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PROTESTA EN LA AMAZONIA DEL PERU ¿Problema doméstico o interés global? Análisis de NorLARNet, 15.6.2009 Jorge Balarezo* Nuevamente la selva en el Perú se ha teñido de rojo por la condenable violencia fratricida entre peruanos. Decenas de muertos y más de 150 heridos entre policias e indígenas es el lamentable saldo que deja este enfrentamiento entre las comunidades indigenas y las fuerzas del orden en la zona de Bagua, departamento de Amazonas. Estos hechos ocurrieron el pasado viernes 5 de junio durante el desalojo de varios tramos de la carretera Fernando Belaunde que permanecían bloqueados por unos 3.000 nativos, lo que desató un feroz enfrentamiento entre policías y manifestantes. Ante estos hechos, el gobierno ha decretado, como principales medidas, el estado de emergencia y establecido el toque de queda. La zona se encuentra ahora en tensa calma luego de la violencia desatada. Sin embargo, ello no significa que no puedan suscitarse nuevos enfrentamientos y mucho menos que los problemas que ocasionaron estos actos de violencia hayan sido resueltos. El bloqueo de carreteras que se extendió por semanas mantuvo a las poblaciones aledañas desabastecidas. El gobierno ha dicho que no cederá ante el chantaje y ha denunciado una conspiración contra el país proveniente de países vecinos.1 Por otro lado, el líder indígena Alberto Pizango que encabezó la violenta protesta fue buscado por las autoridades quienes dijeron que podría ser condenado con una pena de entre 25 a 35 años por autoría intelectual de delitos graves como rebelión, sedición, ataque a las fuerzas armadas, posesión de armas de fuego, homicidio calificado y ataque a la propiedad pública y privada.2 Días después se supo que el líder indígena se refugió en la embajada de Nicaragua y posteriormente fue asilado por el Gobierno de dicho país.3

1 http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/tension-no-cede/20090608/297592

2 http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/pizango-le-esperarian-hasta-35-anos-carcel-autoria/20090608/297596

3 http://www.elcomercio.com.pe/noticia/298253/nicaragua-oficializa-dar-asilo-politico-pizango-su-esposa-afirma-que-

no-lo-acompanara

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Pero... ¿Qué es lo que sucede realmente en la selva del Perú?, ¿Qué es lo que ha ocasionado este enfrentamiento? ¿Se trata de un conflicto reciente o solo es la punta del iceberg? Desde nuestra perspectiva, se trata de una diversidad de aspectos que contribuyen a la complejidad del problema y a su difícil solución. Por tanto, debemos tratar de analizar con detalle cada uno de los aspectos del conflicto, que atienden tanto a materias domésticas como intereses globales. Trataremos de presentar estos elementos en perspectiva en el presente artículo. Beneficios tributarios para la selva A finales de los noventas con las reformas que el ex Presidente Alberto Fujimori implantó dentro de su régimen, se establecieron una serie de beneficios tributarios en la Amazonía del Perú mediante la Ley No. 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Este sistema buscaba beneficiar o impulsar el desarrollo social y económico de dicha zona del país. Básicamente se reducía la carga y presión tributaria a la actividad económica a través de exoneraciones tributarias para alentar la inversión y consecuentemente elevar el nivel de vida de la población. Específicamente, este sistema debía alentar el ciclo económico en la zona con menores precios en beneficio de la población y mayor inversión pública y privada. Sin embargo y luego de algunos años, la realidad y varios estudios han demostrado que este sistema no dio los resultados esperados y por el contrario agudizaron la pobreza y la falta de desarrollo en la zona.4 Deuda social en la Amazonía peruana e intereses vinculados Actualmente la Amazonía del Perú, que constituye aproximadamente la mitad del territorio peruano, esta sumergida en una pobreza lamentable y continúa así desde tiempos inmemorables. Existe una inmensa deuda social en la zona y urge enfrentar el reto de desarrollar la Amazonía peruana y permitir un mejor nivel de vida y bienestar a su población, la mayoría indígenas que viven dentro de sus comunidades y con elementos culturales propios muy ligados a su hábitat: la selva. Entonces surgen las siguientes preguntas: ¿Cómo desarrollar la selva en el Perú? ¿Cómo explotar la riqueza que existe en dicha zona y cómo beneficiar a su población? ¿A quién debe beneficiar la actividad económica en la zona? ¿A todo el país? ¿Sólo a la región? ¿Sólo a las comunidades indígenas?¿No se deben explotar los recursos en la selva? ¿Quién y cómo se debe proteger la selva ante la depredación, la contaminación y la sobre explotación? ¿Quién mide y regula el impacto ambiental y social de esta explotación? En todo caso, ¿Quién lo debe medir y quién debe regular y a qué escala? ¿A escala regional, a escala nacional o a escala mundial? En todo caso, la selva esta siendo explotada en este momento y seguirá así por mucho tiempo si no existe un consenso global y efectivo sobre el tratamiento de la Amazonía. Al respecto existen posiciones completamente opuestas y radicales. Tenemos la opinión de algunos dirigentes indígenas, organizaciones y ambientalistas radicales que establecen la

