discurso jorge giordani, ley de presupuesto

DERECHO DE PALABRA DEL CIUDADANO

JORGE GIORDANI MINISTRO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS,

PARA EXPONER EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE “LEY ESPECIAL DE ENDEUDAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011”, “LEY DE

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011”, “MARCO PLURIANUAL DEL PRESUPUESTO 2011-2013”, “INFORME GLOBAL 2010” Y

“PLAN OPERATIVO ANUAL 2011”.

PALACIO FEDERAL LEGISLATIVO OCTUBRE, 2010

Asamblea Nacional / 2

Muy buenos días, queridos amigos; ciudadana diputada Cilia Flores, Presidenta

de la Asamblea Nacional y demás integrantes de la Junta Directiva; ciudadanos

ministros y ciudadanas ministras del Gabinete Ejecutivo; ciudadanas diputadas y

ciudadanos diputados; ciudadanas viceministras y ciudadanos viceministros del

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas; ciudadano José David

Cabello, Superintendente Nacional de Administración Aduanera y Tributaria; ciudadano

Nelson Merentes, Presidente del Banco Central de Venezuela; ciudadanas y

ciudadanos directores y coordinadores del Ministerio del Poder Popular de Planificación

y Finanzas; ciudadanos representantes de los medios de comunicación; señoras y

señores.

Venezuela vive momentos de una transición política de la Cuarta a la Quinta

República, al unísono que se plantea la necesidad de una transformación profunda y

radical hacia un nuevo modelo de producción socialista. Y si es cierto que en los

períodos de transición de una formación social a otra es cuando la verdadera relación

entre la base material y su superestructura se deja ver con claridad meridiana, no es

menos cierto entonces que, con el propósito que hoy nos convoca, también régimen

presupuestario requiere de un cambio igualmente profundo y radical en su concepción y

en los mecanismos que utiliza para la asignación de recursos. Reto que no solamente

corresponde al Ejecutivo Nacional bajo la conducción del Presidente Hugo Rafael

Chávez Frías, sino que también involucra de manera importante a este Cuerpo

Legislativo.

La presentación del Proyecto de Ley del Presupuesto y Ley Anual de

Endeudamiento para el Ejercicio Fiscal 2011, ante la Asamblea Nacional además de ser

un imperativo legal, que acatamos plenamente, representa tanto un acto de prudencia

como de responsabilidad de Gobierno. De prudencia, dada las características

singulares de la economía venezolana basada en los hidrocarburos y con alta

dependencia de los precios petroleros. De responsabilidad, porque como Gobierno no

debemos permitir ni mucho menos promover que la captación del ingreso petrolero

refuerce el facilismo y la comodidad propias de la cultura rentística.


Nuestra renta, derivada de la posesión de un recurso natural agotable, ha

marcado la historia del país desde el comienzo del Siglo XX hasta hoy, manteniéndose

la aspiración de “sembrar el petróleo” como una vieja y permanente necesidad, más

ahora si de lo que se trata es de construir una sociedad basada en el trabajo. Para

aunar a la tesis del colapso del capitalismo rentista venezolano, ya existente en las

últimas cuatro décadas, antes del inicio del Gobierno Bolivariano, debemos reconocer la

existencia de una renta aún significativa, captada desde el exterior, dado que nadie en

el país la produce, fuera del valor agregado propio de la explotación física de los

hidrocarburos, como medio de producción no producido.

La magnitud de nuestras reservas probadas y los requerimientos crecientes del

mundo actual de utilizar una fuente energética, como la proveniente de esa riqueza

natural, hace que el tamaño de la renta pueda todavía, por un cierto período, ser

utilizada para honrar la inmensa deuda social acumulada a lo largo de tantas décadas,

particularmente en los cuarenta años de la Cuarta República del período que va de

1958 a 1998.

Ha sido responsabilidad histórica del Gobierno Bolivariano, avanzar en la

cancelación de esta deuda social, con resultados evidentes en los indicadores

internacionales. La magnitud y extensión de los logros alcanzados a partir de febrero de

1999 es la demostración del compromiso social de este Gobierno, de llevar a cabo una

política incluyente y masiva, superando inmensas dificultades que venían

acumulándose históricamente.

Obligados como estamos a dar fiel cumplimiento a las leyes que integran nuestro

ordenamiento jurídico, y por deber de conciencia ante las perspectivas de un cambio

profundo de nuestra realidad, presentamos a ustedes, distinguidos miembros de la

Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley de Presupuesto y Ley de Endeudamiento Anual

para el Ejercicio Fiscal 2011.


El contenido de esta presentación expresa tres elementos fundamentales:

Primero, una evolución y evaluación presupuestaria; segundo, los principios y

fundamentos presupuestarios actuales y, finalmente, la propuesta que nos convoca.

1. Evolución presupuestaria:

1.1. Práctica presupuestaria período 1958-1998. Se caracterizó por la agudización

del déficit fiscal y la acumulación de la deuda pública nacional, situación en parte

explicada por los choques externos adversos provenientes, fundamentalmente, de la

volatilidad del mercado petrolero internacional y el manejo clientelar e irresponsable de

la renta petrolera, que conllevó a un proceso de inestabilidad macroeconómica.

Efectivamente, los mayores niveles de ingreso fiscal petrolero en el período 1974-

1978, explican las elevadas modificaciones al presupuesto, realizadas por la vía de

créditos adicionales.

Con el estallido del problema de la deuda en América Latina en 1982, los impactos

macroeconómicos de los desequilibrios fiscales en nuestro país se hicieron más

evidentes ante el cierre de los mercados de capitales internacionales, con lo cual se

paralizó el mecanismo de financiamiento del déficit a través del endeudamiento externo.

En este sentido, hay que recordar el incremento de la relación de la deuda externa

con el Producto Interno Bruto, al pasar de 5,3% en 1973 a 11,0% en 1983, y a 76,5%

en 1989, proporción ésta que representa el más alto nivel registrado en la relación

deuda externa/PIB de nuestra historia.

La poca capacidad de ajuste de las finanzas públicas a los choques externos, así

como las fuentes de financiamiento utilizadas para cubrir las brechas fiscales en los

períodos de dificultad, impidió en su momento la recuperación sostenible del

crecimiento económico, ocasionando el empobrecimiento de la gran mayoría de la

población venezolana.


Durante la época de la Cuarta República, el diseño de los presupuestos de la

Nación tuvo como expresión fundamental el registro de déficit de magnitudes

importantes, en forma recurrente, logrando equilibrios o superávit fiscales en muy pocas

oportunidades, siempre supeditados a los ingresos obtenidos por la vía de la

exportación petrolera.

El ingreso petrolero constituyó hasta finales de la década de los ochenta, el 80%

de los ingresos fiscales corrientes, óigase bien, el 80% de los ingresos fiscales

corrientes. En contraste, en los últimos 6 años de Revolución, de esta Revolución, de

nuestra Revolución (2004-2010), el aporte del sector petrolero ha disminuido cerca de

un 47%.

