La soda solvay (o carbonato de sodio) se constituy desde fines del siglo XIX en un insumo imprescindible del sector industria

MESA 28 Empresarios de Amrica Latina:

estudios de caso y confrontacin de ideas

Estado y empresarios en torno a un proyecto industrial conflictivo.

La planta fabril de ALPAT( Lic. Graciela Pampin

FCE UBA/UNTrefgpampin13@yahoo.com.ar1. Presentacin

La soda solvay (o carbonato de sodio) se constituy desde fines del siglo XIX en un insumo imprescindible de diversas actividades fabriles: produccin de vidrio, jabn, papel, textiles, alimentacin, cuero, metalurgia y tinturas, entre otras. La creciente actividad de esas ramas en el pas origin una demanda de importaciones de ese insumo que fue creciendo a lo largo de dcadas. En ese sentido, la demanda de soda solvay presentaba las mismas caractersticas que el de numerosos otros insumos bsicos en nuestro pas durante el proceso caracterizado por la sustitucin de importaciones iniciado en los aos treinta; naturalmente, a medida que el proceso avanzaba y las divisas mermaban o se dificultaba su obtencin aparecan con mayor nfasis las preocupaciones en torno a la posibilidad de producirlos localmente. As, la posibilidad de producir soda solvay se volvi una de las preocupaciones de los diferentes gobiernos durante, al menos, los ltimos cincuenta aos.

Diferentes actores sociales participaron en los estudios de factibilidad, en los criterios de promocin y de las condiciones de financiamiento, pero tambin muchos de ellos obstaculizaron e imposibilitaron la concrecin de los diferentes proyectos encarados a lo largo de un sinuoso y complejo proceso para la produccin de soda solvay. El Estado, los tcnicos, los empresarios, los importadores y los intelectuales, de manera no siempre lineal y muchas veces conflictiva, fueron actores destacados en este proceso.

Este trabajo analiza en primer lugar los debates y la posicin de los diferentes actores sociales, fundamentalmente el Estado, respecto de la posibilidad de producir la soda solvay en nuestro pas. Luego, presenta los aos iniciales de la puesta en marcha del nico proyecto aprobado para su fabricacin local, el de lcalis de la Patagonia SA, su implementacin en un marco de inestabilidad poltica y por ende con un buena cuota de indefiniciones estatales y empresariales. Finalmente, analiza el comportamiento empresarial, sus vinculaciones con el poder poltico y la estrategia adoptada para permanecer al frente de un negocio que slo concretara su produccin despus de ms de treinta aos.

El trabajo concluye tratando de arrojar un poco de luz sobre la particular relacin entre el Estado y los empresarios en un contexto de gran incertidumbre ambiental y se constituye en un caso paradigmtico del fracaso de la consecucin del desarrollo en la Argentina.

2. Veinte aos de indefiniciones

2.1 Estudios y proyectos

En los aos cuarenta, el Estado avanz tmidamente hacia la consolidacin del crecimiento industrial. Diversos organismos estatales fueron los encargados de estudiar, promover o inhibir el impulso a la produccin de algunos bienes industriales; en esa poca, la posibilidad de producir localmente soda solvay comenz a discutirse ante el crecimiento de las ramas que utilizaban este insumo.

La Direccin General de Fabricaciones Militares (DGFM) adquiri relevancia en la valorizacin de las ramas del sector industrial que deban promoverse. En principio la DGFM supona que ciertos insumos importados podan ser sustituidos con productos nacionales y, fundamentalmente, aquellos que consideraban estratgicos para la defensa nacional, a travs de compaas mixtas que utilizaran materias primas de origen local. La soda solvay no constitua estrictamente un insumo estratgico; sin embargo, en 1946 se comenzaron a realizar estudios para determinar las posibilidades de producirla en Argentina.

Luego de la muerte de Savio en 1948 y en particular despus de la crisis econmica de 1949, la DGFM se orient ms a la produccin de bienes de uso civil que antes se importaban y menos de aquellos que previamente consideraba estratgicos como parte de los objetivos militares. Como consecuencia de esos cambios de orientacin, en 1951 el organismo resolvi discontinuar el proyecto de produccin de soda solvay ya que ste no constitua un objetivo de defensa nacional. La paradoja de esta decisin se explica en parte por las restricciones presupuestarias en esa particular circunstancia y, en parte, por las presiones de los grupos importadores de ese insumo aunque la proporcin asignable a ambos resulta difcil de establecer. Lo cierto es que el impulso a la produccin de soda solvay por parte de Fabricaciones Militares qued trunco, slo se limit a la realizacin de estudios de factibilidad, y a apuntalar otros rubros del sector industrial aunque con un xito limitado.

Un conflicto de intereses apareca en ciernes que, como se ver, permanecer a lo largo de todo el proceso. La principal industria que utiliza la soda solvay como insumo insustituible es la del vidrio pero algunos de estos productores tambin se encargaban de la importacin y comercializacin de este insumo; esto es, mantenan el monopolio de la importacin y comercializacin del carbonato de sodio que luego distribuan a productores menores o de otras ramas. En los aos cincuenta, la coyuntura econmica se haba modificado y, en consecuencia, tambin las orientaciones del Estado respecto del sector industrial. Las crisis del sector externo y la insuficiencia de divisas impulsaron nuevas bsquedas para sustituir importaciones, ya no de bienes finales. En esta dcada adquiere especial relevancia la participacin de DINIE que con el objetivo de formar un centro qumico integrado en la regin patagnica, retom y profundiz los estudios precedentes. Si bien la DINIE consideraba que no existe en el pas una regin con condiciones ptimas para una fbrica de soda solvay; la decisin poltica basada en la necesidad de contar con ese insumo clave para el sector industrial llev a la conclusin que varias regiones de nuestro pas presentaban condiciones aceptables para instalar una planta destinada a satisfacer la demanda interna a precio razonable. Tambin se resaltaba la necesidad de producir lcalis considerando que era un punto capital en el desarrollo de nuestra industria qumica, justificndolo en el hecho que se poda producirlo utilizando materias primas nacionales y en el incremento de la demanda de soda solvay en el mercado interno. El Segundo Plan Quinquenal reforz la idea de producir soda solvay al poner directamente en manos de la DINIE la ejecucin de varios proyectos vinculados con el sector qumico, como por ejemplo los centros qumicos de San Nicols y Patagonia; con ese objetivo, el Estado cre la Comisin Nacional de lcalis.

A comienzo de los aos cincuenta la DINIE elabor tres proyectos, buscando la localizacin ms favorable para la instalacin de la planta (acceso a la materia prima, cercana a los mercados consumidores, y costos de produccin). Los clculos de inversin se establecan en base a la produccin mnima, que para 1952 era precisada en 60.000 toneladas de soda solvay y 20.000 de soda custica por ao; las proyecciones estimaban para mediados 1954 la demanda llegara a 80.000 toneladas de soda solvay, 20.000 de soda custica y 8.000 de bicarbonato de sodio. La inversin calculada era de U$S 9 millones, de los cuales el 60% seran divisas por la necesidad de importacin de maquinarias y equipos; este esfuerzo de inversin se justificaba en el hecho de que la planta generara en menos de dos aos un ahorro de divisas equivalente al invertido; as, en un corto plazo se recuperaba la inversin y a partir de all se lograba un ahorro de divisas al sustituir el total de las importaciones crucial para la poltica econmica del gobierno.

El Estado avanzaba en definiciones ms concretas que solo encontraban el silencio de los empresarios nacionales capaces de invertir en el sector; en cambio, los empresarios extranjeros, estimulados por la nueva legislacin sobre inversiones, realizaron dos ofertas. La primera se encontr nuevamente con las presiones de los importadores que frenaron el proyecto. La segunda provena de cuatro empresas (Asah Glass Co, Krebs et Cie, SECO SA y Techint SACI) que coincidi prcticamente con el golpe militar que derroc al gobierno peronista, lo cual provoc su frustracin repentina

Poco despus la DINIE present un informe ante el Ministerio de Industria en donde se analizaban las formas de instalacin y explotacin posibles y sugera una sociedad mixta en donde el capital pblico estuviera representado por DINIE y el capital privado por una sociedad annima constituida por los usuarios, los empresarios proyectistas y los constructores. Esta propuesta coincida con la funcin de promocin industrial contenida en los estatutos de la institucin, implicaba una garanta y seguridad en la ejecucin para las inversiones privadas, y contemplaba los intereses de los usuarios. A su vez, prevea el retiro del Estado de la sociedad una vez que la empresa estuviera consolidada y funcionando normalmente. Tambin planteaba la necesidad imperiosa de acelerar el proceso tendiente a la fabricacin de soda solvay en el pas y resolver el problema del monopolio sobre la importacin y comercializacin de ese producto, y reconoca la funcin del Estado como partcipe necesario, no solo como regulador sino como inversor, productor y garante de la promocin del sector industrial en su conjunto.

No obstante estas definiciones, el proyecto no prosper por razones que se desconocen, pero entre las que no debieron estar ausentes las presiones de los importadores y las dificultades burocrticas derivadas de la inestabilidad institucional, que pona en discusin el propio rol de la DINIE, e incluso su existencia. El proceso poltico subsuma al econmico y retrasaba las posibilidades de desarrollo.

Hacia fines de 1957, la DINIE realiz un ltimo intento para impulsar la fabricacin de soda solvay en el pas proyectando su instalacin en San Nicols, en la planta de la Destilera de Alcohol Anhidro. A pesar de sus ventajas, este proyecto tampoco prosper y no fue siquiera mencionado ms tarde.

En 1958, la DINIE calculaba un consumo mnimo de soda solvay superior a las 60.000 toneladas anuales, equivalente a alrededor de U$S 3,5 millones; el 60% de esa demanda se originaba en el sector del vidrio y el resto en cermica, textil e industrias extractivas, entre otras; y estimaba que, en un contexto de crecimiento industrial sostenido, para 1960 el consumo mnimo de soda solvay rondara las 90 o 100 mil toneladas.

Durante el gobierno de Frondizi el impulso a la produccin de insumos qumicos industriales, entre ellos la de soda solvay, pareca tomar un nuevo impulso. A fines de 1959 el decreto 16.970 prevea la instalacin de una planta con capacidad para producir 200.000 toneladas anuales de soda solvay, 47.400 de soda custica y 9.000 de bicarbonato de sodio.

Durante casi dos dcadas el Estado nacional haba estudiado e intentado un camino no del todo lineal, primero tmido y luego ms decidido aunque no sin contratiempos, orientado a profundizar el proceso de sustitucin de importaciones. Las indefiniciones para la produccin de soda solvay tuvieron diversas causas pero en ese proceso el capital privado no solo no haba acompaado ni tomado la iniciativa sino que, en algunos casos, las haba obstaculizado. Ahora, al parecer el Estado estaba determinado a impulsar la produccin de este insumo sumando al capital privado.