4 http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/eco/efectos-de-ley-tributacion-y-contrabando.htm

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intangibilidad de los territorios indígenas y la imposibilidad absoluta de explotar sus recursos, a pesar que con ello se niega la posibilidad de favorecer no solo al desarrollo de las comunidades indígenas sino el desarrollo de todo el país. Por otro lado, tenemos la opinión de organizaciones y ambientalistas que optan más bien por una intangibilidad relativa de la selva amazónica que creen posible la explotación de los recursos en el amazonas fuera de las zonas intangibles protegidas pero con la debida protección ambiental y medidas que permitan el desarrollo social y económico sostenible sin depredación. Por supuesto, también existen agentes económicos locales y globales interesados en la explotación de los recursos de la Amazonía pero que no desean internalizar los costos ambientales y sociales de su actividad extractiva o productiva. A nivel internacional existe mucha preocupación por parte de gobiernos, organizaciones y referentes de opinión por el destino de la Amazonía. Algunos gobiernos, como el gobierno de Noruega, han hecho donaciones para la protección de la Amazonía y otros bosques. Asimismo, se han creado fundaciones y organizaciones para proteger los derechos de los indígenas y la conservación de los bosques húmedos. Entre estos tenemos: Rainforest Foundation Noruega (Regnskogsfondet), Rainforest Foundation UK y Rainforest Foundation US. Sin embargo, en el mismo plano internacional existe una ambivalencia preocupante pues el sector empresarial y financiero de estos países muy interesados en explotar la Amazonía movilizan gran cantidad de recursos para obtener de los gobiernos los permisos y concesiones mineras o petroleras en la zona, y muchas veces las presiones o intereses no van de la mano con la legalidad y el derecho. Un claro ejemplo de ello, fue el escándalo de corrupción que se suscitó en el Perú hace unos meses atrás con motivo de una concesión petrolera de lotes ubicados en el zócalo continental y en Madre de Dios a la empresa noruega Discover Petroleum.5 En este caso, la empresa noruega Discover Petroleum fue favorecida en la entrega de lotes petroleros a cambio de favores económicos a sectores muy cercanos al gobierno. Este escándalo de corrupción no solo desencadenó la renuncia del Ministro de Energía y Minas, sino que fue causante de la renuncia del Gabinete de Ministros en pleno y causó una crisis política muy seria. El caso se encuentra aun en proceso ante la justicia peruana pero los implicados ya han reconocido que recibieron ingentes cantidades de dinero de Discover Petroleum.6

5 http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-10-07/romulo-leon-recibia-dinero-su-cuenta-dependiendo-

quien-habia-que-aceitar.html

http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-10-06/el-escandalo-contrato-petrolero-minuto-minuto.html

6http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-10-20/romulo-leon-alegria-no-ha-fugado-pais-y-

presentara-cuando-haya-garantias-aseguro-su-hijo.html

http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/html/2008-10-07/del-castillo-reconocio-citas-romulo-leon-y-dominicano-

