Pobreza, desigualdady desarrollo en el Perú

Informe anual 2008 / 2009

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Pobreza, desigualdad

y desarrollo en el Perú

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Novib

Gran BretañaAmerica

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Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Informe anual 2008 - 2009

© Oxfam Internacional

© Oxfam América

Av. Benavides 1130 - Miraflores, Lima 18 – Perú

Teléfono: (511) 700 9200

www.oxfam.org/es

Primera edición: junio del 2009

2000 ejemplares

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú: N° 2009 - 07501

ISBN 978-9972-9666-2-0

Comité consultivo: Frank Boeren, Martín Beaumont, Luis Vargas, SusanneEngelhardt, Fernando Romero, Rocío Vargas, Eliana Ames, Javier Aroca, IgidioNaveda, Elizabeth Cano, Josefa Rojas, Giovanna Vásquez e Yván Vásquez.

Edición y coordinación general: Milagros Salazar Herrera

Redacción:

Equipo de comunicaciones de Oxfam Internacional - Perú

Celia Aldana, Elva Abad, Danny Gibbons, Alexis Huaccho y Milagros Salazar

Edición fotográfica: Alexis Huaccho

Foto de carátula: Flor Ruiz / Oxfam

Fotografía interiores: Yanina Patricio, Percy Ramírez, Iniciativa Social Blanco y

Negro, Oxfam

Corrección: Ricardo Virhuez, Luis Felipe Gamarra

Concepto visual, diseño y diagramación: Jesús Ruiz Durand

Impresión: Tarea - Asociación Gráfica Educativa.

Pasaje María Auxiliadora 164, Breña. Lima 05 Perú.

Afiliados de Oxfam Internacional en Perú: Oxfam América, Oxfam Gran Bretaña,

Oxfam Novib e Intermón Oxfam

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Foto: Yanina Patricio

página

í n d i c e

Presentación ................................................................................................................... 11

Miradas y reflexiones sobre el Perú

Crisis global: La epidemia comenzó en EE UU

Por Oscar Ugarteche........................................................................................... 16

Pobreza: Un milagro no fue suficiente

Por Pedro Francke............................................................................................... 26

Desigualdades: Los sueldos de la inequidad

Por Humberto Campodónico............................................................................. 40

Ciudadanía: En busca de algo más que un DNI

Por Pepi Patrón.................................................................................................... 48

Acuerdos comerciales: Perdiendo la caja de herramientas

Por Alejandra Alayza............................................................................................. 56

Pueblos indígenas: Rezagos de una monarquía

Por Nelson Manrique ......................................................................................... 66

Cambio climático: El clima se está microcalentando

Por Juan Torres.................................................................................................... 76

Justicia y democracia: El juicio a Fujimori: un aprendizaje cívico y moral

Por Salomón Lerner ........................................................................................... 84

Discriminación y racismo: La batalla contra la exclusión viene de adentro

Por Wilfredo Ardito................................................................................................ 92

Género y sociedad: Necesitamos una política pública contra el machismo

Por Rocío Silva Santisteban ............................................................................. 104

página

¿Quiénes somos y qué hacemos?

Oxfam Internacional en el mundo..................................................................... 114

Oxfam Internacional en el Perú......................................................................... 118

Industrias extractivas:

La apuesta por un desarrollo con derechos....................................... 122

Comercio e integración:

Decisiones comerciales que afectan a todos..................................... 126

Agricultura y recursos naturales:

La cadena productiva que sostiene al país......................................... 130

Trabajo digno:

La equidad comienza con un empleo justo......................................... 134

Gestión de riesgos de desastres:

Los pueblos se preparan ante las amenazas..................................... 138

Ayuda humanitaria:

De la emergencia a la reconstrucción en Pisco................................. 142

Cambio climático:

Para afrontar un clima incierto............................................................... 146

Pueblos indígenas e interculturalidad:

Una mirada diferente del Perú.............................................................. 150

Democracia y gobernabilidad:

Que todos tengan voz................................................................................ 154

Género:

Ellas hacen posible el cambio............................................................... 158

Anexo: Publicaciones .............................................................................. 163

Socios y aliados de Oxfam Internacional en el Perú.......................... 168

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p r e s e n t a c i ó n

11

P r e s e n t a c i ó n

La pobreza y la desigualdad son, desde el punto de vista de

Oxfam Internacional, dos de los principales problemas que

el Perú enfrenta en su camino hacia el desarrollo y el forta-

lecimiento de la democracia. La pobreza es un problema

humano complejo que no se limita a la falta de ingresos y

que no puede ser captado ni comprendido si su análisis se

restringe a las cifras y deja de lado las complejidades de

las relaciones entre diversos grupos sociales. Por lo gene-

ral, en la base de la pobreza están las desigualdades en el

acceso a los recursos, a las oportunidades y al poder. Esa falta de poder impide

que sectores importantes de la población sean escuchados, tomados en cuen-

ta, involucrados en las decisiones, respetados en sus derechos.

Para superar ambos problemas se requiere comprenderlos mejor, analizarlos

constantemente, mirarlos desde distintos ángulos y perspectivas. Para actuar

se necesita que estos temas se debatan abiertamente, escuchando diversas

voces, de forma tal que se llegue a algunos acuerdos básicos que permitan

sumar esfuerzos. Para mirar el futuro, ayuda conocer los avances logrados en

diferentes niveles para extraer inspiración de estos cambios concretos que se

están viviendo.

Sin embargo, percibimos con preocupación que estos temas no se tratan sufi-

cientemente ni en las publicaciones académicas, ni en el debate cotidiano que

se da en los medios de comunicación. Temas como los avances del Perú hacia

el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio, la aplicación del Plan

Nacional de DDHH, la aplicación de la Ley de Igualdad de Oportunidades, entre

otras importantes demandas sociales, no son tocados frecuentemente en los

medios de comunicación. El propio gobierno da a conocer esporádicamente

12

P r e s e n t a c i ó n

sus progresos reflejados en indicadores y cifras macroeconómicas; sin embar-

go, percibimos que el público en general suele dudar de la objetividad de estos

avances.

La superación de la pobreza y de las inequidades son dos de las principales

apuestas en el trabajo que tanto Oxfam como sus contrapartes desarrollan.

Consideramos que en los años pasados, los aportes de ambos han sido signifi-

cativos, pero a la vez estas contribuciones han sido modestas en comparación

con la magnitud del problema. Por ello una de nuestras preocupaciones cons-

tantes es la de cómo podemos lograr que nuestro aporte tenga cada vez más

impacto. Estamos convencidos de que una ciudadanía activa, Estados eficaces

y un sector privado responsable, pueden contribuir a superar las causas de la

pobreza e inequidad, y a ello se orienta nuestro trabajo.

Desde el 2002, Oxfam Gran Bretaña ha venido presentando un informe anual

que combina el análisis de la situación y los retos del país, con la rendición de

cuentas del trabajo que desarrollamos. Estos informes han llegado a ser consi-

derados una referencia para quienes están interesados en los temas de pobreza

y desarrollo en el Perú, y han sido de utilidad tanto para personas del mundo

académico como para miembros de diversas organizaciones sociales. Esto,

sumado a nuestra apuesta por la superación de la pobreza y de las inequidades,

nos ha motivado a presentar este año por primera vez un informe anual como

Oxfam Internacional siguiendo la misma fórmula: primero una serie de artículos

de diversos autores que permite analizar desde varios ángulos la pobreza, la

desigualdad y el desarrollo en el Perú, y luego la rendición de cuentas del traba-

jo que los afiliados de Oxfam Internacional desarrollan en el Perú.

Debatir estos temas se convierte en una necesidad aun más imperativa en estos

momentos, cuando la crisis económica está influyendo en el presente y futuro

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cercano del mundo entero. Por ello la mayoría de los artículos de análisis dan

cuenta de las múltiples facetas de esta crisis: su evolución, la respuesta oficial

del gobierno, y sus implicancias para las poblaciones más vulnerables. Otros

artículos enfatizan dimensiones complementarias de la pobreza y exclusión, más

allá de aspectos económicos: la situación de inequidades como las de género y

“raza”; la situación de los derechos humanos y de derechos civiles, así como la

administración de justicia luego del histórico juicio a Fujimori, entre otros.

La segunda parte del informe constituye un ejercicio de transparencia acerca de

nuestro trabajo y los fondos que manejamos. Nuestra rendición está dirigida hacia

nuestras contrapartes y aliados, a las poblaciones que recibieron nuestro apoyo, a

los donantes, a los medios de comunicación y al público en general. Esperamos a

través de ello fortalecer la confianza en el trabajo que desarrollamos.

En este contexto y con la modestia que imponen nuestros limitados recursos,

mantenemos la tradición de OGB de publicar y presentar este informe anual que

está ahora en sus manos y que incluye tanto artículos que tratan diversas inter-

pretaciones del contexto, como la propia rendición de cuentas y los resultados

alcanzados en el período 2008 por nuestra institución.

En nombre de Oxfam Internacional, queremos agradecer a las personas que han

hecho posible la publicación de este informe anual. Expresamos nuestro reconoci-

miento a los autores y autoras de los artículos de análisis por sus valiosos textos.

Igualmente, nuestro agradecimiento a las personas que proporcionaron las fotogra-

fías y las que prepararon el diseño gráfico y la edición de esta publicación. Final-

mente, este informe no hubiese salido a la luz si no fuese por la orientación e

inspiración de Martín Beaumont, y el empuje en la coordinación de parte de Mila-

gros Salazar y el equipo de comunicaciones de Oxfam Internacional. A todos ellos

nuestro sincero agradecimiento.

F r a n k B o e r e n

Coordinador de Oxfam Internacional en el Perú

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Foto: Alexis Huaccho / Oxfam

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Crisis global: La epidemia comenzó en EE UU

Oscar Ugarteche

Pobreza: Un milagro no fue suficiente

Pedro Francke

Desigualdades: Los sueldos de la inequidad

Humberto Campodónico

Ciudadanía: En busca de algo más que un DNI

Pepi Patrón

Acuerdos comerciales: Perdiendo la caja de herramientas

Alejandra Alayza

Pueblos indígenas: Rezagos de una monarquía

Nelson Manrique

Cambio climático: El clima se está microcalentando

Juan Torres

Justicia y democracia: El juicio a Fujimori: un aprendizaje cívico y moral

Salomón Lerner

Discriminación y racismo: La batalla contra la exclusión viene de adentro

Wilfredo Ardito

Género y sociedad: Necesitamos una política pública contra el machismo

Rocío Silva Santisteban

Miradas y reflexiones sobre el Perú

La epidemia comenzó

en Estados Unidos

Foto: Yanina Patricio

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La epidemia comenzó

en Estados Unidos

Cuando EE. UU. se enferma, el mundo se contagia

Oscar Ugarteche1

Esta crisis, que ha originado un desbalance

12 veces superior al PBI del mundo, podría

cambiar nuestra forma de entender al

hombre y su naturaleza, desde el punto de

vista de la economía y la política. Es una

crisis que podría alterar nuestro destino, tal

como pasó después de la aparición de la

imprenta en el siglo XV. En el Perú, sus

efectos ya empezaron a sentirse con

una receta de gobierno que afianza la

desigualdad.

Esta parece ser una crisis que cambiará el

mundo como lo entendemos. La última crisisasí sucedió en el siglo XV, cuando sereplantearon los mercados, aparecieron las ciu-dades, la imprenta y la grafía como medio decomunicación masivo y se estableció una rela-ción distinta entre el hombre y la naturaleza. Así

de contundente parece ser esta crisis, que nosconfronta con una nueva forma de entender larelación entre el hombre y su naturaleza desdela economía y la política. Es una crisis epocal.

La crisis actual, en primer lugar, se debe a unproblema de la economía estadounidense y aun sistema internacional que no funciona. Du-rante la primera década del siglo XXI los orga-

nismos internacionales se comportaron demanera pasiva ante los desbalances de la eco-nomía internacional generados en parte por losproblemas de la economía de Estados Unidos.Es evidente que el modelo económiconeoliberal es el que nos ha metido en esta cri-

sis. La crisis, vista así, empezó en EstadosUnidos y terminó por contagiar al mundo. Peroquizás valga la pena señalar que esta crisisque aparece como financiera no sólo es eco-nómica, sino también tecnológica, ambiental yteórica. Es mucho más que una crisis financie-

ra, a pesar de que se ha expresado como tal. Elproblema financiero radica en principio en eluso indiscriminado de instrumentos sin sus-tento real (burbujas), que tergiversaron la rela-ción que debe existir entre el prestamista y elpréstamo, y entre el activo financiero y el activo

real, donde el sistema permitió que se otorga-

ran créditos sustentados en seguros de co-bertura y no en las reservas y que esos sirvieranpara emitir otras operaciones financieras. Eldesbalance entre los productos financieros quegeneró el sistema en su conjunto, superó en 12veces el PBI que produce el planeta. En Estados

Unidos, la primera reacción ante la falta de de-volución del dinero prestado fue la contraccióndel crédito. El próximo paso fueron las quiebrasbancarias, seguidas de millonarios rescates. Enel caso de Europa, el contagio pudo avanzar másrápido que en otros continentes debido a los

mercados financieros hiperliberalizados y entre-lazados de sus países.

¿Crisis tecnológica y ambiental? Tomando unaidea de Franz Hikenlammert, si se reactivara laeconomía mundial a las tasas de crecimientoque tuvo desde el fin de la segunda guerramundial (entre 2% y 3%), terminaríamos aca-bando con las reservas de oxígeno del planeta.

El síntoma es el calentamiento global que en elPerú se aprecia, por ejemplo, en el retiro de losglaciares de las cumbres andinas, y el secadode las cuencas ribereñas. La tecnología de la

1 Investigador titular del Instituto de InvestigacionesEconómicas, UNAM, miembro del Sistema Nacio-nal de Investigadores de México, SNI-CONACYT yasesor de Latindadd. Estudió Finanzas en la Uni-versidad de Fordham de Nueva York e hizo unaMaestría en Finanzas Internacionales en el LondonBusiness School. Fue parte del grupo impulsor dela revista Actualidad Económica, investigador enel Instituto de Estudios Peruanos y la Casa deEstudios del Socialismo. Los datos para este artí-culo se han obtenido en www.obela.org

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energía debe cambiar, pero eso implicará porlo pronto el cambio de la industria automotriz yla aeronáutica. Mientras no se reemplace labase energética de combustibles fósiles a ener-gías limpias en forma masiva, no se podrá ha-blar con certeza del relanzamiento global de la

economía. Si el mundo operara con combusti-bles menos contaminantes, estaríamos hablan-do de una nueva etapa para la economía. Ahoraestamos en la discusión de qué pasará con laindustria automotriz, y mientras ese debate notermine la crisis seguirá. El tema teórico es

mucho peor. Ha quedado demostrado que com-pramos una teoría que dictaba que el crecimien-to es liderado por las exportaciones. En estateoría, había países con excedentes y otros condéficit. ¿Qué se debía hacer para que los quevivían en superávit pudieran cubrir los déficit del

resto? Se tenía que pasar el dinero del exce-dente al deficitario. Eso originó que los paísessubdesarrollados financiaran a las economíasricas, que son las que hoy viven en déficit. Esdecir, se ha producido la asistencia económicainvertida que, además de no ser ética, es un

contrasentido económico.

En el Perú, los síntomas de la crisis han sido el

cierre del crédito internacional (que afecta el co-mercio), el ajuste en los precios de las materiasprimas, la contracción de la demanda externa yuna reducción de los ingresos por remesas.

Pero en líneas generales, al Perú le ha idomucho mejor que a otros países latinoameri-canos como México, cuya economía se ha res-

quebrajado hasta producir tasas negativas de

crecimiento como consecuencia directa del Tra-tado de Libre Comercio (TLC) de Norteamérica

y su altísimo grado de interrelación con la eco-nomía de Estados Unidos. En primer lugar, alPerú no le ha ido mal porque exporta oro deforma sustantiva, en momentos en que la onzade oro pasó los US$ 900. En segundo lugar,por la diversificación de mercados para produc-

tos tradicionales y no tradicionales. De haberconcentrado el comercio en Estados Unidos,como otros países de Centroamérica y México,nos habría ido mucho peor. En tercer lugar, por-que, al tener un alto nivel de reservas en rela-ción a las importaciones, se ha tenido un col-

chón importante para amortiguar el golpe, paraasí mantener un tipo de cambio más o menosestable, lo que ha permitido conservar la ex-pectativa de crecimiento positiva sin que la po-blación haya perdido la capacidad adquisitivade manera importante. Sin embargo, el costo

es un déficit en cuenta corriente creciente, conimportaciones crecientes, en medio de una caí-da exportadora. La tendencia de las importa-ciones se revirtió sobre todo en el sector debienes de capital a fines del 2008 (ver gráfico1), lográndose una mejor perspectiva para el

futuro, pero en el corto plazo, porque los efec-tos de más largo aliento se vislumbran compli-cados.

El lado más positivo para el Perú, y los paísesde América Latina en general es que a iniciosdel siglo XXI se sustituyó la deuda externa porla interna, de manera que las presiones inter-nacionales sobre la balanza de pagos no se

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han convertido de inmediato en una crisis de

pagos. No obstante este proceso, ha ocurridoel cierre del crédito internacional privado debi-do a la reestructuración del sistema financieroestadounidense.

Los datos muestran que, en efecto, las exporta-ciones totales han sufrido una caída sustantivaentre el tercer trimestre del 2008 y fines del pri-mer trimestre del 2009. Todo parece indicar no

obstante que la caída más importante ya semanifestó, porque, aunque a tasas menoresque antes, las exportaciones empezaron a cre-cer a partir de enero del 2009, aunque no losuficiente para compensar la caída del últimotrimestre del 2008, que estuvo en el orden del

32%, cifra que debe de ser un récord histórico.Normalmente, durante el primer trimestre detodos los años las exportaciones caen, comoefecto del auge que se tuvo durante el últimotrimestre del año anterior. Es decir, se vendemás a fines del año que al principio.

Dentro del sector exportador tradicional, el sec-

tor minero ha sufrido una corrección de precios,regresando a los niveles del año 2007. El sec-

tor pesquero observó una caída pero está recu-

perándose desde inicios del 2009. El sectoragro exportador, muy pequeño, está bastanteafectado. La exportación de petróleo se ha vistoafectada y ha regresado a niveles por debajo al2006. En el plano laboral, la sensibilidad deestos sectores a la crisis se traducirá en nive-

les de desempleo superiores a los de otrossectores.

El sector siderúrgico y joyero han sido afecta-dos visiblemente a partir de septiembre del2008, mientras que la metal mecánica sigueun buen curso de crecimiento. La exportaciónde químicos se ha visto fuertemente afectada.Las de maderas y papeles se han visto mode-

radamente perjudicadas y la de los mineralesno metálicos no se ha visto dañada.

Los sectores que se han visto más afectadospor la crisis internacional son el textil yagropecuario, mientras que el pesquero per-manece moderadamente estable.

En el sector exportador todos se han visto afec-tados de alguna manera. Mientras que en el casode la minería lo que ha ocurrido es una correc-

Gráfico 1. Variaciones de las importaciones - enero 2006 a marzo 2009

Fuente: IBID

Foto: Yanina Patricio

Balanza comercial. Repre-senta la diferencia entrelas exportaciones y lasimportaciones

Importación de bienes deconsumo. Representael consumo diario de loshogares (vivienda, comi-da, etc)

Importación de insumo . Re-presenta el material quecompran las industriaspara hacer sus produc-tos

Importación de bienes decapital. Representa losinmuebles, maquinarias oinstalaciones que utilizanlas industrias para hacersus productos

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ción de precios, en el resto se trata de una seve-ra reducción de mercados (ver gráfico 2).

La receta peruana frente a la crisis

El plan anticrisis, que más tarde se llamó “plande estímulo económico”, es por US$6.300 mi-llones. Mientras que US$3.300 millones se ca-

nalizarán a obra social e infraestructura, losotros US$3.000 millones serán créditos exter-nos para apoyar al gasto público durante el2009. Y, si fuera necesario, el gobierno ha ha-blado de otros US$7.000 millones para másgasto público. El plan, en síntesis, busca evitar

la caída de la liquidez y créditos internos, sos-tener la demanda interna y generar empleo,apoyar a la Pymes y su actividad exportadora.Sobre este punto, se sabe que gobierno ya haconcertado una línea de crédito de US$300 mi-llones con la Corporación Financiera Interna-

cional (IFC) del Banco Mundial que permitirátener a las Pymes un mayor aporte de capitali-zación. El presidente García ha anunciado quese iniciará un programa de compras estatalesdirigido exclusivamente a las pymes, de calza-do, uniformes escolares y carpetas, para

reactivar la demanda interna de textiles, made-

ra y metal mecánica2. Por otro lado, el plananticrisis también busca mantener el gastopúblico, ampliar la infraestructura, fortalecer losprogramas sociales y estimular el acceso decapitales y créditos al mercado interno. Sinembargo, hasta la fecha, el gasto público no

parece ser significativo. Peor aun, la falta detransparencia en el portal del Ministerio de Eco-nomía y Finanzas (MEF) hace difícil el segui-miento del mismo. El presidente del BancoCentral de Reserva (BCR), Julio Velarde, ha di-cho que la inversión pública crecerá alrededor

de 55% al cierre del 2009, lo cual según él será24% más que el 2008. Esto puede significarque la inversión pública suba de 2% a 3%, loque es insuficiente.

Estimular el acceso de capitales y créditos almercado interno es una buena idea, pero la res-puesta depende del exterior, que actualmenteestá cerrado. En un contexto de crisis, ¿hay alian-

zas público-privadas para atraer la inversión enbase a subsidios públicos encubiertos en sec-tores como la minería, construcción, laagroexportación u otros? Podría haber alianzas,pero de allí a que se generen las inversiones

En líneas generales, el sector exportador está afectado.

Los datos muestran que en efecto las exportaciones

totales han sufrido una caída sustantiva entre el tercer

trimestre del 2008 y fines del primer trimestre del 2009.

Gráfico 2. Exportaciones tradicionales - enero 2006 a marzo 2009

Fuente: IBID

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es otro asunto. En un contexto de sequía del

crédito privado internacional, no se puede pen-sar que el crédito llegará de las fuentes con-vencionales. Por eso algunos gobiernos apo-yan la iniciativa del Banco del Sur y otros bus-can crédito de las Instituciones Financieras In-ternacionales (IFIs) en general. Ambas son fuen-

tes públicas que complementarán a las priva-das que, por ahora, y quizá por una larga tem-porada, estarán mayormente secas.

¿Hay políticas contracíclicas?

Dicho lo anterior, de primera intención la evi-dencia muestra que no hay políticascontracíclicas como asegura el actual régimen.El Gobierno, a través del BCR, ha desarrolladouna política monetaria muy expansiva en dóla-res y ligeramente expansiva en soles, con una

contracción moderada entre junio y octubre del2008 de la oferta de dólares, que llevó a que eltipo de cambio dólar/sol se elevara en dichosmeses, pero luego dejó que el mercado se ajus-tara, retornando el tipo de cambio a su nivelprevio al ajuste. El objetivo fue frenar las impor-

taciones, y se logró, con un plazo diferido detres meses para bienes de capital, con la bue-

na fortuna de que el BCR frenó las importacio-nes precisamente en el momento de la gran

caída estadounidense de octubre del 2008.

Entre enero del 2006 y mayo del 2008 la política

fue soltar liquidez en dólares y bajar el tipo decambio, lo que tuvo un efecto sobre la tasa decrecimiento bastante notable (ver gráfico 3). Lademanda de dólares subió a partir de abril del2008, conforme la crisis internacional avanza-ba. Entonces el BCR, inteligentemente, decidió

soltar más liquidez en dólares y frenar la liqui-dez en soles de forma que para junio del 2008,y en adelante, la relación entre tipo de cambio yliquidez total se volviera más estrecha. El resul-tado ha sido una política cambiaria devaluatoriaque detuvo las importaciones en el momento

más crítico, para más tarde soltar liquidez endólares para devolverle el impulso.

De esta forma el shock cambiario en el mo-mento del retiro masivo de dólares, tras el des-plome de la bolsa de Wall Street entre la últimasemana de septiembre y la primera de octubredel 2008, fue bastante menos violenta en el

Perú que en otros países, como por ejemploBrasil o México. El gobierno ha tenido un mane-jo adecuado de la política de tasa de interés, de

Fuente: IBID

Gráfico 3. Manejo de la liquidez en el Perú - enero 2006 a marzo 2009

Las economías abiertas no se blindan, solo se las administradentro de la crisis lo mejor que se puede. Tras ocho años de

crecimiento estable, el Perú está menos mal que el resto. Pero sinaplicar ninguna medida contracíclica, tendremos que arrastrar el

peso que significará a futuro enfrentar un incremento de ladesigualdad en un país donde eso es lacerante y antiguo.

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manera que se sigue alimentando ladesdolarización, como se ve en el gráfico 3. Elincremento de la remuneración a los depósitosen soles “overnight” (depósitos por un día pararecoger los intereses al día siguiente) en el BCRes ahora un incentivo para que los bancos no

compren dólares bajo ese esquema y de esemodo el tipo de cambio no se mueva, para quelentamente la masa monetaria se vaya cambian-do a soles. Los objetivos de las políticas del BCRhan sido antiinflacionarias en primera instancia yno tanto contracíclicos, como se ha dicho.

Contracíclicos versus antiinflacionarios

En el otro frente, el MEF parece tener un discur-so contracíclico de incremento de la inversiónpública que no se concreta exclusivamente en

ese tema. Lo que el gráfico 3 revela es quecuando cayeron los ingresos fiscales a partirde abril del 2008, el gasto corriente se mantuvocreciente, y se mantiene aún con una tenden-cia creciente, intentado contrarrestar la contrac-ción de la demanda externa. Los números nos

enseñan que el diagnóstico para el Perú espositivo. No se ha contraído ni desacelerado

en la misma magnitud que otras economías.La interrogante que nos queda es si podrá man-

tenerse este ritmo de gasto y tipo de cambio sila salud internacional se continúa deteriorandopasado julio del 2010. Hasta esa fecha, ya po-dríamos haber agotado la mitad de nuestrasreservas internacionales, lo que nos pone enuna situación de mayor vulnerabilidad ante otra

epidemia financiera. Existen economistas queya advierten que tarde o temprano, a pesar delas vacunas de optimismo que dicen que el PBIsigue creciendo sobre el 3%, este caerá irre-mediablemente a 0% (ver gráfico 4).

La evidencia revela que, a pesar de las políticasantiinflacionarios y del aumento del gasto públi-co, los ingresos fiscales están bajando, así

como la demanda interna. Lo previsible es queentre marzo y mayo del 2009 la demanda inter-na continuará contrayéndose aun más,acentuándose una caída que ya se venía sin-tiendo desde septiembre del 2008, y que ingre-só en números rojos a partir de febrero del 2009.

La inversión pública descentralizada debe decrecer para revertir esta tendencia así como ladistribución de recursos para los sectores de la

Gráfico 4. Variaciones del PIB y de la demanda interna - enero 2006 a marzo 2009

Fuente: IBID

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población desempleada para que se manten-ga la demanda interna.

Pero el problema es la falta de una verdaderapolítica contracíclica, que distribuiría el ingreso

de manera más equitativa. En el Perú, a dife-rencia de Bolivia, Venezuela, Brasil y Argentina,no se está apostando por políticas distributivas,que en momentos de crisis tendrían un efectocontracíclico. Estos países iniciaron dichasmedidas antes de la crisis y ahora, en este con-

texto, han decidido afianzarlas. Una políticacontracíclica incrementaría la cantidad de dine-ro para la población desempleada o a la pobla-ción excluida, con miras a incrementar la de-manda interna de los sectores más pobres quetiene un efecto multiplicador del gasto más alto

que el de los ricos, con resultados positivossobre la disminución de la pobreza. Si seredistribuye con entusiasmo para contrapesarla caída de la demanda externa, a partir de losingresos tributarios, se reactivaría la economíainterna, sobre todo para los más vulnerables.

Esta es una manera de hacer políticascontracíclicas. Otra es elevar la inversión públi-ca en infraestructura para que genere empleo yvía salario se eleve la capacidad de compra y ladinámica económica interna.

El gasto para la inversión pública en infraes-tructura está estancado, por eso se presentan

protestas regionales. Hay una disonancia en-tre lo que el gobierno dice y la realidad nacio-nal. Entonces, ante la ausencia de una políticacontracíclica, se van a ampliar las brechas dedesigualdad, y la riqueza se seguirá concen-trando más. En este contexto de crisis, el go-

bierno, a pesar de sus esfuerzos por mantenerla inflación baja, está agudizando la desigual-dad, fabricando riqueza a costa de despojar aun sector de la población de sus derechos,como sucede por ejemplo en la Amazonía. Esdecir, se está empobreciendo a muchos para

beneficiar a pocos, perjudicando incluso elmedio ambiente.

Ningún país está blindado de una crisis de estamagnitud. Es cierto que nuestras perspectivas

de 3,5% de crecimiento del PBI del 2009 no sonlo mismo que el -5,4% de México. Pero eso noquiere decir que el Perú sea inmune. La teoríadel desacople que mucho abrazamos supusoun papel de Asia y de China en particular queen la realidad se cumple a medias. En una eco-

nomía abierta no existen políticas que nos pro-tejan. Las economías abiertas no se blindan,solo se las administra dentro de la crisis lomejor que se puede. Tras ocho años de creci-miento estable, en los que se ha administradola economía un poco mejor en relación a los

demás países, el Perú está menos mal que elresto. Pero sin aplicar ninguna medidacontracíclica, tendremos que arrastrar el pesoque significará a futuro enfrentar un incrementode la desigualdad en un país donde eso eslacerante y antiguo.

Recuento de los daños

Primero, el mercado no se autorregula. Estoquedó más que demostrado en el sector finan-ciero con el fracaso de Basilea I y II. La crisis

bancaria de los años 80, cuando cientos debancos quebraron, originó un acuerdo entre losrepresentantes de los reguladores bancarios ylos bancos centrales de los países del G-10,que terminó dando vida a una serie de princi-pios y estándares de supervisión bancaria, que

en primer lugar fueron acogidos por los paísesmiembros y más tarde por la mayoría de paí-ses en el mundo. Este se llamó Acuerdo deCapital de Basilea (o Basilea I), que obligó aque muchos bancos redujeran sus niveles deapalancamiento, pero terminó fracasando. En

el 2004 este comité se volvió a juntar, dandoorigen a Basilea II, un acuerdo que fue suscritopor 130 países, además del FMI y el BancoMundial. Pero, debido a la crisis actual, tampo-co funcionó.

El resultado de economías “superavitarias” entre laseconomías en desarrollo ha sido que las economíasdesarrolladas deficitarias sobreconsuman el ahorro

de los pobres. En otras palabras: “los pobres prestana los ricos para que les compren”, como se daba en el

Perú de la Colonia. Esto es no solo éticamente abe-rrante sino económicamente insostenible.

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Segundo, el mercado sin el Estado no pareceser sostenible, a menos que el Estado esté solopara salvar de la quiebra a los accionistas conuna visión de salvaguardar el empleo y los aho-rros. Pero una visión más acorde con la del eco-nomista austriaco Joseph Schumpeter, el Es-

tado debería tener un rol más importante comopromotor de las nuevas inversiones, que no vana ocurrir espontáneamente en un contexto deobsolescencia tecnológica y de escasez de cré-ditos, fruto de la quiebra del sistema financieroestadounidense. Un ejemplo concreto ocurre

en el país del libre mercado, donde ante la quie-bra de la industria automotriz, el Estado ha co-menzado a financiar las deudas del sector paraque se llegue a un crack ordenado, para mástarde inyectar dinero del tesoro público para in-gresar en calidad de socio como parte delrelanzamiento de esta industria.

Tercero, la noción de que la corrupción era un

tema que estaba dentro del Estado se contra-dice con los casos Madoff, Stanford y antes conEnron-Arthur Andersen. En dichos ejemplos, lacorrupción fue entre el agente privado y el Esta-do para beneficio del privado, o partió del sec-tor privado, por la forma cómo se construyeron

los fraudes con la colaboración de terceros pri-vados (en algunos casos con la asistencia delas agencias calificadoras de riesgos y empre-sas auditoras). En el Perú, la corrupción de ladécada del 90 estuvo concentrada en un pe-queño núcleo del sector empresarial, que asal-

tó al Estado, donde políticos y empresarios delrégimen se unieron para canibalizar US$7.000millones provenientes de la privatización. No esverdad que privatizar y desregular reduce la co-rrupción, como pensaba Anne Krueger (1984)3,sino que se la traslada de lugar. En todo caso,

hay que plantear una comprensión de la co-rrupción desde el punto de vista privado en elque hay nexos con funcionarios públicos parael aprovechamiento de las empresas, que seenriquecen a partir de la información privilegia-da y el tráfico de influencias.

Cuatro, el resultado de economías “super-

avitarias” entre las economías en desarrollo hasido que las economías desarrolladasdeficitarias sobre consuman el ahorro de lospobres. En otras palabras: “los pobres prestana los ricos para que les compren”, como sedaba en el Perú de la colonia a través del

yanaconaje, que alimentó el sobreconsumo delos hacendados de la costa mientras los peo-nes subconsumían. Esto es no solo éticamenteaberrante sino económicamente insostenible.La situación actual es que hay economías ricasaltamente endeudadas con poco espacio fis-

cal, resultado de una política económica queles permitió mantener déficit crecientes4. Hayque repensar la teoría, porque no existe eviden-temente el mercado perfecto, como lo podemosapreciar en tiempo real.

Quinto, frente a esto en el seno de NacionesUnidas se están planteando discusiones comola reforma del sistema internacional, los deba-

tes teóricos de las instituciones de desarrollode nuevo cuño, patrones de comercionovedosos y, sobre todo, la recuperación deaspectos tan fundamentales como los dere-chos económicos, sociales y culturales comoguía para la definición de políticas económi-

cas. El problema teórico nos plantea preguntasbásicas: ¿cómo queremos resolver la crisis?¿Qué queremos hacer al día siguiente del tér-mino de la crisis? ¿Podemos talar toda laAmazonía para que se produzca más petróleo ydejar al mundo sin oxígeno? Si la comunidad

internacional no va a aprobar una cosa así,¿qué queremos?

Notas2 El Comercio, diciembre 8, 2008.

3 Anne O. Krueger (1974) ‘The Political Economy ofthe Rent-Seeking Society’ American EconomicReview, 64, pp. 291-303.

4 Ver Oscar Ugarteche (2009). “El G20 y los PRAE”,ALAI, América Latina en Movimiento, 2009-03-25, Quito , http://alainet.org/active/29597 ywww.obela.org

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No existe suficiente información para analizarla pobreza durante la primera mitad del año2009. La razón es que los últimos datos publi-cados por el Instituto Nacional de Estadística einformática (INEI), aún sujetos a debate, midenla pobreza con casi dos años de retraso. Si re-

visamos las últimas cifras de pobreza, estaría-mos hablando de la pobreza del año 2007. Esedato, en sí mismo, ya representa una informa-ción muy relevante: mes a mes podemos cono-cer, apenas con poco más de 30 días de retra-so, la evolución el PBI, las exportaciones y los

impuestos; cada semana, el Banco Central deReserva se ocupa de mantenernos al tanto dela evolución del mercado financiero, las tasasde interés y la moneda; pero tenemos que es-perar entre cuatro y seis meses si queremosinformación estadística sobre los salarios; ymás de año y medio para analizar el diagnósti-

co de la pobreza. No es que tenga que ser así yque no haya alternativa. Es, sencillamente, unreflejo de los intereses que giran alrededor dela política. Mientras el crecimiento económico y

Los economistas de América Latina han

consolidado el término “el milagro peruano”

que hace alusión a los altos índices de

crecimiento del país, que, según alguna teoría,

alcanzarían para jalar hacia arriba a todos los

sectores de la población, incluso a los más

pobres. Pero para que eso pase, se necesitaría

crecer durante 80 años a más del 5% en el PBI,

si no sucede, ¿cuál es el plan B?

las finanzas son el centro de la preocupacióndel gobierno, los trabajadores y la pobreza sondolores de cabeza que pueden esperar.

Partamos entonces de lo que sabemos al 2007.Lo que los economistas solemos llamar “he-

chos estilizados”, que representan una sínte-sis de la realidad a grandes brochazos. La po-breza alcanza al 39,3%: dos de cada cinco pe-ruanos son pobres.

La población más afectada se concentra en laszonas andinas y selváticas rurales, de maneramucho más dramática que en la costa, afec-tando más seriamente a los que se dedican a

la agricultura, la pesca y la minería, pero demanera genérica a todos los que se desempe-ñan como informales, dependientes, asalaria-dos. Las cifras del INEI revelan que la pobrezano se cultiva entre los patronos, los jefes o losempleadores, sino en todos los que están por

debajo de ellos.

Un milagro no fue suficiente

En el Perú llueve para todos, pero no todos se mojan

Pedro Francke1

Gráfico 1. Perú: Incidencia de la pobreza se-gún ámbitos geográficos, 2004-2007

(Porcentaje del total de población)

Fuente: INEI (2008)

1 Es economista, ex director ejecutivo de Foncodes yex coordinador Nacional de Forosalud. Actualmentees profesor del Departamento de Economía de laPontificia Universidad Católica del Perú y directorde la revista Bajo la Lupa.

29

Hasta el año 2005, la pobreza respondió débil-mente al crecimiento económico. Hasta ese

año, los datos indicaban que la pobreza bor-deaba el 50%. Pero entre el 2005 y el 2007, losdatos de pobreza se recalcularon hacia abajo(los nuevos datos son los que se ven en el cua-dro anterior), y las estadísticas registraron unamayor respuesta de la pobreza al crecimiento

económico (en términos técnicos, se observaun aumento de la elasticidad pobreza-creci-miento). Así, un crecimiento económico quepasó de 3 a 5% en los últimos años de Toledo,al 6-8% en los primeros años de García, resul-taba además mucho más eficaz en el combate

a la pobreza. Tres teorías centrales han busca-do explicar eso: la de los efectos retardados, lade los efectos crecientes y la del cambio en elestilo de crecimiento.

La primera teoría indica que, al igual que pare-ce suceder con las cifras de empleo, las de po-breza se mueven después de las cifras de creci-miento, con un retraso. La razón sería que las

empresas comienzan a producir más, y aumen-tan así el PBI, pero no contratan más gente sino

hasta que estén seguras de que el crecimientoeconómico se mantendrá; solo cuando el creci-

miento económico se sostiene un par de años,las empresas aumentan el empleo y de esa ma-nera reducen la pobreza. Lo mismo sucederíacon los ingresos fiscales y el gasto público. Así,el mayor efecto sobre la pobreza entre el 2005-2007, sería un efecto que en parte recoge el cre-

cimiento de los años anteriores.

La segunda teoría dice que crecimientos eco-

nómicos muy bajos no generan aumento delempleo, o al menos no lo hacen de manerasuficiente para reducir la pobreza. El Banco Mun-dial (BM) lo estableció así en su informe “Opor-tunidades para todos: por un Perú menos po-bre y más inclusivo”, donde indica que se ne-

cesita un crecimiento económico base solo paraque la pobreza se quede donde está y no aumen-te. Habría, así, una tendencia, quizás basada enel cambio tecnológico y la concentración de in-gresos, que haría que crecimientos bajos tengannulo o poco efecto sobre la pobreza.

La tercera teoría señala que el crecimiento eco-

nómico durante Toledo se concentró en el sec-

Gráfico 2. ¿Dónde viven los pobres? Distribución de la pobreza, por región

Fuente: Banco Mundial a partir de la ENAHO 2004-2007 (INEI).

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tor primario que genera poco empleo y reducepoco la pobreza, y que durante los primeros

años de García fue mayor en los otros secto-res, que generan más empleos. La informa-ción muestra que, efectivamente, aunque entreel 2005 y el 2007 hemos vivido un boom deexportaciones mineras, esto se ha debido prin-cipalmente por precios y muy poco por más pro-

ducción, mientras que sectores como la cons-trucción, la agroexportación y la industria orien-tada al mercado interno crecieron rápidamenteen volumen.

A pesar de ello, los efectos del crecimiento so-bre la pobreza no llegaron por igual a las distin-tas regiones, y la desigualdad conspiró contramayores reducciones de la pobreza. En efecto,

según el informe “¿Qué nos dicen los cambiosen la pobreza del Perú entre 2004 y 2007?”,hecho en julio del 2008 por el BM, mientras quela pobreza se redujo 2,6% en la costa urbana,en la selva rural se contrajo 0,7% y en la sierrarural 0,3%. Según el BM, la pobreza pudo redu-

cirse 4 puntos más de lo que se redujo entre el2004 y el 2007. Es decir, pudo bajar de 39% a34%, pero la mala redistribución evitó que lapobreza se contrajera más agresivamente. Enpoblados como los de Anchonga, la pobreza

pudo bajar 11 puntos, sin embargo solo se re-

dujo5.

Las zonas rurales andinas, que concentran el

73% de pobres, donde viven 2 de cada 3 po-bres extremos, la pobreza se redujo en solo enalgunos puntos decimales, quedando al mar-gen del “milagro peruano”.

¿Cuál es la razón de este comportamiento? Dosefectos principales parecen conspirar contra unaumento de la pobreza más fuerte y sostenido.

El primero se refiere al comportamiento de lossalarios: si bien es cierto que el empleo au-mentaba, los salarios reales no lo hacían, apesar de que la productividad por trabajadortambién aumentaba sustancialmente.

Otro factor, probablemente más importante, esque el crecimiento económico se concentró enLima y la costa, de manera ajena a las zonas

de sierra y selva, sobre todo en el ámbito rural.En miles de millones, el PBI se incrementó en32% desde el 2002. El excedente de explota-ción (utilidades) pasó de 58,7% a 65% en elPBI. Pero la riqueza se concentró en sectorescomo la minería, agroindustria, construcción y

manufactura, en los que la inversión privada sehizo presente. Eso aceleró el crecimiento delas zonas costeñas urbanas, empezando por

Gráfico 3. La elasticidad del efecto del crecimiento sobre lapobreza según las regiones (2004-2007)

Fuente: Banco Mundial

En los años de crecimiento, la desigualdad semantuvo inamovible. Durante el llamado

“milagro”, el consumo aumentó para todoslos niveles socioeconómicos, pero a tasas

diferentes. Mientras que entre los más ricos elconsumo se incrementó 6%, entre los pobres

se movió algunos decimales.

31

Lima. Según la consultora Gerens, en el 2007

las 1.000 empresas más rentables del paísgeneraron valor económico por encima de losUS$5.055 millones para sus accionistas. Sinembargo, a pesar de que entre las 1.000 em-presas existían solo 52 mineras y petroleras,estas concentraron el 80% del valor generado

por todas: más de US$4.044 millones. Si revi-samos el Perú Top 10.000, veremos que entrelas primeras 20 compañías, 14 son mineras ypetroleras.

