doctrina y filosofia de la seguridad social..pdf
TRANSCRIPT
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
11
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Este capítulo representa el soporte principal de la investigación, consta
primero de los precedentes, formada por los antecedentes de la investigación
que servirán de orientación al proceso investigativo a desarrollar, al igual que
las bases teóricas como premisa en esta investigación que definen en gran
medida el objeto, las características y soportes del presente estudio, así
mismo las bases legales conformadas por distintas normativas para el
desarrollo, definición de términos básicos y un sistema de categorías como
marco significativo de la investigación.
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Seguidamente se señala algunas investigaciones jurídicas relacionadas
con la temática, las cuales aportan información de importancia a ser
considerados al momento del abordaje de la investigación:
González (2010) presenta su investigación en la Universidad Rafael
Urdaneta y se titulo “Análisis de las contingencias de maternidad y
paternidad bajo el régimen jurídico del sistema de seguridad social
venezolano”, tipo de investigación documental.
Por lo que resulta de gran aporte a la investigación debido a que
12
desarrolla conceptos sobre seguridad social, categoría de nuestra
investigación.
Arellano (2009) en su investigación “Análisis de la incorporación de los
profesionales del derecho en el libre ejercicio dentro del sistema de
seguridad social en Venezuela” en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín,
y que tenía como objetivos analizar el derecho a la seguridad social y estudio
de la declaración de los derechos humanos, que tiene relevancia para el
desarrollo de la investigación, en cuanto brinda un gran aporte para la
conceptualización de una de una de las categorías.
Bejarano (2009), de la universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, en su
estudio “Análisis de la estructura del fondo para la seguridad social de los
trabajadores independientes venezolanos” que tenía como objetivo general
analizar la estructura del fondo para la seguridad social de trabajadores
independientes y presentaba como objetivos específicos el desarrollo del
régimen jurídico de la seguridad social. En esta investigación se pueden
observar similitudes en una de las variables lo que sirve como fundamento
para la conceptualización y características de la operacionalización.
Santiago (2009), de la misma casa de estudio, en su investigación “Las
políticas sociales basadas en las misiones en el contexto de la seguridad
social en Venezuela” que tiene como objetivo analizar las políticas sociales
en cuanto a la seguridad social. Este estudio presenta una similitud y por
tanto de relevancia para la investigación y complemento del último objetivo,
puesto que sirve de base para su desarrollo.
13
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – LEGAL – DOCTRINAL
Estas bases normativas y doctrinales son el eje principal de esta
investigación, debido a que con esta información se ayudara a comprender más
a fondo el análisis de los derechos humanos y la seguridad social en Venezuela.
2.1. DERECHOS HUMANOS
En Venezuela, los derechos humanos tienen base constitucional, puesto
que está regulado en la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela (1.999) en su Título III Capitulo I de las disposiciones generales
de los Derechos humanos y garantías, y de los deberes, articulo 23.
Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.
Los Derechos Humanos son obligaciones que ineludiblemente debe
asumir el estado en su posición de garante en cuanto a la protección de los
derechos y por tanto procurar las condiciones mínimas de dignidad. Todo
tratado, pacto o convenio han de poseer una jerarquía , y por ende, de
cumplimiento inmediato por todos los componentes de la nación.
En este sentido, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a
la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional, habida en cuenta de la organización y los recursos de cada
14
estado, la satisfacción de los derechos económicos y culturales indispensables
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
En virtud de lo expuesto, la ley orgánica del sistema de seguridad social tuvo
su reforma el 31 de julio del 2008 publicada en gaceta oficial extraordinaria No.
5891, el cual destino que el ámbito de dicha ley es derivado de la consagración
constitucional del derecho a la seguridad social, como derecho humano
fundamental irrenunciable para todos los venezolanos residentes en el territorio
de la republica y a los extranjeros residenciados legalmente en el,
independientemente de su capacidad contributiva, condición social, actividad
laboral, medios de desenvolvimiento, salarios, ingresos y renta.
Así mismo expone Truyol (1994, p. 11) que los derechos humanos:
Equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el hombre posee
por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos
que le son inherentes, y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad
política, han de ser por esta consagrados y garantizados.
De igual forma son entendidos como derechos inherentes a todo ser
humano sin existir distinción alguna de nacionalidad, sexo, color, religión,
lengua u otra clase (Pérez 2001, p.17; citado en Araujo 2010).
En síntesis, los derechos humanos son los derechos que tiene una
persona por el hecho de ser humano y los cuales el Estado está obligado a
respetar. (Cubillan 2002).
En efecto los derechos humanos, son entendidos por parte de los
investigadores como inherentes a la persona y se proclaman sagrados,
15
inalienables, y imprescriptibles; su finalidad radica en crear, conservar y
comprometerse a materializar esos derechos para satisfacer las demandas y
necesidades del hombre para lograr el bienestar general.
2.1.1. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES QUE
GARANTIZAN LA DEFENSA Y EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.
La oficina internacional del trabajo (OIT) ha desempañado un papel
importante en la seguridad social, mediante la formulación de políticas y
programas internacionales, que requiere una considerable labor de estudio e
intercambio de ideas, para mejorar las condiciones de trabajo y de vida. La
adopción de leyes y reglamentos relativos al trabajo es importante para la
aplicación de las normas, la promoción de la Declaración de la OIT relativa a
los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, y la puesta de
práctica del concepto de Trabajo Decente.
El Sistema de Naciones Unidas (ONU) en 1951 fue ratificado por
Venezuela mediante el documento fundamental para el reconocimiento
mundial de los Derechos Humanos de las personas con necesidad de
protección internacional, con el fin de mejorar las capacidades del país en
esta materia, equiparar tanto las cargas como las responsabilidades,
garantizar su aplicación de forma más consistente y el acceso universal a los
mecanismos de protección internacional.
Otro de los organismos internacional que regula la declaración americana
de los derechos y deberes del hombre es la organización de los estados
16
americanos (OEA) la cual nace en 1948 en Bogotá, en la IX Conferencia
Interamericana, y se adopta la Carta de la Organización que fue reformada
por primera vez en 1967 y entro en vigencia en 1970 y la segunda vez en el
año 1985 y entro en vigencia en 1990.
A continuación se realiza un análisis detallado de los tratados y convenios
internacionales ratificado por la nación venezolana sobre la aplicación de los
derechos humanos respecto a la seguridad social.
2.1.1.1. DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
Para subsanar la falta de una lista concreta de los derechos humanos que
permitiese poner en marcha la protección y promoción de los mismos, la
organización mundial creó una comisión especial, la comisión de los
derechos humanos, que en un tiempo relativamente breve preparo un
proyecto “la declaración de los derechos humanos” el cual tiene su
fundamento en la dignidad y el valor de la persona humana.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este
acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el
texto de la Declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y
comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin
distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios.
Venezuela se adhiere a esta declaración en el pacto de san jose en 1969;
una vez que ratifica dicho tratado debe sumarse las estipulaciones jurídicas,
17
que el caso de la seguridad social, como consecuencia se tiene que toda
persona como miembro de la sociedad tienen derecho a la seguridad social.
El desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones han originado que la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tengan por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana, los pueblos de las Naciones Unidas han
reafirmado en la carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la
dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social
y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.
Ahora bien, La declaración universal de los derechos humanos en su
artículo 22 habla sobre la seguridad social y la importancia que tiene esta
para todo miembro de una sociedad.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Por otra parte también establece la igualdad de tratos, con respecto a que
toda persona es igual ante la ley por lo tanto no debe existir discriminación
alguna, es por esto que toda persona tiene derecho al trabajo, a la igualdad
de salarios, y a la defensa de sus intereses.
Para tal efecto, a nivel general Venezuela y su legislación se establece
con funciones esenciales en un Estado Social que brinda un Estado de
18
Derecho, a través de los pactos, tratados y convenios suscritos por
Venezuela en materia de derechos humanos. Su finalidad radica en crear,
conservar y comprometerse a materializar esos derechos para satisfacer las
demandas y necesidades de sus habitantes para lograr el bienestar general.
De acuerdo con lo analizado, los investigadores exponen que Venezuela
ratifica los derechos humanos como la mayoría de los países con el fi n de
establecer el orden social y el equilibrio de los derechos y deberes del
hombre. En este sentido los tratados y convenios internacionales desde sus
orígenes tienen como fin la protección y promoción del desarrollo de
relaciones amistosas entre las naciones que han originado que la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tengan por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana.
2.1.1.2. CONVENIO 102 NORMA MÍNIMA.
Fue en el 28 de Junio de 1952 cuando se adopto a Venezuela este
convenio referentes a la norma mínima de seguridad social, la importancia
que tuvo estriba en que los estados deben aceptar las obligaciones relativas
para poder ratificar este convenio cuya norma mínima se define respecto del
alcance de la protección y las prestaciones, incluido el monto de las mismas.
Abarca las nueve modalidades principales de la seguridad social:
asistencia médica; prestaciones monetarias de enfermedad; prestaciones de
desempleo; prestaciones de vejez; prestaciones en caso de accidente de
19
trabajo y enfermedad profesional; prestaciones familiares; prestaciones por
maternidad; prestaciones por invalidez; y prestaciones para sobrevivientes.
El Convenio Nº 102 establece que dentro de las tres ramas aceptadas
como mínimas deben estar comprendidas:
... por lo menos una de las cinco siguientes: de desempleo, de vejez, de accidente de trabajo y enfermedad profesional, de invalidez o de sobrevivientes. También deben dar cumplimiento a las normas estatuidas en cuanto a cobertura mínima de su población, cuantía mínima de prestaciones y, cuando proceda, suministro mínimo de asistencia médica. El convenio exige, como la regla general, la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros residentes en el país...