2.2 Empresarios, tcnicos y polticaUnos aos despus a la propuesta frondicista, la Compaa Industrial de lcalis SA (CIDASA) se present ante el Departamento de Inversiones y Radicaciones dependiente del Ministerio de Economa con la propuesta de instalar una planta en San Antonio Oeste donde realizara las obras complementarias para el complejo industrial como el puerto, un acueducto para el transporte de sal diluida de las salinas El Gualicho para el uso industrial y de la poblacin de la zona y una usina productora de electricidad para igual destino, etc., obras estas que beneficiaran al progreso de la zona tan estacionada desde hace muchos aos. La inversin estimada era de alrededor de U$S 25 millones slo para el complejo industrial, los trabajos comenzaran en 1963 y para 1965 la planta ya estara en condiciones de funcionamiento. Si bien se calculaba que debido a los costos de produccin y el traslado hasta los principales centros de consumo el precio final de la soda solvay sera un 10% superior al producto importado, ello se justificaba en el hecho de que este precio se reducira a medida que las inversiones iniciales fueran amortizadas pero fundamentalmente en el hecho de que, acorde a los lineamientos del gobierno, se producir un importante ahorro de divisas, y los ingresos fiscales compensarn con exceso los producidos por las imposiciones a la importacin. Los empresarios privados parecan acompaar al Estado en la consolidacin del proyecto industrial del gobierno.

El proyecto de CIDASA se enfrent a un conjunto de avatares negativos. El gobierno desarrollista sucumbi frente a un nuevo golpe de estado. La poltica monetaria y fiscal del nuevo gobierno fue fuertemente restrictiva y la intensa devaluacin que se aplic castig duramente al sector industrial. La crisis productiva y la cada del consumo se extendieron a lo largo de 1962 y 1963 paralizando todos los proyectos de inversin que estaban en marcha. La recesin dej paso al crecimiento econmico en 1964 y 1965 en el marco de un nuevo gobierno radical pero eso no impidi que el proyecto de produccin de soda solvay encontrara nuevos contratiempos. En particular pesara fuertemente el diagnstico negativo que la CEPAL, cuya influencia en la orientacin de la nueva poltica econmica era decisiva, tena acerca de las posibilidades de fabricacin de soda solvay en nuestro pas. Un informe realizado en 1966 por ese organismo sobre la industria qumica en Amrica Latina destacaba la necesidad de desarrollar especficamente los lcalis slidos, y profundizar as el proceso de sustitucin de importaciones atendiendo especialmente a los insumos necesarios para un sector industrial en constante crecimiento en gran parte de la regin. Este informe justificaba, a partir de la existencia de recursos naturales y la importancia del mercado interno, la instalacin de dos plantas productoras de soda solvay en Latinoamrica en un plazo no mayor a cinco aos y con una capacidad de produccin entre 160.000 y 240.000 toneladas anuales, para ser ampliada en 1975.

La CEPAL analiz los proyectos para la produccin de soda solvay en Argentina y destac que la propuesta encabezada por CIDASA tena varios inconvenientes (la lejana de los centros de consumo y de la materia prima que incrementaba los costos, la carencia de mano de obra en la regin y la falta de infraestructura). Por otro lado, tambin se analizaron proyectos en otras regiones (Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, San Luis, Crdoba, Baha Blanca y Malarge). Ninguno de ellos presentaba condiciones ptimas para la instalacin de una planta productora de soda solvay, pero los dos ltimos junto con el de San Antonio Oeste estaran en condiciones similares y mejores que el resto. En todos, se destacaba que los altos costos de transporte sobre el traslado de la materia prima y del producto final hacia los centros consumidores tendran una incidencia importante sobre el costo del producto terminado (el 10% del valor del producto sera el costo de transporte hacia Buenos Aires). De todas formas, si consideramos que el precio final sera en promedio de U$S 71,5 por tonelada con una produccin de 200.000 toneladas anuales de acuerdo al proyecto, la soda solvay producida localmente sera competitiva con los precios internos del producto importado (105 dlares por tonelada) pero no con los precios internacionales (entre 33 y 34 dlares por tonelada precio CIF), por lo que difcilmente se podra exportar aunque esa alternativa no estaba en las perspectivas a corto plazo.

Si la CEPAL desaconsejaba la instalacin de una planta productora de lcalis en nuestro pas, ello no significaba que el proyecto de CIDASA fuera inviable (mxime teniendo en cuenta que su produccin se dirigira al mercado interno), sino que se priorizaba la radicacin en otros pases que reunieran ventajas comparativas en el marco de un proceso creciente y deseado de integracin del comercio latinoamericano.

Pero desde la ptica nacional, el crecimiento del sector industrial, las dificultades para obtener divisas necesarias para la importacin de insumos y un marco terico que marcaba las necesidades de profundizar el proceso sustitutivo atendiendo principalmente a las ramas proveedoras de insumos y bienes de capital, ponan en un segundo plano las consideraciones de la integracin latinoamericana y priorizaba las necesidades locales. El proyecto deba avanzar de todos modos. Los datos objetivos eran evidentes y mostraban la necesidad de producir localmente un insumo tan importante para varias ramas del sector industrial. Argentina no tena produccin local de soda solvay y por lo tanto dependa totalmente de la importacin, la cual haba crecido desde 1953 (aunque con algunas fluctuaciones) y se prevea un crecimiento an mayor para los prximos diez aos. 2.3 Intelectuales y protagonistas

A mediados de los aos sesenta se profundizaron los debates acerca de cul sera la mejor estrategia de desarrollo en nuestro pas. El avance del proceso sustitutivo haba mostrado lmites concretos y, en la concepcin de la poca, era el momento adecuado para avanzar hacia una nueva etapa que profundizara esa estrategia. Ms all de sus diferencias, algunos intelectuales preocupados por esos temas insistan en destacar ciertos problemas estructurales de la industria local que deban ser solucionados: en particular se sealaba que a medida que creca, el sector manufacturero necesitaba bienes de capital e insumos ms complejos y diversificados; la produccin a escala se vea dificultada con un mercado interno reducido y, peor an si no se consideraba la posibilidad de exportar; la alta proteccin no haba logrado una eficiencia industrial como la de los pases desarrollados.

Los analistas coincidan en la necesidad de impulsar un proceso de especializacin en un esquema abierto que permitiera por va de la exportacin industrial generar un plus de recursos externos indispensables para mantener la expansin de las importaciones y el crecimiento industrial. Entre ellos, Aldo Ferrer propona la creacin de grandes plantas que permitiesen operar con economas de escala para abastecer al mercado local y a su vez tuviesen capacidad exportadora, teniendo en cuenta los recursos nacionales y una importante presencia del Estado.

Estos intelectuales no debatan en el desierto; en efecto, la poltica econmica recoga estas ideas y una serie de decretos estimulaba (a travs de franquicias impositivas, crditos a largo plazo, avales y garantas del BIRA, entre otros) la inversin nacional, en regiones alejadas a la Capital y orientada hacia la produccin de bienes o ramas estratgicos (petroqumica, siderurgia, etc.). Estos proyectos comenzaron a tener ejecucin a fines de los aos sesenta aunque no siempre seran acompaados por el sector privado.

Por otro lado, los debates tambin se llevaban a cabo entre los empresarios, algunos bregaban por la profundizacin de la sustitucin de importaciones de los productos qumicos pero muchos de ellos slo se quedaban en declamaciones. La profundizacin del proceso sustitutivo en un marco de una poltica econmica errtica sin una orientacin del todo clara generaba perspectivas poco definidas entre los empresarios en cuanto al comportamiento del mercado interno; la inestabilidad de la rama qumica generaba serios inconvenientes ya que era un insumo muy importante del sector industrial y sus productos de muy difcil colocacin en el mercado internacional por carecer de precios competitivos, por lo tanto ante la cada de demanda en el mercado local difcilmente las exportaciones constituyeran una alternativa como ocurra en otras ramas o actividades.

Los empresarios dedicados a la produccin de bienes qumicos industriales planteaban diferentes problemticas y perspectivas de acuerdo al producto qumico que elaboraban, pero todos reconocan en la soda solvay un producto fundamental de la industria aun cuando ninguno avanzaba en la posibilidad de incursionar en la produccin nacional ya que era considerada antieconmica y en peligro de ser desplazada por la aparicin de bienes sustitutivos. Arturo Edbrooke, presidente de Duperial (productor de cido sulfrico y tartrico y anhdrido ftlico), sealaba que el factor ms importante para instalar una industria de soda solvay es contar con sal y piedra caliza muy accesibles, si se dan esas condiciones es posible elaborarla a bajo costo. No se sabe si esas condiciones estn dadas en la Argentina () todo tiene que ser muy fcil y muy barato; de lo contrario, obviamente, los consumidores no tendrn inters en un producto nacional si es ms caro que el importado.

Difcilmente este empresario desconociera los estudios y proyectos que aqu se han detallado, como as las posibilidades reales de produccin que aunque no fuese competitivo a nivel internacional su precio en el mercado interno sera menor que el del producto importado. Muy fcil y muy barato resume sus verdaderas inquietudes que podran ser traducidas en inversiones seguras y con poco riesgo, o la declaracin era parte de las presiones que se hacan sentir sobre el Estado para obtener mayores beneficios.

Sin embargo, al parecer, pudo ms la declamacin de los intelectuales y las necesidades impuestas por el desarrollo econmico que la desidia que manifestaba el paso cansino de los empresarios. Las reticencias de la iniciativa privada, la presin intelectual que actuaba como sustento terico y las necesidades impuestas por el desarrollo econmico llevaron a que el Estado, hacia fines de los aos sesenta, avanzara de manera ms decidida hacia la produccin de soda solvay en el mbito nacional.

3. Del dicho al hecho

3.1 El proyecto en marcha: el surgimiento de ALPAT

En 1969 se cre el Fondo de Contribucin para el Desarrollo del Carbonato de Sodio. Los recursos que se destinaron a este Fondo provinieron de lo recaudado en concepto de contribucin especial sobre las recaudaciones de las importaciones de carbonato de sodio neutro puro e impuro y fueron administrados por el BIRA.

El gobierno consider necesario llamar a licitacin para promover la instalacin de una sola planta y otorgarle al mejor proyecto los incentivos promocionales y la participacin financiada. Se intent buscar la localizacin ptima y por las dimensiones del mercado interno el empleo de modernas tecnologas en una planta con escala no inferior a la utilizada en los pases ms avanzados en la materia.