2008, bonanza e inflación

Desde fines del 2007 hasta mediados del 2008la situación macroeconómica cambió. Por unlado, aun cuando la crisis internacional ya se

había iniciado, el crecimiento se elevó, porque

el gobierno pisó el acelerador con políticas fisca-les y monetarias expansivas. Paralelamente, lainflación se incrementó de manera drástica,sobre todo en los alimentos. En efecto, la infla-ción total (medida oficialmente por el Índice dePrecios al Consumidor de Lima) pasó de un

ritmo anual de 1.14% en 2006 a un anualizadode 6.2% a setiembre del 2008. En el caso delos alimentos, la inflación alcanzó el 9.5% parasetiembre del 2008. En muchas ciudades deprovincias las alzas fueron incluso mayores.Nuevamente, no existe ninguna medición de los

precios para el consumidor en el campo.

Las razones de este incremento de la inflación

obedecen al aumento internacional de los pre-cios de los alimentos y los combustibles, asícomo al acelerado incremento de la demandainterna sin que la oferta la acompañara pese alfuerte crecimiento de las importaciones. Res-pecto al incremento de los precios de los ali-

mentos, se debe considerar que éste tiene dosefectos, contradictorios, sobre la pobreza. Elprimero es sobre los consumidores, que sonprincipalmente pero no únicamente urbanos, yes negativo. El segundo es sobre los producto-res agropecuarios y campesinos, aunque este

efecto operará en la medida que los precios alos que ellos venden sus productos suban másque sus costos (en este periodo aumentó so-bre todo el precio de la urea, que está fuerte-mente influenciado por el costo del petróleo).Pero ojo: no todo lo que pierden los consumi-

dores lo ganan los productores nacionales,debido a que en el Perú la mayor parte de laoferta de alimentos es de origen importado, encuyo caso el aumento de precio es en beneficiode los productores internacionales, y no paralos agricultores locales2.

Por lo tanto, el incremento de los precios al con-

sumidor de los alimentos influye directamenteen un aumento de la pobreza urbana. ¿El alzade precios de los alimentos puede tener un efec-

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to positivo en la reducción de la pobreza rural?

Solamente en la medida en que el aumento deprecios internacionales y en las ciudades setraslade a los precios de venta de los producto-res agropecuarios, lo que depende del com-portamiento y control sobre los oligopsonios (le-che, algodón, etc), así como de los costos por

flete. En segundo lugar, los costos de los pro-ductores agropecuarios (urea y otros) debenaumentar menos que los precios que reciben.Y, por último, es necesario que los productoresagropecuarios medianos y grandes, que con-tratan mano de obra, trasladen las ganancias a

sus trabajadores mediante aumentos de sala-rios. Solo de esta manera se generarían mayo-res ingresos en los hogares rurales, que so-brepasen los efectos negativos de la inflaciónen los hogares rurales ocasionados por losmayores precios de los alimentos, sobre todo

los industrializados (fideos, aceites, etc) queconsumen. Finalmente, cabe resaltar que es-tos efectos serán diferentes para cada sectorgeográfico: mientras los pequeños producto-res de café pueden verse directa y claramentebeneficiados por los precios internacionales,

favorecidos además porque su organización encooperativas les permite absorber de maneramás directa los efectos positivos; los campesi-nos agrícolas en zonas donde los jornales es-tán estancados se verán afectados a nivel deconsumo por el alza de los alimentos.

Los efectos, entonces, son diversos y diferen-ciados, y resulta por tanto muy difícil predecir si

la pobreza en este periodo aumentó o disminu-yó. Esperamos la Encuesta Nacional de Hoga-res (ENAHO) 2008 para analizarla.

La recesión sin baja de precios

La situación macroeconómica cambióabruptamente a mediados del 2008, aunqueAlan García y su ministro de Economía tardaronen reconocerlo varios meses. Desde el “esta-

mos blindados” al “yo garantizo un crecimientodel 6,5% en el 2009” de Alan García, pasamos

al “lo peor de la crisis aún está por venir”, demarzo último. Ello, a pesar de que la crisis fi-nanciera internacional ya había comenzado afines del 2007, y se había agravado seriamentecon la quiebra de enormes aseguradoras y ban-cos en Estados Unidos a mediados del 2008,

que llevó a una rápida caída de los precios in-ternacionales de las materias primas y al iniciode una recesión profunda.

La caída en los precios internacionales delcombustible y los alimentos demoró variosmeses en sentirse por dos razones. Primero,por la política oficial de mantener un precio altode los combustibles para recuperar el

desbalance que se había generado en los me-ses anteriores al fondo de estabilización de loscombustibles. Segundo, porque los oligopoliosimportadores de alimentos y urea querían des-hacerse de sus inventarios y obtener ganan-cias adicionales en “río revuelto”. Sin embargo,

este proceso ha estado operando en los últi-mos meses, haciendo que la inflación, en ge-neral, sobre todo en los alimentos, se haya de-tenido rápidamente, y algunos precios, como eldel aceite, se hayan reducido, con algún aliviosobre los bolsillos de los consumidores.

Evidentemente, en este caso funciona también

el efecto sobre los productores: los precios quereciben los campesinos y pequeños empresa-rios agrarios se ha reducido. En algunos casoslos efectos son dramáticos, como en el de lalana de alpaca, donde la caída de precio hasido muy fuerte en algunas zonas. El precio de

la fibra de alpaca ha caído de S/.14 por libra asolo S/.4, en un contexto en que las compras dela industria prácticamente se han paralizado.Situaciones similares se han presentado en elcaso del algodón. Con los precios actuales,miles de familias alpaqueras tendrán una muy

grave caída en sus ingresos, con efectos ad-versos en la salud, alimentación y educaciónde sus hijos.

33

Pero la llegada de la crisis al Perú ha tenidootro efecto social importante: los despidos. Los

sectores afectados más rápida y directamentehan sido los vinculados a la exportación: la Fe-deración Nacional de Trabajadores Mineros yMetalúrgicos ha contabilizado 7.000 despedi-dos en su sector, que si bien son una muy pe-queña proporción de la PEA nacional, tienen la

dificultad adicional de tener que reubicarse enotras localidades, siendo además mayormen-te trabajadoes de subcontratas con derechoslaborales recortados. Pero el mayor efecto delactual contexto sobre el empleo (por lo tantosobre la pobreza) está en los sectores de ex-

portación no tradicional y en la industria. No hayestadísticas claras acerca de a cuánto han as-cendido los despidos en el sector textil, perolos índices del INEI indican que en el sectormanufacturero el empleo se ha reducidodrásticamente. Menos información hay sobre

el sector agroexportador, porque las estadísti-cas laborales solo incluyen las principales ciu-dades, y porque en ese sector existen muchosjornaleros y “trabajo negro” (sin contrato y sinregistro oficial). La tardanza en aplicar una polí-tica económica contracíclica en el Perú ha he-

cho que los efectos de la crisis internacionalempiecen a afectar al conjunto de la economía,incluyendo a aquellos orientados al mercadointerno, por lo que la tendencia del empleo enlos siguientes meses será declinante.

Es interesante anotar, sin embargo, que aun siestuviéramos hablando de 100.000 empleosmenos como lo ha señalado la CGTP, los des-

pidos aún representarían menos del 1% de laPEA. Hasta la fecha, el efecto social de la crisises un efecto fuerte pero concentrado, tomandoen cuenta además que en el Perú nos hemosmalacostumbrado a pensar que el empleo noes un derecho. Peor aun, que no está garanti-

zado. Vale la pena contrastar esto con la infla-ción, que afecta a todas las familias en tantoson consumidoras, para entender los efectosdiferenciados sobre la popularidad del gobier-

no en las encuestas de opinión. Nuevamente,todos estos efectos de la crisis sobre la pobre-za los conoceremos con mucho retraso. Lascifras de pobreza del INEI, que saldrán segura-mente a mediados de 2009 (que serán las del2008), no servirán para analizar el efecto de la

crisis. Estaremos entonces analizando los efec-tos del alza de los precios internacionales, el“boom económico” interno, sin información parahablar sobre los efectos de la crisis en la pobre-za. Para esto habrá que esperar un año más, auncuando sin duda existe urgencia por saber qué

está pasando para reaccionar de manera másefectiva.

Lo que no ha cambiado

En medio de los subes y bajas del crecimientoy la crisis, la orientación central de la política

del gobierno no ha cambiado. Se ha modifica-do, tardía y débilmente, la política de estabiliza-ción macroeconómica, que buscaba que la re-cesión no sea tan fuerte. Pero no lo que se co-noce como su orientación neoliberal. O, en pa-labras presidenciales, el combatir al “perro del

hortelano”. Así, a pesar de la crisis internacio-nal y de lo que ella nos dice, muchas otras po-líticas, aquellas que determinan la orientacióndel desarrollo y la distribución del ingreso, semantienen. La propia política macroeconómicaorientada a mantener el crecimiento posee un

sesgo pro-gran empresa. La enorme mayoríadel gasto público adicional va hacia las empre-sas y muy poco a los trabajadores (lo social).Junto a la inversión pública, que prioriza gran-des obras sustentadas en abultados contratosde construcción, se promueven las llamadas

asociaciones público-privadas, que en diversoscasos incluyen fuertes subsidios o garantíasestatales a las inversiones privadas. La apues-ta exclusivamente por la gran inversión soloconfirma que el efecto expansivo de la políticafiscal sobre los pobres será retardado.

Barack Obama se ha propuesto cerrar las salidas a los paraísos fiscales de

Centroamérica. Mientras tanto, este gobierno sigue en la ruta anterior: privatización de

Paita y otros puertos, TLC con Estados Unidos, China y Chile, que le darán más prerro-

gativas a las transnacionales ante tribunales internacionales.

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Mientras en el mundo los Estados adquieren

mayor control sobre las finanzas y las grandesempresas, la administración de Alan García pri-vatiza y reduce la capacidad de regulación delEstado. La crisis ha llevado, en todos los paí-ses desarrollados, principalmente EstadosUnidos, a una legislación que promueve una

mayor regulación del sector privado. Los ban-cos están más controlados y algunos inclusonacionalizados. Barack Obama se ha propues-to cerrar las evasiones que se producen a tra-vés de los paraísos fiscales. Mientras tanto, estegobierno sigue en la ruta anterior: privatización

de Paita y otros puertos, TLC con Estados Uni-dos, China y Chile, que le darán más prerroga-tivas a las transnacionales ante tribunales in-ternacionales. Entre tanto, Doe Run sigue con-taminando La Oroya.

La crisis ha revelado que los metales no eranlo que parecían. En su primera gestión, el mi-nistro de Economía Luis Carranza afirmó que

el Perú crecería 10 años seguidos a 10% anual,porque el precio de los metales seguiría alto

por una década. Pocos meses después, esosprecios se derrumbaron, y con ellos los ingre-sos fiscales y el canon que reciben muchasregiones y municipios (que en el caso minerose verán afectados sobre todo desde el 2010por la regla de entrega existente). El riesgo de

confiar en la venta de nuestros recursos natu-rales se ha hecho evidente. Las excepcionalescondiciones económicas de las que gozó elactual gobierno entre el 2006 y el 2008 no re-gresarán. Pero el gobierno sigue inmutable enesta estrategia, como lo muestra la defensa de

los decretos legislativos que permiten la apro-piación de territorios indígenas portransnacionales petroleras, así como las con-diciones de TLC como el suscrito con China,que pone en situación más vulnerable a laindistria textil, de calzado y otros sectores, so-

bre todo de mediana y pequeña empresa quees la que genera la mayor cantidad de puestos

Gráfico 4. Nivel del PIB (según la contribución de cada sector) y crecimiento del PIB (2000-2007) Fuente: Banco Mundial

35

de trabajo. La apuesta sigue siendo por las

mineras y petroleras.

Mientras tanto, los trabajadores siguen abajo.

Mientras la economía crecía, los salarios de lostrabajadores se reducían. La productividad au-mentó 25%, pero los salarios nada. Ahora quehay crisis, elevar los salarios permitiría que serecuperara la demanda, para que las empre-sas tuvieran más mercado para sus productos.

Pero el gobierno ni siquiera permite que el sa-lario mínimo recupere lo que perdió por la infla-ción. Sin embargo, para reactivar la economía,sí consideran factible que los trabajadores de-rrochen su CTS, a pesar de que el desempleocampea dentro de los sectores que agrupan al

grueso de la masa laboral, como textiles,agroexportación y minería.

Así opera el modelo. Privilegia la extracción yexportación de minerales, petróleo y madera sintransformar, por empresas extranjeras, quegeneran poco empleo. Esto nos ha llevado agraves conflictos con las comunidades y pue-

blos indígenas, cuyos recursos de agua, tierray bosques son depredados o contaminados,afectando su supervivencia, en vez de generarcambio tecnológico, diversificación y encade-namiento productivo para darle sostenibilidad ysolidez al crecimiento. Mantener la mano de

obra con salarios deprimidos y derechos limi-tados reduce la posibilidad de acabar con lapobreza de manera directa e indirecta, al cons-treñir el mercado interno al que le venden lamayor parte de agricultores y pymes. Dar pocaimportancia al gasto social (educación, salud y

protección social) reduce los efectosdistributivos, limita la acumulación de capitalhumano y mantiene a un ritmo lento los avan-ces de las Metas del Milenio.

Un Plan B mientras tanto

El curso de la política no es el único posible.Hay alternativas. La orientación general de la

política macroeconómica debe ser contrarres-tar la caída de la demanda producida por la

pérdida de mercados externos, de los influjosde capital para la inversión y su efectomultiplicador en el mercado interno. Se debereemplazar la inversión externa por inversióninterna, pública y privada, y consumo de los máspobres. La caída del empleo en el sector

exportador tiene que reemplazarse por másempleo dirigido al mercado interno. Para ello senecesita una política fiscal y monetaria expansiva,con un sesgo social, redistributivo y que abra elcamino hacia un desarrollo más diversificado,promoviendo actividades con mayor valor agre-

gado, fuera del sector primario.

La política fiscal debe contemplar, además de

aumentar el gasto público en infraestructura,pequeñas obras intensivas en empleo tempo-ral y gasto social, lo que tendría respuestas másrápidas y mayores efectos sociales en no me-nos de 2% del PBI (US$ 2,500 millones) para2009, en canales de regadío, trochas y mante-

nimiento de carreteras. De esta manera semantendría la demanda interna, se promoveríael desarrollo y se protegería a los más pobres.Este gasto público adicional deberá aplicarseprincipalmente de manera descentralizada,mediante los gobiernos regionales y los muni-

cipios en un 80%, con atención a compensarlas regiones más afectadas por la crisis y porla pérdida del canon. El gobierno ha mantenidouna posición extremadamente centralista conel Plan Anti-Crisis, incluso recortando los pre-supuestos municipales y sólo devolviéndolos

parcialmente tras la protesta de la Red de Mu-nicipalidades Rurales (REMURPE). Una políti-ca contra la pobreza debe incluir el incrementode las facultades de los gobiernos regionales ymunicipalidades para su gestión.

Lo primero que debe hacer el gobierno es per-mitir a los gobiernos locales que contraten a

personal altamente calificado, pagándoles bue-nos sueldos y paquetes atractivos, en las áreas

Según la consultora Gerens, en el 2007 las 1.000 empresasmás rentables del país generaron valor económico porencima de los US$ 5.055 millones para sus accionistas. Sinembargo, a pesar de que entre las 1.000 empresas existíansolo 52 mineras y petroleras, estas concentraron el 80% delvalor generado por todas.

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de elaboración de proyectos y ejecución de in-versiones. Un programa nacional debería ayu-

dar a los municipios, sobre todo rurales, a ela-borar proyectos y expedientes, contratar la eje-cución y realizar la supervisión de las obras.Los sistemas que tuvo Foncodes eran muy efi-cientes haciendo esa tarea. La participación ciu-dadana puede servir al mismo tiempo para ace-

lerar la ejecución de las inversiones y para ase-gurar la probidad en los contratos y obras. Latransparencia en las metas y plazos de ejecu-ción servirá para criticar los atrasos. Paralela-mente la vigilancia ciudadana podrá ayudar acontrolar posibles actos de corrupción, pero esa

vigilancia solo puede funcionar si se le facilitala información al público.

El incremento en el gasto público puede finan-ciarse con los ahorros que ha realizado el go-bierno en años anteriores, incurriendo en undéficit fiscal contracíclico. Pero medidas adicio-nales pueden orientarse a rebalancear los in-gresos tributarios en un sentido redistributivo y

reactivador, reduciendo los aportes al fondo deestabilización de los combustibles (con lo quebajarían los precios del petróleo y la gasolina)o el IGV, y aumentando los ingresos provenien-tes de aranceles (restableciendo los vigentes ajulio 2006) y sobretasas anti-dumping. Se po-

dría también establecer un impuesto extraordi-nario al patrimonio de las empresas mineras,como forma de captar ingresos de este sectorque obtuvo ingresos extraordinarios los añosanteriores. La reducción de impuestos y preciosde los combustibles devolverá ingresos a las

familias y a las empresas, aumentando la de-manda y la competitividad, y ayudando a abatir lainflación. El aumento de aranceles servirá paraproteger el mercado interno para la industria y laagricultura nacional, impulsando así su produc-ción. Esto, junto a los impuestos extraordinarios,

permitirá amenguar la fuerte reducción en losingresos tributarios que provocará la crisis.

La política monetaria y cambiaria debe estarorientada a evitar una reducción del crédito, pro-

veyendo de liquidez a los bancos. La tasa deinterés de referencia del BCR debe reducirseaun más de lo que ya se ha bajado a principiosde junio último (de 6.5% a 3%). Pero junto aesta orientación general, se deben establecerprogramas especiales para dar crédito al agro

y a las micro y pequeñas empresas, así comopara refinanciar a quienes lo necesiten, bus-cando una reducción de los intereses a estossectores. Establecer un programa especialpara ampliar los créditos hipotecarios a secto-res de bajos y medios ingresos, para reconvertir

los créditos existentes de dólares a soles, ypara evitar un alza de tasas de interés en estesector. A su vez, dentro del régimen de flotaciónsucia del tipo de cambio, es conveniente teneruna política de mayor resguardo de las Reser-vas Internacionales, por lo que es necesario

permitir un aumento paulatino y moderado deltipo de cambio, aumentando así lacompetitividad de la producción nacional y apo-yando el equilibrio en el sector externo.

Otro ritmo en la política de salarios y empleo

Pero, como hemos dicho, la política de estabili-zación no lo es todo. Defender el empleo y lossalarios es una política de justicia social, debi-do a que en los últimos años la productividadpor trabajador y las utilidades empresariales

subieron fuertemente sin que mejorara la si-tuación de los trabajadores. Pero podría ser tam-bién una medida anti-crisis, ya que si el em-pleo y los salarios caen, se reducirá aun másel mercado interno, y con ello las ventas em-presariales, de microempresas y de agriculto-

res. Aumentar las remuneraciones reales sirvetambién para aumentar la demanda de maneraanticíclica. Un aumento del salario mínimo(RMV), que ha caído en 7% el año 2008 por lainflación, es conveniente. Para otros sectores,la negociación colectiva debe promoverse. Se

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debe aumentar los ingresos de los trabajado-

res, pero no a costa de ponerlos en mayor si-tuación de vulnerabilidad, como repartir la CTS.Se ha aprobado además la exoneración de im-puestos y contribuciones a la seguridad socialpagados sobre las gratificaciones, que efecti-vamente implica algunos ingresos adicionales

a los trabajadores, pero esto solo se aplicarápara julio y diciembre del 2009, y todavía no sesabe si el Ministerio de Economía compensaráa EsSalud por los ingresos perdidos. ¿Por quéno se suspenden las comisiones y aportes alas AFP, a las que desde hace meses pagamos

para que nuestra plata pierda en vez de ganar?Ello podría elevar los sueldos y salarios en 1,8%.Los cobros realizados en los 15 años anteriorescubren largamente los costos de atención eneste periodo, y tendría mayores efectos que laexoneración a las gratificaciones.

Un programa especial de protección del em-pleo puede incluir la suscripción de acuerdos

tripartitos por rama, con empresas y trabajado-res en sectores afectados por la crisis, comotextiles y agroexportadores. En algunos casos,ello puede incluir medidas como las tomadasen Argentina y México, mediante las cuales, porel plazo de un año, el Estado paga las contribu-

ciones a la seguridad social, a condición deque no se reduzca el empleo, los salarios nilos beneficios laborales. Por otro lado, un acuer-do entre las empresas y el Estado puede finan-ciar programas de empleo temporal o dereconversión laboral. En ambos casos, el mi-

nisterio de Trabajo debería activamente fiscali-zar el cumplimiento de los compromisos, impi-

diendo despidos injustificados. Para ello, de-bería contratar más inspectores y trabajar en

estrecha vinculación con los sindicatos y cen-trales sindicales.

Para los sectores cuyo empleo ya se ha vistoafectado por la crisis debe establecerse en elmuy corto plazo un programa masivo de em-pleo temporal en pequeñas obras públicas, tipoA Trabajar. El programa debe concentrarse enlas regiones más afectadas por la crisis, como

las ciudades de la costa donde se concentranla agroexportación o las regiones mineras. Laspequeñas obras deben ser intensivas en manode obra, pudiendo incluir el mantenimiento, re-habilitación y construcción de pequeñasirrigaciones, caminos rurales, colegios y pos-

tas de salud, edificios públicos, parques y jar-dines, atención a niños y grupos vulnerables,entre otros. Programas especiales para la manode obra femenina, orientados por ejemplo alcuidado infantil, también deben establecerse,reforzando la educación pública, la salud y los

wawawasis. El gobierno ha preferido poner én-fasis en el programa REVALORA Perú, que bus-ca la reconversión laboral para los afectadosdirectamente por la crisis financiera, pero sinhaber hecho énfasis en problemas estructura-les, como falta de técnicos calificados y la au-

sencia de una infraestructura que lleve a cabodicho objetivo. El hecho de que en la primeraconvocatoria del programa de reconversión la-boral sólo se presentaron 34 personas (cuan-do ya hay más de 8.000 despidos en el sectorminero), demuestra claramente que este no

está cumpliendo con sus objetivos.

El sector agropecuario debe dinamizarse

Durante el 2008 aprendimos sobre la impor-tancia de tener una agricultura fuerte, cuando el

alza de precios internacionales afectó a las fa-milias más pobres. Con la crisis, familias cam-pesinas y productores agropecuarios han sidoespecialmente golpeados por la caída de los

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precios internacionales. Defender el mercado

interno, permitiendo que los productoresagropecuarios mantengan sus mercados y susprecios de venta, debería ser la principal medi-da anti-crisis en el agro. Para ello, el aumentodel gasto fiscal y la defensa de los salarios sonbásicos. Medidas específicas para el agro de-

berían ser el reestablecimiento o incremento dela protección a través franjas de precios ysobretasas de salvaguarda ante las importa-ciones subsidiadas en Estados Unidos y enEuropa.

Los agricultores están particularmente afecta-dos por la crisis debido a que los monopolios eintermediarios abusivos la aprovechan para

sacar ganancias extraordinarias. Ante ello, debetomarse medidas anti-monopolio, particular-mente en productos como el algodón y la lanade alpaca, y promoverse la asociatividad de losproductores para que puedan comercializar di-rectamente para tener mejores condiciones de

negociación con los intermediarios. El Estadopodría promover ferias agropecuarias en lasprincipales ciudades y actuar directamente enel mercado de ser necesario. Los programasde mejora tecnológica y de productividad de loscampesinos y pequeños productores agrarios,

como Sierra Productora, deben iniciarse sin de-mora. Este tipo de medidas se tomaron en losnoventas, pero fracasaron porque el mercado in-terno estaba golpeado por el terrorismo y lahiperinflación de los ochentas. Ahora la historiapodría ser distinta, en un contexto en el que dis-

cursos como los del reconocido chef Gastón Acuriohan revalorado la gastronomía peruana, lo quepodría generar una industria agrícola para consu-mo interno y exportación alrededor de la comida.

Las Mypes también son un motor importante

Las micro y pequeñas empresas deben mere-cer especial atención porque son las que dan lamayor parte del empleo urbano y porque pue-den ser las más afectadas por el encarecimien-

to del crédito y la pérdida de mercados exter-nos e internos. En Argentina, en 2002, cuando

estalló la crisis, la Mypes y las Pyme fueron lasprimeras en salir a exportar, por la caída de sumercado interno. Ganaron músculo duranteesos años y hoy están más sólidas para com-petir tanto fuera como dentro de Argentina. Aquí,el gobierno ha anunciado un programa de com-

pras estatales, el mismo que debe incluir pro-ductos como uniformes, calzado escolar, mobi-liario escolar y otros. Esto es positivo, pero esindispensable también que se suspenda el TLCcon Estados Unidos, que contempla que paraeste tipo de licitaciones las empresas norte-

americanas también podrán competir en lasmismas condiciones que las peruanas. El pa-quete del gobierno, además, incluye créditossólo para mypes exportadoras, cuando es evi-dente que se necesita también apoyo a lasmypes orientadas al mercado interno.

Pero lo más importante es que la invasión detextiles y calzado de China e India a precios de

dumping se frene de inmediato. No debe espe-rarse a complejos estudios de precios, comoha planteado el gobierno; el daño a la industrianacional es evidente y justifica medidas tempo-rales de salvaguarda mientras se realizan losrespectivos análisis. La suscripción del TLC con

China definitivamente no ayuda en este senti-do. Incrementar el financiamiento para la for-mación y capacitación, innovación tecnológica,promoción de mercados comunes, mejora-miento de estándares, etcétera, que son políti-cas de largo plazo para desarrollar este sector,

siguen siendo una prioridad.

Protección social y políticas sociales

Un programa de protección social es indispen-sable ante la crisis. La crisis no solamente afecta

a los trabajadores y jefes de familia, sino quetambién alcanza a las madres, niños y adultosmayores que no tienen un respaldo económi-co. El recorte del presupuesto familiar puede

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obligar a que los niños salgan del colegio para

trabajar, que las mujeres acepten trabajosdenigrantes o insalubres, o que se afecte lacompra de rubros como medicinas. Además, elmayor gasto social se traduce rápidamente enmayor demanda, aportando a mantener los ni-veles de crecimiento económico con mayor ra-

pidez que la infraestructura.

El Seguro Integral de Salud debe ser ampliado,

para acercarnos a eso que deberá ser el ase-guramiento universal. El programa actual delgobierno, que busca llegar a 3 departamentosal 2009, cubriendo el 45% de las enfermeda-des, es insuficiente. EsSalud debe ampliar rá-pidamente su atención a microempresas y

ampliar los meses de cobertura a quienes pier-den su empleo. Los programas socialesalimentarios deben reforzarse. Los programasde desayunos y almuerzos escolares deben sermejorados y universalizados, para promover laasistencia de los niños al colegio. Los progra-

mas del vaso de leche y otros para niños me-nores deben aumentar su presupuesto y vincu-larse a los centros de salud para asegurar quelos niños tengan sus controles y atención desalud adecuada. Pero es importante que segenere oportunamente una línea de base, que

el gobierno ofreció tener lista a fines del añopasado, porque sin ella no se sabrán los im-pactos reales de los programas sociales a fa-vor de los más pobres.

Es un buen momento para iniciar un programade pensiones asistenciales y reforzar Juntos.Para campesinos y ganaderos, un empleo tem-

poral no es la mejor solución: ellos tienen queseguir cuidando sus cultivos y sus animales.En estos casos, programas de transferenciasen dinero, como Juntos, pueden ser más efec-tivos. En los distritos rurales golpeados por lacrisis donde no hay Juntos, debería establecer-

se con prontitud. Donde ya existe Juntos y hayganaderos afectados, el programa podría

ampliarse temporalmente para las familias sinhijos. De esta manera, se evita que estas fami-lias pobres se vean obligadas a vender a pre-cio de remate los animales que con tanto es-fuerzo han juntado, o que los niños sean saca-dos del colegio para trabajar.

Si el gobierno quisiera salir de la pobreza solo

con el crecimiento económico del PBI, se nece-sitarían más de 80 años constantes de creci-miento, por encima de los 5 puntos, sin índicesde inflación superiores a los 2 puntos, para quedistritos andinos y rurales como los deHuancavelica, los más pobres del país, salgan

de la pobreza. En esos valles, la palabra “mila-gro” ha perdido su significado. Pero de ningunamanera tiene por qué ser así.

Bibliografía:

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.Encuesta de hogares especializada en nivelesde empleo 2007. Informe anual del empleo 2007.(2008)

http://www.mintra.gob.pe/peel/publicaciones/infor-mes/PEEL_Empleo_LIMA_METROPOLITANA_2007.pdf

INEI. Informe Técnico. La pobreza en el Perú en elaño 2007 (2008)

http://siteresources.worldbank.org/INTPERUINSPANIS/Resources/InformeTecnico_Pobreza2007.pdf

BCRP. Reporte de Inflación. Setiembre 2008

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/Reporte-Inflacion-15-Enero-2007/Reporte.pdf

MEF. Marco Macroeconómico Multianual 2009-2011

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Progra-ma-Economico/M-M-M-2009-2011-Mayo-2008.pdf

Notas

2 Aunque también existe el efecto recíproco, el delaumento de precios agropecuarios que se ex-portan, y que por tanto benefician a los producto-res sin perjudicar a los consumidores. Pero locierto es que la balanza comercial agropecuariaen el Perú en el 2008 ha sido negativa en US$ 623millones; es decir, se gana mucho menos de loque se pierde ante un aumento de precios inter-nacionales.

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Del 2001 al 2008, el crecimiento del PBI en el

Perú fue de 58%, de lejos el más alto de nues-tra historia reciente. En ese mismo periodo, larentabilidad promedio de las empresas tam-bién creció ininterrumpidamente, pasando del5% anual en el 2001 al 22% anual en el 2008.Como la rentabilidad equivale a la Utilidad Neta

de las empresas dividida entre su patrimonio,esas tasas de crecimiento indican que, enestos 8 años de “boom” económico, la granmayoría de las empresas recuperaron el ínte-gro del capital invertido.

Según Rodrigo Prialé, director gerente de laconsultora Gerens, este repunte empresarialexcede generosamente la velocidad con la que

crecieron las empresas más rentables del pla-neta: las utilidades de las 500 empresas másgrandes del mundo (Global 500) alcanzaron el14% de rentabilidad patrimonial, 8 puntos pordebajo del Perú. Del mismo modo, las 500empresas más grandes de Estados Unidos

(Fortune 500), arrojaron un crecimiento de 13%,9 puntos por debajo de nosotros. Incluso, asíle restáramos el sector minería al incremento

Durante los últimos ocho años el país creció a

tasas aceleradas. Las empresas que operan en

el Perú han crecido en facturación y utilidades

que exceden incluso al repunte de las 500

compañías más rentables del planeta.

Su productividad por trabajador se ha

incrementando y su costo laboral unitario se

ha reducido. Contradictoriamente, los salarios

se han estancado en los años de bonanza.

de la rentabilidad de las empresas, aún esta-

ríamos por encima del crecimiento de las Top500 del mundo.

Estos años de bonanza, sin embargo, no hantenido su correlato en la mejora de los sueldosy salarios, ni tampoco en la distribución del in-

A medida que crecemos, el país se hace más injusto

Humberto Campodónico1

1Es bachiller en Ingeniería Industrial dela Universidad Nacional de Ingenie-ría (1972) y Máster en Economía porla Universidad de París. Profesor dela Facultad de Economía de la Uni-versidad Nacional Mayor de SanMarcos, investigador asociado delCentro de Estudios y Promoción delDesarrollo (CEPAL), miembro delcomité editorial de la revista espe-cializada Actualidad Económica ycolumnista del diario La República.

Los sueldos de la inequidad

Gráfico 1. Rentabilidad de las empresas en el Perú 1998-2008 (en porcentajes)

Fuente, Gerens, www.gerens.com.pe

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greso. Todo lo contrario: se ha agrandado labrecha entre el 20% de la población peruanacon mayores ingresos y el restante 80%. Vea-

mos esto más de cerca.

Los excedentes y salarios en el PBI

En el Perú, la participación que ocupan los sa-larios en el PBI viene bajando desde hace 30

años. El “gran hachazo” lo dio la hiperinflacióndel primer gobierno de Alan García: en 1987,los salarios, que representaban entre el 40% y45% del PBI, se redujeron a 32%. Después, elfujishock de agosto de 1990, durante el primergobierno de Alberto Fujimori, produjo otro agu-

do bajón entre 1991 y 1993. De allí, en adelan-te, los salarios permanecerían más o menosestables (ver gráfico 2). Pero, contradictoriamen-te, cuando comenzó el “boom” económico en el2002, la situación cambió.

Según información del Instituto Nacional deEstadísticas e Informática (INEI), entre el 2002y 2007 (aún no se publican las cifras que co-

rresponden al 2008), el salario ha seguido ca-yéndose. En 2002, a inicios del “boom”, los in-gresos alcanzaban el 25% del PBI, mientrasque en el 2007, en pleno proceso de expan-sión, los salarios se redujeron al 21.9%. O sea

que durante los años de crecimiento económi-co los salarios perdieron 3.1% en el productobruto interno. Paradójicamente, el excedente deexplotación2 se elevó en ese mismo porcenta-je: entre 2002 y 2006, las utilidades se elevaronde 58.7% a 61.9% del PBI, y llegaron a alcanzar

en el 2007 el 62.1%.

En valor monetario, la caída de los salarios enel PBI es inmensa. Si partimos de que el PBIdel 2007 alcanzó los S/.410.939 millones, lostrabajadores recibieron ese año S/.90.000 mi-llones (21.9%). En cambio, en 1991, a pesar dela hiperinflación de 1988, los trabajadores ha-

brían recibido S/.123.700 millones (30.1%), esdecir, S/.33.700 millones más que en el 2007. Adiferencia de los empresarios, que ese mismoaño recibieron S/.38.600 millones más que el2001, debido a su 3.4% adicional en el PBI.

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Gráfico 2. Salarios y excedentes de explotación 1991 - 2007 (en % del PBI)

Fuente: INEI

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Esto no sucede en otros países de AméricaLatina, donde el crecimiento económico sí ha

tenido como resultado el aumento de la partici-pación de la masa salarial en el PBI. En Argen-tina y Brasil, por ejemplo, este aumento –quees sinónimo de mayor igualdad– es un objeti-vo explícito de la política. En ambos países, elporcentaje del salario en el PBI es de aproxi-

madamente 30%.

Sigue vigente la legislación de los años 90

Durante los años de crecimiento económico seprometió a la población que ya vendrían los

años de “chorreo”. Se dijo que había que ser“pacientes y tolerantes”. Mientras tanto, se man-tuvo en lo esencial toda la legislación antiobrerapromulgada por Fujimori justo después delautogolpe de abril de 1992: flexibilización delempleo, facilitación del despido, creación de las

“services”. A esto se suma la interferencia en lasrelaciones laborales y debilitamiento de los sin-dicatos, pues se promovió su división y atomiza-ción con normas como el decreto ley 25593, dejunio de 19923. Así, con una casi nula posibili-

dad de sindicalización, los salarios bajaron sinque los trabajadores pudieran reclamar.

En el nuevo milenio, a pesar de la llegada degobiernos democráticos, la situación no varió

sustancialmente. Las discusiones en la Comi-sión Nacional del Trabajo, así como la Ley Ge-neral del Trabajo en la Comisión de Trabajo delCongreso quedaron en nada, tanto durante elgobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) comocon García. Los lobbies empresariales deter-

minaron que incluso las reformas de las“services” fueran bastante tibias a pesar de quesu eliminación fue una de las principales pro-mesas para la segunda elección de García. Lacereza fue la promulgación del Decreto Legis-lativo 1086 (Ley de Promoción de la Competiti-

vidad, Formalización y Desarrollo de las Mypes)de junio del 2008, que dictó el Ejecutivo comoparte de las facultades que le otorgó el Congre-so para la firma del Tratado de Libre Comercio(TLC) con Estados Unidos, que recortó los de-rechos adquiridos (vacaciones, CTS, gratifica-

ciones) de miles de trabajadores4. Laformalización no pasa por los recortes de losderechos laborales, como creen los empresa-

Entre el 2002 y 2007, el salario ha seguido cayendo. En 2002, ainicios del «boom», los ingresos alcanzaban el 25% del PBI,mientras que en el 2007, en pleno proceso de expansión, lossalarios se redujeron al 21.9%. O sea que durante los años decrecimiento económico los salarios perdieron 3 puntosporcentuales.

Gráfico 3. Lima Metropolitana: Sueldos y salarios reales. 1994=100

Fuente: INEI

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rios y los partidarios de las políticas neoliberales,sino por el aumento de la productividad y unamayor inspección laboral (tenemos 1.3 inspec-tores por cada 100.000 trabajadores, mientrasque países como Chile tienen 19.2).

Por estos motivos los salarios reales (descon-tando la inflación) de los trabajadores no han

recuperado aún los niveles de 1994 (en jergaeconómica 1994=100). Desde el 2002, año dedespegue del crecimiento económico, hastajunio del 2008 los salarios reales han pasadode 84.8 a 89.3, según el Ministerio de Trabajo.O sea, en siete años de “bonanza”, se ha regis-

trado un incremento de tan solo 5.3%. A los em-pleados tampoco les ha ido bien: sus sueldosreales bajaron de 109.2 a 100.6 en el mismoperíodo. Los trabajadores en planilla perdieronel 10% de sus sueldos y, hoy, están igual queen 1994.

El estancamiento del salario mínimo

El aumento de la brecha entre empleo y sala-rios en el Perú también está relacionado con elvirtual estancamiento de la remuneración míni-ma vital5. El problema es que si bien en el Perú

existe el Consejo Nacional del Trabajo (CNT),con la participación de los trabajadores, losempleadores y el gobierno, sus decisionessobre el salario mínimo no tienen caráctervinculante, por lo que quedan sin efecto.

Gráfico 4. Marco Macroeconómico Multianual 2009-2001

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OFoto: Percy Ramírez

Fuente: MEF

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En otros países de la región, existe el mismo

tipo de instituciones, pero tienen caráctervinculante, a diferencia del Perú, lo que desem-boca en la elevación del salario mínimo conuna periodicidad anual; en el caso peruano laperiodicidad es cada dos años.

En Argentina es el “Consejo Nacional del Em-pleo, la productividad y el salario mínimo, vital ymóvil”, que tiene la obligación de determinarlo

periódicamente (Resolución 3/2008, BoletínOficial, 31/7/08). En Colombia la Comisión deConcertación Salarial fija el salario anualmen-te, teniendo en cuenta la inflación y la producti-vidad. En México, la Comisión Nacional de Sa-larios Mínimos los fija una vez al año, de acuer-

do al art. 570 de la Ley Federal del Trabajo.

En Chile, el salario mínimo lo fija anualmenteel gobierno, en concertación con la Confedera-ción Única de Trabajadores (CUT) y losempleadores. Si no hay acuerdo, el gobierno lofija unilateralmente y después lo envía al Con-greso para su ratificación. En Bolivia no hay una

institución, pero desde que entró Evo Moralessubió el salario mínimo de 500 a 577 bolivia-nos, cifra que ha aumentado a 647 bolivianosen enero pasado.

Uno de los criterios centrales de cualquier sa-lario mínimo es mantener el poder adquisitivo

de los trabajadores más pobres, golpeados porla inflación. Sin embargo, en el Perú la inflaciónde 7.3% del 2008 no ha sido recuperada por lostrabajadores, pues el salario mínimo sigue es-tancado en S/. 550/mes, el mismo nivel que enenero del 2007.

Se argumenta que el aumento del salario míni-mo es perjudicial para la economía. Pero se-

gún el Marco Macroeconómico 2009-2011 delMinisterio de Economía y Finanzas (MEF), la pro-ductividad aumentó de 100 a 128 del 2001 al2007, al mismo tiempo que bajó el Costo Labo-ral Unitario de 100 a 78. Esto indica que un au-mento del salario mínimo no sería inflacionario.

La persistente desigualdad

Lo más preocupante es que ha aumentado ladesigualdad en la distribución del ingreso, loque expresa la relación entre los sectores más

favorecidos de la población (Sector A, principal-mente, y Sector B) y los más desfavorecidos(Sector E, principalmente y Sectores C y D). Se-gún información de Apoyo y de la Encuesta Na-cional de Hogares (ENAHO), el 5.5% de la po-

Durante los años de crecimiento económico se prometió a la pobla-ción que ya vendrían los años de «chorreo». Se dijo que había queser «pacientes y tolerantes». Pero se mantuvo en lo esencial lalegislación antiobrera promulgada por Fujimori: flexibilización delempleo, facilitación del despido, creación de las «services».

Gráfico 5. Lima Metropolitana 2007: Ingresos por sectores económicos

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blación de Lima Metropolitana tiene el 33% deltotal de los ingresos (ver gráfico 5), lo que equi-

vale a que esa población gana seis veces loque le corresponde, si los ingresos se distribu-yeran equitativamente.

Mientras el sueldo promedio dentro del sectorsocioeconómico A equivale a S/.12.118, es de-cir 20 veces más que el salario promedio en elsector E, que es de S/.660. Sin mencionar queuna de las grandes falencias de este tipo de

estudios no logran entrevistar a la poblaciónmás rica del país, lo que podría abrir más aúnla brecha.

El 13% de la población del Sector E tiene ingre-sos que equivalen solo al 4% del total, lo quesignifica que este segmento gana (otra vez, si losingresos se distribuyeran equitativamente) sola-

mente la tercera parte de lo que le corresponde.

Las cifras pueden ser miradas de otras mane-

ras. Por ejemplo, el 77% de la población de lossectores C, D y E solo tiene 41% de los ingresos,mientras que el 24% de la población de los sec-tores A y B tiene el 60% de los ingresos totales.

Es importante también hacer notar que el in-greso mensual promedio del Sector E (660 so-les) y del sector D (902 soles) se comparan con

los más bajos de América Latina. Esto se pue-de decir también de otra manera: países comoArgentina, Brasil, Colombia y Chile tienen nive-les de salario promedio para los sectores D y Emuy superiores en 30% a los del Perú.