En efecto, constituye un documento que conserva su significación puesto
que establece las normas básicas y que posteriormente sirvió de marco para
la elaboración más detallada de convenios de las determinadas ramas de la
seguridad social.
Ahora bien, La seguridad social en Venezuela está, básicamente
administrada en manos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales,
IVSS. El IVSS, constituido como un sistema de seguros obligatorios que
recibe aporte de los trabajadores, los patrones y el sector público, fue
ampliando su cobertura y expandiéndose durante un largo periodo en que
funciono razonablemente bien.
El mismo, se organiza de la siguiente manera: el sistema recibe
cotizaciones mensuales y, con ellas, paga las pensiones y jubilaciones de los
beneficiarios, utilizando para ello el sistema de financiamiento sobre la
marcha o de “reparto”, lo que significa que todo el dinero llega a un fondo
20
común y luego es gastado según la obligaciones contraídas año a año, con
esos fondos, además, el IVSS fue generado, en su primera etapa, una red de
centros de atención de salud que, si bien no logró cubrir todo el territorio
nacional, al menos representó en su momento un perceptible avance con
respecto a la situación anterior. Por consiguiente la Asamblea Nacional
Constituyente (1999) en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela decreta lo siguiente:
Titulo: Capítulo IV: de los Derechos Sociales y de las Familias. Articulo Nº 86: Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial.
Para los investigadores, en relación a lo antes expuesto, se analiza y se
establece por vía legal que:
(a) La seguridad social es un derecho humano fundamental.
(b) Toda persona tiene derecho a la seguridad social,
21
independientemente de su capacidad económica para contribuir a su
financiamiento.
(c) El estado tiene la obligación de garantizar la efectividad del derecho a
la seguridad social, mediante la creación de un Sistema de Seguridad Social,
regulado por una Ley Orgánica Especial.
(d) La seguridad social es un servicio público de carácter no lucrativo.
(e) Los recursos de la seguridad social, así como sus rendimientos y
excedentes, no podrán ser aplicados a fines distintos a los de su cometido
original, es decir, protección social de la población afiliada y fines sociales del
Estado.
(f) El Sistema de Seguridad Social debe amparar a las personas sujetas a
su campo de aplicación ante la contingencia de enfermedades o accidentes
cualquiera sea su origen, magnitud y costo, maternidad, paternidad,
invalidez, incapacidad parcial, desempleo, vejez, muerte, riesgo viudedad,
orfandad, vivienda, cargas familiares, necesidades especiales, y , cualquier
otra circunstancia de prevención social.
(g) El sistema de seguridad social debe ser universal, integral de
financiamiento, solidario, unitario, eficiente, participativo, y de contribuciones
directas o indirectas.
2.1.1.3. CONVENIO 103. PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD
En Venezuela, este convenio es ampliamente establecido a través de de
la ley para la protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad
22
(2007), la cual tiene por objeto, establecer los mecanismos de desarrollo de
políticas para la protección integral de las familias, la maternidad y la
paternidad, así como promover prácticas responsables ante las mismas; y
determinar las medidas para prevenir los conflictos y violencia intrafamiliar,
educando para la igualdad, la tolerancia y el respeto mutuo en el seno
familiar, asegurándole a todos sus integrantes una vida digna y su pleno
desarrollo en el marco de una sociedad democrática, participativa, solidaria e
igualitaria.
Con base en lo anterior, la Ley para la protección de la Familia, la
Maternidad y la Paternidad se basa en los principios de justicia, igualdad y no
discriminación, solidaridad, corresponsabilidad, responsabilidad social,
participación, celeridad, eficiencia y eficacia. Ahora bien, una de las mayores
innovaciones de esta ley, es la de incluir al padre dentro de los sistemas de
protección del Estado, otorgándole dos derechos fundamentales
tradicionalmente reconocidos en Venezuela sólo a la madre, a saber: (i)
inamovilidad laboral, y (ii) licencia de paternidad remunerada.
En efecto, la protección de la maternidad de las mujeres en el trabajo ha
tenido una importancia fundamental para la Organización Internacional del
Trabajo desde su fundación en 1919. El Convenio sobre la protección de la
maternidad, estuvo entre los primeros instrumentos que se adoptaron. En
1952, este Convenio fue revisado para tener en cuenta la evolución de la
legislación y de las prácticas nacionales, especialmente en el dominio de la
seguridad social.
23
Desde 1952 se ha producido una evolución muy profunda en la
participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, y se ha avanzado hacia
un compromiso cada vez mayor para eliminar la discriminación en el empleo.
Solo 36 países habían ratificado el Convenio sobre la protección de la
maternidad y entre ellos se encontraba Venezuela.
Dicho convenio está dirigido a todas las mujeres empleadas en empresas
industriales y en trabajos no industriales y agrícolas que deben gozar de
protección a la maternidad, no podrá ser objeto de diferencia en cuanto a la
remuneración y condiciones de trabajo. Prescribe una duración mínima de
doce semanas de descanso con derecho a prestaciones monetarias y
asistencia médica, y en cuanto al periodo de lactancia la mujer estará
autorizada a interrumpir su trabajo durante uno o varios períodos cuya
duración será determinada por la legislación nacional.
En efecto se establece a nivel internacional, que las prestaciones en
dinero y las prestaciones médicas serán concedidas en virtud de un sistema
de seguro social obligatorio o con cargo a los fondos públicos; en ambos
casos, las prestaciones serán concedidas, de pleno derecho, a todas las
mujeres que reúnan las condiciones prescritas.
A lo referido se puede acotar que la Ley para la Protección a la Familia,
Maternidad y Paternidad, representa un régimen de protección laboral y
seguridad social en relación de la Maternidad y la Familia la Constitución
Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela (CNRBV) donde se
expresa tácitamente en el Capitulo V de los Derechos Sociales y la Familia:
24
donde, toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El
Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que
toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una
existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho
Por otra parte, todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y
trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo
adecuados, ahora bien dentro de lo expuesto por la Ley, se establece que el
padre, sea cual fuere su estado civil, gozará de inamovilidad laboral hasta un
año después del nacimiento de su hijo. Como consecuencia de lo anterior, el
padre no podrá ser despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones de
trabajo sin justa causa, previamente calificada por el Inspector del Trabajo,
A estos efectos, el padre y la madre progenitores son protegidos, ante la
necesidad de abrigo del nacimiento de un hijo, por lo que se protege de igual
forma a lo familia brindándole a la niñez un sistema de seguridad en los
primeros días del nacimiento, es importante señalar a los efectos del estudio,
los casos de la seguridad laboral, la mujer no deberá trabajar seis semanas
antes ni seis semanas después del parto, recibiendo además las
prestaciones monetarias y asistencia médica correspondientes. Igualmente,
tendrá derecho a los descansos para lactancia.
2.1.1.4. CONVENIO 118. IGUALDAD DE TRATO
El 25 de junio de 1958 los Estados Miembros de la organización
internacional de trabajo (OIT) adoptaron la Declaración sobre la igualdad de
25
oportunidades y de trato para los trabajadores, y entro en vigencia el 15 de
junio de 1960, se adoptaron diversas proposiciones relativas a la
discriminación en materia de empleo y ocupación.
Expone que todo Estado ratificante ha de reservar igualdad de trato a los
trabajadores de otro estado ratificante en lo que respecta a las nueve ramas
de la seguridad social, aunque las obligaciones del convenio hayan sido
aceptadas con respecto a una sola de esas ramas.
Todo esto tomando en consideración, lo expuesto por Ekmekdjian (2008,
p.2005), donde la idea de la igualdad varía según se trate de la justicia
distributiva o correctiva. En el primer caso, cada persona debe recibir de la
sociedad bienes o cargas en una proporción adecuada a sus méritos. Esto
significa que antes méritos o posibilidades desiguales no es posible atribuir
beneficios o cargas iguales.
Asimismo el autor expone, que no hay igualdad si se da trato igual a los
desiguales. En la justicia correctiva, se trata de que cada parte tenga una
situación de paridad, de modo tal que las oportunidades sean las mismas
para todos. Las situaciones de injusticia que pudieran derivarse de la
aplicación de estos principios a casos particulares, deben suavizarse con la
equidad, que es una forma particular de justicia correctiva.
El pago de prestaciones a largo plazo a personas residentes en el extranjero
debe asegurarse tanto a los nacionales del propio país como a los nacionales de
cualquier otro Estado que haya aceptado las obligaciones del Convenio relativas
a la rama correspondiente. Además, en relación con los niños residentes en el
26
territorio de cualquier Estado ratificante, se debe garantizar el beneficio de las
asignaciones familiares a los propios nacionales y a los nacionales de otros
Estados que hayan aceptado las obligaciones que emanan de dicha rama.
Desde la adopción de este Convenio, se ha producido un cambio gradual en la
legislación social y laboral que rige el empleo. Ha tenido lugar un cambio, en el
sentido de apartarse de unos planteamientos exclusivamente protectores,
dirigidos a limitar la exposición de las mujeres a los peligros de los lugares de
trabajo industriales, y aproximarse cada vez más a un enfoque basado en la
igualdad de derechos en el empleo y en la eliminación de las prácticas desleales.
En efecto, Venezuela con la ratificación de este convenio se obligan a
conceder a los nacionales de cualquier otro país que haya ratificado el
convenio, el mismo trato que a sus propios nacionales en materia de
indemnización por accidentes de trabajo. Asimismo, se pueden aceptar las
obligaciones concernientes a una o varias ramas de la seguridad social
siguientes: asistencia médica; prestaciones de enfermedad, maternidad,
invalidez, vejez, sobrevivencia, de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, de desempleo, y familiares, para las cuales posea una
legislación efectivamente aplicada a sus propios nacionales.
