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Seguridad Regional
Delincuencia organizada y poder político en Venezuela
Javier Mayorca*
Resumen ejecutivoHugo Chávez llegó al poder en 1999 con la consigna de poner fin a la corrup-ción que en su criterio había caracterizado al régimen de democracia repre-sentativa iniciado en 1958. Esto pasaba por un ataque frontal a los grupos de delincuencia organizada que operaban en el país, en actividades tan diversas como el tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión, la trata de personas y las distintas formas de corrupción administrativa. Luego de un conjunto de cambios institucionales que comenzaron con una Asamblea Nacional Cons-tituyente, se instituyó un Poder Ciudadano y se hizo una intensa depuración en la judicatura. La delincuencia organizada, sin embargo, no cesó en sus actividades. Por el contrario, se adaptó al nuevo entorno de poder altamente centralizado para continuar su crecimiento mediante alianzas con actores re-gionales y nacionales.
Delincuencia organizada: desde la extorsión en la periferia hasta el “tercer nivel”
Una definición comúnmente aceptada de la delincuencia organizada figura en la Convención de Palermo, suscrita en noviembre de 2000. Según ese texto, incurre en ella todo “grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la pre-sente convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.
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l Las actividades de la delincuencia organizada pueden ser tan diversas como el contraban-do o la trata de personas. La Convención sólo hace referencia explícita al lavado de dinero, la corrupción y la obstrucción de la justicia. Igualmente, sugiere que los estados deben tipificar como delito la mera asociación o concierto para violar las leyes, es decir, que el agruparse para delinquir sea penado por la ley, elemento ya establecido en las legislacio-nes de Estados Unidos (RICO Act) e Italia (artí-culos 416 y 416 bis del Código Penal).
Históricamente, la delincuencia organizada comienza a estructurarse en torno a dos ac-tividades: la extorsión y el contrabando. En la primera, se ejerce violencia contra una perso-na o se amenaza con ejercerla si la víctima no entrega dinero, bienes o prebendas. El otro consiste en la introducción de mercancías vio-lentando o pasando por alto las prohibicio-nes o los requisitos para su nacionalización en una determinada jurisdicción.
Ambos delitos tienen efectos perniciosos para la estabilidad de las naciones. El contraban-do desestabiliza las economías, pues genera circuitos de competencia desleal y merma los ingresos de los estados por concepto de impuestos. Igualmente, puede tener graves consecuencias para la salud pública, al permi-tirse la entrada de mercancías que carecen de controles sanitarios. Pero la extorsión es aún más grave, pues representa una substitución de facto del Estado. En principio, los grupos dedicados a ella se presentan como “protec-tores” de una amenaza (cierta o ficticia) que pudo ser creada por ellos mismos o por ter-ceros. El hecho es que los extorsionistas su-plantan al Estado en su deber primordial, que es dar seguridad a los ciudadanos. No es ca-sualidad que en países como Italia, Colombia y Venezuela este delito haya florecido en los sectores rurales y fronterizos, donde la pre-sencia de los cuerpos de seguridad del Estado es escasa o nula.
Sin embargo, asumir directamente el control político de los Estados no está en la lista de objetivos de los grupos de delincuencia orga-nizada. Por el contrario, éstos prefieren una coexistencia pacífica con el sector gobernan-te, siempre y cuando les permita continuar con el desarrollo de sus actividades.
El poder político y el poder de la delincuencia organizada en algún momento deben com-partir sus espacios. De lo contrario entran en conflicto. Según Gayraud1, esto obliga a las estructuras criminales a establecer un “anclaje político” que les permita neutralizar la acción estatal por una parte, y por otra aprovecharse de los recursos del Estado, en todos sus ni-veles, para incrementar sus ganancias. Por lo tanto, las mafias necesitan diseñar modos de acción para tratar con los grupos de poder. Cuando han adquirido un grado importante de estructuración, pueden favorecer la carrera de sus amigos o asociados, negociar con los políticos ya elegidos o presentar en forma en-cubierta a miembros iniciados de su propia es-tructura. De estas alternativas, la última es la menos frecuente. Para ganarse a esos grupos de poder, la delincuencia organizada aplica en primer término tácticas de corrupción. Una encuesta piloto de la Organización de Nacio-nes Unidas (ONU) en 2002, con miembros de cuarenta organizaciones criminales que ope-ran en 16 países, determinó que la corrupción es un modo de acción esencial en el 45% de los casos, mientras que en el 30% es aplicada ocasionalmente2.