¿Qué se puede esperar? Peor de lo mismo: enel 2009, el bajo crecimiento económico acen-tuará aún más la concentración del ingreso. La

consultora Gerens nos dice que la rentabilidadempresarial fue 16.6% en el 2008 (muy supe-rior a los otros países de la región), mientrasque los salarios siguieron estancados. En el2009, con la crisis económica internacional hancomenzado los despidos masivos y no hay se-

guro de desempleo para los 200,000 trabaja-dores que se quedarán sin trabajo entre mayo y

junio como anuncia el mismo presidente García.El tema nos lleva, una vez más, al modelo de

crecimiento económico instaurado por elneoliberalismo desde 1991 en adelante. Si biensu fracaso se demuestra en la actual quiebrafinanciera de Estados Unidos, aquí no se lequiere abandonar. Ese es el problema.

Notas

2 Según el INEI, el Excedente de Explotación comprendelas ganancias empresariales y el ingreso de losindependientes por el trabajo por cuenta propia.

3 Esta norma, conocida como la Ley de RelacionesColectivas, recortó la libertad sindical, la nego-ciación colectiva y el derecho huelga. Fue consi-derada por las centrales sindicales como la pri-mera agresión del gobierno contra los trabajado-res. Esta legislación permitió la intermediación la-boral, es decir, la contratación a través de los“services” (Decreto Legislativo 728), que le per-mitían al empresario contratar personal fuera deplanilla sin necesidad de pagar por su salud ysus derechos laborales.

4 Esta medida amplía el alcance de la pequeña empre-sa de 20 a 50 empleados a de 10 a 100 trabajado-res. Esto implica que miles de trabajadores de lasnuevas pequeñas empresas sufrirán recortes ensus vacaciones, gratificaciones y CTS. En loshechos, este decreto se transforma en la nuevaLey de Trabajo, pues abarca a más de 3’200.000trabajadores, quedando fuera solo 900.000 quese seguirán rigiendo por la Ley General del Tra-bajo (Decreto Legislativo 728). La parte positivadel D.Leg. 1086 son las iniciativas para formali-zar a las microempresas: rebaja del impuesto a larenta, cobertura del Sistema Integral de Salud(SIS) y un nuevo régimen de pensiones sociales.

5 Desde principios de los sesentas hasta mediados delos setentas, el salario mínimo vital en el Perúcrecía constantemente. Si lo medimos con un ín-dice que tenga como año base a 1994 (en jergaeconómica, 1994 = 100), se aprecia que el sala-rio mínimo real (descontada la inflación) estabaen 600 en los 60 y aumentó hasta 900 en los 70.Desde entonces comienzan a producirse dete-rioros persistentes (con pequeños periodos deaumento, como 1979-1982 y 1985-87), que tie-nen su peor momento en la hiperinflación de 1987-1990. Más tarde, los salarios casi no aumentandurante la recuperación económica de 1993-1997y, tampoco, durante el “boom” que comenzó en el2002 y dura hasta hoy.

El 5.5% de la población de Lima Metropolitana tiene el 33% del total de losingresos, lo que equivale a que esa población gana seis veces lo que lecorresponde si los ingresos se distribuyeran equitativamente. Mientras elsueldo promedio dentro del sector socioeconómico A equivale a S/.12.118,es decir 20 veces más que el salario promedio en el E, que es de S/.660.

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Dos conflictos importantes nos pueden servir

como ocasión para reflexionar sobre un proble-ma que ciertamente no es reciente, pero queamerita ser abordado con urgencia. Se trata dela relación entre las desigualdades que noscaracterizan como sociedad y nuestro sistemapolítico. ¿Hasta qué punto las diversas formas

de exclusión que nos definen se reproducen yrefuerzan en nuestra vida política? Evidente-mente, nos referimos a los que están excluidosdel bienestar, de oportunidades básicas, deservicios públicos indispensables y de calidad(como salud y educación), de un empleo digno.

Por un lado, el reciente conflicto entre el Estadoy la Asociación Interétnica de Desarrollo de laSelva Peruana (Aidesep) muestra clara ydolorosamente la falta de representación polí-tica de un sector importante de la sociedad. Elconflicto con las comunidades indígenas de la

selva no es sólo un problema ecológico, que yaes bastante importante, sino también de exclu-sión económica, social, cultural y política. El otroes la polémica generada a raíz de un informeperiodístico sobre la congresista Hilaria Supa,de raíz quechua, sobre sus supuestas

incapacidades para ocupar el lugar que le otor-garon sus electores. No solo se trata de su con-dición de quechua hablante, sino también desu condición de mujer, representante de mu-chas mujeres que, como ella, no han tenidoacceso a una educación bilingüe de calidad que

el Estado supuestamente debe garantizar a to-dos los ciudadanos por igual.

Estos dos ejemplos nos invitan a confrontar-nos con los límites de nuestras formas de re-presentación política, de la manera en la queoperan los partidos y el Congreso, que son so-

lamente la punta del iceberg de situaciones defondo, de exclusión, desigualdad y pobreza, quetenemos que encarar si queremos llegar a con-figurarnos como una real comunidad políticaen la que podemos reconocernos todos comoiguales y con los mismos derechos. Visto des-

de otro modo, me pregunto: ¿en qué medida elejercicio de los derechos civiles y políticos tie-ne o no una repercusión significativa en la posi-bilidad de que gran cantidad de personas pue-da asegurarse el ejercicio de sus derechoseconómicos y sociales?, ¿nuestro sistema po-

lítico enfrenta efectivamente el problema de lagran cantidad de peruanas y peruanos que vi-ven en situación de pobreza y vulnerabilidad?,¿logra representar sus voces, intereses y de-mandas?

Intentemos responder a estas interrogantes.Por los casos mencionados, podemos afirmarque todos los que (teóricamente) somos ciu-

dadanos no estamos representados en nues-tras instancias políticas. No estamos todos losque somos, ni tampoco somos todos ciudada-

Pepi Patrón1

Los conflictos con las comunidades de la selva revelan

que existe una falta de mecanismos para que los

pueblos amazónicos expresen sus necesidades.

Paralelamente, el año pasado se presentaron 245

solicitudes de revocatorias de autoridades locales,

lo que dice mucho de la falta de legitimidad

de las autoridades a nivel nacional.

La legitimidad de la democracia pasa por la ciudadanía efectiva

En busca de algo más que un DNI

1 Es doctora en Filosofía por la Universidad Católica deLovaina, Bélgica, presidenta de la Asociación CivilTransparencia desde el 2002 y profesora princi-pal del Departamento de Humanidades de la PUCP.También es miembro del Comité Consultivo Exter-no del Instituto del Banco Mundial en DerechosHumanos y consultora internacional en asuntosde participación ciudadana y género en proyec-tos de desarrollo.

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nos. No tenemos nuestros derechos, ni nues-tras oportunidades, ni el desarrollo de nues-

tras capacidades garantizados por nadie. Ni porel Estado, ni por el mercado, ni por la sociedaden general. Si no somos todos ciudadanos ensentido pleno (civil, político, económico, social,cultural), difícilmente podremos decir que nues-tro sistema político representa todas las voces,

sobre todo aquellas de los más vulnerables,excluidos y marginados del país. Y nos referi-mos en concreto al año 2009.

En los dos casos mencionados como ejem-plos emblemáticos, se trata de sectores en losque se concentran altísimos índices de pobre-za. Comunidades nativas de la selva peruana,mujeres de origen rural y quechua hablantes,

parecen ser los dos grupos que más represen-tan la exclusión y la vulnerabilidad, cuyocorrelato se expresa en la injusticia y lainequidad. Como indica un texto de FLACSO eIDEA Internacional: “El sistema democrático ensu conjunto está en entredicho cuando existe

una franca disonancia entre la ciudadanía y susrepresentantes; es decir, cuando estos últimosno son el fiel reflejo de la diversidad existenteen esa comunidad y cuando sectores impor-tantes carecen de acceso directo a la represen-tación.”2 Creo que podemos, legítimamente

decir que ese es el caso en el Perú. Pero elproblema parece ser más grave aún. No es soloque nuestro sistema político refleja y reprodu-ce las desigualdades existentes; parecería,además, que contribuye a perpetuarlas, con locual sólo logra su profundización. Tenemos pro-

blemas de representación política y ello puedeexplicar también parte de la debilidad de nues-tra democracia, lo que nos lleva a la permanen-te tentación de outsiders y candidatosantisistema que contribuyen a debilitar y cues-tionar la democracia, por lo menos bajo la per-

cepción ciudadana.

¿Cómo están nuestras instituciones de

representación política?

Como indican muchos estudios recientes, apesar de que en América Latina la democracia

electoral y los derechos políticos se encuen-tran bastante consolidados, seguimos tenien-do problemas en la calidad de nuestros meca-nismos de representación política y, como yase ha señalado, en la posibilidad de configurarreales y efectivas democracias de ciudadanos3.

La baja aprobación que gozan las institucionesen plena democracia representativa, a saberlos políticos y el Congreso, parecería ser unaprueba más de la trágica distancia que existeentre los ciudadanos y sus instituciones políti-cas. En el Informe 2008 de la Corporación

Latinobarómetro, el Perú aparece en el últimolugar de toda América Latina, respecto a la con-fianza y la aprobación del trabajo que tenemosdel Legislativo. En el caso de los partidos polí-ticos también estamos al final en lo que se re-fiere a la confianza. Es decir, las dos institucio-

nes emblemáticas de la democracia represen-tativa no gozan de prestigio entre las peruanasy los peruanos.

El altísimo grado de volatilidad electoral esta-bles en el tiempo es un indicador gravísimo dela desinstitucionalización4 y falta de arraigo delos partidos políticos. Es el más alto en Améri-ca Latina, del orden del 50%, y parece que uno

de los más altos en el mundo. Así, por ejemplo,si Perú Posible alcanzó 45 escaños en el 2001,tuvo solo 1 en el 2006; el FIM obtuvo 11 en el2001 pero ninguno el 2006; Unión por el Perú 6en el 2001 pero 45 en el 2006 (incluía en elmomento de las elecciones al Partido Nacio-

nalista, pero luego se separaron).

Respecto a su presencia a nivel nacional, pare-ceríamos asistir a un fenómeno peculiar: lospartidos nacionales con representación en elCongreso cada vez hacen menos política en

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todo el territorio: disminuyen su participaciónen las elecciones municipales y regionales y,más aun, la lectura de las últimas elecciones

no confirma la vigorización regional de los par-tidos nacionales, sino exactamente todo lo con-trario. En el interior, se aprecia una crecienteimportancia de los movimientos regionales5. Esinteresante destacar que estos no tienen lasmismas exigencias que los partidos naciona-

les, en la Ley de Partidos, para su inscripción ypermanencia.

La primera impresión que surge es que nues-tros partidos políticos, salvo honrosas excep-ciones, no son partidos en sentido estricto sinomáquinas electorales que surgen de la nadaen cada elección. En las últimas décadas nohan dejado de aparecer partidos nuevos, des-

de el fujimorismo (con sus múltiples e inaca-bables variantes) hasta el nacionalismo, queaparecen sin ideologías y programas consis-tentes, sino con ansias de lograr un poder parael que no escatiman la improvisación y la co-lección de personas para sus listas

congresales. Esta falta de institucionalidad delos partidos contribuye de manera fundamentala nuestro juicio, en los problemas de represen-tación política que nos aquejan. Listascongresales improvisadas, búsqueda de per-sonajes (de la farándula, del deporte) más que

de personas familiarizadas con el manejo de lacosa pública, ausencia de “cuadros” profesio-nales y técnicos, “figuretismo” más que proyec-tos y propuestas, parecen caracterizar a quie-nes tienen la enorme tarea de legislar, de re-presentar los intereses de todos y de fiscalizar

a los otros poderes del Estado.

Es legítimo dudar ante los retos que significareducir la pobreza y la necesidad de incluir alos sectores más vulnerables de nuestra so-ciedad, si los partidos políticos están jugandoel rol de representación y de intermediación quelos define. En un trabajo publicado por Idea In-

ternacional y Transparencia, en el contexto del

programa Ágora Democrática, La política y lapobreza en los países andinos6, se abordaronalgunas de estas cuestiones fundamentales en

la perspectiva del fortalecimiento de la demo-cracia en los países de la región y, en ella, elPerú. En este texto7 se señala que el sistemaelectoral y la legislación sobre los partidos de-limitan el marco institucional de nuestro siste-ma de representación y configuran, por tanto, el

escenario y las posibilidades (o no) para quelos más vulnerables y excluidos logren tenervoz en el sistema político. Las recientes expe-riencias en el Perú parecerían mostrar que lospartidos políticos no están cumpliendo esta fun-ción y que las prácticas institucionales y la le-

gislación vigente tendrían que mejorarse paraque cumplan estos objetivos.

Tenemos que tomar en serio la discusión so-bre la pertinencia del voto preferencial para laselecciones parlamentarias que, según expe-riencias vividas, parece contribuir a la lucha sincuartel entre miembros de la misma lista elec-toral. Aquí juega también un papel muy relevan-

te el financiamiento de los partidos políticos.Pese a que la Ley de Partidos contempla elaporte público, en particular para tareas de ca-pacitación de sus miembros, éste nunca se hahecho efectivo por la consideración (política y co-yuntural de los partidos) de la impopularidad de

tal medida. Las cuentas claras y la transparenciade los dineros que financian la actividad políticasólo pueden contribuir a ganar en legitimidad yrespeto ciudadano. Los costos del acceso a losmedios de comunicación pueden hacer una dife-rencia significativa en lo que concierne al impacto

público de algunas candidaturas.

Igualmente relevante resulta el debate sobre lanecesaria estructura bicameral del Congreso,Senadores y Diputados, para mejorar larepresentatividad de los congresistas, la cali-dad de nuestros representantes políticos y delas propuestas legislativas que en él se deba-

tan. Lamentablemente, discursos que buscandeslegitimar a los llamados partidos “tradicio-

Podemos afirmar que todos los que (teóricamente) somos ciudadanos no estamosrepresentados en nuestras instancias políticas. No estamos todos los que somos, nitampoco somos todos ciudadanos. No tenemos nuestros derechos, ni nuestras oportuni-dades, ni el desarrollo de nuestras capacidades garantizados por nadie.

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nales “ o a la política “tradicional”, fundacionalespor ejemplo del fujimorismo, sólo refuerzan ladesconfianza de la población y el rechazo amedidas como el bicameralismo o elfinanciamiento público de los partidos, que dan

resultados más efectivos en muchas partes denuestro continente y del mundo.

Estamos, pues, ante problemas que nos con-frontan con la naturaleza misma de nuestro sis-tema político. Con un sistema de partidos frag-mentado, volátil y con evidentes faltas deinstitucionalidad, los sectores marginados ymás vulnerables de nuestra sociedad muy difí-

cilmente pueden encontrar organizaciones querepresenten y canalicen sus demandas y prio-ridades. Más allá de los problemas legales,cabe preguntarse si los pobres, por ejemplo,están incluidos en los partidos políticos. Res-puestas posibles: si el analfabetismo es indi-

cador de pobreza, el grado en que las perso-nas pobres no participan en los partidos políti-cos es altísimo: en nuestro país es del ordendel 81%8. En el caso de las poblaciones indí-genas, según el ejemplo inicial, esto es aunmás contundente.

Parece evidente así “que la exclusión políticaguarda relación con la exclusión social y eco-

nómica y es ahí donde resulta necesario afian-zar la representación de la pluralidad. No setrata solamente de ‘dar la voz a los sin voz’, sinode encontrar mecanismos para la canalizaciónde los requerimientos de sectores sociales queno son beneficiados por las políticas de gobier-

no”9. Esta relación entre lo que hemos llamado

derechos civiles y políticos y derechos socio-económicos es parte del problema a ser abor-dado de manera práctica. Pienso, sin embar-go, que darles voz a los sin voz contribuyesignificativamente a la generación de esos

mecanismo de canalización de sus demandas.Uno puede generar lo otro.

Por ello, es necesario constatar que hay algu-nos avances importantes en la perspectiva demejorar el ejercicio de derechos mediante laparticipación ciudadana, así como mecanismospara democratizar la efectiva representación desectores históricamente ausentes en las ins-

tancias de poder político, como es el caso delas mujeres.

Cuotas de poder para las mujeres

En nuestro país, así como en más de cien paí-

ses del mundo, se han generado mecanismosexcepcionales para la inclusión de las mujeresen la vida política. A eso apuntan las cuotas: acorregir la histórica deficiencia de la participa-ción femenina en las esferas de poder y de tomade decisiones. Pese a ello, hemos asistido hace

poco a una lamentable experiencia de discrimi-nación y desautorización de una representantefemenina de origen quechua. Hablar de muje-res, política y poder, es hablar de un problemacomplejo. Es hablar de diferencias que se trans-forman en desigualdades. ¿Hasta qué punto

nuestra democracia está en condiciones de in-corporar y respetar la diversidad y las diferen-cias? ¿Hasta qué punto las democracias incor-

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poran a las mujeres en los espacios de poderpolítico?10

Los resultados de la aplicación del sistema decuotas son sorprendentes. En la Región Andina,la ley de cuotas ha llevado a un incremento sig-nificativo en la representación femenina en losórganos legislativos. En Ecuador se ha pasado

del 6% al 18% una vez establecida la cuota. Enel Perú: desde el año 1997 en que se aplica lacuota para mujeres en el Congreso, la presen-cia de mujeres se ha triplicado, ahora es delorden del 29%. Bolivia ha pasado del 7.6% al17.8% de presencia femenina gracias a la cuo-

ta. Y en Honduras se ha pasado del 6% al 23%de mujeres en las últimas elecciones. Sin em-bargo, en general, las mujeres conformamosen América Latina el 50% de la población y delos padrones electorales, pero sólo represen-tamos el 18% de las autoridades electas en los

órganos legislativos de la región11. Cabe seña-lar que en nuestro país no hay ninguna Presi-denta de Región electa (la única actual es porrenuncia del presidente Yehude Simon, regiónLambayeque) y hay sólo un 2% de responsa-bles mujeres de alcaldías.

Cuando se aborda reflexivamente el tema de

por qué es importante que las mujeres partici-pen en política o que accedan al poder en la

esfera pública, las respuestas, desde la teoría,son múltiples. Una, considerada de justicia ele-mental, afirma que dado que las mujeres son

la mitad de la población, es obligatorio que ten-gan una cuota de poder semejante a tal propor-ción. Una segunda aproximación considera quelas mujeres deben llegar al poder para plan-tear en la agenda pública y en las políticas pú-blicas los problemas que tienen que ver con la

desigualdad que afecta sus vidas. Se busca,justamente, a través de la ampliación de susderechos políticos ampliar sus derechos eco-nómicos y sociales, promoviendo el desarrollode sus capacidades en vínculo con sus prácti-cas culturales.

Se necesita la participación ciudadana

En lo que concierne a los mecanismos de par-ticipación ciudadana, éstos constituyen no unacontradicción con la democracia representati-

va, sino una dimensión crucial12 de la misma.Se trata de que los ciudadanos participen enlos espacios públicos de discusión y de deci-sión de la agenda pública. Sin embargo, lasrelaciones de exclusión y la falta de ciudadaníaen los términos antes descritos, no facilita en

absoluto la participación de sectores excluidos

Foto: Yanina Patricio

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en tales espacios. Se necesita legislación es-pecial al respecto.

Así, en nuestro país, si bien ya la Constituciónde 1993 contempla mecanismos de democra-cia directa (como el referéndum que, por cierto,Fujimori usó en su propio beneficio), es a partirdel gobierno de transición de Valentín Paniaguaque se ingresa, como señalan Roncagliolo,

Meléndez y Valladares, a un período de paulati-nas reformas estatales participativas basadasen la inclusión de mecanismos de inclusiónciudadana en la gestión local y regional. Asícontamos con la Ley Marco de las Mesas deLucha contra la Pobreza (abril 2001), Ley de

Bases de Descentralización (julio 2002), LeyOrgánica de Municipalidades (mayo 2003) y laLey Marco del Presupuesto Participativo (agos-to 2003).

Estos marcos normativos permiten instanciasde participación y concertación entre los ciuda-danos y sus organizaciones representativas con

las autoridades electas y los funcionarios delEstado. En experiencias que hemos podido veren distintos lugares del Perú, la existencia deConsejos de Coordinación Local y Regionalcontribuye de hecho a la participación efectivade los ciudadanos en las instancias de toma

de decisiones. Sin embargo, estos canales departicipación son aún iniciales y muy incipien-tes; tendrían que complementarse con impor-tantes reformas a nivel del sistema político paraque nuestra democracia sea efectivamente unademocracia de ciudadanos. El tema de la diver-

sidad que nos caracteriza como país es uno delos retos que nuestros débiles partidos políti-cos tienen que enfrentar.

Otro mecanismo participativo interesante, queprecisamente apunta de algún modo a corregirdeficiencias de los procesos electorales, es elde la revocatoria de autoridades ediles. Estosprocesos han aumentado mucho en los años

recientes, y en el 2008 se han admitido 245consultas, con un récord de autoridades some-

tidas a consulta. Esto, sin embargo, podría leer-

se también en una perspectiva negativa, es decircomo una señal de la débil legitimidad de lasautoridades regionales y locales, lo cual nosvuelve a poner en el punto de partida: la necesi-dad de reformar algunas de las institucionesbásicas de nuestra democracia representativa,

como el Congreso y los partidos políticos, paraque puedan convertirse en efectivos agentesde justicia social y lucha contra la pobreza y noen instituciones que perpetúen, reproduzcan yrefuercen las radicales inequidades que noscaracterizan como sociedad.

NOTAS

2 Ríos, Marcela (Ed.) Mujer y Política. El impacto delas cuotas de género en América Latina. Santia-go de Chile: International IDEA, FLACSO Chile yEditorial Catalonia, 2008, p. 13. Mujer y Política.El impacto de las cuotas de género en AméricaLatina.

3 Título que lleva el Informe del PNUD sobre AméricaLatina: La democracia en América Latina. Haciauna democracia de ciudadanas y ciudadanos.Buenos Aires: Alfaguara, 2004.

4 Roncagliolo, Rafael, Carlos Meléndez y Jorge Valla-dares, Estado de la Democracia en los PaísesAndinos. Informe Complementario-Perú: Ejerci-cio de la representación y la participación políti-cas (2000-2008), Mimeo, pp. 7ss. Agradezco alos autores el permiso para citar este texto aúninédito.

5 Ibid., p. 146 Guerra-García, Gustavo y Kristen Sample (Edito-

res), La política y la pobreza en los paísesandinos Lima: International IDEA y Asociación Ci-vil Transparencia, Programa Ágora Democrática,2007.

7 Alarcón, Javier, “Sistemas de partidos y desarrollo:El caso del Perú” en Guerra-García, Gustavo yKristen Sample, op. cit., p. 384.

8 Guerra-García, Gustavo y Kristen Sample, “Visiónde conjunto” en Guerra-García, Gustavo y KristenSample, op. cit., p.14.

9 Meléndez, Carlos, “Los partidos andinos y la inclu-sión política” en ibid., p. 75.

10 Patrón, Pepi, Diagnóstico sobre la participación delas mujeres en política: Panamá. Panamá: PNUD,2007.

11 Ríos, Marcela (Ed.), op. cit.,p. 1112 Roncagliolo, Rafael et al., op. cit., p. 2.

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A principios del 2009, al inicio del segundo se-

mestre de la crisis financiera, el recién elegidopresidente Barack Obama anunció un Plan deEstímulo Económico por US$825.000 millonesen gasto público y reducciones fiscales. Esteplan incluyó la cláusula Buy American (compreamericano), en el que se destinaban alrededor

de US$64.000 millones en infraestructura, queimplicaban adquirir solamente acero produci-do por las fundiciones de Estados Unidos. Conello, este gobierno adalid del libre comerciohacía un gesto público que evidenciaba una ten-dencia: usar herramientas de política pública

para la regulación interna con el objeto de pro-mover sectores sensibles y vulnerables de laeconomía, y así poder reaccionar ante situacio-nes de crisis.

A inicios de este año, también los peruanoscomenzamos a oír una pegajosa tonadita porla radio: “Voy a comprarle a mi tierra, voy a com-prarle al Perú… ¡Cómprale al Perú!”, cantaba el

jingle publicitario de la campaña lanzada por elMinisterio de la Producción con el propósito depromover el consumo interno de los servicios yproductos peruanos para aliviar la presión dela crisis a través de convenios de cooperacióninstitucional con algunos gremios y gobiernos

regionales. Si el gobierno hubiera querido irmás allá del jingle publicitario, y verdaderamen-te promover la compra preferente a los produc-tores nacionales para el impulso de obras pú-blicas, hubiera encontrado serias limitacionesal verse obligado a incluir entre los beneficia-

rios de esta medida a los proveedores de aque-

Crisis global evidencia la limitación de los TLC

como estrategias de desarrollo

Alejandra Alayza Moncloa1

llos países con los que ya ha comprometido la

liberalización comercial vía los TLC debido aque, como se desprende de los acuerdos inter-nacionales, las empresas extranjeras puedencompetir en igualdad de condiciones que lasnacionales. Así, los escasos recursos públicosque pudieran haber sido destinados para pro-

mover el mercado interno, ahora, terminarándisputándose entre productores nacionales ynorteamericanos, limitando los principios de lacampaña.

La suscripción, implementación y vigencia delTLC con los Estados Unidos, entre el 2008 y2009, ha marcado un hito en la definición denuestro modelo de desarrollo. Constituye una

apuesta que prioriza el acceso a los mercadosinternacionales y se convierte en una camisade fuerza para la acción y regulación del Estadosobre la economía. Porque, mientras el primermundo endurece la fiscalización del sector pri-vado, para desaparecer las burbujas financie-

ras que llevaron decenas de bancos a la quie-bra, nosotros ponemos por encima los dere-chos otorgados a los inversionistas limitando

El TLC firmado con Estados Unidos representa

el significado que tiene el libre mercado, las

grandes inversiones y las empresas

transnacionales para el gobierno, que en su

búsqueda por insertarnos en la economía

global nos ha convertido en un dependiente

del neoliberalismo, dejando de lado la integración

entre los países andinos y entre nuestros

pueblos de la sierra y la amazonía.

Perdiendo la caja de herramientas

1 Es bachiller en Sociología por la PUCP y magíster enPolítica Aplicada por la Fundación Iberoamerica-na de Administración y Políticas Públicas – FIAPP,y en Derechos Fundamentales por la Universi-dad Carlos III de Madrid. Actualmente se desem-peña como coordinadora ejecutiva de Red Pe-ruana por una Globalización con Equidad-RedGE.

59

la capacidad de regular estos flujos de inversiónen un contexto de alta volatilidad y cambio.

Desde que empezó la crisis se advirtió que susefectos podrían superar a los del gran crack de

1929. Aquel año, el colapso de Wall Street de-rrumbó la economía estadounidense y global,cuyo correlato fue la Gran Depresión de los añostreinta. Hasta la fecha, los economistas másconnotados no han sido capaces de definir losalcances del impacto que tendrá la crisis en el

mediano plazo a nivel mundial. Lo que sí resultaevidente es que el origen de la crisis constituye

en sí mismo un cuestionamiento de fondo al

paradigma del libre mercado, así como a suautorregulación, principalmente por su libremovilidad de capitales que sobrepasa a la ca-pacidad de los órganos reguladores del Estado.

A pesar de estas señales externas, el presi-dente Alan García no dudó en decir que estába-mos “blindados frente a la crisis”, y prefiere ace-lerar la implementación y entrada en vigencia

del TLC con Estados Unidos, iniciando así ellibre movimiento de capitales en el país. En esteproceso se han otorgando derechos a los

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inversionistas extranjeros por encima de los que

se daban a los nacionales, y en ocasiones acosta de sectores vulnerables, con el afán decumplir los compromisos que exige unaglobalización neoliberal. Tal parece que hemosllegado tarde a la fiesta.

Mientras que en el mundo se discuten los mi-llonarios rescates financieros a los bancos ycobra sentido la necesidad de ajustar el mode-

lo, pasando de una desregulación excesiva delos mercados para redefinir el rol del Estado enla economía, cuestionando la excesiva liberali-zación del sector financiero ante su rotundo co-lapso; el “blindaje” de García y su apuro porimplementar la liberalización resultan necios.

Los cambios que esta crisis está generandoen el corazón del neoliberalismo parecen nohaber sido tomados en cuenta dentro del ba-lance de la estrategia de inserción económicapor la que apuestan los últimos dos gobiernosdemocráticos del Perú.

La fiebre del libre comercio

Durante el 2008, el gobierno profundizó su es-trategia de inserción vía la negociación, sus-cripción e implementación de TLC con diver-

sos países. Con ellos, ha llegado el desman-telamiento de los aranceles2, la incorporaciónde estándares para el tratamiento de las inver-siones, la liberalización del régimen de las com-pras públicas, los servicios, así como nuevos ymás rigurosos estándares de propiedad inte-

lectual, entre otros. Con la promesa de accedera mercados internacionales, y poder aprovecharla importante demanda externa, nuestro paísasumió duros compromisos que limitan su ca-pacidad de desarrollar políticas públicas y loobligan a dar un paso al costado frente al mer-

cado.

Durante el 2008 e inicios del 2009 se ha desa-rrollado una nutrida agenda de negociaciones

y suscripción de acuerdos comerciales. A la fe-

cha tenemos dos TLC vigentes3, cuatro listospara ser implementados y cinco con negocia-ciones en cursos, y por si fuera poco, se estánanunciando nuevos procesos gubernamenta-les para firmar más.

Pero el punto de partida es el mismo: el TLCcon los Estados Unidos. Este acuerdo consti-tuye la base para las nuevas negociaciones, ya

que las ventajas otorgadas en este tratado po-drían ser solicitadas por las nuevas negocia-ciones apelando al Trato Nacional y Nación másFavorecida, principios básicos con los que setejen estos acuerdos.

Esta desbocada agenda de negociaciones pa-reciera no contemplar una visión nacional más

inclusiva de mediano plazo, porque se estábuscando afianzar vínculos con importanteseconomías, ofreciendo tratos poco recíprocosentre economías asimétricas. Esto, evidente-mente, nos pone en desventaja. La capacidadde la mayoría de productores peruanos de be-

neficiarse de estas oportunidades comercialeses restringida. Las capacidades de exportaciónde la mayoría de productores nacionales, inclu-yendo las Pymes y los productores agrícolas,encuentran serias barreras para su inclusiónen estos acuerdos.

En la transacción de estos acuerdos se obser-va una activa participación de los sectores em-

presariales exportadores, que ya han cultivadouna estrecha relación con los negociadores.Llama poderosamente la atención que en elperíodo de conversaciones del TLC se hayaconstituido el llamado Consejo Empresarial deNegociaciones Internacionales (CENI), presi-

dido por el empresario minero RoqueBenavides (Minera Buenaventura) y CésarPeñaranda (ahora director del Instituto de Eco-nomía de la Cámara de Comercio de Lima).Sin embargo, cuando diversos sectores de lasociedad civil, como los gremios agrarios, las

Esta desbocada agenda de negociaciones pareciera nocontemplar una visión nacional más inclusiva demediano plazo, porque se está buscando afianzarvínculos con importantes economías, ofreciendo tratospoco recíprocos entre economías asimétricas. Esto,evidentemente, nos pone en desventaja.

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organizaciones indígenas, las ONG, entre otros,que desarrollaron otras alternativas a estos

procesos, el gobierno mostró una disposiciónmenor a integrar estas perspectivas. A pesar delesfuerzo de seguimiento y propuestas específi-cas desde la sociedad civil, en materias de de-rechos humanos, desarrollo sostenible y comer-cio, no han sido recogidas por el gobierno.

Esto se ha manifestado en las negociacionesdel TLC con la Unión Europea en las que se

han archivado las sugerencias presentadas pordiversas asociaciones civiles como la cláusulademocrática, aportes en materia laboral y am-biental a pesar de que fueron alcanzadas comoverdaderos mecanismos de seguimiento y cum-plimiento a los estándares en estos temas. Las

limitaciones de incidir en las decisiones delgobierno en el ámbito de la negociación comer-cial internacional han llevado a organizacionesindependientes a buscar otras estrategias parallamar la atención, como son la búsqueda deotras agrupaciones civiles aliadas en la región

andina y de los países con los que se vienenrealizando las negociaciones. Así se han dadoimportantes procesos de acción con resulta-dos importantes en temas como los derechoslaborales en el TLC con Estados Unidos, gra-cias a las alianzas con organismos sindicales

y laborales del país del norte. Respecto al temaforestal, grupos ambientalistas de EstadosUnidos pusieron su cuota para proteger mejorel medioambiente. Estos mismos mecanismosse siguen impulsando en el contexto del TLCcon la Unión Europea.

La cuestionada implementación del TLC con

Estados Unidos

El impacto de la apertura comercial se ha deja-do sentir antes que la entrada en vigencia delTLC. Entre enero y junio del 2008, el Ejecutivopromulgó casi un centenar de decretos legisla-

tivos en el marco de la Ley de delegación defacultades para la implementación del Tratado

de Libre Comercio entre el Perú y los EstadosUnidos y apoyo a la competitividad económicapara su aprovechamiento (Ley Nº 29157)4. Estamedida constituyó una de las reformas másprofundas de los últimos años. Aprovechandolas facultades delegadas por el Congreso, ade-

más de llevar a cabo los compromisos asumi-dos en este acuerdo (como el D.Leg. Nº 1072que desarrollaba los compromisos en materiade protección a los datos de prueba de los me-dicamentos), el Ejecutivo promovió reformasque iban más allá de los objetivos del TLC: se

impulsaron reformas advertidas por el presiden-te García desde finales del 2007 en suspolémicos artículos periodísticos del “síndro-me del perro del hortelano”.

Entre las reformas más polémicas está el pa-quete de medidas en materia ambiental, queincluyó modificaciones al régimen de acceso alas tierras agrícolas, recursos hídricos y bos-

ques. Estas reformas buscaban facilitar el usoy explotación de estos recursos, debilitando losestándares ambientales y derechos de las co-munidades campesinas y pueblos indígenasque las ocupaban ancestralmente.

Ante la promulgación de estos decretos, la re-acción de las organizaciones indígenas no se

hizo esperar. En agosto del 2008, la AsociaciónInterétnica de Desarrollo de la Selva Peruana(Aidesep) encabezó un levantamientoamazónico que le permitió conseguir que elCongreso derogara los decretos 1015 y 1073,que amenazaban con poner en venta sus terri-

torios. Sin embargo, a pesar de la existencia dediversos gremios campesinos, pequeños pro-ductores, organizaciones campesinas y nativas,que siguen impulsando la derogatoria de otrosdecretos legislativos (1064, 1080, 1081, 1089 y1090) que también ponen en peligro el acceso

a los recursos naturales, el Congreso solo de-

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rogó los artículos referentes a los pueblosamazónicos en estos dos decretos. La lucha

de los movimientos indígenas se mantiene vi-gente durante este año.

Estas paralizaciones y la acción coordinada delas organizaciones ambientales y de desarro-llo en el Perú aliadas con organizaciones esta-dounidenses, llamaron la atención de la Ofici-na Comercial de EEUU (USTR), que terminóinsistiendo en la necesidad de modificar la Ley

Forestal y de Fauna Silvestre (D.Leg. Nº 1090)como prerrequisito para que la Cámara de Se-nadores de Estados Unidos aprobara el TLC.

Otra norma modificada fue el Decreto Legislati-vo 1081 (Ley de Recursos Hídricos) que fue

parte del reclamo de los movimientos agrariosarticulados en la Junta Nacional de Usuariosde Riego del Perú y la Convención Nacional delAgro Peruano (Conveagro). Si embargo, ningu-na de estas dos reformas ha logrado resolverel problema, al tratarse de reformas parciales

que no han atendido algunos de loscuestionamientos centrales.

Los ajustes en materia laboral también forma-ron parte del paquete de reformas. Con el De-creto Legislativo 1086 se promulgó la nueva Ley

En el escenario de la crisis global, los impactos de laapertura comercial se agravan, y requieren respuestasinmediatas. El contexto de la crisis nos obliga a ser cautos.Durante las negociaciones, los sectores exportadoresseñalaban que el mercado internacional generaría talesganancias que permitirían compensar a los “perdedores”del TLC. Nada más falso.

Gráfico 2. Decretos legislativos de la implementación del TLC EEUU: agua, tierra y bosques

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de la Mediana y Pequeña Empresa (Ley Mypes).A pesar de que nuestro país se comprometió ano reducir los estándares laborales para pro-mover el comercio y la inversión, la nueva Leyrecortó derechos básicos (periodo vacacional,

compensación por tiempo de servicios, gratifi-caciones y causal de despido) a más de 1,3millones de trabajadores entre obreros y de-pendientes del sector empresarial, que re-presentan el 31% de todos los trabajadoresobreros y empleados a nivel nacional5.

El carácter de estas reformas mostró cómo laapuesta por aprovechar la demanda externa y

facilitar las inversiones en el contexto de losTLC tiende a beneficiar a las grandes inversio-nes, que abaratarán los costos de producciónpara las empresas privadas y debilitarán losmecanismos que daban garantían a los dere-chos de los sectores más vulnerables. Se dis-

minuyen derechos de los trabajadores, se poneen cuestión el derecho de propiedad de lospequeños agricultores, comunidades campe-sinas y nativas, y se limitan los derechos de lospueblos indígenas como el derecho a la con-sulta previa. Estas reformas han sido justifica-

das desde la lógica de la competitividad, quepone a los comuneros y nativos como obstácu-los y no como potenciales actores del desarro-llo. Lejos de aprovechar el contexto de las fa-cultades delegadas en el marco de la imple-mentación, el gobierno, una vez más, desapro-

vechó la oportunidad para desarrollar una agen-da interna que permitiera amortiguar el impac-

to negativo del TLC en los sectores más sensi-bles y de crear condiciones para incluirlos enlas oportunidades del comercio.

Por si fuera poco, el impacto del TLC con Esta-dos Unidos también ha dejado estragos en el

proceso de integración andina. Debido a lasnormas en materia de propiedad intelectual, quesupuso la modificación del régimen común depropiedad industrial (Decisión 486 de la Co-munidad Andina), las relaciones con los paí-ses andinos se resquebrajaron. Ese proceso

resultó ser altamente conflictivo y visibilizó lafractura en las relaciones entre los paísesandinos. Así, se puso de manifiesto que nues-tro país, en la urgencia por firmar el TLC con losEEUU, había aceptado compromisos que vio-laban normas andinas, traicionado compromi-

sos anteriores.

Estas dificultades influyeron directamente en la

negociación del Acuerdo de Asociación entre lospaíses andinos y la Unión Europea, que termi-nó por paralizarse para reiniciarse en febrerode este año, en el formato de una negociaciónbilateral de un Acuerdo Comercial tipo TLC, de-jando fuera a Bolivia ya que este país venía in-

sistiendo en negociar un acuerdo de comercioque verdaderamente reconociera las asimetríastal como la UE había ofrecido. Para los gobier-nos de Perú y Colombia, las propuestas deBolivia resultaban inviables en el marco de suestrategia de liberalización, por lo que no duda-

ron en solicitar la negociación bilateral sólo delámbito comercial. Este gesto no sólo aisló a

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Foto: Yanina Patricio

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Bolivia en el escenario andino, sino que se en-

frenta el reto de continuar una negociación bila-teral con la UE, en la que se mantiene Ecuadory que persiste en no negociar un TLC, segúnmandato presidencial.

Para atrás, como el cangrejo

El apuro con el que se ejecutó la implementa-ción del TLC con Estados Unidos revela la feciega que existe en la promoción de las inver-siones y la desregulación de los mercadoscomo la única manera de generar riqueza. En

este proceso, demostramos que estamos a laaltura de responder a las más altas exigenciasde los mercados internacionales y a sus capri-chosas empresas transnacionales. La vieja fra-se del ex representante comercial de los Esta-dos Unidos, Robert Zoellick, “el capital es co-

barde, no va sino donde se siente inseguro”,había calado. Siguiendo la receta de los TLC,el gobierno aseguró a las inversiones y al capi-tal, por encima de la capacidad del propio Esta-do de volver a poner orden cuando resultasenecesario.

Pero la cobardía de este capital se ha dejadonotar, y ha mostrado que tampoco cumple con

sus promesas: desde finales del 2008 a ini-cios del 2009, la recesión de los principalesmercados internacionales se va dejando sen-tir, y cada vez más esa tierra prometida que pa-recía Estados Unidos, que habían justificadolas reformas, se va alejando en el horizonte.

En noviembre del 2008 el sector textil cayó por

cuarto mes consecutivo, llegando a estar -20%con respecto al 2007. La tendencia se agravó ainicios del 2009, en el que las exportaciones aEstados Unidos tuvieron una importante caídaen enero (-38,6%) y en febrero (-22,8%)6. Esteretroceso ya se ha comenzado a sentir en el

empleo durante el primer trimestre, con un 10%y 15% de contratos laborales no renovados.

El espárrago, producto de bandera, emblemá-tico durante las negociaciones del TLC, tam-

bién ha sufrido una caída. En el primer trimes-tre del 2009 el valor exportado ha declinado aniveles por debajo de lo obtenido durante elmismo período del 2008 y del 2007, en -34% y -13%, respectivamente. Considerando que esteproducto se destina principalmente a los mer-

cados de Estados Unidos (espárrago fresco73% de las exportaciones) y la Unión Europea(en conserva 68%)7, el impacto de la crisis y larecesión seguramente marcarán negativamen-te esta tendencia8.

A pesar de las millonarias ganancias de losúltimos años en el sector minero, las empre-sas han iniciado su recorte de costos por el

rubro más sensible: la reducción de personal.Según la Federación Minera, en lo que va delaño se habrían dado alrededor de 8.000 despi-dos respecto de una población laboral que as-ciende a 120.000.

En un escenario internacional difícil, que dejalecciones sobre la importancia de la regulación

estatal para corregir las distorsiones del mer-cado, para así redistribuir los beneficios delcomercio de manera más equitativa, cabe pre-guntarse: ¿cuál era el apuro por poner en vi-gencia el TLC con Estados Unidos en un añotan incierto como el 2009, si nuestras exporta-

ciones estaban cubiertas por el ATPDEA9 y elSistema General de Preferencias (SGP)?

La urgencia por detener la crisis ha llevado alos gobiernos a desarrollar mecanismos depolíticas públicas que buscan amortiguar elimpacto en los trabajadores y sectores produc-tivos. El Banco Mundial reporta que desde elprincipio de la crisis se ha presentado un incre-

mento efectivo de medidas aplicadas (47 ba-rreras al comercio) que buscan proteger las in-dustrias nacionales ante los embates de la cri-sis10. Hasta los más altos defensores del libremercado, como Estados Unidos, que ha priva-

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tizado una decena de bancos, están aplicandoestas reformas. La crisis y las medidas paracombatirla, están poniendo sobre la mesa laimportancia que tiene la actuación estatal, cuan-do el l ibre mercado ha demostrado susfalencias para la asignación de recursos. Re-

cuperar el espacio de la política sobre la eco-nomía y volver a dotar a los Estados de cajasde herramientas para promover el desarrolloparece ser la gran lección de la crisis.

