dr. gustavo emiliano almeida bermeo

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¿P^¿-7 sea Juicio No. 01658-2020-00379 JUEZ PONENTE:ALMEIDA BERMEO GUSTAVO EMILIANO, JUEZ AUTOR/A:ALMEIDA BERMEO GUSTAVO EMILIANO SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE AZUAY. Cuenca, martes 2 de febrero del 2021. a las 13h25. SENTENCIA ESCRITA JUICIO N.- 01658-2020-00379 ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN í) JUEZ PONENTE: DR. GUSTAVO EMILIANO ALMEIDA BERMEO JUEZ: DR. JUAN PACHECO BARROS JUEZ: DR. FERNANDO PATRICIO MORENO MOREJON (REEMPLAZA A DR. YURI PALOMEQUE LUNA). ACCIONANTE: FRANKLIN CESAR CAMACHO ASSAN POR SUS PROPIOS DERECHOS COMO SOCIO Y POR LOS QUE REPRESENTA EN LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA MINERA "LOS ELEGIDOS". ACCIONADO: SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (SEPS) EN LAS PERSONAS DE DRA. MARGARITA HERNÁNDEZ NARANJO COMO SUPERINTENDENTE Y CATALINA PAZOS CHIMBO COMO INTENDENTE GENERAL TÉCNICO O QUIENES HAGAN SUS VECES. ^ VISTOS: El Tribunal se encuentra legal y debidamente conformado por el Dr. Gustavo Almeida en calidad de Juez Ponente, Dr. Juan Pacheco Barros y por el Dr. Fernando Moreno Morejón quien subrroga al Dr. Yuri Palomeque Luna. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: FRANKLIN CESAR CAMACHO ASSAN POR SUS PROPIOS DERECHOS COMO SOCIO Y POR LOS QUE REPRESENTA EN LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA MINERA "LOS ELEGIDOS" deduce la presente acción constitucional en contra de la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (SEPS) EN LAS PERSONAS DE DRA. MARGARITA HERNÁNDEZ NARANJO COMO SUPERINTENDENTE Y CATALINA PAZOS CHIMBO COMO INTENDENTE GENERAL TÉCNICO O QUIENES HAGAN SUS VECES. Se ha contado en la causa con la Directora Regional de la Procuraduría General del Estado. .. - •r-it?¿mí¿^L.'CLl/

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AUTOR/A:ALMEIDA BERMEO GUSTAVO EMILIANO
SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE AZUAY. Cuenca, martes 2 de febrero del 2021. a las
13h25.
JUEZ: DR. JUAN PACHECO
JUEZ: DR. FERNANDO PATRICIO MORENO MOREJON (REEMPLAZA A DR. YURI
PALOMEQUE LUNA).
ACCIONANTE: FRANKLIN CESAR CAMACHO ASSAN POR SUS PROPIOS
DERECHOS COMO SOCIO Y POR LOS QUE REPRESENTA EN LA ASOCIACIÓN
COMUNITARIA MINERA "LOS ELEGIDOS".
(SEPS) EN LAS PERSONAS DE DRA. MARGARITA HERNÁNDEZ NARANJO COMO
SUPERINTENDENTE Y CATALINA PAZOS CHIMBO COMO INTENDENTE
GENERAL TÉCNICO O QUIENES HAGAN SUS VECES.
^ VISTOS: El Tribunal se encuentra legal y debidamente conformado por el Dr. Gustavo Almeida en calidad de Juez Ponente, Dr. Juan Pacheco Barros y por el Dr. Fernando Moreno
Morejón quien subrroga al Dr. Yuri Palomeque Luna.
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: FRANKLIN CESAR CAMACHO ASSAN POR
SUS PROPIOS DERECHOS COMO SOCIO Y POR LOS QUE REPRESENTA EN LA
ASOCIACIÓN COMUNITARIA MINERA "LOS ELEGIDOS" deduce la presente acción
constitucional en contra de la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y
SOLIDARIA (SEPS) EN LAS PERSONAS DE DRA. MARGARITA HERNÁNDEZ
NARANJO COMO SUPERINTENDENTE Y CATALINA PAZOS CHIMBO COMO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO O QUIENES HAGAN SUS VECES. Se ha contado
en la causa con la Directora Regional de la Procuraduría General del Estado.