Desde 1982 comenzó a hablarse de delitos de “tercer nivel”3, a propósito de las investi-gaciones del juez italiano Giovanni Falcone y su colega Giuliano Turone. Esta teoría inicial-mente sostenía que las organizaciones mafio-sas cometían ciertos delitos para preservar su propia existencia, generalmente homicidios de autoridades que se les oponían (“cadáve-res excelentes”). Pero la teoría fue deformán-dose. El “tercer nivel” pasó a ser el punto de encuentro entre el estrato dominante de la
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jerarquía criminal (supercúpula mafiosa) y la élite política gobernante, ambas actuando en complicidad en aras de su propia permanen-cia. Unos delinquían con impunidad mientras que los otros se entronizaban en el ejercicio del poder. Unos aportaban cuotas de votos que inclinaban la balanza electoral, mientras que los otros inhibían la acción de legislado-res y jueces antimafia4.
Desarrollos autóctonos y actores foráneos
Aunque la teoría del “tercer nivel”, como la conocemos ahora, no tiene aceptación gene-ral, se da por descontado que la delincuencia organizada busca establecer alianzas con el poder político, en aras del mutuo beneficio. El alcance y permanencia de estas relaciones de-penden de la extensión de las operaciones del grupo criminal. Si se trata de una estructura pequeña o incipiente, los objetivos de infiltra-ción serán los gobiernos y policías regionales o locales. En países pequeños con gobiernos altamente centralizados o autoritarios, las mafias buscarán relacionarse con el poder central5. Además, la delincuencia organiza-da se vuelve transnacional cuando extiende sus operaciones hacia otros países, mediante alianzas con grupos locales o aplicando tác-ticas de apoderamiento violento de la plaza, ya sea para suplir la necesidad de un bien o servicio, o para extender sus mercados.
Por sus características geográficas, sociales e históricas, en Venezuela los grupos de delin-cuencia organizada locales han coexistido en alianzas con grupos foráneos. Esta relación incluso les ha permitido extender sus opera-ciones a terceros países. Tal es el caso de las organizaciones de traficantes de drogas que prestan servicio por contratos informales a carteles de Colombia y de México, para llevar los alijos a África Occidental y a Europa.
Es muy difícil hacer un inventario exhaustivo de los grupos de delincuencia organizada que operan en el país. No existe un órgano inde-pendiente que haya asumido esta tarea, aún cuando la Ley Orgánica contra la Delincuen-cia Organizada (Locdo) establece que se debe crear una comisión nacional a tal efecto. Sin embargo, hay indicios preocupantes. En su última medición, Transparencia Internacional puso a Venezuela en el segundo grupo de países del mundo más afectados por el so-borno, junto a Armenia, Camboya, Bolivia y Rusia, entre otros. En el índice de percepción de corrupción, el país figura en el lugar 162 de 180 posibles. Cuando Hugo Chávez llegó al poder, en 1999, ocupaba el puesto 75.
La Locdo, sancionada en octubre de 2005, establece 24 actividades posibles para la de-lincuencia organizada, entre ellas el tráfico de drogas, el robo de vehículos, la falsificación, el sicariato, el secuestro y la extorsión.
El problema del tráfico de drogas en Vene-zuela ha sido tratado en otro policy paper6, de 2008. La situación de aislamiento del país descrita en aquella oportunidad ha variado poco, aunque es necesario reconocer que desde entonces el Gobierno ha optado por la táctica de deportar en forma sumaria a im-portantes miembros de grupos de delincuen-cia organizada transnacional, en respuesta a los señalamientos de que Venezuela es el principal país de tránsito de cocaína del mun-do y un punto clave de las operaciones de los grupos de transporte de drogas, desplazados hacia territorio nacional por efecto de la Po-lítica de Seguridad Democrática del gobierno colombiano.
Pero las deportaciones son acciones aisladas. Luego de 32 expulsiones en más de tres años, el Reporte Mundial de Drogas de la ONU si-gue colocando al país como el principal te-rritorio puente de la cocaína producida en la región andina.
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l Tomemos entonces otros tres delitos: la trata de personas, el robo de au-tomóviles y el secuestro, señalados como típicos de la delincuencia orga-nizada, tanto en la legis-lación nacional como en las convenciones interna-cionales sobre la materia, ratificadas por Venezue-la. La evaluación de estos delitos se dificulta puesto que las estadísticas sobre seguridad ciudadana no son de libre acceso en Venezuela. Inicialmen-te, la información de las denuncias y casos conocidos es procesada por el Cuerpo de In-vestigaciones Científicas, Penales y Crimina-lísticas (Cicpc). Luego es consolidada en el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. En cuanto al robo de automóviles y la trata de personas, la serie estadística llega hasta 2008.