canaan.html

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Por cierto, cabe mencionar que Madre de Dios es el departamento en el Perú que cuenta con la mayor biodiversidad en el mundo. Que cuenta con parques nacionales y reservas únicas en el planeta.7 Existen ahí comunidades únicas en el mundo con lenguas únicas en el mundo y con conocimientos exquisitos sobre la Amazonía que no han sido reconocidos ni puestos en valor hasta el momento. En este caso, el departamento de Madre Dios en la Amazonía peruana fue el centro de la ambivalencia que mencionamos, pero esta ambivalencia se manifiesta no solo en Madre de Dios sino en muchas partes de la Amazonía y más aun en muchas partes del mundo. Retiro de los Beneficios para la Selva y Tribunal Constitucional En todo caso y ante el fracaso del sistema de exoneraciones para la selva, el gobierno de turno optó por cambiar en el 2007 el sistema de exoneraciones que no había dado resultados positivos y estandarizar la carga tributaria en todo el país retirando de manera progresiva las exoneraciones a la selva mediante los Decretos Legislativos No. 977 y 978. Es importante destacar que estas normas fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo en mérito de una delegación de facultades del Congreso de la República. El objetivo principal de estas normas es el promover la inversión y el desarrollo de la región de la selva incrementando la infraestructura y el gasto social en dicha zona a través de la transferencia directa a los gobiernos locales y regionales de la Amazonía de los recursos que se generen como consecuencia de la eliminación o racionalización de las exoneraciones y beneficios tributarios en dicha zona. Cabe mencionar que estas normas establecen el recorte y racionalización de los beneficios tributarios concedidos a la Amazonía mediante un sistema de aplicación progresiva entre el 2009 y 2012, de tal forma que el recorte de los beneficios no sería ser aplicado al 100% de inmediato. En teoría, esta decisión del gobierno resultaba no solo lógica ante el fracaso del sistema anterior, sino beneficiosa por la gran cantidad de recursos que serían transferidos a los gobiernos regionales y locales de la Selva. De otro lado, esta decisión fue resultado de amplias discusiones en el ámbito político y técnico capitalino. Sin embargo, no fue producto de un dialogo o consenso con las poblaciones involucradas.

De tal forma que estas normas en vez de causar un efecto positivo, provocaron la reacción de amplios sectores de la región Ucayali, pues consideraban que les recortaba los beneficios y reintegros tributarios que les fueron otorgados hasta el año 2055 en la Ley No. 27037, Ley de Promoción de Inversión de la Amazonía.

En esa oportunidad miles de pobladores salieron a las calles a protestar y mantuvieron una huelga con bloqueo de la carretera Federico Basadre por 10 días.

El Ejecutivo envió a miembros del gabinete ministerial a dialogar con las autoridades y dirigentes de los diversos sectores de la región de Ucayali, que se oponían a la eliminación de los incentivos tributarios.

7 Parque Nacional Buhuaja Sonene y Parque Nacional del Manu.

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En ese marco, el colegio de economistas de Ucayali, encabezado por su presidenta, Lisette Rengifo Rojas interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, máximo organismo constitucional en el Perú.

Después de dos años y cuando se aprobaron otras normas complementarias, el 3 de abril el Tribunal Constitucional emitió su fallo declarando inconstitucionales los decretos legislativos N.° 977 y 978, así como la Ley Nro. 28937 que delegó las facultades al ejecutivo para legislar en la materia.

En los considerandos de la sentencia del pleno jurisdiccional se señala que el Congreso al momento de emitir la delegación de funciones al Poder Ejecutivo no cumplió con lo establecido en la Constitución Política.

Sin embargo, el Tribunal no restituyó la vigencia de la Ley Nro. 27037, Ley de Promoción de Inversión de la Amazonía, sino que la dejó en suspenso hasta que el Congreso de la República legisle sobre la materia, respetando la interpretación del Tribunal Constitucional.

Este fallo fue duramente criticado por varios sectores, pues, el tribunal declara la inconstitucionalidad de las normas en cuestión, pero a pesar de ello, no solo las deja en vigencia, sino que sujeta dicha vigencia hasta que el Congreso produzca otra norma en la materia.8

En resumen, las normas que recortan los beneficios en la selva seguirán vigentes hasta que se promulgue otra norma del Congreso.

8 Pedraza, Marilu. En: Semana Económica, Taxeando. Hace unos días el (TC) nos deleitó con una sentencia que

constituye una creación jurídico-literaria que aún no logro clasificar si como perteneciente a las novelas de ciencia

ficción o a las de terror. El epílogo de la misma declaraba inconstitucional – entre otros- al Decreto Legislativo 978

(DL). Sin embargo – aquí viene la parte buena – declaró también que estas normas (declaradas previamente como

inconstitucionales) seguirían vigentes en tanto el Poder Legislativo no se pronuncie sobre este tema. Esto es, la

sentencia existe… pero está de vacaciones (“vacatio sententiae”). Si a alguno no le queda claro, esto significa que las normas declaradas inconstitucionales pueden estar vigentes para siempre, si el Congreso no hace nada sobre el tema.