El apoyo financiero por parte del Estado se justificaba en la fuerte inversin de capitales necesaria para llevar adelante un proyecto como el planteado y, en consecuencia, la clara desventaja que tendran los capitales nacionales frente a los extranjeros para incursionar en el sector. Al mismo tiempo como el Estado realizara un aporte significativo tambin prevea capitalizar la empresa con el fin de mantener una adecuada relacin entre capital y deuda, limitndose a la suscripcin de acciones preferidas sin derecho a voto (que se rescataran en un tiempo prudencial), con lo cual el Estado no tendra intervencin en su administracin.En febrero de 1970 el gobierno nacional aprob el pliego para la realizacin de un primer llamado a concurso internacional de proyectos para la instalacin de una planta de soda solvay, cuya capacidad de produccin no deba ser inferior a las 200.000 toneladas anuales. Entre las condiciones a tener en cuenta para la seleccin del proyecto se destacaban: inversin total e inversin por tonelada de capacidad instalada; inversiones necesarias en infraestructura (privada o estatal); costo de los insumos principales; estructura financiera y costo de financiamiento; costo de ingeniera y tecnologa. Por otro lado, se estableca que la empresa adjudicataria no deba tener ningn impedimento contractual para realizar exportaciones ya que se prevea un excedente de produccin debido a la demanda acotada (aunque creciente) del mercado interno.

A mediados de ese ao, se realiz la apertura del concurso pblico internacional al que se presentaron tres propuestas: lcalis de la Patagonia SA (en adelante ALPAT), constituida unos meses antes (con base en San Antonio Oeste, Ro Negro), lcalis Argentina (que propona Mar Chiquita, Crdoba), y Malarge lcalis (en Malarge, Mendoza). Las tres firmas basaron sus propuestas para la produccin de carbonato de sodio en el proceso Solvay. Recin en enero de 1972 (un ao y medio despus) el decreto 461 rechaz todas las propuestas por no reunir los requisitos mnimos exigidos y declar desierto el concurso.

En una segunda licitacin realizada en 1972, se presentaron Ferrostaal (una empresa alemana), ALPAT (de capitales locales con participacin de CIDASA) y Tata Chemicals (de la India). La mejor oferta provino de ALPAT, pero el Estado exigi para su adjudicacin que la firma ganadora incorporara la participacin de las otras dos firmas presentadas.

Finalmente, se veran cristalizados los resultados de los debates de la dcada previa y de tantos estudios y proyectos? Las ideas de Ferrer al parecer se haban puesto en marcha. ALPAT y el Estado nacional celebraron un contrato que tendra una vigencia de trece aos y un presupuesto total de inversin de U$S 36,8 millones (U$S 35 millones en inversiones fijas y U$S 1,8 millones en capital de trabajo). El acuerdo tambin estableci la localizacin de la planta en San Antonio Oeste, provincia de Ro Negro, en terrenos cedidos por el gobierno provincial; una capacidad mnima de produccin de 200.000 toneladas por ao; tecnologa de avanzada en el mtodo Solvay; y, garanta de calidad a nivel internacional de los bienes terminados en la planta. A los treinta meses de la celebracin del contrato (a mediados de 1975) la planta deba estar funcionando en, al menos, un 80%.

ALPAT deba utilizar materias primas nacionales y proveerse de energa elctrica, como as tambin deba realizar las instalaciones necesarias para las operaciones de carga y traslado hasta el puerto de San Antonio Oeste y para la evacuacin de efluentes industriales cuidando las condiciones ecolgicas de la regin. El contrato tambin estableca que la empresa destinara su produccin al mercado nacional y el remanente a la exportacin. Por su parte el Estado se comprometa a tomar medidas para que el carbonato de sodio importado no compitiese con el nacional, si ste ltimo abasteca el mercado local, cumpla con normas de calidad internacional y tena precios razonables.

La inversin inicial estimada en maquinarias y equipos era de U$S 19,5 millones, de los cuales el 30% deba ser destinado a la compra de bienes nacionales y el 70% podran ser destinados a bienes de capital nuevos importados. Por otro lado, se establecan una serie de beneficios impositivos para la firma: exencin impositiva, exencin del impuesto a las ganancias y del impuesto de sellos, entre otros. Este conjunto de medidas supona el impulso al sector y la garanta de la implementacin del proyecto en el corto plazo.

En definitiva, el capital de ALPAT qued conformado por Tata Chemicals Ltda. (U$S 3 millones), Ferrostaal AG (U$S 1,5 millones) y CIDASA (U$S 5 millones); sta ltima empresa deba mantener el 60%, por lo menos, del paquete accionario por ser considerada una sociedad local. Adems de ser partcipe en el capital, Ferrostaal era la contratista para la construccin y el financiamiento de la importacin de bienes y servicios por los U$S 13,1 millones que avalaba el BND.

El contrato prevea que si ALPAT incumpla los tiempos estipulados para la puesta en marcha del proyecto caducaran los derechos que le haban sido otorgados: la adjudicacin, los beneficios y franquicias, los avales y crditos no utilizados, y los accionistas perdan el derecho a integrar las acciones que pasaba a favor del Estado.

Por su parte, el Estado se comprometi a participar en la elaboracin del contrato con CIDASA para la explotacin de la salina El Gualicho, ubicada a 50 km. de la planta. La empresa deba realizar las inversiones necesarias en el cargadero martimo Baha Bustamante, antes de la puesta en marcha de la planta y se comprometa a abastecer a ALPAT en forma permanente y regular de la materia prima de origen nacional necesaria para la fabricacin de soda solvay, a precios compatibles con los costos.

En agosto de 1973 la provincia de Ro Negro adjudic a ALPAT 130 has. en Punta Delgado, San Antonio Oeste, en ese mismo mes comenzaron las tareas para construir la planta y un camino de enlace entre la poblacin de San Antonio Oeste y ese sitio; estos trabajos fueron contratados por cuenta de Ferrostaal en su carcter de contratista turn key de la planta de soda solvay pero debieron ser suspendidos debido a la falla operada en los mecanismos de financiacin y en noviembre se cancel el contrato de ejecucin.

Al asumir el gobierno constitucional, se paralizaron las obras y se comenz la revisin y renegociacin del contrato. A fines de 1973 el Poder Ejecutivo propuso la modificacin del contrato firmado acorde a las pautas polticas y econmicas del actual Gobierno. El presidente y el vicepresidente de ALPAT, Vicente Branca y Osvaldo Dagnino, se entrevistaron con el Dr. Carlos Deheza (presidente de la Comisin de Presupuesto y Hacienda de la Cmara de Diputados) quien les entreg un cuestionario que planteaba, entre otras cosas, la posibilidad de una mayor participacin de capital nacional y estatal en la empresa. Los directivos de ALPAT aceptaron la propuesta oficial y la comunicaron a las firmas asociadas. Tata Chemicals renunci a su participacin y su aporte de capital fue sustituido por el gobierno de la provincia de Ro Negro. Se intentaba de esta forma adecuar el proyecto ya aprobado a los requerimientos de la ley 20.557 de 1973 que estableca que una sociedad local, para recibir calificacin de empresa de capital nacional no deba tener ms del 20% de capital extranjero; en el anterior contrato el capital extranjero era del 33% y con la reestructuracin el 90% del capital accionario de ALPAT qued en manos nacionales.A partir de entonces, el proyecto pareci tomar mayor impulso. A principios de 1974, tcnicos estatales y directivos de ALPAT realizaron tareas de fiscalizacin de la ingeniera del proyecto, la construccin de equipos y asistencia tcnica en Alemania, Francia y los Estados Unidos. La decisin del Estado de concretar el proyecto alent las expectativas de los directivos de la empresa ya que ha encontrado, en la comprensin y buena disposicin de sus inversores privados y en la decidida y correcta actuacin de los funcionarios (...) la va de su completa realizacin. Pero la inestabilidad poltica y econmica de la Argentina profundizada luego de la muerte de Pern en julio de 1974 complicara su prosecucin. Con la cada de Jos Gelbard al frente del Ministerio de Economa el proyecto pareci entrar en un comps de espera.

Ese ao, las importaciones de soda solvay no llegaron a cubrir la demanda de la industria del vidrio por lo que las necesidades de producir ese insumo localmente se visualizaban con mayor nitidez. Adems se produjo un fuerte incremento de los precios de la soda solvay como consecuencia de los profundos cambios que se abrieron en la economa mundial a partir de la crisis del petrleo, que provoc, dada la incidencia de ese insumo, un incremento notable de los costos de produccin del sector industrial. En este contexto, el BND concedi crditos documentarios a los productores de vidrio y otros consumidores para la adquisicin de materia prima con aval del Ministerio de Economa.

No slo el Estado sino tambin los empresarios observaban el impacto que haba generado este incremento de costos. Estos ltimos afirmaban que el problema global de abastecimiento que padece nuestra economa se vio agigantado durante 1974 por la falta de soda solvay () la historia de los proyectos fallidos de instalacin de una planta en el pas es, tal vez, una de las ms ricas de la mitologa del subdesarrollo; y resaltaban que la presencia de grandes proyectos oficiales inhibe la potencialidad inversora del sector privado. Pero, nunca se terminan de concretar.

Recordemos que unos aos antes un empresario del sector no crea conveniente invertir en la produccin de soda solvay por considerarla antieconmica; luego los empresarios de ALPAT estaban a favor de la participacin estatal en el proyecto; ahora, otros criticaban al Estado por sus indefiniciones y la demora del proyecto, pero al mismo tiempo lo cuestionaban en su rol empresarial (significativamente durante el gobierno peronista) y como inhibidor de la accin privada (afirmado por aquellos que nunca haban tomado la iniciativa).

En enero de 1975 el Ministerio de Economa, ahora bajo la direccin de Alfredo Gmez Morales, ratific la decisin de radicar la planta de soda solvay en San Antonio Oeste y de continuar con el contrato de ALPAT, previa modificacin de ciertas clusulas; era necesario introducir al proyecto de convenio modificatorio algunas correcciones dirigidas a defender mejor las cuantiosas inversiones que ha de realizar el Estado a travs de aportes de capital e importantes prstamos y avales.

La modificacin del contrato supona a su vez la revisin del convenio entre ALPAT y Ferrostaal, pero el nuevo acuerdo si bien fue redactado y aprobado, nunca fue firmado por el ministro de economa; por lo tanto ALPAT no pudo cumplir con las clusulas financieras cuyas obligaciones estaban a cargo del BND ya que ste no reciba las instrucciones (que haban quedado estipuladas en el nuevo contrato no firmado) del Poder Ejecutivo. De acuerdo a la empresa, el equipo econmico no trat el tema y en consecuencia qued trunca una resolucin que nunca lleg a concretarse. A estas indefiniciones no era ajena la situacin poltica por la que atravesaba la Argentina en ese tiempo. El propio ministro Gmez Morales tena escaso poder y no era atendido a su vez por la Presidente de la Nacin, Isabel Pern, como parte de un vaco poltico que precipit finalmente su renuncia. La situacin anmala planteada cre toda clase de dificultades para los trabajos de construccin de la planta. Los empresarios de ALPAT vean en el Estado nacional al principal obstculo para la concrecin de su dilatado proyecto; en realidad los conflictos al interior del propio gobierno atravesaban a la empresa retardando su ejecucin.

