FORMULAN DENUNCIA

Señor Fiscal de Control Administrativo

a cargo de la Oficina Anticorrupción

Dr. Julio F. Vitobello:

Elisa M. A. CARRIO y Maximiliano

FERRARO, con domicilio en el público despacho de la

Diputada Nacional Elisa CARRIO sito en Riobamba 25,

oficina 708, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos

presentamos y decimos:

I.- OBJETO:

Que habiendo tomado conocimiento de

posibles violaciones a la Ley Nº 25.188 de Ética de la

Función Pública por parte de un funcionario nacional,

venimos realizar la presente denuncia, a fin de que el

organismo a su cargo tome la intervención de ley.

II.- LOS HECHOS:

El Dr. Cesar Guido FORCIERI, M.I. Nº

27.547.857, ha sido designado como “Subsecretario de

1

Servicios Financieros”1 de la SECRETARIA DE

FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y

FINANZAS PUBLICAS, cargo que ocupa desde el 10 de

diciembre pasado a la actualidad, luego de haber sido Jefe

de Gabinete de Asesores del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, con rango y

jerarquía de Secretario Ministerial, según designación de

fecha 19 de agosto de 2010.2

Dicho funcionario también se desempeña desde

el 27 de abril de 2011, como Director en representación del

Estado Nacional en el “GRUPO FINANCIERO GALICIA

SA”3 .

Por otro lado, en el ámbito privado, Cesar

Guido FORCIERI constituyó el 19/09/2005 la sociedad

anónima ACTION MEDIA SA, según consta en el Boletín

oficial de la provincia de Buenos Aires Nº 25.278 de fecha

26/10/2005, con un capital social de $12.000, que a la fecha,

según los registros oficiales compulsados, no ha registrado

aumentos,. Esta sociedad tiene como objeto social “A)

Producciones Artísticas B) comerciales C) servicios y

1 Decreto PEN Nº 202/2011 publicado en el Boletín Oficial de fecha 21/12/2011.2 Decreto PEN N° 1182/2010 publicado en el Boletín Oficial de fecha 23/08/2010.3 Boletín Oficial de la República Argentina Nº 32.168 de fecha 10/06/11.

2

mandatos D) financiera”, tal como consta textualmente en

la publicación referida respecto de su constitución.

Según hemos tomado conocimiento, la

sociedad ACTION MEDIA, tiene registradas las marcas

ROCK ARENA y ROCK ARGENTINA.

Luego, FORCIERI constituyó el 7/01/2008 la

sociedad anónima ROCK ARGENTINA SA4, con un capital

social de $20.000; siendo su objeto social el negocio

publicitario, las producciones artísticas y los servicios y

mandatos. Según los registros oficiales compulsados y de

los que se acompaña copia, el capital social no ha

aumentado a la fecha.

Según información de la que hemos tomado

conocimiento y es de acceso público5, tanto la sociedad

ACTION MEDIA S.A. como la sociedad ROCK

ARGENTINA S.A., de las que el Dr. Forcieri es socio,

como hemos referido y se desprende de las publicaciones

oficiales que dan cumplimento a los requisitos del art. 10 de

4 Boletín Oficial de la República Argentina Nº 31.323 de fecha 15/01/2008.5 Información que puede ser corroboradas en los informes del BCRA sobre “Deudores del Sistema Financiero” www.bcra.gov.ar, se adjuntan copias sobre la situación a Enero de 2010.

3

la ley 19.550, han recibido importantes prestamos del

Banco Macro.

Según consta en informes comerciales de

acceso público y en los informes del BCRA, la sociedad

ACTION MEDIA S.A., en agosto de 2011, cuando

ocupaba el cargo de Jefe de Gabinete de Asesores del

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

PUBLICAS, con rango y jerarquía de Secretario Ministerial,

tenía una deuda con Banco Macro por un monto que

superaba en ese entonces los $450.000; cifra que tuvo

grandes fluctuaciones y que en enero de este año ha vuelto a

ascender a una cifra de más de $420.0006.

Los mismos informes comerciales dan cuenta

que, a su vez, la sociedad ROCK ARGENTNA SA ha

tenido deudas con la entidad comercial Banco Macro por

montos que habrían superado con fluctuaciones los

$240.000 durante el año 2011, y que han descendido por

debajo de los $10.000 enero del corriente año7.