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FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN: Ante el juez constitucional de pnmer nivel, ha comparecido FRANKLIN CESAR CAMACHO ASSAN POR SUS PROPIOS DERECHOS COMO SOCIO Y POR LOS QUE REPRESENTA EN LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA MINERA "LOS ELEGIDOS" manifestando: Que en fecha 23 de septiembre del 2014 con resolución SEPS.ROEPS-2014-005990. la superintendencia de Economía Popular y Solidaria aprobó y dio vida jurídica a nuestra asociación comunitaria Los Elegidos hasta finales de octubre del 2019: que hemos realizado nuestras actividades demanera regular, incluso hemos cambiado la directiva; que mediante correo electrónico se les notifica la RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSNF-2019-0332 de fecha 22 de octubre del 2019 en la que resuelve declarar resuelta y liquidada a la Asociación Minera Los Elegidos, en su artículo tercero dispone lacancelación del registro de la Asociación Minera Los Elegidos: que con esta resolución se han vulnerado los derechos constitucionales que tienen los miembros de la Asociación Minera Los Elegidos, se ha vulnerado los derecho a la seguridad jurídica, derecho al trabajo, el derecho a la defensa por cuanto no se brindó la oportunidad de responder y defender sus intereses a laasociación, simplemente la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria notificó con la extinción de la misma. No se otorgó el tiempo para argumentar ni presentar alguna prueba: que el artículo 27 de la Ley de Minería establece las fases de la actividad minera, las mismas que son concordantes con los estatutos de la Asociación: que actualmente la asociación tiene dos contratos asociativos, uno con la Asociación de Mineros
12 de Octubre y el otro con la Compañía ORENAS S.A.: que amparamos nuestra solicitud en los artículos 21 de la Ley de Minería que indica: Art. 21.- Actividad minera nacional.- La actividad minera nacional se desarrolla por medio de empresas públicas, mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y familiares, de auto gestión o personas naturales, de conformidad con esta le: que el Estado ejecuta sus actividades mineras por intermedio de la Empresa Nacional Minera y podrá constituir compañías de economía mixta: que las actividades mineras públicas, comunitarias o de autogestión, mixtas y la privada o de personas naturales, gozan de las mismas garantías que les corresponde y merecen la protección estatal, en la forma establecida en la Constitución y en esta ley; que el artículo 133 ibídem indica: Art. 133.- Derechos y obligaciones de las cooperativas, asociaciones, condominios y microempresas.- Las cooperativas, asociaciones, condominios y microempresas dedicadas a realizar actividades mineras, gozan de los mismos derechos; tienen las mismas obligaciones que esta Ley establece para los titulares de derechos mineros y pueden asociarse y suscribir todo tipo de contratos mineros con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Indica que los derechos fundamentales que le han sido vulnerados son: El derecho al debido
proceso amparado en el artículo 76 de la Constitución, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, nunca comunicó el proceso que realizaron internamente para la extinción la asociación, el 05 de noviembre del 2019 se recibió la notificación mediante correo
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casas. Con estos antecedentes y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Declaración Universal de los derechos humanos y en los artículos 86.87 y 88 de la Constitución de la República y Arts. 6.7.9.10 numeral 3. 39 y 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, deduce la presente Acción de Protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (SEPS)
EN LAS PERSONAS DE DRA. MARGARITA HERNÁNDEZ NARANJO COMO
SUPERINTENDENTE Y CATALINA PAZOS CHIMBO COMO INTENDENTE
GENERAL TÉCNICO O QUIENES HAGAN SUS VECES; y. como PRETENSIÓN pide que
en sentencia: se declare la vulneración de derechos y se deje sin efecto la RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSNF-2019-0332 y ordenará que se le vida jurídica a la Asociación Comunitaria Minera "Los Elegidos", disponiendo al SRI. IESS. a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, al Ministerio de Inclusión social, registro de la propiedad y mercantil del cantón Camilo Ponce Enríquez. al ministerio de Energía y Recursos no renovables y ARCOM procedan nuevamente a su registro y se continúe con la
vida jurídica de la asociación: se publique en un periódico de amplia circulación provincial y nacional la sentencia en que declare vulnerado los derechos antes indicados; se ordene como medida de reparación se condene el pago de daños y perjuicios a la autoridad que emitió dicha resolución violatoria de normas constitucionales: a su vez el Estado proceda con el derecho de
repetición en contra de funcionarios que violaron los derechos constitucionales y reparen económicamente a la asociación por el daño material e inmaterial por la inactividad minera durante el tiempo de extinción de la personería jurídica hasta su reingreso.
FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN A LA ACCIÓN: En la Audiencia pública en
primera instancia, EL ACCIONANTE FRANKLIN CESAR CAMACHO ASSAN POR SUS
PROPIOS DERECHOS COMO SOCIO Y POR LOS QUE REPRESENTA EN LA
ASOCIACIÓN COMUNITARIA MINERA "LOS ELEGIDOS" reitera los fundamentos de su
pretensión. De su parte. LA PARTE ACCIONADA SUPERINTENDENCIA DE
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (SEPS) EN LAS PERSONAS DE DRA.
MARGARITA HERNÁNDEZ NARANJO COMO SUPERINTENDENTE Y CATALINA
PAZOS CHIMBO COMO INTENDENTE GENERAL TÉCNICO O QUIENES HAGAN
SUS VECES, por intermedio de sus defensores técnicos señala que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria jamás ha vulnerado derechos constitucionales, la
RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSNF-2019-0332 de fecha 22 de octubre del 2019 se encuentra debidamente Motivada, la parte accionante pretende mediante esta Acción de Protección declarar vulnerado los derechos a la seguridad jurídica, al trabajo; más sin embargo, en la RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSNF-2019-0332 de fecha 22 de octubre del 2019 se declaró la extinción de la Asociación Minera Los Elegidos, al amparo de normas constitucionales. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene atribuciones. Es así que el artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria indica que: Art. 57.-Disolución.-Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas: e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos:... 1. Violación de la Ley. su Reglamento o de los estatutos sociales, que pongan en riesgo su existencia o causen sraves
perjuicios a los intereses de sus socios o de terceros; 2. Deterioro patrimonial que ponga en riesgo la sostenibilidad de la organización o la continuidad en sus operaciones o actividades: 3. La inactividad económica o social por más de dos años: 4. La incapacidad, imposibilidad o negativa de cumplir con el objetivo para el cual fue creada: 5. Disminución del número de sus