Los empresarios de la empresa denunciaban que llama poderosamente la atencin entonces, que en dos largos aos que van desde la aprobacin de la adjudicacin por el Poder Ejecutivo Nacional a favor de ALPAT, debido a la culpa inexcusable de las autoridades pblicas, se vea demorada la actividad de una industria bsica () con un precio de plaza en continuo aumento, que se ha decuplicado desde la poca que se abriera la licitacin () no se alcanza a comprender cul es el beneficio que reporta a la Repblica una dilacin burocrtica que ya ha alcanzado lmites inaceptables, y solicitaban al Ministerio que acelerase la resolucin definitiva acerca de la estructura de la empresa. Frente a la continuidad de las indefiniciones Ferrostaal intent rescindir el contrato por incumplimiento de las tareas a realizar pero ALPAT consigui que no se retirara del proyecto. La situacin poltica y econmica en ese momento era explosiva. Las medidas econmicas conocidas como rodrigazo impulsadas por el nuevo ministro, Celestino Rodrigo, en junio de 1975 provocaron numerosas reacciones sociales y una profunda incertidumbre econmica.

Preocupados por los atrasos, los empresarios de ALPAT sostenan que frente a cada cambio de Ministro de Economa hemos aceptado las diferentes polticas que se pretendieron aplicar y subrayaban que las indefiniciones del gobierno solo beneficiaban a los intereses ligados a la importacin de soda solvay y acrecientan nuestra dependencia con el exterior.

En diciembre de ese mismo ao, Antonio Cafiero, nuevo ministro de Economa reafirm la decisin de continuar con el proyecto previa modificacin del contrato, con el objetivo de que el Estado fuese el accionista mayoritario ya que tratndose de la produccin monoplica de un insumo bsico, es imperativo establecer el poder decisorio del Estado Nacional en dicha empresa. Estas ideas entroncaban con el resposicionamiento en el gobierno de los sindicatos y de los peronistas histricos que pugnaban por un retorno a la ortodoxia. Con ese objetivo, en enero de 1976, el Estado pas a tener el 51% del capital accionario y procedi a la designacin de dos Directores (Cnel. RE Francisco Aldinio y Cnel. RE Santiago Castagno).

En el nterin las obras se haban paralizado nuevamente, y en funcin de las variaciones sufridas en los precios, tanto internos como externos, se haca necesario redefinir el nivel de inversiones para la continuidad del proyecto.

Paralelamente ALPAT reciba el primer embarque de maquinaria y equipos y solicitaba al Estado que acelerara los tiempos, fundamentalmente aquellos relacionados con el aporte del capital. Pero el Estado nacional no realiz los aportes de fondos comprometidos y las obras quedaron paralizadas. Los constantes reclamos de la empresa ante el Poder Ejecutivo generaron que en marzo de 1976 la Secretara de Estado de Desarrollo Industrial elaborara un nuevo contrato, cuyas negociaciones se vieron interrumpidas abruptamente por un nuevo golpe militar. Como es obvio, la concrecin del proyecto no pudo deslindarse del complejo proceso poltico-econmico de los primeros setenta.

En suma, el proyecto ALPAT haba comenzado en los mejores aos de la industria argentina pero rpidamente la evolucin poltica pareci devorarse al proceso econmico. La llegada del peronismo al poder, el gran abanico ideolgico que lo conformaba y la muerte de Pern, generaron disputas al interior del peronismo y del gobierno que no pudieron deslindarse de la dinmica de la empresa. Los sucesivos cambios de conduccin econmica y de orientacin respecto al proyecto lograron que ALPAT quedara entrampada en estos avatares polticos, que demoraron y entorpecieron su ejecucin.

3.2 Empresarios y dictadura

En marzo de 1976 ocurre el ltimo y ms feroz golpe de estado de la Argentina. El nuevo ministro de economa, Jos Martnez de Hoz, impuso cambios en la poltica econmica que generaron modificaciones estructurales y afectaron especficamente al sector industrial. Sin embargo, no expres una posicin clara frente a la industria en una primer etapa, tanto por sus propias indefiniciones como por el carcter de la alianza poltico-social en la que se sustentaba. Ese contexto explica que dejara seguir los proyectos fabriles promocionados en el perodo anterior, firmando los decretos y resoluciones pendientes en el resto de ese ao.

ALPAT era un caso pendiente. El gobierno constitucional haba desatendido este proyecto en sus ltimos meses de gestin y ante el arribo del nuevo gobierno de facto, los empresarios declaraban que durante el ejercicio 1975-1976 el pas asisti a una de las ms importantes convulsiones socioeconmicas y polticas de su historia contempornea (que) llevaron a la Nacin al borde de un colapso poltico-institucional que pudo ser evitado por la intervencin militar del 24 de marzo. Pero, para los empresarios, la dictadura militar no cumpla slo con la decorosa misin de salvar a la Nacin sino tambin a la empresa ya que el Gobierno Nacional que asumi el poder a partir del 24 de marzo ppdo. comenz a realizar actos positivos para facilitar la marcha del proceso teniendo en cuenta que el proyecto ALPAT sufri durante este perodo (el gobierno peronista) las consecuencias de la situacin imperante en el pas (que) impidieron un tratamiento eficaz de nuestro contrato a nivel oficial.

Los directivos de la empresa reclamaban al nuevo gobierno un tratamiento urgente; ste comenz a destrabar el proyecto a travs de una serie de disposiciones. A cambio el gobierno solicit a ALPAT una nueva propuesta para modificar el contrato con el Estado adaptada a la filosofa del actual gobierno, que preconiza la realizacin de las inversiones industriales con mayora de capital privado; en este sentido, los empresarios afirmaban entusiastas que en poco tiempo ms se podr firmar un nuevo contrato modificatorio y ampliatorio (al de 1973) el que permitir la terminacin de las obras de instalacin de la planta.

Paralelamente el BND dispuso por primera vez realizar un estudio acotado sobre el proyecto ALPAT debido a que el tratamiento dispensado ha respondido a decisiones adoptadas a nivel Directorio en las que han gravitado objetivos polticos y actuaciones producidas a niveles superiores de Gobierno. En el estudio (que dur quince meses) curiosamente se dejaba constancia de que el BND nunca haba evaluado el proyecto, su factibilidad y solidez; tambin se destacaba que una vez puesto en marcha CIDASA haba cometido serias irregularidades en la forma en que haba realizado los aportes de capital. Por otro lado, los tcnicos del BND denunciaban que no haba logrado tener acceso a toda la documentacin necesaria para realizar los estudios pero con los anlisis acotados que haban podido realizar emitan una opinin desfavorable sobre el otorgamiento de crditos y avales a ALPAT. Aclaraban, con un tono inusualmente duro en ese organismo, que de ser ciertas las irregularidades presumidas () podran haberse cometido hechos contemplados en el Cdigo Penal () El engao, de haberse producido, no solo afecta al Banco sino al Estado Nacional en su carcter de contratante con ALPAT SA. Adicionalmente, el BND conclua que el proyecto sufra una serie de carencias e indefiniciones que lo llevaron a emitir el 2/11/77 opinin desfavorable para la concesin de crditos y avales a ALPAT SA. Pero el Directorio al considerar, entre otros aspectos, la irrevocable decisin del Poder Ejecutivo Nacional de instalar la planta productora de carbonato de sodio y la magnitud y naturaleza de los compromisos ya asumidos por la Institucin resolvi el 3/11/77 hacer saber a la titular la disposicin del Banco para otorgar avales hasta U$S 11.846.000 y crditos por $ 3.117.340.000.

Este informe realizado por las nuevas autoridades del BND sobre el caso ALPAT era parte del diagnstico negativo que si bien obedeca a cuestiones polticas e ideolgicas tambin mostraban las deficiencias de funcionamiento de esa institucin y mostraba las tensiones entre el Directorio del BND (el nuevo Presidente Dr. Carlos Conrado Helbling) y el cuerpo tcnico que se deslindaba de las cuestiones polticas.

Si durante su primer ao de gestin, el equipo econmico se limit a administrar la gestin de algunos grandes proyectos de inversin industrial bajo el rgimen de promocin puesto en vigor por el gobierno peronista ello no impeda que lentamente fuera ocurriendo un retiro del Estado del paquete accionario de la sociedad, proceso que daba un lugar ms destacado al capital privado, no slo nacional sino tambin extranjero. En efecto, a fines de 1976 el decreto 3.179 aprob el nuevo contrato entre el Estado y ALPAT. Esta vez los costos del proyecto se estimaron en U$S 91.5 millones, y el capital social de ALPAT se fij en U$S 30,5, de los cuales U$S 12,2 millones (el 40% del capital social) con aportes del Estado; U$S 1,5 millones a cargo de Ferrostaal; y U$S 9,3 millones como aporte de CIDASA, quien tambin debera garantizar U$S 7,5 de aportes de capital extranjero. La participacin estatal haba disminuido del 51% (1973) a 40% (aunque los aportes se elevaban de U$S 4 millones a U$S 12 millones provenientes de Fondo de Contribucin de Carbonato de Sodio) y se aseguraba una mayor participacin del capital extranjero. As, tempranamente se reflejaba en ALPAT el estmulo para estas inversiones al no tener un tratamiento discriminatorio con respecto al capital nacional como se reglamentar luego, con la ley 21.608 de promocin industrial.

Con ese capital social an restaban U$S 61 millones para financiar el proyecto; de ellos U$S 23 pondra el BND a travs de crditos para gastos locales, por su parte ALPAT se comprometa a obtener U$S 35 millones de financiamiento externo para la compra de equipos (que incluan los U$S 13,1 millones que el BND le haba otorgado en avales sobre documentos del Dresdner Bank de Alemania; U$S 5 millones que remplazan el aporte de CIDASA en ALPAT efectuado por una carta de pago de Ferrostaal; U$S 16,9 millones para nuevos equipos importados) y U$S 3 millones de financiamiento externo para gastos locales. Por un lado, el Estado disminua su participacin en el capital social de la firma y promova una mayor participacin extranjera; por el otro, el proyecto no poda prescindir de su participacin en el financiamiento total. Estas ambigedades generaban en los empresarios la expectativa de obtener un financiamiento mayor por parte del Estado.

Por otro lado, se concedan una serie de beneficios tributarios sumamente ventajosos y se otorgaba una proteccin arancelaria para esta industria durante ocho aos desde la puesta en marcha de la planta.

