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Memorias del Foro Ambiental
"Constitución Política,participación, institucionalidad
y ambiente en Ecuador:propuestas y perspectivas"
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Memorias del Foro Arubicutal
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"Constitución Política, part icipación,institucionalidad y ambiente en Ecuador:propuestas y perspect ivas"
© Coordinadora Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza yelMedio Ambiente. CEDENMA. 2008.Todos los derechos reservados
Av. Gaspar de Villarmel e~-50 y Av. Amazonas, 2do. Piso.Teléfono: (593) 227-0451 fu 10ZWebslte: YMIW.cedenma.org.ec
Sistemalizadón y edK:ión: Msrtha MoncaclsRevisión de contenidos: ManoloMoralesy Patnoo Hemández
Esta publicación recoge los principales resultados ele los diálogos mantenidos en el ForoAmbiental organl.mdo pOI' la Asamblea Nacional Constrtuyente y CEDENMA en quito losdfas9 y 10 de mayo de 2008. Dichoevento contó con la participación de autoridades y cornerenostas nadonalese intemacionales y con el apoyo de las siguientes IflSliluciones: ConservaciónInternacional Corporación de Gestión y Derecho Amblenlal Ecolex. Programa Regional ECOBONA Intercooperation, UnMlrsidad AndinaSimón Bohvar, Mecanismo Munólalele laConvenciónde Naciones Unidas de Lucha contra la Deser1ificaóón, Fundación PACHAMAMA. AgenciaSuiza parael desarrollo y la Cooperación COSUDE y Wildwrfe Conservatíon Sodety.
Sepermitela reproduecónparcial o !Olal de cualquier partede estedocumento. siempre y cuando seauuizado parapropósitos sin fines de lucro.y se cita cíararnente la fuente de dichaInforrnación, Esta publicación fueelaborada con el apoyo financiero de Conservación Intemacional enEcuador.
Contenido
PresentaciónIntroducción
Marco poUtico y filosófico de la gestiónambiental en América Latina yEcuador en particular
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11
Síntesis de los contenidos y alcances del tema 12Nudos cnticos 15
• Un tema postergado ... tierra. ambiente y redistribución 15• El avance en derechos ambientales y la práctica del
desarrollo ... una coherencia que aún no se construye 17
Propuestas y conclusiones 18• Modelo de desarrollo y ambiente 18• CA quién corresponde la soberanía y propiedad de
la naturaleza y sus recursos? 2D
• Derechos y deberes ambientales 21• Lo ambiental como eje transversal en la Constitución 23
Reforma institucional ambiental 27Sfntesis de los contenidos y alcances del tema 28
Los límites en el desarrollo de leyes y políticas 28Las consecuencias del modelo de desarrollo sobrela institucionalidad ambiental 28Características actuales de la institucionalidadambiental en la región 31¿Por qué se plantea una reforma a la institucionalidadambiental en el país? 35
Nudos crfticos 36
• ¿Es suficiente emprender una reforma institucional
ambiental para enfrentar los actuales problemas? 36
• Después del diagnóstico de los problemas.ócuáles son los siguientes pasos? 38
Propuestas y conclusiones 39
• Las propuestas de reforma a la Institucionalidad
ambiental 39
Participación y control socialpara la gestión ambiental 44
Síntesis de los contenidos y alcances del tema 46• Consulta y consentimiento informado previo 46
• La participación social en la gestión ambiental 49
• Las dificultades existentes para concretar procesos
participatívos 50Nudos crfticos 52
• ¿Cómo recoger la opinión de la ciudadanía frente a
actividades económicas que tengan impactos
sobre la calidad de vida? 52
Propuestas y conclusiones 54
• Los roles en la participación 54
• ¿Por dónde avanzar en la consulta y el
consentimiento informado prevía? 55
Mensaje del Foro Ambiental a la Asamblea Constituyente 56
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materializar el sentido de ca-responsabilidad (diferenciada) en
la gestión ambiental. EJ gráfico que se presenta a continuación
sintetiza estos elementos:
El Consejo Nacional del Ambiente. diferente al actual ConsejoNacional de Desarrollo Sustentable. tendrá un carácter supra
ministerial y su propósito fundamental será dietar las polítlcas
de desarrollo sustentable. EJ Ministerio del Ambiente, que
deberá reorganizarse, será el encargado de ejecutar las políti
cas definidas por el Consejo. La Defensoria Ambiental se sus
tenta sobre el derecho de acceso a la justicia y debe exten
der su funcionamiento a la atención de los derechos de la
naturaleza.
