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Dossier IPM Potencial de las Energías Renovables en la lucha contra el cambio Climático Reflexiones de Javier García Breva Curso Postgrado Cambio Climático gran reto social de nuestro tiempo Universidad Camilo José Cela Madrid, 2015 Recopilado por La Oficina de JGB 29 de junio de 2015

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Page 1: Dossier IPM potencial de las EERR en la lucha contra el cambio climático. Lecturas recomendadas. Javier García Breva

Dossier IPM

Potencial de las Energías Renovables en la lucha contra el cambio Climático

Reflexiones de Javier García Breva

Curso Postgrado Cambio Climático gran reto social de nuestro tiempo

Universidad Camilo José Cela Madrid, 2015

Recopilado por La Oficina de JGB 29 de junio de 2015

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Índice de Artículos:

Una burda manipulación 27 de mayo de 2014 Pag. 03

La transición energética es rentable 29 de septiembre de 2014 Pag. 05

Una política energética anticíclica 15 de octubre de 2014 Pag. 07

Conceptos europeos para una ley de EE 22 de octubre de 2014 Pag. 09

¿Sobrevivirán las eléctricas a un próximo rescate? 17 de marzo de 2015 Pag. 11

Javier García Breva Asesor en Políticas Energéticas y Activador de mercado

Es ampliamente reconocida su visión estratégica de la energía y su profundo conocimiento de las directivas europeas de renovables, eficiencia energética de edificios y eficiencia energética como marco de un nuevo concepto del uso racional de la energía. Desde que ejerciera la Dirección General del IDAE ha se ha convertido en un activador del mercado colaborando con diferentes foros y entidades como asociaciones empresariales, agencias regionales y locales de energía, centros de investigación, Universidades e instituciones europeas. En la actualidad, Javier García Breva es Presidente de N2E (Coalición empresarial para un Nuevo Modelo de Negocio Energético) y desarrolla su actividad profesional como conferenciante, líder de opinión y asesor en materia energética desde La Oficina de JGB. Más información: www.tendenciasenenergia.es

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Una burda manipulación Madrid, 27 de mayo de 2014 En abril de 2010 el entonces Ministro Miguel Sebastián distribuyó un informe del Ministerio de Industria sobre Energías renovables: situación y objetivos donde se decía que en los próximos veinticinco años el sector renovable iba a percibir 126.000 M€ en primas, justificando los recortes retroactivos que vendrían después. Cuatro años más tarde, el Ministro Soria, utilizando el mismo truco, expone en la memoria del proyecto de orden de nueva retribución a las renovables que las primas a percibir por el régimen especial en el resto de su vida útil serán 142.530 M€, que, si desagregamos lo que corresponde a cogeneración y residuos, son 121.546 M€. El truco de no desagregar el coste de las renovables del régimen especial así como acumularlo en nada menos que veinticinco años sólo resulta una burda manipulación de los datos para poner a toda la sociedad en contra de las renovables y justificar las medidas retroactivas. Pero si dividimos esas cifras acumuladas por los años que comprenden nos da un coste anual entre 5.000 y 6.000 M€; y si cogemos los datos de la CNE sobre las primas en el periodo 2009-2013 se puede ver que el coste medio anual de las renovables en el último quinquenio ha sido de 5.511M€, muy lejos de los 10.000 M€ que dijo el Ministro Soria en Davos en enero de este año. ¿Por qué se insiste tanto en manipular la información sobre las renovables? En la última junta de accionistas de Gas Natural se puso de manifiesto que su primera preocupación era el hundimiento del precio mayorista de la energía por la mayor participación de las renovables. Todo el mundo ha visto cómo la mayor producción renovable ha reducido en más de un 50% el precio de la electricidad entre diciembre de 2013 y el primer trimestre de 2014. Por eso se van a devolver a los consumidores 310 M€ cobrados de más por las eléctricas; pero nada se dice de los 1.200 M€ cobrados de más desde 2009 por las subastas de la CESUR; como tampoco se dice nada del ahorro acumulado por las renovables desde 2005 en los precios del mercado mayorista por más de 32.500 M€, como analizan los informes de APPA sobre el impacto macroeconómico de las renovables. Puestos a dar datos mejor haría el Gobierno en darlos completos porque, de lo contrario, su credibilidad es ninguna. Para saber si las renovables son caras o no es imprescindible tener claro con qué se las compara. Y el primer coste a comparar es el de las importaciones de gas y petróleo. Solo en 2013 fueron 57.000 M€ y, haciendo el mismo ejercicio del Ministerio de Industria, los españoles pagaremos por el gas y el petróleo más de 1,1 billones de euros en los próximos veinte años, es decir, diez veces más que por las renovables. Sin embargo, la única tecnología que puede reducir este insostenible coste son las renovables. En 2012, la producción renovable ahorró 13,4 millones de tep y 36,7 millones de tn CO2 por un valor de cerca de 3.000 M€.