Las obras deberan estar terminadas como mnimo al 80% de su capacidad efectiva a los veintisis meses de la fecha de emisin de los crditos y avales por parte del BND, y la empresa se comprometa a informar a la Secretara cualquier circunstancia constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor que acarree como consecuencia un atraso o demora en la posibilidad de cumplir en las fechas estipuladas las obligaciones. Adems, si la Secretara estimaba que el proyecto tuviera caractersticas de haber sido abandonado o no marchara al ritmo necesario () ALPAT quedar sujeta a las siguientes medidas: a) caducidad de pleno derecho de este contrato; b) prdida de la garanta de adjudicacin; c) prdida de los beneficios y franquicias acordadas () como as la caducidad de los avales y crditos no utilizados; d) ingreso de todos los importes con que hubiera resultado beneficiada por aplicacin de las franquicias acordadas, incrementados desde el momento en que se debieron haberse ingresado con el inters que resulte de aplicar la tasa vigente en el Banco de la Nacin Argentina para los descuentos en general, a la fecha de realizarse el ingreso.

Al parecer, los mecanismos de control estaban previstos en caso de que el capital privado incumpliera el contrato; sin embargo no estaba claro quin decidira y por qu en caso de que el capital privado se alejara del proyecto. En principio, el BND a travs de sus tcnicos elevaban los informes, luego los directivos decidan no en base a esos informes sino en funcin de las directivas de la Secretara de Industria, la que a su vez responda a los lineamientos del Ministerio de Economa, cuya poltica no era claramente unvoca respecto al sector industrial en su conjunto.

A pesar de esas ambigedades, podramos afirmar que el Estado se retiraba, aseguraba la participacin del capital extranjero y apostaba a una mayor participacin del capital privado, otorgando crditos y avales como forma de incentivar esos capitales hacia la concrecin de un proyecto productivo; pero tambin, generaba una nueva fuente de negocios alternativa para el sector privado. En efecto, a partir del contrato, la importacin de carbonato de sodio estaba sujeta a un cupo anual de 180.000 toneladas, de las cuales 100.000 se adjudicaban a ALPAT a cambio de que la firma suscribiese acciones Clase C por U$S 2,5 millones por cada cupo de 100.000 toneladas. De esta forma la empresa se capitalizaba gracias a que se le garantizaba la comercializacin en el mercado interno de ms del 50% de la soda solvay importada.

Luego, intentando poner un freno a las demandas empresarias y garantizar los lmites para la participacin estatal, se realiz un convenio complementario del contrato en donde se estipulaba que ALPAT no poda requerir del Estado Nacional un aporte de mayor al capital existente en el Fondo de Contribucin para el Carbonato de Sodio, an cuando el Estado resolviera una ampliacin del capital social de la firma.

Paralelamente, ALPAT reconoca que an no haba comenzado con las obras de infraestructura, aunque haba avanzado en los estudios, y expona que los consumidores de soda solvay (representantes de la industria del vidrio, de la qumica y de la del jabn) haban decidido formar parte de la sociedad. Al mismo tiempo planteaba la necesidad de ampliar el capital social teniendo en cuenta que en el ao y medio transcurrido la inflacin mundial ha sido del orden del 10% anual y la nacional excedi el 150%.

Luego de reiteradas denuncias por parte de la empresa que afirmaba que el BND no cumpla con los compromisos asumidos, esta, a mediados de 1978 envi un memorando al jefe del Departamento de Inversiones del BND en donde realizaba un clculo detallado de la importacin anual de soda solvay y el valor CyF por tonelada demostrando as en cunto se haba incrementado el Fondo de Contribucin del Carbonato de Sodio, que para 1978 ese incremento se estimaba en alrededor de US$ 3 millones. Si ALPAT no consegua capitales frescos porque el Estado no le permita incrementar el capital social, se los reclamaba a travs de una herramienta de financiamiento que el mismo Estado le haba dado pero en base a estimaciones propias.

La demora en el otorgamiento de crditos y avales por parte del BND no impeda que ALPAT continuara con la fabricacin de equipos en el exterior mediante crditos externos y sostenan que con las tareas realizadas se est en condiciones de encarar definitivamente la construccin y puesta en marcha de la planta.

Hasta fines de 1978 la empresa haba realizado estudios, importado algunas maquinarias que descansaban y comenzaban a envejecer en un galpn, conformado una deuda con el BND entre crditos y avales por U$S 20,24 millones (con un pasivo total de U$S 28 millones) pero an no haba comenzado la construccin de las obras. De los veintisis meses calculados para la puesta en marcha de la planta desde la firma del ltimo contrato (diciembre de 1976) ya haban pasado veinte meses.

Ese retraso no impeda al presidente de ALPAT, Ing. Vicente Branca, reprochar la desidia del BND y propona presionar a las autoridades nacionales para que de manera urgente se terminen las negociaciones () a los efectos de la modificacin de la estructura del capital social; que el BND dicte la resolucin que permita hacer efectivos los crditos y avales acordados y comprometidos (); que el Estado Nacional efecte los aportes que le corresponden en el capital social de ALPAT.

Si el Estado tena una actitud cansina respecto a los requerimientos de la empresa no es menos cierto que los empresarios tenan una actitud sumamente dinmica y emprendedora para reclamar beneficios ante el Estado. La falta de respuesta estatal responda en parte a que ALPAT era un proyecto heredado, en parte a que los empresarios de la firma evidentemente no haban cumplido con los plazos previstos, pero tambin en parte a los desacuerdos al interior del mismo gobierno.

Las tensiones comenzaban a cristalizarse no solo entre Estado y empresarios sino al interior del mismo Estado que se trasladaban al interior de la empresa. A partir de este momento las principales desavenencias en la Asambleas de ALPAT se produjeron entre el representante del BND (Brigadier Rubn Bonoris) y el representante de la Secretara de Industria (Dr. Luis Garca Conde). Adems en ese mismo ao 1978 una serie de cambios de funcionarios en el gobierno reflejaban las tensiones en su interior. En estas circunstancias, el BND se vea obligado a legitimar su accionar frente a la opinin pblica.

Las tensiones y las consecuentes indefiniciones coadyuvaban a las demoras del proyecto que derivaban en un incremento de los costos para su concrecin; en diciembre de 1978 el Directorio de ALPAT planteaba que debido a que las demoras ocurridas hasta el presente siguen colocando a la empresa en una grave coyuntura econmico-financiera (), y () no se han dado los pasos decisivos por parte de los organismos pblicos con ingerencia en el contrato, necesarios para dar efectivo inicio a la construccin propiamente dicha del proyecto por lo que las necesidades de evolucin y funcionamiento de la empresa, exigen un incremento de capital social, a efectos de lograr nuevas suscripciones e integraciones de capital accionario, en la medida que ello sea necesario para seguir atendiendo las erogaciones que demanda el desenvolvimiento de la empresa.

El Estado retroceda y al parecer los empresarios haban decidido llevar el proyecto adelante. Al ao siguiente, CIDASA y el Grupo Fundador ofrecieron aumentar su participacin porcentual en el capital de la sociedad con aportes genuinos sin utilizacin de beneficios impositivos, lo cual significaba una disminucin correlativa del aporte del capital inicialmente comprometido al Estado Nacional, adems de limitar la obligacin estatal de concurrir proporcionalmente en la integracin de futuros aumentos del capital social.

Ante esta propuesta el Estado y ALPAT renovaron nuevamente el contrato. La participacin estatal qued reducida al 30%, el aporte de capital pas de U$S 12,35 millones a U$S 9,15 millones siempre y cuando no excedieran las disponibilidades existentes en el Fondo de Carbonato de Sodio; los U$S 3,05 millones de diferencia seran aportados por CIDASA y Grupo Fundador mediante aportes propios o de terceros (por ejemplo el aporte de CIDASA estaba constituido por la cantera de caliza de Baha Bustamante).

Paralelamente el Directorio resolvi solicitar la autorizacin de emitir debentures en moneda extranjera convertibles en acciones por el monto que requera la financiacin externa que ALPAT obtuviese de proveedores, bancos y entidades financieras para el desarrollo del proyecto. Pero este asunto nunca fue tratado en las sucesivas asambleas aunque figurara en el orden del da, porque los representantes del BND mocionaban para que el tema se discutiese en la prxima asamblea.

En 1979 la empresa estim que el costo total de inversin para poner en funcionamiento la planta era de aproximadamente U$S 236 millones, tres aos despus que la renovacin del contrato con la dictadura militar que fijaba los costos del proyecto en U$S 95 millones. De esa cantidad requerida slo se haba invertido alrededor del 35%, la mayora a travs de crditos con garanta estatal u otorgados directamente por el Estado.

Cuadro 1: Montos invertidos y a invertir (en U$S)

InversinSan Antonio OestePiedras BlancasEl GualichoTOTAL

Realizada32.520.8813.524.7247.80736.053.412

A realizar169.350.12827.183.0833.632.632200.165.843

TOTAL201.871.00930.707.8073.640.439236.219.235

Fuente: ALPAT, Aumento de capital social, 29 de agosto de 1979

Por otro lado se calculaba que el monto mximo de inversin estara a cargo del capital nacional dejando una participacin menor al extranjero.

Cuadro 2: Inversiones a realizar (en U$S)

InversionesNacionalExternaTOTAL

Al 30/6/78106.099.98733.121.520139.221.507

Al 30/6/79161.663.72038.502.123200.165.843

Fuente: ALPAT, Aumento de capital social, 29 de agosto de 1979

A partir de los nuevos clculos, la inversin a realizar entre 1978 y 1979 se haba incrementado en un 43%, bsicamente por los aumentos en las inversiones locales (52%) aunque las externas tambin haban subido (16%).

En este contexto el BND deba financiar el 70% de los gastos locales correspondientes a la realizacin del proyecto y avalar el 80% de las compras de equipo de origen externo, adems de refinanciar la deuda a largo plazo ya vencida o a vencer durante el perodo de construccin y puesta en marcha. En consecuencia los requerimientos financieros sumaban U$S 200.166.000 ms U$S 30 millones correspondientes a pasivos preexistentes por deudas bancarias y otras.

El total de estos requerimientos seran refinanciados con capital propio mientras que el BND aportara crditos y avales por U$S 165.739.000 que representaban el 72% del total proyectado.

ALPAT pretenda elevar el capital social de la firma con mayores aportes estatales. Los empresarios propusieron una nueva emisin de acciones para incrementar el capital en U$S 1,75 millones, de los cuales U$S 700 mil seran acciones Clase B que deba suscribir el Estado Nacional y el resto acciones Clase A. Con esa emisin el capital social se elevara a U$S 40,5 millones.