integrantes por debajo del mínimo legal establecido: 6. Suspensión de pagos, en el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito: y. 7. Las demás que consten en la presente Ley. su Reglamento y el estatuto social de la cooperativa... El accionante ha indicado con respecto a la notificación, primero que no les fue notificada la resolución por reiteradas ocasiones, ha indicado que han venido realizando actividades mineras con normalidad, indican que no se les ha permitido presentar pmeba algún: sin embargo, existe las vías idóneas cuando los ejecutados se sienten afectados por las resoluciones y/o decisiones de la autoridad pública. Se encuentran establecidos los recursos administrativos de conformidad con la ley. debían presentar el recurso de revisión o recurso de aclaración, por cuanto la parte accionante indica que se ha \ulnerado el derecho al debido proceso. Por otro lado la parte accionante ha manifestado la violación a la seguridad jurídica, sin embargo ellos han incumplido por cuanto han realizado actividades mineras que no han sido declaradas. Dentro de las obligaciones de los asociados está la de cumplir las obligaciones estipuladas en la ley. así también ha manifestado que ha sido reelegidos por dos ocasiones, incumpliendo los estatutos propios de la Asociación. Se manifiesta sobre un permiso para comprar explosivo pero esto es un concepto diferente del permiso para realizar actividades mineras. Con respecto a la certificación minera, esta defensa considera que no existe asidero legal alguno en sus aseveraciones con respecto a este particular. Por lo tanto, al amparo del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional solicito se deje sin efecto lo solicitado por el accionante puesto que no ha demostrado que el mismo no tenía otra vía a fin de impugnar el acto recurrido. De su parte, la defensa técnica de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO manifiesta que la parte accionante ha presentado esta Acción de Protección con la finalidad de la inmediatez en cuanto a la protección de los derechos
constitucionales, pero de qué inmediatez estamos hablando cuando el acto ha sido emitido hace un año atrás. La parte accionante conoce que la vía era la judicial para impugnar el acto administrativo era la vía administrativa ante el Tribunal Contencioso Administrativo y conociendo que está fuera de tiempo ha presentado esta acción constitucional. La parte
accionante no justificó la vulneración de cuyos derechos dice han sido vulnerados, se ha indicado que se vulneró la tutela judicial efectiva ya que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no es una entidad judicial, pero las decisiones de la entidad accionada se
encuentran plenamente justificadas y apegadas a la ley. La parte accionante, ha indicado que las personas que trabajaban en la Asociación Minera se quedaron sin trabajo pero en foja 104 vuelta en el segundo párrafo se indica que están realizando actividades mineras. Es decir, no se justifica la vulneración de un derecho constitucional. Consideramos que la presente Acción es improcedente debido a que la impugnación del acto debía ser realizada ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
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primer nivel. Ab. Juan Carlos Romero Blacio. en su resolución que obra de fs. 152 a 155. declara con lugar la acción de protección planteada por FRANKLIN CESAR CAMACHO ASSAN POR SUS PROPIOS DERECHOS COMO SOCIO Y POR LOS QUE REPRESENTA EN LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA MINERA "LOS ELEGIDOS", en
contra de la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (SEPS) EN LAS PERSONAS DE DRA. MARGARITA HERNÁNDEZ NARANJO COMO
SUPERINTENDENTE Y CATALINA PAZOS CHIMBO COMO INTENDENTE
GENERAL TÉCNICO O QUIENES HAGAN SUS VECES y en virtud de ello "...1.-Declarar con lugar la demanda de acción de protección presentada por CAMACHO ASSAN FRANKLIN CESAR, con cedulaüe ciudadaníaUTO181032-7. representante legal Asociación Comunitaria Minera "Los Elegidos". 2.- Declarar la vulneración de los derechos constitucionales, a la seguridad jurídica, debido proceso en la garantía del derecho a la defensa, derecho al trabajo, por no haberse seguido con un debido proceso, ya que no se ha tutelado el derecho a la defensa al no notificar con el trámite sumario a la Asociación
Accionante. 3.- Se deja sin efecto la Resolución Nro.SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSNF-2019- 0332 emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, suscrito por la Intendente General Técnico de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Catalina Pazos Chimbo, de fecha 22 de octubre de 2019. 3.- Se dispone que se notifiquen a las entidades de control y registro para efectos de revertir la disolución y liquidación de la asociación.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS: PRIMERO: COMPETENCIA: Este Tribunal tiene competencia para conocer y resolver el recurso interpuesto por el sorteo realizado y de acuerdo a lo establecido en el Art. 86, numeral 3, inciso segundo de la Constitución, y en el Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL: El proceso es válido pues se han observado las solemnidades establecidas en el Art. 86 de la Constitución y en los Capítulos I y III del Título II de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccional y Control Constitucional, así como también se han cumplido las garantías del debido proceso consagradas en el Art. 76 de la CRE.
TERCERO: ANÁLISIS DEL TRIBUNAL: El Art. 1 de la Constitución de la República consagra que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos yjusticia, por ende, el poder tanto público como privado, está sometido a los derechos que constituyen precisamente, su límite: pues solamente así se explica el deber primordial que asume el Estado Ecuatoriano de garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, art. 3.1 de la Carta Fundamental. Por las garantías constitucionales el juez o tribunal está llamado a ejercer control de ese poder e imponer medidas reparatorias en el evento de violaciones o amenazas a los derechos constitucionalmente protegidos. Las garantías jurisdiccionales son declarativas, de conocimiento o fondo y. por lo general, reparatorias. El art. 6de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional prevé que la finalidad de estas garantías consiste en
"la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o
varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación.", pol lo que en cada caso concreto de juzgamiento se hace necesario determinar si el derecho que se dice \nlnerado es de fuente constitucional o de instrumentos internacionales de derechos
humanos, evento en el que. de así serlo, procede la acción de la garantía de protección. El Art. 88 de la Constitución de la República, a su tenor literal prescribe: "La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial: contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales: y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación". Del
contenido de la disposición constitucional anotada podemos colegir entonces, que dicha acción está concebida como la vía más idónea y eficaz para amparar a los individuos cuando sus derechos constitucionales, hayan sido violados. En efecto, en la acción de protección "el juez si compmeba la existencia de una violación, debe declararla y reparar a la persona o colectivo que la ha sufrido ... se requiere que exista vulneración de derechos reconocidos en la Constitución, no importa de qué tipo de acto provenga, de qué autoridad, ni qué condición tenga la persona víctima. Esto es. la violación de derechos humanos podría producirse por un acto administrativo, una norma, una política pública, un acto u omisión que proviene de un agente del Estado o de una persona particular" (Ramiro Avila Santamaría. Las garantías: herramientas imprescindibles para el cumplimiento de los derechos. Avances conceptuales en la Constitución de 2008. Ensayo, en Desafíos Constitucionales. La Constitución Ecuatoriana de 2008 en perspectiva. Editores: Ramiro Ávila Santamaría. Agustín Grijalva Jiménez. Rubén Martínez Dalmau. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Imprenta V&M. Quito. 2008.
pp. 96 y 97).
