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CONTRATOS BANCARIOS Y DE CRDITO

(Corte Sup., 05/03/2003 ) JA 2003-I-188.

Provincia de San Luis v. Estado Nacional y otros

OPININ DEL PROCURADOR GENERAL.-

Considerando:

1. Como se expres en el dictamen obrante a fs. 89, la provincia de San Luis promovi accin de amparo contra el Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional), el Banco Central de la Repblica Argentina (en adelante BCRA.) y el Banco de la Nacin Argentina (en ms BNA., en su carcter de entidad responsable del pago de los certificados a plazo fijo que reclama), con el objeto de obtener que se declare la inconstitucionalidad del art. 12 del mencionado 214/2002, en cuanto dispone convertir a pesos los depsitos en dlares a un valor de U$S 1 = $ 1,40, y se ordene al BCRA. y al BNA. que le devuelvan el importe de los plazos fijos -que identifica- en la misma moneda en que fueron impuestos o, a su opcin, en pesos al valor en el mercado libre de cambios, al tipo vendedor del da anterior al vencimiento de la obligacin. (3) y del art. 2 de su similar 320/2002 [2]), del decreto 1570/2001 decreto de necesidad y urgencia 214/2002 (1) (segn texto del art. 3

Describe la legislacin vigente, para concluir que los fondos pblicos provinciales depositados en dlares fueron "pesificados", conforme al art. 2 [5], Anexo, punto 1.2.3). (4) y sus modificatorias, porque el BCRA. excluy de la reprogramacin de los depsitos a las imposiciones a plazo fijo constituidas por los gobiernos provinciales (comunicacin A 3467 decreto 214/2002, al valor de $ 1,40 por dlar y que su devolucin no se encuentra sujeta al cronograma establecido en la resolucin ME. 6/2002

Sostiene que el art. 12 del decreto indicado, a pesar de su nueva redaccin, es irrazonable en tanto imposibilita el ejercicio de la jurisdiccin y torna ilusorio el derecho que se busca proteger por la va del amparo.

Afirma que las medidas cuestionadas -el "corralito financiero" y la "pesificacin compulsiva"- son inconstitucionales por violar los arts. 14 afecta la disponibilidad de los fondos, la "pesificacin" afecta la sustancia o materialidad del derecho e implica una confiscacin o prdida patrimonial definitiva. de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos de Costa Rica) (7) y, por tal motivo, no hallan cabida dentro del estndar de restriccin razonable de los derechos. Acepta que la ley, sobre todo en pocas de emergencia, pueda subordinar el uso y goce de la propiedad al inters social, pero no que pueda aniquilarla. Expone que, mientras el decreto 1570/2001 CN. (6) y el art. 21 y 17

Entiende que los decretos 1570/2001 violan la garanta constitucional de la seguridad jurdica, que se traduce en el sometimiento de las autoridades al derecho vigente -como fue en subvertir la regla de la intangibilidad de los depsitos- y a la interdiccin de su cambio intempestivo salvo que, en su caso, se compense al afectado. y 214/2002

Arguye que los obstculos para disponer de los recursos representan un acto normativo del Estado Nacional que atenta contra el normal desenvolvimiento del gobierno de la provincia de proveer al desarrollo econmico y al bienestar local, aspectos resguardados por la garanta del principio federal y la autonoma provincial, y considera que a sus depsitos en dlares les son aplicables iguales principios que los que reconocen el dominio originario de los recursos naturales y aquellos caracteres que definen al dominio pblico estatal, as como tambin el tratamiento que se les da a los fondos depositados por los Estados extranjeros a travs de sus representaciones diplomticas y por los organismos internacionales, que fueran excluidos del "corralito" y de la "pesificacin".

Dice que acceder a su pretensin no supone un efecto catastrfico multiplicador, porque slo se trata de la devolucin en dlares de fondos pblicos provinciales depositados en plazos fijos en la misma divisa, y San Luis es la nica provincia argentina que los posee.

Sintetiza su agravio al decir que las medidas dispuestas por el gobierno federal afectan el derecho de propiedad del Estado provincial y tienen carcter confiscatorio, ya que lo privan definitivamente y sin ninguna compensacin de los recursos obtenidos de sus contribuyentes, destinados a la atencin de necesidades pblicas locales de carcter impostergable.

2. De conformidad con el citado dictamen de este Ministerio Pblico, V.E. declar que la causa corresponde a su competencia originaria, a la vez que convoc a las partes a una audiencia conciliatoria (fs. 150).

En aqulla, el presidente del tribunal exhort a las partes a alcanzar un acuerdo. El Estado Nacional, por medio del procurador del Tesoro de la Nacin, dijo desconocer los trminos de la demanda como para arrimar alguna propuesta conciliatoria, por lo cual se decidi entregar copia de los escritos a las demandadas y se fij nueva audiencia (conf. copia de la desgrabacin de la audiencia obrante a fs. 169/177 y acta de fs. 160).