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El sistema eléctrico español está gobernado por medias verdades y la opacidad sobre sus costes reales. El sistema gasista, el nuclear y el del carbón están subvencionados tanto a través de la tarifa como de ayudas fiscales y de los presupuestos del Estado. La mayor discriminación sobre las renovables es que mientras sus costes se conocen al detalle y para los próximos veinte años, el coste del resto de fuentes de energía se ignora, se oculta y no se habla de ellos. En el preámbulo del RDL 13/2012 se cuestionaba gravemente las innecesarias inversiones gasistas de los últimos años, pero sigue siendo un asunto sobre el que nadie ha pedido aclaraciones.

Como que se haga un decreto para separar las razones de seguridad de las razones económicas y aprobar exenciones fiscales para hacer viable la Central Nuclear de Garoña que en condiciones normales sería inviable, aplicando una retroactividad positiva que se rechaza para las renovables. Como un truco de buen prestidigitador, mientras se traslada la imagen de lo malas que son las renovables nadie verá nunca las verdaderas cuentas de nuestro sistema eléctrico. Pero lo más grave es que así se impide que los consumidores perciban los beneficios que las renovables pueden tener en su factura de la luz, que la sociedad ignore que las renovables ya son competitivas con las fuentes tradicionales o qué pasaría si fuesen las renovables las que determinaran el precio del mercado mayorista de la electricidad.

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La transición energética es rentable Madrid, 29 de septiembre de 2014 La Comisión Europea ha propuesto un objetivo de eficiencia energética del 30% para el conjunto de Estados miembros en 2030 a través de una Comunicación al Parlamento y Consejo europeos publicada el 23 de julio que completa las metas que propuso en enero de 2014 de una reducción del 40% de las emisiones de CO2 y un consumo de renovables del 27% en el Marco de 2030 sobre Clima y Energía.

La Comunicación sobre eficiencia energética se desarrolla sobre un objetivo del 25% y solo al final, debido a la crisis de Ucrania, para reforzar la seguridad de suministro y reducir la dependencia energética de Rusia, se eleva el objetivo al 30% para dar más consistencia al Plan de Seguridad Energética que la Comisión aprobó en mayo y afrontar los riesgos asociados al gas ruso. Es la amenaza de Putin lo que ha obligado a elevar precipitadamente el objetivo de eficiencia energética. El mismo día que se anuncia el nuevo objetivo de eficiencia energética se hizo público el sexto informe de la Comisión Europea sobre cohesión económica, social y territorial en el que la eficiencia energética se considera, junto al empleo y las pymes, el núcleo de la política de cohesión de la UE para 2014-2020 y se anuncia un presupuesto de 38.000 M€ de fondos europeos destinados a eficiencia energética y renovables, más 2.000 millones de los programas Horizon 2020. La Comunicación de 23 de julio parte del reconocimiento de que la eficiencia energética es fundamental para mejorar la competitividad de la economía y que únicamente el cumplimiento pleno de las directivas de eficiencia energética de edificios y de eficiencia energética hará posible alcanzar los objetivos de 2020 y 2030. Pero esta afirmación la sustenta en una serie de datos sobre los beneficios de las inversiones en ahorro de energía que superan ampliamente sus costes. Los impactos positivos de la eficiencia energética en el crecimiento, en el empleo y en el impulso a la industria es consecuencia de que la eficiencia es un motor de innovación tecnológica y de integración de las tecnologías de la información (TIC) en todas las formas de consumo de energía, contribuyendo al avance de la generación descentralizada y proporcionando al consumidor final el poder de gestionar su demanda de forma activa. La menor demanda de combustibles fósiles reducirá los precios de la energía y cada 1% adicional de ahorro energético supondrá una rebaja del 0,4% y del 0,1% en el precio del gas y el petróleo respectivamente. La renovación y el mayor uso de equipamientos eficientes, como calefacciones y ventanas, ahorrará a los consumidores 100.000 M€ anuales o 465 euros por hogar.