En el caso que nos ocupa, el accionante indica que al ser notificados con la resolución 0332- 2019 de la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, a nuestra
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simplemente la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria notificó con la extinción de la misma. No se otorgó el tiempo para argumentar ni presentar alguna prueba. El artículo
27 de la Ley de Minería establece las fases de la actividad minera, las mismas que son concordantes con los estatutos de la Asociación. Actualmente la asociación tiene dos contratos
asociativos, uno con la Asociación de Mineros 12 de Octubre y el otro con la Compañía ORENAS S.A. Amparamos nuestra solicitud en los artículos 21 de la Ley de Minería que indica: Art. 21.- Actividad minera nacional.- La actividad minera nacional se desarrolla por medio de empresas públicas, mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y familiares, de auto gestión o personas naturales, de conformidad con esta ley. El Estado ejecuta sus actividades mineras por intermedio de la Empresa Nacional Minera y podrá constituir compañías de economía mixta. Las actividades mineras públicas, comunitarias o de autogestión, mixtas y la privadao de personas naturales, gozan de las mismas garantías que les corresponde y merecen la protección estatal, en la forma establecida en la Constitución y en esta ley. El artículo 133 ibídem indica: Art. 133.- Derechos y obligaciones de las cooperativas, asociaciones, condominios y microempresas.- Las cooperativas, asociaciones, condominios y microempresas dedicadas a realizar actividades mineras, gozan de los mismos derechos; tienen las mismas obligaciones que esta Ley establece para los titulares de derechos mineros y pueden asociarse y suscribir todo tipo de contratos mineros con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Expresa que los derechos fundamentales que le han sido vulnerados son: El derecho al debido proceso amparado en el artículo 76 de la Constitución, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, nunca comunicó el proceso que realizaron internamente para la extinción la asociación, el 05 de noviembre del 2019 se recibió la notificación mediante correo electrónico de la resolución que consta a foja 9 del proceso: el derecho a la defensa, art. 76 numeral 7: se vulneró el derecho a la seguridad jurídica amparado en el artículo 82 de la Constitución por cuanto se contravino norma vigente: el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 75 de la constitución: se violentó el derecho al trabajo porque una vez notificada la resolución todas las personas que laboraban se quedaron sin trabajo y tuvieron que irse a sus casas.
En esta línea de análisis, tenemos que sobre el derecho al Debido Proceso el Art. 76 del Texto Constitucional prevé: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal. mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto uomisión que. al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza: ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un
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mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 7. El
derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, b) Contar con el
tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa, c) Ser escuchado en el
momento oportuno y en igualdad de condiciones, d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento, e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto, f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o
intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento, g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por
defensora o defensor público: no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor, h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes: presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra, i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto, j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza. juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo, k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. 1) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores
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órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento, así como para lograr la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes, observando el trámite propio de cada procedimiento, según sus características, y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico. (...) Ha señalado esta Corte que el debido proceso conlleva un mínimo de presupuestos y condiciones para tramitar adecuadamente un procedimiento y asegurar condiciones mínimas para la defensa, constituyendo además una concreta disposición desde el ingreso al proceso y durante el transcurso de toda la instancia, para concluir con una decisión adecuadamente motivada que encuentre concreción en la ejecución de lo dispuesto por los jueces. Ha definido, por tanto, a este derecho como el "conjunto de principios a observar en cualquier procedimiento, no solo como orientación sino como deber, destinado a garantizar de manera eficaz los derechos de las personas" (Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 131-13-SEP-CC. caso N°. 0125-
13-EP). En torno a la Seguridad Jurídica el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.". Norma constitucional concordante con el Art. 25 del Código Orgánico de la Función Judicial que dice: "Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas." (Las cursivas me corresponden). Los tratadistas definen a la seguridad jurídica como un principio umversalmente reconocido del Derecho, que se entiende como la certeza que tiene todo individuo de que los hechos o actos se desarrollan de una determinada manera, en virtud del mandato constitucional y de las leyes que rigen un país. Como lo señala la doctrina, la seguridad jurídica es la recta interpretación de la ley e integración del derecho: pero este derecho fundamental en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, hay que entenderlo como Roberto Dromi ha expresado en su obra sobre esta materia, en las páginas 118. 