La promesa de acceder al mercado externo atoda costa nos está pasando factura. La apues-ta por un modelo dependiente de la demandaexterna, que prioriza la capacidad de articulación

interna, terminará por convertirnos en un paísextremadamente vulnerable a las fluctuacionesde las grandes naciones. En el escenario de lacrisis global, los impactos de la apertura comer-cial se agravan, y requiere respuestas inmedia-tas. El contexto de la crisis nos obliga a ser cau-

tos. Durante las negociaciones, los sectoresexportadores señalaban que el mercado inter-nacional generaría tales ganancias que permiti-rían compensar a los “perdedores” del TLC. Nadamás falso que eso, en un contexto como el queatravesamos. Ahora que esas ganancias nunca

llegaron, ¿quién podrá compensarnos?

En este escenario diversas organizaciones he-mos expresado nuestra más alta preocupacióny la necesidad de que el gobierno peruano eva-lúe la estrategia de liberalización acelerada queviene realizando, más aun en un contexto decrisis económica internacional. Urge abrir un

verdadero proceso de concertación nacional, enel que tengan voz no solamente los sectoresempresariales, sino también los pequeños pro-ductores, los actores regionales, entre otros,de cara a definir cuál debe ser la vía de la inser-ción en la economía global y cómo hacer que

esta relación sea inclusiva y genere oportuni-dades de desarrollo para nuestro país. Paraello, se deben revisar los acuerdos ya suscri-tos y hacer un alto en el acelerado proceso de

apertura, para desarrollar lineamientos que

permitan definir una mejor ruta para negocia-ciones equitativas y sostenibles en el procesode globalización. Para que se implementenestas aspiraciones, la participación y acción vi-gilante de las organizaciones de la sociedadcivil es una prioridad.

Notas

2 Que fuera adelantada en el 2007 por el Ministerio deEconomía y Finanzas con la reducción de más de4,000 partidas.

3 Aunque a uno de ellos, al TLC con Chile le quedapendiente superar la demanda deinconstitucionalidad que ha sido presentada ensu contra y que está pendiente en el TribunalConstitucional.

4 En diciembre de 2007 el Congreso aprobó la Ley Nº29157 que daba al Ejecutivo por 180 días la fa-cultad de legislar la implementación del Acuerdode Promoción Comercial Perú – Estados Unidos ysu Protocolo de enmienda y el apoyo a lacompetitividad económica para su aprovecha-miento.

5 RedGE. Vigilancia ciudadana con enfoque de dere-chos de la implementación del TLC Perú-EEUU -Alertas Informativas. Alerta Informativa Laboral.Noviembre del 2008. Disponible en: http://www. r e d g e . o r g . p e / s y s t e m / f i l e s / A l e r ta +Informativa+MYPE.pdf

6 Diario el Comercio. “Buscando salidas a la crisis delsector textil y de confecciones”. 13 de abril, 2009..Disponible en: http://www.elcomercio. com.pe/noticia/272565/buscando-salidas-crisis-sector-textil-confecciones

7 Ministerio de Agricultura. Dirección de Agro Nego-cios. Nota de Prensa 24 de abril del 2009. Dispo-nible en: http://www.minag.gob.pe/2009/expor-taciones-peruanas-de-esparragos-retomaran-crecimiento-en-los-proximos-meses.html

8 Ministerio de Agricultura. Dirección de Agro Nego-cios. Nota de Prensa 24 de abril del 2009. Dispo-nible en: http://www.minag.gob.pe/2009/expor-taciones-peruanas-de-esparragos-retomaran-crecimiento-en-los-proximos-meses.html

9 Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicaciónde la Droga – ATPDEA.

10 Gamberoni, Elisa and Newfarmer , Richard. “TradeProtection: Incipient but Worrisome Trends”.World Bank. International Trade Department. TradeNotes No 37. .March 2009. Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/Trade_Note_37.pdf

Urge abrir un verdadero proceso de concertación nacional, en el quetengan voz no solamente los sectores empresariales, sino también lospequeños productores, los actores regionales, entre otros, de cara adefinir cuál debe ser la vía de la inserción en la economía global ycómo hacer que esta relación sea inclusiva y genere oportunidadesde desarrollo para nuestro país.

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Al fundarse la República, el propósito inicial delos libertadores fue constituir una comunidadnacional que integrara a los indígenas a la ciu-

dadanía. Con esa intención, el general José deSan Martín decretó que se sustituyera el apela-tivo de “indio” por el de “peruano”. Pero la posi-ción social de los criollos, que impulsaban laindependencia de América Latina con relacióna los indios, planteaba problemas complejos.

En su famosa Carta de Jamaica (1815), el ge-neral Simón Bolívar señaló de manera descar-nada el conflicto: “(los criollos) no somos in-dios, ni europeos, sino una especie media en-tre los legítimos propietarios del país y losusurpadores españoles; en suma, siendo no-

sotros americanos por nacimiento, y nuestrosderechos los de Europa, tenemos que dispu-tar éstos a los del país, y que mantenernos enél contra la invasión de los invasores; así noshallamos en el caso más extraordinario y com-plicado».

Los criollos peruanos que rompieron con Es-paña no estaban interesados en destruir las

estructuras coloniales de dominación sino quepensaban en usufructuarlas en su propio be-neficio. La Independencia fue una revoluciónpolítica –pasar de Virreinato a República- perono una revolución social. Apenas cinco añosdespués de proclamada la Independencia se

restituyeron algunas de las instituciones colo-niales que más firmemente mantenían la ex-clusión de la población indígena: el cobro deltributo indígena y el trabajo obligatorio gratuito

A pesar de la Independencia, el colonialismo aún persiste

en la visión estatal de desarrollo

de los indios para el Estado y las municipalida-des. Es hondamente significativo que a lo largodel siglo XIX los indígenas llamaran “Repúbli-ca” a esta obligación.

En un sentido, la condición social de los indí-genas empeoró con la República. La supresiónde los títulos nobiliarios que decretó Bolívar ter-minó de liquidar los liderazgos étnicos indíge-

nas, los curacazgos y la estructura de poder através de la cual los indios se articulaban conla sociedad mayor. Desaparecida la noblezaindígena, la condición social de “indio” terminóequiparándose con la de “pobre”, y los indiosterminaron relegados a lo más bajo de la es-

tructura social.

Los libertadores soñaban con una Repúblicade pequeños propietarios independientes y lacomunidad de indígenas aparecía como unatraba para conseguir este objetivo, por lo quese la despojó de reconocimiento legal. Peroesto no favoreció la expansión de la pequeña

propiedad, sino que se abrió el camino a lassucesivas ofensivas terratenientes que a lo lar-go del siglo XIX, y principios del XX, despojarona las comunidades campesinas de sus territo-rios, arrinconándolas a las peores tierras.

Desde que San Martín proclamó la Independencia

han pasado 187 años; sin embargo, los conflictos

entre el Estado y las comunidades indígenas

persisten tal y como fue durante la Colonia. Peor,

el gobierno democrático de Alan García llama a

desarraigar a los indígenas de su único patrimonio,

sus tierras, a partir de su teoría

del ´Perro del hortelano´.

Rezagos de una monarquía

Nelson Manrique1

1 Es doctor en Historia y Civilizaciones (Ecole desHautes Etudes en Sciences Sociales, París) ymagister en Sociología (Pontificia UniversidadCatólica del Perú). También profesor principal dela Universidad Católica y autor de numerosos li-bros y ensayos. Tiene una columna semanal deanálisis político en el diario La República.

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La precariedad institucional del orden reciénfundado permitió la afirmación del

gamonalismo que, a decir de José CarlosMariátegui, representó toda una estructura so-cial. El gamonalismo se constituyó en la vallafundamental para el desarrollo del agro serra-no y en la institución que más tenazmente seopuso a la integración del indio, no sólo a cual-

quier proyecto de desarrollo, sino al ejerciciode cualquier derecho. De allí que la educaciónse constituyera en una reivindicación fundamen-tal para los campesinos y que ésta fuera feroz-mente resistida por los gamonales.

La oligarquía organizó su poder sobre la basede la exclusión de los indígenas de la ciudada-nía, utilizando como justificación el racismo anti-

indígena colonial. El racismo “naturalizó” el or-den social, sustentándolo en la biología y enlas “eternas” leyes de la Naturaleza, presen-tándolo así como inmutable. De esta manera,el carácter estamental de la sociedad peruana,en la que cada quien debe “mantenerse en su

lugar”, excluyendo la movilidad social como unaopción legítima, aparecía como el resultado deleyes científicas y no de un orden social históri-camente construido.

Los indios carecieron de reconocimiento legaldurante la primera centuria de vida republica-na. Eran considerados, a lo más, como una es-

pecie de peruanos en potencia, protoperuanos;individuos que eventualmente podrían llegar aser ciudadanos previa “redención”, pero que depor sí no eran miembros de la nación. De allíque el problema nacional terminara confundién-dose con el «problema del indio» y una cuestión

fundamental tratara sobre cómo “integrar al in-dio a la nación”. Incorporarlo era sinónimo de“civilizarlo” u “occidentalizarlo”, sacarlo del esta-do de barbarie, o no-cultura, en el que vivía. Que-daba pues descartado que los indígenas pudie-

ran aportar algo estimable a un proyecto de de-

sarrollo nacional.

Esto planteaba una irónica paradoja. En la épo-

ca de la Independencia se consideraba que losindios constituían más de la novena parte de lapoblación peruana, pero estaban excluidos dela ciudadanía. Así, la soberanía popular queda-ba depositada en manos de menos del 10% de“peruanos”: la fracción criolla y mestiza que se

sentía la encarnación de la nación. El resultadoinevitable fue la existencia de una profunda bre-cha entre el Estado y la sociedad.

La exclusión de los indios se justificaba argu-mentando su supuesta incapacidad “natural”para convertirse en sujetos políticos, legalmenteresponsables. La inferioridad de los indios se

atribuía en unos casos a su ignorancia y enotros a la degeneración biológica inducida porla servidumbre, el cocainismo y el alcohol. Elfilósofo Alejandro Octavio Deustua (Generacióndel 900) expuso claramente la perspectivaoligárquica cuando afirmó que el indio no era ni

podía ser más que una máquina, y que no de-bía desperdiciarse el dinero del Estado en tra-tar de educarlo.

El racismo antiindígena es una de las heren-cias oligárquicas que con mayor fuerza ha blo-queado los intentos de construir un orden mo-derno en el Perú. La democracia no puede existirallí donde no se reconoce la existencia de una

común sustancia humana. La existencia de ciu-dadanos “de primera” y “de segunda” es la con-secuencia necesaria de la convicción, racista,de que existen humanos “de primera” y “de se-gunda”.

En el siglo de las luces y las sombras

Al cumplirse un siglo de la Independencia, en1920, Augusto B. Leguía reconoció, finalmente,el estatuto legal de las comunidades. Éstas,con el nombre de “comunidades indígenas”,

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alcanzaron finalmente el reconocimiento legalque habían perdido al iniciarse la República.

Se proclamó, asimismo, la tutela del Estadosobre los indígenas y se encomendó su ejerci-cio a la flamante Dirección de Asuntos Indíge-nas, adscrita al Ministerio del Trabajo. Esto cons-tituyó un avance con relación a la ausencia dereconocimiento legal antes existente, pero man-

tuvo la exclusión legal de los indígenas de laciudadanía.

La tutela es un régimen de protección legal quese extiende sobre aquellos que son incapacesde representarse a sí mismos: los niños y losdiscapacitados. Para la mirada oligárquica losindios eran una suerte de menores de edadagrandados; incapaces de hacerse cargo de sí

mismos, y sobre quienes el Estado debía ejer-cer una tutela protectora. Esto es la expresiónde una mentalidad que viene desde la Colonia,que legitima la dominación recurriendo a undiscurso racista que atribuye la marginación, ladiscriminación y la opresión que sufren los in-

dígenas a la Naturaleza; a su “inferioridad bio-lógica”. Se trata de un racismo que infantiliza alos indígenas.

La tutela continuaba pues la política de exclu-sión de los indios de la ciudadanía, legitimadaa través de la exclusión de los analfabetos delderecho al voto, que les negaba hasta el docu-

mento de identidad ciudadana, la libreta elec-toral. En un país donde se alfabetiza en caste-llano, el grueso de los analfabetos adultos sonprecisamente los monolingües que hablan losidiomas originarios, como el quechua y elaimara. Incluso, en regímenes democráticos,

de los pocos que hubo en el siglo XX, como elde José Luis Bustamante y Rivero, las cosastampoco fueron diferentes. Bustamante mira-ba al poblador andino como un ser analfabeto,poco higiénico y con un idioma (el quechua)que lo separaba de la unidad nacional. Creía

que el indígena por vivir a más de 3.000 metros

sobre el nivel del mar, veía afectado su organis-mo, lo que lo imposibilitaba de una socializa-

ción civilizada2. Recién en la Constitución de1979 -a un siglo y medio de la Independencia-se otorgó el derecho al voto de los analfabetos,reconociéndoles el más elemental derechociudadano.

La necesidad de la incorporación de los indíge-nas a la nación es algo que hoy se acepta, peroestá asociada a una especie de chantaje por el

cual se les reconoce el derecho a incorporarsecomo ciudadanos a condición de que dejen deser indios. El discurso del mestizaje ha termi-nado asociándose a la idea de ladesindigenización: que el indio deje de serlocomo condición para ser considerado perua-

no. De esta manera, se sustituye el etnocidiobiológico –la eliminación física de los indíge-nas– por el etnocidio cultural –la eliminaciónde su identidad.

Al comenzar el nuevo milenio la humanidad vahacia la afirmación de la diversidad como un de-recho humano inalienable. Hoy es posible pen-

sar en la construcción de un Estado-Nación inte-grado, que concilie el respeto a la diversidad conla unidad nacional; el derecho a la ciudadanía sintener que renunciar a la propia identidad. Se tratadel reconocimiento, con el conjunto de derechosque eso supone, para que los indígenas puedan

construir su propio futuro.

La comunidad campesina del siglo XXI

Para definir la condición social de los indíge-nas es necesario definir la importancia de las

comunidades campesinas (sierra) y nativas(selva), las instituciones fundamentales de lasque aquellos forman parte. En el Perú existen5,680 comunidades reconocidas que controlanel 39.8% del total de las tierras en usoagropecuario; el número de comuneros regis-

trados es de 711,571, una cantidad que supera

El racismo antiindígena es una de las herencias oligárquicas quecon mayor fuerza ha bloqueado los intentos de construir un ordenmoderno en el Perú. La democracia no puede existir allí donde no

se reconoce la existencia de una común sustancia humana. Laexistencia de ciudadanos “de primera” y “de segunda” es la

consecuencia necesaria de la convicción racista.

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en términos absolutos a los 611,327 producto-res agrarios que en el último censoagropecuario declararon pertenecer a algúnotro tipo de organización (rondas campesinas,

comités, asociaciones, juntas, etc.). Las comu-nidades cumplen un papel muy importante enla modernización de las áreas de montaña y enla defensa del patrimonio más importante delos indígenas: la tierra.

Las comunidades están habitadas por más de2’500.000 de personas, lo que equivale al 40%de la población rural total. Son importantes

abastecedoras de alimentos para el mercadointerno, y su participación en la ofertaagropecuaria nacional oscila entre el 25% y el30% del valor bruto de la producción. Las co-munidades permiten la reproducción social,cultural y económica de un amplio sector de la

población peruana, en gran parte marginadapor las políticas del Estado. Son uno de lospocos espacios institucionales y organizativosque se mantienen vigentes en el país, en me-dio de un contexto caracterizado por una cre-ciente debilidad institucional.

La mayor parte de las tierras que controlan lascomunidades son pastos naturales, situadosen las regiones montañosas y pobres del país;precisamente aquellas ricas en minerales, que

se constituyen en el motivo de conflicto con lasempresas mineras interesadas en explotaresos recursos. Los comuneros han construidocon sus recursos e iniciativa más escuelas ykilómetros de caminos rurales que todo lo rea-lizado gracias a la inversión pública. Las comu-

nidades tienen un gran potencial modernizador,pero las bloquean políticas discriminatorias oque simplemente no las toman en cuenta.

En enero de 2005, se constituyó en el Congre-so, de acuerdo con la Ley Nº 28150, una Comi-sión Especial, con la participación de organiza-ciones representativas de las comunidadescampesinas y nativas, para revisar la legisla-

ción que les atañía. De allí salió un proyecto deLey que ordenaba y actualizaba las normas vi-gentes, como la Ley General de ComunidadesCampesinas y la Ley de Comunidades Nativasy de Desarrollo Agrario de las Regiones de Sel-va y Ceja de Selva. Recogiendo lo expresado

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por la Ley General del Ambiente y el Convenio

169 de la OIT, se reconoció el derecho de lascomunidades a participar de los beneficios de-rivados del aprovechamiento por las empresasde los recursos existentes en su territorio, y aque se las indemnice adecuadamente por losperjuicios derivados de sus actividades.

La política del ́ Perro del hortelano´

Pero la situación cambió radicalmente con elcambio de régimen. A un año de la inaugura-ción de su gobierno, el presidente Alan García

publicó un artículo que definía su posición conrelación a las comunidades campesinas y nati-vas3. Este texto constituye una importante defi-nición programática en torno a la forma en queconcibe el gobierno aprista la participación delos indígenas en el desarrollo nacional y es el

marco dentro del cual el Parlamento ha pro-mulgado muy importantes leyes. García partede la idea que en el Perú “hay muchos recursossin uso que no son transables, que no recibeninversión y que no generan trabajo”. Su preocu-pación fundamental se centra en la propiedad

del suelo, especialmente en la de las comuni-dades. Para sacar a los campesinos de la mi-seria y el atraso, García propone incorporarlosal mercado a través de la venta de sus tierras,con el objetivo de atraer capitales y tecnología.Su propuesta está dirigida a concentrar la pro-

piedad en manos de grandes empresas, endesmedro de las comunidades nativas de laselva, las comunidades campesinas de la sie-rra y los pequeños propietarios.

Para Alan García las tierras de las comunida-des deben entregarse a grandes propietarios.Así, para impulsar las explotaciones forestalesen la Amazonía, “se necesita propiedad, es de-

cir un terreno seguro sobre 5.000, 10.000 o20.000 hectáreas, pues en menos terreno nohay inversión formal de largo plazo y de alta tec-nología”. Se refiere a las tierras de las comuni-

Foto: Milagros Salazar / Oxfam

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dades nativas de la selva. Igualmente debiera

venderse las tierras de las comunidades cam-pesinas de la sierra, que, afirmó, han sido sus-traídas al mercado debido a la influencia de ideo-logías retrógradas: “la demagogia y el engañodicen que esas tierras no pueden tocarse por-que son objetos sagrados y que esa organiza-

ción comunal es la organización original del Perú,sin saber que fue una creación del virrey Toledopara arrinconar a los indígenas en las tierras noproductivas”4.

La propuesta de Alan García no busca mejorarlas condiciones productivas de los campesinosindígenas sino allanar la venta de sus tierras:“Esa misma tierra (la de las comunidades) ven-

dida en grandes lotes traería tecnología de laque se beneficiaría también el comunero, perola telaraña ideológica del siglo XIX subsistecomo un impedimento. El perro del hortelano”.Para los campesinos la venta de sus tierras sig-nificaría perder tanto la condición de comunero

cuanto los medios materiales para la reproduc-ción social de su existencia. Su destino más pro-bable, si tal cosa sucediera, sería desarraigar-se y unirse a la vasta migración hacia los gran-des cinturones de miseria creados en torno alas grandes ciudades.

Para Alan García, la propiedad del suelo por par-

te de las comunidades en cuyos territorios hayriquezas naturales explotables por el gran capi-tal -como los recursos mineros y el petróleo- esuna traba aun mayor para el progreso. Nueva-mente, quienes piensan de otra manera sonretrógrados interesados en prolongar la situa-

ción de atraso del país: “contra el petróleo, hancreado la figura del nativo selvático ‘no conecta-do’; es decir, desconocido pero presumible, porlo que millones de hectáreas no deben ser ex-ploradas, y el petróleo peruano debe quedarsebajo tierra mientras se paga en el mundo US$90

por cada barril”.

Frente a la preocupación por el impacto de la

explotación minera sobre el medio ambiente el

presidente García sostiene que este es un temadel siglo pasado: “en la actualidad las minas

conviven con las ciudades sin que existan pro-blemas y en todo caso eso depende de lo es-tricto que sea el Estado en la exigencia tecnoló-gica a las empresas mineras”. Por desgracia,casos como el de la empresa minera Doe Run–que durante varios años ha ido postergando

el cumplimiento de sus compromisos ambien-tales contando con la complicidad del Estadoen contra de La Oroya– alimentan la descon-fianza de los indígenas.

El Estado contra las comunidades

Pero la fuente principal de conflictos entre lascomunidades y el Estado es la nula voluntad dediálogo de éste. Recientemente el Parlamentoaprobó un paquete de leyes elaboradas por elPoder Ejecutivo (dos leyes y siete decretos le-

gislativos), al amparo de facultades legislati-vas que aquel le otorgó para legislar sobre as-pectos relativos al TLC con Estados Unidos. Setrata de los D.Leg. 994, 995, 1060, 1064, 1020,1081, 1083, 1089 y 1090.

Estas normas vulneran múltiples derechos delas comunidades y su propósito manifiesto esfacilitar la enajenación de sus tierras. Una Co-

misión Multipartidaria del Congreso recomen-dó su derogación, sosteniendo que vulneran laConstitución y la Declaración de las NacionesUnidas sobre los derechos de los pueblos in-dígenas. Pero el gobierno ha decidido continuarcon su ofensiva privatizadora, lo cual lo ha en-

frentado contra el campesinado indígena, es-pecialmente por el D.Leg. 1015.

El D.Leg. 1015 busca facilitar la venta de lastierras de las comunidades, a través de unasustancial alteración del sistema de votaciónvigente. Hasta ahora, la decisión de vender lastierras de las comunidades a terceros (empre-

sas mineras, por ejemplo) requería la aproba-ción del 66% de los comuneros calificados. Pero

Para los campesinos la venta de sus tierras significaría perdertanto la condición de comunero cuanto los medios materialespara la reproducción social de su existencia. Su destino másprobable, si tal cosa sucediera, sería desarraigarse y unirse ala vasta migración hacia los grandes cinturones de miseriacreados en torno a las grandes ciudades.

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la nueva norma reduce esta cantidad al 50%,no de los comuneros calificados, sino de los

asistentes a una asamblea. Una asamblea se-ría regular con un quórum del 50% más uno delos comuneros calificados, y bastaría la vota-ción de la mitad más uno de éstos para quepudieran decidir por todos. De esta manera, lacuarta parte de los comuneros calificados po-

dría decidir hasta la venta de las tierras y la li-quidación de la comunidad. Y si se hace convo-catorias sucesivas, para instalar a asambleacon los comuneros asistentes, aunque en laprimera convocatoria no hubiera el quórum re-glamentario, esta valla se podría reducir aun

más.

Estas medidas son discriminatorias contra el

campesinado indígena pobre, que constituyeel estrato más desprotegido del país y han sidodenunciadas desde el mismo interior del apa-rato del Estado. La Defensoría del Pueblo hadeclarado que el D.Leg. 1015 viola la Constitu-ción y ha presentado una demanda de

inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitu-cional. Según la Defensoría, el D.Leg. 1015 “vul-nera los derechos de identidad cultural (reco-nocido por el inciso 19 del artículo 2º y el artícu-lo 89º de la Constitución Política del Perú), departicipación y de consulta de las comunida-

des campesinas y nativas”. Viola asimismo tra-tados internacionales suscritos por el Perú,como el Convenio Nº 169 - OIT, ratificado por elPerú en 1993 mediante la Resolución Legisla-tiva Nº 26253. De acuerdo al Artículo 55° de laConstitución del Perú: “Los tratados celebra-

dos por el Estado y en vigor forman parte delderecho nacional”, por lo que el Estado estáobligado a cumplirlos. Finalmente, afirma laDefensoría, el D.Leg. 1015 padece de “viciosde inconstitucionalidad formal”. Estas leyes,además, chocan frontalmente con la Declara-

ción de las Naciones Unidas sobre los Dere-chos de los Pueblos Indígenas.

Pero lo más grave es que estas leyes se hanelaborado y aprobado sin consultar con los in-

teresados, lo que ha provocado el reclamo delos gremios campesinos, primero, y luego elanuncio de medidas de lucha y un paro generalde todas las organizaciones indígenas de laAmazonía, después de intentar inútilmente du-rante largos meses ser escuchados. Los re-

sultados de la ofensiva anticomunal están a lavista: los conflictos sociales han aumentado un150% entre el 2008 y el 2009 (de 93 a 238). Losconflictos socioambientales generados por laindustria extractiva constituyen hoy casi la mi-tad (49%) del total de los conflictos sociales en

curso y estos comprometen a 108 localidades;poblaciones donde impera la pobreza y la po-breza extrema, donde el analfabetismo sobre-pasa el 50%, como en Llusco y Chumbivilcas,Cusco5. Los campesinos reclaman que sumedio ambiente es agredido por la contamina-

ción de sus recursos naturales, debido al in-cumplimiento por parte de las empresas de loscompromisos pactados con las comunidades6.

Los obispos de la Amazonía, ante el paro de lospueblos amazónicos reclamando la derogato-ria de estos dispositivos, emitieron un impor-tante pronunciamiento en el que afirman:

“en nombre de un sesgado concepto de desa-rrollo, el Estado permite la deforestación de gran-

des extensiones de bosques primarios a favorde empresas nacionales y transnacionales parala inversión en plantaciones aceiteras, caña deazúcar y otros. Para nadie es desconocida lacontaminación de los ríos con el plomo y otrosmetales pesados y sustancias tóxicas como

efecto de una actividad minera (formal e infor-mal) y la extracción de petróleo, de manera irres-ponsable. Somos testigos, además, de la talaindiscriminada de la madera sin ningún tipo decontrol. Podemos afirmar que no se atiende elclamor de las poblaciones indígenas y

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ribereñas que desean un desarrollo integral,

desconociendo el Estado el uso y ocupaciónde esas tierras por generaciones. En la prácti-ca no se ha tomado en cuenta el derecho de lospueblos amazónicos a ser escuchados (…)Debemos expresar que ‘la Iglesia valora espe-cialmente a los indígenas por su respeto a la

naturaleza y el amor a la madre tierra como fuen-te de alimento, casa común y altar del compar-tir humano’ (Documento Aparecida 472)”.

Finalmente, sostienen los obispos que las nor-mas legales que el Estado ha promulgado en el2008 “no aportan al desarrollo integral de la po-blación amazónica. Por el contrario surgen se-rias amenazas de mayor pobreza en la región”7.

Los indios y el desarrollo

¿Qué demandan los indígenas? ¿Qué proyec-to de desarrollo defienden? En una conferenciade prensa en que informaba al país sobre la

decisión de los nativos amazónicos deradicalizar sus medidas de lucha, AlbertoPizango, líder de la Asociación Interétnica deDesarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), laorganización gremial que agrupa 1.350 comu-nidades (donde viven 350.000 hombres y mu-

jeres indígenas, agrupados en 16 familiaslingüísticas), afirmó que los beneficios mate-riales que les ofrece el modelo de desarrolloactual servirán poco si se destruye el medio enel que viven, porque se les despojan de su dig-nidad, sus tierras y se desintegra a sus fami-

lias. “No estamos en contra del desarrollo”,declaraba, “estamos en contra de ese tipo dedesarrollo”.

Los indígenas contemporáneos peruanos de-fienden el patrimonio cultural de quienes pro-dujeron la más grande revolución agrícola de lahistoria de la humanidad. Los Andes han apor-

tado a la cultura universal la mayor cantidad de

plantas domesticadas de la historia, así como

el desarrollo de técnicas muy sofisticadas demanejo sustentable de uno de los medios na-turales más complejos del mundo. Debierapreservarse ese patrimonio inestimable y pro-mover su desarrollo. No tratar de liquidarlo ennombre de una visión unilateral y reduccionista

de lo que es el desarrollo, que contempla losintereses de unos pocos, amenazando un pa-trimonio que, como en el caso de la Amazonía,es de interés no solo de las comunidades de laselva, sino de toda la humanidad.

Notas

2 Bustamante y Rivero, José Luis. Mensaje al Perú,Lima, Editorial Universitaria.

3 Alan García, “El perro del hortelano”. Lima: El Co-mercio, 28 de octubre de 2007. En los párrafossiguientes nos referimos a este texto.

4 Cuando en 1570 el virrey Francisco de Toledo deci-dió la organización de las reducciones o pueblosde indios -que constituyen el referente más re-moto de muchas comunidades contemporáneas-la tierra era abundante, debido a que la poblaciónindígena se redujo en cuatro décadas a menosde la mitad de la que existía al momento de laconquista, en 1532, y siguió reduciéndose du-rante los dos siglos siguientes; no era necesariopues “arrinconar a los indígenas en las tierras noproductivas”. Los objetivos de Toledo fueron otros:facilitar el control político de la población, el cobrodel tributo, la organización de los turnos de lamita a la que debían ir los indios y la evangeliza-ción.

5 Defensoría del Pueblo, Reporte Nº 61, Lima, marzodel 2009.

6 De los 116 conflictos socioambientales, 82 tienenque ver con la actividad minera.

7 “Pronunciamiento de los Obispos de la Amazoníaante el paro de los pueblos amazónicos”. CentroAmazónico de Antropología y Aplicación PrácticaCAAAP. 5 de mayo de 2009. http://www.c a a a p . o r g . p e / a r c h i v o s / p r o n u n c i a m i e n -to_obispos_amazonia.pdf

Los indígenas contemporáneos peruanos defienden el patrimoniocultural de quienes produjeron la más grande revolución agrícola de lahistoria de la humanidad. Debería preservarse ese patrimonio inestimabley promover su desarrollo. No tratar de liquidarlo en nombre de una visiónunilateral y reduccionista de desarrollo, que contempla los intereses deunos pocos, amenazando un patrimonio que, como en el caso de laAmazonía, es de interés de todos.

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El cambio climático es una suma de historiasrelacionadas entre sí que está referida a un vie-

jo tema de nuestras culturas: el clima. Sin em-bargo, nunca habíamos llegado a pensar quela humanidad sería capaz de cambiar el climadel planeta. Esta situación que no ha sido ge-nerada por los países del «Sur», hoy es el pro-blema global más importante, incluso de ma-

yor relevancia que el de la crisis económicadebido a que está en juego la continuidad de lavida en la Tierra. Las consecuencias son im-predecibles: entramos en un escenario en elque la incertidumbre será el rasgo más impor-tante de los años que se nos vienen.

A pesar de este panorama poco alentador, hayque señalar que las culturas andinas tienen

una vieja tradición de relacionarse con la varia-bilidad climática, tan propia de los ecosistemasde montaña como el sistema andino. Estasculturas que siempre han convivido con el ries-go climático han acumulando un expertis queno podemos ignorar, pero que hoy está siendo

rebasado por un escenario incierto creado porel cambio climático.

En el Perú, este problema nos afecta directa-mente a través del impacto sobre los glaciares,que registran un retroceso hasta del 22% deltotal que teníamos. Por otro lado, aún no tene-mos claro cuál será el impacto sobre el fenó-

meno El Niño, que es el otro mega episodioclimático que nos visita cada cierto tiempo, yaque forma parte de la dinámica climática de laregión. Es decir, el cambio climático en el Perúestá referido principalmente al agua, ya sea por

Juan Torres Guevara1

El clima se está

microcalentando

Medimos la temperatura de manera global pero no local

El cambio climático será más grave que la crisis

económica global porque pone en peligro nuestra

continuidad en la Tierra. En el Perú, los glaciares,

que representan la fuente principal del 60% de

energía eléctrica que consumimos, han retrocedido

22%. Hay medidas para mitigar los efectos pero

falta que las autoridades presten atención al

escenario local, a los desiertos, a las montañas,

a los bosques amazónicos donde se concentran

principalmente las poblaciones de zonas rurales

que ya sienten los cambios a nivel de microclimas.

su impacto en los glaciares tropicales o por suefecto sobre El Niño, las lluvias intensas quegeneran inundaciones que afectan a cientos de

pobladores cada año, principalmente en laszonas rurales, y las sequías prolongadas quecomprometen a la producción agrícola.

No obstante que el país es uno de los paísesmás vulnerables del mundo frente a los efectosdel cambio climático, durante los últimos años

se ha tratado el tema sobre todo a nivel delmarco legal y de manera general. Muy poco seha visto lo local, donde precisamente las po-blaciones del medio rural y las instituciones quetrabajan con ellas viven el problema de maneramás intensa. Esto es así porque este proble-

ma tiene que ver con el quehacer diario de es-tas personas, con las medidas de adaptación,con las alertas, con el riesgo, con los cambiosmicroclimáticos; es un espacio donde no fun-cionan los grandes modelos basados en ten-dencias seculares, donde se necesita contar

1 Es miembro de la Línea de Cambio Climático de Solu-ciones Prácticas ITDG y profesor principal de LaUniversidad Nacional Agraria La Molina. Es espe-cialista en temas sobre desiertos, montañas ydesertif icación relacionados con el cambioclimático.

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con tecnologías apropiadas específicas, confuentes de energía limpias para poblaciones

distantes, con estrategias para reducir el ries-go a nivel comunal, para hacer frente a las se-quías, a las heladas, a las inundaciones, a lasnuevas plagas y enfermedades como la mala-ria que están apareciendo en altitudes dondeantes no ocurrían, para hacer frente a posibles

conflictos, ya sea por la escasez o por la abun-dancia de recursos como el agua. Este esce-nario ya se observa en Ica y Huancavelica oentre Arequipa y Moquegua. De no prevenirseesta situación ahora, más adelante será peor.

En las ciudades, las personas aún no estánviviendo el problema de una forma tan evidente,tan cercana, pese a que serán los más afecta-

dos. Lima, ciudad de 8.4 millones de habitan-tes (si incluimos al Callao), según el censo del2007, está ubicada en una zona hiperárida, endonde llueve menos de 100 milímetros al año,lo cual la convierte en una de las ciudades másgrandes del mundo situada sobre un desierto y

por lo tanto altamente vulnerable a cualquiercambio de escenario hídrico. Lo mismo suce-de con casi todas las ciudades grandes del paísque se ubican en zonas hiperáridas, áridas ysemiáridas: el 90% de la población del Perúvive en zonas donde precipita sólo el 2% de las

lluvias totales anuales que le caen al Perú (enlo que llamamos Costa, vertiente occidental yvalles interandinos). Entonces, el grado de vul-nerabilidad de la población peruana es muy altofrente al cambio climático, en especial en loreferido al tema hídrico.

Los primeros compromisos globales versus

las emisiones contaminantes

En la década del 70, en nuestro país, habríasido difícil imaginar que el aire, algún día, comoahora, iba a terminar cotizándose en las bolsasde valores de Europa. Es en 1992, en Río de

Janeiro, que se vislumbró por primera vez esteproblema de manera consensuada. Entonces

se firmó la Convención sobre Cambio Climático,que entró en vigencia en el 2004. Pero esto nofue suficiente. Por ello, en el 2007 se firmó unaadenda que se conoce como el Protocolo deKyoto, que profundiza los compromisos adqui-ridos por los llamados países industrializados

para hacer frente al problema: obligaba a lospaíses firmantes a reducir las emisiones degases de efecto invernadero (GEI), entre losaños 2008 y 2012, en un 10 al 30% de las emi-siones de las economías desarrolladas con laexpectativa de ponerlas por debajo de los nive-

les de 1990. En todo este proceso, el PanelIntergubernamental de Cambio Climático(IPCC), formado en 1988 al interior de la Nacio-nes Unidas por aproximadamente 2.000 cientí-ficos, jugó un rol decisivo.

En el Perú, el factor contaminación vía las emi-siones de gases de efecto invernadero (GEI)no son un tema central, dado que constituyen

tan sólo el 0.4 % de las emisiones a nivel mun-dial, porcentaje bastante bajo si se comparacon el 15% en promedio que emiten los paísesde la Unión Europea. En el Perú, más del 50%de las emisiones provienen de dos activida-des relacionadas con la agricultura: el cambio

de uso del suelo, que tala reservas forestalespara ampliar la frontera agrícola (47%) y la mis-ma agricultura (17%). Esto significa que local-mente el tema de los GEI se vincula más direc-tamente con el agro y la deforestación, que conla actividad industrial.

Otro componente central en el plano local, es

decir a nivel microclimático, son los procesosde desertificación que soportan los ecosiste-mas desérticos costeros y los montañosossemiáridos: los procesos de sobrepastoreo,deforestación, alteración del ciclo hidrológico(drenaje de humedales), prácticas agrícolas

inadecuadas en laderas, son parte de las acti-

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vidades que también contribuyen a generar es-

cenarios de cambio climático a nivel local.

Los impactos de este problema se cruzan con

las condiciones sociales de la población. Elcambio climático afecta a los sectores máspobres del área rural y, especialmente, a losdel área andina, que constituyen el 29.3 % de lapoblación en extrema pobreza y el 60.1% ensituación de pobreza (INEI, 2008). Esto signifi-

ca que este sector rural andino, que de por sí yaestá en una situación vulnerable, verá agudizarsus problemas en un escenario de cambioclimático.

Economía en azul, el clima en rojo

Durante el último año, el cambio climático hasido el problema ambiental más tratado en losmedios de comunicación y ha sido parte de laagenda de las reuniones internacionales quese han realizado en nuestro país durante el

2008 (ALC-UE, mayo 2008), así como de laagenda nacional, al crearse el Ministerio delAmbiente (MINAM) para tratar justamente, entreotros temas, el del cambio climático. Sin em-bargo, hay que destacar que el contexto inter-nacional ha contribuido mucho en la vigencia

del problema. Es cierto que los medios de co-

municación han tratado el tema, pero solamen-te a nivel del impacto sobre el retroceso de los

glaciares y sobre el papel de las emisiones degases de efecto invernadero en el cambioclimático a nivel global; sin embargo, el temalocal no ha sido tratado en detalle. A nivel delmarco legal, se cuenta con dispositivos favora-bles para hacer frente al cambio climático a ni-

vel nacional, inclusive a nivel de los gobiernosregionales. Se habla de una estrategia de adap-tación, pero ésta ha sido desarrollada más anivel nacional y regional que a nivel local, quees donde realmente se están dando los pro-blemas. Además, en general, las propuestas

han sido más de carácter espontáneo queplanificado a largo plazo.

La mayoría de programas, proyectos e iniciati-vas a nivel nacional están referidos a la adapta-ción (66.23 %). En segundo lugar están aque-llos mixtos (22.08 %). Y, por último, los orienta-dos a la mitigación (11.69 %), como se muestraen el gráfico 1.

Entonces, si queremos hacer un balance de lo

que ha sido el tema en el Perú durante el 2008,tenemos que destacar que existe un déficit anivel local, pues el discurso global sobre el cam-bio climático no es suficiente para aterrizar pro-puestas al nivel de una microcuenca de una

Lima, ciudad de 8.4 millones de habitantes (si incluimos alCallao), está ubicada en una zona hiperárida, en dondellueve menos de 100 milímetros al año, nos convierte enpobladores de una de las ciudades más grandes delmundo sobre un desierto y, por lo tanto, más vulnerable.

Gráfico 1. Programas, proyectos e iniciativas frente al cambio climático

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comunidad campesina. Tenemos que tratar eltema del manejo de los recursos, los proble-

mas de la deforestación, la erosión de los sue-los, la alteración del ciclo hidrológico con el dre-naje de los humedales, el sobrepastoreo; por-que estos procesos antrópicos están generan-do cambios microclimáticos, que no se relacio-nan directamente con la variabilidad climática

natural. Entonces, la desertificación, que tieneun origen antrópico, resulta ser un tema desuma importancia para entender el cambioclimático a nivel local; sin embargo, el tema delcambio climático no está siendo abordadometodológicamente de esta manera. Estos pro-

cesos, que son resultado del uso de tecnolo-gías inapropiadas, de modelos de desarrolloque no toman en cuenta las especificidadesecológicas y culturales, representan tambiénefectos del cambio climático, pero a nivel micro,lo que agudizará en el futuro la vida de los po-

bladores que fomentan sin quererlo este tipo

de alteraciones. Evidentemente, estos compor-tamientos no libran de responsabilidades a las

sociedades industrializadas del problema ni-vel mundial.

El Estado ha impulsado varias iniciativas, enespecial a nivel del marco legal: la firma de laConvención Marco de las Naciones Unidas so-bre el Cambio Climático (CMNUCC 1992, 1994),la firma del Protocolo de Kyoto (1997), creaciónde Comisión Nacional de Cambio Climático

(1993), la elaboración de la Estrategia Nacio-nal de Cambio Climático (2002), la experienciadel «Programa de Fortalecimiento de Capaci-dades Nacionales para Manejar el Impacto delCambio Climático y la Contaminación del Aire–PROCLIM» (2003). A modo de resumen, pode-

mos afirmar que, a nivel del marco legal, lamayoría de políticas están referidas a temas dela adaptación (73.33 %), seguido de políticasmixtas (15.56 %) y, finalmente, de políticas refe-

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ridas únicamente a mitigación (11.11 %). En elgráfico 2 se puede apreciar la distribución delas acciones.

El problema principal está en la implementa-ción, en la toma de decisiones, sobre todo, in-sisto, a nivel local. El tema debe recaer ahoraen las agendas de las municipales, las comu-nidades, en los proyectos de desarrollo, en los

presupuestos participativos, en las escuelas,en los proyectos mineros, en las irrigaciones,en espacios como las microcuencas. Es decir,se debe encontrar la manera de llevar el pro-blema macro a niveles micro, que es dondeocurre la vida.

Algunos serán más afectados que otros

El impacto del cambio climático en el Perú serádiferenciado. Dada su gran diversidadmicroclimática, habrá zonas muy afectadas,

otras medianamente impactadas y algunas queseguramente podrán sacar algún provecho.Pero, para cualquiera de los tres escenarios,deberíamos estar preparados. Incluso, en loque respecta a las actividades económicas,seguramente habrá algunas que se beneficia-

rán y otras no. En el caso de la agricultura, laalteración de temperaturas beneficiará a deter-minado tipo de cultivos, y en el caso de la pes-ca, habrá especies que se concentrarán más

en la superficie debido al incremento de las tem-peraturas en las profundidades del mar.