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Para alcanzar el objetivo del 25% de eficiencia energética en 2030 se calcula un coste de 2.000 M€ cada año y un ahorro de 9.000 M€ anuales en importaciones de combustibles fósiles, equivalentes a un 2% menos de importaciones de petróleo y un 13% menos de importaciones de gas (44 mil millones de metros cúbicos). Las importaciones de gas se reducirían en un 2,6% por cada 1% adicional de ahorro energético. A ello habría que añadir los beneficios adicionales por la reducción de emisiones de CO2, la menor contaminación atmosférica, del agua y del suelo y la creación de empleo. La eficiencia energética es rentable. Ese es el principal mensaje que expresan los datos de la Comisión Europea y que se contradicen con la cicatería en la determinación del objetivo, que solo se eleva por la amenaza rusa, y con algo todavía más injustificable como es el carácter indicativo del objetivo del 30% de eficiencia energética. ¿Si tan importante es para la seguridad energética de Europa, por qué no se ha querido establecer un objetivo de ahorro de energía más elevado y vinculante para los Gobiernos? .

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Una política energética anticíclica

Madrid, 15 de octubre 2014

Si fuera cierto que los consumidores se han ahorrado 15.000 M€ gracias a la reforma energética y que el año 2014 terminará sin déficit de tarifa, como ha declarado el Ministro de Industria, cabría pensar dos cosas, o que el sistema eléctrico habría generado multimillonarios beneficios en los años anteriores o que está al borde de la ruina por tan notable descenso de ingresos. En el primer caso sería urgente exigir una investigación y en el segundo poner bajo sospecha las afirmaciones oficiales en un escenario en el que los precios de la energía contribuyen a la pérdida de renta de los hogares.

Si nos atenemos a la Ley 24/2013 del sector eléctrico, el mecanismo que se ha establecido para la eliminación del déficit de la tarifa eléctrica consiste en trasladar a los peajes de forma automática cualquier desviación entre costes e ingresos y si ello no fuera suficiente, a los presupuestos del Estado. Para garantizar que los ingresos por peajes financian el sistema, se ha elevado el término de potencia en el recibo de la luz y levantado barreras económicas y regulatorias al autoconsumo fotovoltaico y al ahorro energético. Posteriormente, el RDL 8/2014 ha establecido los primeros pasos para atajar el déficit acumulado de 800 M€ en la tarifa del gas y los déficits a partir de 2015 y se va a aprobar un nuevo decreto para cargar a los consumidores el déficit de la tarifa eléctrica de 2013.

El supuesto éxito de la reforma eléctrica es en realidad un método de socialización de pérdidas del sistema eléctrico y gasista que se trasladan automáticamente al consumidor y al contribuyente. Los ahorros son puro espejismo desde el momento que se deja al consumidor sin ninguna protección ante la volatilidad de los precios en el mercado mayorista, justo el que el Ministro de Industria ha declarado que no va a reformar en esta legislatura.

Los malos ratios del actual modelo energético persisten: más dependencia energética de los combustibles fósiles, más emisiones de CO2 asociadas a la generación eléctrica, más intensidad energética comparada con Europa, más déficit en las tarifas de la luz y el gas y más pérdida de soberanía en las decisiones corporativas como se ha comprobado en el desmantelamiento de Endesa por Enel.

La reforma energética es una reforma procíclica que no se ha planteado para asentar un cambio en la base tecnológica e industrial de la economía sobre la que impulsar el crecimiento, con fuentes más baratas y autóctonas, sino para garantizar únicamente los ingresos de un sistema energético tradicional, sostenido en una permanente pérdida de renta nacional, por el mayor coste de las importaciones de hidrocarburos, y de renta disponible por los precios de la energía.

La política energética poco ha contribuido a superar la crisis económica y mucho a mantener las barreras que impiden la transformación del modelo energético como instrumento de innovación y reactivación económica. La falta de transparencia del mercado mayorista, el freno impuesto a la energía solar, a la eólica y al autoconsumo, la falta de una auditoría de costes del sistema energético y los escasos avances en la desagregación vertical de las empresas han

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sido factores que han elevado los costes energéticos a numerosos sectores de la economía. El único diagnóstico, repetido hasta la saciedad, de que las renovables eran las culpables de todo se ha demostrado falso; por el contrario, después de cinco años de recortes y freno a la inversión renovable, la incertidumbre y la inseguridad no han desaparecido del escenario energético.