El 26/3/2002, la provincia present una propuesta que no fue aceptada, al entender el representante del Estado Nacional que no poda ni deba ejercer o aceptar proposicin alguna, porque resultara violatorio del bloque de legalidad, aunque no descart la posibilidad de escuchar una propuesta del tribunal. En este sentido, la Corte inform a las partes que les hara llegar su sugerencia conciliatoria (ver copia de la desgrabacin de la audiencia de fs. 179/182 y acta de fs. 178).

A fs. 186, a solicitud de la provincia de San Luis y sin perjuicio de continuar con la etapa conciliatoria, el tribunal requiri al BNA., al BCRA. y al Poder Ejecutivo Nacional el informe circunstanciado del art. 8 ley 16986 (8).

Asimismo, con fundamento en el art. 36 inc. 2 CPCCN. -marco en donde encaus el presente trmite-, estim que era conveniente or a la Asociacin de Bancos Argentinos (ABA.) y a la Asociacin de Bancos Pblicos y Privados de la Repblica Argentina (ABAPPRA.) para viabilizar la intencin de stas de no mantenerse ajenas a un conflicto generalizado y, a tal fin, convoc a nueva audiencia (fs. 191), que se llev a cabo el 16/5/2002, en donde, adems de escucharlas, se ley y entreg a las partes la versin de las propuestas conciliatorias sugeridas por el tribunal -una por la mayora y otra por el juez Vzquez- y se acord un plazo de diez das para su contestacin (acta de fs. 350).

3. El BCRA., el Ministerio de Economa -con el patrocinio letrado del subprocurador del Tesoro de la Nacin, en representacin del Estado Nacional- y el BNA. presentaron los informes correspondientes (fs. 206/224; 225/285 y 303/347, respectivamente).

Dado que las presentaciones exponen similares argumentos, los resumir de manera conjunta.

Sostienen la improcedencia formal de la va, toda vez que la provincia no logra justificar que el camino elegido sea el nico idneo para resguardar sus derechos; mxime, al haber consentido el trmite inusual que la Corte asign a la accin que se supone expedita. Tampoco demostr -aducen- que no pueda obtener por otro medio la reparacin de los perjuicios que invoca. En el mismo orden de ideas, afirman que el tema a resolverse impone la necesidad de un amplio debate sobre las normas, su aplicacin, sus consecuencias y los eventuales perjuicios alegados, circunstancias que slo podrn garantizarse con su evaluacin adecuada por las vas ordinarias.

Afirman que la provincia intenta mantenerse ajena a la conmocin econmica existente en el pas, al soslayar la situacin de gravedad institucional reinante, y que no sufre indisponibilidad alguna de su dinero, desde el momento en que con los depsitos existentes en el BNA. abon sueldos a sus empleados y pag a sus contratistas, al tiempo que renov varias imposiciones y otras fueron acreditadas en cuentas a la vista.

En igual orden de ideas, aducen que no hay agravio, sino una impronta especulativa, en tanto la prdida del valor que la provincia alega es inexistente en razn de que la convertibilidad era una paridad legal artificial no econmica. Analizan que, al caer aqulla, la obligacin del Estado Nacional consiste en mantener la estabilidad de la moneda, no ya en su relacin con el dlar, sino con el valor de los bienes y servicios existentes y que se prestan en el pas.

Afirman que la modificacin de la paridad cambiaria es una facultad de poltica econmica -cuestin poltica de discrecionalidad tcnica- implementada por el Poder Ejecutivo Nacional por delegacin expresa del rgano legislativo, cuyo mrito y oportunidad no son susceptibles de revisin judicial.

Entienden que las medidas adoptadas tienen como finalidad resguardar el sistema financiero, pero no en proteccin directa de los bancos, sino por la necesidad de que en la Repblica exista un sistema financiero sin el cual ningn pas es viable.

Aducen que en situaciones de emergencia como las que vive el pas, el inters general debe primar sobre el particular y que, dado que los derechos reconocidos en la Constitucin Nacional se ejercen conforme las leyes que los reglamentan, pueden ser vlidamente suspendidos en su uso y goce.

Por otra parte, indican que la provincia de San Luis recaud el dinero de sus contribuyentes en pesos y los convirti a dlares, lo cual fue claramente una ficcin; es decir, no deposit dlares sino pesos convertidos. La necesidad del Estado local de pagar sus gastos y deudas no es en dlares sino en pesos, toda vez que el mismo decreto que impugna impone que todo pago se efecte en pesos, por lo que devolverle moneda extranjera configurara un enriquecimiento ilcito de su parte.

Asimismo, sostienen que aqulla se equivoca al decir que la obligacin de dar sumas de dinero, al derogarse la Ley de Convertibilidad (9), se transform en una obligacin de dar cosas, en tanto la nueva Ley de Emergencia 25561 ). CCiv. (conforme a la redaccin que les otorg la ley 23928 y 623 , 619 mantuvo vigente la redaccin de los arts. 617