El cambio climático, sin duda, agudizará la des-igualdad, la exclusión y la pobreza, debido aque ante una catástrofe climática, como son losdesprendimientos de montañas e inundacio-nes, que dejan a miles de familias sin hogar yafectan gravemente la infraestructura en carre-

teras y puentes, no poseemos los recursoseconómicos para recuperarnos rápidamenteante la adversidad. La capacidad de recuperar-se (resiliencia) de las comunidades campesi-nas, de los pueblos indígenas de la Amazonía yde las grandes ciudades, frente a los cambios

que están ocurriendo por parte de losecosistemas naturales, es aún algo que aúndesconocemos. La incertidumbre, como ya he-mos mencionado, es un rasgo que caracterizaa todo el proceso que se ha iniciado.

Lo único que tenemos claro en este momentoes que ya estamos en un escenario de cambio

climático, y que no se puede detener aunque

Foto: Gilvan Barreto / Oxfam

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todos los países dejaran de emitir GEI. Esta-mos frente a la inercia climática que significa

que existen procesos irreversibles en cursocomo la pérdida de los glaciares, con su im-pacto respectivo sobre las actividades del agroperuano, en el corto plazo, y en el largo la esca-sez de recursos hídricos para alimentar las hi-droeléctricas, que generan alrededor del 60%

de la energía del país. Esto nos debería hacerentender que es importante tratar con muchomás cuidado las cabeceras de las cuencas,valorar y ver los páramos como fuentes de aguay, en general, tener conciencia de que este re-curso en el Perú tiene como punto de partida la

sierra y que de ahí se traslada a la costa y bue-na parte a la selva. Las zonas altas de los An-des, que es donde están los humedales(bofedales, puquios, «ojos de agua»), resultanser de suma importancia para cruzar los nue-vos escenarios que nos está planteando el

cambio climático. El modelo de desarrollo de-bería ser revisado si queremos entrar a unaetapa de adaptación planificada frente al cam-bio climático, porque no solo urge un cambiotecnológico sino paradigmático: debemos revi-sar nuestros estilos de vida, de desarrollo, para

crear una nueva relación con la naturaleza en laque el hombre no se vea fuera, sino como partede ella.

Lo que no debemos ignorar

Necesitamos revisar los conceptos utilizadospara empezar a diferenciar variabilidad climáticade cambio climático, calentamiento global decambio global, y, finalmente, revisar críticamenteconceptos como el de adaptación. También te-nemos que hablar de justicia climática, para

así señalar responsabilidades de la situacióncreada por los países industrializados.

Existen tecnologías tanto contemporáneascomo locales tradicionales, que podrían servirpara mitigar los efectos del cambio climático en

la agricultura a nivel local. Es importante incorpo-

rar los saberes ancestrales de nuestras culturasandinas, como una forma concreta de participa-ción de los pobladores en las estrategias de adap-tación. Sin embargo, la situación demanda uncambio paradigmático, como ya se dijo.

Es importante pasar de una adaptación espon-tánea a una planificada, que demandará inclu-sive un rediseño institucional adaptado a los

nuevos escenarios del cambio climático y quetambién debe incorporar la gestión de riesgos.

Este escenario de vulnerabilidad exige iniciaren los próximos años la creación de modeloslocales así como de sistemas de monitoreopara períodos no mayores de 30 años, que sonlos que más nos pueden interesar.

Cualquier agenda de cambio climático nacio-nal tendrá que ser de aquí en adelante princi-

palmente local, como parte de una estrategianacional que a la vez se vincule con lo globalmediante medidas de adaptación y mitigaciónque requieren de cambios de prácticas de lospaíses industrializados como en las poblacio-nes locales para enfrentarse a un escenario

incierto como el que vivimos hoy.

BibliografíaConsejo Nacional del Ambiente. 2001. Comunica-

ción Nacional del Perú a la Convención de Nacio-nes Unidas sobre Cambio Climático: Primera Co-municación.

García Rosell, M. 2007. Cambio Climático. Presenta-ción. FONAM Lima

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Torres J. y Gómez A. 2008. (Editores) Adaptaciónal Cambio climático: de los fríos y los calores enlos Andes. Experiencias de adaptación tecnoló-gica en siete zonas del Perú. Soluciones Prácti-cas ITDG.

El cambio climático agudizará la desigualdad, la exclusión y lapobreza, debido a que ante una catástrofe climática, como son losdesprendimientos de montañas e inundaciones, que dejan a milesde familias sin hogar y afectan gravemente la infraestructura encarreteras y puentes, no poseemos los recursos económicos pararecuperarnos rápidamente ante la adversidad.

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La sentencia que se ha dictado en el juicio aAlberto Fujimori por violaciones de derechos

humanos está llamada a tener una singularimportancia en el futuro de la democracia denuestro país. En abril de 2009, como se sabe,el tribunal de la Corte Suprema que juzgó aFujimori por los casos de las matanzas de Ba-rrios Altos y la universidad Enrique Guzmán y

Valle (La Cantuta), y por el secuestro del perio-dista Gustavo Gorriti y el empresario SamuelDyer, lo declaró culpable. El alto tribunal le im-puso una severa condena de 25 años de pri-sión. Aunque la sentencia ha sido apelada porla defensa de Fujimori, y por tanto no se sabe

todavía cuál será el resultado definitivo, la ac-tuación de este tribunal y el resultado derivadodel juicio constituyen una importante lecciónsobre el valor de la ley y las posibilidades de lajusticia en el Perú. Ella habla, también, del ne-cesario respeto a las instituciones del Estado

de Derecho, precisamente aquellas que el ré-gimen de Fujimori se esmeró en someter y dis-torsionar.

Juicio impecable

La posibilidad de contar con una administra-ción de justicia solvente, oportuna e imparciales una de las grandes incógnitas por despejarcuando se piensa en el futuro de la democraciaen el Perú. Es una preocupación que atañe cen-tralmente a la pregunta sobre la vigencia de las

instituciones que conforman y hacen realidadel Estado de Derecho. Como es sabido, nadaes más efectivo para restaurar la confianza ciu-

Las mismas leyes que el ex jefe del Estado

Alberto Fujimori desconoció cuando ostentaba

el poder terminaron condenándolo a 25 años de

prisión. El juicio demostró que no era necesario

que él apretara el gatillo para ser hallado

responsable de crímenes de lesa humanidad:

bastaba que encabezara la organización de

mando. El Perú pudo ver el desenlace histórico.

El juicio a Fujimori:

un aprendizaje cívico y moral

La sentencia al ex presidente del Perú demuestra que los culpables

son iguales ante la ley con poder o sin él

Salomón Lerner1

dadana en las instituciones que la experienciade una administración de justicia que sea ca-

paz de someter al imperio de la ley a quienescometieron violaciones de derechos humanos.El funcionamiento de la justicia es, pues, laseñal más elocuente de una democracia confuturo. Pero tal funcionamiento no consiste úni-

camente en castigar al criminal, sino también

en que ello se haga respetando escrupulosa-mente el ordenamiento legal. Es decir, que lasanción penal, si ella es pertinente, se produz-ca como resultado de un juicio en el que todaslas reglas del debido proceso -aquellas queaseguran el derecho a la defensa y garantizan

la imparcialidad de los jueces- hayan sido rigu-rosamente respetadas.

Por ello, en todo balance que se haga del pro-cesamiento judicial a Alberto Fujimori es im-portante recalcar la absoluta limpieza e impar-cialidad con la cual se llevó adelante este jui-cio. La pulcritud de la conducta de los tres jue-

ces que integraron el tribunal fue reconocidadurante todo el proceso no solamente por laparte acusadora y por observadores peruanosy extranjeros independientes. Lo fue, también,

1 Es Doctor en Filosofía por la Universidad Católica deLovaina (Bélgica). También ha seguido estudiospost-doctorales en las Universidades de Berlín yColonia (Alemania). Es rector honorario vitaliciode la Pontificia Universidad Católica del Perú, exPresidente de la Unión de Universidades de Amé-rica Latina y ex Presidente de la Comisión de laVerdad y Reconciliación, que investigó los he-chos ocurridos durante el conflicto armado entre1980 y el 2000. Actualmente es presidente ejecu-tivo del IDEHPUCP.

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por el propio equipo de defensa legal del acu-sado. Solamente después de que el juicio lle-

gó a su fin, los allegados del acusado –familia-res y seguidores políticos– se embarcaron enuna campaña verbal de descrédito del tribunal.Eso, por lo demás, es solamente otra muestrade que el séquito de Alberto Fujimori –trátesede sus copartidarios con autoridad pública, trá-

tese de sus seguidores– practica hoy en día elmismo desdén por la institucionalidad y por lasreglas de juego limpio que caracterizó al go-bierno del acusado.

Más allá de esas previsibles e infundadas acu-saciones de los seguidores de Fujimori, fueevidente que el tribunal siempre garantizó elderecho de defensa y se condujo de manera

imparcial. Incluso ofreció al acusado oportuni-dades de hacer alocuciones de contenido polí-tico, con lo cual, en rigor, iba más allá de lo quecorrespondía según el protocolo procesal querige un juicio de esta naturaleza.

Una sentencia justa

El corolario de esa conducta impecable de laCorte no podía ser otro que una sentencia con-denatoria, la cual ha sido consideradaconsensualmente como intachable. Según las

opiniones jurídicas más autorizadas del país,el fallo del tribunal hace justicia a lo que ocurriódurante el proceso judicial. En él, la Fiscalíalogró su cometido de demostrar la responsabi-lidad de Fujimori por los delitos imputados. Ladefensa se confinó por lo general en dos argu-

mentaciones, ninguna de las cuales bastabapara convencer de la inocencia del acusado.Para entender los alcances de esta sentencia,podría ser instructivo considerar esas dos lí-neas de argumentación y las razones por lasque ellas no pudieron debilitar la demostración

de la responsabilidad penal del ex presidente.

La primera estrategia de defensa consistió enreclamar la presentación de una evidencia

material que conectara a Fujimori con los he-chos criminales. Esa era una exigencia imper-tinente, de pretensiones engañosas y de valorapenas retórico, pues, como es sabido, en crí-menes como los que estaban en cuestión, porlo general los responsables –funcionarios pú-

blicos del más alto nivel– no dejan huella pal-pable de su participación. Cuando un alto jerar-ca político o militar encabeza actividades de vio-lación de derechos humanos, es altamenteimprobable que deje detrás de sí órdenes fir-madas en las que se dispongan asesinatos,

torturas o desapariciones. Esa casi imposibili-dad de la evidencia material fue durante muchotiempo la gran ventaja de la que gozaron jefesde Estado y altos mandos castrenses al mo-mento de enfrentar procesos judiciales por loscrímenes cometidos bajo su autoridad. Pero

esa injusta ventaja ha quedado paulatinamen-te borrada por la progresiva evolución del dere-cho internacional, sobre todo desde la segun-da mitad del siglo XX.

Por lo menos desde los juicios de Nurembergrealizados contra los jerarcas nazis al final dela segunda Guerra Mundial se vio la necesidad,justicia y pertinencia de elaborar doctrinas pe-

nales que, sin prescindir del derecho de defen-sa y la presunción de inocencia, cerraran lasfáciles vías de escape legal a los altos respon-sables de crímenes masivos o sistemáticos.La noción de crímenes contra la humanidad,germinada precisamente en aquel contexto de

horror posterior a dicha guerra, fue un primerpaso importante, pues llamó la atención sobrecrímenes que por su carácter atroz debían sermirados bajo otra luz con el fin de impedir laimpunidad. Con el paso del tiempo, los pre-suntos autores de tales crímenes dejarían de

quedar protegidos por barreras procesalescomo la prescripción de delitos e incluso el prin-

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cipio de la jurisdicción nacional. Como parte de

esa evolución humanitaria del derecho se hallegado a consagrar posteriormente, entre otrasfiguras propias de una teoría penal avanzada,la noción de la autoría mediata y el concepto deaparatos organizados de poder.

En síntesis, tales elementos de derecho penal,que fueron contemplados por el tribunal queprocesó a Alberto Fujimori, permiten sostener

la responsabilidad penal de un individuo aun-que él no haya ejecutado ni siquiera ordenadodirecta y específicamente el crimen. Lo que senecesita demostrar es que el acusado se hallaen control de la cadena de mando de una ciertaorganización cuya lógica de funcionamiento

general, conocida y avalada por el imputado, esla comisión de crímenes o violaciones de dere-chos humanos de manera sistemática o gene-ralizada.

Eso fue, precisamente, lo que quedó demos-trado por la acusación a Fujimori. Ciertos ele-mentos del régimen autoritario que instauró, la

publicidad de los crímenes, los actos de go-bierno que favorecían la impunidad de los auto-res materiales y la felicitación dada a estos porel mismo Gobierno, la siempre proclamadacercanía entre Fujimori y Vladimiro Montesinos,el hombre que estaba en contacto directo con

los ejecutores, los testimonios de algunos deestos, todos ellos son elementos que funda-mentan la responsabilidad del ex presidente.El tribunal supo aquilatar los indicios y, sobretodo, tuvo la valentía, la solvencia intelectual y laintegridad moral requeridas para adoptar un

criterio de derecho penal que permitiera inter-pretar y evaluar todos esos elementos comodemostración de la autoría ya mencionada.

También vale la pena considerar, por el apren-dizaje cívico que de ahí se puede derivar indi-rectamente, la segunda línea de argumentaciónde la defensa, la cual tenía un contenido políti-

co antes que jurídico. Ésta consistía en aducirque los logros del Gobierno en la lucha contra

la subversión, e incluso sus acciones en mate-ria de política económica y social, lo relevabande responsabilidad por los crímenes cometi-dos. Se trataba de una argumentación cuyo fon-do de amoralidad hubiera podido ser fuerte-mente desalentador para la democracia en el

caso de que el tribunal le hubiera concedidovalor. La democracia que se está tratando deconsolidar en el Perú no puede ser un régimenen el cual el fin justifica los medios. Aun si hu-bieran sido ciertas todas las bondades prácti-cas que la defensa atribuía al gobierno de Al-

berto Fujimori –lo cual, en sí mismo, es mate-ria discutible– ello no podía tener influencia ymucho menos ser causal de exoneración en eljuicio que se estaba desarrollando. Éste no eraun juicio político sino un proceso judicial sobrecrímenes concretos cometidos contra personas

específicas, las cuales, por lo demás, comobien lo ha enfatizado el tribunal, eran inocentesde las conexiones con Sendero Luminoso queel gobierno les imputaba.

Los derechos de las víctimas

Este último punto es también digno de ser rele-vado, pues atañe a un aspecto fundamental dela construcción de la paz, la consolidación de lademocracia y las posibilidades de la reconci-liación en una sociedad que emerge del autori-

tarismo y la violencia: los derechos de las vícti-mas a que se les haga justicia en un sentidomuy amplio. Ese sentido abarcador de la justi-cia va más allá de la necesaria sanción penal alos responsables de los crímenes. La justiciaimplica también restituir a las víctimas la digni-

dad que les fue negada –pero nunca perdida,pues ella es consustancial al ser humano–durante la época de la violencia. Y se vinculatambién con el otorgamiento de reparaciones

Nada es más efectivo para restaurar la confianza ciudadana en lasinstituciones que la experiencia de una administración de justicia quesea capaz de someter al imperio de la ley a quienes cometieronviolaciones de derechos humanos. El funcionamiento de la justicia esla señal más elocuente de una democracia con futuro.

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por parte de un Estado que no cumplió su obli-gación legal de garantizar los derechos ciuda-

danos o que, en el peor de los casos, fue elagente violador de tales derechos.

La declaración del tribunal en el sentido de quelas víctimas de las matanzas colectivas queeran materia del juicio no tenían vínculos conSendero Luminoso tiene, en efecto, ese senti-do dignificante. Es importante precisar que elque hayan tenido o no vínculos con Sendero

Luminoso es, en rigor, irrelevante para la decla-ración de culpabilidad del acusado. Un delito loes independientemente de quién haya sido lavíctima. Correlativamente, la conducta de la víc-tima, cualquiera que esta sea, nunca justificani legitima las violaciones de derechos huma-

nos que se hubiera cometido en contra de ella.Y, sin embargo, fue pertinente e importante queel tribunal se pronunciara al respecto, porquede esa manera disolvió una viejaestigmatización y amplió y profundizó la expe-riencia de justicia de los deudos y allegados de

las personas asesinadas.

La democracia que se está tratando de consolidar

en el Perú no puede ser un régimen en el cual el fin

justifica los medios. Aun si hubieran sido ciertas las

bondades prácticas que la defensa atribuía al

gobierno de Fujimori, esto no podía tener influencia

y mucho menos ser causal de exoneración en el

juicio: éste no era un juicio político sino un proceso

judicial sobre crímenes concretos cometidos

contra personas específicas.

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El valor del informe de la CVR

Esta preocupación por las víctimas es, por otrolado, uno de los grandes progresos moralesregistrados en la sensibilidad mundial en lasúltimas décadas. Ella se encuentra en el cora-zón de ese campo de prácticas y conocimien-tos que hoy en día se llama justicia transicional,

el cual se ocupa de promover formas dignas yjustas de enfrentar un pasado de violencia y demasivas violaciones de derechos humanos enuna sociedad. En el Perú tuvimos una expe-riencia de justicia transicional mediante la crea-ción de la Comisión de la Verdad y Reconcilia-

ción y el trabajo que ella realizó entre los años2001-2003. Precisamente, esa Comisión, ensu informe final presentado en agosto de 2003,además de presentar amplias recomendacio-nes para cumplir los derechos de las víctimas,entregó una exhaustiva descripción y explica-

ción del proceso de violencia sufrido por el Perúentre 1980 y 2000.

Entre los muchos aspectos de la violencia des-velados y denunciados por dicha Comisión –elprimero de los cuales es la responsabilidadprincipal de Sendero Luminoso por el inicio dela violencia y por atroces violaciones de dere-

chos humanos– conviene mencionar ahora lainvestigación sobre el periodo de gobierno deAlberto Fujimori. En su examen sobre los go-biernos de la época, y en su investigación so-bre casos específicos, la Comisión reconstru-yó la lógica organizativa que estaba detrás de

los crímenes cometidos en los primeros añosde la década de 1990 por el así denominadoGrupo Colina. Este fue un comando de aniqui-lamiento o escuadrón de la muerte que, desdelos pliegues de la organización estatal, come-tió asesinatos como los de Barrios Altos y La

Cantuta. La Comisión acopió ingente materialsobre ese y otros casos y llegó a la conclusiónde que el entonces Presidente podía ser consi-

derado responsable por tales delitos. Para ello,

se apoyó en doctrinas de imputación de res-ponsabilidad penal como la que se ha comen-tado arriba, en particular la debida al jurista ale-mán Claus Roxin y conocida como teoría de laautoría mediata en virtud de dominio de la orga-nización. Esta teoría –es pertinente anotarlo

aquí– ya había ingresado en nuestra jurispru-dencia mediante la sentencia impuesta aAbimael Guzmán en octubre de 2006.

No es extraño, por tanto, que un tribunal de jus-ticia competente e imparcial como éste hayaconsiderado no solamente válido, sino tambiénindispensable, tomar en cuenta el informe finalde la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Si bien el material acopiado y presentado poruna comisión de este género no constituye prue-ba plena en un juicio penal, ella tiene un valorinterpretativo y provee elementos de juicio po-derosos, que jamás pueden ser ignorados porun tribunal realmente abocado a la tarea de

impartir justicia. El contexto de interpretaciónque aporta la Comisión, así como su elabora-ción de una argumentación jurídica solventepara la imputación de responsabilidad penal aAlberto Fujimori, ha encontrado, así, justas re-sonancias en el fallo pronunciado en este caso.

Lo señalado es importante, además, porque

evidencia la relevancia y la potencia de la me-moria histórica para dar vida y sustancia a losprocesos de consolidación de la democracia.En el Perú, donde la democracia no se puededar por asegurada, ello es fundamental. En estecaso concreto, es necesario que la sociedad

conserve y cultive un recuerdo de lo que signifi-có el autoritarismo para nuestra vida colectiva yde lo que implica en términos concretos, parala vida de los ciudadanos, la liquidación de lasinstituciones, la supresión de las libertades yla sujeción de los medios de comunicación. Los

crímenes imputados a Alberto Fujimori y sobretodo la larga historia de impunidad (una histo-

Cuando un alto jerarca político o militar encabeza actividades de violaciónde derechos humanos como Fujimori, es altamente improbable que dejedetrás de sí órdenes firmadas en las que se dispongan asesinatos, torturaso desapariciones. Esa casi imposibilidad de la evidencia material fue la granventaja de la que gozaron estos personajes en los juicios. Pero esa injustaventaja ha quedado borrada por la progresiva evolución del derechointernacional.

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ria que aún está lejos de concluir) fueron posi-bles en un contexto determinado, que la Comi-

sión de la Verdad se encargó de reconstruir. Setrató de una situación de alta concentración delpoder en pocas manos, de desactivación delos mecanismos de control y equilibrio entrelos poderes del Estado y de envilecimiento dela opinión pública mediante diversos procedi-

mientos de ocultamiento y distorsión de loshechos. Sin una práctica de la memoria históri-ca sobre esos años, sería difícil entender en suverdadera magnitud el carácter delictivo del ré-gimen de aquel entonces, el cual es el contextointerpretativo que permite reconocer mejor la

responsabilidad de quien por esos años erajefe del Estado.

La memoria tiene, pues, esa propiedad de ha-cer inteligible en un panorama más amplio loque de otro modo quedaría referido apenascomo hecho fortuito y accidental. De hecho, lossubterfugios consistentes en denominar exce-sos a las violaciones de derechos humanos

quedan desautorizados por la práctica de unamemoria histórica que rescate la profundidad,continuidad y complejidad del proceso de vio-lencia. Esa memoria, en su vinculación indiso-luble con la verdad, provee así un sustrato sim-bólico y moral a los intentos de construcción de

la democracia.

No se debe pasar por alto, por otro lado, queesta sentencia está llamada a tener un positivoefecto internacional y a fortalecer el funciona-miento de la justicia en defensa de los dere-chos humanos. Por lo pronto, y sin entrar enconsideraciones jurídicas, hay aquí un elemento

simbólico de alta importancia, que tendrá el valorde precedente histórico: ésta ha sido la prime-ra vez que un ex presidente que fue elegido ensufragio es llevado a tribunales y obligado aresponder por crímenes cometidos bajo suautoridad. De este modo, la justicia peruana

contribuye a demoler uno de los viejos y más

perniciosos hábitos de nuestra cultura políticay jurídica, aquel según el cual los poderosos

están por encima de la ley y no se encuentranobligados a responder por sus actos y por susomisiones dolosas.

Verdad histórica y justicia pendiente

Ese cuestionable hábito, como es sabido, hatenido larga vida en el Perú. Son pocas las oca-siones en que personajes encumbrados sehan visto obligados a enfrentar sus responsa-bilidades legales, políticas o morales. Los fa-vorece no solamente la debilidad de nuestras

instituciones sino también la inclinación colec-tiva a permitir que el paso mecánico del tiempotergiverse, deforme o difumine la verdad sobreel pasado. Esa inercia que nos lleva a mirarcon indulgencia lo más lejano en el tiempo oque nos conduce a atribuir virtudes a persona-

jes negativos por el simple hecho de su des-aparición física, es un desafío grande para lamemoria histórica en el país.

La Comisión de la Verdad, en virtud de su am-plia reconstrucción del periodo de violencia,señaló que la paz y la justicia requerían un am-plio e imparcial examen de lo acaecido comorequisito para limpiar nuestro espacio público

de mentiras y subterfugios. Mirar de frente elpasado, sin tergiversaciones nacidas de la pa-sión política, es una obligación moral de nues-tra sociedad. Y se puede decir, lamentablemen-te, que hay demasiadas responsabilidades his-tóricas por ser reconocidas y responsabilidades

penales por ser discernidas, como para hablar,ya, de un avance firme de la justicia en nuestropaís. Pero, sin duda, la sentencia en el juicioseguido a Alberto Fujimori es un signo alenta-dor, pues evidencia que existen en el Perú jue-ces honestos, valientes y con la solvencia inte-

lectual necesaria para realizar la tarea de mora-lizar a nuestra sociedad con las armas de la ley.

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La discriminación, es decir la acción de excluir

o marginar a una o varias personas por supertenencia a un grupo social, es una prácticapermanente en la sociedad peruana. Pero notoda diferenciación es discriminación, sinosólo aquella que tiene como objetivo o efectodisminuir las oportunidades de un sector so-

cial o menoscabar el ejercicio de sus dere-chos fundamentales.

Para que un acto, una decisión administrativao una política pública tengan carácter discri-minatorio, no es necesario que exista la inten-ción explícita de discriminar. La normatividadinternacional señala que la discriminaciónpuede producirse aun sin intención, al esta-

blecer condiciones que perjudican especial-mente a un determinado sector. El ejemplo másevidente son las dificultades de accesibilidadque enfrentan los discapacitados.

Una muestra marcada de discriminación ennuestro país también son las condiciones so-ciales (educación, salud, alimentación, traba-

jo digno) que afronta la población de origenindígena. Esta situación de desigualdad esmuchas veces percibida como normal pormuchos ciudadanos, porque pocos se atrevena cuestionar este escenario de pobreza. Dehecho, la discriminación es más grave cuan-

do es percibida como una “situación natural”.

En el Perú, uno de los elementos más fuertes

de la discriminación es el racismo a la pobla-ción de rasgos indígenas, negros o mestizos.Se trata de una situación permanente y dolo-rosa, que se aprecia en numerosos aspectos,desde la selección laboral y el perfil del sos-pechoso que maneja la justicia, hasta la indi-

La batalla contra la exclusión

viene de adentro

ferencia frente a las demandas sociales y la

publicidad. Normalmente, el racismo se vincu-la a varios otros factores (condición económi-ca, lugar de proveniencia, educación, apellido,indocumentación, sexo, edad) dentro de lo quenosotros denominamos el fenómeno de la dis-criminación acumulada.

En una apuesta de avanzada, gobiernos

regionales y municipales aprobaron en 2008

más de treinta ordenanzas contra lugares

públicos que discriminan y otras nueve para

sancionar a funcionarios públicos que

cometan actos discriminatorios. Se ha dado el

primer paso para impulsar políticas

públicas contra este problema que

enfrenta nuestra sociedad

Autoridades del interior encabezan la lucha contra la discriminación

Desde el 2004, una serie de instancias de lasociedad civil decidió abordar este problemamediante Mesas contra el Racismo, que actual-mente funcionan en Lima, Chiclayo, Huancayo,

Huamanga, Abancay, Cusco, Iquitos y Chimbote.Una serie de acciones ha logrado sensibilizara la opinión pública sobre esta situación. Para-lelamente se ha llevado a cabo un trabajo seriode incidencia ante el Congreso de la Repúblicay los gobiernos locales y regionales. Del mis-

mo modo, la Defensoría del Pueblo viene abor-dando este problema con mucha seriedad, re-cogiendo e investigando las denuncias de lapoblación y promoviendo cambios en la con-ducta de las autoridades. En el 2008, esta mis-ma entidad, junto a la sociedad civil, ha diseña-

Wilfredo Ardito Vega 1

1 Es abogado, magíster en Derecho Internacional delos Derechos Humanos y responsable de Dere-chos Sociales, Económicos y Culturales de laAsociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).También es profesor de la Pontificia UniversidadCatólica del Perú y fundador de la Mesa contra elRacismo de la Coordinadora Nacional de Dere-chos Humanos

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do el marco normativo que se originó primero

en las municipalidades y más tarde en los go-biernos regionales, lográndose el estableci-miento de políticas públicas contra la discrimi-nación y el racismo.

Derechos de los consumidores, deberes de

los locales públicos

Aunque desde 1998 la Ley 27049 prohibía ladiscriminación a los consumidores, es reciénen el 2004 que el Indecopi decidió aplicarla confirmeza, multando diversos locales del Cusco yLima. Cuando en julio del 2006 se dispuso clau-surar por dos meses el Café del Mar, en

Miraflores, los establecimientos limeños quetodavía discriminaban por motivos raciales sevieron obligadas a modificar sus políticas.

Sin embargo, la actuación del Indecopi se en-cuentra restringida a algunas ciudades delPerú. Pero lo que más complica la presenta-ción de denuncias ante el ente protector delconsumidor es el actual procedimiento admi-

nistrativo que exige que los denunciantes pa-guen una tasa. Del mismo modo, se exige queel denunciante presente pruebas del maltrato,cuando todos sabemos que es difícil, sino im-posible, probar el maltrato por racismo.

Pero a pesar de ese tipo de trabas ha sido bas-tante positiva la promulgación de más de trein-

ta ordenanzas municipales a nivel nacional, quesancionan con revocatoria de licencia de fun-cionamiento a los locales discriminadores. Lamayoría de estas ordenanzas han sido emiti-das en Arequipa y Junín, gracias a la incidenciade las oficinas de la Defensoría del Pueblo de

ambas regiones.

Las ordenanzas de los distritos de San Miguel,

Cerro Colorado, Socabaya y Miraflores, en eldepartamento de Arequipa, establecen ademásuna multa que oscila entre 30% y 100% de una

Unidad Impositiva Tributaria (UIT). En algunos

casos, existen también sanciones previas a laclausura: multa en Camaná, clausura temporalen Apurímac y Sullana. Las municipalidades deMiraflores y Jesús María en Lima contemplanambas sanciones.

Por otro lado, numerosas ordenanzas2 han dis-puesto como requisito para el otorgamiento delicencia de funcionamiento presentar una De-

claración Jurada de no llevar cabo accionesdiscriminatorias.

La ordenanza de Sullana dispuso además quelos establecimientos comerciales cuenten conun cartel visible que señale la prohibición de ladiscriminación en dicho local. En Miraflores yJesús María (en Lima) el letrero debe referirse

también a la prohibición de la discriminaciónen todo el distrito3.

En estos dos últimos distritos se ha prohibidolos anuncios con frases como «Se Reserva elDerecho de Admisión» o «Excelente Presen-cia» con la imposición de una multa equivalen-te a una UIT. Solamente se permite establecercausales objetivas, como no ingresar bajo efec-

tos del alcohol o drogas.

La ordenanza de Sullana precisa que será san-cionado el local cuyo personal, “cualquiera seasu jerarquía”, lleve a cabo prácticas discrimina-torias. Esta precisión es importante porque al-gunos propietarios pretenden responsabilizarde sus políticas a mozos o vigilantes, pero sub-

siste la responsabilidad del local de evitar con-tratar personas con conductas discriminatorias.

Finalmente, algunas ordenanzas especificanprocedimientos de denuncia para los ciudada-nos. En Arequipa, la identidad de los denun-ciantes queda protegida para evitar posiblesrepresalias. En Miraflores (Lima) los ciudada-nos pueden acudir a la Defensoría del Vecino,

que realiza las investigaciones correspondien-

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tes. Esta oficina ha logrado en pocos meses

cambios significativos de los locales que te-nían prácticas discriminatorias.

El aporte de las ordenanzas a las políticas

públicas

Varias de las nuevas ordenanzas municipalespromueven políticas públicas para enfrentar de

manera integral el problema de la discrimina-ción. La primera fue la Ordenanza 002-MPA,publicada por la Municipalidad de Abancay el29 de febrero del 2008, gracias a las gestionesde la Asociación Pro Derechos Humanos(APRODEH). En los siguientes meses, las di-

versas Mesas contra el Racismo lograron pro-mover las Ordenanzas Provinciales de Hua-manga, Huancayo, Sullana, Andahuaylas yChanchamayo y las Ordenanzas Distritales deSan Juan Bautista (Ayacucho), Matahuasi(Junín, provincia de Concepción), Miraflores yJesús María (Lima). Por su propia iniciativa, tam-

bién la Municipalidad de Jesús Nazareno(Ayacucho) aprobó una ordenanza similar.

De igual manera, las Mesas contra el Racismolograron la promulgación de las OrdenanzasRegionales de Lambayeque y Apurímac. Estaúltima, la Ordenanza 017-2008-GRA, por su mi-nuciosidad, es la norma más completa apro-

bada hasta el momento contra la discrimina-ción en el Perú. En ella se precisa que la discri-minación es un problema social que debe serenfrentado de manera conjunta por las institu-ciones estatales y la sociedad civil, lo cual per-mite la coordinación de acciones al respecto.

La ordenanza señala además que, cuando exis-tan dudas sobre su aplicación, prevalecerá lainterpretación más favorable para la protecciónde la víctima de discriminación.

Otro aporte importante de estas ordenanzasintegrales es que para intervenir ante un actode discriminación no requieren que se pruebe

la «intención» de discriminar, lo que normal-

mente es muy difícil, sino que basta «el efecto”de disminuir o menoscabar el reconocimientode los derechos a una persona4. La ordenanzade Jesús María indica que la discriminaciónpuede cometerse como omisión.

Las ordenanzas integrales han ampliado lascausales de discriminación, incluyendo orien-tación sexual, actividad y condición de salud.

La ordenanza de Apurímac hasta la fecha es laúnica norma en el Perú que sanciona la discri-minación por identidad de género y la de JesúsMaría la única que menciona “condición física”,lo cual podría aludir a quienes sufren de obesi-dad o tienen baja estatura.

Estas normas establecen diversas medidas de

acción afirmativa para promover la igualdad realentre los ciudadanos. De esta forma, se com-prometen a hacer cumplir la Ley sobre AtenciónPreferente a personas mayores, madresgestantes o discapacitados. En ellas se preci-sa que la norma debe ser cumplida sin distin-

ciones raciales o étnicas o por el lugar de ori-gen. Otro aporte importante de estas ordenan-zas en general es que para intervenir ante unacto de discriminación no requieren que se prue-be la «intención» de discriminar, sino que bas-ta «el efecto” de disminuir o menoscabar el re-

conocimiento de los derechos a una persona5.La Ordenanza de Jesús María indica que la dis-criminación puede cometerse como omisión.

Las Ordenanzas de Apurímac, Abancay, Hua-manga, San Juan Bautista, Huancayo y Sullanase han comprometido en establecer políticashacia sectores tradicionalmente discriminados,especificando como tales a mujeres, discapa-

citados y poblaciones campesinas e indígenas.Las ordenanzas de Apurímac y San Juan Bau-tista incluyen además a los desplazados por elconflicto armado. La Ordenanza de Apurímaces la única que menciona específicamente a

Una muestra marcada de discriminación también son las condicio-nes sociales que afronta la población de origen indígena. Esta

situación de desigualdad es muchas veces percibida como normalpor muchos ciudadanos, porque pocos se atreven a cuestionar este

escenario de pobreza. De hecho, la discriminación es más gravecuando es percibida como una “situación natural”.

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las personas de la tercera edad y la de Mata-huasi la única que menciona a niños y niñas.Esta última detalla con precisión las políticasdirigidas a las personas con discapacidad.

En el caso de las mujeres, la Municipalidad deHuancayo dispone también poner en prácticael principio de igualdad de género en todas las

dependencias públicas y privadas.

Otro sector al que se brinda especial atenciónson las personas indocumentadas, que nor-malmente son los más pobres6. Por ello lasnormas han dispuesto que el DNI se exija sola-mente para comprobar la identidad de una per-sona y no para condicionar el ingreso a un es-

tablecimiento público o privado7.

Funcionarios públicos también bajo la lupa

En ocho municipalidades de Apurimac, asícomo en el gobierno regional de ese departa-

mento, se ha establecido que los empleadosque incurran en expresiones discriminatoriasserán sancionados administrativamente. LaOrdenanza 017 de Apurímac precisa, incluso,que también están prohibidas las bromas dis-criminatorias. El artículo 323 del Código Penal,

indica que existe un agravante cuando la discri-minación es cometida por un funcionario públi-co. Ésta precisa que en ningún establecimien-to público o privado de la región se someterá atrato displicente, esperas injustificadas o fra-ses ofensivas a la población campesina, de

rasgos andinos o indígenas, así como residen-tes de las ciudades.

Por otra parte, las ordenanzas de Apurímac,Andahuaylas, Jesús Nazareno, Matahuasi y Je-sús María disponen que serán denunciadostambién los funcionarios de entidades privadasque cometan prácticas discriminatorias. La deHuancayo va más allá: cualquier ciudadano

puede ser denunciado.

Once de las más de treinta ordenanzas han dis-puesto la capacitación contra la discriminaciónpara su personal. Las municipalidades deHuancayo y Jesús María han establecido queestas capacitaciones se extenderán también ala comunidad. A lo largo del 2008, integrantes

del serenazgo, funcionarios administrativos ypersonal que atiende al público, han recibidocharlas y materiales sobre las ordenanzas ysobre todo el problema de la discriminación.

Derechos lingüísticos y culturales

sobre la mesa

En los últimos dos años, los gobiernos regio-nales de Cusco, Ayacucho, Apurímac y Junín hanreconocido como oficiales a los idiomas indí-genas que se hablan en las respectivas regio-nes. En el caso del Cusco, sin embargo, sólose ha reconocido al quechua, pese a que en la

provincia de La Convención se hablan diversosidiomas amazónicos.

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En Apurímac, la Ordenanza 029-2007-GRA dis-pone que las dependencias públicas deben

emplear el quechua en el material impreso y lapublicidad radial y televisiva. En dicho gobiernoregional, así como en seis de sus municipali-dades y Ayacucho, se debe atender en quechuaa las personas que lo necesiten. Las seis or-denanzas disponen que el manejo del quechua

es obligatorio para los funcionarios municipa-les. A lo largo de 2008, dichos gobiernos emi-tieron directivas específicas para incluir dentrode los términos de referencia para nuevos em-pleados el manejo del quechua. A fines del añopasado, la Municipalidad de Chanchamayo fue

la primera en exigir el manejo de un idiomaamazónico a su personal.

La ordenanza de Andahuaylas dispone que laatención en quechua en todas las institucionespúblicas y privadas debe ser “dialogando”, con“respeto y cordialidad”, para evitar un trato dis-plicente8. El respeto a la cultura andina ha sidoespecialmente contemplado por las ordenan-

zas de Apurímac, debido a un trabajo de sensi-bilización de algunas ONG y movimientos polí-ticos9. Es una manera de promover la partici-pación efectiva de quienes pertenecen a estacultura en la vida social, política y cultural.

La norma, además, precisa que los ciudada-nos no deben vivir en una economía marginal o

de subsistencia. Una redacción similar ha adop-tado la ordenanza de Lambayeque, refiriéndo-se a los habitantes de los distritos de hablaquechua, Incahuasi y Cañaris, cuyos niveleseducativos y sanitarios están muy por debajodel promedio lambayecano.

La discriminación en el trabajo y la escuela

Durante los últimos años, frente a la pasividadde las autoridades del ministerio de Trabajo, lasociedad civil ha sido mucho más eficaz para

lograr la reducción de requisitos discriminato-

La Ordenanza 017 de Apurímac es la norma más comple-ta aprobada hasta el momento contra la discriminaciónen el Perú. En ella se precisa que la discriminación es unproblema social que debe ser enfrentado de maneraconjunta por las instituciones estatales y la sociedad civil,lo cual permite la coordinación de acciones al respecto.

Foto: Percy Ramírez

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rios en las ofertas de empleo, en cumplimientode la Ley 26772. La comunicación directa con

los empleadores fue el mecanismo más recu-rrente.

Al respecto, la ordenanza de Apurímac prohíbeincluir como requisito la presentación de unafotografía reciente o “buena presencia”, lo cualviene cumpliéndose. A nuestro criterio deberíatomarse como una norma nacional.

El reciente Decreto Supremo 004-2009-TR san-ciona a los empleadores y clubes que obliguen

a las trabajadoras del hogar a usar uniforme enlugares públicos. Si bien esta norma es impor-tante, en la práctica muchas trabajadoras delhogar enfrentan situaciones de explotación fren-te a las cuales no existe todavía una acción fir-me de las autoridades, en buena medida, por-

que dichas prácticas parecen “naturales” a lospropios funcionarios.

A comienzos del 2009, el Ministerio de Educa-ción autorizó dentro del sistema de tutorías laincorporación de una serie de sesiones sobreel problema del racismo que fueron elabora-das por la Coordinadora Nacional de DerechosHumanos. Se espera que este esfuerzo permi-

ta corregir determinadas prácticas en los do-centes y éstos sepan cómo intervenir frente asituaciones de discriminación.

En el ámbito local, la Ordenanza 017 deApurímac prohíbe la discriminación a los estu-diantes, incluyendo, como nuevas causales,apariencia física, vestimenta (que afecta a los

más pobres que no pueden adquirir uniforme),creencias políticas o filosóficas, orientaciónsexual o identidad de género, así como el esta-do civil de sus padres. Tampoco puedediscriminarse a una estudiante por estar em-barazada, como ya señala el Código del Niño y

del Adolescente.

Se señala que no deben existir contenidos,

métodos o materiales pedagógicos que ense-

ñen o promuevan actitudes discriminatorias o

se asignen roles de subordinación o de supe-rioridad a determinados grupos. La ordenanzaes la primera norma en el Perú que enfrenta ladiscriminación religiosa en el ámbito educati-vo, ya que prohíbe obligar a los miembros de lacomunidad educativa a asistir a actividades o

clases religiosas.

La salud, lo intercultural y los medios

La Ordenanza de Apurímac prohíbe el tratodiscriminador del personal de salud y exige que

todos los pacientes, sin distinción, participenen las decisiones sobre su tratamiento. Se dis-pone también que es obligatorio facilitar traduc-tores para las personas que hablan el quechuacomo idioma materno y, para las personas condiscapacidad, el lenguaje de señas.

Igualmente, se hace hincapié en la necesidadde adecuar la atención en salud a las exigen-

cias culturales de las personas de origen cam-pesino, especialmente en lo que se refiere alparto vertical. Sin embargo, debe señalarse quelos funcionarios del sector desconocen estanorma, por lo que su cumplimiento no han sidodifundido debidamente. Queda pendiente ga-

rantizar que dichas prácticas culturales que in-vocan las ordenanzas sean respetadas en lavida cotidiana. El avance con la aprobación deestas normas va de la mano, sin duda, con lanecesidad de aplicar políticas públicas con unenfoque intercultural.

De otro lado, la presencia de estereotipos don-

de se asocia éxito, belleza y felicidad familiar alos rasgos blancos sigue siendo muy fuerte enla publicidad peruana. Sin embargo, se apreciauna incipiente preocupación de algunospublicistas y empresas al respecto. Saga Fala-bella ha contratado a modelos andinas y

afroperuanas, entre ellas Magaly Solier. Algu-nas entidades como CEDAL vienen organizan-

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do desfiles de modas donde se enfatiza la di-versidad étnica entre los peruanos, tomando

en cuenta también personas con discapacidady adultos mayores.

Entre las ordenanzas, solamente la deAndahuaylas ha precisado que la prohibiciónde cometer actos discriminatorios incluye a losmedios de comunicación. Sería deseable es-tablecer códigos de conducta o mecanismosde autorregulación para evitar el racismo que

se mantiene en diversos programas cómicos yen algunos columnistas de la prensa escrita.