La madre del cordero es que el DL dejó sin efecto varios beneficios tributarios concedidos a los contribuyentes de las

regiones de selva y/o Amazonía. A cambio de ello, dicho DL traslada a sus gobiernos locales o regionales, recursos

adicionales calculados en función al potencial mayor ingreso fiscal del Tesoro Público. La lógica de este DL es darles

directamente a las autoridades de las zonas de selva y Amazonía el ahorro fiscal que antes se otorgaba a los

contribuyentes. De este modo, se espera que las autoridades realicen las obras públicas que permitan el desarrollo de la

región, ya que las expectativas de crecimiento económico que sustentaron los beneficios otorgados en el pasado, no se

hicieron realidad pese a los mas de 50 años de vigencia de muchos de éstos.

La razón de la declaración de inconstitucionalidad es un tema de forma: el TC interpreta que las normas que establecen

beneficios tributarios a favor de una región deben ser aprobados por una ley del Congreso de la República con el voto

favorable de dos tercios de los Congresistas, y no mediante facultades delegadas. Los Decretos Legislativos son normas

con rango de ley dadas por el Poder Ejecutivo en base a facultades delegadas por el Congreso.

Normalmente, cuando una norma es declarada inconstitucional, deja de tener efecto inmediatamente. El TC puede, sin

embargo, alterar la vigencia de su decisión. Claro, nunca nos imaginamos que la declaración de inconstitucionalidad

pudiera suspenderse sin plazo y sin consecuencias prácticas. Al margen de estar de acuerdo o no con las bondades

del DL (yo si lo estoy), es preocupante que el TC tenga la certeza que le lleve a declarar la inconstitucionalidad de

normas y a su vez sujete la vigencia de éstas a un acto posterior del Congreso.

http://www.semanaeconomica.com/blogs/3741-la-ley-de-la-selva-y-las-vacaciones-de-la-sentencia-del-tribunal-

constitucional

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Frente a este fallo y como era de esperarse, la poblaciones en la Amazonía empezaron a preparar nuevas protestas y el 9 de abril pasado, empezaron un nuevo paro, y al día siguiente, tomaron la Base Dorissa del Lote Petrolero 1AB a cargo de la empresa argentina Pluspetrol, quien ordenó el retiro de los trabajadores de dicha estación para salvaguardar su integridad.9 Esta protesta fue en escala hasta los hechos violentos antes mencionados del pasado viernes 5 de junio y continúa sin solución.

Contexto económico peruano y el Decreto Legislativo No. 1090 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre Desde hace unos años el Perú ha tenido un crecimiento económico vertiginoso que algunos empiezan a compararlo con el crecimiento de los llamados tigres asiáticos. En este contexto de crisis económica internacional la economía peruana ha sido comparativamente muy levemente afectada por la fortaleza de sus bases. El proceso de reforma económica aplicado en las últimas dos décadas, durante los cuatro últimos gobiernos de distintos partidos y que en su conjunto representan hoy a la mayoría de la población, han determinado un giro dramático en el destino económico del país. El Perú de hoy se ha convertido en un país acreedor en el mundo financiero y en medio de la crisis internacional la economía peruana no ha entrado en recesión, no tiene crisis cambiarias ni financieras, no han habido quiebras en cadena de empresas, ni aumento apreciable en el desempleo. El desempeño económico del país ha logrado, por ejemplo, que solo en el 2008, otros 765,000 peruanos más consigan sobrepasar la línea de pobreza. Y esto sucede principalmente porque existe ya desde hace un buen tiempo un consenso político entre las cuatro fuerzas políticas más fuertes del país que apoyan el sistema económico y sus bases. 10 Sin embargo, el país ha soportado por muchos años niveles tan altos de pobreza que todo el crecimiento económico actual no es aún suficiente para atender las demandas de las poblaciones más alejadas del país como sucede con las poblaciones de la Amazonía y sus comunidades indígenas. El déficit de infraestructura en el país aún es muy alto y dificulta el acceso a estas poblaciones o la salida de sus productos. Por ello, dentro del sistema de promoción de las exportaciones, la inversión en infraestructura, la apertura comercial y la negociación de Tratados de Libre Comercio (TLC) son necesarias para la expansión y crecimiento de la economía del país. En ese sentido, luego que el gobierno de Alberto Fujimori dejara las bases financieras necesarias, el gobierno de Alejandro Toledo inició la apertura comercial promoviendo de manera decidida las exportaciones, la inversión en infraestructura y la negociación del TLC con los EEUU. En este Gobierno se iniciaron la construcción de las carreteras interoceánicas que cruzan la selva del Perú desde Brasil hacia el Pacífico. Sin embargo, es cuestionable la depredación que generan hoy en día y que podrían generar estas carreteras en el futuro si no se cuenta con un efectivo control sobre ellas.11