Durante los últimos cuatro años de la serie es evidente el incremento en el número de casos conocidos, debido esencialmente a la activa-ción de mecanismos de cooperación interna-cional que han permitido atacar a las redes de trata de personas en el país. No obstante, el problema pareciera ser mucho mayor. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió en junio de este año un reporte en el
que señala a Venezuela como país proveedor, de tránsito y destino para las redes de trata de personas. El documento indica que el Gobier-no no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de este delito, lo cual implica no sólo atacar a quienes promue-ven el comercio de seres humanos, sino tam-bién a los funcionarios corruptos que les dan documentos de identidad y alojamiento en el territorio nacional.
El promedio de automóviles robados al año en el país es de 24.718. Esta estadística no inclu-ye los robos de motocicletas ni de camiones, que son señalados aparte en las relaciones emitidas por la policía judicial. Como punto de comparación, en Colombia fueron denun-ciados 19.454 robos de todo tipo de vehícu-los en 2008 (último año de la serie incluida
en este cuadro). Ese país tiene casi el doble de la población de Venezuela.
En el caso venezolano, los altibajos en las cifras to-tales de cada año se atri-buyen a factores coyun-turales como la carencia de dólares para comprar repuestos nuevos (lo que fomenta el mercado de partes robadas) y un ma-yor o menor énfasis en la
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acción combinada de los cuerpos policiales. Lo cierto es que en el país son reportados en promedio 67 robos diarios de automóviles, lo que sugiere la existencia de una industria ile-gal organizada y poderosa.
Con respecto al secuestro, a partir de 2007 y hasta 2009 las cifras conocidas establecie-ron récords sucesivos. Esta situación se ha atribuido al incremento de la modalidad ex-press (menos de un día de duración) a manos de grupos que antes se dedicaban al robo de bancos, vehículos y transportes de valores.
En Venezuela el secuestro pasó de ser un de-lito rural a uno urbano. No obstante, para el último año de la serie el estado con la mayor tasa de secuestros fue Barinas, una región eminentemente agrícola ubicada en el su-roeste del país.
En los estados fronterizos con Colombia (Tá-chira, Apure, Zulia, Bolívar y Amazonas), el secuestro está íntimamente ligado a la extor-sión ejercida por grupos paramilitares (Táchi-ra y Zulia) y guerrilleros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc (todas las regiones) y el Ejército de Liberación Nacional, ELN (Zulia). Las denuncias conocidas indican que el posicionamiento de estas organizacio-nes llega a regiones cada vez más alejadas de la frontera.
Como se ve en las series estadísticas, la activi-dad de los grupos de delincuencia organizada en el país es cada vez más intensa. Esto sugie-re la existencia de altos niveles de impunidad. En Venezuela, de acuerdo con el Observato-rio Venezolano de la Violencia, por cada 100 homicidios se producen 9 detenciones. Esto señala un grado de impunidad de por lo me-nos 91% para este delito. En lo que respecta al tráfico de drogas, la impunidad promedio es de 93%, y en casos como el secuestro y la extorsión, supera el 99%.
Democracia representativa y delincuen-cia organizada. Alianzas y conflictos
Existe una diferencia fundamental en la for-ma en que fue abordado el problema de la
delincuencia organiza-da durante los primeros ocho períodos presiden-ciales de la democracia venezolana, por una parte, y por otra, duran-te la etapa que comenzó en 1999 con el ascenso al poder del teniente coronel retirado Hugo Chávez Frías.
Entre 1959 y 1999 se desarrolló en el país una etapa de democra-
cia representativa. Los poderes públicos eran ejercidos siguiendo las trazas de un acuerdo firmado en octubre de 1958 entre los líderes de los principales partidos políticos del mo-mento (Acción Democrática, Copei y Unión Republicana Democrática). El llamado Pacto de Punto Fijo señalaba, entre otras, que “nin-guna de las organizaciones signatarias aspira ni acepta hegemonía en el Gabinete Ejecuti-vo, en el cual deben estar representadas las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes, mediante una leal selección de capacidades”.
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l A partir de 1973, cuando comenzó la primera administración de Carlos Andrés Pérez, este principio de balance en la conformación del gabinete se rompió definitivamente. No obs-tante, se mantuvo el espíritu del acuerdo en cuanto a la distribución de los principales car-gos en los poderes Legislativo y Judicial. La Contraloría General de la República, además, era asignada desde el Congreso a indepen-dientes o militantes de partidos opositores al Presidente. Lo mismo solía hacerse en la Fisca-lía General de la República.
Con este esquema se intentaba lograr contra-pesos al poder presidencial, en un país alta-mente centralizado, donde el Jefe del Estado tenía la potestad de nombrar incluso a los gobernadores de las regiones. No obstante, el régimen de partidos permeó en forma no-civa la administración de justicia. Cada agru-pación política tenía cuotas, reflejadas en la designación de los titulares de los tribunales e incluso de los magistrados de la Corte Su-prema de Justicia (actual Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). A estos grupos se les deno-minaba “tribus”. La falta de independencia del Poder Judicial fue uno de los principales puntos abordados por la Comisión Presiden-cial para la Reforma del Estado (Copre), insta-lada en 1985. A pesar de la recomendación de profesionalizar en lo posible a los jueces y demás funcionarios de los tribunales, el sis-tema permaneció sin cambios significativos hasta 1999.