Los recurrentes déficit fiscales se tradujeron en elevados niveles de

endeudamiento del sector público, lo que sin duda impulsó serias restricciones a la

política fiscal, confiriéndole a la herramienta presupuestaria un carácter de prociclicidad

que generó muchas distorsiones y reprodujo los desequilibrios fiscales.

El resultado derivado de los presupuestos de la Cuarta República, fue la reducción

del gasto en áreas como salud, educación e infraestructura básica, lo cual produjo

costos significativos en términos del crecimiento, la eficiencia y la distribución del

ingreso.

1.2. Práctica presupuestaria 1999-2010. La evolución de los precios petroleros

respecto a los estimados para fines presupuestarios, muestra una tendencia

moderadamente creciente hasta el año 2007. Los valores utilizados para los

presupuestos de los años 1999 a 2007 fueron menores a 30 dólares el barril: Desde

11,5 dólares en 1999 hasta 29 dólares en el año 2007, con un promedio para esos años

de 22,6 dólares el barril. Durante ese mismo período los precios observados variaron

desde 16 dólares en 1999 hasta 59,2 dólares en el 2007, con un promedio de 33,8

dólares el barril, que es un 49,5% superior al promedio de los precios estimados en las

leyes de presupuesto de esos años. Durante el año 2008, se da un salto importante al


subir el presupuesto a 35 dólares el barril, siendo el promedio observado de 86,5

dólares. La estimación del precio petrolero para el año 2009 de 60 dólares el barril, fue

posteriormente corregida a 40 dólares, valor que se mantuvo durante el año 2010. El

precio observado en 2009 promedió 57,02 dólares el barril, mientras que en lo que va

del año 2010 se encuentra alrededor un poco por debajo de los 70 dólares.

La relación entre los precios petroleros estimados en los presupuestos y los

observados, da cuenta de la aplicación del principio de prudencia para el cálculo de los

ingresos, lo cual ha permitido moderar los efectos adversos de las desviaciones

provenientes de la alta volatilidad que caracteriza el mercado de los hidrocarburos. Es

fundamental mantener este criterio, dada la dependencia de nuestra economía respecto

a un precio que es fijado internacionalmente, y en cuya determinación intervienen no

sólo las variables que afectan la oferta y la demanda, sino también las prácticas

especulativas de los mercados de futuro.

En cuanto a la demanda, se observa que en el entorno mundial aún prevalece la

incertidumbre respecto al desarrollo y desempeño económico, especialmente de los

países altamente consumidores de energía; y en lo atinente a los mercados de futuro,

éstos siguen afectados por el indetenible colapso del sistema financiero capitalista.

Todo ello ayuda a conformar un escenario donde la recuperación de los precios

petroleros ha estado acompañada de un comportamiento errático.

Ahora bien, si históricamente ha sido muy difícil acertar la estimación del

comportamiento de los precios de los hidrocarburos, en la actualidad sería

sencillamente aventurado predecir que se sostendrá una tendencia alcista, por lo cual,

responsablemente, ratificamos la necesidad de aplicar el principio de prudencia en la

internación de los ingresos petroleros.

Adicionalmente, es necesario seguir fortaleciendo la OPEP y la política de defensa

de precios justos, como estrategia para enfrentar las variaciones, especialmente cuando

éstas son tan fuertes e inesperadas como las ocurridas durante el año 2008.


Otro elemento que debe ser señalado se refiere a las diferencias entre la Ley de

Presupuesto Anual y el presupuesto acordado en relación al PIB. Desde 1999 hasta el

2009, el promedio de las leyes de presupuesto en relación al PIB fue de 23,8%,

mientras que el valor promedio para el mismo período del presupuesto acordado fue de

29,2%, esto es 5,4 puntos porcentuales superior. En términos de las variaciones

anuales las diferencias oscilan entre el 0% para el año 2003 y un máximo del 10,5%

para el año 2007.

En materia de endeudamiento el Gobierno Bolivariano ha mantenido una política

de manejo de pasivos responsables y coherentes con el desempeño de los indicadores

macroeconómicos de la nación. En términos de sostenibilidad fiscal debemos resaltar

que durante la última década hemos logrado disminuir la relación entre la Deuda/PIB.

Para el año 1998 este indicador se encontraba por encima del 30% y para el año

2009 registró un valor de 18,3%. En comparación con otros países de América Latina,

Venezuela exhibe uno de los más bajos índices de Deuda/PIB, encontrándose por

debajo de Perú, Colombia y Argentina.

En un horizonte más amplio, observamos que para el año 1989 este índice

alcanzó un máximo histórico de 84,3%, producto de una devaluación del tipo de cambio

de aproximadamente 96%. Este hecho demuestra que nuestra deuda mantenía un alto

grado de exposición al tipo de cambio.

De igual forma, la disminución sostenida de los índices de deuda/PIB a partir de

1999, evidencia que el crecimiento nominal de la deuda ha sido significativamente

inferior al ritmo de crecimiento de nuestro país durante los últimos años. Actualmente el

saldo de la deuda pública total del Gobierno central, se ubica en 64.115 millones de

dólares, de los cuales la deuda pública externa representa el 54%, con un valor nominal

de 34.871 millones de dólares, mientras que la deuda pública interna representa el

46%, con un valor nominal de 29.244 millones de dólares. Esta estructura de deuda

demuestra otro de los grandes logros alcanzados por nuestro Gobierno, como lo es la


disminución de la vulnerabilidad externa y del riesgo de tipo de cambio, objetivo que no

fue alcanzado por los gobiernos anteriores, perjudicando tremendamente el desempeño

económico-financiero de nuestro país. Gracias a la estrategia de acudir

preferentemente al mercado interno, en el 2010 las necesidades de financiamiento del

Gobierno central se han cubierto en un 80% con deuda emitida en moneda local.

1.3 Cultura rentística y presupuesto. Desde mucho antes de la nacionalización del

petróleo, la estructura económica desarrollada y fortalecida a través de los años, se

centró en un modelo rentista basado principalmente en la apropiación del excedente

desde el exterior. Sin embargo, el proceso de descapitalización que sufrió el país en la

Cuarta República, se tradujo en una desacumulación de la riqueza, llegándose a

transferir al exterior un monto equivalente a 5 o 6 veces el valor de la deuda externa.

Esto significó un desmejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos,

caracterizado, además, por un sistema productivo nacional excluyente de las grandes

masas de la población, quienes vieron desplazados sus derechos políticos, sociales y

económicos.

Cabe destacar que durante la Cuarta República, el Presupuesto Nacional reflejó la

orientación política y económica de los gobiernos que privilegiaban los intereses de los

grupos dominantes, los cuales extraían la riqueza de la Nación en detrimento de las

grandes mayorías. De la misma manera, el presupuesto ayudaba a reforzar nuestra

dependencia de la actividad petrolera. En contraposición, el Gobierno Bolivariano ha

venido realizando esfuerzos para diversificar las fuentes de financiamiento del

presupuesto y lograr una estructura tributaria más justa y equilibrada, donde las cargas

impositivas se distribuyeron proporcionalmente a la renta de los venezolanos, dando un

mayor peso a los impuestos progresivos en detrimento de los regresivos.