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M (' III ~ ! ' rJ ,. t r el r rn b • e H t iJ L
Participación ycontrol socialpara la gestiónambiental
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M f, 111 o r I "' , ,1 e I r a r o A ni U , ~ n 1 ;1 I
Síntesis de los contenidos yalcances del tema
Consulta y consentimiento informado previo
En Colombia. la Constitución Política vigente señala que losterritorios indfgenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de suscomunidades. A partir de este reconocimiento. la Constituciónotorga a las comunidades indfgenas la responsabilidad de velarpor la preservación de los recursos naturales y reconoce lavigencia de la consulta previa [Art 330).
En el caso de Venezuela. la Ley Orgánica de Pueblos y
Comunidades lndfgenas expedida en el año 2005. prohibe "laejecución de cualquier tipo de proyecto en el hábitat y tierrasindfgenas por persona natural o jurídica de carácter público oprivado que no hayan sido previamente aprobados por lospueblos o comunidades indígenas involucrados" [Art 17.).
Este derecho también está presente en la actual ConstituciónPolítica del Ecuador, que establece que "El Estado reconoceráy garantizará a los pueblos indfgenas [ ..J, los siguientes derechos colectivos (. ..) Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovablesque se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambientalo culturalmente; participar en losbeneficios que esos proyectosreporten. en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones porlos perjuicios socio - ambientales que les causen" (Art. 84).
Se destaca igualmente la observancia de los compromisosinternacionales asumidos por el Ecuador. que han reconocidolos derechos de participación en materia ambiental como el
FLACSO · Bibliot
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Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre MedioAmbiente y Desarrollo. la Agenda 21, o el Convenio 169 de laOrganización Internacional del Trabajo.
Tales disposiciones se complementa con lo señalado en el artículo 88 de la misma Constitución y con el artfculo 28 de la Leyde Gestión Ambiental que señalan, respectivamente, que "todadecisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberácontar previamente con los criterios de la comunidad. para locual ésta será debidamente informada. La ley garantizará suparticipación" y que "el incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el articulo 88 de la Constitución Polftica dela República tornará inejecutable la actividad de que se trate yserá causal de nulidad de los contratos respectivos".
En el caso peruano. mientras la Constitución explícitamenteseñala que el desarrollo no debería infringir los derechoshumanos de cualquier grupo de lasociedad. la Ley General del
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Ambiente contiene claras disposiciones en torno a los procedimientos de consulta que deben llevarse a cabo en relacióncon proyectos o actividades que se plantee desarrollar dentrode las tierras de poblaciones indfgenas, comunidades campesinas y nativas. En estas circunstancias, la legislación del Perúseñala que la consutta se deberá orientar al establecer acuerdos con los representantes de las poblaciones indígenas ycomunidades cam-pesinas y nativas, afin de resguardarsus derechos y costumbres tradicionales, así como paraestablecer benefi
cios y medidascompensatorias porel uso de los recursos, conocím.entoso tierras que lescorresponda segúnla legislación pertinente (Art.. 72).
La Ley General delAmbiente dispone.además, que los pueblos indígenas y comunidades nativas ycampesinas, pueden beneficiarse de los recursos de libreacceso para satisfacer susnecesidades de subsistencia y usosrituales. y que en caso de generarse procesos de explotaciónde los recursos naturales dentro de sus tierras. los puebls ycomunidades tienen derecho a una participación Justa y equitativa de los beneficios económicos que pudieran derivarse delaprovechamiento de dichos recursos.
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La consulta previa, que se enmarca en lasdisposiciones de tratados internaclonales como el Convenio 169 de la OIT (Art. 6)y la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho delos pueblos indígenas (Art 19). está estrechamente ligada alos derechos colectivos. De acuerdo a estos instrumentos, esdeber de los estados consultar a los pueblos que podrían verseafectados por medidas legislativas o administrativas. Dichasconsultas deberán efectuarse de buena fe. a través de los procedimientos adecuados y las instituciones representativas deestos pueblos. La finalidad de la consulta será el establecimientode acuerdos o el logro del consentimiento acerca de lasmedidas propuestas.