2.1.1.5. CONVENIO 121. PRESTACIONES EN CASO DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
En relación a los accidentes laborales, la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo LOPCYMAT (2005) define en su
27
artículo 69 los accidentes de trabajo como toda lesión funcional o corporal,
permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una
acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por
el hecho o con ocasión del trabajo. Se incluyen los accidentes desde y hasta
el lugar de trabajo y los que sucedan en ejercicio de actividad sindical.
En este sentido, Castillo (2007, p.79), señala que el texto normativo
considera como un accidente de trabajo las lesiones internas por un esfuerzo
violento o producto de la exposición a agentes físicos, mecánicos, químicos,
biológicos, psicosociales, condiciones meteorológicas que sufra un
trabajador, determinada o sobrevenida en el curso del trabajo o con ocasión
de este.
También incluyó el legislador aquellos accidentes que pudieran ocurrir con
ocasión del trabajo, los cuales vincula directamente como si se tratara de los
accidentes que ocurren por la prestación del servicio. Asimismo incluye como
un accidente de trabajo las lesiones que se originen o posteriormente
aparezcan como consecuencia de labores de salvamento o en otros de
naturaleza análoga cuando tengan una relación de trabajo.
Igualmente, contempla el accidente ocurrido en el trayecto del trabajador a
su sitio de trabajo o de regreso, denominado accidente in itinere. La ley hace
alusión a aquellos accidentes de trabajo sufridos por el trabajador que
desempeña un cargo de elección, ocurridos al ir o volver del lugar donde se
ejecutan sus funciones, tales como el trabajador que ejerce funciones
sindicales.
28
Los accidentes, según Aisa (2000, P.55), pueden clasificarse en:
"accidentes sin lesión, con lesión. Estos últimos a su vez se clasifican en
accidentes con incapacidad parcial temporal, incapacidad total temporal,
incapacidad total permanente y fatal".
Ahora bien, este convenio fue adoptado el 17 de Julio de 1964, y
establece que la legislación nacional sobre las prestaciones en caso de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales debe proteger a todos
los asalariados, incluidos los aprendices, de los sectores público y privado,
comprendidos aquellos de las cooperativas, y, en caso de fallecimiento del
sostén de familia, a categorías prescritas de beneficiarios.
El artículo 6 del convenio describe cuáles son las contingencias cubiertas:
- Estado mórbido.
- Incapacidad para trabajar que resulte de un estado mórbido y que
entrañe la suspensión de ganancias. tal como esté definida en la legislación
nacional.
- Pérdida total de la capacidad para ganar o pérdida parcial que exceda
de un grado prescrito, cuando es probable que dicha pérdida total o parcial
sea permanente, o disminución correspondiente de las facultades físicas.
- Pérdida de los medios de existencia, sufrida a consecuencia del
fallecimiento del sostén de la familia, por categorías prescritas de beneficiarios.
En la legislación venezolana se encuentran definidos específicamente en
la ley de prevención, condición y medio ambiente de trabajo cada una de las
discapacidades que pueden ocurrir en el área de trabajo, como lo son:
29
(1) Discapacidad temporal: Se entiende por aquella situación que se
encuentre el trabajador a consecuencia de un accidente trabajo o
enfermedad ocupacional que lo imposibilite de manera temporal a realizar su
labor.
(2) Discapacidad parcial permanente: Es la contingencia que le puede
ocurrir a un trabajador a consecuencia de un accidente de trabajo o
enfermedad ocupacional, generando disminución parcial y definitiva menor
del sesenta y siete (67%) por ciento de su capacidad física o intelectual para
el trabajo.
(3) Discapacidad total permanente: esta discapacidad genera en el
trabajador o trabajadora una disminución mayor o igual al sesenta y siete por
ciento (67%) de su capacidad física, intelectual o ambas, impidiéndole el
desarrollo de las actividades laborales inherentes a la ocupación u oficio
habitual que venía desarrollando antes de la contingencia, siempre que se
conserve capacidad para dedicarse a otra actividad laboral distinta.
(4) Discapacidad absoluta permanente: genera en el trabajador o
trabajadora una disminución total y definitiva mayor o igual al sesenta y siete
por ciento (67%) de su capacidad física, intelectual, o ambas, que lo
inhabilita para realizar cualquier tipo de oficio o actividad laboral.
(5) Gran discapacidad: esta discapacidad impide al trabajador a realizar
los actos elementales de la vida diaria obligándolo a auxiliarse de otras
personas para realizar dichos actos.
(6) Muerte: La muerte causada por un accidente de trabajo o enfermedad
30
ocupacional, causa el derecho a sus sobrevivientes calificados, a recibir un
pago único, distribuido en partes iguales, equivalente a veinte (20) salarios
mínimos urbanos vigentes a la fecha de la contingencia.
El empleador deberá denunciar el accidente inmediatamente de producido
dentro de las 24 horas siguientes. También podrá denunciarlo cualquier
persona que haya tomado conocimiento del hecho. Se excluyen los
accidentes producidos por fuerza mayor extraña y sin relación alguna con el
trabajo o los producidos.
2.1.1.6. CONVENIO 128. PRESTACIONES DE INVALIDEZ, VALIDEZ Y
SOBREVIVIENTES
Con fecha veintinueve de junio de mil novecientos sesenta y siete, el
siguiente convenio, que deberá garantizar a las personas aseguradas el
pago de prestaciones de invalidez cuando la persona se encuentre
incapacitada para ejercer una actividad lucrativa cualquiera, cuando sea
probable que esta incapacidad será permanente o cuando subsista a la
terminación de un período prescrito de incapacidad temporal o inicial.
En este sentido, prestaciones de vejez para las cuales el Convenio
establece como principio general que la edad prescrita no deberá exceder
de sesenta y cinco años; y también el pago de pensiones de
sobrevivientes, la cual se hará efectiva ante la pérdida de medios de
subsistencia sufrida por la viuda o hijos como consecuencia de la muerte
del sostén de familia.
31
Cabe destacar que mediante el Artículo 34, el Convenio garantiza que: 1.
Todo solicitante deberá tener derecho a interponer un recurso en caso de
que se le niegue una prestación o en caso de reclamación sobre su calidad o
cantidad.
2. Deberán establecerse procedimientos que permitan al solicitante
hacerse representar o ser asistido, cuando sea apropiado, por una persona
calificada escogida por él, o por un delegado de una organización
representativa de las personas protegidas.
En este mismo orden, la legislación venezolana prevé la seguridad social,
mediante aplicaciones concretas del derecho, entre otras en materia de
pensión de sobreviviente, choquen o se contrapongan parcialmente con el
contenido concreto de otros derechos también fundamentales, obligando al
intérprete a encontrar una solución a través de un método de interpretación
legítimo dentro del contexto del Estado Social de Derecho.
De acuerdo con lo antes mencionado, cuando el juez se encuentra ante
reclamaciones relacionadas con la pensión de sobrevivientes deberá
construir su juicio sobre dos tipos de premisas:
(a) Las primeras, de tipo analítico, como la forma de concreción del
derecho a la seguridad social y, por consiguiente, el grado de afectación o
limitación que deba soportar en una situación específica.
(b) Las segundas, de tipo fáctico – valorativo, que toman en consideración
el contexto concreto de aplicación, es decir, la situación de necesidad o no
en que se encuentre el solicitante, la edad del mismo, la eficacia para el caso
32
específico de los mecanismos ordinarios que prevé el ordenamiento jurídico,
entre otros.
De este modo podrá el juez determinar, no sólo el impacto que una
medida tiene en el derecho a la pensión de sobreviviente, sino la eventual
afectación que su realización supone sobre derechos como el mínimo vital, el
derecho fundamental a la salud o el libre desarrollo de la personalidad del
titular de los mismos. Se resalta entonces la imposibilidad de aplicación total
o absoluta de los derechos fundamentales en situaciones concretas y, por
consiguiente, la necesidad que tienen estos de ceder a favor de otros
derechos fundamentales en concordancia con la precisa situación en que se
pretenda su aplicación.
2.1.1.7. CONVENIO 130. ASISTENCIA MÉDICA Y PRESTACIONES
MONETARIAS DE ENFERMEDAD
La asistencia de la Seguridad Social tiene por objeto la prestación de los
servicios médicos y farmacéuticos necesarios para conservar o restablecer la
salud de sus beneficiarios, así como su aptitud para el trabajo. En este
sentido, el Convenio adoptado el 25 de junio de 1969, establece en los
Artículos 7 y 13 las contingencias y las prestaciones que tienen como objeto
conservar, restablecer o mejorar la salud de la persona protegida y su aptitud
para trabajar y para hacer frente a sus necesidades personales.
Las contingencias cubiertas deberán comprender: a) la necesidad de
asistencia médica curativa, y, en las condiciones prescritas, de asistencia
33
médica preventiva; b) la incapacidad para trabajar, tal como esté definida en
la legislación nacional, que resulte de una enfermedad y que implique la
suspensión de ganancias.
Adicionalmente, el Artículo 27 conviene en que en caso de muerte de la
persona beneficiaria esta prestación una asignación por gastos funerarios
deberá ser pagada, en condiciones prescritas, a sus sobrevivientes, a las
demás personas a su cargo o a la persona que hubiere costeado tales
gastos.