9 http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/nativos-toman-instalaciones-pluspetrol/20090411/271776

10

http://semanaeconomica.com/users/45383-ricardo-v-lago/blogs

11

http://semanaeconomica.com/articulos/40795-jungla-de-carreteras-recorriendo-la-carretera-interoceanica

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El Gobierno de García, por su parte, culminó la negociación del TLC con los EEUU y su responsabilidad es implementarlo para su aplicación. Asimismo, inició la negociación de otros TLC con muchos otros países, entre ellos el TLC con China ya suscrito y el TLC con la Unión Europea aún en negociación. También cabe mencionar el TLC con Chile, siendo este el primer TLC firmado entre países sudamericanos.12 En este contexto, el Gobierno de García debía promulgar normas de implementación del TLC firmado con USA y bajo facultades delegadas por el Congreso. Esta implementación además, debía adecuar la normativa interna de conformidad con los estándares de protección establecidos para los trabajadores en los convenios firmados por el Perú con la Organización

Internacional del Trabajo OIT. 13 Especificamente, con el Convenio 169 ratificado por el Perú en el año 1994, que de acuerdo a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú forma parte de la legislacion interna y debe además debe ser aplicado de conformidad con la Declaracion Universal de Derechos Humanos y el Articulo 1 numeral 19 de la Constitucion que reconoce la pluralidad étnica en el país.14 Para ello el Congreso otorgó al ejecutivo facultades delegadas para legislar en esta materia por medio de la Ley No. 29157. Así, el Gobierno promulgó en junio del 2008 el Decreto Legislativo No. 1090 Ley Forestal y de Fauna Silvestre y el Decreto Legislativo No. 1064, que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario. Estas normas básicamente introducían factores de eficiencia en el uso de las tierras que no fueron bien acogidos por las comunidades indígenas. Además estas normas introducían la regulación para la explotación de la selva en el marco del TLC con USA a través de concesiones forestales madereras y concesiones forestales no madereras, regulación sobre el uso de la tierra y asigna responsabilidades para la protección y asignación de uso de la tierra o el cambio de uso de la misma. Todos estos aspectos que no habían sido bien regulados anteriormente y en muchos casos habían permanecido sin regulación, ahora se encontraban regulados. El estado quiso tomar acción, regular y dinamizar la actividad económica en la selva donde antes era tierra de nadie (en todo caso del estado) o era tierra de las comunidades indígenas o eran tierras donde las comunidades indígenas manifestaban tener derechos. En todo caso, estas líneas son muy difíciles de definir por muchos factores que no corresponden al presente artículo pero creemos que esta incertidumbre jurídica es uno de los aspectos que alimentó el conflicto y que permanece sin solución. Las comunidades indígenas no pueden sentir la seguridad que sus derechos serán respetados luego de la entrada en vigencia de estas normas. Esto es absolutamente comprensible luego de tantos años de olvido de las comunidades indígenas por el gobierno central, ante la ausencia del estado en muchas partes de

12

Es importante diferenciar que los Tratados de Libre Comercio - TLC, a diferencia de los acuerdos comerciales

tradicionales que se han dado en sudamerica, por ejemplo, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, tienen

por vocación la apertura total de los mercados de los paises partes en el TLC, mientras que en el caso de los otros

acuerdos este fin no se da necesariamente. 13

http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/html/2009-01-15/democratas-piden-aplazar-vigencia-tlc-peru.html

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Constitución Política del Perú, Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 19. A su identidad étnica y cultural. El

Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.