Pese a la existencia de esta legislación. los países de la regiónse han caracterizado por realizar una aplicación insuficiente.parcial y superficial de tales disposiciones. En aquellos casosen que se han podido concretar procesos de consulta previa,
los resultados advierten de la aplicación de mecanismos másbien informativos. escasamente participativos y sustentados eninformación poco accesible para la población. Esta limitante hasido aún más grave en lo que respecta a la obtención del consentimiento de los afectados.
De esta realidad. no escapa el casoecuatoriano. donde pesealos avances constitucionales de instrumentos internacionalesno se ha observado un ejercicio cabal de los derechos de participación a nivel de autoridades y población en general.
La part icipación social en la gestión ambiental
La normativa ambiental no es estrictamente un componentede la gestión pública ambiental. Es una vía para formalizaracuerdos que deben ser construidos con la participación de 49
M I m u 1 1 OJ . 11 I f- ¡ r n J.., rn I t - JI ' I
los sectores sociales. En la medida en que en casi todos los
países de la región es notoria la ausencia de espacios de par
ticipación ciudadana y de aplicación de procedimientos de
consulta, la normativa ambiental se aprecia como un elemento
impuesto, arbitrario e inconsulto. lo que tiende a justificar su
irrespeto e incumplimiento.
Al hablar de participación social un requisito ineludible es
garantizar el acceso a la educación y a la información. Desde
la experiencia de Colombia. una de las herramientas que hacontribuido a fortalecer la difusión de información y a mejorar
la participación social, es el conocimiento y debate de los
informes sobre el estado de los recursos naturales y delambiente que. en el caso de Colombia. presenta todos losaños el Procurador General de la Nación al Congreso de la
República.
En el caso del Ecuador. se resaltó la poca apertura de parte de
las instancias del Estado para discutir los temas ambientales
con los sectores sociales, pese a la existencia de varias redes
que desde hace tiempo atrás han estado discutiendo los pro
blemas ambientales y la necesidad de repensar el modelo de
desarrollo bajo los paradigmas de la sustentabilidad. Será
necesario por tanto avanzar en el establecimiento de garantías
para la participación y prever. al mismo tiempo. el financiamien
to para los procesos de contraloría social.
so
Las dificultades existentes para concretar procesos participativos
Casi toda polftica, proyecto o acción gubernamental destaca
en la actualidad la importancia de la participación. No obstan
te, la posibilidad de evidenciar concreciones al respecto es
todavía escasa. La participación. en la mayorfa de los casos se
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reduce a la transmisión de información o la comunicación dedecisiones ya tomadas.
Con frecuencia se ha tendido a explicar que los lImites de laparticipación obedecen a la ausencia o insuficiencia de mecanismos de participación. colocando en la base del problema arazones más bien instrumentales y tecnocráticas que desconocen o minimizan la existencia de factores estructurales queimposibilitan poner en marcha procesos verdaderamenteparticipativos.
Más allá de las asimetrías sociales y la diversidad cultural quepueden dificultar el ejercicio de la participación. ésta se havisto limitada por el contrapeso social de los grandes intereses.Aquellos sectores sociales que históricamente se han beneficiado del actual orden de cosas sin duda tienen reparos en darpaso a procesos de participación que puedan eventualmentemodificar sus proyectos y planes. A este nivel también se 51
A e 111 o I I ,¡J ~ d « I ~ C! ,\ ' it LJ I I ! " t t I
reconoce que la organización y la participación. por el sentido
educativo en ellos inmerso, abonan a la movilización y que ésta,
a su vez. es la base para la generación de sujetos sociales. Laparticipación y la construcción de consensos reclama, por otro
lado. "moverse en tonos grises", algo que nuestras democra
cias aún no han aprendido.
Nudos críticos
¿Cómo recoger la opinión de la ciudadanía frente a act ividades
económ icas que tengan impactos sobre la ca lidad de vida?
La vigencia plena y efectiva del derecho a la consulta y el
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consentimiento informado previo encierra profundos desencuentros y un tratamiento que hasta el momento no ha reflejado la trascendencia que ameritan estos temas.
La consulta y el consentimiento informado previo han sidoanalizados por el Estado desde visiones meramente pragmáticas.En este marco se explican las presiones ejercidas para que lasconsultas se realicen en los plazos más cortos posibles o elcuestionamiento respecto a la legitimidad de que decisionesasumidas en ámbitos locales interfieran o invaliden interesesnacionales.