Ahora bien, en Venezuela se aplica este convenio, a través de la Ley Del
seguro Social (1991) específicamente en el artículo 3; donde:
Las personas que prestan servicios a la Nación, Estados, Territorios Federales, Distrito Federal, Municipios, Institutos Autónomos y en general a las personas morales de carácter público, quedan cubiertas por el régimen del Seguro Social Obligatorio en los casos de prestaciones en dinero por invalidez o incapacidad parcial, vejez, sobrevivientes y nupcias. Se aplicará el seguro de prestaciones de asistencia médica y prestaciones en dinero por incapacidad temporal, cuando el Ejecutivo lo considere conveniente. A estos fines tomará las providencias necesarias para incorporar los servicios médicos asistenciales de los Ministerios, Institutos Autónomos y demás entidades públicas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Para los efectos de esta Ley, las entidades y personas morales mencionadas se considerarán como patronos. Todo lo relativo a la previsión y seguridad social de los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales continuará rigiéndose por leyes especiales.
En efecto, para los investigadores, el Estado venezolano ha aumentado
número de personas protegidas, y ha ampliado los servicios de asistencia médica
que se proporcionen y extender la duración de las prestaciones monetarias de
enfermedad como se exigen a nivel internacional, a través de este convenio.
34
2.1.1.8. CONVENIO 157. CONSERVACIÓN DE LOS DERECHOS EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Fue el 21 de Junio de 1982 cuando se adopto este convenio, el cual prevé
la creación de un régimen internacional para que quienes trabajan o están
fuera de su país conserven los derechos relacionados con todas las ramas
de la seguridad social entre ellas, asistencia médica, prestaciones
económicas de enfermedad, prestaciones de maternidad, prestaciones de
invalidez, prestaciones de vejez, prestaciones de supervivencias,
prestaciones en caso de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales, prestaciones de desempleo y prestaciones familiares.
El Tratado no pretende crear un sistema de Seguridad Social común a los
Estados miembros, sino que se limita a remover las trabas a la libre
circulación de trabajadores y a coordinar los sistemas nacionales existentes,
para que los trabajadores puedan conservar sus derechos adquiridos y/o en
curso de adquisición, respetando la diversidad, propia de la historia y cultura
de cada Estado.
La normativa de coordinación se caracteriza por ser neutral respecto del
contenido material de las normas nacionales, el Estado miembro conserva el
derecho a determinar los tipos de prestaciones y las condiciones de concesión.
En cambio, el Derecho comunitario impone determinadas normas y principios al
objeto de garantizar que la aplicación de los distintos sistemas nacionales no
perjudica a las personas que ejercen su derecho a la libre circulación.
35
Establece entonces, según su análisis un marco normativo mínimo de
seguridad social en materia de asistencia médica, prestaciones monetarias
de enfermedad, desempleo, vejez, accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, prestaciones familiares, de maternidad, de invalidez, de
sobrevivientes, así como el cálculo de los pagos periódicos e igualdad de
trato entre residentes nacionales y extranjeros.
2.1.1.9. CONVENIO 168. EL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN CONTRA EL
DESEMPLEO
El desempleo, hace referencia a la situación del trabajador que carece de
empleo y, por tanto, de salario. Por extensión es la parte de la población que
estando en edad, condiciones y disposición de trabajar carece de un puesto
de trabajo. En virtud de esta circunstancia, el 21 de junio de 1988 por la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su
septuagésima quinta reunión, y entra en vigor el 17 de octubre de 1991.
En efecto, se detalla los elementos indispensables del régimen de
prestaciones de desempleo que, junto con otros medios tales como los
servicios de empleo, la orientación y la formación profesionales, han de
propiciar una activa política de empleo como objetivo nacional prioritario.
En vista de lo planteado expresa en su artículo 2 que: Todo Miembro deberá
adoptar medidas apropiadas para coordinar su régimen de protección contra el
desempleo y su política de empleo. A tal fin deberá procurar que su sistema de
protección contra el desempleo y en particular las modalidades de
36
indemnización del desempleo, contribuyan al fomento del pleno empleo,
productivo y libremente elegido, y no tengan por efecto disuadir a los
empleadores de ofrecer un empleo productivo ni a los trabajadores de buscarlo.
Es de destacar, que el convenio no sólo protege contra el desempleo total
sino también contra la pérdida de ingresos, a raíz de desempleo temporario o
suspensión de trabajo temporal, y exhorta a los Estados Miembros de la OIT
a promover oportunidades de empleo suplementarias para determinas
categorías de personas desafortunadas y a ampliar progresivamente la
protección a los nuevos solicitantes de empleo.
No obstante, Venezuela según este convenio, suministra información relativa
a las medidas tomadas o en proyecto destinadas a luchar contra el desempleo.
Y establece agencias de colocación pública y gratuita. Además es importante
hacer mención que en los últimos años, se ha implementado una inamovilidad
laboral que tiene como fin la protección del trabajador ante posibles despidos.
2.1.2. LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD
EN CUANTO A LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
La corresponsabilidad entre Estado y sociedad en complemento de los
derechos humanos, constituye una relación de derechos y obligaciones entre
sujetos que participan solidariamente para el fortalecimiento y promoción de
las instituciones que persiguen como objetivo un bienestar.
Según, Meléndez (2005) el Estado tiene su asiento de responsabilidad como
fuente el ámbito constitucional, pero también tiene su fuente en el derecho
37
internacional público general y en el derecho internacional público privado, es
decir en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho
internacional humanitario, en el derecho internacional de los refugiados, en el
derecho penal internacional y el derecho internacional del trabajo.
Vale recordar, el reconocimiento constitucional en Venezuela de la
seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo, fue
objetado por representantes del sector privado de la economía nacional. En
esta sentido el Estado Social de Derecho se propone obtener la procura
existencial, ser responsable a través de la llamada administración y sus leyes
su nota definitoria es lo social y sus objetivos se encaminan hacia el bien
común y la participación justa en la riqueza social. El intervencionismo del
Estado social de Derecho es positivo, el Estado social de derecho fomenta la
racionalidad del proceso político-económico-social.
Todo esto se hace en referencia, al objetivo de que el Estado debe ser
sinónimo, es el bien común, donde se supone que es el bien de las personas
que le conforman, así mismo debe de responsabilizarse los ciudadanos que
la conforman, es decir una preocupación por ese bienestar de los
conciudadanos y hacerse coparticipes del bien común.
2.1.2.1. JUSTICIA SOCIAL Y EQUIDAD
La equidad equivale a igualdad, a una interpretación de darle a cada uno
lo que le corresponde, deviene como instrumento para hacer incidir en el
Derecho positivo los criterios de los principios generales, siendo una de las
38
expresiones del ideal de justicia del ordenamiento jurídico, y considerado
necesario para este.
Ahora bien, entre las múltiples relaciones existentes entre la equidad y los
derechos sociales se vinculan al concepto integral de desarrollo. En este
sentido, cuando se ejercita y se activan los mecanismos de los derechos
humanos, se elevará el valor instrumental que el mismo posee, en virtud de
hacer sentir la voz de los excluidos reforzando las reivindicaciones sociales.
Según Arango (2009, p.58), la equidad viene a constituir un componente
del desarrollo humano, la igualdad en los bienes o servicios necesarios
permitirá gozar de una adecuada calidad de vida. A este se le añade
indudablemente una visión integral de reconocer la condición de persona de
cada ser humano y de su dignidad, la cual se expresa principalmente en el
conjunto de los derechos humanos. Siendo estos derechos aquellos que
deben manejarse como libertades reales, tangibles y accesibles para todos.
Se considera como una tendencia a tratar de manera desigual a los seres
que forman parte de una misma categoría esencial, ella se desarrolla
acortando la desigualdad debido a que se extiende hacia el establecimiento
de un paralelismo perfecto de la justicia formal.
Todo esto asegura, condiciones de de vida y trabajo dignas e igualitarias a
través de una búsqueda constante de justicia social, estando presente la
equidad e integración social como política social del estado en la construcción
de una sociedad equitativa, por cuando convergen intereses comunes.
Desde una perspectiva fundamentalmente jurídica la justicia supone la
39
disponibilidad efectiva de causes institucionales destinados a la protección de los
derechos. Determina por tanto las posibilidades de defensa de los derechos
subjetivos y de los derechos humanos en particular, es un requisito para la
autentica garantía de los mismos y es un factor capital en la construcción de
civilidad o ciudadanía y en la consolidación de los valores democrático. (Casal,
2005, p.11)
Por ende para los investigadores, ambos son componentes necesarios de
un concepto integral de desarrollo humano, pues presupone que para una
adecuada calidad de vida el reconocimiento de la condición de persona, de
cada ser humano y de su dignidad siendo derechos que han de operar como
libertades reales, tangibles y accesibles para todos.
2.1.2.2. IRRENUNCIABILIDAD
La irrenunciabilidad se limita a los derechos provenientes de normas
imperativas, así serian validos los acuerdos que alteren, aun en perjuicio del
dependiente, las condiciones de trabajo, siempre que los mininos legales
inderogables provenientes del orden publico sean respetados.
En este orden de ideas, la irrenunciabilidad debe entenderse en sentido
amplio pero en relación con los derechos laborales derivan de la naturaleza
de orden público y consagrado en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela en el capitulo V “de los derechos sociales y de las familias” en
su artículo 89 numeral 2; los trabajadores en ningún caso podrán renunciar a
sus derechos; por lo tanto bajo este principio, está imposibilitado de privarse
40
voluntariamente de las garantías que le otorga la legislación laboral, aunque
sea por beneficio propio. Lo que sea renunciado está viciado de nulidad
absoluta por lo tanto todo acuerdo o convenio que implique renunciar o
menoscabar dichos derechos no tendrán validez.
Así también establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo ofrece
normas de contenido mínimo obligatorio; Alfonzo (2006) define que la
irrenunciabilidad es más exacta si se entiende como la prohibición al trabajador
de desistir de la titularidad de un derecho mediante acto, expreso o tácito con el
patrono.