6 Se adjunta copia de informe “Central de Deudores del sistema financiero” de fecha enero de 2012, del BCRA.-7 Se adjunta copia de informe “Central de Deudores del sistema financiero” de fecha enero de 2012, del BCRA.-

4

Es importante destacar que tanto la sociedad

ROCK ARGENTINA SA y ACTION MEDIA SA son

presididas actualmente por Juan Carlos López, quien

también preside “Inversiones Inmobiliarias Aspen SA”

sociedad de propiedad, en un 50%, del ex Ministro de

Economía y actual Vicepresidente de la Nación, Amado

Boudou. Situación esta obrante por ante la oficina a vuestro

cargo, conforme surge de la compulsa de las declaraciones

juradas en su poder que han sido presentadas por Boudou

desde que es Ministro de Economía a la actualidad.

Hemos encontrado que tanto en las sociedades

de las que participa el ex Ministro Boudou como las

constituidas por Forcieri ha participado el mismo cuerpo de

escribanos, situación que por el momento queremos

destacar, pero sobre la que entendemos puede haber una

línea de investigación a seguir para develar otro tipo de

incompatibilidades como otras cuestiones de interés público.

A partir de 18 de abril de 2011 se designa a

Juan Carlos López presidente de ROCK ARGENTINA SA.

Lo acompaña en esta designación en el cargo de director

suplente Ignacio Danuzzo Iturraspe.

5

Ignacio Danuzzo8 constituyo el 4 de agosto de

2010 junto a José María Nuñez Carmona la sociedad

HABITAT NATURAL SA , sociedad de la que Amado

Boudou es titular del 50% de sus acciones desde

septiembre del mismo año, un mes después de ser

constituida, tal como reconoce en su declaración Jurada del

año 2010 ante la oficia Anticorrupción.

HABITAT NATURAL SA al momento de ser

constituida contaba con un capital de $40.000, al mes

siguiente, coincidentemente con el ingreso de Amado

Boudou en la sociedad, el 9/9/2010 su capital fue aumentado

a $720.000, Boudou adquiere sus acciones el 10/09/2010.

El ex Ministro de Economía ha sido superior

jerárquico de Forcieri en el referido Ministerio.

Este dato nos resulta de relevancia en el

análisis de los siguientes hechos.

Como se ha publicado en el diario La Nación el

pasado 21 de marzo, la AFIP concedió a fines del año 2010

una moratoria a la entonces imprenta Ciccone Calcográfica,

compañía que bajo su nueva razón social, “Compañía de

Valores Sudamericana SA”, tuvo en su directorio, desde

8 Boletín Oficial de la República Argentina Nº 31.961 de fecha 9/08/2010.

6

julio de 2011, como Vicepresidente a Máximo Eduardo

Lanusse9, ex gerente del Banco Macro.

Esta conocida moratoria, que se ventila en estos días

en el fuero Federal Penal que investiga la compra de la

Imprenta Ciccone Calcográfica, implicó el pago en 148

cuotas con una tasa de interés del 0,5% mensual -menos que

la tasa de inflación oficial del Indec- y se concedió luego de

que la propia AFIP rechazara a los viejos titulares de

Ciccone su solicitud de una moratoria normal, con 120

cuotas.

En esta última moratoria de 148 cuotas, según

publica La Nación10 fue negociada ante la AFIP por el

entonces Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, hoy

Subsecretario de ese Ministerio, Cesar Guido Forcieri, quien

habría asumido un rol determinante en la negociación, según

comenta dicho matutino a quien se lo habría precisado

informantes dentro de la AFIP11.

Sumado a lo cual debe destacarse que tras la

llegada de Alejandro Paul Vandenbroele como nuevo

presidente de la ex Ciccone Calcográfica, comenzó a

incumplir con el pago de los aportes previsionales de sus

9 Boletín Oficial de la Republica Argentina Nº 32.191 de fecha 14/07/2011.10 “Millonaria deuda de la nueva Ciccone con la Anses” , Miércoles 21 de marzo de 2012, diario La Nación. 11 Op. Cit.

7

más de 200 empleados por un monto millonario, según

consta en los registros oficiales de la Administración

Nacional de la Seguridad Social (Anses)12.

Y coincidentemente, el funcionario Guido

Forcieri también se desempeña desde el 27 de abril de 2011,

como Director en representación del Estado Nacional en el

“GRUPO FINANCIERO GALICIA SA”13 entre otras

compañías privadas. Ello, en base a la moción realizada por

la Administración Nacional de la Seguridad Social

(ANSES).

III.- IRREGULARIDADES A

INVESTIGAR:

La Ley 25.188 de Ética de la Función Pública

establece en su Capítulo II, los deberes y pautas de

comportamiento ético que deben observar los funcionarios

públicos de los niveles y jerarquías en las que se viene

desarrollando el Dr. Cesar Guido FORCIERI; entre los que

se encuentra el deber de desempeñarse con honestidad y

austeridad republicana; el deber de privilegiar el interés

12 “Millonaria deuda de la nueva Ciccone con la Anses”, Diario La Nación 21 de marzo de 2012.-13 Boletín Oficial de la República Argentina Nº 32.168 de fecha 10/06/11.