Ni el reconocimiento de la complejidad que entraña el derecho
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M e '" o r i1, <J 1 I ~ " " o" l.
a la consulta y consentimiento informado previo, ni la constatación de las limitaciones que encierran los sistemas democráticos para garantizar la vigencia de derechos colectivos. son elementos bajo los que se pueda justificar un retroceso respectoa los contenidos que ya están presentes en la actualConstitución del Ecuador. De ahi que una de las conclusionesdel foro haya sido hacer explícita la preocupación respecto altratamiento que se pretendeotorgar a la consulta previa, implicando un retroceso frente a la legislación actualmente vigenteen relación al derecho de los pueblos y comunidades a serconsultados por toda decisión gubernamental que puedaafectar su ambiente.
54
Propuestas y conclusiones
Los roles en la participación
En la construcción de ciudadanfa no puede pasar desapercibido el ciclo virtuoso que existe entre participacíón e informa
ción. Sin esta última, la participación deviene enun ejercicio vacío,mientras que laausencia de participación afloja laspresiones paraque las instituciones responsablesproduzcan ydifundan información. En esta
dirección. mientras la responsabilidad de la sociedad radica en
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.,
la organización. la elaboración de propuestas. la movilizaciónpara "entrar en la cancha". el deber del gobierno es promoverel establecimiento de acuerdos y la apertura de espacios.
¿Por dónde avanzar en la consulta y el consentimiento informadoprevio?
En Ecuador. la nuevaConstitución Política.según lo acordado porla propia AsambleaConstituyente. se sustentará sobre el principio de progresividad ycualquier acción u omisión de carácter regresivo que menoscabe olimrt.e estos derechosserá consideradainconstitucional. Bajoeste enunciado. querepresenta un textoconstitucional aproba-do por la Asamblea Constituyente. no tendría lugar la revisióndel alcance de laconsulta previa. Esta no podría tomarse en unejercicio únicamente informativo como se desprende delDecreto Ejecutivo 1040, sino que por el contrario. debería profundizarse. Algunas pistas al respecto son las siguientes:
¿Cómo extender la consulta previa a la población en suconjunto. a las comunidades y poblaciones urbanas y rurales que podrían verse afectadas por una actividad econó-mica. reconociendo al mismo tiempo que este derecho 55
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r.1 e rn !J' I I Ú r. (1 ~ 1 r o r 1) ¡, In b I " t oS I
representa un derecho colectivo fuertemente vinculado a
los pueblos y nacionalidades?
Asumir que fruto de la consulta se derivan garantfas y
derechos y que su aplicación puede generar distintos
escenarios: acuerdos. consentimiento informado. consen
timiento no informado, etc.
Definir el alcance de la consulta y el consentimiento infor
mado previo, precisando entre otros asuntos, bajo qué cir
cunstancias una decisión podría tornarse vinculante. ten
drfa un efecto diferenciado y demandaría de una instancia
superior para dirimir la controversia, así como explicitar si
este derecho incluye o no el derecho a veto.
En el caso ecuatoriano cada vez más sehace necesario precisar un marco normativo adecuado para la consulta y el consentimiento previo informado, siguiendo la tendencia de los derechos humanos a nivelinternacional, permitiendo en todos loscasos indispensables reconocer la sujeciónde las políticas y decisiones estatales a lasvisiones y derechos de las poblacioneslocales.
HACSO . Diblio
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Mensaje del Foro Ambientala la Asamblea Constituyente
En la ciudad de Quito. los días 9 y 10 de mayo del 2008. tuvo
lugar el foro "Constitución Polftica. participación . institucio
nalidad y ambiente en Ecuador: propuestas y perspectivas".
organizado por la Asamblea Nacional Constituyente y la
Coordinadora Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza y el
Medio Ambiente -CEDENMA-.
Luego de dos días de discusiones y reflexiones comparudas en
torno al marco político y filosófico de la gestión ambiental. la insti
tucionalidad ambiental y los mecanismos y desaños que reclama laparticipación social en materia ambiental en el Ecuador y en otrospaíses de la región como Colombia, Perú, Bolivia. Argentina y
México. el CEDENMAy las organizaciones sociales que participa
ron en este evento presentan a la Asamblea Constituyente un
mensaje que recoge un resumen de las principales conclusiones
que se desprendieron de las discusiones mantenidas. Este mensa
je. que en lo posterior se complementará con la entrega de las
memorias del evento, pretende constituirse en un Insumo para la
construcción de la nueva Constitución Política.