119 y 120: "...La seguridad originaria, que fue el nuevo derecho para el proceso de reformas del Estado, debe ceder a la seguridad jurídica sobreviniente o derivada que permitirá asegurar la relocalización del Estado, la redistribución de la economía, y la recreación del control (...) El nuevo derecho se orientará a profundizar el control político, cualificar el administrativo, afianzar el judicial, reconocer el social, a efectos de verificar la responsabilidad pública y proteger a los usuarios y consumidores de bienes y servicios...": y continúa señalando: "...hay algo nuevo bajo el sol. y el derecho no es un extraño. Una seguridad injusta es precisamente lo contrario del derecho, pues seguridad y justicia son dos dimensiones radicales de derecho, dos estamentos ontológicos que le trascienden, porque la justicia sólo existe en cuanto está montada sobre un orden seguro, y. la seguridad sólo es pensable en un orden justo..." (Ob. cit.. pág. 210). De tal modo que. dentro del marco del Estado Constitucional de Derechos y Justicia como es el Ecuatoriano, la seguridad jurídica debe ser entendida como una justicia concebida con exigencia de adaptación del derecho a la necesidad de la vida social. Del concepto que la Constitución prevé sobre la seguridad jurídica, se puede concluir que ésta es la tutela yconfianza de que el Estado respetará todos los derechos de sus administrados, precisamente por la existencia de
una norma pública previa que impone, manda, permite o prohibe: y a la cual, el poder público no únicamente debe adecuar su acción, sino que además, debe inexorablemente aplicarla. Pol lo dicho, constituye fundamento de la seguridadjurídica, el respeto al principio de legalidad, y al orden jerárquico de aplicación de las normas: por el primero, los actos del poder público no pueden ir más alláde lo previsto en la Ley: y. por el segundo, esa misma autoridad pública en la expedición de sus actos, está constreñida en aplicar primero la Constitución, y bajo de ella, las siguientes normas en su orden: los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas: las leyes ordinarias: las normas regionales y las ordenanzas distritales: los decretos y reglamentos: las ordenanzas: los acuerdos y las resoluciones: y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Cuando el poder público adecúa su gestión a la norma jerárquicamente superior, y produce actos en los términos franqueados en la Constitución y en la ley: se puede afirmar que la seguridad jurídica es una realidad, y no una simple utopía jurídica. Conforme lo enunciaba la Corte Constitucional en uno de sus fallos: "...la garantía constitucional dada a los ciudadanos y ciudadanas por el Estado, de que sus derechos no serán violados: si esto ocurriera, se lo protegerá. Es la convicción la seguridad que tiene el ciudadano y ciudadana de que su situación jurídica no será, de ninguna manera cambiada más que por procedimientos establecido previamente..." (Sentencia 008-09-SEP-CC. caso 0103- 09-EP). Finalmente en torno al derecho al trabajo el Art. 33 ibídem determina: "El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, mente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado". El Art. 326 numeral 2 preceptúa: "El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario". El Art. 327 dispone: "La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Se prohibe toda forma de precarización...". En este contexto nuestra Corte Constitucional reiteradamente ha manifestado que la seguridad jurídica es el elemento esencial y patrimonio del Estado que garantiza la sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y a la ley: es la garantía dada al individuo por el Estado de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que. si esto llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, brindándole protección y reparación. Así se tiene entonces que la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos establecidos previamente. La Corte Constitucional asimismo, ha sido enfática en manifestar que el derecho al trabajo adquiere una categoría especial, toda vez que tutela derechos de la parte considerada débil dentro de la relación laboral, quien al verse desprovista de los medios e instrumentos de producción puede ser objeto de vulneración de sus derechos: es en aquel sentido que se reconoce constitucionalmente el derecho a la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos de los trabajadores, los cuales asociados con el principio "in dubio pro operario" constituyen importantes conquistas sociales que han sido reconocidas de forma expresa en el texto constitucional. El Art. 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece: "Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo a condiciones
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equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo...". Dentro de los derechos del Buen Vivir, la Constitución reconoce el derecho al trabajo como un derecho y deber social que se articula como un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía: el cual debe ser garantizado en dignidad y vida decorosa y justa. Las normas constitucionales, instrumentos internacionales y la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional, claramente nos dejan entrever que los derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica y al trabajo, son un deber y obligación ineludible y fundamental del Estado, pues permite otorgar a los ciudadanos la certeza y confiabilidad en lo que prevé el ordenamiento jurídico, de modo que el individuo sepa cómo actuar frente a tal o cual situación: conferirle protección ante eventuales ataques que pueda sufrir dentro del ámbito laboral y. en definitiva que las decisiones tomadas por la autoridad pública sean fundamentadas, lo que a su vez. comporta la garantía que sustenta la seguridad jurídica del Estado, en la medida en que evita la emisión de actos administrativos o judiciales arbitrarios o injustificados.
En este contexto corresponde entonces determinar enla esfera constitucional, si en el presente caso, la entidad accionada con el acto administrativo que resuelve declarar resuelta y liquidada a la Asociación Minera "Los Elegidos" ha vulnerado los derechos constitucionales al debido proceso, a la seguridad jurídica y al trabajo que han sido denunciados por el accionante.