8

público por sobre el particular; y el deber de no recibir

ningún beneficio personal indebido; entre otros.

Las circunstancias señaladas en el punto

precedente, nos lleva a efectuar la presente denuncia,

por cuanto el otorgamiento de los préstamos

mencionados, en beneficio de las empresas de las que

resulta socio dicho funcionario -estratégicamente

ubicado al frente de altos cargos en la cartera de

economía y finanzas del Poder Ejecutivo Nacional-,

resulta un fuerte indicativo de situaciones en las que al

menos, existirían “conflictos de intereses” .

En efecto, llama la atención que sociedades

anónimas con capitales sociales tan bajos, $12.000 y

$20.000 respectivamente, hayan contraído deudas con

entidades financieras, por montos que superan los $200.000

y $400.000, cuando la capacidad económica que evidencian

estas sociedades es cuanto menos exigua.

Pero lo que resulta grave y configura a nuestro

entender, un “conflictos de intereses”, e incluso, podría

configurar un caso de “incompatibilidad con el ejercicio de

la función pública”, es que quien tiene el cargo de

9

Subsecretario de Servicios Financieros en el Ministerio de

Economía y Finanzas Publicas de la Nación, que entre sus

funciones tiene la de ejercer control sobre entidades

financieras, sea a su vez, socio fundador de sociedades

anónimas de escasa capacidad económica, que han obtenido

créditos tan “generosos”, con entidades financieras que

precisamente están bajo su control.

Lo que nos hace presumir que el cargo de

funcionario del Dr. FORCIERI, es el que ha influido

directamente en el otorgamiento de dichos créditos y sus

condiciones, y genera sospechas de eventuales “devolución

de favores” para con la entidad financiera, que podría

haberse visto beneficiada, a su vez, en su negocio, con

información sustancial y/o decisiones favorables.

La Subsecretaria de Servicios Financieros

según su marco legal14, tiene entre sus funciones, la

elaboración de medidas que propicien la transparencia de los

mercados financieros, de asistencia en la coordinación de

los aspectos administrativos de las relaciones del Banco

Central de la Republica Argentina, El Banco de la Nación

Argentina, el Banco de Inversión y Comercio Exterior

14 Decreto Nº 2083/2009

10

Sociedad Anónima y el Banco Hipotecario Sociedad

Anónima con el Poder Ejecutivo Nacional.

Asimismo, tiene a su cargo las relaciones con la

Comisión Nacional de Valores y la Superintendecia de

Seguros15.

Además, debe coordinar aspectos

administrativos del PEN con el Banco Central de la

República Argentina, el Banco de la Nación Argentina, el

Banco Hipotecario S.A. y el Banco de Inversión y Comercio

Exterior16.

Y el haber sido Jefe de Gabinete de Asesores

del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

PUBLICAS, así como el ocupar el cargo de Director en

representación del Estado Nacional en el “GRUPO

FINANCIERO GALICIA SA”, dan cuenta de la influencia

y alto poder de asesoramiento y decisión que ostenta el

funcionario Cesar Guido FORCIERI.

15 Op. Cit. 16 Op. Cit.

11

En tal sentido, resulta fundamental el estudio

de la Declaración Jurada Patrimonial que el funcionario

debió presentar ante esa Oficina Anticorrupción, al

momento de asumir cada cargo1717.

Así como la investigación exhaustiva de las

operaciones crediticias y financieras involucradas, y que

pueden dar cuenta de beneficios indebidos, obtenidos por el

funcionario a favor de su empresa; de las que incluso puede

resultar, un eventual crecimiento patrimonial del mismo,

como resultado de sus gestiones en el doble rol de

funcionario y empresario privado.

Las circunstancias descriptas sin dudas, podría

generar –e incluso, pudieron ya haber generado, de acuerdo

a los hechos relatados- casos de “conflictos de intereses” e

“incompatibilidades en la función pública” que

precisamente, la Ley de Etica de la Función Pública busca

evitar, en tanto ese comportamiento, por parte del

funcionario mencionado, podría configurar una serie de

violaciones a los deberes y pautas de comportamiento ético

17Se encuentran obligados a presentar su Declaración Jurada, según lo establece el art. 5 inc. m) Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada…

12

mencionados, estipulados por la Ley de Ética de la Función

Pública, en su artículo 2º.