La apuesta por tener un pats solidario. justo. equitativo. soberano
y democrático. que es parte de los postulados que se promueven
para el nuevo texto constitucional. reclama que la actual formula
ción de la Constitución Polftíca se sustente bajo un enfoque de
progresividad en los derechos. La oportunidad con la que cuenta
el Ecuador en este momento. producto de un acumulado históri
co de luchas y resistencias contra la Imposición de un modelo
excluyente. que privilegió el crecimiento económico por sobre el 51
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M c m o r l~ S d e ! f o r o A(li\llE'fltHl
bienestar colectivo, y que lucró inresponsablemente de la naturaleza, brinda a la sociedad ecuatoriana. a su gobierno, y a los asambleístas que tienen la responsabilidad de recoger y procesar lasdemandas sociales, la coyuntura propicia para avanzar en unmarco polftico y estratégico sobre el que efectivamente se puedaconstruir un país que nos cobije a todos. un país que resguardesus riquezas naturales y culturales y que las potencie a favor deuna vida digna de sus habitantes, un pats sin brechas de inequldad y donde la voz de todos pueda ser escuchada y atendida. unpaís donde el desarrollo económico respete los procesos ecológicos esenciales.
En la medida en que este contexto no puede serdesaprovechado,las organizaciones que hemos participado en este foro reafinmamas nuestro respaldo hacia la Asamblea al recoger temas queefectivamente evidencian un enfoque de progresividad en losderechos. Este enfoque se visualiza en avances importantes comola redefinición del modelo de desarrollo. identificando el futuro delpaís con la consecución del buen vivir de su población: asícomoen la discusión de los derechos de la naturaleza. La progresividadtambién está presente en la inclusión de la plurínacionalidad y eltratamiento otorgado al agua. al considerar este recurso como unbien nacional público que no puede ser sometido a procesos deprivatización. Reconocemos que estos son avances sustantivosque reflejan la voluntad y el compromiso mayoritario de laAsamblea por desechar un modelo de desanrollo sustentado en elsaqueo de la naturaleza en beneficio de reducidos intereses depoder.
Sin embargo. no podemos pasar por alto rnanítestar nuestra profunda preocupación respecto al tratamiento que se pretende otorgar a laconsulta previa. el mismo que se enmarca en el espíritu delDecreto Ejecutivo 1040 que expide el reglamento de aplicación delos mecanismos de participación social. Es inaceptable que en la
M e rn o I I a s (j e I F- o r o /\ 111 b I e r1 tal
nueva Constitución Política que se está elaborando se propongan
retrocesos frente a lo señalado en los artículos 84, 85 Y 88 de la
actual Carta Magna, que garantizan el derecho de los pueblos y
comunidades a ser consultados por toda decisión gubernamental
que pueda afectar su ambiente. No podemos concebir que la
nueva Constitución Política entre en contradicción con lo previsto
en el Convenio 169 de la (lIT. del que el país es signatario, que
reconoce el derecho de los pueblos y nacionalidades a que las
consultas se realicen "de buena fe y de una manera apropiada a
las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr
el consentimiento acerca de las medidas propuestas". Tampoco
podemos considerar que algunos textos constitucionales que se
están discutiendo no incorporen con la debida precisión los pos
tulados de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en el año 2007, a tra
vés de los que se concede a estos pueblos el derecho al consen
timiento informado previo. La regresividad en los derechos no esun enfoque aceptable en la construcción de una nueva sociedad,
lo que puede poner en riesgo la aprobación de una nueva
Constitución.
Si queremos avanzar en la construcción de un país solidario, justo,
equitativo, soberano y democrático, la participación no puede
reducirse a un ejercicio meramente formal, ni circunscribirse al
abordaje de temas puntuales, definidos con antelación. Esta reali
dad no puede ser desconocida ni aún a pretexto de la necesidad
de actuar con celeridad para llevar a cabo proyectos de relevancia
nacional como puede ser el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo
Sinclair. Si lo que apuntamos como país es a eliminar la exclusión
que de manera histórica ha caracterizado el desenvolvimiento
social del Ecuador, no es posible que la participación se equipare
a un instrumento de gestión. La participación es un derecho c
cumplimiento es obligatorio por parte del Estado. 59
50
,'JI e m o r I a s el e I F Q r Q A m b l e n ¡ a I
Alertamos que la no consideración de la consulta y el consentimiento informado previo significa un retroceso en relación conotros derechos con profundo sentimiento democrático (agua. plurinacionalidad. modelo de desarrollo y derechos de la naturaleza)que seestán discutiendo para el nuevo proyecto constitucional. Deconcretarse esta contradicción, el avance en algunos derechosquedaría en un plano retórico y declarativo, sin aplicabilidad práctica ni viabilidad institucional. polñica y social. generándose unescenario propicio para agudizar la conflictividad sociol.