El tiempo no se ha detenido y frente al inmovilismo de una regulación energética diseñada hace décadas para un mix basado en los combustibles fósiles y la energía nuclear, en el mundo se va perfilando un cambio en la orientación de los mercados y de los modelos de negocio hacia un incremento sostenido de la inversión renovable y de una cuota creciente en la innovación que supone la generación descentralizada y autosuficiente. Un modelo energético descentralizado con renovables es más rentable y eficiente que el mix convencional basado en los elevados costes de los hidrocarburos y de la seguridad nuclear.

El incremento de la generación renovable está produciendo efectos demoledores en el sector convencional- antes llamado régimen ordinario- por su impacto en la reducción de precios en el mercado mayorista. Las cuentas del gas ya no salen, como las del carbón o la nuclear con los nuevos estándares de seguridad post-Fukushima. La mejora de la competitividad de las tecnologías solar y eólica avanza en paralelo con la pérdida de rentabilidad de las fuentes convencionales. Una auténtica transición energética global está en marcha a través de la innovación en las tecnologías de generación, microgeneración y almacenamiento. ¿Por qué la reforma energética se ha posicionado en contra de esta transformación energética y ha decidido frenarla en España?

Es preciso rectificar y convertir la política energética en un instrumento de reactivación económica a través de la autosuficiencia energética vinculada al desarrollo de la industria y la reducción de los costes energéticos a empresas y hogares. La energía ha de convertirse en el instrumento de política económica anticíclica más importante. El escenario descrito por Bloomberg para 2030 es que el 70% de las nuevas instalaciones de generación serán renovables, la fotovoltaica reducirá sus costes más de un 50% y la inversión renovable crecerá un 230% hasta los 428.000 M€, mientras descenderá la generación con gas, carbón y petróleo al 45%. PW&C prevé para 2030 que el 20% de la generación mundial sea de origen descentralizado por la mejora de la competitividad fotovoltaica.

Permanecer ajenos a esta revolución de la innovación energética es el preludio de una futura crisis energética que se está gestando en la actual crisis económica. La recuperación de la economía y del empleo requiere que se avance en la transición de un modelo energético centralizado y vertical a otro descentralizado y distribuido, orientado a la demanda. Se necesita contar con una estrategia energética a largo plazo con tres prioridades: reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles, mejorar la intensidad energética para la producción de nuestros bienes y servicios y eliminar las emisiones de CO2.

Hay dos razones para impulsar este cambio: la rentabilidad de la transición energética por lo que representan sus externalidades positivas para la economía y los ciudadanos sobre el modelo convencional y la aparición de un nuevo perfil de consumidor, a la vez generador y parte activa de la gestión de la demanda. Olvidar estas dos razones es la mayor debilidad de la reforma energética.

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Conceptos europeos para una ley de eficiencia energética Madrid, 22 de octubre de 2014 El plazo de transposición de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética finalizó en junio de 2014.La incorporación al ordenamiento jurídico nacional se está haciendo de forma incompleta y desordenada. Desde un borrador de Real Decreto de enero de 2013 todavía pendiente de aprobar, el RD 235/2013, Ley 8/2013, RDL 8/2014 y la Ley 15/2014, su dispersión en tantas normas confirma que la eficiencia energética no es una prioridad. Después de tantas disposiciones legales, la transposición sigue siendo parcial; sobre todo en los aspectos que establecen la autonomía del consumidor como gestor de su demanda frente al abuso de posición dominante de los distribuidores de energía, gestores de redes y empresas de venta de energía, tal y como se expresa en el artículo 18 de la Directiva. El cambio de contadores sin tener en cuenta lo que establece el artículo 9 sobre contadores es el ejemplo más revelador de cómo se está incumpliendo esta norma europea. El objetivo de eficiencia energética es el más importante por su efecto de arrastre para los objetivos de renovables y reducción de CO2. A mayor eficiencia energética mayor producción renovable, menos emisiones y más competitividad. Como acordó el Parlamento Europeo, el objetivo de eficiencia energética debería ser del 40% y vinculante para los Estados miembros por su efecto en el empleo y la reindustrialización europea. Los primeros informes que las desaparecidas Comisión Nacional de Energía y de la Competencia emitieron sobre la reforma eléctrica ya avisaban que incumplía la Directiva 2012/27/UE. La importancia del cumplimiento pleno de las normas europeas justificaría su transposición completa mediante una Ley de eficiencia energética que diera coherencia y prioridad al ahorro de energía incorporando a nuestra legislación determinados conceptos:

1. Eficiencia energética: cantidad de energía ahorrada, calculada en función de la medición del consumo antes y después de la aplicación de una medida de mejora de la eficiencia energética.