En efecto, se está imposibilitando de privarse, voluntariamente, de los
derechos garantías que le otorga la legislación en materia de seguridad
social, aunque sea por beneficio propio. Lo que sea renunciado está viciado
de nulidad absoluta. La autonomía de la voluntad no tiene ámbito de acción
para los derechos irrenunciables.
2.1.2.3. PROGRESIVIDAD
La progresividad para Martínez (2010, p.58) implica la obligación de
avanzar, y supone dos obligaciones implícitas, la de mejorar continuamente
el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, y la de
abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas. Requiere que los
Estados no permanezcan pasivos frente a un deterioro en el nivel de goce o
disfrute de los derechos, es decir la no tolerancia que ocurra una disminución
en el nivel de protección de tales derechos.
41
En este orden, el principio de progresividad está dirigido a que las
garantías laborales de los trabajadores no se vean condicionadas o
disminuidas por normas regresivas que atenten contra el orden público
laboral. (Fuentes, 2009, p. 54)
Este principio se encuentra relacionado con el principio de intangibilidad,
puesto que constituyen derechos favorables atribuidos a los trabajadores,
son disposiciones de orden público y de aplicación territorial.
La intangibilidad da seguridad una vez que un derecho ha sido consagrado
en una convención colectiva, y dicho derecho no puede ser aminorado, ni por
una que se establezca con posterioridad al beneficio otorgado.
Es decir, los derechos consagrados en las leyes asumirán modificaciones
constantes adaptándose a cambios de la sociedad, propio de ellos en cuanto
a nuevas condiciones para una mayor calidad de vida. A los efectos el
Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los
servicios en la forma que determine la ley.
2.1.2.4. INDIVISIBILIDAD
La indivisibilidad de los derechos se establece en el Título III de los
derechos humanos y garantías, y de los deberes de la Constitución de la
Republica Bolivariana de Venezuela, donde el Estado garantizara el
cumplimiento de los derechos humanos a toda persona.
Constituye el principio de indivisibilidad el libre desenvolvimiento de toda
42
persona, si mas limitaciones que la establecidas por la ley consideradas de
orden público y en respeto de los derechos de los demás ciudadanos, así
expuesto en el artículo 20 de la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela.
Este principio, está aceptado por la comunidad Internacional. Así, la
Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en
Viena en Junio de 1993, expresa en su párrafo 3: que los derechos
humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están
relacionados entre sí, la comunidad internacional debe tratar los derechos
humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y
dándoles a todos el mismo peso.
Es decir, que en conjunto de los derechos humanos, civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, individuales y colectivos, necesariamente
está presente en nuestras consideraciones, ya que la violación de unos lleva
a comprometer la garantía de los demás.
Puede decirse, que la indivisibilidad, se convierte así en referencia crítica de
aquellas políticas que potencian sólo un bloque de derechos (por ejemplo, los
civiles y políticos; o los económicos y sociales; o el derecho al desarrollo),
sacrificando los otros ya sea en nombre de una jerarquía entre ellos ya sea
porque los postergan para su posterior y más o menos espontáneo cumplimiento.
De igual forma, se convierte en referencia crítica de todas las estrategias
de contestación que se pretenden justificar desde la reivindicación de un
derecho pero que implican el grave incumplimiento de otros.
43
En este sentido, se hacen consideraciones importantes, donde la
indivisibilidad no sólo se traduce en la exigencia de que quien reclama un
derecho debe hacerlo respetándolos todos; es también la referencia que
permite entender adecuadamente el sentido y alcance de cada uno de los
derechos, al situarlo en interrelación con los demás.
Todos los derechos son fines en sí mismos, pero precisamente porque
remiten a la misma fuente de la dignidad humana, porque son indivisibles,
son también interdependientes, esto es, el ejercer unos derechos se
convierte en condición de posibilidad y en vía de realización de otros.
2.1.2.5. DERECHOS Y DEBERES
Los derechos componen un conjunto de prerrogativas inherentes a las
personas cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo
integral de la sociedad jurídicamente organizada. Así mismo, todos están en
la obligación de cumplir deberes, es decir, respeto a los derechos los cuales
han de encontrarse establecidos en leyes y reconocidos por el Estado.
En referencia al principio de corresponsabilidad, tanto Estado como
sociedad posee derechos y deberes, que deben cumplir de forma solidaria
en busca del bienestar social general.
(A) DERECHOS Y DEBERES DEL ESTADO
La noción de derechos corresponde con la afirmación de la dignidad de la
persona; el Estado debe ejercerse al servicio del ser humano, no puede ser
44
empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe
ser orientador para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones
cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial (Nikken 1994;
citado por Marcucci 2010).
Los derechos humanos, por su característica de inviolabilidad, nadie está
autorizado para atentar o destruirlos; por ello el Estado debe regirse por el
respeto hacia ellos, y por ende, las leyes dictadas no pueden ser contrarias a
estos.
Por ello, en función de los deberes del Estado y cumplimiento de lo expuesto
en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en los artículos 19,
29 y 30; deberá garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos
conforme a los principios de progresividad, irrenunciabilidad e indivisibilidad y de
obligatorio cumplimiento por todos los órganos del Poder Público.
De igual forma, el Estado está en el derecho y deber de investigar y
sancionar legalmente a quien realice actos contra los derechos humanos, y
siendo delitos imprescriptibles, y así mismo, la obligación de indemnizar a las
víctimas.
En referencia a la seguridad social, considerado como un derecho
humano, el estado asume la responsabilidad de realizar aportes en el
financiamiento del sistema por su naturaleza pública, a través del Fisco
Nacional, con el fin de no relevar al Estado de su obligación de ser garante y
colaborador de la seguridad social con el carácter de orden público. (Sainz,
1999, p.163)
45
El Estado está en el deber de asegurar la efectividad del sistema de
seguridad social, de regular su organización, funcionamiento y ejercer un
control para una aplicación eficaz del mismo, y cumplimientos de los
beneficios en protección de sus afiliados.
(B) DERECHOS Y DEBERES DE LA SOCIEDAD
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela , en su
exposición de motivos hace referencia a los principios de la historia
constitucional en Venezuela; ilustra la Declaración de los Derechos de 1811,
publicada en Gaceta Oficial el 23 de julio del mismo año, como el origen y
desarrollo de los derechos del hombre en sociedad.
Posteriormente, en la Constitución Federal de Venezuela de 1811,
consagra los deberes del hombre en sociedad que se mantienen en la actual
constitución; promoviendo una sociedad armónica, solidaria e integrada y
comprometida en todos sus ámbitos.
En tal sentido, destaca la obligación de la sociedad de promover y
defender los derechos humanos, como fundamento de la convivencia
democrática y la paz social. De tal manera, cabe resaltar la importancia de
los derechos humanos en la sociedad; destacando que ellos son un conjunto
de principios que les otorgan a los ciudadanos una serie de protección
cuando estos quieran ser transgredidos por el Estado.
En este sentido, en materia de seguridad social; el articulo 86 expone
“toda persona tiene derecho a la seguridad social…” y así mismo, el artículo
46
87 establece que toda persona tiene derecho al trabajo y por ende, la
obligación de trabajar para contribuir con el estado al funcionamiento del
sistema de seguridad social, a través de cotizaciones para cubrir los servicios
y beneficios necesarios con fines sociales y bajo la rectoría del estado.
El sistema tripartito de seguridad social asumido por la legislación venezolana
además del financiamiento del Estado, deberá cumplir con el sustento del
mismo todos los trabajadores en conjunto con los empleadores. Los
empleadores deberán cumplir con la obligación de inscribir a sus trabajadores
en el sistema de seguridad social en las formas determinadas por las leyes.
2.1.2.6. GARANTIAS
La garantía refiere a las medidas y acciones que debe tomar el Estado en
protección y cumplimiento de los derechos de las personas. En
consecuencia, La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela
desarrolla en su Título III, de los derechos humanos y las garantías, todas las
gestiones que el Estado garantizara en defensa de los derechos humanos.
El artículo 86 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela que el
estado garantiza el ejercicio efectivo de los derechos en materia de seguridad
social y así asegurar la protección de contingencias y cualquier otra circunstancia
de previsión social. La previsión social tiene como principal objetivo crear una
forma para construir contextos sociales, políticos, económicos, tecnológicos, en
los que se desenvolverá los trabajadores y la sociedad.
El estado en su política social establece estrategias para la creación de un
47
sistema innovador, con una compleja estructura funcional integrada por
organismos y entes públicos, con atribuciones rectores, fiscalizadoras,
supervisoras, recaudatorias y de gestión encargadas de garantizar a las
personas el cumplimiento de los beneficios y creando condiciones optimas
para la defensa del derecho a la seguridad social y el control social de la
gestión del sistema. (Ceja, citado por Viteri 2008)
La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social en su artículo 17
determina las contingencias que el estado debe cubrir, y así darle un
cumplimiento efectivo al sistema de seguridad social, siendo estas
situaciones como la maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez,
incapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, desempleos y
demás prestaciones en función del ejercicio del derecho.
2.1.2.7. PRINCIPIOS
Los derechos humanos están insertos dentro de los principios generales
del derecho. Enseña Peces (2007, p.125) que los principios generales del
derecho son fuente de los derechos fundamentales, y que lo son casi
siempre como supletorios de la carencias de fuentes en este campo, como
son la Constitución y las leyes ordinarias. Su afirmación tiene el sentido de
indicar que los principios que acoge el derecho positivo (y trae como ejemplo
los valores del respeto a la dignidad humana, o el principio de libertad) sirven
para dar recepción a los derechos humanos cuando faltan normas expresas,
y para acicatear su inclusión en ellas."