Para los pueblos y comunidades del Ecuador, la elaboración de lanueva Constitución Polñica pasa necesariamente por que elEstado asuma la garantfa efectiva de los derechos colectivos. Laposibilidad de que estos pueblos puedan disfrutar del derecho abienes naturales como la tierra. el agua. las pesquerías. los bosques y las semillas es un asunto estrechamente vinculado a losderechos humanos fundamentales. La democracia perderla valorsino se toman en cuenta los derechos culturales y colectivos y. enconsecuencia. el derecho a vivirde acuerdo a los valores de cadapueblo. En el marco del foro que hoyconcluye. losexpositores invitados de pafses de la región llamaron la atención sobre la importancia de reconocer y valorar la diversidad social y cultural queexiste en nuestros países.
El CEDENMA y lasorganizaciones sociales que hemos participado en este foro queremos enfáticamente señalar que la participación informada y conciente y que el respeto a los derechos colectivos ambientales y de pueblos y nacionalidades ancestrales, constituye una de las primeras condiciones para eliminar la exclusión yla inequidad en las relaciones sociales, as:como para reivindicar elmejoramiento de las condiciones de vida. Estaremos atentos acuál, finalmente. será el tratamiento que la nueva Constitución proponga en relación con la consulta y el consentimiento informadoprevio
M " Ol O /l US d e l ro r o Am b i e n t al
El patrimonio natural pertenece al puebloecuatoriano. El Estado esel responsable de su administración y. por lo tanto. garante delacceso justo y equitativo a dicho patrimonio. Esto subraya, nuevamente, la trascendencia que adquiere la participación en momentos en que nos abocamos a la construcción de un proceso dedesarrollo social y económico que hoy. más que nunca, requierecaracterizarse por la Inclusión.
En el mismo orden de ideas. este mensaje apunta a reiterar laimportancia que concedemos las organizaciones que nos reunimosen este foro para que la nueva Constrtución Polftica incorpore los lineamienlos y directrices más adecuados sobre los que seestructurará la nueva institucíonalidad ambiental en el pals Si bieneste desafío rebasa el trabajo de la Asamblea. es indudable quela Constitución Polftica debe contener lasorientaciones más relevantes en términos de la estructura institucional y que en lo posterior deberán desagregarse en leyes. acuerdos y procedimientosconcretos.
L..3 formulación de tales lineamientos y directrices. si bien reclamande importantes dosis de crealívidad e innovación. suponen. antetodo. una fuerte voluntad polftica para materializar los cambiosnecesarios. En esta dirección. apoyamos la propuesta de laAsamblea Constituyente de crearunaSuperintendencia Ambientalque supervigile que todas las actividades productivas de los sectores público y privado cumplan con la normativa ambiental.
Queremos advertir sin embargo, que este cambio sena insuficiente si de manera paralela no se fortalecen las instancias encargadasde la formulación y aplicación de políticas ambientales y la ejecución de programas y proyectos. LDs cambios que en términos dela instítucionalidad ambiental se introduzcan en la nuevaConstitución requieren igualmente la precisión de los canales departicipación que se establecerán en la perspectiva de que la &1
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M a rn CI I.JS de l ~~r n A m O l el1t a l
población asuma su corresponsabilidad en la proposición. vigilancia, protección y defensa de la naturaleza. Porla trascendencia delos temas ambientales. su cotidiana y permanente interacción conel desarrollo de la vida, la organización institucional ligada alambiente no puede entenderse al margen de la participación. nimanejarse en iguales términos que otros sectores donde el diálogo. la veeduría y el control social pueden eventualmente tener unaponderación menor.
Inspirados en estos enunciados, el CEDENMA y la AsambleaNacional Ambiental hemos propuesto una institucionalídadambiental que se soportesobre cinco componentes. cadauno conresponsabilidades y roles diferenciados.
