estrategia que Estado peruano pretenda desarrollar a nivel de la Corte Interamericana </p><p>de Derechos Humanos. </p><p>II. El proceso en el sistema interamericano. </p><p>A nivel del sistema interamericano, luego de la audiencia realizada el ao 2014, el caso est </p><p>expedito para la emisin de la sentencia por parte de la Corte. </p><p>El 31 de marzo de 2011 la Comisin Interamericana de Derechos Humanos aprob el </p><p>Informe de Fondo N 66/11 (Caso 12.444, Eduardo Nicols Cruz Snchez y otros) siendo </p><p>presentad...</p></li></ul>