48
Por el contrario, Bidart (2009, p.267) dice que la filosofía y la ideología de
los derechos humanos son la fuente de dichos principios, entendiendo por
fuentes que aquellas hacen ingresar a los principios generales el de que hay
que promover, respetar y dar efectividad de los derechos humanos.
Ahora bien, unos principios humanos que merecen respeto, tutela,
reconocimiento, promoción, vigencia, sociología, deben considerarse hoy
como situados dentro, o formando parte de los principios generales del
derecho, al menos dentro del orbe cultural al que pertenecemos.
En cuanto, a la función y finalidad de los derechos humanos: En principio
se puede decir que ellos sirven de ideas de fuerza, ya que disponen vigor
para canalizar el derecho futuro, para perfeccionar el existente y para
acelerar el cambio y la transformación.
El curso histórico que ha seguido la filosofía de los derechos humanos va
mostrando hitos importantes en un progreso, por ejemplo se ha alcanzado la
instancia de la internacionalización. La difusión de la filosofía de los derechos
humanos se han empujado a una ascendente de su positivización. Sin ella el
derecho de los derechos humanos no sería hoy lo que es. Cuando pasamos
al derecho positivo y un funcionamiento eficaz, los derechos humanos
diversifican su función valiosa.
Los derechos humanos cumplen una función determinada, dentro del
orden social. Desde un punto de vista filosófico, dan la orientación necesaria
para introducir dentro del derecho los derechos humanos. Dentro del
derecho, son los que hacen que se pueda llegar al bien común dentro de la
49
sociedad, garantizando el desarrollo de todas las personas, teniendo como
base a la dignidad de la persona. Los derechos humanos marcan los límites
del abuso del poder, se fundan en la ética de la libertad, la igualdad y la paz.
El sistema de los derechos humanos cumple una política de propiciar el bien
común, la libertad y el desarrollo de todos los hombres, en todos los
aspectos y ámbitos de su convivencia.
Por lo tanto, en la función de los Derechos Humanos se puede destacar la
importancia de la filosofía de los derechos humanos, la cual nos da la base
necesaria, para que luego surja una determinada ideología basada en la
democracia y esta nos del pie para poder insertar dentro del Derecho
positivo, las normas basadas en los derechos humanos, dentro del ámbito
social
Respecto al tema de los principios del Derecho de la seguridad social, se
permite en base a la doctrina, jurisprudencia, así como el marco legal, se
estima los principios más emblemáticos de la seguridad social que muestran
una clara y absoluta distinción con los del derecho laboral.
(A) UNIVERSALIDAD
Este principio está orientado a garantizar que todas las personas sin
distinción alguna tengan derecho a la cobertura de las prestaciones,
con independencia a que desarrollen o no una actividad económica, y
que su actividad laboral sea dependiente o autónoma. (Fuentes, 2009,
p.55).
50
(B) INTEGRIDAD
La integridad está dirigida a proteger a todas las personas contra todas las
contingencias y así expuesto en el artículo de la Ley orgánica del sistema de
seguridad social.
(C) SOLIDARIDAD
Se puede decir que este principio es piedra angular de la seguridad social
puesto que es un principio básico, aunque algunos autores limitan el alcance
de este principio solo el financiamiento del sistema, no obstante se estima
que debe reconocérsele una proyección mayor debido a que la solidaridad
social es una manifestación de la fraternidad entre los hombres que imponen
a quienes conviven en sociedad y se prestan reciproca ayuda. (Fuentes,
2009, p.55)
(D) UNITARIO
El artículo 8 de la ley orgánica del sistema de seguridad social expone que
este será unitario, siendo la articulación de políticas, institucionales,
procedimientos y prestaciones, a fin de alcanzar el objetivo de un sistema firme.
(E) EFICIENTE
Es la mejor utilización de los recursos para que los beneficios de la ley
orgánica del sistema de seguridad social sean prestados de forma estable.
51
Expuesto así en el artículo 86 de la constitución de la república bolivariana
de Venezuela “…Los recursos financieros de la seguridad social no podrán
ser destinados a otros fines…”
(F) PARTICIPATIVO
Se presenta el principio de corresponsabilidad así desarrollado por la
constitución de la república y en el artículo 14 de la ley orgánica del sistema
de seguridad social, donde la participación en el sistema de seguridad social
estará representado por los actores sociales y culturales en todos sus
niveles.
Por otro lado, se puede hacer mención de que estos principios que son
aquellos juicios de valor, anteriores a la formulación de la norma positiva, que
se refieren a la conducta de los hombres en su influencia intersubjetiva, que
fundamentan la creación normativa legal o consuetudinaria. La remisión de
tales principios los es a un juicio de valor, que es lo que se denomina
Derecho Natural
2.1.2.8. PLURALIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA
En el Preámbulo de la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela (1999), se establece que el fin supremo de la misma es “refundar
una sociedad democrática, participativa y protagónica”; de esta manera, se
reconoce el rango constitucional a la participación ciudadana.
Etimológicamente la palabra participación proviene del latín “partem
52
capere” que se traduce en “tomar una parte” o “ tomar parte”; en sentido
técnico la participación ciudadana es comprendida como un proceso social,
continuo y dinámico, por medio del cual los miembros de una comunidad a
través de mecanismos establecidos y organizaciones legítima en las cuales
se encuentren representadas todos los miembros de la comunidad deciden,
aportan y participan en la realización del bien común; también puede
traducirse en la actuación de los ciudadanos en las actividades públicas.
Todo esto, para hacer prevalecer tanto sus intereses sociales así como para
defender y garantizar los derechos colectivos o difusos, a través de mecanismos
(estructuras y procesos) idóneos por medio de los cuales el ciudadano es
tomado en cuenta en la toma de decisiones por parte de la administración
pública en materias que de manera directa le afectan, abarcando incluso etapas
anteriores y posteriores a la toma de decisiones en sí, como podrían ser la
consulta, resolución, votación y ejecución de esas decisiones.
La participación ciudadana puede también ser considerada como forma
estratégica usada para activar o reactivar las relaciones entre el Estado y la
sociedad, en aras de afianzar el sistema democrático como forma de
gobierno, pues la misma ofrece elementos eficientes y eficaces para
democratizar y mejorar la sociedad, dando así, legitimidad al sistema
democrático.
Según Moreno (2004) la participación implica un proceso mutuo de
transformación en la medida en que la persona al mismo tiempo que
trasforma, se ve transformada por la realidad o hecho en el que participa, por
53
su parte en el ámbito de la comunidad la participación también implica y
abarca espacios y estructuras que van desde los espacios de encuentro
informales hasta los plenamente constituidos y legalizados.(2004, p.125)
Ahora bien, la seguridad social representa un derecho humano y expuesto
en la constitución de le república, donde la seguridad social es un servicio
público de carácter no lucrativo y por tanto no deberá ser motivo de exclusión
independiente de su capacidad contributiva.
El ámbito de aplicación que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del
Sistema De Seguridad Social (2002) es que el estado garantizara este
derecho a todos los venezolanos residentes en la república sin distinción de
condición social, actividad laboral, medio de desenvolvimiento y salario.
De la participación de los actores sociales y cultura de la Seguridad Social
el artículo 14.
El Sistema de Seguridad Social garantizará, en todos sus niveles, la participación protagónica de los ciudadanos, en particular de los afiliados, trabajadores, empleadores, pensionados, jubilados y organizaciones de la sociedad civi l, en la formulación de la gestión, de las políticas, planes y programas de los distintos regímenes prestacionales del Sistema de Seguridad Social, así como en el seguimiento, evaluación y control de sus beneficios y promoverá activamente el desarrollo de una cultura de la seguridad social fundamentada en una conducta previsiva, y en los principios de solidaridad, justicia social y equidad. Las leyes de los regímenes prestacionales del Sistema de Seguridad Social y sus reglamentos, fijarán las modalidades en las que participarán los ciudadanos amparados por esta Ley.
Siguiendo este orden de ideas es necesario analizar los diferentes tipos de
participación que pueden ser reconocidos por el estado venezolano.
54
- Participación política: proceso social que tiende a la democratización
del poder y de la toma de decisiones.
- Participación social: proceso social que tiende a integrar al individuo a
la sociedad
- Participación económica: proceso social que tiende a integrar al
individuo a la generación de riqueza.
Para concluir los investigadores reseñan, que la participación ciudadana
en Venezuela es un elemento que se encuentra consagrado en la Carta
Magna, en distintas acepciones ya sea como principio, derecho, deber,
espacio o instancia y como proceso sociopolítico. En su concepción de
participación como deber la Constitución en el artículo 132 expresa que toda
persona tiene el deber de cumplir con sus responsabilidades sociales y
participar de manera solidaria en la vida política y comunitaria.
2.1.2.9. FINES
Los artículos 2 y 3 de la ley orgánica del sistema de seguridad social
establecen que el estado garantizara la efectividad del derecho a la
seguridad social, mediante la creación de un sistema de seguridad social,
como servicio público, de carácter no lucrativo que debe amparar a las
personas sujetas a su campo de aplicación ante las contingencias; la
protección a las contingencias, establecidas en la misma ley.
El estado asume la responsabilidad de garantizar a los ciudadanos el
derecho a la seguridad social con la creación de un sistema integral, que
55
como conjunto orgánico e interrelacionado de regímenes de protección
social, pretende abordar aspectos fundamentales tales como la salud
vinculados a la calidad de vida y al desarrollo humano con el fin de lograr un
sistema eficaz, equilibrado y actual. (Tubiñez, 2008, p.63).
A lo expuesto, los investigadores resaltan que para que Venezuela
obtenga los fines que consagran los derechos humanos es necesario, que
este se organice a nivel administrativo, con la intención, de promover el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas y su bienestar.