Balance y retos

Las normas estatales contra la discriminación

(leyes 26772 y 27049, artículo 323 del CódigoPenal) han tenido muy poca difusión y resultaevidente que las entidades a cargo deimplementarlas tienen serias limitaciones porrazones geográficas (Indecopi), por falta de vo-luntad política (Ministerio de Trabajo) o desco-

nocimiento (Policía Nacional, Ministerio Públi-co, Poder Judicial). Estas carencias se hacenmás graves en el interior del país, donde lasnormas del gobierno central son muy poco di-fundidas.

Por ello es que las ordenanzas contra la discri-minación vienen sirviendo para enfrentar a ni-

vel local esta situación, considerando que lasmunicipalidades se encuentran más cerca delos ciudadanos que las otras entidades estata-les y que la mayoría de ellas ya tiene progra-mas para atender a los ciudadanos más vulne-rables. Al mismo tiempo, estas ordenanzas

hacen más evidente la ausencia de una políticaa nivel nacional para enfrentar la discrimina-ción. Por ejemplo, en el caso de Apurímac, susaportes en materia educativa, laboral y sanita-ria deberían ser recogidos en normas naciona-les de los diferentes sectores sociales.

En cuanto a la difusión y el cumplimiento de las

ordenanzas, consideramos que los dos facto-res fundamentales son la intervención de lasociedad civil y el rol de funcionarios compro-metidos. Es marcado el contraste entre la es-casa difusión de las veinte ordenanzas promo-vidas por la Defensoría del Pueblo en Arequipa

y Junín10, con el caso de las ordenanzas deAbancay y Huamanga, que fueron ampliamen-te difundidas por las oficinas de APRODEH. Enel caso de Miraflores (Lima), la municipalidaddifundió la ordenanza en las publicacionesmunicipales y para asegurar su cumplimiento

cuenta con inspectores y agentes especializa-dos, como la Defensoría del Vecino11, que hatenido permanente actividad al respecto. A nues-tro modo de ver, el mayor cumplimiento de lasnormas municipales en los distritos residen-ciales limeños se hizo evidente con el cumpli-

miento de la ordenanza: en Sullana se dispusotambién colocar carteles contra la discrimina-ción, pero no se ha cumplido.

Una perspectiva de carácter regional muestraque Arequipa es la región con más ordenanzasde protección a los consumidores, seguida porJunín. En ambas regiones se trata tanto de or-denanzas provinciales como distritales. Las

ordenanzas integrales se concentran en Apurí-mac, Ayacucho y Junín, regiones mayoritaria-mente andinas. En estos lugares, especialmen-te en Ayacucho, se suele vincular la discrimina-ción al proceso de violencia política. Llama laatención que no exista hasta ahora ninguna

norma similar en regiones como Cusco o Puno,pese al fuerte racismo que sufren los campesi-nos. De igual forma, debe señalarse que laúnica ordenanza aprobada en la selva fue pro-movida por la Mesa contra el Racismo de Junín.Todavía no se aprecia que se trate de un pro-

blema que interese a las autoridades locales oregionales.

Las normas estatales contra la discriminación han tenido muy poca difusión yresulta evidente que las entidades a cargo de implementarlas tienen serias limitacio-

nes por razones geográficas. Por ello, las ordenanzas regionales y municipalessirven para enfrentar el problema a nivel local y, al mismo tiempo, hacen evidente la

ausencia de una política nacional para enfrentar la discriminación.

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Gráfico 1. Cuadro comparativo de las ordenanzas contra la discriminación

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Gráfico 2. Número de ordenanzas aprobadas por departamentos y jurisdicción 2006 - 2009

Gráfico 3. Proceso de aprobación de las ordenanazas contra la discriminación 2006 - 2009

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Una perspectiva temporal muestra cómo el pro-

ceso de aprobación de ordenanzas de protec-ción al consumidor estuvo concentrado en elprimer semestre del 2008. Con el paso de losmeses, las ordenanzas que se fueron aproban-do tenían un carácter integral.

Una intervención administrativa es mucho másrápida que una intervención penal y no necesa-riamente implica sanciones hacia los infracto-

res, logrando generar cambios de conducta sinmayores costos sociales. Sin embargo, deter-minadas conductas, debido a su gravedad y asu carácter doloso, sí deberían ser sanciona-das penalmente. En junio del 2009 se esperala lectura de la primera sentencia por discrimi-

nación en un proceso impulsado por laDefensoría del Pueblo, que puede tener un efec-to importante para que dentro de la administra-ción de justicia se asuma con más seriedadeste problema.

Sigue pendiente contar con un tratamiento pe-nal más completo sobre la discriminación, que

incluya la injuria racista y que considere un agra-vante cometer un delito por motivos discrimina-torios.

Aunque todavía no existen políticas públicasnacionales para enfrentar el racismo y la discri-minación, los pasos que se impulsaron desdeel 2008 han sido cruciales de cara al futuro, dela mano con actividades de sensibilización para

difundir las normas. Estas ordenanzas son unprimer avance para que se produzcan cambiosefectivos; ahora el reto es conseguir que co-bren vida cada vez más en nuestra sociedad.

Notas

2 San Miguel, Cayma, Cerro Colorado, Mariano Melgar,Miraflores (Arequipa), Camaná, Mejía, Caylloma,Matahuasi, Huamanga y Sullana.

3 En los últimos meses, ha sido muy visible que diver-sos establecimientos de Miraflores han incorpo-rado dichos avisos (supermercados Metro, SagaFalabella, Banco Financiero, Caja Municipal dePiura, Scotiabank, Larcomar).

4 La Convención para la Eliminación de Todas las For-mas de Discriminación Racial, la Convención parala Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-ción contra la Mujer y el Convenio 111 de la Orga-nización Internacional del Trabajo tienen la mismaprecisión.

5 La Convención para la Eliminación de Todas las For-mas de Discriminación Racial, la Convención parala Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-ción contra la Mujer y el Convenio 111 de la Orga-nización Internacional del Trabajo tienen la mismaprecisión.

6 La discriminación por indocumentación está muyligada a la apariencia física y la vestimenta: a laspersonas blancas o que visten de manera occi-dental normalmente no se les exige el DNI.

7 Solamente las ordenanzas de Miraflores (Lima) yJesús María omiten esta situación.

8 Lamentablemente, aún existen personas que mane-jan el quechua para dirigirse de manera imperati-va o despectiva a los campesinos.

9 En Apurímac la Presidencia Regional y varias alcal-días provinciales y distritales son ejercidas por elmovimiento Llapanchik, que promueve el empleodel quechua y el reconocimiento de la identidadcultural andina.

10 Ni las municipalidades ni la Defensoría del Puebloasumieron la difusión de estas normas. En cuan-to a la sociedad civil, en ambas regiones había unserio desconocimiento al respecto y también bas-tante escepticismo.

11 El escándalo producido por la detención y torturade cuatro jóvenes de San Juan de Lurigancho enlas inmediaciones de Larcomar afectósustancialmente la imagen del municipiomiraflorino, impulsando que se tomaran las medi-das para enfrentar las prácticas discriminatorias.

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Una de las canciones que se puso de moda

durante el año 2008 tenía un coro que se convir-tió en un grito de guerra: “Así son los hombres,son una bassssssssura”. La cumbia de MarinaYafac retumbó en cientos de parlantes de cir-cuitos populares y clases medias manteniendola “s” como un sonoro temblor de tierra. La can-

ción de la revancha frente a miles de cumbiasmachistas y boleros sexistas también deja mu-cho que desear con su estilo discriminador; noobstante, es sintomático su éxito en un año queno fue el mejor para los avances políticos y le-gales de las mujeres.

Un paso para atrás…

A pesar de la Ley de Igualdad de Oportunidades(LIO) aprobada en marzo de 2007, como unaesperanza para que las políticas públicas vin-

culadas a la equidad de género sean realmen-te efectivas, los avances para implementarla hansido lentos y menores. Desde el Estado y a pe-sar de la buena performance de la ex ministrade la Mujer, Carmen Vildoso, no se ha regla-mentado la operatividad de la ley pues la ejecu-

ción no depende de un solo ministerio sino detoda la estructura del Estado, incluyendo a losgobiernos regionales. Si bien es cierto que eneste aspecto existe un modelo de conveniomarco entre el Ministerio de la Mujer y Desarro-llo Social (MIMDES) y los gobiernos regionales

para implementar políticas regionales de igual-dad y que algunos ministerios han creado sus

La expresión del machismo se da en todos los

planos de la vida: en el hervidero político en donde

45 listas de candidatos no cumplieron con

la cuota de género de 225 en las últimas

elecciones regionales, en las prácticas

cotidianas de violencia en el hogar que dejan

nueve casos de femicidio mensuales, en una

ideología imperante, entre los hombres

y también entre las mujeres.

propios observatorios para igualdad de oportu-nidades (como el ministerio del Interior), estono es suficiente; es preciso que desde la Pre-

sidencia del Consejo de Ministro, desde la Pre-sidencia de la Corte Suprema, y desde cadauno de los gobiernos regionales y, por ejemplo,sus presupuestos participativos sensibles algénero, se tome en serio este tipo de desigual-dad como elemento que disminuye la capaci-

dad de los peruanos.

A su vez un área que se deja de lado, porque

los cambios son muy lentos y se requiere unaserie de acciones afirmativas sostenidas, es elárea de educación. Si no se incorporan una seriede ajustes al currículo escolar, tanto de prima-ria como de secundaria, no se podrá plantearun cambio de mentalidades y una apertura a

las posibilidades de agencia de las mujerespara que la LIO sea efectiva. Asimismo, en lasdiferentes universidades del país se debe te-ner en consideración la incorporación de unaperspectiva de género en las diversas carrerasuniversitarias, sobre todo aquellas vinculadas

con salud mental, salud reproductiva, educa-

Necesitamos una política pública

contra el machismo

La equidad de género debe impulsarse desde todas

las instituciones del Estado. No basta el MIMDES

Rocío Silva Santisteban M.1

1 Poeta, crítica, narradora y columnista del diario LaRepública. Estudió Derecho y Ciencias Políticas,diplomada en Estudios de Género y Magíster enLiteratura Peruana. Cursó el doctorado de Litera-tura Hispanoamericana en Boston University. Haganado el Premio Copé de Plata en 1986 y el Con-curso Nacional de Guiones 1995. Directora deldiplomado de periodismo de la Universidad Jesui-ta de Lima.

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ción, formación ciudadana, derecho, ciencias

políticas, ciencias sociales y comunicaciones.

Por otro lado, la Ley de Igualdad de Oportunida-

des sin reglamento no va a poder contener algoque sucedía antes incluso con una ley específi-ca: la discriminación de la mujer en las listaselectorales. Como ha sostenido la defensoradel Pueblo, Beatriz Merino, “en las últimas elec-ciones ha habido incumplimiento de la cuota

de género. Así, de las 225 listas que participa-ron en las elecciones regionales, 45 no cum-plieron la cuota de género. De 1,654 listas queparticiparon en las elecciones municipales pro-vinciales, no cumplieron un total de 127”2. Si apesar de la ley no se cumple con la cuota de

género, ¿qué se puede esperar ahora que seha archivado el Proyecto de Alternancia?

En efecto, uno de los grandes retrocesos en eltema de los derechos políticos de las mujeresse concretó con el archivo del proyecto de Leyde Alternancia, una modificatoria de la Ley Or-gánica de Elecciones para garantizar la presen-

cia de un 30% mínimo del género que se en-cuentre en minoría en la lista, y en puestos quetengan una posibilidad real de acceso a loscargos. Uno de los mayores opositores al pro-yecto, el congresista por Unidad Nacional RaúlCastro Stagnaro, declaró que se trata de un pro-

yecto “totalitario y fascistoide” porque fuerza unasituación que solo compete a liderazgos parti-darios internos. Castro considera que este sis-tema es un “chantaje a la democracia” y que esplausible de generar corruptelas.

Sin embargo, si no se reconsidera la presenta-ción de otro proyecto –la ex ministra de la Mujer,Carmen Vildoso, tuvo la iniciativa de presentar

un proyecto de Mandato de Posición Ajustada–,puede suceder que en las próximas eleccio-nes las mujeres “pasen al fondo que hay sitio”y su presencia sea sólo simbólica y nominalpara “cumplir con la ley”. Sin duda, la búsquedade paridad sigue planteando este tipo de dile-

mas que, no obstante, son reales y es necesa-rio tomarlos como vienen: una discriminación

positiva que busca paliar desigualdades, peroque se basa en principios de no equidad.

… y varios más

En cuanto a las prácticas cotidianas, la mujer

sigue siendo una de las mayores víctimas de laviolencia de nuestra sociedad, no sólo delfeminicidio al que nos referiremos más ade-lante, sino también de la inseguridad ciudada-na y de la violencia simbólica. Esta última estan difícil de desterrar que ni siquiera se piensa

en políticas públicas urgentes para frenar unode los discursos más cimentados de opresióna la mujer: el machismo.

El machismo no es sólo una ideología que justi-fica una serie de prácticas nefastas, inclusocastrantes para los propios varones, sino que susprincipales presupuestos se convierten en exi-gencias diarias, y se inculturan desde los prime-

ros años de escuela, fomentando una violenciatenaz que produce ansiedades diversas en losvarones y, sobre todo, frustración que a vecesdeviene en la necesidad urgente de agredir y dedejar en claro la “supremacía masculina”.

Lamentablemente esta mentalidad está máspresente que nunca en nuestra sociedad, en el

día a día de las mujeres en diferentes espaciossociales, tanto en la casa como en la escenapública. Una encuesta realizada por la Univer-sidad de Lima el 15 y 16 de febrero de 2009demuestra que el machismo es percibido porun amplio sector de la sociedad (83.3%) y otro

alto porcentaje (58.7%) cree que, precisamen-te, son las mujeres quienes trasmiten el ma-chismo o que son machistas. A su vez el 43.4%cree que es el machismo la principal limitaciónque enfrentan las mujeres para incursionar enpolítica. Una encuesta de la Pontificia Universi-

dad Católica da resultados similares en fechas

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muy cercanas. Los encuestados perciben que

el machismo es practicado tanto por hombrescomo por mujeres (44%) frente a la creencia deque sólo lo practican los hombres (45%).

Esta percepción debe de tenerse en conside-ración para pensar en contrarrestar los discur-sos autoritarios que son el soporte de prácti-cas discriminatorias de género y para poderconcebir políticas educativas (en el sentido más

amplio de la palabra, incluyendo a los mediosde comunicación, por ejemplo) que formulensalidas concretas a estos laberintos opreso-res. Recordemos una de las máximas de lasluchas contra el apartheid en Sudáfrica queescribió el activista Steve Biko: “No hay mejor

arma para el opresor que la mente del oprimi-do”. Si bien es cierto los cambios de mentali-dades son lentos, son los únicos que van agarantizar que la opresión de la mujer no tenganingún tipo de excusa de cualquier operadorlegal, o de salud, o educativo.

Una de los ejercicios usuales del machismo

también es la violencia contra la mujer y la re-presión en situaciones de tensión social. Comose ha señalado en diversos documentos3, laviolencia sexual aparece como parte del accio-nar militar y policial para reprimir, humillar y con-trolar a las mujeres que participan en las pro-

testas populares. Un ejemplo patético de estarepresión fueron las agresiones cometidas porpolicías y personal de seguridad de la MineraRío Blanco Cooper, ex Majaz, durante los suce-sos en Huancabamba. Si bien el incidente su-cedió en el año 2005, recién fue en el 2008 que

se hicieron públicas una serie de fotografíasen las cuales también se veía a las detenidasElizabeth Cunya y Cleofé Neyra humilladas porlos encargados de la seguridad de la mina.Ellas fueron agredidas sexualmente y sus ro-pas interiores exhibidas pendiendo de palos

como una suerte de trofeos de guerra. Estas yotras acciones han quedado impunes hasta la

Foto: Yanina Patricio

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fecha, a pesar de que las agraviadas han pre-

sentado las denuncias correspondientes. Losjueces y operadores de justicia de provinciasconsideran muchas veces imprescindible laprueba de una violación sexual para considerarun caso de violencia sexual. Pero, ¿que no hayahabido penetración, para decirlo con todas sus

palabras, hace menos delictiva una humillaciónsexual de este calibre?

Otro de los fenómenos sociales producto de la“naturalización” del machismo es la violenciafísica contra la mujer y, sobre todo, los feminici-dios. Feminicidio no significa sólo “asesinatode mujeres” (eso es femicidio) sino que es,según lo define Marcela Lagarde, “el conjunto

de delitos de lesa humanidad que contienenlos crímenes, los secuestros y las desaparicio-nes de niñas y de mujeres en un cuadro decolapso institucional”4. El feminicidio es la cul-minación de una sistemática dominación, su-jeción y violación de los derechos humanos de

las mujeres. Por eso, si se habla de genocidiopara referirse a crímenes contra grupos huma-nos identificados étnicamente, pues se debehablar de feminicidio cuando estos crímenesestán dirigidos contra las mujeres. En el casodel Perú, como lo sostiene el informe sobre

Feminicidio del MIMDES5, tenemos un prome-dio de 9 casos de femicidio mensuales, un 42%de ellos se producen en la propia casa de lavíctima. Un 20% de estas mujeres muertas de-nunciaron oportunamente al agresor ante ins-tancias judiciales que nunca tomaron las deci-

siones eficaces para protegerlas. Esta situa-ción de indiferencia se debe a la creencia deque los “crímenes pasionales” son inevitables,por eso es indispensable “sacar” de lasimbología del “amor-pasión-crimen” este tipode asesinatos.

En el caso de las mujeres indígenas la des-

igualdad es articulada desde su doble condi-ción de subalternas: género y etnicidad produ-

Sin duda, la búsqueda de paridad sigue planteando estetipo de dilemas que, no obstante, son reales y es nece-sario tomarlos como vienen: una discriminación positi-va que busca paliar desigualdades pero que se basa enprincipios de no equidad.

Si se iniciara una campaña para erradicar el machis-mo como ideología que justifica la violencia simbóli-ca y real contra las mujeres, podríamos avanzardesde la raíz del problema y las mujeres no necesita-rían seguir bailando una cumbia “hembrista” yequívoca para desquitarse en un arranque catárticodel aún doloroso yugo de la opresión.

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cen lo que algunas autoras han devenido enllamar un “racismo de género”6. Es así que seimplementan, por ejemplo, una serie de políti-cas teniendo como marco referencial unmulticulturalismo entendido desde un telos oc-cidental que invisibiliza las diferencias. Sin

embargo, y como lo sostiene Beatriz Ramirez7

para las indígenas awajún, en algunos espa-cios sesgados por esta doble opresión se es-tán llevando a cabo un “cambio contracultural”desde adentro de las propias culturas tradicio-nales, que debe de ser tomado en cuenta para

cualquier propuesta de desarrollo sostenible.

Y algunos pasos para adelante

Sin embargo, no todas son malas noticias parahablar de las mujeres y la búsqueda de equi-

dad en el Perú. Este año 2009 el MIMDES hacreado un Registro de Víctimas de Feminicidios:la importancia de las estadísticas y de un se-guimiento de los casos va a permitir entenderel problema en su exacta dimensión y dejar elmito de los crímenes pasionales.

En tanto que el feminicidio es la culminaciónde una sistemática sujeción de la mujer y una

violación impune de sus derechos humanos,¿estaríamos ante crímenes de parte del poderestatal? En un sentido, sí: en tanto que el Esta-do no se inmuta ante espirales de violencia quetienen como su punto de apoyo la creencia enuna inferioridad (física, psíquica o intelectual) o

una culpabilidad eterna de la mujer; pero en susentido menos laxo, en realidad el feminicidiotipifica crímenes cometidos por “odio de géne-

ro” y tanto por hombres que han estado vincula-dos emocional o sentimentalmente a la mujero no. El asesinato a una mujer generalmentees el producto de una constante violencia quese ha ejercido anteriormente a través de mu-chas acciones: marginalidad, pobreza, injusti-

cia y escaso desarrollo de las mujeres.

Esta nueva norma del MIMDES es una primerapiedra para poder lograr la equidad de géneroa partir de una de las estrategias más básicas:la visibilización de los crímenes contra las mu-jeres. Sin embargo, la norma se centra en deli-tos que conllevan la muerte de la víctima. Se-gún los registros de feminicidio de otros paí-

ses, también se debe considerar “feminicidio”a la esclavitud sexual, por ejemplo. Por cierto,el infanticidio selectivo por género es tambiénconsiderado un feminicidio y, en este caso, escometido tanto por hombres como por muje-res. Entonces un asunto primordial es no cen-

trar solo la culpabilidad en el varón sino enten-derlo de manera sistémica como un productode la ideología machista.

Por otro lado, el sistema judicial peruano haprotagonizado un hecho sin precedentes en laadministración de justicia latinoamericana: eljuez Segismundo León del Cuarto Juzgado Pe-

nal Supranacional ha abierto proceso penal con-tra diez militares del Ejército Peruano implicadosen la violación sexual de siete mujeres de lascomunidades de Manta y Vilca (Huancavelica),durante el contexto del conflicto armado peruanopor crímenes de lesa humanidad. Este preceden-

te es un reconocimiento a la utilización de la viola-ción sexual de manera sistemática y generaliza-

Foto: Yanina Patricio / Oxfam

111

te, no se incorpora en esta plataforma la nece-sidad urgente de pedir al Estado que se tomenmedidas para erradicar el machismo desde suscimientos: no sólo a partir de estereotipos de

género, sino sobre todo de prácticas cotidia-nas institucionalizadas en sectores como eleducativo, el laboral y el judicial. Nos referimosa maneras de entender el mundo. Los machis-tas y las machistas consideran que el varón esquien debe ejercer la “agencia” de las mujeres:

debe poseerla, administrarla, y por lo tanto,manejar sus cuerpos pues es sobre sus pie-les que se suele ubicar el honor masculino.

Si se iniciara una campaña para erradicar elmachismo como ideología que justifica la vio-lencia simbólica y real contra las mujeres, po-dríamos avanzar desde la raíz del problema ylas mujeres no necesitarían seguir bailando

una cumbia “hembrista” y equívoca para des-quitarse en un arranque catártico del aún dolo-roso yugo de la opresión.

Notas2 Tomado de las noticias de la página web del MIMDES

http: / /www.mimdes.gob.pe/not ic ias/2009/not23abr_1.html

3 Conflictos Sociales y Violencia Sexual: El continuumde la discriminación y la impunidad, DEMUS, 2009.

4 Lagarde, Marcela. “Introducción”. Russel, Diana yHarmes, Roberta. Feminicidio: una perspectivaglobal. México DF, UAM, 2006.

5 Feminicidio: debemos detenerlo. Informe estadísticodel Ministerio de la Mujer y Promoción Social. http://www.mimdes.gob.pe/pncvfs/feminicidio.pdf

6 Susana Reisz propuso este término en una serie dediscusiones sobre literatura y discriminación delcanon letrado.

7 Ramírez, Beatriz. “Mujeres indígenas awajún: unaexperiencia de proyectos de desarrollo desdeuna perspectiva multicultural”. http://w w w . f l o r a . o r g . p e / p d f s / w e b e n s a y o_beatriz_cnativas.pdf

da en contextos de conflicto armado como una

estrategia y es una posibilidad de control paraevitar este tipo de abusos.

Otro avance en los temas de equidad de géne-ro, pero esta vez producto de la sociedad civil,es la reorganización del tejido social peruano apartir de la publicación de la Plataforma Nacio-nal de la Mujer Peruana, que recoge las pro-puestas y planteamientos de varias plataformas

locales e institucionales que incluyen a laCGTP, a la Confederación Nacional Agraria, a laCentral Nacional de la Mujer Minera, a la Confe-deración Campesina del Perú y a decenas deasociaciones de mujeres campesinas, urba-nas, de comedores, lesbianas, afroperuanas,

feministas, entre otras. Esta propuesta es sinduda una demostración palpable de lo que escapaz la “agencia” de las mujeres para enfren-tar no sólo la discriminación, sino sobre todo,tomar acción activa en la ciudadanía.

La principal demanda de esta gran plataformasocial de las mujeres es la exigencia al Estado

del cumplimiento de las leyes que fomentan laequidad de género como, por ejemplo, la Leyde Igualdad de Oportunidades. También se leexige al Estado que se comprometa a garanti-zar la participación de las mujeres en el mundopolítico a través de las leyes de cuotas, la alter-

nancia y prohibiendo cualquier tipo de discrimi-nación de género. Otro punto central es el temade los presupuestos: se exige que el Estadocumpla con dotar de presupuesto a sus ofici-nas e instituciones que tienen la misión de cum-plir con las leyes de equidad, así como exigir al

INEI que se incorporen las variables de género,familiares, étnicas, culturales y de orientaciónsexual al sistema estadístico nacional.

Pero a pesar de exigir también la incorporaciónde una educación intercultural que promueva laequidad de género, la despenalización del abor-to, y políticas de protección del medio ambien-

En el caso de las mujeres indígenas la desigualdad esarticulada desde su doble condición de subalternas: géneroy etnicidad producen lo que algunas autoras han devenidoen llamar un “racismo de género”. Es así que seimplementan, por ejemplo, una serie de políticas teniendocomo marco referencial un multiculturalismo entendidodesde un telos occidental que invisibiliza las diferencias.

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¿Quiénes somos y qué hacemos?

Nuestro compromiso fundamental

La persistencia de la pobreza y de la injusticia

en el mundo es una situación que nos indigna

y que debe y puede cambiarse. Hay que cuestionar

las políticas y prácticas injustas, tanto nacionales

como internacionales, e insistir en que se respeten

los derechos de las personas. Si unimos fuerzas

y actuamos juntos ya, podremos conseguir

un mundo en el que reine la justicia y en

el que haya desaparecido la pobreza.

«Exigiendo Justicia». Plan estratégico de Oxfam Internacional 2007-2012

Oxfam Internacional en el mundo

Oxfam Internacional fue fundada en 1995 por un

grupo de organizaciones no gubernamentales in-

dependientes. Su objetivo era trabajar en conjunto

para lograr un mayor impacto en la lucha interna-

cional por reducir la pobreza y la injusticia.

El nombre ´Oxfam’ proviene del Comité de Oxford

de Ayuda contra el Hambre, fundado en Gran Breta-

ña en 1942. Este grupo de ciudadanos trabajó en

campañas para que los barcos del bloque aliado

llevaran provisiones de comida a las mujeres y ni-

ños de Grecia, país ocupado por el bloque enemi-

go durante la Segunda Guerra Mundial.

Actualmente, Oxfam Internacional (OI) está com-

puesta por 13 organizaciones que comparten los

mismos principios éticos y trabajan sumando es-

fuerzos para conseguir el máximo impacto para lo-

grar su misión: encontrar soluciones definitivas a la

pobreza, el sufrimiento y la injusticia en el mundo.

Dado que muchas de las causas de la pobreza son

de carácter global, los miembros de OI confían en que

pueden lograr un mayor impacto mediante su esfuer-

zo colectivo.

CAMEXCA (11): Cuba, Dominican Republic, El Salvador,Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica,Mexico, Nicaragua

SOUTH AMERICA (9): Argentina, Bolivia, Brazil, Chile,Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Suriname

EAST ASIA (10): Cambodia, China, Democratic People’sRepublic of Korea, Indonesia, Myanmar – Burma, LaoPeople’s Democratic Republic, Philippines, Timor-Leste(East Timor), Thailand, Vietnam

EASTERN EUROPE AND FSU (8): Albania, Armenia,Azerbaijan, Georgia, Russian Federation, Tajikistan,Turkey, Uzbekistan

HORN, EAST AND CENTRAL AFRICA (HECA) (10):Burundi, Democratic Republic of the Congo, Eritrea,Ethiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, Sudan, Tanzania,Uganda

MAGHREB AND MIDDLE EAST (MEMAG) (14): Algeria,Egypt, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Israel, Jordan,Lebanon, Libyan Arab Jamahiriya, Mauritania, Morocco,Occupied Palestinian Territory, Syrian Arab Republic,Western Sahara, Yemen

PACIFIC REGION (6): Fiji, Papua New Guinea,Samoa, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu,

SOUTHERN AFRICA (8): Teams, Angola, Malawi,Mozambique, Namibia, South Africa, Zambia,Zimbabwe,

SOUTH ASIA (6): Afghanistan, Bangladesh, India,Nepal, Pakistan, Sri Lanka,

WEST AFRICA (16): Cameroon, Benin, Burkina Faso,Chad, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau,Guinea (Republic of), Liberia, Mali, Mauritania, Niger,Nigeria, Senegal, Togo,

PROGRAMAS DOMÉSTICOS: (9): Canadá, Francia,Alemania, Italia, Holanda, Reino Unido, EstadosUnidos, España

En más de cien países

Países y regiones en los que Oxfam Internacional

desarrolla proyectos con sus socios y aliados.

Trece organizaciones que trabajan para encontrar solucionesdefinitivas a la pobreza, al sufrimiento y a la injusticia

Además de convertirse en una de las organizaciones líde-

res en respuesta humanitaria, OI pone en marcha progra-

mas de desarrollo a largo plazo con comunidades vulne-

rables. También forma parte de un movimiento global por

el cambio, desarrollando campañas para poner fin a las

reglas injustas de comercio, pedir mejores servicios sanita-

rios y educativos o combatir el cambio climático. Todo esto

se realiza junto a tres mil organizaciones locales en más de

cien países.

OI busca incrementar el entendimiento y reconocimiento

público de que la justicia económica y social es crucial

para el desarrollo sostenible. Trabaja para ser una fuerza

global de campañas, que promueve los valores de una

ciudadanía global, a la vez que busca movilizar a la opi-

nión pública para que la igualdad entre las personas ten-

ga la misma prioridad que el crecimiento económico de

las naciones.

Las trece organizaciones que forman parte de OI tienen

sus sedes en Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Espa-

ña, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hong

Kong, Irlanda, Nueva Zelanda y Quebec. El secretariado

de Oxfam Internacional tiene su sede en Oxford, Reino

Unido, y esta oficina coordina las oficinas de incidencia

política de Washington DC, Nueva York, Bruselas y Gine-

bra.

Oxfam Internacional en el Perú

En el 2000, cuatro afiliados pusieron los cimientos de untrabajo común en el país que hoy se desarrolla con una redde contrapartes socios y aliados de la sociedad civil y elEstado

A raíz de la formación de Oxfam Internacional

(OI), las organizaciones afiliadas con presencia

en el Perú empezaron a coordinar y armonizar sus

programas a fines del 2000. Dos años más tarde,

empezaron a definir áreas de interés prioritario

como el trabajo en torno a industrias extractivas y

las respuestas humanitarias ante grandes desas-

tres naturales. En el 2006, los afiliados Intermón

Oxfam (España), Oxfam América (Estados Uni-

dos), Oxfam Gran Bretaña y Oxfam Novib (Holan-

da) definieron un marco programático común para

implementarlo en el país.

Este marco programático común se centra en

cuatro programas conjuntos, puestos en marcha

en sociedad con una amplia red de contrapartes,

socios y aliados del país tanto de la sociedad civil

como del Estado: Comercio e Integración, Indus-

trias Extractivas, Agricultura y Recursos Naturales

y Ayuda Humanitaria.

El programa de Oxfam Internacional en Comercio

e Integración promueve un debate público para que

los acuerdos comerciales consideren condiciones

más justas para los países pobres y los sectores

más excluidos de la población.

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Oxfam Internacional ejecuta con sus aliados proyectos en21 departamentos del país y además promueve una laborde incidencia de impacto nacional.

sastres, Democracia yGobernabilidad, Pueblos Indí-genas, Agricultura y RecursosNaturales

8 Cusco: Cambio Climático, Demo-cracia y Gobernabilidad, Ges-tión de Riesgos de Desastres,Comercio e Integración, Indus-trias Extractivas, Agricultura yRecursos Naturales, PueblosIndígenas

9 Huancavelica: Gestión de Ries-gos de Desastres, Ayuda Hu-manitaria, Pueblos Indígenas,Agricultura y Recursos Natu-rales

10 Madre de Dios: Comercio e In-tegración, Pueblos Indígenas

11 Ayacucho: Democracia y Gober-nabilidad, Agricultura y Recur-sos Naturales, Pueblos Indíge-nas

12 Huánuco: Género

13 San Martín: Pueblos Indígenas,Agricultura y Recursos Natu-rales, Democracia y Gober-nabilidad

14 Ucayali:Pueblos Indígenas

15 Loreto:Pueblos Indígenas

16 Amazonas:Pueblos Indígenas

17 Apurímac: Género, IndustriasExtractivas, Democracia yGobernabilidad, Pueblos Indí-genas

18 Junín: Agricultura y RecursosNaturales, Pueblos Indígenas

19 Cerro de Pasco: IndustriasExtractivas

20 Arequipa: Gestión de Riesgosde Desastres, Agricultura y Re-cursos Naturales

21 La Libertad: Agricultura y Re-cursos Naturales

20

19

Cambio Climático

Democracia y Gober-nabilidad

Gestión de Riesgos deDesastres

Comercio e Integración

Industrias Extractivas

Agricultura y RecursosNaturales

Pueblos Indígenas

Trabajo Digno

Género

Ayuda humanitaria

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1 Cajamarca: Industrias Extrac-tivas, Género, Gestión de Ries-gos de Desastres, Democra-cia y Gobernabilidad

2 Piura: Democracia y Gober-nabilidad, Industrias Extrac-tivas, Comercio e Integración,Agricultura y Recursos Natu-rales, Cambio Climático, Ges-tión de Riesgos, Género,

3 Lambayeque: Gestión de Ries-gos de Desastres, Agriculturay Recursos Naturales

4 Áncash: Género, IndustriasExtractivas, Agricultura y Re-cursos Naturales

5 Lima: Comercio e Integración, De-mocracia y Gobernabilidad,Trabajo Digno, Género, Pue-blos Indígenas, Agricultura yRecursos Naturales

6 Ica: Ayuda Humanitaria, Gestiónde Riesgos de Desastres, Co-mercio e Integración, Agricul-tura y Recursos Naturales,Trabajo Digno

7 Puno: Gestión de Riesgos de De-

Temas que trabaja Oxfam: 21

120

El programa de Industrias Extractivas busca

que la actividad minera e hidrocarburífera se

desarrolle respetando los derechos de las co-

munidades y creando desarrollo. Para ello,

trabaja con poblaciones afectadas por estas

industrias, con las compañías para que és-

tas operen con responsabilidad social, y con

diversas instancias del Estado para que asu-

man su rol regulador en la materia.

El programa de Agricultura y Recursos Natu-

rales busca cambios en las políticas a favor

de los pequeños productores y sus comuni-

dades, promoviendo la defensa de los dere-

chos al agua, la tierra y biodiversidad, la

sostenibilidad de cadenas productivas y el

acceso a mercados, los derechos laborales

de las mujeres en el sector de la agro expor-

tación y modelos de desarrollo alternativos e

incluyentes.

En Ayuda Humanitaria se trabaja para que la

población afectada pueda recibir la protección

y la asistencia necesarias con el propósito

de que se garanticen sus derechos humanos.

Para ello, se busca que las poblaciones vul-

nerables y que viven en condiciones de po-

breza reduzcan los riesgos que los rodean y

se mitiguen aquellos problemas que el cam-

bio climático ya empezó a ocasionar. En si-

tuaciones de emergencia causada por desas-

tres naturales, se asegura que las personas

accedan a agua limpia y segura, así como a

condiciones sanitarias que permitan que no

se les sumen otros problemas de salud.

Estos cuatro programas son el resultado del

consenso sobre estrategias y acciones con-

juntas entre los cuatros afiliados de Oxfam

en el Perú. Además, existen áreas de trabajo

que son implementadas por uno o más afilia-

dos. La elección de los temas prioritarios res-

ponde a un análisis conjunto de país así como

de los aportes que podemos hacer conside-

rando nuestra misión y competencias. En ese

sentido, las siguientes páginas describen

nuestras diversas líneas de trabajo.

De igual forma que en el trabajo global, OI

busca en el Perú incrementar el entendimiento

y reconocimiento público de que la justicia

económica y social son cruciales para el de-

sarrollo sostenible y, en esa medida, quiere

contribuir a la disminución de las desigualda-

des sociales, económicas, políticas y cultu-

rales, como un mecanismo seguro para la su-

peración duradera de la pobreza y el sufri-

miento.

Al igual que a nivel mundial, OI busca en el Perú incrementar el entendimiento yreconocimiento público de que la justicia económica y social son cruciales parael desarrollo sostenible

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En los últimos años las concesiones mineras

crecieron en más de 70% en nuestro país1,mientras que en la Amazonía solo la cuarta par-te está libre de concesiones de petróleo y gas2.Las industrias extractivas se han expandido aun ritmo pocas veces visto, y han elevado losindicadores de la economía nacional al mismo

tiempo que los conflictos socioambientales porel uso de la tierra y el agua de las comunidadesaledañas a estos proyectos, que incluso hancobrado la vida de pobladores que defendíanestos recursos vitales para ellos.

Oxfam Internacional (OI) cree que un buen des-empeño público y privado requiere del fortaleci-

miento de una sociedad civil que reivindique

La apuesta por un desarrollo con derechos

sus derechos, proponga alternativas y se haga

escuchar tanto por los demás ciudadanos comopor las empresas y el Estado. Por eso nuestrotrabajo apoya el fortalecimiento de redes y or-ganizaciones, además de la producción de co-nocimientos sobre actores vinculados a la acti-vidad minera así como campañas públicas con

casos emblemáticos que favorezcan a la po-blación afectada y mejoren las políticas públi-cas a favor de los derechos de las comunida-des.

Con este enfoque, OI ha apoyado y participadojunto al Grupo Diálogo Minero, CONACAMI,Cooperacción, Red Muqui, entre otros, en la

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Poblador de La Oroya,una de las ciudadesmás contaminadasdel mundo, observa elhumo que emana dia-riamente la planta me-talúrgica.

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En Cajamarca, uno de los frutos del trabajo conla ONG Grufides ha sido el apoyo técnico parael diseño de un plan de Zonificación EconómicaEcológica por parte del Gobierno Regional paramonitorear la explotación de los recursos natu-rales en la región, así como la elaboración del

Plan de Ordenamiento Territorial y los planes deprevención de riesgos como medios de protec-ción de las fuentes de agua y la calidad de latierra por el impacto de la actividad minera.

«Queremos un mundo mejor y eso también in-cluye a las compañías mineras. Nuestros es-fuerzos los incluyen a ellos. Queremos quemejoren sus prácticas, esa es nuestra princi-

pal meta», comenta Marco Arana, asesor deGrufides.

El Movimiento por la Salud de La Oroya(MOSAO), coordinado por la ONG Labor, aliadode Oxfam Internacional, articuló a los gruposde sociedad civil que han logrado promover queel Ministerio de Salud (MINSA) cuente con pro-tocolos para la atención médica por contami-

nación con plomo, a partir de las medidascautelares aprobadas por la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos (CIDH)y el Tribunal Constitucional. El MOSAO lanzó lacampaña «Salvemos La Oroya», una iniciativaque intentó llamar la atención sobre la dramáti-

ca situación de los pobladores afectados por lacontaminación de esta ciudad y dio a conocerlas responsabilidades que tiene en esto laempresa Doe Run.

Con derecho a opinar

Hubo respaldo al cuestionamiento que las co-munidades, rondas campesinas y municipali-dades organizadas en el Frente de DesarrolloSostenible de la Frontera Norte del Perú, reali-zaron sobre la presencia de la empresa minera

china Zijn y al otorgamiento de nuevas conce-siones mineras en las provincias de Ayabaca y

elaboración y presentación de propuestas paraque el Ministerio del Ambiente sea un organis-mo público con las atribuciones suficientes paraenfrentar el grave problema ambiental que atra-viesa el Perú. Lamentablemente, la propuesta

de la sociedad civil no fue tomada en cuenta porla comisión que creó el Ministerio del Ambiente.

Se apoyó a la Defensoría del Pueblo para quepudiera contar con personal calificado en susoficinas de Cusco, Apurímac, Cajamarca y Piura,así como en la Adjuntía del Medio Ambiente y laUnidad de Conflictos, de modo que cumpliera

adecuadamente con la supervisión del desem-peño de los organismos públicos y la preven-ción de conflictos socio ambientales.

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STRIAS EXTRACTIVAS

Los compromisos de inversión en el sector mineroen el 2008 representaron una suma de 1.684 millo-nes de dólares, 9% más que en el 2007.

El 88% de la población que vive en zonas de influen-cia de la actividad minera se ubica entre los estratosde extrema pobreza, muy pobre o pobre.

Según el reporte de conflictos de abril del 2009 de laDefensoría del Pueblo, se registraron 238 conflictosen el país, de los cuales 116 (49%) corresponden aconflictos socioambientales.

APORTES

Oxfam Gran Bretaña $ 272, 593

Oxfam América $ 402,115

Oxfam Novib $ 386, 655

TOTAL OI: $ 1, 061,363

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Huancabamba en Piura, pues no se conside-raron los impactos socio ambientales que el

establecimiento de un distrito minero puedecausar en la región Piura y en las provinciasvecinas de Cajamarca. La alianza con la RedMuqui y sus organizaciones miembros, comoFedepaz y Cooperacción, fue clave para lograrque este caso llegara a la opinión pública.

«Pudimos hacer prevalecer nuestros derechos,logramos hacer conocer nuestro sufrimiento a

escala internacional y fuimos a Lima a exponernuestra situación. Sin embargo, cientos de per-sonas aún esperan justicia, muchos somosperseguidos por reclamar», cuenta ServandoAponte, presidente de la Comunidad de Segun-da y Cajas, en Huancabamba.

Por su parte, Javier Jahncke, miembro de

Fedepaz, explica que han «apoyado a la pobla-ción para buscar una solución a través del diá-logo».

El trabajo con CooperAcción busca el fortaleci-miento de las comunidades e incidir en la tomade decisiones políticas para lograr una evalua-ción ambiental estratégica y que las poblacio-nes cuenten con más información técnica y

solvente sobre el tema. CooperAcción trabajacon líderes comunales en las zonas de Tintayay Las Bambas para conseguir que las relacio-nes entre la empresa Xstrata y las comunida-des de la zona de influencia, se desarrollen res-petando los derechos de la población.

Transparencia y rendición de cuentas

Un tema importante es el de la Iniciativa deTransparencia de las Industrias Extractivas(ITIE) en el Perú, convocado por el Ministerio de

Energía y Minas como consecuencia de unacuerdo internacional promovido por el gobier-no británico. En este espacio, Oxfam Internacio-nal ha apoyado al Grupo Propuesta Ciudadana y

luego a CooperAcción, como representantes dela sociedad civil, en la labor de persuadir a losrepresentantes del gobierno nacional y las em-presas acerca de la importancia de rendir cuen-tas a la opinión pública de cuánto pagan en im-

puestos y cómo esto se distribuye en las regio-nes a través del canon y regalías.