Pero el Ministerio de Economa se neg a realizar estos aportes y por consiguiente el nuevo incremento de capital social no se realiz; el Ejecutivo fundament esta decisin en el hecho de que en 1978 los accionistas Clase A se haban comprometido a aportar U$S 6 millones pero slo haban suscripto U$S 3,6 millones, el plazo para aportar los U$S 2,4 millones restantes ya haba vencido y ahora pretendan que ese monto fuese aportado en parte por los accionistas clase A y en parte por el Estado.

De todas formas el Estado continuaba realizando los aportes comprometidos en el contrato; de hecho en enero de 1980 el BND aport U$S 7,3 millones elevando la participacin estatal a un total de U$S 8 millones sobre un total comprometido (acorde a la ltima renegociacin de 1979) de U$S 9,15. Pero esos aportes no parecan suficientes para los empresarios que pedan ms para financiar las inversiones necesarias para efectivizar el proyecto. El Estado resista los embates de los accionistas privados y las tensiones se visualizaban cada vez con mayor intensidad.

Hacia los aos ochenta el pasivo total de ALPAT ascenda U$S 58,6 millones, de modo que duplicaba, en dlares, el valor del ao anterior. Sin embargo en cuanto a la concrecin del proyecto los empresarios haban continuado los estudios, incorporando equipos que (como los anteriores) estaban almacenados en un galpn; los informes decan que se avanzaba en la organizacin de una estructura moderna para la empresa, aunque no se haban realizado siquiera los cimientos de la planta.

El Estado haba colaborado ostensiblemente para incrementar la deuda de la empresa pero difcilmente accion los mecanismos de control necesarios para que esos capitales inexorablemente resultaran en una inversin productiva. Como afirm un alto funcionario de la dictadura, en San Antonio, a la soda Solvay la llaman ahora Landriscina Sabe por qu? Porque es puro cuento.

3.3 Se puede mentir mucho tiempo pero no todo el tiempo

Los aos ochenta estuvieron caracterizados por fuertes desrdenes macroeconmicos en un contexto general recesivo, como consecuencia de la crisis de la deuda. El gobierno democrtico intent llevar adelante algunos planes de estabilizacin pero no tuvieron xito y desembocaron en una situacin hiperinflacionaria hacia fines de esa dcada.

En 1981 un decreto del PEN actualizaba el costo del proyecto en U$S 300 millones y se propona y se propona privatizar el capital accionario en poder del Estado, una medida que tambin se llevaba a cabo con los paquetes accionarios de firmas privadas controladas directamente por diversos organismos pblicos (como SIAM, La Cantbrica, etc.). Ese proceso es difcil de seguir, pero de hecho, ALPAT cambi su composicin social aunque continuaron participando los antiguos empresarios.

En 1983 se produjo un nuevo incremento del capital social de la firma y entr Bergo Ansalt (que en 1992 pasa a denominarse Bergo Ansalt Liechenstein) constituyndose en la principal accionista con el 50% de las acciones. Aparentemente se trata de una empresa fantasma relacionada con Pittsburg Glass Company (PPG Industrias Argentinas SA), a su vez luego vinculada a Distribuidora Qumica SA, cuyo director por estos aos era Gustavo Voguet (empresario de ALPAT desde los inicios) que tambin participa en Afinar Alianza Financiera de Inversiones. Ambas empresas radicaban sus domicilios en la misma direccin. Las nuevas incorporaciones tenan fuertes vinculaciones con Dagnino, que continu con la presidencia de la firma.

Desde el punto de vista financiero la situacin de la empresa resultaba insostenible. En la etapa previa ALPAT se haba endeudado notablemente y la mayor parte de esos compromisos, como vimos, estaba avalada por el BND. Cuando el mercado internacional dej de ser generoso con sus capitales y aparecieron los vencimientos impagos, stos comenzaron a recaer sobre el Estado, que pag las deudas de la empresa entre1982 y 1988 a los acreedores internacionales.

Frente a las fuertes erogaciones que haba tenido el Estado, en 1988 el gobierno radical intent establecer un tope a los beneficios otorgados a las empresas que por ser accionistas de ALPAT haban logrado exenciones y diferimientos impositivos. Como se mencion, este mecanismo constitua una forma de capitalizar la empresa, una fuente de financiamiento otorgada por el Estado y que, en parte, sus capitales deban ser devueltos una vez que ALPAT estuviera en funcionamiento a partir del dcimo ao; pero para esa fecha ni siquiera haba comenzado con la construccin de la planta. ALPAT y el Estado celebraron un nuevo contrato por el que se estableci el lmite de esas concesiones en U$S 178 millones.

Obviamente el quite de estos privilegios gener malestar en los empresarios acostumbrados a obtener prebendas del Estado. En efecto, en ese mismo ao ALPAT inici una demanda por incumplimiento de las obligaciones contradas en el contrato; luego las partes llegaron a un acuerdo aprobado por la Secretara de Industria. En ese acuerdo el Estado avalaba un nuevo crdito de U$S 90 millones que la empresa tomaba en el Dresdner Bank y el Banco de Ro Negro cumpla la funcin de cofiador. Los empresarios, entre otras cosas, se haban endeudado durante diez aos con garanta del Estado, no haba pagado sus deudas, no haba cumplido con los plazos establecidos para la concrecin del proyecto, pero no aceptaban que el Estado faltara sus compromisos contractuales.

En los aos noventa, no slo observamos una continuidad de los accionistas y directores de la empresa originarios sino que sus vinculaciones a lo largo de treinta aos fueron extendindose conformando una red con mltiples conexiones econmicas, polticas, sociales nacionales e internacionales que le otorgaron una mayor flexibilidad an a su tradicional comportamiento. A los viejos accionistas (Osvaldo Dagnino, Cristian Gautier, Ral Marsden, Armando y Modesto Sagasti y Gustavo Voguet) se sumaron otros como por ejemplo Arnaldo Martinenghi, Jos Rodrguez Subieta y Edgardo Segura, que pasaron a integrar la sociedad a travs de Alianza Petrolera Argentina SA. La composicin social de la empresa se reflej crudamente los aos del menemismo.

En 1992, luego de casi veinte aos de comenzado el proyecto, ALPAT haba realizado apenas el 42% de las obras. Segn el balance de ALPAT, en 1996 el capital de la firma ascenda a U$S 53 millones, suma que no es la realmente aportada. Como se afirm, Slo 538.042 son genuinos, los dems son artilugios contables. La empresa tena un pasivo total de U$S 354,6 millones, el endeudamiento con el sistema bancario era de U$S 270 millones a largo plazo y de U$S 57 millones a corto plazo (a un ao). Luego de veintitrs aos de comenzado el proyecto, el caso ALPAT se tornaba escandaloso.

En la Cmara de Diputados se present un informe que propona crear una Comisin Especial Investigadora de las actividades de la empresa ALCALIS DE LA PATAGONIA S.A.Y.C. (ALPAT), con el objetivo de, entre otras cosas, analizar su desempeo desde el momento de su creacin y fundamentalmente los mecanismos por medio de los cuales obtuvo crditos, fondos especiales y avales del Estado Nacional. A pesar de que esta presentacin haya servido fundamentalmente como una declaracin de principios planteaba cmo describir una obra privada que lleva treinta aos de construccin, sin aportes de capital que no sea producto del endeudamiento avalado por el Estado, con ms de 500 millones de dlares de costo que pagaremos entre todos los argentinos, y que an est muy lejos de producir algn bien, ms all de los beneficios espurios que ya se han repartido sus propietarios, promotores y seguramente ms de un funcionario nacional y provincial. Podramos decir Alpat pus de ella se trata- es el monumento a la estupidez, por todos los argentinos que toleramos tanto tiempo, por desconocimiento, o por concepcin ideolgica, polticas activas fundadas en necesidades estratgicas, y en toda la parafernalia dogmtica que se ha utilizado en los ltimos treinta aos para encubrir una nueva estafa al Estado. Podramos sostener tambin que Alpat es el monumento a la viveza criolla, pus slo en nuestro pas puede llevarse adelante durante treinta aos con absoluta impunidad un proyecto de estas caractersticas, usufructuado por un grupo de vivillos y corruptos, que indefectiblemente ser pagado por el conjunto de los argentinos. Y destacaban que en la actualidad, le adeuda a dicho Banco (Dressdner Bank,) una suma superior a los ciento sesenta millones de dlares (U$S. 160.000.000), con avales renovados por parte del Estado, y la deuda con el BANADE residual por el crdito otorgado en 1975 supera los cien millones. Como podr advertirse se trataba de un emprendimiento privado donde el riesgo empresario y las inversiones quedaban exclusivamente en manos del Estado Nacional.

Los argumentos tenan una clara lgica liberal y servan tanto para denostar a los empresarios prebendarios como las polticas de promocin estatal llevadas a cabo en aos anteriores, sin discriminar que algunas de ellas haban sido exitosas. El mal estaba en el intervencionismo estatal per se.

El informe tambin pona en tela de juicio la viabilidad econmica del proyecto; en efecto, se calculaba que debido a la deuda que tena la empresa, sta deba pagar slo por intereses alrededor de U$S 50 millones y si la planta comenzara a producir las 200.000 toneladas de carbonato de sodio previstas su precio en el mercado rondara los U$S 35 millones; es decir, las ventas no alcanzaran para cubrir los intereses de las deudas contradas. Paralelamente, se estimaba que el flujo de recursos que por las causas mencionadas aport, aval o dej de percibir el Estado asciende a una suma que supera los quinientos millones de dlares.

Evidentemente la nica forma para que la empresa pudiera sobrellevar legalmente estas irregularidades era a travs de argucias contables, entre otras computar a los bienes intangibles de manera tal que representara nada menos que el 48% del activo.

Para fines de 1996, con el proyecto ejecutado en un 85%, se estimaba que la firma necesitaba otros U$S 70 millones para terminar la planta, y U$S 10 millones para capital de trabajo, en esos requerimientos no se incluan los necesarios para evitar los problemas de contaminacin que comenzaban a esgrimirse con ms fuerza.

3.4 Nuevo siglo, viejas tendencias

En nuevo siglo comenz pero ALPAT an no haba puesto en funcionamiento la planta; en el ao 2000 la obra alcanz una ejecucin de 95% pero, luego, durante casi dos aos el proyecto estuvo paralizado hasta que pareci cobrar un nuevo impulso. La aduana permiti la entrada de maquinaria importada necesaria para la concrecin de la obra y el gobierno provincial autoriz el abastecimiento del servicio de agua para la planta aunque sta deba finalizar las obras vinculadas al tratamiento de efluentes cuyo costo se estimaba entre $ 3 y 4 millones. A pesar de la crisis econmica los accionistas de ALPAT podan continuar diversificando sus negocios, Bergo Anstalt se sumaba al proyecto blanquiceleste de Marn.