La parte legitimada activa dentro de su pretensión, ha señalado que "...Con fecha 05 de noviembre del 2019 por correo electrónico del representante legal se les notifica por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con la resolución SEPS-IGT-IGJ- I FMR-DNLQSFNF-2019-0332 suscrita por Catalina Pazos Chimbo. Intendente general técnico de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en la que RESUELVE DECLARAR EXTINGUIDA Y LIQUIDADA a la Asociación Comunitaria Minera Los Elegidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 literal e) numeral 4 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en concordancia con el artículo innumerado a continuación del artículo 64 de su Reglamento General, así como del artículo 5 del Procedimiento para las liquidaciones sumarias de las organizaciones sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, vulnerando con ello sus derechos constitucionales y al no tener otra vía eficaz ha acudido a la vía constitucional, en ningún momento se les indicó el proceso que se les estaban siguiendo, más bien la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria notificó al SRI. al municipio con la extinción de la asociación, vulnerando también el derecho de trabajo por cuanto las personas que trabajaban tuvieron que irse a la casa sin un sustento. Ahora bien, de la revisión de la presente acción constitucional se establece que la parte accionada, dentro de las atribuciones que le faculta la ley al respecto ha procedido con la notificación a los accionantes por medio idóneo a la accionada con la RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSNF-2019-0332 de fecha 22 de octubre del 2019 en la que se declaró la extinción de la Asociación Minera Los Elegidos, al amparo de normas constitucionales ya que la Superintendencia de Economía
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Popular y Solidaria tiene entre sus atribuciones la de poder hacerlo. Es así que el artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria indica que: Art. 57.-Disolución.-Las cooperativas podrán disoherse. por las siguientes causas: e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos:... 1. Violación de la Ley. su Reglamento o de los estatutos sociales, que pongan en riesgo su existencia o causen graves perjuicios a los intereses de sus socios o de terceros:2. Deterioro patrimonial que ponga en riesgo la
sostenibilidad de la organización o la continuidad en sus operaciones o actividades:3. La inactividad económica o social por más de dos años:4. La incapacidad, imposibilidad o negativa de cumplir con el objetivo para el cual fue creada:5. Disminución del número de sus integrantes por debajo del mínimo legal establecido:6. Suspensión de pagos, en el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito: y.7. Las demás que consten en la presente Ley. su Reglamento y el estatuto social de la cooperativa..." resolución que analizada se encuentra debidamente motivada y fundamentada conforme consta de autos, es decir, los legitimados activos de esta acción, mantuvieron en todo momento PLENO CONOCIMIENTO del acto
administrativo que se ventilaba en su contra, por parte del Órgano de Control Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Por lo analizado, se puede colegir que la parte accionante, al ser notificados en legal y debida forma con la resolución 0332-2019 pudo haber activado la vía judicial idónea en defensa de sus pretensiones y evidentemente por aquello, haber ejercido su derecho a presentar sus alegaciones, prueba y argumentos pero en sede judicial idónea. Respecto de la notificación, la Corte Constitucional ha sostenido que "...la notificación comprende el acto de informar a las partes la actuación de su órgano jurisdiccional, determinándose, en esencia, la publicidad y transparencia de los procesos, los que solo están garantizados si las partes intervinientes en estos se hallan informadas debidamente de todas las actuaciones que se realizan en un proceso, aspectos íntimamente relacionados con los derechos a la defensa y seguridad jurídica. La notificación trasciende el hecho de una simple formalidad para transformarse en un derecho de quienes intervienen en una contienda legal, solo mediante el ejercicio de este derecho a ser notificado se hacen legítimos derechos consustanciales al debido proceso dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia" (Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.C117-14-SEP-CC. caso N.°1010-11-EP). así "En suma, el pleno ejercicio del derecho a la defensa es vital durante la tramitación del procedimiento, porque de ello dependerá en última instancia el resultado del mismo. Así. el derecho de hallarse en el proceso impone al juez el deber de: notificar al acusado y al abogado defensor, con la suficiente antelación, y no excluirlo indebidamente del proceso, puesto que de otro modo no se garantiza el derecho de las personas a exponer sus posiciones, a ser oídas por los tribunales, o a presentar sus argumentos o pruebas de defensa". (Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición. Sentencia N.°024-10-SEP- CC. caso N. 0182-09-EP): por lo tanto, por cuanto los accionantes en la presente causa, han sido legal y debidamente notificados, se colige que se ha cumplido y garantizado el derecho al debido proceso específicamente en el derecho a la defensa prescrito en la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 76. numeral 7. precepto que ha sido aplicado debidamente dentro de la Resolución en mención, garantizando su derecho a la defensa y contradicción, y no como el accionante afirma.
Por lo expuesto, la parte accionante no ha demostrado la vulneración de derechos alegada, ya que no se la ha dejado en indefensión: no se ha demostrado la vulneración a la seguridad jurídica y al debido proceso: pues se ha observado y aplicado normas jurídicas existentes, previas, claras, públicas, pertinentes, adecuadas y concretas en la resolución impugnada: en la misma se realizado una explicación razonada de los motivos que tuvo el ente de control para notificar con dicha resolución al hoy accionante, enunciando las normas legales pertinentes y contrastándolas con las situaciones fácticas. cumpliendo así la entidad accionada con la garantía de motivación: asunto confirmado porlajurisprudencia constitucional ecuatoriana, al señalar que: "La motivación de las resoluciones de los poderes públicos, y más aún de los órganos jurisdiccionales, constituye una garantía esencial con el fin de evitar la arbitrariedad y lograr el cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas. La motivación no solo implica hacer referencia a los argumentos esgrimidos durante el proceso oa citar normas aplicables al caso en concreto, sino que. al contrario, la motivación es la justificación razonada de las motivaciones que la autoridad judicial emite a partir del análisis de los hechos y normas aplicables al caso, es decir, motivar es la demostración del camino intelectual seguido para tomar una decisión." (Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N° 197-15-SEP-CC. caso N.° 1788-10 EP). La falta de motivación, constituye un evidente perjuicio al derecho de defensa, pues solo a través de una explicación ordenada de las razones que llevan a la autoridad para adoptar determinada decisión, se puede ejercer una adecuada defensa de aquello que se considere vulnerado. Es así que el texto constitucional ecuatoriano plantea la prohibición de la arbitrariedad en el obrar de la administración pública, al exigir la motivación de las resoluciones que sus órganos adopten sobre determinadas situaciones que afecten a las personas, estableciendo que tal motivación implica, la certeza que tiene el administrado de conocer por qué se ha tomado una determinada decisión bajo una justificación razonada, y su proporcionalidad con el hecho que se resuelve. Para ello, la jurisprudencia constitucional', ha determinado que para que una decisión sea debidamente motivada, se requiere de la confluencia de tres requisitos: razonabilidad. lógica ycomprensibilidad: así el máximo órgano de control constitucional ha destacado: "En cuanto aesta garantía, la Corte ha sostenido que: La motivación de las resoluciones o fallos es un mecanismo de aseguramiento de la racionalidad en las decisiones de los organismos que ejercen potestades públicas: es decir, es la garantía que permite a quienes son los directamente afectados por una decisión o la sociedad en general, tener la certeza que la decisión del órgano jurisdiccional, en este caso, responde a una justificación debidamente razonada. (...). En cuanto al criterio de la lógica, este máximo órgano de interpretación constitucional reitera que esta es el resultado de la coherencia materializada en la interrelación que surge entre las premisas fácticas. las normas legales aplicadas al caso concreto y la posterior decisión. La mencionada interrelación se identifica con la línea de causalidad que mantiene una sentencia, la misma que se confiaura con la presencia de una causa (premisas fácticas) vinculada adeterminados efectos (aplicación de normas). Este ejercicio finaliza con la decisión-esta última, conecta en forma racional las premisas fácticas con la conclusión-..." (Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N°232- 14-SEP-CC. caso N.°1388-12-EP). En cuanto al requisito de compresibilidad, la Corte Constitucional ha sostenido que éste consiste en el empleo, de un lenauaje claro ypertinente
que pemiita una correcta y completa comprensión de las ideas. En el caso en estudio, la Resolución referida cumple con los requisitos jurisprudenciales para detemiinar que se ha cumplido con el precepto de la debida motivación: lo cual conlleva consecuentemente, a establecer que no ha existido vulneración al derecho constitucional al debido proceso, específicamente, en el derecho a la defensa en la garantía de motivación.