2.2. SEGURIDAD SOCIAL
Definir la seguridad social es una tarea difícil, ya que no existen acuerdos
entre los distintos autores, tratadistas y doctrinas, por los diversos contenidos
que involucra el concepto, como por las implicaciones de su desarrollo en la
estructura de la sociedad, por la responsabilidad del Estado en su
instrumentación y por la vinculación que tiene con la doctrina de derechos
humanos. Conceptos como asistencia social y seguro social, coexisten y
forman parte del acervo cultural vinculado a la seguridad social.
El venezolano Zúñiga (2006, 197) define a la seguridad social como el
conjunto de medidas previsivas que conducen a garantizar a los habitantes
de un país los medios económicos para lograr las condiciones mínimas de
comodidad, salud, educación y recreación necesarias; y las providencias
contra una serie de riesgos inherentes a la vida moderna, tales como el
desempleo, la enfermedad profesional o de otro origen, la invalidez parcial o
56
total, la ancianidad, la educación de los niños, los derivados de la muerte del
jefe de familia.
En su trabajo de introducción a la seguridad social de la Oficina
internacional del trabajo define la seguridad social como:
La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas publicadas, contra las privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían de la desaparición o de una fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte ; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.
De igual forma la ley orgánica del sistema de seguridad social expone que
se entiende como seguridad social el sistema integrado de regímenes
prestacionales, que es el conjunto de normas que regulan las prestaciones
que se atenderán en caso de contingencias.
Venezuela ha acogido un sistema de seguridad social mixto, basado en el
principio de corresponsabilidad, que se caracteriza por la partición del
estado, trabajador y empleador.
En atención a lo expuesto, el sistema de seguridad social tendrá sus
fuentes de financiamiento en las cotizaciones que realicen sus afiliados, los
aportes fiscales del estado, entre otro cualquier ingreso para su
financiamiento, así establece en el artículo 106 de la ley orgánica del sistema
de seguridad social.
En opinión de los investigadores la seguridad social es “... un sistema de
protección social, fundado legalmente, orientado a garantizar a los habitantes
57
de un país un mínimo de condiciones favorecedoras de una existencia
humana y digna”.
2.2.1. LA SEGURIDAD SOCIAL EN VENEZUELA COMO UN DERECHO
HUMANO
Definida en términos generales como un sistema basado en cotizaciones
que garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo así
como las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos. La
seguridad social es un derecho humano fundamental que garantiza la
protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para
asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del
ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez,
accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia.
La seguridad constitucional constituye un sistema de protección social
desarrollado por la humanidad durante siglos, con realizaciones significativas
y avances considerables. Ha sido reconocido como derecho en la
declaración universal de los derechos humanos e incorporados como
derecho social y humano fundamentalmente con rango constitucional.
2.2.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El derecho humano a la seguridad social se encuentra establecido en una
amplia gama de declaraciones, tratados, pactos, convenciones,
recomendaciones y resoluciones, que componen sus bases normativas y
58
doctrinarias de carácter internacional. De la misma manera, en el orden
interno, se encuentra reconocido constitucionalmente y en el ordenamiento
legal vigente en Venezuela.
En su estudio, la doctrina y filosofía de la seguridad social Aarón Rivero
expone que: El prócer de la independencia y la integración la tinoamericana
de Simón bolívar, el discurso de angostura (15 de febrero de 1819) dijo por
primera vez: “El sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce
mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor
suma de estabilidad política”.
Las ideas de Simón Bolívar fueron expresadas 62 años antes que la
seguridad social como tal hiciera su aparición en el mundo. No le había
llegado su tiempo a las ideas del Libertador, pero fructificaron y fueron
denominadas según él lo había adelantado.
El principio, la seguridad social como tal nace en Alemania, según lo
documentado por el Hernández fuente en su obra de los antecedentes históricos
de la seguridad social, como producto del proceso de industrialización, las fuertes
luchas de los trabajadores, la presión de las iglesias, de algunos grupos políticos
y sectores académicos de la época. Primeramente los trabajadores se
organizaban en asociaciones de autoayuda solidaria, destacando las mutuales de
socorro mutuo, las cooperativas de consumo y los sindicatos. Eran los tiempos en
que Alemania era gobernada por el káiser.
El primer gran documento de compromiso social del estado, se caracteriza
el mensaje imperial, de 17 de Noviembre de 1821, anunciando protección al
59
trabajador, en caso de perder su base existencial por enfermedad,
accidentes, vejez o invalidez total o parcial; documento escrito por el
Canciller alemán Otto Von Biskamarck (Canciller de Hierro) quien refrenda
tres leyes sociales, que presentan hasta hoy, la base del sistema de
seguridad universal.
- Seguro contra enfermedad 1883
- Seguro contra accidentes de trabajo 1884
- Seguro contra la invalidez y vejez 1889.
Los resultados de este modelo fueron tan eficaces que muy pronto es
extendido a Europa y un poco más tarde a otras partes del mundo. En 1889,
en Paris se creó la asociación internacional de seguros sociales. Sus
postulados a ser temas relevantes en congresos especiales: en Berna en
1891; en Bruselas en 1897; en Paris en 1900; en Dusseldorf en 1902; en
Viena en 1905 y en Roma en 1908.
En el congreso de Roma se propuso además la creación de conferencias
destinadas a conseguir la concertación de convenios internacionales, las
primeras de las cuales tuvieron lugar en la Haya en 191º, en Dresden en
1911 y en Zurich en 1912.
En 1919, mediante el tratado de Versalles, líderes políticos ponen fin a la
primera Guerra mundial. Como producto histórico tratado nace la
organización internacional del trabajo. El preámbulo de la constitución de la
OIT es muy rico en contenido de protección social y sirve como pilar doctrinal
y de política de la seguridad social.
60
Un segundo gran componente de la seguridad social, es introducido desde
Inglaterra por Sir W. Beberidge en 1942. Se conoce como el Plan Beberidge,
este contiene una concepción mucho mas amplia de la seguridad social, fue
adoptado por países Europeos extendiéndose a América Latina y otras
partes del mundo.
En 1944, la conferencia general de la organización internacional del
trabajo congregada en filadelfia presenta la declaración de los fines objetivos
de la OIT y de los principios que deberían inspirar la política de sus
miembros, en su título III establece que la:
Conferencia reconoce la obligación solemne de la organización internacional
del trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que
permitan: extender medidas de seguridad social para garantizar ingresos
básicos a quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa.
La seguridad adquiere tal relevancia que aparece en 1948, como parte
integrante de la declaración de los derechos humanos. El departamento de
seguridad social de la oficina internacional del trabajo, Ginebra, en conjunto
con el centro internacional de la seguridad social, en Ginebra se publicó en
1991 un interesante documento titulado “administración de la seguridad
social”. De este documento se transcribe, una definición ampliamente
aceptada de seguridad social, la cual se describe como:
La protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una
serie de medidas publicadas, contra las privaciones económicas y sociales
que, de no ser así, ocasionarían la desaparición una fuerte reducción de los
61
ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo o
enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la
protección médica y de ayuda a las familias con hijos.
El segundo tipo de sistema de salud nace en 1948 en Inglaterra, cuando el
servicio nacional de urgencias de la gran Bretaña en guerra fue transformado
en el servicio nacional de salud, quizás el modelo de sistema de salud más
influyente aun, el asumir ese país la propuesta del informe Beberidge en
1942. El informe había identificado la atención sanitaria como uno de los tres
requisitos básicos para un sistema viable de seguridad social.
El informe oficial del gobierno en 1944 estipula lo siguiente: “toda las
personas, independientemente de sus medios, la edad, el sexo, o la ocupación,
tendrán las mismas oportunidades de beneficiarse de los servicios médicos y
conexos mejores y más actualizaciones que puedan obtener”.
La constitución de Venezuela de 1947 en su artículo 52 establece por
primera vez el derecho a la seguridad social, dentro de los parámetros de
riesgos de carácter social que afectan a los trabajadores.
Posteriormente en la constitución de 1961 en el artículo 94, ratifica el
derecho a la seguridad social, en esta ocasión el legislador denomina un
sistema de seguridad social de protección para los trabajadores contra los
infortunios del trabajo, por consecuencia de enfermedad, invalidez, muerte,
vejez, desempleo y cualquier otro riesgo objeto de la previsión social.
En Venezuela, el seguro social es concebido bajo un esquema limitado de
acción, tanto en materia de contingencias como de población y territorio
62
cubierto, lo cual es resultado de las características para la fecha de su creación.
Hoy día se encuentran sumergidos en una profunda crisis, consecuencia, a su
vez, de los graves desequilibrios económicos sociales, políticos y morales del
mundo y especialmente de Venezuela, pero de ello, no puede concluirse que
las formas típicas y tradicionales de protección social, del tipo de los programas
públicos, son inviables como modalidad protectora.
Ahora bien la seguridad social en Venezuela, utiliza diversidad de medios:
caridad, beneficencia, asistencia social, seguro social, previsión pública, privada
y sectores sociales. Bajo este criterio, toda la población venezolana estaría
protegida, pues, a su excepción muy relativa del seguro social, los demás
instrumentos o modalidades ofrecen prestaciones a la población en general.
Pero la realidad es otra, debido a la histórica tendencia centralizadora en
la administración pública, la falta de continuidad administrativa y la
agudización de los elementos configurados de la denominada crisis que hoy
día se encuentran sumergidos en los en los graves desequilibrios
económicos, sociales, políticos y morales del mundo, son inviables como
modalidad protectora, económica, social y política de Venezuela, colocando
al descubierto el grado de indefensión y desprotección de los venezolanos.
2.2.1.2. DESARROLLO DE LOS SEGUROS SOCIALES EN VENEZUELA
Los seguros sociales históricamente han estado asociados a las
relaciones de trabajos subordinados, conflictividad obrero patronal y a la
intervención social del estado.