Durante esa era, el anclaje político de la de-lincuencia organizada era el nivel central, en complicidad con los grandes partidos. Según Claire Sterling, prosperaron en el país los gru-pos de la mafia italoamericana, sobre todo los seguidores de Paolo Cuntrera y Alfonso Ca-ruana7. Venezuela era utilizada básicamente como un aliviadero para los delincuentes per-seguidos en otros países, así como también como punto de encuentro entre los enviados de los carteles colombianos, a los efectos de coordinar el transporte de estupefacientes. Fi-
nalmente, la libre convertibilidad de la mone-da facilitaba el lavado de dinero.
Sin embargo, la policía formada durante los primeros años de la democracia gozaba toda-vía de amplios márgenes de acción. En 1987, por ejemplo, efectivos de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, Disip (actual Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin) apresaron en Valencia al diputado Her-mócrates Castillo con cinco kilos de cocaína. El parlamentario, perteneciente a la organiza-ción Opina (aliada con Acción Democrática en ese entonces), había traído el alcaloide desde Maracaibo8. En junio de 1991, la Guardia Na-cional detuvo al ex vicecanciller de la Repú-blica y entonces secretario general de Acción Democrática en Caracas, Adolfo Ramírez To-rres, por tráfico de drogas. Ramírez fue gra-bado cuando admitía sus planes de llevar un alijo de cocaína a Estados Unidos, en compli-cidad con grupos ligados precisamente a la mafia italoamericana. En ambas oportunida-des, las pruebas eran tan contundentes que los partidos decidieron la inmediata expulsión de las personas señaladas, con la prédica de que se trataba de casos aislados, y no de una práctica recurrente.
Delincuencia organizada durante el régi-men de Hugo Chávez
Los cambios políticos que se desarrollaron en el país desde 1999 representaron tanto una amenaza como una oportunidad para la de-lincuencia organizada. El teniente coronel del Ejército Hugo Chávez Frías llegó al poder con la consigna de barrer con los “cuarenta años de democracia corrupta”. Esta frase sugería que de allí en adelante los poderes públicos serían implacables con cualquier manifesta-ción de actividad mafiosa en Venezuela.
Según el razonamiento del nuevo Presidente, la corrupción generada por la delincuencia organizada en colusión con funcionarios pú-
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blicos ponía en peligro la existencia del propio Estado. Por lo tanto, decidió encomendar a la policía política (Disip) la tarea de investigar-la. Para ello puso al frente de esa institución al teniente coronel retirado Jesús Urdaneta Hernández, otro de los líderes de la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, en la que Chávez también participó.
Urdaneta duró sólo un año en la Disip y sa-lió de ese despacho enfrentado con el Pre-sidente tras el hallazgo de un lote de ar-mas que supuestamente pertenecían a dos diputados del partido de gobierno. En ese lapso hubo numerosas investigaciones so-bre redes de contrabando, pero no se llegó a ninguna condena.
Simultáneamente, entre 1999 y marzo de 2000 se llevó a cabo la Asamblea Nacional Constituyente. Con la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna, los poderes públicos pasaron de tres a cinco. En el nuevo régimen la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y la Contraloría General de la República confor-marían el Poder Ciudadano.
La nueva Constitución declaró que el Poder Judicial tendría total independencia, tanto en lo administrativo como en lo funcional (Art. 254). La ley propendería por la profesionaliza-ción de los jueces, que ascenderían en el es-calafón mediante concursos. Los titulares de los juzgados, además, “no podrán (...) llevar a cabo activismo político-partidista, gremial, sindical o de índole semejante” (Art. 256). Todo esto apuntaba al reforzamiento del im-perio de la Ley.
Así mismo, la nueva Carta Magna fijó la nor-ma de no extradición de nacionales (Art. 69), por una parte, y por otra, estableció que “en ningún caso” podría ser negada esta medi-da para los extranjeros buscados por tráfico de drogas, lavado de dinero, delitos contra el patrimonio de otros estados, contra los De-rechos Humanos y delincuencia organizada
internacional. Desde entonces, los mafiosos detectados en el país han aprovechado la vulnerabilidad del sistema de identificación para obtener nacionalizaciones. Ante esta situación, el Gobierno ha aplicado la norma en forma diferenciada, expulsando a algunos criminales y juzgando a otros en el país.