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la Amazonía y ante una promulgación casi impositiva de estas normas, que (sin entrar a la discusión de sus bondades o no) simplemente no pasaron por un proceso sano de consenso o consulta popular. Las comunidades indígenas no pueden sentirse a salvo frente a un estado que no los escucha y no se sienta a dialogar o recoger sus expectativas. Posteriormente, en enero del 2009 el Congreso introduce una modificación al Decreto Legislativo No. 1090 a través de la Ley No. 29317 con la que se agudiza más el problema, pues en una de sus modificaciones se introduce la prohibición para el otorgamiento de títulos de propiedad o certificados de posesión a los ocupantes de las tierras con capacidad de uso mayor para producción forestal o de protección con o sin cobertura boscosa.15 Esta modificación a nuestro parecer se promulga con la intención de despejar la incertidumbre sobre la propiedad o posesión de las tierras antes mencionada, pero queda claro que esta certeza legal no favorece a las comunidades indígenas. Si bien es cierto la norma establece un criterio de eficiencia para el uso de las tierras en función a la capacidad de uso mayor para la producción, no toma en cuenta los casos en los que pobladores o indígenas que trabajan la tierra y que no han recibido reconocimiento de posesión y mucho menos de propiedad deben abandonar esas tierras porque el estado establece que esos predios tienen capacidad de uso mayor para la producción y por lo tanto, deben ser entregados en concesión o por lo menos son susceptibles de ello. Creemos que existe algo de injusticia en todo esto, pues, parece que la balanza se inclina hacia un solo lado, el del estado y los intereses económicos vinculados para viabilizar la explotación de la selva bajo concesiones. Sin embargo, no podemos pecar de ingenuos, existen muchas personas y compañías que actualmente explotan la selva sin permisos, ni pago de derechos y son muchos los camiones que salen de la selva diariamente cargados de madera que se extrae de terrenos en los que no existen derechos claros que puedan ser regulados y fiscalizados. Entonces, el asignar derechos claros y despejar la incertidumbre jurídica de los suelos también tiene relevancia práctica en la protección de la selva, pues, la depredación de la selva o traspasar la regulación que la protege tiene que corresponder a alguien ya sea por comisión o por omisión, ya sea porque depreda o porque permite depredar. En otras palabras las responsabilidades pueden ser asignadas eficientemente. Todo ello no implica que el estado pretenda que a través de una generalización normativa se solucione un problema mucho más complejo y mucho menos que incline la balanza de derechos en perjuicio de los indígenas y peor aún, que haga todo esto sin consenso o consulta previa. Todos estos elementos no han hecho más que causar zozobra en las poblaciones indígenas y alimentar el conflicto. Muchas manifestaciones en contra de estas normas se suscitaron y las protestas y reclamos llegaron al Congreso de la República en donde la Comisión de Constitución, luego de varias discusiones, acordó derogar el DL 1090.16 Pero para obtener la derogación

15

Ley No. 29317, Artículo 1º. Modificación del Artículo 6 del DL 1090. Tercer párrafo.

16

http://www.elcomercio.com.pe/noticia/288761/se-derogo-uno-decretos-legislativos-que-motivo-paro-nativo