Desde 1999, las asignaciones presupuestarias se orientan a alcanzar la justicia

social, sustentada en la profundización de la democracia económica, el fortalecimiento

de la economía social y teniendo como principal objetivo la atención de las necesidades

de la población, particularmente en lo que concierne al derecho universal y


constitucional a la educación, la alimentación, la salud, la vivienda, la recreación,

teniendo como pilar un entorno de seguridad que conduce a la eliminación de la

exclusión social.

1.4 Política social incluyente y pago de la deuda social. De acuerdo al Plan de la

Nación 2007-2013, la estructura social está compuesta por un conjunto de relaciones

sociales que, ordenadas jerárquicamente en cuanto al poder, la riqueza, el

conocimiento y el prestigio, determinan diferentes situaciones en la satisfacción de las

necesidades sociales y en la distribución de la riqueza y el ingreso.

En nuestro país, la estructura social se encuentra en un proceso de transición

hacia una formación económico-social incluyente. En torno a ello, el Gobierno ha venido

implementando una serie de mecanismos, principalmente las misiones, con el objetivo

de lograr un proceso de inclusión social masivo, intenso y acelerado, financiado por la

renta petrolera, lo que ha permitido y permite avanzar en la satisfacción de necesidades

tan fundamentales como las de identidad, alimentación, salud, educación, vivienda y

empleo.

La política social incluyente ha sido una constante del Gobierno nacional desde el

2 de febrero de 1999, la cual tiene su correlato empírico en el avance del Índice del

Desarrollo Humano (IDH) que alcanzó un valor de 0,844 en el año 2007, llevando a

Venezuela desde el año 2000 a los países clasificados con un Desarrollo Humano Alto,

por parte de las Naciones Unidas.

Importante ha sido la disminución del porcentaje de personas provenientes de

hogares en situación de pobreza extrema, que durante el año 2009 fue de 7,2% en

contraste con un 42,5% en el año 1996. Igualmente el cumplimiento de las Metas del

Milenio por parte de Venezuela, la sitúa en un lugar relevante ante el reto que

representan dichas metas.


También se constata un logro en el llamado Coeficiente de Gini, que señala la

desigualdad del ingreso de los hogares, y a Venezuela la ubica con el menor índice

entre los países latinoamericanos y caribeños, con un valor para el año 2009 de 0,3928.

Adicionalmente, como un indicador que atañe a la inclusión social, se tiene el número

de pensionados que en 1998 era de 387.007 elevándose a 1.544.856 en octubre del

2010, esto es 4 veces mayor. (Aplausos).

Respecto a la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años, ésta se ubicó en

16,4 por cada 1.000 nacidos vivos registrados, lo que significa que disminuyó

aproximadamente en 4,5 puntos entre 1999 y el 2008.

Igualmente, en cuanto al acceso al agua potable, tenemos que para el año 2008 el

94% de los venezolanos y venezolanas se encontraban bajo cobertura, esperando

llegar al 100% antes del año 2015.

En el marco de una propuesta orientada hacia el socialismo, la política de

inclusión económica y social forma parte del sistema de planificación, producción y

distribución, en el cual lo importante es que los medios de producción sean

progresivamente sociales, es decir, de propiedad social.

El desarrollo del capilatismo ha provocado una profunda desigualdad entre el

campo y la ciudad, impulsando la concentración de la mayor parte de la población en

grandes ciudades en detrimento del campo. Es necesario equilibrar las relaciones

urbano-rurales y crear un nuevo modelo de ciudades socialistas, planificadas e

integradas de manera sostenible con la naturaleza.

En definitiva, bajo la visión del Gobierno Bolivariano, la política económica es

concebida como la palanca para la construcción de la base material, que posibilita la

transición hacia un sistema social incluyente. En consecuencia, nuestra actuación en

materia de política fiscal se ha orientado y se orienta hacia dos grandes objetivos

estratégicos: el primero, la expansión progresiva del acervo de recursos que el Estado

puede disponer, y el segundo asociado a la distribución de los recursos.


El gráfico que se muestra a continuación ilustra la comparación entre el sistema de

ingresos y redistribución imperante hasta el año 1998, y el que se ha venido

configurando a lo largo de la presente gestión gubernamental. En dicho gráfico se

pueden observar marcadas diferencias, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo.

Hasta el año 1998, la rigidez fue el signo predominante del sistema de ingresos y

de su distribución, aun durante los ciclos favorecidos por incrementos en los precios de

los hidrocarburos. Esto debido a que la renta adicional se trasladaba hacia los centros

de poder, sin que ellos generaran mayores beneficios ni oportunidades a la población

venezolana, bajo el argumento del carácter inflacionario del gasto público.

Durante el periodo comprendido entre el año 1999 y 2009, se produce un aumento

significativo del ingreso. Este resultado se obtiene gracias a una mayor contribución de

la actividad petrolera y al incremento de la recaudación fiscal, sin que ello significara

intensificar la presión tributaria no petrolera. No menos importante es el cambio

generado en la estructura redistributiva del ingreso, el cual comprende, por una parte,

un aumento en el volumen de recursos asignados a los rubros tradicionales del gasto

social, tales como salario mínimo, inversión social e inversión productiva; y por la otra,

la diversificación de dicha estructura al incorporar otros mecanismos de financiamiento

que permiten destinar fondos a las áreas estratégicas para el desarrollo

socioproductivo.

Dentro de estas modalidades, se destacan el Fondo Chino-Venezolano y el

Fondén como fuentes dedicadas fundamentalmente al financiamiento de proyectos de

infraestructura, inversión social y productiva de cierta envergadura, y el financiamiento

de organizaciones comunales con el fin de fortalecer la base social que impulsará dicho

desarrollo.

1.5. Crisis financiera mundial y efectos en Venezuela. La crisis financiera mundial,

originada en el seno de la actuación del sistema capitalista, es decir, en la economía de

Norteamérica, por sus características y acorde con los márgenes de globalización, ha

dejado secuelas en el resto de las economías que parecieran tener un efecto

perdurable en el tiempo.


Dicha crisis, motivada por la lógica capitalista de ampliación del margen de

ganancia, tuvo su fuente en el mercado especulativo de capitales del sistema financiero

norteamericano, sistema en que la doctrina económica neoliberal referida a la

autorregulación del mercado por medio de la mano invisible, era el contexto en el cual

se enmarcaban las operaciones financieras, y por lo tanto la falta de regulación sobre

dichas operaciones, desde el Ejecutivo, era la premisa fundamental.

Si bien la crisis se manifestó inicialmente en el mercado inmobiliario

norteamericano, su origen está asociado a factores estructurales como los siguientes:

• La regulación financiera.

• Privatización.

• Apertura del mercado externo.

• Flexibilización laboral.