En todo caso, desde 1999 hasta hoy las activi-dades de la delincuencia organizada han cre-cido en el país dada la posibilidad que tienen estos grupos para establecer nuevas alianzas y un anclaje político con actores de gobierno, sean regionales o nacionales. Al respecto se pueden establecer dos períodos. En el prime-ro, que va desde 1999 hasta 2004, el Primer Mandatario no había logrado una hegemonía plena en los poderes públicos ni en la institu-ción militar. En esa situación de inestabilidad, las mafias se inhibían de actuar pues carecían de una contraparte con la cual negociar su impunidad de manera efectiva.
En 2004, tanto la oposición como un sector de la Fuerza Armada Nacional, FAN, sufrieron las consecuencias de haber perdido el conflic-to planteado el año anterior con el paro pe-trolero. El chavismo y sus aliados ganaron 21 de las 23 gobernaciones. Simultáneamente, se desarrolló una nueva purga de altos ofi-ciales y oficiales superiores en la institución militar. En 2005 la oposición se retiró de los comicios parlamentarios, y el partido de Go-bierno ganó prácticamente todas las curules. De esta forma, el Poder Ejecutivo en todos sus niveles y el Legislativo quedaron plegados al proyecto político del teniente coronel.
En ese período se llevaron a cabo tres “de-puraciones” en el Poder Judicial. El proceso comenzó en 1999, cuando la Asamblea Na-cional Constituyente creó la Comisión de Emergencia Judicial que destituyó o suspen-dió a 128 jueces. La Corte Suprema, en una decisión dividida, avaló la creación de dicha comisión, con lo que dio pie a los procesos posteriores.
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l Antes de cesar en sus funciones, la Consti-tuyente decretó el reemplazo de la Comisión de Emergencia Judicial por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Siste-ma Judicial y le confirió amplios poderes para ejercer un régimen disciplinario sobre los jue-ces. Con la nueva Constitución, además, los magistrados del TSJ podían ser destituidos en cualquier momento por decisión parlamenta-ria.
Para 2005, el 81% de los jueces del país era provisorio, de acuerdo con el informe de ese año de la Comisión Interamericana de Dere-chos Humanos. El reporte da cuenta de las constantes destituciones de jueces por parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. La provisionalidad de los jueces y las constan-tes reformas, según el texto, “han generado dificultades para una plena vigencia de la in-dependencia judicial en Venezuela”9.
A partir de ese año se inició un proceso de designación de jueces titulares mediante con-curso. Según la presidenta del TSJ, magistra-da Luisa Estela Morales, para marzo de 2010 el 85% de los jueces eran titulares de sus tri-bunales. Sin embargo, esto no ha garantizado su independencia. En diciembre de 2009, la juez Maria Lourdes Afiuni, titular de su puesto desde 2006, fue detenida cuando decretó la libertad condicional del banquero Eligio Ce-deño. Al conocerse la decisión, el Presidente pidió públicamente cadena perpetua para la jueza. Días después, allanaron su casa y la en-viaron a un calabozo del Sebin.
Desde 2005 hasta el presente, los poderes Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral se encuentran claramente alineados con el Eje-cutivo. Incluso, sus titulares han estado pre-sentes en actos proselitistas del partido de Gobierno. En el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada esto permite esta-blecer determinadas líneas de investigación, orientar las pesquisas que ya están en curso para evitar desenlaces indeseados e inhibir la
formación de expedientes sobre las activida-des de los aliados políticos. Gayraud denomi-na a esta situación como un “vacío represi-vo”, derivado de una mezcla entre un aparato judicial corrupto y “una voluntad política de complacer a las mafias en agradecimiento por los servicios prestados”10.
La alineación política de los poderes ha que-dado en evidencia con las denuncias docu-mentadas sobre la presencia en Venezuela de numerosos contingentes de las Fuerzas Arma-das Revolucionarias de Colombia (Farc). El 22 de julio de este año el embajador colombiano ante la Organización de Estados Americanos, Luis Alfonso Hoyos, denunció ante el Consejo Permanente de esa entidad que 1500 militan-tes del grupo guerrillero estaban distribuidos en 87 campamentos en territorio venezola-no, en los que, además de planear ataques contra las fuerzas militares colombianas, se almacenaban drogas y se ocultaba a personas secuestradas.
Hoyos aportó videos y fotografías de fecha reciente, suficientes para iniciar una averigua-ción por notitia criminis (en Venezuela un ex-pediente penal puede iniciarse sobre la base de una llamada anónima). Ese mismo día, re-presentantes de los poderes Ejecutivo y Legis-lativo se pronunciaron para descalificar la vali-dez de la denuncia. Posteriormente lo hizo la Fiscal General de la República, al señalar que las informaciones aportadas por el embajador colombiano “no tienen valor jurídico”.