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efectiva se debía llevar la votación al Pleno del Congreso para que esta tome la decisión sobre la derogación o no de la norma. Así, la votación del Pleno del Congreso se programó para el pasado 5 de Junio. El Gobierno instaló una mesa de dialogo con los indígenas, pero los ánimos se habían encendido tanto que no era posible el dialogo entre las autoridades y las comunidades indígenas que se afirmaron en la derogatoria del DL 1090. Por su parte, el Partido Nacionalista con su líder Ollanta Humala apoyaron e incentivaron la radicalización de la protesta por la derogatoria de la norma o la salida violenta. Sin embargo, el mismo día 5 de Junio pasado, día en el que se había programado la sesión del Pleno en el Congreso para definir la derogatoria o no del DL 1090 la gran mayoría de congresistas de la bancada del Partido Nacionalista no se presentó a la votación o llegaron tarde.17 El partido oficialista, por su parte, presentó una Cuestión Previa a la votación que consistía en definir si se esperaban o no los resultados de la mesa de dialogo antes de votar por la derogatoria. Así, ante la ausencia del Humalismo que había apoyado por la derogatoria, el partido de gobierno ganó la votación de la cuestión previa y luego de esa decisión la violencia simplemente estallo en la selva.18 Nadie puede afirmarlo pero parece que la ausencia de la bancada del Partido Nacionalista a la votación por la derogatoria definió la prórroga de la decisión y el consecuente estallido de violencia. Luego de casi una semana de los lamentables hechos de violencia en la Selva, el Congreso de la República se reunió nuevamente para desidir sobre la suspención indefinida del DL 1090 o su derogación definitiva. El congreso decidió finalmente suspender la norma de manera indefinida, con el propósito de facilitar el dialogo con las comunidades indigenas y pasar a una tregua que permita una salida a este entrampamiento. Sin embargo, la suspención de la norma no soluciona el problema de fondo y los indigenas no aceptarán facilmente que la norma no sea derogada, más aún si el Nacionalismo de Humala sigue incentivando el radicalismo en la selva. De otro lado, el gobierno debe aprovechar la oportunidad del dialogo pero con una estrategia mucho más inteligente y humilde que la que ha empleado hasta ahora. La prepotencia del gobierno es una de las causas del conflicto y si pretende darle una salida pacífica debe dejar de lado la soberbia y sentarse a dialogar de manera abierta y receptiva no solo para solucionar el

actual conflicto sino para darle una solucion integral a las demandas indigenas.19

Consideraciones Finales Es necesario profundizar en las razones del conflicto actual en la Amazonía peruana, pues, corremos el riesgo de complicarlo antes de calmarlo. La protesta y la reivindicación de derechos

17

http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/embrujada-votacion-humalista/20090606/296852

18

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090605/2/15/todos/15

19

http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/algo-mas-que-raiz-cuadrada/20090611/299056

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no pueden justificar la violencia y la pérdida de vidas humanas. Tampoco puede justificar la prepotencia y necedad de un gobierno que intenta aplicar normas sin antes consensuarlas o discutirlas con la población de incidencia. No solo la sociedad peruana esta llamada a prestar atención a lo sucedido en la selva del Perú. La comunidad internacional en su conjunto debe hacerlo. Ya en anterior oportunidad, con motivo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 20 que se organizó luego de la violencia terrorista que sufrió el Perú entre los años ochentas y noventas, se determinó que el peor enemigo que tuvo el Perú en esos años fue la indiferencia de su sociedad frente a un problema social y de miseria muy serio. De la misma forma, en este momento, no cabe la indiferencia y debemos profundizar aún más en las causas de este conflicto y también hacer el análisis de perspectiva que nos permita observar que en la selva peruana no solo existen los intereses de las comunidades indígenas, queda claro que existen intereses políticos y económicos en la Amazonía que superan las fronteras del Perú. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de los derechos de los indígenas y sus comunidades estamos hablando de sus derechos humanos, de sus derechos civiles y políticos, de sus derechos económicos, sociales y culturales, de sus derechos a ser informados y a ser consultados cuando se pretende regular sus destinos económicos. Los indígenas de la Amazonía del Perú tienen el derecho a decidir sus destinos económicos y estos deben ser respetados. El gobierno del Perú no puede actuar de manera prepotente ni autoritaria, pues, como ya hemos mencionado, independientemente que las normas sean beneficiosas o no para las poblaciones de incidencia, se debe respetar su derecho a la consulta previa. En este caso, el gobierno no publicitó suficientemente, no discutió, ni dialogó con las poblaciones. Era lógico esperar que la desconfianza de las poblaciones se desate en protestas que a su vez no fueron escuchadas. Una vez más, las demandas de una población que ha estado por mucho tiempo olvidada y que viven en los niveles más bajos de pobreza en el mundo, no fueron escuchadas. Esto constituye sin dudas un caldo de cultivo para propuestas radicales o radicalistas de algunos sectores de la política peruana e internacional. Sin dudas, esta situación constituye un terreno fértil para propuestas nacionalistas como las de Ollanta Humala y el Partido Nacionalista, alineado sin duda con los países del ALBA. La Alternativa Bolivariana para las Américas liderada por el Presidente de Venezuela Hugo Chávez con intenciones claras de expandir sus políticas en todo Latinoamérica no solo ve, en toda esta situación de crisis política y social en la Amazonía peruana, una posibilidad clara de introducir sus lineamientos políticos dentro del Perú, sino que va afianzando su posición geopolítica y económica respecto a la alternativa de desarrollo que ha propuesto el Perú desde hace algunos años, y que por cierto, guarda grandes distancias con las políticas Chavistas. Asimismo, no debemos olvidar que la explotación de la selva del Perú y sus recursos constituyen una competencia clara para los países del ALBA en Sudamérica. Por ello, los problemas en torno a la Amazonía del Perú no solo corresponde a situaciones internas del país, hay muchas fuerzas políticas, económicas y sociales que influyen en el manejo,