• Concentración de la renta (desigualdad de clases sociales).

• Decadencia social (pobreza mundial).

La incidencia de estos factores, bajo la lógica del sistema capitalista, permitió la

generación de excedentes de capitales que migraron del sector productivo al sector

financiero, y una vez allí, se reprodujeron gracias a la utilización de instrumentos y

mecanismos financieros, a través de los cuales se le incorporaban altísimos valores

especulativos, para ser transados en los mercados.

Los impactos de la crisis a nivel internacional fueron diversos y afectaron tanto al

sector financiero de las economías como al sector real. Entre las múltiples evidencias

de ello, se pueden resaltar las siguientes:

• Desaceleración del crecimiento mundial, de 5,2% en el 2007 a 3,4% en el 2008 y

con rangos aproximados de 0,5% a -2% para 2009.


• Incremento del desempleo. En 2009, el número de desempleados aumentó en

aproximadamente 20 millones en los países industrializados y particularmente en

aquellos con sesgo exportador.

• Despidos masivos en el sector financiero y de manufactura con reducción de

nómina en otros sectores como el de tecnología.

• El número de personas pobres que ganan menos de 1 dólar al día aumentó

aproximadamente en 40 millones.

• En Estados Unidos, la pérdida de puestos de trabajo alcanzó a 2,6 millones en el

2008, lo cual situó la tasa de desempleo en 7,2% en enero de 2009 y continúa siendo

elevada en números cercanos al 10%.

• En Japón, el PIB se desplomó 12,7% en el último trimestre de 2008, siendo el

mayor retroceso en 35 años desde la crisis del petróleo en 1974, debido al fuerte

descenso de la demanda externa.

• En lo que respeta a la Comunidad Europea, cabe destacar la situación que se

generó en Grecia forzando a su gobierno a evidenciar un déficit fiscal del 13% en el

2008.

Esto demuestra que bajo la lógica del capitalismo, los gobiernos incurren en fallas

fiscales, para luego aplicar medidas correctivas sobre el presupuesto, ajustar tasas

impositivas, reducir los salarios públicos y posponer los pagos de los pensionados,

entre otras. Véase el caso de Francia, Inglaterra, España, Italia y toda Europa, todo lo

cual pone de manifiesto la precariedad del componente social en ese país y en general

en toda Europa.

Ha quedado suficientemente demostrado que las consecuencias de la crisis

financiera no impactan exclusivamente al sector financiero, sino que también invaden a

la economía real y social. En las economías más afectadas por la crisis financiera


reciente, la restricción de la demanda, especialmente en lo que atañe al consumo,

generó una desaceleración de la tasa de crecimiento mundial que condujo a su vez a

una importante caída en el precio de las materias primas. En el caso de Venezuela, el

impacto más adverso se recibió por el descenso de los precios petroleros.

Para contrarrestar dicho descenso y en concordancia con la política de la OPEP,

el país redujo su cuota de exportación, lo cual en el corto plazo afectó los ingresos,

tanto por su componente de precio como por el de volumen, con la consecuente

desaceleración de la actividad económica que había registrado crecimiento a lo largo de

22 trimestres sucesivos.

La magnitud del impacto se puede evidenciar en el comportamiento reciente de los

precios petroleros. Para julio de 2008, la cesta petrolera venezolana había alcanzado

un récord histórico de 126,46 dólares el barril, y en diciembre de ese mismo año,

cuando ya la crisis se había propagado en todos los mercados financieros

internacionales, el precio pasó a 31,36 dólares el barril, lo que representó una caída de

75%, muy por debajo de cualquier disminución que haya ocurrido en períodos de

choques adversos anteriores.

En segundo lugar, la falta de liquidez en los mercados financieros internacionales

provocó una migración de recursos hacia activos supuestamente seguros, como las

letras del tesoro norteamericano, lo que generó la baja en los precios de los títulos

valores de las economías emergentes, incluyendo la economía venezolana. Todo ello

trajo como consecuencia el encarecimiento del riesgo país y prácticamente el cierre del

acceso al financiamiento externo.

Es innegable que la crisis financiera internacional tuvo su principal repercusión,

acorde a la lógica capitalista, sobre aquellas economías con desregulaciones en sus

sistemas financieros. En el caso venezolano se asumió esa tendencia desreguladora

desde la década de los 80.


Aun cuando estos efectos se tradujeron en limitaciones de recursos en las cuentas

fiscales, el mantenimiento de la política de control de cambio –óigase bien– la previsión

ya realizada de trasladar nuestras reservas internacionales fuera de los centros

especulativos capitalistas, las reducciones netas de deudas realizadas en 2006 y 2007

y el apuntalamiento de la desconexión de la Bolsa de Valores local a los mercados de

capitales extranjeros, recientemente implementada, permitieron minimizar las secuelas

que sobre nuestro país hubiese dejado dicha crisis del capitalismo.

Además, las restricciones de recursos fiscales no impidieron que el Gobierno

Bolivariano siguiera implementando su política social de inclusión masiva durante la

crisis. A diferencia de las economías en desarrollo, Venezuela fue uno de los pocos

países que mantuvo el gasto social y los planes de atención a la población de menor

poder adquisitivo. (Aplausos).

No podemos dejar de mencionar el efecto negativo sobre la cuenta corriente de la

Balanza de Pagos, derivado de la disminución del valor de las exportaciones petroleras,

cuyo saldo pasó de 89.128 millones de dólares en el 2008 a 54.201 millones de dólares

en el 2009. El efecto neto en la balanza de pagos fue compensado por la restricción en

las importaciones, sobre todo en las no petroleras, que diminuyeron de 45.220 millones

de dólares en el 2008 a 34.472 millones de dólares en el 2009, resultando en un saldo

positivo en la balanza de pagos correspondiente al año 2009 (19.153 millones de

dólares).

1.6. Reforma financiera y presupuesto. Es importante destacar que durante el

proceso continuo de mitigación de los efectos de la crisis financiera del capitalismo, las

contradicciones internas de la lógica que lo orienta, se hicieron evidentes en el

escenario venezolano, debido a la desregulación que aún imperaba en el contexto legal

de nuestro propio sistema financiero.

En el caso venezolano, en el proceso de la desregulación financiera, producto de

la política de la Cuarta República, de seguir los planteamientos por el Consenso de

Washington, conllevó y fue caldo de cultivo para la creación de grupos económicos que


monopolizaron la banca, los seguros y el mercado de valores. Las interrelaciones de

negocios entre estos actores en los diferentes segmentos del sistema financiero, le

facilitaron la realización de operaciones especulativas y fraudulentas de grandes

magnitudes, con lo cual pusieron en peligro la estabilidad del mismo en el año 2009. Sin

embargo, la rápida intervención del Gobierno Bolivariano para proteger principalmente a

los depositantes y trabajadores, a diferencia de lo ocurrido en la crisis financiera de

1994, donde resultaron favorecidos los propios miembros de la burguesía nacional

financiera.