Ello, sin descartarse la posible comisión de

eventuales delitos en perjuicio de la Administración Pública,

como el de negociaciones incompatibles con el ejercicio de

la función pública, reprimido por el art. 265 del Código

Penal, o el de enriquecimiento ilícito (art. 268 (1) C.P.).

IV.- CONFLICTO DE INTERESES E

INCOMPATIBILIDADES.

El sistema previsto de las Declaraciones

Juradas, no tiene como único fin conocer la evolución del

patrimonio de los funcionarios obligados, sino que además,

busca facilitar la posibilidad de controlar que no se

produzcan situaciones como las descriptas, en las cuáles

puede preverse una “confusión” entro los intereses públicos

que debe defender el funcionario y para lo cual le son

concedidas las facultades de las que ha sido investido, y los

intereses personales, siendo pasible de hacer predominar

éstos últimos por sobre los primeros.

13

La ley 25.188, en su artículo 2° establece, entre

los deberes y pautas de comportamiento ético de los sujetos

comprendidos en esta ley, los siguientes : … c) Velar en

todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la

satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa

manera el interés público sobre el particular; d) No recibir

ningún beneficio personal indebido vinculado a la

realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus

funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en

ello; …f) Proteger y conservar la propiedad del Estado y

sólo emplear sus bienes con los fines autorizados.

Abstenerse de utilizar información adquirida en el

cumplimiento de sus funciones para realizar actividades

no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su

uso en beneficio de intereses privados.

Y sin dudas, existen elementos que nos

permiten sospechar que el funcionario en cuestión ha

incumplido con estos deberes.

“Conforme las definiciones del Capítulo 1, las

“incompatibilidades” son aquellas situaciones en las cuales

se establecen limitaciones a la acumulación de cargos o

14

empleos, tanto dentro del sector público, como entre el

sector público y el privado (…)

Por su parte, los “conflictos de intereses” son

en general entendidos como situaciones en las cuales la

capacidad decisoria del funcionario público no está

rodeada de los rasgos de imparcialidad, neutralidad y

objetividad mínimos frente a los intereses que le

corresponde administrar. Más específicamente, en una

situación de conflicto de intereses, el interés particular –

patrimonial, financiero, profesional, personal- del

funcionario público colisiona o es susceptible de colisionar

con los deberes y obligaciones inherentes al cargo que

desempeña”1818

En su Capítulo V, la ley de Ética de la Función

Pública se refiere a las Incompatibilidades y Conflicto de

intereses, y precisamente, declara ser incompatible con la

función pública: el dirigir, administrar, representar,

patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar

servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea

proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por

éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga

18 OFICINA ANTICORRUPCION. “Declaraciones Juradas de Funcionarios Públicos”, 2da. Edición actualizada, Serie ESTRATEGIAS PARA LA TRANSPARENCIA, Pág. 47

15

competencia funcional directa, respecto de la contratación,

obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios

o actividades (art. 13, inc. a).

Estableciéndose, mediante el art. 15, que en el

caso de que al momento de su designación el funcionario se

encuentre alcanzado por alguna de las incompatibilidades

previstas en el Artículo 13, deberá: a) Renunciar a tales

actividades como condición previa para asumir el cargo. b)

Abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en

cuestiones particularmente relacionadas con las personas o

asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES

(3) años o tenga participación societaria.

Por lo cual, venimos a pedir la intervención de

esa Oficina Anticorrupción, para que en ejercicio de las

facultades otorgadas por la ley 25. 233 y el Decreto 102/99,

evalúe los hechos aquí denunciados, realice las

investigaciones pertinentes para determinar eventuales

violaciones a los deberes y pautas de comportamiento ético,

y en su caso, impulse las denuncias penales respectivas ante

la posible comisión de delitos penales.

V.- PETITORIO:

16

Por todo lo expuesto, solicitamos:

1. Tenga por formulada la presente denuncia.

2. Se incorpore la documental acompañada.

3. Se nos de acceso a las declaraciones juradas del

funcionario Cesar Guido Forcieri, de las que

solicitamos copias para nuestra propia compulsa.

4. Se Oficie al Boletín Oficial de la provincia de Buenos

Aires a fin de que remita copias de los ejemplares Nº

25278 del 26-10-2005, Nº 25518 del 19-10-2006 y Nº

26733 del 13-12-2011.

5. Se investiguen los hechos denunciados, a fin de

determinar posibles violaciones a la Ley Nº 25.188,

por parte del funcionario Cesar Guido FORCIERICesar Guido FORCIERI.

Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA.

17