20

http://www.cverdad.org.pe/

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protección y desarrollo de la Selva y por tanto, hacen más complejo el futuro de la selva en el Perú. En consecuencia, creemos que la Amazonía en su conjunto y no solo la que se encuentra dentro del territorio peruano, debe tener una protección especial de carácter internacional. La protección de la Amazonía y el desarrollo de sus comunidades constituyen problemas globales que deben ser democratizados a nivel internacional, no solo por la incidencia ambiental de la Amazonía en nuestro planeta, sino por la presión que esta soporta de intereses políticos y económicos en todo el globo. La selva, la explotación de sus recursos, su protección ambiental y el desarrollo de las comunidades no constituyen un bien exclusivo del país territorialmente involucrado, constituyen un bien (en el sentido jurídico del término) que corresponde a la humanidad en su conjunto y en ese sentido, debe ser protegido como un bien jurídico por el derecho, pero no por cualquier clase de derecho, sino por el derecho internacional y además con jurisdicción internacional, tal como sucede con los delitos de lesa humanidad (donde el bien jurídico es el ser humano y en él la humanidad en su conjunto) y la corte penal internacional (que tiene jurisdicción para sancionar estos delitos en todo el globo). En ese sentido, la Amazonía constituye un bien jurídico de carácter internacional, pues, no solo involucra el territorio de 5 países sino que constituye un recurso vital para la existencia misma del ser humano, por tanto, involucra a la humanidad en su conjunto y a sus organizaciones políticas, económicas y sociales. Sin duda, se trata de un bien que merece, por su importancia, protección jurídica a nivel internacional. Las distintas políticas de protección y regulación de la Amazonía en cada país, sumados a los intereses económicos y políticos antes mencionados y sus divergencias pueden causar daños irreparables en la Amazonía con costos incalculables para la humanidad. Se trata entonces de un bien jurídico que implica una especial regulación, un bien jurídico que implica la atención internacional e involucra al globo entero. Contar con protección internacional para la Amazonía ayudaría a que las naciones en todo el globo o por lo menos las más poderosas internalicen los costos sociales y ambientales de proteger esta área que beneficia a todo el globo. Por otro lado, con este tipo de regulación, los agentes económicos internacionales y las empresas multinacionales que para reducir costos, instalan su producción en países con estándares bajos de protección laboral, social y ambiental tendrían que respetar los estándares internacionales de protección social y ambiental para el desarrollo de actividades económicas en la Amazonía. Por supuesto, esto implica un reto complicado de superar, pues, supone por un lado cierta cesión de soberanía de las naciones con territorio amazónico y por otro lado, la asunción de los costos sociales y ambientales de protección de la Amazonía por parte de las naciones territorialmente no involucradas, especialmente de las naciones más poderosas del globo cuyos intereses económicos han puesto su atención en los recursos amazónicos. Lograr un balance democrático y de consenso internacional en la protección del Amazonas es absolutamente necesario no solo para asegurar el desarrollo de la población y las comunidades indígenas en el Amazonas y por lo tanto, el desarrollo de los países territorialmente

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involucrados, lograr dicho balance implica también el aseguramiento y protección de un bien que beneficia al globo en su conjunto. La Amazonía no solo es importante porque representa el pulmón del planeta sino también porque sus recursos debidamente explotados pueden aliviar al mundo de las crisis energéticas, alimentarias o de salud que padece el globo hoy en día. Efectivamente, la majestuosa biodiversidad de la Amazonía aún en investigación puede brindar soluciones para la salud mundial como ninguna otra parte del planeta podría brindarla y por ello constituye para la humanidad un imperativo moral protegerla. * Jorge Balarezo es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente reside en Noruega. Agradezco a mi esposa por inspirarme el amor por los demás y por nuestro mundo.


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