2. Edificio de consuno de energía casi nulo: edificio con un nivel de eficiencia energética alto y que la baja cantidad de energía requerida deberá estar cubierta por energía procedente de fuentes renovables, incluida la producida in situ o en el entorno.

3. Nivel óptimo de rentabilidad: nivel de eficiencia energética que conlleve el coste más

bajo durante el ciclo de vida útil estimada para el edificio cuando el balance coste-beneficio sea positivo.

4. Sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración: todo sistema urbano de calefacción o refrigeración que utilice al menos un 50% de energía renovable, un 50% de calor residual, un 75% de calor cogenerado o un 50% de una combinación de estos tipos de energía y calor.

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5. Internalización de costes: principio según el cual todos los costes asociados con la protección del medio ambiente deberán incluirse en los costes de producción de la empresa contaminadora. Así mismo se tendrá en consideración lo que establecen los artículos 13 y 16 de la Directiva 2009/28/CE de renovables para las tarifas o tasas que se apliquen a las fuentes renovables que deberán evitar cualquier carácter discriminatorio y tener en cuenta los beneficios que aportan a la red y al sistema energético, como la menor dependencia energética o la reducción de emisiones contaminantes.

6. Principio de quien contamina paga: principio según el cual los costes de las medidas para tratar la contaminación deben ser soportados por el responsable de la misma. En este contexto, la contaminación es el deterioro provocado por el contaminador en el entorno o los recursos naturales al deteriorar el medio ambiente.

7. Contaminador: quien deteriora directa o indirectamente el medio ambiente o crea las

condiciones para que se produzca ese deterioro.

8. Protección del medioambiente: toda medida destinada a subsanar o prevenir daños al entorno físico y los recursos naturales, incluidas las medidas de ahorro energético y el uso de las fuentes de energía renovables.

9. Innovación medioambiental: toda forma de actividad innovadora cuyo resultado sea

una mejora significativa de la protección del medio ambiente. Se incluyen nuevos procesos de producción, productos y servicios y métodos de gestión pública o privada destinados a evitar los riesgos para el medio ambiente y la contaminación a lo largo de la vida útil de las actividades conexas.

10. Impuesto medioambiental: impuesto cuya base imponible específica produce un claro

efecto negativo sobre el medio ambiente, de modo que los costes medioambientales puedan ser incluidos en su precio o que los productores y consumidores se orienten hacia actividades más respetuosas del medio ambiente.

Abundan las referencias que vinculan la democracia con el cumplimiento de las leyes, pero se limitan a los debates territoriales o sobre la corrupción; sin embargo, y aunque parezca una obviedad, hay que insistir en que todas las leyes han de ser cumplidas. Las directivas europeas también son leyes de obligado cumplimiento para los Estados miembros y para todos los poderes del Estado y eso incluye tanto su transposición al ordenamiento jurídico nacional como su aplicación por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La política energética también está obligada al pleno cumplimiento de las directivas europeas porque son leyes que definen un modelo energético con la prioridad de proteger el medio ambiente y la defensa de los consumidores como parte activa de la gestión de la demanda. Estos dos conceptos contienen la solución a todos nuestros problemas energéticos y excluirlos de la reforma eléctrica supone el incumplimiento de las leyes europeas

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¿Sobrevivirán las eléctricas a un próximo rescate? Madrid, 9 de febrero de 2015