A más de ello, por iniciativa conjunta del Ejecutivo y de esta Asamblea Nacional,

durante este año 2010 se aprobaron diversas y relevantes leyes como las siguientes:

• Ley Orgánica del Sistema Financiero.

• Ley de Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela.

• Ley de la Actividad Aseguradora.

• Ley de Reforma de la Ley del Mercado de Valores.

Actualmente está en discusión en esta honorable Asamblea la Ley de la Actividad

Bancaria.

De esta manera, el Gobierno Bolivariano enfrentó con determinación y sin

vacilaciones los intereses especulativos que afloraron en la dinámica del mercado

financiero y cambiario.

1.7 Plan, POAN y Presupuesto. Tres instrumentos de gobierno que requieren de

una estrecha coherencia y coordinación. El Plan, de mediano plazo 2007-2013, con sus

lineamientos estratégicos para el período de Gobierno; el POAN, como un enlace entre

las directrices del Plan y las prioridades en la asignación de recursos para ser

implementados en un año calendario, y, finalmente, el Presupuesto, como el último

eslabón de la cadena, donde se asignan los recursos bien por programas o por

proyectos como ha sido la modalidad recientemente empleada.


La coherencia no puede quedar solamente en el plano formal de las definiciones,

sino deben los tres instrumentos estar concatenados para cumplir con las dos

condiciones básicas de todo proceso de planificación, el de la direccionalidad que fija

las orientaciones, ahora enmarcadas en la construcción de una sociedad de carácter

socialista, y la viabilidad, que permite con un proceso riguroso de cálculo definir lo que

es posible realizar dentro de unos lineamientos estratégicos.

Si de construir una sociedad de nuevo cuño se trata, debemos poner cada vez

más atención a la complementariedad, correspondencia, consistencia y factibilidad de

las propuestas formuladas en cada uno de los instrumentos mencionados. Esa

posibilidad se da con el cambio recientemente realizado de la creación del Ministerio del

Poder Popular para la Planificación y Finanzas, lo cual constituye a su vez un nuevo

reto institucional, además de imprimirle mayor consistencia a los planes, programas y

proyectos formulados junto a la asignación de recursos para alcanzar los logros

propuestos.

1.8 Lecciones de la experiencia. ¿Qué hemos aprendido? Entre otras cosas

fundamentales, que el proceso de cambio del sistema financiero hacia la transición al

modelo socialista, requiere supervisión, control, regulación y planificación, en contraste

con las políticas aplicadas durante las décadas de los ochenta y los noventa, cuando

prevalecieron las libres fuerzas del mercado capitalista.

También aprendimos la necesidad de fomentar el ahorro interno del país, que lleve

a la complementación de los esfuerzos fiscales en la búsqueda del crecimiento

sostenible.

Que se utilice el Presupuesto Nacional como una herramienta más en la

consecución de este objetivo, generando los espacios financieros necesarios para

aminorar la vulnerabilidad externa derivada de los ingresos fiscales petroleros, mientras

se elimina la posibilidad de la especulación financiera.


Lo anterior implica la necesidad de hacer que el Presupuesto Nacional sea un

vehículo para preservar el valor y el uso de nuestras reservas internacionales,

consolidando la canalización del ahorro aportado al Fondén, de manera de contar

además con un nivel de activos más que suficiente para afrontar cualquier contingencia,

y apuntalar un manejo responsable de pasivos de la República que preserve el bajo

nivel de endeudamiento relativo.

2. Principios y Fundamentos Presupuestarios.

2.1 De la Venezuela rentista a la Venezuela productiva. Conocido y

suficientemente estudiado ha sido el carácter rentista de nuestra economía venezolana,

la cual muestra una declinante tendencia en el comportamiento de la inversión a partir

de la existencia de los booms petroleros de 1973 y de 1980. Dicha tendencia como

expresión del colapso de la economía rentista venezolana, debe considerar la

recuperación de la renta petrolera captada en esta última década, la cual ha sido

empleada en gran parte en el pago de la deuda social acumulada al inicio del Gobierno

Bolivariano.

Se estima que dicha renta petrolera se encuentra entre un 15% y un 17% del

Producto Interno Bruto (PIB), renta ésta que se ha venido utilizando en la inversión del

país tanto en la infraestructura física como la social, y en la modernización del aparato

productivo nacional. De acuerdo con la decisión soberana de utilizar los recursos

provenientes de los hidrocarburos para el desarrollo endógeno.

El rescate de la soberanía petrolera, cuya génesis parte del decreto dictado por el

Libertador Simón Bolívar el 24 de octubre de 1829, que reservaba a la República la

propiedad de las minas de cualquier clase, es asumido plenamente en la actualidad

para beneficio de los venezolanos de ahora y de las próximas generaciones.

(Aplausos). El reto de la “siembra petrolera”, hoy más que nunca vigente en las actuales

condiciones de crisis estructural de la lógica del capital, permite y permitirá la utilización

de los recursos provenientes de dicha renta para el beneficio de la mayoría de los

venezolanos.


2.2 Ahorro e inversión: Un concepto fundamental para entender la visión de

nuestro proceso socialista es, precisamente, el ahorro, con énfasis en la inversión

productiva, aquella generadora de crecimiento y riqueza, orientada hacia la expansión

económica y el desarrollo productivo, en sectores que presentan un alto potencial, tanto

multiplicador de empleo como de eslabonamientos productivos para la consolidación de

nuestra soberanía tecnológica y alimentaria.

En el año 2005, el Ejecutivo Nacional instruyó a los organismos de la

Administración Pública a sustituir la metodología de presupuesto por programa a un

presupuesto por proyectos, denominado la Nueva Etapa, a fin de mejorar la efectividad,

eficiencia y transparencia de la gestión pública en función de los objetivos y estrategias

del desarrollo de la Nación, lo cual permite simplificar la estructura presupuestaria y

contemplar de manera integral el ciclo de planificación que conlleva el presupuesto, la

contabilidad y la auditoría, entre otros.

Fondén. El Fondo de Desarrollo Nacional (Fondén) se creó mediante la Ley de

Reforma Parcial del la Ley del Banco Central de Venezuela. El objetivo de su creación

estuvo basado sobre la idea de aprovechar de manera eficiente los recursos

excedentes en divisas derivadas principalmente de los ingresos petroleros, y

canalizados directamente a través de PDVSA, e indirectamente, a través de las

Reservas Internacionales en manos del Banco Central de Venezuela. Estos recursos

han sido destinados a proyectos de inversión que requieran de desembolsos en

moneda extranjera.

Desde su creación, Fondén ha recibido aportes por un monto aproximado de

59.187 millones de dólares, al 16 de septiembre de 2010, de los cuales 21.105 millones

de dólares corresponden a los aportes de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA),

37.882 millones de dólares provienen del Banco Central de Venezuela (BCV) De dichos

aportes, Fondén, hasta la mencionada fecha, estaba comprometido a financiar 200

proyectos por el orden de 32.714 millones de dólares, desembolsados en su totalidad, y

110 proyectos por 27.349 millones de dólares, en ejecución.