Las empresas mineras más importantes delpaís continúan reuniéndose mensualmente conun colectivo de líderes comunales y sindicales,expertos, ambientalistas y ONG en el Grupo deDiálogo Minero. Labor coordinó y facilitó este

espacio de diálogo.

Oxfam Internacional ha incentivado y convoca-

do a las empresas del sector a implementarlos más altos estándares de gestión socioambiental y de transparencia tributaria. Por ellosostuvo reuniones con representantes de em-

O x f a m I n t e r n a c i o n a l ( O I ) t r a b a j a

c o n o r g a n i z a c i o n e s l o c a l e s p a r a :

Contribuir en la definición de la disputa por los recursos naturales

que pone en riesgo los derechos de comunidades campesinas y pue-

blos indígenas, y a la vez genera la oportunidad de discutir cómo y

dónde deben darse las concesiones mineras y de hidrocarburos.

Foto: Flor Ruiz / Oxfam

125

presas mineras como Río Tinto, Xstrata,Yanacocha, Chinalco, Anglo American y Antaminapara invitarlos a poner en práctica mejores po-líticas de responsabilidad social empresarial.

A pedido de la empresa Río Tinto, OI elaboró uninforme independiente respecto a las razonesque llevaron a que se produjera el conflicto en-tre la población de Querocoto en Cajamarca yla empresa, planteando recomendaciones paramejorar las relaciones que Río Tinto desarrolla

con la población del distrito.

El trabajo sobre Industrias Extractivas tambiénincluye el apoyo a la Asociación Mundial por laMinería Responsable (ARM) que promueve pro-yectos piloto de desarrollo de un estándar encomercio justo para la pequeña minería.

OI considera que las actividades extractivas sonun factor importante para el desarrollo del país,

Promover una institucionalidad que garantice derechos, mediante

la orientación y fiscalización de las industrias extractivas.

Incentivar y convocar a las empresas del sector a implementar los

más altos estándares de gestión socio ambiental y de transparen-

cia tributaria.

Fortalecer a organizaciones locales y sus líderes para que cuenten

con mejores herramientas para defender sus derechos.

siempre y cuando se lleven a cabo con los másaltos estándares socio ambientales, y de ma-nera inclusiva con las comunidades, y respe-tando sus derechos.

Notas1 Entre 2002 y mayo de 2007, la cantidad de terrenos

autorizados por el gobierno central para la activi-dad minera se disparó en 77.4%: de 7 millones 45mil hectáreas a 13 millones 224 mil, según unreporte de la ONG Cooperacción elaborado coninformación oficial.

2 Según un estudio elaborado por investigadores dela Universidad Duke de Carolina del Norte y de lasorganizaciones no gubernamentales SaveAmerica’s Forests y Land is Life. El informe serealizó en 2008 con información oficial.

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STRIAS EXTRACTIVAS

Niños afectados por lacontaminación en LaOroya (a la izquierda).

Proceso de consulta so-bre la actividad minera enHuancabamba, Piura.(arriba).

Foto: CooperAcción

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El terreno de las oportunidades comerciales

está disparejo. Las poblaciones que se dedi-can a la agricultura, ganadería y otras activida-des como medio de subsistencia o posibilida-des de desarrollo muchas veces no logran unarecompensa justa por sus esfuerzos, debido aque las reglas de comercio actuales y los pocos

mecanismos para defender sus derechos selos impiden. Oxfam Internacional (OI) trabaja conestos sectores de la población y organizacio-nes especializadas para lograr que se establez-can reglas justas de comercio y velar porquelos tratados comerciales no afecten la vida de

millones de peruanos y peruanas.

C O M E R C I O E I N T E G R A C I Ó N

Decisiones comerciales que afectan a todos

El trabajo con la Red Globalización con Equi-

dad (RedGE) contribuyó en el último año a de-mostrar los impactos negativos en la vida delas personas de escasos recursos y de pue-blos indígenas que ocasionaría la propuestaeuropea de llegar a un acuerdo de asociacióncon los países andinos, así como el monitoreo

de la implementación del TLC con EstadosUnidos a partir de la aprobación de un cente-nar de decretos legislativos.

“Nosotros nos mantenemos vigilantes para queno se asuman compromisos nocivos para nues-tros países”, asegura Alejandra Alayza, directo-ra ejecutiva de RedGE.

A fines de marzo, orga-nizaciones sociales deEcuador, Colombia, Boli-via y Perú, se reunieronen Lima para analizar elimpacto de un TLC UE-CAN.

Foto: G

uillermo V

enegas / Oxfam

127

De esta forma se logró poner en el debate pú-blico las implicancias de la firma de los acuer-dos comerciales en temas tan sensibles comolos derechos laborales, el medio ambiente, elacceso a medicamentos y la biodiversidad me-diante la generación de información nueva y

especializada. Las voces de los expertos y delas organizaciones sociales han sido funda-mentales para comprender la dimensión de losimpactos.

“En el Perú se solía cultivar 275 mil hectáreasde algodón, este año solamente se han cultiva-

do 30 mil. La afectación ha sido considerable

debido a que el Tratado de Libre Comercio conEstados Unidos permite la entrada de algodo-nes extranjeros subsidiados y de menor cali-dad que compiten con el nuestro, todo de ma-nera completamente legal. Si no se toman me-didas de protección, la producción de algodón

se terminará en el Perú”, afirma Federico León,representante de la Asociación Nacional de Pro-ductores de Algodón (ANPAL) y presidente de laConvención Nacional del Agro Peruano(CONVEAGRO).

OI apuesta por la participación de líderes regio-nales en el debate, porque es mediante ellosque se podrá conocer los puntos de vista de

sectores tradicionalmente excluidos en las ne-gociaciones comerciales.

Desde esa mirada se apoyó la defensa de losderechos de los pueblos indígenas y comuni-dades campesinas afectadas por los decretoslegislativos que fueron aprobados para la im-plementación del TLC con EE UU y formaban

parte del discurso estatal del “Perro del horte-lano” para promover la inversión privada, enperjuicio del acceso de los recursos naturalesde estas poblaciones como el agua y la tierra.Algunos de los decretos fueron derogados lue-go de una movilización popular y un trabajo de

incidencia política en el Congreso peruano y enel Parlamento estadounidense.

Por una negociación en bloque

En las negociaciones del TLC entre la Unión

Europea (UE) y la Comunidad Andina de Nacio-nes (CAN), Oxfam Internacional alertó sobre losimpactos negativos que se producían contra laintegración regional como proceso importantepara que los países andinos pudieran lograren bloque reglas más justas de comercio en

las negociaciones con los países ricos.

El retiro de Bolivia de las negociaciones con laUE puso de manifiesto la incoherencia euro-

Los precios de las medicinas subirían en 26% sise acepta la propuesta europea de extender laspatentes y protección de datos de prueba de 5 a11 años, según la Alianza por el Acceso a losMedicamentos UE-CAN.

La apertura de los mercados ha originado unarebaja en los aranceles con un costo anual parael país de 3 mil millones de soles, refiere el eco-nomista Humberto Campodónico.

El país tendrá que gastar adicionalmente 386millones de dólares anuales en salud si suscribeel TLC con la UE.

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APORTES

Oxfam Gran Bretaña $ 63, 495

Oxfam América $ 10, 000

Oxfam Novib $ 121, 518

TOTAL OI: $ 195, 013

OXFAM

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pea, al no considerar las propuestas bolivianasy al dejar de lado su posición inicial de negociarcon el bloque andino para fortalecer su integra-ción. OI y redes andinas e internacionales mani-

festaron su preocupación por el proceso.

Estos planteamientos se pusieron de manifies-

to en la “Jornada de los Pueblos por la Integra-ción” que se realizó en marzo en Lima con laparticipación de organizaciones, movimientos

O X F A M I N T E R N A C I O N A L T R A B A J A

C O N O R G A N I Z A C I O N E S L O C A L E S P A R A :

For ta lecer a las redes soc ia les y organ izac iones espe-

c ia l i zadas pa ra mon i to rea r l os impac tos negat i vos de

las propuestas que se negoc ian en los acuerdos co-

merc ia les y l a imp lementac ión de es tos t ra tados .

y expertos de los tres países de la región comoparte de las actividades paralelas a la segundaronda de negociaciones con la Unión Europea.

“La biodiversidad no debe negociarse porquees patrimonio de la humanidad”, aseguró en elencuentro Andrés Andrango, presidente delConsejo Consultivo de los Pueblos Indígenas

de la CAN. En la línea de lo que reclaman lospueblos indígenas, OI cuestiona la convenien-

Foto: Yanina Patricio / Oxfam

129

ra el presidente de la Confederación Nacional

de Comunidades Afectadas por la Minería delPerú (CONACAMI), Mario Palacios.

El trabajo con las redes sociales de la regiónse ha fortalecido en el camino. La vigilancia per-manente a los acuerdos comerciales es unatarea que involucra a todos.

Generar in formac ión sobre los impactos de los acuer-

dos comerc ia les para promover debate sobre los temas

sens ib les que a fec tar ían a la pob lac ión .

Generar in terés en e l Par lamento y e l E jecut ivo para

que cons ideren a los sectores más afectados por los

acuerdos comerc ia les y apues ten por l a in tegrac ión

r e g i o n a l .

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cia de una total apertura de los mercados de

los países andinos, el acceso a los recursosnaturales y la posibilidad de otorgar patentesde organismos vivos y productos queancestralmente se han desarrollado en laAmazonía y los Andes, más aun con los impac-tos del cambio climático y en un contexto de cri-

sis financiera.

“Solo con la integración de los pueblos que vamás allá de un acuerdo comercial, se podrá ha-cer frente a esta situación de amenaza”, asegu-

Foto: Guillermo Venegas / Oxfam

Foto: Guillermo Venegas / Oxfam

La pequeña agricultura esel sector más afectado porlos acuerdos comerciales(izquierda). Las organiza-ciones indígenas opinansobre los impactos de unTLC (arriba). El presidentedel Comité Consultivo delos Pueblos Indígenas dela CAN Andrés Andrango,también participó en lasreuniones paralelas a lasegunda ronda de nego-ciaciones con la UE enLima. (derecha)

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La agricultura es el primer generador de em-pleo en el Perú, ya que diez millones de perua-

nos y peruanas viven de esta actividad, y sonellos los que abastecen de alimentos a pue-blos y ciudades enteras del país. En la actuali-dad, seis de cada diez toneladas de alimentosque consumimos provienen de manos de lospequeños agricultores.

A pesar de su importancia social y económica,

la agricultura ha sido el sector más descuidadopor los gobiernos, sin tomar en cuenta que in-vertir en ella sería uno de los motores del desa-rrollo rural y una oportunidad para que los máspobres del campo salgan de la pobreza.

AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES

La cadena productiva que sostiene al país

Oxfam Internacional (OI) trabaja con organiza-ciones de productores, comunidades campe-

sinas y organizaciones no gubernamentales dedesarrollo como la Convención Nacional delAgro Peruano (CONVEAGRO), el Centro Perua-no de Estudios Sociales (CEPES), y la Red deAcción para la Agricultura Alternativa (RAAA) parabuscar cambios en las políticas a favor de los

pequeños productores y sus comunidades.

Con ese propósito, se promueve la generación

de información y debate nacional sobre las nor-mas que regulan los recursos naturales. Asi-mismo, se fortalece el trabajo de las platafor-mas regionales de Cusco, Junín y Ayacucho, a

Oxfam apoya la organi-zación de los agriculto-res como Mario Mendozade la comunidad deChuschi, para hacer va-ler sus derechos y lo-grar precios más justos.

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fin de aumentar la inversión de los gobiernoslocales y regionales en propuestas productivaspara la promoción de mercados campesinos.

Defensa de recursos vitales

El desarrollo de la pequeña agricultura en elpaís está asociado al acceso a los recursosnaturales, los cuales se ven amenazados por

el avance de las industrias extractivas en comuni-dades alto andinas, y los cultivos parabiocombustibles, principalmente de caña de azú-car en la costa y palma aceitera en la selva alta.

En forma adicional, los cambios del clima -

como heladas seguidas de sequía-, han gene-rado pérdidas que van entre el 20% y el 50% dela cosecha de papa, trigo, quinua, cebada,kiwicha y otros granos, según un informe de laOrganización de las Naciones Unidas para laAgricultura y la Alimentación (FAO) de 2008.

OI trabaja en las zonas alto andinas de Cusco,Junín y Ayacucho con organizaciones de desa-

rrollo en la promoción de gestión del agua, pas-tos y planes de desarrollo territorial, las cualesa su vez coordinan con el gobierno regional ylocal para su implementación.

Victoria Vilca, comunera de San Juan de Uchuyri,distrito de Chuschi (Ayacucho), es una de lasmuchas mujeres que ha logrado capacitarse y

mejorar su calidad de vida con un modelo dedesarrollo local replicable en varias regionesdel país. “Gracias a la capacitación hemosaprendido a trabajar en familia. Ahora cultiva-mos todo tipo de hortalizas y eso nos sirve paraalimentarnos mejor y para que nuestros hijos

estudien”, explica.

Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio

(TLC) entre el Perú y EEUU hizo retroceder alpaís en materia de protección a la propiedadintelectual sobre el patrimonio biológico ygenético, y a los conocimientos tradicionalesque estaban amparados por el Acuerdo 486 dela Comunidad Andina de Naciones.

En 2008, el marco normativo sobre tierras y re-

cursos hídricos estuvo marcado por iniciativaslegales que no fueron consultadas con las co-munidades indígenas, lo que generó rechazo yconflictos que aún no se resuelven.

En las zonas afectadas por la actividad mineray los hidrocarburos, el trabajo de OI en agricul-tura y recursos naturales también está relacio-nado al apoyo a las comunidades en procesos

productivos alternativos y mecanismos de diá-logo en un marco de gobernabilidad ambiental.

La agricultura representa al 36.7% de la PEA: uno de

cada tres peruanos labora en actividades agrícolas,

según el Ministerio de Trabajo.

20% de trabajadores no tenían contrato ni recibían el

pago por horas extras en las empresas

agroexportadoras de Ica, de acuerdo a un estudio de

Codehica de 2007.

En la costa se concentra el 70% de la población del

país y cada habitante solo puede disponer de 1,8%

del agua de los ríos, revela un estudio presentado

por Oxfam en marzo de 2009.

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APORTES

Oxfam Gran Bretaña $ 470, 206

Intermón Oxfam $ 678, 756

Oxfam América $ 393,900

Oxfam Novib $ 1, 161, 138

TOTAL OI: $ 2,704,000

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Este es el caso del Subprograma Espinar -Tintaya que se realiza con ITDG- Soluciones

Prácticas y CooperaAcción, y el Subprogramadel Río Urubamba con el Centro de Investiga-ción y Promoción Amazónica (CIPA) y el Conse-jo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)que apoya a las comunidades en la defensa desus derechos frente a las compañías que ex-

plotan el gas de Camisea.

Agua limpia y productos bandera

Oxfam Internacional ha contribuido al análisissobre la situación del agua con un libro elabo-

rado por cuatro expertos y publicado por el Ins-tituto de Estudios Peruanos (IEP) en el que seplantea en la agenda pública cinco puntos cla-ves: la gestión integral de los recursos hídricosa nivel de las cuencas, autoridades ambienta-les fuertes e independientes, sistemas de re-

glas y sanciones claras para el control de lacontaminación, mecanismos para la participa-ción de los diversos actores en la toma de deci-siones y equilibrio entre un marco normativocoherente y decisiones descentralizadas.

Localmente, OI apoya los esfuerzos de la Coor-dinadora de Juntas de Usuarios de Agua de laSierra y la Selva del Perú, respaldada por la

Junta Nacional de Usuarios de los Distritos deRiego del Perú, a fin de articular una agendacomún entre los productores y comunidadespara que sus intereses frente a la gran agricul-tura y la agroindustria de la costa estén repre-sentados.

Para promover y proteger la biodiversidad, OI

apoya sistemas de producción sostenibles yde acceso a mercados. Este es el caso de laJunta Nacional del Café (JNC), que promuevemejoras en la productividad del café enCajamarca y Amazonas, fortalece a las organi-zaciones de pequeños productores para que

obtengan mayores beneficios en la compra de

insumos y la venta de su producto en el exterior,e impulsa la Ley de Cooperativismo como mo-delo organizativo y de participación de los pro-ductores.

Debido a estos esfuerzos, el Perú declaró alcafé como un producto bandera y reingresó a laOrganización Internacional del Café.

“La Junta nos ha dado créditos y conocimien-tos para mejorar: si antes se cosechaban de

diez a doce quintales, ahora se cosechan vein-te. El rendimiento ha subido hasta en 70 porciento”, asegura el presidente de la Unión deCafetaleros Ecológicos (UNICAFEC), Felipe Al-berca.

El trabajo con los productores de algodón en2008 también ha sido clave. Mediante una cam-

paña que llevaba como eslogan “El algodón

O x f a m I n t e r n a c i o n a l t r a b a j a

c o n o r g a n i z a c i o n e s l o c a l e s p a r a :

Mejorar la participación de los actores en deci-

siones de políticas rurales.

Promover una gestión sostenible de los recur-

sos naturales y la defensa de los derechos al

agua y tierra de las comunidades andinas y

amazónicas.

Fortalecer las capacidades de las mujeres rura-

les y sus organizaciones.

Promover cadenas productivas que favorezcan

a los pequeños productores y políticas de regu-

lación de los mercados agrícolas.

Defender la biodiversidad, base de la seguridad

alimentaria y la gastronomía.

133

En ese mismo cami-no, se promueve elsoftware de monitoreo

MEDA PERU- Menno-nite Economic Develo-pment Associates,que permite a los pro-ductores acceder a in-formación para mejo-

rar su trabajo y comer-cializar sus productossegún los estándaresinternacionales deproducción de comer-cio justo o de produc-

tos ecológicos.

Las mujeres en la agroindustria

Debido a que el país se ha articulado a la eco-nomía global, miles de mujeres y jóvenes se

enrolaron a la agroindustria, concentrada en Ica,La Libertad y Lambayeque. Por ello, OI promo-vió algunos estudios para evaluar la situaciónde los derechos laborales de estos trabajado-res a cargo de Aurora Vivar, CEDAL, PLADES, laFederación de Mujeres de Ica y otras organiza-

ciones que revelaron que en la mayoría de loscasos estas personas no tenían contratos, ac-ceso a seguridad social ni vacaciones, y no seles permitía organizarse de manera indepen-diente.

Actualmente, existen mujeres sindicalizadasque ya participan en las negociaciones con las

empresas para proteger sus derechos y lograrmejores condiciones laborales.

peruano es el de mejor calidad en el mundo.Protégelo” se evidenció el impacto de los trata-

dos de libre comercio en el agro. Para ello, secontó con el apoyo del cantante español MiguelBosé, quien contribuyó a que el Congreso to-mara acciones a favor de estos productores yse declarara el algodón peruano como produc-to bandera.

También se consiguió el diálogo entre la Aso-ciación Nacional de Productores de Algodón

(ANPAL) y la Cooperativa de Servicios MúltiplesTallán – Chusis del Bajo Piura para que losproductores de algodón pudieran comerciali-zar directamente esta fibra y mejorasen suscondiciones de vida.

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Foto: Milagros Salazar / Oxfam

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El modelo económico actual, lejos de generarun patrón de empleo adecuado, ha

incrementado la brecha de peruanas y perua-nos que viven en situación de pobreza. Solo enLima Metropolitana más de la mitad de la Po-blación Económicamente Activa (PEA) se en-cuentra subempleada, es decir en puestos detrabajo de bajos ingresos y condiciones labora-

les precarias e inseguras a pesar del crecimien-to económico.

Oxfam Internacional (OI) considera que para con-tribuir a reducir la pobreza, la inequidad y la ex-clusión, se deben promover y desarrollar pro-

T R A B A J O D I G N O Y C I U D A D A N Í A

La equidad comienza con un empleo justo

Oxfam desarrolla proyec-tos con pequeños y media-nos empresarios para quelogren condiciones justasde trabajo.

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En los últimos doce años los ingresos de lostrabajadores en Lima Metropolitana no hanaumentado, mientras que el de los ejecutivos seha elevado en 60%.

El 54% de la PEA está conformado por indepen-dientes no profesionales y trabajadores noremunerados, aquellos que ayudan en el nego-cio familiar sin recibir una paga.

El Decreto Legislativo 1086 recorta el derecho delos trabajadores a una tercera parte y contribuyea generar despidos arbitrarios.

yectos que apunten a consolidar un mercadode trabajo en condiciones dignas donde las per-

sonas puedan acceder a un sueldo justo, me-jores oportunidades de empleo, vacaciones pa-gadas, descanso, protección social, seguridaden el trabajo, derecho a la sindicalización y ne-gociaciones colectivas.

Para cumplir con esa misión, OI trabaja con or-ganizaciones aliadas en el ámbito local y na-cional para que trabajadores de las zonas em-

pobrecidas del Perú ejerzan un trabajo con de-rechos efectivos a través de cambios en laspolíticas públicas y prácticas privadas.

Impulso a los mercados

y las confecciones

En los proyectos de promoción de desarrollolocal, se unen esfuerzos con las institucionessocias para que los comerciantes de los mer-cados de abastos mejoren su competitividad yejecuten, de la mano de los gobiernos locales,

planes concertados que les permitan fortalecersu economía diaria.

Manuel Chuizo, comerciante de verduras delmercado José Olaya, en Villa El Salvador, afir-ma que trabajar asociadamente les ha traídomuchas ventajas. “Desde que venimos capa-citándonos en cursos como atención al cliente,

marketing y campañas, y trabajando en accio-nes conjuntas con los 114 socios del mercado,nos hemos dado cuenta que hay mejores posi-bilidades de trabajar y competir. Nosotros tene-mos la relación directa con los caseros y sonellos los que finalmente deciden dónde com-prar”, afirma Chuizo.

Rosa Vílchez es una empresaria que se dedica

a la confección de prendas de vestir para alma-cenes de Lima y mercados de Venezuela y Es-tados Unidos. Sus planes y sueños cobranmayor fuerza a la luz de proyectos de desarrollolocal que favorecen a las Mypes, aunque aunfalte camino por recorrer.

“Siempre nos trazamos metas y tratamos decumplirlas, ya que de esa manera sentimos que

nos estamos desarrollando. No descuido nun-ca las capacitaciones para todo el personalporque si estamos preparados podemos com-petir mejor: el conocimiento nos hace grandes”,enfatiza Rosa.

La historia de esta empresaria contrasta conlos casos de abuso que muchas mujeres su-

fren en el sector moderno de las confeccionesen el Perú y que Oxfam ha puesto en evidenciaa través de investigaciones y videos.

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APORTES

Intermón Oxfam $ 485, 733

Oxfam Novib $ 79, 822

TOTAL OI: $ 565, 555

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Redes para que existan ciudadanos

Debido a iniciativas conjuntas y apoyos oportu-nos, podemos ver historias donde la creativi-dad y dedicación han permitido que muchos

artesanos mejoren su calidad de vida y se aso-cien para elaborar productos con miras al mer-cado local y el extranjero. Georgina Velarde,artesana ayacuchana, es un ejemplo. Ella for-ma parte de la Asociación de Artesanos IchimayWari fundada por un grupo de 18 ayacuchanos

en Lurín y es una de las beneficiarias de lasleyes promovidas por OI.

“Estar asociados nos da muchas ventajas, perotambién sabemos que tenemos que estar ca-pacitados y que no basta el esfuerzo que le pon-gamos a todo lo que hacemos. Es importantetambién el apoyo de instituciones públicas yprivadas para que nuestras iniciativas se ha-

gan realidad”, asegura Georgina.

Oxfam también ha logrado fortalecer el trabajo

de la Federación de Mujeres Organizadas enCentrales de Comedores Populares Autoges-tionarios y Afines de Lima Metropolitana(FEMOCCPAALM) y de la Confederación Nacio-nal de Mujeres Organizadas por la Vida y elDesarrollo Integral (CONAMOVIDI) aumentan-

do el número de organizaciones y movimientosde mujeres que son agentes activos en la esfe-ra social y política en el ámbito local y nacional.

“Además de los objetivos políticos, tambiénapostamos por el desarrollo de capacidadesde las mujeres. Una mujer más informada, máscapacitada, tiene mejor posición para tomar

decisiones, desde reconocer los derechos has-ta ejercerlos”, manifiesta con certeza RelindaSosa, presidenta de CONAMOVIDI.

Oxfam impulsa iniciativas para que los gremiosy plataformas nacionales se fortalezcan y pue-

dan exigir y proponer cambios en las políticaspúblicas y prácticas del sector privado, sobretodo en aquellos sectores que vulneran los de-rechos laborales, como el textil, confecciones,

agroexportación, entre otros.

Asimismo, OI trabaja para promover y desarro-llar el sector de la micro y pequeña empresa,donde se han conseguido varios logros duran-te el 2008. A través de la Red Nacional Pro Leydel Artesano (RENAPLA) se consiguió que elCongreso aprobara la Ley del Artesano y del

Desarrollo de la Actividad Artesanal.

Los gremios y aliados contribuyeron a que se

incorporen algunos beneficios para el sectoren la nueva Ley Mypes, y como parte de unainiciativa legislativa de los ciudadanos se pre-sentó una propuesta de Ley de AseguramientoUniversal de Salud con 70 mil firmas.

Oxfam Internac iona l t raba ja

con organ izac iones loca les para:

Fortalecer gremios y plataformas de

incidencia para lograr cambios de

políticas que promuevan el trabajo

digno y sostenible.

Promover y defender los derechos

laborales, especialmente de mujeres

trabajadoras.

Impulsar buenas prácticas, incre-

mento de la productividad,

asociatividad y promoción de la

Micro y Pequeña Empresa (Mype).

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Dina Alarcón for-ma parte del gru-po de comercian-tes que recibeapoyo, para mejo-rar su economía.

Foto: Percy Ramírez / Oxfam

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Cuando un desastre golpea a un pueblo, lasprimeras horas de la emergencia pueden ha-

cer la diferencia entre la vida y la muerte. Sonlos afectados directos los que tendrán que ha-cer frente a esta situación adversa antes deque llegue cualquier auxilio. Oxfam Internacio-nal (OI) trabaja con estas poblaciones vulnera-bles con el propósito de brindarles herramien-

tas que les permitan prepararse para enfrentarlos desastres y poder resguardar sus vidas ylas de sus familias.

G E S T I Ó N D E R I E S G O S D E D E S A S T R E S

Los pueblos se preparan ante las amenazas

Pobladores de Piurabuscan formas de es-tar preparados ante losdesastres que amena-zan sus vidas.

Foto: Gilvan Barreto / Oxfam

139

Los proyectos se han priorizado en las comuni-dades que registran altos niveles de pobrezaporque precisamente los desastres, que estánincrementándose globalmente, profundizan losniveles de pobreza y exclusión. El reto es quelas poblaciones identifiquen riesgos como las

inundaciones, sequías o heladas y aprendan amanejarlos aun cuando dispongan de pocosrecursos.

En zonas rurales de Piura, Lambayeque,Arequipa y Cusco, OI ha desarrollado sistemasde alerta temprana implementadas por las pro-pias comunidades. En el caso de Piura, estas

acciones incluyen el uso de termómetros,

aparatos de radios o escalas hidrométricas do-

mésticas que registran los cambios en las cre-cientes del río o en las temperaturas que indicanamenaza, para que luego una red de comunerostransmita la alerta a la población y así los poten-ciales afectados evacuen a zonas seguras.

«Ahora ya sabemos cómo es la alerta para sa-lir de las casas cuando se salga el río. Estarorganizados y preparados nos ayuda a dismi-

nuir los daños», relata Margarita Meza Velarde,pobladora del caserío de Vicus, en Chulucanas,tras participar en un simulacro frente a inunda-ciones que puso a prueba el sistema comuni-tario de alerta temprana de su pueblo que viveacechado por el fenómeno El Niño.

Vicus fue uno de los caseríos piuranos más

afectados por este fenómeno de lluvias inten-sas que en 1998 dejó como saldo más de tresmillones y medio de dólares en pérdidas parael país. Si bien todas las personas pueden es-tar expuestas a desastres, OI considera que elimpacto no es igual para todos. Casi siempre

son los más pobres los que sufren una pérdidamayor por vivir en zonas riesgosas o por tenersus campos de cultivos en zonas muy bajasque son las primeras en inundarse y que difícil-mente podrán recuperar.

Investigaciones indican que la principal causade la pobreza transitoria en el campo es el efec-to de los desastres. Por ejemplo, en Moquegua

en 2002 el índice de pobreza se elevó despuésdel sismo que vivió esa región del sur, de 28.5%a 35,3%, según el investigador Juan Chacaltana.

Cuando se activa la red

La clave de estos proyectos ejecutados ha sidomovilizar a la población activando los comitésde defensa civil principalmente en zonas rura-les como en los distritos piuranos de

La vulnerabilidad ante los desastres naturales ennuestro país se asocia a los cambios demográfi-cos y la pobreza, según el documento Propuestaspara el 4to Plan de Acción del Programa de Pre-vención de desastres de la Comisión Europea enla región andina divulgado en el 2005.

Las zonas más propensas a huaycos y aluvionesson la cuenca del Río Rímac (Lima), el Callejón deHuaylas (Áncash) y la cuenca del ríoChanchamayo (Junín).

89 provincias, las cuales representan al 76% de lapoblación peruana, tienen una alta vulnerabilidada desastres naturales.

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APORTES

Oxfam Gran Bretaña $ 366, 860

Oxfam América $ 184, 000

TOTAL OI: $ 550, 860

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Tambogrande y Chulucanas, donde se ha lo-

grado la participación de 425 líderes, de loscuales casi el 40 por ciento son mujeres.

Además, en el presupuesto participativo de 2009que se elaboró en forma conjunta entre las au-toridades y la población el año pasado,Chulucanas decidió destinar el 50% de los re-cursos para obras de reducción de riesgos dedesastres y Tambogrande el 39%. El trabajo con

las autoridades locales ha sido fundamentalpara que se garanticen recursos que permitanenfrentar estos eventos, así como sensibilizara las instituciones responsables del gobiernocentral.

En Caylloma (Arequipa) y Espinar (Cusco),como parte del sistema de alerta temprana, se

ha sistematizado el conocimiento de los comu-neros en guías que permiten saber que si elcielo se pone rosado es porque habrá heladas,o si un cordero bala a la mitad de la noche esporque nevará. Una red de radios comunitariastambién permite acortar las distancias de pue-blos ubicados a cerca de 5 mil metros sobre el

nivel del mar, al punto que reportar una emer-gencia ahora solo puede tomar unos segundosy ya no un día entero de caminata sobre el lodoo la nieve.

Los comuneros, además, reportan en forma dia-ria información sobre los cambios del clima alServicio Nacional de Meteorología de Hidrología

del Perú (SENAHMI) como parte de una iniciati-va de registro de largo plazo y de entender queesta labor es una tarea de todos.

En estas mismas zonas se abastece a las co-munidades altoandinas alpaqueras con medi-cinas veterinarias antiparasitarios y vitamínicas,así como con cobertizos y semillas para el culti-vo de forraje que sirva de alimento a sus

camélidos durante la época más dura de lasheladas que se concentra entre mayo y julio.

Si las alpacas madres se alimentan mejor, tam-bién nacerán mejores crías. Y es ahí donde se

O x f a m I n t e r n a c i o n a l

t r a b a j a c o n o r g a n i z a c i o n e s l o c a l e s p a r a :

Fortalecer las capacidades de las comunidades

de Puno, Arequipa, Cusco y los caseríos de Piura

y Lambayeque para responder ante las amena-

zas de los desastres de origen natural mediante

sistemas de alerta temprana y otras acciones.

Desarrollar proyectos que permitan a las

comunidades andinas de Espinar (Cusco),

Caylloma (Arequipa) y Puno (Lampa) prepa-

rarse para las heladas.

Promover que las autoridades locales, regio-

nales y del gobierno central incorporen en

sus políticas el componente de la reducción

de riesgos y destinen mayores recursos para

este fin.

141

busca generar un círculo virtuoso que permita

revertir la situación más allá de lo que dure elproyecto. “Cada año mueren 20 a 25 crías duran-te las heladas. Tienen que prevenir antes, asínos dicen. Es lo mejor”, señala Salomón Ticona,quien va de casa en casa como promotor sanita-rio a enseñar a sus vecinos la importancia de la

prevención en el cuidado del ganado.

Se ha ganado la confianza de la gente y lo escu-

chan con atención: la muerte de las crías repre-senta un duro golpe para estas familias debidoa que luego de once meses de cuidados a unaalpaca preñada, el tiempo que dura la gesta-ción, se frustra la posibilidad de que los comu-neros comercialicen la fibra de estos animales,

vendan su carne o se reproduzca el ganado. Esen la planificación y prevención donde radica laimportancia de estos proyectos que se ejecu-tan con las ONGs nacionales DESCO, Proyec-ción, y como parte de un convenio con la Organi-zación de las Naciones Unidas para la Agricul-

tura y el Desarrollo (FAO) y el apoyo del Departa-mento de Ayuda Humanitaria de la ComisiónEuropea.

En Caylloma, el cultivo de forraje en zonas em-pinadas y rocosas fue posible gracias al riegopor aspersión. Ahí donde nadie creía que po-dían crecer los pastos, se logró sembrar 110hectáreas de cebadas, lo que permitió que cada

familia pudiera contar con 23 toneladas de pas-tos. “Ahora lo más importante es que puedancosechar y guardar el forraje para cuando elviento y la nieve los golpea”, señala SimónQuispe, alcalde de Caylloma, convencido deque la preparación es la clave para enfrentar

los riesgos de desastres y garantizar la sub-sistencia de los pueblos.

“Por eso ayudo a toda mi comunidad. Y segui-remos aquí para mejorar: creemos que es po-sible”, afirma Silvestre Vilcazán, un líder pro-ductor de Lampa (Puno), con ese entusiasmoirrenunciable de que él también puede ser parte

del cambio.

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Foto: Milagros Salazar / Oxfam

En la época de la lluvia, loscaseríos del norte del paísson golpeados por inunda-ciones que arrasan suscultivos.

En Espinar, Oxfam desarro-lla un proyecto para la me-jora de cultivo de forraje enbeneficio de las comunida-des alpaqueras (abajo).

Foto: Marisol Regis / Oxfam

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A pocas horas que el terremoto dejara a Piscobajo los escombros, Oxfam Internacional (OI)se trasladó a la zona de emergencia para ali-viar las necesidades básicas de la poblacióncon abrigo, techo y acceso a agua segura. Laayuda se priorizó a las zonas más golpeadaspor la tragedia de aquel 15 de agosto de 2007.

El plan de apoyo se desarrolló hasta un añodespués del sismo, mediados de 2008, en lasprovincias de Pisco y Chincha. Entre los hitosde la intervención figuran los planes de rehabi-litación que fueron formulados con las autori-dades, funcionarios y líderes locales y regiona-les, y que se hicieron pensando en cómo con-tribuir a generar desarrollo y disminuir los ries-gos a futuro.

Oxfam Internacional invirtió un total de 2 millo-nes 700 mil dólares en la respuesta a la emer-

A Y U D A H U M A N I T A R I A

De la emergencia a la reconstrucción en Pisco

Oxfam apoyó a las po-blaciones afectadas porel terremoto con carpasy productos de primeranecesidad.

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Las poblaciones de El Carmen en Chincha,Humay, Independencia, San Clemente, TúpacAmaru Inca, y la ciudad de Pisco tuvieron acce-so a agua segura y letrinas, además recibieronmaterial educativo sobre higiene y saneamien-to para prevenir enfermedades y enfrentar laemergencia.

La reconstrucción se hace a pulsoOxfam puso mucho énfasis en apoyar el desa-rrollo de las capacidades de la propia pobla-ción. Se promovieron campañas de salud pú-blica, se formaron líderes para que participenen los comités de defensa civil y, sobre todo, setrabajó con los funcionarios y las autoridadespara que desarrollen sus planes y presupues-tos tomando en cuenta los riesgos a los que lapoblación está expuesta. Por ello, el gobiernoregional de Ica reconoció en setiembre de 2008la labor de Oxfam durante los días de la emer-gencia y la reconstrucción.

La apuesta fue por el recurso humano: si laspropias víctimas logran desarrollar sus capaci-dades, se facilita la rehabilitación y se reducela vulnerabilidad a futuro.

Pero el problema en la zona del terremoto noes solo la salud pública y la reconstrucción delas viviendas, sino también la recuperación delas fuentes de trabajo. Se ha acentuado la po-breza en que vivían muchas familias debido aque han quedado desempleadas. Por ello hasido vital continuar con el Proyecto de MujeresEmprendedoras, iniciativa que busca fortalecera las organizaciones de mujeres de TúpacAmaru Inca, San Clemente, Independencia yHumay ayudando a las mujeres organizadas agenerar ingresos.

«Las mujeres son muy hábiles, pero no se ani-man a empezar las actividades ellas solas»,afirma Adelaida Chacaltana, coordinadora delproyecto que poco a poco ha conseguido invo-lucrar a estas pobladoras dándoles las herra-mientas necesarias para poner en práctica susideas. «Además, lo ideal es conocer las nece-sidades de la población y en base a eso ofre-cerles lo mejor, hacer las cosas bien. Estamostambién evaluando qué posibilidades de mer-cado hay para invertir mejor», insisteChacaltana.

gencia y en la rehabilitación. Estos fondos pro-cedieron de la Agencia Española de Coopera-ción (AECI), la Agencia Catalana de Coopera-ción, el Departamento de Ayuda Humanitaria dela Comisión Europea, CIDA-CANADA, OxfamQuebec, Oxfam América, Oxfam Gran Bretaña eIntermón Oxfam. Los fondos se destinaron afortalecer sistemas locales de agua y sanea-miento, desarrollar campañas de salud públi-ca, fortalecer gobiernos municipales y comitéslocales de defensa civil, y ayudar a la poblaciónpara que mejoren sus fuentes de ingreso.

También se apoyó con viviendas temporalesdurante los tres primeros meses después delterremoto, lo que hizo posible que 2,200 estu-diantes culminaran el año escolar 2007 en au-las temporales.

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Murieron más de 500 personas y miles quedaronsin hogar o fuentes de trabajo en el sur del país,especialmente en Pisco, como resultado del terre-moto del 15 de agosto de 2007.

En agosto del 2008 el monto total invertido para lareconstrucción de las zonas afectadas era de milmillones 85 mil nuevos soles.

Del monto total, 860 millones 500 mil nuevos solesfueron del sector público, mientras que 224 millo-nes provinieron del sector privado.

APORTES

Oxfam América $ 800, 911

Intermón Oxfam $ 648, 910

TOTAL OI: $1, 449, 821

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Oxfam In te rnac iona l t i ene una amp l ia exper ienc ia b r indando

ayuda human i ta r i a en emergenc ias y desas t res en todo e l mundo.

Se espec ia l i za en:

Asegurar el acceso al agua de las personas afectadas.

Promover la salud pública en situación de emergencia.

Fortalecer a las instituciones para que puedan responder ante las

emergencias.

Generar planes de apoyo consensuados enfocados en cómo contri-

buir a generar desarrollo y disminuir los riesgos a futuro .

Foto: Evan Abramson / Oxfam

Foto: Danny Gibbons / Oxfam

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«Después del terremoto, nos organizamos ehicimos ollas comunes para solucionar el pro-blema de la alimentación», relata Julia. «Hoypuedo decir que estamos mejor organizadas ya través de Oxfam Internacional recibimos ca-pacitaciones que nos permiten sobresalir y te-ner mayores ingresos para nuestras familias»,indica. «Mi esposo está orgulloso de que yoparticipe en la organización; antes era tímida,pero ahora mi vida ha cambiado, es diferente»,concluye en su intento de asegurar que dio losprimeros pasos para salir de un contexto ad-verso, de emergencia.

El proyecto de Oxfam Internacional involucra a400 mujeres en cuatro distritos, debidamenteorganizadas y que participan en talleres de gé-nero, de autoestima y charlas sobre programasproductivos, comercialización, entre otros.

Julia Isla Rivera, vicepresidenta de la Junta deMujeres del Centro Poblado de Montesierpe, enel distrito de Humay, en Pisco, es una de lasmujeres que participan en la iniciativa. Ella yotras mujeres trabajan en diversas propuestascomo la venta de comida, manualidades, cortede pelo, crianza de cuyes. Julia y sus compañe-ras ofrecen estos productos y servicios en losdistritos donde viven y en ferias que ellas mis-mas organizan.

Adelaida Chacaltana,coordinadora del proyec-to que ayudó a generaringresos a las mujeresvíctimas del terremoto

Foto: Evan Abramson / Oxfam

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La inestabilidad del clima ha empezado a alte-rar la vida en el campo: las lluvias de octubre enlos Andes ahora llegan en enero del siguiente

año, dos meses después; el sol calienta más ymás en la costa norte del país, mientras que enel sur andino la época de heladas es más in-tensa y prolongada. Algunos pobladores hablande la aparición de nuevas enfermedades y cam-pesinos dan cuenta de la caída de la produc-

ción de sus cultivos.

El Ministerio del Ambiente (MINAM) señala en

un reciente estudio que 80 mil hectáreas de

C A M B I O C L I M Á T I C O

Para afrontar un clima incierto

La comunidad de Hierro Wasies una de las más afectadaspor la erosión del suelo comoconsecuencia del cambioclimático. Oxfam ha desarro-llado un proyecto con las au-toridades locales.

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papa y 60 mil de maíz blanco se perdieron enlas últimas doce campañas agrícolas debido

al cambio climático. Existe una amenaza cons-tatada. Oxfam Internacional (OI) busca sensibi-lizar a la opinión pública sobre los impactos delcambio climático en la vida de las personas,principalmente de las zonas rurales, fortalecerlas capacidades de las autoridades locales y

redes sociales para enfrentar este problemaglobal y desarrollar proyectos que permitan re-ducir los riesgos del cambio climático en co-munidades y caseríos.

OI apoya al Movimiento de Acción Ciudadana

frente al Cambio Climático (MOCICC) que estáintegrado por más de 150 organizaciones quese han unido para realizar acciones de vigilan-cia e incidencia con el propósito de que el Esta-do incorpore las propuestas de la sociedad ci-vil en reuniones claves como la Conferencia de

la ONU sobre Cambio Climático enCopenhague (Dinamarca), que se realizará endiciembre de 2009.