A continuación se analizarán tres casos que sirven de ejemplos de cómo ha sido la acción de los poderes públicos venezolanos ante miembros de organizaciones criminales que tienen anclaje político con el régimen, y fren-te a otros que no lo han logrado.
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Las deportaciones de José María Ballestas y Rodrigo Granda
José María Ballestas es un guerrillero del Ejér-cito de Liberación Nacional (ELN), capturado en febrero de 2001 por efectivos de la policía judicial en Caracas. Aun cuando los datos de su aprehensión fueron divulgados incluso por la prensa colombiana, los entonces Canciller Luis Alfonso Dávila y Ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, los negaron a todo tran-ce. Ballestas era buscado internacionalmente por haber comandado al grupo que secuestró un avión Fokker de Avianca en 1999, y estaba oculto en Venezuela.
Posteriormente, el ministro de Relaciones In-teriores, Luis Miquilena, reconoció que Balles-tas estaba en poder de las autoridades y que se estudiaba una solicitud de asilo para él. Miquilena ordenó la destitución del entonces Director de la Policía Judicial, comisario Elisio Guzmán, pues consideró que la idea del fun-cionario era deportar de inmediato al guerri-llero. Finalmente, debido a las presiones inter-nacionales, se decidió seguir el procedimiento de extradición y en diciembre de ese mismo año la Sala Penal del TSJ acordó enviarlo a Co-lombia. No obstante, la remoción de Guzmán quedó firme.
En diciembre de 2004 ocurrió un suceso simi-lar, pero con actores distintos. Una comisión del Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional, comandada por el teniente coronel José Humberto Quintero, capturó en Caracas y entregó a las autoridades colom-bianas a Rodrigo Granda, quien para ese mo-mento era uno de los representantes interna-cionales de las Farc, junto con Raúl Reyes.
Granda fue llevado a la frontera de manera subrepticia y las autoridades colombianas re-conocieron además que por esta acción fue pagada una recompensa. Aunque Quintero podía ser enjuiciado por el fuero común por el delito de corrupción, el Presidente ordenó
su inmediata destitución y procesamiento por los tribunales militares por traición a la patria, abuso de autoridad y contra el decoro militar. Fue sentenciado a tres años y ocho meses de prisión.
Si bien es cierto que en ambos casos los ope-radores de los cuerpos de seguridad pudieron cometer irregularidades, punibles mediante procedimientos administrativos o incluso de la justicia penal ordinaria, el mensaje del alto Gobierno fue claro en el sentido de que no es conveniente entrometerse con los aliados políticos. En el caso del comandante Quintero hubo incluso una reacción excesiva que origi-nó denuncias de torturas contra él mientras estaba en prisión. El oficial permanece reclui-do en un centro para presos militares.
El caso del maletín
El sábado 4 de agosto de 2007 la policía aduanera del aeroparque Jorge Mulberry de Buenos Aires, Argentina, detectó que un empresario venezolano quería entrar al país llevando un maletín con 790 mil dólares no declarados. Guido Antonini Wilson formaba parte de una comitiva argentino-venezolana que acompañaría al presidente Hugo Chávez, que llegaría al día siguiente a la misma ciudad en visita oficial. Antonini estuvo por horas en detención administrativa en el aeropuerto y poco después de visitar la Casa Rosada salió del país y regresó a Miami, donde estaba re-sidenciado.
Los detalles de este caso aún no son del todo conocidos. El hallazgo de la maleta hizo pen-sar en una operación de lavado de dinero. Pero a partir de la detención en Estados Uni-dos de tres asociados de Antonini, los empre-sarios Franklin Durán y Carlos Kauffman, así como del agente de la Disip Moisés Maiónica, el 12 de diciembre de ese año, la investiga-ción dio un giro.
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l Antonini se había convertido en informante del Federal Bureau of Investigation (FBI) tras denunciar que Durán y sus acompañantes lo presionaban y amenazaban para que no reve-lara el verdadero origen del dinero decomisa-do meses atrás en Argentina. La plata había salido de las arcas de Petróleos de Venezuela y era uno de varios envíos hechos a través de canales informales para financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández.
Durán había sido investigado por tráfico de armas hacia Venezuela en 2001. Pero las pes-quisas desarrolladas por funcionarios de la Guardia Nacional nunca llegaron a los tribu-nales. Estados Unidos enjuició a Durán y sus acompañantes por actuar en el país como agentes de un gobierno extranjero sin el con-sentimiento del Gobierno norteamericano. Durante las audiencias fueron escuchadas grabaciones telefónicas que ponían en evi-dencia cómo el Ejecutivo venezolano intentó, a través del Director de la Disip, general Henry Rangel, convencer a Antonini sobre la incon-veniencia de revelar el origen del dinero.