En torno a la vulneración del derecho al trabajo alegado por el accionante, se tiene que el mismo se encuentra detenninado en el Art. 33 que prevé: "El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad...", el establecido en el Art. 326 que ordena: "El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: ... 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario", entre otros. De las actuaciones procesales registradas en la presente acción, ha quedado debidamente acreditado que la parte accionada con la Resolución 0332- 2019 en la que resuelve declarar extinguida y liquidada a la Asociación comunitaria Los Elegidos, no ha vulnerado el derecho al trabajo que establecen los artículos 33. 326 numeral 2 de la Carta Magna, pues dicha violación constitucional no ha podido ser probada y acreditada debidamente por el accionante en los autos.
De todo lo expuesto, de toda la prueba y documentación obrante de la presente acción constitucional que ha sido analizada por este tribunal, no se evidencia que existan violaciones constitucionales de tipo alguno, el procedimiento adoptado por la parte accionada al momento de emitir la resolución objeto de esta causa se ha sustanciado de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable y dentro de la competencia prescrita en el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador. Se ha establecido que no se ha negado a los accionantes la posibilidad de que ejerzan su derecho a la defensa y contradicción: por lo que.se ha garantizado el debido proceso yno existe violación a la defensa. El ahora accionante no ha sustentado adecuadamente en qué manera se han violentado sus derechos fundamentales conforme refiere en su líbelo inicial. Para que proceda el amparo contra el acto que se impugna, éste debe ser indudablemente ilegítimo y violar en forma clara y concreta normas constitucionales o tratados internacionales vigentes; circunstancias que no aparecen configuradas en el presente caso: más bien se observa que sus pretensiones se refieren a cuestiones propias del control de legalidad y de ninguna manera, sobre asuntos relativos al control de constitucionalidad. La acción planteada, como proceso tutelar de derechos constitucionales, no se encuentra prevista en la Constitución como un mecanismo para reemplazar procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico.
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conlleven la violación de derechos. 4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. 5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. 6. Cuando se trate de providencias judiciales. 7. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. En estos casos, de manera sucinta la jueza o juez, mediante auto, declarará inadmisible la acción y especificará la causa por la que no procede la misma...." En el presente caso, la Acción de Protección no procede y debe desecharse, por las siguientes consideraciones: a) Porque no cumple con el objeto determinado en el Art. 39 de la ley citada, esto es. el "amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos": b) Porque no cumple con ninguno de los requisitos establecidos en el Art. 40 de la referida Ley. c) Porque incurre en los casos de improcedencia de la acción determinados en los numerales 1. 3 y 4 del Art. 42 ibídem. esto es: 1. Porque de los hechos relatados en ella, no se desprende violación alguna de derechos constitucionales: 2. Porque en definitiva, se impugna exclusivamente la no validez de la resolución dictada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria: y. 3. Porque no se ha justificado que el acto no pueda ser impugnado en la vía judicial que es el mecanismo adecuado y eficaz, específicamente, conforme lo ordena el Art. 219 del Código Orgánico Administrativo. Que por tratarse de actos administrativo que gozan de legitimidad, validez, eficacia y presunción de legalidad, puede ser impugnado en sede judicial, conforme lo dispone el Art. 173 de la Constitución de la República del Ecuador que prescribe: "Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial". De esta forma, es menester precisar que "están a disposición del ciudadano algunas vías para reclamar por las resoluciones administrativas en las que se sientan lesionados sus derechos, de las cuales podemos detectar al menos tres: la vía administrativa en sede administrativa, la vía contencioso administrativa (judicial) y la vía constitucional (...) Las irregularidades e ilegalidades en la formación de los actos administrativos por la autoridad pública no judicial deben ser ventilados dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa (recurso subjetivo o de plena jurisdicción: o. recurso objetivo o de exceso de poder), y así lo dispone el artículo 10 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.." (Viabilidad de las Garantías Jurisdiccionales. Coiporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 63). Así mismo, en base al pronunciamiento de la jurisprudencia constitucional que ha referido que "la acción de protección es la garantía idónea y eficaz que procede cuando un Juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales, con lo cual, no existe otra vía para la tutela de estos derechos que no sean las garantías jurisdiccionales. No todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tienen cabida para el debate en la esfera constitucional ya que para conflictos en materia de legalidad existen otras vías idóneas y eficaces de la jurisdicción ordinaria" (Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 016-13-SEP-CC. de 16 de mayo del 2013. dentro del caso No. 1000-12-EP). así como lo ilustrado por la doctrina, al señalar: "De modo que el máximo órgano de interpretación constitucional de nuestro país ya ha determinado claramente que cuando ocurre una vulneración de un derecho constitucional la única vía posible es la Acción de Protección. No existe, por tanto, otra vía