En un lúcido artículo de Santi Carcar del mes de diciembre, al informar que en 2015 desaparecerá el recargo en el recibo de la luz por el que los consumidores pagaron a las eléctricas 4.383 millones de euros de la moratoria nuclear aprobada en 1984 por el Gobierno de Felipe González, recogía un texto del ex-Ministro socialista Juan Manuel Eguiagaray en el que calificaba dicho recargo como rescate financiero a las eléctricas que se habían endeudado en un proceso de inversión faraónico, delirante y en contradicción con las necesidades de la demanda eléctrica. Carcar afirma que a este primer rescate sucedió en 1998 la compensación a las eléctricas de los costes de transición a la competencia (CTC), aprobados por el Gobierno de José María Aznar, por otros 8.663 millones que se deberían haber liquidado en 2006 por el Gobierno de Zapatero. No se hizo a pesar de que la abogacía del Estado estableció que las eléctricas habrían cobrado en exceso. Se estima en 3.400 millones lo cobrado demás a los consumidores que ninguno de los sucesivos gobiernos ha reclamado. A este segundo rescate sucedió la fórmula contable del déficit de tarifa, acordada en 2002 por el Gobierno del PP y transformada en deuda pública con el aval del Estado por el Gobierno del PSOE en 2009. A través de emisiones de bonos por el Fondo de Amortización de Deuda Eléctrica (FADE), que devolverán los consumidores durante 15 años, las eléctricas ingresan el supuesto déficit de tarifa. De esta manera, desde 2011 se ha llevado a cabo un tercer rescate del sector eléctrico, ya que entre 2011 y 2013 las eléctricas han cobrado 23.288 millones de la deuda eléctrica. La Ley 24/2013 del sector eléctrico no ha tocado la conformación de precios del mercado mayorista, que genera todos los años mayores ingresos a las centrales ya amortizadas, y ha establecido un nuevo mecanismo que garantiza automáticamente al sector eléctrico el ingreso de cualquier déficit a partir de 2014. La sobrecapacidad de las infraestructuras gasistas y su escasa rentabilidad por ser innecesarias también las paga el consumidor. Con tamaña inyección de liquidez no debiera extrañar a nadie que en 2014 y 2015 los mejores dividendos y los valores más alcistas en la bolsa sean los de las eléctricas. Estos resultados han servido para aumentar la participación de inversores extranjeros, principalmente árabes, en la propiedad del sector energético español y a la vez para que, con esa liquidez y el aval del Tribunal de Justicia de la UE para gozar de deducciones multimillonarias en las adquisiciones de empresas extranjeras, las eléctricas españolas hayan salido de compras al extranjero para volver a endeudarse.

La pérdida de soberanía nacional en un mercado energético sin competencia y basado en la

figura del consumidor cautivo que paga todos los costes y déficits del sistema ha tenido un

aviso a navegantes con el vaciado que la italiana ENEL ha hecho de la antes española

ENDESA ante el silencio universal de propios y extraños y la connivencia política de los

sucesivos gobiernos.

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El sector eléctrico ha iniciado un nuevo ciclo de endeudamiento y rescate a pesar de la pésima

gestión empresarial y política de los tres anteriores y a pesar de que la caída del petróleo está

quebrando las inversiones en hidrocarburos y fracking. La reforma energética insiste en

defender un modelo ruinoso cuando es la inversión renovable la que se expande por todo el

mundo. Las eléctricas, tal y como las conocemos, no sobrevivirán a un próximo rescate. Los

bajos precios del petróleo deberían ser el incentivo para invertir en estímulos al ahorro de

energía, a las energías renovables y a un modelo de generación distribuida basado en la

soberanía del consumidor y en la seguridad nacional.

Acerca de La Oficina de Javier García Breva

En la actualidad, Javier García Breva desarrolla su actividad profesional desde La Oficina de JGB asesorando en los campos de energía en edificación, seguridad jurídica en renovables y proyectos integrales de eficiencia energética. La Oficina de Javier García Breva es operada por imedia press & market IPM con la misión de dinamizar la actividad como conferenciante, asesor y líder de opinión del sector energético de este reconocido experto europeo en materia de ahorro, eficiencia energética y sostenibilidad. Se puede seguir la extensa actividad de Javier García Breva en: www.tendenciasenenergia.es

Los Executive Briefings de La Oficina de Javier García Breva aglutinan en un único evento los diferentes puntos de vista y la interdependencia de un topic de la actualidad energética invitando a sus protagonistas a exponer sus reflexiones. El resultado es un evento integrado que despierta el interés e invita a la acción. IPM es una iniciativa de IMEDIA, consultora de comunicación especializada en Tecnología y Energía. Javier García Breva es Presidente de N2E.

Para más información:

Africa Orenga

[email protected]

Telf: 91 344 14 72

www.imediapr.es