En Venezuela, sin embargo, los poderes se movieron para inhibir cualquier acción que penalizara lo que aparentemente consti-tuían delitos tipificados en las leyes contra la Delincuencia Organizada y Salvaguarda del Patrimonio Público. El Ejecutivo descalificó el caso, señalándolo de montaje del gobierno estadounidense. En el mismo sentido se pro-nunciaron los diputados de la Asamblea Na-cional. Posteriormente, el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, afir-mó que el caso era un show y anunció que lo investigaría al finalizar el juicio en Estados Unidos, cosa que hasta ahora no ha hecho. La Fiscalía General de la República abrió un expediente penal que se estancó en el trá-mite de una rogatoria a las autoridades ar-gentinas y estadounidenses para que envíen los recaudos sobre el caso. No hubo tampo-co decisiones administrativas en Venezuela
contra los encargados de enviar la remesa de dólares a Argentina.
Las deportaciones de Carlos Ojeda y Luis Tello
El 13 de julio de 2010 fueron deportados a Estados Unidos Carlos Ojeda Herrera y Luis Frank Tello Candelo. Ambos eran solicitados por tráfico de drogas hacia ese país. Ambos eran venezolanos por naturalización. Los an-tecedentes divulgados indican que Ojeda era un transportista de droga por vía aérea, mien-tras que Tello tenía supuestos nexos con gru-pos paramilitares colombianos y con el cartel de Los Zetas, que opera en México.
La actitud mostrada por el Estado venezolano en estos casos llama la atención. La solicitud de captura contra Ojeda no era nueva. Ya en 2006 el TSJ había negado su extradición te-niendo en cuenta que se trataba de un vene-zolano y que la Constitución impedía sacar-lo del país para enjuiciarlo en otra parte. No obstante, luego de la divulgación del Reporte Mundial sobre Drogas de la ONU en 2010 el Gobierno decidió ofrecer algunas acciones que desmintieran los señalamientos de su proximidad con grupos armados y extraditó a Ojeda y a Tello, entre otros.
En cambio, el Gobierno se niega a enviar a España a Arturo José Cubillas, señalado por las autoridades de ese país como líder en Ve-nezuela de la organización separatista vasca ETA. Cubillas es funcionario del Ministerio de Agricultura y Tierras y activista del Parti-do Socialista Unido de Venezuela. Cuando se le preguntó por la negativa de extraditarlo, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, indicó que la medida no procedía pues él es venezolano por natura-lización.
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Conclusiones
• En Venezuela la presencia de grupos de delincuencia organizada tanto foráneos como nacionales es de larga data. El país, con una excelente ubicación geográfica con respecto a los principales productores de drogas y los mercados de consumo de tales sustancias, se ve favorecido además por una extensa red de vías de comuni-cación y numerosos aeropuertos. Esto lo hace atractivo como país-puente para las estructuras delictivas.
• Durante los primeros cuarenta años de democracia el Estado no ha sido capaz de establecer un Poder Judicial independien-te. Las presiones sobre los tribunales que-daron al descubierto con la destitución sumaria de los magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en 2003, y de la jueza Maria Lourdes Afiu-ni en 2009, quien además fue encarcela-da. La falta de independencia del Poder Judicial favorece la corrupción de los fun-cionarios políticamente afines al Gobier-no, así como el desarrollo de estructuras de delincuencia organizada. En términos generales, se incrementa la impunidad y la desconfianza de la ciudadanía hacia los tribunales de justicia.
• El alineamiento político de los poderes públicos en Venezuela, consolidado a partir de 2005, ha coincidido con un flo-recimiento de las actividades propias de la delincuencia organizada. Esto sugiere que las estructuras delictivas aplicaron meca-nismos de adaptación que les permitieron superar la inestabilidad de los primeros años del régimen chavista. Con la gene-ración de nuevas alianzas de poder han crecido delitos como el secuestro, la trata de blancas y el tráfico de drogas.
• Frente a esta realidad las autoridades han aplicado las normas en forma diferencia-
da. Tal y como se desprende del análisis de los casos, las personas u organizaciones políticamente afines al gobierno central tienen garantizados amplios márgenes de impunidad (caso Arturo Cubillas), mien-tras que a los grupos neutrales o no afi-nes al Gobierno las normas se aplican con especial dureza (casos Luis Tello y Carlos Ojeda). El mensaje, entonces, es claro en el sentido de que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
• Durante la época de la democracia repre-sentativa, el anclaje político de las mafias era con el gobierno central y los princi-pales partidos políticos. En la democracia participativa, a pesar de la instauración de nuevos poderes públicos, se ha acentua-do la centralización del poder real. Esto indica que el anclaje político de las mafias apunta exclusivamente hacia el gobierno central y el partido que lo respalda. Sin embargo, las estructuras delictivas de cor-to o mediano alcance preferirán por ra-zones de estricta economía orientar sus estrategias de corrupción hacia los estra-tos de poder más cercanos. En estas cir-cunstancias, los márgenes para la impu-nidad siguen siendo amplios. Así quedó demostrado con el llamado escándalo del maletín.