El primercomponente. responsable de ladefinición de laspolíticasde desarrollo humano sostenible deberá ser un Consejo Nacionalde Desarrollo Sustentable. diferente al actual. cuyo funcionamiento deberá nutrirse de la participación de entidades públicas responsables de la gestión de sectores que inciden sobre el ambiente. astcomo de gremios productivos y de organizaciones sociales.como consta en los compromisos internacionales que Ecuador hasuscrito. La experiencia ha demostrado ampliamente que el mejorsistema de apoyo para la sustentabilidad no es un círculo restringido de expertos. sino una esfera pública activa basada en losderechos democráticos.
El segundo componente de esta institucionalidad deberá ser elMinisterio del Ambiente como instancia directiva y ente ejecutorde las polfticas definidas por el Consejo. y como entidad de regulación y coordinación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.Más allá de la necesaria reorganización que a nivel del Ministeriodel Ambiente demanden los cambios que se incorporarán en lainstitucionalidad ambiental. o de la cuidadosa discusión que seránecesario llevar a cabo en relación con qué y cómo descentralizar.
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su permanencia y fortalecimiento son incuestionables para asumirla gestión de aspectos como el manejo de áreas protegidas estratégicas para el pals. la regulación de los recursos genéticos. elordenamiento del territorio: la regulación en el manejo. usoy acceso del agua: y. la remediación ambiental. No consideramos que ladiscusión acerca de la sobrevivencia o no del Ministerio tengacabida en momentos en que más bien hay que fortalecer la institucionalidad responsable de este tema.
Planteamos que un tercer componente de este nuevo andamiajeinstitucional sea la Superintendencia Ambiental cuyo titular debeser elegido de manera transparente a partir de una tema que asegure la idoneidad técnica. experiencia y ética de los candidatos. afin de garantizar independencia y autonomía con respecto a otrasfunciones del Estado..
El cuarto componente está relacionado con el derecho de accesoa la Justicia. lo que supone la existencia de la DefensoríaAmbiental. Estamos convencidos que los ciudadanos debemospoder reclamar jurídicamente ante cualquier violación de losderechos ambientales a través de procedimientos expeditos ygratuitos, así como tener acceso a lo procesos jurídicos y administrativos para impugnar actos u omisiones por parte de personas privadas y autoridades públicas que contravengan la legislación ambiental
El quinto componente, finalmente. constituye un sistema de contraloría social que pueda operar con independencia y seguridad,garantizando a los actores que pongan en marcha este mecanismo. el derecho a no ser penalizados o perseguidos por expresarsus puntos de vista y exponer alternativas a las actividades propuestas. La incorporación de la participación social a la mstitucionalidad a través de procesos de contraloría social reclama unaco-responsabilidad. Quienes tienen la oportunidad histórica de tomar 63
lasdecisiones nacionales debenabrir las puertas y losespacios dela participación: lasociedad en su conjunto. por su parte. debe fortalecer su voz y niveles de organización.
La elaboración de los contenidos constitucionales enfrenta el retode ampliar el alcance de la dimensión ambiental a toda la estructura de la nueva Constitución. de generar el marco para construiruna verdadera democracia participativa. asf como profundizar losderechos individuales y colectivos, garantizando que la "transversalización" de la dimensión ambiental no diluya su importancia. Yaen meses anteriores entregamos una propuesta de la AsambleaAmbiental Nacional para la Asamblea Constituyente. Coneste forohemos querido ampliar y enriquecer el aporte inicial a través de lasperspectivas de otras organizaciones y personas, asfcomo de lasexperiencias y alternatívas de otros pafses. Destacamos en estadirección, el enfoque de irrenunciabilidad a los derechos ambientales como garantfa para la vida, vigenteen la legislación del Perú;el marco normativo de deberes y responsabilidades que tienen lapoblación y el Estado en Bolivia; y la obligatoriedad de entJdadespúblicas de presentar anualmente un informe al Congreso sobre elestado de la situación ambiental del país. vigente en Colombia.
Tenemos la expectativa que estemensaje sea valorado seria y respetuosamente por parte de los miembros que integran laAsamblea Nacional Constituyente. Reafirmamos que nunca renunciaremos a nuestro derecho democrático a proponer. criticar ydisentir. Esperamos que los contenidos aquf expuestos contribuyan a generar un futuro que coherentemente conjugue el desarrollo humano sostenible y la responsabilidad con la naturaleza y lasfuturas generaciones.