Fondo Conjunto Chino-Venezolano. En fecha noviembre de 2007 se firmó el

Convenio “Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano”, con el objetivo de

consolidar los planes de carácter binacional, mediante la consecución de mecanismos

financieros que permitirían promover el intercambio comercial y de inversiones, así

como de ampliar la cooperación.

Los aportes para la conformación del Fondo de Financiamiento Conjunto China-

Venezolana se realizaron de la siguiente manera: República Popular China con 4.000

millones de dólares, mediante el Banco de Desarrollo de China (BDC), y por la

República Bolivariana de Venezuela, un monto de 2.000 millones de dólares, financiado

por medio del Fondo de Desarrollo Económico y Social de la Nación, Fondén, para un

monto total de 6.000 millones.

Estos recursos fueron utilizados para financiar, en la República Bolivariana de

Venezuela, proyectos de desarrollo económico y social en áreas de infraestructura,

industria, agricultura, minería, energía, tecnología y asistencia técnica, entre otras,

sobre la base de los principios de igualdad, consultas recíprocas, respeto mutuo de la

soberanía y reciprocidad de ventajas.

Dado el éxito de la innovación financiera de dicho Fondo, el 18 de septiembre de

2008, se decidió elevar los montos netos del mismo hasta duplicar la participación de

ambos países integrantes, por lo que actualmente el monto total ha alcanzado un nivel

por 12.000 millones de dólares, donde Venezuela aporta 4.000 millones de dólares, y

China aporta 8.000 millones de dólares. De lo anterior ya se han asignado 11.745

millones de dólares para financiar 125 proyectos.

Posteriormente, en aras de seguir fortaleciendo la alianza financiera, durante el

mes de diciembre de 2009, se celebró la Octava Reunión de la Comisión Mixta de Alto

Nivel China-Venezuela. En ella las autoridades acordaron elevar la proporción de los

proyectos de cooperación bilateral, sujetos al financiamiento del Fondo, así como de

promover la utilización del Renminbi como moneda de préstamo y de operaciones de

pago. Todo lo anterior muestra la confianza existente en la relación estratégica entre la

República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. (Aplausos).


La calidad del vínculo entre estos dos países ha permitido formular la arquitectura

jurídica de un Fondo de financiamiento de “Gran Volumen”, por la relevancia de las

inversiones, y a “largo plazo”, por la continuidad esperada de estas negociaciones.

Este Fondo impulsará el desarrollo de importantes proyectos con una inversión

que asciende a 20.000 millones de dólares.

Tal volumen de recursos será recibido en dos tipos de monedas: dólares

estadounidenses (10.000 millones de dólares) y Renminbi (RMB 70.000 millones), los

cuales serán utilizados para financiar “proyectos de envergadura en la construcción de

infraestructura, desarrollo social, energía, desarrollo minero y agrícola, y en acelerar el

desarrollo social y económico de Venezuela.”

2.3. Inversión social. La inversión social y los ingresos fiscales tienen una

diferencia sustancial entre lo que ocurrió entre las cuatro décadas que dan de 1958 a

1998, y los resultados obtenidos en la primera década del Gobierno Bolivariano desde

1999 hasta el 2009.

Mientras la inversión social en los últimos 10 años de la Cuarta República llegó a

69 mil 732 millones de dólares, en la primera década del Gobierno Bolivariano ese

monto lo supera en 4,7 veces alcanzando la cifra de 330 mil 582 mil millones de

dólares.

Si observamos estas cifras en relación a los ingresos fiscales durante los períodos

mencionados, la proporción para 1988-1998 llega al 36,5% en cuanto a la inversión

social respecto a los ingresos fiscales del período. Para la década de 1999 al 2009 el

porcentaje es de 60,9%, con una diferencia de 24 puntos porcentuales. Si la relación

entre la inversión social, en ambos períodos, fue de 4,7 veces mayor en la década

1999-2009, los ingresos fiscales subieron solamente 3,5 veces, indicando una mayor

aceleración en la aplicación de los recursos del fisco para la inversión social.


Dichas cifras confirman la voluntad política del Gobierno de pagar la deuda social

acumulada que dejó la Cuarta República, pudiéndose afirmar que lo que ésta destinó a

inversión social en 40 años fue superado 4,7 veces.

2.4. Ciclos de crecimiento. Desde el inicio del Gobierno Bolivariano, en febrero de

1999, Venezuela ha tenido dos ciclos de crecimiento económicos sumamente

marcados: El primero fue en el período 2000-2001 con un crecimiento promedio de

3,6%. Este crecimiento se logró luego de un significativo esfuerzo del Gobierno para

superar la situación prevaleciente en 1999, cuando hubo que reconducir el presupuesto,

bajo un escenario de precios petroleros estimados en 11,5 dólares el barril. Con el

cambio de la política petrolera de volúmenes adecuados y precios justos y la

recuperación del papel de la OPEP, donde el Gobierno Nacional jugó un rol de primera

importancia, –aquí está con nosotros el distinguido doctor Alí Rodríguez Araque, quien

comenzó desde 1998 una visita a Madrid entre el período de las elecciones en

diciembre del 98 y febrero del 99– se comenzaron a recuperar dichos precios

petroleros. (Aplausos).

Luego vino el golpe de Estado de abril de 2002 y el posterior sabotaje petrolero

que hundió a la economía nacional. En el último trimestre del 2003, se inició el segundo

ciclo de expansión económica, marcado por un período de 22 trimestres consecutivos

de crecimiento a una tasa promedio de 9,9%.

Como consecuencia de la crisis financiera del mundo capitalista, en Venezuela se

tuvo una fuerte variación de los precios petroleros que alcanzaron la cima de 129,54

dólares el barril a la mitad del 2008 –como ya lo dijimos– para caer abruptamente a

31,55 dólares el barril en diciembre de ese mismo año. Actualmente nos encontramos

en la fase de recuperación –que ya nadie puede dejar de reconocer– después de haber

tocado fondo en el último trimestre del 2009, con una tasa negativa de -5,8%.

A partir del segundo trimestre del año 2010 cambió la tendencia

significativamente, la cual continúa acentuándose en este último trimestre del año 2010.

Nos encontramos a las puertas de un nuevo ciclo de crecimiento para los próximos

trimestres.


2.5. La transición venezolana al socialismo. En este punto me gustaría detenerme

y leerles un pensamiento de ese filósofo republicano español, Adolfo Sánchez Vázquez,

de su libro A Tiempo y Destiempo, que creo puede servir de orientación. Nos decía este

filósofo español: “En la medida en que se introduce cierto grado de racionalidad en el

proceso práctico, el sujeto de éste no actúa como un naufragio en un mar de

incertidumbres, sino como el marino que, brújula en mano, pone proa en ese mar hacia

el puerto al que anhela llegar; y si el conocimiento náutico no garantiza que su arribo a

él sea inevitable, sí garantiza que al trazar fundamentalmente la ruta a seguir su acción

no sea una simple aventura…”

El Presupuesto Nacional contiene la expresión cuantitativa de la disponibilidad de

recursos (ingresos) proyectados para un determinado año fiscal y la asignación de

éstos para la consecución de los objetivos propuestos en el plan nacional. El

presupuesto, como medio para canalizar recursos materiales desde el Estado hacia la

sociedad, orientándose hacia fines concretos y específicos, constituye un poderoso

instrumento de política económica y social.

Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo podemos emplear eficientemente este

instrumento de política para impulsar la transformación que necesitamos como país y

como sociedad en esta etapa de transición al socialismo?

Habida cuentas que el desarrollo de un alto nivel de conciencia revolucionaria es

el fundamento que permitirá orientar el proceso de transformación hacia la

independencia política y económica del país, en defensa de los intereses nacionales,

parece indispensable que comencemos por cuestionar, con actitud autocrítica, qué

significa el presupuesto para nuestras instituciones y para cada uno de los funcionarios

que tenemos responsabilidades en las distintas instancias y niveles de Gobierno. Una

práctica inadecuada del capitalismo rentista que imperó en nuestro país en las cuatro

décadas previas a 1998, aún no totalmente erradicada, es la lucha o competencia por la

captación de recursos, con la avidez de quien perseguía la mayor porción de los

mismos.


Ante la percepción del incremento de los recursos se aumentaban las exigencias,

muchas veces sin responder a la direccionalidad o sin evaluar la viabilidad con relación

al Plan Nacional.

Durante este Gobierno Revolucionario y sorteando múltiples dificultades, hemos

hecho esfuerzos por modificar la errada e inconveniente concepción rentística que

heredamos, especialmente con el establecimiento de mecanismos novedosos para

orientar recursos hacia la inversión social, en infraestructura y para el desarrollo

productivo, como son los casos de Fondén y las misiones, con resultados evidentes, tal

comos se ha señalado. Sin embargo, dado que aún estamos sujetos a una significativa

dependencia del ingreso petrolero, volátil, incierto, que marca ciclos expansivos y

recesivos en nuestra economía, conviene insistir en la revisión de los conceptos que

utilizamos, pues un esclarecimiento oportuno puede aportar elementos que favorezcan

la orientación del proceso presupuestal en función de los objetivos nacionales.

En tal sentido, es importante entender que el presupuesto es un medio y nunca un

fin en sí mismo. Sólo así estaremos en capacidad de plantear la solicitudes de recursos

y procurar su mejor utilización, bajo una visión holística, cónsona con el compromiso

adquirido desde el Gobierno, considerando qué es más conveniente al país, cuáles son

las necesidades reales de la población y cómo podemos compatibilizar la satisfacción

de éstas en el corto plazo con los objetivos estratégicos, cuyo logro permitirá el

derrumbe de las barreras estructurales que impiden la construcción de una sociedad

justa.

El abordaje del proceso, desde esta perspectiva, requerirá una revisión crítica, la

fundamentación de la técnica presupuestal que hemos venido empleando y, de ser

necesario, su adecuación a la realidad concreta para utilizarla de manera más eficiente

en función de los objetivos propuestos.

En tal sentido, conviene cuestionar si los principios del presupuesto son

coherentes con el propósito de lograr que éste sea un verdadero instrumento para la

transformación social, para lo cual es indispensable que refleje cuantitativamente los

medios materiales que servirán para impulsar objetivos tan importantes como: La

distribución justa de la renta y su aplicación para elevar las capacidades productivas del


venezolano; el control de la función administrativa de los recursos materiales,

considerando la concreción de los objetivos propuestos de equidad, igualdad, justicia y

desarrollo integral del ser humano, como criterio fundamental en la evaluación de

gestión, así como la eficiencia económica.

3. Propuesta del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2011

3.1. Premisas macroeconómicas. En el momento de la formulación del Proyecto

Ley del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011, la economía nacional presenta un

cambio de tendencia orientado hacia un ciclo económico de recuperación, crecimiento y

reducción de las presiones inflacionarias. El escenario presupuestario responde a una

política fiscal dirigida a la búsqueda de la mayor prudencia, eficiencia, austeridad,

sinceridad, con el sostenimiento del gasto social requerido por las necesidades de la

población.

En este sentido, el diseño y viabilidad del programa económico, enmarcado dentro

de las líneas de acción que persigue el Plan de Desarrollo Económico y Social de la

Nación 2007-2013, estimula una orientación socialista de distribución de recursos

destinados a la población menos favorecida, a través del gasto social y mediante la

creación de condiciones macroeconómicas propicias para fortalecer las fuentes de

ahorro y de inversión real y socioproductiva.

Para el año 2010, la política presupuestaria se sustentó bajo un esquema de

orientación contracíclica, frente al desenvolvimiento de los mercados internacionales,

especialmente en lo referente a la volatilidad que enfrentan los precios de la cesta

petrolera venezolana, como mecanismo de protección sobre las potencialidades de

crecimiento de la economía nacional, ante el efecto de un ciclo económico contractivo.

Todos estos planteamientos quedan recogidos en la definición de las premisas

macroeconómicas que sustentan la elaboración del Presupuesto del año 2011, las

cuales apuestan al sostenimiento y sustentabilidad de las finanzas públicas, creando el

margen de maniobra necesario para el manejo eficiente y asertivo de la política fiscal,

flexibilidad requerida para ajustarse a la dinámica de la economía y a las necesidades

reales que enfrenta la sociedad, en aras de lograr la suprema felicidad social.


La premisa fundamental para el diseño del presupuesto venezolano debe ser la

fijación del nivel de los ingresos ordinarios no petroleros, tales que permitan cubrir los

gastos, racionalmente estimados, relacionados tanto al Situado Constitucional como a

los legales, y los intereses de la deuda, eliminándose así la política de endeudamiento

que contiene la gestión fiscal y el pago de intereses.

Con ello, la aspiración de “sembrar el petróleo” tiene una concreción muy

específica en términos presupuestarios, al destinar los ingresos petroleros hacia la

inversión social y productiva.

Orientado por esta premisa, el presupuesto formulado mantiene, por un lado, la

inversión social con una política incluyente y, por el otro, persigue la mejora en la

captación de los ingresos ordinarios no petroleros a través de una mayor eficiencia en la

captación de los ingresos ordinarios no petroleros, a través de una mayor eficiencia en

la recaudación, evitando la evasión y la elusión fiscal.

En este orden de ideas, se presentan a continuación las metas macroeconómicas

que se esperan alcanzar para el Ejercicio Fiscal 2011, teniendo en cuenta el

cumplimiento de los lineamientos generales antes descritos:

3.2. Cuadro general de variables macroeconómicas. Allí se observa, el precio de

exportación a 40 dólares el barril, las variables volumétricas 3.176 millones de barriles

diarios, el volumen promedio de exportación es 2.675 millones de barriles diarios, el

crecimiento del PIB real 2%, una tasa de inflación anualizada entre el 23% y el 25% y

un tipo de cambio de BsF. de 2,6/4,3.