En el 2004 mientras se anunciaba que la planta funcionara en 90 das se presentaban serias dudas sobre la viabilidad del proyecto, entre otras, el mantenimiento de la produccin en el largo plazo, el precio final del producto (que se estipulaba en U$S 200 la tonelada cuando el importado era de U$S 150), los problemas ecolgicos, e incluso los niveles de rentabilidad teniendo en cuenta las deudas de la firma. A estos cuestionamientos Dagnino expresaba que los nmeros cierran y afirmaba que no pensaba en las ganancias Si nosotros estuviramos detrs de la ganancia para poder hacer esto, quiz hubiramos abandonado hace rato (...) Estamos porque estamos convencidos de que hay que hacerlo y porque estamos convencidos de que cuando podamos hacer la ampliacin vamos a tener mejores ganancias, mejores costos y mejores diferencias. Ante el interrogante de cmo se pagaran las fuertes deudas que ALPAT haba contrado con el Estado, Dagnino, pesidente de la empresa, afirmaba que La inversin de Alpat la han hecho los inversionistas, no el Estado Nacional. La deuda con el Estado, que ronda los 80 y pico millones dlares ms otros ocho millones de diferimientos, ya est arreglada. Los tenemos que devolver y ya est hecho el acuerdo con el ministerio de Economa. Pero luego, ante la insistencia, Dagnino remata: () Al Estado le estamos de volviendo. Y despus se contradice: Hemos devuelto todo... Ya no tenemos avales, no tenemos prstamos. A estas dudas se sumaban las quejas de las empresas consumidoras que tendran que pagar un producto ms caro, con lo que suponan que ALPAT obtendra subvencin estatal para reducir el precio; ms an, esas empresas haban pagado durante aos U$S 18 por tonelada importada que iba al Fondo de Contribucin para el Carbonato de Sodio para financiar a ALPAT.

A principios del ao 2004 ALPAT solicitaba fondos al Estado con el objetivo de ampliar su capacidad productiva a 400.000 toneladas, aunque todava no haba comenzado a producir. Oscar Tangelson, viceministro de Economa aseguraba que hace unos meses nos vinieron a ver representantes de la empresa y de la provincia para que la Nacin respalde la parte final de las obras y nosotros le pedimos que nos trajeran exactamente todos los estudios de factibilidad y ecuaciones econmicas () Esta es una obra que se viene arrastrando desde hace muchos aos y que ha tenido enormes problemas. Por eso, queremos estar muy seguros de lo que se puede hacer o no, pero en principio no es nada fcil que se puedan destinar recursos de la administracin nacional hacia esa emprendimiento y solicit a la firma un informe sobre la factibilidad del proyecto, incluyendo su capacidad exportadora. Por otro lado, tambin destacaba que tena informes que mostraban un cuadro de situacin complicado acerca de la situacin financiera de la firma.

Mientras tanto las obras no se detenan y, al parecer, slo restaba la ampliacin de un gasoducto para proveer a la planta en condiciones ptimas.A mediados de ese ao el gobierno nacional, presidido por Nestor Kirchner comenzaba a evaluar la posibilidad de impulsar nuevamente el proyecto para lograr su consecucin. Los anuncios no generaron demasiadas esperanzas pero si preocupacin en los sectores vinculados a las cuestiones ecolgicas. Ante el apoyo del gobierno provincial para acelerar la puesta en produccin, las organizaciones ecologistas de Ro Negro impulsaron una campaa nacional para rechazar el funcionamiento de ALPAT.

Al ao siguiente, el gobernador de Ro Negro, Miguel Saiz, entreg al Presidente de ALPAT, Osvaldo Dagnino, la resolucin medioambiental que estableca los condicionamientos para la puesta en marcha del emprendimiento de soda solvay; Dagnino, manifestaba que vamos a cumplir con las leyes de manera tal que siempre podamos recibir el ttulo de lderes en cuestiones ecolgicas. Hemos gastado mucho, aceptado varias cuestiones, y los especialistas en ecologa de esta provincia nos han enseado a travs de estos aos. Queremos ser lderes en la cuestin del desarrollo sustentable.

En marzo del 2005 se anunciaba oficialmente la puesta en marcha de ALPAT y dos meses ms tarde el presidente Kirchner firm el decreto 475 por medio del cual en treinta das la planta deba estar funcionando, con una produccin de 250.000 toneladas por ao (cuyo precio en el mercado rondara los U$S 50 millones) de carbonato de sodio liviano y denso y la posibilidad de ampliarla a 500.000, se estableca que en principio deba ocupar a 234 personas. Con respecto a las deudas, ALPAT se obliga a reintegrar al Estado Nacional, al momento del dictado del presente decreto, siete promissory notes (simil pagars) emitidos a favor del Dresdner Bank garantizados mediante el aval del Estado Nacional por un monto total de u$s 161,5 millones; en relacin a la deuda con el Estado la firma cancelara la totalidad de la deuda con el Estado Nacional (aproximadamente U$S 45 millones). Evidentemente la deuda de ALPAT se haba licuado.

Para junio ALPAT haba producido 12.000 toneladas de soda solvay. Comparando con otras plantas del mundo hemos logrado en menos tiempo producir mejor calidad de soda liviana y soda densa. Ahora hay buenas perspectivas, Argentina ha importado mucha ms soda el ao pasado que aos anteriores, ha llegado a casi 300.000 toneladas, es decir ya no nos alcanza la produccin, por que se prev una produccin anual de 250.000 toneladas.

Saiz dijo que estamos cerrando varias etapas. Una etapa que fue larga, con toda la incertidumbre y con todas las afirmaciones que se hicieron. Hoy Alpat est en perodo de prueba pero cumpliendo el objetivo para el cual se hizo. Cuando este proyecto se puso en marcha, la legislacin sobre el medio ambiente era prcticamente inexistente y hubo que adecuarla. Esto se pudo hacer cumpliendo fundamentalmente todos los pasos de las distintas leyes que se han ido dictando, porque hubo una firme decisin del Estado, y adems porque hubo un entendimiento y una aceptacin por parte de la empresa que puso todo el esfuerzo y toda la predisposicin para cumplir con todo lo que exiga la legislacin dictada en treinta aos

Nueve meses despus de la firma del decreto, ALPAT realiz su primer exportacin de 40.000 toneladas a Brasil, Dagnino expresaba, Tengo un gran orgullo, es argentina, es la primera soda, es de San Antonio y sale... (se quiebra, mientras seala la bandera argentina en el buque). Estamos sumamente contentos por varios motivos: porque hacemos el producto en Ro Negro, porque estamos exportando a Brasil y porque se va en un barco argentino Estas exportaciones si bien eran coyunturales aliviaban la situacin de la empresa ya que, al parecer le costaba colocar su producto en el mercado local, fundamentalmente en Buenos Aires.

Luego de treinta y tres aos desde la firma del primer contrato, ALPAT comenz a producir y logr ingresar su producto en el mercado latinoamericano. Sin embargo, aquellos empresarios que durante tantos aos acompaaron a una empresa improductiva cuando esta comenz a producir al parecer se alejaron.

En el 2005 la prensa consultaba a De Tomaso acerca de las continuidades de las inversiones en Racing Sigue el grupo suizo Bergo Anstalt y el rabe Elmtree Investiment? El grupo suizo no es suizo, en realidad est representado por un abogado suizo. Ellos se quieren ir de Argentina, pero quieren seguir en Racing. Ac tienen inversiones y una planta de soda solvay que quieren vender. El dueo de la planta se muri y quedaron sus hijos y la primera mujer. Los tres son norteamericanos y quieren llevarse la platita a Estados Unidos. Un ao ms tarde de la puesta en marcha de la planta, South Mineral adquiri el 64,11% del paquete accionario. Este holding est conformado por South Minerals, Almera Austral, Hispano Americana de Petrleos SA, Tecnological SA, Oil Petrleos SA, Oil M&S Brasil SA, Combustibles del Rosario SA, Oil Construcciones y Oil M&S SA. A esta ltima, que se hizo acreedora a 43 yacimientos petrolferos y gasferos en Brasil, est relacionado el empresario Cristbal Lpez.

Entre los objetivos la nueva accionista planteaba satisfacer en el mediano y largo plazo la totalidad de demanda argentina y latinoamericana de carbonato de sodio. Migraremos a una poltica comercial ms dinmica, agresiva y eficiente, donde los clientes sean considerados socios estratgicos.

4. Consideraciones finales

La soda solvay se convirti en un insumo clave del sector industrial, a medida que creca y se converta en el motor de la economa las necesidades de producir ese insumo se tornaron cada vez ms evidentes.

En los aos cuarenta los avances fueron tmidos, el Estado pareca tener inters pero no la conviccin de producir localmente soda solvay. Con muchas indefiniciones y en medio de tensiones dejaba en manos de organismos con poca autonoma en la toma de decisiones la realizacin de frustrados estudios. Por su parte, los empresarios ni siquiera se planteaban la posibilidad de producir soda solvay; quizs por los altos costos de la inversin inicial y las caractersticas del mercado interno de escala relativamente reducida que no estimularon al sector privado a asumir los riesgos para un proyecto de esa naturaleza.

Luego de veinte aos de estudios y frente a los fuertes estrangulamientos externos que sumergan a la economa se tom la decisin poltica de producir soda solvay, an en contra de los diagnsticos, de los importadores y de un contexto inestable que otorgaba incertidumbre al respecto; los empresarios hicieron odos sordos ante el llamamiento del Estado a participar en su propsito; si bien ahora reconocan la importancia de la soda solvay en nuestro pas ninguno estaba dispuesto a llevar adelante esa iniciativa.

La orientacin econmica de los aos sesenta afianz el proceso sustitutivo; los debates intelectuales, los lineamientos del CONADE, la creacin del BND y los planes de promocin impulsaban esa estrategia. El Estado haba elaborado herramientas que le permitan sumar los capitales privados a su iniciativa.

lcalis de la Patagonia fue una de las nuevas empresas que se proyectaron por estos aos en ramas industriales que hasta ese entonces haban quedado rezagadas y en las cuales se pona el acento por ser generadoras de insumos bsicos. Pero en los primeros aos setenta, los intentos de construccin de esa planta se vieron frustrados; el cambio de gobierno de facto imprimi un comps de espera al lanzamiento de fabricacin de carbonato de sodio, si bien finalmente se firm el contrato, se otorgaron los crditos, se cedieron los terrenos y pareci ponerse en marcha el proyecto.

La asuncin del gobierno peronista modific la conformacin de la empresa. En consonancia con los lineamientos nacionalistas de su poltica econmica, este presion hacia una mayor participacin del capital nacional, luego pareci darle un nuevo impulso que le permitira una rpida puesta en funcionamiento. Hasta ac los directivos de la empresa aceptaban las concesiones y las directivas del Estado, con bastante quietud lograban que el impulso al proyecto lo diera el Estado.