63
El primer régimen amplio de seguro social fue instituido en Alemania por el
gobierno de Bismarck entre 1883 y 1889. Los seguros sociales es una forma
de protección social y este régimen determino un modelo segurista en el que
la carga social o responsabilidad esta sectorizada y limitada a los actores
principales que intervienen en la relación laboral típica: empleadores,
trabajadores y estado (modelo bismarck kiano). Opuesto, al modelo
Beveriagno universalista en el que la socialización del riesgo es plena y la
responsabilidad financiera es colectiva o de origen fiscal.
En conclusión de los investigadores, en Venezuela surgen en 1940 con la
promulgación de la ley, y en 1944 con la creación del instituto central de los
seguros sociales, hoy, instituto venezolano de los seguros sociales; donde la
financiación se segura mediante cotizaciones y de afiliación obligatoria.
2.2.1.3. REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN VENEZUELA
En Venezuela las tendencias mundiales en cuanto a los sistemas de
seguridad social llegaron de manera tardía siendo las Leyes Indias el
antecedente más remoto que puede señalarse como el inicio de la seguridad
social. Para el año 1909 se dan a conocer las primeras normas de seguridad
industrial en nuestro país, establecidas mediante la Ley de Minas, la cual
regulo con más puntualidad lo referido a las jornadas laborales y la seguridad
de los obreros en la explotación de minas. Esta ley sirvió de base para que
en 1917 fuere publicada la Ley de Talleres y Establecimientos públicos, la
cual sostenía la forma y condiciones en que debían laborar los trabajadores a
64
fin de preservar la seguridad e higiene en el trabajo en conjunto con las
primeras disposiciones sobre la responsabilidad patronal en materia de
accidente y enfermedades profesionales así como de higiene y seguridad.
Fue para el año 1928 con la Ley de Trabajo donde realmente se incorporaron
normas más completas relacionadas con la responsabilidad patronal en cuanto
al tema de accidentes y enfermedades profesionales, sin embargo, dicha ley no
tuvo mayor aplicación practica si no hasta 1936 cuando se promulgo una nueva
ley del trabajo, la cual abarco con mayor efectividad toda la materia de la
seguridad social y creo el Seguro Social Obligatorio (SSO) a cargo del patrono,
con su artículo 127. A razón de dicha ley del trabajo, el 24 de Julio de 1940
entro en vigencia la Primera Ley del Seguro Social en Venezuela previendo la
creación de la seguridad social mediante los servicios de Enfermedad,
maternidad, accidentes y patologías por accidentes, lo cual motorizo el rango
constitucional al derecho a la seguridad social en la Constitución de 1947 en su
artículo 52 y dio inicio a la creación del Instituto Venezolano de Los Seguros
Sociales (IVSS) como una institución pública.
Con la aparición de la seguridad social en la Constitución de 1947 se
estableció y regulo la denominada Teoría del Riesgo social, y fue así cuando en
el año 1961 con la nueva Constitución Nacional que se establecieron las bases
para el desarrollo e implementación del derecho a la seguridad social como
sistema. No se puede desestimar el rol de las convenciones colectivas de trabajo,
las cuales mediante acuerdos sobre clausulas referidas a la seguridad y la salud
conllevaron a una evolución dinámica y social vertiginosa a lo largo de estos anos
65
Ya para los últimos años en Venezuela se pueden distinguir tres
momentos en el proceso de reforma de la seguridad social:
En un primer momento, donde en el año 1989, entre las medidas de ajuste
para equilibrar el déficit fiscal y hacer posible la conquista de la Gran
Venezuela, el Ministerio de Trabajo propone un conjunto de diecisiete
programas orientados a reformar toda la seguridad social.
Entre los años 1997 y 1998, en sintonía con la orientación dada a la
reforma de la seguridad social en Chile y otro países latinoamericanos, el
Estado impulso un proceso de reforma social en cuanto a la legislación
laboral mediante un acuerdo tripartito, donde se reforma la Ley Orgánica del
Trabajo y mediante Ley Habilitante concedida al Poder Ejecutivo se
desarrolla la Ley Orgánica de la Seguridad Social.
La aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela en el año 1999, incorporando a ella una nueva concepción del
sistema seguridad social.
En efecto, la seguridad social en Venezuela refleja la evolución de la
responsabilidad de los hombres frente a los estados de necesidad;
responsabilidad que progresivamente fue ampliándose desde la esfera
individual a los grupos sociales, y de éstos a toda la sociedad. Esta
transferencia permitió que los métodos o instrumentos utilizados fueran
perfeccionándose y dieran paso a la seguridad social, como herramienta de la
política social para hacer frente a las necesidades del hombre en su convivencia
social, pero en nuestro país los medios de protección aún se encuentran
66
dispersos a pesar de los esfuerzos legislativos, y en la práctica presentan las
siguientes características:
La seguridad social es entonces un servicio público, un derecho del
hombre, y por tanto una función fundamental del Estado, quién debe
suministrarla mediante un sistema que comprenda las obligaciones del
Estado, de la sociedad, de las instituciones y asigne los recursos destinados
a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de
salud y de servicios complementarios.
2.2.1.4. CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR DE LA POBLACION
ASEGURADA
El bienestar se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad
de la vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos
elementos que dé lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. El bienestar
social es una condición no observable directamente, sino que es a partir de
formulaciones como se comprende y se puede comparar de un tiempo o
espacio a otro. Aun así, el bienestar, como concepto abstracto que es, posee
una importante carga de subjetividad propia al individuo, aunque también
aparece correlacionado con algunos factores económicos objetivos.
Asimismo,el bien social no implica un colectivismo, donde todos son,
teóricamente, dueños de todo pero la propiedad, posesión y uso se
transforman en una abstracción para el pueblo (vgr. el Estado Soviético). No
así para una minoría usurpadora que ocupa el vértice de la pirámide social,
67
desde donde usa y abusa de la propiedad y desde allí administra la
abundancia y escasez: el dominio del hombre.
En desarrollo del marco constitucional, la seguridad social da respuesta a
los conceptos y principios, consagrados en las leyes respectivas. Procura un
sistema de seguridad social eficiente, en conjunto con la salud asociada
indudablemente a una calidad de vida y al desarrollo humano, y el
reconocimiento en el campo laboral de todos los derechos fundamentalmente
por considerarse el empleo como un hecho social.
Todos estos derechos constituyen base fundamental del ordenamiento
jurídico, con las múltiples garantías por parte del estado y la participación de
la sociedad proporcionando así una estabilidad y por tanto el bienestar de las
personas como elemento fundamental de política social.
3. SISTEMA DE CATEGORÍAS
3.1. CATEGORÍA 1
3.1.1. DEFINICIÓN NOMINAL
La categoría de la investigación son los Derechos Humanos.
3.1.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL
La definición conceptual es: Son derechos inherentes a todo ser humano
sin existir distinción alguna de nacionalidad, sexo, color, religión, lengua u
otra clase (Pérez 2001, p.17; citado en Araujo 2010).
68
3.1.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL
Los investigadores desarrollaron que para el concepto de Derechos
humanos, son aquellas preposiciones que le corresponden al ser humano
por la simple condición de tal y que son fundamentales a su
persona.
3.2. CATEGORÍA 2
3.2.1. DEFINICIÓN NOMINAL
Se presenta como categoría de la investigación, la seguridad social.
3.2.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL
El concepto más completo a consideración de los investigadores es el
expuesto en la doctrina por la Oficina Internacional del Trabajo en el año
1992; que define la seguridad social como la protección que la sociedad
proporciona a sus miembros mediante unas medidas publicas contra las
privaciones económicas y sociales.
3.2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL
Los investigadores podemos definir la seguridad social como el sistema
desarrollado por el estado que brinda la protección a la sociedad para la
sobrevivencia a cualquier contingencia que pueda sufrir los asegurados y así
brindar un bienestar económico y social.
69
Cuadro 1 Operacionalización de la categoría
Objetivo General: Analizar los derechos humanos y la seguridad social en Venezuela.
Objetivos específicos Categoría Sub categoría Unidad de análisis
Analizar tratados y convenios internacionales que garantizan la defensa y el derecho a la seguridad social.
Derechos humanos.
Tratados y convenios internacionales que garantizan la defensa y el derecho a la seguridad social.
Declaración universal de los derechos humanos. Convenio 102. Norma mínima. Convenio103 Protección a la maternidad. Convenio 118. Igualdad de trato. Convenio 121. Prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Convenio 128. Prestaciones de invalidez, validez y sobrevivientes. Convenio130. Asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad. Convenio 157. Conservación de los derechos en materia de la seguridad social. Convenio 168. El empleo y la protección contra el desempleo
70
Cuadro 1 (Cont…)
Objetivo General: Analizar los derechos humanos y la seguridad social en Venezuela.
Objetivos específicos Categoría Sub categoría Unidad de análisis
Analizar la corresponsabilidad entre el estado y la sociedad en cuanto a la garantía de los derechos humanos
Derechos humanos.
La corresponsabili
dad entre el estado y la sociedad en cuanto a la
garantía de los derechos humanos.
Justicia social y equidad. Irrenunciabilidad. Progresividad. Indivisibilidad. Derechos y deberes. Garantías. Principios. Pluralidad de participación ciudadana. Fines.
Analizar la seguridad social en Venezuela como derecho humano.
Seguridad social.
La seguridad social en
Venezuela como derecho
humano.
Antecedentes históricos de la situación de la seguridad social en Venezuela. Desarrollo de los seguros sociales en Venezuela. Reforma de la seguridad social. Calidad de vida y bienestar de la población asegurada.
Fuente: Amaya, D’Ambrosio y Medina (2011/2012)