• La economía venezolana en el 2011 saldrá de la recesión.

• Se mantiene por tercer año sucesivo un precio petrolero prudente de 40$/ bl.

• La tasa de inflación continuará desacelerándose.

• El presupuesto se basa en los principios de austeridad y eficiencia, manteniendo

la inversión y el pago de la deuda social acumulada.

• Se mantiene el tipo de cambio actual.


3.3 Estructura y distribución del Presupuesto Nacional: El Proyecto de Ley de

Presupuesto para el año 2011 asciende a 204.208.048 bolívares,(doscientos cuatro mil

doscientos ocho millones ciento ochenta y ocho mil cuarenta y ocho bolívares), lo que

implica un incremento del 28% respecto al presupuesto inicialmente aprobado en el año

2010. A continuación se presenta la distribución de los ingresos y gastos del referido

proyecto de Ley.

En la tabla y el cuadro que ustedes pueden observar, del presupuesto de

Ingresos, es de 163.698.961.000 bolívares corresponden a ingresos ordinarios y

40.509.227.048 bolívares a ingresos extraordinarios.

Los ingresos ordinarios están constituidos principalmente por los recursos de

origen petrolero que ascienden a 45.293.000.000 bolívares, y representan el 22% del

presupuesto del recurso.

El resto de los recursos ordinarios corresponden a los ingresos no petroleros, que

alcanzan a 118.405.961.000 bolívares, los cuales representan un 57,9% del

presupuesto; estando constituidos principalmente por la recaudación del Servicio

Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) por

110.060.845.000 bolívares, mientras que el resto lo definen las telecomunicaciones, la

actividad minera, la contribución por impuestos a la gasolina y derivados y otros. Estos

resultados consolidan a los impuestos no petroleros como la principal fuente de

financiamiento del Presupuesto Nacional.

Por su parte, el Presupuesto de Gastos que es de 204.208.188.048 bolívares, se

distribuye en los rubros siguientes: 121.262.175.800 bolívares en gastos administrables,

(59,3%), 48.314.925.857 bolívares en gastos legales (23,6%), 25.001.603.816 bolívares

en servicio de la deuda (12,2%) y 9.629.482.575 en proyectos por endeudamiento

(4.7%).


Consejo Federal de Gobierno: Este órgano nace por la necesidad del desarrollo

equilibrado de las regiones en las cuales no se ha logrado un estado acorde y digno

para sus pobladores, en los ámbitos social, económico y político. El Consejo Federal de

Gobierno, con base en el examen de los desequilibrios regionales, discutirá y aprobará

anualmente los recursos que serán asignados al Fondo de Compensación Interterritorial

y las áreas de inversión prioritaria a las cuales se aplicarán dichos recursos.

Tras la eliminación del Fondo Intergubernamental para la Descentralización

(Fides), se abre paso al Fondo de Compensación Interterritorial como mecanismo de

financiamiento para la ejecución de los proyectos de inversiones públicas dirigidas a

promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación

de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales,

con especial énfasis en la dotación de obras y servicios esenciales para las regiones y

comunidades de menor desarrollo relativo.

Los ingresos del Fondo de Compensación Interterritorial estarán constituidos por:

a. Los aportes que le suministre el Poder Ejecutivo Nacional;

b. Los recursos que le asignen las entidades políticas territoriales;

c. Los demás ingresos que obtenga por su propia gestión o administración o que

reciba de las donaciones de cualquier naturaleza que le sean efectuadas.

Distribución presupuestaria

La distribución presupuestaria para el año 2011 continuará bajo los esquemas de

las directrices establecidas en el Proyecto Nacional “Simón Bolívar”, el cual orienta las

riendas del país hacia la construcción del Socialismo del Siglo XXI, cuyos cimientos

tienen base en la soberanía nacional, la inclusión social, la lucha contra la pobreza, la

ética del servicio hacia el pueblo, la lucha contra la corrupción, la organización popular,

entre otros.


Asimismo, se continuará con la lógica presupuestaria impuesta en los ejercicios

fiscales precedentes, otorgando alta prioridad a los sectores sociales, cuyas

asignaciones alcanzaron, en promedio, el 46% del total de los recursos presupuestados

para los años 2009 y 2010. En el mismo período, la actividad productiva obtuvo

asignaciones por un 9%, al tiempo que los conceptos de seguridad y defensa y

dirección superior del Estado recibieron el 11%. El remanente de 34% de las

asignaciones del gasto estuvo destinado al pago de deuda, Situado Constitucional,

Fides, LAEE y demás transferencias.

3.3 Ley de Endeudamiento 2011: Los proyectos por endeudamiento tienen como

principal orientación dar continuidad a los planes de inversión social, y a los proyectos

de los sectores estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la

Nación (2007-2013), como lo son el sector agrícola, infraestructura, petróleo y energía.

A continuación se presenta el cuadro con la composición del presupuesto de recursos

que se obtendrán vía endeudamiento para el Ejercicio Fiscal 2011:

Cuadro N° 3

Ley de Endeudamiento Anual 2011

En el Ejercicio Fiscal 2011 se estimó una Ley de Endeudamiento por un

desembolso de 54.000.000.000 bolívares, el cual representa aproximadamente un 26%

de los recursos totales. Estos recursos estarán orientados a dar cumplimiento a los

compromisos financieros adquiridos y vigentes por parte de la República Bolivariana de

Venezuela, de cara el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal, a través de la

gestión del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas.

Los pasivos están indiscriminados de la manera siguiente: 10.729.692.583

bolívares, destinados a cancelar el servicio de la deuda pública, los cuales representan

un 19,86% del total de la Ley Especial de Endeudamiento Anual, desembolsos por

9.629.482.486 bolívares, destinados a proyectos; operaciones de refinanciamiento y

reestructuración de la deuda pública nacional por 13.640.824.842 bolívares y por último,

20.000.000.000 bolívares para gestión fiscal.


A modo de conclusión, podemos afirmar que la naturaleza de la propuesta que

hoy se presenta ante esta honorable Asamblea Nacional, es la de colocarnos en la

senda de un fuerte impulso tanto al desarrollo nacional como el equilibrio de sus

regiones, derrotando la recesión, combatiendo la inflación y potenciando la posibilidad

de la máxima utilización de sus recursos tanto naturales como productivos, y a la vez

dar los pasos definitivos para la consolidación de una política de inclusión social

masiva, objeto y meta fundamental de nuestro Gobierno.

El rescate, plena autonomía y soberanía nacional sobre el uso de los recursos

naturales, en particular los hidrocarburos, junto al derecho de las mayorías excluidas de

disfrutar de ese patrimonio colectivo, todo lo cual “Abona la siembra del petróleo”, como

propósito fundamental, que subyace a esta propuesta de Proyecto de Ley de

Presupuesto y Ley de Endeudamiento para el año fiscal 2011.

Muchas gracias. (Aplausos).

discurso jorge giordani, ley de presupuesto

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