“El Estado debe tomar decisiones importantesfrente al cambio climático y llevar posicionesfirmes, compartidas y refrendadas por la ciuda-danía a Copenhague”, manifestó RocíoValdeavellano de Red Jubileo, integrante del

MOCICC.

El movimiento ya empezó a diseñar propues-tas para la Estrategia Nacional de CambioClimático con una mirada especializada y plu-ral del tema, debido a que incorpora la voz dediversas organizaciones de la sociedad civil yse alista a poner en debate los aspectos sensi-

bles de la Estrategia.

Los impactos avanzan

El Perú solo emite el 0.4% de los gases delefecto invernadero, a diferencia de Estados

Unidos (29%) y Europa (23.9%). Sin embargo,es el tercer país más vulnerable a los efectosdel cambio climático debido a su granbiodiversidad que lo hace poseedor de 28 delos 32 climas del mundo.

Los pobladores de las zonas rurales son lasmayores víctimas de esta injusticia climática,pues son los que más sufren los efectos del

cambio climático producido principalmente porlos países industrializados debido a la emisiónde los gases de infecto invernadero (GEI). En elcaso del Perú, los impactos negativos se hanpuesto en evidencia con el deshielo de los

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APORTES

Oxfam Gran Bretaña $ 132, 137

Oxfam America $ 254, 223

TOTAL OI: $ 386,360

Los países más afectados por el cambio climático a

nivel mundial son Bangladesh, Honduras y Perú, según

el Center Tyndal (2003).

Entre las regiones más vulnerables en el Perú figuran

Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Junín, Áncash,

Cajamarca, Arequipa, Amazonas, Cusco y Huánuco,

señala el Ministerio del Ambiente.

En los últimos 30 años se ha perdido el 22% de la super-

ficie de nuestros glaciares, que representan al 71% de

los glaciares tropicales del mundo, el equivalente al

consumo de 10 años de agua de la ciudad de Lima.

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glaciares, la disminución del agua, las inunda-ciones por la crecida de los ríos y otros riesgosque afectan las actividades cotidianas y desobrevivencia en el campo.

“Está baja la producción de papa: antes saca-ba cuatro toneladas, ahora solo tengo dos. La

capa de ozono se ha debilitado, hasta las cordi-lleras están desapareciendo. La humanidadmisma está maltratando el medio ambiente”,asegura Nacianceno Hinojosa Llamacponcca,un agricultor de 64 años de la comunidad deChaccán, en Cusco.

Chaccán pertenece a uno de los siete distritos

de la mancomunidad Hatun Mayo en donde OI

ejecuta un proyecto con la Red de Municipalida-des Rurales del Perú (REMURPE), para quelas autoridades locales puedan mejorar políti-cas públicas considerando el componente delcambio climático y apoyando procesos de adap-tación desarrollados por las comunidades.

La otra zona del proyecto es la Mancomunidad

Andino Central en Piura. Según los pobladoresde estos caseríos, el impacto del cambioclimático no solo se manifiesta en la alteracióndel ciclo de las lluvias que daña sus cosechasde mangos o de yuca, sino también en la apari-ción de enfermedades como el dengue o la uta,

que registran un significativo impacto en la sa-

O x f a m I n t e r n a c i o n a l t r a b a j a

c o n o r g a n i z a c i o n e s l o c a l e s p a r a :

Promover redes sociales para acciones de sensibilización e incidencia política

sobre los impactos del cambio climático en la vida de las personas.

Producir información con el propósito de que la sociedad civil elabore y

plantee propuestas sobre los impactos de este fenómeno y los procesos de

adaptación.

Foto: Yanina Patricio / Oxfam

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lud públiba. Esta información ha sido corrobo-

rada por los encargados de los puestos de sa-lud de la zona.

“Por el cambio del clima vemos que se haincrementado la presencia de zancudos, delvector que provoca el dengue. También hay ca-sos de uta que no conocíamos antes en el pue-blo y por eso se necesita que las autoridades

investiguen esto pronto”, advierte Oscar Díaz,presidente del comité de desarrollo del caseríode Patachaco en el distrito piurano de SantaCatalina.

En forma simultánea al trabajo de sensibiliza-

ción, se desarrollan proyectos en Piura,Lambayeque, Cusco, Puno y Arequipa para re-ducir los riesgos generados por el cambioclimático, ya sea por las inundaciones provo-cadas por el fenómeno El Niño o las inclemen-tes heladas que afectan a las comunidades.

Para ello, se ha trabajado con estos pueblos lainstalación de sistemas de alerta temprana, elcultivo de forraje y abastecimiento de medici-nas para las alpacas que son el medio de vidade las zonas alto andinas.

En Ayacucho, se trabaja con la ONG CEDAP,una estrategia para colocar en la agenda públi-ca el tema del cambio climático. Como punto

de partida, se promovió un foro regional sobreel acceso al agua de las comunidades campe-sinas en un contexto de cambio climático. Estaactividad, que se realizó en alianza con organi-zaciones sociales de Ica, Huancavelica,Apurímac y Piura, permitió que se conformara

en Ayacucho una mesa técnica integrada por elEstado y la sociedad civil para enfrentar losimpactos del cambio climático en la región. Ade-más, en Chuschi y Paras, se han recuperado17,000 hectáreas de pastos naturales, median-te la conservación de suelos, forestación y ma-

nejo de pastos que han contribuido a incremen-tar la disponibilidad de agua y la generación demicroclimas para el desarrollo productivo.

También se ha promovido investigaciones vin-culadas con el cambio climático y su impactoen la seguridad alimentaria y salud pública conel propósito de evidenciar que nos enfrentamos

a un problema que afecta a todos.

El trabajo de Oxfam Internacional en este tema

va cobrando cada vez más fuerza en el Perú yse articula con la campaña global que ha ini-ciado la organización para que las víctimas delcambio climático narren los impactos de estefenómeno en sus vidas mediante audienciaspúblicas.

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Fortalecer las capacidades de las autoridades locales y organiza-

ciones sociales para que incorporen el componente del cambio

climático en sus proyectos de inversión pública y beneficien a las

zonas rurales.

Ejecutar proyectos para reducir los riesgos del cambio climático en

zonas vulnerables de Arequipa, Puno, Cusco, Piura y Lambayeque.

Foto: Yanina Patricio / Oxfam

Las cosechas depapa y maíz hab sidoafectadas en calidad ycantidad por el cambioclimático, lo cual esuna amenaza para laseguridad alimentariadel país.

Foto: Yanina Patricio / Oxfam

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En el Perú existen 5,860 comunidades en lasierra y la selva que controlan el 39.8 por cientodel total de tierras en uso agropecuario y repre-sentan a dos y medio millones de peruanos, esdecir al 40 por ciento de la población rural del

país. Pese a que constituyen un sector impor-tante y están conformadas en muchos casospor pueblos originarios, el Estado casi siem-pre las ha excluido de sus políticas y visionesde desarrollo.

Oxfam Internacional en su empeño por hacerrespetar los derechos de todos los peruanoscon equidad, apoya a las organizaciones indí-

PUEBLOS INDÍGENAS E INTERCULTURALIDAD

Una mirada diferente del Perú

genas del Perú desde hace más de veinte años,impulsando el desarrollo de sus capacidades

de liderazgo y participación en espacios políti-cos, promoviendo el diálogo entre los diferen-tes actores sociales.

Con la Asociación Pro Derechos Humanos(APRODEH) y otras organizaciones nacionales,se desarrollaron varias campañas contra la dis-criminación indígena en algunas provincias del

interior del país, gobiernos locales y regiona-les con el propósito de sensibilizar a las autori-dades y pobladores sobre este problema. Comoresultado, en Abancay, Ayacucho, Junín, La Mer-

Guillermina MamaniHuamán fue parte delproyecto de Oxfam yel Centro Bartoloméde las Casas enCusco.

Foto: Evan Abramson / Oxfam

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ced y otras pequeñas ciudades de la costa, hanemitido ordenanzas que prohíben la discrimi-

nación de los indígenas en sus jurisdicciones,especialmente en el ingreso a espectáculosculturales en las ciudades, o la discriminaciónpor el uso de sus vestimentas y lengua nativas.

Decretos en tela de juicio

Las ordenanzas municipales se decretaron en:Abancay (Apurímac), Ayacucho, Junín, La Mer-ced, y otras pequeñas ciudades de la costa.

Esto constituye un avance en la lucha contra ladiscriminación.

A nivel nacional, en el último año las organiza-ciones indígenas nacionales como la Asocia-ción Interétnica de Desarrollo de la Selva Pe-

ruana (Aidesep), la Confederación Nacional deComunidades del Perú Afectadas por la Mine-ría (CONACAMI), la Coordinadora Andina deOrganizaciones Indígenas (CAOI), y un grupode organizaciones aliadas al movimiento indí-gena dieron a conocer a la opinión pública sus

cuestionamientos a los decretos legislativosemitidos por el Ejecutivo para la implementa-ción del Tratado de Libre Comercio (TLC) conEstados Unidos.

Para este sector de la población, tales normasrepresentaban una amenaza para sus territo-rios y otros recursos naturales, por lo que Oxfam

Internacional trabajó con ellos y organizacionesaliadas para analizar los impactos de estosdecretos y generar propuestas alternativas a tra-vés de diversos talleres y actividades públicas.

Los indígenas de la Amazonía, agrupados enAidesep, se movilizaron para que el Congresorevisara estas normas y lograron que los de-cretos 1015 y 1073 fueran derogados por pro-

mover la inversión privada poniendo en riesgoel acceso de terceros al uso de los territoriosde la Amazonía y los recursos naturales de laAmazonía.

“El gobierno tiene que asumir su rol antes deculpar a los indígenas; a nosotros nos dicenque no entendemos lo que queremos derogar.

Yo no soy constitucionalista, lo que yo entiendoes que los pueblos tenemos derechos y quesomos humanos y ciudadanos. Hay derechosen la Constitución que nos amparan y no seestán cumpliendo”, afirma Alberto Pizango, pre-sidente de Aidesep.

APORTES

Oxfam América $ 198, 394

Oxfam Novib $ 284, 063

TOTAL OI: $ 482, 457

El Banco Mundial estima que entre el 25% y 48% de los

hogares peruanos puede ser considerado indígena.

En Perú el 40% de los indígenas vive en extrema po-

breza, una cifra que revela la discriminación que

sufre este grupo poblacional.

Según el Ministerio de Educación, en nuestro país hay

18 familias lingüísticas y cada una de ellas agrupa a

uno o más pueblos indígenas que incluso manejan

dialectos diferentes.

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O x f a m I n t e r n a c i o n a l t r a b a j a

c o n o r g a n i z a c i o n e s l o c a l e s p a r a :

Desarrollar capacidades de liderazgo de las organizaciones de los pueblos indíge-

nas y comunidades campesinas.

Crear vínculos entre diferentes organizaciones indígenas para que intercambien

sus experiencias, generen aprendizajes y fortalezcan las redes de trabajo.

Foto: Flor Ruiz / Oxfam

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Liderazgos en el movimiento indígena

La CAOI consolidó, con el apoyo de Oxfam Internacio-

nal, su relación con organizaciones indígenas nacio-nales de la región andina como CONACAMI del Perú,el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyude Bolivia, la Confederación de Pueblos de Nacionali-dad Kichua del Ecuador, la Organización Nacional In-dígena de Colombia, la Organización de Naciones y

Pueblos Indígenas de Argentina e Identidad Lafkenchede Chile. La CAOI también ha presentado varias de-mandas ante organismos internacionales de derechoshumanos, especialmente sobre la criminalización dela protesta ante la Comisión Interamericana de Dere-chos Humanos. Varios de estos casos han merecido

ser investigados y sistematizados para fundamentarsus reclamos.

Con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sellevó a cabo la formación de indígenas sobre derechosy la implementación del Convenio 169 de la OIT. Así seimpulsó un trabajo de incidencia basado en la defensade los derechos indígenas principalmente para la pro-tección de sus territorios y los recursos naturales.

OI realizó varios estudios con la finalidad de funda-mentar mejor sus acciones, especialmente sobre

interculturalidad y análisis de actores en el país. Entreellos, se elaboró un análisis sobre la manera en quela sociedad urbana peruana percibe a los pueblos in-dígenas.

En la búsqueda de fortalecer la identidad y las capaci-dades de los pueblos indígenas, se trabajó con ellosen un proyecto sobre educación bilingüe intercultural

en las zonas rurales del Cusco y la Amazonía, ademásde acciones de sensibilización frente a casos de dere-chos humanos para que sus líderes puedan repre-sentar a sus comunidades en este tema ante las ins-tancias del gobierno.

“Creamos un modo en que la gente vea que son partede una cultura, pero reconociendo al otro,” explicaNicolette Velarde, antropóloga del Centro Bartolomé

de las Casas, aliado de Oxfam Internacional en esteproyecto.

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Promover una perspectiva de interculturalidad para que las autoridades

locales y nacionales incorporen en sus decisiones la visión de los pueblos

indígenas y de las comunidades campesinas.

Promover el diálogo entre los diferentes grupos sociales, incluidos los

pueblos indígenas, para promover que se respete el derecho de todos y

se construya una sociedad con mayor democracia.

Foto: Flor Ruiz / Oxfam

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El Perú es un país que ha debido sufrir difícilesprocesos sociales y políticos para entender que

la gobernabilidad democrática incluye a másciudadanos que aquellos que viven en la capi-tal. Prueba de ello es que el 75% de las vícti-mas del conflicto armado pertenecía a zonasdel país donde la lengua predominante no erael castellano.

Ante esta realidad desafiante, Oxfam Interna-cional (OI) trabaja con sus socios para lograr

que el gobierno central incluya en sus decisio-nes las propuestas de autoridades, organiza-ciones sociales y población del interior del país,apostando por la descentralización efectiva del

DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD

Que todos tengan voz

poder, la transparencia de la gestión de los re-cursos, la reparación de las víctimas afectadaspor la violencia interna, el ejercicio efectivo de

derechos como la identidad y el impulso de me-canismos de comunicación que permitan con-solidar un gobierno inclusivo y democrático.

El poder se distribuye

El Grupo Propuesta Ciudadana (GPC), aliadode Oxfam Internacional, trabajó para fortalecery poner en el escenario político a la AsambleaNacional de Gobiernos Regionales. “Este esun espacio importante para proponer políticasque tengan en cuenta las particularidades de

Foto: Yanina Patricio / Oxfam

Reunión de autorida-des y pobladores deldistrito de Iscuchaca(en la provincia deAnta, Cusco) paraplanificar el presu-puesto participativo2010.

155

cada región. Ahora estamos más cohesionadosy hay sectores del gobierno central que ya es-tán entendiendo la importancia de escuchar alas regiones”, comenta Vladimiro Huaroc, pre-sidente regional de la región Junín.

Del mismo modo lo hizo la Red de Municipali-dades Rurales del Perú (REMURPE), que ha

crecido en forma paulatina: de siete municipiosen sus inicios, ahora cuenta con 500 en todo elpaís. Ha ganado un lugar en el debate de lascomisiones del Congreso y diversos sectoresdel Ejecutivo.

“Estamos teniendo un nivel de organizaciónmás estructurado, entendemos mejor el con-

texto nacional y tenemos más capacidad parallegar al gobierno central. Antes era muy difícil”,

dice Wilbert Rozas, presidente de REMURPE yalcalde de Anta, en Cusco.

Diversas organizaciones del país con las quetrabaja OI están ahora en capacidad de propo-ner alternativas al gobierno central sobre cómoinvertir y distribuir el presupuesto público tenien-do en cuenta las necesidades de los ciudada-nos a los que representan. La conformación de

una red de más de diez organizaciones socia-les en el Perú, coordinada con la Red Jubileo,es un avance importante.

En el norte del Perú se trabaja con el Centro deInvestigación y Promoción del Campesinado(CIPCA) para que los municipios de la sierra dePiura, unidos por el Corredor Andino Central,

reconozcan la importancia de agruparse en tor-no a cuencas de agua, valles o carreteras paraque puedan defender sus derechos y diseñarproyectos de desarrollo de manera conjunta.

Desde el Corredor Andino Central, Carlos López,alcalde del distrito de Santo Domingo enMorropón, cuenta: “Es muy difícil para un alcal-de hacer frente solo a los problemas. Si esta-

mos juntos tenemos más fuerza para proponera los gobiernos regionales y a las entidadescooperantes. Ahora preparamos un proyecto deagua y saneamiento que beneficiará a 95,000habitantes de la mancomunidad”.

El apoyo a las autoridades regionales y localestambién tiene como factor importante la comu-

nicación, que se ve reflejado en el trabajo deCalandria y su aporte a la región San Martínpara garantizar la gobernabilidad. Las iniciati-vas desarrolladas con las autoridades localeshan permitido una mejor gestión y vinculacióncon la población para atender sus necesida-

des en las provincias de Lamas, Picota,Moyobamba, Rioja y San Martín. El medio prin-cipal fue la radio, debido a su gran alcance enel interior del país.

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APORTES

Oxfam Gran Bretaña $ 366, 922

Oxfam América $ 5, 000

Oxfam Novib $ 425, 715

TOTAL OI: $ 797, 637

Doscientos alcaldes del país protestaron el 15 de abrilen Lima por el recorte del presupuesto. Lograronrecuperar 600 millones de soles para implementarproyectos programados para el 2009.

El valor de las políticas de comunicación para lagestión pública fue reconocido por los gobernantesde cinco gobiernos provinciales del departamento deSan Martín.

En abril del 2009, el caso peruano de Manta y Vilca seconvirtió en el primero en llegar a una corte judicialen América Latina por violaciones sexuales contramujeres campesinas durante el conflicto armado.

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O x f a m I n t e r n a c i o n a l t r a b a j a c o n

o r g a n i z a c i o n e s l o c a l e s p a r a :

Contribuir al fortalecimiento de redes sociales y autoridades del interior

del país para que puedan incidir en la distribución del presupuesto pú-

blico y exijan al Estado transparencia en la gestión de los recursos.

Apoyar la elaboración de una propuesta de descentralización fiscal alter-

nativa que incluya los puntos de vista de las autoridades regionales y

municipalidades rurales.

Wilbert Rozas, alcalde dela provincia de Anta, enCusco y presidente de laREMURPE.

Fotos: Yanina Patricio / Oxfam

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Cuestión de justicia e identidad

El Instituto de Defensa Legal (IDL), aliado deOxfam Internacional, logró que se judicialicen,

en abril de 2009, seis casos de violacionesperpetradas contra mujeres campesinas entre1984 y 1995 en las localidades de Manta y Vilcaen Huancavelica, lo que constituye un paso ade-lante para el sistema judicial peruano y paralas víctimas que aún no se han atrevido a de-

mandar ya sea por ser ignoradas por el Estado,no tener recursos o ser señaladas por sus co-munidades.

En el juicio al ex presidente Alberto Fujimori,IDL fue el defensor legal de las víctimas de Ba-rrios Altos y del secuestro del periodista Gusta-vo Gorriti. Eugenia Lunasco, viuda de MáximoLeón, uno de los asesinados aquel trágico 3 de

noviembre de 1991, afirma: “De alguna formase hizo justicia. Luego de la sentencia agradecí

a los abogados porque me apoyaron no solo

con el juicio, sino también moralmente durantemás de 10 años”, dice en su casa de BarriosAltos, a apenas una cuadra de donde sucedióla tragedia.

Eugenia, como muchas otras personas quefueron víctimas durante el conflicto armado, nohubiera podido obtener ninguna reparación sinsu Documento Nacional de Identidad (DNI), que

permite ser reconocido por el Estado como ciu-dadano. Hoy existen muchas personas que porser indocumentadas no pueden rehacer suvida: ni casarse, ni pedir préstamos ni recono-cer a sus hijos.

Precisamente, la Alianza por el Derecho Ciuda-dano (ADC), de la cual Oxfam Internacional es

miembro fundador, ha continuado trabajandoen el último año para enfrentar el problema dela indocumentación en el Perú. Con la partici-pación de 20 organizaciones no gubernamen-tales e incluso representantes del Estado, con-siguió a fines de mayo de 2008 la eliminación

de la libreta militar que significaba un obstácu-lo principalmente para la población más pobrey excluida. De esta manera, el DNI pasó a serel único documento de identidad.

En enero de 2009, la ADC consiguió que seaprobara una ley que obliga al Estado a repo-ner las partidas destruidas durante un conflictoarmado o en cualquier otro caso fortuito como

los desastres de origen natural, lo cual benefi-cia a más de medio millón de personas y acor-ta la perniciosa cadena de la indocumentaciónque se hereda de padres a hijos y que no lespermite acceder a una serie de derechos.

Oxfam Internacional apuesta por la participa-ción activa de los ciudadanos en las decisio-

nes políticas que los afectan y por el resguardode los derechos humanos como garantía deuna convivencia democrática que promueva eldesarrollo sostenido y en igualdad de condi-ciones para todos los peruanos.

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Consolidar el sistema judicial para que las víctimas de la violencia encuentren

justicia.

Enfrentar el problema de la indocumentación con la implementación de normas y

políticas públicas inclusivas.

Fortalecer espacios de participación ciudadana para garantizar la gobernabilidad.

Oxfam trabaja con au-toridades para que pue-dan desarrollar proyec-tos que fortalezcan ladescentralización.

Herminia Masgo logrórecuperar su identidadgracias a la campaña dela Alianza por el Dere-cho Ciudadano (ADC),impulsada por Oxfam.

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Las mujeres suelen librar muchas batallas. Qui-

zás una de las más arduas y largas ha sido lade hacer valer sus derechos y participar en es-pacios públicos que antes estaban reservadosa los hombres. Oxfam Internacional (OI) pro-mueve el enfoque de género en todas sus ac-ciones y apoya proyectos de mujeres y sus or-

ganizaciones para conseguir relaciones de gé-nero más equitativas y justas.

Oxfam cree que la inclusión de las mujeres enla sociedad es clave para reducir la desigual-dad y la pobreza. Por ello impulsa políticas pú-blicas que incluyan a las mujeres, y apoya lalabor que desarrolla el Centro de la Mujer Pe-

GÉNERO

Ellas hacen posible el cambio

Foto: Elba Villanueva / Centro de la Mujer Peruanan Flora Tristán

Actividades realizadas enlos talleres de liderezasimpulsados por el Centrode la Mujer Peruana FloraTristán, con el apoyo deOxfam.

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ruana Flora Tristán en regiones como Piura,Tumbes, Lambayeque, Apurímac, San Martín,Junín, Cajamarca, Cusco y Huánuco.

Como socia de OI, dicha ONG desarrolla accio-nes para lograr que las mujeres que viven ensituación de pobreza y exclusión puedan tenerel Documento Nacional de Identidad (DNI).

También forman parte junto a Oxfam de la Alian-za por el Derecho ciudadano (ADC), colectivoque realizó un trabajo exitoso para sensibilizaral gobierno y lograr que se facilite los trámitespara que estas mujeres puedan obtener su do-cumento y de esta forma ejercer un derecho

fundamental como la identidad.

“No tenía nada, me pedían DNI para cualquiercosa: cuando estaba enferma, para la matricu-

lar a mis hijos en el colegio. Ahora que tengo midocumento lo voy a cuidar como un tesoro”,cuenta Herminia Masgo de 64 años de edad,una de las beneficiadas.

Un diagnóstico realizado por Flora Tristán enPiura reveló que un gran porcentaje de la po-blación de los sectores rurales se encontrabaindocumentado debido a que sus partidas de

nacimiento tenían enmendaduras, errores or-tográficos o alteraciones cometidos por los fun-cionarios públicos al momento de registrar yexpedir los documentos. Esto les impedía tra-mitar su DNI y, por consiguiente, acceder a unaserie de derechos, una realidad que fue evi-

denciada para lograr que el Estado peruanoasuma su responsabilidad en el tema y no tras-lade los costos a los ciudadanos.

En la política pública y en la vida diaria

En este camino de que las mujeres puedantener voz en las decisiones que las afectan, sepromovió la revisión de las políticas de Educa-ción Sexual Integral del Ministerio de Educación.En Villa El Salvador, se contribuyó a la aperturade la Oficina de la Mujer e Igualdad de Oportu-

nidades, que fue reconocida e integrada a laestructura de la municipalidad distrital.

En ámbitos de toma de decisiones políticas,tanto a nivel regional como local, se busca for-talecer la participación de las mujeres. Por eso,existe un trabajo sostenido formando lideresasen todo el país para que ellas, a su vez, mues-

tren a sus comunidades que también aportanen la búsqueda de su propio desarrollo.

“Se me abrió una puerta más grande para mirealización, aprendí temas nuevos y viví expe-riencias nuevas al compartir con otras mujeresde otros lugares. He tenido crecimiento perso-

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APORTES

Oxfam Novib $ 266, 072

TOTAL OI: $ 266, 072

Flora Tristán ha formado 113 lideresas de siete regionesdel país para que diseñen proyectos y propuestas depolíticas a favor de las mujeres. Estas lideresas difun-dieron lo aprendido a 3,390 beneficiarias.

El 47% de mujeres de la sierra ha sufrido maltrato físicoy psicológico en manos de sus parejas; en la selva,46%; en la costa, 38% y en Lima Metropolitana, 37%.

El 33.2% de las mujeres rurales pobres no sabe leer oescribir.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación recogió 538testimonios de violación sexual, de los cuales 527tenían como víctimas a las mujeres.

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nal, cambio de actitudes, y pérdida del miedo

para hablar en público y con las autoridades”,cuenta Marilyn Borda, una lideresa cusqueñaformada en las escuelas promovidas por FloraTristán con el apoyo de Oxfam.

Calandria, otro socio de OI, también realiza unalabor en ese mismo camino fomentando quese haga visible la contribución de las mujeresal desarrollo de las localidades y regiones, pro-

moviendo iniciativas legislativas y políticas pú-blicas que aporten a la igualdad de género enlos procesos de concertación del desarrollo ydescentralización.

El trabajo con perspectiva de género, como partedel objetivo de superar la inequidad, tiene unenfoque que privilegia la defensa de los dere-

chos. Es por eso que Flora Tristán también fa-cilita el acceso a la asesoría legal gratuita paralas mujeres que así lo requieran y capacita alas mujeres de localidades del interior del país,como fue el caso de las mujeres de la Federa-ción de Mujeres Aguarunas del Alto Marañón

(FEMAAM) y la Federación Regional de MujeresAsháninka Nomatsiguenga y Kakinte(FREMANK), que hoy se encargan en sus co-munidades de orientar sobre temas de los de-rechos legales de las mujeres.

En los diversos temas que trabaja Oxfam Inter-nacional, las mujeres son consideras comoactores claves. Basta mencionar en la manera

en que se las involucra en la reducción de ries-gos de desastres, también en la defensa desus derechos laborales y en revelar los impac-tos negativos que producen en sus vidas lasdiversas actividades económicas. Precisamen-te sobre esto último, CooperAcción, aliado de

Oxfam, realizó un diagnóstico que muestracómo la actividad minera afecta a las mujeresde los pueblos aledaños a las zonas de explo-tación.

También en el trabajo realizado con organiza-ciones de productores se incentiva que lasmujeres participen y que se valore su papel pro-

ductivo y aporte a la economía familiar. Estosson algunos de los primeros pasos para quese impulsen propuestas que promuevan el de-sarrollo en este sector de la población.

O x f a m I n t e r n a c i o n a l ( O I ) t r a b a j a

c o n o r g a n i z a c i o n e s l o c a l e s p a r a :

Formar lideresas que promuevan la inclusión de la

mujer en espacios de toma de decisión política y

para que defiendan sus derechos.

Encontrar soluciones al problema de la

indocumentación y sus consecuencias en la vida de

las mujeres.

Generar conciencia sobre los derechos sexuales y

reproductivos de las mujeres.

Incentivar a las mujeres a participar en organiza-

ciones sociales y de productores para que hagan

visible su aporte a la economía familiar.

Marilyn Borda, una delas participantes en lostalleres de liderazgo lle-vado a cabo en zonasrurales de Cusco.

Foto: Giovanna Herrera / Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán

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Anexo / publicaciones

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Agricultura

4 Estudios sobre la palta enAyacucho TADEPA Lima,2008. Una compilación decuatro estudios que buscacontribuir al conocimiento dela realidad del productor depalta en Luricocha, un distri-to de Huanta en el Departa-mento de Ayacucho.

Bajo la lupa. Revista mensualde análisis y propuestas N°9 “Agricultura” Lima, se-tiembre del 2008. Númerodedicado a la situación de laagricultura en el Perú en elque se analiza las políticasagrarias del gobierno en elmarco del alza de precios delos alimentos.

El agua, ante nuevos desafíos:Actores e iniciativas enEcuador, Perú y Bolivia. Ma-ría Teresa Oré (Coordinado-ra), Laureano del Castillo,Saskia Van Orsel y JeroenVos. Lima, IEP; Oxfam Inter-nacional, 2009. Un análisissobre los principales cam-bios producidos reciente-mente en la gestión del aguaen Ecuador, Bolivia y Perú;que se debe al incrementode conflictos sociales por elagua, a los nuevos gobier-nos y a reformas institucio-nales en relación con la ges-tión del recurso.

Gestión de los recursos natura-les, poder comunal y desa-

Publicaciones / Oxfam Internacional

rrollo sostenible en la sie-rra peruana. Enrique Nolte,Edilberto Portugal, CEDAP.Intermón Oxfam-Comunidadde Madrid-Christian Aid-EED-Diakonia, 2008. Re-cuento sobre el proyectoGestión del Desarrollo Local,que tuvo como principal ac-ción el PachamamanchiktaWaqaychasun (Conserve-mos nuestra madre tierra),conducido por el Centro deDesarrollo Agropecuario en-tre el 2004 y el 2007 enAyacucho.

Precios de doble filo: Las crisisde precios de los alimentos:lecciones y 10 medidaspara los países en desarro-llo . Oxfam Internacional,2008. Esta publicaciónmuestra cómo las políticasplanteadas por los países endesarrollo hacen que el au-mento de los precios de losalimentos no beneficie a laspersonas que viven de la agri-cultura.

Mercado de Productores en elCampo Ferial de Huancaro.Experiencia de la AsociaciónRegional de ProductoresAgropecuarios del Cusco(ARPAC). ARPAC, 2008. Pu-blicación electrónica quebusca sistematizar la expe-riencia del mercado de pro-ductores agrarios deHuancayo, llevada a cabo porARPAC.

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Democracia yGobernabilidad

Análisis del Presupuesto de lafunción educación y culturapara los años 2008 y 2009.Rodrigo Alvarado, Grupo Pro-puesta Ciudadana. Lima,2009. Informe que revela lamanera en la que se handistribuido los recursos eneducación en los últimosaños y analiza cómo ha evo-lucionado el manejo del pre-supuesto en el sector edu-cativo a nivel nacional, cen-tral y local.

La gestión del desarrollo agra-rio y los gobiernos regiona-les. Asamblea Nacional deGobiernos Regionales. Lima,2009. Compilación de estu-dios sobre reformas al siste-ma público agrario para ladescentralización y el desa-rrollo, la gestión y propiedaddel agua y la tierra en el mar-co de una estrategia de de-sarrollo del agro nacional y losimpactos del TLC con Esta-dos Unidos en este sector.

Diagnóstico Socioeconómicodel Corredor Andino Central.Mancomunidad del CorredorAndino Central Piura. CIPCA.Piura, 2008. Un diagnósticoque analiza aspectos demo-gráficos, el comportamientode la población, el aspectosocial, la naturaleza de la for-ma de producción y los prin-cipales ejes de desarrolloque articulan la integraciónde la Mancomunidad del Co-rredor Andino Central dePiura.

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Sistematización del I Encuentrode Mancomunidades y Aso-ciaciones Municipales de laRegión Piura. Balances yPerspectivas. REMURPI –REMURPE. Piura, 2008. Estapublicación documenta esteprimer encuentro, que fue unespacio de diálogo, análisisy reflexión sobre la asociati-vidad de las municipalidadesen la región.

Comercioe Integración

Análisis de la InstitucionalidadAmbiental en los DecretosLegislativos de la Imple-mentación del TLC Perú –EE.UU. Alberto BarandiaránGómez. Red Peruana poruna Globalización con Equi-dad – RedGE. Acción Solida-ria para el Desarrollo –CooperAcción. Lima, 2008.Un análisis que muestra lainconstitucionalidad de losdecretos legislativos promul-gados por el Poder Ejecutivopara implementar el TLC conEstados Unidos y la rupturade compromisos internacio-nales en materia de dere-chos humanos.

TLC: Blindando la inversión ex-tranjera. Tratamiento de lasinversiones en el TLC yAcuerdo de Asociación Co-munidad Andina –Unión Eu-ropea. Armando MendozaNava. Red Peruana por unaGlobalización con Equidad –RedGE. Lima, 2008. El estu-dio da una visión del trata-miento de la inversión ex-tranjera por parte de los paí-ses andinos, las garantías yfacilidades que hasta el mo-mento se han otorgado me-diante convenios bilaterales

Publicaciones / Oxfam Internacional

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y multilaterales. También lasperspectivas que ofrece lanegociación en curso entrela Comunidad Andina y laUnión Europea.

Vigilancia Ciudadana con enfo-que de derechos de la im-plementación del TLC-EE.UU. Red Peruana por unaGlobalización con Equidad –RedGE. Lima, 2008. Alertasinformativas sobre los dife-rentes aspectos en los queel TLC con Estados Unidosimpacta de manera negativaen la vida de los peruanos.

Gestión de Riesgos

Plan de Desarrollo Concertadodel distrito de Independen-cia. Municipalidad DistritalIndependencia, Oxfam Inter-nacional, ADRA. Lima, Inde-pendencia - 2008. Análisissobre la situación del distri-to de Independencia, lasoportunidades de imple-mentar una gestión de losriesgos de desastres quepermita promover el desa-rrollo en el distrito limeño.

Plan de Desarrollo Concertadodel distrito de Humay. Muni-cipalidad Distrital Humay,Oxfam Internacional, ADRA.Humay, 2008. Un análisis dela situación del distrito deHumay, en Pisco; las varia-bles clave del territorio, los es-cenarios y alternativas y losgrandes ejes estratégicos dedesarrollo que determinanlos programas y proyectospara impulsar su proceso dedesarrollo sostenible.

Industrias Extractivas

Análisis de los Contratos de Gasde Camisea: Leccionesaprendidas sobre cómo ne-gociar con nuestros Recur-sos Naturales (Lotes 88 y56). César Gamboa, Vanes-sa Cueto, Jimpson Dávila deDerecho, Ambiente y Recur-sos Naturales (DAR), AccionCiudadana Camisea (ACC).Lima, Octubre 2008. BellidoEdiciones EIRL. El proyectoCamisea es visto como unaesperanza de desarrollo, sinembargo las críticas por par-te de determinados entes delEstado, ONGs, expertos, laspropias poblaciones afecta-das por los impactos socia-les y ambientales, han gene-rado una gran desconfianzaen el proceso de negociacióny en la implementación de loscontratos del proyecto.

Gasto Público y Canon en elPerú. Análisis y recomenda-ciones para el mejor apro-vechamiento de las rentasdel gas de Camisea. Lima,Marzo 2009. Tarea. Estudioque describe y analiza lascaracterísticas de la inver-sión pública financiada conlos recursos del canongasífero en el departamentodel Cusco, con especial én-fasis en los distritos deCancas, Santa Ana y Echa-rate. También, analiza la efi-cacia y la eficiencia del gastode inversión realizado por lasmunicipalidades selecciona-das y evalua los efectos eimpacto de los proyectos deinversión ejecutados en lascondiciones de vida de lasfamilias.

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Aliados en el mundo

ACCD -Agencia Catalana de Co-operación para el Desarrollo

AECID - Agencia Española deCooperación Internacional parael Desarrollo

Ayuntamiento de Madrid

Comunidad de Madrid

DIFID - Departamento para elDesarrollo Internacional del Mi-nisterio Británico

ECHO – Departamento de AyudaHumanitaria de la Comisión Eu-ropea

Fundación Mckinley

Generalitat Valenciana

Gobierno de Aragón

Gobierno del Principado deAsturias

Xunta de Galicia

Socios locales

Acción Andina

Acción Por Los Niños

Agrónomos y Veterinarios SinFronteras - AVSF - CICDA

ALTERNATIVA - Centro de Inves-tigación Social y Educación Po-pular

Asociación Aurora Vivar

Asociación Arariwa - Cusco

Asociación Acción Solidaria parael Desarrollo - COOPERACCIÓN

Asociación Civil Prelatura deChulucanas - DIOCESIS

Asociación Civil Labor

Asociación Cultural ATUSPARIA

Asociación de ComunicadoresSociales CALANDRIA

Asociación de Servicios Educati-vos Rurales - SER

Asociación Guarango

Asociación Interétnica de Desa-rrollo de la Selva Peruana -AIDESEP

Asociación Laboral para el De-sarrollo - ADEC ATC

Asociación Ministerio Diaconal

Paz y Esperanza

Asociación Nacional de Centros

de Investigación, Promoción So-cial y Desarrollo - ANC

Asociación Nacional de Produc-tores de Algodón - ANPAL

Asociación Peruana de Produc-tores de Cacao - APPCACAO

Asociación por la Minería Res-ponsable - ARM

Asociación Reto para el Desarro-llo Sostenible - Redes

Asociación Regional de Produc-tores Agropecuarios del Cusco -ARPAC

Asociación Pro Derechos Huma-nos - APRODEH

Asociación Proyección

Asociación Pukllasunchis

CARE-PERÚ

Centro de Asesoría Legal –CEDAL

Central de Comunidades NativasMachiguenga - CECONAMA

Central de Comunidades Nativasde la Selva Central – CECONSEC

Central Interregional de Artesa-nos del Perú - CIAP

Central Regional Yachay Mama -CRYM

Centro de Capacitación Agro In-dustrial Juan Jesús Obrero -

CCAIJO

Centro de Desarrollo Agropecua-rio - CEDAP

Centro de Estudios para el De-sarrollo y la Participación -CEDEP

Socios y aliados de Oxfam Internacional en el PerúLo más importante de las formas de trabajo de Oxfam Internacional es su relación connumerosos socios locales y aliados en el mundo.

Nuestro sincero agradecimiento a las organizaciones e individuos que hicieron posible nuestralabor en el Perú.

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Centro de Estudios Regionales

Andinos Bartolomé de Las Ca-sas - CBC

Centro de Estudios y Promocióndel Desarrollo - DESCO

Centro de Investigación, Docu-mentación, Educación, Asesoríay Servicios - Centro IDEAS

Centro de Investigación y Promo-ción Amazónica - CIPA

Centro de Investigación y Promo-ción del Campesinado - CIPCA

Centro de la Mujer Peruana Flo-ra Tristán

Centro de Promoción y Desarro-llo Andino - CEPRODA MINGA

Centro Peruano de Estudios So-

ciales - CEPES

Comunidad Campesina de

Quispillaccta - Acción Andina

Confederación Campesina delPerú - CCP

Confederación Nacional Agrariadel Perú - CNA

Confederación Nacional de Mu-jeres Organizadas por la Vida yel Desarrollo Integral -CONAMOVIDI

Consejo Machiguenga del RíoUrubamba - COMARU

Consejo de Pueblos Criadoresde Camélidos del Norte de

Ayacucho - COPUCNA

Consorcio de Organizaciones

Privadas de Promoción del De-sarrollo de la Micro y PequeñaEmpresa - COPEME

Cooperativa de Servicios Múlti-ples «Tallán-Chusis» Ltda. Valledel Bajo Piura

Coordinadora Andina de Organi-zaciones Indígenas - CAOI

Coordinadora de las Organiza-ciones Indígenas de la CuencaAmazónica - COICA

Coordinadora de Usuarios deAgua de la Sierra y Selva del Perú

- CJUASSP

Coordinadora Latinoamericana ydel Caribe de Pequeños Produc-tores de Comercio Justo - CLAC

Coordinadora Nacional de Comu-nidades del Perú Afectadas porla Minería - CONACAMI

Coordinadora Regional de Co-munidades Afectadas por la Mi-nería del Cusco - CORECAMICusco

Convención Nacional del Agro -

CONVEAGRO

Defensoría del Pueblo

Democracia y Transformación

Global - DEGLO

Derecho, Ambiente y Recursos

Naturales - DAR

Federación de ComunidadesNativas Yine Yami - FECONAYY

Federación de Mujeres de Ica

Federación Nacional de MujeresCampesinas, Artesanas, Indíge-nas, Nativas y Asalariadas delPerú - FEMUCARINAP

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Federación de Mujeres Organi-

zadas en Centrales de Comedo-res Populares Autogestionariosy Afines de Lima Metropolitana -FEMOCCPAALM

Federación Nacional de Traba-jadores de Mercados del Perú -FENATM

FINCA Perú

Fomento de la Vida - FOVIDA

Foro de la Micro y Pequeña Em-presa del Perú - FOROMYPE.

Foro de la Sociedad Civil en Sa-lud - FORO SALUD

FORMAIAP

Forum Solidaridad Perú

Frente Nacional de GremiosMype del Perú - FNGMYPE

Fundación Ecuménica para elDesarrollo y la Paz - FEDEPAZ

Gobierno Regional de Junín -Bajo Urubamba

Grupo de Formación e Interven-ción para el Desarrollo Sosteni-

ble - Grufides

Grupo Ecológica Perú

Grupo Propuesta Ciudadana -

GPC

Instituto de Defensa Legal - IDL

Instituto de Desarrollo del Sector

Informal - IDESI

Instituto de Estudios Peruanos -

IEP

Instituto de Gestión del Agua yAmbiente en Cuenca Espacio deDesarrollo - IGEACED

Junta Nacional del Café - JNC

Mennonite Economic Develop-ment Associates - MEDA

Municipio provincial de EspinarCusco

Municipalidades distritales y pro-vinciales de la Cuenca del RíoPerené - Selva Central

Perú Support Group

Programa Laboral de Desarrollo- PLADES

Red de Acción en Agricultura Al-ternativa - RAAA

Red de Municipalidades Rurales

del Perú - REMURPE

Red Jubileo Perú

Red Peruana por una

Globalización con Equidad -RedGE

Red Puentes

Seguimiento Análisis y Evalua-ción para el Desarrollo - SASE

Seminario Permanente de Inves-tigación Agraria - SEPIA

Servicios Educativos, de Promo-ción y Apoyo Rural - SEPAR

Servicios Educativos El Agustino- SEA

Sociedad Nacional del Ambiente- SNA

Soluciones Prácticas – ITDG

Taller de Promoción Andina -TADEPA

The International AlpacaAssociation - IAA

The Mountain Institute

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172Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Informe anual 2008 - 2009

se terminó de imprimir en los talleres de: Tarea - Asociación Gráfica Educativa.Pasaje María Auxiliadora 164, Breña

en junio del 2009