Sin embargo, con la muerte de Pern, la inestabilidad poltica profundizada por las diferentes corrientes en el poder que pugnaban por imponer sus distintas concepciones acerca de la poltica econmica provoc indefiniciones respecto a ALPAT e impidi el financiamiento por parte del Estado y por ende cualquier avance en su definicin. Luego la crisis econmica provocada por el rodrigazo pareci echar por tierra todos los intentos por lograr la fabricacin local de carbonato de sodio. Sin el auxilio estatal, los empresarios quedaron a la espera de nuevas definiciones al interior del gobierno.

Una vez que se reposicion en el gobierno la ortodoxia peronista, el proyecto tuvo nuevas definiciones; sta vez el Estado nacional tendra una participacin mayoritaria en el proyecto pero los alcances de la crisis econmica y la posicin endeble del gobierno constitucional no permitieron realizar los aportes de capital necesarios para que, de una vez, la planta productora de soda solvay se pusiera en funcionamiento. En principio, los empresarios no se negaron a que el Estado tuviera una participacin mayoritaria y dirigiera su empresa, al contrario ello le asegurara un mayor financiamiento por los mltiples canales previstos. El problema suscit con la crisis poltica y econmica que los relegaba a un segundo plano.

As, luego de siete aos de iniciarse el proyecto para la consecucin de un objetivo considerado prioritario, ste qued enredado en los avatares polticos que le traspasaron sus propias incertidumbres generando una frustracin que continuara en las dcadas posteriores.

La poltica econmica durante la dictadura militar modific las condiciones en las que operaba la industria hasta el momento y provoc una desindustrializacin, pero esta fue selectiva y subsisti el apoyo a algunos grandes proyectos en la etapa anterior. Si bien, podemos observar un retiro del Estado como inversor en ALPAT tambin destacamos el financiamiento que este le otorga a pesar de que, a diferencia de otros proyectos, en rigor no haba comenzado su instalacin. En este sentido, resulta indudable que los empresarios presionaban al gobierno para seguir obteniendo financiamiento aunque es ms difcil de inferir con qu lo presionaban. Debemos asumir que las vinculaciones de los miembros de ALPAT con algunos funcionarios fueron las que permitieron la continuidad del proyecto.

Durante los aos de Alfonsn, a pesar de las fuertes restricciones presupuestarias, la dcada perdida no pareci serlo para los empresarios que lograron que el Estado, que tena un endeudamiento externo insalvable, se hiciera cargo de su deuda privada.

En los aos noventa, en el marco de un retiro general del Estado y de impulso a las iniciativas privadas se cuestiona el escaso avance del proyecto ALPAT y la enorme deuda que mantiene con el sector pblico. Pareca mejor alternativa desechar, finalmente, el proyecto. No obstante, las vinculaciones de los directivos de la empresa constituan una herramienta suficiente para lograr que el Estado continuara sosteniendo e incrementando esa carga.

Luego de la crisis del 2001, el cuestionamiento al modelo neoliberal hasta entonces predominante dio paso a mayores definiciones respecto a la industria y su rol en la economa; al parecer la burguesa nacional jugara un nuevo rol en el crecimiento econmico. El problema era que los empresarios de ALPAT no slo eran los mismos sino que ahora se incorporaban nuevos miembros al elenco estable que tena fuertes vinculaciones con el gobierno kirchnerista. El gobierno se encontr con la instalacin ya muy avanzada y tom la decisin poltica de destrabar el proyecto; con enormes costos para el Estado, finalmente ALPAT comenz a producir aunque no sin estar clara la viabilidad de un proyecto basado en equipos que llegaron al pas hace dcadas y que ahora enfrenta, adems, duros cuestionamientos de los ambientalistas.

En un contexto de crecimiento industrial pero de fuerte inestabilidad el Estado decidi la instalacin de una planta para producir soda solvay. De all en ms, la herencia de este proyecto para los sucesivos gobiernos constitua una pesada carga que no siempre estaban dispuestos a afrontar; sin embargo lo hicieron y en el proceso no buscaron ponerle coto a los empresarios que aprovecharon la incertidumbre reinante para que el Estado financiara durante treinta y tres aos una fbrica fantasa

5. Bibliografa:

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Pampin, Graciela (2007); Industria y frustracin: el caso de lcalis de la Patagonia (1940-1976). En Primeras Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios. Facultad de Ciencias Econmicas, UBA. Agosto.Rougier, Marcelo (2004); Instituciones, finanzas e instituciones en la Argentina. La experiencia del Banco Nacional de Desarrollo 1967-1976. Buenos Aires. UNQ.

Rougier, Marcelo y Martn Fiszbein (2006); La frustracin de un proyecto econmico. El gobierno peronista de 1973-1976. Buenos Aires. Manantial.

Rougier, Marcelo (2007), Una historia poco transparente. El caso de la Fbrica de Vidrios y Opalinas Hurlingham SA, indito.

Schvarzer, Jorge (1978); Estrategia industrial y grandes empresas: el caso argentino. En: Desarrollo Econmico. N. 71. oct-dic.

Schvarzer, Jorge (1986); La poltica econmica de Martinez de Hoz. Buenos Aires. Hyspamrica.

Schvarzer, Jorge (1996); La industria que supimos conseguir. Buenos Aires. Planeta. Buenos Aires

Vaquer, Antonio (1968); Historia de la Ingeniera en la Argentina. Buenos Aires. EUDEBA.

( Este trabajo es parte de un proyecto de investigacin UBACYT sobre el sector industrial dirigido por el Dr. Marcelo Rougier. Agradezco los valiosos comentarios sobre esta comunicacin del Ing. Jorge Schvarzer y del director del proyecto.

En 1861 Ernest Solvay cre un proceso basado en una serie de reacciones qumicas, con el uso la sal comn, la caliza (o el carbonato de calcio) y el amonaco como materias primas, cuyo resultado el carbonato de sodio y sus derivados (bicarbonato y sesquicarbonato de sodio) Si bien el mtodo Solvay ha sido objeto de crticas debido a sus efectos contaminantes, el 80% de la produccin mundial del carbonato de sodio se realiza mediante este proceso.

DINIE, Resea de las actividades del organismo, 1955-1958, p. 91.

Vase al respecto, Belini (2007).

En ese entonces el principal importador era la empresa VASA, dedicada a la produccin de vidrio plano desde 1938, vinculada a la britnica Pilkington principal distribuidora de soda solvay a nivel mundial; la produccin local difcilmente podra competir con los costos de produccin. VASA consuma entre el 10 y el 15% del total del carbonato de sodio importado. Otras consumidoras importantes eran Cristaleras de Cuyo, Rigolleau, entre otras. Sobre la importancia de VASA en el mercado local vase Rougier (2007).

DINIE, Resea de las actividades del organismo, 1955-1958, p. 91.

En rigor, las importaciones fueron de 47.000 toneladas en 1953, de 53.000 al ao siguiente y superaron las 90.000 en 1955.

Con respecto a los proyectos anteriores, San Nicols tena ciertas ventajas: requera menores inversiones de capital (lo cual era ms atrayente para los inversores privados e incluso para el Estado), tena menores costos de produccin (que garantizaba competitividad en el mercado interno), mayor seguridad en el aprovisionamiento de materias primas (que a su vez influa en el costo), menor tiempo de instalacin (que coincida con las urgencias derivadas del estrangulamiento externo), fabricacin de gran parte de los equipos en las empresas pertenecientes a la DINIE (lo que evitaba el drenaje de divisas en bienes de capital), y requera del exterior slo la asistencia tcnica y la direccin de fabricacin de equipos, montaje y puesta en marcha (ya que era un tipo de produccin indita en nuestro pas).

En ese mismo ao el ingeniero Osvaldo Renato Dagnino hizo su primera aparicin en San Antonio Oeste.

Vaquer (1968), p. 313.

Vaquer (1968), p.313.

CEPAL (1966), p. 18. Los otros pases en consideracin para ubicar una planta de soda solvay eran Brasil, Colombia, Chile, Mxico y Venezuela.

Para un anlisis ms detallado vase Pampin (2007);

CEPAL (1966), p. 9

Las importaciones de soda solvay sumaron U$S 5.454.600 en 1959 (ao de mxima importacin) y U$S 3.498.000 en 1964.

Un anlisis detallado sobre los debates de la poca vase Rougier (2004).

Rougier (2004) Pg. 65.

Las caractersticas generales de este proceso fueron destacadas por Schvarzer (1996), pp. 272 y ss.

Competencia (1969) p. 22.

PEN, Ley 18.518, 31 de diciembre de 1969.

PEN, Decreto 8.566, 31 de diciembre de 1969.

Ministerio de Industria y Minera, Contrato ALPAT, 1973.

El Estado estipul que la firma, emitira acciones preferidas, que tomara el Banco Nacional de Desarrollo (BND), con un 8% de inters anual, las que deberan ser rescatadas en un plazo no mayor de diez aos (a partir de la puesta en marcha) por la Sociedad que explotara la planta. Por medio del decreto 604 de 1973 el BND confiri avales por U$S 13,1 millones y crditos por U$S 8,1 millones. El Banco Nacional de Desarrollo creado en 1970 tena por objeto obtener y canalizar los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos y programas que interesen al desarrollo nacional, particularmente el regional, ajustando su accin a la directiva, planes y programas del Gobierno Nacional, en materia econmica, en especial financiera e industrial. Con ese fin debe, en particular, promover, participar y financiar () la instalacin y desarrollo de las industrias de base. PEN, Decreto 8.566, 31 de diciembre de 1969. Vase Rougier (2004).

De acuerdo al Decreto 5.339 de 1963.

La ley 11.682 que declaraba de inters nacional la produccin de carbonato de sodio

las acciones quedaron caucionadas en el BND como garanta de ello

Las salinas El Gualicho, situadas a 72 m. bajo el nivel del mar, son las ms grandes del pas (430 km2) y las segundas en Sudamrica.

El contrato fue aprobado por decreto 604/73 del Poder Ejecutivo que declar de inters nacional las adquisiciones, obras e inversiones en la planta de carbonato de calcio lcalis de la Patagonia

Est dispuesta ALPAT a reemplazar los inversores extranjeros?...se est dispuesto a considerar el reemplazo de los inversores extranjeros. En la fecha ALPAT SA se dirigir a las dos empresas (...) para allanar el camino hacia el logro de este objetivo (...) Est dispuesta ALPAT a la participacin de las empresas estatales y/o provinciales en la Sociedad? (...) puede expresarse su mejor disposicin a que participen en la misma capitales estatales y/o provinciales. Estimo de particular importancia que se contemple para tal posibilidad la participacin de Direccin General de Fabri