idónea y eficaz puesto que la Constitución de la República ha sido clara en detemiinar que esta garantía opera únicamente para el amparo de derechos reconocido en la Constitución. Por tanto si existe otra vía posible que además resulta adecuada y eficaz es probablemente porque no se trata de un derecho de índole constitucional y el ordenamiento jurídico ha establecido
para ella un procedimiento específico. Por tanto, de acuerdo con lo detemiinado por la jurisprudencia constitucional, la acción de protección no constituye una acción que se pueda escoger como vía frente a cualquiervulneración de un derecho, sino únicamente para aquellos derechos de fuente constitucional: las controversias que se suscitan en el ámbito de la legalidad no tienen cabida en esta acción" (Manual de Justicia Constitucional Ecuatoriana. Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. Cuadernos de Trabajo No. 4 de la Corte Constitucional del Ecuador. Pág. 118): se evidencia que el acto administrativo impugnado mediante esta Acción de Protección, no adolece de actos violatorios de derechos consagrados en la Constitución, en su defecto se encuentra inmersa en actos administrativos que pueden ser impugnados por la vía ADMINISTRATIVA, sin que se haya demostrado por la parte accionante, que dicha vía no sea eficaz y directa. Por estas últimas exposiciones, se irrumpe con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su Art. 40 numeral 3 (Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado) y Art. 42 numeral 4 (Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz): tal y como lo ha referido la Corte Constitucional, "No todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tienen cabida para el debate en la esfera constitucional ya que para conflictos en materia de legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción ordinaria" (Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.°016-13-SEP-CC. caso N.°1000-12-EP de 16 de mayo del 2013).
Consecuentemente este Tribunal constitucional de instancia, no comparte la decisión del juez de primer nivel y. encuentra que en el presente caso, no se han Milnerado los derechos constitucionales del accionante consagrados en los Arts. 82. 33 y 326 de la Constitución de la República, esto es. los derechos a la seguridad jurídica y al trabajo, deviniendo por consiguiente el recurso de apelación, en totalmente procedente.
RESOLUCIÓN: Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Azuay: "ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA ". aceptando el recurso de apelación interpuesto, REVOCA la sentencia impugnada, dejando a salvo los derechos del accionante para hacerlos valer ante las instancias y vías pertinentes. Copia certificada de esta resolución remítase a la Corte Constitucional. Hágase saber y devtíélvase.-
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JUEZ
DOCUMENTO FIRMADO L=CUENCA ELECTRON.CAMENTE g^^g
FUNCIÓN JUDICIAL DOCUMENTO FIRMADO
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Firmado por FERNANDO PATRICIO MORENO MOREJON C = EC L=CUENCA Cl 0102629227
FUNCIÓN JUDICIAL 141848429-DFE
SHIRLEY
KARINA
Firmado
SECRETARIA
iicio No. 01658-2020-00379
SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE AZUAY. Cuenca, martes 23 de febrero del 2021 a las 08h48.
VISTOS: Comparece FRANKLIN CESAR CAMACHO ASSAN. actor en esta causa solicitando recurso horizontal de aclaración de la resolución emitida en esta causa. En la forma prevista en el art. 255 del COGEP se cumple con el procedimiento que señala la norma en cita, disponiendo que en el término de cuarenta y ocho horas, la demandada de contestación con lo solicitado respecto del recurso de aclaración en traslado. En este caso corresponde resolver sobre la petición de aclaración a la sentencia dictada en fecha 02 de febrero del 2021. para lo cual se considera: El Art. 253 del Código Orgánico General de Proceso, dispone: "Aclaración y ampliación.- La aclaración tendrá lugar en caso de sentencia oscura. La ampliación procederá cuando no se haya resuelto alguno de los puntos controvertidos o se haya omitido decidir sobre frutos, intereses o costas": Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual señala que aclaración es: "Interpretación o detalle complementario que permite la mejor comprensión...". Del contenido de la petición de aclaración tenemos que la parte actora solicita se aclare señalando de manera expresa la sentencia, así como de la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho: al respecto. se_debe anotar que del fallo de narras, existe suficiente motivación en derecho: "pues, en los mismos se determina la pertinencia de las normas con sujecToñalTTecho yen base a la sana crítica: es decir, se encuentra debidamente motivado conforme el art. 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República: de proceder en la forma solicitada se estaría desconociendo el principio de imnutabilidad de toda sentencia lo cual es prohibida por la ley. De esta forma se atiende lo solicitado por la parte accionante: incorpórese a la sentencia con el ejecutorial correspondiente ydevuélvase al Juzgado de origen. -Notifíquese.
ALMEID
PACEP» US JUAN LUIS
DOCUMENTOF!RMADC EL5C~=ON'CAM£NT=
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SHIRLEY
KARINA
VINUEZA
ZAMBRANO
VINUEZA ZAMBRANO
Fecha: 2021.02.23
16:26:05 -05'00'
Juicio No. 01658-2020-00379
SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE AZUAY. Cuenca, jueves 25 de marzo del 2021, a las 14h20.
RAZÓN: En la causa en conocimiento de esta Sala Civil signada con el N°01658-2020- 00379, en esta fecha se libró el ejecutorial respectivo. - Las actuaciones y constancias procesales que obran del expediente, se encuentran firmadas electrónicamente por quien suscribe esta certificación, por encontrarme laborando en la modalidad de teletrabajo. Certifico. Cuenca, 25 DE MARZO DEL 2021
SHIRLFY KARINA Firmadod'9¡talmente:>r-imi_tY NAKINA porSHIRLEY KARINA VINUEZA
ZAMBRANO