Prospectiva
Venezuela atraviesa por una espiral de violen-cia sin precedentes en la historia republicana. Durante el régimen de Hugo Chávez más de 12.000 personas han sido víctimas de homici-dios. Durante 2009 fueron denunciados más secuestros que los conocidos durante los 40 años de democacia representativa. Ambos datos, fácilmente constatables, reflejan que el país se ha convertido en un territorio fértil para la actividad de la delincuencia organiza-da.
Septiembre de 2010, Página 12
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AlemaniaKatharina [email protected]
América CentralCosta RicaMarco Vinicio [email protected]
ArgentinaMaría [email protected]
BoliviaMoira [email protected] www.fes-bol.org
BrasilCassio [email protected] www.fes.org.br
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VenezuelaFlavio [email protected]
EditoresPrograma de Cooperaciónen Seguridad RegionalHans [email protected] Niño Coordinadoracatalina.nino@fescol.org.cowww.seguridadregional-fes.orgBogotá DC - Colombia
Las organizaciones criminales han comprendido el mensaje en-viado desde muy temprano con los casos de José María Balles-tas y Rodrigo Granda: es necesario reafirmar el anclaje político con el gobierno central y su partido para lograr la impunidad. El “vacío represivo” tiene un efecto multiplicador. Por lo tanto, es poco probable que en el futuro inmediato se logren modifi-caciones sustantivas en el cuadro de violencia que vive el país, asociado a la delincuencia organizada. La entrada en vigencia de leyes “duras” contra el crimen, como la norma contra el secuestro y la extorsión de junio de 2009, tendrá poco efecto si los tribunales no son realmente independientes y encabezados por personas probas y profesionales. En esto no hay medias tintas: no se puede ser independiente en unos casos y en otros estar plegado a los designios del Ejecutivo.
Sin embargo, el Gobierno ha demostrado con hechos que aún es permeable a las presiones internacionales. Aunque desde 2005 no ha continuado la cooperación antidrogas con el go-bierno estadounidense, ha entablado acuerdos que le confieren a los funcionarios de Gran Bretaña e Italia amplios márgenes para operar en el país. Fue la cooperación de los británicos la que permitió ubicar y detener en Caracas al líder del cartel del Norte del Valle, Carlos Rentería. Si bien es cierto que la deten-ción de una persona no implica el desmantelamiento de toda una estructura criminal, hechos como éste arrojan una luz so-bre el modelo de acción a seguir. El Gobierno, hasta ahora, solamente se muestra proclive a recibir cooperación en el pla-no técnico y operativo contra la delincuencia organizada. Esta situación cambiará solamente si se llega a percibir que tales estructuras ponen en peligro su permanencia en el poder.
* Javier Mayorca, Periodista venezolano, especializado en criminalística y miembro del Observatorio de Crimen Organizado en América Latina y el Caribe. Notas1Gayraud, Jean Fracois. El G-9 de las mafias en el mundo. Barcelona. Ediciones Urano, 2005. Pp 220-228.
2 United Nations Office on Drugs and Crime. Results of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen
Countries. New York. Unodc, 2002. P. 33.
3 Padovani, Marcelle. Mafia. Barcelona.Ediciones B, 1992. Pp. 208-210.
4 Esta teoría, reformada, pareció confirmarse años después del asesinato de Falcone con el testimonio del arrepentido Baldas-
sare di Maggio sobre el beso entre Salvatore Riina (Totó), líder de la Cosa Nostra hasta 1993, y el líder de la democracia cristiana
italiana y tres veces primer ministro del país europeo, Giulio Andreotti. Ver Stille, Alexander. Excellent Cadavers. The Mafia and
the Death of the First Italian Republic. New York. Random House, 1995. P. 392.
5 Garzón, Juan Carlos. Mafia & Co. La red criminal en México, Brasil y Colombia. Bogotá. Planeta, 2008. Pp. 178-182.
6 “Venezuela:consecuencias del aislamiento en la lucha antidrogas” disponible en http://www.ildis.org.ve/website/administra-
dor/uploads/DocumentoMayorcaFinal.pdf.
7 Sterling,Claire. Octopus. New York.Simon and Schuster, 1990. Pp. 130-142.
8 Azócar, Gustavo. Los barones de la droga. Historia del narcotráfico en Venezuela. Caracas. Editorial Alfa, 1994. P. 40.
9 http://www.cidh.org/annualrep/2005sp/cap.4d.htm.
10 Op. Cit. Pp. 186-187.